¿Y el debate público?

2008-09-15T15:39:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Lunes, 15 de Setiembre del 2008

Por EduardoZegarra M. Grade

Hace unas semanas el Gobierno estuvo a punto de promulgar un reglamento que proponía el Ministerio de Agricultura para 'regular' el ingreso de semillas transgénicas al Perú en medio de una creciente oposición de consumidores, ambientalistas y gremios de agricultores y exportadores que temen perder mercado en productos orgánicos. Debe incluirse la propia oposición del ministro Antonio Brack. Se supo que el presidente ordenó el inicio de un debate público y someter cualquier nueva norma a publicación para su debate.

Hasta la fecha no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Los sectores responsables no han iniciado un debate del tema.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y el INIA no se han dignado poner en conocimiento público su propuesta de reglamento, aumentado la desconfianza ciudadana con la simple pregunta: ¿qué quieren ocultar?

Iniciar el debate nacional es urgente, y es una tarea que debe impulsar el propio Gobierno. Planteo algunas preguntas a encarar.

En primer lugar, debemos discutir sobre la autoridad pública que debe regular la entrada de semillas transgénicas al Perú. Actualmente, un reglamento dice que dicha autoridad es el INIA, pero cuando se aprobó ese reglamento no existía un Ministerio del Ambiente con atribuciones de protección de la biodiversidad. Igualmente, los gobiernos regionales son actores imprescindibles en un esquema de regulación de la producción transgénica, ya que esta se realizaría en sus territorios.

Un segundo tema que ya está en la agenda del Congreso es el del etiquetado de alimentos con contenido transgénico. Esta medida es una demanda de los consumidores que tienen derecho a estar informados sobre atributos importantes de lo que consumen. Algunos plantean que el etiquetado haría subir los precios de los alimentos (incluso plantean cifras de hasta 30% sin mayor sustento).

Es cierto que requerimientos de etiquetado implican costos, pero lo es también que existen derechos de los consumidores que deben ser respetados, como lo son en países desarrollados, ¿y nosotros no?

Lo que habría que plantear es una política de regulación y etiquetado de los alimentos que se vaya desarrollando en etapas. Se puede iniciar con un etiquetado simple que advierta a los consumidores que el producto utiliza insumos importados de países productores de transgénicos. Luego se puede pasar a una etapa con certificación de la presencia transgénica específica en algunos alimentos importantes.

Finalmente, debe ser parte del debate una norma que declare la moratoria de cinco años para la entrada de semillas transgénicas para la producción interna en el Perú. Ya varios países europeos han optado por esta vía que nos permitiría tener un tiempo razonable para definir e implementar una estructura de autoridades y regulaciones en la materia, y preparar adecuadamente a nuestros técnicos y profesionales especializados.

Lo ideal es que los investigadores peruanos en ingeniería genética sí puedan desarrollar sus investigaciones, pero con un adecuado marco de bioseguridad. En este tema no es inteligente el libre mercado a cualquier costo, como el que impulsan los lobbies dentro del Ministerio de Agricultura. Requerimos reglas e instituciones que eviten a toda costa cualquier posible pérdida de biodiversidad en un país que puede y debe obtener mayores beneficios de este crucial recurso.

Transgénicos y errática Cancillería

2008-06-16T12:13:00.000-07:00

Artículo publicado en La República, Sábado 14 de Junio del 2008

Por Eduardo Zegarra

Hace unos meses diversos articulistas señalaron su preocupación por una misteriosa reunión entre el presidente García y un alto representante de la transnacional Monsanto, principal productora mundial de semillas genéticamente modificadas (transgénicos), empresa de enorme poder y agenda propia para utilizar a países en desarrollo dentro de sus propósitos globales expansivos.

En dicha oportunidad, creo que nadie imaginaba que el gobierno llegaría tan lejos en la adopción no solo del discurso de dicha transnacional, sino en convertirnos prácticamente en su representante en los foros internacionales.

La imagen no puede ser más elocuente. Mientras en Lima el Presidente recibía a decenas de jefes de Estado y de gobierno de A. Latina y Europa y se jactaba de que el Perú iniciaba una nueva etapa de mayor sensibilidad ambiental con la creación del Ministerio del Ambiente; en Bonn, Alemania, la delegación peruana en el foro mundial de bioseguridad se encargaba de bloquear la iniciativa de 140 países por tener un artículo en la norma internacional que haga que las empresas productoras de transgénicos sean corresponsables por posibles daños y perjuicios de sus productos. Obviamente, este artículo chocaba frontalmente con los intereses de empresas como Monsanto, y he allí que nuestro país ha jugado el triste papel de defender directamente los intereses de esta empresa.

A esta altura nos preguntamos si el presidente García es consciente de estos hechos y si nuestra Cancillería, Mincetur y CONAM (o el flamante Ministerio del Ambiente) realmente saben lo que hacen en temas tan delicados y críticos para nuestro desarrollo futuro. El Perú es uno de los países que más podrían ser afectados por una entrada masiva de semillas transgénicas por motivos bastante obvios: los cultivos transgénicos pueden tener efectos devastadores en la biodiversidad en ecosistemas complejos como el nuestro. No solo eso, nuestra posibilidad de exportar productos orgánicos y libre de transgénicos a Europa y Japón se vería inmediatamente amenazada, poniendo en riesgo nada menos que al 70% de nuestras exportaciones agrícolas actuales y futuras. Es por esto inaudito lo que ha ocurrido en Bonn con una delegación peruana en la cual el Ministro de Agricultura infiltró a Alexander Grobman, un directo representante de los intereses de las compañías productoras de transgénicos en el Perú y quien se arrogó la representación de todo un país pero en defensa de intereses que poco tienen que ver con los nuestros. Este es un tema no solo para el Congreso, que debería investigar el evidente tráfico de influencias en el Ministerio de Agricultura, sino para nuestros exportadores agrarios y productores orgánicos que podrían ser gravemente perjudicados por decisiones ligadas a intereses de empresas transnacionales que quieren carta libre, cero regulación y nula responsabilidad por daños y perjuicios. Lamentable papelón de nuestra Cancillería que les debe una explicación muy clara a los peruanos y peruanas que esperábamos más de ella en un foro tan importante.