Anécdotas de Paz

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA, COMPROMETIDA CON LA NOVIOLENCIA

2022-11-19T17:52:00.003-05:00

SIN RODEOS

Reforestadora Integral de Antioquia,

comprometida con la Noviolencia

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

Constituyente de 1991

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Un principio fundacional de la filosofía de la Noviolencia es la deliberación, la puesta en común de las dificultades que soporta una comunidad y la búsqueda colectiva de soluciones, que implica amplios debates y reflexiones sobre las causas de los problemas y las soluciones más idóneas. En palabras de Sergio Trujillo Turizo, Gerente de la Reforestadora Integral de Antioquia RIA, “Una de las características de la Noviolencia es saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos como sociedad”.

Pues bien, la muy querida y ubérrima subregión del Nordeste antioqueño atraviesa por una grave crisis social, reflejada en un aumento inusitado de hechos violentos, que le ha valido notoriedad a nivel nacional. Es enorme el impacto que en ella ha tenido el conflicto armado, por los grandes niveles de inequidad social que se materializan en elevados niveles de pobreza y miseria de muchos de sus habitantes. Pero es destacable la capacidad de resiliencia de sus comunidades ante las múltiples dificultades que han debido soportar en años recientes.

Todos los habitantes conocen la historia del Ingenio Vegachí, empresa del Departamento que durante muchos años generó oportunidades de empleo y desarrollo integral para ellos y la región. Pero su cierre trajo enormes dificultades. Si hablamos en términos más concretos, este hecho terminó por convertirse en una gran deuda social para con esta comunidad, que algún día se debería compensar avanzando en un urgente proceso de reconciliación y paz integral.

En este escenario y condiciones es que la Reforestadora Integral de Antioquia RIA asume un liderazgo social, en compañía de varias entidades y comunidades, porque como dependencia gubernamental no podía permanecer indiferente, pues allí se asientan sus más ambiciosos proyectos de desarrollo. De manera que, en sintonía con su misión y con el importante papel que desempeña en los municipios que la integran, avanza en diversos procesos tendientes a encontrar salidas a la situación descrita. En consecuencia, se dio a la tarea de impulsar la estrategia CAFVID -Centro Agroindustrial Forestal Verde de Innovación y Desarrollo-, asumida como mecanismo para buscar el crecimiento económico y la Noviolencia, que se desarrollará en el antiguo Ingenio Vegachí.

Para socializar esta estrategia organizó el foro "Bosque, Vida, Paz y Noviolencia", que sesionó el pasado 17 de noviembre en ese municipio.

El boletín de prensa emanado del certamen indica que en ese escenario se dieron a conocer compromisos y articulaciones institucionales para hacerle frente a la situación de violencia en el territorio. Agrega que allí se anunció la construcción inminente del Parque de la Noviolencia Guillermo Gaviria Correa. Además, trascendió que el municipio se vincula a estrategias de formación de docentes, estudiantes y padres de familia en la Escuela de Derechos Humanos, Paz y Noviolencia, liderada por la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de la Gobernación de Antioquia, según anunció el alcalde local Deison Ulilo Acevedo.

El foro propiciado por RIA, en alianza con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía del Municipio, sirvió para reflexionar sobre la política pública de paz, Noviolencia y reconciliación; estrategias, avances y retos en temas de desarrollo sostenible, cambio climático, Ecominería, fortalecimiento de la piscicultura, apicultura, vías terciarias, obras por impuestos, ganadería sostenible, transformación y comercialización de la madera, entre otros temas.

Con la esperada consolidación del Centro Agroindustrial Forestal Verde de Innovación y Desarrollo, con la que está ampliamente comprometida la Reforestadora Integral de Antioquia RIA, se habilita un espacio de operación de estrategias y proyectos para la generación de valor a la madera, y para fortalecer redes productivas que apunten al desarrollo armónico del Nordeste antioqueño.

Si unimos esfuerzos en la búsqueda de las transformaciones que demanda la subregión, si se consolida el proyecto CAFVID, si el Gobernador y la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia mantienen la iniciativa de paz, Noviolencia y DD HH y también si se logra que Vegachí sea reconocido como Municipio Noviolento, Antioquia tendrá para enseñarle al país un potente ejemplo de cómo se busca la paz total que enarbola el presidente Gustavo Petro.

CONDICIONES PARA LA PAZ TOTAL

2022-07-25T15:36:00.003-05:00

SIN RODEOS

Condiciones para la paz total

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter:@JaimeFajardoLan

La política de paz total que pretende consolidar el gobierno de Gustavo Petro cuenta con un capital acumulado de avances significativos y plataformas, de mesas temáticas y de expertos. Con estas premisas, se espera que antes del 7 de agosto quede configurada una propuesta más integral y actualizada.

Es cierto que se debe diferenciar entre la negociación política de paz con el ELN y y la requerida con agrupaciones al servicio del narcotráfico o la delincuencia común o Bandas criminales, vía política de sometimiento a la justicia.

Ahora bien, unos posibles acuerdos de paz con el ELN no partirán de cero; se deben retomar lo logrado antes de la ruptura de los diálogos, precipitada por el brutal ataque a la Escuela General Santander (veinticinco cadetes muertos). Trascendió que esa guerrilla está dispuesta a reanudarlos.

La política de sometimiento a la Justicia exige una profunda revisión, debido a que la Ley 418 expira a finales de este año, y es preciso hacer claridad en temas como las penas que se aplicarán, los centros de reclusión y los mecanismos para la entrega de activos y de información sobre rutas del narcotráfico para lograr un real desmonte de estas estructuras y evitar su futuro reciclaje.

También resulta de suma importancia, para el logro de objetivos significativos, que el nuevo gobierno pueda enderezar las relaciones diplomáticas con Cuba y Noruega, garantes del proceso suspendido. Además, dar vía libre a la gestión que pueda cumplir el gobierno venezolano, independiente de la opinión que suscite; en su momento se definirá el rumbo de estas relaciones.

Esperamos pues la anunciada propuesta de paz, pero advertimos acerca de la conveniencia de establecer acuerdos humanitarios mientras se consolidan los diálogos para la paz total con todas las agrupaciones, para lograr un compromiso claro y riguroso de defensa de la vida de los líderes sociales y defensores (as) de derechos humanos y de los miembros de la Fuerza Pública. Porque resulta impensable que el actual desangre nacional continúe. Los acuerdos humanitarios ayudarán a clarificar y a imprimirle mayor confianza a dichos diálogos.

No podemos olvidar que al centro de ellos deben estar las víctimas y el proceso de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Además, que tenemos más de nueve millones de víctimas producto del accionar de las organizaciones al margen de la ley y de algunos actores institucionales vinculados a actividades de exterminio de la población civil.

También es muy importante contar con la participación de las autoridades territoriales para garantizar que haya armonía y concordancia entre las administraciones y las comunidades. Que no se repitan equívocos pasados, cuando estos mandatarios se encontraban con acuerdos ya en etapas superiores, pero empujados a asumir responsabilidades sin herramientas para atenderlas.

Ahora bien, los tratados de extradición de colombianos ameritan revisión. Como involucra a los países firmantes, se requiere aprovechar que Petro tiene un buen reconocimiento de los EE. UU. y se han logrado fructíferos acercamientos entre las partes, para introducir cambios. Así se puede evitar que luego se conviertan en un obstáculo para la consolidación de posibles acuerdos de paz y sometimiento a la Justicia.

Tampoco se deben soslayar las experiencias acumuladas de anteriores procesos de negociación. Hay que valerse de ellas como potenciales insumos para el desarrollo de las agendas requeridas. Con Petro la implementación de los acuerdos de paz Santos - Farc se consolidará definitivamente, sin el ropaje de "Paz con legalidad" del actual Gobierno, utilizado para desvirtuar su esencia.

La prioridad que se dará a la Reforma Rural Integral deja en claro qué manejo recibirán temas como el de tierras, vías terciarias, despensa alimentaria y búsqueda de solución al problema de los baldíos, sustitución de cultivos ilícitos por productos de pan coger, hoy importados. Además, se anuncia que habrá un enfoque más integral en la lucha contra las drogas y un compromiso más fuerte de la comunidad internacional en la lucha contra el lavado de activos que vincula a grandes multinacionales y a los EE. UU, al igual que a sectores financieros nacionales e internacionales.

Lo cierto es que llegó la hora de ponerle punto final a los factores que propician el conflicto armado, o al menos de llevarlos a su mínima expresión, para que la agenda integral que busca el cambio pueda disponer de un terreno fértil para su proyección y feliz consolidación.

LA ESENCIA DEL PACTO HISTÓRICO

2022-07-06T17:20:00.000-05:00

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La esencia del Pacto Histórico

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter: @JaimeFajardoLan

Resulta de la mayor importancia detectar y poner en evidencia la aparición de actitudes de dudosa honestidad política, con vehemencia si surgen entre los llamados a dar ejemplo y a evitar la repetición de prácticas clientelistas y de desconocimiento de las capacidades de quienes se la han jugado por el cambio que representan Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

Debe quedar bien claro que el Pacto Histórico es un proyecto político que se fundamenta en la real concreción de los principios básicos de la democracia participativa consagrados en nuestra Constitución. Además, recoge los anhelos de las mayorías colombianas de sentirse gobernadas por un líder que las represente y logre las grandes transformaciones largamente aplazadas. Porque nos han impuesto infinidad de propuestas gubernamentales encaminadas, en su gran mayoría, a favorecer a quienes detentan el poder, mientras los sectores vulnerables y excluidos permanecen al margen.

Será un esfuerzo colosal, y de largo aliento, consolidar los objetivos del Pacto Histórico, al tiempo que deberá ejecutar acciones inmediatas para encaminar su misión hacia un futuro de goce ciudadano y de logro de los resultados esperados. Luego del empeño inicial, en estos cuatro años de gobierno, tienen que quedar sentadas las bases para la Colombia en paz, con equidad, fortalecida en sus instituciones, y con el logro de una amplia participación ciudadana en la toma de decisiones.

Para alcanzar estos ambiciosos planes se requiere de acuerdos y consensos generosos, que propicien la unidad entre los colombianos. Se podrá entonces integrar a muchas fuerzas de diverso matiz para que aporten y participen en la formulación de las propuestas de cambio. No se les pide que renuncien a sus principios políticos e ideológicos. Se trata de que todos trabajemos en unas iniciativas que le pongan fin a la exclusión y la inequidad, que se desate una gestión seria de lucha contra la corrupción y por la libertades políticas y democráticas, para instaurar al ser humano en el centro de dichas conquistas.

Estos planteamientos permiten reafirmar las siguientes tesis: 1. El Pacto Histórico no es el Acuerdo Nacional, es quien lo convoca en cabeza de su líder Petro Gustavo y que busca una gran confluencia de partidos, organizaciones y liderazgos para hacer posible las transformaciones anheladas, que tendrán escenarios de expresión y materialización como el Congreso de la República.

2. El pacto Histórico debe combatir las prácticas excluyentes, los asomos de totalitarismo, corrupción y de liderazgos impuestos, y mostrarse muy respetuoso de las alianzas y del contenido de los acuerdos alcanzados. La solidez de sus bases políticas e ideológicas le permite diferenciarse de sus aliados, pero no puede olvidar el compromiso de esforzarse para que la profundización de las trasformaciones y cambios no queden a mitad de camino; que el proceso se convierta en una verdadera revolución democrática en marcha.

3. Es muy conveniente que el ciudadano de a pie conozca y participe en el debate de las diversas propuestas de gobierno que agita el presidente electo para acrecentar el compromiso generalizado con el cambio que se plantea.

Por último, para el caso de Antioquia es necesario formular un llamado a respetar los acuerdos que permitieron éxitos tan notorios como el de llevar a las urnas a casi un millón de votantes por el entonces candidato Petro, en segunda vuelta electoral. No hay razón para desconocer a los artífices de este logro; entendemos que existen líderes y dirigentes que pueden ser punto de atracción de sectores claves para la construcción del Acuerdo Nacional en la región, y que se deben reconocer liderazgos que carecen de capacidad para consolidar otras alianzas, tarea que pueden emprender, con solvencia, los primeros.

El aporte que ha realizado el bloque de Liberales con Petro,que mucho antes de la primera vuelta señalaron: estamos aquí presentes, al igual que otros sectores de este y otros partidos y movimientos, es clave en la definición de la ruta seguida. En consecuencia, el llamado es al respeto para poder construir la unidad que se persigue desde el nivel nacional.

Por esa razón apoyamos al señor gobernador en la defensa del liderazgo político que debe ejercer en relación con las acciones inmediatas derivadas del llamado empalme gubernamental con el departamento de Antioquia, cuyos mecanismos se terminaran de concretar al regreso del electo presidente Petro al país, tal y como él lo acepto.

ANTIOQUIA, HACIA UNA POTENCIA DE VIDA

2022-06-25T18:14:00.001-05:00

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Antioquia potencia de vida

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter: @JaimeFajardoLan

Sin duda Antioquia podría convertirse en el departamento más beneficiado del próximo plan de desarrollo del presidente electo, Gustavo Petro, si hay sintonía entre sus objetivos y los intereses de la región y sus autoridades.

En su plan de desarrollo Unidos por la Vida 2020 – 2023 el gobernador erigió la vida como derecho fundamental de los ciudadanos. De allí se derivan diversidad de iniciativas en marcha, que evidencian una mirada muy similar a la propuesta por Petro.

A este escenario debemos sumarle la preponderancia que tendrá la implementación del Acuerdo de Paz, para sacarlo del discurso vacío de la llamada paz con legalidad de Iván Duque. A su vez los Derechos Humanos y el DIH ganarán protagonismo, como consecuencia de la preocupante situación de los lideres sociales en Antioquia y el país en general. Por suerte, la Mesa de Garantías Territoriales ha ganado en gestión, gracias al esfuerzo de las entidades que la conforman, entre ellas la Defensoría del Pueblo regional como secretaría técnica, y el liderazgo de la Dirección de DDHH de la Secretaría de Gobierno, paz y Noviolencia. El sistema de defensa de los lideres y lideresas y sus organizaciones defensoras de DDHH registra importantes resultados. Esfuerzo valioso de sus entidades promotoras, en sintonía con los propósitos del presidente electo para lograr que funcione el sistema de Verdad; Justicia, Reparación y no Repetición, pero a la vez garantía para las víctimas y sus familias frente al derecho a la vida.

Protagonismo también para el tema alimentario y la lucha contra el hambre y la miseria que afecta a millones de colombianos. Lo propio para la sociedad del conocimiento que busca ampliar la escolaridad de la niñez en los municipios y avanzar en aspectos científicos, tecnológicos e investigativos, incluida la gratuidad de la matrícula para los jóvenes de menores recursos.

Ahora bien, con el desarrollo del punto uno de los acuerdos de paz Antioquia se convertiría en tan grande despensa de alimentos que cubriría las necesidades de otros departamentos. Porque el tema agrario involucra infraestructura -vías terciarias-, hospitales y clínicas rurales, cambios en la vocación agrícola de las regiones, vivienda, agua, -distritos de riego a gran escala, alcantarillado y otros servicios-, y supresión de la cadena de intermediación en la distribución de los alimentos que los encarece.

También el nuevo gobierno deberá asumir los costos y dar sostenibilidad a los programas que se diseñen para los municipios PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que buscan impactar los municipios escenario de conflicto y algunos con amplia siembra de cultivos ilícitos.

En cuanto al nuevo modelo de desarrollo económico, que no niega las bases capitalistas que lo sostienen pero introduce cambios que propicien la equidad y la generación de ingresos para la población de bajos recursos, el gobierno departamental tiene allí una oportunidad: acercarse más a las propuestas de cambio de Gustavo Petro, de la mano de empresarios y gremios económicos. La industrialización se puede acelerar y la pequeña y mediana empresa se vería impulsada con un sinnúmero de proyectos de emprendimiento empresarial en todo el territorio. Pero se requiere una mentalidad más abierta del sector privado para entender que la concreción de estas propuestas significará mayores beneficios para los inversionistas y mejores ingresos para los trabajadores.

No es posible abarcar en este espacio el extenso listado de aspectos que demuestran las grandes oportunidades que tendrá la región con las propuestas de gobierno que se han ventilado. Pero debe quedar claro que llegó la hora de ocupar un lugar en el tren del cambio y de las grandes reformas.

Ahora bien, se estaría preparando un paquete de actos legislativos para llevar al Congreso de la República. Esperemos que los parlamentarios electos, en conjunto con el gobernador Aníbal Gaviria, integren el equipo que trabaja en dichos proyectos, para ganancia de Antioquia.

Seguir construyendo la Antioquia y el país que soñó Guillermo Gaviria con la Noviolencia y los caminos de reconciliación que hemos recorrido, exige que nos integremos a esta ola de cambio que se eleva a otro nivel con el ascenso de Gustavo Petro al poder. De manera que no podemos ser inferiores a ese legado y a las oportunidades que tendremos los antioqueños, así que debemos marchar unidos y convencidos del papel que podemos jugar, al lado de las autoridades, en este histórico ciclo de consolidación de nuestra democracia y de sus instituciones.

AD PORTAS DEL "CAMBIO POR LA VIDA"

2022-05-24T16:45:00.003-05:00

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Ad portas del “Cambio por la vida”

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter: @JaimeFajardoLan

Solo faltan pocas horas para el 29 de mayo, cuando se realizarán las elecciones presidenciales en nuestro país, y creo que la tendencia observada en los últimos meses se mantendrá. En ella, Gustavo Petro aparece como el firme ganador en la primera vuelta, con grandes posibilidades de que no se requiera de la segunda ronda electoral.

Todo dependerá de que quienes optamos por esta alternativa intensifiquemos los esfuerzos por conquistar los cuatrocientos mil votos que se requieren para lograr dicho objetivo. Esos son los presupuestos que tiene la campaña, y de allí su llamado para trabajar de manera mancomunada para alcanzarlos.

Y es posible lograrlo si echamos mano de todas las herramientas a nuestro alcance para que el amigo, familiar o vecino, y aún quienes vivan en otros barrios o municipios y que no han tomado una decisión, escojan la opción que representa Petro. Esto implica sintonizarnos con todos ellos, reunirnos o llamarlos, trasladarnos al lugar donde podamos garantizar que ese voto se materialice.

Además, de la mayor trascendencia resultan las jornadas que adelantan los diversos comités de campaña del Pacto Histórico, ahora en escenarios cerrados, y que deben intensificarse hasta el próximo domingo. Si bien no se realizarán actos públicos, la campaña continua con igual fervor en estos ámbitos.

El entusiasmo demostrado en todas las jornadas de cierre, durante el pasado fin de semana, demuestra que los resultados del trabajo han sido bastante satisfactorios y que el cambio que necesita el país será una realidad. En efecto, el gran evento del viernes pasado en Medellín demuestra que en Antioquia sí se puede alcanzar el millón diez mil votos que esperamos de la región para la conquista de la victoria.

En Antioquia la campaña se ha fortalecido con la decisión de “Liberales con Petro” de apoyar la candidatura del Pacto Histórico, lo que ha traído como consecuencia que muchos otros sectores liberales y militantes del partido en la región estén hoy apoyando con toda su fuerza esta candidatura. La movilización comenzó con un grupo de veinte dirigentes liberales de todos los matices, y se logró que la mayoría del partido hiciera parte de las toldas del Pacto Histórico en el departamento.

Lo más seguro es que igual proceso está avanzando en otras regiones del país. El caso de Barranquilla también resultó llamativo y demuestra que Petro va a derrotar a la casa Char en su propio territorio, a pesar del enorme presupuesto que allí y en toda la costa Atlántica ha invertido la campaña del llamado “Fico”, acompañada de alta corrupción y manejo indebido de los presupuestos públicos por parte de esa maquinaria.

Pero lo más destacado de todo fue la multitudinaria manifestación de cierre de campaña en Bogotá, que colmó la Plaza de Bolívar y sus alrededores, fenómeno que puso a varios medios de comunicación a reconocer su capacidad de movilización y convocatoria. En ese sentido, se debe destacar las inmensas movilizaciones en Quibdó, Cali, Montería y otras regiones del país.

Se puede decir que las encuestas no reflejan el fervor que se ha vivido en ciudades y municipios, pero aun así el candidato gana en todas ellas. Estamos ante un fenómeno político de gran transcendencia que solo se presenta cada diez o quince años, pero igual que con lo sucedido con muchos de ellos, no solo han tratado de asesinar a Petro, sino que además han jugado con su dignidad, le han puesto trampas, han echado a rodar falsedades y activado estrategias digitales tipo “bodeguitas”, con algunos medios de comunicación y columnistas como cajas de resonancia para difamarlo, al igual que a sus más allegados, sin mayor éxito. En todo caso, no se puede bajar la guardia porque hasta el último momento tratarán de impedir su muy inminente triunfo en las urnas.

Además, como lo denunció Petro, pretenden modificar la fecha de las elecciones, sin resultados ni suficiente motivación. Debo decir que esa postura del gobierno y del uribismo no es nueva. Desde que Petro tomó la delantera han inventado las más diversas excusas y mentiras, buscando modificar las fechas de las jornadas electorales, e incluso en algunos momentos se pretendió acudir a declaratorias de emergencia y al argumento de los problemas de orden público, todo en vano.

La tarea en estas horas decisivas previas al 29 de mayo es planificar y organizar la participación ciudadana en el escenario electoral, garantizar los testigos electorales de modo que el triunfo de Gustavo Petro resulte contundente, para el cambio por la vida y para mayor grandeza de la historia de Colombia.

ACTUACIONES NADA DEMOCRATICAS

2022-04-12T18:34:00.002-05:00

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Actuaciones nada democráticas

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter: @JaimeFajardoLan

La campaña electoral en marcha, que nos llevará a elegir al próximo presidente de Colombia, se desarrolla en medio de circunstancias que no pueden pasar desapercibidas para la opinión pública nacional e internacional. La más protuberante rompe una regla básica de la democracia: la que exige que el presidente de la República muestre independencia de las campañas políticas y de sus candidatos, y ofrezca todas las garantías que requiere el proceso electoral.

Pero en este caso Iván Duque participa activamente y empuja a su candidato Federico Gutiérrez, utilizando todos los mecanismos a su alcance, desde el ejercicio de la mentira y la tergiversación de las propuestas del candidato contrario, Gustavo Petro, hasta incurrir en el despropósito de llevar a su “candidato” a un escenario clave: la Asamblea General de la Federación Colombiana de Municipios. En ella, a los alcaldes reunidos se les obligó a escuchar -y a algunos también a prometer- que harán todo lo posible por conseguir votos para el candidato “Fico”.

El presidente incurre en estas conductas antidemocráticas porque ejerce dominio sobre los organismos de control. En este caso, ni la Procuraduría ni la Fiscalía moverán un dedo para frenar la autoritaria actuación. Ya veremos si la flamante Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes se atreve a pedir cuentas a presidencia por esta intervención indebida de quien debe ser el garante de la imparcialidad y la transparencia en el debate electoral.

Ahora bien, la mentira se ha convertido en el mejor instrumento para reportar acciones de gobierno y para manipular las estadísticas que muestran la realidad económica y el desempleo, al igual que la pérdida de ingresos de los trabajadores y sus familias. El discurso oficial poco se refiere a las grandes falencias en materia de pobreza, miseria y hambre que padecen muchos colombianos; el país colapsa por falta de seguridad y por el control cada vez más ostensible de los grupos ilegales. De esta manera se hace evidente la incapacidad para garantizar la vida de todos los colombianos.

Otra estrategia de desinformación consiste en otorgar estímulos a ciertos medios de comunicación, y a algunos columnistas de opinión muy vistosos, para divulgar o ventilar sólo los temas que convienen al gobierno. Pero van más allá, cuando desinforman sobre hechos de gran impacto nacional, para atenuar la realidad del desmadre del orden público, o bajarles volumen a las informaciones críticas, como las que se generaron recientemente en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguizamo.

Este panorama, demasiado resumido, coincide con la divulgación de las estadísticas de desaprobación de la gestión presidencial (por encima del 73%), según datos oficiales. A cuatro meses de culminar su mandato, Iván Duque no sacará el país adelante, ni sorteará las grandes dificultades que atraviesa, producto de los rezagos de la pandemia y de la crisis económica y alimentaria que golpea duramente a los sectores más vulnerables de la población.

Por eso nos debemos convencer de que Colombia requiere un cambio profundo, y de que no podemos seguir eligiendo modelos de gestión fracasados. Es hora de unirnos alrededor de una propuesta de gobierno que responda a las grandes trasformaciones sociales, económicas y políticas que la nación espera. Como país, nos merecemos un cambio donde el eje de las actuaciones sea el ciudadano (a) de a pie. Donde se reduzcan las brechas sociales y exista una mejor distribución del ingreso, para consolidar la paz y acabar definitivamente con la guerra. Donde se profundicen los alcances de la Constitución de 1991 para detener el baño de sangre que nos oprime, y que está acabando con los dirigentes sociales y defensores (as) de derechos humanos. Donde la vida sea el mayor bien para el disfrute colectivo. Donde se proteja el medio ambiente y nos consolidemos como potencia en la lucha contra el cambio climático. Un país donde el agua y los servicios públicos esenciales estén al orden del día, como permanente agenda de gobierno. Donde se dé la transición a las energías limpias y se prohíba el fracking en las explotaciones mineras, mientras se ejerce un control riguroso de aquellas actividades que contaminan las grandes reservas naturales.

En otras palabras, llegó la hora de que el gran PACTO HISTÓRICO se consolide en toda Colombia, y que, como fruto de ese gran movimiento social, incluyente y transformador, Gustavo Petro pueda asumir como el próximo presidente de los colombianos, para que dejemos atrás esta política de odio, de falsedades y de venganza que le impuso el uribismo al país, y que Iván Duque ha reproducido con excesiva diligencia.

Llegó la hora de hacer realidad la reparación integral de más de nueve millones de colombianos víctimas del conflicto armado, y de consolidar el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Hora de pasar la página trágica que ha escrito el país, y de que la alegría, la esperanza y la convivencia en paz se conviertan en el norte de nuestras vidas.

HORA DE TRAZAR RUMBOS

2022-03-17T15:43:00.000-05:00

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Hora de trazar rumbos

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter: @JaimeFajardoLan

Constituyente de 1991 y ex asesor de paz de Antioquia

Entradilla:

Defensa de la democracia, libertades y DDHH, Relaciones internacionales, desempleo, inseguridad, implementación de los acuerdos de paz… Es hora de trazarle rumbos ineludibles al debate electoral.

Quedaron definidos el nuevo Congreso de la República y los candidatos presidenciales de las coaliciones políticas. También las dieciséis circunscripciones de paz. Llegó la hora de trazarle rumbos ineludibles al debate que sigue, de cara a la primera vuelta presidencial. Claro, en medio de un gran debate por la posible existencia de un fraude electoral

Tópicos como la paz y la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno Santos y las Farc, la consolidación de la democracia y las libertades y los DDHH, el desempleo y la informalidad laboral, la inseguridad, el asesinato de lideres sociales y defensores de derechos humanos y el tema del modelo económico que el país requiere, son prioritarios ahora.

El nuevo Congreso tendrá el reto de ganar credibilidad entre los ciudadanos, y de comprometerse con la agenda que contempla los grandes cambios que reclaman los colombianos. Corporación que no se puede seguir percibiendo como un apéndice del ejecutivo, porque pierde fuerza en el control político y en la actitud crítica que debe mantener con dicho poder, proclive a desbordamientos dañinos.

Hay que recomponer la política internacional; el manejo de la problemática en la frontera con Venezuela, al igual que las relaciones con ese gobierno espera modificaciones de fondo. Porque los más afectados con la actitud del gobierno nacional son nuestros compatriotas, al igual que buena parte de los migrantes de dicho país. No se trata de desconocer los graves desaciertos del gobierno de Maduro, sobre todo en materia de violación de los DD. HH. sumado a su errático manejo económico y social, sino de abrir canales diplomáticos para tratar bilateralmente estos problemas. Más aún cuando tuvimos que entrar en el juego geopolítico de los EE. UU. y nos encontramos con un Joe Biden propiciando acercamientos con dicho gobierno, mientras llama a Duque para involucrarlo en su estrategia contra Rusia.

Otros frentes internacionales demandan atención: con Gabriel Boric en la presidencia de Chile nos cambia el panorama y nuestro relacionamiento con dicho país. Además, sigue pesando, negativamente, el trato desconsiderado que da al gobierno cubano, al que debemos reconocimiento por su apoyo al proceso de paz. Mientras, Jair Bolsonaro arrasa con la reserva ambiental que es el Amazonas, indiferente al cambio climático.

En fin, el próximo presidente tendrá que introducir cambios drásticos en nuestro papel como nación en el campo internacional, y fortalecer los canales de comunicación con los países vecinos, en general.

El crecimiento económico debe mantener un rumbo sostenido, con énfasis en la reactivación con desarrollo social, máxime si se corre el peligro de perder lo ganado producto de la ofensiva desatada por Rusia, país del que provienen productos básicos para nuestra alimentación y para el fortalecimiento de algunas actividades agrarias y similares.

La lucha contra el hambre y la miseria no arroja resultados: muchos compatriotas están privados de los tres alimentos básicos, frente al desinterés demostrado por muchos empresarios y comerciantes.

Así que esta fase de las elecciones presidenciales exige que las propuestas y programas estén más sintonizadas con las realidades del país. Hay candidatos que pretenden ganar adeptos propalando temores y prevención frente a las propuestas de sus opositores, o tratando de distorsionar su pensamiento e iniciativas.

Es claro que los candidatos más posicionados son los que ganaron las consultas de las coaliciones: Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez. A los otros les quedan pocas opciones: bien podrían pensar en establecer alianzas que consoliden las propuestas de cambio. Acuerdos que deben darse en un marco de grandeza con el país y con los colombianos. Ante todo, que se supere el escenario de insultos y agravios para intensificar esfuerzos en la búsqueda de alternativas sociales, económicas y políticas que conformen el nuevo cuadro de la sana confrontación electoral.

Se le debe recordar a Fico que mientras más Uribistas y del CD llegue a su campaña, peor le va a ir en las elecciones y por lo demás, pierde franqueza en su discurso de ser un candidato independiente.

EL VISIONARIO QUE PERDIMOS

2022-02-27T18:23:00.003-05:00

SIN RODEOS

El visionario que perdimos

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter: @JaimeFajardoLan

En las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1991 Álvaro Gómez Hurtado hacía un diagnóstico del país, en el que afirmaba: “El verdadero problema de Colombia es el régimen, no la guerrilla, ni la izquierda, ni sectores contestatarios de opinión; repito, es el régimen”. Como su compañero en la comisión de Justicia logré inspirarle la suficiente confianza para profundizar estos conceptos, siempre sorprendentes.

Agregaba que el régimen es como una mano negra que todo quiere dirigirlo, que nada se puede hacer sin él, y que tenemos una constitucionalidad y unos líderes y gobiernos sometidos a dicho régimen, que no han permitido que el país encuentre los consensos que requiere como nación; que todo les parece subversivo o contrario a lo que ellos denominan ‘democracia’.

En cuanto a la ANC afirmaba: “Somos autónomos, gozamos de una legitimidad y poder que nosotros mismos no hemos entendido. Íbamos en camino de una reforma constitucional, ese era el sentido del acuerdo inicial, y resultó que la sala constitucional de la Corte Suprema nos dice en una sentencia que nos corresponde hacer realidad la nueva Constitución Política de Colombia; que nos dio poderes inimaginables”. De manera que, en su concepto, el régimen había perdido por primera vez la capacidad de manejar todos los escenarios de decisión política. Agregaba: “Por esa razón, luego de finalizada la Constituyente, el régimen tratará de frenar su implementación, ahí es donde vamos a saber si seremos capaces de impedirlo”.

Gómez era un hombre brillante; desde su posición conservadora y de derecha entendía claramente lo que pasaba en el país y lo que sucedería si no cambiaba el estado de cosas que existía y aún persiste.

Lamentablemente se han cumplido todos sus pronósticos: en estos treinta años largos hemos visto cómo se ha pretendido desmontar la Constitución. Por suerte es tan sólida que ha podido sortear esos intentos, mientras mantiene el espíritu que la ha convertido en Norma avanzada en el concierto latinoamericano.

Ventilo ahora algunas de sus ideas porque Gómez nos enseñó a leer muy bien la realidad del país. A propósito, no creo que su pariente -quien hoy se presenta como el continuador de su ideario al rescatar la personería del partido Salvación Nacional- sea el mejor exponente de este pensamiento. Lo veo mejor como un hábil paracaidista de la actual contienda electoral. Percibo aquí una envolvente maniobra para ajustar la normativa a un proyecto retrógrado y reaccionario en todo sentido.

Ahora bien, hay que analizar lo que pasa con los organismos de control, convertidos en puertas giratorias para que el ejecutivo pueda actuar a conveniencia. Parece que solo intervienen en casos que no afecten su relación con el gobierno y su coro más cercano, o con el partido de gobierno que en muchas de sus acciones ha mancillado la Constitución.

Los problemas derivados de la corrupción generalizada están en la órbita del propio gobierno, de los proyectos estratégicos que desarrolla con empresas afines, de la clase política que no quiere cambiar y sigue con la mentalidad de volver al pasado, de la compraventa de votos evidente en el actual proceso electoral, de las investigaciones inconclusas o que terminan señalando como responsables a actores de segundo o tercer nivel.

¿Y qué es para ellos la defensa de la democracia? Con frecuencia pisotean sus cimientos, o tergiversan sus contenidos y procedimientos, mientras nos asustan con el sambenito de que como país podríamos terminar igual o peor que Venezuela, cuando aquí pasan cosas peores.

Es totalmente antidemocrática la pretensión de atajar, empantanar o desmontar el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, derivado de los acuerdos de paz que hoy hacen parte de nuestro bagaje constitucional.

El presidente Duque dice que acoge los acuerdos, pero como no logró hacerlos trizas, y la comunidad internacional vigila su ejecución y resultados, ahora dice que quiere la verdad de los guerrilleros desmovilizados. Al tiempo, llama a la impunidad en los casos de los 6.402 falsos positivos registrados por la JEP, mientras guarda silencio acerca de los frecuentes asesinatos de líderes sociales y el aumento de los desplazamientos y masacres que habíamos superado con el acuerdo de paz. Además, no deja funcionar la entidad que se ocupa de la búsqueda de personas desaparecidas, que según estadísticas pasan de cien mil en todo el país.

Se repite la historia, y nos quieren volver a llevar al pasado. Lo lograrán si no tomamos las riendas del cambio que por fortuna parece vislumbrarse. Esperamos que los próximos escenarios electorales marquen definitivamente el nuevo rumbo que el país necesita, para que podamos dar otra estocada al régimen, clamor insistente del visionario que perdimos, el doctor Álvaro Gómez Hurtado.

Indolencia generalizada

2021-11-20T09:30:00.003-05:00

SIN RODEOS

Indolencia generalizada

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

twitter: @FajardoLandaeta

Las valientes denuncias que están haciendo los representantes de la Iglesia Católica en relación con el conflicto armado en el Chocó y zonas aledañas refleja ausencia de capacidad de las instituciones y del propio gobierno para garantizar el control territorial en zonas que antes eran de dominio de las extintas Farc.

El panorama que nos describen es terrible: ataques de distintos grupos armados a la población, desplazamientos masivos, asesinato de líderes sociales, corrupción en las Fuerzas Militares (connivencia de algunos de sus miembros con grupos criminales). Y lo más llamativo, la caracterización que hacen del gobierno como victimario, porque no emprende acciones efectivas para que se detenga esta barbarie contra la población civil, y para frenar la corrupción de funcionarios y militares en la región.

Bien miradas las cosas, el panorama es similar en otras zonas del país. Es el caso del Catatumbo, y de gran parte de la frontera con Venezuela, al igual que de regiones de Nariño, Cauca y parte del Pacífico. Entre tanto, Duque insiste en su pretensión de venderle otra imagen a Colombia y a la comunidad internacional. Una ficción que desdibuja la realidad que padecen estos territorios, para eludir la garantía que su gobierno debería ofrecer de plenas libertades democráticas y de respeto de los DD. HH., al igual que la implementación cabal de los acuerdos de paz.

La mentira y la adulteración de la realidad son el pan de cada día, y la carta de presentación oficial. Para nadie es un secreto que la democracia en nuestro país atraviesa por su peor momento, crisis evidente en la incapacidad de sus instituciones de ofrecer garantías constitucionales para que muchas comunidades puedan ejercer sus derechos, para hacer efectiva la movilidad de las personas y el disfrute de una vida digna y plena en su propio hábitat.

A escasos meses de culminar su mandato, Duque no puede mostrar unos resultados cuantificables y tangibles de su gestión. Pero, irónicamente, le dio por presentar cada hecho de gobierno como algo “histórico”, cuando de verdad estamos ante una carencia de legitimidad y un desorden institucional innegables.

Ante la creciente inseguridad citadina, los pobres niveles de convivencia ciudadana y de solución negociada de los conflictos, junto a la fracasada “paz con legalidad” (¿eso qué es?), nos salen con un proyecto de ley de “Formalización de la seguridad y la convivencia”, que pretende adoptar medidas para contrarrestar el desmadre del accionar delictivo.

Entonces vuelven y juegan el sambenito del aumento de penas -fórmula novedosa que históricamente ha demostrado su fracaso-, las sanciones por el uso de armas blancas o de fuego… Se trata de otro inútil “hecho histórico”, que solo servirá para que la criminalidad se acomode a los nuevos escenarios, mientras la administración de Justicia se ve atiborrada de procesos, y maniatada por un sistema penitenciario que desbordó las capacidades de los jueces para imponer el orden y la ley.

Nada se dice de la colcha de retazos llamada “política criminal”. Tampoco de una política integral de seguridad que no se quede en el trajinado “aumento de penas”, en la tipificación de nuevos delitos, o en la modificación reiterativa de unos códigos incumplidos, como incumplidas están muchas de las leyes que debían combatir el crimen organizado.

La reactivación económica es objeto de algarabía, pero lo cierto es que no genera empleo, y su faceta informal está disparada. Además, no se adoptan medidas para que tal reactivación incida en mayores niveles de equidad; por el contrario, unos pocos privilegiados terminan como sus únicos beneficiarios.

Un país en el que el asesinato de sus líderes sociales y las reiteradas masacres tristemente se han convertido en paisaje porque no se garantiza la vida digna de sus habitantes, no puede seguir avalando a gobernantes de comprobada ineptitud. Es hora de avanzar en una reflexión seria, para trazar las rutas que nos lleven por el sendero de la paz, la seguridad y la convivencia, que solo conseguiremos si nos preparamos para elegir a quienes de verdad nos garanticen que harán reales los sueños planteados en la Constitución y los hasta hoy incumplidos acuerdos de paz.

LA PROTESTA SOCIAL SIGUE VIVA

2021-07-30T13:56:00.003-05:00

SIN RODEOS

La protesta social sigue viva

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter: @JaimeFajardoLan

Son más que suficientes los argumentos y hechos históricos que demuestran que los grandes cambios democráticos que ha experimentado el país estuvieron acompañados por una fuerte movilización y participación ciudadana, y que nadie ni nada logra detener el empuje arrollador de la protesta social, que solo cesa cuando se logran los objetivos propuestos.

En este sentido recordemos un hito: el acuerdo para convocar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que consagró la carta política que nos rige. Sin duda obedeció a las grandes movilizaciones sociales y al papel protagónico de los estudiantes y jóvenes con el movimiento llamado “Séptima papeleta”, sumado al angustiante pedido de grandes sectores sociales para detener baño de sangre que conmocionaba al país, producto de las acciones del paramilitarismo y el narcotráfico, sumados los asesinatos y desapariciones masivas de líderes políticos y sociales, los desplazamientos masivos y el exilio voluntario que asumieron muchos actores de la vida nacional.

Que no haya olvido sobre la gama de hechos fatales que sacudieron al país, como la toma y retoma del Palacio de Justicia durante la presidencia de Belisario Betancourt y el asesinato de cuatro candidatos presidenciales que tenían en común su lucha contra las estructuras políticas y sociales caducas y la politiquería. Por igual, la desaparición violenta de miles de integrantes de la Unión Patriótica -UP-, producto del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional de la época y las Farc. La misma suerte corrieron los miembros del Frente Popular, luego del acuerdo de paz con el EPL, y los crímenes contra grandes luchadores por los DD. HH. como Héctor Abad Gómez, más las desapariciones forzadas en casi todo el territorio colombiano y las incesantes tomas guerrilleras que se protagonizaron a finales de los años 80.

Hay que decir que muchas de estos crímenes, contra líderes de izquierda y demócratas del país, se materializaron con el respaldo de algunos ganaderos, Terratenientes, de empresarios y de políticos que querían instaurar un régimen de terror e impedir que los procesos de paz en marcha, y la opción por alternativas distintas al establecimiento, se impusieran en el país. La complicidad de sectores militares y de la inteligencia del Estado con actores ilegales de extrema derecha era de público conocimiento.

Aún así, la movilización ciudadana estimuladas por las negociaciones que concretó el gobierno de Virgilio Barco y continuó César Gaviria, referidas a los acuerdos de paz firmados por cuatro organizaciones guerrilleras, M-19, EPL, Quintín Lame y el PRT y el papel de estudiantes y jóvenes con la Séptima Papeleta, permitió que se impusiera la salida democrática que el país requería y que logró un enorme respaldo de la ciudadanía en las urnas, a la hora de elegir a los constituyentes.

La sentencia 927 de 1990 de la Corte Suprema de Justicia que refrendó los acuerdos para la convocatoria de la Constituyente y que además señaló que no se trataba de una reforma sino de adoptar una nueva Constitución, es muy clara cuando analiza todos los factores que pesaban negativamente sobre la nación al momento de darle el visto bueno a esa histórica decisión.

Que entiendan quienes desconocen todo este proceso o pretenden tergiversarlo, que la Constituyente quedó imbuida de los poderes necesarios para el logro de los fines establecidos, y también para incidir de fondo en la superación de los factores desestabilizadores del momento.

Hago este somero recuento para señalar que se equivocan los que creen que las razones del paro nacional y las multitudinarias marchas de los últimos meses ya perdieron vigencia. Esa es una actitud ingenua. Aunque las propuestas, pliegos y objetivos presentadas hayan sido desatendidas por el gobierno nacional, el Comité Nacional del Paro llevó las más importantes al Congreso Nacional, de manera que se mantienen vigentes y exigen soluciones a mediano plazo. Si dichas reclamaciones no son atendidas, volveremos a las grandes concentraciones y movilizaciones ciudadanas con tal tono de insistencia, que tendrá que surgir un nuevo escenario que recoja y tramite los propósitos que animan dicha protesta social. Así que este panorama cambiará con o sin el Gobierno nacional, y necesariamente se verá reflejado en el debate electoral del 2022.

UNA MARCHA IMPARABLE

2021-05-18T15:38:00.002-05:00

Una marcha imparable

Por Jaime Fajardo Landaeta

Twitter: @JaimeFajardoLan

Lo más positivo que deja el actual paro nacional en nuestro país es la evidencia de que ha llegado a un alto grado de madurez el movimiento social que aglutina a jóvenes, estudiantes y trabajadores que se arriesgaron en el propósito de desmontar el proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Movimiento que continua en las calles contra las reformas educativa, laboral y económica; contra los asesinatos cometidos por agentes del Estado, y para asegurarle garantías a la movilización ciudadana, como parte de un pliego nacional que desde el 2019 se viene agitando y que no ha sido resuelto.

A no dudarlo, vamos a tener miles de esos jóvenes decidiendo sobre el futuro del país, porque tienen claridad acerca de quiénes son los responsables de las masacres, desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y de los muertos en los tiroteos propiciados al calor de las gigantescas marchas pacíficas que hemos visto en todo el territorio nacional. Ahora el escenario es diferente al del plebiscito por la paz, que estuvo plagado de mensajes engañosos y de maniobras corruptas y fraudulentas, inspirados en el odio, la venganza y el terror, y que llevaron a la ciudadanía a votar por el no, que obligó a modificar los acuerdos de paz. Acuerdos que -a propósito- han ganado un gran reconocimiento por parte de la comunidad nacional e internacional.

A pesar de las amenazas del gobierno, los marchantes siguen en las calles, esperando los resultados de la negociación que surja de los diálogos con el Comité Nacional de Paro. Con la ventaja de que no les temen a las balas del régimen, ni a los grupos paramilitares que la extrema derecha ha activado en diversas regiones; tampoco a los vándalos que con sus acciones llenan de argumentos a los opositores de la movilización. Todo ello, porque saben que llegó el momento de introducir transformaciones radicales en la sociedad, propósito que seguramente se consolidará.

El gobierno de Duque tuvo que pasar de la negativa al reconocimiento del Comando Nacional de Paro, y a insistir en la necesidad de dialogar para negociar. El presidente atraviesa por el momento más difícil de su mandato, y en su propio partido ha perdido respaldo. Por su parte, fichas claves como el Comisionado de Paz cada vez pierden más credibilidad.

Es muy conveniente que la dirigencia del movimiento se siente a negociar, pero sin desmotivar la protesta social, pues se sabe que el gobierno muchas veces dialoga y llega a la firma compromisos que poco se cumplen. Es preciso lograr garantías para ello, y que se implemente un monitoreo permanente a la ejecución de lo acordado.

Los más golpeados por estas movilizaciones son los uribistas que han intentado llevar la protesta al nivel de una confrontación armada del Estado contra los manifestantes, al costo que sea; pero se equivocan. Si bien se han producido más de 40 muertos en esta lucha, muchos heridos, detenciones arbitrarias, violaciones a los DD HH y al DIH, la comunidad internacional ha logrado detectar quiénes son los provocadores y cuál el papel que ha jugado el Centro Democrático en su afán manipulador. En el país crece el apoyo a las manifestaciones y al paro, a la par con el rechazo a los mensajes provocadores de Álvaro Uribe Vélez y sus seguidores.

Pero su derrota no se producirá por la vía violenta, como ellos lo han hecho a lo largo de estos años, sino por la democrática; aquí radica el temor que los acompaña.

Ahora bien, es urgente que haya un respiro en el desarrollo de la protesta, para permitir que las caravanas humanitarias lleguen con alimentos y drogas a la población, permitir la movilización de los ciudadanos por el territorio, no caer en las provocaciones de vándalos y de grupos de extrema derecha que buscan boicotear las acciones de los marchantes, y mantener la disponibilidad en relación con las actividades que el paro nacional exija.

La historia reciente nos demuestra -en casos como los de Chile, Francia, Venezuela y otros países- que las movilizaciones ciudadanas han estado acompañadas del accionar de vándalos y provocadores. Pero su sentido y objetivos no se ha dejado desfigurar; en el caso de Chile se logró la convocatoria de una Asamblea Constituyente para echar atrás la Constitución Política vigente desde el régimen de Augusto Pinochet. De manera que el vandalismo no es la esencia de la movilización, y su repudiable accionar no es óbice para continuar en el paro nacional.

Esta protesta ciudadana llegará a buen puerto, sobre todo porque no se dejará manipular y porque se reconocerá el protagonismo que la historia le tiene reservado a los colombianos como sólidos constituyentes primarios, según el espíritu de nuestra Constitución Política.

Nota: Es muy conveniente que la ciudadanía conozca las pretensiones de las llamadas bodeguitas, conformadas por periodistas, columnistas y algunos medios de comunicación, financiadas por el gobierno nacional y algunos empresarios y cuyo objetivo es deslegitimar a los opositores del establecimiento con montajes, mentiras y tergiversación de sus opiniones o puntos de vista. Es una experiencia recogida de la propaganda Nazi y que ya opera abiertamente en nuestro país.

CARTA DE LOS CONSTITUYENTES DEL 91

2021-05-11T15:17:00.001-05:00

Doctor Iván Duque Márquez

Presidente de la República

E. S. D.

Señor Presidente:

En nuestra calidad de constituyentes de 1991, asesores, personas y organizaciones que estuvieron vinculadas a los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente, nos permitimos con todo respeto hacerle un llamado para que las conversaciones que usted ha anunciado con el comité del paro y con los jóvenes que han manifestado su inconformidad a lo largo de la geografía nacional deriven en un verdadero escenario de participación democrática, que permita rescatar el espíritu de diálogo y logro de consensos que caracterizó dicha Asamblea, pese a las diferencias ideológicas, políticas, de historias de vida, de origen, profesiones y oficios.

Aunque este diálogo debe adelantarse sin condicionamiento de parte y parte, es deseable conseguir de inmediato una pausa, sin desistir de los justos y legítimos reclamos de la protesta por la situación de pobreza acrecentada por la pandemia y la incertidumbre de miles de jóvenes por su presente y su futuro. No podemos desconocer que en muchos lugares el desabastecimiento y los cierres de vías perjudican a la población tanto urbana como campesina y a la economía de manera grave, como también impiden la atención a los graves problemas de salud que nos aquejan.

Señor Presidente, dentro de la filosofía de la democracia participativa que inspira la Constitución, uno de los instrumentos que tiene la ciudadanía para dar a conocer sus reclamos es el derecho de manifestarse pacíficamente, derecho que ha sido vulnerado por actos brutales de algunos agentes de la policía con resultados desastrosos de pérdidas de vidas, personas heridas o desaparecidas y hasta abusos sexuales. Es necesario que usted ejerza con rigor la función de dirección de la fuerza pública y que, como comandante supremo de las fuerzas armadas, impida que se repitan esos hechos violatorios de los derechos humanos por quienes están llamados a proteger a todas las personas que habitan el territorio y en particular su derecho a la vida.

Nuestro llamado es a que en las conversaciones que se adelanten, se reivindique el espíritu que reinó en la Asamblea Constituyente donde muy pocas decisiones se tomaron por mayoría, nos escuchamos, dialogamos, buscamos ese fin superior que nos integraba a todos, que era una Constitución democrática, incluyente, participativa y pluralista. Hacemos un llamado a buscar consensos en el marco de la Constitución de 1991 y de su vigencia plena.

Constituyentes de 1991 de Colombia

LAS PANDEMIAS QUE NOS RODEAN

2020-11-21T14:40:00.003-05:00

Las pandemias que nos rodean

Estamos en los momentos más difíciles que ha vivido el país en los últimos 50 años, y, todo parece indicar que, muchos dirigentes del país y algunas instituciones, no han dimensionado la profundidad y el nivel de este escenario, el cual tiene grandes repercusiones sobre todos los colombianos, en particular sobre los sectores más vulnerables de la población y sus entornos.

A los efectos de la pandemia del coronavirus, que en Colombia ha dejado casi 35.000 (20-11-2020) muertos y cada día infecta a más y más colombianos, se agrega la crisis económica con sus claras manifestaciones en el desempleo y el creciente empleo informal, con la pérdida de los mínimos recursos para la sostenibilidad de las familias más pobres, fortaleciendo el incremento de la pobreza y la miseria en un amplio sector social; sentimos el golpe de los huracanes eta y iota en las islas de San Andrés, Catalina y Providencia, en gran parte de la costa norte de Colombia; las torrenciales lluvias en todo el país, principalmente en el Chocó, Antioquia, Santanderes y otras zonas del país.

Para acabar de ajustar el asunto, al actual panorama se agrega la intensidad de la corrupción que viene devorando gran parte de los recursos destinados para contrarrestar estos males. Según informa de la Contraloría General de la Nación, hay contratos en 29 de los 32 departamentos, que representan varios billones de pesos, que actualmente se encuentran en investigación porque se celebraron sin respetar el debido proceso y respeto a la normatividad de la contratación pública, produciendo e incubando prácticas de corrupción en todo el país, lesionando con ello los escasos recursos dirigidos a las comunidades más golpeados por el coronavirus y ahora por la dureza de las lluvias, que dejan daños graves en la infraestructura vial, las viviendas y en los servicios públicos.

A la par de ello, no existe respuesta del Gobierno, ni de ninguna autoridad sobre los asesinatos de líderes sociales, ocurrencia permanente de la masacres y nuevos desplazamientos y despojos de tierras que han incrementado el número de víctimas, hechos que no se aclaran y que solo pretenden poner la mirada sobre uno u otro actor de esos asesinatos, dejando sin investigar aquellos casos que muchos sabemos están ligados a los efectos de la política de odio, venganza y continuidad del conflicto armado que desean y anhelan sectores de la extrema derecha y sus aliados narcotraficantes, paramilitares y bandas criminales.

Mientras tanto crece y crece la criminalidad en el país, como consecuencia de la falta de empleo y recursos en muchas familias, en particular jóvenes y adultos que no encuentran ningún trabajo que realizar. En casi todas las grandes ciudades del país, han tomado fuerza algunos problemas de seguridad que generan malestar y miedo en la población.

En efecto, a los grandes problemas de seguridad, ocasionados por la creciente criminalidad asociada al narcotráfico, otros como producto de la pandemia y de la crisis económica, las autoridades responden con las viejas fórmulas ya implementadas por anteriores gobiernos: consejos de seguridad permanentes, donde seguramente se toman medidas que apuntan a atacar la problemática, pero que desconocen la integralidad que debe tener la solución del problema de la seguridad y la convivencia, que muchos de ellos exigen planteamientos y acciones del orden estructural que permitan ofrecer serias y eficaces soluciones a la grave situación que se afronta.

¿Podemos seguir esperando que, con solo aumentar el pie de fuerza de la Policía, con desarrollar mayor tecnología e investigación y judicializar cada vez más personas que cometan todo tipo de delitos, sin atender al mismo tiempo otros factores de índole social, político y económico, que puedan resolver asuntos que adquieren una mayor dimensión con el paso de los días?

De seguro que no, así se hagan muchas capturas, no estoy diciendo que no se deban hacer, así se desmantelen muchas bandas criminales, de hecho, las autoridades lo vienen realizando, seguirán aumentando el número de grupos criminales al servicio del narcotráfico, porque la gente siente poco la cercanía de la institucionalidad en el logro de niveles óptimos de seguridad y convivencia.

¿Y qué tal la preocupación de los líderes del Centro Democrático, partido de gobierno? solo anhelan sacar adelante su referendo que les permita tener una justicia modelada a sus caprichos, para salvar a sus principales líderes de muchos delitos cometidos; continúan con los ataques a la JEP porque saben que en próximos días, esta jurisdicción especial empezará a mostrar los resultados de los diferente macro casos estudiados, pero también desconocen los avances logrados en algunos de esos procesos, como es el de la muerte por falsos positivos de líderes y lideresas en la zona de Dabeiba Antioquia.

Con la elección de Joe Biden como presidente de los EEUU, muchas cosas se le vinieron al suelo al Presidente Duque, a su gobierno y el partido que lo secunda. Para nadie es un secreto que a partir de enero del próximo año, se dará una revisión minuciosa a la falta de implementación del Acuerdo de Paz y el abierto apoyo dado a la campaña de Donal Trump por funcionarios de la embajada de nuestro país encabezados por el embajador Francisco Santos. Sin duda alguna, habrá cambios en el panorama internacional para el gobierno colombiano; los demócratas norteamericanos tendrán otras prioridades en su agenda sobre nuestro país. ¡Amanecerá y veremos¡

Jaime Fajardo Landaeta

¿HACIA EL AUTORITARISMO?

2020-08-31T10:49:00.000-05:00

SIN RODEOS

¿Hacia el autoritarismo?

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

Twitter @JaimeFajardoLan

Entradilla:

Elegir personas designadas por el gobierno nacional en los organismos de control atenta contra la división de poderes en un Estado social de derecho.

A raíz de lo que viene sucediendo en nuestro país puede afirmarse que vamos camino al autoritarismo. La elección de personas designadas por el gobierno nacional en los organismos de control pisotea la división de poderes y permite que el presidente cuente con todas las herramientas que harán posible gobernar sin temor a ser vigilado por la institucionalidad vigente.

Sin recato alguno, Duque logró imponer sus fichas en la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, mientras avanza en el propósito de tomarse las cortes, para lo cual arrecia en críticas contra la Corte Suprema de Justicia, atacando cada una de las decisiones que ella toma contra alguno de sus aliados, y en particular contra Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación por la aparente comisión de varios delitos.

En esta estrategia ha contado con el respaldo del Congreso nacional, renuente a ejercitar el control político necesario sobre las acciones de gobierno. También cuenta con los partidos políticos aliados, sometidos dócilmente a su designio. Por algo será por lo que no avanzan las investigaciones sobre el escándalo de la Ñeñepolítica y la infiltración de dineros en la pasada campaña electoral presidencial, ni se conocen resultados de las indagaciones relativas a peculados y a casos de corrupción que comprometen a funcionarios nacionales, y proyectos de infraestructura.

Igualmente resultan pobres los avances que registran las investigaciones acerca de los múltiples asesinatos de líderes sociales, las masacres de jóvenes, de humildes campesinos y defensores de DD. HH., mientras se desactivan los instrumentos que pretendían garantizar la implementación de los acuerdos de paz, sin que el gobierno se dé por enterado. Pero está presto para la pantalla: cuando se logra la captura de dos de los posibles implicados en el asesinato de cinco jóvenes en Cali, viaja con toda su parafernalia a ofrecer una rueda de prensa y a tratar de demostrar que, ahora sí, “El que la hace la paga”.

Ahora bien, la pandemia originada en el covid-19 se convirtió en tabla de salvación para remontar la baja popularidad presidencial, pero en la medida que la ciudadanía ha entendido el comportamiento y autocuidado requeridos, esta vuelve a caer en picada, sin que el Gobierno sepa cómo capotear su desprestigio.

El desempleo y el empleo informal que nos deja la crisis producida por la pandemia no han recibido la atención debida, y las propuestas de fondo orientadas a paliarlos no aparecen. Pero eso sí, algunos empresarios afines al gobierno impulsan propuestas con miras a una posible reforma laboral que se ocupe del trabajo por horas, el salario integral, el desmonte del sistema pensional y el desconocimiento de derechos adquiridos. Pero es pobre la solidaridad con los más vulnerables en esta crisis social y económica.

De otro lado, hemos conocido los llamados perfilamientos y su clasificación según la proximidad con el gobierno o su oposición a él, gestión que concreta un seguimiento continuo a personas e instituciones, principalmente a periodistas y medios de comunicación imparciales en relación con las políticas del gobierno central. Estrategia que en la mayoría de los casos busca acallar las voces opositoras y dar mayor respaldo a quienes colaboran con las políticas gubernamentales. Esta práctica lleva a entrometerse en la vida privada de las personas que tengan un criterio independientes o de oposición, como lo hacen las dictaduras y el fascismo.

A todas estas, los grupos armados han copado la mayoría de los territorios que entregaron las desmovilizadas Farc, y someten a sus comunidades. El Estado y el gobierno pierden el control mientras aumentan los reclutamientos forzados, los desplazamientos y el terror generalizado. El origen de este caos está en que este gobierno no concretó en su momento los planes que permitieran capitalizar los resultados de la desmovilización de la guerrilla, y soslayó el desarrollo de la totalidad de la negociación de paz. Pero el discurso oficial sigue apuntando al reproche acerca de los acuerdos firmados por Santos.

Más de ocho millones de víctimas siguen esperando conocer la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado, acceder a procesos de reparación y a la garantía de no repetición, pero es justamente el gobierno quien actúa en contravía, al tiempo que busca desprestigiar la excelente labor de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Entre otros métodos, utiliza los medios de comunicación para exigirle investigaciones y resultados que no coinciden con su misión, mientras se desentiende del rebrote del fenómeno paramilitar y de las nuevas alianzas políticas criminales que pelechan en las regiones.

En síntesis, nos estamos alejando de los postulados del Estado de derecho planteado por la Constitución de 1991; a diferencia de las clásicas dictaduras latinoamericanas, aquí no se requiere de golpes de estado o actuaciones aparatosas: basta con torpedear la institucionalidad desde las altas esferas del poder. Pero prefiero creer que estamos a tiempo de reaccionar, para salvar lo que queda de esta maltrecha democracia.

IMAGEN EN DECLIVE

2020-07-04T15:07:00.000-05:00

SIN RODEOS

Imagen en declive

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

twitter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

El mandatario cree que su plan de gobierno se reduce a atender la pandemia y a aparecer en televisión todas las tardes.

El presidente Iván Duque alcanzó una imagen positiva gracias al manejo que inicialmente dio a la crisis producida por la pandemia del coronavirus, pero la perdió en recientes encuestas de medios de comunicación. En cambio, la opinión pública favorece la labor de alcaldes y gobernadores, sobresalientes los casos de Daniel Quintero en Medellín, Aníbal Gaviria en Antioquia y Claudia López en Bogotá, porque sabe del esfuerzo que hacen para enfrentar este descomunal problema con muy exiguos recursos.

Tal vez la causa del bajonazo en la popularidad presidencial esté en los ya frecuentes escándalos que surgen en el entorno de gobierno y de las instituciones que lo rodean, como en el caso de la ñeñepolítica, el narcotráfico en algunos de sus principales aliados, la corrupción en varias entidades del Estado y la poca preocupación del presidente Duque por hacer claridad en tales asuntos.

También suma el caso de muchas ayudas para los entes territoriales que llegaron a colaboradores del gobierno nacional en las regiones, o que han fallado en los controles debidos. En el sector salud, aunque notorios los esfuerzos de prevención y control de la pandemia, sus trabajadores no perciben que haya solución a los problemas que afrontan, incluidos los salariales. Además, es hora de dar salida a este modelo de salud y retomar el sistema público para eliminar la intermediación existente, que se queda con importante tajada de los recursos.

De otro lado, los líderes sociales caen asesinados o son amenazados por grupos ilegales, debido al resurgir del paramilitarismo, con la complacencia y apoyo de terratenientes y ganaderos que se oponen a la restitución de tierras, y de grupos de narcotraficantes contrarios a la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Pero es poco lo que el Gobierno hace para frenar ese baño de sangre.

Igual sucede con el asesinato de desmovilizados que estuvieron decididamente comprometidos con los acuerdos de paz, pero los persiguen y aniquilan las disidencias y sectores adversos a este proceso. Ya han sacrificado la vida de más de 200 excombatientes, mientras la implementación marcha a paso de tortuga. Solo uno de los representantes del gobierno, el consejero para la estabilización Emilio Archila, parece responder por el desarrollo de todos los componentes del proceso, mientras el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, hace todo lo contrario de su par en el gobierno.

Otro factor de este declive de imagen lo aportan los escándalos en las FF. MM. Crecen las acusaciones de delitos sexuales contra menores por parte de la tropa, de violación de DD. HH., de corrupción a su interior y de falta de coherencia en una doctrina militar que parece que perdió sentido, en parte debido al legado de la seguridad democrática que sobrevaloró los triunfos sobre la guerrilla y otros actores armados y aplicó una política de todo vale, causa de los llamados falsos positivos que se teme que persisten como práctica en alguna esfera militar.

Además, el gobierno es presionado por sectores del empresariado para que aplique medidas de tipo laboral que descarguen todo el peso de la recuperación de la crisis en los trabajadores. Aquí cuentan: la propuesta de trabajo por horas que significa pérdida de reivindicaciones laborales, la disminución de salarios, la supresión de primas laborales, el desempleo desbocado y el incremento del empleo informal que elevan los índices de pobreza y miseria, mientras la concentración de la riqueza sigue su ascenso imparable. Las pequeñas y medianas empresas deberían contar con el apoyo del gobierno, lejos de la voracidad del sistema financiero. Ya se han perdido más de 20.000 pymes y peligra la industria de bares, restaurantes y similares.

Pero el mandatario cree que su plan de gobierno se reduce a atender la pandemia y a aparecer en televisión todas las tardes, olvidando que se requiere un accionar más integral, que abarque a todos los actores de la sociedad. Ojalá por el bien de Colombia recapacite ante la gravedad de la situación.

Pongámonos de acuerdo

2020-05-28T20:00:00.001-05:00

SIN RODEOS

Pongámonos de acuerdo

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

twittter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

Se requiere un escenario de concertación para debatir y definir los cambios que requiere nuestro actual modelo económico.

Sugiero a la opinión pública que nos comprometamos con un gran pacto social que permita superar esta crisis y generar alternativas de largo aliento. Un acuerdo que integraría a todos los miembros del Comité Nacional de Paro (y a todos los sectores sociales que lo apoyaron) y a los gremios económicos en su integralidad. Todos cabemos en esta propuesta, con el presidente Duque como líder y los gobernadores como impulsores de mesas regionales de concertación y diálogo.

Se trata de propiciar un escenario para debatir, definir y precisar los cambios fundamentales que requiere nuestro actual modelo económico que está presentando grandes falencias. El capitalismo salvaje y el neoliberalismo han fracasado, así que debemos construir las alternativas que permitan alcanzar mejores niveles de equidad social, la restitución de tierras, de lucha certera contra el hambre y la miseria; acabar con la informalidad laboral, garantizar la implementación de los acuerdos de paz y nuevas iniciativas con otros actores, recuperar los niveles de empleo y adoptar como foco la construcción de políticas justas de distribución del ingreso.

De lo contario, seguiremos pescando en el río revuelto de esta inédita convulsión mundial. Como lo hacen, por ejemplo, algunos empresarios colombianos que propugnan por sacar provecho con reformas laborales, pensionales y económicas, y de paso arrasar con muchas de las conquistas del movimiento sindical.

Claro que se deben diferenciar los problemas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, urgidas de apoyo gubernamental incluidos los pagos de nóminas, y del auxilio del sector financiero con préstamos a largo plazo y bajo interés, de la situación de las grandes empresas y las subsidiarias de entidades multinacionales que deben hacer usos de las reservas económicas obtenidas durante prolongados periodos de vacas gordas, para paliar esta crisis.

Es importante que el Gobierno financie gran parte de los requerimientos para superar la crisis, incluyendo la búsqueda de préstamos internacionales, como en efecto lo está haciendo; que incremente el déficit fiscal y no se deje presionar por sectores retardatarios de los gremios económicos y más pudientes de la sociedad.

Otra manera de pescar en ese río revuelto es pretender que alrededor de los 14 puntos que hoy enarbolan los gremios económicos se lograrán los acuerdos que necesita el país. Ocultan la intención de aprovechar esta crisis para imponer cambios en favor de una mayor acumulación en manos de una minoría siempre gananciosa. Pero tampoco se trata de desconocer la libre iniciativa de la empresa privada, la importancia de fortalecer el aparato productivo, de fortalecer un empresariado con más compromiso social y consolidar las bases del Estado social de derecho promulgado por la Constitución de 1991.

En ese sentido echamos de menos el liderazgo iluminante de un Nicanor Restrepo Santamaría, un Gilberto Echeverri, un Guillermo Gaviria, y otros muchos con claridad meridiana sobre el papel que compete a los gremios económicos en momentos como el actual. Por fortuna, aún contamos con personajes que animan y dan continuidad a la tendencia social del empresariado, que muchos insisten en desconocer.

Que también se ventile el problema de la salud, buscando abolir la intermediación en el sector que creó un monopolio que absorbe todos los recursos. Que el sector recupere un enfoque público, con el Estado como responsable central, y se desmonte el andamiaje corrupto de las EPS, mientras se busca rescatar la dignidad laboral de sus profesionales y servidores, para que no sigan acumulando meses de salarios y prestaciones sociales sin cancelar. Que se tramite el tema de las enormes deficiencias de la infraestructura hospitalaria y el criminal monopolio del mercado de los medicamentos en manos de multinacionales, y de empresas que manejan la salud con criterio mercantilista. El pacto social que proponemos es de carácter urgente y nos debe comprometer a todos, sin excepciones.

UNIDOS POR LA PANDEMIA

2020-05-02T14:30:00.000-05:00

SIN RODEOS

Unidos por la pandemia

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandeta@gmail.com

Twitter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

Se deben adoptar las soluciones atinentes a problemas estructurales de la sociedad, ya que afectan a los más pobres.

Formular un llamado a la unidad nacional en la lucha contra la pandemia que nos agobia, es un imperativo fundamental que debemos atender todos los colombianos, sin distingo de matices e ideologías.

Por eso me parece una loable misión de todas las personas, entidades, asociaciones y gremios económicos que han escuchado el clamor de los ciudadanos para que se pongan al frente de esta lucha, sin trazas de egoísmo, tocados en su sensibilidad por los efectos de esta tragedia. Apoyar al Gobierno en las decisiones que está tomando es una muestra de grandeza, al deponer los intereses personales en favor de las apuestas colectivas y humanitarias. Cosa distinta es saber enfatizar en las soluciones atinentes a problemas estructurales de la sociedad, que recaen en los más pobres, para resolver acertadamente los de la coyuntura.

Han salido a flote problemáticas no resueltas, sobre todo de índole económica y social. El virus ha desnudado la enorme informalidad del empleo, y en consecuencia la miseria que soporta la gran mayoría de nuestros compatriotas. Resulta intolerable que el empleo informal sea del 60%, que concentra a las familias que sobreviven con el rebusque diario. Son las que por estos días protagonizan amplias movilizaciones de protesta, que no siempre obedecen a la incitación de saboteadores o de políticos corruptos. Son hombres y mujeres del común, que salen a las calles empujados por el hambre, pues el apoyo que ofrece el gobierno no alcanza para suplir al menos sus necesidades básicas.

La gestión de los gobiernos nacional y locales orientada a llevar hasta esos hogares mercados y subsidios, solo cubre a algunos: paños de agua tibia ante las graves dificultades. Además, el proceso de entrega ha sufrido distorsiones propiciadas por los corruptos, que medran donde hay contratos y recursos. De allí la importancia de las pesquisas que adelantan los órganos de control, que deben llevar a la identificación y judicialización de sus protagonistas, que se lucran del dolor y penurias de millones de compatriotas. En general el Gobierno nacional se ha mostrado tímido frente a los grandes capos de la corrupción, mientras que la Fiscalía considera de la mayor urgencia dedicarse a perseguir a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, líder indiscutible en el manejo de esta emergencia.

Hago notar que muchos empresarios y gremios económicos están sumando apoyos de todo tipo en la lucha contra el coronavirus, pero no faltan quienes desestiman la situación, e insisten con su propuesta de implantar el trabajo por horas. Llegan incluso a sugerir que los trabajadores renuncien al 33% de sus salarios. La cosa no es por ahí, señores: todas las ganancias obtenidas en periodos anteriores deben ser revisadas, para que esas organizaciones aporten decididamente en la mitigación de esta catástrofe. Que no olviden que la mejor inversión está en la mano de obra y en la contribución de la clase media al robustecimiento del capital.

Por eso considero de la mayor importancia que se busquen mecanismos para financiar la nómina empresarial por unos meses, iniciativa que le corresponde al gobierno, a los gremios económicos y a la banca. Esta última ha sido indolente; bajo presión, propone préstamos en condiciones poco favorables para los pequeños y medianos empresarios. Olvida el escandaloso monto de utilidades que obtuvo, solo el año pasado, cercano a los 13.5 millones de dólares. Es momento de gestos de grandeza, así que ahora la banca debería ser más generosa. A la vez que el cambio de Modelo económico debe ser un objetivo a lograr y me refiero al modelo que dispone la Constitución de 1991 y el cual no se aplica en el país.

De otro lado, las denuncias del general Juan Carlos Buitrago, luego de su renuncia al cargo, exigen la más seria investigación, pues comprometen a personas cercanas al Gobierno y al Centro Democrático. Hay que recordar que los portavoces de ese partido exhiben una actitud de pobre respaldo a las medidas de Duque en la lucha contra la pandemia. Han resultado infortunadas las recientes declaraciones de la señora Cabal, la solicitud de cierre del Congreso de otro parlamentario, y el menosprecio a las víctimas del conflicto y de la pandemia que caracteriza a la señora Paloma Valencia. El Presidente tiene la posibilidad de distanciarse de estas posiciones, ahora que su popularidad parece pelechar un poco.

MI ÚLTIMA CRÓNICA

2020-04-13T15:42:00.001-05:00

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Oscar F.

Un historia muy bien contada sobre Medellín y las dificultades de vivir en un país con problemas sociales profundos

Calificado en Estados Unidos el 8 de febrero de 2020

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Excelente narración q hace mi padre sobre una época de muchas situaciones difíciles para Medellín y su evolución entre los años 60s y 90s. Te felicito papá por haber querido contarnos esta historia, mis hermanos y yo sabemos q no fue fácil pero q les has dado al país toda tu entrega buscando un mejor futuro para nosotros y las generaciones futuras. Te quiero mucho!!!

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FALENCIAS AL DESCUBIERTO

2020-04-06T11:41:00.001-05:00

SIN RODEOS

Falencias al descubierto

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

twitter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

La pandemia desnudó nuestras carencias de toda laya: de salud, educación, productividad, y hasta de liderazgo político y religioso.

El coronavirus y las medidas adoptadas para combatirlo han puesto en evidencia unas realidades que, aunque conocidas, resultan soslayadas con habilidad por los gobiernos y los grandes medios de comunicación. Registro las más notorias:

El enorme crecimiento del empleo informal, que rebasa todas las estadísticas oficiales, visibiliza los niveles de pobreza y miseria que afectan a millones de colombianos, mientras crece la concentración de la riqueza. Este es un país de una desigualdad ignominiosa, donde con un ingreso magro subsisten miles de colombianos.

La crisis endémica de nuestro sistema de salud se ha paliado ahora, apresuradamente, con alguna dotación para hospitales y clínicas, pero salen a flote las condiciones indignas en que desempeñan su labor los profesionales del sector: médicos, enfermeras, personal administrativo y otros. En muchas instituciones les adeudan meses de salarios y no ejercen en las mejores condiciones de salubridad. Hay deudas de vieja data con ellos.

De otro lado, los subsidios que asigna el Estado a las familias más pobres han sido manipulados históricamente por las administraciones regionales; existen grandes vacíos en su focalización, que permiten el desvío y la proliferación de prácticas corruptas.

A pesar de la gran reserva de alimentos y la enorme producción agrícola del país, los especuladores y acaparadores manejan a su amaño los precios de los alimentos. Entre tanto, a los campesinos obtienen una escasa retribución que no se compadece con las difíciles condiciones de producción, sin estímulos, sin adecuada infraestructura vial, y convertidos en débil eslabón de una cadena en la que poderosos comerciantes se quedan con la mayor ventaja.

La otra precariedad aparece en las instituciones educativas públicas, encargadas de la formación de buena parte de nuestra niñez y juventud, y que no están bien adecuadas para cumplir sus objetivos. Así que muchos estudiantes no disponen todavía de facilidades de acceso a las tecnologías o estas son deficientes, lo que genera dificultades al alumno para continuar con los estudios desde su casa.

Ahora bien, el Estado, en todos sus niveles, no está preparado para que en estos momentos de crisis pueda adecuar sus instituciones y personal para prestar atención médica satisfactoria en la residencia de cada afectado. Es decir, estamos ante unas instituciones burocratizadas y lentas, con dificultades para prestar una atención oportuna.

En otro orden de ideas, el sentido vocacional de muchas iglesias y religiones se ha reducido a evitar las aglomeraciones de personas en sus actos litúrgicos, pero su compromiso espiritual con los más necesitados se queda en los altares, pues no se traduce en atención a ellos, en esta hora de dificultades.

Por último, no han faltado quienes, desde el poder o en ejercicio de algún nivel de liderazgo, pretenden aprovechar el momento para recuperar la credibilidad perdida o tapar la mala administración de la cosa pública. Pero es indudable que en la medida en que se supere la crisis sanitaria, se valorará la gestión de los auténticos líderes que estuvieron en primera fila en la atención oportuna de las necesidades de sus gobernados. Mi reconocimiento a muchos alcaldes y gobernadores que estuvieron a la altura de tamaña responsabilidad, en particular a los alcaldes de Bogotá y Medellín, Claudia López y de Daniel Quintero.

PANDEMIA Y DETRACTORES

2020-03-17T16:55:00.002-05:00

SIN RODEOS

Pandemias y distractores

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: fajardolan@une.net.co

twitter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

Seguramente podremos frenar la expansión del coronavirus, pero no atender las urgentes reivindicaciones sociales de la clase trabajadora.

Consecuente con las medidas de todo tipo que se están tomando para controlar la expansión del coronavirus y minimizar su impacto, invito a hacer un enorme esfuerzo para unir al conjunto de la sociedad en esta lucha, hasta el logro integral del objetivo.

No conviene desatender las decisiones que al respeto tomen las diferentes autoridades; por el contrario, como ciudadanos responsables, debemos gestionar entre nuestras familias y en el entorno social la adopción de los compromisos y el desarrollo de las actividades orientados a la superación exitosa de este desafío.

Algunos analistas aceptan que, si China está superando la enfermedad, es resultado de la eficiencia y organización que ha alcanzado en materia de salud e infraestructura médica, y de la disciplina y cultura de su gente; también, de las medidas adoptadas frente a la epidemia. Aunque genera suspicacia la noticia publicada por El Heraldo de Baja California (“Operación Jaque Mate”), en el sentido de que China habría aprovechado el pánico de los mercados para adquirir a bajo costo algunas empresas extranjeras instaladas en su territorio y que habrían perdido valor. El mundo espera que haya más claridad sobre esta denuncia.

A todas estas, resultan evidentes los síntomas de una posible recesión económica mundial: algunos ya se venían observando desde mucho antes de la aparición del coronavirus, utilizado por algunas potencias para incurrir en ciertas maniobras buscando su usufructo, en detrimento de las economías más débiles e incapaces de responder oportunamente al fenómeno.

Aunque en Colombia estemos uniendo esfuerzos para contrarrestar los efectos de la pandemia, no podemos dejar de lado otros graves problemas que debemos resolver: es el caso de la continuidad en el asesinato de los líderes sociales, nuestra propia “pandemia”. También, la creciente inconformidad social y la demanda de soluciones a asuntos que resultaron detonantes del pasado paro nacional. Igual, el anuncio de futuras movilizaciones sociales que estarán por un tiempo postergadas. O bien, el caso de los desplazamientos masivos de familias humildes, agobiadas por el accionar de grupos ilegales en sus territorios, sumado al saldo negativo que hoy arroja la escasa implementación de los acuerdos de paz, que a su vez ha conducido a serios pronunciamientos de la comunidad internacional y al choque entre el Gobierno y algunos representantes de la ONU.

También era de esperar que el Gobierno, que carga con el inri de una muy baja aceptación entre los ciudadanos, pretendiera desviar la atención, buscando recuperar imagen y credibilidad, para afianzar algo de la gobernabilidad perdida por el desprestigio y el cuestionamiento de que es objeto su partido político, en cabeza de sus más altos dirigentes.

Guardadas las proporciones, y a pesar de la gravedad de la epidemia del coronavirus en el país, no es este uno de los peores momentos que hallamos vivido: no supera el drama de un dilatado conflicto armado que suma más de sesenta años de horror, con miles y miles de víctimas en todos los órdenes.

Tampoco debemos permitir que se utilice como un comodín para tratar de imponer las reformas que están impulsando algunos gremios económicos, y cuya materialización traerá más miseria y pobreza. La reforma pensional, el trabajo por horas en contra de la estabilidad laboral y la pérdida de conquistas significativas que por años han logrado los trabajadores, se quieren presentar como altos costos laborales que es preciso desmontar. La lucha contra la corrupción debe continuar en los niveles que se traían y la #Ñeñevirus no puede parar hasta culminar con todas las investigaciones pertinentes.

Estoy seguro de que las medidas adoptadas para combatir la pandemia serán efectivas, lo que no me atrevo a afirmar es que pase lo mismo con las reivindicaciones sociales de la clase trabajadora.

FRACTURA AMBIENTAL

2020-03-07T14:39:00.000-05:00

SIN RODEOS

Fractura ambiental

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

twitter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

¿Observaremos impasibles cómo se tragan nuestras riquezas naturales? ¿Estaremos a la altura de los movimientos sociales que han detenido el fracking?

En otros comentarios ha sido vehemente mi oposición al método de fracturación hidráulica (fracking) por sus nefastas consecuencias sobre los recursos naturales, concretamente sobre las reservas de agua, que la naturaleza ha depositado en el subsuelo para usufructo de la humanidad.

Pero mediante decreto, el Gobierno Nacional autorizó el uso de esta técnica en proyectos piloto, concretamente en el Magdalena Medio. Según el periódico Portafolio, en su edición del 4 de marzo pasado, cada iniciativa tendrá que contar con licencia ambiental y se ejecutará solo con fines investigativos y de naturaleza científica.

Desde hace un tiempo muchas organizaciones ambientalistas, movimientos sociales y países han rechazado esta práctica; sugieren enfatizar en las energías renovables e incentivar la investigación, la ciencia y la tecnología, para hacer la transición necesaria que asegure el cuidado del medio ambiente, mientras se protege el mayor de los recursos: el agua. Entidades de renombre mundial han impulsado una campaña para que se suspenda el fracking hasta que haya suficiente conciencia de que su uso no genera afectación de ningún tipo.

Advierten, además, que esta técnica genera impactos ambientales y sociales, que incluyen la contaminación y pérdida de recursos hídricos, emisión de gases efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad e incremento de la sismicidad, entre otros. Solicitan, finalmente, que se prohíba esta práctica y se adopten medidas protectoras para la salud pública y/o el ambiente.

Así que se contraponen la propuesta del Gobierno Nacional que primero quiere hacer la investigación con casos piloto, pero de todas maneras utilizando el fracking, y la de quienes sostenemos que la experimentación científica se puede hacer sin necesidad de acudir a los “planes piloto”, que asimilo a una bien orquestada distracción.

Ahora bien, en lugar de tomar medidas de fondo, el Consejo de Estado entregó a unos comités -cuyos miembros ven con buenos ojos esta técnica- la posibilidad de aprobar los resultados de los planes piloto. Pero desde ya algunos empresarios y gerentes de multinacionales hacen planes alegres para la utilización permanente del fracking, conscientes de que tendrá luz verde por parte del Gobierno nacional y de algunas instituciones gremiales y académicas.

Pienso que estamos ante un creciente desarrollo de ese capitalismo salvaje que creíamos en vía de extinción, y al que se suman, por ejemplo, la ley de financiamiento, las propuestas de reforma pensional y laboral, el otorgamiento generoso de licencias ambientales que atentan contra grandes reservas forestales… Demostración de que estamos en el Gobierno de los grandes empresarios y multinacionales, obsesionados con la acumulación de riqueza. Me pregunto: ¿seguiremos observando impasibles cómo se tragan nuestras riquezas naturales? ¿estaremos a la altura de los movimientos sociales y democráticos que han logrado detener este monstruo del capitalismo?

Nota: En campaña electoral el presidente, Iván Duque, sostuvo que un posible gobierno de él no se utilizaría la técnica del Fracking, pero el cambio de postura se sabe que es parte de la compensación a los que financiaron su campaña.

REVITALIZAR LAS MARCHAS

2020-02-19T10:18:00.002-05:00

SIN RODEOS

Revitalizar las marchas

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: fajardolan@une.net.co

twitter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

Limitaciones de la movilidad y otras molestias para el ciudadano, son inherentes a los objetivos de una marcha, que no se logran si la limitan o reglamentan.

“Si la gente protesta en las calles, algo estamos haciendo mal: David Bojanini” saliente presidente del Grupo Sura

Las justas marchas y movilizaciones, incluido el paro nacional, demandan ahora un cuidadoso e integral análisis por parte de sus promotores. Considero que estas expresiones que protagonizan vastos sectores de trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas, colectivos de mujeres, víctimas del conflicto y otros, están plenamente justificadas y entrañan profundas raíces de lucha por su consolidación, y como parte del proceso de fortalecimiento democrático del país.

Pero también es cierto que la presencia en ellas de vándalos y encapuchados propician el caos y la violencia, al atacar el comercio, destruir la infraestructura en general y arremeter contra la fuerza pública y las personas. Este fenómeno se ha convertido en su mayor enemigo; además, son el referente que utilizan el Gobierno y los opositores a las marchas para tratar de deslegitimar sus objetivos.

Muchas personas que simpatizan con este ejercicio de protesta social y que incluso se han movilizado entusiastas, empiezan a preocuparse con el accionar violento de sujetos encapuchados o temen volver a las calles, pues les indigna pensar que terminarán compartiendo con tales desadaptados.

Considero que se requiere mayor firmeza por parte de los organizadores del paro nacional, o de cualquier otro tipo de protesta, para lograr que los manifestantes rechacen con firmeza la presencia de estos sujetos, les hagan saber que no los representan, y presionen su salida de dichas marchas.

Pero también hay que precisar que las movilizaciones ciudadanas, por muy pacíficas y organizadas que transcurran, no dejan de restringir los derechos de ciudadanos no participantes. Las limitaciones de la movilidad, el agite de banderas y pancartas, la verbalización de la rabia ante decisiones del Gobierno que causan enojo general, la toma de sitios claves y su apropiación por los marchantes para darle cuerpo a la protesta, son realidades que están intrínsecas en los objetivos de un paro, y por tanto no admiten limitaciones ni reglamentaciones, que obstruyan el efecto buscado.

Los excesos que en sus actuaciones se atribuyen a los escuadrones móviles antidisturbios (ESMAD) no pueden justificar las acciones violentas y anarquistas de sujetos encapuchados. Su presencia nos debe incitar al apoyo integral a los protocolos que impulsan algunos alcaldes para su utilización como fuerza de choque y para la prevención, en caso de presentarse disturbios más allá de los propósitos del paro o la protesta, como lo están proponiendo los mandatarios de las ciudades de Bogotá y Medellín.

Por eso al alcalde Daniel Quintero se le debe apoyar en su política integral de convivencia, seguridad y paz, que busca potenciar la efectividad de los organismos de seguridad e inteligencia en la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones, al tiempo que se avanza en la consolidación de los planes de convivencia y paz locales, y en el reconocimiento de las organizaciones sociales comunitarias.

De allí la importancia de ofrecer respaldo al plan de trabajo del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio de Medellín, CONPAZ, entendido como una iniciativa que exige la más amplia representación de todos los sectores, gremios e instituciones, para que se convierta en un escenario que pueda producir resultados concretos en todos los rincones de la capital antioqueña.

En síntesis, la política integral que Medellín viene promocionando se fundamenta en el impulso decidido de este proceso del CONPAZ, de las mesas ambientales de las comunas, de los procesos democráticos de participación ciudadana, del apoyo a las víctimas del conflicto armado y de la lucha por esclarecer la verdad y la defensa de los derechos humanos. En esta tarea, de múltiples frentes sociales, debemos estar unidos todos los medellinenses y antioqueños, sin distinción alguna.

Nota: Ahora la extrema derecha nos sale con un comité antiparo que promociona la abolición del aborto, aún en los casos que autoriza la Corte Constitucional y otras iniciativas ya negadas por el Congreso y los ciudadanos. De allí que los verdaderos promotores del Paro Nacional no pueden perder la iniciativa.

MEMORIA MANIPULADA

2020-02-07T14:36:00.001-05:00

SIN RODEOS

Memoria manipulada

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: fajardolan@une.net.co

twitter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

La grave sanción al Centro de Memoria Histórica recae también sobre el Gobierno nacional, para sumar al sorprendente cúmulo de desaciertos en el manejo de las relaciones internacionales.

No es creíble que Rubén Darío Acevedo, el flamante director del Centro de Memoria Histórica, desconociera la membresía de la red de memoria más importante del globo y fundamental para el trabajo de esa institución en Colombia. Su apatía nos dejó, como país, por fuera de un escenario de las connotaciones de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

En entrevista al diario El Tiempo, el pasado 4 de febrero, el señor Acevedo señala que nunca actuó de mala fe; que se trató de un error que pronto se enmendará, y agrega que él siempre ha reconocido el conflicto. La realidad es que muchos estudiosos del tema e investigadores saben que desde que llegó al Centro de Memoria ha orientado sus esfuerzos a desmontar los avances alcanzados en ese campo para esclarecer los hechos que han marcado los más de 50 años del conflicto armado que soporta el país.

El despido de una buena cantidad de funcionarios que hicieron importantes aportes a los procesos que apuntan a la consolidación del Centro de Memoria, al igual que el ataque a los excelentes resultados entregados por la administración anterior, demuestran cuál es el espíritu que anima su gestión: amañar los hechos a la verdad que quiere imponer la derecha, para de paso exonerar de culpa a muchos terceros responsables.

Su tozuda negación de la existencia de los falsos positivos, de las responsabilidades de la fuerza pública en estos y otros casos y la poca importancia que ha dado al accionar del paramilitarismo con gravísima afectación para infinidad de víctimas, perfilan al director como exponente de la ideología uribista más recalcitrante.

Reafirma esta faceta al pregonar que la entidad a su cargo debe hacer un giro en su enfoque y dedicarse más de lleno al problema de las víctimas entre la fuerza pública originado por ataques terroristas, como es el caso de las minas antipersona. Criterio válido, pero no a costa de esconder lo sucedido durante estos 50 años de conflicto armado, o dejando de lado a más de 8 millones de víctimas que esperan que se conozca la integralidad del conflicto y no solo aspectos aislados. Adoptar esta visión es asumir que las únicas víctimas son los militares y que lo demás hace parte del accionar terrorista. Acevedo sostiene que esta era una “desviación” que cargaba el Centro de Memoria Histórica.

Hago notar que esta grave sanción, proveniente de tan distinguida entidad internacional, recae sobre la institución, pero sobre todo sobre el Gobierno nacional, para sumar al sorprendente cúmulo de desaciertos cometido en el manejo de las relaciones internacionales. Además, se inscribe en la errónea estrategia del gobierno de Iván Duque de minimizar para desmontar los acuerdos de paz, negando la existencia del conflicto armado. Debo recordar que el señor Acevedo viene de prácticas extremas de la izquierda, pero luego adhirió a la extrema derecha para combatir con todas sus fuerzas a quienes otrora representó: ¿típico arrepentimiento del pasado, que busca borrar de tajo, sin importar lo que arrastre en su afán de denigrar? ¡¡De Pronto lo expulsan del CD por derechista!!

Como lo he sostenido en este espacio, lo sucedido con el Centro de Memoria bajo la dirección de Acevedo no es aislado, se relaciona con la pretensión del gobierno de desmontar o al menos menguar el poder de la JEP, maniobra que en buen momento hundió el Congreso de la República. Tampoco se puede desligar de la abrupta decisión de parar todos los desarrollos legislativos derivados de los acuerdos de paz y mucho menos la negación de las curules para las víctimas del conflicto armado, que muchos congresistas quieren hoy aprobar, revés que tanto ha conmovido a la comunidad internacional. Es decir, la estrategia del gobierno se viene derrumbando y la deviación de los objetivos del Centro de Memoria es otra maniobra, encomendada a Acevedo, para seguir golpeado la implementación de los acuerdos de paz.

Esta sanción internacional debería tener consecuencias que lleven a un cambio de rumbo en ese Centro. Viraje que también esperamos del presidente Duque en cuanto a su administración, que incluya la decisión de encarrilar el proceso para llevarlo a la construcción de la real memoria que el conflicto armado requiere. Que no prospere la visión infamante y politizada con la que hoy se pretende manejar la entidad.

BAJO CAUCA, ASEDIADO

2020-01-24T17:24:00.002-05:00

SIN RODEOS

Bajo Cauca, asediado

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: fajardolan@une.net.co

@JaimeFajardoLan

Entradilla:

Mineros artesanales y pescadores se quedaron sin ingresos; también los campesinos que erradican las matas de coca. Todos convertidos en potenciales miembros de grupos armados ilegales.

La muy minera, agrícola y ganadera subregión del Bajo Cauca es una de las nueve en las que se divide Antioquia. Está integrada por seis municipios: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza, y se extiende entre las serranías de Ayapel y San Lucas, sobre las cuenca de los ríos Cauca y Nechí. Estas mínimas referencias, para destacar la riqueza de ese territorio, potente atracción que hace ya muchos años incita una ofensiva violenta por parte de variadas expresiones armadas ilegales, incluidas las que sirven al narcotráfico. A ellas se suman serios problemas de corrupción que han llevado a la destitución y condena de otrora dignatarios de la región y líderes políticos, y que ahondan la desconfianza en la institucionalidad.

Deberían considerarse como una vergüenza nacional los asesinatos casi diarios, los desplazamientos, el incremento de la minería ilegal y el acoso a la artesanal, el auge del narcotráfico y de otras rentas ilegales. Panorama que ha llevado a muchos líderes de la región a alertar sobre esta crisis humanitaria sin precedentes. Para atenuarla, el Gobierno Nacional redoblará el esfuerzo de los organismos de policía y militares, hoy con más de 5.000 efectivos presentes en la subregión. Pero persiste la ausencia de resultados concretos.

Compartimos en parte las medidas adoptadas, pero saltan a la vista las dificultades: si estamos ante reciclados fenómenos de violencia estructural, ¿por qué no explorar una salida integral y definitiva? Las propuestas y acciones tienen un carácter cortoplacista, o al menos dejan de lado problemas acumulados en relación con equidad social, lucha contra la pobreza y la miseria, baja capacidad institucional para la resolución de conflictos, control territorial de los grupos ilegales, desplazamiento de las instituciones y alta carga de corrupción e impunidad con poca aplicabilidad de justicia.

Traemos a colación la investigación realizada por RCN radio, dirigida por el periodista Jairo Tarazona en marzo de 2019, y la de Camilo Pardo Quintero, los vaivenes de la violencia en el Bajo Cauca antioqueño, en la que varios de los entrevistados señalan aspectos que vale la pena recuperar: “Casi 400 homicidios del 2018 eran de jóvenes y más de 2.000 familias fueron desplazadas entre el 2017 y el 2019”. Además, agregan que: “La crisis de Hidroituango acabó la pesca, el barequeo, el balestreo (sic) y tienen en vilo las comunidades que están a la orilla del río Cauca, que antes temían que la represa fuese a reventar”. Estas expresiones no constituyen una negación del proyecto, pero contienen una gran carga de responsabilidad sobre lo que sucede en la región, debido a que muchos jóvenes, pescadores y campesinos fueron fácilmente atraídos por grupos ilegales, al perder o ver diezmados los recursos naturales, base de su sustento, por los efectos de la represa.

Así que a los problemas del narcotráfico y de variadas formas delincuenciales, se agrega este; que las autoridades dimensionen sus alcances y efectos sobre el Bajo Cauca, ya que ni ellas ni las EPM han respondido adecuadamente.

Por último, vale subrayar esta apreciación de los habitantes en las citadas entrevistas: “Los balesteros (sic), al igual que los mineros artesanales y pescadores, se quejan porque hoy no tienen ingresos”. Algo similar a lo que sucede con los campesinos dedicados a la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, a quienes el gobierno incumple con los dineros prometidos, ahondando la desconfianza en las instituciones y allanando su ingreso a las organizaciones ilegalmente armadas.

Para recuperar la vida institucional del Bajo Cauca, se requieren medidas de mucho fondo y no solo la presencia por unos días del mandatario de los colombianos. Una gobernanza más efectiva desde el territorio y con representación permanente de los otros niveles de gobierno.

COSTOSAS AUSENCIAS

2020-01-14T20:47:00.002-05:00

SIN RODEOS

Costosas ausencias

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com

twitter: @JaimeFajardoLan

Entradilla:

Estado no ocupa antiguos santuarios de Farc y peligran acuerdos de paz.

En términos de consolidación de la institucionalidad en los territorios donde perduró por tantos años el conflicto armado en Colombia es mucho lo que se ha perdido en los meses de gobierno del presidente Iván Duque.

En la campaña electoral que lo llevó al poder el presidente acogió la postura de los sectores más extremistas de su partido, en el sentido de buscar el desmonte de los acuerdos de paz. La argucia le funcionó, pues copió el modelo exitoso que aplicaron en el plebiscito que refrendaría el acuerdo de paz entre el Estado y las antiguas guerrillas de las Farc: lograr que los electores salieran berracos a votar no.

Pero ya como mandatario tuvo que admitir que el desmonte de los acuerdos no sería “pan comido”; entonces optó por la vía de reconocerlos a regañadientes, al tiempo que está soslayando sus componentes sustanciales, entre ellos el legislativo, que implementa parte de la agenda firmada con las Farc. Este punto de la negociación se quedó en el limbo; también resultaron negadas las 16 curules que debían ocupar las víctimas del conflicto en el Congreso. Otra táctica consistió en arreciar las críticas contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y en tratar de limitar sus alcances, principalmente en lo relacionado con el esclarecimiento de la verdad, la reparación y la no repetición. Es el capítulo de las famosas “objeciones”, que le significó una de las derrotas más significativas en el Congreso de la República.

Esta tragicomedia distrajo al gobierno de la urgencia de lanzar una gran ofensiva para ocupar los territorios que dejaban las Farc, convertidas ya en partido político. Por esa razón, todavía es posible identificar zonas sin presencia integral de la institucionalidad, mientras actores ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, los Caparros, las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales al servicio del narcotráfico se hicieron fuertes en ellas, aprovechando el descuido del Estado. Que este siga ausente o que haya llegado tarde es proceder coincidente con la postura del gobierno frente a los acuerdos de paz: si no cree en el proceso, menos va a creer que se concretó una desmovilización, una entrega de armas y el consecuente desalojo de territorios.

Entonces impusieron su ley y su violencia otros grupos que continúan en el conflicto, o al servicio del narcotráfico, y aparecen nuevos niveles de una confrontación que habíamos superado con la firma de los acuerdos; pero todo parece indicar que el gobierno no se da por enterado. Desde hace meses se hablaba de las amenazas y riesgos que rondaban sobre Bojayá y otras zonas del Chocó, pero solo cuando hubo líderes asesinados y graves amenazas contra la población civil, el gobierno se pellizcó, envió delegados y ordenó la intervención de las FF. AA. Decisión tardía, con consecuencias altamente peligrosas para esas comunidades.

Igual panorama se presenta en otros rincones del país: en Tumaco, en el Catatumbo, en la Guajira, en el Urabá, en el Huila, en diferentes zonas del sur y el Bajo Cauca antioqueño, sin que las medidas tomadas se traduzcan en derrotas para los actores armados ilegales.

Pero además del cicatero compromiso con los acuerdos de paz, debe enfrentar problemas como la poca credibilidad de sectores sociales, de las zonas que más han padecido el conflicto, en la Fuerza Pública y por ende las dificultades que implican los casos probados de corrupción, de chuzadas y vínculos de algunos de sus integrantes con sectores del narcotráfico y de la delincuencia en general. Estos factores no le permiten conseguir el apoyo que se requiere entre la población; inclusive en las zonas de mayor conflicto perviven las denuncias de violación de los derechos humanos y el resurgir de los llamados falsos positivos, como también el regreso del paramilitarismo auspiciado por ganaderos, empresarios y algunos militares, como ya lo han señalado los medios de comunicación y la población desplazada, consecuencia de este desmadre.

Es urgente que el gobierno rectifique su actitud. Además, no debe dejar que esto solo se resuelva con la continuidad del nuevo paro nacional que ya tiene fecha acordada; debe fortalecer la presencia de las comunidades en la solución de los problemas y dejar la distracción que representa la llamada conversación nacional, cuando resulta urgente entrar a concretar negociaciones con la coordinadora del paro y dejar de buscar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales solo entre los grupos ilegales, tratando de salvar la responsabilidad que tienen los grandes usurpadores de tierras, la extrema derecha del país y los nuevos impulsores intelectuales del paramilitarismo.

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