D´derecho

PRONUNCIAMIENTO DE EX AUTORIDADES EDILES CONTRA ACTUAL GESTION MUNICIPAL EN PAITA

2011-11-11T15:16:00.000-08:00

SOLICITAN VACANCIA DE ALCALDE DE PAITA Y TODOS SUS REGIDORES

2011-11-11T14:54:00.000-08:00

AUTO N.° 1

Lima, veintiséis de octubre de dos mil once

VISTO el expediente del traslado de pedido de vacancia presentado el 21 de octubre de 2011 por Luis Enrique Sancarranco Zapata contra Porfirio Meca Andrade, alcalde del Concejo Provincial de Paita, departamento de Piura, y los regidores Wilder Jesús Remicio Moscol, Neón Santos Cruz, Jackeline Johana Casanova Espinoza, Ceferino Urbano Marquezado Machare, Héctor William Pingo Fiestas, Pedro Luis Cuadros Alzamora, Eusebio Querevalu Álvarez, Jaime Humberto Olivares Atoche, Delsi Magali Castillo Mogollón, Víctor Enrique Antón Antón y Marco Antonio Saavedra Herrera, en el que se invoca la causal prevista en el artículo 11, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDOS

1. De conformidad con el artículo 23 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, cualquier vecino puede solicitar de manera fundamentada y sustentada la vacancia del alcalde o de un regidor ante el concejo municipal o el Jurado Nacional de Elecciones. En este último caso, se traslada el pedido al concejo municipal respectivo, el cual notifica al afectado y resuelve en sesión extraordinaria en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.

2. La solicitud de vacancia presentada cumple los requisitos establecidos en la ley antes citada y en el ítem 09.82 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, corresponde su traslado al Concejo Provincial de Paita, departamento de Piura, para el trámite respectivo.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo primero.- TRASLADAR la solicitud de VACANCIA presentada por Luis Enrique Sancarranco Zapata y remitir los autos al Concejo Provincial de Paita, departamento de Piura.

Artículo segundo.- REQUERIR al alcalde y a los regidores del referido concejo que cumplan con el trámite legal establecido, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público, para que evalúe su conducta en relación con el artículo 377 del Código Penal, sobre omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, con el especial cuidado de realizar las siguientes acciones:

1. Convocar a sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles luego de notificado el presente. En caso de que el alcalde no cumpla con la convocatoria dentro del plazo establecido, el primer regidor tiene la facultad de convocar a sesión extraordinaria, previa notificación escrita al alcalde, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

2. Asistir obligatoriamente a la sesión de concejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, numeral 5, de la Ley N.° 27972, por lo que su incumplimiento será motivo de responsabilidad funcional.

3. Consignar en el acta de la sesión convocada las firmas de todos los asistentes al acto señalado.

4. Remitir la constancia o resolución que declara consentido el acuerdo adoptado, en el caso de que no haya sido materia de impugnación, para archivar el presente expediente.

5. Elevar el expediente administrativo en original, o copias certificadas de ser el caso, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles luego de presentado el recurso de apelación, y cumplir así con remitir la siguiente documentación:

5.1. Las constancias de notificación, al miembro afectado del concejo y al solicitante, de la convocatoria a las sesiones extraordinarias y de los acuerdos adoptados sobre el pedido de vacancia o el recurso de reconsideración.

5.2. Las actas de las sesiones extraordinarias en las que conste el acuerdo de concejo sobre la vacancia o reconsideración solicitadas.

5.3. El original del comprobante de pago correspondiente a la tasa por recurso de apelación, equivalente al 3% de la unidad impositiva tributaria (S/.108,00).

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

VELARDE URDANIVIA

Benites Cadenas

Secretario General (e)

mamm

D´derecho: COMO OBTENER LICENCIA DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS ...

2010-10-09T12:24:00.000-07:00

D´derecho: COMO OBTENER LICENCIA DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS ...: "Para aquellas personas que tienen problemas en obtener o revalidar su Licencia de operaciones, alcanzamos los requisitos que exige la autori..."

D´derecho: CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (P...

2010-09-15T12:19:00.000-07:00

D´derecho: CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (P...: "CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (PERU) PAITA PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA: WALTER GARRIDO SILVA,..."

ERRADIQUEMOS LA CORRUPCIÓN

2010-09-15T12:13:00.000-07:00

LA CORRUPCIÓN, UN FLAGELO A ERRADICAR

Por. Walter Purizaca C.

1. CORRUPCIÓN

La Corrupción puede referirse a:

Un CONCEPTO FILOSÓFICO definido como el cambio desde el ser al no ser, contrapuesto y correlativo a la "generación".

Una FORMA DE DEGRADACIÓN ETICA en el ámbito político, que consiste en usar el poder público para obtener ventajas particulares.

La corrupción, considerada en general, es el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común. La corrupción gubernamental es la desviación de los fines de la función pública en beneficio particular.
La corrupción posterga el desarrollo de los pueblos, carga a la comunidad con costos injustos, destruye la competencia comercial, demanda esfuerzos innecesarios de los sistemas de ayuda internacional, desacredita a la autoridad y altera la paz de las naciones.

Por todas esas razones, la corrupción ha dejado de ser considerada un problema exclusivamente doméstico y constituye hoy uno de los principales desafíos de la agenda global.

La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. Requiere de la participación de dos actores: uno que por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a pagar una "mordida" o soborno para obtenerlo. También notamos este tipo de corrupción desde el fuerte al más débil, desde arriba hacia abajo, en el escalafón público, un simple llamado de un funcionario del más alto nivel, a un servidor de primer nivel, puede cambiar la dirección de una solicitud o petición.

Hay corrupción en el trato a las personas, al acomodado lo tratan de la mejor manera y el humilde lo relegan; no mostrar los resultados en un concurso de plazas laborales, porque ya se conocen los ganadores - comúnmente en estos concursos son publicadas las convocatorias para cumplir con los requisitos legales, y los que mayormente son favorecidos son: familiares de funcionarios públicos, algún rico con influencias en el gobierno, etc.; la corrupción muchas veces va de la mano con la discriminación, si solicitan una secretaria tiene que tener como atributos sus bonitas facciones aunque no tenga conocimientos, un funcionario llega al puesto por favores políticos o de ascendencia y se relega al profesional calificado para el puesto; Un político se cree mas profesional y mejor calificado que un profesional de carrera con grados académicos obtenidos en prestigiosos centros de estudio tanto del Perú como del mundo, por el simple hecho de ser dirigente político de un partido, venga de provincia o de la capital- si es de la capital se cree de otro mundo, estas falsas hipótesis corruptas producen mas corrupción.

Estos actos los observamos diariamente desde que abordamos cualquier transporte, en el mercado, al realizar trámites oficiales, etc; puede suceder en los lugares menos pensados y con las personas menos esperadas.

En la escuela, por ejemplo, la corrupción puede producirse entre profesores y alumnos (venta de calificaciones), entre padres y maestros (compra de notas aprobatorias para sus hijos) entre directores y padres de familia (venta del derecho de ingreso a una escuela), entre directores y profesores (venta de plazas), entre autoridades de las escuelas (compra de permisos), etc.

Aunque ilícita, hay quienes piensan que la corrupción puede ser útil. Argumentan que ayuda a esquivar las reglas excesivas, a acelerar los trámites y a ahorrar tiempo. Así, por ejemplo, dicen que sirve a los alumnos que tienen problemas con una materia para poder aprobarla, pues gracias a la corrupción pueden comprar al profesor. También dicen que sirve para establecer un criterio para determinar quiénes ingresan a las escuelas con mayor demanda. Sin embargo, los partidarios de este argumento no se dan cuenta de que en el largo plazo, la corrupción nos perjudica a todos. Por ejemplo, si en una escuela es común que los profesores acepten sobornos para aprobar a los alumnos, en el largo plazo la reputación de esa escuela se verá dañada. Esto terminará afectando a sus egresados, quienes cargarán para el resto de su vida con el sello de que vienen de una escuela que no los formó bien.

La corrupción tiene consecuencias graves que afectan el desarrollo de los países. Algunos datos recientes muestran que el dinero que se gasta en corrupción deja de gastarse en los servicios públicos que proporciona el gobierno, tales como transporte público, electricidad, agua potable, etc. La corrupción, entonces, provoca que haya fallas en el suministro de agua, baja calidad de los servicios médicos, baja calidad de los servicios educativos, fallas en la infraestructura vial y aumento en la incidencia de cortes eléctricos, por mencionar algunos ejemplos. Además, la corrupción puede terminar poniendo en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. Por ejemplo, la baja calidad de los servicios médicos puede costarle la vida a un ciudadano enfermo. La construcción de edificios que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad, pueden costarle la vida a un ciudadano durante un temblor. La malas carreteras pueden ser muy peligrosas para los conductores de camiones y sus pasajeros, etc.

Por último, la corrupción rompe el tejido social pues disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones, el gobierno y entre ellos mismos. También afecta el nivel ético de la sociedad en su conjunto. En la medida en que la corrupción se generaliza, los escrúpulos éticos se van perdiendo.

1.1. Definición de Corrupción:

La corrupción, se considera como el acto de usar y abusar de una condición que otorga cierto poder a un funcionario público y que busca su beneficio perjudicando tanto al Estado como a los ciudadanos.

1.2. En que Consiste:

Se considera que la corrupción consiste en la utilización de cargos públicos como una plataforma para obtener ingresos ilegales.

1.3. Porqué se debe luchar contra ella

Las actividades que realiza el servidor público corrupto en beneficio personal se traducen en una reducción del bienestar social o en daño del interés público.

Dicho en otras palabras, el uso fraudulento de los recursos del estado y la utilización del poder en beneficio de quienes ejercieron autoridad o influencia política perjudica al pueblo pero, en especial, a los más pobres. A través de la corrupción los sectores más necesitados pierden o disminuyen su acceso a servicios como: salud, vivienda, educación, etc.

Finalmente, en una escala mayor, la corrupción erosiona la legitimidad de nuestras instituciones, haciéndolas endebles e incentivando el abuso del poder, con lo cual se arremete la dignidad humana y se socava la gobernabilidad democrática del país.

2. CORRUPCIÓN POLITICA

En términos generales, la corrupción política es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un Estado o Nación, la cual se ejerce por discrepancia.

Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes. Asimismo al más alto nivel se desarrollan los famosos crímenes de cuello blanco.

El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países, la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre a quien arrestan y acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. En países con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con más facilidad.

La corrupción política es una realidad mundial; su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional. La corrupción, contrariamente a lo que podría pensarse inicialmente, no es sólo responsabilidad del sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado. En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho sector tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en esos países tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.

2.1. EFECTOS EN POLÍTICAS, ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES

La corrupción plantea un serio desafío de cambio.

La corrupción en elecciones y en los cuerpos legislativos aumenta la falta de credibilidad y distorsiona la capacidad de creación de nuevas normas; la corrupción en el poder judicial compromete al estado de derecho, y la corrupción en la administración pública da como resultado la disposición injusta de servicios.

Además, puede facilitar la impunidad frente a delitos como el narcotráfico, la prostitución ilegal, el la economía sumergida, etc.

Como consecuencia de la corrupción, la sociedad en general resulta directamente perjudicada.

3. EL CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION:

El Consejo Nacional Anticorrupción es una Entidad Gubernamental creada por Decreto Supremo N° 120-2001-PCM del 17 de noviembre del 2001, (modificado por Decreto Supremo 047-2003-PCM, del 30de abril del presente año); y con el objetivo de otorgarles nuevas Facultades se Expidió el Decreto Supremo Nº 035-2005-PCM, que a su vez modifica el Decreto Supremo Nº 120-2001-PCM, mediante el cual se creó la referida Comisión.

Que, habiéndose expedido el Decreto Supremo Nº 082-2005-PCM que adscribe la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública y en la Sociedad al Ministerio de Justicia, y se cambió su denominación con el Decreto Supremo N° 002-2006-JUS, de Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de a Ética y Transparencia en la Gestión Pública y en la Sociedad por la de Consejo Nacional Anticorrupción; cuyo objeto es contribuir al fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, combatiendo a la corrupción en el ejercicio de la función pública y la sociedad, mediante mecanismos de prevención y educación. El Consejo tiene carácter permanente y se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia.

3.1.CONFORMACIÓN

El Consejo Nacional Anticorrupción estará integrado por los siguientes miembros:

· Un representante del Ministerio de Justicia, quien lo presidirá;

· Un representante del Ministerio de Educación;

· Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

· El Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

· Un representante del Director contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú;

· Un representante de la Conferencia Episcopal Peruana;

· Un representante de las Confesiones Religiosas No Católicas, elegido entre la terna que, para el efecto, presente la Dirección de Asuntos Interconfesionales del Ministerio de Justicia, y designado mediante Resolución Ministerial.

· Un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF - PERÚ);

· Dos representantes de organizaciones de la Sociedad Civil, con fines y reconocida trayectoria en la promoción de la ética y transparencia en la Gestión Pública, convocadas por el Ministerio de Justicia y designados por Resolución Ministerial;

· Mediante Resolución de sus respectivos Titulares, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República podrán designar un representante cada uno ante el Consejo. Asimismo, la Defensoría del Pueblo podrá acreditar un representante ante el Consejo, el cual tendrá la calidad de Observador. El Consejo es asistido técnica y administrativamente por una Secretaría Técnica. El Secretario Técnico es designado por Resolución Ministerial.

3.2. FUNCIONES DEL CNA

El Consejo Nacional Anticorrupción con lo dispuesto en el DS 002-2006-JUS, se propone enfocar sus actividades en los siguientes ámbitos:

· Elaborar propuestas de política sobre prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción

· Promover la ética y transparencia en la gestión pública, promover la transparencia en la sociedad

· Realizar audiencias públicas con fines preventivos sobre los asuntos de su competencia

· Presentar propuestas legislativas o administrativas a través del Ministerio de Justicia

· Fomentar la formación de Comisiones de Ética y Transparencia Institucional en las entidades estatales

· Fomentar una cultura de valores en la sociedad, resaltando las conductas éticas de la ciudadanía.

3.3. NORMAS NACIONALES QUE AMPARAN A LOS CIUDADANOS FRENTE A ACTOS DE CORRUPCIÓN

Entre las más importantes tenemos:

· La Constitución Política del Perú.

· Código Penal (D.L. N° 635).

· Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. 017-93-JUS).

· Ley Orgánica del Ministerio Público (D. L. N° 052).

· Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444

· Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806

· Ley N° 27520 de los Derechos de Participación y Control de Ciudadanos

· Ley N° 28024 que Regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública

· Resolución Ministerial N° 0074-2005-ED que, crea la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER)

· Resolución de Contraloría N° 443-2003-CG Directiva de servicio de Atención de Denuncias

· Resolución Presidencial N° 687-2006-INPE-P que, crea la Defensoría del Trabajador Penitenciario

· Resolución Ministerial N° 1678-90-ED que, aprueba el Reglamento del Tribunal contra la Corrupción del Ministerio de Educación

· TUO de la Ley N° 27806 Aprobado por el D.S. N°043-2003-JUS
Reglamento de la Ley de Transparencia, Ley N° 28149
Reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura (R.A. 491-CME-PJ)

3.4. NORMAS INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N° 26757 de fecha 3 de marzo de 1997 y ratificada mediante D.S. 012-97-RE del 21 de marzo de 1997.Así como la Resolución Legislativa que aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” Resolución Legislativa N° 28357.

3.4.1. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Constituye el primer compromiso internacional para la promoción del buen gobierno y el sistema más amplio de cooperación contra la impunidad. Fue firmada por 22 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 29 de marzo de 1996 en la ciudad de Caracas, después de su discusión y redacción por el "Grupo de Expertos" que funcionó en la OEA, Washington D.C., durante 1995.

Los antecedentes más importantes de la convención fueron la Cumbre de Presidentes de las Américas, organizada en Miami, en diciembre de 1994 y la "Primera Conferencia Mundial de Ética en el Gobierno", desarrollada en Washington D.C. en noviembre del mismo año.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS

4.1. CÓDIGOS DE ÉTICA GUBERNAMENTALES

Los códigos de ética en la función pública son importantes guías de conducta para los funcionarios gubernamentales y herramientas de prevención de la corrupción. Esas normas no sólo prohíben las prácticas corruptas sino que describen y procuran evitar situaciones que induzcan a la violación de los deberes oficiales.

Es necesario convenir en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de nuestro sistema institucional peruano, destinadas a crear, mantener y fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

Bibliografía.

- L. Cobb y M. González. 2007. Explicando la corrupción como un sistema de ciclos viciosos. Security and defense studies review, vol. 7, nº 1.

- Página del CONSEJO NACIONAL ANTI CORRUPCIÓN.

- http://www.worldpolicies.com/index_es.html

- otros apuntes

D´derecho: UNA LEYENDA URBANA EN PAITA

2010-09-09T23:26:00.000-07:00

D´derecho: UNA LEYENDA URBANA EN PAITA: "UNA LEYENDA URBANA EN PAITA ANTECEDENTES: En Paita existe unas colinas que forman un cerro al que los pobladores le llaman CERRO AZUL, debid..."

UNA LEYENDA URBANA EN PAITA

2010-09-09T23:25:00.001-07:00

UNA LEYENDA URBANA EN PAITA

EL IMPONENTE CERRO AZUL EN PAITA

ANTECEDENTES:

En Paita existe unas colinas que forman un cerro al que los pobladores le llaman CERRO AZUL, debido a que cuando uno viaja a Piura, o a las diferentes caletas, toma un color azulejo propio de su lejanía, y que el ojo humano distorsiona. Otros más entendidos le llaman SILLA DE PAITA, como es su verdadera denominación geográfica.

Desde hace muchísimos años, tanto en la etapa pre y post inca, aquí se realizaban rituales de florecimiento y de solicitud de buenos augurios a los dioses. Desde la etapa de la conquista hasta nuestros días sigue siendo visitado por algunos chamanes para realizar ceremonias de limpieza y sanación, según ellos porque en este lugar hay una energía cósmica propicia para desarrollar estas ancestrales costumbres. Por otro lado, también hay quienes lo utilizan con fines de rituales de magia negra para dañar a sus adversarios.

Los que han tenido la oportunidad de llegar hasta sus alturas manifiestan que en dicho lugar se encuentran chivos, ovejas, cerdos, etc, a los ellos llaman ALZADOS, es decir ariscos, asimismo es normal que en los días de verano pobladores de las caletas vecinas y de la Provincia de Paita, acuden con el fin de recolectar tunas, que en esta época del año abundan, algunos lo hacen como costumbre, ya que sus antepasados practicaban este tipo de recolección.

Debido a que la caleta LA TORTUGA, se encuentra cerca a este fenómeno geográfico, sus pobladores, en la época que no había transporte fluido a Paita o Vice, realizaban sus traslados a sus destinos, a pie, pero sobretodo durante el día, porque aseguraban que durante la noche acontecían muchos fenómenos inexplicables por ellos mismos como: Se iluminaba la parte mas alta del cerro, se escuchaban canticos o música, se veían figuras cabalgando irradiando brillo por todo el cerro, etc. Por lo que evitaban pasar de noche porque el que osaba hacerlo resultaba enfermo, llegaba mudo a su casa, incluso algunos morían sin comentar que habían visto durante su travesía.

Por otro lado hay viejos pobladores que mencionan que en el cerro había nidos de Cóndores y que estos durante la noche volaban a la Isla Foca en busca de alimento e incluso atacaban aves de corral y ganado que acostumbraban criar los pobladores de estas caletas vecinas.

Por otro lado habían algunos pobladores que señalaban haber visto a una dama pastando ganado en el cerro y otros de haber visto a un extraño personaje “Hombre” con facciones arias a lo que llamamos comúnmente, GRINGO , recorriendo esta zona.

Desde el año 1996, esta zona esta siendo visitada por geólogos extranjeros en busca de minerales e incluso hoy se extrae gas y se explotan materiales para la construcción, como son agregados, incluso mencionan que han encontrado petróleo y oro.

LOS ACONTECIMIENTOS

Cuentan que en el centro de Paita, en una discoteca, un día como cualquiera llegó un raro personaje con traje blanco y sombrero de paja, como de dandi, con botas blancas, de tez aria; y tragos van y vienen, este sujeto pide una canción de un grupo rockero, en especial, a lo que accedieron los responsables del local, este sujeto se dirige al centro de la pista de baile, y danzando de una manera extraña, aprovechando el humo de los cigarros y el color de las luces, desaparece, dejando atónitos a quienes lo miraban ejecutar tal baile. Esto solamente quedó en una anécdota y un poco de temor de quienes lo vieron.

Pero, el año pasado, 2009, y lo que señalo, que son de fuentes que estuvieron en el lugar de los hechos, se presentó un caso anecdótico, que duró aproximadamente un mes en mantener en suspenso a la población del puerto, especialmente de las féminas: Aproximadamente a las 12.45 o una de la mañana, un vigilante particular que custodiaba un hotel frente al malecón del puerto, observa a un individuo llegar a dicho malecón en una camioneta 4 x 4 oscura, baja del vehículo y empieza a pasear de un lado a otro por el malecón, a lo que el vigilante se acerca y le recomienda que tenga cuidado, porque a esa hora pasaban “Fumones” y que lo podrían CUADRAR(cogotear y robar), debido a la soledad del lugar, recibiendo como respuesta un pedido o favor- que estaba buscando donde divertirse y que le indicara donde podría hacerlo a esa hora de la noche. El vigilante conocedor que la mayoría de bares se encuentran ubicadas en la parte alta del puerto, le señala que se dirija a esa zona, recibiendo como agradecimiento un billete en moneda americana, dirigiéndose este personaje con destino a la parte alta en su camioneta.

En un bar , que se encuentra paralelo a una vía que denominan DOBLE VÍA, se encontraba un número de parroquianos en cuatro mesas y al mismo tiempo había un grupo de señoritas que trabajan como mozas en el local. Llega este visitante extraño y se dirige a la barra en busca del administrador del local -quien no se encontraba en esos momentos, pero había dejado a un encargado, a quien hace llegar su pedido- que quería tomar, que pagaría todo la cuenta incluso la de todos los parroquianos, que recibiría una buena propina y que en su mesa se acercaran las chicas mas guapas de su local, a lo que el encargado acepta.

Este extraño personaje invita cuatro cervezas por mesa a los ocasionales bebedores y pide que les sirvan lo que pidieran a las damitas que se encontraban en el local trabajando y le regala cincuenta dólares al encargado por su atención, paga todo sus pedidos y empieza a beber acompañado de cuatro señoritas.

Posteriormente pide que le cambien de música por reggaetón, el mas movido y empieza a bailar con cada una de sus ocasionales acompañantes femeninas.

Las chicas al ver el porte, la elegancia, el color de piel, las facciones, estaban enamoradas de este sujeto desde que lo vieron.

En una de las paredes del local se encuentra empotrado un espejo que utilizan las damas para bailar de forma sexy cuando se trata de música reguetonera.

Pasado una hora desde su ingreso a este local, había dos chicas que eran las favoritas del visitante y ellas le correspondían bailando, conversando y coqueteando como lo hace toda joven impresionada por un apuesto galán.

En uno de los siguientes bailes una de ellas bailando frente al espejo nota un detalle, que en el espejo solo se reflejaba ella, pero sentía la presencia del individuo detrás, lo noto por dos veces, pero no le dio importancia.

Posteriormente invita bailar a la otra chica de sus favoritas y ella nota en este sujeto que mucho le brillaban los dientes y los ojos, terminó la pieza bailable y comentó con la otra joven favorita y ella le comenta lo que había notado, asustándose ambas un poco.

Luego el visitante invita a bailar a su chica favorita y se suscita los siguiente: Ella bailaba y no lo ve en el espejo, regresa a verlo , lo distingue detrás de ella, cuando observa que este personaje empieza a crecer, a transformarse, nota que cambia de color a rojo intenso, le salen protuberancias o cuernos y patas como de cabra, al ver esto la chica empieza a convulsionar de terror.

Aquí esta el detalle, porque esta transformación también había sido observada por las demás acompañantes e incluso del resto de chicas y parroquianos. La segunda favorita se desmaya de terror y el resto de chicas gritan espantadas y los parroquianos, el encargado y otra señora que le acompañaba también observan la escena, y todos salen despavoridos a la calle.

Alcanzan a ver que este llamémosle COSA se dirige con destino al baño. Fuera del local se encontraban como es costumbre un grupo de moto taxistas esperando ocasionales clientes, observan correr a todo el grupo, pensando que dentro había una riña, a lo que uno de ellos le informa de lo que habían sido testigos, los moto-taxistas que no creían esta historia ingresan al local y proceden a prestarle ayuda a las dos chicas caídas, evacuándolas a un hospital del puerto.

Otro grupo de moto-taxistas fueron rumbo al baño en busca del sujeto y no lo hallaron, y comentan al unísono, - tiene que llegar a recoger su camioneta , la cual se encontraba fuera del local, pero cuando salen a la calle , ya no encontuentran el vehículo.

De las dos chicas evacuadas al hospital se sabe que; Una de las chicas reaccionó un día después, la que se había desmayado; pero aseguran que una de ellas murió a los dos días,- aquella que había convulsionado. Incluso mencionan que un diario capitalino mencionó en un pequeño artículo este caso.

El dueño del local, al día siguiente desmintió el caso, por la radio, atribuyendo que ambas féminas habían sido drogadas, pero de ser así, no pudo desmentir la versión del resto de parroquianos y chicas, y de aquellos testigos que estuvieron fuera, como aquel grupo de mototaxistas..

Pero, hay otros detalles, cuando el encargado fue a liquidar su caja del día, se da con la sorpresa, que en lugar de dinero, había piedras, incluso los cincuenta dólares regalados se habían convertido -en su bolsillo ,en un puñado de tierra..

Ustedes se preguntarán que pasó: ¿El visitante drogó a todos los presentes, hubo intención de dañar a este local con esta historia por parte de la competencia, es producto de la imaginación humana, puede alguien sugestionar a un grupo humano considerable?.

Las consecuencias que trajo este caso, impactcó mas a las lindas paiteñas, aquellas que vivían imaginando e ideando casarse con un extranjero o Gringuito; quienes ahora analizan, lo piensan muy concienzudamente y detalladamente, prefiriendo a los nacionales o latinos, como enamorados, amantes o esposos.

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2010-09-09T09:03:00.001-07:00

D´derecho: CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (P...: "CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (PERU) PAITA PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA: WALTER GARRIDO SILVA,..."

D´derecho: CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (P...

2010-09-09T09:03:00.000-07:00

D´derecho: CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (P...: "CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (PERU) PAITA PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA: WALTER GARRIDO SILVA,..."

D´derecho: EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

2010-09-08T13:20:00.000-07:00

D´derecho: EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR: "

EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

2010-09-08T13:19:00.001-07:00

EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL PERÚ

El día 02 de setiembre del 2010, se publicó el presente código, el cual entrará en vigencia de la siguiente manera:

A los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de lo señalado en los párrafos siguientes: Los artículos 36 y 37 entran en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Código.

El subcapítulo III del capítulo III del título V sobre el procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor entra en vigencia a los sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del aludido Código, y es de aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de dicha fecha.

Hablamos de problemas que se presentan cuando un consumidor contrae deudas por medio de tarjetas de crédito, en los servicios que ofrecen los centros educativos, en los servicios que ofrecen abogados, notarios, médicos, que tienen que ver con negligencia, etc. , en donde se ven perjudicados consumidores y usuarios; es importante el uso del presente Código de protección y defensa del consumidor. Este instrumento tiene una importancia trascendental para los diferentes consumidores, porque sirve para corregir esa brecha que existía entre el proveedor de bienes y servicios, muchas veces actuando en forma abusiva, considerando que en el país la mayoría poblacional es consumidor y no contaba con un instrumento en donde se plasmaran sus diferentes derechos que tiene como pieza importante en una relación comercial. Porque en una relación comercial si no hay consumidor o usuario, no se lleva a cabo una relación comercial. El proveedor muchas veces abusaba de esta situación, al utilizar contratos unilaterales, abusivos, coercitivos y el consumidor, simplemente las acataba, con las consecuencias de perjuicios económicos en la mayoría de casos. Esto termina con la puesta en vigencia del Código de Protección y defensa del Consumidor-Ley Nº 29571.

Ahora las amas de casa, que son las que realizan compras todos los días , los padres de familia, o en resumen todos los consumidores, cuentan con este documento en donde primeramente se alcanzan conceptos como consumidor, proveedor, servicios, información, asimetría informativa, etc, asimismo se detallan una relación de derechos con que cuentan los consumidores en el Título Derechos de los consumidores y relación consumidor-proveedor; otros títulos son: Contratos; Métodos comerciales abusivos; La protección del consumidor en productos o servicios específicos; Responsabilidad y sanciones; Defensa colectiva de los consumidores; y el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor.

Antes de la publicación de este código, se contaba con diferentes leyes, texto único de Protección y defensa del consumidor y sus modificatorias; y que hoy al ponerse en vigencia este texto, son derogadas para dar paso a un instrumento completo, y que algunos no ha gustado su publicación, como son los directivos de algunas cámaras de comercio, pero en general ha tenido una buena aceptación, ya que revoluciona en sus alcances del articulado, lo que debe ser una relación de consumo, principalmente los derechos de todo consumidor.

CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(LEY Nº 29571)

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO I

Derechos de los consumidores y relación consumidor-proveedor

Capítulo I

Derechos de los consumidores

Capítulo II

Información a los consumidores

Subcapítulo I

Información en general

Subcapítulo II

Protección del consumidor frente a la publicidad

Capítulo III

Idoneidad de los productos y servicios

Capítulo IV

Salud y seguridad de los consumidores

Subcapítulo I

Protección a la salud y seguridad de los consumidores

Subcapítulo II

Protección de los consumidores en los alimentos

Capítulo V

Protección de los intereses sociales y económicos

TÍTULO II

Contratos

Capítulo I

Disposiciones generales

Capítulo II

Cláusulas abusivas

Capítulo III

Aprobación administrativa

TÍTULO III

Métodos comerciales abusivos

Capítulo I

Métodos comerciales coercitivos

Capítulo II

Métodos comerciales agresivos o engañosos

Capítulo III

Métodos abusivos en el cobro

TÍTULO IV

La protección del consumidor en productos o servicios específicos

Capítulo I

Servicios públicos regulados

Capítulo II

Productos o servicios de salud

Capítulo III

Productos o servicios educativos

Capítulo IV

Productos o servicios inmobiliarios

Capítulo V

Productos o servicios financieros

Capítulo VI

Servicios de crédito prestados por empresas no supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

TÍTULO V

Responsabilidad y sanciones

Capítulo I

Responsabilidad del proveedor y derechos del consumidor

Capítulo II

Responsabilidad civil

Capítulo III

Responsabilidad administrativa

Subcapítulo I

Disposiciones generales

Subcapítulo II

Procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor

Subcapítulo III

Procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor

TÍTULO VI

Defensa colectiva de los consumidores

TÍTULO VII

Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor

Capítulo I

Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor

Capítulo II

Justicia de consumo

Subcapítulo I

Sistema de Arbitraje de Consumo

Subcapítulo II

Mecanismos alternativos de solución de conflictos

Subcapítulo III

El libro de reclamaciones

Capítulo III

Asociaciones de consumidores

Capítulo IV

Calidad y normalización en la producción de productos y servicios

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

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Jueves, 02 de setiembre de 2010

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Código de protección y defensa del consumidor

LEY Nº 29571

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Contenido

El presente Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la Constitución Política del Perú y en un régimen de economía social de mercado, establecido en el Capítulo I del Título III, Del Régimen Económico, de la Constitución Política del Perú.

Artículo II.- Finalidad

El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código.

Artículo III.- Ámbito de aplicación

1. El presente Código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta.

2. Las disposiciones del presente Código se aplican a las relaciones de consumo que se celebran en el territorio nacional o cuando sus efectos se producen en éste.

3. Están también comprendidas en el presente Código las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.

2. Proveedores. - Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. En forma enunciativa y no limitativa se considera proveedores a:

1. Distribuidores o comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que venden o proveen de otra forma al por mayor, al por menor, productos o servicios destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.

2. Productores o fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que producen, extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores.

3. Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que importan productos para su venta o provisión en otra forma en el territorio nacional.

4. Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios a los consumidores.

3. Producto. - Es cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial, de origen nacional o no.

4. Servicio.- Es cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrece en el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, previsionales y los servicios técnicos y profesionales. No están incluidos los servicios que prestan las personas bajo relación de dependencia.

5. Relación de consumo.- Es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo III.

6. Asociaciones de consumidores. - Son organizaciones que se constituyen de conformidad con las normas establecidas para tal efecto en el Código Civil. Su finalidad es proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios, pudiendo interponer ante las autoridades competentes reclamos y denuncias a nombre de sus asociados y de las personas que hayan otorgado poder a su favor, así como en defensa de intereses difusos o colectivos de los consumidores, con sujeción a lo previsto en el presente Código.

7. Asimetría informativa.- Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.

8. Habitualidad.- Se considera habitual aquella actividad que se realiza de manera común y reiterada de tal forma que pueda presumirse que se desarrolla para continuar en el mercado.

Este concepto no está ligado a un número predeterminado de transacciones que deban realizarse.

Las actividades de venta de productos o contratación de servicios que se realicen en locales abiertos son consideradas habituales por ese simple hecho.

Artículo V.- Principios

El presente Código se sujeta a los siguientes principios:

1. Principio de Soberanía del Consumidor.- Las normas de protección al consumidor fomentan las decisiones libres e informadas de los consumidores, a fin de que con sus decisiones orienten el mercado en la mejora de las condiciones de los productos o servicios ofrecidos.

2. Principio Pro Consumidor.- En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este principio en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor.

3. Principio de Transparencia.- En la actuación en el mercado, los proveedores generan una plena accesibilidad a la información a los consumidores acerca de los productos o servicios que ofrecen. La información brindada debe ser veraz y apropiada conforme al presente Código.

4. Principio de Corrección de la Asimetría.- Las normas de protección al consumidor buscan corregir las distorsiones o malas prácticas generadas por la asimetría informativa o la situación de desequilibrio que se presente entre los proveedores y consumidores, sea en la contratación o en cualquier otra situación relevante, que coloquen a los segundos en una situación de desventaja respecto de los primeros al momento de actuar en el mercado.

5. Principio de Buena Fe.- En la actuación en el mercado y en el ámbito de vigencia del presente Código, los consumidores, los proveedores, las asociaciones de consumidores, y sus representantes, deben guiar su conducta acorde con el principio de la buena fe de confianza y lealtad entre las partes. Al evaluar la conducta del consumidor se analizan las circunstancias relevantes del caso, como la información brindada, las características de la contratación y otros elementos sobre el particular.

6. Principio de Protección Mínima.- El presente Código contiene las normas de mínima protección a los consumidores y no impide que las normas sectoriales puedan dispensar un nivel de protección mayor.

7. Principio Pro Asociativo.- El Estado facilita la actuación de las asociaciones de consumidores o usuarios en un marco de actuación responsable y con sujeción a lo previsto en el presente Código.

8. Principio de Primacía de la Realidad.- En la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan. La forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa.

Artículo VI.- Políticas públicas

1. El Estado protege la salud y seguridad de los consumidores a través de una normativa apropiada y actualizada, fomentando la participación de todos los estamentos públicos o privados.

Para tal efecto, promueve el establecimiento de las normas reglamentarias para la producción y comercialización de productos y servicios y fiscaliza su cumplimiento a través de los organismos competentes.

2. El Estado garantiza el derecho a la información de los consumidores promoviendo que el sector público respectivo y el sector privado faciliten mayores y mejores espacios e instrumentos de información a los consumidores a fin de hacer más transparente el mercado; y vela por que la información sea veraz y apropiada para que los consumidores tomen decisiones de consumo de acuerdo con sus expectativas.

3. El Estado orienta sus acciones a defender los intereses de los consumidores contra aquellas prácticas que afectan sus legítimos intereses y que en su perjuicio distorsionan el mercado; y busca que ellos tengan un rol activo en el desarrollo del mercado, informándose, comparando y premiando con su elección al proveedor leal y honesto, haciendo valer sus derechos directamente ante los proveedores o ante las entidades correspondientes.

4. El Estado reconoce la vulnerabilidad de los consumidores en el mercado y en las relaciones de consumo, orientando su labor de protección y defensa del consumidor con especial énfasis en quienes resulten más propensos a ser víctimas de prácticas contrarias a sus derechos por sus condiciones especiales, como es el caso de las gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad así como los consumidores de las zonas rurales o de extrema pobreza.

5. El Estado formula programas de educación escolar y capacitación para los consumidores, a fin de que conozcan sus derechos y puedan discernir sobre los efectos de sus decisiones de consumo, debiendo formar ello parte del currículo escolar. Para tal efecto, brinda asesoría al consumidor y capacita a los docentes, implementando los sistemas que sean necesarios. Asimismo, puede realizar convenios con instituciones públicas o privadas con el fin de coordinar actividades a favor del desarrollo de los derechos de los consumidores.

6. El Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre proveedores y consumidores. Para tal efecto, promueve que los proveedores atiendan y solucionen directa y rápidamente los reclamos de los consumidores, el uso de mecanismos alternativos de solución como la mediación, la conciliación y el arbitraje de consumo voluntario, y sistemas de autorregulación; asimismo, garantiza el acceso a procedimientos administrativos y judiciales ágiles, expeditos y eficaces para la resolución de conflictos y la reparación de daños. Igualmente, facilita el acceso a las acciones por intereses colectivos y difusos.

7. El Estado promueve la participación ciudadana y la organización de los consumidores en la protección y defensa de sus derechos. En tal sentido, estimula la labor que desarrollan las asociaciones de consumidores, a fin de que contribuyan al mejor funcionamiento y a la conformación de relaciones equilibradas de consumo.

8. El Estado procura y promueve una cultura de protección al consumidor y comportamiento acorde con la buena fe de los proveedores, consumidores, asociaciones de consumidores, sus representantes, y la función protectora de los poderes públicos, para asegurar el respeto y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el presente Código, privilegiando el acceso a la educación, la divulgación de los derechos del consumidor y las medidas en defensa del consumidor.

9. El Estado promueve el consumo libre y sostenible de productos y servicios, mediante el incentivo de la utilización de las mejores prácticas de comercialización y la adecuación de la normativa que favorezca su diseño, producción y distribución, con sujeción a la normativa ambiental.

10. El Estado promueve la calidad en la producción de bienes y en la prestación de servicios a fin de que éstos sean idóneos y competitivos. Con esta finalidad, impulsa y apoya el desarrollo de la normalización, a efectos de obtener los mejores estándares en beneficio y bienestar del consumidor.

11. El Estado orienta sus acciones para que la protección al consumidor sea una política transversal que involucre a todos los poderes públicos, así como a la sociedad, y tenga una cobertura nacional que asegure a toda persona el acceso a los mecanismos de protección de sus derechos, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.

12. En materia de productos de salud, el Estado promueve el acceso universal a los productos de salud como política pública de atención integral de la salud pública, con especial incidencia en las poblaciones menos favorecidas económicamente. Dicta y adopta medidas que garanticen el acceso a los medicamentos y dispositivos médicos esenciales.

TÍTULO I

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y RELACIÓN CONSUMIDOR-PROVEEDOR

Capítulo I

Derechos de los consumidores

Artículo 1.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

a. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, salud e integridad física.

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio, o en los casos previstos en el presente Código, a la devolución de la cantidad pagada, según las circunstancias.

f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan en el mercado y a ser informados por el proveedor sobre los que cuenta.

g. A la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades competentes.

h. Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando los medios que el ordenamiento jurídico permita.

i. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme a las disposiciones del presente Código y a la normativa civil sobre la materia.

j. Derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de manera colectiva en el marco de las relaciones de consumo.

k. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar.

1.2 La enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás que este Código garantiza ni los reconocidos en leyes especiales.

1.3 Es nula la renuncia a los derechos reconocidos por la presente norma, siendo nulo todo pacto en contrario.

Capítulo II

Información a los consumidores

Subcapítulo I

Información en general

Artículo 2.- Información relevante

2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano.

2.3 Sin perjuicio de las exigencias concretas de las normas sectoriales correspondientes, para analizar la información relevante se tiene en consideración a toda aquella sin la cual no se hubiera adoptado la decisión de consumo o se hubiera efectuado en términos substancialmente distintos. Para ello se debe examinar si la información omitida desnaturaliza las condiciones en que se realizó la oferta al consumidor.

2.4 Al evaluarse la información, deben considerarse los problemas de confusión que generarían al consumidor el suministro de información excesiva o sumamente compleja, atendiendo a la naturaleza del producto adquirido o al servicio contratado.

Artículo 3.- Prohibición de información falsa o que induzca a error al consumidor

Está prohibida toda información o presentación u omisión de información que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos.

Artículo 4.- Información sobre la integridad del precio

4.1 Cuando el proveedor exhiba precios de los productos o servicios o los consigne en sus listas de precios, rótulos, letreros, etiquetas, envases u otros, debe indicar en forma destacada el precio total de los mismos, el cual debe incluir los tributos, comisiones y cargos aplicables.

4.2 Los consumidores no pueden ser obligados al pago de sumas o recargos adicionales al precio fijado, salvo que se trate de servicios distintos o adicionales tales como transporte, instalación o similares cuya retribución no se encuentre incluida en el precio.

Esta posibilidad debe ser informada de manera previa, adecuada y oportuna al consumidor, incluyendo el precio correspondiente a los recargos adicionales que puedan ser determinables por el proveedor, y aceptada expresamente por el consumidor. La carga de probar ello corresponde al proveedor.

Artículo 5.- Exhibición de precios o de listas de precios

5.1 Los establecimientos comerciales están obligados a consignar de manera fácilmente perceptible para el consumidor los precios de los productos en los espacios destinados para su exhibición. Igualmente, deben contar con una lista de precios de fácil acceso a los consumidores.

En el caso de los establecimientos que expenden una gran cantidad de productos o servicios, estas listas pueden ser complementadas por terminales de cómputo debidamente organizados y de fácil manejo para los consumidores.

5.2 Para el caso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, los establecimientos farmacéuticos deben poner a disposición del consumidor el listado de precios de estos productos. La relación de precios de los productos farmacéuticos está ordenada alfabéticamente, de acuerdo a su Denominación Común Internacional (DCI).

5.3 Los establecimientos que expenden comidas y bebidas y los servicios de hospedaje y hostelería están obligados a colocar sus listas de precios en el exterior, de forma accesible y visible para consulta del consumidor. En estos servicios está prohibido el cobro de montos adicionales por cualquier tipo de concepto o recargo de manera disgregada al precio final, con excepción del recargo al consumo por concepto de servicio de los trabajadores previsto en norma especial, en cuyo caso debe informarse al consumidor de manera oportuna, accesible y visible.

Artículo 6.- Información de precios en moneda nacional y extranjera

6.1 En caso de que los precios de los productos o servicios se difundan o publiciten en moneda extranjera, los mismos se consignan también en moneda nacional, en caracteres y condiciones iguales, y con la indicación del tipo de cambio aceptado para efectos de pago. Esta norma no es de aplicación para aquellos proveedores que ofrezcan directamente al público productos y servicios desde y hacia el exterior.

6.2 Si el precio se anuncia en moneda extranjera, el proveedor está obligado a aceptar el pago en dicha moneda o en su precio equivalente en moneda nacional a elección del consumidor.

6.3 En estos casos, se debe ubicar en lugares visibles del local, carteles, avisos o similares, con información sobre el tipo de cambio aceptado para efectos de pago.

Artículo 7.- Medio de pago

7.1 En caso de que el proveedor diferencie el precio del producto o servicio en función del medio de pago, como tarjetas de crédito u otros, dicha información deber ser puesta en conocimiento del consumidor, de manera destacada, en forma visible y accesible en el local o establecimiento comercial, a través de carteles, avisos u otros similares. En caso de incumplimiento del proveedor, los consumidores no pueden ser obligados al pago de sumas adicionales, debiendo respetarse el precio fijado por el producto o servicio.

7.2 En caso de ofertas, promociones, rebajas o descuentos, el consumidor puede utilizar indistintamente cualquier medio de pago, salvo que el proveedor ponga en su conocimiento, de manera previa y destacada, las condiciones, restricciones y forma de pago.

Artículo 8.- Información sobre productos manufacturados

Toda información sobre productos de manufactura nacional proporcionada a los consumidores debe efectuarse en términos comprensibles en idioma castellano y de conformidad con el Sistema Legal de Unidades de Medida. Tratándose de productos de manufactura extranjera, debe brindarse en idioma castellano la información relacionada con los ingredientes, los componentes, las condiciones de las garantías, los manuales de uso, las advertencias y los riesgos previsibles, así como los cuidados a seguir en caso de que se produzca un daño.

Artículo 9.- Información acerca de las limitaciones en el suministro de partes y accesorios

En el caso de la producción, fabricación, ensamble, importación, distribución o comercialización de productos respecto de los que no se brinde el suministro oportuno de partes y accesorios o servicios de reparación y mantenimiento o en los que dichos suministros o servicios se brinden con limitaciones, los proveedores deben informar de tales circunstancias de manera clara e inequívoca al consumidor. De no brindar dicha información, quedan obligados y son responsables por el oportuno suministro de partes y accesorios, servicios de reparación y de mantenimiento de los bienes que produzcan, fabriquen, ensamblen, importen o distribuyan, durante el lapso en que los comercialicen en el mercado nacional y, posteriormente, durante un lapso razonable en función de la durabilidad de los productos.

La responsabilidad de probar la comunicación previa a la configuración de la relación de consumo sobre las limitaciones en el suministro de partes y accesorios, corresponde al proveedor.

El cumplimiento de la obligación de informar a cargo del proveedor no debe implicar una afectación a sus derechos protegidos bajo las normas de propiedad industrial.

Artículo 10.- Información acerca de los productos envasados

10.1 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2, los productos envasados ofrecidos al consumidor deben tener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial de rotulado correspondiente. En el caso de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes.

10.2 Es competencia del Indecopi fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8 y 10, así como sancionar las infracciones, únicamente si el producto se encuentra a disposición del consumidor o expedito para su distribución en los puntos finales de venta, sin perjuicio de las competencias sectoriales que correspondan. Su competencia no se restringe a las listas de productos que pudieran contemplar normas sectoriales de rotulado, resultando aplicables las exigencias establecidas en la presente norma a todos los productos destinados a los consumidores.

Artículo 11.- Información sobre productos no originales o con defectos

Cuando se expende al público productos con alguna deficiencia o defecto, usados, reconstruidos o remanufacturados, debe informarse notoriamente esta circunstancia al consumidor, mediante mecanismos directos de información, haciéndolo constar indistintamente en los propios artículos, etiquetas, envolturas o empaques, y en los comprobantes de pago correspondientes, siendo su responsabilidad acreditar el cumplimiento de dicha obligación. El incumplimiento de esta exigencia es considerado contrario a la buena fe en el comportamiento exigible al proveedor.

Subcapítulo II

Protección del consumidor frente a la publicidad

Artículo 12.- Marco legal

La publicidad comercial de productos y servicios se rige por las normas contenidas en el Decreto Legislativo núm. 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, o por aquellas normas que las sustituyan o modifiquen, y por las normas específicas del presente subcapítulo y las de publicidad de determinados productos y servicios contenidas en el presente Código.

Artículo 13.- Finalidad

La protección del consumidor frente a la publicidad tiene por finalidad proteger a los consumidores de la asimetría informativa en la que se encuentran y de la publicidad engañosa o falsa que de cualquier manera, incluida la presentación o en su caso por omisión de información relevante, induzcan o puedan inducirlos a error sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios, limitaciones o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o que los induzcan a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

Asimismo, atendiendo al impacto que la publicidad puede generar en las conductas sociales, la protección del consumidor frente a la publicidad persigue que los anuncios no afecten el principio de adecuación social, evitando que induzcan a cometer actos ilegales o antisociales o de discriminación u otros de similar índole.

Artículo 14.- Publicidad de promociones

14.1 La publicidad de promociones de ventas debe consignar, en cada uno de los anuncios que la conforman, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades disponibles de productos ofrecidos. En caso contrario, el proveedor está obligado a proporcionar a los consumidores que lo soliciten los productos o servicios ofertados, en las condiciones señaladas.

Corresponde al proveedor probar ante las autoridades el cumplimiento del número y calidad de los productos ofrecidos y vendidos en la promoción.

14.2 Cuando existan condiciones y restricciones de acceso a las promociones de ventas, éstas deben ser informadas en forma clara, destacada y de manera que sea fácilmente advertible por el consumidor en cada uno de los anuncios que las publiciten o en una fuente de información distinta, siempre que en cada uno de los anuncios se informe clara y expresamente sobre la existencia de dichas restricciones, así como de las referencias de localización de dicha fuente de información.

14.3 La fuente de información indicada en el párrafo anterior debe ser un servicio gratuito de fácil acceso para los consumidores e idóneo en relación con el producto o servicio y el público al que van dirigidos los anuncios, que les permita informarse, de manera pronta y suficiente sobre las condiciones y restricciones aplicables a la promoción anunciada. Dicho servicio de información puede ser prestado a través de páginas web o servicios de llamada de parte del consumidor sin costo, entre otros medios.

14.4 La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a disposición a través de una fuente de información distinta debe ser consistente y no contradictoria con el mensaje publicitario. La carga de la prueba de la idoneidad de dicho servicio y de la información proporcionada por éste recae sobre el anunciante.

Artículo 15.- Sorteos, canjes o concursos

En el caso de sorteos, canjes o concursos se procede de acuerdo con el Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales, aprobado mediante Decreto Supremo núm.006-2000-IN, o con las normas que lo sustituyan.

Artículo 16.- Publicidad dirigida a menores de edad

La publicidad dirigida a los menores de edad no debe inducirlos a conclusiones equívocas sobre las características reales de los productos anunciados o sobre las posibilidades de los mismos, debiendo respetar la ingenuidad, la credulidad, la inexperiencia y el sentimiento de lealtad de los menores. Asimismo, dicha publicidad no debe generar sentimientos de inferioridad al menor que no consume el producto ofrecido.

Artículo 17.- Competencia

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi es la autoridad encargada en forma exclusiva y excluyente para conocer en primera instancia la verificación del cumplimiento de las normas que regulan la publicidad en protección del consumidor. Sin perjuicio de ello, las afectaciones concretas y específicas a los derechos de los consumidores a consecuencia de la publicidad comercial constituyen infracciones al presente Código y son de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi.

Capítulo III

Idoneidad de los productos y servicios

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

Artículo 21.- Protección de las expectativas del consumidor

21.1 A falta de garantía explícita, la garantía implícita vincula al proveedor.

21.2 Para determinar qué prestaciones y características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se acude a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que se consideren relevantes.

En lo no previsto, se considera que las partes acordaron que el producto o servicio resulta idóneo para los fines ordinarios para los cuales éstos suelen ser adquiridos o contratados, según lo previsto en el artículo 18.

21.3 La acreditación de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible, dadas las circunstancias, corresponde al beneficiado por dicha condición en la relación de consumo.

Artículo 22.- Garantía de uso o buen funcionamiento

El proveedor que consigne la leyenda “garantizado” en las diferentes formas de presentación de un producto debe informar su alcance, duración y condiciones, así como la individualización de las personas que las extienden y los establecimientos en los que puede hacerse efectiva.

La indicación de exclusiones o limitaciones al otorgamiento de una garantía no puede conllevar a limitaciones que no sean justificadas o que la desnaturalicen.

El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. En el caso de reposición del producto, debe renovarse el plazo de la garantía.

Artículo 23.- Servicios de reparación

23.1 El prestador de servicios de reparación está obligado a brindar el servicio diligentemente, y en caso de que sea necesaria la sustitución de componentes, a emplear componentes o repuestos nuevos y apropiados al producto de que se trate, salvo que, en cuanto a esto último, el consumidor autorice expresamente y por escrito lo contrario.

El prestador de servicios de reparación está obligado a dejar constancia escrita del estado del producto cuando lo reciba en reparación, indicando el defecto visible u otro encontrado en el producto, así como de su estado al momento de su devolución al consumidor. El consumidor puede dejar en dicho documento cualquier observación o comentario que considere pertinente respecto de lo anterior. El prestador del servicio debe entregar copia de dicha constancia al consumidor.

23.2 Cuando un producto objeto de reparación presente defectos relacionados con el servicio realizado y éstos sean imputables a quien prestó el servicio, el consumidor tiene derecho, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la recepción del producto, a que se le repare nuevamente sin costo adicional.

23.3 Cuando por deficiencia del servicio que otorgue el prestador, el producto objeto de reparación, limpieza, mantenimiento u otro similar se pierde o sufre menoscabo, deterioro o modificación que disminuya su valor o lo haga total o parcialmente inapropiado para el uso normal al que está destinado o lo convierta en peligroso, el prestador del servicio debe indemnizar al consumidor por los daños y perjuicios ocasionados.

23.4 El incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo 23.1 da lugar a la obligación del prestador del servicio de sustituir, sin cargo alguno, los componentes o repuestos de que se trate.

Artículo 24.- Servicio de atención de reclamos

24.1 Sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, los proveedores están obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a los mismos en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. Dicho plazo puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que es puesta en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial.

24.2 En caso de que el proveedor cuente con una línea de atención de reclamos o con algún medio electrónico u otros similares para dicha finalidad, debe asegurarse que la atención sea oportuna y que no se convierta en un obstáculo al reclamo ante la empresa.

24.3 No puede condicionarse la atención de reclamos de consumidores o usuarios al pago previo del producto o servicio materia de dicho reclamo o del monto que hubiera motivado ello, o de cualquier otro pago.

Capítulo IV

Salud y seguridad de los consumidores

Subcapítulo I

Protección a la salud y seguridad de los consumidores

Artículo 25.- Deber general de seguridad

Los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes.

Artículo 26.- Medidas de los proveedores frente a los riesgos previstos

En caso de que, por la naturaleza o componentes del producto o del servicio que se comercialice, el riesgo sea previsible para el proveedor, este debe tomar las medidas necesarias para su adecuada conservación, manipulación y transporte, advirtiendo al consumidor de dicho riesgo, así como del modo correcto de la utilización del producto o la prestación del servicio, y las acciones a tomar en caso de producido un daño. Las acciones del proveedor no deben incrementar el riesgo previsible.

Artículo 27.- Información de productos o sustancias peligrosas

La comercialización de productos químicos y de todos aquellos que en su composición lleven sustancias o elementos peligrosos debe efectuarse cumpliendo con las normas sectoriales pertinentes, empleando envases que garanticen la salud y seguridad de los consumidores, consignando de forma visible y destacada las indicaciones sobre su uso y las advertencias sobre su manipulación.

Artículo 28.- Medidas de los proveedores para eliminar o reducir los peligros no previstos

En caso de que se coloquen productos o servicios en el mercado, en los que posteriormente se detecte la existencia de riesgos no previstos con anterioridad o imprevisibles, el proveedor está obligado a adoptar las medidas razonables para eliminar o reducir el peligro en el plazo inmediato; entre ellas, notificar a las autoridades competentes esta circunstancia, retirar los productos o servicios, disponer su sustitución o reparación, e informar a los consumidores, a la brevedad, de las advertencias del caso. La prueba de las medidas adoptadas corresponde al proveedor.

Tratándose de riesgos previsibles con anterioridad a su introducción en el mercado, la responsabilidad por la adopción de las medidas anteriores se entiende sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

Artículo 29.- Criterios aplicables a la información y advertencia sobre el riesgo y la peligrosidad

La advertencia de los riesgos y peligros que normalmente tienen ciertos productos o servicios, o de los riesgos y peligros no previstos o imprevisibles que se detecten con posterioridad a la colocación de los productos o a la prestación de los servicios en el mercado, debe realizarse cumpliendo con los siguientes criterios:

a. La advertencia debe ser difundida con la debida celeridad. Se deben difundir las advertencias en un plazo prudencial de acuerdo con la gravedad del riesgo o peligro involucrados.

Tratándose de un daño grave a la vida o a la salud de los consumidores, las advertencias deben ser difundidas de inmediato, apenas existan indicios para suponer la existencia del peligro.

b. Debe usarse un encabezamiento o señal de advertencia adecuados al riesgo o peligro que se advierte. El título con el que se pretende llamar la atención del consumidor debe ser adecuado para que, sin alarmar innecesariamente, llame la atención lo suficiente con relación a la magnitud del riesgo al segmento de la población afectada y permita a los interesados identificar la importancia de la advertencia para ello.

c. El tamaño y frecuencia de la advertencia deben ser adecuados. Las dimensiones de la advertencia y la frecuencia con la que se hace, en el caso de que la advertencia se haga por medios de comunicación, deben permitir que se llegue a los consumidores afectados o potencialmente afectados.

d. Se debe especificar la naturaleza del riesgo o peligro que se advierte señalando si dicho riesgo afecta la vida o salud del consumidor, su propiedad o la pérdida o afectación del producto adquirido.

e. Debe utilizarse un lenguaje accesible y entendible por un consumidor que actúa con la diligencia ordinaria según las circunstancias del caso. Debe, por tanto, descartarse el uso de lenguaje excesivamente técnico o científico, utilizándose, por el contrario, términos que permitan al consumidor entender cuáles son los riesgos o peligros que se le advierten.

f. Se debe describir el nivel de certidumbre que rodea al riesgo o peligro previsible. Si el riesgo es solo potencial o no se tiene certeza absoluta del mismo, debe indicarse ello en el aviso o advertencia, pudiendo en esos casos usarse expresiones condicionales. Por el contrario, si se trata de un riesgo cierto y preciso, debe utilizarse un lenguaje que dé a entender ello al consumidor.

g. Deben explicarse las medidas que se adoptan para evitar el riesgo o daño o para mitigar los efectos que puedan producirse. La advertencia debe, de ser posible, señalar cómo corregir estos problemas de una manera clara y sencilla.

h. Se debe incluir una fuente de información alternativa, que sea gratuita y de fácil acceso para los consumidores, con la finalidad de poder contar con mayor información sobre las advertencias de los riesgos y peligros del producto, indicando el número gratuito de contacto o su localización. Dicha información debe ser, además, comunicada de inmediato al Indecopi.

Subcapítulo II

Protección de los consumidores en los alimentos

Artículo 30.- Inocuidad de los alimentos

Los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos. Los proveedores son responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado, de conformidad con la legislación sanitaria.

Artículo 31.- Calidad de los alimentos

Los proveedores que alegan algún aspecto de calidad de sus productos, sea mediante el uso de frases, expresiones o imágenes, deben estar en condiciones de probarlo, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código y la normativa vigente.

Para los efectos de aplicación del presente artículo, se entiende por calidad al conjunto de características de un producto que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.

Artículo 32.- Etiquetado y denominación de los alimentos

El etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la legislación sobre la materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius.

Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor.

Las alegaciones saludables deben sustentarse de acuerdo con la legislación sobre la materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius.

Artículo 33.- Alimentos modificados

Los alimentos modificados por sustracción, sustitución o adición de ingredientes solo pueden utilizar la denominación de los productos originales cuando lo permita la legislación sobre la materia o en su defecto el Codex Alimentarius.

Artículo 34.- Información complementaria

En todos los casos en que el proveedor brinde información complementaria mediante sitios en internet u otras formas de difusión, la misma debe ser clara, comprensible, veraz y fácilmente accesible, observando lo dispuesto en el presente Código y en la legislación de la materia. La remisión a esta fuente de información distinta debe ser clara y expresa.

Artículo 35.- Alimentos orgánicos

Los proveedores que ofrezcan alimentos orgánicos deben ser debidamente certificados y deben identificarlos claramente en las etiquetas, envases y los medios de información directos o indirectos.

Artículo 36.- Etiquetado de grasas trans

Cuando un alimento contenga un tipo de grasa considerada trans debe advertirlo en su etiqueta, así como su porcentaje.

Artículo 37.- Etiquetado de alimentos genéticamente modificados

Los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas.

Capítulo V

Protección de los intereses sociales y económicos

Artículo 38.- Prohibición de discriminación de consumidores

38.1 Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, se encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo.

38.2 Está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares.

38.3 El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. La atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga.

Artículo 39.- Carga de la prueba

La carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado cuando el procedimiento se inicia por denuncia de este o a la administración cuando se inicia por iniciativa de ella. Para acreditar tal circunstancia, no es necesario que el afectado pertenezca a un grupo determinado. Corresponde al proveedor del producto o servicio acreditar la existencia de una causa objetiva y justificada. Si el proveedor demuestra la existencia de una causa objetiva y razonable, le corresponde a la otra parte probar que esta es en realidad un pretexto o una simulación para incurrir en prácticas discriminatorias. Para estos efectos, es válida la utilización de indicios y otros sucedáneos de los medios probatorios.

Artículo 40. - Obligación de informar sobre restricciones de acceso a establecimientos

Los establecimientos abiertos al público que establezcan restricciones objetivas y justificadas de acceso a sus instalaciones tienen la obligación de informar dichas restricciones a los consumidores, de manera directa, clara y oportuna, en forma previa al acto de consumo, mediante la ubicación de carteles o avisos, de manera visible y accesible en el exterior del establecimiento y, complementariamente, a través de otros medios de información. Las restricciones no pueden ser redactadas de manera genérica o ambigua.

Artículo 41.- Trato preferente de gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad

41.1 El proveedor está en la obligación de garantizar la atención preferente de gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, en todos los sistemas de atención con que cuente, debiendo facilitar al consumidor todos los mecanismos necesarios para denunciar el incumplimiento de esta norma bajo responsabilidad.

41.2 Respecto de los beneficiarios del trato preferente, el proveedor debe:

a. Consignar en un lugar visible, de fácil acceso y con caracteres legibles su derecho a la atención preferente.

b. Adecuar su infraestructura en lo que corresponda e implementar medidas garantizando su acceso y seguridad.

c. Exonerarlos de turnos o cualquier otro mecanismo de espera.

d. Implementar un mecanismo de presentación de quejas contra quienes incumplan con esta disposición.

41.3 El proveedor que incumple con lo establecido en esta norma y otras disposiciones sobre la materia es sancionado conforme a los procedimientos establecidos en las leyes, normas y reglamentos especiales.

Artículo 42.- Información sobre consumidores en centrales privadas de riesgo

42.1 Todo consumidor tiene derecho a conocer los datos, el contenido y las anotaciones de su historial crediticio registrado en las centrales de riesgo en forma gratuita mediante la visualización en pantalla y cuando lo considere necesario.

42.2 Todo consumidor tiene derecho, a su solicitud, a obtener gratuita y semestralmente de cualquier central de riesgo o cuando la información contenida en sus bancos de datos haya sido objeto de rectificación, un reporte escrito con la información sobre su historial crediticio que conste en dicha base de datos.

42.3 El consumidor tiene derecho a la actualización de su registro en una central de riesgo, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde que la central de riesgo recibe la información pertinente que le permita efectuar la actualización. El acreedor tiene la obligación de informar oportunamente en los plazos previstos en la normativa correspondiente a las centrales de riesgo a las que reportó de un deudor moroso, en el momento en que este haya cancelado su obligación, para el registro respectivo.

42.4 La información que haya originado una anotación errónea debe ser retirada inmediatamente, bajo responsabilidad y costo de la misma central de riesgo.

42.5 Las centrales de riesgo están en la obligación de salvaguardar la información personal de los consumidores bajo responsabilidad y a que la información que sea pública responda a la situación real del titular de la información en determinado momento, conforme a la normativa correspondiente.

42.6 Las disposiciones del presente artículo se aplican en concordancia con la legislación especial sobre la materia.

Artículo 43.- Constancia de cancelación de créditos

Cuando los consumidores cancelan íntegramente una obligación en cualquier entidad financiera o de crédito, tienen derecho a obtener, a su solicitud, una constancia de cancelación en forma gratuita otorgada por dicha entidad.

Artículo 44.- Redondeo de precios

Se encuentra prohibido que los proveedores redondeen los precios en perjuicio del consumidor, salvo que este manifieste expresamente su aceptación al momento de efectuar el pago del producto o servicio. Para los efectos de los donativos que se realicen, los establecimientos deben contar con carteles que informen en forma destacada el destino de esos donativos o la institución beneficiaria, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones que establezca el Indecopi.

TÍTULO II

CONTRATOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 45.- Contrato de consumo

El contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial en la cual intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o servicios a cambio de una contraprestación económica.

Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a todos los contratos de consumo, sean celebrados por cualquier modalidad o forma, según la naturaleza y alcances correspondientes.

En todo lo no previsto por el presente Código o en las leyes especiales, son de aplicación las normas del Código Civil en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de estos contratos.

Artículo 46.- Integración y vinculación de la oferta, promoción y publicidad

La oferta, promoción y publicidad de los productos o servicios se ajusta a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad.

El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las características y funciones propias del producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas obligan a los proveedores y son exigibles por los consumidores, aun cuando no figuren en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido.

Artículo 47.- Protección mínima del contrato de consumo

En los contratos de consumo se observa lo siguiente:

a. En los contratos cuyas condiciones consten por escrito o en algún otro tipo de soporte, debe constar en forma inequívoca la voluntad de contratar del consumidor. Es responsabilidad de los proveedores establecer en los contratos las restricciones o condiciones especiales del producto o servicio puesto a disposición del consumidor.

b. No pueden incluirse cláusulas o ejercerse prácticas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los contratos.

c. Los consumidores tienen derecho a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medios utilizados para la celebración de los contratos para desvincularse de estos, como por ejemplo la vía telefónica, cualquier medio electrónico u otro análogo. Esta facultad comprende la contratación de prestaciones adicionales o complementarias.

d. En el caso de formularios contractuales, los caracteres de éstos deben ser adecuadamente legibles para los consumidores, no debiendo ser inferiores a tres (3) milímetros. La redacción y términos utilizados deben facilitar su comprensión por los consumidores.

e. Los proveedores deben entregar a los usuarios copia de los contratos y demás documentación relacionada con dichos actos jurídicos cuando éstos hayan sido celebrados por escrito, incluidas las condiciones generales de la contratación. Los proveedores son responsables de dejar constancia de la entrega de los documentos al consumidor. En el caso de contratación electrónica, el proveedor es responsable de acreditar que la información fue puesta oportunamente a disposición del consumidor.

No son exigibles las cláusulas, condiciones, estipulaciones y prácticas que infrinjan el presente artículo.

Artículo 48.- Requisitos de las cláusulas contenidas en un contrato de consumo por adhesión

En los contratos de consumo celebrados por adhesión o con cláusulas generales de contratación, debe cumplirse con los siguientes requisitos:

a. Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, debe hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b. Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo del contenido del contrato antes de su suscripción.

c. Buena fe y equilibrio necesario en los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

Lo dispuesto en el presente artículo resulta de aplicación a los contratos celebrados en base a cláusulas generales de contratación, se encuentren o no sometidas a aprobación administrativa.

Capítulo II

Cláusulas abusivas

Artículo 49.- Definición de cláusulas abusivas

49.1 En los contratos por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, se consideran cláusulas abusivas y, por tanto, inexigibles todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.

49.2 Para la evaluación de las cláusulas abusivas, se tiene en cuenta la naturaleza de los productos o servicios objeto del contrato, todas las circunstancias que concurren en el momento de su celebración, incluida la información que se haya brindado, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este dependa.

49.3 El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado individualmente no excluye la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. El proveedor que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente asume la carga de la prueba.

Artículo 50.- Cláusulas abusivas de ineficacia absoluta

Son cláusulas abusivas de ineficacia absoluta las siguientes:

a. Las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor o sus dependientes por dolo o culpa, o las que trasladen la responsabilidad al consumidor por los hechos u omisiones del proveedor.

b. Las que faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato, salvo disposición legal distinta o la aplicación de normas prudenciales debidamente sustentadas emitidas por la autoridad correspondiente.

c. Las que faculten al proveedor a resolver un contrato sin comunicación previa o a poner fin a un contrato de duración indeterminada sin un plazo de antelación razonable, salvo disposición legal distinta o la aplicación de normas prudenciales debidamente sustentadas emitidas por la autoridad correspondiente.

d. Las que establezcan a favor del proveedor la facultad unilateral de prorrogar o renovar el contrato.

e. Las que excluyan o limiten los derechos legales reconocidos a los consumidores, como el derecho a efectuar pagos anticipados o prepagos, o a oponer la excepción de incumplimiento o a ejercer el derecho de retención, consignación, entre otros.

f. Las que establezcan respecto del consumidor limitaciones a la facultad de oponer excepciones procesales, limitaciones a la presentación de pruebas, inversión a la carga de la prueba, entre otros derechos concernientes al debido proceso.

g. Las que establezcan la renuncia del consumidor a formular denuncia por infracción a las normas del presente Código.

h. Las que sean contrarias o violatorias a normas de orden público o de carácter imperativo.

Artículo 51.- Cláusulas abusivas de ineficacia relativa

De manera enunciativa, aunque no limitativa, son cláusulas abusivas atendiendo al caso concreto, las siguientes:

a. Las que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los contratos.

b. Las que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos de un contrato de duración continuada, en perjuicio del consumidor, salvo que obedezca a motivos expresados en él y el consumidor goce del derecho a desvincularse del mismo sin penalización alguna. Lo dispuesto en el presente literal no afecta las cláusulas de adaptación de los precios a un índice de ajuste legal ni la fijación de tarifas de los servicios públicos sujetos a regulación económica.

c. Las que establezcan la prórroga automática del contrato fijando un plazo excesivamente breve para que el consumidor manifieste su voluntad de no prorrogarlo.

d. Las que establezcan cargas económicas o procedimientos engorrosos para efectuar quejas ante el proveedor, así como las que establezcan procedimientos engorrosos para proceder a la reparación del producto no idóneo, o supongan cualquier acto previo o acción por parte del consumidor que imposibilite la debida protección de sus derechos.

e. Las que permitan al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando aquel fue elegido por sus cualidades personales.

f. Las que establezcan que el proveedor puede cambiar unilateralmente en perjuicio del consumidor el tipo de moneda con la que fue celebrado el contrato.

Artículo 52.- Inaplicación de las cláusulas abusivas

52.1 Las cláusulas abusivas ineficaces a que se refiere el presente Código son inaplicadas por la autoridad administrativa.

52.2 El ejercicio de esta facultad por la autoridad administrativa se hace efectivo sin perjuicio de las decisiones que sobre el particular pueden ser adoptadas en el ámbito jurisdiccional o arbitral, según fuese el caso.

Capítulo III

Aprobación administrativa

Artículo 53.- Cláusulas generales de contratación

Las cláusulas generales de contratación se rigen por las disposiciones contenidas en el presente Código y por lo dispuesto en el Código Civil.

Artículo 54.- Aprobación de cláusulas generales de contratación

54.1 En el caso de los contratos de consumo celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos, sujetos o no a regulación económica, la aprobación administrativa de las cláusulas generales de contratación está a cargo del organismo regulador competente, conforme a la ley de la materia y a las disposiciones que emita para dicho efecto.

54.2 En el caso de los contratos de consumo celebrados por empresas sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la aprobación administrativa de las cláusulas generales de contratación corresponde a dicha entidad, conforme a la ley de la materia.

54.3 La aprobación general de la cláusula general de contratación solo puede ser cuestionada en la vía judicial. El consumidor o usuario directamente afectado respecto de la aplicación concreta de la referida cláusula puede recurrir ante la autoridad administrativa o judicial competente para que emita pronunciamiento en el caso en concreto.

54.4 Si con motivo de una investigación efectuada en el ámbito de su competencia, sea en el marco del desarrollo de investigaciones preliminares o de los procedimientos a su cargo, el Indecopi detecta un mercado en el que resulta pertinente la aprobación administrativa de las cláusulas generales de contratación, informa de esa circunstancia a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la que le corresponde decidir la necesidad de designar una autoridad encargada de ello.

54.5 En la aprobación de las cláusulas generales de contratación, la autoridad administrativa identifica las cláusulas abusivas y emite normas de carácter general que prohíben su inclusión en contratos futuros.

Artículo 55.- Difusión de las cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa

La autoridad sectorial difunde en un lugar destacado de su portal institucional y, en su caso, a través de otros medios de difusión, las cláusulas generales de contratación aprobadas administrativamente y las cláusulas abusivas identificadas. El Indecopi mantiene enlaces en su portal institucional con las direcciones electrónicas de las autoridades sectoriales competentes en donde publiquen esa información.

TÍTULO III

MÉTODOS COMERCIALES ABUSIVOS

Capítulo I

Métodos comerciales coercitivos

Artículo 56.- Métodos comerciales coercitivos

56.1 De manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden:

a. En los contratos de duración continuada o de tracto sucesivo, condicionar la venta de un producto o la prestación de un servicio a la adquisición de otro, salvo que, por su naturaleza o con arreglo al uso comercial, sean complementarios. La oferta de productos o servicios no complementarios debe garantizar que puedan ofrecerse por separado.

b. Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa.

c. Modificar, sin el consentimiento expreso del consumidor, las condiciones y términos en los que adquirió un producto o contrató un servicio, inclusive si el proveedor considera que la modificación podría ser beneficiosa para el consumidor. No se puede presumir el silencio del consumidor como aceptación, salvo que él así lo haya autorizado expresamente y con anterioridad.

d. Completar formularios, formatos, títulos valores y otros documentos emitidos incompletos por el consumidor, de manera distinta a la que fue expresamente acordada al momento de su suscripción.

e. Establecer limitaciones injustificadas o no razonables al derecho del consumidor a poner fin a un contrato cuando legal o contractualmente se le haya reconocido ese derecho, o a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medios utilizados en la celebración de los contratos para desvincularse de estos.

f. Tomar ventaja indebida en las relaciones contractuales de duración continuada o de tracto sucesivo, en aquellas situaciones en las que el cambio de un proveedor resulta significativamente costoso para el consumidor.

g. Exigir al consumidor la presentación de documentación innecesaria para la prestación del servicio que contrate o la entrega del producto adquirido, pudiendo, en todo caso, exigirse solo la documentación necesaria, razonable y pertinente de acuerdo con la etapa en la que se encuentre la prestación del producto o ejecución del servicio.

56.2 Se sujetan a estas limitaciones todas las ofertas de productos o servicios, sean estas efectuadas dentro o fuera de establecimientos comerciales o mediante métodos de contratación a distancia, cualquiera sea el medio de comunicación empleado para ello.

Artículo 57.- Prácticas abusivas

También son métodos abusivos todas aquellas otras prácticas que, aprovechándose de la situación de desventaja del consumidor resultante de las circunstancias particulares de la relación de consumo, le impongan condiciones excesivamente onerosas o que no resulten previsibles al momento de contratar.

Capítulo II

Métodos comerciales agresivos o engañosos

Artículo 58.- Definición y alcances

58.1 El derecho de todos consumidores a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo.

En tal sentido, están prohibidas todas aquellas prácticas comerciales que importen:

a. Crear la impresión de que el consumidor ya ha ganado, que ganará o conseguirá, si realiza un acto determinado, un premio o cualquier otra ventaja equivalente cuando, en realidad: (i) tal beneficio no existe, o (ii) la realización de una acción relacionada con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeta a efectuar un pago o incurrir en un gasto.

b. El cambio de la información originalmente proporcionada al consumidor al momento de celebrarse la contratación, sin el consentimiento expreso e informado del consumidor.

c. El cambio de las condiciones del producto o servicio antes de la celebración del contrato, sin el consentimiento expreso e informado del consumidor.

d. Realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o realizar proposiciones no solicitadas, por teléfono, fax, correo electrónico u otro medio, de manera persistente e impertinente,

o ignorando la petición del consumidor para que cese este tipo de actividades.

e. Emplear centros de llamada (call centers), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo, a todos aquellos números telefónicos y direcciones electrónicas que hayan sido incorporados en el registro implementado por el Indecopi para registrar a los consumidores que no deseen ser sujetos de las modalidades de promoción antes indicadas.

f. En general, toda práctica que implique dolo, violencia o intimidación que haya sido determinante en la voluntad de contratar o en el consentimiento del consumidor.

58.2 La presente disposición comprende todo tipo de contratación de productos o servicios, sea efectuada mediante contratos dentro o fuera del establecimiento del proveedor, ventas telefónicas, a domicilio, por catálogo, mediante agentes, contratos a distancia, y comercio electrónico o modalidades similares.

Artículo 59.- Derecho a la restitución

El consumidor tiene derecho a la restitución inmediata de las prestaciones materia del contrato de consumo en aquellos casos en que el proveedor haya incurrido en alguna de las prácticas indicadas en el artículo 58, cualquiera sea la modalidad de contratación empleada.

Para tal efecto, el consumidor cuenta con un plazo de siete (7) días calendario, contados a partir del día en que se produjo la contratación del producto o servicio, o desde el día de su recepción o inicio de su ejecución, lo que ocurra con posterioridad, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones administrativas pertinentes conforme a las disposiciones del presente Código o

a solicitar la anulación del contrato en la vía jurisdiccional correspondiente.

El derecho a la restitución se considera válidamente ejercido cuando el consumidor comunique fehacientemente al proveedor sobre ello y proceda a la devolución de los productos recibidos o solicite la interrupción del servicio contratado. Ejercido este derecho, el consumidor no asume reducción alguna del monto a ser devuelto en caso de que haya efectuado un uso normal del producto o disfrute del servicio, salvo que se haya generado un manifiesto deterioro o pérdida de su valor.

Corresponde al consumidor probar la causal que sustenta su derecho a la restitución y el ejercicio de este derecho conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 60.- Irrenunciabilidad del derecho a la restitución

Es nula la renuncia anticipada al derecho a la restitución, conforme a lo señalado en el artículo 59.

Capítulo III

Métodos abusivos en el cobro

Artículo 61.- Procedimientos de cobranza

El proveedor debe utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes. Se prohíbe el uso de métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar, que afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros.

Artículo 62.- Métodos abusivos de cobranza

A efectos de la aplicación del artículo 61, se prohíbe:

a. Enviar al deudor, o a su garante, documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales.

b. Realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20.00 horas y las 07.00 horas o los días sábados, domingos y feriados.

c. Colocar o exhibir a vista del público carteles o escritos en el domicilio del deudor o del garante, o en locales diferentes de éstos, requiriéndole el pago de sus obligaciones.

d. Ubicar a personas con carteles alusivos a la deuda, con vestimenta inusual o medios similares, en las inmediaciones del domicilio o del centro de trabajo del deudor, requiriéndole el pago de una obligación.

e. Difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar orden judicial. Lo anterior no comprende a la información que se proporcione a las centrales privadas de información de riesgos reguladas por ley especial, la información brindada a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ni la información que por norma legal proporcione el Estado.

f. Enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros ajenos a la obligación informando sobre la morosidad del consumidor.

g. Enviar estados de cuenta, facturas por pagar y notificaciones de cobranza, sea cual fuera la naturaleza de estas últimas, al domicilio de un tercero ajeno a la relación de consumo, salvo que se trate de un domicilio contractualmente acordado o que el deudor haya señalado un nuevo domicilio válido.

h. Cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente.

TÍTULO IV

LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN PRODUCTOS O SERVICIOS ESPECÍFICOS

Capítulo I

Servicios públicos regulados

Artículo 63.- Regulación de los servicios públicos

La protección al usuario de los servicios públicos regulados por los organismos reguladores a que hace referencia la Ley núm. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, se rige por las disposiciones del presente Código en lo que resulte pertinente y por la regulación sectorial correspondiente. La regulación sectorial desarrolla en sus normas reglamentarias los principios de protección establecidos en el presente Código. El ente encargado de velar por su cumplimiento es el organismo regulador respectivo.

Para los efectos del cumplimiento de la finalidad señalada, el organismo regulador debe, entre otros, efectuar la permanente fiscalización de la medición del servicio, de las condiciones de facturación, y desarrollar sus facultades de sanción, cuando corresponda.

Artículo 64.- Principios generales aplicables a los procedimientos de reclamaciones en materia de servicios públicos regulados

64.1 En la tramitación de los procedimientos de reclamaciones interpuestas por los usuarios de los servicios públicos regulados, rigen los siguientes principios:

a. Principio de celeridad: Las reclamaciones de los usuarios deben ser atendidas y solucionadas sin exceder el plazo fijado para las mismas. En caso de que el reclamo no sea resuelto por el proveedor dentro del plazo fijado, se aplica el silencio administrativo positivo y se da la razón al reclamante.

b. Principio de concentración procesal: Las reclamaciones de los usuarios deben ser atendidas y solucionadas tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el derecho al debido procedimiento.

c. Principio de simplicidad: Los procedimientos de reclamaciones de usuarios deben ser atendidos y solucionados con las formalidades mínimas siempre que aseguren la adecuada protección a los derechos del usuario.

d. Principio de transparencia: Las reclamaciones de los usuarios deben ser atendidas y solucionadas, garantizando el acceso de estos al expediente y a la información sobre el procedimiento, en cualquier etapa de las mismas, con las restricciones que establezca la Ley.

e. Principio de no discriminación: En los procedimientos de reclamaciones, no se discrimina entre los usuarios de servicios de naturaleza equivalente.

f. Principio de responsabilidad: Los órganos competentes a cargo de la tramitación de las reclamaciones presentadas por los usuarios son responsables de los actos procesales que ejecuten.

g. Principio de gratuidad: La interposición de reclamaciones de los usuarios de servicios públicos es gratuita.

h. Principio de presunción de veracidad: Se presume que, en la interposición de sus reclamaciones, los usuarios expresan la verdad sobre su identidad y condición de usuario del servicio, sin perjuicio de las verificaciones posteriores pertinentes.

i. Principio de eliminación de exigencias costosas: No se exige la presentación de documentos que contengan información que la propia entidad que los solicita posea o deba poseer por haber sido generada en cumplimiento de sus funciones.

j. Principio de sub sanación: En los procedimientos de reclamaciones de usuarios, los órganos establecidos para atender las mismas, que adviertan errores u omisiones en el procedimiento, deben encausarlos de oficio.

k. Principio de buena fe en los procedimientos: Las partes intervinientes en un procedimiento de reclamación realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna actuación en el procedimiento de reclamación puede realizarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

64.2 Los escritos presentados en el procedimiento de reclamaciones no requieren firma de abogado. Asimismo, en dichos procedimientos, no es obligatorio que los usuarios de servicios públicos cuenten con la asesoría de un abogado.

Artículo 65.- Atención de reclamaciones

Los usuarios tienen derecho a que sus reclamaciones vinculadas a la prestación de servicios públicos sean resueltas en última instancia administrativa por el organismo regulador respectivo.

Las instancias competentes, sus facultades y los procedimientos que rigen su actuación son los establecidos en las respectivas disposiciones emitidas por los organismos reguladores.

Sin perjuicio de ello, los prestadores de los servicios públicos deben implementar un sistema en el que deben registrarse todas las reclamaciones que presenten los usuarios de los servicios públicos. Este registro debe permitir hacer un seguimiento de estas desde su inicio hasta la emisión de la resolución correspondiente por parte de la empresa proveedora del servicio público.

Registrada una reclamación, la empresa proveedora del servicio público informa al usuario respecto del número o código de registro de la misma.

La empresa proveedora del servicio público debe remitir al organismo regulador correspondiente, periódicamente, un reporte de las reclamaciones presentadas, de acuerdo a su respectiva regulación sectorial.

Artículo 66.- Garantía de protección a los usuarios de servicios públicos regulados

66.1 La empresa proveedora del servicio público debe proporcionar al usuario reclamante, a su solicitud, información oportuna respecto al estado de los procedimientos de reclamación tramitados por este.

66.2 La empresa proveedora del servicio público no puede condicionar la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios al pago previo del monto reclamado.

66.3 La empresa proveedora del servicio público no puede suspender la prestación del servicio basándose en la falta de pago de los montos objeto de reclamación en tanto esta no haya sido resuelta ni puede efectuar gestiones de cobranza por dichos montos mientras la reclamación presentada se encuentre en trámite.

66.4 Los usuarios tienen derecho a recibir el servicio público de acuerdo con los parámetros de calidad y condiciones establecidos por la normativa sectorial correspondiente. Para tal fin, los usuarios deben realizar el pago oportuno de la contraprestación respectiva y hacer uso del servicio de acuerdo con los fines para los cuales fue contratado.

66.5 Los usuarios de servicios públicos tienen derecho a la continuidad del servicio y los proveedores son responsables por dicho incumplimiento de acuerdo con la normativa pertinente.

66.6 Los usuarios tienen derecho a la acumulación del saldo de minutos o segundos no consumidos en los paquetes de minutos o segundos predeterminados en las tarjetas o en las recargas virtuales o similares de telefonía fija o celular, conforme a las normas reglamentarias que para dicho efecto emita el organismo regulador competente.

66.7 Los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas, pudiendo ser considerado como parte de pago según lo pactado, debiendo comunicar ello de manera previa y fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas de la fecha y hora prevista para la prestación del servicio, asumiendo los gastos únicamente relacionados con la emisión del nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo efectivo de dicha emisión.

Capítulo II

Productos o servicios de salud

Artículo 67.- Protección de la salud

67.1 El proveedor de productos o servicios de salud está en la obligación de proteger la salud del consumidor, conforme a la normativa sobre la materia.

67.2 La prestación de servicios y la comercialización de productos de salud a los consumidores se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley núm. 26842, Ley General de Salud, normas complementarias, modificatorias o las que la sustituyan y en lo que no se oponga por las disposiciones del presente Código.

67.3 Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo tienen el deber de informar al consumidor, a sus familiares o allegados sobre las características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y demás términos y condiciones, así como los aspectos esenciales vinculados al acto médico.

67.4 El derecho a la protección de la salud del consumidor es irrenunciable. Sin perjuicio del pleno reconocimiento de estos derechos conforme a la normativa de la materia, los consumidores tienen, de acuerdo al presente Código, entre otros, los siguientes derechos:

a. A que se les brinde información veraz, oportuna y completa sobre las características, condiciones económicas y demás términos y condiciones del producto o servicio brindado.

b. A que se les dé, en términos comprensibles y dentro de las consideraciones de ley, la información completa y continua sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre los productos o servicios brindados.

c. A que se les comunique de forma suficiente, clara, oportuna, veraz y fácilmente accesible, todo lo necesario para que puedan dar su consentimiento informado, previo a la entrega de un producto o la provisión de un servicio.

67.5 Lo previsto en el Código no afecta las normas que en materia de salud otorguen condiciones más favorables al usuario.

Artículo 68.- Responsabilidad por la prestación de servicios de salud

68.1 El establecimiento de salud es responsable por las infracciones al presente Código generadas por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, de los técnicos o de los auxiliares que se desempeñen en el referido establecimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que les correspondan a estos.

68.2 El establecimiento de salud también es responsable por los actos de los profesionales que de manera independiente desarrollen sus actividades empleando la infraestructura o equipos del primero, salvo que el servicio haya sido ofrecido sin utilizar la imagen, reputación o marca del referido establecimiento y esa independencia haya sido informada previa y expresamente al consumidor; sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 68.1. La responsabilidad del establecimiento de salud conforme a esta norma es solidaria.

Artículo 69.- Seguros de salud

69.1 Las empresas de seguros están en la obligación de informar clara y destacadamente

al consumidor el tipo de póliza y la cobertura de los seguros de salud.

69.2 La prestación de servicios de seguros de salud y el contenido de sus contratos se

sujetan a lo dispuesto por la regulación especial emitida por la Superintendencia de Banca,

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Artículo 70.- Planes y programas ofrecidos por los proveedores de servicios de salud

Los proveedores de servicios de salud que ofrezcan programas o planes que otorguen beneficios similares o equivalentes a los seguros de salud, deben incluir en sus contratos las siguientes condiciones mínimas:

a. Información clara y destacada sobre lo que es materia del servicio. Particularmente debe informarse al consumidor sobre las restricciones en lenguaje de fácil comprensión para una persona no versada en la materia.

b. Entrega bajo cargo del documento escrito en el que consten las condiciones del contrato.

c. Entrega bajo cargo de una hoja resumen en la que consten las exclusiones, coberturas y condiciones relevantes de la póliza en términos comprensibles.

d. Información sobre el monto de los beneficios y el precio del programa o plan de salud.

La posibilidad de cualquier modificación del precio debe ser advertida de manera destacada al consumidor.

e. Información sobre las consecuencias de falta de pago del precio para acceder a los servicios y beneficios contratados.

f. Información sobre el alcance, riesgos o circunstancias excluidas de la cobertura del programa o plan de salud, las fechas y modalidades de pago del producto o servicio.

g. Información sobre los establecimientos en los cuales puede hacerse valer el servicio contratado y sobre el representante del proveedor encargado de atender los eventos.

h. Información sobre la vigencia del producto o servicio y las condiciones para la renovación del contrato.

Artículo 71.- Financiamiento de los programas de salud por un tercero

Cuando el precio por un programa o plan ofrecido por los proveedores de servicios de salud sea financiado por un tercero distinto a dichos proveedores, se genera una relación de crédito que es independiente del servicio contratado. En estos casos, la prestación de beneficios no está vinculada a la condición del cumplimiento de la obligación crediticia.

Cuando el pago de la cuota de financiamiento sea condición para continuar bajo la cobertura del plan ofrecido, ello debe ser informado expresamente y por escrito a los consumidores de manera previa a la contratación.

Artículo 72.- Condiciones aplicables a los seguros de salud y planes y programas de salud

Las empresas de seguros y los proveedores de servicios de salud no pueden, mediante la variación unilateral de las condiciones referidas a preexistencias, eliminar las coberturas inicialmente pactadas. Esta disposición también se aplica para las renovaciones de los planes o seguros de salud.

Capítulo III

Productos o servicios educativos

Artículo 73.- Idoneidad en productos y servicios educativos

El proveedor de servicios educativos debe tener en consideración los lineamientos generales del proceso educativo en la educación básica, técnico-productiva y educación superior, asegurando la calidad de los servicios dentro de la normativa sobre la materia.

Artículo 74.- Derechos esenciales del consumidor en los productos y servicios educativos

74.1 Atendiendo a la especialidad de los productos y servicios educativos, el consumidor tiene derecho esencialmente a lo siguiente:

a. Que se le brinde por escrito información veraz, oportuna, completa, objetiva y de buena fe sobre las características, condiciones económicas, ventajas y demás términos y condiciones del producto o servicio.

b. Que se le cobre la contraprestación económica correspondiente a la prestación de un servicio efectivamente prestado por el proveedor de servicios educativos.

c. Que se le informe antes de que se inicie el proceso de contratación sobre los documentos, certificaciones, licencias o autorizaciones con que cuenta el proveedor para desarrollar lícitamente la actividad.

d. Que se le informe de manera clara y destacada sobre la naturaleza y condiciones de la certificación que será otorgada a la conclusión del programa y servicio contratado.

e. Que no se condicione la entrega del documento que acredite, certifique o deje constancia del uso o desarrollo del producto o servicio a pago distinto del derecho de trámite, salvo en el caso de que el usuario registre deuda pendiente con la institución educativa, en concordancia con la legislación sobre la materia.

f. Que se tomen medidas inmediatas de protección cuando el servicio afecta el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes.

g. Que la institución educativa difunda y promueva objetivamente las ventajas y cualidades que ofrecen a los usuarios.

74.2 La enumeración de los derechos establecidos en esta norma no excluye los demás que la Constitución Política del Perú o normas especiales garantizan ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en el respeto de los derechos reconocidos en el presente Código.

Artículo 75.- Deber de informar de los centros y programas educativos

Los centros y programas educativos antes de finalizar cada período educativo y durante el proceso de matrícula están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito al consumidor información sobre el monto, número y oportunidad de pago de las cuotas o pensiones del siguiente período educativo, así como la posibilidad de que se incremente el monto de las mismas.

Capítulo IV

Productos o servicios inmobiliarios

Artículo 76.- Protección del consumidor en contratos inmobiliarios

El derecho del consumidor a la información obliga al proveedor de productos y servicios inmobiliarios a informar sobre las características del inmueble que está adquiriendo así como a proporcionar toda aquella documentación que acredite la existencia de autorizaciones municipales, el área del inmueble, el proceso de titulación, habilitación urbana, saneamiento, materiales empleados en la construcción y en los acabados, inscripciones registrales del terreno y Declaratoria de Fábrica o de Edificación, reglamento interno, independización y toda aquella documentación relevante.

Artículo 77.- Información mínima en el proceso de compra

77.1 Los proveedores deben establecer e implementar medidas para brindar, como mínimo, información clara y veraz sobre:

a. La identificación del proveedor inmobiliario, del representante legal, en el caso de que se trate de personas jurídicas, la dirección completa del inmueble, los teléfonos de contacto y la dirección de correo electrónico o página web.

b. La descripción del inmueble, cantidad de unidades inmobiliarias y características relevantes tales como el área exclusiva y común, de ser el caso, medidas perimétricas y acabados del inmueble.

Asimismo, deben adoptar medidas para permitir que el consumidor acceda a esta información.

77.2 Los proveedores deben implementar y mantener procedimientos para proporcionar la información de manera previa y gratuita a la suscripción de un contrato considerando los aspectos siguientes:

a. Partida registral en el caso de bienes inscritos o título en el caso de bienes no inscritos, que acredite que quien suscribe el o los contratos de compraventa es propietario del inmueble ofrecido o del inmueble matriz del cual se independizará el producto ofrecido.

b. Situación del proceso de habilitación urbana o de licencias de edificación, según corresponda.

c. Plano del inmueble ofertado, precisando qué aspectos tienen carácter referencial, de ser el caso.

d. Identificación y características del inmueble: ambientes, área del inmueble, áreas comunes, acabados y servicios públicos domiciliarios con los que cuenta, diferenciando los servicios propios de los servicios comunes, tales como electricidad, agua potable y alcantarillado.

e. Precio de venta del inmueble ofertado, incluyendo la forma de pago, plazo, moneda en la que se realiza el pago, los gastos y tributos, promociones y descuentos, y cronograma de pagos debidamente desagregado.

f. Condiciones de la separación: vigencia, causales y efectos de la resolución (gastos administrativos y penalidades). En la venta de inmuebles sobre planos o de bienes futuros, el proveedor debe devolver el íntegro de los pagos adelantados efectuados por todo concepto a sola solicitud del consumidor, en el caso de que la prestación no se llegue a ejecutar por causas atribuibles al proveedor.

g. Datos del proveedor: Partida Registral de la Persona Jurídica, nombre de los representantes legales con sus vigencias de poder debidamente inscrito, Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Documento Nacional de Identidad (DNI), de ser el caso.

h. Tratándose de bienes futuros, el documento que acredite la aprobación del proyecto de habilitación urbana o el anteproyecto de arquitectura, según corresponda.

i. Vigencia de la oferta.

j. Tratándose de inmuebles terminados, copia de la Hoja de Resumen (HR), Predio Urbano (PU), acreditación de no adeudo de tributos o de la situación tributaria del inmueble, y partida registral donde conste la independización del inmueble, de ser el caso.

77.3 Cuando el financiamiento del precio de venta o parte de este sea ofrecido directamente por el proveedor, debe informar previa y detalladamente e incorporar en una hoja resumen con la firma del proveedor y del cliente lo siguiente:

a. El monto de los intereses y las tasas de interés aplicables conforme a las disposiciones del presente Código y las cláusulas penales, si las hubiera.

b. El monto y detalle de cualquier cargo adicional, si lo hubiera.

c. El número de cuotas o pagos a realizar, su periodicidad y la fecha de pago, asimismo, todos los beneficios pactados por el pago en el tiempo y forma de todas las cuotas.

d. La cantidad total a pagar por el inmueble, incluyendo el precio al contado más los intereses y gastos administrativos.

e. El derecho de efectuar el pago anticipado o prepago de los saldos, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar.

f. Los alcances y obligaciones puntuales de las garantías y avales, si los hubiera.

g. Cualquier otra información que sea relevante.

77.4 En caso de que el financiamiento del precio de venta o parte de este sea otorgado por una entidad financiera, es esta la que detalla las condiciones de aquel de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Código y de las emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Artículo 78.- Información mínima del contrato de compraventa

78.1 Los proveedores deben establecer, implementar y mantener procedimientos para evidenciar que el contrato sea accesible y contenga como mínimo la siguiente información:

a. Identificación de las partes contratantes señalando sus respectivos domicilios legales.

b. Identificación del inmueble materia de venta.

c. Identificación de la partida registral del inmueble; en los casos de bien futuro, del inmueble matriz.

d. Área exclusiva y común, de ser el caso, medidas perimétricas, acabados del inmueble y las características relevantes del inmueble.

e. Precio de venta del inmueble ofertado.

f. Forma de pago y plazo.

g. Plazo, fecha o condiciones expresas de entrega del inmueble y penalidades por incumplimiento que se hubieran pactado.

h. Supuestos en los cuales se aplican penalidades y el monto de las mismas.

i. La obligación del vendedor de firmar todos los documentos que sean necesarios para perfeccionar la transferencia del inmueble.

j. Mecanismos para la solución de controversias.

78.2 A la firma de los contratos de compraventa debe entregarse al comprador la siguiente información:

I. Cuando se trate de bienes futuros:

a. Lotes:

- Resolución emitida por la municipalidad correspondiente y plano de la aprobación del proyecto de habilitación urbana.

- Plano de la lotización, en el que se detalle la ubicación del lote.

- Plano del lote con indicación del área y medidas perimétricas.

- Características de la habilitación urbana.

b. Edificaciones:

- Aprobación del anteproyecto o proyecto.

- Plano de distribución.

- Características de los acabados, servicios públicos domiciliarios, áreas comunes y otras características relevantes.

II. Cuando se trate de bienes terminados -lotes o edificaciones -, copia de la partida registral, así como de los planos de las instalaciones de los servicios del inmueble y los planos de las instalaciones de servicios comunes, en el caso de propiedad común, entregándose esto último a la junta de propietarios respectiva.

Artículo 79.- Obligación de saneamiento del proveedor

Al momento de la entrega del inmueble, el consumidor tiene el derecho de expresar por escrito su aprobación respecto a las características, condiciones y estado en general del bien que se le entrega.

De igual modo, el consumidor puede expresar su desaprobación siempre que esta entrega no corresponda a características y condiciones previstas en el contrato, según las siguientes reglas:

1. En el caso de venta de terrenos dentro de un proceso de habilitación urbana, el consumidor puede expresar su desaprobación sobre cambios en el metraje que se encuentren fuera de los rangos acordados, ubicación del lote, mobiliario urbano circundante dentro del proyecto de habilitación urbana y en general aquellas que impidan o limiten su uso.

2. En el caso de venta de bienes futuros, el consumidor puede expresar su desaprobación sobre desperfectos, deficiencias u otras condiciones que desmejoren el valor del inmueble que se le entrega, o que impidan o limiten su uso.

3. En el caso de venta de bienes de segunda mano o que no son de estreno, el consumidor puede expresar su desaprobación si el proveedor modifica las características y condiciones del inmueble que se vende con posterioridad al contrato de compraventa.

4. De presentarse alguna de estas situaciones, el consumidor puede exigir, a través de los mecanismos legales pertinentes, la reparación, la reducción del precio o la resolución o rescisión del contrato, según corresponda.

Artículo 80.- Servicio posventa

Los proveedores deben implementar y mantener procedimientos para ofrecer una información completa sobre lo siguiente:

a. Los períodos de garantía, que son establecidos por el proveedor de acuerdo con los siguientes criterios: (i) si son componentes o materiales, de acuerdo con lo establecido por el proveedor de los mismos; (ii) si son aspectos estructurales, como mínimo cinco (5) años desde emitido el certificado de finalización de obra y recepción de obra por parte de la municipalidad.

b. El manual de uso del propietario, que debe contener como mínimo la descripción de los componentes del inmueble, los cuidados que hay que observar para el mantenimiento adecuado y los riesgos que pueden derivarse del mal uso.

c. Disponer de personal idóneo y ofrecer diferentes alternativas de contacto para la recepción de sugerencias, reclamos o solicitudes de servicios.

d. Ofrecer servicio de atención: dar respuesta dentro del plazo establecido por el proveedor e informar las causas ajenas al mismo que pueden afectar su cumplimiento.

e. Establecer un procedimiento de atención de quejas sencillo y rápido que incluya el registro y seguimiento de las mismas.

Capítulo V

Productos o servicios financieros

Artículo 81.- Marco legal

La materia de protección al consumidor de los servicios financieros prestados por las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se rige por las disposiciones del presente Código, así como por las normas especiales establecidas en la Ley núm. 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, y las normas reglamentarias emitidas para garantizar su cumplimiento.

La regulación y supervisión del sistema financiero así como los productos y servicios se rige en virtud del principio de especialidad normativa por la Ley núm. 26702, Ley General del

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Artículo 82. - Transparencia en la información de los productos o servicios financieros

Los proveedores de servicios financieros están obligados a informar a los consumidores o usuarios de manera clara y destacada la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) y la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA), aplicable para operaciones activas en cuotas o pasivas, respectivamente.

La TCEA y la TREA deben comprender todos los costos directos e indirectos que, bajo cualquier denominación, influyan en su determinación, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mediante norma de carácter general.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones regula la información que las instituciones financieras deben proporcionar al consumidor o usuario en cualquier operación que conlleve el cobro de intereses, comisiones y gastos.

Artículo 83.- Publicidad en los productos o servicios financieros de crédito

En la publicidad de productos o servicios financieros de crédito que anuncien tasas de interés bajo el sistema de cuotas, el proveedor debe consignar de manera clara y destacada la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), calculada para un año de trescientos sesenta (360) días.

Cuando se anuncien tasas de interés bajo la modalidad de crédito revolvente, debe consignarse en la misma forma la Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) con el monto y detalle de cualquier cargo aplicable o remitir expresamente esta información complementaria a una fuente de información distinta fácilmente accesible y gratuita.

No puede, bajo ninguna denominación, hacerse referencia a tasas de interés distintas a las indicadas.

Artículo 84.- Publicidad en los productos o servicios financieros pasivos

En el caso de la publicidad de productos o servicios financieros que anuncien tasas de interés pasivas, el proveedor debe anunciar la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) calculada para un año de trescientos sesenta (360) días.

Artículo 85.- Contratación de servicios financieros y modificaciones contractuales

Sin perjuicio de la observancia de los derechos reconocidos al consumidor en el presente Código, las entidades del sistema financiero pueden decidir la contratación con los usuarios del servicio en función a las condiciones particulares de riesgo, el comportamiento crediticio, las características de los productos que se diseñen para los mercados y la falta de transparencia debidamente reglamentada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Cuando las modificaciones o la resolución del contrato tengan por sustento la aplicación de normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, las empresas no se encuentran obligadas a cursar a sus clientes la comunicación previa que se exige en el artículo 5 de la Ley núm. 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros. Las normas prudenciales emitidas por la citada autoridad son aquellas tales como las referidas a la administración del riesgo de sobreendeudamiento de deudores minoristas o por consideraciones del perfil del cliente vinculadas al sistema de prevención del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.

Artículo 86.- Derecho a efectuar pagos anticipados

Los consumidores tienen derecho, en toda operación de crédito a plazos bajo el sistema de cuotas o similares, a efectuar el pago anticipado o prepago de los saldos, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar.

Artículo 87.- Imputación de pagos

Los consumidores tienen derecho a ser informados respecto a las condiciones aplicables a las distintas obligaciones que pueden ser asumidas en virtud de un mismo contrato de crédito, detallando para tal efecto las tasas de interés, demás cargos aplicables y la oportunidad de pago para cada una de dichas obligaciones, así como el orden de imputación de pagos de estas.

En los contratos de crédito por adhesión o con cláusulas generales de contratación de empresas financieras sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el orden de imputación de pagos pactado no puede conllevar un agravamiento desproporcionado del monto adeudado, salvo que la empresa acredite fehacientemente la existencia efectiva de negociación e informe adecuadamente al consumidor en documento aparte sobre las consecuencias e implicaciones económicas de la regla de imputación adoptada. La carga de la prueba de la existencia de negociación y de que se informó al consumidor corresponde al proveedor.

De existir contratos de crédito por adhesión o celebrados en base a cláusulas generales de contratación con distintas obligaciones en los que no se haya pactado la aplicación de los pagos, o en caso de no ser preciso el convenio celebrado o genere dudas respecto a sus alcances, o no se haya cumplido con la obligación a cargo del proveedor a que se refiere el párrafo precedente, los pagos se aplican en primer lugar a la obligación menos garantizada, y de estar igualmente garantizadas, a la más onerosa, y de ser igualmente onerosas, a la más antigua. No se puede, sin el asentimiento del proveedor, aplicar los pagos al capital antes que a los gastos y a estos antes que a los intereses.

Artículo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

88.2 El reclamo debe presentarse y registrarse en la forma que determinan las normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

88.3 En caso de identificarse comportamientos que tengan repercusión en intereses de terceros, el Indecopi, de oficio o por denuncia, inicia el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor responsable.

Artículo 89. - Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico.

Artículo 90.- Garantías de la reclamación

90.1 Con periodicidad trimestral, las entidades del sistema financiero están obligadas a remitir información a la autoridad competente sobre los reclamos que hayan tramitado, las decisiones que hayan adoptado y las acciones que hayan implementado para que los hechos que afectan a un consumidor, pero trasciendan a otros, sean corregidos sin necesidad de intervención del regulador.

90.2 En caso de identificar comportamientos derivados de acciones individuales que tengan repercusión en los demás consumidores, la autoridad competente remite esa información al Indecopi para que inicie el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor responsable.

Capítulo VI

Servicios de crédito prestados por empresas no supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Artículo 91.- Alcance

Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a los proveedores que brindan crédito a los consumidores bajo cualquier modalidad y no se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Artículo 92.- Obligación de difundir la intervención de un tercero enel financiamiento

Los proveedores que financian a los consumidores la adquisición de sus productos o servicios a través de una empresa del sistema financiero u otro proveedor de servicios de crédito, quedan obligados a difundir de manera destacada el hecho de que la empresa prestadora del servicio financiero es distinta de aquella que comercializa el producto.

Artículo 93.- Aplicación supletoria de la regulación de las empresas supervisadas

Los proveedores deben brindar a los usuarios toda la información que estos soliciten de manera previa a la celebración de cualquier contrato, tales como la referida a las condiciones que se apliquen a la relación crediticia.

En el momento de la contratación, los proveedores deben entregar una copia de los contratos suscritos, adicionándoles la hoja resumen y el cronograma de pagos en el caso de créditos bajo el sistema de cuotas. Para dichos efectos, los proveedores deben observar las disposiciones establecidas en este Código.

Las modificaciones a las estipulaciones contractuales, intereses, comisiones y gastos que se hayan acordado en los respectivos contratos deben observar lo previsto en la Ley núm. 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, respecto a los mecanismos y plazos para su modificación, garantizando que el envío de comunicación sea a través de medios idóneos que permitan al consumidor un conocimiento de la comunicación previa.

Artículo 94.- Determinación de las tasas de interés

Los proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1243 del Código Civil, deben determinar la tasa del interés convencional compensatorio o moratorio en atención a los límites establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú.

Las tasas de interés compensatorio y moratorio deben ser expresadas en términos de la Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA). Asimismo, se debe proporcionar la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) para operaciones en cuotas, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del presente Código. En ambos casos se debe considerar que se trata de un año de trescientos sesenta (360) días.

Si los proveedores emplean tasas que dependan de un factor variable, se debe especificar de manera precisa e inequívoca la forma en que se determina en cada momento, incluyendo su periodicidad de cambio, de ser aplicable.

El cobro de comisiones y gastos debe implicar la prestación de un servicio efectivo, tener una justificación e implicar un gasto real y demostrable para el proveedor del servicio.

Artículo 95.- Publicidad sobre servicios de crédito

La publicidad que efectúen los proveedores de servicios de crédito no supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 83 del presente Código.

Artículo 96.- Información proporcionada a los usuarios de manera previa a la celebración de los contratos y documentos a entregar de forma obligatoria

En toda operación comercial en que se conceda crédito al consumidor, incluyendo la oferta, el proveedor está obligado a informar previa y detalladamente sobre las condiciones del crédito y la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA). Asimismo, dicha información debe ser incorporada en forma clara, breve y de fácil entendimiento en una hoja resumen con la firma del proveedor y del consumidor, debiendo incluir lo siguiente:

a. El precio al contado del producto o servicio, que es aquel sobre el cual se efectúan los cálculos correspondientes al crédito, sin perjuicio de que el proveedor le dé otro tipo de denominación.

b. El monto de la cuota inicial y de las posteriores cuotas.

c. El monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, si es fija o variable, en cuyo caso se debe especificar los criterios de modificación, el interés moratorio y compensatorio, su ámbito de aplicación y las cláusulas penales, si las hubiera.

d. La tasa de costo efectivo anual, que incluye todas las cuotas por monto del principal e intereses, todos los cargos por comisiones, los gastos por servicios provistos por terceros o cualquier otro gasto en los que haya incurrido el proveedor, que, de acuerdo a lo pactado, son trasladados al consumidor, incluidos los seguros, cuando corresponda. No se incluyen en este cálculo aquellos pagos por servicios provistos por terceros que directamente son pagados por el consumidor, los que deben ser incluidos en el contrato.

e. El monto y detalle de las comisiones y gastos que se trasladan al cliente, si los hubiera.

Tratándose de los seguros se debe informar el monto de la prima, el nombre de la compañía de seguros que emite la póliza y el número de la póliza en caso corresponda.

f. La cantidad total a pagar por el producto o servicio, que está compuesta por el precio al contado más intereses, gastos y comisiones, de ser el caso.

g. El derecho de efectuar el pago adelantado de las cuotas.

h. El derecho de efectuar el pago anticipado o prepago de los saldos, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar.

i. Los alcances y obligaciones puntuales de las garantías y avales, si los hubiera.

j. El cronograma de pagos, el cual incluye el número de cuotas o pagos a realizar, su periodicidad y fecha de pago, desagregados los conceptos que integran la cuota, tales como la amortización del principal, intereses, prima por seguros, si los hubiera, entre otros; así como todos los beneficios pactados por el pago a tiempo; todo lo cual se debe sujetar a las condiciones expresamente pactadas entre las partes.

k. Cualquier otra información relevante.

En los contratos de crédito, compraventa a plazo o prestación de servicios con pago diferido, se calculan los intereses sobre el precio al contado menos la cuota inicial pagada. Los intereses se calculan exclusivamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y su pago no puede ser exigido por adelantado sino por períodos vencidos.

En el caso de créditos que sean objeto de un refinanciamiento, el proveedor se encuentra en la obligación de informar al consumidor sobre todos los alcances y consecuencias de dicha operación, para lo cual se debe remitir un nuevo cronograma y hoja resumen.

TÍTULO V

RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

Capítulo I

Responsabilidad del proveedor y derechos del consumidor

Artículo 97.- Derechos de los consumidores

Los consumidores tienen derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio, o a la devolución de la contraprestación pagada en los siguientes casos:

a. Cuando los que ostenten una certificación de calidad no cumplan con las especificaciones correspondientes.

b. Cuando los materiales, elementos, substancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostentan.

c. Cuando el producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias o por los vicios ocultos, en su caso, no sea apto para el uso al cual está destinado.

d. Cuando la entrega del producto o la prestación del servicio no se efectúe en su debida oportunidad y su ejecución no resulte útil para el consumidor.

e. Cuando la ley de los metales de los artículos de joyería u orfebrería sea inferior a la que en ellos se indique.

f. Cuando el producto o servicio no se adecue razonablemente a los términos de la oferta, promoción o publicidad.

g. Cuando hecha efectiva la garantía legal subsistan los defectos del producto o no permitan cumplir con su finalidad.

En caso de que se adquiera un producto con una garantía voluntaria, se sujeta a los términos de esta, sin perjuicio de los derechos legales del consumidor.

De devolverse el monto pagado, debe tomarse como base el valor del producto o servicio en el momento de la devolución. Si el valor del producto o del servicio es menor en el momento de la devolución, se debe restituir el precio o retribución originalmente abonado. En ambos casos se pagan intereses legales o convencionales, si los hubiera.

Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a que hubiera lugar.

Artículo 98.- Derechos del consumidor frente a los defectos en la cantidad

Los consumidores tienen derecho a la reposición del producto o a la devolución de la cantidad pagada en exceso, en los casos siguientes:

a. Cuando, considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto de un producto sea inferior al que debiera ser o menor al indicado en el envase o empaque.

b. Cuando el consumidor advierta que un instrumento empleado para la medición opera o ha sido utilizado en su perjuicio, fuera de los límites de tolerancia fijados por la autoridad competente para este tipo de instrumentos.

La reclamación del derecho establecido en los literales a y b debe presentarse al proveedor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se advierta la deficiencia de la medición o del instrumento empleado para ella.

El proveedor incurre en mora si no satisface la reclamación dentro de un plazo de quince (15) días hábiles.

Artículo 99.- Pagos en exceso

Los pagos hechos en exceso del precio estipulado son recuperables por el consumidor y devengan hasta su devolución el máximo de los intereses compensatorios y moratorios que se hayan pactado, y en su defecto el interés legal. La acción para solicitar la devolución de estos pagos prescribe a los dos (2) años contados a partir de la fecha en que tuvo lugar el pago. En el caso de pagos indebidos, el plazo de prescripción es de cinco (5) años.

Capítulo II

Responsabilidad civil

Artículo 100. - Responsabilidad civil

El proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias que se puedan imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas complementarias de protección al consumidor.

Artículo 101. - Responsabilidad civil por productos defectuosos

El proveedor es responsable de los daños y perjuicios causados a la integridad física de los consumidores o a sus bienes por los defectos de sus productos. La responsabilidad civil por productos defectuosos es objetiva, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1970 del Código Civil.

La responsabilidad de los diversos proveedores de un producto conforme a este artículo es solidaria. Sin perjuicio de ello, cada proveedor tiene derecho a repetir contra el que le suministró el producto defectuoso u originó el defecto.

Artículo 102. - Definición de producto defectuoso

Es producto defectuoso el que no ofrece la seguridad a la que las personas tienen derecho, tomando en consideración las circunstancias relevantes, tales como:

a. El diseño del producto.

b. La manera en la cual el producto ha sido puesto en el mercado, incluyendo su apariencia, el uso de cualquier marca, la publicidad referida al mismo y el empleo de instrucciones

o advertencias.

c. El uso previsible del producto.

d. Los materiales, el contenido y la condición del producto.

Artículo 103. - Daños indemnizables

La indemnización comprende todas las consecuencias causadas por el defecto, incluido el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.

Capítulo III

Responsabilidad administrativa

Subcapítulo I

Disposiciones generales

Artículo 104. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

Artículo 105. - Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal; o celebrar convenios con instituciones públicas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes sobre el particular.

Artículo 106. - Procedimientos a cargo del Indecopi

El Indecopi tiene a su cargo los siguientes procedimientos:

a. Procedimientos sancionadores:

(i) Por infracción a las normas de protección al consumidor.

(ii) Por incumplimiento de acuerdo conciliatorio o de laudo arbitral.

(iii) Procedimiento administrativo sancionador por:

1. Proporcionar información falsa u ocultar, destruir o alterar información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido durante la tramitación de un procedimiento.

2. Negativa injustificada a cumplir un requerimiento de información efectuado.

3. Denuncia maliciosa.

b. Procedimientos sancionadores por incumplimiento de mandatos:

(i) Por incumplimiento de medidas correctivas.

(ii) Por incumplimiento de pago de costas y costos del procedimiento.

(iii) Por incumplimiento de mandato cautelar.

c. Procedimiento de liquidación de costas y costos del procedimiento

De manera supletoria, en todo lo no previsto en el presente Código y en las disposiciones especiales, es aplicable a los procedimientos administrativos anteriormente señalados, la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Subcapítulo II

Procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor

Artículo 107. - Postulación del proceso

Los procedimientos sancionadores se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o de una asociación de consumidores en representación de sus asociados o apoderados o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. En este último caso, la asociación de consumidores actúa como tercero legitimado sin gozar de las facultades para disponer derechos de los consumidores afectados, salvo de sus asociados o de las personas que le hayan otorgado poder para tal efecto. Tanto el consumidor constituido como parte como el tercero legitimado pueden participar en el procedimiento e interponer los recursos contra la resolución que deniegue el inicio del procedimiento y contra cualquier otra resolución impugnable que les produzca agravio.

Artículo 108. - Infracciones administrativas

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores.

También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o de laudos arbitrales y aquellos previstos en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Artículo 109. - Medidas cautelares

En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, el Indecopi puede, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva:

a. La cesación de los actos materia de denuncia.

b. El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y de cualquier otro bien que sea materia de denuncia.

c. La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia.

d. El cierre temporal del establecimiento del denunciado.

e. Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de este.

El Indecopi puede, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada. En caso de existir peligro actual o inminente si es que no se adoptan las medidas cautelares correspondientes, el secretario técnico puede imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la comisión. La comisión ratifica o levanta la medida cautelar impuesta. El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos en materia de protección al consumidor goza también de la facultad de ordenar medidas cautelares.

Artículo 110. - Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.

Artículo 111. - Responsabilidad de los administradores

Excepcionalmente, y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, las personas que ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor son responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa.

En los casos referidos en el primer párrafo, además de la sanción que, a criterio del Indecopi, corresponde imponer a los infractores , se puede imponer una multa de hasta cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos de dirección o administración según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.

Artículo 112. - Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.

2. La probabilidad de detección de la infracción.

3. El daño resultante de la infracción.

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.

5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

Se consideran circunstancias agravantes especiales, las siguientes:

1. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso.

2. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental.

3. Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad del consumidor.

4. Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias.

5. Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores.

6. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas, dependiendo de cada caso particular.

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

1. La subsanación voluntaria por parte del proveedor del acto u omisión imputado como presunta infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

2. La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria que coincida con la medida correctiva ordenada por el Indecopi.

3. Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la misma y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma.

4. Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en el presente Código, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente:

a. El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa a dicho programa.

b. Que el programa cuenta con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Código.

c. Que existen mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el cumplimiento del Código.

d. Que el programa cuenta con mecanismos para su monitoreo, auditoría y para el reporte de eventuales incumplimientos.

e. Que cuenta con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales incumplimientos al Código.

f. Que los eventuales incumplimientos son aislados y no obedecen a una conducta reiterada.

5. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas dependiendo de cada caso particular.

Artículo 113. - Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

Artículo 114. - Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el In decopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

Artículo 115. - Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

a. Reparar productos.

b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.

c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.

d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.

e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.

f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.

g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.

h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.

i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116. - Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.

b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.

c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.

d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:

(i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.

(ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

Artículo 117. - Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

Artículo 118. - Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

Artículo 119. - Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

Artículo 120. - Comiso de productos y destino de los mismos

En el caso de que se ordene el comiso de productos, sea de manera provisional o definitiva, estos son depositados en el lugar que, para el efecto, señale el Indecopi, por cuenta, costo y riesgo del infractor, debiendo designarse al depositario en el propio acto de la diligencia. El depositario, al aceptar el cargo, es instruido de sus obligaciones y responsabilidades. Los gastos incurridos por el accionante para el comiso de productos son considerados costas del procedimiento.

Consentida la resolución de primera o segunda instancia, o confirmada esta por el Poder Judicial, los productos comisados son adjudicados por el Consejo Directivo del Indecopi a entidades estatales que desarrollan labores o programas de apoyo social, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sus unidades ejecutoras, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad o a instituciones privadas sin fines de lucro o a actividades benéficas, las que deben garantizar que dichos productos no sean comercializados. En caso de atentar contra la salud o el orden público, los productos deben ser destruidos.

Artículo 121. - Plazo de prescripción de la infracción administrativa

Las infracciones al presente Código prescriben a los dos (2) años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una infracción continuada.

Para el cómputo del plazo de prescripción o su suspensión se aplica lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 122. - Prescripción de la sanción

La acción para que la autoridad administrativa pueda exigir el cumplimiento de las sanciones impuestas por infracciones al presente Código prescribe a los tres (3) años contados desde el día siguiente a aquel en que la resolución por la que se impone la sanción queda firme.

Interrumpe la prescripción de la sanción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución coactiva. El cómputo del plazo se vuelve a iniciar si el procedimiento de ejecución coactiva permanece paralizado durante más de treinta (30) días hábiles por causa no imputable al infractor.

La prescripción se suspende cuando se haya dictado una medida cautelar o concurra cualquier otra situación equivalente que impida el inicio o suspenda el procedimiento de ejecución coactiva.

Artículo 123. - Recopilación de información por la autoridad

El secretario técnico y la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi están facultados para reunir información relativa a las características y condiciones de los productos o servicios que se expenden en el mercado, con el objeto de informar al consumidor para permitirle tomar una adecuada decisión de consumo.

Los procedimientos seguidos ante el Indecopi tienen carácter público. En esa medida, el secretario técnico y la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi se encuentran facultados para disponer la difusión de información vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente en atención a los intereses de los consumidores afectados y no constituya violación de secretos comerciales o industriales.

Subcapítulo III

Procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor

Artículo 124. - Órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor

A efectos de establecer un procedimiento especial de protección al consumidor de carácter célere o ágil para los casos en que ello se requiera por la cuantía o la materia discutida, el Consejo Directivo del Indecopi crea órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, que se encuentran adscritos a las sedes de la institución a nivel nacional u oficinas regionales en las que exista una Comisión de Protección al Consumidor o una comisión con facultades desconcentradas en esta materia.

Artículo 125.- Competencia de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor

Cada órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al Consumidor es competente para conocer, en primera instancia administrativa, denuncias cuya cuantía, determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como aquellas denuncias que versen exclusivamente sobre requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza y demora en la entrega del producto, con independencia de su cuantía. Asimismo, es competente para conocer, en primera instancia, denuncias por incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de acuerdo conciliatorio e incumplimiento y liquidación de costas y costos. No puede conocer denuncias que involucren reclamos por productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o trato diferenciado, servicios médicos, actos que afecten intereses colectivos o difusos y los que versen sobre productos o servicios cuya estimación patrimonial supera tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o son inapreciables en dinero.

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi o la comisión con facultades desconcentradas en esta materia, según corresponda, constituye la segunda instancia administrativa en este procedimiento sumarísimo, que se tramita bajo las reglas establecidas por el presente subcapítulo y por la directiva que para tal efecto debe aprobar y publicar el Consejo Directivo del Indecopi.

Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.

Artículo 126.- Reglas para la tramitación del procedimiento sumarísimo de protección al consumidor

El procedimiento sumarísimo que establece el presente subcapítulo desarrolla su trámite de conformidad con las siguientes reglas:

a. Debe tramitarse y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles por instancia, en observancia de las normas que establece el presente Código, incluyendo las que prevén infracciones y habilitan la imposición de sanciones, multas y medidas correctivas siendo de aplicación supletoria las disposiciones del Procedimiento Único previsto en el Título V del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi en todo aquello que no contradiga su naturaleza y celeridad.

b. Las partes únicamente pueden ofrecer medios probatorios documentales, sin perjuicio de la facultad de la autoridad para requerir, de oficio, la actuación de algún medio probatorio de naturaleza distinta.

c. La resolución de la correspondiente comisión o, de ser el caso, del Tribunal da por agotada la vía administrativa.

Artículo 127. - Designación del jefe de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor

El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se encuentra a cargo de un jefe, que cuenta con autonomía técnica y funcional, que es designado por el Consejo Directivo del Indecopi y que resuelve en primera instancia administrativa los procedimientos sumarísimos iniciados a pedido de parte, de conformidad con la presente disposición. Para su designación y remoción son de aplicación las normas del Decreto Legislativo núm. 1033, que regulan la designación y vacancia de los comisionados.

Las demás disposiciones procedimentales que resulten necesarias son aprobadas por el Consejo Directivo del Indecopi, quedando su presidente facultado para adoptar las acciones administrativas y de personal que se requieran para la implementación y funcionamiento de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, a nivel nacional.

TÍTULO VI

DEFENSA COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 128. - Defensa colectiva de los consumidores

El ejercicio de las acciones en defensa de los derechos del consumidor puede ser efectuado a título individual o en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores. Para estos efectos se entiende por:

a. Interés colectivo de los consumidores.- Son acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores que se encuentren ligados con un proveedor y que pueden ser agrupados dentro de un mismo grupo o clase.

b. Interés difuso de los consumidores.- Son acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados.

Artículo 129.- Procedimientos administrativos en defensa colectiva de los consumidores

Las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas por el Indecopi están legitimadas para formular denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor y ante los demás órganos funcionales competentes del Indecopi, en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores o de los potencialmente afectados.

El órgano funcional competente del Indecopi califica la denuncia y otros elementos y decide el inicio del procedimiento administrativo en defensa colectiva de los consumidores. De igual manera, por propia iniciativa, puede iniciar este tipo de procedimiento o continuar de oficio cualquier otro cuando considera que puede estar afectándose el interés colectivo de los consumidores.

Las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas están también legitimadas para formular denuncias en defensa de intereses difusos o colectivos ante los organismos reguladores de los servicios públicos.

Artículo 130. - Procesos judiciales para la defensa de intereses difusos de los consumidores

El Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, se encuentra legitimado para promover de oficio procesos judiciales relacionados a los temas de su competencia en defensa de los intereses difusos de los consumidores, conforme al artículo 82 del Código Procesal Civil. Las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas pueden promover tales procesos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal Civil.

Artículo 131. - Procesos judiciales para la defensa de intereses colectivos de los consumidores

131.1 El Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, está facultado para promover procesos en defensa de intereses colectivos de los consumidores, los cuales se tramitan en la vía sumarísima, siendo de aplicación, en cuanto fuera pertinente, lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Asimismo, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede delegar la facultad señalada en el presente párrafo a las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas, siempre que cuenten con la adecuada representatividad y reconocida trayectoria.

131.2 En estos procesos se pueden acumular las pretensiones de indemnización por daños y perjuicios, reparación o sustitución de productos, reembolso de cantidades indebidamente pagadas y, en general, cualquier otra pretensión necesaria para proteger el interés y los derechos de los consumidores afectados, que guarde conexidad con aquellas.

131.3 El juez confiere traslado de la demanda el mismo día que se efectúan las publicaciones a las que se hace referencia en el artículo 82 del Código Procesal Civil. El Indecopi representa a todos los consumidores afectados por los hechos en que se funda el petitorio si aquellos no manifiestan expresamente y por escrito su voluntad de no hacer valer su derecho o de hacerlo por separado, dentro del plazo de treinta (30) días de realizadas dichas publicaciones.

131.4 Una vez consentida o ejecutoriada la sentencia que ordena el cumplimiento de la obligación demandada, ésta es cobrada por el Indecopi, el cual luego prorratea su monto o vela por su ejecución entre los consumidores que se apersonen ante dicho organismo, acreditando ser titulares del derecho discutido en el proceso.

131.5 Transcurrido un (1) año desde la fecha en que el Indecopi cobra efectivamente la indemnización, el saldo no reclamado se destina a un fondo especial para el financiamiento y la difusión de los derechos de los consumidores, de información relevante para los mismos y del sistema de patrocinio de intereses de los consumidores.

131.6 Mediante decreto supremo se establece los alcances y mecanismos para llevar a cabo el adecuado uso del fondo mencionado en el párrafo 131.5 y para la promoción del patrocinio de intereses de los consumidores. Asimismo, se regula los procedimientos de distribución del monto obtenido o de ejecución de las obligaciones en favor de los consumidores afectados.

131.7 Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, el Indecopi puede representar los intereses individuales de los consumidores ante cualquier autoridad pública o cualquier otra persona o entidad privada, bastando para ello la existencia de una simple carta poder suscrita por el consumidor afectado. Tal poder faculta al Indecopi a exigir y ejecutar cualquier derecho del consumidor en cuestión.

131.8 Las asociaciones de consumidores facultadas por el Indecopi que promueven estos procesos los efectúan mediante el mismo procedimiento, en lo que les fuera aplicable y conforme al decreto supremo que reglamenta los procesos judiciales por intereses colectivos de los consumidores y el fondo a que se refiere el párrafo 131.5.

TÍTULO VII

SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Capítulo I

Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor

Artículo 132.- Creación del Sistema Nacional Integrado de Protección del

Consumidor

Créase el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos destinados a armonizar las políticas públicas con el fin de optimizar las actuaciones de la administración del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas de protección y defensa del consumidor en todo el país, en el marco de las atribuciones y autonomía de cada uno de sus integrantes.

Artículo 133. - Consejo Nacional de Protección del Consumidor

El Consejo Nacional de Protección del Consumidor constituye un órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros y es presidido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y de ente rector del sistema. Está integrado además por:

a. Un (1) representante del Ministerio de la Producción.

b. Un (1) representante del Ministerio de Salud.

c. Un (1) representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

d. Un (1) representante del Ministerio de Educación.

e. Un (1) representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

f. Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

g. Un (1) representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

h. Un (1) representante de los gobiernos regionales.

i. Un (1) representante de los gobiernos locales.

j. Un (1) representante de los organismos reguladores de los servicios públicos.

k. Tres (3) representantes de las asociaciones de consumidores.

l. Un (1) representante de los gremios empresariales.

m. Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo, que actúa como observador.

Para la aplicación de lo señalado en el presente artículo, se dictan las medidas reglamentarias por las cuales se establecen los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las entidades y gremios.

La participación en el Consejo Nacional de Protección del Consumidor es ad honórem, no genera pago alguno, ni de dieta, honorario o remuneración por parte del Estado a favor de sus integrantes.

Artículo 134. - Funciones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor

Son funciones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor ejecutadas en coordinación con la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor las siguientes:

a. Proponer y armonizar la política nacional de protección y defensa del consumidor, así como el Plan Nacional de Protección de los Consumidores, que deben ser aprobados por la

Presidencia del Consejo de Ministros.

b. Formular recomendaciones sobre la priorización de acciones en determinados sectores de consumo y sobre la generación de normas sobre protección de los consumidores.

c. Emitir opinión sobre programas y proyectos en materia de protección del consumidor que se sometan a su consideración.

d. Promover la creación del sistema de información y orientación a los consumidores, con alcance nacional, en coordinación con los demás sectores público y privado.

e. Promover la creación del sistema de información sobre legislación, jurisprudencia y demás acciones y decisiones relevantes en materia de relaciones de consumo.

f. Promover el sistema de alerta y actuación oportuna frente a los productos y servicios peligrosos que se detecten en el mercado.

g. Evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención y solución de conflictos en las relaciones de consumo, con la progresiva participación de los gobiernos locales y regionales que hayan sido acreditados por la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor para tal función.

h. Canalizar la comunicación entre el sector público y privado a fin de promover una cultura de protección de los derechos de los consumidores y lograr una visión conjunta sobre las acciones necesarias para ello.

i. Promover y apoyar la participación ciudadana, a través de asociaciones de consumidores, quienes pueden gestionar ante los demás órganos del Estado y entes de cooperación el financiamiento para sus actividades y funcionamiento.

Artículo 135. - Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, ejerce las atribuciones y funciones que le confieren las leyes para velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código, sin perjuicio de las atribuciones y autonomía de los demás integrantes del sistema.

Artículo 136. - Funciones de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Sin perjuicio de las facultades y funciones establecidas en el ordenamiento legal vigente, son funciones del Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, las siguientes:

a. Ejecutar la política nacional de protección del consumidor y el Plan Nacional de Protección de los Consumidores.

b. Proponer la normativa en materia de consumo, con la opinión de los sectores productivos y de consumo.

c. Formular y ejecutar las acciones necesarias para fortalecer la protección del consumidor y los mecanismos para la defensa de sus derechos.

d. Implementar los mecanismos de prevención y solución de conflictos en las relaciones de consumo, de acuerdo con el ámbito de su competencia.

e. Implementar el sistema de información y orientación a los consumidores con alcance nacional.

f. Coordinar la implementación del sistema de información sobre legislación, jurisprudencia y demás acciones y decisiones relevantes en materia de relaciones de consumo.

g. Coordinar la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna frente a los productos y servicios peligrosos que se detecten en el mercado.

h. Elaborar y presentar el informe anual del estado de la protección de los consumidores en el país así como sus indicadores.

i. Coordinar y presidir el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor.

j. En su calidad de ente rector del sistema, emitir directivas para la operatividad del mismo, respetando la autonomía técnico-normativa, funcional, administrativa, económica y constitucional, según corresponda, de los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor.

Capítulo II

Justicia de consumo

Subcapítulo I

Sistema de Arbitraje de Consumo

Artículo 137. - Creación del Sistema de Arbitraje de Consumo

Créase el Sistema de Arbitraje de Consumo con el objetivo de resolver de manera sencilla, gratuita, rápida y con carácter vinculante, los conflictos entre consumidores y proveedores.

Artículo 138. - Las juntas arbitrales

La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor constituye las juntas arbitrales en cada localidad, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, a fin de que éstas organicen el sistema y lo promuevan entre los agentes del mercado y los consumidores.

Artículo 139. - Órganos arbitrales

Los órganos arbitrales son los encargados de resolver los conflictos de consumo. Están integrados por árbitros nominados por los representantes de los sectores empresariales interesados, las organizaciones de consumidores y usuarios, y la administración.

Artículo 140. - Carácter voluntario

La sumisión de las partes al Sistema Arbitral de Consumo es voluntaria y debe constar por escrito o en cualquier otro medio fehaciente.

Artículo 141. - Distintivo del Sistema de Arbitraje de Consumo

Los proveedores que se adhieran al Sistema de Arbitraje de Consumo quedan autorizados para ostentar en su publicidad, vitrinas, papel membretado y otros medios de difusión un distintivo especialmente creado, para que el público pueda identificarlos como parte del sistema de solución de conflictos.

Artículo 142. - Lineamientos generales para la armonización de criterios

La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor se encarga de establecer los lineamientos generales de interpretación de las normas para establecer un sistema de información oportuna y eficiente que permita armonizar criterios legales en todas las juntas arbitrales de consumo a nivel nacional.

Artículo 143. - Intereses colectivos

El sometimiento de una controversia a arbitraje, conciliación o mediación no impide a la autoridad competente basarse en los mismos hechos como indicios de una infracción a las normas del presente Código para iniciar investigaciones y procedimientos de oficio por propia iniciativa que tengan por objeto la protección del interés colectivo de los consumidores.

La existencia de un arbitraje en trámite en el que se discute la posible afectación del interés particular de un consumidor, por hechos similares a los que son objeto de un procedimiento por afectación a intereses colectivos, no impide ni obstaculiza el trámite de este último.

En cualquier caso y aun cuando en la mediación o conciliación las partes arriben a un acuerdo, la autoridad competente puede iniciar por propia iniciativa o continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que pueden estar afectándose intereses colectivos.

Artículo 144. - Exigibilidad de los laudos arbitrales y acuerdos

El laudo arbitral firme y el acta suscrita por las partes que contiene un acuerdo conciliatorio celebrado entre consumidor y proveedor, conforme a los mecanismos señalados en el presente capítulo, constituyen título ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

El incumplimiento de un acuerdo conciliatorio o laudo celebrado entre consumidor y proveedor constituye una infracción al presente Código. En estos casos, si el obligado a cumplir con un acuerdo o laudo no lo hace, se le impone automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se toman en cuenta los criterios establecidos en el artículo 112 de este Código. Dicha multa debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, el Indecopi puede imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla con lo acordado. Las multas impuestas no impiden al Indecopi imponer una multa o sanción distinta al final de un procedimiento, de ser el caso. Asimismo, el Indecopi es competente para ordenar las medidas correctivas enunciadas en el presente Código. Este artículo es de aplicación para todos los acuerdos conciliatorios válidos celebrados entre consumidor y proveedor, incluidos aquellos obtenidos ante instituciones sin convenio con el Indecopi.

Subcapítulo II

Mecanismos alternativos de solución de conflictos

Artículo 145. - Arbitraje

El sometimiento voluntario del consumidor al arbitraje de consumo excluye la posibilidad de que éste inicie un procedimiento administrativo por infracción a las normas del presente Código o que pretenda beneficiarse con una medida correctiva dictada por la autoridad de consumo en los procedimientos que ésta pueda seguir para la protección del interés público de los consumidores.

Artículo 146. - Laudo arbitral

El laudo arbitral que se emite en un arbitraje de consumo no es vinculante para la autoridad administrativa para que inicie o continúe de oficio un procedimiento administrativo en defensa del interés público de los consumidores.

Artículo 147. - Conciliación

Los consumidores pueden conciliar la controversia surgida con el proveedor con anterioridad e incluso durante la tramitación de los procedimientos administrativos por infracción a las disposiciones de protección al consumidor a que se refiere el presente Código.

Los representantes de la autoridad de consumo autorizados para tal efecto pueden promover la conclusión del procedimiento administrativo mediante conciliación.

En la conciliación, el funcionario encargado de dirigir la audiencia, previo análisis del caso, puede intentar acercar las posiciones de las partes para propiciar un arreglo entre ellas o, alternativamente, propone una fórmula de conciliación de acuerdo con los hechos que son materia de controversia en el procedimiento, la que es evaluada por las partes en ese acto a fin de manifestar su posición o alternativas al respecto. La propuesta conciliatoria no genera responsabilidad de la persona encargada de la diligencia ni de la autoridad administrativa, debiendo constar ello en el acta correspondiente así como la fórmula propuesta.

Artículo 148. - Mediación

Los consumidores pueden someter a mediación la controversia surgida con el proveedor con anterioridad a la tramitación de un procedimiento administrativo por infracción a las disposiciones de este Código.

Artículo 149. - Acta de mediación

La propuesta que puede plantear el denunciado no constituye reconocimiento de los hechos denunciados, salvo que así lo señale de manera expresa.

Subcapítulo III

El libro de reclamaciones

Artículo 150. - Libro de reclamaciones

Los establecimientos comerciales deben contar con un libro de reclamaciones, en forma física o virtual. El reglamento establece las condiciones, los supuestos y las demás especificaciones para el cumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo.

Artículo 151. - Exhibición del libro de reclamaciones

A efectos del artículo 150, los establecimientos comerciales deben exhibir, en un lugar visible y fácilmente accesible al público, un aviso que indique la existencia del libro de reclamaciones y el derecho que tienen los consumidores de solicitarlo cuando lo estimen conveniente.

Artículo 152. - Entrega del libro de reclamaciones

Los consumidores pueden exigir la entrega del libro de reclamaciones para formular su queja o reclamo respecto de los productos o servicios ofertados. Los establecimientos comerciales tienen la obligación de remitir al Indecopi la documentación correspondiente al libro de reclamaciones cuando éste le sea requerido. En los procedimientos sancionadores, el proveedor denunciado debe remitir la copia de la queja o reclamo correspondiente junto con sus descargos.

Capítulo III

Asociaciones de consumidores

Artículo 153. - Rol de las asociaciones de consumidores

153.1 Las asociaciones de consumidores son organizaciones que se constituyen de conformidad con las normas establecidas para tal efecto en el Código Civil. Su finalidad es proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios.

153.2 Las asociaciones de consumidores reconocidas por el Indecopi están legitimadas para interponer reclamos y denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor y los demás órganos funcionales competentes del Indecopi a nombre de sus asociados y de las personas que les hayan otorgado poder para tal efecto, así como en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores.

153.3 En la vía judicial pueden promover procesos en defensa de los intereses difusos o colectivos de los consumidores, sujetándose a lo previsto en los artículos 130 y 131.

153.4 La legitimidad de las asociaciones de consumidores se extiende también para actuar a nombre de sus asociados y de las personas que les hayan otorgado poder ante los organismos reguladores de los servicios públicos en los procesos en materia de protección al consumidor, así como en defensa de los intereses difusos o colectivos de los consumidores.

153.5 Mediante resolución de Consejo Directivo el Indecopi establece los órganos funcionales competentes a que se refiere el párrafo 153.2.

Artículo 154. - Prohibiciones para las asociaciones de consumidores

Para efectos de la independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores, estas no pueden:

a. Incluir como asociadas a personas jurídicas con fines de lucro.

b. Percibir financiamiento de los proveedores que comercializan productos y servicios.

c. Dedicarse a actividades distintas a su finalidad o incompatibles con ella.

d. Destinar los fondos públicos entregados por concepto de multas para una finalidad distinta a la asignada.

e. Actuar con manifiesta temeridad presentando denuncias maliciosas debidamente sancionadas en la vía administrativa o judicial.

f. Incumplir las disposiciones establecidas por el presente Código o las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del Indecopi sobre la materia.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones es sancionado por el Indecopi con la suspensión o la cancelación del registro especial hasta por un período de dos (2) años, previo procedimiento, teniendo en cuenta la gravedad o el reiterado incumplimiento de las disposiciones establecidas para estos efectos.

Artículo 155. - Reconocimiento y registro de las asociaciones de consumidores

Para el reconocimiento de las asociaciones de consumidores, deben encontrarse inscritas en el registro especial a cargo del Indecopi, y cumplir los siguientes requisitos:

a. Encontrarse inscritas en los registros públicos.

b. Tener las finalidades señaladas en el artículo 153, bien sea de carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados.

c. Cualquier otra obligación que establezca el Indecopi sobre el particular o en coordinación con los organismos reguladores de los servicios públicos.

El Indecopi establece mediante resolución de Consejo Directivo los mecanismos para la inscripción de las asociaciones de consumidores en el registro especial.

Artículo 156. - Convenios de cooperación institucional

156.1 El Indecopi y los organismos reguladores de los servicios públicos pueden celebrar convenios de cooperación institucional con asociaciones de consumidores reconocidas y debidamente inscritas en el registro especial. La firma del convenio de cooperación institucional otorga la posibilidad de que el Indecopi y los organismos reguladores de los servicios públicos puedan disponer que un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos promovidos por estas asociaciones de consumidores les sea entregado. En cada caso, dicho porcentaje no puede exceder el cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta y constituye fondos públicos.

156.2 Los porcentajes entregables a las asociaciones de consumidores deben ser utilizados a efectos de implementar acciones específicas de promoción y defensa de los intereses de los consumidores y un monto no mayor del cinco por ciento (5%) del porcentaje que se les entrega puede ser utilizado para su funcionamiento a efectos del desarrollo de su finalidad, en las condiciones que establece el reglamento.

156.3 Corresponde a la Contraloría General de la República supervisar que las asociaciones de consumidores destinen los recursos recaudados por concepto de multa para los fines señalados en el párrafo 156.2. El incumplimiento de dicha finalidad conlleva a resolver el Convenio de Cooperación Institucional e iniciar las acciones administrativas y penales que correspondan.

156.4 Los requisitos para la celebración de los convenios y para que la entrega de los fondos cumpla con la finalidad asignada son establecidos por el Indecopi y los organismos reguladores, respectivamente, mediante resolución de Consejo Directivo.

Artículo 157. - Criterios para la graduación del porcentaje entregable de la multa impuesta

Al momento de determinar el porcentaje de las multas administrativas entregable a las asociaciones de consumidores en los procedimientos promovidos por éstas, la autoridad competente debe evaluar, como mínimo, los siguientes criterios:

a. Labor de investigación desarrollada por la asociación de consumidores de forma previa a la presentación de la denuncia.

b. Participación de la asociación de consumidores durante el procedimiento iniciado.

c. Trascendencia en el mercado de la presunta conducta infractora denunciada, impacto económico de la misma y perjuicios causados en forma previa o que puedan ser causados de forma potencial a los consumidores con relación a la misma.

d. Otros que se determinen en el análisis específico de cada procedimiento.

Artículo 158. - Responsabilidad de la asociación y sus representantes legales

En caso de producirse daño al proveedor por denuncia maliciosa, son responsables solidarios del daño causado tanto la asociación como los representantes legales de esta que participaron con dolo en el planeamiento o realización de la denuncia.

En caso de producirse daño a los consumidores por el mal accionar de la asociación, son responsables tanto la asociación como los representantes de ésta que participaron con dolo o culpa en ello, de acuerdo con las normas del Código Civil.

Artículo 159. - Aplicación supletoria para los servicios públicos

Las reglas incluidas en el presente capítulo se aplican, de manera supletoria, a las disposiciones de los organismos reguladores de los servicios públicos.

Capítulo IV

Calidad y normalización en la producción de productos y servicios

Artículo 160. - Promoción de normas técnicas peruanas

El Estado promueve la calidad de los productos y servicios fomentando la estandarización a través de las Normas Técnicas Peruanas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Implementación y ejecución del Sistema Nacional Integrado de

Protección del Consumidor y del Sistema de Arbitraje de Consumo

La implementación y la ejecución del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor y del Sistema de Arbitraje de Consumo se sujetan al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

SEGUNDA.- Competencia en servicios de administración de fondos de pensiones

De acuerdo con lo establecido en su ley y las normas reglamentarias que emita sobre el particular, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones resuelve en forma exclusiva las controversias de los consumidores afiliados a una administradora privada de fondos de pensiones o empresa de seguros en productos o mercados relacionados al Sistema Privado de Pensiones y vinculadas a los temas detallados en los títulos IV, V y VII del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y normas complementarias, que puedan constituir infracciones a las disposiciones del presente Código o a las normas complementarias en materia de protección al consumidor.

A dichos efectos, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones puede imponer medidas cautelares y disponer la aplicación de las medidas correctivas reparadoras y complementarias detalladas en el presente Código.

El Indecopi es competente para conocer los demás casos de controversias de los consumidores afiliados a una administradora privada de fondos de pensiones o empresa de seguros en productos o mercados relacionados al Sistema Privado de Pensiones que puedan constituir infracciones a las disposiciones del presente Código o a las normas complementarias en materia de protección al consumidor, conforme a lo dispuesto en el capítulo III del título V. Para estos efectos, en los procedimientos administrativos sancionadores iniciados ante el Indecopi, para cuya resolución se requiera interpretar los alcances de las normas que rigen el Sistema Privado de Pensiones o pronunciarse sobre materias que versan sobre la operatividad del Sistema Privado de Pensiones, el órgano funcional competente del Indecopi a cargo del procedimiento en primera instancia debe contar con la opinión escrita de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones antes de emitir su decisión final.

TERCERA.- Reglamentación posterior

En el plazo de ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo expide las disposiciones reglamentarias de lo dispuesto en el artículo 37; del Sistema de Arbitraje de Consumo creado en los artículos del 137 al 144; del Registro de Infracciones y Sanciones establecido en el artículo 119; del fondo para el financiamiento y la difusión de los derechos de los consumidores a que se refieren los párrafos

131.5 y 131.6 del artículo 131; de la reglamentación de los procedimientos judiciales por intereses colectivos de los consumidores a que se refiere el párrafo 131.8 del referido artículo; del artículo 150 sobre el libro de reclamaciones; y de las condiciones del destino del monto para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores a que se refiere el párrafo 156.2 del artículo 156.

CUARTA.- Vigencia del Código

El presente Código entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de lo señalado en los párrafos siguientes.

Los artículos 36 y 37 entran en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Código.

El subcapítulo III del capítulo III del título V sobre el procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor entra en vigencia a los sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Código, y es de aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de dicha fecha.

QUINTA.- Acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos del consumidor a nivel nacional

A efectos de adecuar la estructura organizativa del Indecopi para ejecutar las acciones requeridas para fortalecer la protección del consumidor, a nivel nacional, en cumplimiento de las normas dispuestas por este Código, facúltase al Indecopi a ejecutar las acciones de personal y la contratación de bienes y servicios que resulten necesarias, quedando para ello exceptuado de las normas sobre medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público contenidas en la Ley núm. 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, así como de las limitaciones establecidas en la Ley núm. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Para los mismos efectos, facúltase al Indecopi a ejecutar la contratación de bienes y servicios necesarios, así como a realizar las inversiones correspondientes, para viabilizar la adecuación prevista en el párrafo anterior, quedando exceptuado de las limitaciones previstas en el Decreto de Urgencia núm. 037-2010, que establece medidas en materia económica y financiera en los pliegos del Gobierno Nacional para el cumplimiento de las metas fiscales del año fiscal 2010.

Las acciones que se realicen al amparo de la presente disposición no generan, en ningún caso, egresos al Tesoro Público, debiendo financiarse con cargo a recursos directamente recaudados. El Indecopi queda obligado a informar trimestralmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República acerca de las acciones ejecutadas en el marco de la presente disposición.

La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de la publicación del presente Código en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

“Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado.”

SEGUNDA.- Adición del párrafo 19.4 al artículo 19 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)

Adiciónase el párrafo 19.4 al artículo 19 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), aprobado por el Decreto Legislativo núm. 1033, con el siguiente texto:

“19.4 En aquellos casos en los que se someta a revisión del órgano judicial competente la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para el inicio y trámite del procedimiento de ejecución coactiva mediante demanda de revisión judicial, la ejecución coactiva sólo será suspendida si el cumplimiento de la obligación es garantizado mediante carta fianza, la que debe cumplir iguales requisitos a los señalados en el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo núm. 009-2009-PCM.”

TERCERA.- Modificación del artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 7 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

“Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Procedimientos en trámite

Las infracciones y los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Código, se rigen por la normativa anterior hasta su conclusión.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogación expresa

Quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente Ley las siguientes normas:

- Decreto Legislativo núm. 716, Sobre Protección al Consumidor.

- Ley núm. 27311, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor.

- Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo núm. 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

- Decreto Legislativo núm. 1045, Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor.

- Decreto Supremo núm. 039-2000-ITINCI, Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor.

- Decreto Supremo núm. 006-2009 -PCM, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor.

- Ley núm. 27917, Ley que Modifica y Precisa los Alcances del Artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, aprobado por Decreto Supremo núm. 039-2000- ITINCI.

- Ley núm. 28300, Ley que Modifica el Artículo 7-A del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo núm. 716, Ley de Protección al Consumidor.

- Ley núm. 27846, Ley que Precisa Alcances del artículo 40 del Decreto Supremo núm. 039-2000-ITINCI, Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor.

- Decreto Supremo núm. 077-2010-PCM, que dispone la obligación de contar con un libro de reclamaciones en los establecimientos abiertos al público que provean bienes y servicios a los consumidores finales.

Toda referencia al Decreto Legislativo núm. 716 o al Decreto Supremo núm. 006-2009- PCM se entenderá efectuada al presente Código a partir de su entrada en vigencia.

SEGUNDA.- Derogación genérica

Deróganse todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente Código.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los catorce días del mes de agosto de dos mil diez.

CÉSAR ZUMAETA FLORES

Presidente del Congreso de la República

ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG

Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de setiembre del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN

Presidente del Consejo de Ministros

CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO I

Derechos de los consumidores y relación consumidor-proveedor

Capítulo I

Derechos de los consumidores

Capítulo II

Información a los consumidores

Subcapítulo I

Información en general

Subcapítulo II

Protección del consumidor frente a la publicidad

Capítulo III

Idoneidad de los productos y servicios

Capítulo IV

Salud y seguridad de los consumidores

Subcapítulo I

Protección a la salud y seguridad de los consumidores

Subcapítulo II

Protección de los consumidores en los alimentos

Capítulo V

Protección de los intereses sociales y económicos

TÍTULO II

Contratos

Capítulo I

Disposiciones generales

Capítulo II

Cláusulas abusivas

Capítulo III

Aprobación administrativa

TÍTULO III

Métodos comerciales abusivos

Capítulo I

Métodos comerciales coercitivos

Capítulo II

Métodos comerciales agresivos o engañosos

Capítulo III

Métodos abusivos en el cobro

TÍTULO IV

La protección del consumidor en productos o servicios específicos

Capítulo I

Servicios públicos regulados

Capítulo II

Productos o servicios de salud

Capítulo III

Productos o servicios educativos

Capítulo IV

Productos o servicios inmobiliarios

Capítulo V

Productos o servicios financieros

Capítulo VI

Servicios de crédito prestados por empresas no supervisadas por la Superintendencia de Banca,

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

TÍTULO V

Responsabilidad y sanciones

Capítulo I

Responsabilidad del proveedor y derechos del consumidor

Capítulo II

Responsabilidad civil

Capítulo III

Responsabilidad administrativa

Subcapítulo I

Disposiciones generales

Subcapítulo II

Procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor

Subcapítulo III

Procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor

TÍTULO VI

Defensa colectiva de los consumidores

TÍTULO VII

Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor

Capítulo I

Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor

Capítulo II

Justicia de consumo

Subcapítulo I

Sistema de Arbitraje de Consumo

Subcapítulo II

Mecanismos alternativos de solución de conflictos

Subcapítulo III

El libro de reclamaciones

Capítulo III

Asociaciones de consumidores

Capítulo IV

Calidad y normalización en la producción de productos y servicios

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

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D´derecho: CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (P...: "CANDIDATOS PARA ELECCIONES 2010 - PAITA Y PIURA (PERU) PAITA PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA: WALTER GARRIDO SILVA,..."

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D´derecho: LA MAMITA MECHE ESTUVO EN PIURA POR EL CONGRESO EU...: "LA MAMITA MECHE ESTUVO EN PIURA POR EL CONGRESO EUCARÍSTICO Y MARIANO ESTUVO EN PIURA NUESTRA MADRE VIRGEN DE LAS MERCEDES POR MOTIVO ..."

D´derecho: PRACTIQUEMOS PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO

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D´derecho: PRACTIQUEMOS PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO: "Muchas veces vamos por la calle y notamos que ciertos vecinos se quejan de sus autoridades, que no hacen obras, que hacen tal o cual cosa, q..."

D´derecho: DEBERES JURÍDICOS Y MORALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

2010-09-02T14:44:00.000-07:00

D´derecho: DEBERES JURÍDICOS Y MORALES DEL SERVIDOR PÚBLICO: "1. FUNCIONARIO Y SERVIDOR PÚBLICO 1.1. SERVIDOR DEL ESTADO Entendemos por servidores del Estado: A los ciudadnos que prestan su trabajo ..."

D´derecho: LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA DELIMITACIÓN DE RESP...

2010-09-02T14:43:00.000-07:00

D´derecho: LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA DELIMITACIÓN DE RESP...: "LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO INDICE PRESEN..."

D´derecho: COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS

2010-09-02T14:42:00.001-07:00

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Derechos humanos

2010-09-02T06:17:00.000-07:00

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS

2010-08-27T01:33:00.000-07:00

I. NIVELES O GRADOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

1) LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES GENERALES DE LOS MUNICIPIOS
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones , TANTO PROMOTORA, NORMATIVA, REGULADORA, DE EJECUCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL, algunas de ellas con carácter exclusivo o compartido, y en algunas veces en coordinación con otros niveles de gobierno. Están se encuentran reunidas en los artículos 75º al 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, las cuales son:

1. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO DEL SUELO:
1.1. Zonificación.
1.2. Catastro urbano y rural.
1.3. Habilitación urbana.
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.
1.5. Acondicionamiento territorial.
1.6. Renovación urbana.
1.7. Infraestructura urbana o rural básica.
1.8. Vialidad.
1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

2. EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
2.2. Transito, circulación y transporte público.
2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.
2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.
2.5. Seguridad ciudadana.
2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.
2.7. Registros civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme a ley..
2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.
2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones.
2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional.

3. EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación municipal.
3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones.
3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

4. EN MATERIA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL
4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural.
4.4. Fomento de la artesanía.
4.5. Fomento del turismo local sostenible.
4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local.
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.
5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.

6. EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES
6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.
6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.
6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.
6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales.

7. EN MATERIA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación con el gobierno regional.
7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación de programas de erradicación del consumo de drogas.
A iniciativa de la municipalidad se podrán organizar comités multisectoriales de prevención del consumo de drogas, con la participación de la sociedad civil, con la finalidad de diseñar, monitorear, supervisar, coordinar y ejecutar programas o proyectos de prevención del consumo de drogas y de conductas de riesgo a nivel local, contando para ello con la asistencia técnica de la comisión nacional de desarrollo de vida(DEVIDA).

FUNCIONES MUNICIPALES
Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización.

EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES
Ninguna persona o autoridad puede ejercer las funciones que son de competencia municipal exclusiva. Su ejercicio constituye usurpación de funciones.
Las normas municipales en las materias establecidas en la presente ley, que estén en concordancia con las normas técnicas de carácter nacional, son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades nacionales y regionales respectivas.
Sólo por ley expresa y con las mismas formalidades exigidas para la aprobación de la presente ley, se establecen regímenes especiales transitorios por los cuales otros organismos públicos pueden ejercer competencias que son exclusivas de las municipalidades. El régimen especial transitorio debe tener un plazo determinado.
Las municipalidades están obligadas a informar y realizar coordinaciones con las entidades con las que compartan competencias y funciones, antes de ejercerlas.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES
Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y funciones exclusivas establecidas en la presente ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala.
Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, así como las condiciones y causales para su revocación.
Los convenios en materia tributaria se rigen por ley especial.
La responsabilidad es indelegable.

AVOCACIÓN
Las municipalidades distritales, ante la falta de cobertura o imposibilidad temporal de prestar algún servicio público de su competencia, pueden solicitar de manera excepcional a la municipalidad provincial, cubrir de manera temporal la demanda de dicho servicio público. El servicio cubierto no deberá afectar la calidad ni el costo del servicio de la municipalidad demandante.
El concejo provincial o la asamblea metropolitana, según sea el caso, determinan la procedencia o no procedencia de la demanda y las condiciones, tiempo y modo en que se ejercerá la competencia por la municipalidad demandada. La resolución puede ser objeto de recurso de reconsideración.

2. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS

SUJECIÓN A LAS NORMAS TÉCNICAS Y CLAUSURA
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia.
Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.

A. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:

1. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y de expansión agrícola y las áreas de conservación ambiental.
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.
1.3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia.
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre:
1.4.1 Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición.
1.4.2 Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural.
1.4.3 Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos.
1.4.4 Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política.
1.4.5 Nomenclatura de calles, parques y vías.
1.4.6 Seguridad del Sistema de Defensa Civil.
1.4.7 Estudios de Impacto Ambiental.
1.5 Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes.
1.6 Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana.

2. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
2.1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.
2.2. Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias de bajos recursos.

3. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia.
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.
3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital.
3.4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas, y la numeración predial.
3.5. Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalización.
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:
3.6.1 Habilitaciones urbanas,
3.6.2 Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica.
3.6.3 Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.
3.6.4 Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación.
3.6.5 Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza.
3.6.6 Las demás funciones establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia.

4. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
4.2. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno regional.
En el saneamiento de la propiedad predial la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal actuará como órgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales, para cuyo efecto se suscribirán los convenios respectivos.

B. SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:

1. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.
1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

2. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión, los servicios de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.
2.2. Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades provinciales del cercado y son coordinados con los órganos nacionales de promoción de la inversión, que ejercen labores de asesoramiento.
2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal.

2.4. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
2.5. Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales, centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
2.6. Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local.

3. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.
3.3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público.
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente
3.5. Expedir carnés de sanidad.

4. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
4.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión los servicios de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo, directamente o por concesión.
4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal.
4.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
4.4. Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
4.5. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.

C. TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones:

1. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial.
1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.
1.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos.
1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.
1.5. Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento.
1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza.
1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de personas en su jurisdicción.
1.8. Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de construcción, certificado de conformidad de obra, licencia de funcionamiento y certificado de habilitación técnica a los terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de transporte provincial de personas de su competencia, según corresponda.
1.9. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito.
1.10. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo.

2. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
2.1. Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas de tránsito y las de transporte colectivo.
2.2. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, en coordinación con las municipalidades distritales.
2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte provincial de su competencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control del tránsito.
2.4. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción y establecer la nomenclatura de vías, en coordinación con las municipalidades distritales.

3. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
3.1. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación provincial y en coordinación con la municipalidad provincial.
3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la regulación provincial.

D.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras.
2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial.
3. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica.
4. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas bajo su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional.
5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
6. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción. Para ello se harán alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad.
7. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadanos.
8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores.
9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales, los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo con las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad.
10. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres naturales y a la seguridad ciudadana.
11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados.
12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración.
13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del ambiente.
14. Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales ya sea directamente o mediante contrato o concesión, de conformidad con la normatividad en la materia.
15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes.
16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local.
17. Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos mayores de la localidad.
18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
19. Promover actividades culturales diversas.
20. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana.
En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan asumir las funciones a que se refiere el presente artículo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 76° y 77°.

E.- ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las siguientes funciones:

1. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
1.1. Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia.
1.2. Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio.

2. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
2.1. Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados.
2.2. Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel de la provincia, en coordinación con las municipalidades distritales y las entidades públicas y privadas de nivel regional y nacional.

3. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
3.1. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas provinciales.
3.2. Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial.
3.3. Realizar el control de pesos y medidas, así como el del acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos y servicios.
3.4. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción.
3.5. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de camales, silos, terminales pesqueros y locales similares, para apoyar a los productores y pequeños empresarios locales.
3.6. Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.

4. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
4.1. Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de la localidad.

F. PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS
Las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones:

1. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
1.1. Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales, de manera concertada con las municipalidades distritales de su jurisdicción.
1.2. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Así como de los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado.
1.3. Regular las acciones de las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes, DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la realidad local.
1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia, cuando la municipalidad distrital no pueda asumir dicha función.
1.5. Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los programas sociales.
1.6. Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia, así como de su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local.
1.7. Crear una oficina de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad, como un programa dependiente de la Dirección de Servicios Sociales.

2. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
2.1. Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza.
2.2. Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el gobierno local.
2.3. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y de desarrollo social del Estado, propios y transferidos, asegurando la calidad y focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional y local.
2.4. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación.
2.5. Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales de desarrollo social, y de protección y apoyo a la población en riesgo.
2.6. Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población en riesgo.
2.7. Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas sociales locales.
2.8. Organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes -DEMUNA- de acuerdo a la legislación sobre la materia.
2.9. Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local.
2.10. Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de las juntas de propietarios de edificios y de las juntas vecinales de su localidad, con facultad para imponer sanciones por dichos incumplimientos, luego de una obligatoria etapa de conciliación extrajudicial.
2.11. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia.
2.12. Crear la Oficina de Protección, Participación y Organización de los vecinos con discapacidad como un programa dependiente de la dirección de servicios sociales.

3. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
3.1. Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su participación en el nivel de las instancias municipales.
3.2. Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, cunas y guarderías infantiles, establecimientos de protección a los niños y a personas con impedimentos y ancianos desvalidos, así como casas de refugio.
3.3. Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad.

G.- SEGURIDAD CIUDADANA
Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funciones:

1. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
1.1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley.
1.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de Defensa Civil Provinciales.

2. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.
2.2. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, beneficencias, Cruz Roja y demás instituciones de servicio a la comunidad.

3. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
3.1. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial respectiva.
3.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole.
3.3. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines.

H. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

1. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
1.1. Diseñar un plan estratégico de desarrollo económico local sostenible y un plan operativo anual, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de la provincia, según diagnóstico económico de su jurisdicción.
1.2. Flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y permisos en el ámbito de su jurisdicción, sin obviar las normas técnicas de seguridad.
1.3. Mantener un registro de las empresas que operan en su jurisdicción y cuentan con licencia municipal de funcionamiento, definitiva o provisional, consignando expresamente el cumplimiento o incumplimiento de las normas técnicas de seguridad.
1.4. Concertar con el sector público y el privado la elaboración y ejecución de programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en su espacio territorial.

2. FUNCIONES COMPARTIDAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES:
2.1. Organizar, en coordinación con el respectivo gobierno regional y las municipalidades distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación para promover el desarrollo económico local; aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos, ecoturísticos y de biodiversidad.
2.2. Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas de su circunscripción territorial con criterios homogéneos y de simplificación administrativa.
2.3. Elaborar junto con las instancias correspondientes, evaluaciones de impacto de los programas y proyectos de desarrollo económico local.
2.4. Promover, en coordinación con el gobierno regional, agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, así como la elaboración de mapas provinciales sobre potenciales riquezas, con el propósito de generar puestos de trabajo y desanimar la migración.
2.5. En los municipios rurales, concertar con las comunidades campesinas.
2.6. Articular las zonas rurales con las urbanas, fortaleciendo así la economía regional.

3. FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES:
3.1. Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo.
3.2. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad.
3.3. Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito.
3.4. Brindar la información económica necesaria sobre la actividad empresarial en su jurisdicción, en función de la información disponible, a las instancias provinciales, regionales y nacionales.
3.5. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES A NIVEL DE MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO
Dependen del nivel de delegación de funciones, servicios, tareas, gestiones que les asignen los municipios distritales y provinciales respectivos; y los recursos que les asignan estos dependen también del volumen de las funciones y servicios delegados.
Las municipalidades provinciales y distritales están obligadas a entregar a las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción, en proporción a su población y los servicios públicos delegados, un porcentaje de sus recursos propios y los transferidos por el gobierno nacional, para el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos delegados. La entrega o transferencia de recursos se efectuará en forma mensual, bajo responsabilidad del alcalde y del gerente municipal correspondiente.
Las municipalidades provinciales y distritales pueden aumentar las transferencias de recursos a las municipalidades de centros poblados previo acuerdo de sus concejales. La ordenanza de creación o de adecuación, según sea el caso, podrá contemplar otros ingresos. La delegación de los servicios públicos locales que asuman las municipalidades de centro poblado puede implicar la facultad de cobrar directamente a la población recursos que por concepto de arbitrio se encuentren estimados percibir como contraprestación de los respectivos servicios. La percepción de los recursos que cobren , por delegación expresa, las municipalidades de centro poblado, se entenderán como transferencias efectuadas por parte de la municipalidad provincial o distrital pertinente, para efecto, deben rendir cuenta mensualmente de los importes recaudados por dicho concepto.
Walter Purizaca castro

LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO-UN ACERCAMIENTO ANTES DE LA PUESTA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO DEL CONSUMIDOR

2010-08-25T14:44:00.000-07:00

LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO

INDICE
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. LA RESPONSABILIDAD CIVIL

1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL
ETIMOLÓGICAMENTE
DEFINICIÓN
ANTECEDENTES HISTORICOS:
1.2. DESDE LA OPTICA DE LO CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL:
CONTRACTUAL:
EXTRACONTRACTUAL:
1.2.1. El incumplimiento Omisión de prestación

2. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL:
2.1. SUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU REPARACION
1. Imputabilidad o capacidad de imputación:
2. La ilicitud o antijuricidad (hecho jurídico)
3. Factor de atribución
4. Nexo causal o relación de causalidad
5. El daño
6. LA REPARACIÓN CIVIL: EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL
7) ALGUNOS ASPECTOS ADICIONALES A TENERSE EN CUENTA
• Plazo prescriptorio

4. .LOS SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD DISEÑADOS POR EL CODIGO CIVIL
1. Los regímenes especiales de responsabilidad del deudor
a. LOS REGÍMENES ESPECIALES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA-CONTRACTUAL O AQUILIANA
 Responsabilidad de los representantes legales por los daños ocasionados por los (denominados) incapaces
 Responsabilidad del principal por los hechos del dependiente o del deudor por el tercero del cual se vale

CAPÍTULO II. LOS NUEVOS SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO.

1. LOS NUEVOS SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL
A) Responsabilidad por los daños ocasionados por accidentes de tránsito
B) La responsabilidad por productos defectuosos
C) La concesión y denegación abusiva de crédito como fuente de responsabilidad civil
D) Responsabilidad civil de la persona jurídica
E) Responsabilidad civil de los directores y gerentes de una sociedad
F) Alguna reflexión frente al denominado abuso de poder
G. La responsabilidad civil en los contratos de transporte
H) La responsabilidad civil de los bancos en el servicio de cajas de seguridad
I) Sobre la delimitación de responsabilidad y obligaciones de los proveedores en materia de estacionamiento
J) Responsabilidad civil de las empresas que prestan servicios de información económica
K) Responsabilidad civil del Estado
L) La responsabilidad civil y administrativa de los profesionales (con particular referencia a los profesionales médicos)
1. La responsabilidad civil y administrativa (por infracción de la ley de protección al consumidor) del abogado.
2. La responsabilidad civil y administrativa (por infracción de la Ley de Protección al Consumidor) del notario.

2. SOBRE LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO
A. EL PROVEEDOR QUE SÓLO DA SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.
B. EL PROVEEDOR QUE ADICIONALMENTE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.
C. EL CENTRO COMERCIAL QUE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.

3. ANALISIS DE CONCEPTOS DESARROLLADOS POR INDECOPI.
• RELACIÓN DE CONSUMO
• CONSUMIDOR FINAL
• PROVEEDORES
• LA CARGA DE LA PRUEBA
3.1. DERECHO A LA INFORMACIÓN
• ASIMETRÍA INFORMATIVA
• INFORMACIÓN RELEVANTE
• LA IDONEIDAD
• PRODUCTO O SERVICIO IDÓNEO
• RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES POR LA IDONEIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRESTAN
3.2. ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
• ¿Qué pasa cuando un restaurante te brinda el servicio de Valet Parking?
• ¿Qué esperaría un consumidor de aquellos proveedores que se dedican exclusivamente al servicio de estacionamiento de vehículos de manera onerosa?
• ¿Qué esperaría un consumidor de aquellos proveedores de bienes o servicios que brindan adicionalmente el servicio de estacionamiento?
3.3. PROCEDIMIENTO EN INDECOPI
• MEDIDAS CORRECTIVAS QUE ORDENA LA COMISIÓN
• SANCIONES
• SANCIONES QUE IMPONE LA COMISIÓN

4. JURISPRUDENCIA NACIONAL
• Resolución Nº 0269-aa/TDC-INDECOPI
• Resolución Nº 1933-2009/SC2-INDECOPI

III. CONCLUSIONES

IV. BIBLIOGRAFIA

PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación, está referido a la materia de Responsabilidad Civil y en forma particular a la Delimitación de Responsabilidad y Obligaciones de los Proveedores en Materia de Estacionamiento, que corresponde al ámbito del Derecho de la Responsabilidad Civil, el mismo que se encuentra tipificado en el Decreto Legislativo Nº 716. Texto Unificado de la Ley de Protección al Consumidor; el Decreto Legislativo Nº 1045. Ley Complementaria del Sistema de protección al Consumidor; y, el de la sección sexta, de responsabilidad extra-contractual, del Libro VII c.c. (arts. 1969 al 1988) del Código Civil.

WALTER PURIZACA CASTRO

RESPONSABILIDAD CIVIL

INTRODUCCIÓN

Etimológicamente la palabra viene del latín RESPONSUS, participio pasado del verbo RESPONDERE que significa HACERSE GARANTE. El Dr. Fernando de Trazegnies, define la responsabilidad civil como una institución nacida en el siglo XVII, como un mecanismo de protección de los derechos individuales absolutos (derecho a la integridad física, y a la propiedad)pero, sobre todo, nace como un mecanismo dirigido a sancionar la realización de ciertos actos o conductas legal Y/o moralmente reprochables, no existiendo responsabilidad si no hay culpa, que es el sistema que existió en el siglo XIX.

Con el surgimiento de las sociedades modernas, la responsabilidad civil se transforma en un mecanismo empleado, en forma primordial, para proveer de ayuda económica a las victimas de los accidentes. Concluyo en este sentido, que la responsabilidad extracontractual persigue, ante todo, reparar económicamente un daño, esto es, cuando una persona ha sufrido un daño sin justificación, el derecho quiere que los aspectos materiales de este daño le sean aliviados mediante el traslado de su carga económica a otro o a otros individuos, por lo que diversos autores coinciden en que deberá enfatizarse la reparación de la víctima antes que el castigo del culpable.

Es menester hacer la salvedad que tomando en consideración las opiniones de diversos juristas, las cuales compartimos, la responsabilidad civil contiene dos modalidades, la responsabilidad contractual como la extracontractual, situándonos en la primera cuando deviene de un incumplimiento de contrato o como sanción derivada de la aplicación de una clausula penal, para casos de inejecución de las obligaciones, mientras la segunda es consecuencia de haberse producido un daño ajeno a toda vinculación convencional.
En cuanto el criterio que tuvo el legislador para normar sobre responsabilidad extracontractual en el Código Civil de 1984, el maestro jurista José León Barandiarán sostuvo que se adoptó el criterio de la responsabilidad subjetiva legislando así sobre la responsabilidad extracontractual en los artículos 1969 a 1988, debiendo responderse por el daño cuando juzgaba la conducta respectiva.
Una ideación de lucro cesante es lo dejado de percibir a consecuencia del daño, el daño emergente son los gastos que ha ocasionado dicha acción u omisión, y el daño moral no es valorable económicamente.
La víctima debe ser resarcida íntegramente, sin embargo, para ello debe existir un nexo de causalidad adecuada al daño en cuanto a los eventos, no respondiéndose entonces por eventos meramente fortuitos, causales, que no tienen correspondencia. Respecto a que la indemnización devenga intereses, diversos autores no concuerdan con dicho criterio, ya que no hay base sobre la cual se pueda calcular el interés respectivo, por no haberse determinado el debitum.
Creo que es necesario contar con ciertas premisas básicas para iniciar este itinerario. En efecto, se parte del convencimiento que la responsabilidad civil es una sola y la clasificación de la misma en contractual, extra-contractual (y a veces pre-contractual) ha servido, más que para satisfacer juegos intelectuales de juristas químicamente puros, para confundir a los operadores jurídicos. Para ello, se interpretará sistemáticamente el articulado correspondiente al primer capítulo del título IX, de inejecución de las obligaciones, del Libro VI c.c. (arts. 1314 al 1332) y el de la sección sexta, de responsabilidad extra-contractual, del Libro VII c.c. (arts. 1969 al 1988).

Otra premisa es la de dejar de ver a la responsabilidad civil (sólo) con anteojos subjetivistas. El derecho que regula esta disciplina, como cualquier producto cultural, es hijo de su tiempo: la responsabilidad subjetiva correspondió a una economía agrícola y la responsabilidad objetiva fue una respuesta frente a los avances de la sociedad industrial. En la actualidad, ambos tipos de responsabilidad concurren, no en una relación de género a especie, sino como dos categorías, con sus propios principios, y cada una en su propio escenario, que se aplican frente al caso concreto.

También debemos tener en cuenta que el operador jurídico al aplicar la normatividad frente a un supuesto de hecho real, no sólo tendrá que valerse del Código Civil, sino de la (no poca) legislación especial. Así, si se quiere analizar la responsabilidad por productos defectuosos, es forzoso recurrir a la Ley de Protección al Consumidor, D. Leg. No. 716, del 07.11.91, cuyo T.U.O. fue aprobado por D.S. No. 038-2001-ITINCI, del 11.12.00; la responsabilidad civil del médico es tratada por la Ley General de Salud, No. 26842, del 15.07.97; la responsabilidad de los dueños de los perros, por la Ley No. 27956, del 13.12.01, que regula el régimen jurídico de canes; la del notario, por la Ley del Notariado, D.L. No. 26002, del 26.12.92; la derivada de accidentes de tránsito, por la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, No. 27181, del 07.10.99, el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, D.S. No. 049-2000-MTC, del 10.10.00, el Reglamento Nacional de Tránsito, D.S. No. 033-2001-MTC, del 23.07.01; entre otros. Ello no impide la aplicación supletoria del Código Civil, para integrar este mosaico legislativo, el cual, a su vez, se completa con la jurisprudencia y la doctrina.

Cuántas veces pasa, que, cuando estacionan un automóvil en la calle (a parte de tener que pagar en el parquímetro o a la persona encargada por el municipio) se nos acerca otra persona y ofrece sus “servicios de vigilancia”. Ello es una manifestación social de lo que jurídicamente podemos calificar como de delimitación de las obligaciones provenientes de un contrato de prestación de servicios. En efecto, la municipalidad me da espacio y el informal me da vigilancia. Ahora bien ¿qué sucede en el caso de los proveedores en materia de estacionamiento?. Común a todos es la cláusula que se coloca en un aviso visible (cuando uno entra en el estacionamiento y no en el ingreso) que dice que “la administración no se responsabiliza en el caso de robo o pérdida del vehículo”. ¿Esto es válido? La respuesta correcta es la negativa. Para ello, basta leer los arts. 1328 c.c. y 1398 c.c., los cuales establecen la invalidez de las cláusulas que exoneran o limitan la responsabilidad./JUAN Espinoza E.

Evidentemente, la nulidad de las cláusulas que exoneran o limitan la responsabilidad se extiende solo a los casos de dolo y culpa inexcusable, mas no a los de culpa leve. Sin embargo, si es que el proveedor no da la información suficiente de ello, incurriría en una falta de información que lo haría asumir una responsabilidad civil y administrativa frente al consumidor. Para establecer cuál es el standard de idoneidad en el servicio que prestan los proveedores de estacionamiento, es necesario distinguir tres supuestos: El proveedor que solo da servicio de estacionamiento; El proveedor que adicionalmente da el servicio de estacionamiento; y, El centro comercial que da el servicio de estacionamiento.

En los dos últimos supuestos, hay que distinguir, además, si el proveedor cobra (o no) por ese servicio. Pasaré a analizar cada uno de estos casos, en tanto, queda afirmado que el común denominador entre todos estos es el de la invalidez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad.

Por ello, la importancia radica en la información en la oferta del servicio, el proveedor está obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada muy fácilmente accesible al consumidor o usuario, estando prohibida toda información o presentación que induzca al usuario a error respecto de la naturaleza, origen, usos, características, idoneidad, calidad o cualquier otro dato de los servicios ofrecidos; reitero, que la información que se le debe dar al consumidor es vital para que pueda hacer una adecuada decisión y, si el proveedor del establecimiento no ofrece las garantías del caso, será mejor buscar otras opciones en el mercado y, de repente contratar, en la calle a alguien que le cuide el coche.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO.
______________________________________________________
CAPÍTULO I. LA RESPONSABILIDAD CIVIL

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL

• ETIMOLÓGICAMENTE

“La palabra responsabilidad se remonta al latín tardío respondêre. El término antiguo respondêre es el movimiento inverso de spondêre, cuya raíz lleva en sí la idea de rito, solemnidad y, con ello, el de la formación de un determinado equilibrio, de un determinado orden, con un carácter de solemnidad”, así, “respondêre presupone la ruptura de tal equilibrio, de tal orden, y expresa con ello la idea de la RESPUESTA REPARADORA DE LA RUPTURA.

• DEFINICIÓN
Se podría definir como la situación del sujeto al que le toca experimentar concretamente las consecuencias para él desventajosas que una norma prevé y le impone atendiendo a la verificación de un determinado presupuesto.

Dichas consecuencias desventajosas manifiestan la reacción del ordenamiento jurídico frente a un hecho reprobable por atentar contra intereses ajenos o de la colectividad en general.
Se puede definir a la responsabilidad civil como una técnica de tutela (civil) de los derechos (u otras situaciones jurídicas) que tiene por finalidad imponer al responsable (no necesariamente el autor) la obligación de reparar los daños que éste ha ocasionado.

EL COSTO DE UN DAÑO SE TRANSFIERE DEL SUJETO, que históricamente lo ha sufrido, A OTRO SUJETO, a través de la imputación al segundo de una obligación, la cual tiene como contenido el resarcimiento del daño

• ANTECEDENTES HISTORICOS:

La venganza fue el primer mecanismo de composición de conflicto social, esta se concreta en hacer padecer al dañador en la misma medida que ha padecido el damnificado.
El código de Hamurabi admitía la justicia por mano propia conocida como la “ley del talión” (ojo por ojo, diente por diente).
Entre otro tanto ocurrió, en la Biblia y en las doce tablas romanas.
En las doce tablas (siglo V a.C.)
Es clara la diversidad e sanciones estableciendo por ejemplo, que el talión es la sanción aplicable en caso de membrum ruptum, es decir de lesiones que alteran la funcionalidad del cuerpo de la victima, sin embargo se permite que el agresor quede libre de castigo si el damnificado conviene en ser resarcido con el pago de una suma de dinero.

1.2. DESDE LA OPTICA DE LO CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL:

• CONTRACTUAL:
El primer párrafo del Art. 1321 C.C. establece que “queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios QUIEN NO EJECUTA SUS OBLIGACIONES por dolo, culpa inexcusable o culpa leve”

• EXTRACONTRACTUAL:
La primera parte del art. 1969 c.c. precisa que “AQUÉL QUE por dolo o culpa CAUSA UN DAÑO A OTRO esta obligado a indemnizarlo”.

1.2.1. El incumplimiento ha sido definido identificando los siguientes supuestos

a) Omisión de prestación, en la cual el deudor no ha realizado acto alguno para cumplir la prestación debida. Dentro de este rubro, pueden presentarse los siguientes casos:

1. Imposibilidad sobreviniente, el deudor no ha realizado ninguna conducta y, además, la prestación se ha tornado imposible. Tal es el caso de imposibilidad sobreviniente regulada en el art. 1432 c.c. No se olvide que la imposibilidad sobreviniente “presupone una prestación originariamente, al momento de la promesa, posible”
Artículo 1432.- Resolución por culpa de las partes
Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, el contrato queda resuelto de pleno derecho y éste no puede exigir la contraprestación y está sujeto a la indemnización de daños y perjuicios.
Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Sin embargo, dicho acreedor deberá satisfacer la contraprestación, correspondiéndole los derechos y acciones que hubieren quedado relativos a la prestación.

2. Retardo, el deudor no ha realizado ninguna conducta en el momento oportuno, pero la prestación es todavía posible y el acreedor mantiene interés en su ejecución. Es pertinente agregar que “en todos estos casos hay retraso en la ejecución de la prestación, que puede llegar a convertirse en mora si se dan o aparecen los requisitos necesarios para colocar al deudor en esta especial situación”

3. Incumplimiento, el deudor no ha realizado ninguna conducta en el momento oportuno y la prestación es aún posible, pero el acreedor ya no mantiene interés en su ejecución. Un ejemplo de incumplimiento por culpa del deudor lo encontramos en el art. 1150 c.c.

b) Prestación defectuosa (Slechtsleistung), en la que el deudor ha realizado actos para cumplir con la prestación debida; pero “la prestación real no coincide o no se ajusta por completo con el programa o proyecto de la prestación, tal y como se encontraba establecido en el acto de constitución de la relación obligatoria” También llamado “prestación inexacta”, se tiene que distinguir los siguientes casos (regulados en el art. 1151 c.c.):
1. Cumplimiento defectuoso, cuando hay inexactitud en el objeto de la prestación. Se contraviene el principio de identidad en la prestación.
2. Cumplimiento parcial, se contraviene el principio de integridad del pago.
3. Cumplimiento tardío, es una inexactitud relativa al tiempo, en la que se contraviene el principio de oportunidad del pago.

2. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL:

a) la de reaccionar contra el acto ilícito dañino, a fin de resarcir a los sujetos a los cuales el daño ha sido causado;
b) la de retornar el status quo ante, en el cual la víctima se encontraba antes de sufrir el perjuicio;
c) la de reafirmar el poder sancionatorio (o “punitivo”) del Estado y
d) la de “disuasión” a cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, cometer actos perjudiciales para terceros.
En cuanto a responsabilidad extracontractual, debemos mirar desde el punto de vista del análisis económico del derecho, con lo que obtenemos dos funciones más:
a) Distribución de pérdidas
b) Asignación de costos

Desde el punto de vista de Juan Espinoza Espinoza, las funciones de la responsabilidad civil tienen que ser vistas a partir de sus protagonistas:
a) Con respecto a la víctima es satisfactiva.
b) Con respecto al agresor es sancionadora.
c) Con respecto a la sociedad es disuasiva o desincentivadora de actividades.
d) Común respecto a los tres anteriores es la función distributiva de costos de los daños ocasionados.

2.1. SUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

En el caso de la (denominada) responsabilidad extra-contractual o aquiliana, sin pretender ser exhaustivo, se pueden individualizar los siguientes supuestos:
a) Responsabilidad por culpa o dolo, regulada en el art. 1969 c.c.
b) Responsabilidad por bienes riesgosos o peligrosos o por el ejercicio de actividades riesgosas o peligrosas (art. 1970 c.c.).
c) Responsabilidad de los (denominados) incapaces y de sus representantes legales (arts. 1976 y 1977 c.c.).
d) Responsabilidad por el daño causado por los animales (art. 1979 c.c.).
e) Responsabilidad por caída del edificio (art. 1980 c.c).
f) Responsabilidad del dependiente y del principal (art. 1981 c.c).
g) Responsabilidad por calumnia (art. 1982 c.c.).
h) Responsabilidad del asegurador (art. 1987 c.c).
i) Responsabilidad de las centrales privadas de información de riesgos por daños ocasionados al titular por efecto del tratamiento o difusión de información (art. 18 de la Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información, No. 27489, del 27.06.01).
j) Responsabilidad por el ejercicio irregular de la acción civil (art. 4 c.p.c.).
k) Responsabilidad civil del juez (art. 509 c.p.c).

Nótese que en la responsabilidad civil por incumplimiento de las obligaciones se vulnera también un derecho (el de crédito). Por consiguiente tanto en este tipo de responsabilidad como en la responsabilidad extra-contractual o aquiliana se lesionan derechos o legítimos intereses y ello refuerza la posición que sostiene que la responsabilidad civil es una sola y no se justifica una disparidad de tratamiento frente a la reacción por un daño ocasionado. Lejos de identificar el derecho de la responsabilidad civil como un “derecho de daños”, lo entiendo como una “técnica de tutela civil” de las situaciones jurídicas de los sujetos de derecho. En efecto, debemos dejar de percibir a la responsabilidad civil como un instrumento (eminentemente) sancionador: no olvidemos que fue a través de la responsabilidad civil que la jurisprudencia “descubrió” el principio del abuso de derecho, así como los derechos a la privacidad o a la identidad. La responsabilidad civil, a través del principio de la atipicidad, permite reconocer y tutelar nuevas situaciones jurídicas. La responsabilidad civil surge en el momento (patológico) de la lesión de las situaciones jurídicas y, como consecuencia de ello, se origina –además- el estado de sujeción del patrimonio del dañante (u obligado) respecto de la víctima (o beneficiario) a efectos de pagar la indemnización correspondiente.

El Código Civil vigente adopta un sistema binario: tenemos regulada la responsabilidad contractual en el Libro VI, Las Obligaciones, Sección Segunda, Efectos de las Obligaciones. Título IX, Inejecución delas Obligaciones, y la responsabilidad extra-contractual, en el Libro VII, Fuentes de las Obligaciones, Sección Sexta.

2.1.1. Diferencias entre las (denominadas) responsabilidad civil contractual y la extra-contractual

No se olvide que ambos tipos de responsabilidad tienen, desde un punto de vista funcional, la misma finalidad, vale decir, “la de ejercitar un control cualitativo sobre la circulación de la riqueza, tal de consentir una equitativa distribución de los recursos a través del resarcimiento del daño”. Incluso, el mismo término “responsabilidad contractual”, es inadecuado, por cuanto éste no sólo se presenta en los negocios jurídicos patrimoniales contractuales, sino en otro tipo de figuras, que técnicamente no son contratos, a saber: gestión de negocios (artículo 1950 del Código Civil), promesa unilateral (numeral 1956), entre otros.

La diferencia entre responsabilidad civil contractual y extra-contractual, conviene aclarar que “nuestro Código Civil, en cambio utiliza un criterio de distinción diferente: la relación obligatoria. En tal sentido, el capítulo relativo a “Inejecución de las Obligaciones” comprende la lesión de crédito de todas las relaciones obligatorias, sean éstas de fuente contractual como de fuente no contractual. La responsabilidad extracontractual supone, entonces, la violación del deber general de no causar un daño a otro (o los hechos lesivos de los intereses jurídicamente tutelados en la vida de relación).

Suelen presentarse “zonas grises”, vale decir, situaciones en las cuales se discute si lo que se ha producido es un supuesto de responsabilidad contractual o extra-contractual, tal es el caso del daño sufrido por el viajero durante el transporte o el cirujano que deja un bisturí en el vientre del paciente que ha operado, entre otros.

En conclusión, se puede afirmar que, cuando dentro de una relación jurídica obligatoria, se produce un daño que exhorbita los derechos y deberes inherentes a dicha relación y por ende, también se configura un supuesto de responsabilidad extra-contractual, el deudor afectado tiene el derecho de optar por la normatividad establecida en inejecución de las obligaciones o por aquella diseñada en materia de responsabilidad extra-contractual.

3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU REPARACION

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

1. Imputabilidad o capacidad de imputación :
2. La ilicitud o antijuricidad (hecho jurídico)
3. Factor de atribución
4. Nexo causal o relación de causalidad
5. El daño

1. IMPUTABILIDAD O CAPACIDAD DE IMPUTACIÓN

Aptitud del sujeto de derechos de ser responsable por los daños que ocasiona, lo cual será para el ordenamiento jurídico cuando tenga discernimiento, Art. 458 y 1975 del CC.
Art. 458. el menor capaz de discernimiento responde por los daños y perjuicios que causa.
Art. 1975: la persona sujeta a incapacidad de ejercicio queda obligada por el daño que ocasione siempre que haya actuado con discernimiento. El representante legal de la persona es solidariamente es responsable. La imputabilidad no solo es referible a la persona natural también lo será a la persona jurídica y las organizaciones de personas no inscritas, ambas responderán por los actos de sus representantes o dependientes.

2.. LA ILICITUD O ANTIJURICIDAD (HECHO JURÍDICO)

La doctrina Argentina distingue entre la antijuricidad formal de la material, la primera se identifica con la ilegalidad y la segunda contra la contrariedad a las prohibiciones que surgen de los principios q sostienen el orden publico: político, social y económico y las buenas costumbres.
El artículo 823 del BGB señala lo siguiente: Quien dolosa o negligentemente, de forma antijurídica dañe la vida, la salud, la libertad, la propiedad u otro derecho de otra persona esta obligado a indemnizarle cualquier daño causado por esto.
El art. 2043 del Códice señala, cualquier hecho doloso o culposo que ocasiona a otro un daño injusto obliga a quien ha cometido el hecho a resarcir el daño.
El Código Civil peruano señala en el art. 1969, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo, el descargo por dolo o culpa corresponde a su autor.

3. FACTOR DE ATRIBUCIÓN

La culpa:
Creación de un riesgo injustificado y para evaluar si ese riesgo es o no justificado se necesitara confrontarlo con la utilidad social de la actividad a al cual esta se refiere teniendo en cuenta el costo de la remoción de este: cuando más grande son la utilidad y el costo de remoción tanto mas grande es el riesgo justificado.

• Culpa Objetiva:
Es la culpa por la violación de las leyes; se basa en parámetros determinados por la ley.
Art. 961 del Código Civil: el propietario en ejercicio de su derecho y en su trabajo de explotación industrial debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes.
Están prohibidos los humos, hollines, ruidos, trepidaciones y molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los vecinos en atención a las circunstancias.

• Culpa Subjetiva:
Es aquella que se basa en las características personales de la gente.
Este tipo de culpa engloba a la imprudencia (el sujeto hace mas de lo debido y a la negligencia el sujeto hace menos de lo que debe).
Art. 1314: Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación por su comportamiento parcial tardío o defectuoso.
En la responsabilidad por incumplimiento se suele diferenciar grados de culpa:

• Culpa Grave:
Es el no uso de la diligencia que es propia de la absoluta mayoría de los hombres:
Art. 1319 : lo define como culpa inexcusable

• Culpa Leve:
Es el no uso de la diligencia propia de las personas de capacidad media art. 1320

• Culpa Levísima :
Es cuando no se usa la diligencia propia de las personas excepcionalmente cautas (no esta regulada en el código civil)

• Culpa Omisiva:
Se encuentra Art. 127 del Código Penal.

EL DOLO :

Voluntad del sujeto de causar daño art. 1318 del CC cuando se refiere deliberadamente.

4. NEXO CAUSAL O RELACIÓN DE CAUSALIDAD:

En la responsabilidad aquilianna se acoge la teoría de la causa adecuada art.1985 del CC. Y en ejecución de las causa próxima art. 1321 2º párrafo del CC.

TEORIAS CAUSALES:

T. de la equivalencia de las condiciones o de la condición cine Qua non
Es entendida como el conjunto de todas las condiciones necesaria para que se produzca un hecho, en efecto para esta teoría es causa toda condición positiva o negativa a falta de la cual el evento no se habría realizado.
Se le critica por cuanto de la consideración por la cual la falta de una condición haría venir a menos el efecto, no se deriva sobre el plano lógico que tal condición sea la causa del resultado, sino que esta es necesaria y esencial para la producción del resultado mismo, Ej.. La persona que come un sándwich con lechuga en mal estado se enferma, lo trasladan en ambulancia, choca la ambulancia y muere, todos serían responsables

T. DE LA CAUSA PRÓXIMA:
Art. 1321 del cc.

T. DE LA CAUSA ADECUADA:
El art. 1985. En materia extracontractual recoge la teoría de la causalidad adecuada. En efecto este numeral al prescribir que debe existir un causalidad adecuada esta refiriéndose a la causalidad como elemento constitutivo de la responsabilidad civil

PROBABILÍSTICA:
Reside en desplegar la carga probatoria del nexo causal al demandado frente a casos excepcionales frente a los cuales la victima se encuentra en posibilidad de probar el nexo causal. Ej.: el fármaco diethylstibesterol compuesto por hormonas femeninas servía para prevenir el aborto, autorizado por la FDA. de los Estados Unidos incremento las posibilidades de cáncer cervical en las niñas cuyas madres utilizaron este producto durante su embarazo

• RUPTURA DE NEXO CAUSAL
Art. 1962 señala; en los casos del Art. 1960 el autor no esta obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia fortuita o de la imprudencia de quien padece el daño.

• CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:
Tradicionalmente se distingue el caso fortuito (ACT OF GOD) de la fuerza mayor (hechos del hombre). Se considera que el primero debe considerarse como un limite de responsabilidad “agravado” respecto a aquel expresado en términos de “causa no imputable” ; mientras que el en el caso fortuito , comporta una valoración de tipo objetivo.

• EL HECHO DE UN TERCERO:
Por el hecho de un tercero no solo tiene que pensarse en las Hipótesis de dolo o culpa del mismo. También podría encontrarse en un supuesto de responsabilidad objetiva. Si bien es cierto que en materia de responsabilidad civil extra – contractual el hecho de un tercero solo genera un supuesto de ruptura del nexo causal

• EL HECHO DE LA PROPIA VICTIMA:
Cuando se trata de CONCAUSA se aplica el art. 1973 y en consecuencia la indemnización será reducida por el juez.
Y en el caso de RUPTURA DEL NEXO CAUSAL se aplica el art. 1972.

5. EL DAÑO:

Lato sensu, el término se refiere a toda suerte de mal material o moral.
También se define como el mal, perjuicio, deterioro causado a una persona por otra u otras, o por el hecho de las cosas
No puede ser entendido como la lesión de un interés protegido ya que ello se considera impreciso. El daño incide mas bien en las consecuencias negativas que se derivan de la lesión del interés protegido

CLASIFICACIÓN DEL DAÑO:

a. DAÑO PATRIMONIAL: Lesión de derechos de naturaleza económica que deben ser reparadas.
• Daño Emergente:
Pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o un acto ilícito.
• Lucro Cesante:
Es el No incremento en el patrimonio del dañado. “Es la ganancia neta dejada de percibir”

b. DAÑO EXTRAPATRIMONIAL:
“Este lesiona a la persona en sí, estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial, dentro del cual podemos encontrar:

1. DAÑO A LA PERSONA: A propósito de esta denominación , se opina que resulta mas propio referirse al “daño subjetivo” es decir , el daño ocasionado al sujeto de derecho, por cuanto también lo puede sufrir el concebido y las organizaciones de personas no inscritas , las cuales técnicamente no son personas.
2. DAÑO MORAL: Se ha entendido como daño moral aquel que afecta la esfera interna del sujeto, afectando sentimientos, valores, así se daría vía el sufrimiento, la humillación o la aflicción.

6. LA REPARACIÓN CIVIL: EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL

A efectos de una adecuada reparación civil, el demandante debe individualizar y fundamentar exactamente los daños de los cuales está solicitando indemnización: Es usual en las demandas pedir una cantidad de dinero “por todo concepto” (y que las sentencias también sigan ese tenor al otorgar la indemnización); pero lo que se tiene que hacer es identificar cada uno de los daños, vale decir, daño emergente, lucro cesante, daño moral y, de ser el caso, daño a la persona, fundamentarlos y solicitar el monto respectivo. Ello, a efectos de una correcta administración de justicia en beneficio de las partes y de la misma sociedad. En efecto, este error, a nivel de resoluciones judiciales es denominado como “falta de motivación”. No se debe olvidar que el art. 139.5 de la Constitución establece como principio y derecho de la función jurisdiccional:
“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.”

Ello tiene que ser interpretado sistemáticamente con el art. 50.6 c.p.c., que prescribe como un deber del juez en el proceso: “Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de normas y el de congruencia” .

La reparación civil busca una satisfacción del interés lesionado; pero “por equivalencia”. Por ello, es bueno tener en cuenta que “el haber sufrido un daño no debe constituir una causa de enriquecimiento”. Esta regla se funda en el criterio de la compensatio lucri cum damno, “por la cual, en la determinación cuantitativa del daño por resarcir, se deducen las eventuales ventajas económicas que, para la víctima, se hayan derivado del hecho dañino”. Comparto totalmente la opinión de quien sostiene que “hablar hoy de la compensatio lucri cum damno significa principalmente interrogarse sobre la existencia, sobre el fundamento normativo y sobre los presupuestos de aplicación de tal instituto, al cual, en el sector de la responsabilidad, sea contractual o extra-contractual, está asignado por la jurisprudencia una importante función práctica: el ser criterio jurídico para la correcta y equitativa determinación del daño resarcible en las concretas situaciones en las cuales el dañado que ha sufrido un perjuicio injusto, haya conseguido también incrementos de naturaleza patrimonial en dependencia del mismo hecho dañino”.

Se advierte que hay dos elementos comunes en los remedios reparatorios, a saber: Permite a la víctima obtener beneficios distintos respecto de los perdidos como consecuencia del hecho dañoso, sin restablecer, necesariamente, las mismas condiciones pre-existentes al daño. Piénsese, para tal efecto, la reparación por el daño moral o el subjetivo.

Existen dos tipos de modelos resarcitorios:

• Resarcimiento dinerario o por equivalente, que consiste en la compensación económica a la víctima. Con razón, se afirma que “el binomio daño patrimonial-resarcimiento por equivalente mantiene el rol de modelo normativo y sistemático óptimo”.
• Resarcimiento en forma específica o in natura, a través de la reconstitución, en línea de principio, de la situación material anterior a la producción del daño. Sin embargo, este tipo de resarcimiento engloba, además, otros supuestos: un ejemplo de resarcimiento en forma específica que no reconstituye la situación anterior, pero alivia a la víctima (o la desagravia), es el de la publicación de una sentencia condenatoria.

En materia de responsabilidad civil por incumplimiento de las obligaciones, merece interpretarse con suma atención el art. 1321 c.c.. En efecto, como se recordará, el primer párrafo gradúa los factores de atribución subjetivos en dolo, culpa inexcusable y culpa leve y seguidamente establece que: “El resarcimiento por inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.
Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que fue contraída.”

Medidas correctivas como tipo de reparación civil

La Ley de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor, Ley No. 27311 (Ley de Fortalecimiento) vigente desde el 19.07.00, ha introducido una serie de modificaciones sustantivas y procesales a las normas contenidas en el Decreto Legislativo No. 716, Ley de Protección al Consumidor.

Establecer criterios apropiados para cuantificar la reparación del daño subjetivo.

En opinión que comparto, se aprecia que “el principio de equivalencia (…) no tiene ningún sentido para el daño no patrimonial, al cual le es extraña toda función de compensación económica”. Sin embargo, se advierte que “el resarcimiento del daño no patrimonial, cuando se produzca –como generalmente sucede- a través del pago de una suma de dinero, determina un enriquecimiento económico de la víctima. Ya esta primera revelación deja entender cómo el remedio encaje en una finalidad reparadora, que puede ser definida –para distinguirla de la compensación- como función satisfactoria. La idea de “satisfacción”, es idónea para explicar la tutela en cuestión, sólo si se evita instaurar un paralelismo con el resarcimiento por equivalente, como en quien vea en la suma pagada a título reparador un medio para que la víctima pueda eliminar las consecuencias aflictivas del ilícito, procurándose “satisfacciones sustitutivas del dolor injustamente probado

La medida tabular se funda en una interpretación del art. 4 de la Ley Nº 39 de 26.02.77, el cual después de haber establecido que para el trabajador dependiente y para el trabajador autónomo el resarcimiento del daño patrimonial de invalidez laboral es medido con respecto al rédito percibido y a aquel declarado o acertado, dispone que “en todos los demás casos” se debe tener en cuenta, el monto del triple de la pensión social. De esto último se desprende que la liquidación del daño biológico tendría, en esa sede, soporte normativo, especialmente, para las pequeñas invalideces permanentes, cuando el dañado no sea titular de un rédito laboral. En este método se confía al médico legal la tarea de constatar:
a) El tipo de las lesiones sufridas;
b) La duración de la invalidez temporal (cual imposibilidad de cumplir con las ordinarias ocupaciones);
c) La entidad de la invalidez permanente, vale decir, de aquellas disminuciones que hayan determinado un efectivo daño funcional, una reducción de la eficiencia psicofísica;
d) Si la invalidez ha influido, o puede influir, sobre la actividad laboral desenvuelta por el dañado y ello a fin de poder resarcir, cuando sea debidamente probada, la efectiva falta de ganancia sufrida a consecuencia de la lesión.
Los días de invalidez temporal son liquidados sobre la base del triple de la pensión social dividido entre 365; para la invalidez permanente se procede calculando el porcentaje, acertado por el perito, del valor de la validez correspondiente a la edad del dañado, según tablas elaboradas con los criterios ya indicados.

El cálculo a punto contesta este criterio interpretativo. En efecto, se afirma que el mencionado dispositivo legal debe ser entendido en el sentido que el triple de la pensión social sería aplicable sólo en las hipótesis del lucro cesante que sí está vinculado a la capacidad laboral. La ratio de la norma es la de regular los casos de los daños de naturaleza estrictamente patrimonial; vale la pena reiterar, que sí están vinculados a la capacidad laboral productora del rédito. En particular la expresión “en todos los demás casos” comprende a las hipótesis de prestaciones efectuadas por personas (amas de casa, administradores de bienes propios, etc.) que no están en grado de acreditar fehacientemente el rédito efectivamente percibido o declarado. Es por ello que se sostiene que no parece que la disposición del numeral glosado pueda extenderse al daño biológico, cuya reparación prescinde, y debe prescindir, de la pérdida o de la disminución de la capacidad de trabajo y de ganancia del sujeto lesionado.

Solidaridad de los responsables: su diferencia con responsabilidad concurrente
En los casos de “causalidad compleja”, vale decir, de “pluralidad de causas relevantes”, “no hay razón para precluir la aplicación a las hipótesis de concurso entre supuestos de la responsabilidad denominada objetiva, o entre una de éstas y la culpa del tercero”. Si bien esta afirmación es correcta, resulta, en verdad, irrelevante para el dañado, que se dirigirá, en virtud del art. 1983 c.c. (salvo que se configure el supuesto de incitación o ayuda, regulados en el art. 1978 c.c.), a todos los responsables, de manera solidaria.

La responsabilidad concurrente genera la denominada obligación in solidum, la cual es diferente de la obligación solidaria. Así “una obligación es solidaria cuando se trata de una obligación única con pluralidad de sujetos, en la cada uno de estos sujetos está obligado a cumplir por entero la prestación. En la obligación in solidum, por el contrario, existe una pluralidad de obligaciones, cada una de ellas soportada por sujetos diferentes, pero con objeto idéntico, pues todas ellas consisten en una misma prestación. La obligación de los responsables del daño es de este modo in solidum, porque cada uno de ellos es por sí solo responsable de la totalidad del daño producido”.

7) ALGUNOS ASPECTOS ADICIONALES A TENERSE EN CUENTA

A) PLAZO PRESCRIPTORIO

Un problema con el que tropiezan los operadores jurídicos es a partir de cuando se computa el plazo prescriptorio. En efecto, el art. 1993 c.c. establece que: “la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular del derecho”.

Una interpretación estrechamente literal, haría entender que el plazo comienza a correr después de haberse producido el daño. Sin embargo, no siempre ambas fechas coinciden: a veces “el día en que puede ejercitarse la acción” es aquel en el cual la víctima es conciente (o recién se entera) que ha sufrido dicho daño. Imagínese el caso de un gerente en una sociedad que ha hecho malversaciones de fondos y ha ocultado esa información y el directorio conoce de ello tiempo después de la salida de dicho gerente (que, obviamente, ha ocurrido mucho después de la malversación). Entonces, el hecho que la víctima esté en la posibilidad de ejercer la acción no coincide, necesariamente, con la fecha en la cual se le produce el daño. Con ello no se pretende incentivar las demandas de los “dañados” poco diligentes, sino evitar generar incentivos para que los “dañantes” no planifiquen una estrategia “dañosa” o que se creen situaciones de injusta indefensión de las víctimas.
Devaluación del quantum de la pretensión resarcitoria durante el proceso
¿Qué sucede si una persona solicita una cantidad determinada como pretensión indemnizatoria y debido al tiempo que toma un proceso, se devalúa notoriamente? Gran dilema entre la literalidad de los dispositivos legales y el favor que merece la persona dañada. En efecto, frente a una demanda que se interpone con fecha 13.11.87, por indemnización por atropello y muerte del esposo, la viuda-demandante solicitó la cantidad de seis millones de intis. Acreditada la responsabilidad, el juez de primera instancia, con resolución del 14.08.90, decide que, establecido el daño: “la responsabilidad que alcanza a los demandados, debe fijarse una indemnización prudente, considerando que la víctima ha dejado viuda y dos menores hijos infantes quienes no sólo sufren el daño moral sino material al encontrarse desprotegidos por el padre, que el tiempo transcurrido entre la interposición de la demanda y la expedición de la sentencia ha hecho devenir la suma solicitada en mínima” .

No obstante estas humanitarias consideraciones, se arriba a la contradictoria conclusión: “que sin embargo y pese a lo señalado el Juez no puede fijar una suma mayor a la solicitada, puesto que estaría incurriendo en ultra-petita”

Proceso penal y reparación civil derivada del mismo

¿Qué pasa si una persona dañada por la configuración de un ilícito penal opta por esta vía y se le fija adicionalmente un monto indemnizatorio en la sentencia? ¿El dañado podrá acudir después por la vía civil? El principio de la cosa juzgada y el sentido común responden de manera negativa a esta última pregunta. Sin embargo, esto no está tan claro en la mente de algunos operadores jurídicos.
Jurisprudencia: un grupo de pandilleros estaba al frente de la casa de una persona, la cual salió con una pistola y debido al forcejeo realizado, se hirió gravemente a un miembro de la pandilla. Penalmente se condenó al que disparó por el delito de lesiones culposas graves por el Segundo Juzgado Penal del Cono Norte de Lima, sentenciándolo a un año de condena condicional y, al haberse constituido el agraviado en parte civil, se señaló la suma indemnizatoria de cinco mil nuevos soles. Sin embargo, el agraviado también interpuso una demanda indemnizatoria ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima y, mediante resolución número cuarenta y cinco, del 02.12.98, se declara fundada la demanda y se ordena que se abone a los padres del agraviado (muerto durante el proceso, asumiendo éstos la sucesión procesal) la suma de setenta mil nuevos soles “por todo concepto indemnizatorio, más intereses legales, con costas y costos”. Apelada la decisión, la Sala Especializada Civil del Cono Norte de Lima, con resolución número doscientos cuatro, del 22.07.99, confirmó la sentencia, reformando el monto en veinticuatromil nuevos soles. En sentido contrario al argumentado en la primera instancia se afirmó que: “al no haberse constituido en parte civil el agraviado ni sus sucesores procesales tienen expedito su derecho para solicitar la indemnización de daños y perjuicios en la vía civil mas no a cobrar duplicitantemente en ambas vías la reparación civil y la indemnización, que en este caso excluirá a aquella”.
Esta decisión (equivocada bajo todo concepto) está acompañada de un voto discordante de la Vocal Catacora Villasante, el cual comparto plenamente, por cuanto se pronuncia a favor que se revoque la sentencia apelada, debido a que: “habiendo sido objeto de pronunciamiento judicial firme dicho proceso (penal) respecto de la reparación civil por el mismo hecho materia de autos, puesto que mediante ejecutoria suprema, se señaló la suma de veinte mil nuevos soles por dicho concepto, conforme es de verse de fojas cuatrocientos quince a cuatrocientos dieciséis, toda vez que la inejecución de una resolución judicial no puede enervar a la solicitud de un doble pedido al órgano jurisdiccional”.
En este tipo de casos, es importante tener en cuenta lo siguiente:
a. Si el agraviado, o sus parientes, deciden constituirse el parte civil (de acuerdo al art. 54 del código de procedimientos penales ), en un proceso penal, ya no se puede interponer posteriormente una demanda civil por indemnización por los mismos daños, en virtud del principio de la cosa juzgada.
b. No cabría entonces, como ha sucedido en el caso citado, que habiéndose constituido en parte civil en un proceso penal y después iniciado una demanda civil, se opte por la indemnización fijada por el juez civil y se renuncie a la del proceso penal, por ser la primera más alta que la segunda. En este caso, el inculpado-demandado deberá ejercer la excepción de cosa juzgada.
b. Sin embargo, el agraviado, aún constituyéndose en parte civil puede declarar que se está reservando el derecho de solicitar una indemnización, a efectos de hacerla valer en un proceso civil. En efecto, la finalidad por la cual el agraviado se constituye en parte civil no es sólo la de obtener una indemnización, también tiene legitimidad para actuar a efectos del buen andamiento de dicho proceso. Este es el parecer de un sector de la doctrina que afirma que “en el proceso penal el agraviado puede limitarse a cobrar lo que le señale el juez en concepto de indemnización; o a participar activamente en el desarrollo de la instrucción”. Ello se ve confirmado por el art. 58 del c.p.p. .

4. .LOS SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD DISEÑADOS POR EL CODIGO CIVIL

1. Los regímenes especiales de responsabilidad del deudor

Si hacemos un recorrido por el Código Civil, vamos a encontrar una regulación especial de la responsabilidad en diversos contratos que no coincide, necesariamente, con las coordenadas establecidas en la parte general de inejecución de las obligaciones. Veamos algunos ejemplos:
• En los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión o el uso de un bien, existe la obligación de saneamiento por parte del transferente (art. 1484 c.c.). Esta obligación consiste en responder frente al adquirente por la evicción (art. 1491 c.c.), por los vicios ocultos del bien (art. 1503 c.c.) o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor (art. 1524 c.c.), según el art. 1485 c.c.
• En el contrato de suministro, según el art. 1618 c.c., el beneficiario del suministro que asume la obligación de promover la venta de los bienes que tiene en exclusividad responde por los daños y perjuicios si incumple esta obligación, aun cuando haya satisfecho el contrato respecto de la cantidad mínima pactada.
• En el contrato de arrendamiento, el arrendatario está obligado a dar aviso inmediato al arrendador de las reparaciones que haya que efectuar, bajo responsabilidad de daños y perjuicios (primer párrafo del art. 1682 c.c.). Asimismo, es responsable por la pérdida o deterioro del bien que ocurran en el curso del arrendamiento, aún cuando deriven de incendio, si no prueba que han ocurrido por causa no imputable a él. También es responsable por la pérdida y deterioro ocasionados por las causas imputables a las personas que ha admitido, aunque sea temporalmente, al uso del bien (art. 1683 c.c.).

• En el contrato de hospedaje, los equipajes y demás bienes entregados o introducidos por el huésped responden preferencialmente por el pago de la retribución del hospedaje y por los daños y perjuicios que aquél hubiese causado al establecimiento, pudiendo el hospedante retenerlos hasta su cancelación (art. 1717 c.c.).
Según el art. 1718 c.c., el hospedante responde como depositario por el dinero, joyas, documentos y otros bienes recibidos en custodia del huésped y debe poner en su cuidado la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Asimismo, el hospedante responde igualmente de los objetos de uso corriente introducidos por el huésped, siempre que éste cumpla las prescripciones del aviso que estará fijado en lugar visible de las habitaciones. La autoridad competente fijará el límite de la responsabilidad (art. 1719 c.c.).
• En el contrato de comodato, el comodatario es responsable de la pérdida o deterioro del bien que no provenga de su naturaleza o del uso ordinario (art. 1738.1 c.c.). El comodatario que emplea el bien para un uso distinto o por un plazo mayor del convenido es responsable de la pérdida o deterioro ocurridos por causa que no le sea imputable, salvo que pruebe que estos hechos se habrían producido aun cuando no lo hubiese usado diversamente o lo hubiese restituido en su oportunidad (art. 1741 c.c.). El comodatario debe pagar el valor del bien dado en comodato si perece por causa que no le es imputable, cuando hubiese podido evitarla sustituyéndolo con uno de su propiedad (art. 1742 c.c.). Si el bien fue tasado al tiempo de celebrarse el contrato, su pérdida o deterioro es de cuenta del comodatario, aun cuando hubiera ocurrido por causa que no le sea imputable (art. 1743 c.c.).

• En el contrato de prestación de servicios profesionales, si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable (art. 1762 c.c.).

• En el contrato de obra, el contratista está obligado a responder por las diversidades y vicios de la obra. La recepción de la obra, sin reserva del comitente, descarga la responsabilidad al contratista por las diversidades y vicios exteriores de ésta (art. 1782 c.c.). Sobre los arts. 1784 y 1785 c.c., me referiré en la responsabilidad por caída del edificio.

• En el contrato de mandato, si el mandatario utiliza en su beneficio o destina a otro fin el dinero o los bienes que ha de emplear para el cumplimiento del mandato o que deba entregar al mandante, está obligado a su restitución y al pago de la indemnización de daños y perjuicios (art. 1794 c.c.). En el caso de pluralidad de mandatarios que están obligados a actuar conjuntamente, su responsabilidad es solidaria (art. 1795 c.c.).

• En el contrato de depósito, el depositario responde por el deterioro, pérdida o destrucción del bien, inclusive por caso fortuito o fuerza mayor, si es que hubiera utilizado el bien en provecho propio o de tercero, salvo autorización judicial (art. 1820 c.c.), salvo que el depositario pruebe que el deterioro, pérdida o destrucción se habrían producido aunque no hubiera hecho uso del bien (art. 1821 c.c.).

• En el contrato de secuestro, los depositantes son solidariamente responsables por el pago de la retribución convenida, los gastos, costas y cualquier otra erogación que se derive del secuestro. El depositario puede retener el bien en tanto no le haya sido satisfecho su crédito (art. 1863 c.c.).
• En el contrato de fianza, siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda y todos ellos se hubieran obligado a prestaciones iguales, cada uno responde por el íntegro de su obligación, salvo que se haya pactado el beneficio de la división (art. 1886 c.c.).

a. LOS REGÍMENES ESPECIALES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA-CONTRACTUAL O AQUILIANA

Cuando hemos analizado los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, se ha analizado el principio general contemplado en el art. 1969 c.c..Ahora se va a hacer una reseña de las principales orientaciones doctrinarias, legislativas y jurisprudenciales respecto de los regímenes especiales de la responsabilidad extra-contractual o aquiliana, contempladas en el código civil.

Responsabilidad por los daños causados por terceros
Este supuesto de responsabilidad ha sido denominado, incorrectamente, como uno de responsabilidad indirecta. Ello porque se confundía la autoría material del daño (en la cual, en línea de principio, hay un autor directo: que sería el incapaz o el dependiente) con la responsabilidad (que, en el caso del representante legal o del principal, es directa). También suele definirse como vicaria, por cuanto la responsabilidad del tercero (incapaz o dependiente) presupone la del representante o la del principal. Como lo pretenderé demostrar, ello no sucede, necesariamente así como que la responsabilidad por los daños causados por terceros es directa y objetiva.

a. Responsabilidad de los representantes legales por los daños ocasionados por los (denominados) incapaces
Cuando se analizó el elemento de la imputabilidad, denominado también capacidad de imputación, se hizo mención de la responsabilidad del (denominado) incapaz, ahora voy a hacer un análisis a partir del representante legal del mismo. Así:
• El representante legal es solidariamente responsable con el incapaz con discernimiento por los daños que éste hubiera ocasionado (art. 1975 c.c.).
• El representante legal es responsable de los daños que ocasione el incapaz sin discernimiento (art. 1976 c.c.).
Para que se configure este tipo de responsabilidad, se requiere:
• Que un incapaz (con o sin discernimiento) haya realizado un hecho ilícito generador de un daño. En el caso concreto del incapaz sin discernimiento, se trata de un “acto objetivamente ilícito”, es decir, el representante legal “responde de los daños a condición que la conducta del incapaz sea abstractamente culposa, abstractamente, puesto que la incapacidad natural no podría caracterizar el comportamiento con la conciencia y la voluntad propias de la culpa”.
• Una relación de representación legal con un tercero, basada, sea en la patria potestad, tutela o curatela.

La naturaleza de este tipo de responsabilidad es objetiva.
Se discute si el fundamento de esta responsabilidad está en función del “deber de protección para con los terceros” por los actos del incapaz o por la tutela especial que merece este sujeto débil.
Volviendo a los menores de edad, el padre o la madre no podrán exonerarse de responsabilidad si es que alegan que no viven con sus hijos, salvo el caso en el cual se les ha privado o suspendido la patria potestad (art. 340 c.c., por separación de cuerpos).
¿Qué pasaría en el caso de una persona que se encuentre en uno de los supuestos de los arts. 43 y 44 c.c. y que no tenga representantes legales?
Si el que causó el daño, mayor o menor de edad, carece de representantes legales, debería responder por él aquél quien lo tiene bajo su cuidado (tal sería el caso del hermano mayor, el tío, la conviviente del padre muerto), aplicándose extensivamente, los arts. 1975 o 1976 c.c., respectivamente, en caso el dañante directo, tenga o no discernimiento. Un elemento a tenerse en cuenta para individualizar al responsable es determinar quién vive con el que causó el daño.
Si es que nadie lo tiene bajo su cuidado, se aplicará extensivamente el art. 1977 c.c., vale decir el criterio de la equidad “en vista de la situación económica de las partes”.
En atención al art. 1985 c.c., es importante acreditar la relación de causalidad entre el hecho del incapaz (con o sin discernimiento) y el daño producido.
En materia de supuestos de ruptura del nexo causal, cabe aplicar, sobre la base de una interpretación sistemática, el art. 1972 c.c. Por consiguiente, los representantes legales no responderían en los supuestos de caso fortuito, hecho de un tercero o de la propia víctima.
Evidentemente, frente al caso concreto se analizará el nexo causal y la solidaridad o concurrencia entre los responsables.

b. RESPONSABILIDAD DEL PRINCIPAL POR LOS HECHOS DEL DEPENDIENTE O DEL DEUDOR POR EL TERCERO DEL CUAL SE VALE

El art. 1981 c.c. establece que: “Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria”.

La naturaleza de este tipo de responsabilidad es objetiva, en este supuesto “el criterio de imputación consiste en la relación que existe entre el responsable y el sujeto que ha causado el daño”. La responsabilidad de los principales y los dependientes, como ha sido señalado, “desde la antigua fundación de la culpa in eligendo o in vigilando continúa hacia el reconocimiento del carácter objetivo de una responsabilidad que permanece siendo vicaria (en cuanto presupone la del dependiente), llega después a una fase en la cual el aspecto vicario desaparece (admitiéndose la aplicación de la normativa incluso cuando el autor del daño no responda personalmente) y llega, finalmente, a la responsabilidad directa (ya no vicaria) de la empresa por todos los daños ocasionados, aunque sean independientes de un comportamiento humano, por el proceso productivo”.

Para que se configure esta responsabilidad deben darse los siguientes requisitos:
Una relación de subordinación. Como veremos más adelante, los operadores jurídicos tienden a ser un tanto elásticos en la calificación de la relación de subordinación. Así, se afirma que “en las aplicaciones jurisprudenciales, lo que cuenta no es tanto la calificación formal que las partes dan a la relación, sino la valoración de la existencia efectiva de una relación sobre la cual una persona actúa a pedido y por cuenta de otro (el comitente), quien por ser titular de la actividad, en cuya ocasión se ha verificado el hecho ilícito, es el sujeto que está en situación de controlar las condiciones del riesgo inherente a esa actividad”. Por eso, la doctrina italiana prefiere hablar de relación de preposición, entendida como aquella “mediante la cual un sujeto (preponente) se apropia de la actividad de otro (prepuesto)”.

Que el subordinado ocasione daños. Uno de los supuestos de la responsabilidad civil (objetiva) del principal es que el dependiente incurra en responsabilidad subjetiva (dolo o culpa). Sin embargo, no se descarta la posibilidad que también se configure, por parte del depenciente, una responsabilidad objetiva, por ejemplo, ex art. 1970 c.c.

Que exista una relación de causalidad o de ocasionalidad necesaria entre el ejercicio de las funciones y el daño.
¿Qué es una relación de subordinación? Se observa “que la subordinación puede resultar de una relación de hecho; que no son esenciales, ni la continuidad, ni la onerosidad de la misma relación” y que, para que se configure, “es suficiente la abstracta posibilidad de ejercitar un poder de supremacía o de dirección, no siendo necesario el ejercicio efectivo de tal poder”.
En doctrina se tiende a “ensanchar” el concepto de subordinación y se prefiere hablar de una relación de preposición, por cuanto “la relación de trabajo subordinado integra, indudablemente, los extremos de la preposición y constituye la figura más segura y recurrente; pero no agota su ámbito”. Por ello, se sostiene, con razón, que “la dependencia civil no coincide con la subordinación laboral”.
En materia de supuestos de ruptura del nexo causal, cabe aplicar, sobre la base de una interpretación sistemática, el art. 1972 c.c. Así, el principal no será responsable si acredita que el daño se debió a caso fortuito, hecho de un tercero o de la propia víctima. Sin embargo, este tipo de responsabilidad es particularmente severo para el principal.

Caso fortuito, en el caso de huelga de los trabajadores (tanto para el incumplimiento de la obligación, como para la responsabilidad extra-contractual), se suelen presentar varios matices. En doctrina se precisa que este supuesto, a propósito de la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, y si los mismos dependientes se pliegan a la huelga, “representa precisamente la expresión de un riesgo de empresa y, por consiguiente, salvo que se hayan previsto cláusulas de exoneración, debería ser asumido por el deudor”. Ya que los mismos dependientes son los que incumplen sus obligaciones, en línea de principio, en materia contractual, es el deudor el responsable, en aplicación del art. 1325 c.c. Distinta es la situación en la cual un gremio decide hacer una huelga o sabotear un trabajo de construcción civil (como sucede en nuestro país en no pocas ocasiones): acá, se les impide a los dependientes que ejerzan sus funciones.

Hecho de un tercero, Si se le induce al dependiente a producir daños extra-contractuales en ejercicio (o con ocasión) de las funciones, ello no exonera de responsabilidad al principal, ni al dependiente: simplemente nos encontraríamos en el supuesto regulado en el art. 1978 c.c.

Hecho de la víctima, Un grifero nocturno, sin saberlo el propietario, recibía automóviles para cuidarlos en la noche y lavarlos al día siguiente. Una noche toma un auto y lo conduce, produciendo daños. La compañía aseguradora, que reparó los daños a la víctima, demandó a la persona jurídica empleadora del grifero. La Corte Suprema, en ejecutoria del 16.09.75, declaró “que no hay responsabilidad del empleador porque, en tales actos, el grifero no estaba bajo las órdenes de su patrón”. Esta sentencia, diseñada bajo la vigencia del (parco) art. 1144 del (abrogado) c.c. de 1936, excluyó la responsabilidad del principal-persona jurídica “con ocasión” de las funciones de su dependiente-grifero. A ver bien las cosas, la “víctima” era totalmente consciente que el dependiente actuaba por cuenta propia, a espaldas del principal.

CAPÍTULO II.- LOS NUEVOS SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO.
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1. LOS NUEVOS SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL

A) Responsabilidad por los daños ocasionados por accidentes de tránsito

La responsabilidad civil derivada de los accidentes de transito es objetiva y solidaria entre el conductor, el propietario del vehículo y de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre.

B) La responsabilidad por productos defectuosos

Es un supuesto que se ha abierto paso en fecha relativamente reciente y surge cuando se ocasionan daños a la integridad, a la salud o al patrimonio de los consumidores, debido a defectos en el diseño, en la fabricación o en la información del producto. El parámetro para determinar si un producto es defectuoso está en función de la seguridad que debe tener frente a los consumidores que lo utilizan o como establece nuestra legislación, de la seguridad a que las personas tienen derecho.

C) La concesión y denegación abusiva de crédito como fuente de responsabilidad civil

Partir de lo que significa actividad bancaria, si está entendida como servicio público o como empresa privada, la cual queda aclarada en la siguiente acepción, por lo previsto en la Constitución, en sus arts. 58(libertad de la iniciativa privada que, a su vez, se manifiesta en el principio de libertad contractual, regulado en el art. 1354 c.c.), 60(el estado sólo por ley expresa puede realizar subsidiariamente actividad empresarial) y 87 (la ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público), creo que el caso de la concesión abusiva de crédito debe ser incluido dentro de la provincia de la responsabilidad civil. Se configura una violación de los principios de corrección y buena fe objetiva. Es un tipo de responsabilidad jurídica.

D) Responsabilidad civil de la persona jurídica

Responsabilidad objetiva de la persona jurídica, basada en el riesgo, entendida que si los integrantes de la persona jurídica (lucrativa o no) se benefician a través de la actuación jurídicamente relevante de la misma, estos también deberían asumir los riesgos, que ello conlleva.

E) Responsabilidad civil de los directores y gerentes de una sociedad

Los socios y administradores responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que esta haya sufrido como consecuencia de los acuerdos ultra vires, vale decir, que exceden el objeto social de la sociedad y que la obligan frente a con-contratantes y terceros de buena fe, independientemente de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Recae la responsabilidad, civil o penal, que se produzca, en la persona de sus autores.

F) Alguna reflexión frente al denominado abuso de poder

Merece atención lo relativo a la situación en la cual un grupo de miembros de una persona jurídica (sea mayoría numérica o económica) ocasione daños, con su decisión al grupo minoritario o a un integrante de la misma, individualmente considerado. Esta figura ha sido considerada en la doctrina como abuso de poder. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el soporte legal que le asistiría al integrante, o a los integrantes minoritarios, dañados con la decisión de la asamblea general, afectada de abuso o exceso de poder de la mayoría, es el de recurrir al principio de abuso del derecho, amparado en el artículo II del título preliminar del código civil. Correspondería a los perjudicados con la decisión abusiva, demostrar que se configuran los elementos propios del abuso de derecho (actuación de mala fe, intención de dañar, si se ha elegido entre varias maneras de ejercer el derecho aquella que es dañosa para otros, si el perjuicio ocasionado es anormal o excesivo, si se ha actuado de manera no razonable, repugnante a la lealtad y a la confianza reciproca, entre ellos) para que se ampare la pretensión.

G. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE

En los contratos de transporte áreo, la ley precisa que el transportador es responsable de los daños y perjuicios causados por muerte, lesión o daño sufrido por un pasajero, cuando el accidente que los ocasionó se produjo a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarque o desembarque, asimismo señala en el artículo 117 (Ley Nº27261 Ley de Aeronáutica civil y su reglamento), que el transportador es responsable de los daños y perjuicios en caso de destrucción, pérdida o avería de equipajes registrados y carga, cuando el hecho causante del daño se haya producido durante el transporte aéreo.
En la responsabilidad civil por pérdida de equipaje y mercaderías en los contratos de transporte terrestre, el reglamento Nacional de administración de Transportes, establece la responsabilidad civil del transportista terrestre por los daños que pudieran sufrir las mercaderías de los transportados, desde que los recibe el transportista autorizado hasta el momento de su entrega.

H) La responsabilidad civil de los bancos en el servicio de cajas de seguridad

El banco no se hace responsable por daños y/o perjuicios que puedan provenir de daños causados por casos fortuitos o de fuerza mayor, limitándose su responsabilidad a aquellos provenientes de dolo, culpa o negligencia inexcusables de acuerdo al art. 1321 del c.c. y por el valor estrictamente económico de los bienes que efectivamente se hayan depositado en la caja de seguridad hasta un máximo de 5 Ingresos Mínimos Vitales de la Provincia de Lima.

I) Sobre la delimitación de responsabilidad y obligaciones de los proveedores en materia de estacionamiento
Tema de nuestro trabajo al cual dedicamos una atención más amplia.

J) Responsabilidad civil de las empresas que prestan servicios de información económica

Las centrales Privadas de información de riesgos son responsables objetivamente por los daños ocasionados al titular por efecto del tratamiento o difusión de información. Los derechos que se pretenden tutelar son los de privacidad, buena reputación e imagen.

K) Responsabilidad civil del Estado

La responsabilidad de estado por errores judiciales en los procesos penales y detenciones arbitrarias, reconoce el derecho de indemnización de las personas que pueden verse dañadas por estas situaciones.
Responsabilidad civil del estado por la actividad jurisdiccional, el juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa daño a las partes o terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusables, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca, en igual situación se encuentran los representantes del ministerio público.
Responsabilidad del estado por errores registrales, la ley de creación del SUNARP, establece que es una de sus garantías del sistema nacional de los registros Públicos, la indemnización por los errores registrales, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan a ley.

L) La responsabilidad civil y administrativa de los profesionales (con particular referencia a los profesionales médicos)

Los profesionales no solo pueden ser responsables objetivamente por la idoneidad o calidad de los servicios que ponen en circulación en el mercado también pueden serlo por falta de información a los consumidores acreedores de la prestación de servicios profesionales.

1. La responsabilidad civil y administrativa (por infracción de la ley de protección al consumidor) del abogado. Son fuente de responsabilidad civil por el incumplimiento de las obligaciones, si su actividad causa daños a terceros, puede ser fuente de responsabilidad extracontractual. El abogado tendrá responsabilidad objetiva si se vale de un dependiente (practicante o su procurador) y causa daños (sea por incumplimiento de las obligaciones o responsabilidad extracontractual), no ofrecer las pruebas que le dio el patrocinado, dejar pasar los plazos en el proceso (principalmente el de apelación) entre otros. Como incumplimiento de obligaciones de resultado, tenemos la redacción de un contrato o de un estatuto de una persona jurídica.

2. La responsabilidad civil y administrativa (por infracción de la Ley de Protección al Consumidor) del notario. Lleva a considerar que la función fedataria del notario (incluso la de conocimiento o de identidad) debe llevar a la obligación de tomar las medidas necesarias para cumplir diligentemente esta obligación correspondiendo la prueba de ello, al notario quien se encuentra en mejor posesión para hacerlo.

2. SOBRE LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO
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Cuando se estaciona un automóvil en la calle (a parte de tener que pagar en el parquímetro o a la persona encargada por el municipio) se acerca otra persona y ofrece sus “servicios de vigilancia”. Ello es una manifestación social de lo que jurídicamente podemos calificar como de delimitación de las obligaciones provenientes de un contrato de prestación de servicios. En efecto, la municipalidad me da espacio y el informal da vigilancia.

Ahora bien ¿qué sucede en el caso de los proveedores en materia de estacionamiento?. Común a todos es la cláusula que se coloca en un aviso visible (cuando uno entra en el estacionamiento y no en el ingreso) que dice que “la administración no se responsabiliza en el caso de robo o pérdida del vehículo”. ¿Esto es válido?

La respuesta correcta es la negativa. Para ello, basta leer los arts. 1328 c.c. y 1398 c.c., los cuales establecen la invalidez de las cláusulas que exoneran o limitan la responsabilidad.
Evidentemente, la nulidad de las cláusulas que exoneran o limitan la responsabilidad se extiende sólo a los casos de dolo y culpa inexcusable, mas no a los de culpa leve. Sin embargo, si es que el proveedor no da la información suficiente de ello, incurriría en una falta de información que lo haría asumir una responsabilidad civil y administrativa frente al consumidor.
Para establecer cuál es el standard de idoneidad en el servicio que prestan los proveedores de estacionamiento, es necesario distinguir tres supuestos:
A. EL PROVEEDOR QUE SÓLO DA SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.
B. EL PROVEEDOR QUE ADICIONALMENTE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.
C. EL CENTRO COMERCIAL QUE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.
En los dos últimos supuestos, hay que distinguir, además, si el proveedor cobra (o no) por ese servicio. Pasaré a analizar cada uno de estos casos, en tanto, queda afirmado que el común denominador entre todos estos es el de la invalidez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad.

A. EL PROVEEDOR QUE SÓLO DA SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

Usualmente este tipo de proveedores pretende eliminar su responsabilidad con la cláusula que he mencionado anteriormente, lo cual, como ya se indicó, no sería válido, por contravenir disposiciones de carácter imperativo. No obstante ello, algunos proveedores -más ingeniosos- dan a conocer al consumidor, al momento de recoger su ticket de estacionamiento, en el reverso del mismo, la siguiente cláusula impresa: “nosotros sólo damos servicio de espacio, mas no de vigilancia”. Evidentemente, delimitar las obligaciones que se derivan de un contrato (en este caso, el de prestación de servicios) no es inválido. Sin embargo, es necesario hacer las siguientes precisiones:

Si el giro comercial del proveedor es el de dar servicio de estacionamiento, cuesta entender la pretendida delimitación de obligaciones que, no es otra cosa que una cláusula fraudulenta, por cuanto, amparándose en el derecho que uno tiene de delimitar el objeto de su contrato (norma de cobertura), lo que está haciendo en el fondo es limitar su responsabilidad (eludiendo fraudulentamente una prohibición dada por una ley imperativa). En este caso, la sanción sería no tener en cuenta la cláusula hecha bajo los alcances de la norma de cobertura y aplicar la norma imperativa, en este caso, los arts. 1328 y 1398 c.c.

Un aspecto que no debe pasar desapercibido es el de la oportunidad de la información. La misma debe suministrarse al ingreso del establecimiento en el cual se brinda el servicio de estacionamiento y no después que haya ingresado al mismo.

Queda claro que la pretendida cláusula de delimitación del objeto del contrato de servicio de estacionamiento, desde un punto de vista de costo-beneficio, haría dudar seriamente de la eficiencia de la contraprestación que le corresponde al proveedor. Para el consumidor, no habría mayor diferencia con el hecho de estacionar en la calle y servirse de algún informal que … “cuide su carrito”.

B. EL PROVEEDOR QUE ADICIONALMENTE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.

1. Es el caso de algún restaurant, discoteca, supermercado, que aparte, ofrece el servicio de estacionamiento.
Aquí, si serían válidas, en línea de principio, las cláusulas de delimitación de las obligaciones. El fundamento de ello es claro: el giro del proveedor es distinto del de prestar servicio de estacionamiento, el mismo es una facilidad adicional que le da a sus proveedores.

Dentro de este supuesto, es necesario distinguir las siguientes situaciones:

En un caso de una consumidora que dejó su carro en el estacionamiento de un supermercado y al regresar de hacer sus compras, se dio con la sorpresa que ya no tenía automóvil, la Comisión de Protección al Consumidor, en una poco clara resolución, No. 5, de fecha 05.10.95, estableció que:
“la circunstancia de que el consumidor puede leer los referidos letreros (se refiere a los de exoneración de responsabilidad) cuando ya ha ingresado al estacionamiento no constituye mayor perjuicio para él, desde que la información se le proporciona de manera inmediata y cuando todavía no ha ejecutado la prestación a su cargo (comprar en las tiendas de E. Wong S. A.), lo que permite que –sin mayor trámite- pueda retirarse del estacionamiento y optar por estacionar su vehículo en otro parqueo.”
Y como la consumidora no tenía el ticket que acreditaba que había estacionado su carro en las instalaciones del proveedor, la Comisión declaró infundada la denuncia, por cuanto:
“la señora OLGA GARAVITO BERRIOS no ha podido probar que efectivamente estacionó su automóvil en la playa de estacionamiento de la empresa denunciada, lo que importa la imposibilidad de que la Comisión constate si, en este extremo, se ha producido vulneración a sus derechos como consumidor.”

La Sala de la Defensa de la Competencia del Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, en su Resolución No. 012-97-TDC, del 17.01.97, confirmó esta decisión, puntualizando que:
“En efecto, en el caso materia de análisis, la denunciante no ha acreditado haber recibido comprobante o contraseña alguna para retirar su vehículo. De haber efectivamente dejado su vehículo en la playa de estacionamiento de la denunciada y de haber recibido tal comprobante, este último debió estar en poder de la denunciante. De esta manera, un consumidor que deja su vehículo en una playa como la de la denunciada, en la cual no se entrega contraseña para retirar su automóvil, puede razonablemente prever que existe el riesgo que cualquier otra persona podría retirar su vehículo sin que se realice un control de salida. En otras palabras, un consumidor razonable estaría en condición de conocer, antes de dejar su vehículo en la playa de estacionamiento, que el servicio ofrecido no tiene como característica la vigilancia de los automóviles.”

La (absurda) conclusión a la que se hace llegar es que, si un consumidor, en el supuesto de un proveedor que adicionalmente da el servicio de estacionamiento, no recibe un ticket del mismo, ello debe ser entendido como una asunción voluntaria del riesgo y no cabría solicitar ningún tipo de protección ni reparación.
Con mayor tino, la Comisión, en la Resolución Final No. 240-2002-CPC, del 10.04.02, precisó que:
“Respecto al criterio utilizado en la Resolución N° 012-97-TDC, debe señalarse que la presentación de un ticket por el servicio del estacionamiento consiste en un medio probatorio que debe ser analizado dentro del contexto de cada caso en particular. Como consecuencia de ello, la no presentación del ticket no debe ser considerada a priori como una prueba que el proveedor no ofrece el servicio de estacionamiento ni guardianía.”Juan Espinoza Espinoza.

2. SE DEBE TENER EN CUENTA LA INFORMACIÓN QUE SE LE DA AL CONSUMIDOR.

Así, se presentó un caso en el cual en una discoteca se ofrecía adicionalmente el servicio de estacionamiento vigilado y se le impuso una multa al proveedor debido al robo que sufrió un consumidor que dejó su auto.
Al respecto, la Comisión de Protección al Consumidor, en la Resolución Final No. 553-2001-CPC, del 02.08.01, precisó que:
“un consumidor razonable no espera que al entregar un determinado bien para su custodia, éste sea objeto de robo por parte de terceros o de cualquier otra causa que pudiera dañarlo. En todo caso, de producirse la extracción de algún objeto en su interior, o, en todo caso, de algún daño en su estructura, la expectativa mínima de un consumidor razonable es que el proveedor reponga la pérdida oportunamente, con un bien equivalente, o se haga cargo de la reparación de los daños que éste hubiera sufrido.”

3. MENCIÓN APARTE MERECEN LAS SITUACIONES DE APARIENCIA.

Un caso que encaja en este supuesto es el de un consumidor que fue a un restaurante que tenía un centro recreacional para niños, ubicado fuera de Lima. El local no contaba con estacionamiento propio; pero durante una época la administración del proveedor alquiló un espacio frente a su sede, en el cual había notoria publicidad del proveedor, a efectos que sus clientes estacionen. A su regreso, el consumidor, se dio con la ingrata sorpresa que le habían roto la luna de su automóvil y robado su radio. La administración le informó que no tenía responsabilidad, por cuanto, desde hacía un tiempo, ya no alquilaba dicho espacio para sus clientes. Ante la denuncia que hizo el consumidor ante la Comisión de Protección al Consumidor, ésta, mediante Resolución Final No. 240-2002-CPC, del 10.04.02, la declaró fundada por infracción a los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. Ello, toda vez que en el presente caso el proveedor no brindó información adecuada al consumidor sobre su responsabilidad por los vehículos que fueran estacionados en la playa de estacionamiento materia de denuncia. En consecuencia, se le sancionó con una multa de 0,4 Unidades Impositivas Tributarias. El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“La Comisión considera que en este caso particular, se ha configurado un supuesto de apariencia, que es una situación compleja, en la cual una situación real se manifiesta o significa frente a los terceros de otra manera, vale decir, a través de una situación aparente. Este supuesto de apariencia se manifiesta objetivamente, bajo criterios socialmente apreciables. Frente a ello, el ordenamiento jurídico considera eficaz la situación aparente, privilegiándola frente a la situación real, a efectos de proteger a los terceros que, confiando en la misma, han celebrado actos jurídicos. Las situaciones de apariencia no son ajenas a las previsiones del Código Civil. Así, se regula al acreedor aparente (art. 1225 c.c. ), al heredero aparente (art. 665 c.c. ), entre otros.

En estos casos, los actos realizados tanto con el acreedor aparente, como con el heredero aparente, tienen efectos jurídicos. En efecto, en el primero, se extingue la obligación por el pago hecho al acreedor aparente y, en el segundo, haciendo una interpretación a sensu contrario, el heredero real no podrá reivindicar los bienes transmitidos por el heredero aparente al tercero de buena fe.
En ese sentido, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, así como la utilización del logotipo y el nombre de la Granja Villa en el cerco del terreno utilizado como playa de estacionamiento, un consumidor podría prever razonablemente que dicho terreno es utilizado por la Granja Villa como zona de parqueo para sus clientes, y que por lo tanto, considerando que dicha empresa cuenta con personal de seguridad ubicado frente a la playa, su vehículo no corría riesgo al ser estacionado en dicho lugar.

En consecuencia, si la Granja Villa quería eximirse de responsabilidad debía informar a sus visitantes de manera clara y precisa que ella no se responsabilizaba por el estacionamiento en dicho lugar. En efecto la denunciada sabía que correspondía informar a los consumidores que ella no era responsable por el estacionamiento en el referido terreno, puesto que cuando la Unidad de Fiscalización del INDECOPI realizó la inspección, en dicho lugar se constató la existencia de un único cartel de pequeñas dimensiones que decía: “ No nos responsabilizamos por Daños o Robos en los vehículos estacionados”.
No obstante ello, dicho cartel no resulta suficiente para informar de forma clara y precisa a los consumidores, teniendo en cuenta la dimensión del terreno en el que ese ubica la playa de estacionamiento materia de denuncia”.

El fundamento por el cual la apariencia es fuente de responsabilidad civil, reside en el hecho que, si una persona (natural o jurídica) se beneficia al configurarse dicho supuesto, deberá asumir los costos por los daños que se ocasionen a los terceros de buena fé que han actuado confiando en dicha situación de apariencia. Ello, en la medida que se debe informar al tercero cuál es la situación real y evitar ser reticente ante la apariencia. Este caso, también encontraría perfecta aplicación, en materia de responsabilidad civil, a la luz del art. 1325 c.c.

4. Es necesario tener en cuenta si el proveedor cobra (o no) por el servicio adicional de estacionamiento.
En opinión, si no lo hace, cabrían las cláusulas de delimitación de las obligaciones que forman parte del contrato. Si cobra por ese servicio adicional, su tratamiento no debería ser distinto del proveedor que sólo ofrece servicio de estacionamiento.

C. EL CENTRO COMERCIAL QUE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.

En este supuesto también hay que distinguir el centro comercial que cobra (o no) por este servicio adicional.
Si la respuesta es afirmativa, el tratamiento a darse será el de los proveedores que dan servicio de estacionamiento. Si es negativa, deberá ser tratado como el proveedor que da adicionalmente el servicio de estacionamiento y, entonces, si serían válidas las cláusulas de delimitación del objeto del contrato.

La Comisión tuvo que conocer el caso de un consumidor que dejó estacionado su carro en un centro comercial, fue al cine y a su regreso encontró que la cerradura de la puerta estaba forzada y había sufrido el robo de accesorios interiores del vehículo, así como enseres y artículos personales.

En la Resolución Final No. 009-2003-CPC, del 08.01.03, aclarada por la Resolución No. 1, del 12.02.03, se establecieron los siguientes criterios:
1. Respecto de la cláusula de limitación de responsabilidad que utilizan los proveedores que brindan exclusivamente el servicio de estacionamiento, se precisó que:
“El proveedor no estaría limitando los alcances de la garantía implícita, cual es el servicio de vigilancia, sino que estaría pretendiendo exonerarse de responsabilidad. Sobre esto último, conforme al artículo 1328 del Código Civil, es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de terceros de quien éste se valga. En tal sentido, si bien es posible que el proveedor del servicio de estacionamiento limite su responsabilidad por culpa leve, no habría cumplido con informar de manera adecuada y precisa a los consumidores que dicha limitación se refiere a los casos de culpa leve.”

2. Respecto de la ubicación de la cláusula de limitación de responsabilidad, se afirmó que:
“De acuerdo al informe de la Unidad de Fiscalización, existen tres anuncios en la playa de estacionamiento a través de los cuales se informa a los consumidores de los alcances de la limitación de responsabilidad de la playa de estacionamiento denunciada. Sin embargo, dichos anuncios se encuentran en la parte interior del estacionamiento, por lo que su contenido no sería conocible por un consumidor sino hasta después de ingresar a la playa, lo que limita el derecho de los consumidores a recibir toda la información relevante al momento de contratar el servicio.

En tal sentido, en el supuesto que un consumidor ingrese a la playa de estacionamiento y se percate, recién en ese momento, de la limitación de responsabilidad, no podría libremente optar por retirar su vehículo de la playa y estacionarlo en otro lugar, sin tener que pagar previamente el costo del servicio. Ello, considerando que al ingresar al estacionamiento se entrega a los conductores de los vehículos un comprobante por el uso del servicio, que debe ser cancelado al retirar el vehículo del estacionamiento.
Sobre el particular, cabe señalar que en la parte exterior del centro comercial existe una zona de estacionamiento por la cual el consumidor no tiene que pagar para estacionar su vehículo, lo que implica que el consumidor tiene otras opciones al momento de elegir donde estacionar el mismo.

En tal sentido, el hecho que el proveedor limite su responsabilidad en relación a los vehículos que se encuentran al interior de la playa de estacionamiento, no libera al proveedor de su deber de informar al consumidor al momento en que éste se encuentra en posibilidad de elegir si contrata o no el servicio y no después que ya lo contrató, como en este caso, luego de ingresar a la playa de estacionamiento.
En consecuencia, si bien Inversiones Caminos del Inca informó al señor Benel de manera clara y precisa su limitación de responsabilidad a través de los anuncios, no lo hizo al ingreso de la playa de estacionamiento, lo que limitó el derecho del consumidor a recibir toda la información necesaria para poder realizar una elección adecuada antes de contratar el servicio de playa de estacionamiento; considerando que, una vez encontrándose el vehículo dentro de la playa, el consumidor debía pagar por el servicio de estacionamiento.”

En atención a ello, la Comisión declaró fundada la denuncia del consumidor, en vista que el proveedor había infringido su deber de información, regulado en los arts. 5, inc. b y 15 de la Ley de Protección al Consumidor.
De estos criterios, se puede llegar a las siguientes conclusiones:
• La cláusula de exoneración de responsabilidad es inválida, de acuerdo al art. 1328 c.c.
• Aunque el art. 1328 c.c. establezca que son nulas las cláusulas de exoneración o de limitación de la responsabilidad, es necesario precisar que éstas son válidas si se trata de culpa leve, salvo que con ello se violen normas de orden público.
• No obstante lo anterior, si es que no se informa adecuadamente al consumidor ello, no podría hacerse valer esta limitación frente a éste.
• Aun asumiendo que se delimitase que no hay responsabilidad en caso de culpa leve, ello debe ser informado antes de entrar a la playa de estacionamiento.
Por ello, reitero, que la información que se le debe dar al consumidor es vital para que pueda hacer una adecuada decisión y, si el proveedor del establecimiento no ofrece las garantías del caso, será mejor buscar otras opciones en el mercado y, de repente contratar, en la calle a alguien que “cuide su carrito”.

CUADRO DE DELIMITACION DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO

PROVEEDOR QUE SOLO DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
PROVEEDOR QUE ADICIONALMENTE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
CENTRO COMERCIAL QUE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

3. ANALISIS DE CONCEPTOS DESARROLLADOS POR INDECOPI.

RELACIÓN DE CONSUMO

La relación de consumo se encuentra determinada por la concurrencia de tres componentes que están íntimamente ligados y cuyo análisis debe efectuarse de manera integral; puesto que la ausencia de uno de dichos componentes determinaría que no nos encontremos frente a una relación de consumo y por tanto, la denuncia planteada sería declarada improcedente. Dichos componentes son los siguientes:
1. un consumidor o usuario;
2. un proveedor; y,
3. un producto o servicio materia de una transacción comercial.
Cabe precisar que existen casos en los cuales las personas naturales y jurídicas pertenecientes a la categoría profesional de los pequeños empresarios pueden ser sujetos afectados por la desigualdad informativa en la relación de consumo y, por tanto, pueden ser considerados como consumidores para efectos de la Ley de Protección al Consumidor, conforme se desarrollará en el apartado 2.2. del presente documento.

CONSUMIDOR FINAL

La protección especial que se brinda al consumidor, a partir de las normas contenidas en la Ley de Protección al Consumidor, parte del supuesto de la existencia de una situación de asimetría informativa en la que se encuentran los consumidores frente a los proveedores. Esta situación es de desventaja en desmedro de los consumidores, quienes no cuentan con la misma calidad ni cantidad de información que los proveedores, en razón del conocimiento que éstos tienen de las actividades relacionadas con su proceso productivo o comercial.

El criterio que ha venido utilizando la Comisión y la Sala para determinar en qué casos el adquiriente o usuario de un bien o servicio es un consumidor en los términos de la Ley, ha sido establecido en un precedente de observancia obligatoria, en el que, la Sala ha señalado que un “consumidor final” es el que adquiere, utiliza o disfruta un producto, ya sea un bien o un servicio, para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato, tomando en consideración la asimetría informativa.

Al respecto, se debe entender por asimetría informativa a la diferencia de información que manejan los proveedores respecto de los consumidores. Dicha diferencia coloca a los proveedores en una posición de ventaja al momento de entablar la relación comercial. Esta asimetría se produce por la especialización obtenida por los proveedores en las transacciones comerciales ya efectuadas (en toda la cadena productiva) y a la mejor posibilidad de acceder a toda la información referente al producto o servicio (características, funcionamiento, condiciones) debido a los recursos institucionales con los que cuentan (departamentos de logística, ventas, investigación, etc.).

En ese sentido, el precedente anteriormente mencionado considera que las personas naturales y jurídicas pertenecientes a la categoría profesional de los pequeños empresarios también pueden ser sujetos afectados por la desigualdad informativa en la relación de consumo y, por tanto, pueden ser considerados como consumidores para efectos de la Ley de Protección al Consumidor cuando debido a las necesidades de su actividad empresarial adquieran o utilicen productos, ya sean bienes o servicios, para cuya adquisición o uso no fuera previsible que debieran contar con conocimientos especializados equiparables a aquellos de los proveedores.

En efecto, el propósito de dicho precedente es que a través de la Ley de Protección al Consumidor se supere la desigualdad informativa existente entre el proveedor y el consumidor, dado que sería atentatorio contra dicha finalidad otorgar la protección especial de la Ley a quienes no se encuentren afectados por ninguna asimetría. En esta línea, el precedente hace la salvedad respecto de un determinado grado de especialización y conocimiento que puede tener el consumidor; lo que haría desaparecer la desigualdad entre el pequeño empresario y el proveedor.

Pero si no tuviera esos conocimientos y se encontrara sujeto a una situación de asimetría informativa, podría ser objeto de protección.

PROVEEDORES

La Ley ha definido como proveedor a aquellas personas naturales o jurídicas que realizan operaciones de venta de bienes o prestación de servicios de manera habitual o en establecimientos abiertos al público. Así, no son proveedores aquellos que venden bienes o prestan servicios de manera ocasional, como podría ser el caso de aquella persona que vende un auto usado o una casa de su propiedad. Asimismo, la Comisión ha establecido como criterio que una persona natural o jurídica se comporta como proveedor cuando se dedica en establecimientos abiertos al público, o en forma habitual, a la producción o comercialización de bienes (esto es, a la fabricación, elaboración, manipulación, acondicionamiento, mezcla, envasado, almacenamiento, preparación, expendio o suministro de bienes) o a la prestación de servicios en el territorio nacional.

En cuanto al criterio de habitualidad, se debe tener presente que incluso en el caso que la persona no realice sus actividades en establecimientos abiertos al público, si ésta realiza la actividad de manera común y reiterada, será considerado proveedor. Asimismo, dicho criterio no está ligado a un número predeterminado de transacciones que deben realizarse para presumir la habitualidad. Por el contrario, la habitualidad a la que se refiere la Ley se encuentra referida al supuesto en que pueda presumirse que alguien desarrolla la actividad para continuar en ella.

LA CARGA DE LA PRUEBA

De acuerdo a la norma que regula la carga de la prueba, la misma que establece que quien alega un hecho debe probarlo, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, y luego será el proveedor quien debe demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad.
Tenemos entonces:

acreditación del defecto: corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,
imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponderá al proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), esto es, que no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor.

3.1. DERECHO A LA INFORMACIÓN

ASIMETRÍA INFORMATIVA

De acuerdo al criterio desarrollado por la Sala y que viene siendo utilizado por la Comisión, en toda relación de consumo, el consumidor a pesar de ser quien mejor sabe qué le interesa, no necesariamente tiene a su disposición la información que le permita adoptar las decisiones más convenientes. En consecuencia existe un problema de asimetría informativa entre proveedores y consumidores que puede llegar a generar distorsiones que sitúen al consumidor en la incapacidad de elegir soluciones adecuadas.

En efecto, los proveedores como consecuencia de su experiencia en el mercado, suelen tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que venden. Ello trae como consecuencia que ciertas prácticas puedan distorsionar excepcionalmente el funcionamiento del mercado.

En términos económicos, la asimetría informativa eleva los costos de transacción en el mercado, es decir aquellos en los que las partes deben incurrir para llegar a celebrar un contrato que satisfaga de la mejor manera posible los intereses de ambos y tienda a maximizar la utilidad social.

Casi todos los problemas de aplicación de las normas de protección al consumidor pueden verse resumidos en dos grandes categorías. La primera se refiere a los problemas de información en sí misma; y la segunda a los problemas de idoneidad. En realidad, los problemas de idoneidad y de información pueden ser considerados como las dos caras de la misma moneda. La idoneidad es la falta de coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que realmente recibe. Pero, a su vez, lo que el consumidor espera depende de la cantidad y calidad de información que ha recibido.

A primera impresión los casos de idoneidad no tendrían nada que ver con información, pero ello no es exacto. Si se parte de que el proveedor suele tener mayor información sobre los bienes y servicios que ofrece en el mercado, podría advertirse que se encuentra en mejor posición para tomar precauciones sobre en qué condiciones puede ofrecer un bien o servicio idóneo. Si él diseña el bien o servicio y finalmente lo suministra, la información con que cuenta le permite saber qué medidas debe adoptar para ofrecer lo que un consumidor que actúa con responsabilidad esperaría, dadas las circunstancias de dicha adquisición.

Los problemas de información en sí misma, son entendidos como los casos en que el proveedor omite brindar información relevante o la brinda de manera defectuosa, de tal modo que impide que el consumidor evalúe correctamente la contratación del bien o servicio a adquirir; o que, habiéndolo adquirido, realice un uso adecuado del mismo.

información que deben brindar los proveedores a los consumidores
Los proveedores tienen la obligación de poner a disposición de los consumidores toda la información que sea relevante respecto de los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal, que aquella pueda ser conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria.

Así, lo que se debe informar depende de lo que un consumidor espera, y lo que el consumidor esperaría depende de qué es lo que se le informó. En consecuencia, de acuerdo al criterio establecido por la Sala, el cumplimiento de esta obligación se analiza en abstracto, es decir, tomando en cuenta lo que normalmente esperaría un consumidor razonable en las circunstancias que rodean la adquisición de un producto o la contratación de un servicio.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Existe cierta información mínima que, por su “relevancia” para efectos que el consumidor tome su decisión de consumo, debe ser puesta en conocimiento del consumidor.
Así, para determinar la relevancia de una información, es necesario atender a la posibilidad que la omisión o revelación de dicha información hubiera podido cambiar la decisión del consumidor de adquirir o no el servicio o producto.

LA IDONEIDAD

La idoneidad es la coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe efectivamente. Pero, a su vez, lo que el consumidor espera depende de la cantidad y calidad de información que ha recibido, como se señaló anteriormente.

PRODUCTO O SERVICIO IDÓNEO

La idoneidad del bien o servicio debe ser, en principio, analizada en abstracto, esto es considerando lo que normalmente esperaría un consumidor razonable, salvo que de los términos acordados o señalados por el consumidor se desprenda algo distinto. Si las condiciones y términos expresos (contenidos en los documentos, envases, boletas, recibos, garantías, o demás instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor) no señalan algo distinto, se presume que el producto es idóneo para los fines y usos previsibles para los cuales normalmente éstos se adquieren en el mercado, considerando las condiciones en las cuales los productos fueron adquiridos o los servicios contratados. Sin embargo, el proveedor podría limitar ésta obligación si es que informa que vende el bien al consumidor en condiciones distintas a las que se derivan de la garantía implícita. Por ejemplo, si informa al consumidor claramente que no ofrece ninguna garantía por el bien, o si limita temporalmente la obligación de garantía, o si excluye cierto tipo de problemas de la obligación de garantía o si ofrece garantías expresas que excluyen expresamente las garantías implícitas o cualquier otra limitación similar. En estos casos, responderá en los términos ofrecidos expresamente, siempre y cuando dichos términos y condiciones hayan sido conocidos o conocibles por el consumidor razonable usando su diligencia ordinaria.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES POR LA IDONEIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRESTAN

Conforme al criterio utilizado por la Comisión y la Sala, los proveedores son responsables por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que pongan a disposición de los consumidores en el mercado, debiendo los productos o servicios responder a la finalidad para la cual han sido fabricados o ideados.

3.2. ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

LA DELIMITACIÓN

Es identificar los contornos del derecho, determinar los contornos del derecho, definir el contenido del derecho. Más allá de estos contornos no existe este derecho, existe otra realidad. Ejm. Cuando se dice en la constitución: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Decreto Legislativo 716. Ley de protección al Consumidor. Artículo 8º.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde.

LÍMITES EXPRESOS
Se llaman así porque son límites establecidos expresamente en la Constitución. Los derechos fundamentales son realidades limitadas, no hay derechos absolutos, todos los derechos son limitados. Ejm. La Libertad de expresión, limitada cuando se viola el orden público, cuando se trata de manifestaciones.

EL CONTRATO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

La doctrina denomina así al servicio que es brindado como prestación principal a cambio de un pago realizado por el usuario a título de contraprestación.
Dicho contrato se define como el acuerdo por el que una persona –sea propietaria o no de un vehículo-conviene con el titular de un inmueble destinado al estacionamiento de vehículos-sea aquel propietario o no del local-en estacionar en dicho lugar su vehículo durante un plazo determinado o indeterminado a cambio de una retribución de dinero.

Es un contrato atípico con naturaleza jurídica propia en el que participan ciertos elementos y características de los contratos de arrendamiento y depósito.

La doctrina tanto en el ámbito nacional como en el Derecho Comparado, mayormente reconoce que las obligaciones principales que constituyen el contrato de estacionamiento son, por un lado, la cesión en uso de un espacio físico para aparcar el vehículo y, por otro, el deber de custodiar dicho vehículo. Este último deber (Custodia) comprende la obligación de vigilancia y protección del vehículo a fin que no sea robado ni dañado por agentes externos del mismo. Esta obligación de conceder un espacio para el aparcamiento del vehículo se suma una obligación de custodia a carago del dueño del garaje, por la cual éste debe responder por los daños y robos al vehículo. Entender que el proveedor pueda eximirse de responsabilidad por la obligación esencial de custodia del vehículo mediante la existencia de clausulas y avisos significa desnaturalizar el contrato de estacionamiento y dejarlo sin causa.

En efecto, si bien es válido que las partes delimiten el objeto de un contrato, cuando el contrato de estacionamiento se plasme en uno de adhesión o con arreglo a clausulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, las estipulaciones que tengan por efecto exonerar o limitar al proveedor- que las redacta-de su responsabilidad por las custodia del vehículo, se considerarán invalidas, de conformidad con lo establecidos por el artículo 1398º de Código Civil. El proveedor del servicio des estacionamiento sólo podrá eximirse de responsabilidad si acredita la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible para su actividad económica que califique como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del propio consumidor.

¿Qué pasa cuando un restaurante te brinda el servicio de Valet Parking?

Los proveedores que brindan servicios de estacionamiento, pueden ser de dos tipos:

los que se prestan de manera exclusiva; y,
los que se brindan como un servicio adicional.

En el caso de los restaurantes, el servicio de estacionamiento ofrecido, es accesorio al servicio principal de expendio de comida. No obstante ello, se debe precisar que dentro de la relación de consumo existen servicios adicionales, cuya idoneidad es también responsabilidad del proveedor. Por ejemplo, es común que los supermercados y discotecas destinen un espacio para el cuidado de los objetos personales de sus clientes. Este servicio no es el principal; sin embargo ya que forma parte del servicio integral que ofrece a los consumidores, es obligación del proveedor garantizar que dicho servicio se realice de manera satisfactoria, según lo que esperaría un consumidor razonable.

En el caso específico del servicio adicional de valet parking; no siempre resulta obligación del proveedor garantizar la vigilancia del vehículo, ya que ello dependerá de la información brindada al consumidor; o en su defecto, de lo que él esperaría de acuerdo a las circunstancias que rodeen la prestación del servicio. Entonces, de ser el caso, el deber del cuidado del bien se trasladaría al proveedor quien resultaría responsable por la pérdida del vehículo o de los bienes que se encuentren en él, salvo pacto en contrario.
Así, un consumidor razonable que acude a almorzar a un restaurante y que entrega las llaves de su vehículo a un empleado del local, esperaría que además de estacionamiento vehicular, se brinde servicio de vigilancia. En ese sentido, dicho el proveedor resultaría responsable por la pérdida de los vehículos y sus accesorios que se encuentren bajo su esfera de custodia en el servicio de valet parking. De acuerdo a lo anteriormente expuesto la Comisión declaró fundada una denuncia contra un restaurante por la pérdida del automóvil del denunciante en el servicio de valet parking.

a) ¿Qué esperaría un consumidor de aquellos proveedores que se dedican exclusivamente al servicio de estacionamiento de vehículos de manera onerosa?
La Comisión considera que en estos casos, un consumidor razonable que contrata un servicio de estacionamiento oneroso de vehículos, espera que el mismo sea seguro. Ello, a pesar que la propia empresa prestadora del servicio pueda limitar su responsabilidad, a través del boleto de ingreso entregado al consumidor con el que contrata.

Dicho criterio ha sido aplicado en el caso de un consumidor que estacionó su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial y en el que, al momento del ingreso, se informaba que el servicio brindado incluía la vigilancia de los vehículos a través de cámaras de video y rondas de vigilancia por parte de su personal. En dicho caso, la Comisión declaró fundada la denuncia, en tanto quedó acreditado que el denunciante sufrió el robo de algunos accesorios de su vehículo, sancionando a las empresas denunciadas. Cabe señalar que en dicha oportunidad, la Comisión atribuyó responsabilidad tanto a la empresa prestadora del servicio de administración y vigilancia de la playa de estacionamiento, como a la propietaria de ésta.

b) ¿Qué esperaría un consumidor de aquellos proveedores de bienes o servicios que brindan adicionalmente el servicio de estacionamiento?

La Comisión y la Sala han establecido que un consumidor razonable espera, cuando el proveedor le ofrece un espacio de estacionamiento gratuito como parte del servicio principal, que el estacionamiento sea seguro, pues de no ser así, podría optar por contratar con otra empresa que no cuenta con estacionamiento y podría ofrecerle un menor costo. Así, se ha establecido que el proveedor es responsable por la idoneidad de todo el servicio, incluyendo los atributos adicionales como el estacionamiento que da ventajas a su oferta frente a otros competidores.

Asimismo, se ha establecido claramente que el proveedor se exime de esta responsabilidad, si informa claramente a los consumidores que no presta el servicio de vigilancia en su estacionamiento.
Dicho criterio ha sido aplicado en el caso de un consumidor que estacionó su vehículo en un establecimiento dedicado a la venta de comida rápida. Ante el aviso del gerente de establecimiento, verificó que habían roto la luna de su vehículo, sustrayendo del interior la radio y prendas de vestir. En el caso, la Sala conformó la resolución de la Comisión que declaró fundada la denuncia.

3.3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EN INDECOPI

DENUNCIAS
• Presentación de la denuncia.
• Calificación y admisión de la denuncia.
• Audiencia de conciliación (opcional).
• Evaluación de pruebas aportadas por las partes.
• Actuación de inspección o pericia (opcional de acuerdo al caso).
• Informe oral (cuando lo requiera una o ambas partes y previa evaluación de la Comisión).
• Resolución final.

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO CONCILIATORIO O MEDIDA CORRECTIVA
• Presentación de la denuncia.
• Requerimiento al denunciado a fin que acredite cumplimiento.
• Resolución de Comisión.

LIQUIDACIÓN DE COSTOS Y COSTAS
• Presentación de solicitud.
• Resolución de Comisión.

Término del procedimiento

a) ¿Cuáles son las formas de conclusión del procedimiento?

Un procedimiento tramitado ante la Comisión de Protección al Consumidor puede concluir mediante una Resolución que declara fundada, infundada o improcedente una denuncia; por conciliación entre las partes; acuerdo extra proceso; desistimiento del denunciante; declaración de abandono del procedimiento; por un proveído declarando inadmisible la denuncia; y porque un procedimiento iniciado de oficio se concluye y se dispone su archivo.
El plazo máximo que tiene la Comisión para emitir pronunciamiento es de 120 días hábiles a partir de la presentación de la denuncia.

b) Notificación de resolución
Emitida y firmada la Resolución, ésta es notificada a las partes para que, tomen conocimiento de la misma. De ser el caso, puedan interponer los recursos impugnatorios pertinentes dentro del plazo establecido, que se computa a partir que la Resolución es válidamente notificada.

c) Apelación
- Qué se puede apelar
El artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi establece que el único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar.
Por ello, las resoluciones que deniegan recursos de apelación no entran en ninguna de estas categorías, puesto que únicamente se pronuncian sobre una cuestión de trámite, cual es la verificación de los requisitos establecidos en la Ley para conceder o denegar el recurso de apelación.
Asimismo, es preciso resaltar que no cabe plantear recurso de reconsideración, sino únicamente recurso de apelación. Lo que sí podría presentarse es un recurso de aclaración o rectificación.
Finalmente, cabe mencionar que las Resoluciones que sancionan a los proveedores por el incumplimiento de medidas correctivas, el incumplimiento de acuerdos conciliatorios y el incumplimiento del pago de costas y costos resultan apelables cuando imponen una multa, al amparo de lo establecido en el artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 80783. Por ende, las Resoluciones que declaran infundadas las solicitudes de sanción por incumplimiento o que imponen una amonestación, no resultan apelables.

- Plazo para apelar y elevar a la instancia competente
La Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal, en la Décimo Tercera Disposición Complementaria, establece que el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles; plazo que debe contarse a partir de la notificación de la Resolución.
Cumplido dicho plazo, si no se ha presentado recurso de apelación, se declara consentida la resolución final, se envía la multa al Área de Cobranza Coactiva de ser el caso y se remite el expediente al Área de Archivo.

En caso de presentarse recurso de apelación, la Comisión evalúa que éste haya sido presentado dentro del plazo y que haya sido suscrito por persona autorizada para ello, en cuyo caso, se emite un proveído concediendo el recurso de apelación, el mismo que se notifica a las partes, para posteriormente elevar el expediente a la Sala de Defensa de la Competencia, quien es el órgano superior competente para pronunciarse sobre los recursos impugnativos presentados ante la Comisión.
Dicha instancia tiene un plazo de 120 días hábiles para emitir pronunciamiento.
La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo.
La apelación de multas también se concede con efecto suspensivo, pero será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado.
Si el recurso de apelación no cumple alguno de los requisitos mencionados, se emite una Resolución denegando la apelación y declarando consentida la Resolución Final.

d) Poder Judicial

Las resoluciones que expida la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual podrán ser impugnadas en la vía judicial a través del Procedimiento Contencioso Administrativo84. El administrado cuenta con tres meses para impugnar la resolución de la Sala en dicha instancia.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Con relación a este punto, el Artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, establece que sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las infracciones tipificadas en la presente Ley, una o más medidas correctivas, dependiendo del caso en concreto.
Anteriormente, la norma sólo permitía a la Comisión imponer sanciones por las conductas infractoras; sin embargo, la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor, introdujo la modificación que otorgó facultades para otorgar medidas correctivas.

MEDIDAS CORRECTIVAS QUE ORDENA LA COMISIÓN

La Comisión ya sea a pedido de parte o de oficio, puede ordenar una o más de las siguientes medidas correctivas:

Decomiso y destrucción de mercadería, envases, envolturas y/o etiquetas.
Solicitar a la autoridad municipal correspondiente la clausura temporal del establecimiento o negocio hasta por un máximo de 60 (sesenta) días calendario.
Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la Comisión, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción hubiera ocasionado.
Reposición y reparación de productos.
Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor.
Que el proveedor cumpla lo ofrecido en una relación de consumo, siempre que dicho ofrecimiento conste por escrito en forma expresa.
La devolución o extorno, por el proveedor, de las sumas de dinero pagadas por el consumidor cuando el producto entregado o servicio prestado no corresponda a lo que haya sido expresamente acordado por las partes.
Que las entidades depositarias cumplan con efectuar el traslado y el pago de las cuentas por CTS del trabajador, conforme lo establecido en la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios.
Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
Que el proveedor pague las coberturas ofrecidas en los seguros contratados por los consumidores, quedando sujeto el pago al cumplimiento de las condiciones establecidas en la correspondiente póliza de seguros.
Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro.

SANCIONES

SANCIONES QUE IMPONE LA COMISIÓN

De acuerdo a lo establecido en la Ley, la Comisión puede imponer a los proveedores que hubieran infringido la Ley, sanciones administrativas que pueden ser una amonestación o una multa de hasta un máximo de 100 UIT.

CRITERIOS QUE UTILIZA LA COMISIÓN PARA GRADUAR LA SANCIÓN

Con relación a este punto, cabe señalar que tanto la Comisión como la Sala han venido considerando, entre otros, los siguientes criterios para la graduación de la sanción:

a) Intencionalidad del infractor
b) Probabilidad de detección de la infracción
c) Gravedad de la falta cometida y daño resultante al consumidor
d) Comportamiento del infractor respecto de los daños
e) Beneficios obtenidos por el proveedor
f) Conducta del infractor a lo largo del procedimiento
g) Efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado
h) Reincidencia

¿Se puede ordenar el pago de las costas y costos?

De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo considere conveniente.

PROCEDIMIENTO ANTE INDECOPI

4. JURISPRUDENCIA NACIONAL

CASO 01

Idoneidad del servicio - Estacionamiento gratuito como parte del servicio principal

Un consumidor razonable esperaría que cuando el proveedor le ofrezca un espacio de estacionamiento gratuito como parte del servicio principal -en el caso, venta de comida-, este garantice que el estacionamiento sea seguro, pues de no ser así podría optar por contratar con otra empresa que no cuenta con estacionamiento y podría ofrecerle un menor costo. Debe tenerse en cuenta que el proveedor es responsable por la idoneidad de todo el servicio, incluyendo atributos adicionales, como el estacionamiento, que da ventajas a su oferta frente a la de otros competidores. Ello, salvo que el proveedor informe de manera clara y suficiente que no presta el servicio de vigilancia. Por tanto, cuando un proveedor brinda un espacio de estacionamiento gratuito a los consumidores que acuden a su establecimiento, deberá tomar las medidas que sean necesarias para que el estacionamiento ofrecido sea seguro.

Resolución Nº 0269-aa/TDC-INDECOPI

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
Sala de Defensa de la Competencia

Expediente: Nº 267-2003-CPC
PROCEDENCIA: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA COMISIÓN)
DENUNCIANTE: JOSÉ ALFREDO DE LOS SANTOS LA SERNA (SEÑOR DE LOS SANTOS)
DENUNCIADO: OPERACIONES ARCOS DORADOS DEL PERÚ S.A. (MC DONALD'S)
MATERIA: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
IDONEIDAD DEL SERVICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS

ACTIVIDAD: VENTA DE HAMBURGUESAS Y COMIDA RÁPIDA

SUMILLA: en el procedimiento seguido por el señor José Alfredo de los Santos La Serna contra Operaciones Arcos Dorados del Perú S.A., la Sala ha resuelto lo siguiente:

(i) Confirmar la Resolución Nº 786-2003-CPC emitida por la Comisión de Protección al Consumidor el 15 de agosto de 2003, en el extremo apelado en que declaró fundada la denuncia contra Operaciones Arcos Dorados del Perú S.A. por infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. Un consumidor razonable que acude a un establecimiento que como un atributo de sus servicios le ofrece un espacio de estacionamiento gratuito, esperaría que este sea seguro, salvo que se le informe de manera clara y suficiente que no es así. Por tanto, el proveedor es responsable por haber brindado un servicio no idóneo al consumidor, dado que su vehículo aparcado en el estacionamiento del local del proveedor sufrió un robo.

(ii) Confirmar la referida Resolución en el extremo apelado en que ordenó, como medida correctiva, que el proveedor cumpla con entregar una suma de US$ 340,00 al consumidor, correspondiente al valor de su equipo de sonido y parlantes robados.

(iii) Confirmar dicha resolución en el extremo apelado en que declaró fundada la solicitud de pago de costas y costos del procedimiento.

(iv) Confirmar la resolución en el extremo apelado en que sancionó a Operaciones Arcos Dorados del Perú S.A. con una multa ascendente a 0,5 UIT.
Sanción: 0,50 (media) UIT
Lima, 2 de julio de 2004

I. ANTECEDENTES

1. El 7 de marzo de 2003, el señor De los Santos denunció a Mc Donald's por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. En su denuncia, señaló que el 27 de enero de 2003 acudió al local de Mc Donald's ubicado en la Avenida Javier Prado Este 4715, distrito de La Molina, estacionando su vehículo en la playa de estacionamiento del referido local. Señaló que, mientras se encontraba consumiendo en dicho establecimiento, el Gerente le comunicó que unos sujetos estaban rondando su vehículo. Indicó que ante ello, se acercó a su automóvil y observó que la ventana del lado izquierdo del vehículo se encontraba rota, percatándose que habían sido sustraídos del mismo, el equipo de sonido, dos parlantes y prendas de vestir.

2. El señor De los Santos agregó que, ante su reclamo, el encargado de Mc Donald's le informó que no eran responsables de lo ocurrido, pues no brindaban servicio de vigilancia en el local por no contar con presupuesto para ello. Asimismo, el señor De los Santos señaló que era responsabilidad de la denunciada resguardar la playa de estacionamiento donde los clientes estacionaban sus vehículos o, de lo contrario, informar a los consumidores que no contaban con seguridad en el estacionamiento para poder adoptar una buena decisión de consumo. En ese sentido, solicitó a la Comisión ordenar a la denunciada la reparación por los daños ocasionados, la devolución del costo de los bienes sustraídos del vehículo(1) y el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido durante la tramitación del procedimiento.

3. El 24 de marzo de 2003, el área de fiscalización del INDECOPI realizó una visita al local de Mc Donald's, constatando la inexistencia de personal de seguridad en la playa de estacionamiento, así como de alguna indicación respecto a que no se hacían responsables por lo que pueda ocurrirle a los vehículos que se estacionan en su playa de estacionamiento. Asimismo, se observó que en dicha playa existen tres cámaras instaladas en los postes en uno de los lados del estacionamiento.

4. En su escrito de contestación de denuncia, Mc Donald's señaló que a efectos de evitar este tipo de incidentes, brindaba charlas a su personal, contaba con alarmas silenciosas, cámaras de vigilancia interior y con un servicio de monitoreo remoto brindado por una empresa de seguridad. Sin embargo, indicó que no contaba con servicio de vigilancia ni control de acceso a sus estacionamientos, donde se permitía el ingreso y la salida libre de los consumidores.

5. El 5 de junio de 2003, se realizó una visita inspectiva en el local de Mc Donald's, verificándose que en el referido local no hay personal de seguridad que vigile los vehículos, ni letrero alguno en la playa de estacionamiento en el cual se informe que no se hacen responsables por lo que pueda ocurrir en el estacionamiento de dicho establecimiento.
6. Mediante Resolución Nº 786-2003-CPC del 15 de agosto de 2003, la Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta por el señor De los Santos en contra de Mc Donald's por infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. Ello, al considerar que Mc Donald's no limitó los alcances de la garantía implícita del servicio materia de denuncia en la medida que no informó a los consumidores de manera expresa, clara y precisa que no brindaba el servicio de estacionamiento vigilado, por lo que un consumidor razonable podía esperar que se brindara este servicio. La Comisión sancionó a Mc Donald's con una multa ascendente a 0,50 UIT y le ordenó el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido el señor De los Santos durante la tramitación del presente procedimiento. Finalmente, declaró fundada en parte la solicitud de medidas correctivas, ordenando a Mc Donald's la entrega de US$ 340,00 al señor De los Santos.

7. El 16 de febrero de 2004, Mc Donald's apeló de la resolución de la Comisión, señalando que un consumidor razonable puede inferir que Mc Donald's no brinda el servicio de vigilancia de los vehículos aparcados en la que denomina "playa abierta contigua su local", teniendo en cuenta las características del servicio de estacionamiento gratuito: (i) se realiza en una playa abierta al público, ya que no está cercada y cualquiera puede ingresar a ella; (ii) no existe personal de seguridad en la playa; y (iii) no existe control del ingreso ni salida de vehículos y no se ofrece algún ticket u otro medio de control. Señaló que si Mc Donald's no brinda el referido servicio, no puede sancionársele como infractora a las normas de protección al consumidor por el robo que sufrió el denunciante.

El 8 de marzo de 2004, Mc Donald's presentó un escrito en el que adjuntó la Resolución Nº 012-97-TDC del 17 de enero de 1997, señalando que en dicho pronunciamiento se establece que en el caso de los servicios de estacionamiento gratuito se deben apreciar las circunstancias o características del servicio brindado y que lo principal es si se entrega o no un comprobante o contraseña a quien ingresa a la playa, para poder retirar el vehículo; si existe una contraseña, el consumidor razonable puede esperar que exista un servicio de vigilancia. Indicó que, debido a las características que presenta el estacionamiento, un consumidor razonable presumiría que en el local de Mc Donald's no se brinda el servicio de vigilancia de automóviles.

8. Posteriormente, el 22 de marzo de 2004, Mc Donald's señaló que en el interior del local donde se registraron los hechos materia de la denuncia, existen letreros con la frase "Cuide sus objetos personales", los mismos que se encuentran instalados desde el 21 de diciembre de 2001. Indicó que resulta evidente para un consumidor razonable que ingresa al estacionamiento del local de Mc Donald's de Camacho que en este no se brinda servicios de vigilancia, debido a las características del mismo y al hecho que en el interior del local existan carteles limitando la responsabilidad del proveedor del servicio.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

(i) Determinar si Mc Donald's ha infringido lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que habría brindado un servicio no idóneo al consumidor que sufrió el robo de objetos que se encontraban dentro de su automóvil aparcado en el estacionamiento del local del proveedor; y
(ii) de ser el caso, determinar si corresponde variar la sanción, la medida correctiva y el pago de las costas y costos ordenados por la Comisión.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

El señor De los Santos ha sostenido que Mc Donald's no ha cumplido con brindarle un servicio idóneo, toda vez que forma parte de la atención al cliente el resguardar la playa de estacionamiento donde estacionan sus vehículos o, en todo caso, debía informar que dicho local no cuenta con seguridad, lo cual puede ser importante para los consumidores en la formación de su elección de consumo.

En su defensa, Mc Donald's presentó un copia de la Resolución Nº 012-97-TDC, emitida el 17 de enero de 1997 en el Expediente Nº 803-94-CPC correspondiente a la denuncia presentada por Olga Victoria Garavito Berrios contra las Tiendas E. Wong S.A. por infracción a las normas de protección al consumidor. En dicha resolución, la Sala señaló lo siguiente:

"En efecto, en el caso materia de análisis, la denunciante no ha acreditado haber recibido comprobante o contraseña alguna para retirar su vehículo. De haber efectivamente dejado su vehículo en la playa de estacionamiento de la denunciada y de haber recibido tal comprobante, este último debió estar en poder de la denunciante. De esta manera, un consumidor que deja su vehículo en una playa como la de la denunciada, en la cual no se entrega contraseña para retirar su automóvil, puede razonablemente prever que existe el riesgo que cualquier otra persona podría retirar su vehículo sin que se realice un control de salida. En otras palabras, un consumidor razonable estaría en condición de conocer, antes de dejar su vehículo en la playa de estacionamiento, que el servicio ofrecido no tiene como característica la vigilancia de los automóviles".

Mc Donald's señala que la resolución citada establece que en el caso de los servicios de estacionamiento gratuito se deben apreciar las circunstancias o características del servicio brindado y que lo principal es si se entrega o no, un comprobante o contraseña a quien ingresa a la playa, para poder retirar el vehículo; si existe una contraseña, el consumidor razonable puede esperar que exista un servicio de vigilancia. Indicó que, debido a las características que presenta el estacionamiento (se brinda en una playa abierta al público, la cual no está cercada, no cuenta con control de ingreso y salida de vehículos, ni personal de seguridad que entregue tickets), un consumidor razonable presumiría que en el local de Mc Donald's no se brinda el servicio de vigilancia de automóviles.

El artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 716(2), Ley de Protección al Consumidor, establece un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado (3).

Se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando no exista coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe, pero a su vez lo que el consumidor espera dependerá de la calidad y cantidad de la información que ha recibido del proveedor, por lo que en el análisis de idoneidad corresponderá analizar si el consumidor recibió lo que esperaba sobre la base de lo que se le informó.

Un consumidor razonable esperaría que cuando el proveedor le ofrezca un espacio de estacionamiento gratuito como parte del servicio principal -en el caso venta de comida-, garantice que el estacionamiento sea seguro, pues de no ser así podría optar por contratar con otra empresa que no cuenta con estacionamiento y podría ofrecerle un menor costo. Debe tenerse en cuenta que el proveedor es responsable por la idoneidad de todo el servicio, incluyendo atributos adicionales como el estacionamiento, que da ventajas a su oferta frente a la de otros competidores. Ello, salvo que el proveedor informe de manera clara y suficiente que no presta el servicio de vigilancia.

Por tanto, cuando un proveedor brinda un espacio de estacionamiento gratuito a los consumidores que acuden a su establecimiento, deberá tomar las medidas que sean necesarias para que el estacionamiento ofrecido sea seguro. No corresponde a la Comisión ni a esta Sala establecer cuáles serán las medidas concretas que deberá adoptar el proveedor, pues como autoridad administrativa encargada de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, solo deberá determinar si el servicio fue idóneo o no.

Esta Sala discrepa con el criterio adoptado en la Resolución Nº 012-97-TDC, toda vez que un consumidor razonable esperaría que el estacionamiento gratuito ofrecido por el proveedor como parte de sus servicios sea seguro, sin perjuicio de las medidas adoptadas en cada caso particular por el proveedor. Debe tenerse en cuenta que un proveedor que tiene un establecimiento en una zona segura de la ciudad podría optar por no tomar medidas de seguridad por su propia cuenta -aprovechando así, el servicio público de seguridad ciudadana-, pero tal situación no lo eximiría de responsabilidad en caso de que se produzca un robo.

De la información consignada en el expediente se ha podido determinar que no existía ninguna señalización en el estacionamiento de Mc Donald's ni dentro del restaurante que informe a los consumidores que dicha empresa no se hace responsable por las pérdidas que se produzcan dentro de su estacionamiento(4).

En el caso, ocurrió un robo en el estacionamiento de Mc Donald's, por lo que se verifica un defecto en el servicio, al no adecuarse este a las expectativas del consumidor que esperaría contar con un espacio de estacionamiento seguro al acudir al local del proveedor. Era de cargo del proveedor tomar las medidas que sean necesarias para que el estacionamiento ofrecido sea seguro, pues ello constituye uno de los beneficios que el consumidor percibe como incluido dentro de la oferta de Mc Donald's. Debe tenerse en cuenta que si uno de los atributos del servicio ofrecido al consumidor -en el caso, el servicio de estacionamiento- no responde a sus expectativas, el servicio como un todo deviene en no idóneo al presentar un defecto. En consecuencia, se ha verificado que Mc Donald's brindó un servicio no idóneo al señor De los Santos.
Mc Donald's ha señalado que este hecho no le era imputable por constituir un "hecho fortuito"; no obstante, un robo en un establecimiento es un riesgo típico perfectamente previsible para cualquier proveedor que brinda un servicio de estacionamiento, por lo que este argumento no puede eximir de responsabilidad al proveedor. En efecto, como se señala en doctrina, para que un caso fortuito, fuerza mayor o hecho de tercero libere de responsabilidad al causante del daño, deberá ser irresistible e imprevisible para este(5), condición que no se cumple en el caso, pues como ha indicado la misma Mc Donald's en sus descargos, era plenamente consciente de los problemas de delincuencia que existen en la ciudad.

Por tanto, Mc Donald's infringió el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, debiendo confirmarse la apelada en el extremo que declaró fundada la denuncia.

De otro lado, la Sala considera que corresponde confirmar la sanción impuesta a Mc Donald's ascendente a 0,5 UIT, pues el daño al consumidor, que sufrió el robo de su equipo de sonido y prendas de vestir en el estacionamiento del local del proveedor, justifica la imposición de dicha multa(6).
Asimismo, debe confirmarse la resolución de la Comisión en el extremo en que ordenó como medida correctiva que Mc Donald's entregue al consumidor la suma de US$ 340,00 correspondiente al costo del equipo de sonido y parlantes de su automóvil, pues la medida fue dictada dentro de las competencias otorgadas a la autoridad administrativa por la Ley de Protección al Consumidor y permite revertir los efectos causados por la infracción sobre el consumidor(7).
Finalmente, corresponde confirmar la apelada en el extremo en que ordenó a Mc Donald's el pago de costas y costos en que hubiese incurrido el señor De los Santos durante el presente procedimiento. Ello teniendo en cuenta que, conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807, corresponderá a la Sala ordenar el pago de las costas y costos en los casos en los que se verifique la existencia de la infracción, salvo que se existan circunstancias, que justifiquen una exoneración de la condena de pago de costas y costos, las cuales no se presentan en el caso (8).

IV RESOLUCIÓN DE LA SALA

Confirmar la Resolución Nº 786-2003-CPC, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor el 15 de agosto de 2003, en los extremos apelados primero, tercero, cuarto y quinto de su parte resolutiva, por los que declaró fundada la denuncia presentada por el señor José Alfredo de los Santos La Serna contra Operaciones Arcos Dorados del Perú S.A. por infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor; ordenó a esta empresa, como medida correctiva, que cumpla con entregar al denunciante una suma de US$ 340,00; le ordenó que pague al denunciante el pago de costas y costos del procedimiento y sancionó a la empresa denunciada con una multa ascendente a media (0,50) Unidad Impositiva Tributaria [Ê].
Con la intervención de los señores vocales: Juan Francisco Rojas Leo, Julio Durand Carrión, Luis Bruno Seminario De Marzi y Lorenzo Antonio Zolezzi Ibárcena.
JUAN FRANCISCO ROJAS LEO, presidente.
____________
(1) El señor De los Santos señaló que se habían sustraído los siguientes bienes de su vehículo: i) una radio marca Kenwood; ii) dos parlantes de marca "Black Pount"; iii) una casaca de cuero marrón; y, iv) el uniforme de kung fu de su hijo. Para ello presentó copia de diversas pruebas que se encuentran en el expediente en la foja 4.

(2) TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde.

(3) Ver Resolución Nº 099-96-TDC, en el proceso seguido por una consumidora contra una aerolínea, por infracciones en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. En dicha oportunidad se sancionó a la empresa denunciada, al considerarse que era objetivamente responsable por la inejecución de parte de las obligaciones que como empresa de transporte aéreo le correspondían. Se consideró que, a pesar de la existencia de un caso fortuito, el mismo que impidió la realización oportuna de parte de las prestaciones materia del contrato, un consumidor razonable no se encontraba en posición de prever que, aun en dicha circunstancia, se vería privado de contar con su equipaje, máxime si tendría que retrasarse su vuelo hacia la ciudad de destino por un día entero.

(4) Si bien Mc Donald's ha argumentado que dentro del restaurante existen carteles con la indicación "Cuide sus objetos personales", dicha indicación sería entendida por un consumidor razonable como una recomendación y no como una limitación a la responsabilidad de la empresa por los robos que ocurran en su local. Sin embargo, aún así se pudiera entender la misma como una limitación de responsabilidad, dicha limitación correspondería los hechos ocurridos dentro del local donde se expenden los alimentos y no dentro del estacionamiento, toda vez que dichos carteles se encuentran dentro del restaurante. Además, el término "Objetos Personales" no hace alusión a un vehículo, sino a los objetos que las personas llevan con ellos, como por ejemplo carteras, billeteras, anteojos, relojes, entre otros. Por ello, un consumidor razonable, ante dicha advertencia, no pensaría que Mc Donald's le está indicando que no se hace responsable ante robos ocurridos en el estacionamiento.

(5) En el artículo 1315 del Código Civil, que señala que el caso fortuito y la fuerza mayor se caracterizan por constituir eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. Es decir, para que se configure un caso fortuito o fuerza mayor deberán cumplirse dichos requisitos. Respecto del requisito de extraordinario con el que debe cumplir el caso fortuito, la doctrina señala lo siguiente:
"(...) El hecho debe ser extraordinario y por ello se entiende que no constituya un riesgo típico de la actividad o cosa generadora del daño.
El artículo 1315 del Código Civil se refiere a un 'evento extraordinario'. Por consiguiente, se trata de un hecho que no es común, que no es usual (...)".
(DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. Vol. IV, Tomo I, p. 336).

Asimismo, para que se configure el hecho determinante de tercero como eximente de responsabilidad, deberá ser imprevisible e irresistible:
"(.) el hecho determinante de tercero (.) tiene que revestir características similares a las que hemos mencionado con relación al caso fortuito: ese hecho debe imponerse sobre el presunto causante con una fuerza que aniquile su propia capacidad de acción.
El carácter extraordinario del hecho está constituido por tratarse de una causa extraña al sujeto que pretende liberarse con esta defensa. (.)
Por otra parte, ese hecho de tercero, (.) tiene que revestir también las características de imprevisibilidad e irresistibilidad. En cambio, (.) la notoriedad o alcance general del hecho que actúa como nueva causa no sería necesaria: ese hecho puede tener un carácter privado (.), en la medida que sea demostrable."
(DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. Vol. IV, Tomo I, p. 359-360).

(6) TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con una Multa, hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o para evitar que estas se produzcan nuevamente en el futuro.
La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente Ley.

(7) TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 42.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las infracciones tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas:
a) Decomiso y destrucción de mercadería, envases, envolturas y/o etiquetas;
b) Solicitar a la autoridad municipal correspondiente la clausura temporal del establecimiento o negocio hasta por un máximo de 60 (sesenta) días calendario;
c) Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la Comisión, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción hubiera ocasionado;
d) Reposición y reparación de productos;
e) Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor;
f) Que el proveedor cumpla lo ofrecido en una relación de consumo, siempre que dicho ofrecimiento conste por escrito en forma expresa;
g) La devolución o extorno, por el proveedor, de las sumas de dinero pagadas por el consumidor cuando el producto entregado o servicio prestado no corresponda a lo que haya sido expresamente acordado por las partes;
h) Que las entidades depositarias cumplan con efectuar el traslado y el pago de las cuentas por CTS del trabajador, conforme a lo establecido en la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios;
i) Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado;
j) Que el proveedor pague las coberturas ofrecidas en los seguros contratados por los consumidores, quedando sujeto el pago al cumplimiento de las condiciones establecidas en la correspondiente póliza de seguros;
k) Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
Los bienes o montos que sean objeto de medidas correctivas serán entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva, que por algún motivo se encuentren en posesión del INDECOPI y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, serán puestos a disposición de estos. En el caso de bienes o montos que no hayan sido reclamados al cabo de un año, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 45 de este Decreto Legislativo. (Texto modificado por la Ley Nº 27917)

(8) DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi, Artículo 7.-

En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi.

TRIBUNAL DEL INDECOPI ORDENA RESTITUCION DE AUTO HURTADO EN PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
Martes, 12 de Enero 2010

La Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Tribunal del Indecopi ha confirmado la resolución de primera instancia que ordenó al Servicio de Parques de la Municipalidad de Lima (Serpar) restituir a una usuaria el vehículo que le fue hurtado en una de sus playas de estacíonamiento, debiéndole entregar uno con las mismas características o, en su defecto, el valor promedio de aquel en el mercado. Este fallo de segunda instancia ha sido emitido a través de la Resolución Nº 1933-2009/SC2-INDECOPI, publicada el último 23 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

Este caso se originó por la denuncia presentada ante la Comisión de Protección al Consumidor por la señora Luz Gabriela Chávez Arcelles contra el SERPAR, por infracción del artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, pues con fecha 20 de mayo de 2008 sufrió el hurto de su automóvil en la playa de estacionamiento "Alameda Las Malvinas" bajo su administración.

La comisión declaró fundada la denuncia y sancionó al SERPAR con una multa de 2 UIT (S/. 7 100), al haber quedado acreditado que este no adoptó las medidas de seguridad para evitar que el vehículo de la señora Chávez fuera hurtado de su playa de estacionamiento en el marco del servicio que ofrece de manera onerosa, y le ordenó como medida correctiva la restitución del vehículo, así como al pago de costas y costos del procedimiento.
El Serpar apeló el fallo de primera instancia señalando, entre otros argumentos, que no había incurrido en infracción porque el Ministerio Público no pudo comprobar ningún tipo de responsabilidad al no identificarse al presunto autor o autores del hecho delictivo. Al respecto, el órgano de segunda instancia señaló que aun cuando no fue posible identificar a los presuntos autores del delito investigado, existen suficientes elementos de juicio que acreditan la comisión del hurto sufrido por la señora Chávez, por lo que habría quedado acreditado que el referido vehículo fue hurtado el 20 de mayo de 2008 en la playa de estacionamiento del Serpar.

Así, la Sala señaló que Serpar brindaba el servicio de estacionamiento como prestación principal y de manera onerosa, por lo tanto, era responsable por la pérdida de los vehículos en una de sus playas de estacionamiento, al no haber cumplido con el deber de custodia que resulta inherente al referido servicio. Agregó que la denunciada no acreditó la existencia de una causa justificada y no previsible para su actividad económica que la exima de responsabilidad por el incumplimiento de su deber de custodia.
Por lo expuesto, se confirmó la Resolución Nº 432-2009/CPC que declaró fundada la denuncia interpuesta por la señora Chávez en todos sus extremos, y por la importancia del criterio desarrollado en el fallo para futuras controversias análogas se ordenó su publicación en el diario oficial El Peruano.

Ver Resolución Nº 1933-2009/SC2-INDECOPI.

III. CONCLUSIONES

• Se puede definir a la responsabilidad civil como una técnica de tutela (civil) de los derechos (u otras situaciones jurídicas) que tiene por finalidad imponer al responsable (no necesariamente el autor) la obligación de reparar los daños que éste ha ocasionado.

• EL COSTO DE UN DAÑO SE TRANSFIERE DEL SUJETO, que históricamente lo ha sufrido, A OTRO SUJETO, a través de la imputación al segundo de una obligación, la cual tiene como contenido el resarcimiento del daño

• FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: la de reaccionar contra el acto ilícito dañino, a fin de resarcir a los sujetos a los cuales el daño ha sido causado; la de retornar el status quo ante, en el cual la víctima se encontraba antes de sufrir el perjuicio; la de reafirmar el poder sancionatorio (o “punitivo”) del Estado y la de “disuasión” a cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, cometer actos perjudiciales para terceros.

• En cuanto a responsabilidad extracontractual, debemos mirar desde el punto de vista del análisis económico del derecho, con lo que obtenemos dos funciones más: Distribución de pérdidas; y Asignación de costos

• Desde el punto de vista de Juan Espinoza Espinoza, las funciones de la responsabilidad civil tienen que ser vistas a partir de sus protagonistas: Con respecto a la víctima es satisfactiva, Con respecto al agresor es sancionadora, Con respecto a la sociedad es disuasiva o desincentivadora de actividades, Común respecto a los tres anteriores es la función distributiva de costos de los daños ocasionados.

• ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: Imputabilidad o capacidad de imputación; La ilicitud o antijuricidad (hecho jurídico); Factor de atribución; Nexo causal o relación de causalidad; El daño

• Evidentemente, la nulidad de las cláusulas que exoneran o limitan la responsabilidad se extiende sólo a los casos de dolo y culpa inexcusable, mas no a los de culpa leve. Sin embargo, si es que el proveedor no da la información suficiente de ello, incurriría en una falta de información que lo haría asumir una responsabilidad civil y administrativa frente al consumidor. Para establecer cuál es el standard de idoneidad en el servicio que prestan los proveedores de estacionamiento, es necesario distinguir tres supuestos: EL PROVEEDOR QUE SÓLO DA SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; EL PROVEEDOR QUE ADICIONALMENTE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; Y EL CENTRO COMERCIAL QUE DA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.

• La cláusula de exoneración de responsabilidad es inválida, de acuerdo al art. 1328 c.c. Aunque el art. 1328 c.c. establezca que son nulas las cláusulas de exoneración o de limitación de la responsabilidad, es necesario precisar que éstas son válidas si se trata de culpa leve, salvo que con ello se violen normas de orden público. No obstante lo anterior, si es que no se informa adecuadamente al consumidor ello, no podría hacerse valer esta limitación frente a éste. Aun asumiendo que se delimitase que no hay responsabilidad en caso de culpa leve, ello debe ser informado antes de entrar a la playa de estacionamiento.

• Por ello, reitero, que la información que se le debe dar al consumidor es vital para que pueda hacer una adecuada decisión y, si el proveedor del establecimiento no ofrece las garantías del caso, será mejor buscar otras opciones en el mercado y, de repente contratar, en la calle a alguien que “cuide su carrito”.

• La relación de consumo se encuentra determinada por la concurrencia de tres componentes que están íntimamente ligados y cuyo análisis debe efectuarse de manera integral; puesto que la ausencia de uno de dichos componentes determinaría que no nos encontremos frente a una relación de consumo y por tanto, la denuncia planteada sería declarada improcedente

• De acuerdo al criterio desarrollado por la Sala de Defensa del Consumidor y que viene siendo utilizado por la Comisión, en toda relación de consumo, el consumidor a pesar de ser quien mejor sabe qué le interesa, no necesariamente tiene a su disposición la información que le permita adoptar las decisiones más convenientes. En consecuencia existe un problema de asimetría informativa entre proveedores y consumidores que puede llegar a generar distorsiones que sitúen al consumidor en la incapacidad de elegir soluciones adecuadas.

• Existe cierta información mínima que, por su “relevancia” para efectos que el consumidor tome su decisión de consumo, debe ser puesta en conocimiento del consumidor.
• Así, para determinar la relevancia de una información, es necesario atender a la posibilidad que la omisión o revelación de dicha información hubiera podido cambiar la decisión del consumidor de adquirir o no el servicio o producto.

• La idoneidad es la coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe efectivamente. Pero, a su vez, lo que el consumidor espera depende de la cantidad y calidad de información que ha recibido, como se señaló anteriormente.

• La Comisión considera que en estos casos, un consumidor razonable que contrata un servicio de estacionamiento oneroso de vehículos, espera que el mismo sea seguro. Ello, a pesar que la propia empresa prestadora del servicio pueda limitar su responsabilidad, a través del boleto de ingreso entregado al consumidor con el que contrata.

• La Comisión y la Sala han establecido que un consumidor razonable espera, cuando el proveedor le ofrece un espacio de estacionamiento gratuito como parte del servicio principal, que el estacionamiento sea seguro, pues de no ser así, podría optar por contratar con otra empresa que no cuenta con estacionamiento y podría ofrecerle un menor costo. Así, se ha establecido que el proveedor es responsable por la idoneidad de todo el servicio, incluyendo los atributos adicionales como el estacionamiento que da ventajas a su oferta frente a otros competidores.

• En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

IV. BIBLIOGRAFIA

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• DIEZ PICAZO, Luis .Fundamentos de Derecho Civil patrimonial. Tecnos, 2º ed., 1983.
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• Ley de protección al Consumidor (TUO Del Decreto Legislativo Nº 716).
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• PAYET, José Antonio. La Responsabilidad por Productos defectuosos. Perú. Pontificia Universidad católica del Perú, 1990.
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• TORRES LOPEZ, Juan. Análisis Económico del derecho.tecnos.1987.
• WILIAMSON, Oliver y WINTER, Sidney G .La naturaleza de la Empresa. Fondo de la Cultura Económica, 1986.
Asimismo, Apuntes y comentarios del Dr.David Correa.

WALTER PURIZACA CASTRO/PERU

LEY Nº 29461.- LEY QUE REGULA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Como se recordará, el lunes 23 de noviembre del ,2009, el Tribunal de Indecopi mediante la Resolución 1933-2009/SC2-Indecopi, emitió un fallo, mediante el cual se le impone una multa al Servicio de Parques de la Municipalidad de Lima (SERPAR) ascendente a 7,100 (2 UIT) más el pago de costas y costos del procedimiento, porque no cumplió con el deber de custodiar el vehículo de la denunciante en el marco del servicio de estacionamiento que ofrece de manera onerosa a sus usuarios. Adicionalmente a dicha multa, Indecopi ordenó que en un plazo máximo de 5 días, SERPAR cumpla con entregar a la denunciante un vehículo con las mismas características del que fue robado en su playa o en su defecto, el valor promedio del vehículo en el mercado.

En ese contexto, el gobierno publicó la Ley Nº 29461, que tiene por objetivo regular el servicio de estacionamiento vehicular, delimitar sus prestaciones, establecer los derechos obligaciones y responsabilidades de las partes; y preveer las condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

Entre los aspectos más importantes de la norma en comentario se encuentran los siguientes:

• Obligaciones del titular del estacionamiento

• Obligaciones del usuario del estacionamiento

• Responsabilidad civil por la pérdida del vehículo o de los accesorios integrantes del mismo.

• Procedimiento para reconocimiento de pérdidas

• Infracciones y sanciones, las cuales son de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi.

• Condiciones para la prestación del servicio, entre otros.

LEY DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

La Ley 29461 que Regula el Servicio de Estacionamiento Vehicular, aprobada por el Congreso de la República en noviembre último, rige desde el 26 de febrero de 2010, pese a no haber sido reglamentada ni haberse precisado sus alcances ni responsabilidades.

Según la norma, los dueños de playas de estacionamiento, centros comerciales, restaurantes, clínicas, hospitales y establecimientos similares serán responsables en los casos de robo de los vehículos y sus accesorios.

El efecto inmediato no sólo será el aumento de tarifas y precios por el parqueo vehicular, sino que además, los proveedores y usuarios de estos servicios tendrán que aplicar la ley, prácticamente a ciegas, tal como la entienden, en especial, cuando se trata de estacionamiento como servicio complementario que ofrecen los centros comerciales, restaurantes, hoteles y demás establecimientos a sus potenciales clientes.

De acuerdo con la norma aprobada por el Congreso de la República, la ley debe ser reglamentada por los gobiernos locales; es decir, las 1,834 municipalidades distritales y 195 provinciales dictarán las normas complementarias para adecuarse a la nueva regulación. Sin embargo, la misma norma establece que “la falta de normas complementarias no afecta su entrada en vigencia”.

Ante tal situación, la Cámara de Comercio de Lima solicitó a la PCM se postergue su aplicación hasta que se aclaren las dudas y controversias que vienen generando. En todo caso, mientras no se reglamente no debería de aplicarse sanciones por parte de las municipalidades ni el Indecopi.

La nueva norma tendrá un impacto negativo en las relaciones entre las empresas comerciales y los consumidores, toda vez que no contribuye a consolidar un clima de concordia, sino que promoverá reclamos y controversias, que en muchos casos acabarán en el Poder Judicial.

La mayor preocupación está referida a la modalidad de estacionamiento como servicio complementario o accesorio a cargo de los centros comerciales, hoteles, restaurantes y clínicas, y demás locales comerciales, quienes también asumirán las responsabilidades de custodia y vigilancia de los vehículos aún cuando no hayan cobrado tarifa alguna.

ALCANCES DE LA LEY

Según la nueva ley, la responsabilidad por el robo de vehículos y sus accesorios no sólo será atribuida a los propietarios, conductores de las playas de estacionamiento, sino también a los centros comerciales que facilitan gratuitamente estacionamientos a sus clientes o potenciales clientes, sin la obligación de adquirirlos productos que expenden.

Cabe advertir que esta norma, al incrementar los costos de la empresa, tendrá un impacto en el precio de los productos que expenden, pues se verán obligados a contratar nuevo personal, cámaras de vigilancia, nuevos formatos y otros gastos, que finalmente dichos sobrecostos serán trasladados al consumidor o usuario.

Asimismo, las pequeñas empresas, sin posibilidades de asumir estos nuevos sobrecostos y responsabilidades, se abstendrán de brindar servicios de estacionamiento, generando aglomeraciones y más informalidad en la vía pública.

EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

El servicio de estacionamiento vehicular es un contrato de adhesión. Así, el proveedor entrega un ticket con “cláusulas” redactadas previamente y en forma unilateral, con letras pequeñas, que suelen indicar lo siguiente: “La hora o fracción cuesta S/. 1,5 y la empresa no se responsabiliza de los daños o pérdidas del vehículo” o, de lo contrario, con seguridad encontrará avisos de ese tipo en el local que brinda el servicio; situaciones que evidencian un desequilibrio en las prestaciones de las partes, pues, el consumidor cancelará por un tiempo mayor al que efectivamente dejó estacionado su automóvil en la cochera y, nadie se responsabilizará de los daños que sufra su vehículo.

Esta Ley precisa los derechos, obligaciones, responsabilidades y condiciones para la prestación de servicio de estacionamiento vehicular, definido como “aquel acuerdo en virtud del cual una persona natural o jurídica, titular de un establecimiento acondicionado para el estacionamiento de vehículos, cede a una tercera persona (propietario o poseedor de un vehículo) el uso de un espacio determinado para estacionamiento, según las condiciones ofrecidas por el titular y conforme a los alcances de lo previsto en la presente ley”.

DE OTRO LADO, LA LEY CONSIDERA DOS MODALIDADES.

LA PRIMERA SE DENOMINA ESTACIONAMIENTO COMO SERVICIO PRINCIPAL, el cual se presenta cuando la actividad comercial del titular del establecimiento se dedica única y exclusivamente al servicio de estacionamiento vehicular. Es decir, aquellos establecimientos que funcionan como playas o parqueo de estacionamiento público. En este supuesto, el propietario asume la responsabilidad civil por la pérdida del vehículo o de sus autopartes.

LA SEGUNDA SE LLAMA ESTACIONAMIENTO COMO SERVICIO COMPLEMENTARIO O ACCESORIO, el mismo que se produce cuando la actividad comercial del titular del establecimiento es distinta a la señalada en la primera modalidad. Es decir aquellos establecimientos de cualquier rubro comercial, no dedicado al estacionamiento vehicular, brinda en forma complementaria o accesoria el uso de un espacio determinado para el estacionamiento vehicular, por ejemplo los centros comerciales como mercados, supermercados, aeropuertos, restaurantes, edificios, y otros similares tienen zonas de estacionamientos vehiculares para sus clientes y usuarios en general. En este caso, el propietario y el administrador o el que gestione el servicio de estacionamiento asumen la responsabilidad de manera solidaria ante la pérdida del bien.

LA LEY CONSAGRA LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO.

Así, se debe entregar la constancia de ingreso del vehículo, con lo cual se acredita la relación de consumo para solicitar la restitución del bien sustraído e informar sobre los precios, horarios y condiciones de uso y servicio de vigilancia y seguridad al vehículo y sus autopartes.

POR OTRO LADO, LA LEY CONSAGRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA PÉRDIDA DEL VEHÍCULO O DE SUS ACCESORIOS INTEGRANTES.

En la modalidad de estacionamiento como servicio principal, el propietario asume la responsabilidad civil por la pérdida del vehículo o de sus autopartes; mientras que en el estacionamiento como servicio complementario o accesorio, el propietario y el administrador o el que gestione el servicio de estacionamiento asumen la responsabilidad de manera solidaria ante la pérdida del bien.

En ambos casos, se debe proceder a la restitución de la pérdida cuando quede debidamente acreditada ante la autoridad competente de acuerdo al procedimiento regulado en la propia ley. Además, en caso de pérdida de los bienes ubicados en el interior del vehículo, el titular o propietario se hace responsable si se le hubiera informado sobre la existencia y ubicación de los mismos y hubiera asumido en cuidarlos.

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE PARA QUE EL USUARIO OBLIGUE AL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO LA RESTITUCIÓN DEL VEHÍCULO O DE SUS AUTOPARTES, DEBE CUMPLIR EN FORMA PREVIA Y OBLIGATORIA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. Informar inmediatamente al titular del establecimiento o al designado (administrador, concesionario, o similar), la pérdida del vehículo o de las autopartes dentro del estacionamiento.

2. Dentro de las 03 horas posteriores del hurto o robo, denunciar ante la Comisaría PNP correspondiente a la jurisdicción del establecimiento, salvo que no lo haga por fuerza mayor. El titular queda obligado a prestar las facilidades necesarias a la PNP para las diligencias que determinen con exactitud la pérdida del bien.

3. Acreditar la relación de consumo o contratación del servicio de estacionamiento en el establecimiento en la fecha de los hechos denunciados ante la PNP.

Finalmente, Indecopi resulta competente para imponer las infracciones y sanciones por incumplimiento de la ley y, las municipalidades deberán fiscalizar que los titulares de las licencias de funcionamiento cumplan con las condiciones de servicio y capacidad de aforo, debiendo imponer las sanciones en función a la escala de multas aprobada.

WALTER PURIZACA CASTRO/PERU

COMO OBTENER LICENCIA DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS PRESTADOS EN ZONAS PORTUARIAS

2010-08-13T14:38:00.000-07:00

Para aquellas personas que tienen problemas en obtener o revalidar su Licencia de operaciones, alcanzamos los requisitos que exige la autoridad Portuaria Nacional, para poder otorgarlos, así como el procedimiento administrativo a tomar en cuenta:

OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS PRESTADOS EN ZONAS PORTUARIAS

PROCEDIMIENTOS PARA L A OBTENCION DE LICENCIAS:

El interesado presentará en la Oficina de Trámite Documentario de la APN, la solicitud exigida por la R.M. Nº 259-2003-MTC/02 dirigida al Gerente General, adjuntando la documentación e información siguiente:

Personas Jurídicas

a) Copia Simple de la Escritura Pública de Constitución Social debidamente inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la misma que deberá consignar como objeto social la prestación del servicio o servicios que se solicita.

b) Acreditar representante legal, con poderes vigentes e inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

c) Copia de la constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

d) Copia simple de la Licencia Municipal de Funcionamiento de la empresa otorgada por la Autoridad Municipal de la localidad en la que se prestará el Servicio.

e) En el caso de los servicios indicados en el artículo 9 de la R. M. Nº 259-2003-MTC/02, debe adjuntarse información sobre el número y tipo de unidades de su propiedad o posesión en caso de no ser propietaria, de bandera peruana con las que prestará el servicio, acompañando:

• Copia del Certificado de Dotación Mínima de Seguridad.

• Copia del Certificado de Matrícula.

• Copia del Certificado de Seguridad de Embarcaciones de Bahía.

• Información de las características técnicas de las Embarcaciones y/o artefactos navales.

f) Copias simples de las Pólizas de Seguro que corresponda según el servicio a prestarse.

g) Acreditar el pago de la tasa prevista por el TUPA de la APN por concepto de Licencia de Operación que corresponda.

Personas Naturales

a) Copia del Documento de Identidad.

b) Certificado de Antecedentes Penales o Declaración Jurada de no tener dichos antecedentes.

c) Copia de la constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

d) Copia simple de la Licencia Municipal de funcionamiento otorgada por la Autoridad Municipal de la localidad en la que se prestará el Servicio.

e) En el caso de los servicios indicados en el artículo 9 de la R. M. Nº 259-2003-MTC/02 (Servicios de Abastecimiento de Combustible, Avituallamiento de Naves, Dragado, Recojo de Residuos, Remolcaje, Transporte de Personas), debe adjuntarse información sobre el número y tipo de unidades de su propiedad o posesión en caso de no ser propietaria, de bandera peruana con las que prestará el servicio, acompañando:

• Copia del Certificado de Dotación Mínima de Seguridad.

• Copia del Certificado de Matrícula.

• Copia del Certificado de Seguridad.

• Información de las características técnicas de las Embarcaciones y/o artefactos navales.

• O DECLARACION JURADA. Según formato de la APN.

f) Copias simples de las Pólizas de Seguro que corresponda según el servicio a prestarse.

g) Acreditar el pago de la tasa prevista por el TUPA de la APN por concepto de Licencia de Operación que corresponda.

En el caso de solicitudes de licencia para prestar Servicios de Practicaje o de Buzo, las personas naturales deben acreditar la calificación vigente que ostenta o la patente de buzo profesional, otorgada por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

En el caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar la calidad de práctico o buzo de las personas que tengan contratadas como tales, así como su calificación, debiendo comunicar a la Gerencia General de la APN cualquier cambio que se produzca.

Recepcionada la solicitud de encontrarse ésta conforme, dentro de un plazo de quince (15) días útiles, la Gerencia General de la APN, procederá a expedir la Resolución de Gerencia General que otorgue la Licencia que se está solicitando.

En el caso que el solicitante haya omitido la presentación de algún documento o información señalada en el artículo 14 de la R.M. Nª 259-2003-MTC/02, la APN notificará al interesado las observaciones pertinentes, otorgándole un plazo de 2 días hábiles para la subsanación de las mismas.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD MARÍTIMA

Los Certificados emitidos por la Autoridad Marítima deberán estar vigentes.

SEGUROS SEGÚN EL SERVICIO A PRESTARSE

Las personas naturales y jurídicas que soliciten Licencia para prestar Servicios de portuarias básicos en zonas portuarias están obligadas a presentar copia de las Pólizas de Seguros correspondientes, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras autoridades competentes.

a) Servicio de Remolcaje:

Seguro de Responsabilidad Civil Seguro contra Terceras Personas; Seguro de Accidentes

Personales; Seguro de Contaminación.

b) Servicio de Avituallamiento de Naves, Servicio de Transporte de Personas :

Seguro contra Accidentes Personales de los Pasajeros y Tripulantes

c) Servicio de Abastecimiento de Combustible:

Seguro de P&I ó

Seguro de Responsabilidad Civil Seguro Contra Terceras Personas, Seguro de Contaminación

d) Servicio de Practicaje prestados por Personas Jurídicas:

Seguro de Accidentes Personales

e) Servicio de Dragado y de Recojo de Residuos:

Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro contra Terceras Personas Seguro de Contaminación.

La Póliza de Seguros contra Accidentes Personales contra la tripulación y pasajeros, deberá cubrir los siguientes riesgos:

a) Muerte

b) Invalidez permanente

c) Incapacidad total temporal

d) Costos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica e) Gastos de sepelio.

Para el caso que el servicio a prestarse indicados en el artículo 9 de la R. M. Nº 259-2003-MTC/02 no se realice con naves de y se remplacen con unidades de transporte terrestre, deberán presentar una declaración jurada manifestando esa situación.

TASA UNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

De acuerdo a lo aprobado mediante la resolución Ministerial Nº 061-2008/MTC/01 publicada el 20/01/2008 (Modificación del Texto Único de los Procedimientos Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional) se establece que para la obtención de la licencia para ejercer la prestación de los Servicios Básicos, se deberá abonar al Banco de la Nación a la cuenta de la Autoridad Portuaria Nacional mediante el CODIGO 2054 lo siguiente:

REMOLCAJE, DRAGADO, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, ALMACENAMIENTO

Puertos Marítimos 52.79 % de la UIT Puertos Fluviales y Lacustres 33.94 % de la UIT

PRACTICAJE, RECOJO DE RESIDUOS

Puertos Marítimos 33.19% de la UIT Puertos Fluviales y Lacustres 22.63 % de la UIT

AVITUALLAMIENTO DE NAVES, AMARRE/DESAMARRE, BUCEO Y TRANSPORTE DE PERSONAS

Puertos Marítimos 16.59% de la UIT Puertos Fluviales y Lacustres 11.31 % de la UIT

CLASIFICACION EVAL UACION PREVIA:

Por 15 días hábiles.

DEPENDENCIA DONDE SE INICIA EL TRÁMITE:

Oficina de trámite documentario.

AUTORIDAD QUE APRUEB A EL TRÁMITE:

Gerencia General.

AUTORIDAD QUE RESUEL VE EL RECURSO ADMINISTRATIVO

RECONSIDERACION: Gerencia General

APELACION: Directorio

BASE LEGAL:

• Resolución Ministerial Nº 259-2003-MTC/02 publicada el 04.04.03 (Reglamento de los Servicios de Transporte Acuático y Conexos prestados en Trafico de Bahía y Áreas Portuarias)

• Resolución Directoral Nº 054-2004-MTC-13 de fecha 27.02.04 (Precisan que la licencia de buzo otorgada por la D.G.T.A., faculta a la prestación del servicio a nivel nacional)

• Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC publicado el 29.01.05 (Texto Único de los Procedimientos Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional – TUPA APN)

• Resolución Ministerial Nº 061-2008-MTC/01 publicada el 20.01.2008 (Modificación – TUPA APN)

WALTER PURIZACA CASTRO

APELACIONES EN EL PROCESO DE ELECCIONES REGIONALES, MUNICIPALES Y REFERÉNDUM NACIONAL FONAVI

2010-08-13T14:08:00.000-07:00

El JNE, hizo de conocimiento de las organizaciones políticas lo siguiente:
• Las apelaciones provenientes de los Jurados Electorales Especiales son programadas para audiencia pública de inmediato.
• La programación de las audiencias se publica en el portal institucional del JNE.
• Dicha programación se notifica a los personeros que han señalado domicilio procesal en la ciudad de Lima, dentro del radio urbano del JNE. Los personeros que no señalen domicilio procesal en Lima, son notificados a través de la publicación en el portal institucional del JNE.
• Los pronunciamientos surtirán efecto a partir de la notificación en el domicilio procesal; si no fuese señalado, sea inexistente o se haya señalado fuera del radio urbano, se notificará a través del portal institucional del JNE. La notificación se considerará efectuada al día siguiente de la publicación en el portal institucional.(Lima, 15 de julio del 2010).
WALTER PURIZACA CASTRO-PERU

DEBERES JURÍDICOS Y MORALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

2010-08-13T07:55:00.000-07:00

1. FUNCIONARIO Y SERVIDOR PÚBLICO

1.1. SERVIDOR DEL ESTADO

Entendemos por servidores del Estado:

A los ciudadnos que prestan su trabajo al servicio de la nación, puede ser elegido o designado para desempeñar funciones o cargos públicos asignados por ley, remuneradas, dentro de una relación de subordinación jerárquica, para alcanzar los fines del Estado.

Según la Constitución peruana y la Ley de Carrera Administrativa los servidores del Estado pueden ser:

a. Funcionario Público:

Al ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar funciones-cargos del mas alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Las funciones-cargos políticos y de confianza son los determinados por ley.(Art.4º del D.S.Nº 005-90-PCM de 17-01-90).

La ley del Empleo Público, Ley Nº 28175 da la siguiente definición: en su art. 4º.- Clasificación(...)

1.Funcionario Público.- El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. El funcionario Público puede ser:

- De elección popular directa y universal o confianza política originaria.

- De nombramiento y remosción regulados.

- De libre nombramiento y remoción.

Según la dogmática jurídica, fucionario público es el individuo que ejerce función pública, esto es, mando al interior del órgano a su cargo; y representación al exterior.

2. SERVIDOR PÚBLICO

El D.S. Nº 005-90-PCM, Reglamento de la carrera Administrativa de 18-01-90, norma:

"artículo 3º.- Para efectos de la ley, entiendase por servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, con las formalidades de Ley, en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en periodos regulares.

Hace carrera el servidor nombrado y por tanto tiene derecho a estabilidad laboral indeterminada de acuerdo a ley"

La ley Nº 27815, Ley del Código de Ëtica de la Función Pública, norma:

Artículo 4º .- EMPLEADO PÚBLICO

4.1. Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles jerarquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado(*)

* Numeral modificado por el Artículo ünico de la Ley Nº 28496, publicada el 16-04-2005.

3. CLASES DE FUNCIONARIO PÚBLICO

a. Los funcionarios que desempeñan cargos públicos

b. Funcionarios de confianza.

Los criterios para determinar la situación de confianza:

- El desempeño de funciones de jerarquía, en relación inmediata con el mas alto nivel de la entidad.

- El desempeño de funciones de apoyo directo o asesoría a funcionarios del mas alto nivel:

- El desempeño de funciones que tienen acción directa sobre aspectos estratégicos declarados con anterioridad que afectan los servicios públicos o el funcionamiento global de la entidad pública.

c. Funcionarios con poder de decisión

d. Funcionarios que desempeñan cargos de dirección

4. DEBERES JURÍDICOS Y MORALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

4.1. LOS DEBERES JURÍDICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

La Ley del Código de ética de la Función Pública, Ley Nº 27815 de 13-08-2002, norma:

artículo 7º.- Deberes de la Función Pública

El servidor público tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad

2.Transparencia

3. Discreción

4. Ejercicico adecuado del Cargo

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado

6. Responsabilidad

Todo servidor público debe repetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El Decreto Legislativo Nº 276, norma:

Artículo 3º.- Los servidores públicos están al servicio de la nación, en tal razón deben:

a. Cumplir el servicio público buscando el desarrollo nacional del Pais y considerando que trasciende los periodos de gobierno;

b. Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio;

c. Constituir un grupo calificado y en permanente superación;

d. desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio, y

e. Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo y en su vida social.

Artículo 21º .- Son obligaciones de los servidores:

a. Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público;

b. Salvaguardar los intereses del estado y emplear austeramente los recursos públicos.

c. Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos;

d. Conocer y exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño;

e. Observar buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los superiores y compañeros de trabajo;

f. Guardar absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter, aún despues de haber cesado en el cargo;

g. Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la función pública; y

h. Las demás que le señalen las leyes o el reglamento.

4.2. LOS DEBERES MORALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

"No basta con la técnica, con los conocimientos y la experiencia, para cumplir a cabalidad los deberes y responsabilidades de un servidor público. Es preciso completarlo con los principios y con la praxis de la moral. Según la moral kantina:"ciencia sin conciencia es ruina de almas". Patrón Faura, Pedro.

I. Elementos o Factores:

a. El cuidado y vigilancia permanente del patrimonio estatal, en sus más amplios alcances...

b. La moral personal o privada...

c. La solidaridad o espíritu de cuerpo;

d. La lealtad(en primer lugar con la propia conciencia, con la institución y con sus compañeros de trabajo; con los superiores y con los subalternos.

II. La Moral Pública presenta algunas características que la identifican:

a. Austeridad y sobriedad

b. Discreción, reserva.

c. Objetividad, serenidad, imparcialidad en el ejercicio del cargo.

d. Espíritu de justicia social en sus decisiones.

e. Como síntesis : Autoridad moral.

EL REVERSO DE LA MEDALLA( AUNQUE EN EL PERÚ ES LO QUE MÁS SE PRACTICA)

III. Factores negativos adversos, tenemos los siguientes, que afectan la moral pública:

a. Las dádivas(la coima) y los regalos, las comisiones y los agasajos...

b. La necesidad económica.

c. Las recomendaciones personales, políticas y familiares. La tarjeta de recomendación que ya se ha institucionalizado en nuestros medios, tambien las preferencias personales y partidarias.

d. El temor(a las amenazas, a las presiones).

e. El falso compañerismo.

f. La lenidad e impunidad.

g. El mal uso y el abuso de los privilegios y preeminencias del cargo.

h. El nepotismo (protección a los parientes y allegados).

i. La indisciplina.

j. La rutina prolongada.

k. La insensibilidad y la demora excesiva en la tramitación y en la atención de los reclamos del público...

l. El incumplimiento de las normas legales, en los nombramientos, en los ascensos y en los procedimientos.

5. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

5.1. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Es la derivación de la evaluación anterior por la cual se procede a la imputación y exigencia concreta de las responsabilidades incurridas, previo análisis razonado de los hechos constitutivos del daño y riesgo expuesto, deber incumplido y relación de causalidad con el auditado.

5.1. SANCIONES DISCIPLINARIAS

La ley ha prescrito las sanciones por faltas disciplinarias, que son:

a. Amonestación verbal o escrita.

b. suspensión sin goce de remuneraciónes hasta por treinta días.

c. Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses, y

d. Destitución (art. 26 del Dec.leg.Nº 276).

6. DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

- Abuso de autoridad

- Deberes de función.Incumplimiento

- Negación de auxilio.Policía.

- Requerimiento ilegal de la fuerza pública.

- Abandono de fúnción pública.

- Nombramiento ilegal para cargo público.

- Concusión

-Contribuciones ilegales o cobro indebido.

- Colusión. Fraude en operaciones públicas.

-Patrocinio ilegal. Negociaciones incompatibles.

7. DISPOSITIVOS QUE HAY QUE TENER SIEMPRE PRESENTE

- Ley del sistema Nacional de control.

- Ley Nº 27209, Ley de gestión Presupuestaria del estado.

- ley de presupuesto del sector público de cada año fiscal, que se trate.

- Ley Nº 26771, Ley de nepotismo:Prohibición de ejercer facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, en caso de parentesco.

- Decreto legislativo Nº 817, Ley del Régimen Previsional a cargo del estado.

- Ley Nº 27815, Ley del Código de ëtica de la Función Pública.

- Texto único ordenado de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del estado y su reglamento.

- Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo general

Para el presente artículo Hemos utilizado el texto de derecho Administrativo (Parte sustantiva) de Marco cabrera Vásquez y Rosa Quintana Vivanco...Otros.

WALTER PURIZACA CASTRO-PERU