El blog de Patricio Eleisegui

La zoonosis como posibilidad: gripe aviar en Yucatán

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Mon, 09 Jan 2023 02:00:00 +0000

Ocultado por empresas y autoridades, el brote que inició en Umán a fines de octubre contaminó a las granjas de Samahil, Oxholón, Kinchil, Tamchén, Timicuy y Chocholá. Gallinas, pollos y pavos muertos por la enfermedad o sacrificados para evitar la propagación del virus suman millones. Impacto en otras especies y consumo humano de carne contaminada.

Por Patricio Eleisegui

La tragedia se agiganta a la sombra del hermetismo de empresas y autoridades. El recuerdo del desastre de 2012, que derivó en la matanza de casi 22,5 millones de aves de corral, sigue muy fresco en el imaginario mexicano. Y tanto las compañías de la industria avícola como las autoridades de gobierno entienden que reconocer el grave escenario epidemiológico en ciernes traería aparejado un escándalo político y económico de alcance indeterminado.

De ahí el silencio casi absoluto. Y los comunicados de dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que hablan de un problema sanitario controlado en lugar de exponer cuán amplio viene siendo el problema.

Los reportes oficiales reconocen que a fines de octubre hubo un brote de Influenza aviar AH5N1 en una granja ubicada en Montemorelos, al sur del estado de Nuevo León. Pero omiten los detalles respecto de qué pasó después de esa detección. En un comunicado del 28 de diciembre, SENASICA reconoce contagios posteriores “en 23 unidades de producción avícola comercial de nueve entidades: siete en Jalisco, nueve en Yucatán, seis en Sonora y una en Nuevo León, en este último estado ya fue levantada la cuarentena interna”.

“Además, se afectaron cinco granjas de traspatio localizadas en Chiapas, Chihuahua, Estado México, Oaxaca y Tamaulipas”, añade la dirección. Estos detalles aparecen perdidos en el texto de la dependencia, que pone el acento en “la vacunación de más de 84 millones de dosis para aves progenitoras, reproductoras y de postura comercial”.

El 5 de enero se declara que no existen focos en todo el país. Sin embargo, 24 horas antes resultó activado un dispositivo de emergencia por la gravedad de los contagios en el estado.

De lo que ocurre en el interior de las comunidades y cómo fue que se esparció el virus, ni una línea. De los miles de gallinas y pollos muertos por el virus y los millones de aves sacrificadas para evitar la proliferación de contagios la voz oficial no ha hecho más que exponer algunas cifras escuetas.

Yucatán es una muestra cabal del silencio que baja de los organismos de gobierno y las corporaciones que controlan el negocio avícola.

En las dependencias de Salud del estado no se habla del brote.

“En Yucatán, se eliminaron el 100 por ciento de las aves, que se traduce en el sacrificio de más de 100 mil pollos y hasta el momento no hay más brotes de gripe aviar porque se está trabajando en coordinación con los productores y el Senasica para garantizar un cerco sanitario”, afirma SADER en otro comunicado pero del 13 de diciembre.

En el territorio, en el seno de las comunidades donde se levantan las granjas hoy contaminadas con gripe aviar, en los galpones de las mismas empresas donde se concentra el brote, la realidad da cuenta de cifras muy diferentes. Nadie habla de la enfermedad en pasado: el virus transcurre. Aquí y ahora.

El desastre de la gripe aviar, en el Poniente de Yucatán.

Gripe aviar: la realidad en los territorios

En los pueblos que albergan a las plantas avícolas predominan el miedo y el enojo ante la circulación de aves contaminadas para el consumo en algunos hogares, la muerte de las gallinas de traspatio por la difusión del virus fuera de las granjas, la quema clandestina de pollos muertos y la multiplicación de cementerios improvisados en la selva para el descarte de los cuerpos que no pudieron ser borrados con las llamas.

Las comunidades también pagan de su bolsillo el repunte incesante del precio de los huevos, un ingrediente básico de la dieta de la región que atraviesa una escasez pronunciada por el sacrificio de gallinas ponedoras.

En estados vecinos a Yucatán, como es el caso de Campeche, el valor de la reja –30 huevos– saltó de 77 a 120 pesos según el comercio local sólo durante el mes de diciembre. Los medios periodísticos campechanos señalan que el incremento responde de forma exclusiva a la multiplicación de los sacrificios de ponedoras en las granjas infectadas con AH5N1. Ya en el ámbito yucateco, el cierre de 2022 también se vio marcado por una reducción en la oferta de carne de pavo, otra especie afectada por la difusión la Influenza aviar.

¿Cómo se han dado los contagios y cuán grave es la afectación que está generando la AH5N1? Las voces de pobladores y actores que intervienen en la producción de carne avícola acercan piezas para la construcción de una historia acallada –adrede– por las autoridades del estado de Yucatán y los dueños de las principales granjas avícolas.

“El brote inició en Nidia Mireya, una pequeña granja ubicada a la salida de Umán, en el camino que va hacia Muna. Esa granja se dedica mayormente a la venta de huevos. De allí, el virus brincó hacia las granjas de Oxholón. Esto es, a poco más de 6 kilómetros de Nidia Mireya. Luego la gripe aviar se esparció hacia Samahil, a las granjas de Crío en esa zona, y también llegó a Tamchén”, cuenta un productor de esa zona de Yucatán.

“Todo esto fue ocurriendo desde noviembre a hoy. El virus también pasó de Samahil a Kinchil, con afectación de la granja Santa María y después enfermó a las aves de las granjas de Bachoco que están cerca del mismo pueblo pero ya camino a Celestún. Además, se detectó gripe aviar en Timucuy y Chocholá. La cantidad de animalitos afectados es terrible”, agrega.

Tiradero de aves muertas en los montes de Samahil.

A diferencia de SADER, que fija en 100.000 el número de aves sacrificadas desde que inició el brote en Yucatán, allegados a las granjas contaminadas dan cuenta de cifras escalofriantes de gallinas y pollos muertos por la enfermedad o exterminados para evitar los contagios: sólo en las plantas de Samahil el total de ejemplares ascendería a los 3 millones. En Umán, el estimado se ubicaría en torno al millón de aves, mientras que en Tamchén el total merodea las 15.000 muertes.

“Esos 3 millones de ponedoras promediaban un huevo a diario. Esos huevos que las gallinas fueron poniendo mientras sufrieron la enfermedad hasta morir, o en la instancia previa a que se las sacrifique, también son millones que fueron arrojados en el monte o enterrados cerca de las granjas junto con los animales muertos”, dice otra fuente de la actividad avícola.

Ese descarte de ejemplares en las selvas vecinas a las granjas fue constatado por vecinos de Samahil (video, abajo), que dieron con pilas de aves reunidas en terrenos cercanos a las instalaciones que Crío posee en ese pueblo. Ya en Kinchil, la comunidad respiró el humo de quemas de pollos, gallinas y pavos sacrificados en el establecimiento Santa María durante buena parte de diciembre.

“En el pueblo hay un granjero que cría aves exóticas. Pavos reales, entre otras especies. Todas esas aves se les murieron por la gripe aviar. Y en la zona los pajaritos, las palomas, que andaban por las granjas fueron muriendo también. Los únicos que parecen no afectarse son los zopilotes, que son carroñeros. Y las garzas”, comenta un habitante de ese pueblo. Agrega que circula la versión de que el virus pudo haber llegado a Kinchil a través de la ropa de los trabajadores de Crío y Bachoco que viven en esa comunidad.

Dentro de las granjas, y al momento de ahondar en las razones de este brote acelerado, no faltan quienes reconocen negligencia por parte de las empresas. "Interrumpieron por completo la vacunación de gallinas y pollos hace al menos 15 años. Para bajar costos, porque decían que las dosis por animalito eran muy caras. Y que como no se habían dado nuevos casos, la enfermedad no iba a volver", cuenta otro entrevistado.

Consumo de pollos y pavos infectados con el virus

Hay algo más que acrecienta el espanto. Voces consultadas afirman que algunos de los ejemplares infectados con AH5N1 fueron sustraídos de las áreas de descarte montadas por las granjas y luego consumidos por la población.

“Yo comí un pollito enterrado. Ya había comido unos ricos tacos cuando alguien me dijo ‘Ese pollito que te comiste estaba enfermito’. Y yo me quedé así, con la cara de sorpresa. Para mí el pollo estaba bien cocido, la carne se veía normal. Hubo gente que recoge del monte las gallinas, los pollos, los pavos, que siguen tirando las granjas. Hay dobles pechuga de hasta 5 kilos. Hay mucha inconsciencia entre la gente y por eso hay quienes los cocinan”, reconoce un poblador también de la zona de Kinchil.

Otra muestra del desastre en las granjas avícolas.

La posibilidad de una zoonosis a gran escala golpea la puerta de los hogares en Yucatán. De manera directa, como auspicia el consumo de especímenes infectados, pero también de la otra forma: por el contacto de las especies que visitan los espacios selváticos donde se acumulan las aves muertas –este periodista observó la presencia de perros, zopilotes y garzas hurgando en un tiradero cercano a Samahil–, por la contaminación del manto freático que generan las fosas donde se acumulan pollos quemados y huevos infectados, y por la interacción de los trabajadores de las granjas con los animales enfermos o muertos.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la gripe aviar presenta cepas que pueden infectar a las personas, por lo que la enfermedad es considerada una amenaza a la salud pública.

“Cuando la influenza aviar es transmitida al ser humano, los síntomas en las personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda (dificultad para respirar), shock e incluso la muerte”, describe la entidad en su sitio institucional.

Párrafo aparte para el ecocidio que provoca el virus una vez difundido en los hábitats naturales. Ya dentro de las granjas, los millones de aves muertas o sacrificadas para interrumpir la cadena de contagios con AH5N1 obligan a profundizar la búsqueda de paradigmas alternativos a una producción intensiva que, además de mantenerse en pie a partir de la explotación y la crueldad animal, integra en su ADN industrial la probabilidad concreta de alumbrar nuevas y peores pandemias.

De Ferroexpreso a Atanor: las empresas y su impunidad detrás de los vertidos, explosiones y enterramientos de agrotóxicos

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Thu, 25 Feb 2021 14:53:00 +0000

La decisión de La Pampa de sólo multar a la firma ferroviaria expone el blindaje del que gozan quienes usan venenos. Los casos de Glencore y Sigma Agro.

Por Patricio Eleisegui

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La decisión de la gobernación de La Pampa de aplicarle una multa de apenas 27 millones de pesos a la firma Ferroexpreso Pampeano, hallada culpable de enterrar más de 400 bidones de agrotóxicos -algunos incluso llenos- en cercanías de la localidad de Ojeda, vuelve a poner en evidencia el régimen de sanciones laxo, prácticamente simbólico, vigente para quienes en la Argentina de hoy ejecutan actos de contaminación con plaguicidas.

"Esta no es la primera vez que la empresa actúa de manera dolosa, ya que en dos oportunidades anteriores había sido sancionada por ilegalidades referidas a la misma temática", informaron autoridades de La Pampa a través de la Agencia Provincia de Noticias (APN).

"La gravedad de la conducta realizada por Ferroexpreso Pampeano S.A.C. al enterrar bidones y envases de fitosanitarios en el ejido de Vértiz, la mayoría de ellos ya abiertos y usados y otros incluso llenos o con gran cantidad de fitosanitarios en su interior, configura una conducta en extremo grave que atenta real y potencialmente contra la salud humana y ambiental", se añadió.

A un costado del comunicado brota la inacción oficial para, directamente, activar la quita de concesión ante una conducta ilegal que la empresa no deja de repetir. La compañía ferroviaria recibió, previo a esta última sanción, una multa de apenas 40.000 pesos tras comprobarse, a principios de octubre de 2019, que pulverizó con agrotóxicos a escasos metros de sendas escuelas de Intendente Alvear, siempre en La Pampa.

Ese mismo mes y año, personal policial provincial allanó un predio de Ferroexpreso Pampeano en General Pico y secuestró la carga de un camión que, se probó, solía transportar agrotóxicos por la zona urbana de esa ciudad. Las autoridades apenas se limitaron a labrar actas de infracción.

“En General Pico las vías atraviesan la ciudad. La empresa fumigaba todas las vías con un cóctel de al menos dos agroquímicos. Tenía hasta el depósito de plaguicidas dentro del ejido urbano siendo que eso está prohibido en la provincia”, contó a este periodista uno de los vecinos del lugar.

La misma Ferroexpreso Pampeano protagonizó otro hecho de acopio ilegal de agrotóxicos en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Se constató en agosto de 2016 y la oposición política del distrito expuso, en ese momento, que la Municipalidad local dio tiempo a la compañía para que traslade buena parte de los envases antes de “blanquear” el ilícito.

En esa ciudad también está prohibido el almacenamiento de ese tipo de venenos dentro del ejido urbano de acuerdo a ordenanzas vigentes (3965/2013).

Otra compañía con extenso historial de contaminación es Atanor, que concretó vertidos de herbicidas e insecticidas -en concreto, atrazina, cipermetrina, trifluralina y los metabolitos de su degradación- en torno a su planta en San Nicolás.

Un monitoreo reciente llevado a cabo por orden de la Policía Federal confirmó la presencia de plaguicidas en suelo y agua. Sobre la compañía pesa una causa que lleva adelante el juez Carlos Villafuerte Ruzo.

Atanor acumula años de denuncias llevadas a cabo por habitantes de San Nicolás y organizaciones ambientalistas locales y de alcance nacional.

La formuladora de agrotóxicos ha sido expuesta como responsable de sucesivos escapes de gas, vertidos de efluentes líquidos contaminantes al río Paraná sin autorización, tendido de caños clandestinos, enterramientos de residuos tóxicos en zonas de barrancas, riego con sobrante de líquidos contaminantes, además de deficiencias edilicias y tecnológicas.

Ya en 2016 la Autoridad Nacional del Agua certificó que la empresa carecía de permisos para descartar líquidos en el Paraná. En el último tramo de ese año, las instalaciones de la firma sufrieron una explosión seguida de incendio justamente en una de las áreas de almacenamiento de recipientes de agrotóxicos.

La Justicia también investiga a Atanor por su responsabilidad en la contaminación del barrio Química, ubicado a menos de 300 metros de la planta, y cuyos habitantes padecen una auténtica epidemia de cáncer, enfermedades respiratorias, y afecciones neurológicas, entre otros males.

En 2014 y 2017, dos camiones de la compañía en cuestión volcaron en rutas de la provincia de Santa Fe dando lugar, en cada uno de los casos, a derrames de herbicidas cancerígenos como el glifosato y el 2,4-D.

Sólo la contaminación generada en el primer caso fue atendida: se la remedió con partidas enviadas por la cartera nacional de Ambiente -alrededor de 300.000 pesos-. La empresa salió exenta de cualquier responsabilidad en ambas situaciones.

Glencore en América

El 4 de noviembre de 2017, día sábado, el fuego consumió uno de los depósitos de agrotóxicos de la multinacional Glencore en América, municipio de Rivadavia, al oeste de la provincia de Buenos Aires. La empresa reconoció varias jornadas después que ardieron pallets del herbicida atrazina.

“Bolsas de polipropileno rápidamente generaron una gran nube negra que podía ser vista a distancia. Minutos luego de detectado el incendio llegaron 5 dotaciones con 65 bomberos voluntarios de América, General Villegas, Trenque Lauquen, González Moreno y Fortín Olavarría”, informó la empresa vía un comunicado emitido casi una semana después de ocurrido el desastre.

"Mientras los bomberos trabajaban arduamente en la extinción del incendio, el mismo logró propagarse al depósito de agroquímicos”, reconoció en uno de los párrafos. Los vecinos denunciaron irritación inmediata y problemas respiratorios.

“Desde la Municipalidad de Rivadavia se pidió a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. Y en caso de ser necesario, a fin de evitar el contacto, recomendaron autoevacuarse a la casa de un familiar”, publicaba a escasos minutos de iniciado el incendio el portal local Tiempo del Oeste.

En el transcurso de esa misma jornada, las autoridades sanitarias del distrito sumaron al glifosato a la nómina de agrotóxicos en llamas, además de la atrazina luego notificada por Glencore.

El evento redundó en una causa penal en la que se investigó un eventual delito ambiental. El movimiento judicial duró poco más de un año: en septiembre de 2018, y tras una serie de idas y vueltas entre el Juzgado de Garantías N°1 y la Fiscalía N°1 de Trenque Lauquen, la causa resultó archivada.

“De momento, no se encuentra acreditado, si quiera mínimamente, la existencia de un delito que amerite la intervención de la justicia punitiva”, declaraba en abril de ese año Andrea Marques, magistrada del juzgado antes referido. En América, partido de Rivadavia, no pasó nada.

Sigma Agro en Mercedes

Más reciente en el tiempo, el 27 de septiembre de 2020 tuvo lugar el incendio y explosión de la planta formuladora de agrotóxicos de Sigma Agro, distante apenas 5 kilómetros de la ciudad bonaerense de Mercedes.

El desastre se cobró la vida de Rubén Ponce, hirió de gravedad a un integrante del cuerpo de bomberos mercedino y liberó al ambiente con consecuencias aún imposibles de delimitar millones de litros de plaguicidas en mayor medida cancerígenos.

El evento, que con justa razón los vecinos de La Verde –paraje donde se levantan estas instalaciones, ex base de procesamiento del digestivo Chofitol– y la cabecera distrital señalan como el “Chernobyl bonaerense”, transita la instancia judicial sin responsables aparentes y con un blindaje político que trasciende a los nombres de los gobiernos de turno.

En su estructura en La Verde, la firma Sigma Agro formula desde herbicidas como el glifosato, glufosinato de amonio, paraquat, 2,4-D y atrazina, hasta insecticidas como el clorpirifos, lambda y bifentrin. También procesa el fungicida qura, coadyuvantes y biodiésel.

“Dos millones de litros/kilos de principios activos y agrotóxicos terminados fueron derramados en la madrugada del 27 de septiembre del año 2019. Al día de hoy ninguna remediación fue encarada, los millones de tóxicos siguen allí, intoxicando, árboles centenarios mueren envenenados y la lista de intoxicaciones se hace larga”, comentaron a quien aquí escribe desde el colectivo de vecinos afectados.

Todo indica que el desastre será mayor: las autoridades decidieron que los niños de la escuela pública rural ubicada precisamente en La Verde regresarán a clases el próximo 1° de marzo. El establecimiento se encuentra ubicado a dos cuadras del predio contaminado.

“Como si la situación no fuese lo suficientemente fuerte, el Consejo Escolar y el municipio de Mercedes reconocen como potable y apta para consumo humano el agua de esa escuela. Los vecinos no tenemos información de la calidad de agua, suelo y aire del predio de Sigma Agro. Frente a las requisitorias, los funcionarios municipales dicen que averiguaran, pero nuestros niños irán a la escuela con todas estas dudas”, añadieron las fuentes interpeladas.

En Mercedes, al igual que en América, parece que tampoco pasó nada. A excepción de la sanción simbólica, en la Argentina potencial mundial (en términos de uso de venenos para la producción de alimentos y forrajes) nadie es responsable contundente de la catástrofe ambiental que provocan los agrotóxicos.

Caja derivada del “commodity” -y los plaguicidas que se utilizan para generarlo- mata reclamo y proceso judicial. La vida de hábitats y personas, está visto que también.

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Patricio Eleisegui
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Trigo transgénico: volvió el lobby para su aprobación y la cadena anticipa pérdida de mercados y su llegada a la mesa de los argentinos

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Mon, 21 Sep 2020 15:54:00 +0000

Bioceres unió fuerzas con otras organizaciones del campo y reactivó el pedido ante el Gobierno. Organizaciones de la producción triguera reconocen que el mundo rechaza ese cereal

Por Patricio Eleisegui

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Los intentos por alcanzar la aprobación de un transgénico (u "OGM") de trigo volvieron a cobrar potencia tras los fracasos cosechados por Bioceres, firma impulsora y principal beneficiaria si hay aval oficial, durante los tiempos del macrismo.

Precisamente esta compañía unió fuerzas con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) y reactivó el pedido de permiso de comercialización ante la cartera de Agricultura.

En simultáneo, Bioceres profundizó sus pruebas a campo abierto con la expectativa de alcanzar en breve hasta 12.000 hectáreas cubiertas con el OGM.

La compañía en cuestión, una suerte de "Monsanto" local, tiene entre sus accionistas a un magnate que talla fuerte en la mesa chica del Gobierno: Hugo Sigman, CEO de Grupo Insud y hombre fuerte doméstico en la evolución de la vacuna contra el Covid-19 promovida por Oxford-AstraZeneca.

Bioceres también tiene entre sus inversores a Héctor Huergo, actual mandamás en Clarín Rural –de ahí las permanentes notas celebratorias de cada cosa que hace esa firma- además de ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1994 y fundador de Canal Rural.

Otro de los accionistas de calibre en la compañía es Gustavo Grobocopatel, presidente del Grupo Los Grobo, conocido gigante del arrendamiento de tierras, la siembra y el procesamiento de transgénicos, y la fabricación de agrotóxicos mediante su controlada Agrofina.

Surgida en la ciudad de Rosario en diciembre de 2001, Bioceres nació como una sociedad conformada por 23 accionistas que decidieron inyectar capital a una naciente industria biotecnológica local.

De entrada, estos inversores se hicieron con algunos beneficios: obtuvieron del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) la cesión gratuita por 20 años de los terrenos donde todavía hoy funciona la sede misma de la firma y su controlado Instituto de Agrobiotecnología Rosario (INDEAR).

Por estos días, Bioceres nuclea a 303 socios accionistas con una porción de capital que no supera el 4,5 por ciento en cada caso, y factura a razón de 12 millones de dólares por año.

En torno a la empresa observan a la cercanía de Sigman con Alberto Fernández como la variable que, finalmente, terminará inclinando la balanza a favor del permiso de lanzamiento de la semilla manipulada genéticamente.

El trigo en cuestión, denominado HB4, se basa en una investigación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que luego quedó bajo control comercial de la compañía mencionada.

La manipulación genética, según sus comercializadores, permite mejor rendimiento en situaciones de escasez hídrica y funciona con un herbicida peligroso por su toxicidad: el glufosinato de amonio, elegido por la industria agroquímica como el sucesor del cancerígeno glifosato.

Según pudo saber quien aquí escribe, Bioceres ya ostenta superficies sembradas con el trigo OGM -aunque sin comercialización formal- en sendos lotes distribuidos en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Pero más allá de este despliegue, y la intensificación del lobby en la arena política, lo cierto es que la nueva semilla cuenta con la oposición de un actor clave en lo que hace al ámbito de la exportación y el aporte de regalías para las arcas públicas: la cadena triguera en su totalidad.

Así, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) considera que habilitar el trigo OGM podría significarle al país la pérdida de ganancias por más de 3.500 millones de dólares, además del cierre de al menos medio centenar de mercados.

"Es una amenaza a perder todo lo que tenemos. Si se aprueba corremos un riesgo fuerte en un momento en que el país necesita divisas como nunca. Los mercados no quieren saber nada con el trigo transgénico. Sobre todo Brasil, que compra el 45 por ciento de lo que exportamos -cerca de 6 millones de toneladas- aunque hoy tenemos más de 50 mercados abiertos que tampoco lo piden", comentó a este periodista el presidente de FAIM, Diego Cifarelli.

Para luego añadir: "Al mismo tiempo, Brasil y Bolivia concentran el 97 por ciento de la venta al exterior de harina de trigo. Bolivia tampoco quiere el transgénico".

Entrevistado con vistas a un artículo sobre la nueva ofensiva para imponer el HB4 que luego publiqué en el diario económico online iProfesional, el mismo Cifarelli afirmó que "también hay rechazo por el lado de las alimenticias".

"La mayoría de las multinacionales a las que les vendemos harinas incluyen en los pliegos de pedido de cotización el pedido explicito de que no haya trigo OGM en lo que se les provee. Empresas que hacen galletitas o panificados hasta exigen una declaración jurada donde se les confirma que la harina no incluye transgénico. Ese mercado también lo perderíamos", amplió.

El mundo no lo acepta

Cifarelli remarcó que "el mundo no acepta trigo transgénico" por temores sobre sus efectos en la salud de los consumidores y pidió máxima rigurosidad en los controles oficiales sobre las pruebas de campo que viene motorizando Bioceres.

"Esperamos que no se entrecruce con el trigo no transgénico, que no haya mezcla. Caso contrario, estaríamos jugando a la ruleta rusa", dijo.

"Sería un desastre que un barco llegue a destino y nos rechacen la mercadería por contaminación o, también, que se genere un ruido en el mercado mundial respecto de que esto podría pasar. Ante la menor sospecha los compradores de trigo o harina elegirán otros proveedores para ahorrarse problemas", añadió.

El directivo dio por descontado que, de ser liberado, el trigo transgénico también llegará a la mesa de los argentinos a través de procesados y productos en general basados en ese cereal.

"Una vez aprobada su comercialización será imposible distinguir a un trigo del otro. También tendrá presencia en el mercado interno. Es imposible hacer una diferencia visual entre ambas variedades. La única forma es llevando el producto a laboratorio, pero ningún cliente o consumidor se pondrá con todo ese proceso cada vez que compre un panificado", expresó.

A la par de FAIM, la Asociación Argentina de Trigo (ArgenTrigo) es otra de las entidades de la cadena que se opone a la aprobación del OGM.

"Desde nuestra entidad estamos en conocimiento de la siembra de Trigo HB4OGM para ensayos a campo y producción de semilla de una superficie significativa y, de cara a comenzar en los próximos meses la cosecha de esta, nos preocupan los efectos que puede llegar a tener un manejo incorrecto de esta tecnología en función de las autorizaciones existentes hoy, cuyas consecuencias podrían afectar mercados destino del trigo argentino", expusieron desde la organización en una misiva remitida a la Secretaría de Agricultura hace menos de dos semanas.

ArgenTrigo pidió "conocer los progresos respecto a la hoja de ruta establecida de manera conjunta sobre la aprobación del consumo de trigo OGM por parte de nuestros principales compradores de trigo para el avance de esta tecnología en nuestro país, así como del protocolo de la producción existente de la misma".

Origen del HB4

El HB4 parte de estudios iniciados en 2002 por un equipo de especialistas liderado por Raquel Chan, doctora en bioquímica e investigadora tanto del CONICET como de la santafesina Universidad Nacional del Litoral (UNL).

El descubrimiento parte de una casa de estudio pública y resultó financiado con fondos estatales. En esta instancia, la patente ya es propiedad de Bioceres, un privado que se hará con las regalías una vez que active la comercialización del transgénico.

Además de hacer gala de una aparente adaptación a suelos salinos o secos, el cereal en cuestión amplía la franja de uso de un plaguicida pensado para suceder al glifosato: el glufosinato de amonio.

En este caso en particular, el HB4 de Bioceres tiene “contrato de exclusividad” con la etiqueta de glufosinato de amonio “Prominens”, producido por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

El plaguicida ya es objeto de estudios científicos que lo señalan como un compuesto capaz de afectar el sistema neurotransmisor de los humanos para inducir desde la pérdida de la memoria hasta convulsiones.

Por citar un caso, experiencias de laboratorio concretadas por la francesa Université d’Orléans constataron alteraciones cerebrales generadas por la exposición crónica al glufosinato de amonio.

Una vez liberado al mercado, el trigo en cuestión posicionará a la Argentina como el primer país del mundo en avalar el uso y explotación comercial de esta nueva manipulación de genes.

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Patricio Eleisegui

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Granjas porcinas de China en Argentina: cómo México nos anticipa el desastre que viene

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Wed, 29 Jul 2020 03:00:00 +0000

El estado de Yucatán, consolidado como el gran bastión de la producción de carne porcina en la nación norteamericana, concentra la peor evidencia del daño ambiental que genera la actividad.

Por Patricio Eleisegui
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El impacto ambiental derivado de la producción masiva de cerdos en granjas es categóricamente negativo por donde se lo evalúe. Una muestra contundente de esto puede ubicarse en Yucatán, México, consolidado en los últimos años como el estado predilecto de los empresarios de la producción de carne porcina en ese país.

En el distrito en cuestión funcionan hoy 257 instalaciones de cría -43 en áreas naturales protegidas- con efecto negativo directo sobre fuentes de agua y los ecosistemas en general.

La producción de cerdos en el país norteamericano viene creciendo a una tasa de casi el 5 por ciento anual en el último lustro. El consumo en ese territorio, en igual lapso, sube a razón del 6 por ciento anual. La demanda de la carne en cuestión se ubica muy por encima del interés de compra de alternativas como el producto bovino o avícola.

Según organizaciones del rubro, generar un kilo de carne porcina en México demanda 6.000 litros de agua y cerca de 3,5 kilos de forraje -casi el doble que la misma unidad de carne de pollo-.

Un trabajo de Greenpeace que recopila cifras de organismos mexicanos expone que, con la expansión reciente, Yucatán ya es base de casi el 15 por ciento de las granjas porcícolas existentes en esa nación.

"... la producción porcina vista a partir del número de animales sacrificados para la península de Yucatán fue de 1.875.890 cerdos en 2018 (equivalente a llenar 21 veces el Estadio Azteca si tuviéramos a cada cerdito sentado en una butaca). (...) Durante el periodo 2006-2018 la producción porcina de la península aumentó en 36%...", expone el escrito.

¿Cuál es el efecto de esta producción multiplicada de cerdos? Según el mexicano Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el ganado porcino no absorbe la totalidad de los nutrientes que consume y excreta del 45 al 60% del nitrógeno que incorpora por alimentación, entre el 50 y el 80% del calcio y el fósforo, y expulsa del 70 al 95% de una batería de elementos: potasio, magnesio, sodio, cobre, zinc, hierro y manganeso.

"Por ende, la ausencia de manejo de estos residuos es altamente contaminante para los cuerpos receptores (agua, aire y suelo). La excreción exagerada de nitrógeno puede contaminar el suelo y el agua y dar lugar a la producción de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero que se libera en el aire a partir del estiércol. El nitrógeno excretado por la orina se halla principalmente en forma de urea, la cual se convierte con facilidad en amoniaco y dióxido de carbono por la enzima ureasa presente en las heces", indica en un apartado el trabajo de Greenpeace antes mencionado.

En simultáneo, la enorme cantidad de estiércol que generan los cerdos también amplía fuertemente las emisiones de gas metano. La producción en granjas profundiza este problema en tanto los residuos son acumulados en mezclas con líquidos en estanques, lagunas o pozos artificiales. En estado sólido, en tanto, el volumen es tan elevado que aunque la generación de metano es menor igual se genera contaminación por exceso de materia orgánica.

Algo más acerca de los gases: dióxido de carbono y metano -de incidencia clave en el calentamiento global- aparecen como las sustancias que más emiten las granjas de producción de carne de cerdo.

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEEC), durante 2018 sólo las emisiones de dióxido de carbono de los establecimientos porcícolas de Yucatán resultaron equivalentes a las derivadas del funcionamiento de 3.662.130 vehículos en México a lo largo de un año.

¿Qué ocurre con el agua? El documento de Greenpeace señala: "... del total de nitrógeno suministrado a los cerdos en forma de proteína de la dieta, únicamente entre 20 y 40% es retenido por el animal, el excedente (más de 60%) es excretado a través de las heces o la orina en una sustancia denominada purín, con potencial para contaminar las aguas."

En el trabajo "Producción ganadera y contaminación ambiental" de 2004, firmado por la dupla de científicos europeos Jaume Coma y Jordi Bonet, se expone que estos desechos "a través del proceso de nitrificación se infiltran rápidamente por el manto freático".

La experiencia arrojó, además, que "el manejo de excretas porcinas libera organismos patógenos como son las bacterias coliformes fecales".

Como último dato a tomar en cuenta al momento de exponer el daño ambiental y sanitario que origina la producción porcina a gran escala bajo el sistema de granjas vale destacar que, siempre en Yucatán, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) constató en 2010 -etapa de despegue del modelo en esa área de México- que la zona ocupada por estos establecimientos ostentaba una "contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar".

"La presencia de nitratos (NO3) en los sistemas públicos de abastecimiento de agua representa un riesgo sanitario, ya que pueden producir nitrosaminas, sustancias que aumentan el riesgo de cáncer de estómago y afecciones respiratorias, así como metahemoglobinemia (o síndrome de los niños azules)", se explica al respecto en el informe de Greenpeace antes aludido.

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Patricio Eleisegui
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Transgénico al Gobierno, agrotóxico al poder

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Sat, 19 Oct 2019 00:21:00 +0000

Macri y sus cuatro años de Agroindustria a contramano de la salud

Por Patricio Eleisegui
En Twitter: @Eleisegui

En estos cuatro años, la gestión de Mauricio Macri acentuó el modelo de agronegocio atado al uso de plaguicidas y semillas transgénicas –OGMs, en la jerga– consolidado durante el kirchnerismo. Con el detalle de que el oficialismo asumió una defensa manifiesta de los intereses de las corporaciones de los agrotóxicos y las organizaciones del campo que promueven ese sistema de producción.

El macrismo aprobó 26 transgénicos con la particularidad de que los últimos 19 fueron habilitados en el transcurso de apenas 22 meses. Coincide con el lapso de gestión de Luis Miguel Etchevehere al frente de la cartera de Agroindustria. En concreto, el funcionario lanzó casi un organismo genéticamente modificado por mes.

En cuanto a las variedades habilitadas, el maíz resultó predominante con 11 aprobaciones, seguidos por la soja con 8 semillas. También en esta gestión vieron la luz transgénicos de papa, alfalfa y cártamo. Y quedaron a un paso de la aprobación manipulaciones genéticas en trigo y caña de azúcar.

Todo esto para seguir sosteniendo el negocio de colocación de agrotóxicos, que a lo largo de esta gestión nunca estuvo por debajo de los 300 millones de litros de plaguicidas vendidos al año. Y que sólo en lo que va de 2019 ya evidencia un alza del 30 por ciento respecto del período anterior. De mantener ese rango, este año cerrará con una comercialización del orden de los 400 millones de litros y ganancias para las empresas del rubro cercanas a los 3.000 millones de dólares.

A la par del uso del cancerígeno glifosato, en estos cuatro años se profundizó el desarrollo de transgénicos que resisten al glufosinato de amonio, un herbicida que según distintos estudios científicos causa daño en el sistema neurotransmisor para inducir desde la pérdida de memoria hasta convulsiones en humanos. En animales, la exposición prolongada al agrotóxico provoca muerte celular en el cerebro y malformaciones.

De los 26 transgénicos lanzados en estos 4 años, 15 presentan justamente resistencia a glufosinato de amonio.

En lo que hace a la política inherente a los agrotóxicos, el macrismo concluye este período sin haber fijado ningún tipo de marco nacional que regule la utilización de estas sustancias peligrosas. A la par, el oficialismo desoyó por completo el dictamen de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ligada a la Organización Mundial de la Salud, que expuso que existen pruebas para vincular a esa enfermedad con el uso del herbicida glifosato.

Desde organismos como el SENASA se insistió en considerar al glifosato como un producto inocuo. Y las sucesivas condenas multimillonarias contra Bayer Monsanto en Estados Unidos apenas resultaron interpretadas como meras acciones judiciales de un particular contra una compañía privada.

Pero en su blindaje del agronegocio atado al uso de agrotóxicos y transgénicos la gestión de Mauricio Macri fue más allá: hizo propio el discurso de las multinacionales de los plaguicidas y sus organizaciones afines. En julio de 2017, por ejemplo, un panel integrado por los titulares de Salud, Ciencia, Agroindustria y Medio Ambiente dio origen a un documento que niega la evidencia científica nacional e internacional respecto de la peligrosidad de los plaguicidas.

Basado en informes y bibliografía aportados por entidades y cámaras vinculadas a la producción de agrotóxicos, el documento cuestiona criterios como la instauración de zonas libres de aplicaciones en torno a puntos habitados, y entiende a las situaciones de contaminación como "casos de mala praxis".

A los ojos de estas carteras, los pesticidas no implican riesgo para la salud si son aplicados en la cantidad que indican las empresas que los comercializan.

Durante el macrismo apenas hubo un puñado de prohibiciones aplicadas a plaguicidas, aunque todas con extensiones de uso para que los productores agoten sus respectivos stocks. Los insecticidas diclorvos y carbofurano, este último utilizado como veneno incluso en femicidios, y una formulación del herbicida cancerígeno 2,4-D, fueron ejemplos de estos vetos con determinados permitidos.

En la Argentina de estos días, informes de organizaciones como la Red de Acción de Plaguicidas de América latina confirman que se siguen utilizando más de 100 productos prohibidos en otros países. Entre ellos el herbicida paraquat, vetado hasta en Suiza, su territorio de origen.

El mandato de Mauricio Macri concluye con sucesivos intentos por aprobar una Ley de Semillas acorde a los intereses de las multinacionales del rubro y las entidades agropecuarias que nuclean a los grandes productores. El proyecto que más respaldó el oficialismo establece la propiedad privada del insumo, desarticula el uso propio gratuito -a partir de esto fija el pago de un canon extendido en años- y habilita requisas y controles compulsivos a pedido de los dueños de los transgénicos.

La predilección por los transgénicos y el respaldo a la aplicación de agrotóxicos tuvo su correlación con un incremento en la superficie explotada por el agronegocio. Así, de fines de 2015 a 2019, el área cultivada pasó de los 31,4 millones de hectáreas a los actuales 34 millones de la misma unidad, según la Bolsa de Cereales. La frontera productiva, dados estos guarismos, se incrementó en torno al 8 por ciento siempre en estos 4 años.

Esta expansión, por supuesto, va de la mano con un nivel de desmonte que se ha mantenido firme a lo largo del macrismo. En estos cuatro años, la superficie deforestada, la pérdida de bosques y pastizales nativos para la posterior siembra de transgénicos de soja y maíz en mayor medida, se acercó al medio millón de hectáreas, de acuerdo a reportes de organizaciones como Greenpeace.

Bajo la gestión macrista, tanto la soja como el maíz transgénico producidos mantuvieron su destino de forraje para engordar sobre todo cerdos y pollos fuera de la Argentina. Ambas manipulaciones genéticas también ganaron presencia como ingredientes en las fórmulas de miles de ultraprocesados que hoy se comercializan en los supermercados del país.

Por otra parte, la promoción de los biocombustibles incentivó aún más el uso de superficies para el cultivo de transgénicos. En estos cuatro años, según la Secretaría de Energía, la producción de biodiesel basado en aceite de soja transgénica –bañada con miles y miles de litros de agrotóxicos como el glifosato– evidenció un incremento del 25 por ciento.

La generación de bioetanol a partir de maíz genéticamente modificado –también, ultra fumigado– trepó otro 25 por ciento en el mismo período. Hoy ostenta un volumen anual del orden de los 600 millones de litros y tiene en Córdoba a su epicentro de elaboración.

Cada vez que se promociona un incremento en el corte de biocombustibles en las naftas, como ocurrió en abril de 2016 con la suba de 10 a 12 por ciento en lo que hace a presencia de etanol, de forma automática se auspicia una nueva expansión de áreas productivas ocupadas con cultivos OGMs.

En resumen, Cambiemos llega al final de estos cuatro años con el siguiente comportamiento hecho política de Estado:

·Apoyo manifiesto a la aplicación a mansalva de agrotóxicos.

·Lanzamiento compulsivo de semillas transgénicas que alientan el uso de más venenos.

·Expansión de la frontera agropecuaria para la exportación de granos con destino de forraje en un país en emergencia alimentaria.

·Negación total de la evidencia científica que devela un daño sanitario y ambiental expandido.

Mauricio Macri cierra una gestión presidencial signada por la defensa férrea de prácticas y métodos agrícolas que devastan la calidad de vida de los argentinos y vienen provocando daños de naturaleza irreparable en gran parte de nuestro territorio.

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Patricio Eleisegui
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Consecuencias sanitarias y ambientales derivadas del uso intensivo de agrotóxicos en Argentina

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Wed, 10 Apr 2019 02:58:00 +0000

Por Patricio Eleisegui
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A propósito del reciente Día Mundial de la Salud. Treinta (30) tuits que resumen parte del desastre generado por el modelo agroindustrial imperante. El grueso de estos datos tiene presencia y desarrollo en mis libros "Envenenados" y "AgroTóxico". El segmento político en su totalidad debe asumir lo grave del contexto.

1. En la Argentina se pulveriza, promedio, 7,6 litros de plaguicidas por habitante. Somos el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, en términos de cantidad de población. USA promedia 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina, 4,3 litros por persona.

2. En Argentina se aplican 12 a 15 litros por hectárea sólo de glifosato -datos de la industria-. Se combina con atrazina, dicamba o 2,4-D. El agro de USA emplea la mitad. Previo a los transgénicos (1996), en nuestro país se aplicaban 3 litros por hectárea. Es un modelo adicto al veneno.

3. El negocio doméstico de los agrotóxicos es liderado por un grupo de hasta 25 compañías entre nacionales y extranjeras que, sumadas, facturan más de US$2.500 millones por año. De ese monto, US$1.000 millones corresponden sólo a la venta del cancerígeno glifosato.

4. Según UNLP y CONICET, las lluvias de Argentina presentan concentraciones elevadas de herbicidas como el glifosato y la atrazina. La carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es 20 veces superior a la registrada en USA, meca de los plaguicidas.

5. En apenas 10 años, en la provincia de Chaco la cantidad de escuelas destinadas a la atención de niños que habitan zonas fumigadas y sufren inconvenientes cognitivos, además de otros tipos de retrasos, pasó de 12 a 70 establecimientos.

6. Bajo el título “Plaguicidas: los condimentos no declarados”, UNLP presentó estudio en 2015 en el cual destaca que, de cada 10 muestras de frutas y verduras evaluadas en La Plata, 8 dieron positivo en residuos de agrotóxicos. Zanahorias y cítricos, los productos más contaminados.

7. Fabián Tomasi falleció el 7 de septiembre de 2018 en Basabilbaso, Entre Ríos. Sufrió polineuropatía tóxica y trastorno en sistema nervioso, más otras dolencias, tras su trabajo en la firma de fumigaciones Molina & Cia. Médicos y ANSES certificaron contaminación con agrotóxicos.

8. En su trabajo "Plaguicidas en el Ambiente", INTA apoya el veredicto de IARC que vincula al glifosato con el cáncer y, en simultáneo, explica que el rechazo de la EFSA europea a esa categorización no tiene sustento científico. Para INTA, la IARC es precisa.

9. Estela Lemes, directora de la escuela rural Bartolito Mitre, muy cerca de Gualeguaychú (Entre Ríos). Sobrevive con glifosato y clorpirifos en sangre. Fue mi 1° entrevistada para #Envenenados hace 9 años, cuando el establecimiento sufrió la 1° fumigación aérea. Sigue batallando.

10. 9 de cada 10 hisopos, toallas femeninas y tampones contienen residuos de glifosato. En tanto, la totalidad de las gasas y algodones que hoy llegan a los botiquines de los hogares se encuentra contaminada con el herbicida, según científicos del EMISA de la Universidad de La Plata.

11. Rocío Pared falleció en septiembre de 2017 a los 12 años en Mburucuyá, Corrientes. Comió una mandarina que previamente había sido inyectada con carbofurano. Se trataba de un cebo colocado por un productor -sin condena hasta el momento- para exterminar pájaros y ratas.

12. Se detectaron hasta 18 agrotóxicos en el agua que consume la población de Pergamino (Buenos Aires). La Justicia ordenó suspender fumigaciones por la contaminación que sufren barrios La Guarida, Luard Kayad y Villa Alicia. Intervención clave del doctor Damián Marino de la UNLP.

13. En 2015, la organización BIOS de Mar del Plata analizó muestras de orina de dos docenas de personas. El 90 por ciento de los evaluados dio positivo en glifosato o AMPA, el metabolito originado en la descomposición del herbicida cuando ingresa al organismo.

14. Entre 2011 y 2016, según SENASA, 98% de las partidas de peras ofertadas en mercados centrales de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, 93% de apios, 91% de mandarinas, 85% de manzanas y 76% de frutillas, dieron positivo en hasta 20 variedades de insecticidas y fungicidas.

15. En julio de 2017, un trabajo del CONICET y el EMISA (UNLP) reveló que el glifosato aplicado ya no se degrada. El estudio, concretado en Urdinarrain (Entre Ríos), sostiene que la concentración del herbicida constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial.

16. Mariela Leiva, maestra fumigada de la escuela rural 44 “República Argentina”, de Colonia Santa Anita (Entre Ríos). En octubre de 2017, la Justicia condenó a 1 año y 6 meses de prisión -en suspenso- a un productor y 2 fumigadores por pulverizar junto al establecimiento escolar.

17. En San Salvador, Entre Ríos, los tumores malignos provocan el 40% de las muertes. Es la capital nacional del arroz. Estudios de dos universidades nacionales confirmaron presencia de glifosato e insecticidas en el aire, el suelo y el agua de toda la ciudad.

18. En su trabajo "Plaguicidas en el Ambiente", el INTA reconoce que se ha detectado herbicida glifosato en productos industrializados a base de algodón transgénico, además de confirmar que las variedades BT multiplicaron la aplicación de insecticidas.

19. Nicolás Arévalo murió el 4 de abril de 2011 a los 4 años de edad. Intoxicado con endosulfan aplicado en tomateras junto a su casa en Lavalle, Corrientes. Inhaló el veneno y pisó un charco contaminado. Un año después murió José Carlos Rivero, 4 años. Mismo lugar. Causa idéntica.

20. 8 de cada 10 peces monitoreados en aguas del norte de provincia de Buenos Aires dieron positivo en contaminación con agrotóxicos. Análisis de INTA y CONICET: presencia de 17 pesticidas diferentes en los tejidos analizados y se llegó a ubicar 5 plaguicidas en un mismo ejemplar.

21. Ana Zabaloy, exdirectora de escuela rural 11, J. M. Estrada, San Antonio de Areco (Bs. As.). En 2014, tras una aplicación cercana con 2,4-D, sufrió parestesia hemifacial. Enfrentó complicaciones en su salud por aquel contacto. Falleció el 8 de junio de 2019. En la escuela rural 11, EMISA (UNLP) ubicó 7 agrotóxicos en agua y suelo.

22. 6 de cada 10 frutas y verduras adquiridas en verdulerías de Buenos Aires y evaluadas por científicos de UNLP dieron positivo en al menos un plaguicida. Incluso se constató presencia de hasta 3 agrotóxicos en un mismo artículo. Zanahoria, naranjas y lechuga, los más contaminados.

23. Toda la cuenca del Paraná está contaminada con herbicidas como el glifosato y formulaciones de insecticidas. Cipermetrina, endosulfan y clorpirifos encabezan con amplitud los indicadores de contaminación. Estudio de la UNLP y CONICET con asistencia de Prefectura Nacional.

24. Según reportes médicos y científicos locales, en Misiones 5 de cada 1.000 niños nacidos en zonas de producción de tabaco y yerba sufren mielomeningocele, malformación severa del sistema nervioso central. Poseen la médula abierta, genera incontinencia múltiple y otros trastornos.

25. Barrio Ituzaingó -afueras de Córdoba capital-: se detectó contaminación masiva con endosulfan y glifosato. 114 niños con plaguicidas en sangre sobre 142 evaluados. 300 casos de cáncer en 5.000 habitantes. En agosto de 2012, la Justicia condenó a un productor y un aeroaplicador.

26. Trenque Lauquen (Buenos Aires). En 2015, la municipalidad solicitó un estudio a la Universidad del Litoral. Los resultados arrojaron contaminación con herbicida atrazina y el letal 2,4-D hasta en los árboles céntricos de esa ciudad y en las plantas junto al hospital municipal.

27. INTA monitoreó plaguicidas en peces de las cuencas Río Tercero-Carcarañá, Arroyo Pergamino-Río Arrecifes, Río Samborombón y Río Salado: todos los ejemplares de carpas mostraron concentraciones de herbicidas, insecticidas y fungicidas en músculos.

28. En Monte Maíz (Córdoba) 1 de cada 3 vecinos fallece de cáncer. Abortos espontáneos que superan 3 veces prevalencia esperada: 10% versus 3% de media nacional. Malformaciones congénitas: 72% superiores a tasa nacional. La ciudad alberga 20 galpones con máquinas para fumigar.

29. Uso intensivo de herbicidas creó epidemia de malezas resistentes. De colocarse estos vegetales ya inmunes a glifosato y otros plaguicidas en un mismo campo, ocuparían 3,5 millones de hectáreas. Casi 10% de la superficie cultivable del país. El 50% de los lotes sufre afectación.

30. En Argentina no existe ley nacional que regule la aplicación de agrotóxicos. Tampoco, estadísticas públicas sobre fabricación, venta y uso de estos venenos. Las agroquímicas, el sector privado -a través de las cámaras CASAFE y CIAFA-, mantienen en secreto toda información clave.

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Patricio Eleisegui
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La papa del negocio: el lazo entre la familia Macri y el privado que se beneficia, los funcionarios detrás de la empresa que patentó el nuevo transgénico argentino

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Tue, 18 Dec 2018 14:27:00 +0000

Tecnoplant presentó TICAR, un tubérculo manipulado genéticamente para resistir virus. Científicos de la compañía hoy ocupan puestos clave en la Secretaría que promovió la aprobación del cultivo. Las pruebas de campo, en tierras de un primo hermano del Presidente. Detalles de un lanzamiento por conveniencia.

Por Patricio Eleisegui
En Twitter: @Eleisegui

A muy poco de cumplir la iniciativa dos décadas de idas y vueltas, la compañía que tomó las riendas sobre todo financieras del proyecto finalmente pudo hacerse con todas las aprobaciones y el lunes 10 de diciembre de 2018 se oficializó el lanzamiento comercial, por primera vez en la Argentina, de una variedad de papa modificada genéticamente para resistir a un determinado virus.

La variedad en cuestión, bautizada TICAR -sigla que reemplaza las palabras Tecnoplant, INGEBI, CONICET y Argentina-, fue dada a conocer en un evento de prensa del que tomaron parte ejecutivos de, justamente, Tecnoplant, la compañía que controlará la comercialización del transgénico, y representantes de las secretarias de Ciencia y Agroindustria de la Nación.

El producto en cuestión, que la firma controlada por Grupo Sidus comenzará a introducir en los mercados a partir de 2019, ostenta una manipulación que -sostienen sus promotores- le garantiza resistencia al virus PVY. Este último, argumentan los desarrolladores del transgénico, llega a generar pérdidas de hasta el 80% de los tubérculos lo cual obliga a los productores a invertir en nuevo material de siembra prácticamente todos los años.

TICAR, aseguró a quien aquí escribe Gustavo Napolitano, gerente de Tecnoplant, corta con eso y extiende el lapso de compra de papas para siembra a unos tres años. Pero, en tanto la comercialización del evento modificado en su ADN implicará el pago de una garantía extendida justamente por ese período, el productor no notará la diferencia y terminará abonando en concepto de "copyright"-y por uso propio- un acumulado que hoy paga de forma fraccionada cada vez que el cultivo se ve afectado por el PVY.

Por supuesto que en Tecnoplant no exponen ese detalle de forma inmediata. Entre las huestes de la compañía, la algarabía ganó en altura durante la semana de presentación de la papa manipulada a raíz del interés por la liberación comercial del evento que mostró el mismo Mauricio Macri. El Presidente se reunió con Napolitano apenas 48 horas después de oficializado el transgénico.

"El presidente Macri está muy interesado en las posibilidades que ofrece la nueva papa. Macri expuso que tiene un relacionamiento familiar con el negocio a partir de la sociedad que uno de sus primos viene encabezando en Mendoza", confió el ejecutivo. El comentario, esbozado como al pasar, le suma controversia a una iniciativa que, quedará expuesto con el correr de las líneas, desde su origen se encuentra manchada por la irregularidad.

El primo en cuestión es Fabio Calcaterra, hermano de Angelo -permanente beneficiado con proyectos de infraestructura promovidos por el macrismo y reciente imputado en la causa que investiga el pago de coimas en la obra pública- y socio de una de las compañías que controla la producción de papas congeladas a nivel global: la estadounidense Simplot.

En 2016, el empresario y la directiva de la firma norteamericana cerraron un acuerdo para cultivar el tubérculo en alrededor de 1.800 hectáreas distribuidas en el departamento mendocino de San Carlos.

La sociedad entre Calcaterra -con presencia comercial en el Valle de Uco desde hace algo más de una década- y Simplot en tierra cuyana lleva el nombre comercial de San Fili y el proyecto que promocionan ambos actores implicará, en un lapso de algo más de dos años, un desembolso total de 1.500 millones de pesos.

A la par de la siembra en San Carlos, el emprendimiento también contempla la instalación de un planta de procesamiento para el empaquetado de papas prefritas congeladas en Luján de Cuyo, siempre en Mendoza.

Dicha radicación cuenta con la venia de Omar de Marchi, jefe comunal de Luján de Cuyo y uno de los dirigentes macristas de mayor peso en la provincia. Según me indicaron fuentes locales, la intención inicial de Calcaterra y Simplot era levantar las instalaciones a corta distancia de los campos de papas, pero se encontraron con que San Carlos carecía del aprovisionamiento de gas pretendido para los galpones industriales.

A los ojos del Ejecutivo provincial, la apuesta de San Fili brilla tanto como el oro que más de una minera pretende rastrear en las entrañas del suelo cuyano.

"Se van a recibir 180.000 toneladas de papas y para ello se va a necesitar de la asociación con productores mendocinos. Aquí se fabricará el 50 por ciento de las papas fritas congeladas que se necesitan en la región Mercosur. Nos posicionaremos como el tercer sector de exportación luego del vino y de los jugos de frutas", declaró, exultante, Martín Kerchner, ministro de Economía, Infraestructura y Energía provincial en una recorrida de junio de este año por las instalaciones en desarrollo en Luján de Cuyo.

El emprendimiento del binomio Calcaterra-Simplot es uno de los grandes beneficiados del Bono Fiscal que el gobierno de Mendoza mantiene vigente desde hace dos años con el fin de incentivar inversiones y estimular la creación de puestos de trabajo en ese territorio.

En su primera etapa, el programa en cuestión entregó títulos por hasta 1.000 millones de pesos para que los privados afronten el pago de impuestos como Ingresos Brutos. Sólo por el proyecto de desarrollo de la planta de Luján de Cuyo Calcaterra-Simplot se alzó con un bono por 86 millones de pesos.

Transgénico conveniente
Más allá de las cifras que empresarios y políticos locales repiten una y otra vez, el proyecto que motorizan Calcaterra y Simplot ostenta otra particularidad: está basado en la expansión de la papa transgénica que el Gobierno de Mauricio Macri acaba de habilitar.

De hecho, esas mismas tierras que están siendo cultivadas en San Carlos han sido base de las últimas pruebas de campo de la modificación genética. "Estamos trabajando en Mendoza para producir pequeñas cantidades de semillas. Y hay una parte de las papas que se generaron que ya están sembradas", reconoció Napolitano, de Tecnoplant.

En la imagen, el área donde se está llevando a cabo el cultivo en San Carlos (clic para ver en grande):

Sembradíos de papas pertenecientes a San Fili, en más detalle:

Si bien la alianza con Simplot representa su mayor apuesta en el ramo hasta el momento, lo cierto es que el vínculo de Fabio Calcaterra con las papas viene de largo tiempo y la relación tiene su lado negro.

En 2017, al empresario en cuestión se le abrió una causa judicial por presunta estafa contra una compañía en la que el mismo Calcaterra había ejercido el rol de titular del directorio y gerente general.

El pariente de Mauricio Macri ocupó el puesto máximo en Alimentos Modernos SA, adquirida luego -a fines de los años 90- por la multinacional Farm Frites, esta última dedicada al procesamiento de papas a granel para la elaboración de congelados con destinos de exportación.

Siempre con Calcaterra al frente del directorio más allá del traspaso accionario, en agosto de 2012 el derrumbe de uno de los depósitos de Farm Frites en Munro, provincia de Buenos Aires, derivó en el faltante de algo más de 500 toneladas de productos.

Casi de forma automática, Farm Frites denunció al empresario por esa desaparición ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 34. En 2014, la Justicia procesó a Fabio Calcaterra por ese faltante, además de exponer que el ejecutivo contrató -sobreprecios incluidos- para la limpieza y remoción de escombros a una compañía ajena a ese rubro.

La firma que llevó a cabo la tarea fue Arcillex SA, dedicada precisamente a la extracción y venta del insumo para la construcción. Juan Manuel Morsella y Eduardo Flores Maini, presidente y director de la empresa respectivamente, son dos ex ejecutivos de SOCMA (Sociedad Macri), el histórico holding de la familia del Presidente.

En abril de 2017, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen expuso que no había pruebas suficientes para mantener procesado al empresario o, en todo caso, sobreseerlo, por lo que dictó la falta de mérito. Sin embargo, la Justicia también ordenó profundizar la investigación.

Hermano de Angelo, Fabio Calcaterra ganó visibilidad positiva en los medios con la compra, en diciembre de 2016, del Banco Interfinanzas. En la actualidad, ejerce la presidencia de dicha firma y controla alrededor del 40 por ciento de las acciones.

Angelo y Fabio dieron el primer paso en el ámbito de las papas en 1994 cuando, previo desembolso de 750.000 dólares, le compraron la mencionada Alimentos Modernos SA a Carmen Martínez Rivarola, viuda de Juan Manuel Bordeu y madre de Ivonne, la primera esposa de Mauricio Macri.

Verdulerías 2020
En Tecnoplant dan por descontado que los primeros tubérculos modificados genéticamente estarán disponibles para los productores en el transcurso de 2019. Prevén, además, que TICAR llegará a las verdulerías un año después.

"Esperamos tener producto para consumo fresco ya en 2020, aunque sea en pequeños volúmenes. Calculamos que justamente ya en 2020 esta papa estará en las verdulerías. Aunque la marca comercial es TICAR, el producto llegará a los puntos de venta sin ninguna etiqueta que lo diferencie de otras papas. La legislación argentino no obliga a diferenciar los eventos, por lo que quien compre no notará la diferencia", aseguró Napolitano.

El ejecutivo amplió el concepto añadiendo otros productos que, aseguró Napolitano, cuentan con transgénicos entre sus ingredientes y estos no aparecen declarados al público. "Toda la polenta está hecha con maíz transgénico y la cerveza tiene cepas de levaduras que también son transgénicas. No hay ninguna objeción a eso porque SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) garantiza la inocuidad del alimento", expresó.

La manipulación genética a través de técnicas de transgénesis acumula cuestionamientos alrededor del mundo por, entre otros ítems, la imposibilidad de la ciencia de certificar que el consumo a largo plazo de estos alimentos resulta totalmente seguro para los humanos. Se presume, por el contrario, que estos desarrollos de laboratorio pueden ser tóxicos, alergénicos e incluso menos ricos en términos nutricionales que sus homólogos naturales.

Al mismo tiempo, no está comprobado que los transgénicos incrementen realmente el rendimiento de los cultivos y sí existen certezas de que demandan una mayor utilización de pesticidas. En la Argentina, desde la introducción en 1996 de la primera soja resistente al herbicida glifosato hasta hoy, el uso de plaguicidas aumentó 1.000 por ciento, según datos de actores de la industria como CASAFE, una de las cámaras que nuclea a los fabricantes de agroquímicos en el país.

Por otra parte, abundan las investigaciones que prueban que los organismos genéticamente modificados acaban con las variedades silvestres del mismo cultivo, su uso en campo demanda tanta o más energía que la opción tradicional, y que el precio de las semillas transgénicas -y los insumos complementarios que estas requieren para funcionar- es tan elevado que el costo del modelo erradica del mapa económico a los productores de menor tamaño.

La producción de papas en la Argentina hoy se distribuye, en instancias de producción semi temprana, temprana, semi tardía y tardía, entre las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Chubut y Mendoza. Dispuesto bajo un esquema de cultivo de régimen anual, el tubérculo ocupa cerca de 75.000 hectáreas.

Desde Tecnoplant precisaron que la intención comercial de TICAR es abastecer al mercado doméstico dado que son muy pocos los países que importan el producto fresco. "A excepción de Brasil o Uruguay, en volúmenes siempre pequeños, la venta al exterior de papas frescas es prácticamente inexistente", reconoció Napolitano. Se estima que el consumo de papas por persona, sólo en la Argentina, alcanza los 40 kilos al año.

Respecto de cómo será la venta de la papa transgénica, el entrevistado explicó que la tecnología "está patentada", por lo que "la comercialización se hará formal como una venta entre privados y se cobrará una regalía sobre la semilla o el tubérculo".

"Legalmente, nos paramos sobre el marco que hay para las patentes como herramienta para proteger la tecnología. No basamos nuestro sistema de venta en la ley de semillas actual. El precio para el productor no será muy diferente al que está hoy en el mercado. Deberá abonar un precio más una regalía extendida a tres años, para que pueda hacer uso propio de lo que acaba de comprar", explicó.

Napolitano remarcó que TICAR presenta un diseño específico para combatir al virus PVY y que, por el momento, carece de modificaciones para resistir a plaguicidas, condición típica de los transgénicos que se desarrollan en la Argentina. Reconoció, sí, que Tecnoplant investiga otras manipulaciones que podrían ser incorporadas a la papa. Una de ellas, la posibilidad de sumarle al ADN del vegetal una variación genética que le permita sostener el rendimiento en instancias de sequía.

"No es de nuestro interés hacer modificaciones para resistencia a herbicidas, por ejemplo. El uso de estos productos es bajo en el cultivo de papa, donde predomina la labranza física. Sí hay equipos técnicos viendo qué se puede hacer en cuanto al uso de fungicidas", destacó.
Acción del PVY:

Según documentos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la legislación vigente para la producción de papa en la Argentina habilita el uso de hasta 94 formulaciones diferentes de plaguicidas. Los fungicidas, con 47 principios activos, encabezan la nómina de los químicos permitidos. A esos le siguen los insecticidas -28 productos- y cierran los herbicidas -19-.

Entre los principios activos más nocivos que se utilizan en el cultivo del tubérculo se destaca el carbofuran, de aplicación habilitada por SENASA hasta octubre de 2019.

Dicho insecticida mató a Rocío Pared, una nena de 12 años que en septiembre de 2017 comió una mandarina inyectada con ese veneno en Mburucuyá, Corrientes. Además, en la misma situación, el pesticida contaminó a Damián, sobrino de Rocío de sólo 10 años. También conocido como furadan, fue empleado para exterminar a más de 30 cóndores en Malargüe, Mendoza, a principios de 2018.

También se aplica clorpirifos, un insecticida organofosforado que, lo estableció la Justicia de los Estados Unidos en agosto de 2018, provoca daño neurológico sobre todo en niños, motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta, e incluso a dosis bajas puede generar trastornos como el autismo.

En los campos donde se siembra papa, de acuerdo al INTA, se pulveriza además con los herbicidas glifosato y 2,4-D, ambos vinculados directamente con el aumento exponencial del cáncer en los países de economía agrícola, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, también se usan formulaciones como las que siguen:

• Clorotalonil: fungicida, capaz de dañar piel y ojos si se lo aplica sin protección. Tóxico para peces y cualquier organismo acuático en general.
• Carbendazim: fungicida, muy cerca de prohibirse en Europa por su comprobado comportamiento de disruptor endocrino. Además, su ingrediente activo, la carbendazima, puede afectar la fertilidad masculina.
• Carbaril: insecticida. Potencialmente cancerígeno para los humanos. Acaba con crustáceos y abejas. En la actualidad, de uso prohibido en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países. Un documento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) publicado el 15 de octubre de 2013, y firmado por Mariela Curetti, ingeniera agrónoma de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, reconoce: "De utilizarse este raleador, no debe olvidarse que se trata de un insecticida que afecta a las abejas y puede generar residuos en la fruta, una limitante especialmente en variedades de cosecha temprana como Gala."
• Iprodione: fungicida. Desde 1996, de uso prohibido para la producción de frutas finas como la cereza en todo Estados Unidos. En un contexto de alta exposición, cancerígeno para los humanos.
• Tiabendazol: fungicida, muy tóxico para peces y organismos acuáticos en general.
• Thiacloprid: insecticida neonicotinoide desarrollado por Bayer. De uso vetado por el grueso de los países de la Unión Europea por atentar contra la supervivencia de las abejas.
• Tiametoxam: insecticida neonicotinoide. Restringido en Francia y Alemania por provocar lo mismo que el Thiacloprid.

Funcionarios de empresa
TICAR surge de un proyecto impulsado a fines de la década del 90 por el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (INGEBI) -dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-. A dicha iniciativa luego se sumó Tecnoplant hasta el final del desarrollo.

Un aspecto del proyecto que enciende el escándalo está en que esta manipulación de ADN surge a partir de la labor de los científicos Alejandro Mentaberry y Fernando Bravo Almonacid. Mentaberry ocupa hoy el cargo de coordinador del gabinete de la Secretaria de Ciencia que encabeza un ex Sidus: Lino Barañao.

La cartera mencionada fue una de las que más promovió la salida comercial de la papa transgénica, y en organismos de aprobación de transgénicos como la CONABIA abundan las voces que dan cuenta de la presencia de Mentaberry acompañando el proceso hasta el final. No faltan quienes señalan el conflicto de intereses dado el puesto clave en la función pública que hoy ocupa el científico.

"Mentaberry fue director de tesis de Bravo Almonacid y estuvo en el desarrollo inicial de TICAR. Lino Barañao trabajo en Sidus, en un proyecto de clonación de vacas que al final no llegó al mercado. Cuando esa idea estaba madura fue que ocurrió la división de la empresa -en diciembre de 2010 la familia Argüelles, dueña del grupo, separó bienes- y no se siguió adelante", reconoció Napolitano, de Tecnoplant.

La irrupción del transgénico tuvo un primer capítulo fallido en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner al frente del Ejecutivo nacional. El 5 octubre de 2015, la entonces presidenta presentó el tubérculo manipulado en un acto celebrado en el predio de Tecnópolis. Lino Barañao, en ese momento Ministro de Ciencia y Tecnología, acompañó a la mandataria durante el anuncio.

A ese evento le siguió una actividad en la sede del INTA en Castelar que incluyó la preparación, por parte de los protagonistas del ciclo televisivo “Cocineros Argentinos”, de papas fritas hechas a partir del cultivo genéticamente modificado. Sendos conos cargados con el tubérculo recién cocinado fueron repartidos entre el público presente.

La ausencia de avales en términos de viabilidad económica retrasó la salida comercial del vegetal hasta este tramo de diciembre.

Para regocijo de la compañía dueña de la patente, los funcionarios que motorizaron científica y políticamente el lanzamiento final, y la familia presidencial, que arrancó con ventaja de cara al control de otro negocio que se anticipa multimillonario.

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Patricio Eleisegui
Email: patricio.eleisegui@gmail.com

Funciona con el sucesor del glifosato: Argentina prepara la aprobación del primer transgénico de trigo del mundo

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Sat, 17 Nov 2018 01:02:00 +0000

Incorpora el gen HB4 para rendimiento en suelo seco o salino. Resistente al glufosinato de amonio, lo comercializará una alianza entre la local Bioceres y la francesa Florimond Desprez

Por Patricio Eleisegui
En Twitter: @Eleisegui

Entró en cuenta regresiva la aprobación comercial del primer transgénico de trigo.

Se trata de la variedad HB4 desarrollada por Trigall Genetics, una alianza estratégica conformada en mayo de 2013 por la local Bioceres y la francesa Florimond Desprez.

Bioceres tiene entre sus accionistas a Héctor Huergo, actual mandamás en Clarín Rural –de ahí las permanentes notas celebratorias de cada cosa que hace Bioceres- además de ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1994 y fundador de Canal Rural.

Otro de los inversores de calibre en la compañía es Gustavo Grobocopatel, presidente del Grupo Los Grobo, conocido gigante del arrendamiento de tierras, la siembra y el procesamiento de transgénicos, y la fabricación de agrotóxicos.

Surgida en la ciudad de Rosario en diciembre de 2001, la compañía nació como una sociedad conformada por 23 accionistas que decidieron inyectar capital a una naciente industria biotecnológica local.

De entrada, estos inversores se hicieron con algunos beneficios: obtuvieron del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) la cesión gratuita por 20 años de los terrenos donde todavía hoy funciona la sede misma de la firma y su controlado Instituto de Agrobiotecnología Rosario (INDEAR).

Por estos días, Bioceres nuclea a 303 socios accionistas con una porción de capital que no supera el 4,5 por ciento en cada caso, y factura a razón de 12 millones de dólares por año.

El HB4 parte de estudios iniciados en 2002 por un equipo de especialistas liderado por Raquel Chan, doctora en bioquímica e investigadora tanto del CONICET como de la santafesina Universidad Nacional del Litoral (UNL).

El descubrimiento parte de una casa de estudio pública y resultó financiado con fondos estatales. En esta instancia, la patente ya es propiedad de Bioceres, un privado que se hará con las regalías una vez que active la comercialización del transgénico.

Las imágenes que ilustran este comentario que les dejo corresponden a la primera prueba a campo de esta modificación genética.

Además de hacer gala de una aparente adaptación a suelos salinos o secos, el cereal en cuestión amplía la franja de uso de un plaguicida pensado para suceder al glifosato: el glufosinato de amonio.

En este caso en particular, el HB4 de Bioceres tiene “contrato de exclusividad” con la etiqueta de glufosinato de amonio “Prominens”, producido por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

El plaguicida ya es objeto de estudios científicos que lo señalan como un compuesto capaz de afectar el sistema neurotransmisor de los humanos para inducir desde la pérdida de la memoria hasta convulsiones.

Por citar un caso, experiencias de laboratorio concretadas por la francesa Université d'Orléans constataron alteraciones cerebrales generadas por la exposición crónica al glufosinato de amonio.

Una vez liberado al mercado, el trigo en cuestión posicionará a la Argentina como el primer país del mundo en avalar el uso y explotación comercial de esta nueva manipulación de genes.

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Patricio Eleisegui
Email: patricio.eleisegui@gmail.com

A pedir de Bayer y Monsanto: obtuvo dictamen y entró en cuenta regresiva la aprobación de una Ley de Semillas que privatiza el control del insumo

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Wed, 14 Nov 2018 04:16:00 +0000

La iniciativa acota el uso libre y gratuito de las semillas tal como lo establece el marco vigente. Además, reconoce potestad absoluta de las compañías que desarrollan transgénicos sobre las especies manipuladas genéticamente

Por Patricio Eleisegui
Twitter: @Eleisegui

Sin tratamiento previo del proyecto ahora dado a conocer, y ante la dura oposición de colectivos sociales y productores pequeños y medianos, el Gobierno puso primera y se alzó con el aval para tratar en recinto la modificación a la actual Ley de Semillas.

El marco en cuestión, exigido mayormente por la dupla Bayer-Monsanto dado su monopolio en el desarrollo de variedades de soja modificada genéticamente, establece la privatización del insumo a partir de aspectos como la limitación del denominado “derecho de uso propio”. Este último es un ítem clave en la normativa vigente, sancionada en 1973.

En concreto, el “derecho de uso propio” permite al agricultor volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la campaña.

La ley, que buscará su aprobación en Cámara de Diputados el miércoles de la próxima semana, establece el abono de regalías por la “reutilización” del producto, además del pago de “derechos de propiedad intelectual” con la compra de las semillas. De esta forma, el insumo queda gravado de un “copyright” hasta ahora no contemplado en la legislación.

En simultáneo, y lo que resulta polémico a los ojos de los productores de menor calibre, la ley a tratar considera que la modificación que hacen Bayer-Monsanto a las semillas a través de biotecnología es argumento suficiente para considerar a las corporaciones dueñas absolutas de estas especies.

“Es la frutilla del postre que se inició en los años 90 con la irrupción de la soja transgénica. Esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo de aquellos años. Implica privatizar el sistema agropecuario argentino. Si esto se aprueba luego en el recinto, bueno, será muy difícil desarmar este andamiaje legal en los próximos años”, advirtió Enrique Viale, abogado ambientalista.

Varios escalones por encima de multinacionales como Syngenta, Bayer y Monsanto concentran el dominio a nivel nacional de las semillas manipuladas para resistir agrotóxicos en lo que hace a soja –a través de las variedades RR e Intacta–, maíz –Mon 810 y NK603– o algodón –Mon 1445 y Mon 531–. Las compañías aguardan por una legislación que les garantice el cobro asegurado de regalías para el lanzamiento de una amplia batería de nuevos transgénicos.

“Más allá de otros detalles, lo más relevante es que la ley nueva acotará el uso propio, libre y gratuito, de las semillas. La legislación vigente habilita justamente esta libertad, permite sembrar sin estar pagando regalías todo el tiempo. Si esto se aprueba, los productores ya no podrán contar con esa opción y deberán pagar cada vez que usen la semilla”, dijo Tamara Perelmuter, investigadora del CONICET.

Poder de policía
Con vistas a resultar aprobada de forma completa antes de fin de año, la normativa otorga poder de policía al Instituto Nacional de Semillas (INASE), el cual ante el pedido de las compañías que consideren vulnerados sus “derechos de propiedad intelectual” tendrá “acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre…”.

El texto del proyecto que acaba de obtener dictamen, y al que este periodista pudo acceder en las últimas horas, anticipa además que el INASE “podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley”.

La iniciativa incorpora figuras a tono con la consideración de la semilla como “material vegetal” antes que una vida.

De esa forma, establece categorías como “Creación fitogenética” para definir a los transgénicos, “Obtentor” para los privados que manipulan el ADN de estas especies, “Evento” –la modificación genética en sí misma–, y “Biotecnología” –la técnica de manipulación de ADN utilizada–, entre otras.

Esta variación en la normativa que propone el texto viene a desactivar los reclamos de compañías que en más de una oportunidad han expuesto públicamente la decisión de no lanzar determinadas semillas hasta tanto se garantice el cobro de regalías.

Monsanto sostiene esa queja incluso desde los tiempos de Néstor Kirchner al frente del Ejecutivo nacional. A ese malestar se le sumaron, en los últimos años, incluso compañías de “ADN” local como Bioceres.

En mayo de 2016, la multinacional ahora propiedad de Bayer presionó para que los ruralistas paguen regalías por el “desarrollo e innovación” incluidos en sus semillas. En paralelo, exigió que el Gobierno le permita un sistema de cobros de "peaje" en los puertos de embarque de soja.

Como bien expuso este medio en ese momento, Monsanto apeló a los oficios de la embajada estadounidense en Buenos Aires para que ejerza presión sobre la administración macrista.

A la par, y a modo de medida “disciplinadora”, la firma suspendió la presentación de su variedad transgénica Xtend, una soja modificada para resistir a los herbicidas glifosato y dicamba.

Una exigencia longeva
Como ya se dijo, el dúo Bayer-Monsanto predomina en toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina. Las variedades modificadas llegan a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.

Monsanto introdujo su primera oleaginosa transgénica en 1996. Lo hizo a través del evento RR -"Roundup Ready"- que incorpora resistencia al glifosato, el herbicida por el cual ahora la compañía sufre demandas millonarias a partir de la probada condición de cancerígeno que ostenta el producto.

A partir del 2000, y luego de seducir a todo el sector rural con productos genéticamente modificados, Monsanto se focalizó en la obtención de beneficios por la biotecnología aplicada a los cultivos.

Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir pagos por estas modificaciones, fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina y de ahí que no pudo alzarse con regalías derivadas de su producto.

A modo de compensación, la firma orientó su negocio a la comercialización de pesticidas, lo cual le garantiza hasta hoy ganancias multimillonarias.

En instancias previas al lanzamiento comercial de otro producto -en este caso Intacta-, la firma no quiso volver a pasar por la experiencia que transitara en los años 90. Es por eso que, ya en 2014, comenzó a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la “piratería” de su nueva genética.

Mientras tanto, la compañía nunca dejó de presionar por un marco que le garantice cobros por propiedad intelectual.

Ahora, garantizado el dictamen de comisión y con el recinto a la vista para antes de que concluya el año, esa sola corporación que integran Bayer-Monsanto inicia el camino hacia la obtención de un blindaje legislativo largamente reclamado.

Artículo publicado en iProfesional.com

Presentación de Envenenados y Galletitas: edición 2018 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Sat, 03 Nov 2018 01:20:00 +0000

Entrevista Patricio Zunini.

El glifosato produce cáncer: la Justicia condenó a Monsanto a pagar casi u$s300 millones en Estados Unidos por ocultar la toxicidad del herbicida

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Sat, 11 Aug 2018 03:11:00 +0000

El tribunal de San Francisco halló a la compañía culpable de contaminar y enfermar al jardinero Dewayne Johnson (foto). Adiós al discurso del glifosato seguro

Por Patricio Eleisegui
Twitter: @Eleisegui

El herbicida glifosato, producto estrella de la multinacional estadounidense Monsanto, produce cáncer. Y la compañía ahora deberá desembolsar u$s289 millones para indemnizar a Dewayne Johnson, un jardinero y agricultor norteamericano que contrajo la enfermedad luego de pulverizar con el plaguicida entre los años 2012 y 2014.

Así lo dictaminó esta tarde un tribunal de San Francisco, el cual consideró que existe evidencia suficiente para vincular a las etiquetas comerciales de glifosato RoundUp y RangerPro con la dolencia que hoy aqueja a Johnson.

La resolución de la Justicia estadounidense representa la primera gran condena contra el gigante de los transgénicos y los pesticidas, en este momento en pleno proceso de absorción por parte de la alemana Bayer.

El pronunciamiento judicial llega tras una demanda elevada por Johnson, quien en el lapso de dos años efectuó reiteradas aplicaciones del herbicida en distintos predios de escuelas ubicadas en California. Según el tribunal, Monsanto actuó con malicia dado que conoce la elevada toxicidad del agrotóxico pero se ocupó de nunca advertirlo de forma adecuada.

Además de la sanción económica, la condena a la multinacional hiere de muerte a todas las campañas publicitarias que Monsanto sostiene desde hace años con el objetivo de anular cualquier cuestionamiento sanitario al glifosato.

Al mismo tiempo, la decisión de la Justicia reabre la discusión en torno a la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. De esa misma documentación, ahora en entredicho por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.

La sentencia en San Francisco coincide con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.

¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de CASAFE -una de las cámaras que nuclea a los fabricantes de pesticidas en la Argentina-, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes".

El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.

Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.

Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.

El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).

A nivel local, y dado el predominio de cultivos modificados para resistir al plaguicida como la soja, el maíz, el algodón y la alfalfa, al año se aplican alrededor de 400 millones de litros de agrotóxicos, de los cuales 320 millones corresponden a formulaciones de glifosato.

Distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.

En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.

En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.

Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.

Más evidencias
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.

La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.

En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.

"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.

Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.

Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al RoundUp.

En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.

Un dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya declaraba la existencia de evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.

Artículo publicado el 10/08/2018 en iProfesional.com

Por producir daño cerebral, la Justicia estadounidense saca de circulación al insecticida más usado en el agro argentino

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Thu, 09 Aug 2018 21:30:00 +0000

Un fallo establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco fijó a la EPA un plazo de 60 días para retirar del mercado las formulaciones de clorpirifos

Por Patricio Eleisegui
@Eleisegui

Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta trastornos de conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.

La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.

El fallo, dictaminado por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.

El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.

Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.

Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.

La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.

Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.

A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.

Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?

Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.

Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.

La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria de nuestras poblaciones.

Artículo de difusión o reproducción libre siempre que se mencione la fuente
Patricio Eleisegui
Email: patricio.eleisegui@gmail.com

Salió mi novela "Galletitas"

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Thu, 05 Jul 2018 22:37:00 +0000

Obra con la que fui finalista del Premio Clarín Alfaguara durante dos años consecutivos (2011 y 2012). Ya está en librerías. Editó el sello Modesto Rimba.

La conseguís acá:

Librería Arcadia
Dirección: Marcelo T. de Alvear 1548
Recoleta, CABA
Tel. 011 – 5258 – 8801
arcadialibros.blogspot.com.ar
Email: arcadialibros@fibertel.com

Librería Borges
Dirección: Borges 1975
Palermo, CABA
Tel. 011 – 3973 – 3624
pagefree.net/borges-1975
Email: eventosborges1975@gmail.com

Caburé Libros
Dirección: México 620
Monserrat, CABA
Tel. 011 – 4300 – 1183
Horario: de 8 am a 8 pm
caburelibros.com

Librería Clásica y moderna
Dirección: Callao 892
Recoleta, CABA
Tel. 011 – 4811 – 3670
Horario: 9 am a 01 am
clasicaymoderna.com

Colastiné Libros
Dirección: Mendoza 2620
Belgrano, CABA
Tel. 011 – 4784 – 1606
pagefree.net/colastine-libros
Email: colastinelibros@gmail.com

Dain Usina Cultural
Dirección: Nicaragua 4899
Palermo, CABA
Tel. 011 – 4778 – 3554
dainusinacultural.com
Email: info@dainusinacultural.com

De la Mancha Libros
Dirección: Corrientes 1888
Balvanera, CABA
Tel. 011 – 4372 – 0189
Horario: de 10 am a 8 pm
facebook.com/libros.delamancha

El gato escaldado Libros
Dirección: Independencia 3548
Boedo, CABA
Tel. 011 – 4932 – 1956
Horario: martes a viernes de 10 am a 1 pm y de 4 a 8 pm ; sábados de 10 am a 2 pm (lunes y domingos: cerrado)
elgatoescaldado.com.ar

Librería Estudio Ki
Dirección: Alsina 1782
Congreso, CABA

La Coop Librería
Dirección: Bulnes 640
Almagro, CABA
lacoop.com.ar

Libros Ref
Dirección: Honduras 4191
Palermo, CABA
Tel. 011 – 4864 – 6296
librosref.com
Email: info@librosref.com

Librería Mal de Archivo
Dirección: Mariano Moreno 477
Rosario, Santa Fe
Tel. 0341 – 421- 4681
maldearchivo.com
Email: contacto@maldearchivo.com

Librería Mendel
Dirección: Paraguay 5163
Palermo, CABA
Tel. 011 – 2063 – 2944
Horario: de 10:30 am a 8 pm
facebook.com/librosmendel
librosmendel@gmail.com

Librería Notanpuan
Dirección: Chacabuco 459
San Isidro, Buenos Aires
Tel. 011 – 4717 – 4873
Horario: de 9 a 12 am
boutiquedellibro.com.ar
Email: info@boutiquedellibro.com.ar

Librería Siberia
Dirección: Calle 51 503
La Plata, Buenos Aires
Horario: de 4 a 8 pm
facebook.com/SiberiaGaleria
Email: holasiberia@gmail.com

Vivaldi Libros
Dirección: Santiago del Estero 998
Constitución, CABA
Tel. 011 – 4304 – 0225
Horario: de 10 am a 9:30 pm

Estados Unidos metió la cola: Lenín Moreno cede a las presiones de Mike Pence y Ecuador habilitará el ingreso de transgénicos

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Thu, 05 Jul 2018 16:04:00 +0000

Tras la visita del vicepresidente norteamericano a ese país, Presidencia acercará a los jueces una orden directa para modificar la resolución que preparaba la Corte Constitucional ecuatoriana. El primer mandatario hace concreta su intención de atar el destino económico local a los requerimientos de la potencia del Norte

Por Patricio Eleisegui
En Twitter: @Eleisegui

El escenario, al menos hasta hace poco más de una semana, era de inevitable victoria para quienes reclaman el veto al desembarco irrestricto de los transgénicos en la escena agrícola de Ecuador.

De hecho, en las audiencias públicas de mediados de mayo el mismo abogado de la presidencia, Diego Guarderas, expuso ante los jueces locales la necesidad imperiosa de declarar inconstitucional la vigencia del artículo 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad que, desde la modificación de junio de 2017, avala el ingreso de organismos genéticamente modificados (OGMs) a ese país.

Los gestos y la predisposición de Roxana Silva, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador y coordinadora de las audiencias públicas mencionadas, hacían suponer un guiño judicial a favor de quienes argumentan ciencia en mano que la irrupción de los transgénicos representa una condena para la seguridad sanitaria y ambiental de ese territorio.

El pronunciamiento legal a favor de la prohibición se esperaba para estos días.

Y escribo se esperaba porque a fines de junio tuvo lugar una acción que, con antecedentes por demás de conocidos en América latina, cambió completamente el rumbo de la batalla contra los OGMs: Estados Unidos entró en escena.

Bastó la visita del vicepresidente norteamericano Mike Pence para que, por decisión directa del presidente Lenín Moreno y sus equipos técnicos, el esperado dictamen de la Justicia ecuatoriana que anulaba el desembarco masivo de los transgénicos quede completamente archivado.

La novedad le fue comunicada a una fuente especializada en legislación ambiental que, con llegada a la misma oficina de la Presidencia, dialogó con quien aquí escribe durante la noche del miércoles.

“Si es por el tema de los transgénicos, se me informó que no intente coordinar una nueva reunión con Lenín Moreno pues el tema ya estaba discutido y resuelto luego de lo hablado con Mike Pence. El vicepresidente de Estados Unidos arribó a Quito con la finalidad de fortalecer los lazos entre ambos países”, explicó a este periodista.

“Se me indicó que no se haría pública la incidencia de Estados Unidos en la decisión. Primero, porque no conviene por cuestiones políticas. Luego, porque claramente no es menester de Presidencia resolver casos constitucionales que están en manos de los jueces. Y aquí el Gobierno se metió en la cuestión de forma directa”, añadió.

La fuente con alcance al entorno de Lenín Moreno sostuvo que “Presidencia acercará a los jueces una orden directa para modificar la resolución que venía armando la Corte Constitucional”.

Los altos magistrados, daban por seguro las organizaciones que encarnan la oposición a los OGMs, se preparaban para dictaminar a favor de quienes proponen un Ecuador a salvo en lo que hace a seguridad sanitaria y protección de la biodiversidad. Tal resolución, se sabe ahora, nunca tendrá lugar.

La apertura a la entrada indiscriminada de transgénicos implica auspiciar la contaminación de las variedades locales de cultivos con manipulaciones de laboratorio, lo cual a la larga deriva en la extinción de las especies silvestres, además de expandir la producción, comercialización y uso de agrotóxicos dado el diseño que ostentan estas tecnologías.

En países como Argentina, el permiso de cultivo de OGMs redundó en una ampliación de hasta 60% en lo que hace a la frontera agropecuaria –con el consiguiente avance de la producción intensiva sobre bosques y otros ecosistemas que esto implica– y un incremento de hasta 1.000% en el uso de pesticidas. Todo esto, en el transcurso de sólo dos décadas.

Estados Unidos volvió a meter la cola en América latina.

El resultado para el Ecuador que viene, más allá de los matices respecto de otros momentos en la historia del subcontinente, será el ya constatado en otras latitudes: pérdida de soberanía, presión asfixiante sobre quienes producen alimentos a nivel local, quebranto de la autonomía política y legal en otro territorio de la región, y sometimiento del motor productivo del país a los capitales transnacionales que hoy controlan el agronegocio global.

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Patricio Eleisegui
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Ya no se discute: quedó firme la prohibición de uso del herbicida glifosato en Rosario

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Thu, 28 Dec 2017 13:52:00 +0000

El veto a la aplicación del producto que entidades vinculadas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ligan directamente a la proliferación del cáncer fue ratificado este jueves con la publicación de la ordenanza 9789 en el Boletín Oficial de la ciudad santafesina

Por Patricio Eleisegui
Twitter: @Eleisegui

La especulación perdió por nocaut.

Tras una extenuante maratón de versiones, críticas, silencios y más de un lavado de manos, quedó firme la norma que prohíbe el uso y comercialización del herbicida glifosato dentro del ejido urbano de Rosario.

El veto a la aplicación del producto que entidades vinculadas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ligan directamente a la proliferación del cáncer fue ratificado este jueves con la publicación de la ordenanza 9789 en el Boletín Oficial de la ciudad santafesina.

En diálogo con este periodista, Osvaldo Miatello, autor de la normativa y concejal por el bloque Compromiso con Rosario, señaló que “la publicación despeja toda duda en torno a la imposibilidad de seguir fumigando con glifosato”, al tiempo que “obliga a la Secretaria de Ambiente a ejercer el rol de policía” para el efectivo cumplimiento de la disposición.

“Esta normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles”, comentó.

El texto desarrollado por Miatello fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.

“El nivel de descontrol en Rosario es tal que hace una semana se encontraron 13 bidones en un basural en la ciudad. Ahora, la publicación en el Boletín Oficial deja firme la obligatoriedad de la prohibición. Ya nadie puede decir que no sabe que está prohibido usar el herbicida en el ejido urbano”, remarcó.

Lo publicado este jueves en el Boletín Oficial:

En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.

Condenan a productor y compañía aérea por fumigar sobre alumnos y docentes de una escuela entrerriana

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Tue, 03 Oct 2017 12:11:00 +0000

La Justicia fijó una pena de año y 6 meses de prisión en suspenso a tres imputados por aplicar pesticidas en cercanías del establecimiento 44 de Colonia Santa Anita. Se los encontró culpables del delito de lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa.

Por Patricio Eleisegui
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En lo que representa un fallo histórico dada la naturaleza del ilícito, el tribunal oral de Concepción del Uruguay acaba de condenar a un año y 6 meses de prisión -en suspenso- a los tres imputados por fumigar en cercanías del establecimiento escolar 44 de Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos.

Se trata del primer dictamen en la Argentina en torno a la protección sanitaria de docentes y alumnos rurales frente al uso irrestricto de agrotóxicos. Al mismo tiempo, se fijó la inhabilitación por un año para quien hizo efectiva la pulverización de forma aérea.

De esta forma, la Justicia hizo lugar al pedido de la fiscalía de responsabilizar al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, al dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio, José Mario Honecker, y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti, por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones en los alrededores de la escuela en horario de clase.

Desde el inicio de la causa, a Honecker se le acusó de haber contratado los servicios de Aero Litoral para el campo ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la ley nacional Nº 24.051.

En el expediente figura que la labor de fumigación estuvo a cargo de César Martín Visconti, precisamente de Aero Litoral. La firma en cuestión estaba presidida por Erminio Rodríguez en el momento en que se llevó a cabo la aplicación de agrovenenos junto al establecimiento escolar.

A la sentencia en cuestión se llega a partir de la denuncia presentada por la docente Mariela Leiva y desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).

Leiva denunció fumigaciones y haber sufrido contaminación con pesticidas mientras trabajó en la escuela 44 entre 2008 y 2017.

El tribunal que hace instantes condenó a Honecker, Visconti y Rodríguez, estuvo conformado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.

Vivir entre pesticidas: ahora demostraron que el glifosato no alcanza a degradarse

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Sat, 29 Jul 2017 17:20:00 +0000

Un trabajo elaborado por científicos del CONICET y el EMISA reveló que el herbicida no hace más que acumularse en nuestros campos. La batería de pesticidas que acompañan al glifosato rompió los mecanismos de degradación. En términos de litros por cantidad de habitantes, Argentina es líder mundial en cuanto a uso del plaguicida cancerígeno.

Por Patricio Eleisegui
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El surgimiento de evidencia científica que expone a la Argentina como país líder en lo que hace a contaminación ambiental con pesticidas no cesa.

Ahora un nuevo trabajo, llevado a cabo por científicos del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la Universidad de La Plata (UNLP)-, reveló que el herbicida glifosato que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos sino que, dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.

La investigación citada, dada a conocer por la revista internacional Environmental Pollution -y a la que quien aquí escribe accedió de forma exclusiva-, señala entre sus resultados que "bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación". Para luego resaltar: "Por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes".

El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas en 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.

Damián Marino es doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia. Consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que "el glifosato no desaparece" en tanto "se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar".

Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: "Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes".

Área relevada (clic en la imagen para ampliar):

A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.

"El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas", concluye el estudio, que además recomienda "una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada", y exige una "reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas".

"Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad", concluyó Marino ante este periodista.

En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.

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Patricio Eleisegui
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Venenos para todos: nuevo estudio revela que 6 de cada 10 frutas y verduras están contaminadas con pesticidas

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Wed, 12 Jul 2017 12:17:00 +0000

Se trata de un trabajo llevado a cabo por científicos del CONICET y la Universidad de La Plata. Las muestras fueron adquiridas en verdulerías de la Ciudad de Buenos Aires. Zanahorias, naranjas y lechugas, entre los productos más fumigados. Hace eco con la carga tóxica ya documentada por SENASA.

Por Patricio Eleisegui
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Ocultos en esos productos que médicos y empresas aún insisten en publicitar como los más sanos, los pesticidas nos acechan desde los cajones y estantes de verdulerías y mercados. Esta conclusión se desprende de una investigación realizada por científicos de la Universidad de La Plata (UNLP) a pedido de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El resultado del estudio fue contundente: 6 de cada 10 frutas y verduras evaluadas dieron positivo en al menos un plaguicida. Y en algunas de las variedades analizadas se constató la presencia de hasta tres agroquímicos en un mismo artículo.

El trabajo, al que este periodista accedió en las últimas horas, detalla que en 85 muestras de zanahorias, naranjas, lechuga, tomate y morrón, los pesticidas más detectados correspondieron al insecticida clorpirifos, el fungicida epoxiconazol, y los también insecticidas y acaricidas fipronil y permetrina, respectivamente.

En cuanto a los elementos más contaminados con estos venenos, la experiencia develó que "la zanahoria es el alimento con mayor carga total de plaguicidas, seguida por la naranja y en último lugar la lechuga".

"Del total de plaguicidas evaluados, el más frecuentemente detectado fue el clorpirifos (15,3%) seguido de epoxiconazol y fipronil (14,1%) y permetrina (12,9%). La concentración más alta cuantificada fue de 450 microgramos/kilo para l-cialotrina en una muestra de zanahoria, para la cual no está regulado, para este alimento también se detectaron 3 excesos de LMR -límites máximos de residuos- para el compuesto azoxistrobin. En morrones se encontraron como plaguicidas más problemáticos tebuconazol, epoxiconazol, acetocloro y clorpirifos así como en naranjas el piretroide cipermetrina con 205 microgramos/kilo y tomate con 89 microgramos/kilo", expone el documento en el que la UNLP volcó las conclusiones del monitoreo.

Un dato que aporta mayor dramatismo a estos resultados radica en que el 46% de los productos que dieron positivo en algún tipo de plaguicida también exhibió residuos de agroquímicos que no están habilitados para su uso en frutas o verduras.

"En las muestras analizadas, se han detectado plaguicidas prohibidos como endosulfan, paratión o plaguicidas organoclorados persistentes de la familia del DDT. En este último caso se propone que su presencia se debe a procesos de translocación desde el suelo, por la persistencia de estos compuestos en suelo como consecuencia de su uso y persistencia, en el pasado", agrega el texto ya mencionado.

Los agroquímicos constatados se dividieron de la siguiente forma, con y sin inclusión de organoclorados (OCI):

Al momento de profundizar en los aspectos que aborda este trabajo, Damián Marino, especialista del CONICET e integrante del equipo que llevó a cabo la investigación, señaló que la experiencia no hace más que desnudar que, "desde hace años, los plaguicidas dejaron de ser un problema únicamente del campo para volverse una complicación grave para todos".

"Por fuera de los pesticidas ubicados lo que queda en claro es el descontrol, la ausencia de cualquier regulación efectiva. Eso queda en evidencia cuando se analiza la enorme cantidad de frutas y verduras que dieron positivo en compuestos que no están habilitados para el uso en esos cultivos. Lo preocupante son las cantidades de plaguicidas que incorporamos a nuestro cuerpo cada vez que hacemos una ensalada", expuso.

Miryam Gorban, titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, explicó a quien aquí escribe que el trabajo se basó en frutas y verduras adquiridas en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Y enfatizó que, antes que generar mera alarma, la divulgación de estos resultados "debe alentar un cambio en los hábitos de compra".

"En vez de crear pánico, esto debe servir para concientizar a todos de que estamos ante un problema de contaminación generalizado, que ingresa a nuestras casas a través del abastecimiento cotidiano", dijo.

Para luego añadir: "Conocido esto, queda recomendarle a la gente que ejercite un consumo responsable. Ya que no se puede eludir la compra de estas frutas y verduras, al menos que se exija mercadería fresca y que todo se someta a un lavado intenso. Lo ideal es comprarle a aquellos proveedores que revelan cómo han sido cultivados los productos que ofrecen", aconsejó.

Los resultados de esta investigación de la UNLP hacen eco con lo expuesto a fines de abril por este periodista. En esa ocasión, distintos documentos internos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), obtenidos por la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos previa intimación judicial, revelaron que el Estado halló partidas de frutas y verduras con residuos de hasta 22 pesticidas entre los años 2011 y 2016.

Y que esa mercadería, integrada mayormente por variedades de pera, apio, mandarina, manzana, frutilla y zanahoria, estuvo a la venta durante el lapso en cuestión en los mercados centrales de Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata. Desde que se expusieron los detalles de dicha documentación hasta hoy, SENASA ha evitado pronunciarse respecto del origen y el destino final de esos productos contaminados con agrovenenos.

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Patricio Eleisegui
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Agua letal: peces de ríos bonaerenses están contaminados con hasta 5 pesticidas

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Fri, 07 Jul 2017 15:37:00 +0000

Lo develó un estudio llevado a cabo por científicos del INTA y el CONICET. En un curso cercano a Pergamino ubicaron hasta 17 plaguicidas en diversos tejidos analizados. Insecticidas piretroides y organofosforados, fungicidas y herbicidas como la atrazina, entre los compuestos más detectados.

Por Patricio Eleisegui
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Ocho de cada diez peces monitoreados en aguas del norte de la provincia de Buenos Aires dieron positivo en contaminación con agroquímicos. Los análisis arrojaron presencia de 17 pesticidas diferentes en los diversos tejidos analizados y en algunas muestras se llegó a ubicar hasta 5 plaguicidas concentrados en un mismo ejemplar.

Los agrovenenos más detectados correspondieron a insecticidas piretroides y organofosforados, compuestos fungicidas, y también se ubicaron trazas de herbicidas como la atrazina.

Estos y otros resultados surgen de un estudio que, llevado a cabo por científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), acaba de ser divulgado por la revista internacional Chemosphere.

El trabajo en cuestión, al que este periodista accedió en las últimas horas, señala que la mayor concentración de pesticidas se ubicó en ejemplares de la especie Jenynsia multidentata, más conocida como "madrecita" u "overito".

La experiencia científica, expone Chemosphere, fue desarrollada entre los años 2011-2012 pero deja en evidencia prácticas de contaminación que no han hecho más que intensificarse sobre todo en las últimas dos décadas.

Acotada a las aguas del arroyo Pergamino, aunque vista como un ejemplo de lo que viene ocurriendo con los caudales que atraviesan las zonas de mayor actividad agrícola, la medición reportó la presencia de químicos como el diclorvos y el pirimifos metil en todo el caudal.

Ambos productos, reconocieron en el INTA, sólo pueden ser aplicados sobre granos almacenados en silos previa autorización de organismos de control como el SENASA. Su presencia en el agua revela un escenario de envenenamiento del líquido vital.

Zona de estudio:

"El tejido del 81% de los peces capturados contiene al menos una molécula de pesticidas. Insecticidas piretroides se encontraron en el 41,8% de las muestras analizadas. De los 17 plaguicidas ubicados, 12 fueron insecticidas, 3 fungicidas y 2 herbicidas", detalla el documento expuesto por Chemosphere.

"Los peces comúnmente tenían varias moléculas de pesticidas de forma simultánea. El 58% presentaba en tejidos más de un plaguicida, y un 11% presentó cuatro plaguicidas o más. En un mismo pez se encontraron hasta 5 moléculas diferentes de pesticidas", añade. Quien aquí escribe replicó las conclusiones de esta investigación en un artículo publicado en el portal de noticias Adelanto 24.

El arroyo Pergamino nace de una sucesión de bañados y lagunas ubicados en la provincia de Santa Fe y atraviesa la ciudad homónima hasta depositar sus aguas en el río Arrecifes. Su trazado comprende una extensión superior a los 100 kilómetros y su curso recorre algunas de las tierras agrícolas más cotizadas de la provincia de Buenos Aires.

Insecticidas detectados en el área monitoreada:

En esta primera nómina de pesticidas se destacan compuestos cancerígenos como el endosulfan -de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013-, y otros tan o más letales como es el caso del carbofurano.

Este último es el ingrediente principal del furadán, insecticida utilizado hace muy pocos días para exterminar a más de 220 perros, además de caballos, gatos y liebres, en la localidad de Ignacio Correas, distante 19 kilómetros de La Plata.

Otros dos compuestos a resaltar del listado anterior:

•Clorpirifos: uno de los plaguicidas más utilizados en la agricultura de la Argentina. Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
•Malation: insecticida organofosforado. Disruptor endocrino.

A continuación, detalle de los herbicidas y fungicidas ubicados en la misma zona:

De los nombres anteriores vale destacar la relevancia de la atrazina, un herbicida que llegó a la Argentina en 1960 y que en Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de, justamente, peces, aves y reptiles. En el Viejo Continente, la aplicación del plaguicida está vetada desde 2004.

En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.

La investigación de Berkeley arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra. Este herbicida hoy ocupa el puesto 3 detrás de los más utilizados en el agro de la Argentina, sólo detrás del glifosato y el 2,4-D.

De regreso en lo constatado en Pergamino, publicaciones internas del INTA agregan que "el equipo liderado por Julie Brodeur -autora principal del trabajo e investigadora del CONICET- estudió el impacto de los fitosanitarios en anfibios, peces y aves como indicadores de calidad ambiental y salud en los agroecosistemas. El trabajo evidencia que la acumulación de pesticidas impacta en la salud y crecimiento de los peces."

"Brodeur explicó que relevaron la presencia de los insecticidas -diclorvos y pirimifos-metil, sustancias autorizadas solamente para el acopio de granos- que no deberían llegar a los cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia, debido a que son muy tóxicos para la fauna acuática", amplían.

El trabajo dado a conocer por Chemosphere aporta nueva evidencia a un escenario dramático en términos sanitarios que, a excepción de los actores del agronegocio, muy pocos se animan a discutir. La exposición de este monitoreo, llevado a cabo por uno de los organismos que más promueve la utilización masificada de agroquímicos en la Argentina, deja en claro que los niveles de envenenamiento de aguas y tierras son tan amplios que resulta absurdo intentar ocultarlos.

La falta de acciones políticas para contrarrestar esta problemática continúa siendo la asignatura pendiente ante un devenir atado a un ambiente que, en estos tiempos, sólo es noticia por estar cada vez más contaminado.

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Patricio Eleisegui
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Envenenados, la reedición: ya se consigue en todo el país

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Fri, 12 May 2017 14:46:00 +0000

Clic en las imágenes para ver en grande:

Comer veneno: el Estado argentino reconoce que frutas y verduras a la venta vienen con agroquímicos

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Sat, 29 Apr 2017 13:34:00 +0000

Expedientes del SENASA detallan operativos en los que se constató partidas fumigadas con hasta 22 pesticidas puestas a la venta en el Mercado Central porteño y sus pares de Mar del Plata y La Plata. Peras, apio, mandarinas, manzanas, frutillas y zanahorias, entre los productos contaminados a niveles dramáticos.

Por Patricio Eleisegui
Twitter: @Eleisegui

Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón -Mar del Plata- dieron positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas. Prácticamente el 93% de las muestras de apio monitoreadas en los mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos. Más del 91% de las mandarinas que se comercializaron por entonces en estos también centros de distribución presentaron trazas de otros 16 pesticidas.

Las manzanas, otro ejemplo: el 85% de la fruta reveló presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla expuso restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, sólo 4 variedades dieron 0 en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.

Ya en 2016, una experiencia similar -aunque asentada de otra manera en distintos expedientes- fue más allá: ubicó que el 65,4% de las partidas de apio puestas a la venta en los mismos sitios contenía concentraciones de, principalmente, insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos.

En total, se constató la presencia de 21 agroquímicos sólo en ese producto, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar -6 principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas-.

El pimiento no fue la excepción: el 50% de las muestras reveló una concentración de tóxicos que viola las pautas legales. Se ubicaron 3 pesticidas. En el caso de la frutilla, el 41,6% de la fruta analizada entre 2014 y 2016 también arrojó como resultado una contaminación superior a lo fijado por los LMR. Diecisiete agroquímicos detectados. De 34 productos monitoreados, apenas 8 se ubicaron dentro de lo permitido. O sea, respetando los límites prefijados. Eso sí, estos últimos expedientes no aclaran si en aquellos casos en los que no se violaron los LMR se detectaron o no trazas de agroquímicos en la fruta y la verdura.

Todo este detalle se encuentra volcado en sendos documentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a los que, por pedido legal, accedió la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos y que fueron acercados a quien aquí escribe en las últimas horas. El material dio origen a un artículo firmado por este periodista para el portal de noticias Adelanto 24.

En concreto, los resultados revelan que el Estado argentino sabe que prácticamente el total de las frutas y verduras que se comercializan en el país se encuentra de alguna forma contaminado con agroquímicos.

"Los datos forman parte de la respuesta de SENASA a un pedido de registros de controles que se hayan llevado a cabo en los últimos 5 años en el Mercado Central y los regionales de La Plata y Pueyrredón. La realidad es que se trata de información contundente aunque incompleta: SENASA en ningún momento aclara las cantidades ubicadas en cada producto y qué decisión tomó respecto del destino de tanta fruta y verdura contaminada", comentó Fernando Cabaleiro, abogado y titular de Naturaleza de Derechos.

"Las planillas que entregó el organismo corresponden a controles en 2013 y 2016. Y varían en la forma en que se asentaron los datos. En la primera experiencia SENASA expuso en detalle todos los casos positivos de contaminación. Ya en el trabajo de 2016 se cuidó y sólo mencionó a aquellos que superaron los límites permitidos. Nunca precisó si igual ubicó agroquímicos en las frutas y verduras que no violaron la pauta de toxicidad establecida", agregó.

Según Cabaleiro, los datos fueron entregados sólo cuando Naturaleza de Derechos dio un plazo con promesa anticipada de acción legal en caso de ser incumplido. "Acá es el propio Estado el que reconoce que las frutas y las verduras llegan a los mercados totalmente contaminadas. Igualmente, el SENASA contestó con información parcial, muy mal elaborada. Eso expone que hay un desinterés del mismo organismo respecto de lo que ocurre", dijo a este periodista.

Una muestra de las variedades envenenadas y los agroquímicos detectados -clic en cada imagen para ver en grande-:

También del período 2011-2013:

En frutilla, papa y manzana:

La pera, a la cabeza entre las frutas con mayor presencia de pesticidas, con 302 muestras contaminadas de un total de 309 sometidas a examen:

Para el período 2014-2016, y como antes explicó Cabaleiro, SENASA efectuó una maniobra orientada a cubrir la desidia del organismo: dejó de asentar el total de frutas y verduras contaminadas para, en cambio, sólo exponer aquellos casos en los que sí constató una violación a los límites permitidos -asentados como "NC"-.

Un primer detalle de dichos monitoreos:

Frutilla y pimientos, complicados:

Último detalle del período en cuestión. Cereza, pimentón, ananá, algunos de los productos que sobresalen en un registro que espanta:

De todo lo expuesto, la manzana aparece como un caso a analizar de forma puntual por el copioso cóctel con que se bombardea la fruta: 22 productos divididos entre acaricidas, fungicidas e insecticidas.

Entre todos ellos, se destacan estos nombres:

•Acetamiprid: insecticida neonicotinoide de uso limitado en Europa por su capacidad para extinguir las poblaciones de abejas melíferas.
•Acrinatrina: insecticida piretroide vinculado a la cipermetrina, letal para abejas y peces. Este último aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
•Clorotalonil: fungicida, capaz de dañar piel y ojos si se lo aplica sin protección. Tóxico para peces y cualquier organismo acuático en general.
•Carbendazim: fungicida, muy cerca de prohibirse en Europa por su comprobado comportamiento de disruptor endocrino. Además, su ingrediente activo, la carbendazima, puede afectar la fertilidad masculina.
•Bifentrin: insecticida piretroide.
•Carbaril: insecticida. Potencialmente cancerígeno para los humanos. Acaba con crustáceos y abejas. En la actualidad, de uso prohibido en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países. Un documento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) publicado el 15 de octubre de 2013, y firmado por Mariela Curetti, ingeniera agrónoma de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, reconoce: "De utilizarse este raleador, no debe olvidarse que se trata de un insecticida que afecta a las abejas y puede generar residuos en la fruta, una limitante especialmente en variedades de cosecha temprana como Gala."
•Clorpirifos: insecticida organofosforado. Uno de los plaguicidas más utilizados en la agricultura de la Argentina. Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
•Fenazaquin: acaricida del grupo de las quinazolinas. Muy tóxico para peces y organismos acuáticos en general. Mortífero para las abejas.
•Fludioxonil: fungicida, extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
•Iprodione: fungicida. Desde 1996, de uso prohibido para la producción de frutas finas como la cereza en todo Estados Unidos. En un contexto de alta exposición, cancerígeno para los humanos.
•Malation: insecticida organofosforado. Disruptor endocrino.
•Metilazinfos: insecticida organofosforado. Prohibido en la Argentina desde el 31 de marzo de este año. De alta toxicidad para humanos, aves e insectos en general.
•Novaluron: insecticida, del grupo químico de las benzoilureas. Letal para abejas y organismos acuáticos. Prohibido desde 2011 en buena parte de Europa.
•Tiabendazol: fungicida, muy tóxico para peces y organismos acuáticos en general.
•Thiacloprid: insecticida neonicotinoide desarrollado por Bayer. De uso vetado por el grueso de los países de la Unión Europea por atentar contra la supervivencia de las abejas.
•Tiametoxam: insecticida neonicotinoide. Restringido en Francia y Alemania por provocar lo mismo que el Thiacloprid.

Semejante cóctel, queda expuesto en los documentos de SENASA, forma parte de una cultura de producción atada a los agroquímicos a la que no escapa prácticamente ningún cultivo. También hay casos que asustan más que el espanto: en la rúcula, el organismo oficial ubicó partidas contaminadas con DDT, un insecticida cancerígeno de uso prohibido en la Argentina desde 1990.

"Lamentablemente, SENASA no especifica en la información remitida si todos los productos constatados pertenecen a diferentes partidas monitoreadas o si fueron ubicados juntos en una misma fruta o verdura. Los datos incompletos le suman más dramatismo a un resultado catastrófico", aseguró Cabaleiro.

Lo que sigue para Naturaleza de Derechos es un pedido a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que este último organismo evalúe la situación química de todos los alimentos desarrollados a partir de estas frutas y verduras.

"Vamos a exigir que se constate si no hay agroquímicos en productos como, por ejemplo, el puré de tomate, los enlatados, las conservas. La uva dio positivo en contaminación ¿qué ocurre con el vino? En tanto los cítricos también encierran trazas ¿qué pasa con las mermeladas? ¿Y con los jugos, las aguas saborizadas? Le vamos a exigir judicialmente a la ANMAT que se expida respecto de todos estos interrogantes", anticipó el entrevistado.

Antes que sembrar el pánico, la intención del abogado es alentar el reclamo judicial de manera tal que SENASA no sólo ajuste el control si no que, además, haga público el resultado de cada uno de sus monitoreos, informe los cócteles ubicados, y detalle el origen y destino de la mercadería contaminada. "Acá hay un Estado que está mirando para otro lado", sintetizó Cabaleiro. Para tragedia de cada uno de nosotros, tiene toda la razón.

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Patricio Eleisegui
Email: patricio.eleisegui@gmail.com

No sólo glifosato: toda la cuenca del Paraná está contaminada con insecticidas y peligra la vida acuática

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Wed, 25 Jan 2017 13:17:00 +0000

Un nuevo informe desarrollado por científicos del CONICET y publicado en el exterior alerta sobre altos niveles de toxicidad en el lecho y el agua del curso. En las conclusiones del trabajo queda reflejado que las concentraciones son causa del modelo agrícola vigente. Santa Fe, el territorio más complicado

Por Patricio Eleisegui
@Eleisegui

En julio del año pasado este blog -en combinación con el portal Adelanto 24, vía un artículo firmado por quien aquí escribe- dio la primicia de que toda la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas, está altamente contaminada con el herbicida glifosato o AMPA, su degradación.

Ahora, una segunda entrega del material publicado por la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment, a la que accedió este periodista en exclusiva, eleva la vara a un nivel todavía más dramático: las aguas y el lecho del Paraguay y el Paraná presentan grandes concentraciones de insecticidas como el endosulfan -de uso prohibido en el país desde 2013-, la cipermetrina y el clorpirifos.

Como en la ocasión anterior, el monitoreo lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre del año pasado- y Damián Marino, ambos especialistas del CONICET, y afirma que el grado de contaminación detectado supera los límites establecidos para la protección de toda la vida acuática.

Según explicó Marino, los resultados provienen de muestras tomadas en 2010 y 2012 en 22 puntos diferentes de las cuencas mencionadas. El trabajo contó con la colaboración de Prefectura Nacional, que aportó su logística y el buque Luis Leloir para el traslado y desempeño de los científicos.

En sus conclusiones, el monitoreo señala que los altos niveles de plaguicidas constatados en agua y sedimentos tienen como causa la utilización de estos productos para la práctica agrícola en todos los territorios que atraviesa principalmente el Paraná.

"La agricultura intensiva aporta cargas significativas a los afluentes en los tramos medio e inferior y estos luego llegan al curso de agua principal. A pesar de que hay diluciones y descargas, el nivel de concentración es tal que los productos se pueden detectar en la corriente de agua. Estos hallazgos exponen la necesidad urgente de regular la aplicación de pesticidas en la cuenca", afirma el trabajo.

Área de la que se obtuvieron las muestras:

Fuente de la imagen: Etchegoyen et al, 2017, Environ. Monit. Asses. 189: 63

El documento destaca que en la región relevada "la utilización de plaguicidas aumentó 900% en las dos últimas décadas por efecto de la introducción de cultivos biotecnológicos y la aplicación de técnicas de siembra directa."

Cipermetrina, endosulfan y clorpirifos encabezan con amplitud los indicadores de contaminación. Sin embargo, reconoce la publicación, en la zona también se ubicaron otros 20 plaguicidas aunque en concentraciones relativamente bajas respecto de los compuestos antes mencionados.

"Las concentraciones de endosulfan, cipermetrina y clorpirifos son las cuantitativamente más relevantes. En cada caso, sus niveles de presencia son superiores a los recomendados para la seguridad de la vida acuática. Estos plaguicidas presentan una mayor afinidad por los sedimentos", señala el trabajo.

Tóxicos detectados
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua. A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Atanor, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.

Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.

Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los agroquímicos destruyen la salud al interactuar con el cuerpo.

En tanto, el clorpirifos es el insecticida más utilizado en la actividad agrícola local. Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”.

En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.

Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.

Por último, el endosulfan es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males. En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013.

Indicadores de pesticidas detectados en aguas y sedimentos del Paraguay-Paraná y sus frecuencias de aparición según el año de muestreo:

Fuente de la imagen: Etchegoyen et al, 2017, Environ. Monit. Asses.

Detalles del estudio
Contactado por este periodista, Marino explicó que los resultados de las muestras obtenidas sobre todo en el curso del Paraná recién se dan a conocer ahora "por demoras derivadas de la discusión científica en torno a la experiencia". La publicación de monitoreos de estas características implica la interpretación de resultados de manera integral y, necesariamente, una rigurosa evaluación de pruebas por parte de especialistas internacionales.

Según el científico, la experiencia arrojó que, si bien toda la cuenca muestra niveles elevados de toxicidad a lo largo de su extensión, la mayor concentración de insecticidas se da principalmente en las zonas aledañas a las localidades santafesinas de Coronda, Carcarañá y San Lorenzo.

"También se detectó contaminación en el Bermejo y el Pilcomayo. Esto podría deberse a la producción agrícola que se hace aguas arriba en Paraguay. Su modelo atado al uso de agroquímicos es similar al de Argentina. Los sedimentos son los que más demuestran la presencia de los insecticidas. El agua es el vector que, sobre todo a través de las lluvias y efectos de escorrentía, moviliza los pesticidas desde las zonas de producción hasta el caudal de estos ríos", dijo a quien aquí escribe.

Para luego añadir: "Que hayamos encontrado pesticidas también en el agua muestra que hay contaminación más reciente. El sedimento representa una matriz ambiental que provee información más en el tiempo y la historia, y posiblemente hable de los procesos de acumulación de insecticidas al actuar como un sumidero. Las concentraciones detectadas en la columna de agua, hay que remarcarlo, superan los niveles recomendados para la supervivencia de la vida acuática".

Detalle de cómo se da la presencia de clorpirifos, endosulfan y cipermetrina en las aguas del Paraguay y Paraná, con claro predominio de la acumulación en sedimentos:

Marino definió las conclusiones del trabajo como una "luz naranja, prácticamente roja, encendida". Y exigió la implementación urgente de un programa de monitoreos de alcance nacional que, en concreto, permita conocer al detalle la situación ambiental de los principales cuerpos de agua de la Argentina. Según el especialista, la última experiencia en ese aspecto corresponde precisamente al muestreo expuesto en este artículo.

"Los últimos muestreos fueron realizados con un gran esfuerzo de la Prefectura Nacional y un subsidio de la Universidad Nacional de La Plata, pero no ha habido una decisión política gubernamental de sostener este tipo de monitoreos. Hay que retomar estos trabajos de manera urgente en tanto vivimos en un país agroproductivo en el que todos los años se vierten al ambiente millones de litros de plaguicidas. Y también hay que comenzar a promocionar seriamente políticas de producción sostenibles como la agroecología", concluyó.

A mediados del año pasado, el equipo encabezado por Ronco y Marino reveló la presencia de concentraciones elevadas de glifosato en el mismo río Paraná. El informe, divulgado a modo de primicia por este blog en combinación con el portal Adelanto 24, resultó ignorado por las autoridades de los territorios que utilizan el caudal para brindar agua potable a infinidad de poblaciones. Aguas Santafesinas SA, por poner un caso, directamente negó los resultados del monitoreo del CONICET.

La nueva evidencia reaviva no sólo la discusión en lo que hace a la calidad del insumo básico: vuelve a colocar en el epicentro de la polémica el modo en que se está llevando a cabo la producción agropecuaria en la Argentina y cómo, por efecto de las prácticas consagradas, la presión ambiental atenta contra la seguridad misma de los ecosistemas en general. Resta conocer si, como ocurrió el año pasado, el poder político volverá a hacer de cuenta que los argumentos científicos no valen la pena.

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Patricio Eleisegui
Email: patricio.eleisegui@gmail.com

Se estrenó la cobertura que hicimos para Le Iene, el CQC italiano, sobre el drama sanitario derivado de las fumigaciones en Argentina

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Fri, 04 Nov 2016 14:03:00 +0000

Hace tres meses, realicé una cobertura para Le Iene -el CQC italiano- sobre la problemática sanitaria derivada del uso de agroquímicos en la Argentina. Me integré a un equipo liderado por el cronista Gaetano Pecoraro, y del que también tomaron parte Alessandro Casati y Leandro Pagano.

El trabajo audiovisual incluyó entrevistas y visitas a: Fabian Tomasi, las ciudades de San Salvador y Jubileo en Entre Ríos, Grupo de Madres de Ituzaingó Anexo, la clínica donde trabaja el doctor Medardo Avila Vazquez, el acampe contra Monsanto en Córdoba, Chaco y María Del Carmen Seveso, reportaje a Damian Marino en La Plata, y cobertura en Buenos Aires, entre otras cuestiones.

El material se estrenó en la televisión europea el 1° de noviembre. Se puede ver completo aquí: L’erbicida nuoce alla salute del mondo?. Le conseguenze dell’uso del glifosato nell’agricoltura OGM in Argentina

Exclusivo: este es el proyecto de Ley de Semillas que el macrismo impulsa para regular el negocio de la soja y promover más transgénicos

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Mon, 17 Oct 2016 13:00:00 +0000

El marco acota el uso propio para los grandes productores y fija pagos adicionales durante al menos tres campañas. Otorga al INASE la potestad para hacer controles compulsivos. Permisos especiales a agricultores familiares y pueblos originarios.

Por Patricio Eleisegui
@Eleisegui

Tras sufrir críticas y embates de todos los sectores, finalmente Cambiemos dio el paso y se prepara para tratar en el Congreso su proyecto para modificar la actual Ley de Semillas.

La iniciativa, a cuyo detalle tuve acceso en exclusiva, hace eco de los requerimientos de los desarrolladores de soja, maíz y algodón modificados genéticamente de acotar el uso propio que hace el grueso de los productores de aquello que cosechan.

En esa dirección, el eventual marco fija que el chacarero deberá abonar adicionales en concepto de propiedad intelectual durante tres campañas si mantiene la misma superficie de siembra.

Ya en una cuarta campaña, de no superar el número de hectáreas, quedará exceptuado de ese pago. Si ocurre lo contrario, también desembolsará pesos extra por la ampliación de su cultivo.

Esta pauta regirá para los grandes del sector: el texto que lleva la firma de Ricardo Buryaile, Ministro de Agroindustria, y Marcos Peña, Jefe de Gabinete, especifica que los adicionales comprenderán a aquellos actores que posean "una facturación anual mayor a TRES (3) veces el monto correspondiente a la categoría más alta del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes...".

En concreto, la norma que llegó a mis manos dice que se exceptuará de estos pagos a quienes facturen menos de $1,8 millones al año, al tiempo que también posibilitará el uso propio irrestricto a los pueblos originarios y quienes promuevan la agricultura familiar. Estos últimos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

Para los desarrolladores de transgénicos queda establecido que la única manera de recaudar será a través de, precisamente, la comercialización de semillas.

Este punto busca desterrar lo ocurrido hasta principios de este año con Monsanto, que de manera compulsiva implementó a partir de mediados de 2015 un control en puertos de la soja a exportar a fin de detectar cosechas cuya genética no había sido abonada a la multinacional estadounidense.

Una vez que la compañía daba con un cargamento dotado con su desarrollo que no había sido adquirido a su representación local, procedía a aplicar al productor una multa de 9,6 dólares por tonelada.

Poder de policía
A tono con este aspecto, la modificación a la Ley de Semillas otorgará al Instituto Nacional de Semillas (INASE) la potestad para verificar en cualquier lugar la legalidad de todo lo que se siembre.

En concreto, el Gobierno asumirá el rol de policía y podrá ingresar en los lotes o revisar los cargamentos de exportación a fin de fiscalizar el origen de los cultivos. De esta forma, ejercerá el monitoreo que en su momento implementó Monsanto.

Un aspecto sobre el que nada dice el texto, y que encenderá más de una voz crítica, corresponde a la posibilidad de disponer de semillas que no necesariamente sean originadas mediante modificación genética.

El proyecto omite cualquier comentario respecto de la posibilidad de que los productores cuenten con una base sólida de semillas sin "copyright" en caso de no querer sembrar transgénicos.

De esta forma, el macrismo da por hecho que toda la agroindustria está atada a la utilización de estos productos y alista un requerimiento legal acorde a las demandas de quienes hoy desarrollan en laboratorios nuevas variedades de soja, maíz, algodón y, desde el año pasado, papa.

Según el proyecto, la necesidad de impulsar esta modificación surge a partir de que la ley vigente (20.247, de 1973) "no contempla las nuevas realidades productivas, los avances tecnológicos que se han producido en el campo de la investigación y producción de semillas, las nuevas formas organizativas y sociales con respecto a la actividad agrícola, la diversificación de cultivos, ni el corrimiento de la frontera agrícola como consecuencia del mejoramiento genético".

"... se ha estimado necesario considerar el rol de cada uno de los actores de la cadena agrícola en el nuevo escenario productivo y encontrar un justo equilibrio entre los intereses de todos y fortaleciendo al Estado en su rol de representante del interés general frente a eventuales situaciones que pongan en riesgo dicho interés, como garante y contralor del sistema previsto", argumenta el texto.

Para Cambiemos, las modalidades de cobro que ahora comenzarían a contemplarse resultan "necesarias" para "evitar distorsiones en la cadena de comercialización".

A continuación, comparto el proyecto de ley completo:

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Patricio Eleisegui
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Trenque Lauquen, de ciudad ecológica a bastión de los agroquímicos

noreply@blogger.com (Patricio Eleisegui) — Sat, 24 Sep 2016 17:17:00 +0000

En su momento, el distrito fue ejemplo por sus políticas para el tratamiento de basura y la apuesta por los espacios verdes y otras formas de agricultura. Hoy, el sector político blinda el uso de 2,4-D, niega acopio en la ciudad, y hace silencio ante estudios que prueban contaminación con herbicidas en el tejido urbano

Por Patricio Eleisegui
@Eleisegui

Hubo una época en que su nombre era sinónimo de ecología en la provincia de Buenos Aires. Los gobiernos municipales entre los años 90 y principios de 2000 diseñaban e implementaban normativas y acciones con foco en el reciclado de la basura, la reutilización de materiales para la construcción descartados, e incluso variables de cultivos mediante técnicas novedosas para la región.

Sin embargo, todo eso quedó en el pasado de la mano de la rápida consolidación de uno de los modos de producción agrícola predominante en la Argentina: la aplicación a mansalva de agroquímicos.

Ubicada en el oeste del territorio bonaerense, la ciudad de Trenque Lauquen (más de 40.000 habitantes) aparece hoy como un auténtico bastión de los pesticidas a partir tanto del uso expandido de químicos como el glifosato, el 2,4-D y la atrazina por parte de los productores, como de la anuencia política que protege este status quo.

Sin dudas, el distrito representa en la actualidad un claro ejemplo de cómo el poder económico incide directamente en las acciones municipales.

Un ejemplo de esto tuvo lugar el pasado viernes cuando los concejales del oficialismo de Trenque Lauquen se ocuparon de trabar un proyecto de ordenanza que establece la prohibición al uso y transporte del herbicida 2,4-D.

Los funcionarios alineados con el intendente Miguel Fernández -radical pero bajo el paraguas de Cambiemos, médico de profesión, con la gravedad que ello implica al momento de avalar la utilización de compuestos cancerígenos-, apelaron a un paso formal cuanto menos vergonzoso: tras declararse ignorantes en la cuestión, decidieron remitir el proyecto de ordenanza para su análisis a un consejo asesor integrado por representantes de, entre otros actores, la Sociedad Rural, la Cámara de Aplicadores de pesticidas, y vendedores de, por supuesto, el herbicida en cuestión.

Si bien ese mismo consejo nunca se reunió desde su creación -tampoco tiene definido su reglamento interno ni otros criterios de funcionamiento-, hizo su aparición justo la semana en que se discutió la prohibición.

Según documentación a la que accedió este periodista, el 21 de septiembre los grandes beneficiados de las fumigaciones pidieron que se les permita evaluar la situación de veto al herbicida. Lo particular es que cualquiera sea el pronunciamiento del consejo asesor, su palabra no es vinculante. O sea, no tiene implicancia normativa.

Pero, en todo ese movimiento burocrático de los concejales de pronto considerando este pedido, lo que se hizo fue otorgarle más tiempo a los fumigadores. Que en este momento están en el cenit de las fumigaciones con 2,4-D dada la época del año.

En definitiva, la posición de los funcionarios que responden a la Municipalidad de Trenque Lauquen fue esa: permitirle a los productores, los comerciantes y los pulverizadores, continuar con las ventas y aplicaciones al menos por unos meses más.

Pero esta anuencia del sector político para quienes se benefician con la pulverizaciones no representa un caso puntual.

A mediados de septiembre, dos concejales del mismo distrito acercaron a este periodista sendas fotografías que prueban que la compañía FerroExpreso Pampeano SA, perteneciente al Grupo Techint, almacenó bidones con agroquímicos en uno de los galpones de la céntrica estación de trenes de la misma ciudad.

Silencio documentado
La situación fue manejada en completo silencio por la Municipalidad pese a que se conoció documentación que prueba que ya el 23 de agosto de este año los concejales Federico Crowder y Pablo Larrosa transmitieron el ilícito a Ana Paula Motrel, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Trenque Lauquen.

La ordenanza vigente para dicha ciudad, número 3965/2013, establece entre otros ítems:

Artículo 13º.- Del acopio: Se prohíbe el acopio de Agroquímicos y sus envases en el Centro Poblado, excepto Zona de Acceso, Zona Banda de Ruta, Zona Industrial Mixta y Zona de Acceso 1 (ZA, ZBR, ZIM, ZA1);
13.1.- Se prohíbe el acopio de envases utilizados por productos Domisanitarios y Línea Jardín Perihogareña en el Área Urbana.
13.2.- Las empresas deberán informar al Departamento de Medio Ambiente al momento de habilitar, la capacidad máxima de almacenaje en depósitos.
Artículo 31º.- De la responsabilidad: El Departamento Ejecutivo, a través del Departamento de Medio Ambiente y Dirección de Contralor General deberá controlar el cumplimiento de la presente Ordenanza, y en caso de infracción proceder según establece la ley vigente.
Artículo 32º.- Del transporte y otros: Los funcionarios del Organismo de aplicación intervinientes en las tareas de inspección y/o fiscalización de la presente Ordenanza están facultados para realizar controles en cualquier vehículo destinado al transporte, playas de carga o descarga, depósito y todo otro lugar destinado a la logística de productos químicos o biológicos de uso agropecuario y podrán tomar muestras de los productos.

En concreto, FerroExpreso Pampeano violó sistemáticamente la regulación. Sin embargo, la Municipalidad no le aplicó sanción alguna.

La única respuesta de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable hasta el momento, además de negar el hecho, consistió en declarar ante los medios locales que le iniciaría acciones judiciales a quien aquí escribe por exponer en su cuenta personal de Facebook el incumplimiento de la normativa.

Fue el mismo Pablo Larrosa, concejal de la ciudad, quien acercó el detalle del derrotero de notificaciones y movimientos de Motrel una vez denunciado el acopio ilegal. Siempre según el funcionario, las cosas se dieron de esta manera:

•El almacenamiento fue denunciado ante la Secretaria con pruebas y fundamentos el 23 de agosto.
•Motrel aseguró que se acercaría al galpón de la estación de trenes el día 26. No lo hizo, siempre según Larrosa.
•Ya el 1° de septiembre, Motrel recién se lanza a una primera inspección. Pero después alega ante los denunciantes que no pudo revisar el lugar en tanto ningún empleado de FerroExpreso se ocupó de abrir las instalaciones.
•La historia culmina con la funcionaria hablando con el gerente de la empresa del grupo Techint, quien se compromete a retirar los envases a la brevedad.

Hay una ilegalidad extra que alcanza a FerroExpreso Pampeano SA y que Crowder y Larrosa expusieron ante la funcionaria: la empresa fumiga su tendido siendo que la Comisión Nacional del Transporte (CNT) prohíbe desde 2013 la aplicación de herbicidas para el control de malezas en vías y zonas aledañas.

La presentación de los concejales:

La empresa, hasta el momento en que se escriben estas líneas, sigue invicta en materia de sanciones, mientras que Motrel se mantiene en la posición de negar el incidente.

Sin embargo, Crowder expuso ante este periodista una serie de chats de WhatsApp en los que la funcionaria reconoce haber mantenido diálogos con los responsables de FerroExpreso Pampeano SA ubicados en General Pico, provincia de La Pampa, quienes se colocan a disposición para "retirar lo que hay" a fin de ponerse a tono con la ordenanza violada.

Pero, claro, la situación en ese punto del oeste bonaerense no hace más que mostrarse como una continuidad de lo que viene ocurriendo en Trenque Lauquen en los últimos años.

Sin ir más lejos, a mediados de 2015 un estudio encargado por la administración que en ese momento encabezaba Raúl Feito confirmó la contaminación por pesticidas en muestras tomadas de distintas especies de árboles situados en varios puntos de la ciudad.

El trabajo, llevado a cabo por especialistas de la Universidad Nacional del Litoral, constató la presencia de atrazina hasta en los ejemplares de acacia bola que crecen en las inmediaciones del hospital Municipal de Trenque Lauquen, el cual se levanta a sólo 5 cuadras de la sede donde Feito ejerció como intendente.

A poco más de 700 metros del edificio de la Municipalidad, la Universidad Nacional del Litoral detectó plantas de paraíso contaminadas con 2,4-D.
Siempre en la zona céntrica de la ciudad, el monitoreo también ubicó variedades de catalpa con residuos de atrazina, mientras que en ejemplares de plátano, acer, sófora y fresno se constató trazas de 2,4-D en cantidades de mínimas a elevadas.

El expediente del estudio:

A tono con el discurso de quienes justifican la producción únicamente a base de químicos, en ese momento Feito replicó la presencia de los plaguicidas con el argumento que los fabricantes comenzaron a enarbolar cuando en marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) colocó al glifosato en el rango de probablemente cancerígeno.

Por aquellos días, la misma Monsanto calificó la decisión de IARC como "sesgada", al tiempo que recordó que la reclasificación del glifosato como sustancia 2A igualaba la peligrosidad del herbicida con la de otros productos como el mate caliente, el aloe vera, el café, los teléfonos celulares y hasta los pickles.

Por supuesto, haciendo a un lado que la categoría 2A coloca al químico en un nivel de riesgo similar al establecido para el PCB de los antiguos transformadores o el virus del papiloma humano (HPV).

Damián Marino es doctor en Ciencias Exactas por la Universidad de La Plata y miembro del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA).

Contactado en julio de 2015 para interpretar el estudio inherente a Trenque Lauquen, el experto aconsejó lavar las muestras vegetales ya relevadas y luego procesarlas a fin de conocer con exactitud cuánto de estos químicos se mueven hoy en la atmósfera y en qué proporción son absorbidos por estos organismos vivos.

"El resultado de esa experiencia es clave porque lo que queda sobre la superficie refleja información del aire que se respira. ¿Si los valores registrados son altos o bajos? Bueno, en realidad no debería haber nada. No hay reglamentación para comparar los valores en superficie, aunque sí para lo referente a la calidad del aire", dijo.

Marino también enfatizó la necesidad de "medir los suelos próximos a los árboles para ver si no son vías posibles de incorporación" -esto es, monitorear que no sea la tierra circundante la que contaminó con los herbicidas a las plantas en cuestión-, además de recomendar "el inicio de estudios de calidad de aire".

"Dependiendo de esos estudios se puede definir si los árboles incorporaron los químicos por aire o por suelo, y a partir de ahí se puede trazar cuál es el grado de incidencia de los herbicidas en la salud", aseveró.

Categoría nociva
El 2,4-D fue declarado por IARC en el status 2B o posiblemente cancerígeno el 22 de junio de 2015. La categoría en la que fue incluido el 2,4-D lo exhibe tan nocivo como, por citar casos, el insecticida DDT, el furano -cuyo uso va desde la producción de solventes hasta, también, formulaciones para insecticidas de mortífera toxicidad-, o la combustión de naftas.

¿Qué significa en términos médicos la designación 2B? En concreto, que existe una evidencia aunque limitada de que el producto genera cáncer en los humanos, entre otros l.

Respecto del 2,4-D, IARC destaca: "… el último estudio (sobre los efectos del herbicida en fabricantes y aplicadores) dio indicios de mayor riesgo en las más altas categorías de exposición. Estudios de casos y controles de exposición al 2,4-D en relación con el linfoma y leucemia reportaron resultados mixtos."

“El consenso del grupo de trabajo fue que no hay pruebas suficientes en humanos para la carcinogenicidad del 2,4-D, aunque una minoría importante considera que existen pruebas en forma limitada”, sigue.

Para luego concluir: “La carcinogenicidad del 2,4D ha sido evaluada en múltiples bioensayos con roedores y en un estudio observacional con mascotas caninas. En ratones hembras la inyección subcutánea del éster de 2,4D aumenta la incidencia de sarcoma de células reticulares. En ratas machos el 2,4D en la dieta induce una positiva tendencia en la incidencia de un raro astrocitoma cerebral”.

Los contaminantes
Confirmada la presencia de atrazina y 2,4-D en el tejido urbano de Trenque Lauquen, vale la pena repasar historia, características y efectos de productos largamente cuestionados en distintas partes del mundo.

En el libro Envenenados (Wu Wei, 2013), este autor detalló la naturaleza de ambos químicos.

En el caso de la atrazina, se cita:

El herbicida desembarcó en la Argentina proveniente de Suiza durante la década del 60 para su aplicación sobre cultivos de maíz, caña de azúcar y sorgo.

Su empleo se incrementó, también, con la ampliación que experimentó la frontera agropecuaria a partir del año 2000 y se estima en alrededor de 6 millones la cantidad de litros que hoy se esparcen sobre el campo argentino.

En provincias como Entre Ríos, se ha detectado la aplicación sobre la soja de atrazina en combinación con el glifosato como método para erradicar las malezas que ya desarrollaron resistencias al Roundup.

En el mundo, el químico aparece como uno de los plaguicidas que más ha sido detectado en reservas subterráneas de agua. De ahí que desde 2004 su utilización está prohibida en toda Europa.

Diversos relevamientos concretados en el Viejo Continente comprobaron que la utilización de atrazina afecta la fertilidad de peces, aves y reptiles.

En 2010, el químico fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.

La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios –se utilizaron ranas para la muestra– son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.

“En el medio natural, las ranas macho son hermafroditas en su etapa juvenil. En el estudio se comprobó que machos adultos pasaban a ser hembras al entrar en contacto con la atrazina. Ésta, al actuar sobre el sistema endocrino atenúa las hormonas que confieren los caracteres masculinos y, por tanto, permite la expresión reforzada de los valores femeninos. En el trabajo llevado a cabo en laboratorio, los machos auténticos copularon y procrearon con los machos feminizados”, detalla un artículo del diario español El Mundo que divulgó los resultados del estudio en marzo de 2010.

“Aunque el experimento se ha llevado a cabo en laboratorio, otros estudios de campo muestran que la atrazina es un disruptor endocrino tan potente que está afectando a las ranas en el medio salvaje y puede posiblemente ser la causa de la disminución de anfibios en todo el mundo”, agrega, en otro apartado.

En cuanto al 2,4-D, otro apartado de Envenenados:

El producto en cuestión debe su aparición a investigaciones realizadas en 1940, en Gran Bretaña, por los científicos de la Imperial Chemical Industries (ICI).

En sus instalaciones, y tras sucesivos estudios, los científicos dieron con las propiedades herbicidas de ciertas hormonas que, producidas sintéticamente, podían regular el crecimiento de las plantas. Acto seguido, desarrollaron la molécula química del MCPA (Metal-Cloro-Fenosa-Acético).

Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos tuvieron como plan rociar con MCPA los cultivos alemanes de papas y remolacha azucarera para, de esa forma, neutralizar dos variables vitales en la contienda: la disponibilidad de alimentos y combustibles, dado que los cultivos en cuestión también eran utilizados como base para el desarrollo de la energía que impulsó las bombas voladoras V1, V2 y V9 que Adolf Hitler disparó una y otra vez hacia Londres.

Pero los nazis se anticiparon al plan británico. Y bombardearon las instalaciones del ICI matando a miles de científicos. Dada la relevancia de las investigaciones, los especialistas que sobrevivieron fueron trasladados a Canadá y, principalmente, Estados Unidos.

Fueron, precisamente, los estadounidenses quienes completaron el círculo de desarrollo del 2,4-D. Primero, alterando la fórmula inicial del compuesto cambiando moléculas y, luego, adicionando átomos para alcanzar un desarrollo superior: el 2,4,5-T, un herbicida capaz de matar árboles de gran porte.

Entre 1944 y 1945, de acuerdo a información de las fuerzas armadas estadounidenses, el ejército de ese país evaluó los efectos herbicidas de más de 1.000 compuestos diferentes. Integraron esa nómina el 2,4-D y el 2,4,5-T.

El 2,4-D estuvo muy cerca de entrar en combate en mayo de 1945. Con la lucha entre Estados Unidos y Japón por el control del océano Pacífico en el cenit, los norteamericanos enviaron a las islas Marianas dos cargueros repletos de herbicidas. El 2,4,5-T también fue de la partida.

El objetivo: destruir los cultivos nipones de arroz.

Un trabajo de Sebastião Pinheiro, investigador de la brasileña Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), detalla que al poco tiempo de suspendida la aplicación de los químicos sobre Japón, la estadounidense Dow, la británica ICI y un grupo de empresas menores de ambos países lanzaron el herbicida 2,4-D para su uso en campos sembrados con trigo, maíz, cebada, centeno y sorgo.

Pero la presencia del producto en contiendas bélicas no se agota en la Segunda Guerra Mundial. Así, la combinación de 2,4-D y 2,4,5-T reaparece a mediados de la década del 60, durante la guerra de Vietnam, dando origen a un arma química cuyos efectos negativos se perciben hasta hoy en ese país del sudeste asiático: el Agente Naranja.

Mediante el sistema de fumigaciones aéreas, y a lo largo de años, el ejército de los Estados Unidos roció con el Agente Naranja miles de hectáreas de selva en búsqueda de neutralizar tanto los escondites de la guerrilla comunista Vietcong como los cultivos de arroz con los que se alimentaba este grupo.

Fernando Bejarano, en una investigación publicada en 2007 por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RA-PAL), asegura que “en el período de 1962 a 1970, unos 80 millones de litros de herbicidas, de los cuales 43 millones fueron del Agente Naranja, fueron rociados durante nueve años por el ejército norteamericano sobre la selva sur de Vietnam, constituyendo la mayor campaña de guerra química nunca antes empleada en la historia.”

“Millones de vietnamitas así como miles de pilotos, soldados y marinos de las tropas estadounidenses entraron en contacto con la mezcla de herbicidas y han sufrido sus consecuencias. Diversos tipos de cáncer, entre ellos leucemia y linfoma no-Hodgkin, así como malformaciones, problemas severos de la piel -como cloracné-, desórdenes metabólicos y cardiovasculares han sido atribuidos a la exposición por dioxinas”, agrega.

Las consecuencias tóxicas del uso de 2,4-D y 2,4,5-T dieron lugar a distintos litigios judiciales en años posteriores a la guerra de Vietnam:

• En 1979, 15.000 veteranos de guerra estadounidenses demandaron a las empresas productoras del Agente Naranja. Dow, Monsanto, Diamond Shamrock, Uniroyal y Hércules, las denunciadas.
• En 2004, la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja demandó por crímenes de guerra ante una Corte Federal de los Estados Unidos a las 37 corporaciones químicas que fabricaron y distribuyeron el compuesto durante los años de contienda. Otra vez, Dow y Monsanto aparecieron entre las acusadas.
• En 2006, una Corte de Corea del Sur sentenció a Dow y Monsanto a compensar a 6.800 coreanos afectados por el Agente Naranja durante la guerra de Vietnam.

Durante la década del 80, las químicas retiraron al 2,4,5-T del mercado pero siguen adelante con la comercialización del 2,4-D.

Efecto de la deriva -esto es, la nube generada tras su aplicación, capaz de desplazarse por kilómetros- del herbicida en algunas de las huertas y lotes de Trenque Lauquen:

El mandato de la inacción
Irregularidades en los procedimientos, incumplimiento de ordenanzas, anuencia política para el sostén del privilegio de los actores económicos de mayor envergadura, inacción ante pruebas científicas contundentes, amenazas de ocasión, son algunas de las particularidades que hacen al comportamiento de los últimos representantes del Poder Ejecutivo trenquelauquense en materia de regulación al uso de agroquímicos.

El negocio de los pesticidas, mientras tanto, marcha viento en popa. Según facturas de compra a las que accedió este periodista, en la ciudad hay productores que realizan pedidos de químicos por montos superiores a los 2 millones de pesos. Es más, el grueso de los pagos de estas operaciones rara vez baja de las seis cifras.

El sector agrícola a través de sus actores y la complicidad política definen, entonces, la seguridad sanitaria de todo un distrito. Determinan el potencial de enfermedades del que pueden ser presa más de 40.000 personas. Incluidos los mismos productores, comercializadores de plaguicidas, e incluso funcionarios, obviamente.

A más de un año de presentado, el informe de contaminación confirmada por la Universidad Nacional del Litoral no ha derivado en ningún tipo de decisión oficial por parte de los actores de gobierno.

Algo similar ocurre en estos días con el acopio de agroquímicos en el galpón de la estación de trenes, ubicado en el centro geográfico de la ciudad. Esta semana se sumó la decisión de los concejales alineados con la Intendencia de posponer la prohibición al uso y transporte del herbicida 2,4-D en todo el distrito.

Todo esto, frente a una población que claramente sufre una explosión en los indicadores de cáncer, abortos y malformaciones, como bien se lo aseguró a quien aquí escribe el por entonces director del Hospital Municipal de esa ciudad.

También a mediados del año pasado, Héctor Boffi declaró ante este periodista que el 40 por ciento de los primeros embarazos que ocurren en Trenque Lauquen termina en aborto espontáneo. Asimismo, en cinco años, las malformaciones pasaron de 2 en 700 nacimientos anuales a promediar 7.

Otro dato aportado por Boffi: en la franja etaria que va de los 11 a los 40 años, el cáncer ya es la primera causa de muerte en ese partido. El profesional vinculó estas problemáticas en crecimiento al uso expandido de agroquímicos. Menos de 24 horas después de divulgadas las estadísticas por este autor en distintas redes sociales, y en pleno conflicto laboral con sus pares en el nosocomio municipal, Héctor Boffi fue desplazado de su cargo.

Lo expuesto por el ex directivo representa, hasta hoy y más allá de su confuso despido, el único pronunciamiento vinculado al principal centro médico respecto de qué ocurre con la salud en Trenque Lauquen. El hospital Municipal jamás expone datos y estadísticas de dolencias. En el sentido práctico, es como si en ese distrito del oeste bonaerense no ocurriera nada.

En definitiva, el respeto por la vida, al igual que el orgullo por el rótulo de ciudad ecológica por excelencia, parece que en Trenque Lauquen no es más que un laurel del pasado. Nada de lo que ocurre en el día a día invita a pensar lo contrario.

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Patricio Eleisegui
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