Funar- Ayuda al Refugiado-

La vida de los venezolanos está indisolublemente unida a la vida de los colombianos hasta el fin de los tiempos

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Sat, 30 Jul 2016 23:02:00 +0000

"La vida de los venezolanos está indisolublemente unida a la vida de los colombianos hasta el fin de los tiempos” / Chávez dictó medidas que facilitaron la inclusión de esta comunidad en los planes de protección social

Caracas, 30 de julio de 2016.- A la Plaza Bolívar de Caracas llegó la marcha que la comunidad colombiana residente en Venezuela realizó este sábado en favor de la paz y en respaldo de laRevolución Bolivariana, proceso de transformación política y social que se fundamenta sobre los principios de hermandad, solidaridad y humanismo.

Venezuela y Colombia, una sola bandera fue la consigna de esta movilización, que fue recibida por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien recordó que ambas naciones están enlazadas por un mismo padre: Simón Bolívar, artífice de la liberación de los dos pueblos y defensor de la integración, la relaciones de hermandad y la paz.

"La vida de los venezolanos está indisolublemente unida a la vida de los colombianos hasta el fin de los tiempos. Tenemos las mismas banderas, tenemos la misma historia, tenemos las mismas culturas y tendremos el mismo futuro: un futuro de paz, de trabajo, de patria colombiana y de patria venezolana unidas para siempre".

A lo largo de la historia -dijo- las cúpulas de los partidos de derecha en Venezuela y Colombia han hecho "todo lo posible por separarnos, por dividirnos, para que, en aras de una frontera impuesta por las oligarquías, cayéramos en la guerra".

El alcalde explicó que ente esta realidad, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, al considerar "al pueblo colombiano hermano del pueblo venezolano", dictó medidas que facilitaron la inclusión de esta comunidad en los planes de protección social, lo cual reivindicó una lucha de muchos años.

Agregó que por este sendero sigue transitando el presidente Nicolás Maduro, quien ha hecho un llamado a la comunidad colombiana a sumar esfuerzos en la defensa de la patria y en el fortalecimiento de las relaciones de hermandad entre ambas naciones.

Rodríguez saludó las propuestas entregadas por la comunidad colombiana este sábado y que principalmente comprenden la incorporación de este pueblo a los proyectos económicos y sociales que impulsa el Ejecutivo nacional para combatir la guerra económica, que se traduce en especulación, acaparamiento, desabastecimiento y contrabando de productos de primera necesidad, promovida por sectores de la derecha venezolana.

"No tengan duda de que el presidente Nicolás Maduro aprobará todos estos proyectos, todos estos planes", dijo y adelantó que para este martes 2 de agosto está convocada una reunión en la que se discutirá la instrumentación de los planes planteados.

AVN

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que los colombianos que particparon este sábado en la movilización denominada “Colombia y Venezuela, una solda bandera”, serán incorporados al Congreso de la Patria.

Unas multitud de personas, entre venezolanos y colombianos, afectos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, realizaron una concentración en la Plaza Bolívar de Caracas. En la actividad participó Jorge Rodríguez, así como también el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional.

“Usted pone al lado a un colombiano de un venezolano y no hay forma de diferenciarlos, somos la misma tierra, la misma sangre y el mismo pueblo”, aseguró dijo Jorge Rodríguez.

Aseguró que en su mayoría los ciudadanos colombianos “vinieron a Venezuela huyendo de la pobreza (...) Ahora las oligarquías en Colombia intentan lo mismo respecto a nuestro movimiento bolivariano, respecto a Chávez y al presidente Nicolás Maduro”.

Informó que más de los 500.000 colombianos que viven en el país, serán incorporados al Congreso de la Patria: “De inmediato se deben dar las asambleas municipales y estadales para que el movimiento de colombianas y colombianos se incorpore directamente al Congreso de la Patria”.

Por su parte, el parlamentario Héctor Rodríguez expresó: “Para los bolivarianos la patria es una sola, así que siéntanse amigos colombianos en su patria, su tierra, en su casa y den le un abrazo de esta revolución a cada colombiano que vive en Venezuela”.

Firma del acuerdo final – farc y el gobierno colombiano

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Thu, 23 Jun 2016 17:24:00 +0000

Día Mundial del Refugiado 2016

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Mon, 20 Jun 2016 15:03:00 +0000

#ConLosRefugiados para el Día Mundial del Refugiado 2016

En el mundo en que vivimos hay más personas desplazadas por conflictos que en cualquier otro momento desde la II Guerra Mundial. Estas cifras sin precedentes han forzado al límite la capacidad de respuesta del ACNUR y a sus socios y, tristemente, la situación continúa agravándose. Mientras son cada vez más las familias forzadas a huir de sus casas, el ACNUR lanza la campaña #ConLosRefugiados para el Día Mundial del Refugiado 2016.

En el Día Mundial del Refugiado, que se celebra cada año el 20 de junio, rendimos homenaje al valor y la resiliencia de millones de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo atrás por causa de la guerra y la persecución y, aun así, luchan cada día para seguir adelante con sus vidas en entorno seguro.

Los refugiados son personas como tú, con sueños y esperanzas, que han sido forzados a huir de la guerra, la violencia y la persecución. El ACNUR cree que todas las personas refugiadas merecen vivir con seguridad. Si también estás #ConLosRefugiados, muestra tu apoyo y firma la petición de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

La petición será entregada en la sede de la ONU en Nueva York con ocasión de la sesión de la Asamblea General del 19 de septiembre.

Con nuestra petición pedimos a los gobiernos que:

Garanticen que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación.
Garanticen que todas las familias refugiadas tengan un lugar seguro donde vivir.
Garanticen que todos los refugiados puedan trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias y así poder contribuir positivamente a sus comunidades.
firma la peticion

más de 6.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Fri, 13 May 2016 18:54:00 +0000

ACNUR: 6.000 desplazados y 7.000 atrapados en el conflicto colombiano

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció hoy que más de 6.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y otras 7.000 están atrapadas en medio de combates en la región del Chocó.

Los combates, según ACNUR, se producen entre grupos armados ilegales que buscan el control de este territorio fronterizo con Panamá y se producen en los alrededores de los ríos Baudo, Atrato y San Juan.El Chocó, en la costa del Pacífico, es una de las regiones más pobres y abandonadas de Colombia y está habitada en su mayoría por afroamericanos con una importante población indígena, y ha sido en las últimas décadas feudo de guerrilleros y paramilitares pues es una codiciada ruta del narcotráfico y dispone de valiosos recursos naturales.

"Sus métodos de subsistencia, la pesca, la agricultura y la caza, no se pueden practicar y los niños no pueden ir a la escuela", denunció este viernes (13.5.2016) durante una rueda de prensa en Ginebra William Spindler, portavoz del ACNUR.

La situación "sobrepasó" a las autoridades

Si bien Spindler dijo que los combates son entre grupos armados, reclinó matizar cuáles eran esas organizaciones y si el Ejército colombiano estaba involucrado, al afirmar que responder a eso socavaría la neutralidad de la organización.

El portavoz dijo que la agencia ha solicitado a los beligerantes que garanticen la seguridad de los civiles, al detallar que la situación "ha sobrepasado" la capacidad de las autoridades de responder a las necesidades básicas de la población, que incluyen refugio, comida y apoyo psicológico.

Más de medio siglo de guerra civil en Colombia ha provocado que en el país haya más de siete millones de desplazados internos y que otros 350.000 colombianos vivan como refugiados en otros países, recordó hoy ACNUR.

CP (efe, ACNUR)

La paz será la victoria de Colombia entera

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Fri, 13 May 2016 18:47:00 +0000

Comunicado Conjunto #69

La Habana, Cuba, 12 de mayo de 2016

En el día de hoy las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional.

Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados en el párrafo anterior.

I.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo de 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara:

“Artículo xxx: La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

El procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara.El tránsito del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto, por mayoría calificada; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.

El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo transitorio xxxx contemplado en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el artículo xxxx

El control constitucional relacionado con la aprobación de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.

El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, será único y automático.

II.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18de mayo de 2016, añadirá en el parágrafo j) del articulo 1 del PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 04 DE 2015 SENADO, 157 DE 2015 CÁMARA, la palabra “único” en el siguiente párrafo:

“j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático de constitucionalidad (….)”

quedando así dicho texto:

“j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad (….)”

III.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18de mayo de 2016, retirará de la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara la proposición aditiva “artículo transitorio. Jurisdicción Especial para la paz”

IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz de 15 de diciembre de 2015. Dicho artículo transitorio entrará en vigor una vez entre en vigor el Acuerdo Final.

V.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, se depositará, inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

VI.- Igualmente, el Gobierno Nacional y las FARC EP acuerdan que una vez aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, citando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, pidiendo al Secretario General que se de la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero, generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha Resolución 2261 el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de paz, mayo13 de 2016

El proceso de paz va por buen camino. Las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, en desarrollo del derecho a la paz, hemos convenido la ruta más corta y segura en lo jurídico, para llegar a la reconciliación nacional.

El Acuerdo Final será firmado por las partes como Acuerdo Especial. Esta figura, prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949, convertirá lo acordado en norma de obligatorio cumplimiento conforme al derecho internacional, y lo incorpora al Bloque de Constitucionalidad, debiendo ser respetado cada vez que se apruebe una ley de desarrollo del mismo.

La legitimidad del Acuerdo Especial, será reforzada mediante una “declaración unilateral del Estado”colombiano, en la que se solicitará también la incorporación de su texto a una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Una vez aprobado el Acuerdo Final, el Congreso de la República decidirá si lo hace suyo, y si así fuera a través de procedimiento legal definido, lo incorporará al orden jurídico colombiano, lo cual interpreta fielmente el mandato constitucional que señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Este acuerdo, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, hará parte, además, íntegramente, de la Constitución Política colombiana mediante un artículo transitorio que contendrá toda la literalidad de lo acordado por las partes en la Mesa de Conversaciones.

El acuerdo de ayer se inscribe en el respeto a los principios y mandatos plasmados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, en el Derecho de los Derechos Humanos, en el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma. Estas normativas que regulan el mundo, que están protegidas por los principios del Derecho de Gentes, “tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”, aplican ya en nuestra patria. Hacen parte de bloque de constitucionalidad.

Las FARC-EP y el Gobierno Nacional, hemos creído que todos estos mecanismos de seguridad jurídica son imprescindibles para garantizar que la implementación de los acuerdos alcanzados sobre derechos humanos de los colombianos -tanto civiles y políticos, como económicos y sociales- sea respetada por los sucesivos gobiernos. Y es este quizá uno de los mejores homenajes a las víctimas del conflicto, que de esta forma seguirán situadas en el centro del proceso de paz.

Algunos conceptos referidos en el acuerdo de ayer, como puede ser la noción de los acuerdos especiales surgidos del artículo 3º de los convenios de Ginebra de 1949, pueden sorprender. Sin embargo, manifestamos que precisamente es una de las piezas claves del nuevo compromiso. Se trata de la mayor garantía de que nuestra palabra vale. Precisamente, nos acogemos a esa institución de valor universal para señalarle al mundo entero que vinimos a La Habana a adquirir el compromiso de una paz para siempre en los términos que mande el Acuerdo Final próximo a suscribirse, y a expresar el juramento del Nunca Más.

El Estado colombiano habrá de hacer lo propio. En cuanto a lo que nos ha correspondido y corresponde, lo hemos hecho expresando nuestra voluntad de manera libre y sincera; nos ha acompañado y nos sigue y seguirá acompañando la buena fe como principio, con la certeza para nosotros que como dice el Tratado sobre los Tratados de Viena de… “lo acordado es para cumplirse”.

Hemos sostenido que los Acuerdos Especiales valen desde que los asumen las partes por estar el DIH inserto en el Bloque de Constitucionalidad; en efecto ello comienza a ser una realidad.

Significa esto, que siendo nosotros una institución de palabra, a la luz de las normas internacionales y del Derecho Internacional Humanitario, ya nos rige lo acordado, como nos regirá la firma del acuerdo final porque nuestra rúbrica es un sello vital de compromiso histórico y un legado incontrovertible para las futuras generaciones de cómo se deben asumir las obligaciones ante el altar de la patria. Pero en todo caso, como lo ha dicho el jefe de la delegación del Gobierno, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado.

Lo que las partes hemos acordado es probablemente el mayor impulso que se ha dado al derecho universal a la paz desde el fin de la guerra fría.

Si entre los combatientes, entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente. Si la dejación de las armas, con compromisos recíprocos para las partes, se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico pacto de humanidad y amor por la patria. Si el acuerdo sobre garantías de seguridad y paramilitarismo está a punto de ver la luz, es porque efectivamente estamos cerca del Acuerdo Final.

A quienes se resisten a la paz les extendemos nuestra mano y los invitamos a que sin menoscabo de su dignidad asuman con nosotros protagonismo en la construcción del futuro de paz para Colombia.

Los colombianos debemos alistarnos para entrar en una nueva era de reconciliación, de libre debate de las ideas y de transformaciones sociales; debemos por tanto iniciar desde ya los preparativos de la gran fiesta nacional por la paz.

La paz será la victoria de Colombia entera.

Gracias, gracias, los queremos mucho.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

personas, empresas y domicilios con dinero en los papeles de panamá-descarga lista completa

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Wed, 11 May 2016 16:01:00 +0000

Averiguar quién está detrás de casi 320.000 empresas y fideicomisos extraterritoriales de los papeles de Panamá y las filtraciones investigaciones offshore

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Reactivación: La tregua de los 90 (1992-1996)

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Tue, 10 May 2016 08:32:00 +0000

Luego de la desmovilización y los procesos de paz con los grupos guerrilleros del EPL y el M-19 a comienzos de la década de los noventa, las autodefensas se someten por primera vez a la justicia y decretan una tregua. Sin embargo, regresarían a mediados de esta década con una estructura más poderosa y violenta.

En la administración de Cesar Gaviria (1990-1994), las autodefensas, que habían crecido de la mano del narcotráfico, se sometieron a la justicia y en varias regiones hicieron entrega de armas, acogiéndose a los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991, que contemplaban reducción de penas de la mano con una confesión voluntaria. En este momento, fueron tres los grupos que se sometieron a la justicia: un reducto compuesto por cerca de 200 hombres del grupo de Rodríguez Gacha en Pacho (Cundinamarca), el que actuó en Puerto Boyacá, al mando de Ariel Otero, con cerca de 400 integrantes y el de Fidel Castaño que entregó 600 fusiles, así como varias haciendas en su zona de influencia en Córdoba y Urabá.

En consecuencia, a partir de 1992, se observa una importante reducción de los asesinatos de civiles, atribuidos a las autodefensas en los años anteriores.

Pese a que la reducción de las víctimas de la violencia organizada es marcada, los asesinatos cometidos por la guerrilla comienzan a recaer en dirigentes y militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, quienes se hallaban en proceso de desmovilización fruto de las negociaciones entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación (Epl). Estos hechos se concentraron en Córdoba y Urabá.

Pese a los grandes esfuerzos realizados en los primeros años de la década del noventa para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas y con mayor cubrimiento territorial, los grupos paramilitares tuvieron un nuevo impulso.

Fue así como, con posterioridad a la muerte de Pablo Escobar en 1993, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), bajo el mando de Fidel y Carlos Castaño, comenzaron a registrar una significativa expansión, con el apoyo de desmovilizados del Epl, asediados en ese momento por las Farc y la disidencia de Francisco Caraballo.

Entre tanto, los grupos del Magdalena Medio, pese a haber protagonizado actos de dejación de armas, no se desactivaron, optaron por frenar su expansión, -excepto en el sur del Cesar-, no llamar la atención con actos de violencia y, ante todo, defender territorios fundamentales para el narcotráfico.

En el gobierno Samper 1994-1998 la avanzada liderada por las ACCU se manifiesta, inicialmente, en el norte de Urabá. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión al Atrato, Occidente y Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar.

Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se traduce, por una parte, en que las guerrillas registran pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que estos grupos tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener a las estructuras de signo contrario.

En este contexto, tanto los paramilitares como las guerrillas, en competencia por el dominio del territorio, convirtieron a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que comienza a experimentar el conflicto armado.

Fuentes:

Comisión Verificadora de los Actores Violentos en Urabá (1995), "Informe Final", Apartadó, pp 37-40 y Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz (1995) "Tendencias en el Desarrollo Municipal y Violencia en Colombia", Cap. 3. Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá.
Gustavo Salazar, (1999). Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980 – 1999, Bogotá, Presidencia de la República.

Tags: Colombia • paramilitarismo • victimas • conflicto armado • justicia •autodefensas • paramilitares • epl • m-19

30 años de barbarie paramilitar

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Tue, 10 May 2016 08:26:00 +0000

Las Autodefensas nacen en el Magdalena Medio, se consolidan bajo el mando de los hermanos Castaño en Urabá y logran su mayor auge y expansión a finales de la década de los 90 bajo una sombra de masacres, desplazamientos y la financiación del narcotráfico. Esta es la historia del paramilitarismo en Colombia de los últimos 30 años.

El 19 de febrero de 2005 el recién nombrado comandante general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Ramón Isaza Arango relataba, dese su punto de vista, lo que había sido el nacimiento del fenómeno paramilitar:

“Un 22 de febrero del año 1978, hace ya 27 años, a la vereda la Estrella, del Corregimiento La Merced o Las Mercedes, como se le conoce comúnmente, en aquel entonces jurisdicción del Municipio de San Luís (Antioquia), hoy de Puerto Triunfo, incursionó una patrulla del noveno frente de las FARC, esta vez con órdenes específicas de asesinar a varias personas, a quienes acusaban de colaborar con el ejército, y como retaliación, porque no les colaboraban con ganado vacuno, o porcino, o con aves de corral, con dinero o con hijos para reclutarlos.

En la lista me encontraba yo, Ramón Isaza, por ese entonces líder comunitario, concejal en San Luís, en representación de Puerto Triunfo.

En otras ocasiones habían llegado, las primeras, a manera de visita informativa, luego a que se les colaborara con animales o dinero, más tarde se llevaban los animales, o los mataban ahí mismo sin informar siquiera.

Esto había sembrado el descontento entre los habitantes de la vereda y algunas medidas que se tomaron hacían prever que alguna de esas visitas tendría un desenlace fatal. Analizando eso en conversaciones que tuve con los vecinos, decidimos buscar ayuda y agruparnos para defendernos, para defender la vereda. Como ya se habían contactado en otras oportunidades con el ejército, decidimos entonces ir a buscar ayuda, esta vez, no para que mandaran patrullas hasta la vereda, sino para que nos dieran armas para nosotros mismos hacerles frente, en caso de algún ataque que no diera tiempo de avisar.

En la base Calderón, ubicada cerca a Puerto Boyacá, con otros amigos expusimos la situación al Comandante de la base y luego de mucho hablar y recibir algunas instrucciones, nos entregaron 8 escopetas, de varios calibres, con suficientes cartuchos, ellas no en muy buen estado, porque eran de las decomisadas a las personas que no tenían permiso para portarlas, las cuales repartimos entre quienes nos habíamos comprometido a conformar este grupo para autodefendernos y no sufrir más el chantaje, la intimidación y el saqueo a que nos estaban sometiendo y que menguaba gravemente la economía de nuestros hogares.” (Descargar carta de Ramòn Isaza en PDF)

Isaza recordaba las consecuencias de las disposiciones adoptadas por el Decreto Legislativo 3398 de 1965 de diciembre 24 – “por el cual se organiza la defensa nacional”-, convertidas en legislación permanente con la Ley 48 de 1968 (diciembre 16), que en uno de sus apartes señalaba que “El Ministerio de Defensa Nacional por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.

De este modo, bajo el amparo de esta ley, las Fuerzas Militares tuvieron un aval para proveer de armas a los particulares y con ello frenar cualquier brote de inconformismo social o amenaza subversiva. Fue en la zona del Magdalena Medio, en el municipio de Puerto Boyacá, donde este modelo fue cristalizado y perfeccionado por primera vez.

Si bien este antecedente marca un hito importante dentro de la historia del paramilitarismo, progresivamente otro tipo de factores influyeron en su expansión y transformación: el narcotráfico, el ascenso de nuevos poderes políticos regionales, la radicalización de ciertos sectores de las fuerzas militares y desde luego la extralimitación de los grupos guerrilleros, le dieron todas las razones a la dinámica paramilitar a nivel nacional.

La siguiente división histórica corresponde a un análisis del fenómeno paramilitar en Colombia, su objetivo primordial es dotar al lector de un contexto básico que permita entender el proceso, no definir de forma tajante el desarrollo del mismo:

El comienzo(1981-1991)
Reactivación(1992-1996)

NOMBRE

ASUNTO

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Refugiados y solicitantes en camino de obtener el statu podrán adquirir alimentos en supermercados que soliciten cédula de identidad en Venezuela

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Tue, 03 May 2016 22:03:00 +0000

El defensor del pueblo Tareck William Saab, junto con la Superintendencia Nacional de Precios Justos, (Sundde) de precio justos William contreras, se prenunciaron ante el ataque despiadado a la alimentación del pueblo venezolano preciada por la derecha empresarial y su guerra económica. Inspeccionaron 1.566 establecimientos de venta de alimentos en 23 estados del país para determinar las irregularidades en la adquisición de los productos.

Estas supervisiones se hicieron en locales, tanto de la red publica como privada.

Entre las quejas de la población detectadas por las autoridades estaba la presencia de bachaqueros en las colas, desde tempranas horas de la mañana; venta de puestos en las filas con bandas organizadas, solicitud de informe médico, copia y original de la partida de nacimiento y ecogramas a las mujeres para poder comprar pañales y leche de fórmulas. “Obviamente esto afecta a quien va a, como mujer, como madre, a comprar porque ya la empresa, te está colocando obstáculos que no debiera haber, si vas a comprar pañales, los compras y punto”, dijo.

Unos de los puntos a los que se hizo referencia es al beneficiar con un permiso especial a las personas que tienen el statu como refugiados o que están en camino de obtenerlo, con el derecho de poder adquirir productos en los supermercados donde se pide documento de identidad, para ello el defensor del pueblo junto con el sunde , se reunirán esta semana con el saime para agilizar lo más pronto esa medida

“Pareciera que ya han tecnificado la manera de actuar a un punto que ellos mismos (bachaqueros) propician el marcaje en el cuerpo (...) Este tipo de bandas a actuado con una técnica que ha llevado a la propia Sundde, de manera sorpresiva, a actuar incluso en horas de la noche para desmantelar estas bandas”, expresó el Defensor

Otras irregularidades es la falta de información de los consumidores sobre los productos y las cantidades que llegan a los locales; ventas condicionadas, refiriéndose a la compra obligatoria de otros rubros innecesarios que lo hacen los dueños de los establecimientos. Calificó esta última observación como un “acaparamiento condicionado”.

También encontraron con que algunos locales no cuentan con el sistema de punto de ventas, impidiendo el uso del tique de alimentación.

Recomendaron realizar una mejor distrbución de alimentos y de manera equitativa; fortalecer la vigilancia durante la formación de las colas, de modo que los primeros usuarios sean los primeros en comprar los productos por el número de cédula; evitar la creación de cualquier tipo de listas, que muchas veces son hechas por bandas de bachaqueros en complicidad con empleados de los súper; no permitir el marcaje en ninguna parte del cuerpo.

Pidió fiscalizar que todas las cajas registradoras funcionen para el público. “Aquí tiene que actuar el sistema de justicia con mucha fuerza para desmantelar estos grupos, que se les aplique todo el peso de la ley”, precisó Saab.

El superintendente nacional de la Sundde, William Contreras William, declaró que las investigaciones han arrojado que los bachaqueros realizan un “tour” en los establecimientos para ser siempre los mismos que compran, quitando muchas veces la oportunidad a otros que si lo necesitan.

conseguir la nacionalidad venezolana

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Tue, 03 May 2016 10:08:00 +0000

Para lograr obtener la Nacionalidad Venezolana debes haber vivido en el país por más de cinco años consecutivos o estar casado con alguien de este país. Necesita recaudar una serie de documentos y trasladarse al al Sistema Administrativo de Migración y Extranjería (Saime) más cercano a su residencia

Paso a paso:

Debes entrar al portal web Por favor dale dos veces click al enlace y luego a “saltar publicidad” para dirigirte a la página del saime saime-extranjeria

y descargar la solicitud para la nacionalidad dependiendo de tú caso. Allí encontraras tres opciones: extranjeros con más de 5 años en el país, extranjeros casados con un venezolano o hijos de padres nacidos en este país.

Una vez que se llene esta planilla, debe ser notariada en el Registro Civil principal. Esto mismo se realiza con las partidas de nacimiento y actas de matrimonio si el trámite se dio en el exterior.

Cuando se reúnan todos los documentos hay que archivarlos en una carpeta tamaño oficio.

Esta carpeta deberá ser consignada en el Saime más cercano a su residencia. Allí se le indicará en cuantos días debe volver para saber si están en orden sus documentos y procede a la nacionalización.

Las personas mayores de 18 años y hasta los 60 deben cancelar 15 unidades tributarias., mientas que los menores de edad y adultos mayores son exonerados.

Incertidumbre guerrillera en montañas de Córdoba y Antioquia

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Fri, 22 Apr 2016 19:42:00 +0000

Desde La Habana, Cuba, voceros de las Farc y los negociadores del gobierno nacional anuncian que un acuerdo de paz entre ambas partes está más cerca que nunca. Mientras tanto, en Colombia, los insurgentes rasos se preguntan qué pasará con sus vidas tras el histórico momento.

El reloj aún no marca las 8 de la mañana y en Saiza, un caserío incrustado en las estribaciones de la serranía de Abibe, en pleno corazón del Nudo de Paramillo, ya se siente un calor intenso y un aire impregnado de humedad.

El pueblo es pequeño, con dos hileras de casas antiguas y empedradas callejuelas que desembocan en una polvorienta plaza central. En medio de ella se erige un pequeño templo católico de paredes blancas curtidas por el polvo, que termina en un campanario sin campana y cuyos bordes se los come el moho. Los locales comerciales se resumen en dos billares, un restaurante, una tienda, una proveeduría y una miscelánea.

Es un domingo cualquiera, y a esa hora de la mañana solo el restaurante está abierto al público. Allí, una mujer se esmera en asear el lugar aprovechando que no hay comensales que atender. Dos niños entran y salen repetidamente del establecimiento. Junto a la cabecera del largo tablón que sirve de mesa está sentada una joven mulata de ojos vivaces que mira con detenimiento las puntas de sus rizos negros. Ninguno de ellos parece percatarse de la pistola color plomizo que hay sobre el tablón, metida en una funda color verde.

Tampoco hay mayores sobresaltos cuando aparece el dueño del arma. Es de Antonio*, un guerrillero del Frente 5 las Farc que la dejó allí mientras buscaba alimento para unas mulas que tendrán un largo viaje. Su presencia sobresale en aquel lugar. Su contextura maciza y su mediana estatura, su sudadera negra y su camiseta azul, contrastan con las figuras delgadas de los labriegos, que visten jeans desgastados y camisas roídas por el trajín propio del trabajo del campo.

El tipo no anda solo. Dos jóvenes, que visten de forma similar y que no parecen superar los 20 años, le ayudan con su faena: le dan de comer a los animales, revisan que sus herraduras estén en perfecto estado, amarran bien las monturas, equilibran bien la carga que llevarán monte adentro. Todos terminan bañados en sudor. El calor a las 9 y 30 de la mañana ya es insoportable. Antonio regresa por su arma, saluda con cortesía, pero a la vez con distancia, y cancela algunas deudas pendientes.

A una señal suya, se suben a las mulas y comienzan una larga jornada que los conducirá a un campamento insurgente, en algún lugar selvático del Nudo del Paramillo. A ellos los acompañan tres periodistas que pretenden conocer qué piensan del proceso paz los integrantes de los frentes 5 y 58 de las Farc desde su cotidianidad en los campamentos.

La presencia de los subversivos no toma por sorpresa a nadie en Saiza. Desde el mismo momento en que un puñado de colonos antioqueños que huían de la violencia partidista, a mediados de los años 40 del siglo XX, fundaron este pueblo en tierras del municipio cordobés de Tierralta, sus habitantes han tenido que lidiar con la presencia de hombres armados pertenecientes a todos los grupos, tanto ilegales como legales.

En su momento fue la guerrilla del Epl, que surgió en 1967 en el Alto Sinú cordobés, muy cerca de Saiza. A finales de la década del noventa fueron los paramilitares de los hermanos Castaño, responsables de que el caserío sea un triste recuerdo del esplendor que alguna vez tuvo. Ahora son las Farc, que desde la última tregua unilateral que decretaron, el 20 de julio de 2015, se mueven con mayor soltura en la región.

Un par de años atrás, por esos mismos caminos que ahora recorren Antonio y sus acompañantes, se movían las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo (Funup), adscrita a la VII División del Ejército Nacional, para combatir a los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, que erigieron en sus montañas un santuario que conocen al detalle. “Por todas las partes donde nos metimos, también se ha metido el Ejército”, cuenta el guerrillero.

En las entrañas del Nudo

En lo más profundo del Paramillo, la vegetación se torna exuberante y los caminos agrestes. Por momentos, se observan, desperdigadas, rústicas viviendas de madera habitadas por colonos e indígenas, quienes no tienen ningún impedimento para vivir en medio de las dificultades. Aunque pareciera que es tierra de nadie, en realidad se encuentran en terrenos del Parque Nacional Natural Paramillo, asunto que es bastante traumático para unos y otros. (Ver más en artículo: El Paramillo, un nudo difícil de entender)

Por cuenta de los avances de los diálogos de paz, en esta región hace rato no suenan las ráfagas de fusil. El Ejército retiró varios puestos de control, mientras los guerrilleros permanecen acuartelados. Nadie da motivos que preocupen a su enemigo. Por ahora.

El grupo que lidera Antonio lleva varias horas a lomo de mula. Al descender por una de las tantas estribaciones, aparece Duván*, guerrillero del Frente 58 de las Farc, quien se une al grupo. Tiene la particular destreza de manejar con una mano las riendas de la mula que cabalga y con la otra su fusil de dotación con una agilidad que sorprende.

Pocos kilómetros después, Antonio y el grupo arriban a una planicie donde ondean en la misma asta dos enormes banderas, una de Colombia y una blanca, de igual tamaño. Aparte del pabellón nacional y el símbolo por excelencia de la paz, allí solo se divisa una casa de madera levantada en palafitos, que si bien parece abandonada, el insurgente explica que es un aula de clase para los guerrilleros. “A veces hacemos las pedagogías ahí”, agrega.

Aunque Antonio es un hombre de palabras precisas y algo silencioso, cuenta que es oriundo de una vereda de Ituango, un pueblo en el norte de Antioquia donde las Farc son tan viejas como los deseos del empresariado antioqueño de construir allí la represa más grande del país, Hidroituango. Antes de cumplir 16 años, empujado por la convicción de que vivía en una tierra de no futuro y seducido por el poder que transmiten en esas tierras abandonadas un camuflado y un fusil, se incorporó al Frente 18. Allí estuvo hasta pocas semanas antes de la muerte de ‘Román Ruiz’, comandante de esa unidad guerrillera, quien perdió la vida tras ser bombardeado por el Ejército en zona selvática del municipio de Riosucio, Chocó, el 25 de mayo de 2015. Hoy integra el Frente 5, que comanda ‘Ariel Rodríguez’, y ya ajusta cerca de diez años en la insurgencia.

La historia de Duván es similar. Cuando tenía 11 años de edad murió su padre y, como el segundo hombre de una familia de siete mujeres, debió abandonar sus estudios para atender los asuntos de la finca paterna, ubicada en una vereda del corregimiento Ochalí, de Yarumal. Rápidamente sus hermanas comenzaron a dejar el hogar para resolver sus vidas y, viéndose solo, no tuvo más opción que buscar trabajo en fincas cafeteras de la región.

Dos años después, Duvan conoció una comisión de las Farc que apareció en la finca de Ituango donde se encontraba laborando. Los guerrilleros llegaron con un discurso contra la explotación laboral del jornalero que abunda en esos parajes. Pero no fue eso lo que lo motivó a ingresar a la guerrilla.

“Pa’qué, pero me gustaron las armas. Esa imponencia de esa gente con esos fusiles, sentí que podía estar ahí y por eso dije que me llevaran con ellos”. Luego de tres meses de espera, lo reclutaron para el Frente 18. Esas primeras semanas en la guerrilla no fueron lo que esperaba. “Mucho estudio”, recuerda Duván. Cómo tuvo que abandonar la escuela con apenas el primer año de formación, un guerrillero tuvo que enseñarle a leer los capítulos, artículos y parágrafos que componen el reglamento interno de las Farc, algo así como el código de deberes y de comportamiento que debe acatar un insurgente. El no hacerlo puede acarrear duros castigos.

Al cabo de seis meses, Duván comenzó a recibir entrenamiento militar. Su primer arma fue una escopeta; luego, una pistola; después, un fusil Galil. Y así, en medio de fierros y duros combates con los ‘paras’ y con el Ejército, se hizo adulto. Tras la muerte de ‘Román Ruiz’, pasó al Frente 58. Hoy tiene 20 años.

Incertidumbre guerrillera

“Llegamos”, dice Antonio al arribar al primero de varios campamentos de las Farc esparcidos en un radio no mayor a cinco kilómetros. Es una desvencijada casa de madera; sobre la cima de un pequeño cerro, otro grupo pasa las horas en improvisados cambuches; y uno más está a varios cientos de metros más allá, en una explanada. En cada sitio no hay más de 20 combatientes.

En esos campamentos, las rutinas de los combatientes incluyen, además de los ejercicios físicos matutinos, buscar agua, hacer de comer y montar guardia, una sesión de estudio diaria, donde escuchan las últimas noticias del proceso en la voz del propio “camarada ‘Timochenko’”, máximo jefe del grupo insurgente.

“Todos los días nos levantamos a eso de las 5 de la mañana. Tomamos café, el comandante prende el radio y nos sentamos a escuchar al ‘camarada Timo’ que nos habla sobre el proceso de paz. Todos los días nos hablan de cómo va el proceso. También escuchamos noticias y las analizamos”, cuenta Duván.

Pese a esa inyección de conocimiento, este joven insurgente no oculta su escepticismo sobre el desarrollo de los diálogos: “Hasta ahora sabemos de unas garantías para los guerrilleros de las Farc, del problema con las zonas de concentración y de la dejación de armas y eso se ve duro todavía”.

Y es que entre más avanzan los diálogos de paz en La Habana, en la profundidad del Paramillo aumenta la incertidumbre entre los guerrilleros rasos. Duván, por ejemplo, se pregunta qué será de su vida si se desintegran las Farc: “Nos han dicho que vamos a convertirnos en un movimiento político. Pero la verdad es que muchos de los guerrilleros que estamos aquí, de política poco. Nos atrae más lo militar. Si lo del proceso de paz se da y dependiendo de las garantías que haya, me pongo a estudiar. Habrá que esperar a ver qué pasa”.

Su compañero de filas, Jairo*, también se pregunta lo mismo. Ingresó a las Farc en 1998, recién cumplió su mayoría de edad. La sed de venganza motivó su ingreso a la guerrilla. Por aquellos años, en su natal Dabeiba se movía con toda libertad un grupo paramilitar liderado por un temido hombre al que se le conocía como ‘Escalera’. No había vereda ni caserío, por alejado que fuera, donde no se hablara de su crueldad: que mataba a sus víctimas a golpes de bate de béisbol y descuartizaba sin piedad. Hasta que un día, mató a un hermano de Jairo. “O era morir a manos de los ‘paras’ o meterme a la guerrilla. Porque a mí que me maten peleando, no así. Por eso me metí a la guerrilla”, recuerda.

Desde entonces se convirtió en uno de los más fieros combatientes del Frente 58. Tanto, que tiene bajo su responsabilidad el manejo de un fusil M82, de alta potencia y precisión al que llaman “punto cincuenta”. Es un arma con alcance para derribar un helicóptero y que la guerrilla emplea para contrarrestar la supremacía aérea que tiene el Ejército.

Sin embargo, desde que las tropas farianas decretaron el cese al fuego y los combates con las fuerzas militares se han reducido ostensiblemente, Jairo le ha sacado tiempo a uno de sus pasatiempos predilectos: la guitarra, que aprendió a tocar mucho antes de saber cómo disparar un fusil. En la profundidad del Paramillo ha logrado componer 30 canciones a ritmo de guasca cuyo tema principal es el proceso de paz.

Y en todas ellas se advierte la misma preocupación: ¿Qué pasará una vez se firme un histórico acuerdo de paz con el gobierno nacional? “Todos los guerrilleros esperamos eso. Pero, ¿y si no hay garantías? Lo cierto es que no nos podemos desintegrar como movimiento porque, entonces, ¿pa’donde cogeríamos? Y tenemos que estar juntos para la transformación en movimiento político”, dice el músico.

¿Y las armas?

Son las 4 de la tarde de un martes en el que la selección Colombia de mayores juega en Barranquilla contra Ecuador, a miles de kilómetros de allí. En medio de una espesura donde no hay energía eléctrica, ni acueducto, mucho menos internet o señal de telefonía celular, un grupo de guerrilleros, junto a los tres periodistas, ven el partido en una casa de madera cercana al campamento.

“Funciona con paneles solares. Son capaces de generar energía de 12 voltios. O sea, para un televisor así pequeño y dos bombillas. ¿Qué cómo tenemos eso? Bueno, llegaron diciendo que si queríamos ensayar. ¿Quiénes? Pues, la verdad, eso no lo sé yo ¿La señal? Direct TV. Se recarga en Carepa y ya”, explica un joven campesino residente en la rústica casa.

El triunfo de la tricolor inspira un partido de fútbol entre varios de los combatientes en una improvisada cancha junto a la desvencijada casa. En ella fueron puestos los fusiles de quienes le sacaron un rato al juego. Antonio no quiso jugar, tampoco soltar su fusil, que lo acompaña día y noche a donde vaya.

- ¿Y por qué no lo dejas, si estás con tu gente? - le pregunta uno de los periodistas.

-La costumbre. Es lo primero que agarro cuando me levanto.

- Y entonces, cuando llegue el momento de dejar las armas, ¿qué harás?, pregunta nuevamente el periodista.

El largo silencio se torna incómodo. Antonio le da una larga calada a su cigarrillo y responde con desdén: “mmm, ahí sí la piensa uno”.

Y es que si hay tema que ponga a pensar a los guerrilleros de las Farc es la dejación de armas. Para muchos de ellos, es lo que le da sentido a su existencia. En las profundidades del Paramillo, un fusil da poder y por ello, lo que ordenan (cuidar las fuentes de agua, no talar ni quemar más bosque, sembrar o no sembrar coca) es acatado sin reparos por los campesinos.

Ahora que el proceso de paz entró en ese delicado punto de la desmovilización de la guerrilla, a muchos les cuesta imaginarse un futuro sin armas. “Yo, por lo menos, estoy de acuerdo con lo que decía el ‘camarada (Manuel) Marulanda’: es que las armas son de nosotros. Otra cosa es que las guardemos y no las usemos, pero, ¿entregarlas? Yo no estoy de acuerdo. Y menos al Ejército”, responde Duván, a quien lo asalta el mismo temor que a Antonio, Jairo y demás guerrilleros acuartelados allí, en el Paramillo: que una vez dejen las armas inicie contra ellos un proceso de exterminio sin piedad. “Listo, entregamos las armas, y si el gobierno nacional no da garantías y nos empiezan a matar a mansalva, ¿qué? Esa es la otra”.

- ¿Y te irías a trabajar con los ‘Gaitanistas’? - le pregunta uno de los periodistas

- Pues, no creo. Uno está aquí porque está peleando por algo. Ellos allá quien sabe porque están, por la plata será. Me preocupa más bien otra cosa- dice Duván al tiempo que reduce al mínimo el tono de su voz.

- ¿Y qué será?

- La gente. Muchos creen que apenas nos vayamos nosotros llegarán los ‘paras’ y los van a matar. De hecho, están por acá cerca y nadie está haciendo nada. Muchos nos han dicho que no dejemos los fierros. O que se los entreguemos a ellos para defenderse. Y si eso pasa, téngalo por seguro que yo vuelvo a coger las armas- sentencia.

Son las 5 de la mañana del miércoles. Antonio es el responsable de guiar nuevamente a los periodistas hasta Saiza, donde emprenderán su viaje de regreso a Medellín. Después de dos días de permanecer con ellos en el campamento, les indica cuál será el itinerario del día siguiente. Esta vez el camino es más escarpado, arduo, difícil, pero más corto. Y así como apareció de la nada, también, en determinado punto del trayecto, Duván se pierde sin dejar rastro. El grupo llega pasadas las 10 de la mañana. El pueblo luce desolado. Y Antonio también se ha ido sin dejar ningún rastro.

Para Salir de Saiza hay que tomar un vehículo que viaja por una trocha hasta llegar al sitio conocido como El Cerro y de ahí unas tres horas de viaje hasta Carepa. Es mediodía. Al llegar a este municipio del Eje Bananero, los periodistas se encuentran con una desagradable sorpresa: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) acaban de decretar un paro armado que iniciará a las cero horas del jueves. El último bus que despacharán para Medellín saldrá en 15 minutos.

* Nombre cambiado por petición de la fuente

Muerte de Eduardo Umaña Mendoza: un proceso que se estancó

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Fri, 22 Apr 2016 17:55:00 +0000

Tras cumplirse 18 años de su asesinato, sin ningún avance en materia judicial que ayude a resolver las causas de su crimen y los implicados, y a dos años de caducar la investigación, un grupo de abogados solicitó a la Fiscalía que declare el crimen como de lesa humanidad. ¿Por qué no hay resultados?

El 18 de abril de 1998 la vida del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza fue segada cuando tres sicarios, que se hicieron pasar por periodistas, lo asesinaron en su oficina en el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá. Las investigaciones para esclarecer su muerte se estancaron y 18 años después no hay ningún avance.

La de Umaña Mendoza fue una muerte anunciada y no atendida. Cuatro meses antes de su asesinato, se denunció el plan que tenían sectores de la Brigada XX del Ejército, funcionarios de Ecopetrol y de la Fiscalía para matarlo, pero las autoridades no hicieron nada para prevenirlo, aseguran los abogados Germán Romero y Jorge Eliecer Molano, quienes están al frente del objetivo de lograr que la Fiscalía General de la Nación lo declare como un crimen de lesa humanidad, con lo que se buscaría que no prescriba en el tiempo.

De los casos más importantes que adelantaba Umaña Mendoza se destacaba la denuncia contra integrantes de la Brigada XX del Ejército y su complicidad con directivos de Ecopetrol y la Fiscalía para inculpar a varios dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) con los atentados que sufría la infraestructura petrolera, la investigación del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, sobre la cual aseguró que la Central de Inteligencia Americana (CIA) estuvo detrás del magnicidio, y la defensa de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica.

También asumió desde 1985 la defensa de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, tras la cruenta toma de la guerrilla del M-19 y la posterior reacción de la Fuerza Pública. Umaña Mendoza siempre sostuvo la tesis de que el Ejército capturó civiles en la retoma del lugar, los interrogó, los torturó y los desapareció, sin verificar si eran o no culpables. Hasta su último día, luchó por tipificar el delito de desaparición forzada, hecho que llevo a juicio al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.

El precio por la verdad del holocausto

Pasados 18 años de su asesinato, familiares, amigos y compañeros de Umaña Mendoza reclaman justicia. Y no es para menos, según Germán Romero, uno de los abogados que representa el caso, solo el primer año de investigación se arrojaron posibles culpables y se emitieron capturas que terminaron siendo montaje.

“Se desvió la investigación a personas en la ciudad de Pereira. La Fiscalía desvió la atención de la investigación para dilatar el proceso. Desde entonces el proceso ha estado estancado y no se ha avanzado en lo absoluto, por el contrario, lo han dilatado”, aseguró Romero.

Tras la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, a través de la cual se juzgó a los paramilitares que se desmovilizaron bajo los acuerdos con el gobierno nacional, se pensó que las declaraciones de Salvatore Mancuso, quien aseguró que el crimen se ordenó por Carlos Castaño, arrojarían elementos claves para dar con el paradero de los responsables del crimen. Sin embargo, sus abogados explicaron que sus solicitudes de entrevistas con varios exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz no se consiguieron por dilación en el proceso.

De igual manera ocurrió con los crímenes que se cometieron contra los defensores de derechos humanos Jesús María Valle, en la ciudad de Medellín y los investigadores Elsa Alvarado y Mario Calderón del Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep).

En la actualidad, y tal como van las investigaciones, solo se presume, a raíz de los testimonios y las investigaciones que reposan en los expedientes, que en todos ellos hubo complicidad de sectores del Ejército y organismos de seguridad del Estado, pero no hay nada probado.

Héctor Abad Gómez: ¿crimen de lesa humanidad?

El caso quedó frenado en el 2001 cuando el entonces fiscal General, Alfonso Gómez Méndez, terminó su periodo al frente del Ente Investigador. Para la fecha, aseguran los abogados, el asesinato de Umaña Mendoza era un caso muy difícil de resolver porque fue un crimen de Estado; de igual manera, reconocen que los pocos avances que logró la Fiscal 2 de derechos humanos, al enviar inspecciones judiciales a Ecopetrol y a distintas Brigadas del Ejército, quedaron en el aire ante la falta de garantías, “las trabas institucionales llegaron al punto que se le prohibía a la Fiscal entrar a las guarniciones militares, nunca la dejaron”.

La investigación está ahora en el despacho de la Fiscal de derechos humanos Ángela Neira Sierra, quien fue la encargada de llevar la investigación del asesinato de Jaime Garzón y determinar, en marzo pasado, que este homicidio fue un crimen de Estado, entre otras razones porque se demostró que hubo participación de miembros de la Fuerza Pública, entre ellos el general en retiro Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por sus nexos con grupos paramilitares.

De lesa humanidad

En el documento entregado por parte de los abogados de la familia de Umaña Mendoza a la Dirección de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, se exponen los argumentos por los cuales consideran que el asesinato de este jurista y defensor de derechos humanos se inscribe en lo contenido en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, que definió como crimen de lesa humanidad cualquier acto de asesinato, tortura, esclavitud, deportación, encarcelación, violencia sexual, persecución o desaparición forzada que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Tales aspectos fueron consignados en la Directiva 002 del 27 de marzo de 2016 expedida por el Fiscal General de la Nación, la cual señala que el Estado colombiano contribuye al cumplimiento de las obligaciones internacionales para la lucha contra la impunidad y la garantía efectiva de los derechos humanos en materia de graves violaciones y crímenes internacionales.

El documento enviado por los abogados de la familia Umaña Mendoza hace un recuento desde la década del sesenta sobre la persecución política contra los líderes de izquierda y los defensores de derechos humanos. En la primer parte del documento se explica cómo la doctrina del “enemigo interno” definió como objetivos a los líderes sociales y justificó sus asesinatos con base a supuestos vínculos o relaciones con la insurgencia.

En relación a ello, el requerimiento asegura que “los calificativos empleados en las diferentes manifestaciones (hechas por agentes del Estado, por particulares vinculados como oficiales de la reserva o desde numerosos medios de comunicación), fueron generando un estigma público y social, en medio del cual fueron siendo objeto de acciones sistemáticas de asesinato, desaparición forzada, atentados, detenciones y torturas entre otros crímenes”.

En diálogo con VerdadAbierta.com, el abogado Jorge Eliecer Molano explicó que esa doctrina de “enemigo interno” llevó a que existiera una sistematicidad en los crímenes contra los defensores de derechos humanos entre las décadas de los ochenta y noventa, lo cual, a su juicio, se traduce en las cifras de agresiones, según las cuales desde 1988 hasta abril de 1998 se reportaron 729 agresiones, donde 568 fueron asesinatos, 62 desapariciones forzadas, 65 amenazas, 10 atentados, nueve torturas, ocho detenciones arbitrarias, cuatro heridos y tres secuestros.

El documento resalta que está probado que las amenazas contra Umaña se dieron por la defensa de los derechos humanos y la persistencia en la protección de los derechos fundamentales de líderes de izquierda. Según Molano, “fue precursor de la aplicación en Colombia del derecho internacional de los derechos humanos positivo y consuetudinario, y defensor en casos de injusta persecución del sistema penal contra sindicalistas”.

Situación que se corroboró años más adelante Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, con un testimonio sobre el cual el documento asegura que las declaraciones “identifican la existencia no solo del ánimo subjetivo sino de un plan criminal edificado por una estructura o grupo organizado donde la legalidad y la ilegalidad estaban fundidas, donde el apoyo y coparticipación de agentes estatales está probado, incluso fue denunciada días antes por la misma víctima, la presencia activa de agentes de la Brigada XX, de funcionarios de la Fiscalía y de Ecopetrol en el plan de asesinato”.

El texto concluye que el material probatorio es suficiente para declarar el crimen de Eduardo Umaña Mendoza como de lesa humanidad, al comprobarse que su asesinato fue parte de un ataque sistemático en contra de los defensores de derechos humanos, “bajo la existencia de un trato oficial como enemigo de este colectivo poblacional y la ejecución de un plan criminal donde confluían agentes estatales y la disposición de recursos públicos sustanciales, articulando con agentes ilegales, con el fin de desmovilizar, acallar y evitar la defensa de derechos humanos en Colombia”.

¿Qué viene?

De ser declarado crimen de lesa humanidad la investigación pasa a ser imprescriptible, es decir que la justicia va a operar hasta dar con los responsables del asesinato, quién lo ordenó y las razones, de igual manera de dar con el paradero de los implicados estos no tendrán beneficios y por el contrario deberán inculpar a los terceros responsables.

“La historia va mucho más allá del crimen de Umaña, se deben identificar a los terceros responsables del asesinato, no quienes lo mataron sino quién estuvo detrás de orden. Dentro de ellos no se puede dejar atrás los elementos probatorios en contra de algunos integrantes de la Brigada XX del Ejercito quienes días antes del crimen lo persiguieron y estuvieron en los alrededores de su oficina”, aseguró el abogado Germán Romero.

Para los abogados que impulsan esta causa, el Estado debe reconocer que Umaña fue asesinado por su labor de defensa de los derechos humanos, para lo cual se deben desclasificar los archivos del Ejército y tener acceso a los documentos que permitan mostrar el plan que tenían en su contra, con lo cual se identificarían a los responsables y se podría avanzar en materia judicial. De igual manera, Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica y quien fue amiga de Umaña Mendoza, planteó que aparte de resolverse los móviles del asesinato las investigaciones que él venía adelantando se deben re abrir y esclarecer.

A su juicio, masacres como la de Fusagasugá, el 21 de agosto de 1991, en la cual asesinaron a Juan Antonio Palacios Urrea, un campesino de 65 años militante de la UP y a su familia deben ser objeto de investigación. “El ejemplo de la justicia colombiana es esa, al día de hoy ni esos asesinatos han sido esclarecidos”, concluyó Avella.

Tags: Conflicto armado • Víctimas • Asesinatos selectivos • Eduardo Umaña •Defensores de derechos humanos • UP

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Sun, 10 Apr 2016 10:44:00 +0000

Yldefonso Finol, servidor venezolano adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, dirige la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) y es responsable de brindar protección a todos los ciudadanos que por razones de raza, sexo, pertenencia determinada a un grupo social, religión, nacionalidad u opinión política son perseguidos en su país de origen y entran a territorio venezolano solicitando amparo como medida humanitaria, el 98% de ellos colombianos.

Defensor de Derechos Humanos y amplio conocedor del tema fronterizo, Finol ha sido frontal en su postura contra las organizaciones criminales que infunden terror en Colombia y que a su paso han generado más de 7 millones de víctimas. A su juicio, el paramilitarismo causó la mayor tragedia humanitaria ocurrida en el continente americano desde la invasión europea del siglo XV.

En Venezuela, mas de 6 mil colombianos cuentan con el estatus legal de refugiados, dejando atrás el temor generado por el conflicto interno de su territorio. El gobierno bolivariano, a través de la Conare les concedió la oportunidad de vivir en paz, con todos sus derechos fundamentales garantizados.

A pesar de este logro, Yldefonso Finol enfrenta una brutal campaña de descredito liderada por las transnacionales de la comunicación NTN24 y RCN, cadenas altamente vinculadas con los intereses de la derecha colombiana. Con la presentación de supuestas pruebas que vinculan al servidor con la captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe intentan levantar una fuerte distracción que desvíe la atención de la crisis política que vive el país vecino .

Se le acusa de manipular el testimonio del Mayor de la policía Nacional neogranadina Juan Carlos Meneses Quintero, testigo clave en el arresto de Santiago Uribe, imputado por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Vale destacar, que Meneses presentó en 2012 ante la Conare una solicitud para refugiarse en Venezuela por sentirse amenazado en su país. El requerimiento nunca se formalizó, el funcionario colombiano volvió a su país para saldar deudas con la justicia local.

Al respecto Finol explicó que la cruzada en su contra es de vieja data y se intensifica cuando Meneses solicita protección del Estado venezolano. “Este es un hecho que en Venezuela ha sido completamente invisibilizado, no se las razones. Yo he tenido informada a la parte institucional de esta situación que vivo desde 2012, porque desde ese año el señor Álvaro Uribe Vélez , hoy expresidente de Colombia publicó en su cuenta twitter y en su página web oficial y en la de su partido un supuesto correo electrónico donde él dice que estamos manipulando testigos falsos en contra de su hermano Santiago por la acusación que pesa sobre él por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles”

Dijo que la intención de “embarrarlo” es clara, quieren destruir a la revolución bolivariana y la reputación del presidente Maduro. Alega que la denuncia formal contra Santiago Uribe no tuvo nada que ver con él, “fue una denuncia pública hecha en 2010 en Argentina, ante un fiscal y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, incluso publicaron un libro. La periodista colombiana Olga Behar publicó un libro que se llama El Clan de los 12 Apóstoles, fue un Best Seller en Colombia. Entonces ¿cómo es eso que dicen que nosotros estamos manipulando a su testigo?, si todo pasó antes de que pudiera haber venido a Venezuela”.

“Los medios de la guerra” como los califica solo buscan montar una campaña sucia que de pie a destruir a Venezuela y su gobierno. “No estamos en presencia de cualquier cosa, ésta jugada de vincularme con la detención de Santiago Uribe es seria. Yo me siento amenazado, me están molestando, por correo, redes sociales, temo por mi integridad”, expresó Finol.

Cuenta que en agosto de 2013 fue víctima de amedrentamiento cuando retornaba de un operativo especial en el sector La Guacamaya del municipio Jesús María Semprúm a orillas del río Tara. “Estábamos atendiendo a casi 900 personas que entraron del Catatumbo colombiano cuando ocurrió la huelga campesina. De regreso a Maracaibo, fui abordado por unos motorizados que evidentemente estaban conectados con gente que nos estaba pillando en el operativo. Ellos me amenazaron con pistolas modernas y llevaban un cartel que decía “paraco”.

Entiende que por su labor hay gente que lo aprecia y quien lo repudia. Acusa directamente a la derecha colombiana de lo que pueda pasarle. “Estoy amenazado por el paraco mayor, estoy amenzado por Álvaro Uribe Vélez y yo espero que mi gobierno
reaccione ante esto”.

Resaltó que a su parecer el “detalle” sobre la solicitud de refugio de Meneses intenta menospreciar las denuncias que pesan sobre el hermano menor del expresidente. “Los Uribe tienen sus cuentas pendientes con la justicia y sobran los testimonios y las pruebas en su contra, pero ese es un asunto que ya las autoridades colombianas ha tomado en sus manos y nosotros respetamos eso, pero si quieren involucrarnos ajuro, nosotros tenemos mucho que decir, porque somos nosotros quienes recibimos a las víctimas, somos testigo de los crímenes de lesa humanidad que han cometido los paramilitares con la condescendencia del Estado colombiano”.

Finalmente, manifestó que seguirá adelante en la lucha por dar una mejor calidad de vida a los refugiados y agradeció la solidaridad del Foro Internacional de Refugiados por hacer pública su denuncia. De igual forma, solicitó a las autoridades venezolanas fijar una posición política en torno a este caso. “La campaña que adelantan los medios de guerra de Colombia significa una amenaza seria para mi integridad y de mi familia, me siento amenazado, me tienen en la mira” enfatizó.

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‘Los Doce Apóstoles’: la sombra de Santiago Uribe

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Fri, 11 Mar 2016 12:15:00 +0000

El grupo armado ilegal operó en el norte de Antioquia, donde la familia Uribe Vélez tiene propiedades rurales. Testimonios vinculan al hermano del ex presidente Uribe con esta organización.

A raíz de la captura del hermano del expresidente Álvaro Uribe, este lunes en Medellín, en medio del proceso que adelanta un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, VerdadAbierta.com publica nuevamente este artículo sobre ’Los Doce Apóstoles’, grupo armado que operó en Antioquia y con el que presuntamente está vinculado el ganadero. Esta historia fue publicada originalmente el 29 de septiembre de 2013.

Desde finales de la década del noventa, la sombra del grupo armado ilegal conocido como 'Los Doce Apóstoles' persigue a Santiago Uribe Vélez, reconocido ganadero y caballista de Antioquia. Testimonios de ex paramilitares, ex policías y trabajadores de finca se han referido a los supuestos vínculos de este hombre con esa organización delictiva.

Con la decisión de un fiscal de derechos humanos de llamar a indagatoria a Santiago, hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la sombra vuelve a crecer a su alrededor. El ente acusador lo investiga por su presunta responsabilidad en la creación de ese grupo paramilitar que operó en buena parte del norte de Antioquia y tuvo como base de operaciones el municipio de Yarumal, así como en la muerte de un ciudadano de esa localidad cuyo asesinato se habría cometido en la finca La Carolina, de propiedad de la familia Uribe Vélez.

La cita del próximo 17 de octubre no será la primera en la que Santiago Uribe Vélez tendrá que hablar ante la Fiscalía por ese tema. Ya en 1997 fue interrogado por los mismos hechos, que involucran secuestro, extorsión y homicidio, cometidos por el grupo de 'Los Doce Apóstoles' entre los años 1993 y 1994 en las poblaciones de Yarumal y Santa Rosa de Osos.

Si bien en aquel año se abrió un proceso en su contra, el mismo fue archivado en 1999 por falta de pruebas suficientes para encausarlo; no obstante, quedó en los anaqueles a la espera de nuevas pruebas para su reapertura, las cuales llegaron en el año 2010, cuando un mayor retirado de la Policía, llamado Juan Carlos Meneses Quintero, habló desde Buenos Aires, Argentina, sobre ese grupo armado ilegal, considerado de 'limpieza social' y financiado, al parecer, por ganaderos y comerciantes del norte antioqueño.

¿Qué denunció el mayor (r)?
Meneses Quintero expuso su testimonio ante el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio Paz y Justicia; Beinusz Smuckler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas; Ernesto Moreau, representante de la Asociación Americana de Juristas, entre otros. Sus palabras fueron reproducidas por el diario bonaerense Página/12.

El Mayor (r) explicó que cuando llegó a Yarumal en 1993, relevó a un capitán de apellido Benavides. En su momento, el oficial saliente le dijo que tenía que apoyar a un grupo que hacía limpieza social en la zona. Según lo contado por Meneses, Benavides le dijo que "el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar".

Meneses aseguró en esa ocasión que conoció a Santiago Uribe por medio de Benavides: "Él me relaciona con Santiago Uribe Vélez. Él me presenta (y Santiago me dice): 'mucho gusto, teniente, bienvenido a Yarumal, yo tengo este grupo que va a colaborar muchísimo con usted, además de que yo necesito que usted colabore con ellos, ellos le van a dar mucha información y liberar la zona cuando usted lo necesite'".

Según el oficial retirado, quien en esa época tenía rango de teniente, acordó con Santiago Uribe Vélez que la Policía los iba a encubrir y apoyar en varios crímenes: "Santiago me dice: 'vea, reciba esta plata o no la reciba, nosotros tenemos el apoyo de los comandantes de la Policía a nivel departamental y amigos a nivel nacional, nosotros vamos a seguir actuando', y yo dije 'bueno pues, pa' delante'. Ese fue el compromiso con Santiago".

Meneses aseveró que durante el tiempo que colaboró con Santiago Uribe, su grupo nunca fue conocido como 'Los Doce Apóstoles'. El nombre surgió en los medios de comunicación, "porque supuestamente había un sacerdote metido en ese grupo, que era el padre Palacios", señaló el ex oficial, haciendo referencia al sacerdote Gonzalo Palacios, párroco de la población.

El mayor (r) hizo alusión a otro encuentro con Santiago Uribe Vélez en su finca, luego de "haberle colaborado mucho", y le mostró la zona donde entrenaba a sus hombres. "Detrás de la plaza ellos tienen una pista de entrenamiento para paramilitares. Una pista con todos los obstáculos para un entrenamiento militar. La escalera, la telaraña, todos. Él me dice 'mira, aquí es donde entreno a mis muchachos'. En la finca él mantenía gente armada con escopetas, con fusiles, él incluso tenía una subametralladora. Esa vez Santiago también me muestra una lista, porque él tenía una lista de las personas que iban asesinando".

Durante la declaración a los defensores de derechos humanos argentinos, el ex oficial de la Policía dejó entrever que al parecer el ex presidente Uribe estuvo al tanto de los hechos narrados. "En esa época Álvaro Uribe era senador y estaba aspirando a la gobernación. Él (Santiago Uribe) me decía 'tranquilo que cuando Álvaro sea gobernador nos va a ir mucho mejor'".

Meneses sólo permaneció tres meses en Yarumal, pero durante ese periodo se perpetraron varios homicidios en los que participaron agentes bajo su mando y presuntos integrantes de 'Los Doce Apóstoles'.

El primer hecho que narró ocurrió en un peaje donde asesinaron a dos supuestos delincuentes. "Hay un caso donde se obtiene información de que van a atracar un peaje. Yo les digo 'vayan a hacer el operativo, no hay problema. Entonces ellos se esconden y efectivamente llegan a atracar el peaje. Fue gente de la Sijin (inteligencia policial) y fue el grupo de Santiago. Ellos dan de baja a dos delincuentes en el peaje. Eso se ve como positivo y las cosas empiezan a marchar", indicó el ex policía.

Un segundo hecho hace referencia al asesinato de un supuesto colaborador de la guerrilla. Según Meneses Quintero, el ganadero le dijo: "le voy a mandar a los muchachos, vamos a cometer el asesinato contra esta persona que colabora con la guerrilla. Esta es una persona conocida, es guerrillero, se llama Rodrigo Barrientos. Es conductor de un carro que utilizan como bus. Ya lo tenemos identificado que es la persona que suministra los víveres a la guerrilla".

Meneses Quintero estuvo preso en dos ocasiones por un operativo en el que asesinaron a dos extorsionistas que supuestamente les señaló Santiago Uribe Vélez. Su causa procesal nunca avanzó porque, según él, contó con la ayuda del ganadero y al parecer de su hermano Álvaro, hoy candidato al Senado de la República por el movimiento Puro Centro Democrático.

Los asesinatos cometidos por 'Los doce Apóstoles' son investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de las familias de las víctimas en vista de que la justicia colombiana, hasta ahora, ha mantenido los crímenes en la impunidad.

Hablan otros
De Santiago Uribe Vélez y 'Los Doce Apóstoles' ha hablado también el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Hace varios años, este ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), aseguró que aquel era el jefe de ese grupo armado ilegal, caracterizado como de "limpieza social", sin embargo, en esa ocasión se abstuvo de dar detalles al respecto.

Hace cinco semanas, se conoció a través de medios de prensa chilenos un nuevo testigo contra Santiago Uribe Vélez. Se trató de Eunisio Pineda Luján, un ex trabajador de la finca La Carolina que laboró allí entre los años 1993 y 1994, justamente cuando los llamados 'Doce Apóstoles' incrementaron sus acciones sicariales contra personas señaladas de delincuentes y colaboradores de la guerrilla.

Los testimonios de Pineda Luján fueron conocidos por representantes de varios colectivos de derechos humanos, quienes escucharon al ex trabajador de la familia Uribe Vélez y dieron fe de que los mismos fueron escuchados por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el Consulado de Colombia en el país austral.

Las narraciones de este nuevo testigo no difieren mucho de lo dicho por el mayor (r) Meneses Quintero y confirma sus versiones al respecto de los crímenes cometidos por los integrantes de 'Los Doce Apóstoles' y la supuesta relación de ellos con Santiago Uribe Vélez.

A todos estos señalamientos, el ganadero y caballista ha respondido que se trata de montaje en contra de su hermano, que encabeza hoy lista para el Senado de la República. Al respecto, su abogado, Jaime Granados, aseveró a diversos medios de prensa que su cliente se presentará a la indagatoria el 17 de octubre próximo con el fin de resolver su situación jurídica y despejar de una vez por todas la sombra de 'Los Doce Apóstoles', que tanto lo ha perseguido en los últimos 20 años.

tomado de verdadabierta

El Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas por la Paz logro convocar a miles de compatriotas en toda Venezuela

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Fri, 01 Jan 2016 17:23:00 +0000

Caracas, 22 de septiembre de 2015.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó este martes a los colombianos que hacen vida en el país a inscribirse en el Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas por la Paz que continuará este fin de semana en las Plazas Bolívar de Trujillo, Mérida, Lara, Yaracuy, Falcón, Bolívar, Portuguesa y Carabobo.

"Llamo a todo el pueblo colombiano que vive con nosotros como hermanos, que el 26 y 27 se vengan a las Plazas Bolívar con su tambor, con su canto, con su música, con su amor, con su verdad y confianza al encuentro con Simón Bolívar, quedarán ustedes para siempre como los fundadores del Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas por la Paz", dijo el mandatario venezolano durante la emisión 40 de su programa En Contacto Con Maduro, desde la Casa Amarilla de Caracas, sede del Ministerio para Relaciones Exteriores.

El proceso de inscripción también se realizará en los siete estados (Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Vargas y Miranda) y en Distrito Capital en los que se dio inicio a la inscripción este fin de semana pasado, activando 40 Plazas Bolívar para inscribir a los ciudadanos colombianos que defienden la paz de Venezuela.

El jefe de Estado comentó que el Movimiento Bolivariano de Colombianos es un "poderoso movimiento socio cultural de integración y de unión", al tiempo que denunció que la ultraderecha venezolana y colombiana promovió "una campaña brutal para decir que los colombianos que venían a inscribirse", quienes serían supuestamente "capturados y deportados", pero "la respuesta de los colombianos fue de apoyo y confianza".

"Le doy las gracias a los colombianos que creen en Venezuela (...) allí tenemos los datos, nosotros creíamos que se iban a inscribir unos 20 mil y se inscribieron más de 116 mil colombianos y colombianas", indicó el Presidente.

"Se ha despertado un nuevo sentimiento de defensa de Venezuela del pueblo colombiano que aquí vive, tenemos que darle la mano y decirle vamos juntos", resaltó Maduro.

El ejercito el DAS y paramilitares Fueron los Asesinos de BERNARDO JARAMILLO

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Tue, 23 Mar 2010 12:33:00 +0000

EL TIEMPO. 20 años después del crimen del líder de izquierda y candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa, Mariela Barragán habló con EL TIEMPO.

El próximo jueves, a las 8 a.m., en el puente aéreo de Bogotá, donde fue acribillado por sicarios, se descubrirá una placa conmemorativa del magnicidio.

Hace dos semanas la Fiscalía declaró su asesinato como crimen de lesa humanidad. De esta forma, se evita que la investigación precluya.

¿Cómo vive los 20 años del asesinato de Bernardo Jaramillo?

Con nostalgia por un lado, y también con impotencia porque vemos que es muy difícil lograr que en este país se haga justicia. Vemos que el accionar de la Justicia es muy lento y retardado. Creo que en este país hay muchas heridas abiertas y mientras que la justicia no se fortalezca y adelante el trabajo como debe ser, es imposible que logremos la reconciliación.

¿Quién era Bernardo Jaramillo?

Era un líder de izquierda, que no se avergonzaba de serlo. Creía que la lucha armada no era la mejor opción. Que este era un país que debíamos construirlo entre todos y que debería dejarse atrás el signo de la violencia. Le apostaba a una izquierda unida. Como ser humano era un hombre alegre, nostálgico, un joven de 34 años que le gustaba el tango y el rock. Una persona amorosa, comprometida, seria, buen padre, buen esposo y buen amigo. Fue una persona que vivió muy de prisa y que murió muy de prisa.

Si ese lamentable hecho no se hubiera presentado, ¿Qué cree que estaría haciendo hoy en día Bernardo Jaramillo?

Estaría luchando por una izquierda unida, porque esa era una de sus banderas y uno de sus propósitos. Además, él murió en conversaciones con Carlos Pizarro, porque Bernardo estaba pensando en formar un partido en el que estuviese incluida la gente del M-19. Él murió a los 34 años siendo senador, imagíneselo disputando la Presidencia pero con chance real, y no creo que hubiera sido muy descabellado, porque si ellos hubiesen vivido este país estaría desarrollado políticamente.

¿Quién cree que lo mató?

Creo que hay varios actores conjugados. Ahí hay Estado, miembros del Ejército y de la inteligencia, y también grupos paramilitares.

¿Sigue pensando que el DAS tuvo algo que ver en el crimen?

¡Pues claro! Cuando uno está al frente de una responsabilidad pública y le asesinan tres candidatos en una sola campaña, es porque es demasiado ineficiente y hay gente involucrada. Lo que ocurre es que después de 20 años, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han abocado de conocimiento estos magnicidios, pero estos 20 años durmieron en los anaqueles de la justicia.

¿Tiene alguna esperanza de que haya justicia en el caso de su esposo?

No solamente en el caso de Bernardo, en el de muchos colombianos. Es la única forma en que este país logre la reconciliación. Mientras que la justicia no se fortalezca, no hay nada que hacer en este país.

¿Cuál sería la lucha más intensa que Bernardo Jaramillo estaría dando hoy?

Una izquierda unida, no a las armas y sí al diálogo. Él hubiera sido muy importante en estos tiempos y hubiera sido un puente para que este país entendiera que la única salida es la negociada, y también por la tolerancia y el desarrollo de los menos favorecidos. Hubiera sido un líder muy importante.

¿Cuál es el principal legado de Bernardo Jaramillo al país?

Que la intolerancia, la apuesta hacia la muerte y la conformación de los grupos paramilitares no trajeron nada para el país, todos perdimos, eso por un lado. Él decía que de las grandes obligaciones que tenía en la vida era desenmascarar y acabar con los grupos paramilitares que en esa época empezaron a conformarse.

Crimen de lesa humanidad

La Fiscalía declaró el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo como crimen de lesa humanidad para evitar que el caso, que va a completar 20 años en la impunidad, prescribiera.

La investigación, hasta el momento, indaga una posible conexión entre quienes perpetraron el crimen ('narcos' y 'paras') y los que se encargaron de su seguridad. De hecho, la Procuraduría ha cuestionado el manejo que el DAS le dio al esquema que cuidaba a Jaramillo el día de su muerte.

Por este motivo, el Ministerio Público solicitó que se vincule al ex jefe de inteligencia del DAS Alberto Romero. La misma petición la hizo en el caso por el asesinato del líder del M-19 Carlos Pizarro, el cual -dice la Procuraduría- estaría ligado al de Jaramillo.

Su legado político

CARLOS GAVIRIA
EX PRESIDENTE DEL POLO
Fue una persona muy valerosa, muy valiente, porque aceptó la candidatura de la UP en un momento muy delicado, en el que hacerlo era algo heróico. Su asesinato es algo que no puede olvidar el país.

MANUEL JOSÉ BONNET
EX COMANDANTE DEL EJÉRCITO
Era muy contun- dente y muy claro en sus conceptos, un luchador y por eso murió, por luchar por sus ideales. Deja un legado, el de las ideas liberales, la demo- cracia, la justicia social y la equidad. Fue una pérdida muy grande para Colombia

Duro informe sobre los derechos humanos en Colombia, presentó el Reino Unido en Londres

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Fri, 19 Mar 2010 12:51:00 +0000

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo. La Secretaría de Exteriores del Reino Unido, acaba de dar a conocer en Londres, el informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en el mundo, en el cual nuevamente, Colombia fue incluida, junto con otros 20 Estados, en la lista que cada año elabora el Foreign Office sobre los países que continúan violando los derechos fundamentales. El informe fue presentado personalmente por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband.
Víctimas del conflicto | Colombia |
El informe comienza diciendo que “La Situación General de Derechos Humanos en Colombia continúa siendo seriamente preocupante”. Menciona que “subsisten problemas estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos, particularmente en relación con la exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia”.
“A pesar de los esfuerzos del Gobierno,- dice el Informe-, las actividades de los grupos armados ilegales y los traficantes de drogas, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo”.
El Foreign Office dice que “Un incremento de nuevos grupos armados y paramilitares supuestamente desmovilizados que retornaron a las vías criminales, en el informe se manifiesta la "gran preocupación" del Foreign Office por el incremento experimentado en el 2009 por nuevas bandas armadas y ante el regreso a las prácticas criminales de paramilitares supuestamente desarmados.
Dice que después de revisar la política de ayuda bilateral del Reino Unido para Colombia, el cambio más importante que fue tomado fue la finalización de los proyectos bilaterales para los derechos humanos con el Ministerio de Defensa.
En cuanto a los defensores de derechos humanos, el informe dice que “Como resultado de sus actividades en derechos humanos, muchos defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, incluyendo sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs, padecieron el riesgo de ataques de grupos armados ilegales y criminales”. De este modo “El ambiente en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha estado empeorando, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan su trabajo por los derechos humanos con el apoyo a las organizaciones terroristas, poniendo así sus vidas en riesgo.
A lo largo del 2009, el Gobierno del Reino Unido se involucró en diversas actividades para ayudar a los defensores de derechos humanos, entre las que el informe menciona que Chris Bryant, Ministro de Exteriores visitó a Colombia en Octubre, y demandó al Presidente Uribe para que asegura que los defensores de derechos humanos fueran adecuadamente apoyados y protegidos.
El Secretario de Exteriores también recibió a Eduardo Carreño, un abogado de derechos humanos, durante su visita en Octubre a Reino Unido, para discutir los problemas que los defensores de derechos humanos enfrentan, y para lanzar una Campaña Internacional, en la Cámara de los Comunes, sobre la actividad de los defensores de derechos humanos en Colombia. En Agosto, funcionarios de la Embajada organizaron una visita a la ciudad de Popayán, para reunirse con miembros de la familia de Ever González, activista de derechos humanos asesinado y para discutir el estado de las investigaciones con las autoridades. La visita condujo a la reapertura de casos que habían sido cerrados por falta de avances en la investigación (El caso de Ever González, activista de Fundecima que fue asesinado mientras adelantaba trabajos de documentación de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cauca, había sido denunciado varias veces por la CCEEU).
En cuanto al tema de la impunidad, el informe relaciona que si bien ha habido algunos progresos en investigaciones judiciales en casos claves de derechos humanos, la impunidad continúa siendo un serio problema.
El informe hace una mención especial y destacada al tema de los sindicalistas. Dice que “Colombia continúa siendo un lugar peligroso para los sindicalistas. La violencia y la intimidación de los sindicatos por todo el país, continúa siendo uno de los más graves problemas que afronta el país”. El reporte manifiesta que los riesgos y dificultades que fueron mencionados en el Informe de 2008, continuaron su tendencia durante el año 2009, en el cual, según informes conservadores, se habla de al menos 28 sindicalistas asesinados.
“El Reino Unido está profundamente preocupado con esta situación” frente a la cual, continuará presionando para que el Gobierno de Colombia tome acciones adicionales para superarla, y le ha demandado proporcionar mayores protección para los sindicalistas y sus familias, para que se reduzca el tiempo que se toman las investigaciones por las muertes y las desapariciones forzadas de los sindicalistas, y para que se trabaje con los sindicatos y organizaciones empresariales para fortalecer las relaciones laborales en Colombia.
También se ocupa de la situación de los pueblos indígenas, frente a los cuales llama a fortalecer sus derechos en los ámbitos del acceso a la tierra, el desplazamiento forzado, la alimentación, las amenazas y las muertes de que vienen siendo objeto.
En cuanto al desplazamiento forzado, menciona la gravedad del asunto al ser Colombia el segundo país con mayor número de desplazados internos después de Sudán, afectando principalmente a indígenas y comunidades afrocolombianas a causa de ocupar tierras de importancia estratégica para los diferentes actores del conflicto armado.
Por último, el informe se ocupa del altísimo número de ejecuciones en el país ocurridas entre 2001 y 2009, a las cuales el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitarrias definió como asesinatos sistemáticos, llevados a cabo por un número importante de unidades dentro de los militares, y aunque menciona su descenso en 2009, dice que la Comunidad Internacional ha llamado a que se presenten “evidencias adicionales de que las medidas adoptadas por el Ministro de Defensa de Colombia para enfrentar el tema de las ejecuciones extrajudiciales a fines de 2008, están siendo implementadas y las denuncias se abordan con investigaciones rápidas y rigurosas. Dice el Informe que el Reino Unido continuará pendiente de los progresos y de los casos individuales, de ser necesario.

Das conocía los vínculos con el paramilitarismo en Paraguacho

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Fri, 19 Mar 2010 12:44:00 +0000

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo. A través de los diversos procesos que se han dado en denominar “La Parapolítica”, se ha evidenciado que el paramilitarismo en Colombia llegó a financiarse no solo a través de sus conocidas extorsiones, sino también por medio de “donaciones” hechas por entidades privadas, cuya fuente principal era en buena medida tomada de recursos relativos a la educación, a la salud, y los propios de las administraciones municipales. Como quien dice, era financiado por el propio Estado.

El Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes, no fue la excepción, pues el paramilitarismo se parasitó en el organismo secreto, no solo para facilitar sus acciones militares, evitar las que venían sobre ellos, sino además, para lucrarse de la contratación pública que mantenía el organismo secreto y que se incrementó exorbitantemente durante la gestión de éste.
Esto quedó claro el pasado martes, en el marco del juicio que se desarrolla contra Noguera Cotes, a través del testimonio suministrado por Luz Marina Rodríguez, directora seccional del Das en la Guajira en el año 2003, con el que se confirma que la central del organismo de inteligencia conocía que la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop tenía vínculos con el paramilitarismo, pese a lo cual aceptó la financiación en donación [1], de las obras de ampliación y remodelación del puesto migratorio de Paraguachón en la Guajira.
En efecto, Rodríguez, con 35 años de trabajo en el Das, declaró ante la Corte Suprema de Justicia que luego de su llegada al departamento, se encargó de concretar la adquisición de un lote abandonado en Paraguanchón, límites con Venezuela, en el que se pretendía construir un puesto migratorio del Das, con mejores comodidades, del que existía.
Sobre ello la ex funcionaria entrega dos versiones. Una, en la que dice que esta gestión, la realizó después de un consejo comunal realizado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual, éste luego de recibir las denuncias de la comunidad por el mal estado del puesto migratorio, ordenara construir o adecuar uno con mejores condiciones. Y otra, en la que manifiesta que ella decidió por su propia voluntad buscar la mejora del puesto fronterizo.
Cuando la representación de la parte civil, le pregunta, cuál de las dos hipótesis es la que corresponde con la verdad, ella dice que las dos, “entonces yo dije, me salve porque yo fui proactiva y ya había tenido esa visión de que esto hay que arreglarse”.
En el mencionado lote, que según Rodríguez, pertenecía a Telecom, y que lo tenía en comodato la alcaldía de Maicao, se realizaron posteriormente -entre junio y noviembre de 2004-, obras de ampliación y adecuación que fueron financiadas y ejecutadas en su totalidad por la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, mediante el contrato de donación 273 [2], celebrado entre el Das y dicha empresa, suscrito el 8 de junio de 2004 por Mónica Elena Teller Miranda, representante legal de la Cooperativa y Jorge Aurelio Noguera, Director General del DAS.
Pero esto no es todo. La vigilancia de las instalaciones de la mencionada Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, era realizada por la empresa AL MAHA LTDA, cuyo supervisor, Luís Antonio Giraldo Agudelo, es según información de inteligencia [3] “familiar del reconocido comandante de las AUC, Bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón”, quien además es, como lo indica un informe de policía judicial, el autor intelectual de la muerte del ex concejal de Riohacha Adanilo Ortiz Ciego.
Este paramilitar, Luís Antonio Giraldo Agudelo, que según lo registrado en el proceso, dirigía una estructura paramilitar dependiente de Hernán Giraldo Serna, y tiene condenas por algunos de los delitos que ejecutó como paramilitar, es conocido también por los alias de Jhonatan o el Gomelo, [4] figura como desmovilizado del Bloque Bananero de las Auc y fue una de las 18 personas capturadas en el marco de un operativo de allanamiento y registro del inmueble “Oriana y Jaimes” de la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop en el que se encontraron armas de diferente tipo y calibre, algunas de las cuales, eran de uso privativo de las fuerzas armadas, equipos de comunicación y municiones.
Operativo en el que participó Luz Marina Rodríguez, como directora de la seccional, a pesar del cual, y de las claras conexiones entre la Cooperativa Multiactiva Atayawacoop, el paramilitarismo y el Das, al preguntársele por estos vínculos, manifestó desconocer este tipo de relaciones.
La ex directora seccional, así mismo declaró ante la Sala que la dirección central del Das, tendría que haber tenido conocimiento de este allanamiento y de estos hallazgos, ya que es allí donde “se informa de los resultados operativos”
Para la parte civil, es claro que, tal y como lo afirma un investigador del CTI, frente al tema, que “El Departamento Administrativo de Seguridad- Seccional de la Guajira-, tenía conocimiento de las actividades realizadas por esa Cooperativa, de sus vínculos con las empresas que el prestaban los servicios de seguridad, los nexos de esos contratistas con las AUC, además de otras actividades irregulares relacionadas con la distribución de hidrocarburos en esa zona”.
Es así como, poco a poco, se ha venido evidenciado ante el aparato judicial, la gestación de un proyecto paramilitar que consistía en el paulatino pero firme apoderamiento del poder, ejecución que supone, la realización de actividades delictivas de distinto orden, para lograr el ejercicio del poder deseado, y luego para que en forma aún más criminal, se imponga el proyecto a toda la colectividad, mediante la adopción de un nuevo “Contrato Social”, del cual, la actuación del aquí procesado, Jorge Aurelio Noguera Cotes, constituye un escaño fundamental.
Notas
[1] En la investigación realizada para saber a ciencia cierta de quién fue la iniciativa de la donación, no se halló documento que permitiera establecerlo, como tampoco a cambio de qué se hizo, diferente al que obra en el informe de Gestión 2004, que dice que “Atayawacoop consciente de su responsabilidad social donde la extensión a la comunidad es una de las áreas prioritarias dada la razón de ser de las cooperativas, ha realizado una serie de contribuciones con incidencias regional, entre las que cabe destacar: Oficina Migración del DAS. Se desarrolló un contrato de donación entre Atayawacoop y el Departamento Administrativo de Seguridad, se construye la oficina de Migración en la zona de Paraguachón, Municipio de Maicao- La Guajira, con área total de 350 M2 de construcción, equivalentes a una inversión de $125.142.966.25, lo que permite una atención cómoda a todas aquellas personas que entran y salen del país por Paraguachón
[2] La Cooperativa se compromete a donar al DAS, los materiales y obras necesarias para la adecuación del puesto migratorio del DAS ubicado en la localidad de Paraguachón, municipio de Maicao (Guajira) en el lote de terreno de que trata el presente contrato, según planos y documento descriptivo suscritos por las partes y que forman parte del presente contrato. Los materiales de construcción y obra que por este contrato se donan al DAS, serán inventariados, si a ello hubiere lugar, una vez se efectúen las adecuaciones correspondientes y se detallarán en documento que forma parte del presente Contrato”.
[3] “Estuvo encargado de la seguridad de la Cooperativa Ayatawacoop, conocida como la Bomba de PAPA, principal fuente de ingreso para el grupo de autodefensas en el municipio de Maicao, encargado de controlar la totalidad del combustible que ingresa a Colombia procedente de Venezuela, quien sería el comandante de un grupo aproximado de 40 hombres que operan en los corregimientos de Tomarrazón, Galán, Cotoprix y Barbacoa del Municipio de Riohacha;
[4] Según el edicto emplazatorio proferido por la fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, dentro del Radicado 1100160000253200680764

NICOLAS CASTRO Y EL DELITO DE OPINAR

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Wed, 10 Mar 2010 15:31:00 +0000

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo. La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ha tenido conocimiento de la situación que enfrenta actualmente el estudiante universitario Nicolás Castro, procesado a instancias de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Castro, quien está siendo acusado del delito de instigación para delinquir para cometer homicidio, ha venido sufriendo numerosas vulneraciones a su derecho de defensa y a un debido proceso.

Por esta razón hemos decidido realizar una denuncia de estos atropellos a nivel nacional e internacional. De tal manera, nos gustaría que Ustedes se enteraran de dichos abusos y si están de acuerdo, firmen y apoyen este documento que sería divulgado por las redes de derechos humanos.

Agradecemos su solidaridad y su acompañamiento. Esperamos firmas, ya sea de organizaciones o a nivel personal, hasta el próximo jueves 11 de marzo al medio día, en el siguiente correo: prensaccjar@gmail.com

“Cuando se está afuera, el mundo es inabarcable. Los límites estaban fuera de mi campo de acción. Acá pasé a vivir en un micro universo donde los límites son los muros. ¡Uno siempre tiene muros al rededor! Ya no hay un horizonte abierto. El encierro lo hace sentir a uno vetado. Anulado. Es difícil de sobrellevar. Es angustioso. Hay una sensación de zozobra, como de estar perdiendo la vida y uno acá encerrado sin poder hacer nada. Se está en manos del abogado, el fiscal y la juez, mientras que uno tiene que guardar silencio. Lo que hace a una persona partícipe de una sociedad es la posibilidad de manifestarse y si uno tiene que guardar silencio pues desaparece.”

Las organizaciones y personas abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, los atropellos de que viene siendo víctima el joven universitario Nicolás Castro, quien esta acusado del delito de instigación para delinquir para cometer homicidio, a instancias de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Dentro de las vulneraciones a su derecho de defensa y a un debido proceso, encontramos las siguientes:

En un primer momento, debe advertirse que la captura del estudiante Castro fue ilegal, pues ni siquiera la orden en virtud de la cual se le retuvo, fue librada de manera correcta. Así, a pesar que la defensa informó que la célula de ciudadanía bajo la cual se le capturó, correspondía a otra persona, el Juez de garantías hizo caso omiso a ello.

En esta misma vía, el joven Castro fue sometido a unas condiciones de captura si bien cotidianas, no por ello menos ilegales, consistentes en no informarle la razón de su retención y proceder simplemente a que fuera su apoderado quien lo hiciese. A tal grado ha llegado la inconsistencia de dicha orden de captura, que al momento de su presentación ante el juez de control de garantías no existía ni un solo documento que siquiera hubiese orientado a su defensa sobre las presuntas razones de la aprehensión.

El procedimiento de allanamiento que tuvo lugar con anterioridad a la captura del señor Castro, también entregó su cuota de ilegalidad, pues, fueron incautados unos elementos sin explicitar las razones de tal retención, ni ser sometidos a cadena de custodia, ni ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Una vez el propio Nicolás y su abogada se presentaron ante la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía, como a la DIJIN para conocer las razones de la incautación y el paradero de los mismos, simplemente recibieron el silencio y el rechazo como respuesta, con la aclaración de que fueron citados al día siguiente para la supuesta entrega de los elementos incautados.

Así, el día 16 de julio de 2009, Nicolás y su defensa retornan a la unidad de terrorismo de la Fiscalía, donde les manifiestan que inmediatamente van a ser entregados los elementos, pero que solo puede ingresar por ellos el joven Castro. Su defensora esperó durante una hora y media a que Nicolás volviese a salir, tras lo cual se entera que la unidad de terrorismo no había permitido su ingreso en soledad para poder realizarle un extenso interrogatorio sin orden judicial, invitándolo a hacer aceptación de cargos sin la presencia de la defensa y vulnerando nuevamente el debido proceso y el derecho de defensa.

La presentación voluntaria del estudiante Castro ante estas entidades, que fue tornada por estas en elemento vulnerador de sus garantías constitucionales, tampoco fue óbice para que fuera informado de las razones del allanamiento, ni menos aún para que se comprendiera, por una parte que el ciudadano que hace un derecho de petición, así sea de manera verbal, debe tener una adecuada respuesta de las autoridades, quienes vulneran la Constitución cuando dan informaciones no veraces y con mayor razón cuando trocan el escenario de un derecho de petición en espacio para realizar un interrogatorio ilegal. La presentación de Nicolás en el edificio del búnker de la Fiscalía y en la sede de la DIJIN, tampoco permitió colegir ni a Unidad de Terrorismo, ni posteriormente al juez de control de garantías, que quien se presenta en tales condiciones para hacer igualmente ejercicio de sus derechos –no para que se le sigan vulnerando-, nunca podría ser considerado un peligro para la sociedad.

Con la incautación de equipos realizada en el allanamiento a la residencia de Nicolás Castro, también se le privó de medios que pudieran servirle de defensa posteriormente. Simplemente obsérvese que en la empresa de sus padres se hizo otro allanamiento, donde por lo menos los equipos no fueron físicamente sustraídos, sino que al parecer se tomó una copia de estos.

Lamentablemente el escenario ante el juez de control de garantías creó nuevas vulneraciones. En contra del bloque de constitucionalidad y la ley, el señor Juez de garantías pretendió extraer conclusiones del ejercicio del derecho al silencio del estudiante Castro. No otra cuestión se advierte cuando se observa que una vez el Juez le recuerda su derecho a guardar silencio, actitud que es coherente con las obligaciones del juez constitucional de control de garantías, procede a preguntarle si fue bien tratado. Ante el silencio de Nicolás, el juez contestó: “’bendito sea mi Dios que lo trataron bien’’. Y como si no fuese suficiente cuando la Defensora resalta ante quien debiese haber actuado como un juez de garantías, explicitando que no fue informada la razón de la captura, el señor Juez simplemente procede a afirmar que existe un informe verbal de la Policía donde aclaran tal situación. Como si la existencia de un informe de tales características, que nunca ha sido mostrado ni a la Defensa ni a la Fiscalía, no constituyera corroboración de la vulneración de los derechos del capturado.

Por otra parte, si Nicolás Castro no es un peligro para la sociedad como lo demostró su comportamiento previo a la captura, no se entiende por qué se le mantiene privado en la libertad en un centro carcelario, cuando además esta situación está poniendo en riesgo su vida e integridad física. Se sostiene esto porque ignorando sus antecedentes médicos como su opción por el vegetarianismo, se le han suministrado los alimentos de la cárcel, que han profundizado sus problemas de salud y le han generado un problema de desnutrición. La respuesta médica del INPEC, ha sido la receta a través de una médica, de Buscapina y sales de rehidratación oral.

Las esperanzas de Nicolás Castro están centradas en lo que pueda ser su juicio, no obstante, se tiene que las fechas para las audiencias han sido replanteadas consecutivamente por el Fiscal 12 de la unidad de terrorismo, por razones tan escandalosas como que estaba en un curso en el Perú, por las vacaciones de diciembre de 2009, los días 15 y 18 de enero el señor fiscal de terrorismo tampoco asistió “por que se encuentra de vacaciones”, presentándose una fiscal encargada que no aportó las pruebas.

Mientras, la familiar de Nicolás Castro denuncia que en la tras escena se le vulneran también su derecho a la intimidad, dignidad y buen nombre por algunos medios que han llegado a tildarlo como “¿El ´Terrorista´ De Internet?’’.

Y en todo este contexto, la Corporación Colectivo de Abogados se pregunta: A quien ha servido un allanamiento, una captura, una legalización de captura y una actual detención en tan lamentables condiciones? Ha tenido en verdad Nicolás Castro el ejercicio de un debido proceso y de su derecho a la defensa, no como lo han querido quienes lo procesan, sino como lo establece la ley?

Por ahora esta situación parece demostrar que Nicolás Castro ha sido tratado como un trofeo de caza. En lógica de Derecho penal de enemigo, se le ha retirado su calidad de ciudadano a quien se deben aplicar todas las garantías y reglas establecidas en el derecho penal. Ahora se le coloca el vestido de enemigo a quien no se le aplica siquiera el derecho penal, sino un verdadero derecho de la guerra.

Agradecemos su solidaridad y su acompañamiento. Esperamos firmas, ya sea de organizaciones o a nivel personal, hasta el próximo jueves 11 de marzo al medio día, en el siguiente correo: prensaccjar@gmail.com

Cordial saludo,

Prensa

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Misión internacional de observación judicial en el juicio de Noguera

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Wed, 03 Feb 2010 18:30:00 +0000

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo.Hoy 1º de febrero de 2010 se dió inicio al juicio contra el ex-Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, estarán presentes en esta ocasión realizando una observación judicial a manos de una abogada francesa.

Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

Hoy se inició el juicio contra el Sr. Noguera por los presuntos delitos de “homicidio agravado” y “concierto para delinquir agravado”, entre otros. A lo largo de este juicio se presentarán las múltiples pruebas que parecen atestar que el Sr. Noguera utilizó su cargo como Director del DAS para establecer listas de sindicalistas, defensores de derechos humanos y de personas de la oposición, en aras de transmitirlas a líderes paramilitares para su persecución, contribuyendo de esa forma al asesinato en 2004 del profesor Alfredo Correa D’Andreis, la periodista y sindicalista Zully Esther Codina y el ex-parlamentario Fernando Pisciotti, como autor mediato a través de aparatos organizados de poder. El Sr. Noguera ocupó un lugar privilegiado en esta estructura que le permitió tener el control y el dominio de los hechos criminales.

Las actividades de inteligencia y de recolección de información desempeñadas por el DAS, dependencia de la Presidencia de la República, deben llevarse a cabo bajo el marco del respeto de las garantías constitucionales y de los derechos humanos en conformidad con la Constitución y la ley. Sin embargo, esta institución se ha convertido en un instrumento para llevar a cabo operaciones de inteligencia ofensiva al margen de la ley y en detrimento de los derechos humanos. Este juicio resulta entonces de suma importancia para esclarecer los vínculos existentes entre los agentes del Estado, incluso en su más alto nivel, y los grupos paramilitares, en la comisión de crímenes tan graves como el de homicidio, en particular en contra de defensores.

El Observatorio llama a la aplicación de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular su artículo 9: “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a (...) denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida”.

El Observatorio solicita a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades colombianas que se garanticen todos los principios del debido proceso y que se vele por la seguridad e integridad de todos los que participen en este juicio: defensores de derechos humanos, abogados, jueces, víctimas y testigos. Espera asimismo que ésta sea la ocasión para todas las víctimas de acceder a sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral y que este juicio logre revelar los vínculos existentes entre los paramilitares y la clase política a fin de luchar contra esta infiltración criminal en el Estado colombiano.

Contactos prensa:

· FIDH: Karine Appy, Gaël Grilhot: + 33 1 43 55 25 18

· OMCT: Eric Sottas: + 41 22 809 49 39

Gobierno colombiano incentiva la guerra en las comunas de Medellin

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Wed, 03 Feb 2010 18:20:00 +0000

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo El presidente de Colombia Álvaro Uribe en una visita a la ciudad de Medellín realizada el martes 27 de enero del 2009, propuso la creación de una red de cooperantes del Ejercito Nacional conformada por 1.000 (mil), estudiantes de la ciudad, para que ayuden a la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen, los cuales recibirían un aporte de cien mil pesos mensuales (100.000$) que equivalen a 50 dólares. Días después, desde la ciudad de Davos en Suiza, confirmó su propuesta aclarando que se trataría de jóvenes mayores de 18 años.

Ante esta propuesta la RED JUVENIL DE MEDELLIN, organización de jóvenes que promueve desde hace 20 años el antimilitarismo, la noviolencia y la objeción de conciencia, como formas de construir relaciones humanas que permitan la superación de las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia y apostarle a una sociedad desmilitarizada, quiere hacer las siguientes apreciaciones.

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La historia de la ciudad de Medellín ha estado por décadas transversalizada por una profunda situación de conflicto urbano que ha implicado que por años, grupos al margen de la ley controlen los barrios de la ciudad. Esta difícil situación se ha presentado, por un lado, por la legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos y como mecanismo de control de la población; pero por otro, se ha sostenido por las difíciles condiciones materiales en las que se encuentran los habitantes principalmente de los sectores populares, pues son notables las dificultades económicas, la situación de pobreza, el problema de desplazamiento que se concentra en las periferias de la ciudad, y el poco acceso a los derechos. Este complejo contexto, además mediado por la situación de orden público en el que se encuentra el país desde hace décadas, hace que hoy en Medellín, según informes de organizaciones sociales y la misma oficialidad, hagan presencia alrededor de 300 bandas organizadas que concentran cerca de 6.000 personas armadas.

Esta situación lleva años de conocimiento de sectores de organismos del estado, sectores económicos y políticos, que tal como lo han mostrado las investigaciones resientes, han legitimado, apoyado y negociado con estos grupos armados; pues hay bandas que llevan más de 15 años en la ciudad.

Una situación como está implica que el Estado mire mas allá, comprenda la verdadera dinámica del conflicto urbano de Medellín, y se atreva tomar medidas que realmente solucionen de raíz el problema y no lo agudicen, como pasaría con medidas como estas. Y tal como ha pasado con medidas cortoplacistas como las que se han tomado en ocasiones anteriores; pues mientras se desconozca, que el problema es estructural y que se hace necesario resolverlo, la situación continuara empeorando como lo muestran no solo los índices de homicidios, sino también los de pobreza, desempleo formal y exclusión social.

Como agravante de esta situación en la ciudad se encuentra la desconfianza que siente la población por las actuaciones de la fuerza pública en algunos sectores y por los cuales algunos funcionarios se encuentran procesados; así como de los demás organismos del Estado y sectores políticos, de lo cual ya se han arrojado investigaciones.

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Esta medida, lo que traerá consigo es la agudización del conflicto urbano que vive la ciudad; al generar más desconfianza entre los pobladores y por tanto un escenario de mayor confrontación armada. *

Se incurre en una Violación del derecho internacional humanitario, pues esta medida es una falta contra el principio de distinción que implica la separación de la población civil dentro de la confrontación; esta medida, es una forma de involucrar a la población, escaza de dinero, dentro de la dinámica de la guerra, la cual, la sociedad ha manifestado que rechaza y repudia. *

El mensaje implícito que hay detrás de medidas como estas es “que la guerra si paga”, pues buena parte de la ayuda internacional que recibe el Estado colombiano se va para asuntos militares, igual pasa con los impuestos de los colombianos. Mensaje que por ningún motivo aceptamos y reconocemos como nuestro; pues la guerra y los procesos de militarización de la población civil son actos que rechazamos y consideramos contrarios a cualquier construcción de sociedades libres. *

Los que se evidencia ante medidas como estas es un notorio fracaso de la política de seguridad democrática, que además de no poder resolver de raíz sus promesas con relación a los grupos insurgentes, ha sido garrafal su fracaso en las zonas urbanas en donde no ha podido siquiera lograr el control territorial; pues hay notorios sectores de la ciudad en los cuales la presencia de grupos armados al margen de la ley es evidente.

Como si fuera poco, los procesos de reinserción, de justicia y paz, de negociación con las bandas y de sometimiento a la justicia; que desde el principio organizaciones sociales y no gubernamentales llamamos la atención sobre su fracaso e inconveniencia; hoy muestran con hechos que realmente no pudieron resolver la situación de orden público.

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Medidas como estas fortalecen la estigmatización de la población juvenil, que además de poner la mayoría de muertos en la ciudad, también son objeto de las medidas de control por parte del Estado y ahora el propio gobierno nos quiere incluir dentro de la confrontación.

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Si discrimináramos la propuesta del presidente Uribe; tendríamos entonces que si se quieren estudiantes mayores de edad, eso implica que los que conformarían la red de cooperantes serian estudiantes universitarios; lo que llevaría a pensar que se trataría, en ese caso, más de un intento por controlar las universidades y en particular la organización y movilización de los estudiantes; se convertiría esto, en una forma de control político, más que para resolver la situación en los barrios. Esto sería entonces una forma mas de criminalizar las luchas populares y de los movimientos estudiantiles.

Medidas como estas lo que hacen es reforzar el interés de las políticas de seguridad del actual gobierno, que es el de militarizar la población civil; la pregunta que queda es ¿Que pasa en una sociedad en ese estado de militarización?, la respuesta flagrante es que eso implica una sociedad que delega en la violencia la resolución de cualquier conflicto; una sociedad acrítica, sometida al imperio de los ejércitos y de mercenarios, legitimadora de la guerra, porque se convierte la violencia en el medio de subsistencia de la gente (piénsese también en la propuesta que en la ciudad de Cali, la red de cooperantes sea conformada por los conductores de servicio público) y construida desde los pilares axiológicos de la desconfianza, el control, la eliminación del enemigo y la obediencia; valores que contrarían la construcción de una sociedad libre y autónoma.

Ante este escenario de militarización de la sociedad, hastiada de la guerra; proponemos una reacción de la población, guiada por los principios de la noviolencia, y es el camino de resistencia civil; resistencia a la presencia de grupos armados en los barrios sean de donde sean, resistencia al escenario de violencia, resistencia y no cooperación a estas medidas guerreristas que lo que hacen en lugar de proponer ciudadanos es proponer mercenarios, resistencia a la estigmatización de la población juvenil; resistencia al desconocimiento de una situación de conflicto urbano en la ciudad, complejo y que requiere de medidas más integrales y humanas.

RED JUVENIL DE MEDELLÍN

Febrero 2/ 2010

Regreso a Mapiripán

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Tue, 27 Oct 2009 11:42:00 +0000

Verdad Abierta. Doce años después de la masacre de Mapiripán, Verdad Abierta acompañó una caravana de sobrevivientes que hicieron un retorno símbolico a su antiguo hogar. Del 16 al 20 de julio de 1997 paramilitares que viajaron desde el Urabá antioqueño hasta el otro extremo del país en Mapiripán, Meta, aterrorizaron al pueblo, torturaron y violaron y dejaron 49 personas muertas. Doce años después, entre el 18 y el 20 de julio, más de 200 personas acompañaron a algunos de los sobrevivientes de la masacre que habían tenido que huir de sus hogares cuando la masacre. Fue una caravana de solidaridad y de memoria; una manera de ayudarle a las víctimas a enfrentar lo que pasó y también de que haya justicia para que no vuelva a pasar. A pesar de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por la omisión o acción de militares en la masacre, todavía hay mucho miedo, y Mapiripán no ha podido dejar su historia atrás. Por Camila González, enviada especial a Mapiripán

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"Francisco santos sugirió creación del bloque Capital en Bogotá".Mancuso

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Tue, 20 Oct 2009 13:14:00 +0000

BOGOTA (Reuters) - La Fiscalía General de Colombia reabrió el lunes una investigación preliminar contra el vicepresidente Francisco Santos, acusado por antiguos jefes paramilitares de sugerir la conformación de un escuadrón armado para atacar a la guerrilla en Bogotá y en sus alrededores. La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Santos después de que en mayo del 2007 el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró en una diligencia judicial que el funcionario propuso la creación de un grupo para combatir a los rebeldes izquierdistas en el centro del país. "Se le había dictado en primera instancia un inhibitorio, ese inhibitorio fue apelado y la vicefiscalía como segunda instancia tomó la decisión de revocarlo y de continuar la investigación preliminar", dijo el fiscal encargado Guillermo Mendoza en declaraciones a Caracol radio. El funcionario judicial explicó que con la reapertura del proceso se buscan resolver algunas dudas y admitió la posibilidad de entrevistar a antiguos jefes paramilitares actualmente confinados en cárceles de Estados Unidos después de que el presidente Alvaro Uribe los extraditó. Mendoza reveló que el proceso se cerró inicialmente sin practicar las pruebas necesarias y suficientes. El propio Santos, quien como periodista entrevistó a jefes paramilitares de ultraderecha a finales de la década de 1990, solicitó a la Fiscalía General investigar las denuncias en su contra e inicialmente los funcionarios encargados de hacerlo la cerraron al no encontrar pruebas que lo vincularan. "Respeto la decisión del Vicefiscal y manifiesto mi disposición a cooperar en todas las investigaciones; hubiera preferido que se me notificara dicha decisión y no que se usara su filtración para sembrar dudas sobre mi persona, mi reputación y la del Gobierno que ha combatido con decisión al paramilitarismo", dijo el vicepresidente en un comunicado. COMPROMISO CON LA VERDAD "Mi vida como periodista y como Vicepresidente ha sido pública; durante ella no he sido defensor ni amigo de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o corruptos. Mi compromiso ha sido con la verdad, las instituciones, la paz, la reconciliación y los afectados por quienes usan la violencia o la corrupción", agregó Santos. Los escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y empresarios para defenderse de los ataques de la guerrilla izquierdista. Esos escuadrones, acusados de asesinar a miles de personas en medio de su guerra contra la guerrilla, expandieron su poder político y militar por varias regiones del país en medio de una sangrienta campaña de terror en la que también provocaron el desplazamiento de comunidades y pueblos. El Gobierno y los paramilitares iniciaron en el 2003 una cuestionada negociación de paz que permitió que más de 30.000 combatientes de esos grupos ilegales depusieran las armas, mientras que sus comandantes fueron confinados en cárceles. Como parte del acuerdo, los jefes paramilitares admitieron confesar sus crímenes que incluyen narcotráfico, asesinatos, masacres y secuestros, entre otros, además del compromiso de no volver a cometer delitos. En sus confesiones, comandantes de esos escuadrones de ultraderecha revelaron el supuesto apoyo militar que recibieron de efectivos de las Fuerzas Armadas y las contribuciones económicas de empresas para combatir a la guerrilla. También confesaron supuestos pactos que hicieron con políticos para que fueran elegidos congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Mendoza dijo que la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para decidir si archivan la indagación o si por el contrario llaman a Santos a declarar para que responda por las acusaciones en su contra.

27.000 personas desaparecieron en Colombia entre 1988 y 2002,

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Tue, 20 Oct 2009 13:08:00 +0000

Bogotá, 19 de octubre (Télam).- Alrededor de 27.000 personas desaparecieron en Colombia entre 1988 y 2002, de acuerdo con un informe de la Fiscalía Nacional que atribuyó la responsabilidad al accionar de los grupos paramilitares y guerrilleros.

La investigación de la Fiscalía, divulgada por la radio local Caracol y citada por la agencia noticiosa italiana ANSA, determinó que la mayoría de esas personas desaparecidas de manera forzada pertenecían a familias muy humildes.
"De acuerdo a la información, cerca de 20.000 personas, es decir, 75 por ciento de las denuncias, fueron desaparecidas forzosamente por grupos paramilitares y unas 7.000 personas fueron desaparecidas por parte de grupos guerrilleros", señaló el informe oficial.

Los departamentos (provincias) con mayor número de denuncias de desapariciones son Antioquia, con 7.178 casos; Cesar, con 2.203; Magdalena, con 2.076; Meta, con 1.633, y Santander con 1.539. (Télam).- ajl-cdb19/10/2009 21:01

Conflicto en El Dovio: a la espera de una alerta tardía

noreply@blogger.com (AYUDA AL REFUGIADO) — Sat, 10 Oct 2009 12:55:00 +0000

Semana. La valentía que mostraron varios funcionarios del municipio de El Dovio, en el norte del Valle, al revelar a las autoridades departamentales y nacionales la creciente presencia de grupos armados valió de poco. Pese a las evidencias de la presencia de bandas, las autoridades militares consideran que la situación no amerita medidas extraordinarias.

En una reunión privada el pasado primero de octubre, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) los funcionarios del municipio fueron directos al decir qué está pasando allí. La presencia de ejércitos ilegales como Los Rastrojos, Los Machos y las Farc está poniendo en grave riesgo a la población en su disputa por el control de ese territorio, “que es estratégico para el transporte y tráfico de insumos químicos, de cocaína y armas”, según lo describe la Defensoría del Pueblo.

En esa lucha, han empezado a aparecer en el casco urbano de El Dovio cada vez más y más hombres que dicen pertenecer a Los Rastrojos. Varios de ellos son adolescentes del mismo pueblo, que de repente llegan armados advirtiéndole a cualquiera que está en peligro de muerte. Otros, según informaron las autoridades del municipio, han participado en algunos de los 12 homicidios que se han presentado desde diciembre del año pasado hasta septiembre de este año. Algunos han llegado a las fincas a robar ganado a nombre de Los Rastrojos y otros están haciendo inteligencia para ese grupo.

El interés de la banda Los Rastrojos en la zona urbana de este pueblo es sacar a otra banda, Los Machos, que han estado presentes allí. Mientras tanto, las Farc se mueven en la zona rural por caminos que comunican el norte del Valle con Chocó. En esa zona, vive gente que podría convertirse en presa de acusaciones y estigmatizaciones de ser colaboradores de la guerrilla, según advierte la Defensoría.

En esa pugna de bandas con intereses en el narcotráfico, han resultado amenazados no sólo civiles, sino el mismo Alcalde, los concejales y varios funcionarios.

La presencia de estas bandas ya ha generado el desplazamiento de 47 familias, aunque las estimaciones de las autoridades locales es que podrían ser muchas más, que por temor o descuido no reportan su situación.

Eso creen las autoirdades locales pues 646 personas han solicitado que los retiren de la base de datos del Sisbén en ese municipio. Este trámite se hace cuando alguien, por amenazas o por cualquier situación, se va a vivir a otra parte. Entonces tiene que pedir el retiro del Sisbén del municipio de donde sale para que lo incluyan en el del municipio a donde llega. “Puede que no todas esas personas hayan salido desplazadas forzosamente. Puede que muchas se hayan trasladado por razones económicas o cualquier otra. Pero tememos que por la situación que vivimos, muchos se fueron obligados por la violencia”, le dijo a Semana.com Wilson Castillo, secretario de gobierno de El Dovio.

Otro grave síntoma del temor en la región es la creciente tasa de deserción escolar. El reclutmaniento de niños, ha hecho que muchos padres teman enviar a sus hijos a las escuelas. “En varios corregimientos, las escuelas no cuentan con estudiantes”, de acuerdo con un informe reciente de la Defensoría.
“Nosotros sabemos que la fuerza pública ha hecho muchos esfuerzos. Los aplaudimos, pero el problema sigue”, le dijo a Semana.com una fuente que, por estar amenazada, pidió no hacer público su nombre.

Pese a que allí hace presencia el Ejército, continuó la fuente, sucede que los militares combaten, ahuyentan a un grupo ilegal, pero pronto es reemplazado por otro.

Ante esta grave situación la Alcaldía y la Personería de ese municipio pidieron que se emitiera una alerta temprana, la cual se emite después de una deliberación en el CIAT, donde participan funcionarios de el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

Una vez emitida, los ojos de las autoridades nacionales e incluso de organismos internacionales, se fijan en el sitio al que hace referencia. La idea es que la fuerza pública y el gobierno, hagan todo lo posible para evitar que, como consecuencia de la guerra, se desplace, asesine o viole cualquier derecho de las personas.

Pero los funcionarios de El Dovio parecen ser los únicos que ven de frente el problema. Ni el gobierno departamental ni la fuerza pública aprobaron la iniciativa.

Según dijo a Semana.com Víctor Manuel Salcedo, secretario de Gobierno del Valle del Cauca, “históricamente, este ha sido un pueblo rodeado de narcotráfico y hoy acosado por una pelea entre Los Machos y Los Rastrojos”. Sin embargo, pese a la gravedad del problema, Salcedo no cree que la solución sea declarar una alerta temprana porque puede estigmatizar aún más el municipio.

“Nuestra propuesta para acabar con este problema es continuar con los operativos en el Cañón de las Garrapatas, insistir en el aumento del pie de fuerza dentro del municipio, adelantar la operación candado y hacer un plan desarme con la población”, explicó Salcedo.

Además, argumenta que, de emitirse una alerta temprana, debería ser en otros lugares que tienen situaciones más difíciles. “Por ejemplo, municipios como La Victoria, Roldanillo, El Zarzal e incluso en el mismo Cali aumentaron mucho más el número de homicidios. Éstos ameritarían mucho más una alerta temprana y no se hace porque creemos que esa no es la estrategia adecuada para combatir el crimen”.

El problema con las alertas tempranas es que no suelen ser de gusto para algunos gobiernos o gobernantes. Algunas veces, por razones políticas, prefieren esconder el problema bajo la alfombra, otras, para ahorrarse la dificultad operativa para cumplir los requerimientos de una zona sobre la que aumenta la atención de medios, entidades del Estado y defensores de Derechos Humanos. Y también, porque hay regiones que se consideran sanadas de la guerra, contrario a lo que dicen sus habitantes.