Juanalberto SM

La inconsciencia militarista en Colombia

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 20 Jan 2012 16:44:00 +0000

Por: Juan Alberto Sanchez Marin.

"Muy doloroso que luego de décadas y siglos de heroicidades infundadas a nuestros lugareños les sea tan difícil discernir si sienten miedo de que su Ejército se haya ido y ellos hayan quedado a merced de los bandidos, o si lo sienten porque los uniformados siguen ahí".

En la antigua Grecia, una polis, Esparta, fundamentó su vida y desarrollo en el poderío militar. Desde la infancia y casi hasta la tumba, todo espartano estaba vinculado con el estamento y su vida en el ejército activo superaba los cuarenta años. Lo castrense no era parte del ambiente: era el aire que se respiraba. La otra polis poderosa, Atenas, aun inmersa en un contexto de formación e impulso militar, por el contrario, basó su adelanto en alcanzar la plenitud intelectual. Sin el militarismo que distinguió a Esparta, Atenas fue la polis que llegó a ser el corazón de Grecia y el pilar de ese aglomerado amorfo de naciones que conocemos como la “Civilización Occidental”.

Esta es sólo la referencia de una historia plagada de naciones cuyo devenir se ha instituido en la hegemonía de la esfera militar, en contraste con otras que han apostado su futuro a propósitos menos afrentosos. Gracias a las armas se han extendido territorios, saqueado riquezas o sojuzgado pueblos, pero jamás avanzado en la lucidez o conquistado la perdurabilidad, esa acción del pensamiento y la memoria que inicia justo donde concluyen las trayectorias de las balas. Ni siquiera Napoleón, guerrero portador de las ideas libertarias de la Revolución Francesa, consiguió inculcárselas a sangre y fuego a los españoles. Un sueño de la razón que les produjo tantos monstruos, muchos de los cuales todavía amedrentan.

Desde los tiempos de los ejércitos Comunero y Libertador, las distintas Fuerzas Militares colombianas, con los nombres que se quiera, por la defensa del territorio no han actuado más que en dos guerras absurdas, ambas contra Perú, en 1828, en los tiempos de la efímera Gran Colombia, y poco más de cien años después, en 1932. Una guerra, la primera, se perdió, y la otra también, aunque en los papeles y las actas protocolarias figure lo contrario. Y eso que nos salvó el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro, el controvertido presidente peruano de facto y de iure, ocurrido cuando pasaba revista a las cuantiosas tropas que iba a movilizar. También podrían nombrarse, claro está, las olvidadas escaramuzas de 1911, en La Pradera, un conflicto, también y por supuesto, con el Perú, en el que sólo ganó la selva.

El resto del tiempo, que es toda la vida republicana y todo el tiempo a la hora de la verdad, nuestras Fuerzas Armadas no han hecho otra cosa que participar sin tregua en la refriega interna y eterna que es este país, especializándose en el destripamiento de compatriotas e inventando maneras para disimularlo o negarlo.

O poniendo peones en el tablero de guerras ajenas y lejanas, como la de Corea, adonde Colombia fue el único país de habla hispana que acudió presto al estropicio aportando más de cuatro mil combatientes, con el obvio resultado de muchos caídos y dejando regados cientos de veteranos lunáticos que pocas veces fueron otra cosa que muertos en vida para la patria que los timó. Nada nuevo, la verdad: Un montón de cargabultos que apostaron las entrañas para no morirse de hambre en la propia tierra de nacimiento, cuyo sueño se volvió pesadilla (1).

La realidad dura e inmadura

Nuestro glorioso ejército contó con la mayor parte del siglo XIX para despellejarse a bayonetazos y a sablazo limpio. Y con el XX y lo que va del XXI para profesionalizarse y modernizarse, si por estos conceptos entendemos las zancadas en las zonas más limítrofes de la barbarie. O sea, la mayor capacidad para pulverizar con fuego tipo¬ Nintendo, aviones fantasma que esparcen racimos de bombas y obuses remolcados bajo el brazo a unas guerrillas conformadas por campesinos que, al igual que la prole de los sucesivos ejércitos nacionales, han sido proveídas no más que por almas compradas a huevo por el diablo gracias a la creciente pobreza patria.

El adversario no está en el corazón, de seguro, pero va metiéndose por los lemas mañaneros, las consignas que son órdenes, las bajas enemigas recompensadas, y por la propia imaginación menguada, adiestrada, que ya no da para mucho más.

Una tropa llena de venenos propios y ajenos, que entre sofismas y obsesiones extrañas encubre su auténtico cometido de muerte: Lucha contra las drogas, terrorismo. Delirios trazados afuera, sobre las mesas del Pentágono o el escritorio de Rumsfeld, en esquemas de expansión que nuestros dirigentes replican como suyos. Dueños de todo y todos: de las tierras, de las inversiones, de los ingentes recursos gracias a los cuales pueden darse el lujo de tener a los militares de este país como asalariados.

Los Estados Unidos aportan recursos para esa guerra y cooperan con dólares que pronto se llevan sus propios mercenarios, ahora llamados contratistas. No son ayudas, sino inversiones, útiles para el dominio económico y geopolítico de la región.

Declara el portal “Just the Facts” que “el auxilio” estadounidense a los militares y los policías colombianos llegó a US$6,893,876,034, entre los años 1996 y 2011 (2), y, según un grupo de congresistas demócratas estadounidenses, en carta al Presidente Obama, entre los años fiscos de 2000 y 2008, su país entregó más de $6 mil millones de dólares en asistencia militar y no militar a Colombia, como parte de Plan Colombia, un caudal que se usó para todo menos para los propósitos divulgados de la lucha contra las drogas (3).

El gringo de a pie, “the average man” de Whitman, abulta con sus tributaciones los bolsillos de sus compatriotas corporativos. El resultado de su plata se vuelve hambre a miles de kilómetros de sus fronteras, asperjándose como glifosato si hay suerte o hundiéndose como munición en cuerpos que no atañen. Y todos ganan, por lo menos los que importan: Dyncorp Aerospace Technologies, uno de los contratistas militares más grandes del mundo, nutrida de mercenarios de la Delta Force y veteranos de todas las guerras de saqueo; Lockheed Martin Corporation, otro de los contratistas militares más grandes del mundo, con sus artilugios de guerra global; o Raytheon Corporation, el mayor productor de misiles guiados del mundo; o Telford Aviation, Arinc, DRS Tamsco, Bechtel, OLGOONIK, MAN TECH, ITT y un largo etcétera que a ratos dio el “salto estratégico” (un contrato quizás por disimulo después rebautizado como Plan Nacional de Consolidación) a firmas de ex militares y mercenarios israelís, entre ellas Global CST, del amigo del presidente Santos, el general retirado Yisrael Ziv, como lo certifican los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks (4).

En una sociedad famélica, los militares cuentan con la gracia cuasi divina de prerrogativas superiores y perpetuas. A cambio, hay que defender al mejor postor, poner el pecho por el cabecilla, escoltar al pujante. Hacerlo supone creerse el cuento del “intercambio de inteligencia” con los superiores gringos o asumir sin empacho el papel de correveidile e informante febril, cuestión de la que mucho sabe el Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, por algo el mejor policía del mundo y no de gratis vicepresidente para las Américas de Interpol, esa Santa Hermandad instituida no por las Cortes de Madrigal sino por Washington. A veces, exige marchar al compás de los “remosados” colegas israelíes del Mosad, de pronto aliarse incluso con delincuentes muy menos glamurosos. Y muy menos temidos que rogados, diría Quevedo (5).

Entonces, en el abominable empeño de aniquilar y en el aún más execrable de ganar, la vida, que por humanidad y mandato constitucional se debería defender, se hace cada vez más ligera y ambigua. Hasta que el enemigo está en todas partes y la existencia de cualquier conciudadano del montón empieza a significar para el soldado lo mismo que vale para la honorable institución y sus mentores extranjeros: Nada.

Ni falsos ni positivos: Asesinatos y ejecuciones

Los militares, de tal modo, sin fronteras que defender y sin los tantos enemigos anunciados cruzando por las miras de los fusiles, en el contexto de farsas y sainetes que es la cotidianidad nativa, optan por la eliminación de indigentes, muchachos, agricultores, desempleados, menesterosos de todas partes, y los presentan como trofeos de guerra arrebatados a las guerrillas de las FARC o el ELN. Sus cabezas cuelgan en la trastienda de una sociedad que no quiere saber nada de nada de los suyos (ni de sí misma, por lo tanto), crasamente seducida por la voracidad mediática y apropiadamente regida por ciertas perversidades oficiales, gubernamentales.

Los asesinatos cobardes y premeditados que fueron llevados a cabo por los militares, muestra un informe reciente del CINEP, alcanzan las 1742 víctimas en 27 años (6), pero, según la propia Fiscalía, se aproximan a tres mil, con 3963 uniformados sindicados. Otras investigaciones documentan una cifra mayor de víctimas y hay quienes sostienen que los crímenes rondan los cinco mil. Sea el dato que sea, por menor que hubiera sido, aunque no lo fue, la materia no es sólo de cantidades. Jamás fueron números: eran personas, colombianos con las sublimes culpas de ser anónimos o de querer dejar de serlo.

Fueron cazados en los campos o embaucados en los cinturones de miseria de las ciudades, en una serie de maniobras desarrolladas en tantas guarniciones de distintos municipios de varios departamentos, que a fuerza de repetirse y afinarse terminó siendo una operación sistemática, corrompidamente exquisita. Es cierto que el invento no inició con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como lo han dado a conocer las distintas investigaciones, pero fue durante esos ocho años infernales que la práctica alcanzó mayor apogeo.

Y que la impunidad también se consolidó en niveles alarmantes, casi absolutos. Según un informe de 2010 del relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, la impunidad en el país abarcaba en la fecha el 98,5 por ciento de los casos (7 y 8).

Desde aquellos días, los talantes han cambiado, pero pareciera que sólo para que lo restante siga intacto o peor. Puede ser verdad que las ejecuciones extrajudiciales han disminuido. Pero no lo es que se acabaron, como aseguró Juan Manuel Santos con jactancia en los tiempos de candidato a los cándidos electores: “Los acabé yo con el apoyo del presidente Uribe y del Comandante General de las Fuerzas Militares. Desde octubre de 2008 no ha vuelto a haber un solo falso positivo” (9). Claro que no ha habido un solitario falso positivo. Hubo nueve, y apenas en su primer año, entre noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 (10).

Pudiera ser que fuera cierto lo sostenido por el Centro de Seguridad Democrática de la Universidad Sergio Arboleda, que lidera el frenético uribista Alfredo Rangel, en el sentido de que los militares sientan que hay “inseguridad jurídica”, o que hayan terminado creyéndose su propia patraña de que “falta un marco jurídico definido para afrontar este conflicto político-militar”, como lo opinó el general Alejandro Navas, comandante de las FFMM (11). Pero no lo es ni de broma que la impunidad haya cedido.

Por el contrario, lo que se advierte es la tentativa del gobierno para garantizarla, moviendo en el Congreso proyectos como el de “Marco para la paz” (12), una calza a la medida del senador Roy Barreras, que semeja un coladero de crímenes fabricado con la excusa de que se avecina la paz y que habla de guerrilleros pero apunta a militares. El proyecto de “Defensa Técnica” (13), producto de la paranoia jurídica de Uribe, gracias al cual seremos los contribuyentes quienes financiemos los abogados defensores de militares, en instancias nacionales e insólitamente en las internacionales, y el de la “Reforma a la Justicia” (14), algunos de cuyos acápites y “micos” no aspiran sino a fortificar la Justicia Penal Militar, en detrimento de la Ordinaria, para la cual no hay plata ni ganas.

Ya un paso grande, en este sentido, se dio con la reforma del Código Penal Militar, que crea una estructura burocrática que es un armazón paralelo de la Justicia, con figuras nuevas como el Fiscal General Militar, los Jueces Penales Militares de Control de Garantías, de Ejecución de Penas y el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, y el reforzamiento de otras, como el Tribunal Penal Militar.

Otro desagüe de recursos a favor del estamento, con los militares investigados en mente. Ad portas de que muchos se sazonen en la salsa agria de sus actos, la meta es lograr la presunción constitucional de que las violaciones a los Derechos Humanos son un acto de servicio y obedecen a una orden de operaciones. No es otra cosa la reforma al artículo 221 de la Constitución, radicada por el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, cuando rezonga que “en todo caso, se presume la relación con el servicio de las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública”. Y no se queda ahí: “Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la justicia penal militar y policial” (15). Dicho de otro modo, un naciente ardid para que las familias de las víctimas acaben de joderse y los militares condenados salgan de los casinos de oficiales de los Cantones o del club Tolemaida Resort (Centro de Reclusión Militar) hacia sus casas, o, peor aún, para que se remocen en la simulada condición de héroes vilipendiados.

Aunque se infrinjan de frente los tratados internacionales que el país ha firmado y ratificado y que lo comprometen con la investigación seria de las graves violaciones a los Derechos Humanos. Porque, en el discurso imperante, ¿qué pueden ser las jurisprudencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Civiles y Políticos, o del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si no el producto de la oscura maquinación de ONG’s y de terroristas?

Nueva cúpula militar. De izquierda a derecha, Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa; Juan Manuel Santos, presidente de Colombia; general Oscar Naranjo, Director de la Policía Nacional, y general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares.

La ampliación del desafuero militar

Es que no pueden estar satisfechos los militares con tal impunidad reinante. Fuerza es que sea completa y para ello resta aquel azaroso 1,5%, que hoy tiene presos a generales como Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en las desapariciones de once personas durante la toma del Palacio de Justicia; coroneles como Plazas Vega, sentenciado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada también en los hechos del Palacio de Justicia, y enredados a otros, como el general Jorge Enrique Mora Rangel por sus nexos de vieja data con los paramilitares. Y muchos otros.

La comisión de delitos de lesa humanidad no es, pues, suficiente para justificar la reprensión a los militares, ni siquiera bajo el impúdico sistema de privilegios que los escuda. Más bien pareciera que tales acciones atroces ameritan estímulos, para que la moral del estamento no se debilite ni su avidez tambalee. Porque, al decir de algunos más cínicos, las tropas “llevan un buen tiempo sintiéndose maniatadas para obrar frente al enemigo” (16).

1.5% que viene a suplir la ampliación del fuero militar, objetivo hacia el que los militares han enfocado sus recientes esfuerzos, su maquinaria, su influencia y su incuestionable capacidad de presión, coacción y chantaje. El Congreso vota a favor y rebota. El gobierno apuesta por las tropas del Averno. La Justicia se pifia. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, compensa a todos con encomios por los medios. Agradecerá y veremos.

Porque la pretendida ampliación del fuero militar es un mecanismo más en la desesperada búsqueda de sustraerse a la Justicia ordinaria: Es la exigencia de la justicia amañada. No porque los jueces puedan conocer los temas del intríngulis de las operaciones militares y policiales, que suena bien y es constitucionalmente válido, sino porque en instituciones como la militar o la policial el espíritu de cuerpo no es asunto de menor cuantía. Con tal poder y tan requerida y experimentada complicidad, fácil pasa el fuero del servicio y las acciones para cumplirlo al miembro en sí mismo considerado.

Como en el caso del subteniente Raúl Muñoz, acusado de la violación de dos niñas y el asesinato de tres en Tame, Arauca, proceso donde la institución ha puesto en marcha o avalado toda clase de entorpecimientos, inventado testigos dudosos, desmovilizados o integrantes del propio Ejército, que bien pueden ser cómplices, y que el espíritu de cuerpo ni siquiera dejó bajo custodia de la Fiscalía, sino a buen recaudo de la Brigada 18 del Ejército. Otro inocente cuyo ADN fue hallado por Medicina Legal en una de las víctimas (17).

Aunque el crimen va más allá del imputado y de lo aceptado, pues resulta obvia la participación de más uniformados en los hechos, como alegan los familiares de las víctimas, más de un año después la estrategia ha funcionado y las maniobras dilatorias tienen riendo a los malhechores y aterrorizada a la comunidad. ¡Y eso sin siquiera ampliar el fuero militar!

Apenas con el manto de la Defensoría Militar Integral, DEMIL, una ONG que agrupa a la misma cúpula militar y que asusta más que cualquiera de las tantas mafias que tenemos por doquier, experta en lograr preclusiones por vencimiento de términos o buscar la anulación de procedimientos que benefician las investigaciones corrientes (18). A Demil le fastidia la Justicia, pero aboga por la ley: La ley de los más fuertes.

Este es un caso depravado, que tiene encima amenazados y desplazados, y la muerte de la jueza Gloria Constanza Gaona, una mujer que se negó a poner la balanza de la Justicia del lado de los asesinos. La misma jueza que unos días antes se atrevió a expresar que la defensa llevada a cabo por la abogada de Demil fue "temeraria, desleal e irrespetuosa" con las víctimas y con el aparato judicial (El Espectador, 24-03-11), como citó la periodista Laura Gil (19).

En un país en el que todo límite es borroso, alterable e interpretable por el leguleyo al antojo del poderoso, ¿dónde iniciarán o terminarán los casos típicos de las llamadas operaciones legítimas de carácter militar o policial? Lo sabemos de sobra: en cualquier parte, siempre y cuando las coordenadas impidan el mínimo castigo. Ni actuaciones ni procesos remitidos, ni más altos mandos embrollados. Las alteraciones a la Justicia no son un recurso para que los abusos de la Fuerza Pública no se repitan, sino para que prosigan sin alharaca ni tropiezos.

En el fondo, una abolición más de los preceptos esenciales de la Constitución de 1991. De modo parecido al que avanza el socio Obama en la revocación de la Constitución estadounidense, que tiene más de doscientos años, con iniciativas que ya no tienen vuelta atrás, como la Ley de Autorización de la Seguridad Nacional, quiere Santos deshacer la nuestra, que apenas tiene veinte, a través de una retórica que viste de oveja al lobo.

Los héroes desheredados

“Nuestros militares no saben qué normas son las que se utilizan en el contexto de la guerra. A ellos les enseñaron a combatir a las guerrillas más antiguas, más peligrosas y que más se reinventan, como si estuvieran combatiendo en Suecia" (20). Este coronel (r) Torres Dávila pronuncia lo que otros militares menos brutos callan, pero comparten, y que otros aún más cerriles camuflan con eufemismos pavosos y pavorosa oratoria. Sobre Derechos que no se entienden, Humanos que para qué se atienden. Son así nuestros heroicos forjadores de héroes, qué se le va a hacer.

A raíz del asesinato de los jóvenes de la localidad de Soacha, cerca de Bogotá, y ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares expidieron una providencia que se conoció como las “15 Medidas”, a fines de 2008, elaboradas para fortalecer la protección de los Derechos Humanos (21).

Se trató de una serie de inservibles mecanismos de escritorio, de engominado ministro en confabulación con generales. Antes que beneficiar el respeto de los Derechos Humanos, estas medidas, junto a otras normas y directivas impuestas por las circunstancias y con idéntica excusa, como las directivas permanentes Nos. 10 y 19 de 2007 (22 y 23), no tienen otra pretensión que la de dejar en manos militares la determinación de cuáles casos van a la justicia ordinaria y cuáles no deben salir de la jurisdicción penal militar.

Las medidas no dieron ni dan risa, pero sí causa tristeza el hecho de que hombres con tanto mando mediante grageas tan espurias hubieran querido paliar tanta muerte. Así son los comandantes y su saga de ministros de arlequín: buenos para los comunicados de prensa, inigualables para otorgarle medallas y honores a nuestros héroes, qué se le va a hacer.

Exaltados héroes que, en medio del descompuesto conflicto colombiano, son los idiotas útiles, casi todos difuntos, más útiles entre más difuntos. Pequeños seres beligerantes a quienes su institución pretende hacer grandes mediante sacrificios vanos. Bagazos humanos que un sistema atroz desecha como si nada en medio de preces y discursos y órdenes al mérito.

Héroes que no son ni han sido tales. No lo fue nunca el férvido general Santander. Tampoco el coronel Aureliano Buendía, ni su arquetipo, el general Rafael Uribe Uribe, incapaces ambos de librar a sus estirpes de la condena a cien años de soledad, ni “empleando los fusiles destructores” en la práctica, ni “con las herramientas fecundas del trabajo” en la teoría.

Pudo ser héroe el general Bolívar. De ahí que, mientras por dentro crecía, sus contemporáneos lo asfixiaran y la historia se empeñara en desfigurarlo. O el “Chispero” capitán Ricaurte, que por eso en átomos volando voló en San Mateo. Los actuales héroes lo son de pacotilla, prefabricados por su ignorancia y consumados en la bestialidad.

Combatientes que actúan encabritados sobre un tablero peligroso en el que muchos terminan vinculados con desapariciones, desplazamiento de campesinos colombianos, afrocolombianos y de los pueblos indígenas. O con torturas. O con el asesinato de sindicalistas. O con puestas en escena tramposas, como la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana. O mangoneados con paramilitares para delinquir, adelantando u omitiendo procedimientos según la conveniencia, brindando apoyo e información, haciéndoles el favor o dejándoselo hacer.

Muy doloroso, en todo caso, que luego de décadas y siglos de heroicidades infundadas a nuestros lugareños les sea tan difícil discernir si sienten miedo de que su Ejército se haya ido y ellos hayan quedado a merced de los bandidos, o si lo sienten porque los uniformados siguen ahí.

Cara de plomo

Donde la guerra es consuetudinaria, la presencia de las armas se hace habitual y la de los guerreros necesaria. De ese modo es normal que nos zarandeen los huevos en alguna esquina o nos pongan patas arriba en cualquier parque. Los subfusiles Galil de pura cepa israelí apuntan con fiereza mientras el dragoneante de humilde origen esboza una fingida sonrisa en la cara de plomo.

El Ejército lleva brigadas de salud a indígenas y campesinos, remendadas con donaciones de ropa, sazonadas con mercados, acicaladas con espejitos, en Saravena, Catatumbo o Puerto Gaitán, o en Tolima, Huila, Boyacá, que abren paso a multinacionales voraces de petróleo, carbón u oro, y que son el preámbulo de desalojos, destierros y del desplazamiento de quienes incurren en la fechoría de estar asentados hace siglos o ser pequeños dueños hace años de tierras por donde cruza la tronante y tunante locomotora de los hidrocarburos y la minería.

Que no se absuelven el ralentí ni las trabas a la confianza inversionista, ese nombre técnico provincial para convalidar el saqueo transnacional. Nuestra democracia y su punta de lanza, nuestro Ejército y sus sabidos asociados, desalojan comunidades y poblaciones enteras y cobran con la vida la defensa de la identidad territorial indígena o de la pequeña propiedad privada campesina, que no han sido o no son menester a la propiedad privada de los grandes, las petroleras de todas partes: Cepsa, Arco, Petrobras, Pacific Rubiales Energy, Exxon, Shell, Chevron, BP - Amoco, Elf Aquitaine, Oxy, Maxus, Nomeco, Conoco, L.L. & E., Santa Fe Energy, Triton, Harken, Total, Repsol, Lasmo, PetroCanada, Canadian Petroleum, Sipetrol, San Jorge, Teikoku y Ampolex. O las carboneras europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American, la estadounidense Drummond, la suiza Glencore, las brasileras Vale Coal S.A. y EBX Brasil. O la descomunal anglo-australiana BHP Billinton, que da cuenta del ferroníquel. O la dueña de Acerías Paz del Río, la Votoratim Metais, también de Brasil. O las auríferas canadienses asociadas, Medoro Resources (con Juan Carlos Santos, el que todo lo compra con dinero, primo del presidente, como director corporativo) y Gran Colombia Gold. O sus compatriotas, la Barrick Gold y la Ventana Gold. O la sudafricana Anglo Gold Ashanti y su socia B2- Gold, entre muchísimas más.

Otros soldados, mano tiesa, pulgar alzado, saludan de manera mecánica en las carreteras a los conductores de los vehículos particulares, mientras metros adentro del monte sus compañeros de armas reparten metralla o culatazos a los paisanos pobres. Mensajes institucionales: Hasta la infamia tiene su lado afable y la conciencia se conduce más tranquila en la hipocresía.

La sociedad descansa en paz

Hay militares nobles, correctos. Haberlos… Húbolos, haylos, habralos. Pero esos no importan, ¿quién los precisa? Sin las culatas llenas de muescas, ¿qué eran los pistoleros del Far West gringo? Sin los costados de los Messerschmitt llenos de cruces, ¿quién fue el aviador de la Luftwaffe? Si el guerrero no nos mata, si no viola ni despelleja, ¿quién podrá defendernos?

Negarse a hacer parte de este macabro juego del sistema no es potestativo de ningún recluta. No hay cabida para las piezas sueltas. El albedrío se circunscribe a ultimar al primero que se oponga a lo que sea que se apuntó que no corresponde. Un galimatías que puede ser vital para penar en vida y más allá de la muerte.

Por ejemplo, el caso del cabo Raúl Antonio Carvajal Londoño (24), cuyo cuerpo padeció el fuego amigo cuando vivo y cuyo cadáver vivió en carne seca y propia el olvido y la impostura oficiales. Su padre, Raúl Antonio Carvajal Pérez, lleva más de cinco años clamando una respuesta. Encaró a Uribe en barrios y plazas y se le plantó frente al Ubérrimo. Confrontó cara a cara a un Santos que no le dio la cara. Hubo de llegar al centro mismo del país, a la Plaza de Bolívar de Bogotá (25), frente al Congreso, al lado de la Casa de Nariño, junto al Palacio de Justicia, con el hijo muerto a bordo del viejo camión y todo el peso de sus denuncias desesperadas a cuestas: Que a su hijo militar lo mataron los militares porque se negó a matar. La versión oficial no da el brazo a torcer: el cabo murió en la Operación Serpiente, supuestamente desarrollada en los municipios de Tibú y El Tarra, Norte de Santander, en enfrentamientos con las FARC. ¿El ofidio se mordió la cola?

Raúl Carvajal con el cadáver del hijo a bordo de su viejo camión, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, pidiendo explicaciones y justicia.

Y ha habido operaciones triunfantes. Como Jaque, una operación de negocios y cantidades de pesos antes que de ajedrez e inteligencia, según algunos (26), en la que fueron liberados Índrid Betancourt, tres mercenarios estadounidenses y varios miembros del Ejército y la Policía. Fénix o bombardeo de Angostura, un ataque a las FARC para matar al comandante guerrillero Raúl Reyes, en el que se violó la soberanía territorial ecuatoriana. Camaleón, en la que se rescataron cuatro militares, una operación tan rigurosamente colombiana que contó con la consabida participación de los Estados Unidos en planos y en pleno. "Una operación totalmente colombiana, por tropas e inteligencia colombianas”, al decir del entonces ministro de Defensa Gabriel Silva (27), y con el apoyo de Estados Unidos, según declaraciones del embajador de ese país, William Brownfield "Nosotros pudimos brindar un mínimo de apoyo en inteligencia a la operación…” (28) Sodoma, en el que mataron al guerrillero conocido como “el mono Jojoy”, un bombardeo de dimensiones colosales, que dejó un tramo de La Macarena tan arrasado como la ciudad bíblica luego de la rabieta divina. Odiseo, operación garrafal donde murió el máximo líder de las FARC, Alfonso Cano, nunca se sabrá si producto del despliegue de casi mil hombres y 18 aviones de guerra reconocidos, o por el tiro de gracia de “tres servidores del estado” sin reconocer.

U operación Orión, desarrollada en la comuna 13 en plena ciudad de Medellín, en la que hubo una ejecución extrajudicial, decenas de heridos, varios desaparecidos, muchísimos desplazados, 355 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y 170 judicializaciones que no condujeron a lo mucho que se aseguró (29). Una maniobra que de acuerdo con algunas versiones se valió de avanzadas paramilitares en los barrios La Palomera y La Arenera, que tiene al general Mario Montoya, ex comandante del Ejército, dando explicaciones acerca de su responsabilidad, un añadido a las investigaciones que le cursan en relación con las “falsas desmovilizaciones” y los “falsos positivos”.

Batallas vengativas, llenas de saña, en las que se festeja la muerte con risas, parranda y medios. Triunfos que recuerdan otros tiempos de salvajismo, no de los lejanos hunos o demás bárbaros según Roma, sino de acá mismo y de similares figurantes, cuando levantábamos monumentos con las calaveras de los liberales muertos por el glorioso ejército conservador de los tiempos de la Guerra de los Mil Días, no para que la perversa historia no se repitiera, sino para amedrentar al que osara sublevarse o llevar la contraria. Tiempos recientes los remotos, de encono contra civiles, ferocidad contra campesinos y crueldades que son signadas por el deber.

Con la Fuerza Pública que nos protege; con la Seguridad Democrática que acecha por doquier gracias al miedo que nos espanta; con el recelo de todo y todos que nos lleva a disparar por si acaso y a matar por prevención: Todos tan contentos.

Procuramos entonces ignorar que es un asunto sujeto a una directa proporcionalidad: de la misma manera que no puede ser buena una sociedad que descuida la educación, la ciencia o la cultura en sus prioridades, tampoco puede serlo aquella que pontifica lo castrense y lo consagra con un presupuesto de miedo conseguido a costa de demacrar y masacrar a buena parte de los propios amparados.

La pequeña muerte

Colombia es el país de América Latina que destina más dinero al gasto militar con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). Entre 1998 y 2007, el promedio se ubicó en el 3,9%, por encima de Chile y muy lejos de países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina o México (30).

Con la puesta en marcha de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), entre los años 2002 y 2006, se incrementó el número de las unidades militares y policiales y aumentó el pie de fuerza al menos en un 30%. Se indica como un atenuante del dato el hecho de que estas estadísticas incluyan a la Policía, lo que no ocurre en algunos otros países. Algo irrelevante toda vez que, al igual que en tantas otras situaciones, en este país pocas cosas son como se dicen o deben ser, y las Fuerzas Militares cumplen funciones y parecen policías, y éstos se creen militares. Un sino que no es fortuito, sino, muchas veces, fatídico.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por increíble que parezca, consiguió amnistiar el triple de los paramilitares reales, los sacó como conejos de su sombrero cordobés y de los doce mil existentes amnistió 36 mil . Los pocos reincidentes descarriados, Águilas Negras que nadie vio, Urabeños de broma (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, bien aclara Caballero (31)), si acaso, coincidieron en bandas criminales espontáneas, con indulgencia denominadas BACRIM, a las que mortifica, aduce el establecimiento, el chiste de todo el peso de la ley. Aquel gobierno, incluso, mantuvo con desvergüenza la idea de que no había conflicto. Y los informes, de Uribe a Santos, alegan que las guerrillas están disminuidas, acabadas. Sin embargo, al tiempo, en contrasentido, no son suficientes las aumentadas prebendas de los oficiales. Ni el ya magnánimo fuero. Ni todas las exenciones. Y no basta el presupuesto duplicado.

A los colombianos siempre han querido hacernos creer que el oneroso gasto en defensa sienta “las bases para la reconciliación y la paz”. Las bases gringas, tal vez. Como lo afirmó alguna vez Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, la Seguridad Democrática potencializó “el desarrollo económico y social de los últimos años, y el de los años por venir” (32). Un sarcasmo grande que llega a sostener que el altísimo volumen de recursos utilizado para dotar y mantener en funcionamiento las instituciones armadas “termina reflejándose en una mayor satisfacción de las necesidades básicas de la población tales como educación, salud y vivienda, entre otros y por lo tanto en un mayor bienestar social” (33).

En otras palabras, que quitarle presupuesto a la educación, la salud, la vivienda y los rubros básicos, y feriarlo en armamento y canonjías para los militares, es lo indicado. Así, “el bien público” de la seguridad reduce la pobreza y el desempleo, y, quién lo duda, florecen la paz y la armonía. Con razón estamos como estamos, inmersos en un mar de mentiras que embusteros expertos quieren hacernos creer que son piadosas.

Apunta el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Pequeña muerte llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman; pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace “(34). Es la contradicción inadmisible que nos hacen tragar y de la que además debemos estar agradecidos. Y, sobre todo, callados.

NOTAS:

1. García Márquez, Gabriel. Obra Periodística 2: Entre cachacos. “De Corea a la realidad”. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1989. Pág. 286.

2. Justs the Facts. A project of the Latin America Working Group Education Fund in cooperation with the Center for International Policy and the Washington Office on Latin America. http://justf.org/

3. Carta de congresistas demócratas al presidente Obama. Lunes 28 de septiembre de 2009. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. http://www.colectivodeabogados.org/Mayor-participacion-militar)

4. Google Documents. Wikileaks_Israelies in Colombia. http://bit.ly/yBwvDU

5. Obras de don Francisco Quevedo y Villegas. Tomo VII. “Exequias á una Tórtola, que se quejaba viuda, y después se halló muerta”. Madrid, 1794. Pág. 240.

6. Deuda con la humanidad II. 23 años de falsos positivos (1988-2011). Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, CINEP/PPP. Colombia, 2011.

7. International Peace Observatory. La ONU denuncia "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y una impunidad del 98,5%. http://bit.ly/hmiU5a

8. Naciones Unidas, Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. 31 de marzo de 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_en.pdf (documento original en inglés) - http://www.acnur.org/pais/docs/2791.pdf?view=1 (traducción al español).

9. Revista Semana. Cinep a Santos: "falsos positivos no han dejado de ser un problema". 25 de marzo de 2010. http://bit.ly/yhFBOH

10. Comunicado del CINEP/PPP ante afirmación de Juan Manuel Santos. “Falsos positivos no han desaparecido”. http://bit.ly/w2GTl7

11. El Tiempo. “Falta marco jurídico para afrontar este conflicto político-militar”. 16 de noviembre de 2011. http://bit.ly/xEW6of

12. El Espectador. Marco para la paz no beneficiará a guerrilleros secuestradores. 12 de diciembre de 2011. http://bit.ly/ypqhby

13. “Por medio del cual se deroga la Ley 1224 de 2008 y se dictan otras disposiciones” [Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública]”. Radicación: 23 de marzo de 2011. http://bit.ly/xQYqVY

14. Congreso de la República. Proyecto de Acto Legislativo N° 07 de 2011 de Senado. “Por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la administración de Justicia y se dictan otras disposiciones”. http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/ProyectosAgendaLegistaliva/ReformaJusticia422.pdf

15. Idem.

16. Coronel (r) del Ejército Bernardo Torres Dávila, en el diario El Colombiano: “Fuero militar, motor para subir moral a las tropas”. Medellín, 3 de noviembre de 2011. http://bit.ly/yj6Cho

17. Noticias UNO. Informe en Youtube: Desmovilizado testificará a favor del Teniente Raúl Muñoz. Subido: 15/10/2011. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GKUq-DoZ2M4

18. DEMIL buscó anular hace un tiempo el convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, que facultaba a la Fiscalía para efectuar las primeras diligencias en el caso de las presuntas muertes en combate.

19. El Tiempo. Opinión. Laura Gil. http://bit.ly/ztIMEU

20. El Colombiano. Medellín, 3 de noviembre de 2011. Artículo citado.

21. La Directiva Permanente No. 208, del 20 de noviembre de 2008, impartió instrucciones particulares a las Fuerzas Militares para implementar las 15 Medidas. Ver el documento: “Avances caso Soacha. Noviembre 2008 – Abril 2010”, en: http://bit.ly/zIZsm9

22. Ministerio de Defensa Nacional. Directivas Derechos Humanos. Directiva Permanente No. 10 de 2007. Reiteración de obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida. Pág. 62. http://web.presidencia.gov.co/especial/ddhh_2009/Directivas_ddhh.pdf

23. Ministerio de Defensa. Directiva Permanente No. 19 de 2007. Complemento Directiva 10 de 2007. Reiteración obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home2/dir_19_07.pdf

24. Noticias UNO. “Raúl Carvajal denunció la presunta muerte de su hijo ante el presidente Santos”. 14 de enero de 2012. http://bit.ly/yUCjV2

25. El Tiempo. “Un hombre dejó el cadáver de su hijo en la Plaza de Bolívar de Bogotá”. 20 de febrero de 2011. http://bit.ly/em7s0R

26. “Operación Jaque. Una jugada no tan maestra”. Documental. Dir. Gonzalo Guillén. Prod. Teleamazonas. http://www.youtube.com/watch?v=Fnlgq1-GpKo

27. Revista Semana. Detalles de la 'Operación Camaleón', la misión que rescató a los uniformados. 13 de junio de 2010. http://bit.ly/AcLNc9

28. El Colombiano. “E.U. apoyó operación Camaleón”. 17 de junio de 2010. http://bit.ly/wDgit9

29. dhColombia. Red de Defensores No Institucionalizados. “Cinco años de la Operación Orión: No más mentiras”, documento de organizaciones de DDHH. 14 de octubre de 2007. http://bit.ly/wtmtmy

30. Gasto en Defensa y Seguridad – 1998 – 2011. Imprenta Nacional de Colombia, 2009. Según fuente: Gasto Militar. SIPRI Yearbook 2008; Tasa de crecimiento del PIB: World Bank World Development Indicators. Pág. 15. Ver documento: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Serie%20Prospectiva/Gasto%20en%20defensa%20y%20Seguridad%201998-2011.pdf

31. Antonio Caballero. “Otra vez la farsa”. Revista Semana. 14 de enero de 2012. http://bit.ly/xBEFKt

32. Documento citado: Gasto en Defensa y Seguridad – 1998 – 2011. Presentación del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

33. La mala puntuación es textual del documento original. Qué se va a hacer, así es.

34. Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores - Edit. Catálogos, Bs. As. Primera edición, 1989. Pág. 71.

Artículo disponible en:

Rebelión
Question
Agencia Latinoamericana de Información - ALAI
Kaos en la Red
APORREA (Venezuela)
Sur y Sur
Alba TV (Venezuela)
Diario Universal (España)
ARGENPRESS - Prensa argentina

Artículos relacionados: La guerra como identidad y la muerte alrededor.

Video de Rafeef Ziadah - "Nosotros enseñamos vida, señor"

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 06 Jan 2012 22:19:00 +0000

Un poema en video de la periodista palestino-canadiense.

NOSOTROS ENSEÑAMOS VIDA, SEÑOR.

Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada.
Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada
que tenía que caber en audio digital y límites de palabras.
Hoy, mi cuerpo fue masacre televisada que tenía que caber
en audio digital y límites de palabras con suficientes estadísticas
como para contrarrestar una respuesta mesurada.
Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de la ONU.
Pero aun así, me preguntó:
“Señorita Ziada, ¿no cree que todo se resolvería si dejaran
de enseñar tanto odio a sus hijos?”
Pausa.
Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia, pero
no tengo paciencia en la punta de la lengua
mientras caen bombas sobre Gaza.
La paciencia me ha abandonado.
Pausa;
sonrisa.
“Nosotros enseñamos vida, señor”.
(Rafif, acuérdate de sonreír).
Pausa.
Nosotros enseñamos vida, señor.
Nosotros los palestinos
enseñamos vida después de que ellos
han ocupado los últimos cielos.
Nosotros enseñamos vida después de que ellos
han construido sus asentamientos y muros de apartheid,
más allá de los últimos cielos.
Nosotros enseñamos vida, señor.

Pero hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada
para caber en audio digital y límites de palabras.

Y danos sólo un reportaje, un reportaje con lado humano.
Verás, esto no es político.
Sólo queremos hablarle a la gente
de ti y de tu pueblo,
así que danos un reportaje humano.
No menciones las palabras
“apartheid”
y
“ocupación”.
Esto no es político.
Me tienes que ayudar
como reportera
a ayudarte a contar tu historia,
que no es un reportaje político.

Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada.

¿Y qué tal si me das un reportaje
Sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas?
¿Qué tal acerca de ti?
¿Tienes suficientes huesos rotos en las extremidades
como para cubrir el sol?
Pásame tus muertos y dame una lista
de sus nombres
en un total de mil doscientas palabras.

Hoy, mi cuerpo fue masacre televisada que tenía que caber
en audio digital y límites de palabras
y conmover a quienes
son insensibles a la sangre
terrorista.

Pero ellos sintieron pena.
Sintieron pena por el ganado en Gaza.
Así que les di
resoluciones de la ONU
y estadísticas
y condenamos
y deploramos
y rechazamos.
Y éstos no son lados iguales,
Ocupadores y ocupados.
Y cien muertos, doscientos muertos, y mil muertos.
Y entre eso,
Entre crimen de guerra y masacre,
Ventilé las palabras y sonreí,
-no exótica-
-no terrorista-
Y cuento:
Cuento cien muertos, doscientos muertos, mil muertos.

¿Hay alguien ahí?
¿Escuchará alguien?
Quisiera poder llorar sobre sus cadáveres.
Quisiera simplemente
correr descalza
por cada campo de refugiados
y abrazar a cada niño;
cubrir sus oídos
para que no escuchen el sonido
de las bombas
por el resto de sus vidas,
como yo lo escucho…

Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada.

Y déjame decirte:
No hay nada que tus resoluciones de la ONU
hayan hecho en absoluto sobre esto.

Y no hay audio digital,
-ningún audio digital que se me ocurra,
no importa cuán bueno mi inglés sea-
no hay audio digital
no hay audio digital
no hay audio digital
no hay audio digital
que los devuelva a la vida.
No hay audio digital que arregle esto.
Nosotros enseñamos vida, señor.
Nosotros enseñamos vida, señor.

Nosotros
los palestinos
nos levantamos
cada mañana
para enseñar
al resto del mundo
vida,
señor.

Traducido por: Rolando Gómez.
Editado por: Ana Atienza.
De: Red Tlaxcala.

Video en Youtube

Reed Linday: “Lo que sucedió en Bengasi y otras ciudades de Libia del 17 al 20 de febrero fue una rebelión popular”

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 06 Jan 2012 20:41:00 +0000

ENTREVISTA AL REPORTERO Y REALIZADOR DEL DOCUMENTAL: BENGHASI RISING.

Por: Patricia Rivas y Santiago Alba Rico.

Reed Lindsay y Jihan Hafiz, durante la grabación del documental independiente "Benghazi Rising", en febrero de 2011.

Reed Lindsay tiene una larga trayectoria como periodista y documentalista. Recorrió América Latina durante diez años, cinco de los cuales los pasó en Haití, donde vivió en un barrio popular de Puerto Príncipe. Ha publicado reportajes en más de 20 periódicos y también ha escrito notas para radio y televisión. De octubre de 2005 a marzo de 2011 trabajó como colaborador de Telesur en Haití y otros países, entre ellos República Dominicana, Honduras, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Egipto y Libia. En 2009, el canal le premió por la mejor crónica del año, por la nota con mejor fotografía y montaje y, junto a sus colegas, por la mejor cobertura especial (durante el golpe de Estado de Honduras). Ha dedicado gran parte de su tiempo al periodismo de investigación, concentrando sus esfuerzos en la injerencia de Estados Unidos en la región. Sus trabajos incluyen un reportaje sobre la intervención de la USAID en Bolivia para influir en las organizaciones indígenas y debilitar a los movimientos populares. También hizo numerosas crónicas sobre los abusos de la misión de la ONU en Haití y sobre las maniobras del gobierno de Estados Unidos para minar la soberanía del país. Realizó asimismo un documental para Telesur sobre la injerencia extranjera en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras: Detrás del golpe (ver documental).

A partir del 28 de enero de 2011, fecha en que se desencadena la revolución egipcia, Reed Lindsay cubrió la llamada Primavera Árabe en Egipto y Libia. Junto a su colega Jihan Hafiz realizó un documental de 52 minutos sobre las primeras semanas de la rebelión en Libia; de título Benghazi Rising, fue emitido por Al Jazeera y otros canales y fue nominado para el Premio Rory Peck (ver detalles de la nominación). Reed Lindsay vive actualmente en El Cairo, donde él y Jihan Hafiz reportan regularmente para The Real News Network.

1. ¿Hubo o no hubo una revuelta popular en Bengasi?

Lo que sucedió en Bengasi y otras ciudades de Libia del 17 al 20 de febrero fue una rebelión popular, una revuelta popular, un levantamiento popular; llámalo como quieras, la palabra importante es “popular”. No dudo de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de los países europeos estaban activos en Libia antes, durante y después del 17 de febrero. Sin embargo no he visto ninguna prueba de que el levantamiento popular que se dio se debiera a la injerencia extranjera. Al contrario, durante las tres semanas que estuve en Bengasi y otras ciudades en el este de Libia, encontré evidencias abundantes de que fueron ciudadanos ordinarios quienes se levantaron de forma espontánea para tomar el control de la Katiba, el cuartel general del gobierno de Muamar al Gadafi.

2. ¿Fue lo ocurrido el 17 de febrero producto de una movilización popular espontánea o una conspiración franco-estadounidense-saudí?

Después de pasar tres semanas en el este de Libia con los ciudadanos que participaron en la revuelta contra Gadafi, estoy convencido de que fue una movilización popular espontánea y no una conspiración de origen estadounidense o de otro país. Durante los primeros días de la rebelión en Bengasi, los libios que tomaron las calles y empezaron a formar un nuevo gobierno y una nueva sociedad rechazaron tajantemente la posibilidad de una intervención extranjera. Decían que habían empezado la rebelión y querían terminarla ellos mismos. Sólo cuando resultó evidente que no contaban con la fuerza militar para resistir al ejército del gobierno de Muamar al Gadafi empezaron a pedir la intervención de la OTAN. Pero siempre la vieron como una alianza táctica y temporal. La mayoría de ellos no se hacía ilusiones sobre los intereses reales de los bombardeos de la OTAN. Mostraban más bien una perspectiva crítica frente a los gobiernos de Estados Unidos y Europa -incluso había entre ellos algunos militantes islamistas que habían luchado contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistán-. Pero se vieron obligados a tragarse esta intervención para asegurar la supervivencia de la rebelión y su propia supervivencia. Muchos me decían que sacarían a Gadafi y después se enfrentarían a las fuerzas extranjeras si fuera necesario.

En cuanto al carácter popular de la rebelión que comenzó el 17 de febrero, cualquiera podía constatarlo. Si no hubiera sido popular, nunca podría haber aguantado la represión que sufrió. Cuando una fuerza militar poderosa como la que tenía Gadafi en Bengsi es derrocada por una multitud de ciudadanos ordinarios, sin afiliación política, que toma las calles espontáneamente a partir de su propia voluntad y sin armas, no hay ninguna palabra, salvo “popular”, para explicar y describir ese movimiento.

3. ¿Quiénes participaron en ella? ¿Quiénes formaron en la primera hora los cuadros de dirección de la revuelta?

Eran jóvenes, sobre todo estudiantes. Pertenecían a la clase trabajadora y a la clase media y la mayoría de ellos nunca habían sido políticamente activos y nunca, por supuesto, habían participado en una protesta callejera. Tomaron las calles sabiendo que arriesgaban la vida. Lucharon con piedras y cócteles molotov y aunque los balearon a uno tras otro no dejaron de luchar. Me recordaron lo que había visto en la revolución egipcia, pero también a la rebelión popular de Argentina del 19 de diciembre de 2001, una rebelión espontánea que se intensificó y se incrementó con cada acto de represión.

4. ¿Estaba o no justificada la revuelta? ¿Era legítimo rebelarse contra Gadafi?

Negar que la revuelta era justa sería justificar que un gobierno mate a su propia gente para mantenerse en el poder. Para citar un ejemplo latinoamericano, durante la Guerra del Gas en Bolivia en Octubre 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada perdió su legitimidad como presidente cuando ordenó que su ejército disparara contra un pueblo desarmado matando a 67 personas e hiriendo a 400. La respuesta de Gadafi fue mucho más brutal. Sólo en Benghasi, sus tropas mataron a más de 250 personas en cuatro días y dejaron cientos de heridos. Hablé con numerosos médicos que habían trabajado en zonas de guerra y me contaron que nunca habían visto heridas de ese tipo. Las tropas de Gadafi dispararon a los manifestantes con armas antiaéreas y las heridas se centraron en la cabeza, el cuello y el pecho.

No comenzó como revuelta. Comenzó el 15 de febrero como una protesta organizada por los familiares de presos asesinados en la cárcel de Abu Salim en 1996. Se convirtió en revuelta después de que los soldados de Gadafi empezaran a disparar a los manifestantes. Pero muchos libios dirían que la revuelta no sólo se justificaba por lo que sucedió del 17 al 20 de febrero, sino por la represión que habían sufrido durante décadas.

Cuando uno considera los motivos de los libios que lucharon contra Gadafi, hay que destacar que eran voluntarios, en contraste con el ejército profesional con el que contaba Gadafi. No es por nada que uno arriesga la vida sin ningún interés personal, por una causa que se cree justa, e incontables libios lo hicieron. Muchos jóvenes perdieron sus vidas enfrentando las balas en Bengasi, muchos hombres dejaron sus trabajos para convertirse en soldados voluntarios y luchar en el desierto, muchas mujeres enviaron a sus hijos únicos a luchar en primera línea y lo celebraron cuando se convirtieron en mártires. Estos sacrificios no se hacen sin justificación.

5. ¿Se puede comparar la revuelta contra Gadafi con el golpe de estado contra Hugo Chávez en abril de 2002?

Un error presente en muchos comentarios es el de comparar la situación de Libia con la de Venezuela. No se pueden comparar. En Venezuela hay elecciones frecuentes, partidos políticos de oposición, una prensa libre controlada en gran parte por opositores al gobierno y manifestaciones callejeras contra el gobierno. En Libia, bajo Gadafi, había un estado totalitario donde la gente vivía atemorizada y expresarse contra el gobierno significaba la cárcel o incluso algo peor. En Libia bajo Gadafi no había elecciones, ni medios de oposición, ni partidos de oposición, y mucho menos manifestaciones callejeras sin que provocaran una represión feroz. En Libia, no había USAID ni NED ni medios controlados por una oligarquía. Gadafi y sus hijos ejercían un control total en el país y oponerse a ellos era prácticamente imposible.

6. ¿Era Gadafi un dictador o un antiimperialista preocupado por la suerte de su pueblo? ¿No se vivía en Libia mejor que en otros lugares del mundo árabe?

Es importante distinguir entre un discurso revolucionario vacío y la realidad, que era muy poco revolucionaria. Por supuesto en Libia la gente vivía mucho mejor que en otros países del mundo árabe, el contraste con las condiciones de vida entre Egipto y Libia, por ejemplo, es notable. Pero es una comparación engañosa. Libia es un país con una población de apenas ocho millones de personas y una riqueza petrolera abundante. Egipto tiene 85 millones de habitantes y poco petróleo. Cuando yo preguntaba a los libios por qué se quejaban si parecían estar en mejores condiciones que los habitantes de otros países árabes, respondían que sería mejor comparar a Libia con otros países petroleros pequeños como los Emiratos Árabes Unidos, e insistían en que sí había pobreza en Libia. En Bengasi todos los días me encontraba con alguien en la calle que insistía en llevarme a un barrio pobre para mostrarme que, a pesar de la riqueza del país, la pobreza era un problema real. Y así pude constatarlo, por ejemplo, en la propia Bengasi, donde visitamos un barrio en el que las familias vivían en un basurero y dependían de donaciones de comida para sobrevivir. Muchos de ellos eran veteranos de guerra heridos mientras luchaban con el ejército libio en Chad y decían que nunca habían recibido ninguna indemnización del gobierno. Sin embargo en Libia, en contraste con Egipto, la mayoría parecía arriesgar su vida, no porque no tuviera nada que perder sino porque sentía que debería tener mucho más. Me hizo recordar la Venezuela anterior a la revolución bolivariana, cuando la gente era consciente de que la riqueza petrolera del país no beneficiaba a la gran mayoría de los venezolanos sino sólo a unos pocos. En Libia muchos, si no la mayoría, de los hombres y las mujeres que luchaban contra Gadafi eran estudiantes universitarios o profesionales de clase media o clase trabajadora, ingenieros, médicos, abogados, farmacéuticos, profesores, pequeños empresarios, burócratas. Se quejaban de servicios sociales inadecuados, una infraestructura caída, una falta de oportunidades y un sistema político y económico corrupto controlado por Gadafi, su familia y sus amigos. Pero más importante aún, el factor fundamental que motivó a los libios fue la falta total de libertad para expresarse sobre estos problemas. Los libios decían que bajo Gadafi vivían bajo un miedo sofocante donde era imposible decir una palabra contra el gobierno.

7. Hay una escena de Benghazi Rising especialmente emotiva, y es cuando una mujer rompe a cantar... el himno nacional tunecino, uno de los emblemas de la revolución que derrocó a Ben Ali. ¿Existía en Bengasi, entre los rebeldes, la conciencia de que sus protestas estaban relacionadas de algún modo con las de Túnez y Egipto?

De hecho, la mujer que canta es inmigrante tunecina. Por supuesto estaban relacionados. Lo interesante es que en las primeras semanas de la rebelión, cientos de egipcios, después de derrocar a Mubarak, fueron a Libia a apoyar la revuelta en el país vecino. Un grupo de médicos levantó una carpa para atender a los heridos y otros egipcios enviaron toneladas de comida y materiales. Las distinciones hechas en otros países entre las diferentes revueltas árabes (algunos progresistas en las Américas y en Europa aplauden la revolución egipcia pero denuncian las revueltas de Libia y Siria como conspiraciones extranjeras) no se hacen en los países donde se ha estado llevando a cabo la llamada Primavera Árabe. En Túnez, Libia, Egipto y Siria, la gente no distingue entre un dictador claramente amigo de Estados Unidos (Mubarak) y un dictador cuya retórica es antiimperialista (Gadafi). Los egipcios, por ejemplo, se manifiestan en solidaridad con las revueltas tanto en Libia y Siria como en Bahréin y Yemen. No es que sean ignorantes de las distintas políticas exteriores de los líderes de estos países; lo que ocurre es que ven a todos ellos como dictadores que están oprimiendo a sus pueblos. Desgraciadamente algunos gobiernos latinoamericanos de izquierda mantienen posiciones rígidas basadas en visiones simplistas de supuestas diferencias ideológicas entre los dictadores árabes mientras que ignoran por completo los reclamos de los pueblos árabes.

8. ¿Hubo realmente riesgo de una matanza en Bengasi en marzo de 2011? El montaje mediático de los inexistentes bombardeos desde el aire llevó a algunos sectores de la izquierda a poner en duda que hubiese habido ninguna clase de represión e incluso a negar que hubiera imágenes de la misma.

Hubo sin duda riesgo de matanza. Mientras que las tropas de Gadafi se acercaban a Bengasi, antes del inicio del bombardeo de la OTAN y antes de que se supiera que iba a haber una intervención de la OTAN, el miedo en Bengasi fue palpable. Cuando me fui de Bengasi (salí unos días antes del bombardeo), los habitantes de la ciudad se estaban preparando para lo peor. Benghazi Rising termina con la escena de una mujer destruyendo un cartel de Gadafi, y aunque se muestra desafiante y dice estar preparada para luchar y morir, se la ve desesperada y llora mientras otra mujer la abraza. Esa mujer expresaba el sentimiento que se respiraba por toda la ciudad en esos días. Sabían que Gadafi venía en camino y lo que eso podía significar.

La idea de que iba a haber una matanza en Bengasi no fue algo inventado por los medios. Nació de la experiencia de los libios que habían vivido bajo su gobierno durante más de 40 años. Ellos señalaban dos precedentes. Primero, la represión constante que habían sufrido desde hacía décadas, poniendo énfasis especialmente en la masacre de presos en la cárcel de Abu Salim en 1996. Segundo, hablaron de la represión feroz desatada del 15 al 20 de febrero. Durante mi estancia en Bengasi era casi imposible hacer una entrevista sin que el entrevistado hablara de esta represión, hasta tal punto había quedado impresa en la mente de cada habitante de esa ciudad, de la misma manera que la represión en la ciudad de El Alto en Bolivia por parte de Gónzalo Sánchez de Lozada llegó a ser un hecho traumático nunca olvidado por sus habitantes. Llegué a acostumbrarme a escuchar la palabra “14.5 mm”, constantemente mencionada, una referencia al calibre de las balas antiaéreas diseñadas para hacer agujeros en el metal de un avión y que hizo jirones los cuerpos de tantos jóvenes. Los libios se preguntaban: si Gadafi no vaciló en matar a 250 personas al principio de la revuelta, ¿qué haría esta vez con una fuerza mucho mayor de tanques, aviones y artillería que se acercaba a Bengasi y que buscaba aparentemente la venganza? Obviamente no puede probarse que fuera a haber una matanza que nunca se produjo, pero hay muchos indicios que llevan a pensar que podría haber sucedido.

Algunos medios y organizaciones simpatizantes del gobierno de Gadafi hicieron mucho escándalo en torno a las noticias de un supuesto bombardeo de Trípoli por parte de Gadafi el 21 de febrero, lo que habría justificado la intervención de la OTAN. Citan estos reportes como si fueran el hecho decisivo en la guerra mediática contra Gadafi, como lo fueron las imágenes del tiroteo en el puente Llaguno para justificar el golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002. Nada que ver. La verdad es que la noticia del bombardeo de Trípoli casi no se percibió en Libia y tuvo escaso impacto internacionalmente. Se ha citado como el hecho más importante para justificar los bombardeos de la OTAN, pero no fue mencionado ni en la primera resolución de Naciones Unidas contra Gadafi (Resolución 1970) ni tampoco en la siguiente (Resolución 1973) que autorizó la intervención de la OTAN. Durante las tres semanas que estuve en Bengasi no escuché a una sola persona mencionar el supuesto bombardeo del 21 de febrero. Lo que sí mencionaban muchos libios, y lo que mencionan las resoluciones de la ONU para justificar las acciones contra Gadafi, eran los abusos sistemáticos contra los derechos humanos, los cuales sí se pudieron constatar.

Es importante destacar que la OTAN sobrepasó su mandato de imponer una zona de exclusión aérea para proteger a los ciudadanos. En algún momento la “Operación Protector Unificado” dejó de ser una misión defensiva para proteger a civiles para convertirse en una misión ofensiva cuyo objetivo primario pareció ser derrocar a Gadafi. La OTAN mató a decenas de civiles, incluyendo mujeres y niños, algo que la OTAN por fin admitió el mes pasado después de que saliera un artículo sobre el tema en The New York Times (ver el artículo).

9. ¿De dónde sacaron las armas los rebeldes en los primeros días de la revuelta?

Sacaron las armas de los cuarteles después de tomarlos al asalto. Durante los primeros días de lucha en Bengasi, los manifestantes se enfrentaban a los soldados de Gadafi en la Katiba con piedras y cócteles molotov, pero sin armas de fuego. Esta situación cambió durante las últimas horas, cuando soldados que habían desertado del ejército lucharon junto a los civiles contra los soldados leales a Gadafi. Cuando tomaron la Katiba y con ella todo Bengasi, se apoderaron de las armas del ejército libio que había en la Katiba y en el resto del este del país. Pero no eran demasiadas. Gadafi sabía que en el este de Libia ya había una historia de revueltas y la gran mayoría de los armamentos, y muy particularmente casi todos los aviones, estaban en el oeste, bajo su control. Sin embargo, en pocos días, la revuelta libia cambió de signo: las manifestaciones callejeras se transformaron en una rebelión armada.

10. ¿Qué relación crees que hay entre el petróleo y la intervención de la OTAN? ¿Ha sido el factor determinante?

Yo creo que sí fue un factor determinante, pero no porque los países de la OTAN no se estuvieran beneficiando del petróleo con Gadafi. Yo creo que cuando Estados Unidos y Europa vieron que había una revuelta popular en Libia, divisaron la oportunidad de estar aún mejor posicionados de lo que estaban antes. Por ejemplo, hay un documento de Wikileaks (ver el documento) que indica que Estados Unidos estaba molesto con el gobierno italiano, el cual había firmado acuerdos con Rusia para cederle una parte de sus contratos de producción y exportación del gas natural en Libia. Según el documento, Rusia habría estado buscando aumentar su control sobre la provisión del gas natural a Europa, algo que Estados Unidos pretendía prevenir. Así, uno podría ver la intervención de la OTAN como una oportunidad para Estados Unidos y los países europeos en su propósito de ejercer más control sobre los recursos de Libia y al mismo tiempo de marginar a Rusia y China.

11. ¿Crees que el agradecimiento de los rebeldes a Francia y la OTAN significa la aceptación por parte de los libios, más allá de la política del CNT, de un tutelaje occidental sobre el país?

En parte, estas muestras de agradecimiento hacia Francia, Estados Unidos y la OTAN son genuinas. Los rebeldes entienden que nunca habrían ganado si no hubiera sido por esta intervención extranjera. Por otra parte, muchos libios influyentes en la revuelta, especialmente en el Consejo Nacional de Transición, tenían vínculos estrechos con el occidente. Sin lugar a dudas hay muchos intereses compartidos. Pero no quiere decir que estas personas sean representativas de los libios que tomaron primero las calles y después las armas para luchar contra Gadafi. La situación es compleja y hay una gran divergencia de ideas en Libia sobre los países miembros de la OTAN.

Por otra parte, no va a ser precisamente fácil controlar Libia. Tiene dinero y petróleo y no depende económicamente de Occidente. Hay que recordar que había sectores de la derecha en EE.UU. opuestos a la intervención contra Gadafi porque lo consideraban un aliado leal en la lucha contra el terrorismo y temían que la alternativa, posiblemente un gobierno islamista, podía ser peor. Por su parte, los libios son los primeros que recuerdan que desde 2004 Gadafi mantenía relaciones estrechas con Estados Unidos y los países europeos. Lo consideraron un aliado en la lucha contra el terrorismo mientras que su gobierno empezó a implementar políticas neoliberales, abriendo el país aún más a la inversión extranjera.

12. “Libia no es Iraq”. Es una diferenciación sobre la que has insistido en tus trabajos. ¿Podrías explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro tipo de intervención imperial y el diferente papel que en uno y otro caso desempeña Estados Unidos?

No hay posible comparación entre los dos. En el caso de Libia fue una revuelta popular. En Irak no hubo revuelta contra Sadam Husein. En Libia, la intervención se limitó a los bombardeos; no hubo invasión de tropas extranjeras como en Irak. Irak fue invadido y ocupado durante más de ocho años. Libia no fue ocupado. Los libios sienten que la victoria sobre Gadafi es suya. No fue así en Irak.

13. Es posible que al ver Benghazi Rising haya personas que piensen que es un trabajo apologético o justificativo de la intervención de la OTAN. ¿Qué les dirías?

Mi estilo de periodismo no cambió cuando llegué a Libia. Hice lo que siempre había hecho, en Puerto Príncipe, Arizona, Nueva Orleans, El Cairo, Tegucigalpa, Santo Domingo, hablé con personas ordinarias luchando por sus derechos e intenté contar sus historias. Durante las tres semanas que estuve en Libia hablé casi exclusivamente con los libios en las calles y en la primeras línea del frente. Casi no tuve contacto con el Consejo Nacional de Transición, no porque no hubiera valido la pena, sino simplemente porque tenía una cantidad de tiempo limitado y con el tiempo que tenía decidí dar prioridad al pueblo y no al poder.

No me gustaba la idea de hacer reportes que podían ayudar a justificar una campaña militar extranjera contra un país soberano. Pero tampoco me iba a callar frente a una rebelión popular porque el gobierno opresor al que se opuso mantenía buenas relaciones con Venezuela ni porque su líder mantenía un discurso antiimperialista. Percibo una tendencia reduccionista entre la izquierda, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa, a apoyar ciegamente a cualquier gobierno que se opone a los gobiernos estadounidense y europeos, cueste lo que cueste, sin tomar en cuenta a los pueblos de esos países. El mundo es más complicado y tenemos que distinguir entre gobiernos y pueblos. Como periodista, creo que uno no debe prestar lealtad ciega a ningún gobierno, sino que se debe estar al lado de los que no tienen poder, los pobres y oprimidos, sin excepción. Si el gobierno opresor es el gobierno de Estados Unidos o un aliado estrecho, como en el caso de Egipto, entonces no hay debate porque es obvio que sabemos en qué lado está el pueblo. Pero tampoco era difícil saberlo en Libia. Al llegar a Bengasi, estaba más que claro que lo que se estaba produciendo era una rebelión popular contra un gobierno opresor.

El documental completo puede verse en el siguiente enlace:
http://www.feb17images.com/benghazi-rising

Este artículo y/o el documental también están disponibles en:

Rebelión (España).
Questión Digital (Venezuela)
Patria Grande (Revista Digital del ALBA)

Colombia: La guerra como identidad y la muerte alrededor

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Tue, 27 Dec 2011 07:31:00 +0000

Por: Juan Alberto Sanchez Marin.

La muerte en Colombia no es un mal necesario, es un bien planeado, ejecutado y bendecido por los mismos héroes, patriarcas y patriotas que forjamos y ahora se pasean desesperados en busca de pedestal.

Osario de la batalla de Palonegro, Guerra de los Mil Días, 1900. Un monumento a la infamia que fue exhibido sin rubor durante más de una década, en el siglo XIX.

Colombia ha vivido en guerra desde antes de ser tal. Una realidad que no pasa en vano y se ha insertado de lleno en los imaginarios y en las estructuras mentales de los habitantes. Gran Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia o República de Colombia, de presidentes a peones, la guerra está presente en el lenguaje, el deseo, la memoria, el miedo, la obsesión. Unos u otros generados o granjeados según la orilla que toque: los poderosos, en la mixtura y manipulación de los elementos; los humillados y ofendidos, en el padecimiento del brebaje.

El presidente Juan Manuel Santos, encarnación cachaca del eufemismo, habla de la paz como de algo querible y posible (1). Todos sus antecesores lo han hecho. Desde antes de la Patria Boba, hasta ahora, durante la prosperidad más inundada y absurda que padecemos, apenas por breves lapsos se ha hecho otra cosa. Colombia es un país lleno de guerreros que se creen pacíficos y de malosos que lo son por la gracia de Dios. Nadie acepta lo que es, todos negamos lo que sabemos que somos.

En el jardín cruzado por tres cordilleras y bañado por dos océanos, el odio crece fértil. Retoña siempre la venganza. Y no dejan de renovarse a diario las razones para mantener el ciclo de muerte.

Un difícil panorama, que se sobrelleva mejor a punta de mentiras, condonaciones, contriciones, trueques celestiales. Justificaciones y absoluciones para seguir la matanza sin que duela la cabeza ni tiemblen las manos. El sino fatal que nos confiere la tranquilidad del deber cumplido.

Cuando cualquiera habla en serio se sabe que es un taimado traidor. Se puede ser prosopopéyico, redundante, arrevesado, mas no decente y nunca sincero. El que ríe pronto yacerá tieso: el contento es burletero, causa envidia. Es un cuento el mamagallismo y una certeza la ambigüedad. Caletre de pistoleros amargados.

Los generales quieren y requieren la guerra para hacer carrera y sentirse útiles. El fuero militar les condona cualquier irresponsabilidad; el estado camufla así sus asesinos a sueldo en la institucionalidad, las ejecuciones extrajudiciales se vuelven embustes de opositores.

Monseñores, conservadores y adalides de la derecha católica profanan, a estas alturas, los cuerpos, templos de Dios de los simplones creyentes: Niegan el aborto, prohíben el uso de anticonceptivos: siguen condenando la mujer al vituperio y la hoguera. La Inquisición se añora, pero se esfuerzan para que las leyes purguen como el fuego. Sus cruzadas santas no dejan de ser violencias oprobiosas.

Una sociedad descompuesta que ve como enfermos a quienes tienen gustos diferentes, lúdicos, sexuales, o de quienes la media amorfa se ve o siente distinta.

Opciones de la personalidad que no corresponden a sus latinajos excluyentes. Y quienes acusan son los mismos que se pudren alma adentro, eunucos de la psiquis, pederastas, violadores, a los que protege el ecclesiale espíritu de cuerpo.

Los niños, que siempre han sido víctimas en zonas rurales, tugurios o comunas, ahora caen también en calles céntricas o dentro de la casa, menos por las balas al azar que por los disparos adrede. Porque no hay balas perdidas ni fondo en esta guerra sin cuartel que es la cotidianidad de un país sangriento, sediento de cadáveres y entierros.

El ángel de la guarda no protege a nadie. Y los ángeles caídos no se perdonan ni olvidan, aunque siempre sostengan lo contrario. Sin honestidad, sin verdad, sólo hay rencores impotentes y crecientes. La memoria no es tábula rasa, menos aún con los verdugos carcajeando enfrente.

La Seguridad Democrática, otro nombre de la guerra acuñado por el Pablo Morillo criollo y tardío que quiso ser El Pacificador Álvaro Uribe Vélez, fue en realidad un mar de inseguridad siniestro, declaradamente fascista, durante el cual se persiguió y asesinó a quienes obstaculizaran las metas perfiladas.

La guerra guerrísima está en todas partes y en todo. Cada sector, cada estrato, cada colombiano, aporta lo que puede: el pudiente sopla el fuego, el militar apunta y dispara y da porrazos, el periodista atiza, la madre maleduca en la obediencia, el necesitado vota a cambio del ladrillo, el santurrón pregona la paciencia, el banquero atraca en cada cajero, el ratero cree robar al atracado, el matón mata y remata, el juez da casa o calle por cárcel.

Los legisladores violan sus curules y los que no lo hacen aran de sol a sol en el desierto. Los magistrados van ciegos y en venta, y los que no pocas veces ven vivos la mañana siguiente. Los partidos políticos, sin excepción, se muerden la cola de rabia cuando pierden, y los que no, se destrozan de envidia las entrañas cuando ganan. Los gobernantes, nacionales, regionales o locales, desbarajustan para desmontar lo público, y los que no, no existen.

El terror transita por las cosas estúpidas que nos emocionan, como el fútbol, o por la mala música que tarareamos, como el vallenato o la guascarrilera, sin dejar aparte los amores maltratados y los amigos delatados.

Unos volvieron el secuestro una manera irónica de persistir. Otros decidieron descabezar al país a punta de motosierras, con la anuencia y las palmaditas en el hombro indicadas. Todos fuimos trepando el futuro sobre el lomo de machetes y fusiles.

En un lugar donde la guerra seduce y la paz desordena, ¿cómo no ha de ser infame aquel que pregona la conciliación o indolente quien habla de justicia social? La inequidad es necesaria, el hambre es procedente. La desregulación del estado regula la convivencia en el desastre.

Y es linda y espectacular la guerra por la tele o la radio. Sonriente, aséptica, extraña, lejana. Si hay guerra, no se siente; si hay conflicto, no es nuestro. La cámara o el micrófono enfrían una masacre cada que quieren, pero calientan el resentimiento cuando conviene. Porque, como la de aquel escultor de La Fontaine, el alma colombiana es de hielo para la verdad y de fuego para la mentira (2).

Fascinados por el engaño, queremos creer que la guerra es buena, necesaria, y conduce a la paz. Pero la esperanza de esta última nos importa apenas porque mantiene incólume el escenario de la guerra. Un blanco por suerte móvil, etéreo, que abulta presupuestos, perpetúa el poder, elige mandatarios, mantiene las cosas como están: arriba los gozosos, abajo los dolorosos, al medio los misteriosos hilos de la dominación.

Aquí espanta la paz cierta. Estado, gobiernos, dirigentes, industriales, grandes empresarios, banqueros y demás poderosos sólo anhelan que excluidos, pobres e inútiles al sistema descansen en paz cuanto antes. Para que apropiadamente pasen a mejor vida cuentan con la salud que no se presta, el auxilio que no se entrega, las viviendas que se deshacen o no se hacen, el hambre que irradian, la ignorancia que fomentan. Y, desde luego, por si resisten el tramacazo, están las armas y los arsenales israelíes o gringos, y sus usuarios acuciosos, como los SMAD (3), el DAS o su sucedánea, la DNI (4), los grupos GAULA (5), por mencionar algunos.

La guerra es noble. ¿Cómo no va a serlo, si sobre las bombas renace el país y ahí convalidamos la identidad de nación que nos distingue? ¡Si sobre la muerte de miles sin nombre se fundamentan tantos apellidos seculares y los delfines sin fin! La muerte en Colombia no es un mal necesario, es un bien planeado, ejecutado y bendecido por los mismos héroes, patriarcas y patriotas que forjamos y ahora se pasean desesperados en busca de pedestal. Frankensteins con galones, pigmaliones con corbata, narcos patrón, sicarios con rosarios de plomo.

Un modelo a escala que replican la historia, los medios, las clases y las élites que nos tumban, la educación de la cuna para la tumba. Hay que dar migajas como limosnas. O marchar contra nosotros mismos, para ser salvos y resarcirnos del hijo corrupto, el hermano criminal, el padre mafioso, el amigo político, el Ello uribista, el Yo santista o el Superyó con un Ordóñez atravesado (6). Un desahogo en lágrimas de los violentos, porque no puede ser pacífico ni desinteresado algo en contra de alguien, menos aún cuando los gritos son rabiosos, pagos, fingidos.

Si hay luna, más lunáticos; si hay sol, solapados. Dementes guerreadores con la sangre hirviendo adentro y las arterias que ya estallan. Como en “La Casa del Juicio”, de Wilde, nunca podrán mandarnos al infierno porque ya vivimos en él. Y el único cielo imaginado es la venganza dulce (7).

Los desplazados, sin voz ni voto, huyen de las tierras despojadas y acampan a la espera del desalojo oficial. Las encuestas tergiversan. Los titulares confunden. Las estadísticas atacan. El coro es unánime, mientras las autoridades exhuman viejas víctimas y los dolientes despiden las recientes.

Dice Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, que la muerte anda en secreto (8). Eso será en otra parte. Aquí la muerte grita, su ronquido estremece de punta a punta y su rostro asoma en cualquier campo o esquina, a toda hora. Aunque el resultado es el mismo: Nadie la oye, nadie la ve, nadie la mira a la cara hasta que pasa lo que tenía que pasar y cae acuchillado. Porque todos vamos reventando para que los dueños de uno de los países mas inicuos y desgraciados del planeta puedan seguir existiendo en su impudicia. Y nadie nos rescata d'entre les morts (9).

NOTAS:

(1) Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la marcha por la libertad de los secuestrados. Villeta, Cundinamarca, 6 de diciembre de 2011. Portal de la Presidencia de la República. http://bit.ly/sRQasO

(2) “El escultor y la estatua de Júpiter”, en “Fábulas” de Jean de La Fontaine.

(3) Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional colombiana.

(4) Departamento Administrativo de Seguridad, organismo de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República. Por su vinculación con el espionaje y la persecución de opositores y de magistrados, el organismo ha sido reemplazado por la Dirección Nacional de Inteligencia.

(5) Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, pertenecientes al Ejército.

(6) Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, adalid de la extrema derecha colombiana y distinguido por sus cruzadas católicas y moralistas.

(7) “Poemas en Prosa”, de Oscar Wilde. Ed. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Madrid, 1999.

(8) Canción: “Testamento”, álbum: “Rabo de nube”, de Silvio Rodríguez.

(9) Referencia a “Sueurs froides: d'entre les morts” (“Vértigo” o “De entre los muertos”), de Aldred Hitchcock, basada en la novela del mismo nombre, de Pierre Boileau y Thomas Narcejac (1954).

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Kaos en la Red (España)
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Piedad Córdoba, Enrique Santiago y José Manuel Martín Meden acompañaron en Madrid a Remedios García y Leyla Ordóñez, víctimas de la guerra jurídica

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Mon, 05 Dec 2011 20:50:00 +0000

Defensores de la paz y de los derechos humanos son perseguidos en España con montajes judiciales.

Por: Patricia Rivas.

La Plataforma de Solidaridad con Remedios García convocó el pasado 1 de diciembre un acto público de denuncia y desagravio por la injusta persecución judicial que padece esta mediadora por la paz desde hace más de tres años.

La ex senadora y representante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba Ruiz; el abogado defensor de Remedios, Enrique Santiago Romero, y el periodista José Manuel Martín Medem fueron los encargados de levantar la voz y recordar a la opinión pública que quien fue linchada repetidas veces en los medios de comunicación masivos como "terrorista" y utilizada incluso en una campaña propagandística contra el Gobierno de Venezuela, con el silencio cómplice del Gobierno español, es en realidad una víctima de una estrategia de guerra jurídica y propagandística contra los defensores de derechos humanos y quienes trabajan en favor de un proceso de paz que termine con el conflicto armado interno que desangra a Colombia desde hace más de medio siglo.

La guerra en Colombia, impulsada por el establishment económico y político del país con la cobertura de la "lucha contra el terrorismo" se deriva de la lucha por el control de la tierra y de los recursos naturales estratégicos que codician las transnacionales. Por eso, más allá de los choques armados entre la fuerza pública y la insurgencia, la guerra se extiende en forma de desplazamiento forzado de millones de campesinos y miembros de comunidades originarias, empujados por el terrorismo de Estado promovido desde elementos estatales y narco-paramilitares, en una estrategia que cuenta con cobertura y apoyo por parte de Estados Unidos a través del Plan Colombia y el Plan Patriota. Una pequeña muestra de las cotas de impunidad y depravación que ha alcanzado el Estado colombiano en la aplicación de esa estrategia son los miles de asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública (llamados "falsos positivos"), en las que personas de las zonas pobres son captados con engaños por miembros de la fuerza pública, asesinados y presentados posteriormente como guerrilleros "dados de baja" en combate. Hay más de dos mil casos documentados.

En Colombia a los miembros de la fuerza pública en manos de la insurgencia se les llama "secuestrados", en lugar de presos de guerra, que es lo que son en aplicación del Derecho Internacional Humanitario que regula los mínimos de la guerra. En cambio, a los 800 miembros de la insurgencia presos de guerra en las cárceles colombianas se les llama "terroristas", pero no se habla de ellos ni los medios de comunicación se acuerdan nunca del sufrimiento de sus familiares. Tampoco cuentan que son sistemáticamente torturados, psicológica y corporalmente, y que se les deja morir en silencio, sin las mínimas condiciones sanitarias y de asistencia médica.

Pero además de los soldados, policías y guerrilleros presos, la guerra y su lógica de exterminio y criminalización, se traduce en más de siete mil quinientos presos políticos, de los que solamente unos ochocientos son miembros de la insurgencia. La inmensa mayoría son civiles, encerradas en las cárceles del Estado colombiano bajo acusación de "rebelión" y "terrorismo", sencillamente por su condición de líderes campesinos, sindicales, estudiantiles, indígenas o afro-descendientes; por ser incómodos y denunciar el terrorismo de Estado en cualquiera de sus formas. La herramienta utilizada es un montaje judicial, con falsos testigos y pruebas fabricadas ad hoc.

El Gobierno colombiano ha exportado esta estrategia a Europa, y gracias a la colaboración de la fiscalía y las autoridades españolas, hay dos ciudadanas en España sometidas a un linchamiento mediático y a un calvario judicial, a las que se ha puesto en la picota, destrozando su buen nombre: Remedios García, desde julio de 2008 y Leyla Ordóñez, desde febrero de 2011.

Piedad Córdoba: "Participaré en todos los espacios de reconocimiento a Remedios: todo lo que le sucede proviene de haber tratado de ponerle remedio a la guerra"

Piedad Córdoba Ruíz y Remedios García Albert

Me complace mucho reencontrarme con Remedios, quien ha tenido que padecer cualquier cantidad de sucesos, todos provenientes del simple y claro hecho de haber apoyado a un país que busca la paz desde hace mucho tiempo y que, sobre todo, el hecho de haber sido una figura de procurar aliviar la vida tan difícil y la postración de derechos humanos que vive el país, se ha visto sometida a este torbellino de cosas que parecen no tener fin, incluso a pesar de que en el país se han tomado decisiones por parte de la Corte Suprema que la deberían tener ya fuera de todo tipo de investigación.

En segundo lugar, me parece muy interesante que sea en la Junta de Vecinos donde se pueda hacer esto, donde haya interés por lo que pasa en un país como Colombia y por hacer reconocimiento a una mujer que, sin lugar a duda, ha tratado de ponerle remedio a la guerra y el conflicto que vive el país, aportando un granito de arena.

Yo siempre pienso que los momentos de mayor dificultad están relacionados con la posibilidad real de que se arreglen cosas. Porque esta no es una pelea de ángeles y arcángeles. Esta es una pelea del establishment económico del país y del mundo por lograr hacerse con un país, sus recursos y sus gentes, y no ile importan las cifras de miseria, de pobreza, de exclusión, o una democracia tan frágil como la que se da en Colombia. Precisamente ese afán, ese interés, se ve reflejado en la nula voluntad política que tienen los estamentos de poder en el país de que realmente se pueda avanzar.

Cómo se solazan con la muerte

A pesar de todas las críticas y de todas las voces agoreras de mala suerte, pienso que hemos avanzado muchísimo, al menos en visibilizar la precariedad democrática que hay en el país, en mirar de todas maneras cómo se degrada cada vez más la situación de derechos humanos en el país, cómo se prefiguran unas leyes y se configuran unos escenarios que en la práctica realmente ni se pueden aplicar, ni son ciertos. Y una de las cosas que inclusive más me llama la atención y de las cuales creo que es importante procurar hablar en todos los espacios es cómo se solazan con la muerte. Como decía el Presidente de la República, el doctor Santos, cuando le da la noticia al país, cualquiera estaría pensando que encontraron otro pozo petrolero, así sea para robárselo, o que encontraron la vacuna contra el cáncer, por la forma en que se presentaron los noticieros. Y ver uno la sonrisa del Presidente de la nación diciendo: “Mi esposa es testigo de que lloré de la emoción cuando me dijeron que habían matado a Cano”.

Yo creo que eso no amerita la preocupación de nadie ni la discusión, pero sí amerita que yo haya dicho que asesinaron al comandante Cano, que lo rechazamos, que nos parece indignante que hayan asesinado a 4 soldados de la patria. 4 personas que por lo general son campesinos o personas de cualquier barrio popular de cualquier ciudad de Colombia, que al Gobierno no le importan absolutamente nada, porque lo que es importante ahí es cómo seguir sosteniendo en el país que la salida militar es la que es importante y no el diálogo, ni el debate, ni la discusión, ni la repolitización de la sociedad, ni el instrumento de la política para avanzar en los temas que requiere el país.

Colombia en cifras: 20 millones de pobres

Yo quisiera traer a colación las últimas cifras. Porque creo que lo que hay que mostrar no es “Colombia es pasión”, sino Colombia en cifras. Colombia en cifras son 8 millones de indigentes; 20 millones de pobres; 1,5 % de personas que tienen el 51% del territorio productivo del país; 4 millones de hectáreas reconvertidas al cultivo de palma de aceite, o a cultivo de caña o de agrocombustibles. O que el 6% del PIB del país se dedica a la guerra, y que solamente el 0,4% se dedica a educación. O decir que un estudiante de educación superior al país le cuesta 3 millones de pesos, cuando un guerrillero en la cárcel le cuesta 14 millones de pesos al Estado, o que le cuesta 13 millones de pesos un soldado en la guerra.

Lo que más me impresiona y me da la sensación de que incluso se está tratando de reconocer de antemano que están fracasando, y no es que están fracasando porque a mí me parezca bueno que maten o que no maten, sino porque cuando el Director de Planeación reconoce que somos un país muy desigual, que realmente los indicadores de pobreza son alarmantes, que el país no está ganando la lucha contra la pobreza. Que somos el segundo país más desigual de América después de Haití o el tercero después del Congo y Haití en el mundo... Uno se pone a pensar: pero si saben eso, y acaban de votar un Proyecto de Presupuesto, un Plan de Desarrollo de 4 años, donde los porcentajes más altos se dedican precisamente a la guerra. Y yo creo que todo eso es precisamente para decir: a pesar de que no somos capaces de construir la miseria, la desigualdad, la exclusión, pues vamos a seguir con la guerra. Es decir, de lo poquito que quede, de todas maneras necesitamos que ustedes se despojen para poder continuar en una guerra.

Pedimos una tregua de la insurgencia y del Gobierno

Cuando realmente, si existiera la voluntad política, podríamos tranquila y llanamente avanzar en declarar una tregua, que es lo que venimos proponiendo: que se declare una tregua tanto de parte de la insurgencia como del Gobierno, o generar escenarios donde se pueda conversar. Pero mientras que el Presidente va a Inglaterra y dice que tiene la llave, y llega al país y con la llave se dedica a dispararle a todo el mundo y a generar lo que se ha venido generando. De una absoluta pobreza en la argumentación y de una absoluta precariedad, sobre todo en la posibilidad de que los mismos medios de comunicación le permitan a la gente opinar.

El próximo 6 de diciembre hay una marcha, y no es solamente contra las FARC. La marcha es contra todos los que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Contra los que nos levantamos y somos capaces de decir: hay que escuchar a las FARC, hay que escuchar al ELN. Así como a nadie le preguntaron que había que escuchar a los paramilitares, los escucharon, los colegiaron y sin embargo no se ha acabado el paramilitarismo. Sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias, que son muy difíciles, reverdecen otras cosas, como el movimiento estudiantil.

Movilización estudiantil

El movimiento estudiantil no está donde está porque de la noche a la mañana a unos estudiantes les pareció que era importante salir a marchar. Es que se vienen organizando de tiempo atrás. Es que hace tres o cuatro años apareció la FEU y la FEU comienza a llamar a los estudiantes del país. Es que hace 4 meses hicimos un congreso de la FEU y asistieron 5 mil estudiantes. Nosotros participamos apoyando a los estudiantes con toda la logística para que lo pudieran convocar. De ese evento salieron cosas tan importantes como la unidad de las universidades públicas y privadas frente a la necesidad de hacerle oposición a una reforma de la educación que se aviene al Tratado de Libre Comercio que acabaron de firmar en Estados Unidos y que tiene que ratificar el Congreso de Colombia. Y donde lo que se da es la apertura total y se legaliza la presencia de muchas Universidades de los Estados Unidos, fundamentalmente, que han comprado universidades en el país, que requieren unas exigencias de orden jurídico que les permitan realmente recibir recursos del Estado. Es que ni siquiera es llevar plata para invertir en las universidades, sino recibir recursos del Estado para supuestamente ellos prestar la educación en el país. Una educación que debería ser, simplemente, un derecho, que es fundamental además, pero que hoy se somete a la oferta y la demanda del mercado.

Esa discusión que moviliza a los estudiantes, pero que viene de tiempo atrás, conecta con los padres de familia, con los sindicatos, que han empezado a reflexionar. Porque la verdad es que todo el mundo en los sindicatos no está dispuesto a irse de ministro ni de vicepresidente, ni de embajador, porque mientras una persona se coloca, el país queda en unas circunstancias sumamente delicadas.

Ahora viene una reforma laboral que legaliza la tercerización del empleo y que además acaba con el contrato de trabajo, y se supone que tiene que tener un gladiador en la Unión Europea para poderle meter a la gente que eso es lo que requiere el país, cuando eso no es cierto. Y esos requerimientos son de los tratados de libre comercio.

Conflicto minero

Hechos como el levantamiento que ha habido en los últimos días en el Meta, en Pacífico Rubiales en Puerto Gaitán, donde el 80% de la exploración del país la hace esta empresa, y por ahí derecho se ha quedado también con la explotación, con unas condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de ese sector petrolero impresionantes. Puerto Gaitán no tiene agua, no tiene luz; como no lo tiene la Alta Guajira, que tiene a la Drummond, de donde se saca el carbón; como no lo tienen muchas de las regiones que hoy han sido arrasadas para la siembra de palma africana y como no lo tienen muchas de las regiones que hoy, ante el anuncio de la “locomotora” que hizo el Presidente. La expectativa de la explotación minera a cielo abierto no solamente ha fortalecido el paramilitarismo, sino que también ha desplazado a los campesinos y campesinas. Pero también hay que agregar que se ha modificado una legislación minera, una modificación que hicieron las multinacionales de la mano de algunos apátridas. Y hoy, ¿qué está haciendo el Gobierno? Persiguiendo a los pequeños mineros, metiéndolos a la cárcel. En Caucasia hoy hay un levantamiento de toda la región minera de Antioquia, de esa zona del Bajo Cauca antioqueño, porque a los que están metiendo a la cárcel ya hoy con el nuevo Código Minero es a los mineros artesanales, que llevan años y años en todas esas regiones, porque “hay que procurar la seguridad”.

Yo los invito a que escuchen la última intervención del Presidente, diciendo cuáles eran las condiciones de seguridad para los inversionistas. Es muy importante, es uno de los hechos más significativos de los últimos días: se aumenta el pie de fuerza y ese pie de fuerza está ubicado coincidencialmente donde están las zonas mineras: noroccidente y Sur de Bolívar, Marmato en Caldas, Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó y Antioquia, toda la zona que está rodeada de oro en Buenaventura, es decir, todas las regiones de mucho interés.

Quieren acallar la movilización con amenazas

Tal vez lo que la gente no sabe y es desalentador es ver cómo el paramilitarismo está, inclusive, yo diría peor que en los años 90, peor que en la época de Pablo Escobar. Algo inaudito. Pero en medio de toda esa cosa –decía yo- reverdecen muchas esperanzas. Florece ese movimiento obrero en Puerto Gaitán, donde han obligado a la empresa a sentarse y hablar con los trabajadores. A pesar de que en Segovia un trabajador del Gobierno anterior prácticamente se robó la propiedad de la mina, que era de los trabajadores, miembros del Partido Comunista, la escritura se la habían dejado a ellos. Se quedaron con la mina, pero la gente no se ha amilanado, la gente se está organizando. En Colombia hay una movilización, que se pretende acallar hoy con las amenazas de que todos los que no estamos de acuerdo con eso somos terroristas, o pertenecemos a la insurgencia. Y yo creo que la gente ha empezado a hacer caso omiso de ese discurso, porque la gente está llegando a las movilizaciones; está participando, está fortaleciendo un movimiento desde la sociedad civil para buscar la paz.

Creo que la enseñanza que ha sido para nosotros el oprobio o la infamia pública a la que se ha sometido a Remedios es lo que nos ha fortalecido a muchos a pensar que en muchas oportunidades, por muchas razones, quienes han llevado la bandera en lo alto, quienes han avanzado terminan o yéndose del país o siendo asesinados, que es lo más común en Colombia. O termina desprestigiado y aislado, porque la pelea es muy dura y muy desigual.

A mí me parece tan vergonzoso que el Gobierno pueda decir que utilizaron veintitantos helicópteros, no sé cuántos aviones, no sé cuántas bombas de 500 y 800 libras para asesinar a una sola persona, a Alfonso Cano, que así a ellos no se lo parezca, era un colombiano que estaba buscando la paz. Y esa desproporción en el uso de la fuerza no les parece anormal.

Yo creo que a pesar de este suceso tan doloroso de la última semana del asesinato de los 4 policías, donde creo que lo ético es que se investigue en una comisión quién los asesinó realmente. Porque el único soldado que quedó vivo, lo primero que sale a decir es: “Yo pude seguir vivo porque me escondí y me pude separar del tiroteo que había entre el Ejército y las FARC”. Entonces, como él mismo dice, los pudo haber matado o un tiro de los unos o de los otros. Ya las noticias que se presentan después son otras. Obviamente, no sólo para confundir, sino para mantenerse en el argumento de que la salida no es la política ni la negociación, sino la guerra.

Yo creo que hay que tener muchísima paciencia, para ser capaces de continuar. Por eso es muy importante que europeos y europeas por la paz, que nos invitan acá, como nos invita Mundubat, realmente sigamos haciendo este trabajo para poder contar lo que está pasando. Porque a pesar de que hoy estamos en la era de la información, como dice Manuel Castells, a nosotros nos toca estar en la era del burro y de la mula, boca a boca, con volanticos y con cosas, porque son mucho más poderosos los medios de desinformación, que además defienden intereses muy claros de los medios de los dueños de los medios de producción, que no quieren dejar abierta la posibilidad de que se acabe la guerra en el país.

Prisioneros de guerra

Hemos pedido esa comisión de investigación y hemos pedido una comisión de verificación sobre las condiciones de los prisioneros de guerra, que es un imperativo ético de quienes estamos trabajando por la paz. Es una necesidad además de que se visualice que este no es un intercambio tuerto como dicen algunos, sino que aquí hay dos partes contendientes. Y si el mismo Gobierno reconoce que hay un conflicto, ese conflicto amerita y obliga a que se apliquen los protocolos y el derecho de guerra donde, efectivamente, hay unas limitaciones, hay unas prohibiciones que son los mínimos éticos que tiene la guerra. Hablar de humanizar la guerra, como decía el mismo comandante Manuel Marulanda en su momento, es eludir la capacidad de poder terminar la guerra. Ojalá la pudiéramos terminar y no tuviéramos que llegar a eso, pero todo el mundo no razona ni racionaliza de la misma manera, ni los intereses van a dejar que esto ocurra de tan fácil manera.

Mientras tanto, nosotros a partir del mes de enero, nos vamos a ir preparando para eso. A pesar de que ya se tenía convocada una reunión, porque se tenía noticia de que llegaba la carta con alguna de las mujeres que firmaron la carta, que, de todas maneras, van a llegar a Bogotá el próximo 4 de diciembre, nosotras vamos a plantear la creación de la comisión. Vamos a plantear la creación de otra comisión que revise los procesos por los cuales han sido condenados 7.500 presos políticos, de opinión, entre los que está los mismos combatientes guerrilleros, y que han sido condenados prácticamente sin fórmula de juicio.

Fui destituida y no me he podido defender

Yo pongo un ejemplo muy concreto, para no ir ni siquiera a los que están alzados en armas: yo misma. Yo fui destituida y no tengo derechos políticos en este momento, hasta dentro de 17 años, porque va a cumplirse ya un año desde que fui destituida. Y lo que la gente no sabe es que yo no me pude defender, porque el Procurador no dejó que agotara los recursos. Y cuando se iba a llegar a un recurso me montaba otro proceso, y mientras tanto, otro proceso. Hoy me abrió una investigación –sabiendo que ya no me puede investigar más- dizque porque yo tengo un apartamento en Barcelona y tengo cédula venezolana… y la única que no sabe eso soy yo.

Entonces, lo que uno ve claro es el afán y el interés por desdibujar el trabajo que muchos hacemos. Pero además de eso, de dejar sin una defensa ética, que es la defensa que tiene que hacer la sociedad, de quienes procuramos un orden político, social y económico totalmente diferente. Y sobre todo, en la manera como ellos dan las noticias, pero fundamentalmente, en que no puedan existir los recursos.

En otro país, la Corte Constitucional, y no me voy contra ella, ya hubiera definido mi tutela. Llevo ya casi un año y tampoco sé si el pronunciamiento va a ser a favor del Derecho, porque yo no estoy exigiendo nada más. El Consejo de Estado últimamente tomó la decisión de no estudiar la suspensión provisional, que fue lo que yo solicité. Bueno, perfecto, hay una demanda que está en curso. Pero lo pongo como ejemplo no para mostrarles a ustedes que yo soy una heroína o una mártir. No. Si a mí me pudo haber pasado eso, que se supone entre comillas que hago parte de un Partido, que hoy está totalmente entregado a la Unidad Nacional, menos yo, pues ¿qué no le podrá pasar a una pobre persona que muchas veces no sabe ni por qué la detuvieron? Y que asegura que no estuvo ahí pero aparece un señor que asegura que sí estuvo ahí. Además, hay una cosa que nosotros hemos visto en los procesos. Porque yo activé mi tarjeta profesional y estoy dedicada a defender muchísima gente que está presa, porque eso sí no me lo pueden quitar, por ahora. Y uno se da cuenta de cómo han logrado montar una estrategia tan perversa que hasta uno mismo termina por creerse sus mentiras.

Montajes judiciales

Cuando fuimos a asesorar a los muchachos que detuvieron después del Congreso de la FEU en el Caquetá, que detuvieron a un grupo como de cinco o seis, la presentación que hace la inteligencia es tan sofisticada, en medios magnéticos y toda esa cosa, que yo llegué a pensar que eso era verdad. Y además yo aparecía también ahí. Yo misma decía: ¿pero yo qué estoy haciendo ahí? Y los muchachos se pusieron a llorar, diciendo que eso no era verdad. E incluso las mismas familias terminan diciendo: “Acepte, mi hijo que le pongan rebelión, acepte mi hijo”. Y los muchachos decían: ¿Pero por qué vamos a aceptar eso, si no es verdad?

Es tan sofisticado lo que han venido haciendo, que es una forma de tortura psicológica, no solamente para quien está implicado, sino también para el resto, y han logrado que muchos abogados no los defiendan y no acepten llevar ningún tipo de procesos de estos. Y a todo ese tipo de cosas hay que ponerles fin. Pero no retrocediendo, sino manteniéndose.

No nos pueden arrodillar

Yo recurro mucho a una figura española, que es Pasionaria. Yo creo que su ejemplo de vida, el “No pasarán” sigue siendo absolutamente vital en este momento. Porque no pueden pasar; porque no pueden seguir. Porque no nos pueden arrodillar. Porque no pueden lograr que renunciemos a lo que enarbolamos, que es la defensa de la libertad, la búsqueda del mínimo ético, que es poder vivir con tranquilidad.

Por eso, yo quería decirle a Remedios que en todos los actos que haya, en todos los espacios de reconocimiento por lo que ha hecho por mi país, si yo estoy aquí lo haré, y si no, desde la distancia. Porque lo necesitamos. Porque estamos convencidos de que la muerte no puede vencer sobre la vida, y que las circunstancias tan difíciles no pueden ganar ante la esperanza de vivir en un país en paz.

Colombia es un país maravilloso, con todas sus gentes. Y batallar en esas circunstancias es muy difícil. Pero más difícil es no hacer nada. Más difícil es tranquilizarse a ver morir las esperanzas, a ver morir a tanta gente, y a negarse la posibilidad de haber tenido –lo digo con toda tranquilidad- a una persona que estaba luchando con tanta certeza y con tanta responsabilidad, como se había comprometido Alfonso Cano en sacar todo esto adelante. Qué tan bueno hubiera sido poder estar discutiendo un futuro próximo con ellos, con todos los que creemos que nuestro país tiene que salir adelante, inclusive con quienes nos odian a muerte, con los que creen que el derecho es solamente de ellos y no de todos nosotros y de todas nosotras.

Yo estoy segura de que vamos a salir adelante, Remedios, totalmente segura. Aunque nos duela mucho. Pero tengo la absoluta esperanza de que vienen otras cartas; que vienen muy buenas noticias y que esas noticias son la esperanza de que Colombia pueda vivir en paz. Mil gracias.

Enrique Santiago: "Todas las acusaciones contra Remedios y Leyla Ordóñez se sustentaban en pruebas supuestamente encontradas en los ordenadores mágicos de Raúl Reyes, invalidadas por la Corte Suprema colombiana"

José Manuel Martín Meden, Enrique Santiago, Piedad Córdoba y Remedios García.

Es obligación ofrecer una explicación aunque sea somera de la situación en la que se encuentra ahora mismo la compañera Remedios. Creo que también es bueno hablar de la situación en la que se encuentra ahora mismo la otra compañera colombiana que se encuentra también con un procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional, la compañera Leyla Ordóñez, ambas por hechos muy parecidos, todos derivados de esta caja mágica que son los ordenadores de Raul Reyes.

El termómetro para medir la poca consistencia que estos procedimientos judiciales tienen ahora mismo es el mediático: ha desaparecido absolutamente de los medios de comunicación las noticias relativas a este procedimiento y los escándalos sistemáticos que la prensa viene organizando, especialmente entre julio de 2008, el momento de la detención de Remedios, y el último escándalo, coincidiendo con la detención de Leyla en este año 2011.

Después de eso han ocurrido cosas sumamente importantes, que la inmensa mayoría de las personas, incluso aquellas que han venido siguiendo la situación procesal de Remedios y de Leyla ignoran. La primera y más importante es que la Audiencia Nacional ha levantado el procesamiento y ha retirado absolutamente todos los cargos que había respecto a Remedios en el procedimiento que se sigue por la supuesta vinculación entre las FARC, ETA y el Gobierno de Venezuela.

Operación propagandística de difamación contra Remedios y el Gobierno de Venezuela

Fue el 1 de marzo de 2010 cuando, antes de que lo conociera Remedios o su defensa procesal los medios de comunicación, en primera página otra vez, dieron la noticia de que se procesaba nuevamente a Remedios en otro procedimiento judicial, esta vez nada más y nada menos que por ser ella el vínculo entre la organización ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela, en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige un juez que fue Director General de Justicia en el Gobierno de la Comunidad Valenciana presidido por el Sr Eduardo Zaplana, cuando la Generalitat Valenciana en el año 2000 recibió con honores políticos a Raúl Reyes.

El procesamiento de Remedios fue primero conocido por los medios de comunicación y sólo después, por la propia Remedios y su defensa. Es más, un mes después de haber saltado a los medios de comunicación toda la información sobre el procesamiento de Remedios, ella todavía no había sido notificada en ese procedimiento; un mes después no había podido declarar y no había podido defenderse. A fecha de hoy todos los cargos han sido retirados, el procesamiento ha sido levantado porque ninguno de los más de 12 testigos que supuestamente presentaron las autoridades colombianas –unos, antiguos miembros de las FARC, según decían; y otros, taxistas venezolanos que, según declaraban, iban a los campamentos de las FARC a recoger a Remedios en taxi y luego la devolvían a gasolineras donde supuestamente Remedios entregaba pasaportes delante de generales del Ejército venezolano a todo tipo de miembros de ETA que aparecían por allá- después de que todas estas declaraciones resultaran absolutamente insostenibles (ciudadanos que se presentaban como venezolanos y que en las declaraciones judiciales reconocían que eran colombianos), lo cierto es que se levantó este procesamiento y ello no fue noticia, no se publicó en los medios de comunicación. Practicamente se desconoce no solamente que Remedios no tiene ninguna acusación en ese procedimiento, sino tampoco los propios funcionarios venezolanos que fueron acusados.

¿Lo que fue un favor político solicitado por el Gobierno de España ahora es un crimen?

No voy a hablar de la situación de los presuntos miembros de ETA acusados en ese procedimiento, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran en Venezuela desde hace más de 20 años a petición del Gobierno español al Gobierno venezolano. Fue un favor político que realizó el Gobierno venezolano al Gobierno español a petición del entonces presidente del Gobierno, el señor Felipe González. Luego el juez se pregunta qué hacen estos miembros de ETA viviendo en Venezuela, que por qué tienen nacionalidad venezolana, que por qué están casados con ciudadanas venezolanas. La contestación es bien sencilla: llevan 20 años viviendo en Venezuela y el Gobierno venezolano además ha garantizado al Gobierno español como parte de ese acuerdo político, que estos señores, presuntos miembros de ETA –porque la inmensa mayoría no han sido nunca juzgados- no podrían regresar a España.

Lo que es un favor político del Gobierno venezolano, en principio, del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, que luego mantiene el Gobierno del presidente Hugo Chávez, esto es elevado nada más y nada menos que a la categoría de crimen o complicidad, para el presunto sostenimiento, financiación y entrenamiento de ETA. Con el silencio absolutamente cómplice del Gobierno español, que en ningún momento ha tenido la entereza o la honradez de decir que la explicación por la cual estos señores están en Venezuela es porque nosotros lo pedimos y nosotros los enviamos, al igual que se lo hemos pedido al Gobierno de Argelia, al Gobierno de Cabo Verde, al Gobierno de México, al Gobierno de Uruguay o al Gobierno de Cuba. Y además debemos agradecer que estos presuntos miembros de ETA no hayan vuelto de Venezuela, porque eso significa que el Gobierno venezolano está cumpliendo el compromiso político que nosotros les pedimos. En ningún momento el Gobierno español ha levantado la voz para dar estas explicaciones que serían de mínima honradez, no ya por ser cabales, ajustadas a la realidad, sino por mínima honradez. El Gobierno español ha mirado para otro lado mientras se organizaba un auténtico escándalo mediático que ha supuesto incluso la criminalización del Gobierno de Venezuela, que era la cabeza que se buscaba con este procedimiento, ante la comunidad internacional y justificar las acusaciones de connivencia con el terrorismo, de financiación del terrorismo, por parte del Gobierno de los Estados Unidos y adláteres.

Y ni más ni menos que la pieza clave con la que la justicia española mantuvo un tiempo tal falacia, una construcción que en la practica resultaba propagandística, era la compañera Remedios, a la que posteriormente, como digo, le fueron retiradas las acusaciones. Una vez retiradas, ¿cuál es la situación de Remedios?

Pendiente de poder defenderse desde julio de 2008

La compañera Remedios sigue teniendo una acusación que deriva del primer procedimiento que se le abrió cuando fue detenida en julio de 2008. En principio se le acusa por colaboración, no por integración, con organización terrorista, concretamente por su colaboración con las FARC. Esa presunta colaboración se supone que la ha realizado Remedios mediante actividades de proselitismo, reclutamiento, adoctrinamiento y financiación o ayuda a todas estas cuestiones.

A fecha de hoy Remedios no ha vuelto a ser citada a declarar en la Audiencia Nacional en todo este procedimiento, desde julio del año 2008. Todas y cada una de las pruebas que se han presentado contra ella han sido no muy difícilmente contrarrestadas y desmentidas, y el núcleo de las pruebas que la fiscalía española a través de la fiscalía colombiana presentaba contra Remedios era el contenido de los famosos ordenadores de Raúl Reyes que en el pasado mes de mayo de 2011 la Corte Suprema declaró nulos de pleno Derecho por ser pruebas obtenidas –como veníamos diciendo aquí, en Colombia y en cualquier lugar del mundo donde se han intentado utilizar por los tribunales- con violación de innumerables normas de Derecho nacional interno colombiano e internacional. Concretamente, la Corte Suprema colombiana las anula por la primera de las alegaciones que presenta en este caso la defensa del representante a la Cámara Wilson Borja. Ese ha sido el procedimiento en el que se han anulado porque ha sido el primer procedimiento sustentado en las supuestas pruebas de los ordenadores que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia colombiana.

Las únicas pruebas presentadas contra Remedios ya han sido invalidadas

Es decir, por primera vez, y a pesar de las presuntas mentiras reiteradamente mantenidas por los oficiales de policía colombianos que han declarado en el procedimiento en España –que han mantenido en todo momento que esas pruebas tenían plena validez ante los tribunales colombianos, cuando en ese momento ya esas pruebas habían sido anuladas por tribunales inferiores, que no las habían tenido en cuenta, y fueron los recursos de la fiscalía colombiana los que motivaron que llegara a la Corte suprema- la Corte Suprema las anuló por la primera causal alegada, que fue por haberse obtenido en contra de lo establecido en los Convenios Bilaterales y multilaterales de cooperacion jurídica, en violación de la soberanía territorial de Ecuador y haber sido obtenidas por agentes del Estado no investidos de autoridad judicial, concretamente por las fuerzas armadas colombianas, que intervenían sin ningún tipo de cobertura judicial para actuar en otro país distinto del suyo.

Y digo que es la primera causal, es la primera alegación la que admite la Corte, porque obviamente había muchas más. Si esa hubiera sido desestimada, la Corte tendría que haber examinado otras y, probablemente, esta primera causal es la que crea menos problemas políticos al Gobierno colombiano. Porque las otras eran ya de una índole mucho más seria, quizás no tanto en las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, pero sí respecto a la actuación y la falta absoluta de respeto que las autoridades colombianas tienen respecto a los derechos humanos. Porque el resto de causales hacían referencia a la perpetración de crímenes de lesa humanidad en la obtención de las presuntas pruebas.

Es decir, como está certificado por forenses ecuatorianos y por forenses franceses traídos por las autoridades ecuatorianas, todos los supuestos miembros de las FARC que quedaron en el campamento de Raúl Reyes después del bombardeo y de la operación militar en la que se obtuvieron esos ordenadores, todos aparecieron con tiros en la cabeza o acribillados por la espalda. Es decir, ejecutados, todos y cada uno de ellos.

O que el propio cuerpo de Raúl Reyes estuviera destrozado por un uso excesivo de la fuerza, que también es un crimen de lesa humanidad: esta persona había sido bombardeada sistemáticamente.

Computadores mágicos

O luego alegaciones ya de tipo mucho más doméstico, que no dejan de llamar la atención. ¿Cómo habiéndose acreditado por las Fuerzas Armadas Colombianas las toneladas de bombas arrojadas sobre ese campamento y sobre esos materiales informáticos, cómo es posible que ordenadores laptop de uso doméstico que en los certificados de instrucciones dicen que no resisten más de cien grados de temperatura, cómo es posible que ni uno solo de esos 15 ordenadores, 80 pen-drive, y veintitantos discos duros, ni uno solo, estuviera dañado por efecto del calor después de haber soportado toneladas de bombas que cayeron sobre ellos? No es que no hubiera ninguno roto físicamente, sino que ni siquiera se hubieran dañado. Es decir, que la temperatura supuestamente no superó los cien grados, después de toneladas de bombas que cayeron sobre estos instrumentos.

La Corte Suprema colombiana lo que ha hecho es acoger la primera de las causales alegadas porque probablemente es la que causa menos escándalo político. Una vez que anulamos estas pruebas por esta causal, nos evitamos tener que entrar en las siguientes. Nos evitamos tener que entrar en el análisis de si ha habido crímenes de lesa humanidad, o nos evitamos tener que entrar en el análisis de las muchas falacias vertidas, que no son sostenibles desde el punto de vista jurídico pero ni siquiera desde la lógica, como es este misterio de la naturaleza y la técnica de ordenadores que aguantan miles de grados.

Los mismos policías colombianos que no han reconocido ante la Audiencia Nacional que estas pruebas ya estaban siendo cuestionadas por los tribunales colombianos, ellos mismos reconocen que, efectivamente, las toneladas de bombas que cayeron provocan un equivalente a cientos de grados centígrados. Y no eran capaces de dar ningún tipo de explicación lógica. ¿Cómo es que ninguno, ni siquiera un maldito pen-drive había sido dañado y todos estaban absolutamente íntegros en sus materiales? Al igual que también reconocieron otras cosas sorprendentes.

Los ordenadores son incautados en una operación nocturna, tardan tres días en llegar a Bogotá, con todo un fin de semana de por medio. La operación es la noche de un viernes a un sábado, los ordenadores no llegan a la Policía en Bogotá hasta el lunes por la mañana y el sábado por la mañana, ya en varios periódicos de Colombia y de Ecuador, aparece en primera página el supuesto contenido de los ordenadores. Cuando la propia policía colombiana certifica que los ordenadores no han sido abiertos en sede policial hasta el lunes. Es decir, 36 horas antes de que esos ordenadores sean abiertos, según el informe pericial, ya aparece en medios de comunicación ecuatorianos y colombianos en primera página el contenido. Algo que tampoco han sabido explicar, no ya las autoridades colombianas, sino los propios agentes policiales responsables de esta operación que han intervenido ante la Audiencia Nacional.

Ignominiosa persecución en España contra una refugiada

El asunto es que, una vez presentada ante la Audiencia Nacional, tanto en el único procedimiento ya que se sigue contra Remedios como en el procedimiento de extradición que inician las autoridades colombianas contra la compañera Leyla Ordóñez que, obviamente, no fue ni tan siquiera mantenida en prisión, porque su estatus de refugiada política en España impide no solamente que sea sometida a un procedimiento de extradición, sino que impide ser devuelta a Colombia: la compañera Leyla podría ser enviada a cualquier país del mundo para ser juzgada salvo a Colombia, porque es el único país respecto al cual está absolutamente protegida de ser devuelta por la Convención de Ginebra, que dice taxativamente que un refugiado jamás, bajo ningún concepto, puede ser devuelto al país del que huyó buscando protección.

La compañera Leyla queda en libertad en el momento en que comparece ante la autoridad judicial, a pesar de que la fiscalía española solicitaba prisión incondicional sin fianza. Todas las pruebas que se presentan contra Leyla devienen de estos maravillosamente resistentes ordenadores y materiales informáticos de Raúl Reyes.

Al margen ya de fundamentaciones de supuesto vínculo con organizaciones o actividades terroristas de Leyla, que no dejan de herir el sentido común y la honorabilidad de las personas, una de las gravísimas acusaciones formuladas por el Gobierno colombiano era que del contenido de esos ordenadores se desprendía que Leyla había constituido una organización defensora de los derechos humanos para desprestigiar al Gobierno colombiano en España, dando incluso el nombre, efectivamente, de una asociación registrada, legal en España, que ha realizado innumerables actividades en defensa de los derechos humanos. Y esto era argumentado como una fehaciente prueba por parte de las autoridades colombianas de su vínculo con organizaciones terroristas, como parte de esa llamada guerra jurídica que lleva adelante el Gobierno colombiano respecto a los defensores de los derechos humanos.

La fiscalía española y colombiana llevan seis meses sin responder

Cuando esta sentencia de la Corte Suprema colombiana se emite en el mes de mayo, se presenta tanto en el procedimiento de Leyla como en el procedimiento de Remedios en dos juzgados distintos de la Audiencia Nacional y se piden dos cuestiones:

-En primer lugar, que el juez español acuerde remitir esa sentencia a Colombia para que las autoridades colombianas certifiquen que esa sentencia es auténtica. Y que además es firme y no recurrible.

-En segundo lugar, que la fiscalía española, en ambos procedimientos, explique si además de los contenidos de los ordenadores de Raúl Reyes tienen alguna otra prueba que permita, una vez anuladas las pruebas procedentes de los ordenadores, sustentar alguna acusación contra Remedios o contra Leyla.

A fecha de hoy, seis meses después de haberse presentado, las autoridades colombianas no han contestado esa comisión rogatoria. Ayer mismo el juez que instruye el procedimiento de extradición de Leyla la reiteró a Colombia, diciendo que qué ocurría: que cómo es que tardan dos semanas en enviar órdenes de detención desde que supuestamente detectan en Colombia elementos incriminatorios contra personas residentes en España, pero que seis meses después de enviarse una solicitud de certificación han sido incapaces de contestarla.

A paso de tortuga también en la causa contra Álvaro Uribe por las chuzadas en España

Una lentitud de las autoridades colombianas que se repite en otro procedimiento judicial, que no tiene que ver ni con la compañera Remedios ni con la compañera Leyla, que es el procedimiento que se sigue en los Juzgados de Madrid, entre otros funcionarios y autoridades colombianas, contra el señor Álvaro Uribe Vélez, que está imputado por la justicia española por delitos de intervención de comunicaciones y coacciones por los sucesos del DAS ocurridos en España. También la jueza que instruye estas actuaciones en el mes de junio remitió una comisión rogatoria a las autoridades colombianas para que informaran sobre si los hechos investigados en España estaban siendo investigados en Colombia, y a fecha de hoy las autoridades colombianas tampoco han tenido tiempo para contestar esa comisión rogatoria, al igual que otra similar que otro juez belga ha enviado a Colombia por los sucesos de las famosas “chuzadas”, que no sólo ocurrieron en Colombia y en España, también en Bélgica fueron chuzados, espiados, coaccionados tanto refugiados colombianos en Bélgica como políticos belgas, eurodiputados de distintos países que realizaban sus actividades en el Parlamento Europeo, y a fecha de hoy las autoridades colombianas no han tenido tiempo de contestar ninguna de esas cuatro comisiones rogatorias –las dos de los procedimientos de Leyla y Remedios, la de las chuzadas del DAS en España y la de las chuzadas del DAS en Bélgica- y tampoco han tenido tiempo de autorizar una petición de la policía judicial belga que en el mes de junio solicitó a la fiscalía colombiana desplazarse a examinar ellos directamente los expedientes del DAS incautados por la fiscalía colombiana en las oficinas del DAS.

Tampoco la fiscalía española en estos meses ha tenido tiempo de indicarnos si además de las pruebas supuestamente contenidas en esos ordenadores de Raúl Reyes, existe alguna otra prueba que ellos tengan que permita mantener el procedimiento y las acusaciones que se han formulado contra Remedios o que permitan mantener vivo el procedimiento de extradición que se sigue contra Leyla. A fecha de hoy tampoco hemos tenido contestación de la fiscalía española, muy diligente cuando se trata de ejecutar solicitudes de detención pedidas por Colombia respecto a ciudadanos refugiados en España. Porque si algo es indignante es que la Fiscalía española, cuando llega una solicitud de detención de una ciudadana cuya tarjeta de identidad en España es una tarjeta de refugiado, curse inmediatamente una solicitud de detención; y no solamente eso, sino que al pedir la prisión incondicional de Leyla obvie, nada más y nada menos, que las normas contenidas en la Ley de Extradición Pasiva, en la Ley Española de Asilo y en la Convención de Ginebra. Todas esas normas la fiscalía española las desconocía por lo visto y se permitió mantener la solicitud de prisión incondicional que fue, con muy buen criterio, rechazada por el juez instructor.

Como no sabemos si van a contestar o van a dejar de contestar, si esta situación se alarga, probablemente lo que haremos será intentar acreditar ante la justicia española que esto significa un reconocimiento de la ausencia absoluta de elementos de acusación contra ambas compañeras. y, por lo tanto, se justificaría el archivo del procedimiento de extradición y en el caso de Remedios, el absoluto sobreseimiento de la causa.

Indicios

A fecha de hoy ya hay indicios que nos permiten llegar a la conclusión de que las autoridades judiciales españolas son conscientes de que probablemente no van a tener muchos elementos para abordar un procedimiento de enjuiciamiento. El primero de ellos es que hace un mes solicitamos una autorización para que Remedios pudiera viajar fuera de España y se le devolviera el pasaporte, y la fiscalía española informó favorablemente y a la compañera Remedios se le devolvió su pasaporte y se le autorizó a abandonar España. Y la segunda es que hemos llegado a la conclusión de que a fecha de hoy no tiene mucho sentido que las medidas cautelares impuestas a Remedios le obliguen a presentarse semanalmente ante el juzgado, con lo cual también hemos pedido que se sustituyan estas medidas por la obligación de presentación mensual y la fiscalía española también ha tenido el buen criterio de no oponerse, con lo cual el juez español ya ha acordado la sustitución de la medida de presentación semanal por una medida de presentación mensual. Todo esto son indicios, pero que llevan a pensar que es imprescindible mantener la presión política. El escándalo mediático que a esta señora le ha destrozado su actividad profesional y personal desde hace tres años, escándalo que fue reiterado en marzo de 2010 con la nueva construcción fraudulenta del proceso en el cual supuestamente esta señora era el vínculo, nada más y nada menos que entre ETA, las FARC y el Gobierno venezolano, requeriría – si en los medios de comunicación españoles hubiera un mínimo de decencia- no solamente dar a conocer esta situación, por la que estos procedimientos se han caído, puesto que parece ser, cada día de una forma más clara, que no hay pruebas que permitan mantener estas acusaciones, una cierta rehabilitación mediática, igual que en su día se efectuó una clarísima condena mediática respecto a Remedios. Y también respecto a Leyla, porque en su caso, otra vulneración sistemática de la legislación nacional e internacional realizada por los medios de comunicación ha sido la publicación de datos, nombres, apellidos, lugares de trabajo y fotografías de una mujer que es refugiada en España. Es algo que la ley prohíbe absolutamente. Y eso se ha hecho sin que se sepa cómo, de dónde han salido esas fotografías que, curiosamente, en el caso de Leyla, al igual que en el caso de Remedios, coinciden con las fotografías de las fichas policiales. Son las que han sido publicadas por los medios de comunicación sin solución de continuidad y escasas horas después de que ambas fueran detenidas. Es decir, la filtración está claro que viene de archivos oficiales: o bien de archivos policiales o bien de archivos judiciales.

Entrar a discutir las causas del conflicto es, ni más ni menos, que hablar de las riquezas, de la posesión de la tierra y de la acumulación insultante en muy pocas manos frente a esos 20 millones de colombianos que, según las Naciones Unidas, viven en la absoluta pobreza.

Exterminar a la dirigencia política para evitar abordar las causas del conflicto

Otra vez toneladas de bombas caen sobre un hombre que iba en compañía de muy pocas personas, con un círculo de seguridad muy reducido, y después un operativo de más de mil hombres acordonan una zona en la que, como ha dicho no precisamente alguien sospechoso de terrorismo, sino como manifestó antesdeayer el arzobispo de Cali, ¿cómo es posible que Alfonso Cano no fuera detenido por las autoridades colombianas, cuando la zona estaba cercada y había mil militares sobre el terreno buscándolo? ¿Cómo es posible que cuando lo encuentren sea ejecutado, sea asesinado, estando rodeado de mil militares, una persona –en palabras del arzobispo- mayor de 60 años, herido, ciego, porque estaba sin sus gafas, y acorralado por el ejército? ¿Cómo es posible que haya sido acribillado a balazos y qué impedimento tuvieron las autoridades colombianas para detenerlo y haberlo llevado delante de la Justicia? Evidentemente, las autoridades colombianas no tenían ningún interés en someter a Alfonso Cano a ningún procedimiento judicial ni en mantenerlo vivo, porque esto pone de manifiesto que la dirigencia de la insurgencia colombiana es fundamentalmente política, con criterios políticos, que defiende mecanismos políticos para solucionar el conflicto y, obviamente, eso cuestiona la naturaleza del conflicto y los responsables del mismo. Porque hablar sobre las causas del conflicto en Colombia es sobrepasar el límite de lo que la oligarquía puede permitir.

Y además también conviene destacar, para poner de manifiesto la falta absoluta de voluntad política del Gobierno colombiano de avanzar en un escenario de paz, cómo la estrategia de combate a la insurgencia ya no es la estrategia de combate a las fuerzas guerrilleras o de expulsar a las fuerzas de la insurgencia de las zonas que controlan, sino cómo se dirige en una política selectiva de exterminio de sus dirigentes políticos. Es decir, aquellos que desde la comandancia de las insurgencias están defendiendo la negociación política y el fin del conflicto a través de la discusión política sobre sus causas. Es decir, aquellos que están accediendo a la liberación unilateral y sin esperar nada a cambio, pese al exterminio al que están siendo sometidos los presos políticos en general y en particular los prisioneros de guerra de la insurgencia en poder de las autoridades colombianas, están siendo exterminados estos dirigentes políticos mediante un uso excesivo de la fuerza que solamente puede ser calificado como ejecución extrajudicial. Y el caso de Alfonso Cano lo pone claramente de manifiesto.

14 años sin hacer nada por la liberación de los soldados y cuando se enteran de su inminente liberación, provocan su muerte con una operación militar a sangre y fuego

Pero además quiero poner de manifiesto lo que claramente han expresado las FARC. Yo tengo aquí el último comunicado de las FARC en el que explica la ignominia con la que ha actuado el Gobierno colombiano: 14 años sin intentar el rescate de los militares en poder de las FARC. 14 años. Y qué casualidad, que precisamente cuando se enteran de que se iba a producir en breve, de forma inmediata la liberación de seis de esos militares, entran a sangre y fuego y fuerzan una situación en la que mueren. Esto acredita la consideración que el Gobierno colombiano tiene a sus propios militares, aquellos que van a defender los privilegios de la oligarquía colombiana. No tienen el mínimo decoro de facilitar la liberación unilateral y sin condiciones que habían acordado en este caso las FARC, y fuerzan que estas personas sean exterminadas. Y, como decía Piedad, ya veremos cómo han acabado con las vidas de estas personas. Porque lo que no encaja es que si estas personas, como se ha dicho, estaban encadenadas y aparecieron encadenadas con un tiro en la cabeza, cómo es que ha habido uno que no estaba encadenado y que quitándose de en medio cuando empezó el tiroteo, se puso a salvo. Son cosas que no cuadran desde ningún punto de vista.

El Gobierno Santos: discurso suavizado, pero violaciones de derechos humanos igual de atroces

Yo quiero acabar señalando la necesidad de redoblar estos esfuerzos. Porque nos encontramos ante un Gobierno absolutamente ignominioso, que no es cierto que haya cambiado. Como bien dicen los movimientos populares colombianos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, apenas ha habido un desarme de la palabra. El señor Santos parece ser bastante más inteligente y, por lo tanto, también previsiblemente más peligroso que el señor Uribe, y ha adoptado un tipo de lenguaje y forma de relacionarse con los medios de comunicación no tan soez y grosero como el del señor Uribe, lo cual puede prestarle algo más de credibilidad de lo que tenía Uribe, que mantenía un discurso irracional y cegado por el odio. Sin embargo, el Gobierno del señor Santos mantiene otro tipo de discurso, con una cobertura supuestamente más democrática y apelando a los mismos argumentos utilizados por las autoridades estadounidenses en esa famosa “guerra contra el terrorismo”. Las cifras de la situación de los defensores de los derechos humanos, de los sindicalistas en Colombia en el año y tres meses de Gobierno del presidente Santos son tan atroces o peores que las del Gobierno del Señor Uribe. Los asesinatos de sindicalistas siguen produciéndose con la misma frecuencia o más; las detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos de los defensores de derechos humanos siguen produciéndose con la misma frecuencia o más.

Urgencia de solidaridad con miles de presos políticos, sometidos a una política de exterminio

7.500 presos políticos en estos momentos en Colombia, y de ellos solamente entre 800 y 1000 son sindicados de pertenencia a organizaciones insurgentes: es decir, que estamos hablando de más de 6.500 líderes populares y defensores de derechos humanos que están acusados de terrorismo e internados en cárceles en Colombia, en una situación en la que se les está dejando morir, por la absoluta privación de derechos básicos de la persona: asistencia sanitaria, alimentación, incluso en lugares con altas temperaturas, el derecho a acceder al agua para beber, sufriendo atentados y agresiones dentro de las prisiones, de forma que se está produciendo una absoluta política de exterminio con estos prisioneros políticos, que sin duda alguna ameritan que sea uno de los objetivos esenciales del movimiento de solidaridad con Colombia en estos momentos.

José Manuel Martín Medem: "La solidaridad con Remedios es también en defensa propia"

Yo quiero hacer un pequeño comentario nada más, poniendo además un ejemplo de cómo la guerra jurídica hacia el exterior, organizada por el entonces presidente Álvaro Uribe, se está extendiendo por el continente latinoamericano. Voy a poner un ejemplo que viene de estos últimos días.

Antes contaba Piedad Córdoba de una manera muy rápida cómo fue el caso de la intervención contra ella: también bajo una acusación de pretendida colaboración con la guerrilla no había manera de proceder contra ella a través de los tribunales de justicia –o de injusticia, según sus actuaciones- y utilizaron el camino, que en Colombia es posible, contra funcionarios públicos, a través de la figura de la Procuraduría, que lo que hace es una intervención disciplinaria, que puede llegar incluso, como en el caso de Piedad se aplicó, al castigo de arrebatarle su condición de representante popular elegida a través de las urnas. Es el caso en la situación de Piedad y es, como ella contaba, lo que tiene ante el Consejo de Estado presentado como recurso, pero mientras tanto no puede ejercer el cargo para el que fue elegida libremente por los ciudadanos. Ese es el caso de una persona de mayor proyección nacional e internacional, como es Piedad Córdoba, pero también la demostración de que no han tenido, ni siquiera en esa oportunidad, pruebas para llevar a los tribunales esa causa y tuvieron que ir por la vía disciplinaria.

Exportando el modelo de guerra jurídica

El modelo de guerra jurídica del que hablaba Enrique es un modelo que se utiliza internamente para, bajo la acusación de complicidad de colaboración con la guerrilla, neutralizar, hostigar, perseguir, espiar y a ser posible, procesar, condenar y encarcelar a sindicalistas, defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, representantes de comunidades indígenas … Es decir, todos aquellos a los que la presidencia de Uribe consideraba enemigos y cómplices de la guerrilla simplemente por dos cosas: o bien porque denunciaban tanto al interior del país como internacionalmente el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos, o porque tanto dentro del país como internacionalmente, manifestaban su voluntad y llevaban a cabo sus intenciones con su trabajo diario, de facilitar el intercambio de conocimiento, la información, el abrir espacios de encuentro para poder hacer posible el diálogo, esa auténtica negociación para una solución política al conflicto armado, a la guerra civil colombiana.

Ese modelo se exportó -y antes Enrique también hablaba del procedimiento judicial que está en marcha-, se exportó a la Unión Europea y empezando por España, a través de la actuación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia que depende de la presidencia de la República, pero en el caso de Uribe fue utilizada como una auténtica policía política. Fueron agentes de ese mismo organismo de inteligencia los que en la Unión Europea, empezando por España, espiaron, acosaron, difamaron, sobre todo a miembros del exilio colombiano y de organizaciones españolas de solidaridad con el pueblo de Colombia u organizaciones de defensa de los derechos humanos que desde aquí denunciaban.

Uribe consiguió criminalizar a las víctimas y a los defensores de derechos humanos

Esa táctica de la guerra jurídica se basaba en lo que durante las últimas presidencias ha sido una auténtica política de Estado que era revertir la situación anterior, cuando había al menos una ligera presión internacional sobre los gobiernos de Colombia con la acusación de que estaban violando los derechos humanos. El doble mandato presidencial de Uribe consiguió invertir la situación, y que fuera la acusación de terrorismo contra los insurgentes y sus supuestos aliados, los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos, la oposición política, los que internacionalmente fueran desprestigiados para que no tuvieran aceptación las denuncias que ellos hacían sobre la apariencia de democracia y la realidad de terrorismo de Estado, y que la comunidad internacional se pusiera del lado del Gobierno colombiano y no del lado de las víctimas de la represión. Esa ha sido la política que tanto daño ha hecho y que, como en el caso de Remedios, la mantiene en ese cepo en el que cada vez se va demostrando la falsedad de las supuestas pruebas contra ella pero sigue en una situación en la que la han estigmatizado ante la opinión pública, le han impedido continuar con su trabajo, le han hecho un bloqueo profesional, personal, político y social, haciendo que su vida esté bloqueada y pendiente de una espada de Damocles de un procesamiento dos, tres, cuatro años, con acusaciones tan graves como la de colaboración o complicidad con banda armada o ese de ser el centro de la conspiración perfecta entre el Gobierno venezolano, ETA y las FARC.

El cinismo y la hipocresía es que esa violencia institucional sea aceptada en los tribunales españoles, se mantenga la persecución contra Remedios o contra Leyla, sabiendo como saben que en Colombia el presidente Uribe está sometido a la investigación de la Comisión de Acusaciones en el Parlamento; que la marea de las complicidades en la utilización de la policía política para el acoso a la oposición ha llegado ya hasta su secretario personal; que una de las directoras del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) pidió asilo político en Panamá para no ser juzgada en Colombia, por recomendación del propio Álvaro Uribe. Es decir, un ex presidente que le recomienda a la jefa de su policía política que se asile en otro país porque no hay condiciones para ser juzgada con garantías en su propio país… cuando ya están procesados y, en algunos casos, condenados, media docena de altísimos mandos de ese mismo Departamento Administrativo de Seguridad, y donde todas las evidencias apuntan a que había una operación dirigida desde la jefatura del Estado, de quien depende esa policía política, con proyección interna y externa.

El caso de la acusación de "complicidad con el terrorismo" contra "La Jornada"

Termino porque quería explicar cómo ese modelo se está extendiendo y de qué manera tan peligrosa. Hace 7 años, en 2004, en México –donde también Uribe consiguió uno de sus objetivos al acusar de colaboración con la guerrilla a un profesor universitario que trabajaba en la UNAM y que fue directamente deportado por el Gobierno mexicano violando todas las normas del Derecho internacional y del procedimiento de extradición, llevado a Colombia y metido en una cárcel de alta seguridad, y al que han tenido también que poner en libertad después de tres años de un auténtico calvario: difamación pública, hostigamiento profesional, bloqueo político, personal, social y económico… le han destrozado la vida para luego tener que reconocer que la acusación era falsa, el procedimiento absolutamente exagerado, el tratamiento penal sin límite, etc. En México en 2004 hubo una polémica entre dos medios de comunicación: la revista “Letras Libres”, que dirige Enrique Krauze –discípulo querido de Octavio Paz e íntimo amigo de Mario Vargas Llosa- publicó un artículo escrito por el entonces subdirector de esa revista que se titulaba “Cómplices del terrorismo”, y que estaba dedicado con mucho cariño al periódico “La Jornada”, uno de los más importantes de México, al que acusaba de ser cómplice de ETA, con acusaciones tan documentadas como que tenía un convenio de intercambio de contenidos con el diario Gara; que no utilizaba la terminología “terrorista” para referirse a ETA (a lo que el diario “La Jornada” contestó explicando que es la misma doctrina que utilizan una agencia de noticias tan importante como Reuters o el servicio internacional de información de la BBC, donde no se califican a las organizaciones o a las personas sino los hechos; porque la denominación de “terrorista” es una denominación no establecida internacionalmente y por tanto sometida a interpretación subjetiva y arbitraria). Además lo consideraban cómplice del terrorismo porque utilizaba también una valoración que había hecho Savater sobre un reportaje que le parecía también apología del terrorismo… En fin, pruebas muy contundentes. Pero lo peor de esto es que una vez publicado ese artículo en el que, bajo el título de “cómplices del terrorismo” se especificaba directamente la acusación de que estaban al servicio de un grupo terrorista como ETA, el diario “La Jornada” interpuso una querella por calumnia que no fue admitida en la instancia del tribunal del Estado de México; recurrió al amparo de la Corte Suprema, y hace dos días la Corte Suprema no ha concedido el amparo con el argumento de que no se podía interpretar como una acusación de complicidad con el terrorismo porque en realidad era un ejercicio de la libertad de expresión en el escenario democrático del debate ideológico.

Que la Corte Suprema de un país diga que acusarte de cómplice del terrorismo no es una calumnia, el paso siguiente puede ser que te procesen por colaboración con banda armada. Es la manifestación más reciente de cómo esa doctrina se extiende. En resumidas cuentas, Estados Unidos, que tiene mucho más poder militar, utiliza los vuelos secretos de la CIA para secuestrar a quien luego va a torturar; o utiliza los aviones no tripulados para matar a los “terroristas” en Pakistán. El Gobierno de Álvaro Uribe lo que utilizaba eran aviones judiciales no tripulados para atacar allí donde se refugiaran sus supuestos enemigos, supuestos cómplices de la guerrilla, y desprestigiarlos, acosarlos y meterles en un cepo donde su vida se destrozaba.

Todos somos Remedios: solidaridad en defensa propia

Quería comentar esto para que entendamos la triple importancia que tiene un caso como el de Remedios, en el sentido de la injusticia que supone que le destrocen la vida con ese hostigamiento de violencia institucional utilizando los aparatos jurídicos de dos países, con la hostilidad del Gobierno de Colombia y el mirar para otro lado del Gobierno español; la importancia política que tiene la historia, en cuanto a una forma de actuar de un Gobierno que destroza la credibilidad de cualquiera, siempre que pueda, con el argumento de que eres terrorista y que eres cómplice de la guerrilla, y luego la situación de indefensión que en una democracia te puede colocar una acusación que no tiene ninguna base.

Como antes decía nuestro compañero abogado, el que se acojan las acusaciones de esa importancia, y se ejecuten detenciones, se abran procesos y se mantenga tres, cuatro, cinco años esa espada de Damocles, sin que haya nada sustancial, nos puede pasar a cualquiera. Es decir, la solidaridad con Remedios es una solidaridad en defensa propia también. Todos somos Remedios, pero también podemos serlo de verdad, es decir, nos puede pasar a cualquiera.

Remedios García Albert: "Si de algo se nos puede acusar es de haber trabajado para buscar la paz"

Quiero agradeceros a todos que hayáis venido hasta aquí, a mi abogado, que está siempre pendiente de todo, y a cada uno de vosotros.

Incluso si mi problema quedara totalmente sobreseido aquí, todo no se habría solucionado. Porque me han incluido también en una lista de terroristas internacional, y de ahí no sé cómo se puede salir. Me parece que es bastante difícil, y no sé qué consecuencias puede tener. El día que se me devuelva mi pasaporte y viaje a cualquier lugar, no sé qué me puedo encontrar, qué me puede suceder. Es una incógnita para la que no tengo respuesta. Se me ha bloqueado la cuenta corriente que tenía en un banco aquí. Un día me llamaron por teléfono y me dijeron que la iban a cerrar, sin mayor explicación. Pude abrir otra, por el momento no ha sucedido nada, pero en alguna ocasión se me ha intentado hacer una transferencia y no se ha podido, precisamente porque estoy en esas listas virtuales.

Creo que tanto el proceso de Piedad en su país, al que todavía no se ha terminado de dar respuesta, como los que hay aquí, pienso que no va a haber juicio ni respuesta, porque ellos saben que no tienen la razón, y eso sería muy evidente, y público, y creo que no les conviene. Por eso se están alargando, por eso no hay respuestas. A lo mejor me equivoco, pero tengo esa impresión. Porque además ese juicio daría lugar a que se hablara de otras muchas cosas, y sería una tribuna a la que no iban a tener más remedio que dar cobertura los medios.

Colombia es, de toda América Latina, en este momento el único país de donde nosotros estamos recibiendo refugiados. Es el único país latinoamericano que está exportando refugiados políticos a España. Entonces, lo que yo no entiendo muy bien es cómo se considera a un país con tantos refugiados políticos, que no son precisamente perseguidos por las organizaciones insurgentes. Algunos están aquí en esta sala: ¿quién los persigue? ¿por qué se han visto obligados a abandonar su país? ¿Quién los persigue? Y si es así, ¿cuál es la explicación de su Gobierno ante la comunidad internacional, un gobierno que es considerado por todo el mundo como un Gobierno democrático y ejemplar en el continente?

Yo no voy a hablar de Colombia. Mis preguntas son para este Estado nuestro, que se dice democrático, adalid de los derechos humanos y que está apoyando a un país del que hay pruebas evidentes para todo aquel que quiera verlas, de que se están violando permanentemente los derechos humanos. Creo que debemos exigir responsabilidades a nuestro país por esa connivencia. Y eso es lo que nosotros podemos hacer desde aquí por Colombia, por su pueblo. Creo que se lo merecen.

A nosotros si de algo se nos puede acusar -y yo tengo que decirlo aquí-, para lo único que hemos estado trabajando ha sido para buscar la paz. Porque no queremos guerras: ni esta de Colombia ni ninguna otra. Yo estoy convencida de que todos los que estamos en esta sala estamos en lo mismo. No queremos las guerras, estamos trabajando para que no haya guerras de ninguna clase. Para que se resuelvan los problemas por otras vías. Y esto se lo digo a los que quieran oirlo y a los que no lo quieran oir. Es lo único que hemos hecho.

E insisto, creo que desde aquí lo que tenemos que hacer es pedir responsabilidades a nuestro Gobierno por esta connivencia, porque nuestras empresas están trabajando allí parece ser que muy cómodamente, sacando muy buenos beneficios y eso posiblemente es lo que nos está llevando a que, para salvaguardar esos intereses, cerramos los ojos a todo lo que nos está sucediendo.

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· Solidaridad para Remedios (Crónica Popular, 1 diciembre 2011)

Artículo en: Rebelion.org

LA MUERTE DE INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA ES UN DOLOROSO HECHO QUE NOS EXIGE CONVOCAR A UNA FUERZA ÉTICA POR LA PAZ Y CARTA ABIERTA DE LAS FARC

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Mon, 28 Nov 2011 14:26:00 +0000

Colombianas y Colombianos por la Paz expresa nuestra solidaridad a la
familia del coronel, Edgar Yesid Duarte Valero; del mayor, Elkín Hernández Rivas; del sargento, José Libio Martínez Estrada y del intendente Álvaro Moreno, que se encontraban en poder de la guerrilla de las FARC.

Queremos arroparlos en un gran abrazo de hermanos y hermanas en estos momentos de dolor y de pérdida de la esperanza. La muerte de sus seres queridos, nuestros compatriotas, no puede ser una muerte más. Los hechos de guerra no abren ninguna puerta de la paz.

Colombianas y Colombianos por la Paz recibe con mucha tristeza esta noticia y comparte a Colombia y el mundo, que el pasado jueves 24 de noviembre, al finalizar la tarde, conocimos que venía en camino la carta de respuesta de las FARC, a la misiva que mujeres del mundo hicieran pública meses atrás solicitando la liberación unilateral. Para tales efectos, algunos integrantes de Colombianas y Colombianos por la Paz, nos reunimos en el apartamento de la lideresa, Piedad Córdoba, antes de su viaje a Europa, para preparar la presentación pública cuando llegara dicho mensaje.

Efectivamente, en la noche de ayer se recibió la
carta con la respuesta de las FARC, que se adjunta, y de la cual se empezó a informar a las mujeres firmantes de varios países, tal como ellas dan fe, y a convocarlas para estar presentes en Bogotá en los próximos días y compartirla con las familias de ASFAMIPAZ.

Estas muertes violentas y la de Guillermo León Sáenz, "Alfonso Cano", y los dolorosos hechos que vivimos día a día,
muchos de ellos silenciados, los que vive la población y millares de personas combatientes de ambos bandos, nos motivan desde la conmoción que generan, a insistir en la necesidad urgente de abrir espacios humanitarios y el diálogo político.

El conflicto armado interno debe parar !!! ya!!!.
Los esfuerzos de todas y todos nos exigen convocar de inmediato a la
construcción de una fuerza ética para poner fin a este desangre.

Nos sumamos a las voces de familiares de las personas que aún se encuentran en poder de la guerrilla de las FARC, para que el gobierno acepte la posibilidad de cese de operaciones militares que permitan la salvaguarda de su vida, habilitando así un espacio para la puesta en libertad del resto de policías y militares, sanos y salvos.

Llamamos a todos los sectores de la sociedad para que generemos con
compromiso, imaginación y creatividad una fuerza ética pro activa,deliberan y pluralista, que haga posible la
democracia con justicia social e impensable la guerra. Nos merecemos un presente y un futuro en paz. La llave de la paz la tiene el pueblo.

Con dolor de humanidad

COLOMBIANAS Y COLOMBIANOS POR LA PAZ

Bogotá, D.C. noviembre 26 de 2011.

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CARTA ABIERTA DE LAS FARC

Piedad Córdoba
Colombianas y colombianos por la paz
Lucia Topolanski
Senadora de Uruguay
Jody Williams
Premio Nobel de la Paz 1997
Elena Poniatowska Amor
Escritora mexicana
Alice Williams
Escritora afroamericana y feminista. Premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura
Mirta Baravalle
Presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo
Isabel Allende
Escritora y Senadora Chilena
Danielle Miterrand
Francia
Rigoberta Menchú
Premio Nobel de Paz
Socorro Gómez
Presidenta del Consejo mundial por la Paz
Hermana Elsie Mongue
Ecuador
Nidia Díaz
Dirigente FMLN
Margarita Zapata
Embajadora Nicaragua
Xiomara Castro de Zelaya
Vocera Frente de Resistencia Hondureño

A nombre del Secretariado de las FARC-EP, a ustedes amigas de la paz y de la solución política de los conflictos, nuestro saludo cordial.
Aferrados a la esperanza de que la liberación de prisioneros de guerra, como resultado de un acuerdo entre las partes contendientes, puede encausar la nación hacia el raudal de la solución política, respondemos hoy su misiva de agosto.

De acuerdo. El conflicto armado colombiano tiene profundas causas sociales, económicas y políticas, que deben ser temas de discusión para su superación definitiva. Compartimos igualmente que la paz de Colombia está ligada a la paz de la región y que, además, es anhelo universal. No permitiremos que se nos escape esta oportunidad para reiterar a través de ustedes, nuestra disposición de dialogar con el estado, de cara al país, con miras a un futuro de paz. Desde luego, aceptamos la disposición y concurso de ustedes para contribuir en la búsqueda del noble propósito.

Nos solicitan en su carta un nuevo gesto de liberación unilateral de prisioneros de guerra. Está bien. Pero quisiéramos compartir algunas reflexiones sobre el tema:

Sería justo que apelando al ejercicio de la razón, el derecho y la ética en el tratamiento del problema, no se invisibilizara a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800. El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos.

Durante el gobierno de Ernesto Samper liberamos unilateralmente en Cartagena del Chairá a 80 prisioneros de guerra. En el cuatrienio de Andrés Pastrana, luego de la firma de un acuerdo humanitario, liberamos a 47 militares y policías y en cambio recibimos 13 guerrilleros. Inmediatamente, con la esperanza de generar un medio ambiente propicio para el abordaje del canje, dejamos en libertad en la Macarena, sin ninguna contraprestación, a 305 soldados y policías que habían sido capturados en combate. Más recientemente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, gracias a la gestión humanitaria del presidente de Venezuela Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba, liberamos, también de manera unilateral, a algunos senadores, representantes, diputados y concejales, y a otro grupo de militares y policías. La verdad es que nunca hubo reciprocidad por parte del gobierno de Colombia. La disposición de las FARC en este sentido ha sido diáfana. No admite discusión ni cuestionamiento. Seguimos a la espera del momento propicio para pactar con el Estado colombiano un canje de prisioneros de guerra.

La realidad es dura. Cuando en Medio Oriente el Estado sionista de Israel libera a más de 1.000 prisioneros palestinos a cambio de uno sólo de sus soldados, el gobierno de Colombia le ha dado la espalda, por 13 años, a los suyos. Aquí hay una indolencia infinita con el sentimiento de los familiares de los soldados prisioneros, pero también un desprecio por la suerte de unos hombres que arriesgando como nadie su vida, cayeron en el campo de combate defendiendo los intereses de quienes hoy los olvidan.

En sana lógica, un acuerdo de paz en Colombia debiera estar antecedido por un canje de prisioneros entre las partes contendientes porque, sin duda, un evento tal allanaría la senda del entendimiento y el fin de la guerra, del conflicto social y armado que se prolonga por seis décadas por la intransigencia estéril de los gobiernos. Se debe poner punto final a una larga historia de violencia institucional, de despojo, de paramilitarismo, desapariciones forzadas, masacres, “falsos positivos”, fosas comunes, exclusión, imposiciones neoliberales y manipulación de la opinión. A las mujeres pacifistas del mundo representadas en ustedes les pedimos actuar y extender sus manos solidarias hacia el pueblo de Colombia.

Les sugerimos dirigir su mirada sobre la situación que afrontan centenares de guerrilleros presos y unos 7.500 ciudadanos encarcelados por sus ideas, como resultado de la criminalización de la oposición política y la protesta social; la mayoría de ellos acusados de terrorismo y de otros delitos que tratan de ocultar el carácter político de su causa y sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad, violación de sus derechos humanos, hacinamiento y torturas, políticas acentuadas por la injerencia del buró federal de prisiones de los Estados Unidos. Les pedimos analizar la posibilidad de constituirse en comisión, o gestionar la conformación de una comisión humanitaria que visite las cárceles de Colombia y constate en el terreno la veracidad de la denuncia. Intercedemos, igualmente, por los presos sociales, por los que casi nadie habla, para protestar por las condiciones degradantes de su reclusión.

Les solicitamos considerar, como asunto crucial para aclimatar la convivencia, el estudio de fórmulas que permitan la repatriación y liberación de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, guerrilleros de las FARC prisioneros del imperio, extraditados a los Estados Unidos por el rencor y la retaliación de un ex presidente desquiciado. Su extradición, sustentada en montajes jurídicos urdidos por Uribe Vélez, la inteligencia militar y el ex Fiscal Osorio, fue una flagrante violación de claras disposiciones constitucionales. Simón Trinidad ha sido condenado a 60 años de prisión por una causa ajena a la que fue extraditado. Vaya nuestra voz de aliento a los tres rebeldes farianos, ante su infame y largo cautiverio neocolonial.
Permítannos reiterarles, distinguidas ciudadanas del mundo, nuestro mensaje de irrenunciable decisión de continuar y elevar a nuevos niveles la brega por la libertad de los prisioneros de guerra y de los presos políticos.

Como un nuevo acto humanitario que respalda esta carta, anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder, los cuales serán entregados a las firmantes de la misiva que hoy respondemos, encabezadas por la insigne dirigente política colombiana, la senadora Piedad Córdoba, previa precisión de los protocolos de seguridad. Esta fue la determinación del comandante Alfonso Cano días antes de ser asesinado por el régimen guerrerista y sanguinario de Juan Manuel Santos.

¡Viva la memoria del comandante Alfonso Cano!
Con sentimientos de respeto y admiración,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP.

Montañas de Colombia, noviembre de 2011.

Comunicado del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" sobre "Masacre de Mapiripán"

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 28 Oct 2011 14:53:00 +0000

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CCAJAR-, en relación a la información de prensa relativa a supuestos hechos revelados en el día de ayer, en el marco de una audiencia del procedimiento de “Justicia y Paz”, sobre la “Masacre de Mapiripán”, se permite poner en conocimiento de la opinión pública que:

1.En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.

2.Nuestra actuación ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que culminó con sentencia contra el Estado de Colombia en septiembre de 2005, se basó en las declaraciones de las víctimas y las decisiones de tribunales nacionales a nivel penal, disciplinario y contencioso administrativo, que fueron tenidas en cuenta por el Estado de Colombia para reconocer el 4 de marzo de 2005, su responsabilidad internacional por la Masacre de Mapiripán en los siguientes términos:
“[…] con fundamento en las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales y disciplinarias internas, y por los hechos ocurridos en el municipio de Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997, manifiesta pública y expresamente lo siguiente: 2. Reconoce su responsabilidad internacional por los artículos 4(1), 5(1) y 5(2) y, 7(1) y 7 (2)

3.En su decisión la Corte Interamericana, consideró que, “La metodología empleada en la ejecución de la masacre y la destrucción de los cuerpos de las víctimas, sumados al terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de Mapiripán para causar su desplazamiento, han obstaculizado la plena identificación de las víctimas de la masacre, a pesar del hecho que existe certeza sobre el elevado número de personas torturadas y asesinadas durante esos días de julio de 1997 (párr.96.47)”.

4.En virtud de esta parcial indeterminación, el Tribunal Interamericano estableció la obligación de identificar plenamente a las víctimas, extendiendo este deber a personas que se mencionaron como posibles víctimas, pero respecto de las cuales solo se conocían sus apodos. La Corte reiteró que resulta, “indispensable que para efectos, de las reparaciones, el Estado individualice e identifique las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como sus familiares (…) El Estado deberá completar dichas labores, así como cualquier otra que resulte necesaria, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias”. (párr.305)

5.En efecto, el número de víctimas mencionado en decisiones nacionales y establecido como número tentativo por el Tribunal Interamericano, se fundamenta en testimonios de una pluralidad de víctimas y en el reconocimiento que en su momento hiciese el cabecilla paramilitar Carlos Castaño Gil. Es necesario señalar que en el presente caso, el también paramilitar Gilberto Cuellar confesó su participación en los hechos y adujo que las personas asesinadas fueron más de veinte. El Juez de Mapiripán Leonardo Cortés, testigo de los hechos refirió ante instancias judiciales que fueron varias decenas las víctimas.
De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana, 96.49 Al respecto, la propia Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación manifestó que:

[…] una vez consumada la masacre de Mapiripán [fue] el mismo Carlos Castaño Gil quien ante los medios de comunicación y como “parte de victoria” indic[ó] que fueron 49 las personas dadas de baja en la incursión paramilitar en Mapiripán, lo que permite establecer en forma tentativa un número estimado de víctimas, afirmación que apoyada en la del doctor Leonardo Iván Cortés Novoa al destacar éste que fueron aproximadamente 26 las personas asesinadas y desaparecidas, y que sumados a los informes de inteligencia realizados por miembros de la fuerza pública que se encontraban desarrollando labores encubierta en la zona, señalan que fueron 30 aproximadamente, además de lo sostenido por el mismo confeso paramilitar José Pastor Gaitán Ávila que refiere haber contado 23 personas asesinadas. Lo expresado permite así advertir que las víctimas fueron en gran número, que no pudo ser menos de veinte. […]

6.Con fundamento en la decisión internacional y el Mecanismo Oficial de Seguimiento MOS, establecido por la propia sentencia, el CCAJAR ha insistido en la identificación plena de las víctimas, obligación y atribución que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, que no ha sido satisfecha plenamente, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

7.El CCAJAR recuerda que en casos de graves violaciones de derechos humanos la obligación de investigar corresponde al Estado y no a las víctimas ni a sus representantes legales.

8.Los abogados y abogadas del CCAJAR, siempre hemos actuado de entera buena fe, y creemos y seguiremos creyendo en la buena fe de las víctimas. En consecuencia, para el presente caso, asumimos la representación judicial de aquellas personas que se declararon como afectadas por la Masacre de Mapiripán, rindieron voluntariamente sus declaraciones ante notario público, y dadas las circunstancias en que se enmarcaron los hechos, resultaron consistentes con lo establecido judicialmente y las diferentes narrativas acerca de lo ocurrido.

9.Si algún o algunos demandantes, solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal. El CCAJAR se pone a total disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento de estos hechos, respecto de los cuales ha tenido reciente conocimiento por los medios de comunicación.

10.Los hechos conocidos como la “Masacre de Mapiripán”, constituyen una grave violación a los derechos humanos, por su naturaleza, actores implicados, la sevicia con que se cometió y el terror que generó, no solo en Mapiripán, sino en el país entero. El CCAJAR insiste en la obligación estatal de esclarecer plenamente estos hechos, establecer todas las responsabilidades penales a que haya lugar, identificar plenamente a la totalidad de víctimas y repararlas adecuadamente.

Bogotá D.C, octubre 26 de 2011

Colombianas y colombianos por la paz expresa su apoyo y solidaridad con Piedad Córdoba Ruiz

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 19 Aug 2011 22:03:00 +0000

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

El miércoles 17 de agosto de 2011, en la noche integrantes de fuimos testigos de la información presentada por una fuente de alta confiabilidad quien
describió detalles de la ejecución de un plan para atentar contra la
vida e integridad personal de de la defensora de los derechos humanos y gestora de paz Piedad Córdoba Ruiz.

Ante la inminencia de la ejecución del plan se valoro la necesidad de
una salida inmediata del país, la que se realizo en noche del 18 de agosto, como una forma de proteger su vida y la de su familia.

Colombianas y colombianos por la paz demanda al Estado colombiano medidas de protección efectivas para Piedad Córdoba Ruiz, investigación y sanción para quienes pretenden atentar contra su vida su vida e integridad personal.

Agradecemos a las personas organizaciones, comunidades, periodistas e
instituciones que han expresado su solidaridad con Piedad y la labor
de Colombianas y colombianos por la paz.

Bogotá agosto 19 de 2011

Eliseo Alberto. Tres o cuatro cosas qué decir.

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Tue, 02 Aug 2011 03:08:00 +0000

Mi sombra huyó por una bocacalle.
Entiérrenla en la Habana cuando muera.
ELISEO ALBERTO, LICHI.

Entrevista de UNAM TV, México.

Los poetas no se mueren

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Sun, 31 Jul 2011 18:50:00 +0000

Dijo Benedetti: "Dicen que Mario Benedetti ha muerto, no puede ser verdad, los poetas no mueren" ("El olvido está lleno de memoria"). Y tuvo razón Eliseo Alberto, Lichi, cuando dijo lo mismo sobre Roque Dalton, el hermano poeta asesinado por sus copartidarios en El Salvador. Y hoy la frase vuelve a tomar vuelo, en las honduras, la forma y el cuerpo grandes de Lichi, ahora mismo empezando a escribir vaya uno a saber qué cosas cuando en quién sabe qué cielo bebe sorbos de algún ron infernal. Mientras, acá tu epitafio más citado: "Acá yace Lichi, contra su voluntad".

LOS POETAS NO SE MUEREN

Por: Eliseo Alberto

Los poetas no se mueren nunca —y menos, si los matan: es ley de la
vida y también de la muerte. En todo caso se convierten en fantasmas
muy tenaces. Los verdugos lo saben en carne propia porque cada letra
del poeta, cada palabra suya, cada verso limpio, les pega como una
bofetada. La única eternidad posible será la que conceda la poesía. La
poesía es don del hombre. “País mío no existes/ sólo eres una mala
silueta mía/ una palabra que le creí al enemigo”, dijo mi querido
Roque Dalton meses antes de que sus jefes guerrilleros del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) le metieran un balazo a traición, el
Día de las Madres de 1975, a cuatro tardes de cumplir 40 años —hace ya
treinta y cinco.

Cuando conocí a Roque, en la colmena habanera de los setenta, él era
el poeta más simpático del mundo. Lo recuerdo vestido con una camisa
blanca de mangas cortas, pantalón cualquiera y unas botas altas, mal
acordonadas. Más delgado que su malicia, tenía buena fama de
polemista. No soportaba los caprichos del poder ni el poder de los
caprichosos, y se peleaba de palabras con sus superiores o
subordinados, de igual a igual. Había logrado una pronta consagración
con su libro El turno del ofendido e iba dejando a su paso por la
ciudad un rastro de anécdotas (casi siempre inverosímiles) más un
reguero de amores que se sumaban, en centroamericana fugacidad, al
libro de las leyendas urbanas. Para acreditar sus hazañas con pruebas
de rigor, El Flaco Roque hubiera necesitado ser El Gato Dalton y
consumir más de siete vidas; así y todo, creo que tendría que robarse
otras tantas en alguna barata de mercado. Cómo explicar, sin creer en
Dios, sus mil quinientas páginas de poemas, sus dos escapes de la
cárcel minutos antes de ser llevado ante un pelotón de fusilamiento,
sus andanzas por todas las callejuelas de Praga (persiguiendo la
escurridiza sombra de Franz Kafka), sus travesuras en la Corea sin
humor de Kim II Sung y, por último, la confianza que tuvo en sus
camaradas de guerrilla aún sabiendo que ellos envidiaban rabiosamente
su inteligencia, su carisma y sus cojones.

“¡Qué cosa tan jodida es descansar en paz!”, dijo el autor de Taberna
y otros lugares sin saber que él nunca tendría el privilegio del
reposo pues sus matadores siguen sin atreverse a decirnos por qué lo
acusaron de ser agente de la CIA si sabían bien que era una calumnia
—ni dónde rayos lo enterraron horas después, aquella noche de
primavera. Muy cerca de la casa donde le dispararon en la nuca, las
mujeres más lindas del continente desfilaban por la pasarela de un
concurso de belleza. No me extrañaría que lo primero que haya hecho el
espíritu de Roque fuera irse volando a verlas modelar: ni cadáver, un
hombre como él se perdería esos bikinis.

El presidente salvadoreño Mauricio Funes acaba de nombrar en un alto
cargo de su gobierno a Jorge Meléndez, el valiente comandante Jonás,
un hombre que lleva en el cuerpo varias heridas de guerra y, en el
alma, la inconfesada pena de haber sido uno de los ejecutores del
poeta y su compañero en la muerte, el obrero Armando Arteaga, alias
Pancho. Los otros comandantes implicados, aún vivos, son Alejandro
Rivas Mira y Joaquín Villalobos —según confesión pública del propio
Villalobos. “Fue un tremendo error”, reconoció entonces. En entrevista
reciente, un Jorge Meléndez acorralado dijo al periodista Tomás
Andréu: “Yo no recuerdo el asesinato de Roque Dalton, recuerdo un
proceso político en el cual salieron muertos varios compañeros (…) No
soy asesino de Roque Dalton. En ese proceso del ERP con mucho orgullo
yo soy partícipe. (…) Las guerras son situaciones excepcionales de
mucho dolor, de muchos muertos, de faltas de ley, de decisiones
siempre arbitrarias (…) Yo estuve ahí y sé lo que pasó”. Han corrido
treinta y cinco mayos y Jonás no la ha aclarado nada.

La familia Dalton, de la cual me siento parte por razones largas de
contar, sólo pide que se sepa la verdad. Juan José y Jorge, hijos de
Roque, quieren rescatar el cuerpo del poeta: esta semana, encabezan
una cruzada a favor de la justicia. “No sabemos a dónde fue a parar su
cadáver, no hemos tenido esa oportunidad de ponerle una flor (…) Los
responsables de las torturas sicológicas y físicas que mi padre y
Armando Arteaga sufrieron durante su cautiverio, tienen nombre y
apellido. El gobierno (del presidente Funes) tiene dos caminos:
rectificar y despedir a Jorge Meléndez o ser cómplice de uno de los
involucrados en el crimen. Mayo seguirá siendo un mes sumamente triste
e injusto. Muy injusto”, ha dicho Jorge.

Roque escribió: “No temáis por mí y perdonad que me retire por un
momento. Voy a reírme de vosotros”.

Vosotros son ellos.

Colombia, tierra de leoninos - 20 de Julio: Una reflexión patriótica

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Wed, 20 Jul 2011 11:51:00 +0000

Por: Juan Alberto Sánchez Marín

Cuadro de la reyerta del 20 de julio. Óleo/Tela. Pedro Alcántara Quijano.

El pretérito y circunstancial embajador de Colombia en Argentina, el nicaragüense Rubén Darío, escribió en una elegía, quizás agradecida por la investidura, que Colombia “es una tierra de leones”. No creo que el eximio poeta haya mentido a sabiendas. Apenas fundó la inspiración en una ignorancia atrevida. No podía ser de otra manera, si este país apenas lo pisó de paso y el interlocutor de afán que tuvo hubo de ser un lagarto lírico tan inocuo de poeta como dañino de presidente y político.

Sí, el costeño Rafael Wenceslao Núñez Moledo, eximio regenerador godo que ató por 105 años la tierra de leones a una Constitución que parecía inspirada en la cartilla de modales de la esposa, doña Soledad Román, en “El Cabrero”, su finca en la Costa Atlántica, del mismo modo que habría de soñar hacerlo y en buena parte hubo de lograrlo muchos años después otro presidente igual de pernicioso, Álvaro Uribe Vélez, paisa que casi adosó toda esa misma patria al “Ubérrimo”, su finca en Córdoba, un departamento también de la Costa Atlántica.

Decía que Darío, tan modernista como poeta y lúcido como modernista, fue más bien lucido en su verso de cita citable, trillado a más no poder en ese arribismo literario de tantos leoninos que cada día citan lo mismo como si fuera la primera vez. Darío, caro príncipe de las letras castellanas, tan depreciado en la diplomática representación de un conservador de ultraderecha y matrero como Caro (1).

Ni entonces ni ahora ha habido melenudos en esta tierra siempre llena de militares peluqueados al rape, paramiltares que poco encubren el trasquilado castrense, mercenarios motilados y mutiladores, ejércitos de mandaderos y soplones esquilados con saña por las cónyuges celosas de las víctimas violadas.

Hasta en cualquier pueblo pelado, alcaldes y primeras damas hacen campañas caritativas que ofrecen sopa a pordioseros y vagabundos bajo la condición irrestricta de que se dejen cortar el pelo. En las guerrillas, de melenudos por antonomasia, si acaso sobreviven solitarios los cadejos luengos de Cano.

Aquí nunca tuvimos leones. Si acaso tigres mariposos, gatos perrunos, tigrillos gallineros, félidos de mucho valor cultural, pero sin la estatura del rey de la selva. Por suerte, fuimos colonia española y no inglesa. De lo contrario, Kipling, que también habría cultivado aquí a sus anchas sus inclinaciones imperialistas, hubiera escrito babosadas de sapos y de quién sabe qué otros animales rastreros, como los tantos tenidos desde la Gran Colombia al degolladero de hoy. Shere Kan, un gato cojo. O Bagheera, un gato manchado. Gatos por liebre. Tal vez por eso de llamarse Joseph, el mismísimo Yahvé le proveyó la India al británico.

Ah, cierto, tuvimos algún Pumarejo de presidente, que no concluyó el segundo mandato y en venganza nos legó un delfín al que le decían “El Pollo”, septuagenario, octogenario, nonagenario por los siglos de los siglos. Un pollo de edad tardía que puso por años “a pensar al país”, un país que tiene huevo.

Y, otra vez cierto, están los tres o cuatro rastas de melena simbólica, seguidores de Selassie, el León de Judá. Y los cuatro mil “Hijos del Jaguar” que sobreviven, los indígenas koguis, acorralados y humillados en su mundo perdido de la Sierra Nevada de Santa Marta. Negros, indios, desposeídos a los que el resto del país mira como el león de Esopo miraba al ratón, hasta que los Estados Unidos terminen de atarnos a todos por igual.

“Un país de cafres (con perdón de los cafres)”, afirmó Darío Echandía en su otoño, atisbando para atrás la historia nacional. Lo dijo el político liberal, que tan cerca estuvo de tantos y peligrosos cafres (que él mismo fue uno en sus devaneos), ciertamente, con mucho más de hienas que de leones.

“Esta es Colombia…”

Un país que, en todo caso, se traga embutidos enteros. Porque le gusta que le mientan. Porque necesita falsear de cuenta propia. Porque lo que es cierto se enreda, se le da tres vueltas, hasta volverlo un fiasco, una ficción. Pura creatividad, para la que inventamos los leguleyos oficiales, peripatéticos, subrepticios. Avispados más de la cuenta, en un exceso tal que ha llevado mortalmente a que los extremos se toquen (y truequen) en tremenda tontería.

País de las cosas oscuras y el chocolate claro, donde quienes opinan o dicen alguna verdad son tildados de traidores a la patria, como Piedad Córdoba, y quienes se abstienen de pronunciar la más mínima son los machos alfa, como... Bueno, no hay espacio.

“No hay hechos, sólo interpretaciones”, dijo Nietzsche (2), poniéndole fin a la mentira de las verdades absolutas, dogmáticas, del “De Ente et Essentia” del Doctor Común(3). Nosotros malinterpretamos a conciencia, por convicciones infundadas o enterezas interesadas. Pueblos se lapidaron defendiendo sus verdades de pacotilla, nosotros nos matamos preservando mentiras absolutas a sabiendas en el fuero interno de que lo son. Venerables pueblos católicos asesinaron, masacraron, quemaron, lincharon, arrasaron a otros pueblos por el imperdonable delito de no ser virtuosos. ¿Por qué diablos no hemos de hacerlo nosotros, un pueblo católico, apostólico y romano, cuando, además, ya ha sido inventada la motosierra bendita?

Se sigue tragando entero a diario el cuento santanderino de que las armas nos dieron la independencia y las leyes la libertad. Cuando la independencia se consiguió bien poco. Su destello fue tan vago que no se la vio por parte alguna en el marasmo atronador de las armas que seguían luchando por mantenerla, hasta lograr el objetivo confidencial y final de que cambiara de nombre el sojuzgador.

De España a los Estados Unidos. Del reino monacal y confesional de ultramar a la esencia cuáquera de Whitman y la condición puritana del imperio del norte. Un cambio de manos que no finiquita.

Y en lo poco de soberanía que se tuvo y se tiene, antes que las armas tuvieron que ver los espíritus; el de Bolívar, digamos, en contravía de lo que tantos leones de la manada creían y defendían sectarios con sus espadas. Es que los colombianos también hemos tenido pensadores con ideas progresistas, de avanzada, como los venezolanos Bolívar y Sucre, en medio de la leonera de militares ambiciosos y jurisconsultos como Santander, ese presidente encargado de la patria por siete años, que a veces todavía pareciera gobernarnos, y que abrió el abrevadero de agua sucia del que brotaron los dos partidos más prestigiosos en la defensa de privilegios y la exclusión: el Liberal y el Conservador.

En cuanto a que las leyes dieron la libertad, bueno, quizás fue cierto y sigue siéndolo para los culpables, a los que éstas garantizan la impunidad. Pero pocas veces se la otorgan a los contados inocentes que sobreviven en un país de malhechores. Son leyes groseras que permiten que el último ex presidente ande libre, trinante y prestante, o que los militares tengan fuero, ciertos ministros ministerio, los banqueros bancos, Luis Carlos Sarmiento Angulo magnanimidad.

Al país también le vendieron el cuento chino de que con bala lograría la paz: la “Seguridad Democrática”. Un engendro que no desciende de un principio rugiente, sino de una ley que relincha: la “Ley de los Caballos” (4), de los tiempos de los mismos Caro y Núñez, política rumiada cada tanto por dictadores disimulados, como Julio César Turbay Ayala, o Álvaro Uribe, el centauro que tomaba tinto a caballo, mientras leía la ley. En todo caso, una falacia aprovechada y bien maquinada, que se valió de los eternos anhelos de tranquilidad de todos los colombianos y fue vendida como panacea. Una paz imposible envuelta en un discurso tramposo que repartieron como fruslería rutilante o ungüento prodigioso, y que sólo sería útil para enriquecer los bolsillos de los embusteros y las ínfulas de sus portentos.

Y para hombres de paz a los que embelesa la guerra. Como Celis, infeliz e inadvertido como Rivera. O mi general Naranjo, el mejor policía del ínfimo mundo que es la Policía del globo terráqueo. O el ilustre embajador en Austria y ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el general (r.) Freddy Padilla de León. León de cédula, al que hubo que mostrarle resultados hasta que los logros se volvieron ejecuciones extrajudiciales. El mismo de la operación “Fénix”, un agravio fabuloso que le echo 500 años de cenizas a las relaciones con Ecuador, más que las copiosas del Tungurahua; “Jaque”, que al tercer aniversario resultó mate pastor de principiantes, donde ni dama, ni caballo, ni rey fueron tales, y “Camaleón”, en honor a la camada de leones que sueñan ser los soldaditos de plomo cuya vistosidad el retiro vuelve turbios cuidadores de funcionarios, de mafiosos o de taburetes en las entradas de los edificios de poderosos.

"Esta es Colombia, Pablo con su espuma y su piedra/ curvada dulcemente sobre el hombro de América.” (5), escribió Jorge Rojas en un poema ensalzador llamado “El cuerpo de la patria”, dedicado a Pablo Neruda y citado y recitado muchas veces. Y habría que decir: Con espuma, sí. Con piedra, sí. Curvada, tal vez. ¿Dulcemente? No.

En cambio, sí hay extraviado en el maremágnum poético del citado poema del piedracielista un verso y pico muy inadvertidos, que le van muy bien a la naturaleza patria: “…y ese germen de muerte/ que transita la incierta materia de las cosas” (6).

Pobre Pablo, "casi inteligente, ese poeta que era casi bueno", como lo recordó alguna vez aquí su compatriota Gonzalo Rojas (7), que en contravía a su grandeza ideológica se tragó el cuento de los poetas patrios oficiales, bardos banales cuya insensibilidad los volvió fascistas, sus dizque amigos, como el propio terrateniente Jorge Rojas, o los áulicos Carranza y Camacho Ramírez.

Pobre Neruda. Asfixiado hasta la muerte por Pinochet, con amigos de tal jaez en Bogotá y declamado años después por Uribe, esa pastoril “alma gemela” de todo, que mucho quitó y nada puso en tantos asuntos, más aún en los del entramado poético, incluida su simple recitaduría, que no recitación.

Pobre Banana Republic

¿Banana Republic?, qué ofensa, qué rabia. Pero, ¿y entonces? Si esta patria cuadra de maravilla con las nociones que suponen el denigrante concepto: riquísima, pero llena de pobres; descuajaringada, robada, saqueada; habitada por malos de primera y buenos de segunda, y deshabitada por quienes tienen que soportar la gula de ambos; jaula oliente a sangre; gobernada por sabandijas; con la Justicia en veremos y ajusticiada por los militares; procurada por Alejandro Ordóñez Maldonado e inteligenciada por Felipe Muñoz Gómez; que hace poco caso a Keynes y no procede a la eutanasia de los rentistas, sino a la muerte de la inteligencia y la disensión. Criminalizada la protesta, censurada la red, desfalcadas las regalías venideras y el porvenir, ¡Banana Republic!

Pobre Colombia. Donde los presidentes olvidan pronto lo malo que dictaminan y sus funcionarios lo malo que perpetran. Donde los secuaces se exilian y los organismos “protectores” chuzan, injurian, persiguen, asesinan. Y donde éstos y aquellos, esos sí, son gavillas, jaurías.

Pobre aquella patria en la que los ciudadanos del común, a quienes poco o nada les importa el bonum commune, se creen las poderosas tramas delincuenciales de los victimarios y en cambio desoyen a punta de control remoto los gritos desesperados de las víctimas, que van y vienen a la deriva con hijos y enseres por los cinturones de miseria de las ciudades o mueren invisibles y de “muerte natural” junto a los semáforos. O de las que perdieron a sus familias, o sus tierras, o el futuro, o la vida. Pobrísima.

A muchos colombianos les gusta tener “espíritu de país”. Creen, incluso, que su país de simulaciones sin disimulo es pasión. En verdad obran con un espíritu de cuerpo tan malsano como aquel que a cada rato remata la menguada integridad del glorioso Ejército Nacional. Ortodoxias funestas que vuelven de vidrio tan férreas estructuras mentales e institucionales.

Frágil ha sido también la fe en el país consagrado y vuelto a consagrar al Sagrado Corazón de Jesús. Un reino terrenal donde el celestial santo ni pía y son mandamases de hecho el Santo Domingo corroncho y los Santos cachacos: Montejos éstos caídos al Calderón.

Desde los tiempos del citado Rafael Wenceslao y su Constitución de 1886, Colombia padeció por esos 105 años los frutos de un chantaje eclesiástico al Regenerador, que la iglesia veía más bien como un degenerador degenerado por haber llevado a Palacio a una segunda esposa desposada por lo civil y sin la bendición divina. Doña Sola.

La Constitución del 91 acabó con la bendita consagración, pero, en 2008, casi a hurtadillas en Palacio, otro presidente habría de renovar esos lazos celestiales: Álvaro Uribe, por supuesto (8). Una recontra consagración vergonzante porque la propia Constitución lo prohíbe, pero consagración al fin y al cabo, con lo que de inútil pero de harto y violatorio y desafiante de las normas tiene, justamente, para un gobierno que durante ocho años estuvo a Dios rogando y con el mazo dando.

Quebradiza, así, la fe. Si los que mandan creen en Dios, pero no creen en Poncio. E igual los que obedecen, que de embarradas libran a Barrabás. Dos milenios pasados por la faja en un rincón del mundo que se vanagloria de su devoción, que adora al Divino Niño del 20 de Julio, pero acaba como puede con sus niños ciertos, los de carne y hueso de todos los rincones y todos los días.

Los sicarios rezan las balas que matarán y se santiguan al disparar. En Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Cajibío. Una acendrada tradición cultural que apenas varía en el cambio de los Smith & Wesson o los Colt de los “pájaros” de la Violencia de los años cincuenta del siglo XX por pistolas como la Five-seveN, nefasto aporte tecnológico de la OTAN a la barbarie, con munición calibre 5,7 x 28 mm. capaz de atravesar blindados en Bogotá, y caseríos y palenques enteros de Chocó y Urabá, en las arrinconadas costas del Pacífico y del Atlántico. Lindo país bañado por dos océanos. O un océano y un mar Caribe.

¡Qué se le va a hacer! “Sufrimiento de un pueblo/ se ahoga y se hunde en el mar”, lo supieron Galtieri, Videla, los generales del Cóndor, y lo dijo otro León al morir, Manuel Santillán, quién sabe de dónde y cómo redimido por los Fabulosos Cadillacs (9); León del viejo San Telmo, ay, por donde paseó entre pintados duelos de cuchilleros nuestro honorífico embajador Darío, junto a Lugones, cuando éste aún se bebía el güisqui sin cianuro.

Y queda Colombia, como en toque de queda. Qué país tan bello, menos mal que se acabó, dirán no sin razón los sucumbidos en Sucumbíos, los prójimos de las fosas comunes y tres tercios, cuatro cuartos de país. Tiempos yentes y vinientes con los espantos de una época insepulta a la que no devoró el “Felis leo” de Linneo, sino, cada mañana, cada tarde, cada noche, el miedo, ese mero temor de maullar.

Leónidas, leoncios y leoninos

Ni copiamos a Leónidas, más bien siempre prestos a poner los pies en polvorosa, como María del Pilar Hurtado, la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad, el sombrío DAS, que tampoco es excepción de talante. Y aunque en asuntos políticos y sociales Colombia sea un desfiladero estrecho y se parezca tanto a Termópilas, ni por nada le gruñiríamos a Jerjes, como no le pelamos los ojos a Bush o a Obama. Mejor sapearíamos a los soldados aliados que nos acompañan, por hijueputas y desleales con el invasor.

Aquí, resumiendo, se le dan ventajas al enemigo y muy pocas al amigo. Así las cosas, los gringos las tienen todas: Bases militares, recursos, lo que pidan. Gobernantes, políticos, militares, empresarios, curas, toda clase de reptiles y viperinos rinden cuentas por igual, piden excusas y ruegan por visa ante el virrey imperial de la embajada de los Estados Unidos: Agallinados leoncitos de este Reino Animal que va de la quebrada San Antonio, en Amazonas, a Punta Gallinas, en La Guajira; poco temerarios y mucho lo temerosos. Ahí está WikiLeaks. Servilismo ante el poder y rugidos de león, ahí sí, para los débiles. El axioma es indiscutible: dominar nos hace libres, la sumisión al gringo muy felices.

Ah, que sí, de veras, leones dormidos sobre los laureles, mientras el país es destripado y socavado y esquilmado. Pasan las filas de furgones y remolques, chasquean los buques, zumban los aviones, todos cargados de oro, diamantes, esmeraldas, coltan, ferroníquel, petróleo, y poquísimas preguntas surgen por el rumbo que llevan, los beneficios que representan, los daños irreversibles que dejan. Apenas pasan atrás, lentas y chuecas, las carretas llenas de nosotros muertos.

Cosas importantes ocupan la agenda: qué encuesta se hace para reencauchar a quién o para absolver a cuál, a cuánto asciende la descarada coima o por qué quedamos otra vez afuera, o con qué arcaico demonio se alía el pintado de inteligente y buenazo. ¡Pobre Bogotá, también!

Ni leoncios. Ni siquiera hemos leído “La ciudad y los perros”, la última novela de Vargas Llosa (cuando todavía no deshacía los pasos, y tapaba su ideología de derecha y daba a entender que era anti militarista) por allá a comienzos de los años sesenta del siglo anterior, como para saber qué diablos es el Leoncio Prado, un colegio militar con un estilacho que se parece demasiado al nuestro de nación, en el que ni el Perú de ahora se mira tan bien.

Ni somos nacidos bajo el signo de Leo, con excepción, unos más, unos menos, de la doceava parte de la población, la que bien podemos desechar para el asunto, si a menudo como país prescindimos del 60% que es pobre, del 8% que es indigente, del otro 38% que no sabe ni qué es.

Nuestro contrato social no tiene nada que ver con el de don Jean–Jacques. El nuestro, si lo hay, es de compraventa callejera, leonino, y está fundamentado en la inequidad, la injusticia y la restricción de libertades. Acatamos del francés su defensa de la dictadura (que asumimos a condición de disimularla) como mecanismo para prevenir y solucionar las crisis (como siempre estamos en crisis…) Y la necesidad de la censura (siempre y cuando sea asimismo encubierta y ejercida por alguien que nos odie, como los grandes grupos económicos o las transnacionales).

Acá no quedan ni los esqueléticos leones des–garrados, que castigan por años cuidadores y domadores de zoológicos y circos, para divertimento de bestias conterráneas. Y los de don Pablo, el primo bueno de José Obdulio, el asesor del Uribe presidente, que el capo usaba para evadir con sus orines fuertes el olfato de los sabuesos cocainómanos, fueron tasajeados por la Dirección Nacional de Estupefacientes y vendidos por kilos o al libreo en las famas de Puerto Boyacá y medio Magdalena Medio.

Leonina, también, a lo sumo, le dejaron la cara Pantaleón y los Morales a otro José, el chapetón González Llorente, cuando le armaron el montaje uribista del grito del ducentésimo primer día del año de hace 201 años, o sea, del 20 de julio de 1810.

El asunto no llegó a “falso positivo” porque, como lo cantó el Ministerio de Educación Nacional, digamos, con “A que te cojo, ratón”, Colombia no aprende. ¿O diría que sí? ¡Nunca! De hacerlo, la tal campaña la habrían adelantado, a lo largo de estos dos siglos y un año, la Secretaría de Gracia y de Justicia de los tiempos de la Junta Revolucionaria de Santafé de Bogotá, el Ministerio de Justicia de toda la vida, o embustes como la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares o la Justicia Penal Militar (10). ¡Digitígrados que salvaguardan los ratones que bullen de puertas para adentro! ¡A que no te cojo, ratón!

Si es mejor ser vaca en Europa que campesino en países en desarrollo (como Colombia), según Stiglitz (Joseph, claro está), ¿cómo no va a ser menos arriesgado irse de mula por el mundo que quedarse de famélico león penando en el terruño? Menos vale figurarse colombiano que hacerse el sueco.

No somos, pues, una tierra de leones. La más felina inclinación es nuestra proclividad para usar sin remilgos la Uncaria Tomentosa, conocida popularmente como “Uña de gato”, que traen al país los traficantes de todo enredada en las pistolas desde la selva peruana y de macetas de los alrededores del Leoncio Prado de Lima, para reforzar nuestro espléndido sistema inmune de mamíferos carnívoros, comelones de siervos sin tierra, tragones de carroña, cabezones y con cola en forma de brocha.

Notas del autor:

(1) Miguel Antonio Caro Tovar, presidente de Colombia entre 1892 y 1898. Sucesor de Rafael Núñez. Rubén Darío estaba en Panamá, “donde recibió la noticia de que su amigo, el presidente colombiano Miguel Antonio Caro le había concedido el cargo de cónsul honorífico en Buenos Aires”. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Rubén_Dar%C3%ADo
(2) NIETZSCHE, Friedrich. La voluntad de poder. Ed. EDAF. Madrid, 2000. Pág. 476.
(3) DE AQUINO, Santo Tomás. El ente y la esencia (De ente et essentia opusculum). Ed. Aguilar Argentina S. A. Buenos Aires, 1970. 84 páginas. Tomás de Aquino también era conocido como Doctor Angélico o Doctor Común.
(4) Ley 61 de 1888, llamada “Ley de los Caballos”, que facultó al Presidente de la República "para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado que afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso, las penas de confinamiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de derechos políticos por el tiempo que sea necesario..." El pretexto para la expedición de la ley la proliferación de bandoleros en el país, que entre sus excesos de crueldad llegaron a desjarretar los caballos que no podían robarse. De allí su nombre.
(5) ROJAS, Jorge. Obra Poética. Ed. Procultura S.A. Bogotá, 1986. Págs. 153 – 158.
(6) Idem.
(7) Cooperativa de Chile. “Gonzalo Rojas se burló de Pablo Neruda en Colombia”. 24-04-2007. http://bit.ly/fvGfJW
(8) Un Pasquín. “El presidente, el vidente y el rosario”. 19-09-2008. http://blog.unpasquin.com/2008/09/el-presidente-el-vidente-y-el-rosario.html
(9) “Manuel Santillán, el León”, tema del álbum “León” (1992), de Los Fabulosos Cadillacs.
(10) http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=99137 Vínculo que del portal del Ejército lleva a la página de la “Justicia penal Militar”. No funciona y es diciente. Pero ahí está.

ARTÍCULO EN:

Rebelión (España)
Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) - América Latina en Movimiento
Diario Universal (España)
Kaos en la Red (España)
Question Digital (Venezuela)
Sur y Sur (Venezuela)
Aporrea (Venezuela)
Indymedia - Centro de Medios Independientes - Colombia
Revista Amauta - Costa Rica

¡Qué demonios! El exorcismo se populariza en Colombia

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Thu, 07 Jul 2011 04:28:00 +0000

Ver reportaje de Juan Alberto Sánchez Marín en RT

En Colombia la popularidad de los exorcismos provoca mucha polémica entre la población. Cada vez más personas creen que con su ayuda podrán curar hasta las enfermedades más graves. Sin embargo, otros opinan que muchas veces juegan con la desesperación o la ignorancia de la gente.

En un apartado lugar del occidente colombiano, en la zona andina, se encuentra el municipio de La Cumbre. Y más allá, entre las altas montañas, vive Hermes Cifuentes, un campesino de 52 años que ha dedicado la mitad de su vida a realizar exorcismos. El 'hermano Hermes', como es conocido en la región, sostiene que se enfrenta diariamente a las fuerzas de la oscuridad.

“Esto es muy difícil. Porque un demonio de esos o un espíritu se le puede salir a uno. Entonces, ¿cuál es la preparación? Oraciones y más oraciones, y haber nacido para esto, y tener la protección de los espíritus de luz, no los espíritus negros y bajos”, afirma el exorcista.

Hermes afirma que heredó el don de su padre y que con más de 15.000 exorcismos realizados su trabajo espiritual ha beneficiado a muchas personas.

“Ese campo que yo utilizo, derramando mi propia energía sobre ellos, la energía que Dios me dio. Me siento feliz y contento en ese campo, ¿por qué? Porque estoy ayudando al ser humano, a la persona, a mi prójimo, a ese ser que está sufriendo y padeciendo, y que se cansa de ir a un médico, tomar pastillas, radiografías, tacs y sigue con los mismos dolores, el mismo sufrimiento”, explica el hermano Hermes.

Para algunos conocedores del tema, estos exorcismos son sincretismo religioso, producto del mestizaje cultural.

“Hacen aquí una mezcla entre catolicismo, protestantismo, el gurú de la India, qué se yo, y a eso agreguémosle las corrientes de los indígenas nuestros del Amazonas, y los Incas y los Aztecas, y resultan unos chamanes especialísimos, con mezcla de todo”, comenta el sacerdote católico Luis Guillermo Parra.

También afirman los analistas que se trata de un tema controvertido, que involucra a creyentes y agnósticos. Y que son prácticas populares, que muchas veces juegan con la desesperación o la ignorancia de la gente.

“La Iglesia, como madre y maestra, sabemos que respeta esas situaciones mas no las comparte. Hoy, el grave problemas es que tú quieres atraer a alguien. Presentas un discurso, bien extraño, y presentas unos signos, pon de todo, con agua bendita, con inciensos, con aceite, con semillas de plantas, como están haciendo hoy, haz bendiciones y pases mágicos, y la gente queda fascinada”, narra el padare Luis Guillermo.

La propia Iglesia sostiene que es necesario distinguir a los poseídos de los enfermos mentales, pues muchas supuestas 'posesiones' han sido explicadas desde la medicina psiquiátrica.

Exorcismos como los del hermano Hermes han aumentado durante los últimos años en Colombia y muchos de sus seguidores vienen incluso desde países vecinos. Según los críticos, son prácticas de fácil venta porque ofrecen soluciones milagrosas a sociedades con muchas dificultades y conflictos.

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_26396.html

Los indígenas de Colombia, entre la amenaza y la esperanza

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Thu, 16 Jun 2011 15:57:00 +0000

Reportaje en RT.

Por: Juan Alberto Sánchez Marín.

Carlos Palchucán, etnia Pastos

Los Pastos son uno de los pueblos indígenas de Colombia que a menudo viven desarraigados, en medio del choque cultural o discriminados en las grandes ciudades; condiciones estas bajo las que cada vez les resulta más difícil mantener sus territorios.

Para Carlos Palchucán, representante de esta etnia, los conflictos armados son uno de los factores que les impiden permanecer en sus territorios. "Atacan mucho a algunas comunidades, que tienen abandonar su territorio, de lo que radica luego la pobreza y otros problemas como el desamparo de la misma comunidad.”

Según el censo de 2005, la mayor parte de la población indígena de Colombia, que frisa el millón cuatrocientas mil personas, se asienta en las 710 reservas existentes.

Sus tierras ancestrales se localizan en buena parte del territorio nacional, con presencia en 27 departamentos. Pero muchos de ellos se interponen en el camino de empresas multinacionales y de grandes proyectos de explotación minera y de hidrocarburos.

“En este país hay 33 distritos mineros y 17 de ellos están ubicados en zonas indígenas. Necesariamente esto afecta al territorio de los indígenas y ,necesariamente, a ello sigue su desplazamiento”, explica Alirio Uribe, director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Los nativos colombianos se distribuyen en 87 pueblos identificados, una red que conforma una de las herencias indígenas más diversas del planeta. Sin embargo, fenómenos como el narcotráfico o los conflictos armados también amenazan su supervivencia.

“Si vas al Putumayo verás que se están haciendo fumigaciones en zonas indígenas, donde no se diferencia entre cultivos lícitos y cultivos ilícitos”, continúa Uribe. “La militarización, la presencia de la guerrilla, la presencia de grupos paramilitares… Obviamente, todo ello sume en un riesgo inminente a los pueblos indígenas”.

En sendos informes de la ONU fechados en 2004 y 2010 se advierten de la perpetración de verdaderos genocidios contra comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico. La Organización Nacional Indígena constata la existencia de 10 etnias con menos de 100 integrantes.

Sin embargo, pese a todo lo dicho, actualmente los nativos albergan ciertas esperanzas después de que el presidente actual del país, Juan Manuel Santos haya sido investido ante las autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, antes de serlo en el Congreso de la República.

Se trata de un acto simbólico que dio paso a un proceso de concertación y de consultas legales que ilusionan a muchas poblaciones indígenas que luchan por su supervivencia.

Articulo completo en:http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_25517.html

Colombia es el país con más desplazados y refugiados internos

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Tue, 31 May 2011 15:01:00 +0000

Reportaje de Juan Alberto Sánchez en RT.

En los últimos años Colombia se convirtió en el líder global en número de desplazados internos y de refugiados. A este triste fenómeno están vinculados sectores muy poderosos, incluyendo a terratenientes, mafias, sectores políticos y empresas multinacionales.

Una de las víctimas de ese desplazamiento es Janeth, que actualmente se dedica a ayudar a familias que han sido forzadas a abandonar sus casas y parcelas. Un desalojo forzado, según ella, es una de las experiencias más amargas que pueden padecerse.

“Incursionaron a las casas violentando las puertas a la madrugada del 19 de diciembre. De las casas sacaron a todos los habitantes y nos reunieron en la iglesia del pueblo. Ellos llevaban un listado y fueron llamando a unas personas, entre ellas a mi esposo. Entonces, yo me fui para la casa y esperaba que él regresara”, cuenta Janeth.

Pero su esposo nunca regresó. Pocos días después, Janeth huyó con sus cuatro hijos, abandonando todo lo que tenía. De eso hace ya 11 años, pero aún mantiene vivo el recuerdo de su pareja asesinada por los paramilitares. Su preocupación ahora es que sus hijos tengan un destino diferente y próspero, algo por lo que lucha cada día.

Los registros
oficiales indican que 3,7 millones de personas sufren esta situación en Colombia. Y un reciente informe de Codhes (una ONG especializada), señala que más de cinco millones de colombianos viven lejos de sus hogares. Estas cifras ubican al país como 'líder' global en número de desplazados internos y de refugiados en el mundo, por delante de países como Sudán, Irak o Afganistán.

Para hacer frente a esta crisis estructural, el Gobierno atiende a esta población apoyándose en la justicia y aplicando compensaciones económicas para las víctimas y se lucha para prevenir este fenómeno. Es lo que pide Janeth para su familia. Ella necesita una ayuda económica para terminar de educar a sus hijos, un sueño que comparte con miles de desplazados. Sus objetivos no son otros que los de que se haga justicia con su caso y mejorar sus condiciones de vida.

“Eso es muy importante, porque es reconocer que el conflicto armado, pero, además, muchas otras conflictividades sociales y políticas, tienen raíces muy profundas en la inequidad social”, señala Carolina Tejada, subdirectora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Numerosos especialistas están de acuerdo en que el desplazamiento es además un mecanismo para la acumulación de riqueza, ya que a través de él se generan influencias para el control de territorios y recursos. El mayor índice de desplazamiento se presenta en las regiones ricas, que están en el punto de mira de las empresas mineras o en tierras que pueden ser dedicadas a cultivos extensivos, como el de la palma de aceite, que generan cuantiosos beneficios.

Los datos oficiales muestran una disminución en las cifras del desplazamiento de población y el Gobierno plantea una restitución de las tierras usurpadas. Pero paliar la situación actual del país al respecto no es sencillo. Quizá la solución del problema llegue por abordar la impunidad con que se llevan a cabo estos hechos.

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_24887.html

Carta a mis hermanos de La Radio del Sur

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Mon, 30 May 2011 20:42:00 +0000

Por: Patricia Rivas.

A mis compañeros Hernán Cano, Ernesto J. Navarro, Marcos Salgado, Freddy Muñoz y Aarón Corredor y a la profesora Cristina González, con quienes he tenido el honor de servir en la trinchera comunicacional, víctimas hoy de la incompetencia y la mediocridad, la falta de criterio y de coraje del "oficialismo neurótico". Gracias por ser ejemplos rutilantes del periodismo y del ser humano que necesita la revolución.

Les escribo estas líneas desde el Sur del Norte, desde el Madrid del “No pasarán”, del que salí un día afortunado de 2005 para deslumbrarme con la luz del proceso revolucionario venezolano, con la entrega y la capacidad de creer de su pueblo en un mañana compartido.
En Caracas aprendí las cosas más importantes. Y, sorprendentemente, sigo llevándome lecciones. He tardado varios días en reponerme de la última, y les pido disculpas si estas líneas, y este abrazo que viaja con ellas, llega con algún retraso.

En lo que se ha llamado el “Caso Pérez Becerra” hay varios niveles de análisis. Yo me quedo en este escrito quizá en el más primario y básico de todos. La decisión de entregar (que no extraditar) ilegalmente a un comunicador social, a un sobreviviente del genocidio perpetrado por la oligarquía colombiana y sus servidores estatales y paraestatales, a un hijo de Bolívar, pónganlo como quieran, pudo haber sido un error, causado por la precipitación, por el nerviosismo ante las inmensas presiones y chantajes que se despliegan contra el Gobierno Bolivariano, por el deseo de obtener la extradición (ésta sí dilatada durante meses) de un presunto narco-traficante refugiado en Colombia. Como quiera que sea, la entrega de Pérez Becerra al Estado colombiano fue asumida por el Presidente Chávez como una decisión de la que él es responsable. Con la misma claridad con la que el presidente Chávez afirma que la detención y entrega ilegales de -“este señor… ¿cómo es que se llama?”- Joaquín Pérez Becerra, a la jauría santanderiana para que hiciera de presa estelar en la cotidiana cacería humana que son los noticieros de RCN y Caracol, con esa misma claridad y crudeza tendrá que asumir el presidente Chávez todas las consecuencias políticas y morales ligadas a esa decisión.

Hay un problema previo a la decisión de Estado de entregar a Joaquín. Y es un comunicado emitido por el Ministero del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI), horas después de la detención del comunicador de nacionalidad sueca en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y cuyo contenido merece ser objeto de estudio por lo que implica en cuanto a calificar la actividad de un comunicador social como “terrorismo y crimen organizado”, y cuya última frase roza cotas insospechadas de surrealismo:

http://www.minci.gob.ve/a_r_r/1/204455/gobierno_bolivariano_ratifica.html

Comunicado sobre detención de Joaquín Pérez Becerra

Gobierno Bolivariano ratifica compromiso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado

El ciudadano de nacionalidad colombiana fue aprehendido cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. Las autoridades del Gobierno de la República de Colombia fueron informadas sobre este procedimiento.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, informa que, el día 23 de abril de 2011, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el ciudadano de nacionalidad colombiana JOAQUÍN PÉREZ BECERRA, con cédula de ciudadanía número 16.610.245, cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania. El ciudadano Joaquín Pérez Becerra, es requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia, a través de INTERPOL, con difusión roja, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. De igual manera, han sido informadas las autoridades del Gobierno de la República de Colombia sobre este procedimiento.

El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.

Caracas, 23 de abril de 2011.

Prensa MinCI

Se saldría del objeto de esta carta el análisis de lo que este comunicado oficial del Ministerio de Comunicación e Información en representación de todo el Ejecutivo Bolivariano implica, en cuanto a desconocimiento de la realidad colombiana y el sometimiento al discurso imperial de criminalización de la protesta social y la estigmatización de todos los actores que resisten al orden genocida impuesto por Bush tras el 11-S de 2001, con la letanía de la “lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado”, y en pos de “la paz y el respeto a los derechos humanos”.

¿Sabían los redactores de ese comunicado y quienes lo suscribieron que “las autoridades del Gobierno de la República de Colombia” son responsables de más de 38 mil desapariciones forzadas en los últimos 3 años, o de más de cuatro mil asesinatos de civiles por las fuerza pública presentados como guerrilleros en los últimos 8 años, o de más de cuatro millones y medio de desplazados, despojados de sus tierras por la mafia narco-paramilitar que controla el Congreso, la misma que se permite perseguir y amenazar a periodistas, académicos, y jueces de la Suprema Corte cuando se vuelven molestos, la misma que armó el montaje judicial contra Joaquín usando unas pruebas que habrían servido para acusar al mismísimo presidente Chávez de “apoyar actos terroristas”?

Queda el comunicado en las hemerotecas para politólogos y estudiosis que tengan a bien analizar las fases y el encaje de las distintas piezas del proceso venezolano, paradójico hasta extremos que desafían la lógica más elemental en no pocos episodios.

Hubo algo antes del comunicado. Un “trino” del Ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, a través de la red social Twitter, que ya anticipaba el desastre:

“Capturado en Venezuela colombiano solicitado por código rojo Interpol por terrorismo. En breve comunicado de nuestro Gobierno”.

“Colombiano”; “Código Rojo de Interpol”; “Terrorismo”. Los tres elementos del guión de Santos, los tres resortes de la trampa puesta al Gobierno bolivariano, eran asumidos acríticamente y con un entusiasmo que haría palidecer al mismísimo José Obdulio Gaviria, por quien tendría que haber provisto de contexto al resto del tren ejecutivo venezolano y haber actuado como filtro ante las presiones y la precipitación que se pretendía provocar y que terminaron conduciendo a un desastre en cadena que todavía no ha terminado de producir daños personales y políticos al interior del proceso venezolano.

El trino y el comunicado del ministro, así como la detención inicial de Joaquín Pérez Becerra pueden explicarse sencillamente: precipitaciones, desconocimiento, falta de criterio. En suma, errores políticos, que, en ese momento, podían reconocerse y ser subsanados.

Lo que ocurrió después fue muy grave. Se violó la Constitución venezolana y los convenios internacionales suscritos por Venezuela al recluir a Joaquín Pérez Becerra en condiciones de aislamiento, negarle el habeas corpus, negarle el derecho de ser visitado por las autoridades consulares suecas que requirieron entrevistarse con él, y entregarlo maniatado a la policía colombiana sin que se hubiera ni siquiera iniciado un proceso de extradición, saltándose a la torera todo el procedimiento contemplado en los acuerdos bilaterales suscritos por Venezuela.

Pero en las 48 horas que mediaron hasta que se consumó esta infamia, el Gobierno venezolano tuvo la oportunidad de escuchar a su base social, o a una parte muy consciente y muy firme de la misma, que le solicitó rectificación y que se protegieran los derechos de un ciudadano que no había cometido otro crimen que el de sobrevivir y resistir desde la trinchera de la comunicación alternativa el terror de Estado que aplica el régimen colombiano. Puede que cuando escribió su trino y firmó el comunicado del MINCI, Andrés Izarra creyera que Joaquín Pérez Becerra era un “peligroso terrorista de las FARC” (ya la simple asunción de este esquema es preocupante, pero no le vamos a pedir peras al olmo). Pero a las 24 horas se habían producido suficientes declaraciones dentro y fuera de Venezuela como para discernir quién era realmente Joaquín Pérez Becerra y cuáles eran las únicas “evidencias” que el Estado colombiano esgrimía para satanizarlo como un peligroso criminal: los mismos computadores mágicos con los que Uribe acusó al presidente Chávez y al presidente Correa de apoyar “el terrorismo”… una estrategia que todavía colea y se explota.

Mis compañeros de la Radio del Sur hacen entonces lo que cualquier periodista en sus cabales: busca testimonios que contribuyan a aclarar la situación, que arrojen luz sobre lo que verdaderamente está ocurriendo, que permitan discernir qué hay de hechos y qué difamación y propaganda en el guión escrito por el Gobierno de Santos y acatado acríticamente por el Gobierno venezolano. La responsabilidad y la mesura con la que actúa la Radio del Sur es encomiable. Busca los hechos, las voces que conocen de primera mano lo ocurrido. Está en juego mucho más que la vida de un hombre inocente. Está en juego la ética revolucionaria de un Gobierno cuya legitimidad radica precisamente en ser honorable, en escuchar a su pueblo.

¿Y qué ocurre? Telefonazo del MINCI a la presidenta de la Radio del Sur. Silencio. La directriz es clara: silencio sobre el tema, hasta que hable el presidente. Es domingo, 24 de abril. Se espera una alocución del presidente Chávez en la reunión del Consejo de Ministros. La alocución concluye con un anuncio inesperado: el aumento de sueldo que tradicionalmente se anuncia el 1 de Mayo. Ni palabra de Joaquín Pérez Becerra. Mientras todos los medios emiten el Consejo de Ministros en Cadena Nacional de radio y televisión, nos enteramos por el diario “El Tiempo” y la televisión colombiana de que Joaquín ha sido entregado y vemos su foto, esposado, con chaleco antibalas y flanqueado por dos soldados fuertemente armados, al estilo Robocop.

El caso Pérez Becerra encierra, de este modo, muchas infamias en cascada:

El 23 de abril fue la detención y la emisión de un comunicado por parte del Gobierno bolivariano que significa la asunción del guión imperial y la renuncia a ejercer la soberanía y al cumplimiento de la ley venezolana y del derecho internacional.

El 24 de abril fue la censura más obtusa y primaria, con un talante que hacía palidecer los “¿Por qué no te callas?” que tantas veces se habían intentado imponer al Gobierno venezolano desde otras instancias imperiales o neocoloniales. Ahora era telefonazo y “te callas porque te callas”. Más allá de la falta de respeto profesional que esto implica de parte de alguien que se considera periodista, la aplicación de esta censura directa sobre las emisiones de un medio de comunicación público, violan todos los códigos de ética, la Constitución y la Carta universal de derechos humanos, así como el más mínimo sentido democrático, por no hablar de palabras como socialismo o participación, que ponen nervioso al ministro en cuestión.

Después de la censura, vino la operación de propaganda demagógica y barata, anticipando el anuncio del aumento de salario que siempre se realiza el 1 de Mayo para distraer la atención del pueblo y conseguir un titular en los medios venezolanos al día siguiente que no dijera Joaquín por ningún lado. Lo que esto supone de falta de respeto al soberano y de emulación de los mismos mecanismos de ocultación y manipulación contra los que se rebeló el pueblo de Bolívar el 13 de abril de 2002, es mejor que sea cada venezolano y venezolana quien lo juzgue.

Pero la cadena de infamias no se detiene aquí.

El 9 de mayo es destituida fulminantemente la profesora Cristina González como presidenta de la Radio del Sur, y se designa en su puesto a Desirée Santos Amaral, una persona que se ha destacado por haberle hecho un flaco favor al Gobierno en su confusa defensa de la Ley Resorte, llegando a admitir que censuraba los contenidos de internet, que era la tesis de la oposición venezolana, y defendiendo dicha censura, que nunca estuvo en el espíritu ni en la letra de la ley. Su oficialismo acrítico y su demostrada ausencia de criterio se ven ahora recompensadas.

Los trabajadores de La Radio del Sur en asamblea respaldan la labor de su presidenta Cristina González y se solidarizan con ella ante el atropello sufrido, y hacen un llamado a la nueva presidenta a ser respetuosa con los principios de participación y funcionamiento democrático en la toma de decisiones editoriales en la emisora.

Se temen lo que anuncian rumores de pasillo: represalias y despidos contra quienes osaron cuestionar la detención y entrega de Joaquín Pérez Becerra.

Y no están errados. La nueva directiva de La Radio del Sur cumple con las instrucciones recibidas y ruedan cabezas. Cinco trabajadores son despedidos, como escarmiento de quienes quedan y como satisfacción personal del ministro.

Se ha desatado una caza de brujas, alimentada por viejas animadversiones del ministro contra periodistas que no le fueron dóciles cuando ordenó cacicadas en sus tiempos de presidente de TeleSUR. Cuando perseguía y esigmatizaba a los periodistas más conscientes, calificándolos de “tirapiedras” y entregaba el poder de decisión a los desembarcados de RCTV; cuando vetaba a determinadas caras en la pantalla de Telesur, por “gordos” o “feas”. Cuando contrataba los servicios de una consultora española de comunicación para que, a precios astronómicos, hiciera pedazos la programación y la plantilla del canal, con el criterio de que Telesur era “aburrido” y hacían falta periodistas “polivalentes”, mientras en el noticiero que ellos dirigían en la Sexta se mentía descaradamente sobre Venezuela. Cuando despedía a trabajadores por el crimen de reunirse en una asamblea para poner en común problemas y propuestas de solución, siguiendo el llamado del presidente a organizarse e impulsar procesos de revisión, rectificación y reimpulso al interno del proceso. Cuando despedía a periodistas que se habían jugado la vida por Telesur, cubriendo la guerra contra Líbano sin medios materiales ni logísticos, con las uñas, y se les dejaba a los pies de los caballos, sabiendo que su vida corría peligro. Cuando los trabajadores no percibían el salario que les correspondía, mientras se despilfarraba el dinero público en asesores, vehículos, obras faraónicas y gastos astronómicos de administración, y faltaban las cámaras con las que cubrir mínimamente los acontecimientos en la propia Caracas.

Quienes hemos trabajado con Andrés Izarra no nos extrañamos de que todo esto haya podido ocurrir. Lo que nos causa estupor es comprobar que sus goriladas sean asumidas por el Gobierno bolivariano al completo y por el propio presidente.

¿Es esta su política comunicacional? ¿La censura, la manipulación y la represión?

¿Por qué goza Andrés Izarra de impunidad ante su probada incompetencia y clamorosa ausencia de criterio político?

¿Por qué él puede dilapidar el presupuesto de la nación, despedir ilegalmente a cientos de trabajadores en Telesur (hasta el año 2008, en que le perdí la pista, todos y cada uno de los más de trescientos trabajadores que habían demandado a Telesur por despido improcedente, fueron amparados y tuvieron que ser indemnizados por el canal), entregar la administración del canal a oscuras capitanas y siniestros personajes que hipertrofian la parte administrativa hasta asfixiar las operaciones del que debería ser el canal más joven y ágil de los medios del Estado? ¿Por qué él puede hacer todo eso sin que se le cobren responsabilidades?

¿Y a Cristina González, decana y maestra de periodistas, luchadora leal a prueba de golpes de estado, de ausencia de presupuesto, de asfixia material y de todo tipo de trabas, se la sacrifica sin pensarlo dos veces, sin que nos tiemble la mano?

Cristina González es la directora de un medio de comunicación con los pantalones mejor puestos que he conocido. Su pasión por la revolución bolivariana sólo es comparable a su pasión por el periodismo con ética, que no come cuentos de equidistancias –que tanto le gustan a Izarra, por cierto- que no transa con los principios. Y la he visto sostener el teléfono con dignidad frente a funcionarios de diversos rangos, habitualmente del MINCI, pero también de otros ministerios, que llamaban a ejercer presión. A diferencia de TeleSUR, donde se levantaban notas, programas y documentales ante cualquier llamada de cualquier funcionario gubernamental latinoamericano, sin la menor capacidad de defensa de la soberanía de las decisiones editoriales del canal, en YVKE Mundial mientras la dirigió Cristina González y en La Radio del Sur, eso era mucho más improbable.

¿Es esa la cuenta que le están cobrando? ¿Son así los medios de comunicación públicos que necesita el presidente Chávez de cara a la próxima campaña electoral? ¿Acríticos? ¿Pasivas cajas de resonancia de las estrategias de propaganda diseñadas -¡ay!- por el MINCI? ¿Meros difusores de los mensajes del presidente Chávez?

A menudo los desastres sirven para poner en evidencia los límites y las fallas de un sistema, de la naturaleza que sea. El Gobierno bolivariano y la naturaleza misma del tipo de democracia que se practica en Venezuela, han sido puestos a prueba por el caso Pérez Becerra. El hecho de que fuera una trampa diseñada para poner en aprietos y arrodillar al Gobierno venezolano no atenúa en ninguna medida la dimensión de la cadena de injusticias cometidas, consentidas y sancionadas.

Corresponde al pueblo venezolano, a todos y cada uno de los ciudadanos dueños del proceso bolivariano, decidir con su acción u omisión el rumbo que tome el proceso. El presidente Chávez se beneficiará o será víctima del resultado de este proceso dialéctico. No nos equivoquemos. Si el pueblo decide dejar que Chávez gobierne solo, si no pone los límites y llena de contenido la tan traída y llevada “democracia participativa y protagónica”, no será nadie sino el pueblo el responsable de su destino.

Lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 23 de abril es una cadena de infamias, de injusticias, de abusos y errores políticos garrafales. Están a la vista de todos las vergüenzas de las carencias del MINCI, del Gobierno en su conjunto, del Sistema Nacional de Medios Públicos, de la democracia venezolana.

No me corresponde a mí decir lo que hay que hacer. Eso sería calificado, con razón, como una injerencia imperdonable.

Pero es mi obligación solidarizarme con los caídos por la verdad y por la decencia en esta escaramuza. Decirles que todas las goriladas de Andrés Izarra no podrán eclipsar lo que fueron momentos brillantes del ejercicio del periodismo, en las ondas y a través de la web, y que deslumbraron más por el silencio y la mediocridad cobarde que los rodearon en las horas en que Pérez Becerra permanecía detenido en Caracas, en que todavía se podía evitar la infamia.

En estos días, compañeros, camaradas, colegas y compatriotas (en el sentido que ustedes me enseñaron que tiene esta palabra), en estos días de desolación pienso mucho en Joaquín Pérez Becerra, pudriéndose en una mazmorra colombiana junto con otros 7.500 presos políticos, y vienen a mi cabeza la “Balada de Sacco y Vanzetti”, de Joan Baez, dos de esos que Andrés Izarra llamaría “tirapiedras”, “terroristas” que fueron electrocutados por su admirada democracia estadounidense bajo un montaje judicial:

“Father, yes I am a prisoner / Padre, sí, soy un preso

Fear not to relay my crime / no temo revelar mi crimen

The crime is loving the forsaken / el crimen es amar a los desamparados

Only silence is shame. / solamente el silencio es vergüenza."

Me consta que ustedes asumen su decisión y que no necesitan que nadie desde otro continente venga a defenderles de absolutamente nada. Esta carta es solamente un esfuerzo personal para no contribuir a la vergüenza de permanecer en silencio ante la injusticia de la que ustedes han sido víctimas. Me consta que son personas dignas, probas y capaces, deslumbrantemente capaces. Sólo espero, deseo, por el bien de un proceso que amo y que necesito con vida, que encuentren la manera de seguir aportando, enriqueciendo, participando y sacudiendo conciencias, mientras sobreviven al desempleo y a la caza de brujas desatada por el actual ministro de Información y Comunicación de Venezuela.

Salud y que estos vientos que ahora empiezan a sacudir las plazas de esta vieja y entumecida Europa, se unan al huracán bolivariano que lleva dos décadas levantando las faldas del sistema que nos atenaza a todos. Entonces, como ahora, necesitaremos pensar con cabeza propia, y revolucionarios con escrúpulos y coraje como para aspirar a ser algo más, algo más importante –aunque tal vez peor remunerado- que “oficialistas”.

Artículo en:

Portal Rebelión (España)

La pobreza en Colombia

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 27 May 2011 18:14:00 +0000

Reportaje en RT (Russia Today)

Todos los días, desde temprano, Gloria Tasamar empieza a envasar el desinfectante que ella misma prepara para después venderlo de casa en casa en largas jornadas de trabajo. Este producto se conoce en la zona como “Límpido”, y es la principal fuente de ingresos, tanto para ella, como para sus padres y sus cuatro hijos.

“Me toca dejarle los niños a mi mamá, pues yo a veces me voy todo el día por allá, trabajando. Yo trabajo con el Límpido. Me voy todo el día y no llego hasta por la noche. El esposo me dejó, me abandonó, y yo soy desplazada”, dice Gloria.

Las dificultades de Gloria para poder sobrevivir y sacar su familia adelante son enormes. Se beneficia de un programa asistencial del Gobierno para familias muy necesitadas, gracias al cual puede complementar sus ingresos.

“Hasta ahora yo me he quedado con los hijos, y hasta ahorita yo los estoy levantando al alcance mío, a mi capacidad. De todas maneras, a mí me ha favorecido la ayuda del Gobierno, me ha favorecido mucho la ayuda que me han dado”, cuenta la madre de familia.

Hay muchos casos parecidos en el país. Las cifras oficiales reconocen que en Colombia hay veinte millones de personas pobres y más de siete millones de indigentes. Significa que más de la mitad de la población pasa hambre.

“Es un contraste asombroso el hecho de que el país, en los últimos años, haya crecido a unas tasas de cuatro, cinco, seis por ciento. Son tasas de crecimiento importantes. Pero, estructuralmente, se mantienen la pobreza y la indigencia”, explica Héctor Moncayo, investigador del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos de Bogotá.

La estructura productiva del país cambió aceleradamente durante los últimos años, pasando de una economía basada en pilares como la agricultura, la ganadería y la manufactura, a desarrollar sectores como la minería y los hidrocarburos, los cuales han adquirido un peso sustancial en el producto interno bruto. Actualmente, de los 114 millones de hectáreas que conforman el territorio colombiano, un 40% está explotado en concesión minera.

“El país vive del sector servicio y del sector comercio. Es en ese sector donde encontramos buena parte de la población subempleada o con desempleo disfrazado. Eso explica por qué el país no ha podido nunca resolver la enorme franja de pobreza que existe. No ha podido resolverlo porque no hay actividades productivas que generen puestos de trabajo productivos para la población colombiana”, sigue explicando Héctor Moncayo.

Tradicionalmente, la pobreza siempre se ha atendido mediante programas asistencialistas, como Familias en Acción, que beneficia a Gloria, cuya cobertura alcanza las 2 900 000 familias, con una inversión de tres billones de pesos anuales.

Son medidas que han sido importantes pero que están lejos de resolver la base del problema y de hallar una solución integral. El Gobierno habla de una estrategia que haga frente no sólo a la pobreza, sino también a la desigualdad social. Colombia es el país en el que se presentan mayores contrastes de toda América Latina y el cuarto en el mundo, según un estudio de la ONU.

Algunos economistas reconocen avances en la política contra la pobreza, pero afirman que falta mucho para mejorar la distribución de los ingresos. También coinciden en la urgencia de atacar la cúspide de la pirámide, que son las clases altas que solo se dedican a la acumulación de riquezas, sin generar un beneficio público ni una productividad común. Es una élite poderosa, a la que por ahora ningún Gobierno ha hecho frente para intentar solucionar la raíz de un problema que asola al país.

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/sociedad/issue_24737.html

Despido masivo en La Radio del Sur

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Wed, 25 May 2011 01:48:00 +0000

El colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur denuncia persecuciòn politica y despidos masivos en la emisora y responsabiliza al ministro Andrés Izarra de la persecución.

Luego del atropello contra la profesora Cristina González, destituida de la presidencia de La Radio del Sur de forma abrupta e inexplicada, se produjo este martes 24 de mayo el despido simultáneo de un grupo de trabajadores conformado por: el periodista colombiano Fredy Muñoz Altamiranda, quien se encuentra en Venezuela en calidad de refugiado político y cumple funciones de coordinación del informativo meridiano; Marcos Salgado, periodista argentino encargado de la coordinación de Prensa y conductor de “La Vuelta al Sur”; Hernán Cano, periodista argentino encargado de la coordinación de Producción y conductor del programa “En Órbita”; Aaron Corredor, periodista colombiano encargado de la coordinación de Programación; y Ernesto J. Navarro, periodista venezolano, conductor del programa “Brújula del Sur”.

El único argumento: el “relanzamiento” y la “reorganización” de La Radio del Sur.

Denunciamos este accionar persecutorio contra compañeros comunicadores de larga trayectoria profesional, que dieron sobradas pruebas de su compromiso con la Revolución Bolivariana y las luchas de los pueblos de Nuestra América.

El lunes 9 de mayo, cuando se destituyó de su cargo a Cristina González, este colectivo de trabajadoras y trabajadores convocó a la nueva presidenta, Desireé Santos Amaral, a conversar para seguir construyendo La Radio del Sur como proyecto de comunicación al servicio de la emancipaciòn latinoamericana.

Este lunes 23, reiteramos por escrito a la presidenta Santos Amaral nuestra voluntad al diálogo, ya que durante más de 15 días no recibimos orientaciones. Sólo rumores y presiones veladas.

Responsabilizamos al Ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, por este nuevo ataque contra trabajadores y trabajadoras, y exigimos el fin de la persecución laboral contra quienes “ha puesto el ojo hace tiempo”, como acaba de denunciar la ex presidenta de la emisora Cristina González.

Agradecemos a todas y todos los camaradas revolucionarios que nos acercaron su solidaridad y su repudio a estas acciones, que las evaluamos en el contexto de un ataque al proyecto polìtico-comunicacional que venimos desarrollando, priorizando las acciones y las propuestas del movimiento popular y apelando a la necesaria autocrítica dentro del proceso de profundización de la Revolución y que no quede congelada por los sectores reformistas. No hacemos otra cosa que acudir al llamado del Comandante Hugo Chávez.

Sabemos de que hay intenciones de aplicar más despidos, así como el propósito de sacar más programas del aire, además de los ya mencionados.

El Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores se mantendrá en La Radio del Sur aportando como hasta ahora, con su alto nivel de compromiso y entrega a la Revolución Bolivariana, junto al Comandante Hugo Chávez y los pueblos en lucha por el Socialismo.

En el contexto de las más recientes agresiones que sufre Venezuela por parte de Estados Unidos, con la imposición de sanciones contra PDVSA, reiteramos que el enemigo principal es el Imperio-

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DEFENSORES DE DD. HH. DENUNCIAN QUE SON VÍCTIMAS DE MÚLTIPLES AGRESIONES EN COLOMBIA

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 20 May 2011 15:18:00 +0000

Por: Juan Alberto Sánchez Marín

Reportaje en RT

Uno de los organismos no gubernamentales más conocidos de Colombia, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), aprovechó la visita a Bogotá del presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Sang-Hyun Song, para dar a conocer la problemática de la observación de los derechos humanos en este país sudamericano.

Denunciaron en un comunicado, que pese a ciertos éxitos del Gobierno en la lucha contra los grupos paramilitares, cada vez son más frecuentes los casos de violación de los derechos más fundamentales en el país. Reclaman, en especial, que no han cesado las prácticas de hacer pasar por cabecillas de la guerrilla a los líderes sindicales, estudiantiles y de otros opositores al gobierno, a pesar del cambio de gobierno.

El actual Ejecutivo ha expresado repetidamente su decisión de tolerancia cero con cualquier tipo violación de los derechos humanos en el país. “Un mensaje muy claro en el cual está empeñado el presidente Juan Manuel Santos —declaró no hace tiempo el vicepresidente, Angelino Garzón— es que ningún servidor público en Colombia debe verse involucrado en delitos que violen los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, afirma el comunicado del MOVICE, que “la impunidad campea y se le adeuda a las víctimas el derecho a constituirse en parte civil, según lo contempla la Ley del sistema procesal colombiano”. Y uno de sus portavoces, Franklin Castañeda, explica: “Se persigue políticamente a las personas por su opinión, porque están organizados, porque se oponen socialmente al Estado, pero también por el simple hecho de poseer un bien que le interesa al Estado colombiano, o que le interesa a una multinacional o a una empresa de gran capital colombiano”.

Castañeda era un joven estudiante en Barranquilla, su ciudad natal y la cuarta más poblada del país situada en la costa del mar Caribe. Allí se distinguió por su liderazgo en el ámbito estudiantil, pero en abril del 2006, este comprometido activista fue víctima de un atentado y pocos meses después sufrió un intento de secuestro. Luego de eso tuvo que trasladarse a Bogotá, donde reside desde entonces, y continúa luchando por los derechos de los que sufren persecución en todas las regiones del país.

“Soñamos con un proceso de verdad”, dice el portavoz del MOVICE, refiriéndose a un proceso judicial que permita “saber quién asesinó a nuestros familiares, saber por qué se nos persiguió”. “Cuando el pueblo colombiano sepa por qué tantas personas fueron masacradas en Colombia —asegura el activista— y quiénes están detrás de esa estrategia, que los hizo más ricos, mientras a otros nos hizo más pobres, el pueblo colombiano va a cambiar”.

A diferencia de muchos otros países, destacan en el colectivo de abogados 'José Alvear Restrepo', otra organización no gubernamental colombiana, la detención por razones de conciencia no se realiza en el país de manera descarada, sino que siempre se aprovechan los conflictos militares existentes en el país.

“Hay decisiones judiciales preventivas frente a la comisión de nuevos crímenes, —sugiere Alirio Uribe Muñoz, el presidente de este colectivo— y si los criminales sienten que pueden ir a lo largo y ancho del país desapareciendo, asesinando, haciendo actos de corrupción, pues esos crímenes se siguen repitiendo. Y eso es también uno de los retos que tenemos en Colombia”.

Ambas organizaciones cifran en 130 el número de ataques anuales contra los defensores de los derechos humanos entre 2002 y 2009. Siendo 16 de ellos asesinatos. Mientras que en 2009 y 2010, esos actos de agresión superaron los 170, según denunciaron las dos entidades

A los tres años de extradición de 14 paramilitares campea la impunidad

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Tue, 17 May 2011 16:38:00 +0000

Comunicado público del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado en Colombia, MOVICE

Tras el tercer aniversario de la extradición a los Estados Unidos de 14 jefes paramilitares y tomando en cuenta la visita a nuestro país de Sang Hyun Song, presidente de la Corte Penal Internacional, quien evaluará el proceso de desmovilizaciones, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, hace evidente su postura respecto a los pocos avances en cuanto a los derechos de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

En materia de verdad, es preciso enfatizar que desde un inicio las extradiciones de estos jefes paramilitares adolecieron de un proceso claro que vinculara acuerdos jurídicos de cooperación del gobierno norteamericano y el colombiano para avanzar en la verdad, lo que ha conllevado a la falta de garantías en la consecución de las confesiones, aislamientos de estos jefes paramilitares y, por consiguiente, la limitación de las víctimas en el acceso a la verdad de los crímenes cometidos por orden y mando de los mismos. A lo anterior se suman las amenazas y asesinatos que han sufrido algunos de los familiares, abogados y personas cercanas a los jefes paramilitares extraditados, además de la compra, presión y amenaza de testigos claves. Varios jefes paramilitares extraditados se han pronunciado públicamente sobre el tema y se han rehusando, caso Mancuso, a seguir colaborando con la Ley de Justicia y Paz.

En los últimos tres años, nuestro Movimiento ha logrado apenas entrevistarse directamente con los extraditados en cinco oportunidades. Estas entrevistas de víctimas y parlamentarios a los extraditados estuvieron rodeadas de múltiples dificultades por la falta de claridad y formalización de un procedimiento para acceder a las cárceles en Estados Unidos y a los procesados.

En términos de justicia, las extradiciones no han permitido ningún avance significativo en cuanto a castigo a los responsables de crímenes de Estado, que como se sabe, fueron presentadas ante la opinión pública bajo el supuesto de juicio a los jefes paramilitares. Nada de ello ha pasado. Por lo contrario, la impunidad campea y se le adeuda a las víctimas el derecho a constituirse en parte civil, según lo contempla la Ley 600 de 2000 del sistema procesal colombiano, pues los crímenes de que están acusados los extraditados fueron cometidos en su mayoría antes del año 2005, por citar tan sólo un ejemplo.

En cuanto a reparación integral, no ha habido entrega efectiva de bienes paramilitares al Fondo para las Víctimas de Acción Social; por lo contrario, éstos permanecen en las arcas estadounidenses. Es importante resaltar que “Macaco” dejó de entregar bienes apenas lo extraditaron, mientras que “Jorge 40” comenzó estas entregas después de su extradición. Además no aparecen registros de: Diego Alberto Ruíz, Diego Fernando Murillo, Eduardo Vengoechea, Juan Carlos Sierra, Manuel Enrique Torregosa, Martín Peñaranda y Nodier Giraldo Giraldo; En este sentido, no ha habido ningún avance que permita expresar la no repetición de los crímenes, ni tan siquiera un atisbo que permita dilucidar la efectiva persecución de los bienes de estos jefes paramilitares.

El MOVICE expresa, por todo lo anterior, su desacuerdo con la extradición, mecanismo ideado desde un comienzo como expresión de la impunidad por parte del gobierno Uribe, para restar las posibilidades de que estos jefes paramilitares confesaran las relaciones entre las estructuras paramilitares y el Estado colombiano. Estos tres años de extradición presentan un saldo negativo en cuanto a los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y las garantias de no repetición. Nos sumamos a las voces que plantean el acceso pleno de las víctimas a los extraditados en los Estados Unidos; la priorización de éstas en los procesos de la justicia ordinaria, adicional a los de Ley 975 de Justicia y Paz; y la existencia de las garantías necesarias, por parte del Estado colombiano, a testigos y familiares de los extraditados, para que cooperen con la justicia colombiana.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, 17 de mayo de 2011

Violencia contra la mujer en Colombia

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Thu, 12 May 2011 15:07:00 +0000

Reportaje en RT de Juan Alberto Sánchez M.

En Colombia más de 90% de las agresiones interfamiliares las sufren las mujeres, demuestran varios estudios. El Gobierno del país plantea que la implementación de la ley de víctimas tendrá un enfoque diferencial y de género.

Se estima que en Colombia cada día son asesinadas entre 3 y 4 mujeres, y que unas 130 sufren algún tipo de violencia.

Dioselina tiene 65 años. Es una mujer trabajadora, fuerte, y ha afrontado momentos difíciles tales como la muerte de su hijo militar en una emboscada.

Desde hace 30 años convive con su actual esposo. Ahora su relación es tranquila, pero no siempre fue así. Su pareja tuvo serias dificultades con el alcohol, lo que le generaba celos y mucha agresividad. En varias ocasiones llegó a golpear a Dioselina, quien debió recurrir a la ayuda legal.

“Sí, él tuvo problemas conmigo, me tiró, me agredió. Agredió a un señor que había en la casa de oficial, y él decía, no, vos estás con ese hombre, y yo le dije nunca, yo no soy capaz. Es que si yo fuera para dejarlo ya me habría abierto, me voy lejos. En fin, que llevábamos una vida amarga, pero, lastimosamente yo me la aguanté”, comenta María Dioselina Olaya, ama de casa.

EL caso de Dioselina no es el único. La violencia doméstica constituye un problema grave en la sociedad colombiana.

“En el discurso yo sí creo que ha habido avances. En materia de la condena sexual, por ejemplo, condena de la violencia intrafamiliar, reconocimiento de que al interior de las familias pueden darse situaciones de violencia. Y seguimos quedando debiendo cómo traducimos esa protección legal o ese reconocimiento de derechos formales a la vida real de las mujeres”, señala Mónica Roa, directora de programas de “Women's link”.

Factores económicos, y componentes culturales tales como el patriarcado y el machismo, dificultan que la legislación esté a la par de la realidad.

La imposición de pautas de control social, el reclutamiento y el desplazamiento forzados, también hacen parte de esta otra agresión que sufre la mujer.

“En el contexto colombiano creo que hay un tema de violencia sexual que está pendiente de ser evaluado y de darle el lugar que merece, la preocupación que merece, y es el tema de la violencia sexual como arma de guerra en el marco del conflicto colombiano. Sin ninguna duda, hay muchos reportes de cómo todos los actores armados piensan en el cuerpo de las mujeres como el territorio donde se da la batalla”, dice Mónica Roa, directora de programas de “Women's link”.

Esta situación afecta especialmente a las mujeres del entorno rural, a indígenas y al sector afrocolombiano. Ante este panorama algunas organizaciones feministas alegan que la ley de víctimas, que se tramita en el Congreso, no las tiene en cuenta.

Trabajadores(as) de La Radio del Sur rechazan destitución irrespetuosa y denigrante de su presidenta, profesora Cristina Gonzalez

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Mon, 09 May 2011 22:43:00 +0000

9 de mayo de 2011. Los trabajadores(as) de La Radio del Sur, hicieron llegar a esta redacción un comunicado donde expresan su rechazo a la destitución de la directora de la misma, profesora Cristina Gonzalez. A continuación el texto del mismo:

COMUNICADO DEL COLECTIVO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA RADIO DEL SUR

Ante la destitución de la presidenta de La Radio del Sur, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur, reunido en asamblea, emite el siguiente comunicado:

1)

Rechazamos la destitución de la profesora Cristina González, como presidenta de La Radio del Sur, cargo que ocupó desde mayo de 2010, decisión comunicada vía telefónica este lunes 9 de mayo por el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Andrés Izarra, quien informó que en su lugar se nombraría a la periodista Desireé Santos Amaral.

Consideramos irrespetuosa y denigrante la forma en que la profesora González fue separada de su cargo, sin ninguna explicación ni formalidad alguna, conducta que no es coherente con los principios socialistas.

Como trabajadoras y trabajadores, protagonistas principales de la Revolución Bolivariana, sentimos además que con esta decisión se atropella también nuestra partipación en un proceso que está llamado a cambiar la cultura verticalista y antidemocrática que está reñida con el socialismo, ya que ni siquiera fue consultada nuestra opinión.

No ponemos en duda la autoridad del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, como líder de la Revolución Bolivariana, para realizar cambios en las direcciones de sus ministerios y entes adscritos, pero consideramos que la forma elegida por el ministro no es la correcta.

2)

Pensamos -ya que desconocemos el motivo por el cual fue destituida de la presidencia de La Radio del Sur- que esta decisión no es contra la figura y el trabajo de la profesora Cristina González, sino contra el proyecto de comunicación alternativa que venimos construyendo las trabajadoras y los trabajadores de La Radio del Sur, y que en algunos temas y procesos ha sido vanguardia informativa, en Venezuela y en Latinoamérica.

No desconocemos que existen intentos de sectores reformistas dentro de la Revolución a los que les incomoda la sola visibilización de la lucha de nuestro pueblo, de los logros que consiguen en la dura batalla contra el burocratismo y el oportunismo; de la exposición del ejercicio de la autocrítica, no como mera referencia retórica, si no como práctica revolucionaria; de la construcción de una comunicación alternativa dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos, en donde las fuentes de la noticia son el pueblo organizado, los movimientos sociales y políticos, además de los funcionarios del Gobierno Nacional.

3)

Ante esta situación, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur, convoca a la compañera Santos Amaral a contin uar con el proceso participativo en la dirección de la emisora, junto con las trabajadoras y los trabajadores en la toma de decisiones administrativas y editoriales, que ha sido característico desde el inicio de este proyecto inédito de comunicación para la liberación de nuestros pueblos.

“De la autocrítica surge siempre la fuerza para el reimpulso” Hugo Chávez Frías

Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur

Marcela Cornejo Zamorano

Jessica Dos Santos J.

Gerardo Szalkowicz

Vanessa Gutiérrez

María Mercedes Cobo Echenagucia

Kevin Hernández

América Millán

Mercedes Medina

Victoria Torres

Ernesto García

Fredy Muñoz Altamiranda

Yanosky Verdi Pacheco

Carlos Echeverri Florez

Aarón D. Corredor Russi

Arlene C. Flores P.

Hernán Cano

Gabriela Gurvich

Daniel Santos

Marcos Salgado

Robert Linares

Ernesto J. Navarro

Ana Teresa Pérez Ferrer

Leticia Marinoni

Richard Osuna

Adhesiones: colectivodetrabajadores@gmail.com

Comunicado en: Aporrea

“Joaquín Pérez no fue extraditado, sino entregado irregularmente. El Gobierno venezolano aún puede rectificar”

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 06 May 2011 14:53:00 +0000

Por: Patricia Rivas

El comunicador Joaquín Pérez Becerra, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), ciudadano sueco y ex refugiado con estatuto por ser sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, por lo que tuvo que huir de Colombia hace dos décadas, fue detenido en el aeropuerto de Caracas el sábado 23 de abril y entregado dos días después al Estado que casi acabó con su vida y asesinó a su esposa y a más de cuatro mil de sus compañeros, militantes, candidatos y cargos electos de este partido. El Gobierno venezolano ha justificado esta entrega "exprés", ejecutada en 48 horas, en el cumplimiento de los convenios internacionales y ha recriminado al Gobierno sueco por no ejecutar el código rojo de Interpol y al propio Joaquín Pérez por viajar a Venezuela, "poniendo en riesgo a la revolución venezolana". Pero más pareciera que el Gobierno venezolano ha sido víctima de una jugada calculada del ejecutivo colombiano, a la que se ha prestado Interpol, y de su propia precipitación y negligencia en el cumplimiento de las leyes. Acudimos a un jurista experto en derecho internacional y defensor incansable de derechos humanos para que nos explique cómo debería haber sido el proceso de extradición de Joaquín Pérez Becerra, si es que un juez colombiano hubiera llegado a requerirla, y cómo se podría reencauzar el caso para que fuera respetuoso de la ley, de los convenios y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

Desde el punto de vista jurídico, ¿hasta qué punto se han vulnerado normas del derecho internacional y del derecho nacional venezolano con esta entrega?

Esta entrega no responde a ningún procedimiento establecido en el derecho internacional y creo que tampoco en el derecho nacional venezolano, porque desde luego, no puede equipararse a un procedimiento de extradición. Un procedimiento de extradición es un procedimiento complejo, que debe ser sustanciado siempre con las debidas garantías de defensa para el extraditable. Estamos hablando de una entrega policial exclusivamente, en la que no se han respetado los derechos del reclamado.

¿Qué es un código rojo de Interpol y qué implica?

El código rojo de Interpol no significa necesariamente una orden de detención internacional. Un código rojo de Interpol es una orden de prioridad que puede ser tanto una orden de ubicación e identificación como una orden de detención, puede ser ambas cosas. Antes de actuar respecto a una persona detenida a consecuencia de un código rojo de Interpol, cualquier Gobierno debe verificar de que clase de código rojo se trata, y a fecha de hoy nadie sabe cuál código rojo tenía Joaquín Pérez Becerra. En principio, un código rojo establece una obligación de actuar para las autoridades del país donde se ubica una persona con tal requerimiento, obligación de que se ubique esta persona y, una vez ubicado, debe ser puesto a disposición de las autoridades hasta que se confirme si hay una orden de detención contra él o no. Porque incluso un código rojo no necesariamente lleva aparejada la posterior orden de detención internacional. Es lo habitual, pero no tiene por qué ser así, podría ser simplemente una orden de ubicación.

¿Cómo es posible que Joaquín Pérez no fuera detenido en Suecia ni en Alemania, habiendo un código rojo de Interpol?

La única explicación que tiene el que, teniendo un código rojo, no hayan sido las autoridades del país donde reside, que en este caso era Suecia y es parte del sistema de Interpol, quienes lo hayan detenido, es que dicha orden de Colombia a Interpol no se hubiera cursado hasta que Joaquín Pérez hubiera abandonado Suecia. No hay otra explicación al hecho de que las autoridades suecas no le hubieran visitado y no lo hubieran –al menos- informado de que tenía un código rojo y, en su caso, le hubieran notificado si ese código rojo llevaba aparejada una detención con fines extradicionales y el inicio de un procedimiento de extradición con puesta a disposición de las autoridades, o bien le hubieran comunicado que se trataba de una solicitud de ubicación.

El hecho de solicitar la extradición de un nacional del país al que se le solicita -por ejemplo, solicitar la extradición de un sueco a Suecia- requiere la aplicación de unas normas específicas que, en resumen, consisten en que el Estado sueco, una vez concluido el procedimiento de extradición y aunque hubiera una resolución judicial de entrega, el Estado sueco puede decidir no entregar a un ciudadano de esa nacionalidad y proceder a juzgarlo en Suecia por los mismos delitos por los que se reclama la extradición. Este supuesto habría sido el más probable en Suecia atendiendo a la condición de Joaquín Pérez como antiguo refugiado en Suecia, considerando que la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados prohíbe taxativamente la enterga de un refugiado o de quien lo haya sido, al país del que huyó debido a una persecución.

Por ello es absolutamente obligatorio, una vez recibida la solicitud de detención internacional (código rojo), que las autoridades del país donde reside o se encuentra la persona reclamada por Interpol, en primer lugar, se lo notifiquen al reclamado y procedan a garantizar el procedimeinto de extradicion, siempre con intervención judicial, ya sea mediante una detención o mediante una medida cautelar que garantice que el extraditable no pueda abandonar el país hasta que concluya el procedimiento de extradición.

A la vista de lo anterior, todo indica que no existía ningún código rojo ni ninguna orden de detención internacional respecto a Joaquín Pérez mientras que éste se encontraba en Suecia.

Por otra parte, si ha viajado a Venezuela través de Alemania, ha entrado en Alemania y tampoco ha sido advertido por las autoridades alemanas de que existía ese código rojo, es evidente que tampoco existía ninguna reclamación colombiana u orden de Interpol mientras que Joaquín Perez estaba en Alemania.

La orden de Interpol se tiene que haber emitido en el momento en que se subió al avión en Alemania y ya había pasado los controles de fronteras de ese país. Eso encaja perfectamente con la sorpresa que a todo el mundo ha causado el hecho de existir esa orden internacional de detención de Interpol cuando Joaquin Perez llega al aeropuerto de Caracas. Por ello, es obvio el seguimiento que por parte de las autoridades colombianas y, probablemente sin orden judicial, desde Suecia se le venía efectuando a este hombre.

Las autoridades colombianas sabían perfectamente cuándo llegaba a Venezuela, en qué vuelo y desde dónde llegaba. Es decir, estaba siendo sometido a un seguimiento, con lo cual todo indica que ha habido una nueva utilización fraudulenta de Interpol, igual que ocurrió con la intervención de Interpol a solictud de las autoridades colombianas, respecto a los supuestos ordenadores de Raúl Reyes encontrados en el ataque a Sucumbíos: nuevamente en este caso las autoridades colombianas intentaron dar visos de legalidad a una actuación legalmente fraudulenta, a través de la intervención de Interpol. De alguna forma han obtenido la connivencia de Interpol para legalizar una actuación que probablemente ha sido irregular.

Cada vez son más las sospechas sobre el comportamiento imparcial de un organismo como Interpol, no en este sino en otros asuntos. Hay que recordar que, recientemente y por primera vez, en noviembre de 2010, Interpol se ha negado a introducir en su sistema órdenes de busca y captura y detención con fines extradicionales, concretamente las órdenes emitidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional en el caso José Couso, respecto a los tres militares estadounidenses procesados pro el asesinato del cámara de televisón en Bagdad. Ha sido la primera vez en la historia de Interpol que este organismo se ha negado a cumplir una orden judicial. En este caso es todavía más sorprendente esta negativa, porque en la primera fase del proceso de Couso, hasta el año 2007, fecha en que se archivó la causa por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacioanl – luego reabierto por decisión del Tribunal Supremo- los tres militares estadounidenses tenían orden de busca y captura internacional a través del sistema de Interpol, tenían un código rojo e Interpol había introducido los datos. El hecho de que posteriormente, en fechas recientes, Interpol se haya negado a introducir unas órdenes que ya había introducido en su momento alegando que no tiene competencia porque no es una cuestión criminal sino política o militar, que es lo que han alegado en aplicación del artículo 3 del Estatuto de Interpol, viene a poner de manifiesto la deriva en los últimos años, especialmente desde que llegó a la secretaría general de Interpol el señor Noble, y la supeditación absoluta a las indicaciones de Estados Unidos, que son quienes tienen el control de Interpol en estos momentos. Interpol no es un organismo imparcial, sino que es un organismo policial internacional al servicio de los Estados Unidos.

La operación ha sido clara: se ha coordinado con Interpol por parte de las autoridades colombianas, le han cursado la orden de código rojo cuando estaba ya embarcado en el avión desde Alemania, de forma que ni Joaquín Pérez ni nadie podía saber que cuando llegara a Caracas y abandonara la Unión Europea – de la que es ciudadano- iba a tener este código rojo.

La acusación contra Joaquín Pérez Becerra se sustenta, que sepamos, hasta el momento, únicamente en supuestas pruebas halladas en los computadores supuestamente encontrados en el campamento bombardeado de Raúl Reyes. ¿Pero no fue acaso el informe pericial de Interpol el que también, desde el primer momento, puso en duda esas pruebas?

Claro. El informe tenía la finalidad de validar lo actuado por las autoridades colombianas y el contenido que según las autoridades colombianas había en esos ordenadores. Lo que ocurre es que el mismo informe de Interpol, que, claramente tiene esa intencionalidad, no pudo evitar indicar que había irregularidades en el manejo de esos computadores. Y así, Interpol señalaba que había varios miles de archivos con fechas posteriores a la incautación o fechas de manipulación posteriores a la incautación. Y también que había ficheros a los que, en el lapso de tiempo transcurrido entre la supuesta fecha de intervención de los ordenadores y el momento en que se los entregan a Interpol para hacer su informe pericial, se había accedido. Esto lo hace constar el informe de Interpol, si bien ellos luego en el mismo informe intentan dar una explicación diciendo que eso no tiene mayor valor jurídico. Lo que es evidente es que no es Interpol quien tiene que decir si eso tiene o no valor jurídico, eso lo tendrán que decir los jueces en un procedimiento judicial con las debidas garantías.

La intervención de Interpol en todo lo relativo a Colombia ha sido siempre una actuación que ha buscado amparar las maniobras de intoxicación del Gobierno colombiano y legalizar pruebas obtenidas de forma irregular y contraria a derecho.

Una vez aclarado cuál es el procedimiento por el que se pone en marcha el código rojo de Interpol y en qué momento, ¿cuáles son las opciones que las autoridades venezolanas tenían y cuál habría sido la forma legal de proceder en este caso?

El "Acuerdo de cooperación y asistencia judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela", suscrito en Caracas, el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), en su articulo 3 excluye expresamente la detención de personas con el fin de que sean extraditadas, y a las solicitudes de extradición;
Existe un Acuerdo de Extradición suscrito por las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, adoptada en Caracas, Venezuela en 1911, que recoge la totalidad de los principios aplicables a los procedimientos de extradición, que se resume en la necesidad de sustanciar un procedimiento judicial antes de acordar la entrega al estado que solicita la extradición.

Por otra parte, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal contempla la entrega temporal de detenidos entre países de la OEA, a efectos únicamente de realizar diligencias judiciales y con obligación de devolución al estado que ha entregado al detenido. Dicha Convención incluso contempla como causa de denegación de la entrega la negativa del afectado.

La extradición se regula en base a unos principios fundamentales que constan en todos los convenios y luego a través de un entramado de convenios bilaterales y multilaterales.

Entre los principios del derecho extradicional destaca que estos procedimientos no pretenden dilucidar la culpabilidad o inocencia del extraditable, sino que se pretenden garantizar el juzgamiento del extraditable en el país que lo requiere o el cumplimiento de una condena si ya hubiera sido condenado, lo que no es el caso de Joaquín Pérez.

En el supuesto de la extradición con fines de ser sometido a juicio en Colombia, es imprescindible verificar que existe una orden de detención emitida por este Estado de forma ajustada a Derecho, y si esa orden de detención se ha emitido por delitos contemplados por las legislaciones de ambos paises el requerido y el que requiere (lo que se conoce como la “doble incriminación”). Posteriormente, siempre en un procedimiento judicial de extradición, es imprescindible verificar si los delitos por los que se pide la extradición no intentan encubrir una acusación de índole política, en cuyo caso nunca se podría conceder la extradición, o si existe alguna circunstancia legal –ser refugiado o haberlo sido por ejemplo- que impida la entrega del extraditable. Y finalmente, los tratados de extradición también tienen que velar por que el extraditable nunca pudiera ser, en el país que pide la extradición, sometido a malos tratos, tortura o ser condenado a una pena que se considere inhumana, cruel o degradante, como pena de muerte, cadena perpetua, trabajos forzados, etc. Es de destacar que el extraditado únicamente podrá ser juzgado en el país al que ha sido entregado pro los delitos que haya establecido el tribunal del país requerido que haya sustanciado el proceso de extradición.

Un procedimiento de extradición no necesariamente significa el encarcelamiento de la persona sometida al mismo, sino que las autoridades del país al que se solicita la extradición tienen que garantizar que esa persona va a estar a disposición del procedimiento extradicional. De hecho, en los procedimientos de extradición únicamente se utiliza la prisión cuando no hay otra forma para garantizar que la persona va a estar a disposición del procedimiento.

Cuando el procedimiento de extradición concluye, una vez verificadas estas cuestiones, y tras la apelación correspondiente, porque siempre ha de existir posibilidad de apelación, entra en funcionamiento la cláusula de soberanía. El país que ha recibido la solicitud de extradición tiene, por varios motivos de índole política, la capacidad para denegar la entrega, con necesidad en ese caso de juzgar al extraditable en ese país, salvo en determinadas circunstancias excepcionales donde no existiría esa obligación.

Si la entrega se deniega porque esa persona es nacional del país al que se le ha pedido la extradición, en ese caso lleva aparejada la obligación de que esa persona sea juzgada en el país que ha denegado la extradición, conforme a las leyes de dicho país y por los hechos de los que se le acusa en el país que ha requerido la extradición.

Pero existe incluso la posibilidad, y se contempla en todos los tratados internacionales, de que, simplemente, atendiendo a criterios políticos, humanitarios o de solidaridad, por una decisión de soberanía política, el poder ejecutivo, que es a quien corresponde la decisión, decida no ejecutar una decisión judicial de extradición.

En todo caso, el procedimiento de extradición tiene que garantizar siempre el derecho a la defensa, que no se produzcan situaciones de indefensión, y garantizar los derechos del ciudadano. En este caso concreto, con Joaquín Pérez Becerra ocurre que esta persona fue refugiado político. La Convención de Ginebra de 1951 –suscrita por Colombia y por Venezuela- y la inmensa mayoría de leyes de extradición contemplan que ninguna persona refugiada o que haya disfrutado del estatuto de refugiado –aunque lo haya perdido luego, ya sea porque haya mejorado su estatus al acceder a la nacionalidad del país que le dio el asilo, que es el caso de Joaquín Pérez Becerra, o incluso en casos de cesación o de exclusión del estatuto de refugiado, por actividades contrarias al Estado que le concedió el asilo, o porque se ha llegado a la conclusión de que esa persona no era merecedora del estatuto de refugiado porque había incurrido en crímenes de guerra o de lesa humanidad (que son causas para cesar el estatuto previamente concedido). Pero incluso en esos casos de cesación o exclusión del estatuto de refugiado, según la Convención de Ginebra y los convenios de extradición de la inmensa mayoría de los países, nunca puede ser entregado un extraditable al país en el que sufrió una persecución que ameritó que se le concediera el asilo. Joaquín Pérez Becerra nunca podría ser entregado en un procedimiento de extradición a Colombia porque es un ciudadano colombiano de origen que tuvo que abandonar su país por sufrir persecución precisamente por parte de las autoridades colombianas y que obtuvo el estatuto de refugiado conforme a la Convención de Ginebra de 1951 en Suecia. Él ahora ya no lo tiene, porque ha variado su estatus jurídico al acceder a la nacionalidad sueca, pero incluso en ese caso, esa cláusula es de aplicación por estar expresamente establecida en la Convención de Ginebra.

En segundo lugar, por la forma en que se ha producido la entrega a Colombia de Joaquín Pérez, se ha vulnerado la Convención de Viena sobre asistencia diplomática y consular. La Convención de Viena establece el derecho de cualquier detenido en un país que no es el suyo, a contar con el asesoramiento en entrevista directa y con la defensa por parte del Estado del que es nacional. En este caso, durante la detención en Venezuela, a las autoridades consulares suecas les negaron la posibilidad de entrevistarse con Joaquín Pérez Becerra, lo que ha motivado incluso una protesta formal de las autoridades suecas.

En tercer lugar, se han violado todos los principios contenidos en los tratados internacionales en materia de extradición y el Convenio de asistencia mutua en materia penal de la OEA, que establecen la necesidad de someter a estas personas que tienen un requerimiento de detención internacional a un procedimiento con las debidas garantías, donde pueda defenderse, pueda contar con su abogado y no sufra indefensión.

Eso en términos prácticos implica que tras la detención, habría tenido que entrevistarse con las autoridades consulares suecas; a continuación tendría que haber comparecido ante un juez venezolano, que tendría que haber decidido en qué situación quedaba o si se adoptaban medidas cautelares: es decir, si quedaba en libertad, con retirada del pasaporte y prohibición de abandonar el país o si quedaba en prisión provisional, sometido al procedimiento de extradición, o la medida cautelar que hubiera decidido el juez. Y en ese momento da inicio el procedimiento de extradición.

Además, es importante tener en cuenta que la orden de detención internacional con fines extradicionales cursada por un Estado, no necesariamente tiene por qué tramitarse a través de Interpol, sino también puede realizarse bilateralmente, atendiendo a los Convenio bilaterales de ambos países en materia de extradición y asistencia en materia penal.

Una vez que se recibe la orden de extradición y se detiene a la persona hay un plazo muy perentorio, que no suele superar en ningún tratado los 40 días, donde se tiene que formalizar esa petición de extradición. Si no se formaliza enviando directamente la petición, no ya a través de Interpol sino por el país que ha requerido al país que es requerido, no puede comenzar el procedimiento de extradición. Y si no llega en ese plazo, queda sin efecto la solicitud de detención internacional cursada a través de Interpol o bilateralmente, y queda sin efecto el procedimiento de extradición. Y respecto a ese expediente extradicional se exige que incluya determinada información para su examen por el juez competente en la extradición y por la defensa del extraditable: en primer lugar, se tienen que indicar los hechos concretos por los cuales se pide la extradición, los hechos que supuestamente son delictivos en el país que pide la extradición y verificar que esos mismos hechos son delitos en el país requerido; en segundo lugar, se tiene que enviar toda la legislación del país que pide la extradición en la que se acredita que esos hechos que se le imputan son delito conforme a esa legislación; y luego hay que enviar la orden original dictada por el juez del país requirente que ha pedido la extradición.

El juez que ha pedido la extradición se lo envía al juez que tiene a su disposición al detenido a efectos extradicionales, y se cursa a través de los ministerios de Exteriores. En Colombia puede ser el juez o la Fiscalía. Tienen que enviarlo al Ministerio de Justicia colombiano; éste a su vez al Ministerio de Exteriores colombiano, que lo mandaría al Ministerio de Exteriores venezolano y éste a su vez al Ministerio de Justicia venezolano, que es quien tiene que remitirlo al juez venezolano.

Esto es importante. La mera existencia de un código rojo en Interpol no significa que vaya a llegar una orden de extradición, porque puede haber muchos factores que posteriormente impidan la llegada en plazo de la solicitud extradicional.

Que Interpol haya cursado erróneamente la orden, por ejemplo, por una petición del poder Ejecutivo y no del poder judicial, haría inviable la extradición. El juez no se relaciona directamente con Interpol. Quien se relaciona con Interpol es el poder Ejecutivo, son los ministerios de Interior. Entonces, un primer supuesto de error, intencionado o no, puede ser que haya sido el poder Ejecutivo colombiano sin que exista una resolución judicial o del ministerio fiscal colombiano, quien haya mandado a Interpol la orden de detención, con lo cual esa orden no tendría ningún tipo de efecto si no se produce en ese período de validación la llegada de la orden judicial. Y eso no se ha llegado a producir en este caso, con lo cual nunca sabremos si realmente había una solicitud de extradición cursada formalmente. Un código rojo de Interpol o una solicitud de detención internacional a efectos de extradición cursada bilateralmente no necesariamente lleva aparejada una orden judicial. Este requisito siempre debe ser verificado.

Parece que en este caso, atendiendo a la rapidez con la que se ha producido la entrega a Colombia, la normativa de extradición se ha incumplido, y también parece que se ha incumplido flagrantemente toda la normativa relativa a la prevención de la tortura, en especial la Convención para la Prevención del delito de Tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes de 1984, que establece claramente que no puede ser, no ya extraditado, sino entregado ni enviado de ninguna manera, ni por resolución administrativa ni por resolución judicial a un tercer país, sea o no el de origen del detenido, si en ese país hay sospecha de que esa persona vaya a ser sometida a malos tratos, tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes.

Y en este caso, Colombia tiene innumerables condenas por tortura a detenidos, por maltrato a detenidos. En estos momentos existen denuncias de multitud de organismos internacionales sobre la situación de los presos políticos en las cárceles en Colombia. La dramática situación ha motivado la puesta en marcha de una campaña internacional para denunciar esta situación, y no hay que olvidar que incluso hay ya dos jurisdicciones, la danesa, que ya decidió en primera instancia que Colombia es un país donde se practica habitualmente la tortura y recientemente la chilena en los mismos términos, caso Olate, con una primera resolución que ahora está pendiente de la Corte de Casación chilena.

¿Qué consecuencias tiene esta forma de proceder del Gobierno venezolano con respecto al derecho de asilo, teniendo en cuenta que Venezuela hace frontera con Colombia y la cantidad de refugiados colombianos que han buscado refugio en el país vecino?

Esta situación es realmente dramática. Ya al margen de cómo puede afectar a Joaquín Pérez Becerra, es una pena porque el Gobierno venezolano se ha venido caracterizando en los últimos años por ser uno de los gobiernos más escrupulosamente respetuosos con la Convención de Ginebra sobre refugiados. Tiene en su haber varias felicitaciones del Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados por el trato dado a los refugiados colombianos llegados a su país, y esto es una mancha en ese expediente de respeto a la Convención de Ginebra.

Es un incumplimiento gravísimo y muy claro de la Convención de Ginebra y además es el mayor incumplimiento posible de la Convención de Ginebra. Porque, entre otras cosas, lo que se está haciendo es entregar a una persona sobre la cual hay una resolución del Gobierno sueco conforme a la Convención de Naciones Unidas, es decir, hay un estatuto de refugiado emitido por el Gobierno sueco y cuya protección también incumbe a las Naciones Unidas, y ese estatuto se ha obviado absolutamente y se ha entregado a una persona protegida privándola de las garantías. En especial, privándola de las garantías establecidas en la Convención de Ginebra, además de parecer que se han vulnerado muchos otros Tratados que impedirían haber hecho esta entrega. Desgraciadamente, esto puede calificarse como la mayor de las violaciones posibles de la Convención de Ginebra.

Una vez en esta situación, ¿habría todavía alguna oportunidad de rectificar legalmente?

Efectivamente. Las autoridades venezolanas deberían rectificar este incumplimiento y pedir al Gobierno colombiano, con fundamento en la Convención de la OEA de asistencia mutua en materia penal, la devolución de esta persona, para que fuera sometida, una vez verificado que llega la orden judicial colombiana de extradición, al procedimiento extradicional con las debidas garantías.

Desde mi punto de vista, una solicitud de extradición a Colombia de Pérez Becerra, en este caso, por haber sido refugiado, clarísimamente habría sido desestimada por el juez competente venezolano, a pesar incluso de que este hubiera determinado que se cumplía el principio de doble incriminación, que las penas no fueran crueles, inhumanas o degradantes. Además es imprescindible que el juez extradicional verifique las penas aplicables en el país que solicita la extradición. Las extradiciones no pueden concederse por delitos que lleven aparejada una pena inferior a seis meses según el tratado de extradición de 1911 entre Colombia y Venezuela, y en la mayoría de los países no se conceden por delitos que lleven aparejadas penas inferiores a un año.

Lo procedente sería ahora mismo que las autoridades venezolanas pidieran retrotraer la situación, la entrega de este ciudadano a Venezuela para que fuera sometido al procedimiento de extradición. Esto es lo que deberían estar ya solicitando las autoridades venezolanas.

(*) Enrique Santiago es abogado, experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional. En la actualidad es el abogado de la familia del camarógrafo español José Couso, asesinado por fuerzas militares de EEUU, y ha adelantado causas contra funcionarios que participaron en el golpe de estado en Honduras. Estuvo en el equipo que solicitó la detención de Augusto Pinochet en 1998 y elaboró el prontuario de Álvaro Uribe Vélez.

(*) Patricia Rivas es comunicadora y periodista española. Ha sido trabajado en medios como Mundo Obrero, Telesur y YVKE Mundial.

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Pobre Joaquín, en medio del silencio

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Sat, 30 Apr 2011 06:14:00 +0000

Por: Juan Alberto Sánchez Marín

Relaciones Colombia-Venezuela: Santos sabe lo mucho que gana con lo poco que apuesta. Joaquín Pérez Becerra: Ahora no tiene la zozobra de que lo frieguen, sino la certeza de que lo jodieron.

Desde aquellos días, que ahora parecen muy pretéritos, pero que en realidad no alcanzan el lustro, cuando los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez daban vía libre al gasoducto binacional y se abrazaban en Punto Fijo, Venezuela, o en Cartagena de Indias, Colombia, cualquiera con dos dedos de frente sabía que en esa amistad aspaventosa, de vereda tropical, iba a pasar algo. Y pasó.

Presidentes, cancilleres, ministros, asesores y afines de los dos países iban y venían, fungían y fingían, lucían y se lucían, pasaban y posaban. Por ahí quedan las fotos, engavetadas y llenas de borrones digitales y re encuadres a la brava. Los opositores venezolanos las usan de cuando en cuando para burlarse de Chávez, los uribistas de acá las manosean para destacar las virtudes dialogales de su mesías.

Se dijo de puentes colgantes para arriba y de oleoductos enterrados para abajo. De aquí para allá y de allá para acá. ¡Puentes con doble vía!

Se conversó de la carretera marginal de la selva, un salvaje megaproyecto neoliberal enmarcado dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA, por el cual ponían la cara el BID y la CAF (1), que en realidad promovían el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las grandes transnacionales, y que entre muchas otras cosas inútiles y de expoliación para los pueblos servía para despellejar las calvas cabelleras de los indígenas apacentados durante siglos en su ruta. Una técnica de los viejos pueblos indios de la pradera, que los puritanos blanquitos de hoy dominan bien.

Se discutió sobre la integración férrea, con imaginarios trenes bala desperdigados por las geografías y confundidos entre el fragor de las balas de verdad de la guerra colombiana.

De otras obras magnas de infraestructura también se debatió, como el puente entre La Chinita y La Fría, para bien de la vida de los miles de colombianos y venezolanos de la frontera común, que facilitara su comercio ancestral y de paso el contrabando legal que permite que el vivo viva del bobo y el bobo de Papá y Ma’…

Ambos presidentes hablaron de cooperación fronteriza, energética, económica y comercial. Vicisitudes serias. Nadie sabe si la obra tipo entremés se la creían; eso sí, todos sabían que las obras nunca serían.

Pelea cantada

Ya en diciembre de 2004, Uribe se inauguró como nuevo presidente vecino con el secuestro de Rodrigo Granda, jefe de la guerrilla colombiana de las FARC, en pleno centro de Caracas. El hecho, perpetrado por un comando asalariado del Ministerio de Defensa colombiano, perturbó las relaciones entre ambos países. (2) Pero los melindres concluyeron poco después, en febrero, con un fraterno abrazo entre los dos mandatarios. Todo no fue más allá de una alteración gastrointestinal y una ligera laberintitis de Uribe. La una causada por las mentiras que dijo y la otra por las que oyó.

Casi un año después, la retórica y los buenos modales hicieron su agosto en pleno diciembre de 2005. Volvieron y jugaron el gasoducto, el oleoducto y ningún reducto ideológico de ninguno ni de nadie.

2005 acabó para los dos países en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia, hacia las 16H37 (21H37 GMT) del 17 de diciembre; 175 años, 3 horas y 30 minutos después de la muerte de Simón Bolívar en la misma estrecha habitación. (3)

La temporada navideña de aquel año fue animada con dos muñecos, “Made in China”, vendidos como pan caliente: Uribito y Chavecito. (4) De Chavecito se supo que alcanzó los 60 centímetros. De Uribito se confirmó que por la divina gracia del modelo original llegó a ser pre candidato presidencial del partido de la U y derrotado por la opositora más bruta que país alguno haya tenido en una historia que brilla justamente por la escasez de lumbreras, sean del sexo que sean. De destacar que dicha contrincante por lo menos podría llegar a ser presidenta de un equipo de fútbol, en tanto que el muñeco Uribito corre el riesgo de ir a la cárcel.

2007 fue un año aciago. A petición de la senadora colombiana Piedad Córdoba, Chávez se monta en el paseo de mediar entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC buscando un acuerdo humanitario que permitiera el canje de presos y rehenes.

El gobierno colombiano aplaudió tal cooperación. Todo fue viento en popa mientras la barcaza no se movió de puerto. Cuando lo hizo fue la hora llegada. Uribe, iracundo por los avances previsiblemente imposibles, pero ciertos; Chávez de la noche a la mañana colgado de la brocha.

La banal retórica de la paz es reemplazada de súbito por la densa de la guerra. Ambas, al fin y al cabo, retóricas, parrandeados culteranismos.

2007, 2008. 2009, 2010. Cuatro años más, donde hermanos de hecho debían volverse enemigos del alma, o donde vecinos por obligación tenían que ser extraños por elección. Léase, mejor, por capricho.

Un tiempo en que, por lo menos, Chávez era el malo para el gobierno colombiano y para la rancia derecha colombiana y venezolana, como Uribe lo era para cualquier ciudadano progresista colombiano o venezolano. Cada quien con su cada cual.

Hasta que la Corte Constitucional le cerró el paso a la aspiración de Uribe de una nueva reelección, y el siniestro pero hábil mandatario pasó a ser un twittero irrefrenable, que en estos lapsos invernales desborda aún más al país con los trinos propios de su talante.

Y mientras, engrosa el sanedrín de la derecha continental, haciendo lo que bien se paga a los que ya no son: dictar conferencias en universidades del Opus; reunirse en círculos con otros pesos pasados, como Savater o Vargas Llosa; redactar ditirambos para el imperio; lanzarle infructuosos anatemas al antiguo amigo y visceral enemigo Chávez.

Fresco de bagazos

Se fue Uribe, pero llegó Santos. Nuevo estilo, otro matiz, distinta manera, diferente índole, remozados mozos de cuadra en el hípico país lleno de cagajón que dejó el antecesor. Y nada que no sea igual.

Santos vuelve a bañarse dos veces en el mismo río y con la misma agua. Quizás eso no era posible en lo apartados tiempos del Oscuro de Éfeso, pero en las turbias épocas de ahora sí.

Y Santos tampoco es claro ni es otro, es el mismo. No juega cartas en el Country, se las juega en Palacio. No se volvió santo varón, sólo disimula el apellido. No azuza recuas como ministro, se aplaca a sí mismo de presidente.

Y vuelve y juega el ardid trillado: vecino, compañero, mejor nuevo amigo. Abrazo va, sonrisa viene y la ideología en un punto se mantiene.

Si hay algo más peligroso e inmanejable que la franca disputa y los dientes pelados, es la devoción fingida. Una cosa es la diplomacia, que sigue cursos legales, adecuada para la buena vecindad, necesaria para dos pueblos hermanos. Otra la guachafita de gobiernos que manejan las relaciones internacionales como asunto de solares o de comadres que conferencian de postigo a postigo. Y así estamos de nuevo.

Uribe y Chávez manejaron una vez las relaciones cual finqueros. Ahora todo se cuadra como entre tahúres: full sorpresa, póker que mata, deshojada Flor Imperial, ¿as bajo qué manga? Apenas hay que apuntar que Santos juega Texas Hold’em desde chiquito.

Antes era cuestión de tiempo. Ahora, también. ¿Hasta cuándo será aguantado el cañazo de querer el bien pagándolo a punta de males? Lo mismo que ningún fin justifica los medios, ningunos medios justifican el fin. Así, el fin se vuelve acabose.

¡Estaba escrito…!

No se trata tanto de si Joaquín Pérez Becerra es culpable o no, de qué o en cuáles niveles. Es probable que tendrá a cuestas más pecados de los que él mismo sepa o llegare a mencionar, y, de seguro, es muchísimo más inocente de lo que el gobierno colombiano lo acusa a partir de unos cacharros de pacotilla, hurgados, invalidados, puestos a la carrera, como utilería, para ambientar escenas en la obra sinfín que es la Colombia metida de bruces en la lucha contra sí misma.

Y hay muchas dudas en el aire, que más que interrogantes son cuestionamientos evidentes al gobierno de Venezuela. Es natural que muchos sectores de la izquierda hayan puesto el grito en el ancho cielo bolivariano y que algunos otros no entiendan adónde fueron los marcos legales, los conceptos jurídicos, los acuerdos internacionales o la propia Constitución Bolivariana, un fajo de cosas que ya todos los expertos están empezando a citar con parágrafos, pelos y señales.

Ni siquiera hay que preguntarse por la suerte de los acervos nomotéticos o de locuciones locas como coherencia, lealtad, respeto, confianza.

La amistad de Chávez con Uribe no dio sino sinsabores, supo a cacho y arruinó caminos de menor jolgorio, pocas serpentinas, pero de mayor madurez y más certidumbres.

La amistad con Santos, o lo que sea que signifique la fruslería lingüística de hacerse pasar por los mejores nuevos amigos de la región, puede tener para el presidente venezolano el agrio sabor de las amistades de Gadafi con Sarkosy o Berlusconi: entrañables camaradas, socios de la alianza internacional contra el terrorismo, que ahora mismo y muy prestos le rocían la jaima con misiles.

La frescura de Chávez, ese carácter impetuoso, una dignidad innegable y la mollera chispeante, entran raspando en los abrazos taimados de Santos y de toda una clase dirigente, poderosa y calculadora, que le recrimina al presidente colombiano ese acercamiento, pero que lo lleva a cabo sencillamente porque presidente y gobierno son ella misma. Y ese espíritu Santos sabe bien lo mucho que gana con lo poco que apuesta.

Con el tráfago, la voluntad se distorsiona en llamadas telefónicas tramposas y se asfixian los avances en favores pedidos con una prisa calculada de antaño. En acuerdos de colaboración contra el narcotráfico, luchas contra el terrorismo y otros abominables mandados de los gringos se enreda un camino de por sí lleno de abrojos, en el que a veces, por demás, ya ha sido probado, también sale el Lobo (Sosa, Porfirio).

Qué bueno que uno en estas charadas sólo gozara. Que los arrumacos en vivo se aguaran en la tele y la monserga de las relaciones productivas, de integración y paz saltara de los protocolos a la vida. Que no se pagaran tan caras esas sobras de gracia colgadas por doquier. Pero no es así.

Como dice el título del último álbum del joven cantante chileno Santos Chávez (que no otro Santos Chávez, el difunto pintor y grabador de origen mapuche), “Estaba escrito…” (5)

Amistades que matan

Pérez Becerra militó en el partido equivocado, la Unión Patriótica, dejado a la deriva por la guerrilla de las FARC y exterminado por el tentáculo paramilitar de la derecha colombiana. Joaquín también cometió a la sazón el error craso de no cambiarse de bando, de no abjurar de su pensamiento, o de no volverse político o sapo.

Al contrario, se hundió a voluntad en el desliz de dirigir un medio de comunicación empachado de informaciones a contracorriente, revolucionarias, más bien panfletarias. Y cometió la simpleza de salirse una tarde del país donde vivía asilado, y se metió de lleno en el cerco estrecho de un mundo lleno de paranoias infundadas y de terrorismos diseñados más en los escritorios de los gobiernos que en la realidad.

Para colmo, se embarcó cándido en un avión rumbo a un país en el que confiaba: Venezuela. De no haberlo hecho hubiera sido un exiliado de todo del totazo, incluso, de los suyos.

No le pasó a Joaquín por la mente que en Maiquetía no lo recibirían amigos, sino esposas. No las suyas, que una fue asesinada antes de que él tuviera que salir de Colombia y la otra se quedará quién sabe cuánto sentada en Estocolmo esperando a su Godot, sino las esposas metálicas del país que lo vio nacer y a cuya nacionalidad, en un arrebato de sensatez, prefirió renunciar hace una década.

Pasó por alto que patrias como la suya siempre tienen en cuenta a sus naturales cuando se trata de apachurrarlos, sobre todo, en medio de una realidad mediática ávida de trofeos de guerra, de carnes de cañón y de medios silenciados, que de paso sirve para poner contra las cuerdas a un amigo que en el fuero interno nunca dejará de ser considerado como un apestoso enemigo.

En otras palabras, Joaquín Pérez Becerra desairó tantas formas importantes de la estrategia rebelde más elemental, que se le hace a uno muy difícil ubicarlo como un curtido guerrillero transnacional, versado en negociaciones y filigranas, y en cambio sí lo vuelven muy sospechoso de ser un comunicador nato.

Y hablando de medios, en Venezuela, los revolucionarios por decreto ni fu ni fa. Ni tanto blablablá, más bien ni mu. A lo sumo unos pocos dijeron pío. Poquísimos esta boca es mía. Mi boquita un punto. Y medios de poca o menor bendición que marcaron la diferencia, como Aporrea, los comunitarios, los barriales; los descastados, mas no desgastados. No debió coincidir siempre la idea de lo revolucionario con la talanquera de las directrices ministeriales. Ante un yerro, ¡pues a “yerrar” se dijo! Y se llegó así a la uniformidad más odiosa del mundo: la de todos los medios oficiales mudos, la de todos los funcionarios del gobierno callados, la de todos los versados con los oídos tapados, la de todo un país silbando y mirando para otro lado.

En Colombia, por el contrario, clarísimo el libreto. Los medios lo dijeron todo, desde la misma perspectiva: Pérez Becerra, terrorista, guerrillero. No se calló nada, aunque nunca se dejó entrever otro sesgo, alguna idea de algo más, ni siquiera asomó el beneficio de la duda para el acusado. Grandes titulares, variados estilos, innúmeros formatos: todo el despliegue requerido para que todos vean lo que tienen que ver y oigan lo que tienen que oír. Poco trabajaron las oficinas de prensa de Palacio o Cancillería. Los medios colombianos han aprendido a ejecutar las misiones sin que se las manden, a hacerlo todo solos, solícitos y mejor. Santos ha sabido siempre ser jefe de redacción sin que se lo vea. De medios algo aprendió desde antes de la cuna. Por genética, por ósmosis, y, a la final, como medio para luego darse el gusto de causarnos la mortificación de tenerlo donde está.

Joaquín, pues, nunca debió creer posible que la distancia filosófica existente entre el gobierno del país que visitaba y la del gobierno del país natal que lo perseguía llegara a ser tan corta como los pocos metros que por más de mil doscientos kilómetros separan una patria de la otra. ¡Quién iba a creerlo!

Joaquín quedó entonces parado en un lugar peor que aquel que dejó atrás hace dos décadas. Hoy, en una celda de la cárcel La Modelo de Bogotá, no tiene la zozobra de que lo frieguen, sino la certeza de que lo jodieron.

“El hombre ya se sabe que está aquí,
condenado desde el nacimiento…

Pobre Joaquín, pobre Joaquín,
en medio del silencio”.

En febrero de 1968, el grande poeta y compositor uruguayo Rubén Lena escribió la milonga “Pobre Joaquín”, a la que corresponden estos versos. Lena, según cuenta él mismo, escribió la canción a partir de una nota en el diario sobre un hombre sin nombre que había aparecido muerto en una calle. (6)

Joaquín Pérez Becerra está vivo. ¿Pobre Joaquín? O pobres de nosotros, en medio del silencio.

NOTAS:

(1) Portal de IIRSA. Áreas de acción. En: http://bit.ly/mOQWM9
(2) Ver recuento cronológico de esta crisis, según la BBC. En: http://bbc.in/eQLC9W

(3) GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. El general en su laberinto. Ed. Sudamericana. Primera edición. Pág. 153. Buenos Aires, 1989.

(4) Ver artículo al respecto en Wikinoticas. En: http://bit.ly/fX6ocv

(5) Uruguay lyrics. Pobre Joaquín. En: http://bit.ly/moLw0m

(6) Página oficial del cantante. En: http://www.santoschavez.cl

EL SECTOR AGRÍCOLA EN COLOMBIA, CAMPO DE COMBATE DE TRANSNACIONALES Y CAMPESINOS

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Fri, 29 Apr 2011 17:36:00 +0000

Reportaje de Juan Alberto Sánchez en RT.

Los campesinos colombianos enfrentan una grave crisis agrícola. Las transnacionales ocupan los territorios fértiles desplazando a los que los han cultivado durante décadas.

Gildardo, dueño de una pequeña parcela, sobrevive del cultivo de café, cítricos y algunos otros frutales. Pero en Colombia no resulta fácil la incursión en otros productos agrícolas ya que históricamente ha sido un país dedicado durante décadas al monocultivo del café. Comenta: "Que sean cultivos rentables, no. Pues mire, ahora está duro el plátano, el banano… y frutas, todo lo que usted saca al pueblo. Mire, ahora, en estos días pasados, un señor tumbó toda la finca en café y la metió en cítricos. Ese señor está… Por ahí le van a embargar la finquita, ya está otra vez que volviendo a sembrar café".

Según las estadísticas, las multinacionales y las grandes empresas se concentran cada vez más en la producción agrícola, de la que son desplazados los campesinos y los pequeños propietarios.

Fernando Zapata, un experto agrícola, acentúa: "Ha habido desplazamiento de campesinos, y básicamente han sido los grupos más vulnerables los que han sido desplazados. Especialmente la población negra y la población indígena. Allí ha habido un desplazamiento y una concentración de la tierra por parte de grupos económicos poderosos".

El Gobierno actual de Colombia expresó su voluntad de volver la vista al campo apoyando a los productores pequeños mediante una Política Integral de Tierras. En este sentido, la Ley de Restitución de Tierras, que actualmente está siendo examinada por el Congreso, atiende el derecho a la restitución de los terrenos despojados a la población desplazada.

Según Zapata, la ley contribuirá a "devolverle la tierra a sus antiguos dueños. A la gente que fue presionada a vender a más bajo precio o, simplemente, que fue desplazada por la fuerza, a punta de fusil". Sin embargo, el experto subraya que la nueva legislación deberá contar con un apoyo permanente del Gobierno "no solamente para producir, sino para que no vuelvan otra vez a desplazarlos".

Sin embargo, la dificultad con el transporte de los productos del pequeño agricultor, la fluctuación de precios, la desventaja tecnológica y los riesgos ambientales siguen siendo los principales desafíos del sector. Y según los expertos, son factores cada vez más determinantes del desplazamiento.

Colombia ha experimentado una brusca apertura económica durante los últimos años, pero las condiciones de infraestructura, tecnología o comunicaciones no han ido a la par en el proceso, lo que ha hecho daño al campo

Colombia afronta el crecimiento del paramilitarismo

juanalbertosm@gmail.com (Libre utilización citando la fuente) — Tue, 19 Apr 2011 15:51:00 +0000

Reportaje en RT.

Varias regiones de Colombia están viviendo un crecimiento del paramilitarismo. Los residentes locales sostienen que estos grupos armados y al margen de la ley, que antes ocupaban las zonas rurales, ahora se están desplazando hacia las grandes ciudades.

“Ya hay grupos paramilitares que están ejerciendo control acá en el barrio, hay mucho microtráfico, han influenciado mucho las niñas y los niños a que consuman (narcóticos)”, afirma María Eugenia Cruz, quien ahora reside en Bogotá, después de que fue desplazada por la violencia, y añade que “hay niños de 9, 7 años, que ya roban y atracan”.

María Eugenia Cruz es una líder comunitaria, y por su labor ya ha recibido varias amenazas por parte de los paramilitares. Su situación se agrava al tener dos hijas menores, a quienes por ahora prefiere mantener encerradas en casa debido a la inseguridad existente.

El problema actual apareció con algo, en teoría, bastante positivo. Durante el gobierno del anterior presidente, Álvaro Uribe, fueron desmovilizadas las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización reconocida como terrorista por muchos países, incluida la propia Colombia, EE. UU. y la Unión Europea.

Pero resultó desmovilizada solo parcialmente. Aunque en algunas regiones la estructura de la organización se redujo, en otras permaneció intacta o hasta creció. Los grupos criminales resultantes de la organización ahora se denominan por el gobierno como “las bacrim”.

“Tienen armas bélicas, control territorial, ejercen un control social coercitivo violento, mantienen alianzas con sectores políticos, con élites regionales o locales. Inclusive, mantienen alianzas con sectores de la fuerza pública y de algunas instituciones”, así las describe el presidente de la Fundación Cultura Democrática Bogotá, Álvaro Villarraga.

El gobierno colombiano ya declaró que grupos de esta índole se han convertido en el nuevo enemigo del país. Pero a las ONGs de Colombia no las parece bastante esta denominación. Exigen acciones más concretas y decisivas frente al problema.

Algunas de ellas, creen, pueden implicar el reconocimiento oficial de la naturaleza paramilitar de estas bandas y poner en marcha un ataque frontal a la potente economía paralela de las mismas. Entre otras soluciones proponen: la creación de una estrategia completa de lucha, que incluiría también cambios estructurales en los sistemas de seguridad y de Justicia del país.