P R O C U R A D O R E S

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Wed, 20 May 2026 10:16:03 +0000

Desde el papel cebolla al expediente digital: un viaje a través del tiempo

En mayo de 1982, cuando empecé a ejercer como procurador, no podía ni imaginarme cuánto cambiaría nuestra profesión. Por aquel entonces, las resoluciones judiciales se entregaban en mano a los procuradores y en papel cebolla; generalmente, cuando acudíamos voluntariamente a las sedes judiciales y firmábamos la recepción en los propios autos.

Se podía echar un vistazo y decirle al oficial que ya pasaríamos a firmarla y recogerla en otra ocasión para evitar que los plazos coincidieran en sábado, porque hasta 1985 estos eran días hábiles. Los plazos finalizaban a las doce de la noche y, a tal fin, existía el Juzgado de Guardia y, posteriormente, el buzón general de los Juzgados —custodiado por la Guardia Civil—, donde se entregaban los escritos y documentos en sobre cerrado.

El secretario judicial (ahora denominado Letrado de la Administración de Justicia o LAJ) se encargaba de recaudar de los procuradores los importes de las tasas judiciales y los recibos de notificaciones y embargos (las llamadas «salidas»), que se abonaban generalmente en efectivo en la propia Secretaría. El dinero en metálico circulaba con frecuencia por las sedes judiciales y, en las subastas, se acumulaban en billetes las distintas pujas de los «subasteros».

Los escritos y demandas que se presentaban debían llevar las pólizas del Estado correspondientes y los sellos de la mutualidad y del Colegio de Procuradores; se llamaban «reintegros». De ahí viene la costumbre de empezar las demandas dejando arriba un margen suficiente para pegar todas esas pólizas.

Los señalamientos se fragmentaban en el tiempo: a las 10:00 horas la testifical, a las 12:00 horas de otro día la confesión (actual interrogatorio), y así sucesivamente. El fax, que se permitió en agosto de 1984, supuso un gran adelanto: cuando apretaba un plazo, se mandaban los documentos por fax al Juzgado y luego se presentaban físicamente en la oficina judicial.

Los juicios de menor cuantía (ahora ordinarios) debían aportarse con el acto de conciliación previamente tramitado, hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 1984. Algo parecido a lo que hoy representa la audiencia previa dentro del proceso ordinario o, recientemente, el paso por el SMAC para casi todos los procedimientos laborales.

Los trámites en los juicios de mayor y menor cuantía eran farragosos; existían la réplica y la dúplica. Las excepciones podían ser dilatorias y perentorias, cada una con sus formas y plazos especiales. La excepción de falta de arraigo, por su parte, se perdió en el tiempo...

Los mandamientos de pago los realizaba el secretario judicial mediante cheque bancario, generalmente de su cuenta personal. Además, las «salidas» con el Juzgado (el agente judicial) para realizar embargos se hacían por la tarde y en el coche del propio procurador. Por no hablar de que los Juzgados no estaban centralizados: había sedes dispersas por barrios de Alicante como Los Ángeles o Carolinas.

La llegada de la tecnología y el cambio de paradigma

Hoy en día, como consecuencia de la implantación de las tecnologías de la comunicación y de la actual configuración del servicio público de la Administración de Justicia, han sido muchos los cambios que se han producido en la profesión del Procurador de los Tribunales. Las funciones del procurador del siglo XX, afortunadamente, han quedado como un mero resquicio del pasado. Hoy ya podemos afirmar que el procurador desempeña una función imprescindible para que el servicio prestado al ciudadano sea más eficaz y eficiente.

El marco normativo de la transformación

El Real Decreto 84/2007, de 26 de enero: Sobre la implantación del sistema informático de telecomunicaciones LexNet para la presentación de escritos, traslado de copias y realización de actos de comunicación por medios telemáticos. Supuso un hito pionero en la modernización de nuestra Administración de Justicia y en la función del procurador.
La Ley 18/2011, de 5 de julio: Reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio: Que modificó la LOPJ y dio una nueva redacción a su artículo 230, obligando a Juzgados, Tribunales y Fiscalías a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición.
La Ley 42/2015, de 5 de octubre: De reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su Disposición Adicional Primera estableció —a partir del 1 de enero de 2016— la obligatoriedad para todos los profesionales de la justicia y oficinas judiciales de emplear los sistemas telemáticos existentes.
El Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre: Que desarrolló la Ley 18/2011 e implantó un nuevo modus operandi en las relaciones con los órganos jurisdiccionales.
La Resolución de 15 de diciembre de 2015: De la Secretaría General de la Administración de Justicia, que aprobó el modelo de formulario normalizado previsto en el RD 1065/2015, consolidando definitivamente el sistema.

Esta nueva obligación legal no solo afectó a abogados y procuradores, sino que pasó a ser preceptiva para los propios órganos judiciales (art. 8 de la Ley 18/2011). Además, la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos se extendió a las administraciones públicas, organismos públicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abriendo la puerta a que los ciudadanos ejercieran su derecho a relacionarse telemáticamente con la Justicia.

Hitos en la profesión y en la Administración de Justicia

El expediente judicial electrónico —inicialmente implantado en la Audiencia Nacional y progresivamente extendido a los demás juzgados del país— está permitiendo superar una secular tradición jurídica basada en el papel. Aunque en 2015 el Ministerio de Justicia creó la Comisión para la Justicia Digital con el objetivo del «papel cero» a partir del 1 de enero de 2016, la realidad es que no se implantó de forma simultánea ni efectiva en todas las comunidades autónomas, a pesar de las directrices del Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales.

La revolución de los actos de comunicación (Art. 152 LEC)

La reforma operada por la Ley 42/2015 dio un giro radical al artículo 152 de la LEC, otorgando al procurador un papel central. El texto legal pasó a establecer que los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del LAJ y serán ejecutados por:

Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
El procurador de la parte que lo solicite (debiendo manifestarlo expresamente en el escrito inicial).

A estos efectos, el procurador acredita, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto, cuidando de que quede constancia fehaciente de la recepción. Asimismo, se fijó la obligatoriedad de practicar los actos por medios electrónicos cuando los intervinientes estén obligados a ello, permitiendo también designar dispositivos o correos para recibir avisos de puesta a disposición de las notificaciones.

El Procurador actual: Funciones clave

En resumen, estas son algunas de las funciones más importantes que realiza el Procurador de los Tribunales para la correcta tramitación de los procedimientos y la protección de los derechos del justiciable:

Gestión de notificaciones: Recepción, supervisión y control de que las copias y documentos anexos sean correctos a través del sistema LexNet, gestionando las incidencias en la Oficina Judicial.
Control de plazos: Vigilancia de los tiempos procesales y emisión de preavisos al letrado.
Presentación telemática: Catalogación, procesamiento y envío de demandas, escritos y documentos.
Asistencia a vistas: Presencia en juicios y comparecencias coadyuvando con el letrado.
Actos de comunicación propios: Ejecución de requerimientos, notificaciones, citaciones, emplazamientos, lanzamientos y embargos (conforme al art. 152 LEC).
Gestión económica judicial: Realización de consignaciones judiciales, depósitos para recurrir, cobro de mandamientos de devolución y consulta de las cuentas de consignación.
Liquidación de tasas e impuestos: Tramitación de tasas judiciales y sus devoluciones ante la AEAT (modelos 696 y 695), así como la liquidación del modelo 600 en Hacienda para embargos.
Publicidad y registros: Publicación de edictos en diarios oficiales, BOE y en el Registro Público Concursal online. Gestión de subastas y pujas, obtención de certificados (Registro Civil y de la Propiedad) y anotaciones en el Catastro.
Soporte audiovisual: Obtención de las grabaciones de las vistas del portal ARCONTE para facilitarlas al letrado.

Recientemente, la LO 1/2025 ha venido a modificar todos los procedimientos, e incluso el nombre de los Juzgados, que ahora pasan a denominarse Tribunales, sedes o plazas.

Reflexión final: Los dos grandes lastres de la profesión

A mi juicio, la profesión ha sufrido dos hitos negativos que han provocado una situación muy desfavorable para los procuradores:

La no aplicación de los derechos arancelarios mínimos: Lo que ha permitido la proliferación de pactos leoninos.
La supresión del requisito de territorialidad (Ley Ómnibus): Que eliminó la obligación de ejercer exclusivamente en el partido judicial donde el profesional tuviera abierto su despacho.

Ambas circunstancias han provocado que la justa remuneración del procurador se convierta en una quimera y que los grandes despachos de ámbito nacional acaben copando la práctica totalidad del trabajo.

A pesar de estos desafíos, el procurador es, hoy por hoy, un cooperador imprescindible en la Administración de Justicia; un pilar cuya presencia y utilidad técnica han quedado plenamente consolidadas en nuestro panorama jurídico.

RDL 6/2023 REFORMAS PROCESALES

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Wed, 31 Jan 2024 13:49:00 +0000

RESUMEN DEL REAL DECRETO LEY 6/2023 DE MEDIDAS URGENTES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA EN MATERIA DE SERVIVIO PUBLICO DE JUSTICIA

Motivado por el impacto de la pandemia e impulsado por el Plan de Recuperación, así como para acceder al desembolso del cuarto pago de los fondos Next Generation, se dicta éste Real Decreto Ley que modifica diversas normas de los procedimientos civil, penal, contencioso administrativo y laboral, que pretende entre otras cosas la transformación digital de nuestra Administración de Justicia, reducir la litigiosidad y conseguir la agilidad de los procedimientos.

Bien es sabido que la técnica del Decreto Ley lo prevé de forma provisional nuestra Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad omitiéndose con ello el trámite de consulta preceptiva en órganos consultivos que permiten una depuración y mejor técnica legislativa en normas como ésta que afectan a varias normas legislativas.

De ahí –a modo de ejemplo- en lo que respecta a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se detecta que en el art. 313 LEC, primer párrafo, modificado ahora, se concluye a una remisión al apartado 5º del artículo 169 LEC que no existe, por lo que debería entenderse –y subsanarse- que esa referencia al apartado 5º del art. 169 LEC debe entenderse al párrafo 2º del art. 169, 4 LEC como ya apunta el Magistrado del Tribunal Supremo D. Vicente Magro en reciente artículo de opinión publicado en confilegal.com.

El fin de la norma es la mejora de la eficiencia de los procesos judiciales dirigido a alcanzar una completa eficiencia digital y agilización de los procedimientos.

Introducido en su día por la Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia se instauró el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia, así como la Sede Judicial Electrónica que con el presente RDL se viene a normalizar y pormenorizar en cuanto a sus funciones dentro del expediente judicial electrónico que reglamentariamente deberá ser desarrollado para conseguir la pretendida eficacia, eficiencia y efectividad en los procedimientos judiciales.

Para ello se incorpora un sistema de acceso único y personalizado: la Carpeta Justicia, a través de las respectivas Sedes Judiciales Electrónicas (puntos de acceso seguros y lugares seguros), y que junto al Tablón Edictal Judicial Único (TEJU) y el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales, configuran el marco digital para la nueva Administración de Justicia. Instaurándose con ello la filosofía del papel 0, de ahí que ya no se permitirá la impresión ni expedición de documentos en formato papel, salvo excepciones a criterio del Letrado de la Administración de Justicia.

Será el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) quien desarrollará reglamentariamente toda ésta normativa que el Real Decreto Ley prevé, así como la regulación de los Puntos de información electrónicos para consultar el estado de tramitación de los procedimientos, obtener copia del expediente judicial electrónico, consultar la agenda de señalamientos y en general para el acceso a la Carpeta Justicia. Preparando además todo el sistema para la aplicación de técnica de inteligencia artificial.

Se crea un registro común de datos para el contacto electrónico de ciudadanos y profesionales, interoperable con los posibles registros ya existentes, a fin de facilitar el contacto de los usuarios en los distintos ámbitos de competencias. Igualmente se prevé un punto común a todos los actos de comunicación, accesible a través de las respectivas Sedes Judiciales Electrónicas. De la misma forma las oficinas de información y atención al público y servicio de atención telefónica, con la finalidad de que todos puedan conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte procesal o interesados legítimos, para acceder y obtener copia del expediente judicial electrónico, en los términos ya establecidos en la Ley Orgánica 6/1985 y demás leyes procesales.

Entrando en materia procesal, y con referencia a la presentación del escrito iniciador del procedimiento se determina que deberá ir acompañado de un formulario normalizado debidamente cumplimentado en los términos que se establezcan por el Comité técnico estatal de la Administración Judicial electrónica.

El art. 44 del RDL 6/2023 en cuanto a la presentación y traslado de copias establece que aquellas copias que por disposición legal deban trasladarse a las partes se presentarán en formato digital, debiendo procederse conforme a lo previsto en éste real decreto ley en caso de que su destinatario no esté obligado a comunicarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia. Para ello los profesionales podrán servirse de códigos de almacenamiento que garanticen la identidad, integridad e invariabilidad del contenido bajo responsabilidad del profesional que lo presente.

Destaca la modificación del art. 276, 4º LEC al ser ya obligatorio el traslado de copias y documentos a las partes, aunque se trate del primer escrito que origina la primera comparecencia en juicio.

Con relación al expediente judicial electrónico, que se desarrolla, merece la atención el concepto de remisión del mismo, que se entenderá por la mera “puesta a disposición” del expediente.

En cuanto a las comunicaciones electrónicas resulta innovador la previsión de que aquellas personas que no estén obligadas a relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos podrá elegir –en cualquier momento- la manera de comunicarse con la Administracion de Justicia y que las comunicaciones sucesivas que se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos, pudiendo identificar un dispositivo electrónico y en su caso una dirección de correo electrónico que servirá para el envío de información y avisos de puesta a disposición de actos de comunicación.

De conformidad con el art. 273.3 LEC, están obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.

d) Los notarios y registradores.

e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.

f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.

Los actos procesales de comunicación, notificaciones citaciones, emplazamientos requerimientos, oficios y mandamientos se podrán practicar mediante comparecencia en la Carpeta Justicia o correspondiente sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada o por medios electrónicos que se prevean reglamentariamente. Cuando el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos se procederá a su práctica en las demás formas establecidas en la LEC.

Todos los actos de comunicación en papel que se deban practicar a la persona interesada que no esté obligada a relacionarse telemáticamente con la Administración de Justicias, deberá ser puesta a su disposición en la Carpeta Justicia y en su caso en la correspondiente sede judicial electrónica para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria y con plenos efectos, garantizándose la existencia de un Punto Común de Actos de Comunicación que interoperará con el sistema de intercambio de registros de la Administración Pública.

La atención a los ciudadanos y profesionales podrá realizarse por presencia telemática o videoconferencia desde un punto de acceso seguro que se determinarán por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

En lo referente a las nuevas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se establece de forma general que, en los procesos y juicios, cuando el acusado resida en la misma demarcación del órgano judicial que conozca o deba conocer de la causa, su comparecencia en juicio deberá realizarse de manera física en la sede del órgano judicial o enjuiciamiento, salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor.

Cuando se disponga la presencia física del investigado o acusado, será también necesaria la presencia física de su defensa letrada. Cuando se permita su declaración telemática, el abogado del investigado o acusado comparecerá junto con este o en la sede del órgano judicial. Cuando el acusado decida no comparecer en la sede del órgano judicial, deberá notificarlo con, al menos, cinco días de antelación.

En cuanto a las modificaciones de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, resulta destacable que el expediente se enviará completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. Al remitir el expediente, la Administración deberá identificar al órgano responsable del cumplimiento de la resolución judicial.

Si el expediente fuera reclamado por varios juzgados o tribunales, la Administración enviará copias en soporte electrónico del mismo, que deberán reunir los requisitos anteriormente expresados.

Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el tribunal podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración, que se remitirá en soporte electrónico. Recibido el expediente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo entregará a las partes por cinco días para que formulen alegaciones.

Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del letrado o letrada de la Administración de Justicia notificado personalmente para formulación de alegaciones, el juez, la jueza o el tribunal impondrán una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido. La Administración remitirá el expediente electrónicamente, utilizando, a tal efecto, los sistemas de interoperabilidad que resulten aplicables, al objeto de que el expediente administrativo en soporte electrónico así remitido quede automáticamente integrado en los sistemas de gestión procesal correspondientes.

Recibido el expediente administrativo en soporte electrónico en el juzgado o tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el letrado o letrada de la Administración de Justicia se acordará su incorporación a los autos en ese mismo soporte y su entrega al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo caso dará cuenta al tribunal para que resuelva lo que proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente a las partes se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.

En todos los casos la entrega del expediente se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.

Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. A estos efectos se entenderá que el expediente administrativo está integrado por los documentos y demás actuaciones que lo conforman según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los documentos o elementos de prueba que formen parte de un expediente administrativo distinto no podrán solicitarse a través del trámite previsto en el presente artículo.

El letrado o letrada de la Administración de Justicia resolverá lo pertinente en el plazo de tres días. Si acepta la solicitud y esta se hubiera formulado dentro de los diez primeros días del plazo para formular la demanda o la contestación, el plazo se reiniciará una vez el expediente completo remitido por la Administración se haya puesto a disposición de la parte solicitante. Si rechazara la solicitud o si, aun aceptándola, esta se hubiera presentado una vez transcurridos los diez primeros días antes referidos, el cómputo del plazo simplemente se reanudará, salvo que, en este último caso, el letrado o letrada de la Administración de Justicia considere oportuno que el plazo se reinicie atendido el volumen o la importancia para la causa de los documentos añadidos.

En ningún caso el plazo se reiniciará cuando la solicitud de complemento la hubiera formulado la Administración demandada. La Administración, al remitir de nuevo el expediente, deberá indicar en el índice a que se refiere el artículo 48.4 los documentos que se han adicionado.

Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse recurso de reposición, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario. Cabrá recurso de revisión ante el juez, la jueza o el tribunal contra el decreto resolutivo de la reposición y recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. Dichos recursos carecerán de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.

Por último, en cuanto a las costas, se modifica el apartado 4 del artículo 139, que queda redactado del siguiente modo: “4. En primera o única instancia, la parte condenada en costas estará obligada a pagar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los favorecidos por esa condena; a estos solos efectos, las pretensiones de cuantía indeterminada se valorarán en 18.000 euros, salvo que, por razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga razonadamente otra cosa. En los recursos, y sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la imposición de costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima”.

Respecto a la modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, favorece la actuación en el proceso de las “personas mayores”, que serán aquellas con más de sesenta y cinco años, así como garantizando la actuación a las personas con discapacidad.

Se modifica el párrafo primero del apartado 4 del artículo 22, que queda redactado como sigue: Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el letrado de la Administración de Justicia si, requerido aquél en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 438, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio.

Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio.

Especial trascendencia para la Procura es la modificación del art.34, en cuanto a la reclamación de la cuenta de Procurador, ya que si la reclamación se dirige contra una persona física, deberá aportarse junto con la cuenta, el contrato suscrito con el cliente, estableciéndose que el Letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al Tribunal para apreciar posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible. Igual determinación se efectúa en la reclamación de honorarios de Abogado recogida en el art. 35 LEC.

Destaca la modificación del art. 77 y se añade un nuevo apartado 4 que pasa a ser el apartado 5, quedando redactados como sigue: “Podrán acumularse los procedimientos de división judicial de patrimonios cuando se trate de acumular al procedimiento de división judicial de la herencia el procedimiento de liquidación de régimen económico matrimonial promovido cuando uno o ambos cónyuges hubieran fallecido”.

Será preferente la celebración de los actos procesales mediante presencia telemática, si bien cuando la persona que haya de intervenir resida en municipio distinto de aquel en el que tenga su sede el tribunal, podrá intervenir, a su petición, en un lugar seguro dentro del municipio en que resida, de conformidad con la normativa que regule el uso de la tecnología en la Administración de Justicia.

El uso de los medios de videoconferencia deberá solicitarse con al menos diez días antes del señalamiento. Y se posibilita la presencia telemática en los Juzgados de Paz.

En la grabación de las vistas no será necesaria la presencia del Letrado de la Administración de Justicia salvo que lo hubieran solicitado las partes con al menos dos días antes de la celebración de la vista.

Los actos de comunicación cuando, los intervinientes se hayan obligado contractualmente a hacer uso de los medios electrónicos existentes en la Administración de Justicia para resolver los litigios que se deriven de esa relación jurídica concreta que les vincula, deben indicar los medios de los que pretenden valerse. En los contratos de adhesión en los que intervengan consumidores y usuarios, el acto de comunicación se practicará conforme a lo dispuesto para aquellos supuestos en los que los intervinientes no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, siendo esta última forma la que tendrá validez a efectos de cómputo de plazos.

Y cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, en los casos previstos en este apartado, la notificación se realizará de conformidad con las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Los actos de comunicación que deban practicarse por medios electrónicos, cuando vayan acompañados de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico deberán practicarse por este medio, pero indicando la forma por la que se va a hacer entrega de dichos elementos. Si este acto de comunicación diese lugar a la apertura de un plazo procesal, este comenzará a computar desde el momento en que consten recibidos por el destinatario todos los elementos que componen el acto.

El destinatario deberá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación correctamente efectuada sea considerada plenamente válida.

En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallarse al arrendatario ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a realizar la comunicación a través del Tablón Edictal Judicial Único.

El interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos se realizará en la sede del juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate, salvo que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente, en cuyo caso se realizarán en la forma prevista en el artículo 137 bis. Sólo cuando a juicio del juez o de la jueza no sea conveniente realizarlas por videoconferencia y por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito, o por cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del juzgado o tribunal, se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba señalados en este artículo.

Otra novedad importante es que se decidirán en juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de quince mil euros.

Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

1.º Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.

2.º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

3.º Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

4.º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

5.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva.

6.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

7.º Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.

8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

9.º Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

10.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.

11.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.

12.º Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

13.º Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en el Capítulo I del Título I del Libro IV de esta ley.

14.º Las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.

15.º Aquéllas en las que se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, sea cual fuere dicha cantidad.

16.º Aquéllas en las que se ejercite la acción de división de cosa común.

Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de quince mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior.

Se decidirán en juicio verbal, con las especialidades establecidas en el artículo 447 bis de esta ley, los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En lo relatico al anuncio de dictámenes, cuando no se puedan aportar con la demanda o la contestación, se modifica el apartado 1 del artículo 337, que queda redactado del siguiente modo:

“Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o en treinta días desde la presentación de la demanda o de la contestación en el juicio verbal. Este plazo puede ser prorrogado por el tribunal cuando la naturaleza de la prueba pericial así lo exija y exista una causa justificada”.

El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento y con presentación de un presupuesto de lo que sería su futura factura, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del tribunal, en el plazo de cinco días.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.

Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los litigantes no realizare la parte de la consignación que le correspondiere, ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

Terminada la práctica de la prueba pericial el perito presentará su factura o minuta de honorarios, a la que se dará la tramitación prevista en cuanto a las impugnaciones de tasaciones de costas por honorarios excesivos que proceda, y firme que sea la resolución que recaiga se procederá a su pago.

Cuando el perito que deba intervenir en el juicio o la vista resida fuera de la demarcación judicial del tribunal, la declaración se hará preferentemente a través de videoconferencia.

Con relación a las costas en apelación y casación se determina que, en los casos de un recurso de apelación, en cuanto a las costas del recurso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 394. La desestimación total del recurso de casación llevará aparejada la imposición de costas a la parte recurrente, salvo que la Sala aprecie circunstancias especiales que justifiquen otro pronunciamiento. Si el recurso de casación fuere estimado total o parcialmente, no se impondrán las costas a ninguna de las partes.

En los procesos de desahucio, si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo hará constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento, y dejando sin efecto la diligencia de lanzamiento, a no ser que la parte demandante interese su mantenimiento para que se levante acta sobre el estado en que se encuentre la finca, dando traslado a la parte demandante para que inste el despacho de ejecución en cuanto a la cantidad reclamada, bastando para ello con la mera solicitud.

En los dos supuestos anteriores, el decreto dando por terminado el juicio de desahucio impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Si el demandado formulara oposición, se celebrará la vista en la fecha señalada.

En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista, presencialmente o a través de sede electrónica. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora exacta para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en el día y la hora fijadas, sin necesidad de notificación posterior.

En todos los casos de desahucio y en todos los decretos o resoluciones judiciales que tengan como objeto el señalamiento del lanzamiento, independientemente de que este se haya intentado llevar a cabo con anterioridad, se deberá incluir el día y hora exacta en que tendrá lugar el mismo.

Se regula extensamente el procedimiento testigo que se aplicará en las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación cuando: la demanda presentada incluya pretensiones que están siendo objeto de procedimientos anteriores planteados por otros litigantes; no sea preciso realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento del contratante y las condiciones generales de contratación cuestionadas tengan identidad sustancial. Esta figura podrá ser aplicada tanto de oficio como a instancia de una de las partes. El mecanismo recogido en el artículo consiste en identificar un procedimiento como testigo, tramitándolo de manera preferente y suspendiendo los demás hasta que dicho procedimiento se resuelva. Contra el auto acordando la suspensión del procedimiento cabrá recurso de apelación que se tramitará de modo preferente y urgente (arts. 438 bis y 455.4 LEC). Una vez adquiera firmeza la sentencia del procedimiento testigo, el tribunal indicará si considera procedente o no la continuación del procedimiento suspendido, y dará traslado al demandante del procedimiento suspendido para que solicite el desistimiento (sin condena en costas), la continuación del procedimiento (indicando las razones o pretensiones que, a su juicio, deben ser resueltas) o la extensión de efectos de la sentencia dictada en el procedimiento testigo.

Cuando se pida la continuación del procedimiento, el tribunal hubiera ya expresado que resultaba innecesaria y se dicte una sentencia estimando íntegramente la parte de la demanda que coincida sustancialmente con aquello que fue resuelto en el procedimiento testigo, el tribunal, razonándolo, podrá disponer que cada parte abone sus propias costas y las comunes por mitad. La extensión de efectos se regirá por el art. 519 LEC, que se modifica expresamente para recoger también la extensión de efectos de este tipo de procedimientos.

Importante es la modificación del recurso de apelación, ya que habrá de interponerse directamente ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo acompañando copia de la resolución recurrida y pronunciamos que se impugnan.

En cuanto a las costas en el proceso de ejecución provisional no se impondrán las costas al ejecutado siempre y cuando éste hubiese cumplido con lo dispuesto en el auto que despachó ejecución dentro del plazo de veinte días desde su notificación.

En cuanto a los procesos hipotecarios, se modifica el Art. 682.2 LEC, y se establece que cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes:

1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de

personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones.

Los actos de comunicación se practicarán siempre por medios electrónicos cuando sus destinatarios tengan obligación, legal o contractual, de relacionarse con la Administración de Justicia por dichos medios.

En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente por domicilio el local en que estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca.

Con referencia a los procesos matrimoniales se modifica la regla 1.ª del artículo 770, que queda redactada como sigue:

«1.ª A la demanda deberá acompañarse certificación de la inscripción del matrimonio, y en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitan medidas de carácter patrimonial, tanto la parte actora como la parte demandada deberán aportar los documentos de que dispongan que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges, y en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales. De igual forma se deberá acreditar, de existir, la resolución judicial o acuerdo en virtud del cual corresponde el uso de la vivienda familiar.

En cuanto al proceso monitorio, el procedimiento comenzará por petición del acreedor en la que se expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose el documento o documentos a que se refiere el artículo 812.

La petición podrá extenderse en impreso o formulario obtenido en papel o a través de la sede electrónica, que facilite la expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior.»

Se modifica el artículo 815, que queda redactado del siguiente modo:

1. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquella, el letrado o letrada de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al juez o jueza para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial.

El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente. Sólo se admitirá el requerimiento al demandado por medio de edictos en el supuesto regulado en el siguiente apartado de este artículo.

En las reclamaciones de deuda a que se refiere el numeral 2.º del apartado 2 del artículo 812, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente ley.

Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado al juez o jueza, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.

Igualmente, si se considerase que la deuda se funda en un contrato celebrado entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, previamente a efectuar el requerimiento de pago, dará cuenta al juez o jueza, quien, si estimare que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible pudiera ser calificada como abusiva, podrá plantear mediante auto una propuesta de requerimiento de pago por el importe que resultara de excluir de la cantidad reclamada la cuantía derivada de la aplicación de la cláusula.

En ambos casos, el demandante deberá aceptar o rechazar la propuesta formulada en el plazo de diez días, entendiéndose aceptada si dejara transcurrir el plazo sin realizar manifestación alguna. En ningún caso se entenderá la aceptación del demandante como renuncia parcial a su pretensión, pudiendo ejercitar la parte no satisfecha únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda.

Si la propuesta fuera aceptada se requerirá de pago al demandado por dicha cantidad.

En otro caso se tendrá al demandante por desistido, pudiendo hacer valer su pretensión únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda.

El auto que se dicte en este último caso será directamente apelable por la parte personada en el procedimiento.

Si el tribunal no apreciara motivo para reducir la cantidad por la que se pide el requerimiento de pago, lo declarará así y el letrado o letrada de la Administración de Justicia procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el apartado 1.

En cuanto a las modificaciones de la jurisdicción social, lo más relevante resulta la modificación del artículo 44 en relación con la forma de presentación de escritos y documentos, con remisión al artículo 135 LEC, la modificación del artículo 53, sobre la identificación de domicilio, teléfono y dirección electrónica de quien esté obligado a relacionarse por medios electrónicos con la Administración; y los artículos 55 y 56 sobre el lugar de las comunicaciones y la forma electrónica de las mismas.

También se introduce en esta jurisdicción por medio del artículo 86 bis, el procedimiento testigo y la posible extensión de efectos en el artículo 247 bis y ter.

En cuanto a la aplicación y entrada en vigor, se determina que todas las previsiones del libro I del RDL 6/2023 serán aplicables exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados con posterioridad a su entrada en vigor, por lo que no se prevé su aplicación retroactiva, salvo disposición en contrario. Su entrada en vigor se producirá a los veinte días desde su publicación, salvo las novedades en materia de eficiencia procesal, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE (20 de marzo de 2024).

LA EXIGENCIA DE PRESENTACION POR LEXNET DE DOCUMENTOS PUBLICOS ORIGINALES

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Tue, 07 Dec 2021 12:54:00 +0000

Viene siendo habitual que determinados órganos jurisdiccionales civiles, y por mediación del Letrado de la Administración de Justicia, se requiera “in limine Litis” -tras la presentación de demanda y documentos por el sistema LexNet- la aportación de los mismos, pero exigiendo que además lo sea “en papel y original”, específicamente la escritura de préstamo hipotecario, en los procedimientos de ejecución hipotecaria.

No se alcanza a entender ésta exigencia que caso de no atenderse produce el archivo del procedimiento como ya lamentablemente viene ocurriendo.

Las escrituras de hipoteca, constan inscritas en el Registro de la Propiedad, y en cuanto a la validez de estos documentos, y su eficacia, que han sido presentados por el sistema LexNet, el art. 230.2 de la LOPJ los equipara con los documentos originales siempre y cuando quede garantizada su autenticidad e integridad.

Bien sabemos que la fe pública notarial se define como la facultad de los notarios para autenticar documentos otorgándoles especial eficacia jurídica.

El artículo 17 bis 2º b) de la Lay del Notariado establece que: “Los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes”.

En cuanto a la autenticidad se determina así a aquel documento que da prueba por sí misma y de forma fehaciente, lo que permite presumir la existencia de un hecho. Y el documento público es aquel que es autorizado por el funcionario público competente, con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del Derecho, siendo valedero contra toda clase de personas.

Es importante tener claro, que todo documento público es auténtico pero no todo documento auténtico es público.

La autenticación, es el reconocimiento previo, que consiste en la intervención del funcionario público, que da fe de la veracidad y legalidad de un acto o documento jurídico. “Per se” hacen prueba o dan fe de su contenido, por cuanto no dejan lugar a dudas acerca de la verdad de sus declaraciones.

Hay que señalar que documento Público y documento Auténtico son sinónimos, como resulta del art. 34 del Reglamento Hipotecario conforme al cual “Se considerarán documentos auténticos para los efectos de la Ley los que, sirviendo de títulos al dominio o derecho real o al asiento practicable, estén expedidos por el Gobierno o por Autoridad o funcionario competente para darlos y deban hacer fe por sí solos”.

El artículo 196 del Reglamento Notarial (Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado establece que salvo indicación expresa en contrario de los interesados, los documentos susceptibles de inscripción en los Registros de la Propiedad, Mercantiles o de Bienes muebles podrán ser presentados en éstos por vía telemática y con firma electrónica reconocida del notario autorizante, interviniente o responsable del protocolo. El notario deberá inexcusablemente remitir tal documento a través del Sistema de Información central del Consejo General del Notariado debidamente conectado con el Sistema de Información corporativo del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

El notario deberá dejar constancia de ello en la matriz así como, en su caso, de la correspondiente comunicación del registro destinatario. Esta regla será de aplicación respecto de los documentos susceptibles de inscripción en otros Registros Públicos con efectos jurídicos cuando sus Sistemas de Información estén debidamente conectados con el del Consejo General del Notariado.

A mayor abundamiento, el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet, no obliga a que los mismos deban presentarse en papel y original, ya que de ser así, desvirtuaría el propio sistema establecido y sería disconforme con lo regulado en el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lex-NET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.

En consecuencia, la exigencia de aportar en papel y original las escrituras notariales no tiene ninguna base jurídica ya que las mismas gozan de autenticidad e integridad.

Confiemos en que alguna instrucción o resolución solucione este criterio que no hace más que entorpecer la buena marcha del proceso.

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Wed, 10 Feb 2021 15:08:00 +0000

LA CORTESIA ELECTRONICA. NETIQUETAS

No suele ser frecuente, por desgracia, que se tenga muy en cuenta las reglas de conducta y cortesía que ha de presidir cualquier comunicación telemática, especialmente en el correo electrónico. A dichas normas de conducta se las denominan NETIQUETAS.

Sally Hambridge, en el año 1995, mediante una directiva de Intel, elaboró oficialmente el documento llamado RFC1855 (Request for Comments 1855), orientado a los empleados de la empresa para que aprendieran cómo comportarse en Internet en aquella época, algo mucho más minoritario que ahora. Este documento define las reglas de etiqueta de la red en nombre de la comunidad abierta que participa en el desarrollo de estándares de Internet, el IETF (Internet Engineering Task Force, en español, Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) y especialmente, dentro de este, para el RUN (Responsible Use of the Network Working Group, en español, Grupo de Trabajo de Uso Responsable de la Red). Ese podría ser el origen de las etiquetas o cortesía telemática a la que aludimos.

Y es que si la cortesía impera –o debe imperar- en las relaciones personales presenciales, es más exigible cuando nos comunicamos por correo electrónico y más aún cuando son con motivo de cuestiones profesionales.

A modo de exordio se indican algunos ejemplos:

CORREOS que no se indica nada en el “SUBJET” o ASUNTO.

CORREOS que se dirigen a muchos destinatarios sin ser necesario, conculcando las normas de privacidad.

COREOS que se escribe todo el texto con mayúsculas. En Internet escribir con mayúsculas supone gritar.

CORREOS que se habla de algo genérico que no se puede adivinar a qué se refiere: “Estimado compañero acuérdate de aquello”.

CORREOS que todo lo que se quiere decir se incluye en el ASUNTO y se deja vacío el cuadro de texto.

Pero a mi juicio, la mayor falta de cortesía se comete cuando no se acusa recibo del correo recibido con el ruego de confirmación y estamos remitiendo información profesional.

EL CLUB DE LAS NOCHES PERDIDAS

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Tue, 02 Feb 2021 08:14:00 +0000

Hace unos días encontré por los pasillos de los Juzgados a una joven compañera, meditabunda y con lágrimas en los ojos, con el paso apresurado. Y como quiera que me evitaba y no pretendía saludarme como siempre hacía, no pude más que preguntar qué le ocurría. Titubeando, y ahora sí, fijando su mirada en la mía, como si implorara que con ello se iba a solucionar el motivo de su desesperanza, me dijo esas palabras que nadie quiere sentir como propias: “se me ha pasado un juicio”, y tras ello rompió a llorar sin piedad y tapándose la cara.

Se trataba de un señalamiento para audiencia previa que no había remitido a su Letrado ya que la resolución, por motivos informáticos (o vete tú a saber) no pudo tener conocimiento hasta que una funcionaria del propio Juzgado la llamó desde la misma sala de vistas para decirle que no había comparecido ni ella ni su Letrado y que sin más trámites la tenían por incomparecida con archivo de actuaciones.

El Auto de sobreseimiento con imposición de costas iba a ser inminente. Como así ocurrió, con el frio formulario procesal al efecto.

Y es que los Procuradores somos víctimas de una máquina sin escrúpulos llamada LexNet y mi compañera en ésta ocasión sufrió las consecuencias del mundo tecnológico. Porque los avances informáticos y telemáticos en la profesión de Procurador han supuesto que las tareas sean tal vez más sencillas, pero más arriesgadas y delicadas.

Si hubiera sido a SSª a quien se le hubiera olvidado o percatado de que tenía que celebrar una vista, no hay duda que con una simple DIOR se hubiera solucionado el asunto: volviendo a señalar nuevo día y hora al efecto, y “santas pascuas”. Pero en el caso de nuestra joven compañera va a suponer que deba abonar con su peculio el importe de los honorarios de Letrado y Procurador contrario, amén de sufrir la represalia de su Letrado, que tal vez ya no le encargue más trabajo por perdida de su confianza.

El seguro de responsabilidad civil será otra cuestión como ya le aconsejé. Y por supuesto benzodiacepina para esa noche.

Terminé con un beso y diciéndole: bienvenida al club de las noches de insomnio. Porque estoy seguro que no pudo pegar ojo esa noche. El consuelo de “a todos nos ha pasado algo así” creo que tampoco la alivió.

LEY DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Tue, 22 Sep 2020 09:41:00 +0000

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

El Sábado 19 septiembre de 2020 fue publicado en el BOE la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que entró en vigor al siguiente día de su publicación.

Entre otras muchas cuestiones sociales y económicas, destacan las procesales, ya que impulsa la tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo y de determinados procedimientos:

Así hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive se tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y procedimientos:

a) Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil.

b) En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales

……

Relevante son las modificaciones sobre medidas concursales y societarias, concretamente la modificación del convenio concursal. Resultando destacable:

Que hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos.

La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo exigibles para la aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la aceptación de la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación. En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación.

El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores hasta el 31 de octubre de 2020 inclusive, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.

Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.

Se prevé el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación hasta el 14 de marzo de 2021. Durante dicho plazo el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso

En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos años a contar desde el 14 de marzo de 2020, tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir

Sobre los acuerdos de refinanciación se establece que

1. Hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, el deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año de la anterior homologación según lo dispuesto en el artículo 617 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

2. Hasta el 31 de octubre de 2020 inclusive, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar de dicha fecha. Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores

En cuanto al régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores. Se establece que:

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

3. Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley. No obstante, en ese supuesto, el deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde la comunicación.

En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022 inclusive, tendrán la consideración de créditos ordinarios, sin perjuicio de los privilegios que les pudieran corresponder, los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él.

En los concursos de acreedores que se declaren en el periodo indicado en el apartado anterior, tendrán la consideración de créditos ordinarios, sin perjuicio de los privilegios que les pudieran corresponder, aquellos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado.

Hasta el 14 de marzo de 2022 inclusive, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, no será necesaria la celebración de vista, salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.

La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público.

Sobre la celebración de actos procesales mediante presencia telemática, queda establecido que hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.

En el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave. También se requerirá la presencia física del investigado o acusado, a petición propia o de su defensa letrada, en la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando cualquiera de las acusaciones interese su prisión provisional o en los juicios cuando alguna de las acusaciones solicite pena de prisión superior a los dos años, salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor que lo impidan.

Cuando se disponga la presencia física del acusado o del investigado, será también necesaria la presencia física de su defensa letrada, a petición de esta o del propio acusado o investigado.

Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, que podrá ser requerida a centros sanitarios o a las personas afectadas para que sea remitida por medios telemáticos, siempre que ello fuere posible.

Del mismo modo podrán actuar los equipos psicosociales de menores y familia y las unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer.

De oficio, o a requerimiento de cualquiera de las partes o del facultativo encargado, el juez podrá acordar que la exploración se realice de forma presencial.

Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, las partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.

Se prevén medidas organizativas de trabajo para funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia, así como adscripciones de Letrados de la A.J. en prácticas y creación de unidades judiciales

Se modifican las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Sobre la comunicación edictal electrónica se establece que la publicación de resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban fijarse en tablón de anuncios, así como la publicación de los actos de comunicación procesal que deban ser objeto de inserción en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia respectiva, serán sustituidas en todos los órdenes jurisdiccionales por su publicación en el Tablón Edictal Judicial único previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Tablón Edictal Judicial Único será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en la forma en que se disponga reglamentariamente. A tal efecto, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de los juzgados y tribunales un sistema automatizado de remisión y gestión telemática que garantizará la celeridad en la publicación de los edictos, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

Las publicaciones que, en cumplimiento de lo previsto en las leyes procesales, deban hacerse en el Tablón Edictal Judicial Único serán gratuitas en todo caso, sin que proceda contraprestación económica por parte de quienes la hayan solicitado. Igualmente serán gratuitas las consultas en el tablón, así como las suscripciones que los ciudadanos puedan realizar en su sistema de alertas

La publicación de los edictos mediante el Tablón Edictal Judicial Único resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2021 tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad, como a los ya iniciados.

Resulta de especial interés y trascendencia, la Intervención telemática de notarios y registradores, que hasta ahora permanecen casi totalmente aislados de la gestión electrónica de sus tareas.

Así pues, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales en el plazo más breve posible, no superior a nueve meses, un proyecto de ley, oídos el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España, para habilitar la intervención telemática notarial y registral con el objetivo de facilitar la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Tue, 25 Aug 2020 10:05:00 +0000

EL ABSURDO CONFINAMIENTO

Confinados los Procuradores y Abogados en nuestros despachos por obra y gracia de nuestro Ministro de Justicia (debe ser por eso que antes se denominaba Ministerio de Gracia y Justicia).

La razón de ésta medida -la de habilitar el mes de Agosto casi en su totalidad- dicen que lo era para agilizar la Administración de Justicia con ocasión del parón motivado por el Covid-19, y el estado de alarma.

Sin embargo ni Jueces, ni Magistrados, ni Fiscales, ni Gestores procesales, ni Oficiales, ni Auxiliares y ni los Letrados de la Administración de Justicia, han sufrido/padecido tal medida y han podido disfrutar de sus merecidas vacaciones como cualquier otro ciudadano español que no sea Procurador o Abogado.

Así son las cosas ahora, y la Justicia sigue paralizada como cualquier otro mes de agosto. Los Procuradores y Abogados seguimos confinados en una ficticia trinchera sin que nada podamos hacer más que aguantar la soledad e inoperancia de la Administración de Justicia del agosto de 2.020.

A ver si nuestro Ministro se le explica que ésta medida ha sido una inmensa estupidez y un castigo a las profesiones que sostienen éste sistema judicial, y por consiguiente, preguntarle cuando va a presentar su inmediata dimisión.

NEFASTUS DIES

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Fri, 14 Aug 2020 08:52:00 +0000

Desde hace algunos años los días del mes de Agosto siempre han supuesto el merecido descanso -salvo excepciones- para los profesionales de la Justicia. Recordemos que todos los Sábados eran hábiles a finales del pasado siglo y que los plazos finalizaban a las 12 de la noche.

Fue la Ley orgánica 19/2003 de 23 Diciembre en sus artículos 182 y siguientes quien estableció que serían inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de Diciembre así como los días de fiesta nacional y festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad, posibilitando a que el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento pudiera habilitar éstos días a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes.

Se podía –y se puede- no obstante habilitar los días precisos del mes de descanso para tramitar algunos procedimientos civiles y de urgente tramitación. En la jurisdicción contencioso administrativa, determinados procedimientos no se suspenden en tan señaladas fechas (derechos fundamentales) y en la jurisdicción penal el mes de agosto es hábil para la instrucción de las causas.

Desde el año 2.013 en el mes de Agosto serán inhábiles todos los días para todas las actuaciones judiciales excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. De igual forma la Ley de Enjuiciamiento civil lo establece expresamente en su artículo 130.2 redactado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Este año y por motivos del estado de alarma se dicta el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, por lo que en su artículo 1 procedió a la declaración de hábil para todas las actuaciones judiciales de los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020 en contra de todos los operadores jurídicos de nuestro país, alterando lo establecido en la Ley Orgánica de 2003 y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La medida en principio calificada como contraria a los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, y a los principios de conciliación familiar y descanso, no tiene ninguna virtualidad y ni si quiera va a cumplir con el objetivo marcado en el preámbulo de la mencionada disposición de alcanzar una “progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales”. A mayor abundamiento se ha calificado al Real Decreto como un auténtico fraude de ley.

Ahora que han transcurrido algunos días de la “nueva normalidad” del mes de Agosto hábil se ha comprobado que la actuación y trabajo de los órganos jurisdiccionales (157 en la Provincia de Alicante)ha sido casi nula, por lo que no logro entender dónde se encuentra la finalidad del Real Decreto Ley 16/2020 para hacer frente al colapso de la actividad procesal de nuestra Administración de Justicia. Hoy LexNet ha generado escasísimas notificaciones, entre todos los Juzgados y Tribunales de la provincia. Y nuestras familias en casa y Procuradores y Abogados esperando que todo este fútil esfuerzo redunde en agilizar nuestra Administración de Justicia. Una quimera como queda dicho.

Por ello es lamentable comprobar que éste Decreto Ley sólo se trata de un castigo para los profesionales y operadores jurídicos Abogados, Graduados Sociales, y principalmente a los Procuradores de los Tribunales, y que con esta disposición no se va a conseguir paliar el colapso endémico de nuestra Administración de Justicia.

Ha quedado patente que ni el legislador ni nuestro Ministro de Justicia –de vacaciones ahora-entienden la problemática de nuestros Tribunales ni lo que supone el trabajo diario en los mismos, y por consiguiente desconocen los medios necesarios que precisan nuestros Juzgados y Tribunales para que el servicio público de la justicia sea eficaz. Confiemos que tras ésta medida -tomada en contra de todos los operadores jurídicos- se empiecen a tomar en serio lo que realmente precisa la Justicia del siglo XXI.

Alicante 14 de agosto de 2020. JOSE CORDOBA ALMELA. Procurador de los Tribunales

RESUMEN DEL PLAN DE CHOQUE ELABORADO POR EL CGPJ PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL COVID-19

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Fri, 17 Apr 2020 09:06:00 +0000

RESUMEN DEL PLAN DE CHOQUE EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA TRAS EL ESTADO DE ALARMA.

Básicamente hace referencia a habilitar mecanismos de refuerzo para los órganos sobrecargados, actuaciones por objetivos para incentivar, especialización de Juzgados, habilitación del mes de agosto, simplificación de procedimientos, acortar tiempos, facilitar los mecanismos extrajudiciales y evitar la sobrecarga de determinados Juzgados que a raíz de Covid-19 se van a ver fuertemente abarrotados.

ORDEN CIVIL A GRANDES RASGOS

- Apud acta: se podrá hacer hasta el momento previo de la A.P. si se trata de un Ordinario, o justo antes de la vista si se trata de un Verbal.

- Las partes deberán facilitar en sus escritos iniciales un correo electrónico o en su caso número de teléfono, junto con el compromiso de localización del litigante para agilizar así las citaciones.

- Se pretende la unificación de criterios interpretativos para la celeridad de los asuntos.

- Se plantea una regulación especifica de la condena al pago de las costas procesales en casos tales como argumentativa insostenible para evitar que se presenten pleitos sin fundamento, llegándose a no condenar a la parte vencida el pago de las costas; e incluso existiendo la posibilidad de llegar a imponer una multa.

- Se pretende reforzar Juzgados; ya existía esta medida prevista para su puesta en marcha en junio de 2020.

- Poner en marcha un incidente de ejecución rápido para las peticiones de compensación del régimen de visitas, dado el volumen de estas peticiones que se espera tras el levantamiento del estado de alarma.

- Establecer con carácter obligatorio en procedimientos de separación y divorcio siempre que haya menores de edad o hijos mayores no emancipados, un documento sobre cuál será la regulación del ejercicio futuro de las responsabilidades parentales, y si se solicitan medidas económicas a su vez habrán de aportar información relativa al patrimonio, los gastos de los hijos etc.

- Se pretende que en los Juicios verbales consecuencia de esta crisis las contestaciones se realicen por escrito.

- A su vez proponen que los procedimientos relativos a las acciones individuales sobre la contratación, propiedad horizontal, arrendamientos urbanos de bienes muebles e inmuebles sea el cauce verbal el elegido, incluso llegando a ampliar su cuantía a 15.000 euros cuando su ámbito se determine por razón de la cuantía.

- Realización de sentencias orales motivadas y grabadas.

ORDEN MERCANTIL A GRANDES RASGOS

- En lo relativo a los procedimientos de insolvencia se pretende evitar las reclamaciones en masa no prioritarias, agilizar los concursos; para ello está pendiente de aprobación el texto refundido de la Ley Concursal.

- Unificar criterios en mecanismos de segunda oportunidad.

ORDEN PENAL A GRANDES RASGOS

- Se posibilita emitir sentencias orales en determinados ámbitos de manera motivada y grabadas (es opcional para el juez y sólo se prevé para delitos leves y casos en lo que no quepa recurso por haber acuerdo previo entre las partes)

- Promover las conformidades

- Priorizar de manera absoluta la protección a las víctimas de violencia de género.

ORDEN CONTECIOSO ADMINISTRATIVO A GRANDES RASGOS

- Excluir la vista de Procedimiento Abreviado; siempre y cuando no sea necesaria.

- Permitir las sentencias de viva voz documentadas y grabadas.

- Las resoluciones de los recursos de apelación de manera unipersonal.

- Eliminación de trámites en medidas cautelares.

- Unión en un solo procedimiento en legitimaciones colectivas de sindicatos y asociaciones para impugnar resoluciones derivadas del Covid-19.

- Recursos contractuales, se impone la vía administrativa previa de los órganos administrativos de resolución de recursos especiales de la ley de contratos del sector público.

ORDEN SOCIAL A GRANDES RASGOS

- ampliación de los plazos de caducidad en la mediación y conciliación preprocesal.

- Actos de conciliación y juicio se hagan en dos convocatorias distintas para agilizar.

- Reforma de los Arts. 55 y 59 LRJS en actos de comunicación para efectuar la comunicación telemática de los juzgados con el FOGASA órganos de la Administración evitando el correo certificado.

- Equiparar la comunicación edictal en la LRJS a la de la LEC, incorporando el Registro Central de Rebeldes Civiles.

- Sentencias “in voce” mediante grabación.

- En materia de ERTES se suprime el articulo 153.1 LRJS “que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales presentes Enel 51.1. E.T” eliminando dichoumbral para disminuir el número de impugnaciones individuales de los ERTE y facilitar las impugnaciones en la modalidad de conflictos colectivos, resolviéndose así en un solo pleito.

- Facultad del FOGASA de anticipar la extinción contractual para evitar que se devenguen los salarios de tramitación.

- Ampliación del plazo para determinar la responsabilidad del Estado en los salarios de trámite.

- Introducir la contestación escrita en los procesos relativos a la Seguridad Social (incluido el desempleo), solo habrá vista si todas las partes lo solicitan o el juez la considera imprescindible.

- Implantar el carácter de urgente de los procesos de despidos hasta el 31-12-2020, siendo preferentes las reclamaciones por despido.

Respecto a la recuperación de las horas no prestadas durante el estado de alarma deberá declararse tal carácter de urgente

- Elevar la cuantía para el recurso de súplica a 6.000 Euros en general y a 30.000 Euros para poder impugnar actos administrativos en materia laboral.

- Para los recursos de súplica en los que se pretenda reconocimiento o denegación de incapacidad permanente se constituirá el TSJ con un solo magistrado.

- Las sentencias que resuelvan los ERTE no serán susceptibles de Recurso de Súplica ni de Casación ordinaria.

GENERALIDADES DE LAS REFORMAS EN EL ORDEN CIVIL

· Especialización por materias dentro de cada orden jurisdiccional por asuntos que devienen de la crisis del COVID-19, como por ejemplo se hizo ya con el 5 BIS de Alicante.

· limitación de la extensión de los escritos procesales y un protocolo sobre la forma y la extensión de las resoluciones judiciales.

· Habilitación del mes de agosto, pero respetando las vacaciones de los funcionarios, Jueces y Fiscales.

· Condena en costas más allá de la mala fe procesal o temeridad, por ejemplo, ante planteamientos insostenibles. (394 y 247 LEC)

Si la parte actora no hubiese intentado por otro medio una solución extrajudicial previa, el juez, aunque haya estimado la demanda podrá establecer a cada parte sus costas y las comunes por mitad, pudiendo incluso llegar a imponer una multa de superior a 3.000 Euros al que litigue con temeridad, en base a pretensiones infundadas o se oponga en tal sentido.

· Nuevo articulo 87 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para agilizar la tramitación de medidas de hijos menores o mayores no emancipados al amparo del 158 del C.C. que se planteen al alzarse la suspensión por el COVID-19.

· Modificación de los artículos 208,209 y 210 de la LEC para obtener el dictado de sentencias orales en el orden jurisdiccional civil, las mismas se podrán recurrir desde que se notifique a la parte la resolución así dictada mediante el traslado del soporte audiovisual.

Solamente podrán dictarse sentencias orales en el juicio verbal que podrá ser, o bien “in situ” o bien a los dos días mediante soporte audiovisual.

En los procedimientos de desahucio, si se realiza de manera oral será al finalizar la vista y así las partes quedaran notificadas en ese mismo acto.

Si en el procedimiento no es preceptivo el abogado la sentencia deber necesariamente ser escrita.

· especialización del orden civil para los concursos de personas físicas.

· Todo litigante deberá consignar en sus escritos rectores el email y número de teléfono y el compromiso de atender a través de tales medios cualquier comunicación por parte del tribual por si no hubiese procurador o el mismo hubiera cesado.

Modificación de los artículos 399 y 405 LEC, y se extiende tal obligación a la ejecución.

· En los procedimientos verbales se propone elevar la cuantía a hasta 15.000 Euros (249.2 LEC) y si exceden de 15.000 Euros pasaría a ordinario.

Independientemente de la cuantía se abarcarían dentro del juicio verbal los demandas en las que se ejerciten acciones relativas a CGC en los casos previstos en esta materia.

Reclamaciones cualquiera que sea la cuantía en las que se pretenda indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos a motor.

Los que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles.

Modificar el 438.4 LEC donde el demandado deberá necesariamente manifestarse sobre la pertinencia de celebración de la vista, igualmente el demandante lo hará en el plazo de 3 días desde el escrito de contestación.

No siempre se celebrará vista, solo si las partes lo piden o el juez lo considera necesario, si lo pide solo una parte será a criterio del juez, la negativa a la celebración de la vista podrá recurrirse.

· Establecer el trámite de incidente de ejecución rápido para resolver peticiones de compensaciones de regímenes de visitas tras el alzamiento de la suspensión de la emergencia sanitaria, citando el tribunal a las partes a una vista que se celebrará dentro de los 10 días siguientes. Podrá dictarse sentencia “in voce”, y en caso de no considerarse necesaria la vista se dará traslado por 5 días a la contraparte para alegaciones y aportación de documentos.

Se dictará auto resolviendo en incidente que podrá recurrirse en apelación.

· Extensión de efectos en acciones individuales para litigios de clausulas abusivas siempre que sean sentencias que hubieran adquirido la firmeza tras haber sido recurridas ante la Audiencia Provincial. Se pretende arbitrar la opción para el consumidor de obtener la extensión de efectos de resoluciones firmes sobre acciones individuales de clausulas abusivas mediante un breve pronunciamiento contradictorio

(modificar el 159 LEC)

La solicitud se hará mediante un escrito en el que constara el número de procedimiento cuyos efectos se quieren extender, la pretensión, ya sea de anulación, económica o ambas, la exposición de idénticas situaciones jurídicas y un número de cuenta bancaria.

Del mismo se dará traslado por 10 días a la parte condenada para que se allane o se oponga, en caso de no manifestarse se entenderá allanado.

A los 5 días el Juzgado dictará AUTO en el que o bien rechaza la solicitud de extensión, en cuyo caso no hay condena en costas y el mismo no produce efectos de cosa juzgada o bien extiende todo o en parte los efectos. Ese auto seria susceptible de recurso de apelación.

Si en el plazo del 548 no se cumpliera voluntariamente se podrá instar la ejecución del auto.

Lo que se pretende es reducir masivamente sobre as clausulas abusivas y nulidad por abusivas en las CGC.

· Demanda y contestación sobre nulidad y separación y divorcio. (Art 770 LEC)

Se exige aportar documentos para facilitar la tramitación.

Si hay hijos menores o mayores de edad no emancipados se deberán de aportar documentos que detallen y se propongan las disposiciones necesarias para el ejercicio futuro de las responsabilidades parentales en orden al ejercicio futuro de la patria potestad por parte de cada uno.

Si se platean cuestiones de carácter patrimonial, se presentará una declaración responsable donde se manifieste bienes y derechos con cargas y gravámenes, los gastos de los hijos menores y los mayores no emancipados, aportación de documentos para poder evaluar la situación económica de los partes y de los hijos, las nóminas, la renta etc.

· Procedimiento ágil en los Juzgados de familia para tramitar la petición de modificación de medidas económicas o ajuste de las mismas derivadas de la crisis del COVID-19, y especialmente consecuencia de los ERTE u otras medidas derivadas de la crisis. (775 bis). El solicitante deberá aportar un principio de prueba documental acreditativa y manifestar su actual posición laboral y económica.

Se llevará a cabo conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria previsto para la solicitud de medidas del 158 del C.C.

Contra la resolución que se dicte cabrá Recurso de Apelación sin que suspenda la eficacia de las medidas de la resolución recurrida.

· Implantación del “pleito testigo” limitado a los procedimientos de CGC, modificando los artículos 404,455,464,556 de la LEC.

404: EL letrado dará traslado al examinar la demanda al juez cuando considera que la demanda incluye pretensiones que han sido objeto de procedimientos anteriores por otros litigantes con el mismo objeto.

Aquí el tribunal dictara un auto acordando la suspensión del curso de las actuaciones, contra el que cabra interponer recurso de apelación, hasta que se dicte sentencia firme del procedimiento guía o testigo.

Este procedimiento guía se tramitará como preferente.

Una vez firme el procedimiento guía se dará traslado por 5 días al demandante para que: 1. desista: en cuyo caso no habrá condena en costas, 2. para que continúe el juicio ordinario indicando las razones que a su juicio deben ser resueltas o bien se podrá citar a la parte demandada a una vista oral en la que pueda alegar las razones para continuar o archivar.

Si no tiene sentido la continuación del procedimiento por estar ya resueltas en el pleito guía todas las pretensiones de la actora, podrá acordar el archivo con expresa condena en costas al demandante por auto (recurrible en apelación preferente) o 3. solicitar la extensión de los efectos.

· Citación, emplazamiento y requerimientos por medio de procuradora instancia del órgano judicial y no solo cuando lo solicite la parte. Dicho gasto se podrá repercutir en la minuta. (modificar el 152 LEC)

· Requerimiento por correo con acuse de recibo en el domicilio del demandado en los monitorios, en vez de realizar la notificación primera de manera personal.

815 LEC. El requerimiento se efectuará en la forma prevista del 155 apercibiendo que en caso de n pagar ni comparecer alegando justas razones para la negativa al pago, se despachará contra él ejecución.

· Establecimiento de una nueva disposición transitoria instaurando un procedimiento excepcional para resolver los procedimientos ordinarios relativos a las CGC incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física donde NO de discuta la condición de consumidor del prestatario y tenga ya fecha para la A.P. para fecha posterior a la entrada en vigor del RD 463/20 de 14 marzo.

El Letrado, una vez alzada la suspensión concederá 10 días a las partes para que se pronuncien acerca de la necesidad de la A.P., y en caso de no serlo, el juez podrá disponer que los autos queden conclusos para sentencia.

· Inclusión de un nuevo número 6 en el artículo 439.

No se admitirá ninguna demanda de procedimientos de nulidad de CGC en préstamos hipotecarios suscritos por personas físicas, cuando no se acompañe a la demanda el documento que acredite haber practicado una reclamación previa extrajudicial a la entidad financiera por el consumidor, para que reconozca expresamente el carácter abusivo de las clausulas con la consiguiente devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a la entidad de crédito.

Al recibirla la entidad deberá hacer un calculo desglosando las cantidades, si lo rechaza lo alegará también. El plazo máximo para que consumidor y usuario lleguen a un acuerdo será de 3 meses desde la presentación de la reclamación.

Si pasados los 3 meses no se hubiera puesto la cantidad ofrecida por el banco a disposición del consumidor los intereses que se devengarán se verán incrementados en 8 puntos desde que conste fehacientemente que ha sido aceptada la oferta por el perjudicado.

· Añadir un 437 bis, para la tramitación de los procedimientos sobre acciones individuales relativas a CGC en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea persona física. Se atribuirá al procedimiento verbal.

En los casos del articulo 250.1. 12º en la primera pagina tanto de la demanda como de la contestación deberá figurar una “ficha resumen” de los motivos y alegaciones principales con los formularios del Real Decreto.

· Promover acuerdos extrajudiciales en cláusulas suelo, para ello se introduce una disposición transitoria al efecto. Se pretende el acuerdo por el que se reconozca extraprocesalmente la validez o eficacia de las cláusulas, pactar la cantidad a reintegrar y desistir del procedimiento asumiendo cada parte sus costas y las comunes por mitad.

Hace referencia a cláusulas de comisión de apertura, de vencimiento anticipado, interés de demora, gastos del préstamo hipotecario etc. en la que se mandaría una oferta al demandado con comunicación al juzgado de esta, quien suspenderá la admisión a tramite de la demanda por 40 días hábiles para que las partes negocien.

Si hay acuerdo el actor presenta escrito al juzgado desistiendo y si no lo hay la entidad se persona en el procedimiento.

Para demandas pendientes de proveer o para cuando el demandado ese en plazo para contestar.

· Simplificar los asuntos en los que el demandado que ha tenido conocimiento de la demanda está en rebeldía. Solo en los juicios ordinarios

El que decide no comparecer voluntariamente esta reconociendo de facto la realidad de los hechos. Modificación del 496.2, si ha tenido conocimiento de la demanda y no comparece los autos quedaran vistos para sentencia sin mas trámite, ni vista ni A.P. excepto que el demandante en le plazo de 3 días manifieste que quiere celebrar aportando prueba.

· Posibilidad de limitar los supuestos de celebración de la audiencia previa en el juicio ordinario. 405 .5 nuevo, el demandado en su escrito de contestación deberá pronunciarse necesariamente sobre la pertenencia de la A.P.

414 nuevo, diráque, una vez contestada la demanda, si el demandado hubiera sido declarado en rebeldía o hubiera manifestado en su contestación la no pertinencia de la A.P, el demandante tendrá 3 días desde el traslado del escrito o la notificación de la rebeldía para manifestar si desea A.P.

Si existiesen cuestiones procesales se dará traslado por otros 3 días para alegaciones y así el juez podrá resolverlas por escrito. La sentencia se dictará en 10 días.

GENERALIDADES DE LAS REFORMAS EN EL ORDEN MERCANTIL

· Establecer un requisito de admisibilidad de las demandas de reclamación de cantidad como consecuencia de la cancelación, denegación de embarque o retraso en el trasporte aéreo (modificando el 439 LEC) debiendo haber realizado la reclamación previa ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

No se admitirán a tramite las demandas de juicio verbal en este sentido si no se acompaña el documento acreditativo del informe emitido por la AESA como consecuencia de la reclamación previa realizada por el pasajero ante dicho organismo.

· Reforma LOPJ para atribuir de nuevo todos los concursos de personas físicas empresarios o no al Juzgado de lo Mercantil.

· Introducir temporalmente el llamado “Re-convenio” por plazo de 6 meses desde que finalice el estado de alarma, se podría evitar que las empresas que estaban cumpliendo el plan de pagos o un convenio concursal incumplan sus compromisos de pago. Implica que temporalmente se pueda volver a aprobar un convenio/acuerdo que modifique el inicial.

· Reforma del articulo 119 Ley de Patentes, aclarar que el plazo para contestar a la demanda en procedimientos de propiedad industrial, cuando haya suspensión del procedimiento por acumulación, declinatoria o por la situación de alarma del COVID-19 se volverá a conceder un nuevo plazo de 2 meses tras la reanudación de este.

· Modificación del articulo 149.2 Ley Concursal, en la liquidación concursal NO puede incluirse la subasta judicial, únicamente de manera subsidiaria, solo la no judicial (notarios, procuradores).

· Respecto a la prueba en los incidentes concursales, la decisión se tomará por el juez en el acto de la vista y la proposición también se hará ahí.

· modificación del articulo 96.5 Ley Concursal para que la tramitación de los incidentes concursales de impugnación del informe de la administración en el concurso ordinario sea igual que en el abreviado, por pieza separada, traslado al administrador concursal por 10 días etc.

· La celebración de la vista en los incidentes concursales será acordada por el Juez atendiendo a las necesidades, aunque las partes no hayan pedido su celebración.

· Reclamación créditos contra la masa en los incidentes, reclamación previa extrajudicial obligatoria que se deberá de acompañar o bien respondida negativamente o bien no siendo atendida en el plazo de 10 días y plazo de preclusión para interponer el incidente. Cumplido este plazo el acreedor dispondrá del plazo de 2 meses para interponer la demanda.

· Posibilidad de concluir el concurso sin realización de vivienda habitual (añadir 148 bis) cuando la realización del bien solo sirva para pagar parcialmente al acreedor privilegiado.

· Agilizar el concurso de acreedores eliminando incidentes relativos a los honorarios de la administración concursal en concursos sin masa mediante el desarrollo de la cuenta arancelaria garantizando un mínimo retributivo.

· Modificación 194 y 196 Ley Concursal, oralidad e irrecurribilidad de sentencias e incidentes de cuantía inferior a 6.000 Euros.

Se plantearía subir el umbral de los juicios ordinarios y verbales, pasando de 6.000 a 12.000 y para establecer en que juicios verbales cabe apelación se debería de subir de 3.000 a 6.000 euros.

En la demanda incidental se debería de fijar siempre con claridad la cuantía con claridad. El juez podrá dictar sentencia oral sin que quepa recurso en los incidentes cuya cuantía no exceda de 6.000 Euros y haya habido juicio.

· Ampliación de los concursos conexos a personas especialmente vinculadas (25 y 25 bis L.C.) podrán solicitar la declaración conjunta de concurso aquellos deudores cónyuges o administrativos, socios, miembros personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica.

Se trata de coordinar concursos de quienes manifiesten tener relaciones económicas u otro tipo de conexión que lo justifique.

GENERALIDADES DE LAS REFORMAS EN EL ORDEN PENAL

· Fomentar las conformidades previas al acto del juicio oral en los juicios sobre delitos leves.

· Supresión de algunos delitos leves: amenazas (171.1 CP), coacciones leves (172.3 CP), leve alteración de términos/lindes (246.2 CP) y distracción del curso de aguas (247.2 CP).

· Introducción de la pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad/y o localización permanente junto a la multa en algunos delitos para conseguir una ejecución real de las condenas, en delitos leves tales como hurto, sustracción de cosa propia, estafa, administración desleal, apropiación indebida y daños.

· Sentencias “in voce” sin documentar en delitos leves y en conformidades de cualquier pena.

· Modificar la formulación y resolución de los recursos frente a resoluciones interlocutorias devolutivas y no. 2 opciones.

1. Unificar la impugnación y la resolución en el mismo momento. En el plazo de 10 días de solicitar la apertura del juicio oral las partes podrán impugnar frente a las resoluciones interlocutorias dictadas durante la tramitación de la causa. El juez resolverá sin posibilidad de recurso

2. Auto del juez acordando sobreseimiento, remitiendo al juzgado competente por ser de otra jurisdicción. En este auto el juez resolverá los recursos sin perjuicio de que en ambos se puedan reproducir los mismos en la apertura del juicio oral.

· Los jueces y tribunales podrán recabar el auxilio de los servicios de la administración tributaria para que exija la satisfacción de la multa y responsabilidad civil por el procedimiento administrativo de apremio.

· Descargar al MF para dejar de asistir a juicios y emitir informes, teniendo la declaración del denunciante en el juicio el valor de acusación.

· Modificación de los artículos 160 y 768 de la LECRIM sobre notificaciones.

Las resoluciones recaídas hasta la apertura del juicio oral se harán en la persona del abogado. A partir de ese momento a través del procurador.

· Supresión carácter preceptivo de la vista ante la Audiencia Provincial en los recursos de apelación contra las sentencias del juzgado de menores, solo se hará si lo considera el juez necesario.

· Modificar el recurso de queja para excluir de su ámbito las resoluciones no apelables (218 LECR) el recurso de queja se interpondrá contra resoluciones en las que se deniegue la admisión de un recurso de apelación en los casos en que este previsto por la ley.

GENERALIDADES DE LAS REFORMAS EN EL ORDEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

· “Pleito testigo” reformando 37.2 y 3 LRJCA.

· Ampliación del ámbito objetivo, exclusión de la vista y dictado de sentencia de viva voz en el procedimiento abreviado. (modificar articulo 78 LRJCA.

Contestación por escrito, es el juez el que decide sobre la vista, y posibilidad de sentencia de viva voz en los asuntos sin recurso ordinario posterior.

Modificar e incluir en el p.a. la adquisición de la nacionalidad por residencia y que la cuantía no supere los 60.000 Euros (antes 30.000 Euros).

Solo se admite la contestación si al tiempo de presentarla o antes se acompaña el expediente administrativo. Luego hay 5 días para alegaciones. La sentencia se dictará en los 10 días desde la vista o desde que se declare concluso para sentencia.

El laj expedirá certificación con los pronunciamientos y lo expedirá como máximo en 5 díasmás la grabación.

· Articulo 81 LRJCA para el recurso de apelación se pasa de no mas de 30.000 a no más de 60.000 euros.

· Subsanación defectos. 45.3 LRJC. Si el laj observa defectos lo pondrá de manifiesto a la parte para que subsane en cualquier momento desde que se le requiere hasta la presentación de la demanda, si no lo hace dará traslado al juez quien se pronunciara sobre el archivo antes de dar traslado al resto de partes demandadas.

· Añadir 16 bis. Recurso de apelación se constituirá un solo magistrado cuando sean asuntos sobre los que la sala tenga asentado criterio reiterado y uniforme, si no es así lo elevara a la sala.

· 44 bis LJCA condiciones extrínsecas de escritos procesales y duración de intervenciones.

· Modificación 128.1 LJCA suprimir la subsanación del tramite precluido hasta la notificación de la resolución que lo hubiera caducado.

· 55.1 LJCA “ampliación del expediente” antes de formular demanda o contestación. Determinar que comprenderá documentos y actuaciones que sirvieron de antecedentes y fundamento a la resolución administrativa y diligencias encaminadas a ello.

· 135 LJCA “medidas inaudita parte” en caso de urgencia especial sin audiencia de la parte contraria, el juez lo adoptara sin oír a la parte contraria. Contra este auto no se dará recurso alguno.

En ese auto el juez dará audiencia para que en 3 días las partes efectúen alegaciones o bien los convocara a una comparecencia a los 3 días siguientes sobre elmantenimiento, levantamiento o modificación, evacuado dicho trámite emitirá auto que será recurrible.

· Articulo 39 LRCA contra las resoluciones sobre acumulación ampliación y tramitación preferencia se interpondrá recurso de reposición, ya no de súplica.

Contra las resoluciones que ordenen ledes acumulación del art 352 cabra recurso de queja con carácter preferente.

· Recurso especial 44 LCSP en materia de contratación publica para que se resuelvan cuestiones derivadas del COVID-19, todos los anteriores y acuerdos de resolución y cualquier decisión contractual incluida como objeto de tutela por la normativa europea vigente.

Al margen del importe del contrato corresponde conocer las reclamaciones derivadas de la ejecución de contratos públicos por el COVID.

· 139.4 LJCA en materia de cuantificación en sentencia o auto de costas.

Desaparecen los incidentes de impugnación de tasación de costas

Cuantificar las costas en la resolución definitiva que se dicte y la parte proporcional a abonar si son varias las partes condenadas. Todo esto sin afectar a los honorarios acordados entre las partes.

· 19 bis LJCA permitir a los sindicatos y asociaciones que defiendan intereses colectivos interponer recursos en beneficios de particulares afectadas por situaciones derivadas del COVID-19.

· 77.1 LRJCA el juez ponderado el caso podrá acordar derivarlo a mediación, suspendiendo por 2 meses el proceso resultando de obligatorio cumplimiento acudir a la mediación.

· Procedimientos abreviados incoados antes del RDL el laj dará traslado a la administración para contestar en 20 días por escrito, en ese decreto de advertirá que se fallara sin vista, si en los 10 días ss nadie se opone se declarara concluso para sentencia y en 10 días se dictará.

Si no cabe recurso y hay vista la sentencia podrá ser dictada “in voce”

El letrado expedirá certificación en máximo 5 días.

GENERALIDADES DE LAS REFORMAS EN EL ORDEN SOCIAL

· introducción órganos unipersonales en el orden social 75.2 LOPJ

El TSJ se constituirá con un solo magistrado para el recurso de súplica contra resoluciones de juzgado de lo social en procesos para reconocer o denegar la incapacidad permanente.

· Impugnación del ERTE 153.1 LRJS ampliar la impugnación en la modalidad de conflictos colectivos, se elimina el umbral delimitando.

· Firmeza de las sentencias resolviendo los ERTE.

· Anticipación del FOGASA de la opción por extinción contractual sí que se devenguen salarios de tramitación (mod 110.1 LRJS).

· Ampliación de la suplicación de 6.000 a 30.000 euros correspondiente a procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral.

· Ampliación plazos de caducidad en la mediación y conciliación (65.1 y 2 LRJS)

El computo de caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la mediación o conciliación o pasados 30 días hábiles (antes 15).

En todo caso transcurridos 60 días sin haberse celebrado ninguna se tendrá por terminado y cumplido el trámite.

· Primera comunicación en el proceso laboral 55 LRJS se hará por mail, el primer emplazamiento o citación del demandado si no es en el local de la oficina judicial será en el domicilio indicado.

· No deberá hacerse averiguación de domicilio si el interesado consta en el RCRC, directamente el Laj acordará la comunicación edictal 59.2 LRJS.

· Obligatoriedad de acumular en el recurso de suplicación los asuntos con identidad de objeto y de alguna de las partes, la sala acordara su acumulación 234.1 LRJS.

· Sentencias orales 50.1 LRJS

· Carácter de urgencia cualquier reclamación por despido hasta el 31-12-20

· Reforma del monitorio 101 LRJS forma ágil para interesar las prestaciones al FOGASA.

· Señalamiento del acto de conciliación en diferente convocatoria y en fecha anterior al juicio.

· Serán urgentes los procedimientos relacionados con la recuperación de las horas del trabajo derivadas del COVID-19.

· La contestación se hará por escrito en procedimientos de Seguridad Social (incluido el desempleo). Cunado comparezcan podrán presentar sus escritos de alegaciones al menos 3 días antes de la vista.

· Ampliación del tiempo que determina la responsabilidad del pago de salarios de tramitación por parte del estado (116.1 LRJS) más de 120 días hábiles desde que la demanda fue presentada hasta la sentencia.

el empresario podrá reclamar al estado los salarios pagados al trabajador que excedan de dicho plazo.

Autor: Laura Córdoba Benimeli

La Procura y sus nuevas funciones en el proceso

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Fri, 19 Jul 2019 10:57:00 +0000

La Procura y sus nuevas funciones en el proceso

Como consecuencia de la implantación de las tecnologías de la comunicación y de la actual configuración del servicio público de la Administración de Justicia, han sido muchos los cambios que se han producido en la profesión del Procurador de los Tribunales.

Las funciones del Procurador del siglo XX afortunadamente han quedado como un mero resquicio del pasado, y ya podemos hablar de que el Procurador desempeña una función imprescindible para que sea más eficaz y eficiente el servicio prestado al ciudadano.

El Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LexNet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos supuso un hito importante en la modernización de nuestra Administración de Justicia y en consecuencia en la función que desempeña el Procurador de los Tribunales.

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, y la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que dio nueva redacción a su　artículo 230: "Los Juzgados y Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones...." y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya　Disposición Adicional Primera,　vino a establecer -a partir del 1 de enero de 2016- la obligatoriedad para todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011,　respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha, son normas que refuerzan la finalidad de modernizar la Justicia y actualizar las funciones de todos sus operadores jurídicos.

Todo ello junto con el　Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet,　que desarrolla la Ley 18/2011,　en vigor desde el día 1 de enero de 2016 ha implantado un nuevo "modus operandi" en las relaciones con los órganos jurisdiccionales.

E igualmente la　Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, que aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet que con ello supuso haber quedado ya consolidado y finalmente regulado.

Esta nueva regulación/obligación legal no solo afecta a abogados y procuradores, también es preceptiva para los órganos judiciales. Así, ya el　art. 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, estableció para los órganos y oficinas judiciales y las fiscalías la utilización obligatoria de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos electrónicos judiciales.

A partir del　1 de enero de 2017,　la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos con la Administración de Justicia se extenderá a las administraciones y organismos públicos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También, a las personas que, sin representación o asistencia por un profesional de la Justicia, estén obligadas a comunicarse a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia. Además, a partir de esta fecha, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a relacionarse telemáticamente con esta administración cuando no sea perceptiva la intervención de un profesional.　

HITOS EN LA PROFESION DEL PROCURADOR Y EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA:

Varias normas han impulsado y/o modificado las nuevas perspectivas en la Administración de Justicia y por consiguiente en la función y quehacer de los Procuradores de los Tribunales.

El expediente judicial electrónico, inicialmente implantado en la Audiencia Nacional, y progresivamente en otros juzgados y tribunales del país, permitirá la progresiva superación de una secular tradición jurídica basada en el papel y la adecuación de la Justicia española a los nuevos tiempos.

En 2015　el Ministerio de Justicia creó la Comisión para la Justicia Digital　cuya finalidad es trabajar para poner en marcha el mandato legal que compromete a diferentes administraciones y colectivos para conseguir el objetivo del "papel cero" a partir del 1 de enero de 2016 sin que haya sido realidad en todas las comunidades autónomas. Pese a la iniciativa prevista en el Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales.

LEXNET

Los servicios web ofrecidos por LexNet contienen las siguientes funcionalidades: (art. 14 RD 1065/2015, de 27 de noviembre):

a)　 La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación.

b)　 La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes Procuradores personados y la identidad de éstos, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.

c)　 La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales.

d)　 La expedición de resguardos electrónicos, integrables en las aplicaciones de gestión procesal, acreditativos de la correcta realización de la presentación de escritos y documentos anexos, de los traslados de copias y de la emisión y recepción de los actos de comunicación procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización.

e)　 La constancia de un asiento por cada una de las transacciones electrónicas a que se refieren los números anteriores, realizadas a través del sistema, identificando cada transacción los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario de cada mensaje, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema y, en su caso, proceso judicial al que se refiere, indicando tipo de procedimiento, número y año.　

Como paso previo a la utilización del sistema, los usuarios deberán solicitar el alta en el mismo con su certificado de usuario mediante la conexión a la dirección Web　https://lexnet.justicia.es salvo en aquellos casos en que la conexión pueda establecerse a través de las plataformas profesionales　

Entre las funcionalidades principales que ofrece LexNet destacan:

Solicitar Alta (se definen roles por tipo de usuario de manera que, por ejemplo, en el caso de los abogados, los escritos incluirán el código de colegiado).

Presentación de escritos iniciadores

Presentación de escritos de trámite

Envío de escritos y traslado de copias

Descarga de notificaciones

Recepción de notificaciones

Presentación de escritos de trámite y subsanaciones

Consulta de cabeceras de notificaciones para fines estadísticos

Alertas: se pueden configurar alertas que se envían por correo electrónico o por SMS al móvil

El sistema no permite subir escrito y/o documentos con un peso superior a 15 megas, y el sistema de catalogación y procesamiento de los escritos y documentos resulta demasiado "engorroso"

Aún hay determinados órganos jurisdiccionales que vienen exigiendo la presentación de las demandas y documentos en formato papel para "formar el expediente".

Recientemente la Sala Segunda del Tribunal constitucional ha dictado Sentencia 55/2019 de 6 de Mayo (BOE 10/06/19) donde resuelve admitir un escrito previamente rechazado por error en la catalogación del mismo.

No obstante podemos concluir que con el servicio LexNet, el Procurador de los Tribunales ha alcanzado el objetivo pretendido, dar al justiciable un rápido y eficaz servicio de representación procesal.

Algunas cuestiones e incidencias del sistema LexNet

Qué ocurre cuando hemos de presentar una demanda o documento de más de 15 megas?

La capacidad máxima de LexNet para presentar tanto demandas como escrito es de 15MB. Por tanto cuando excede de 15 MB debemos adjuntar todos los documentos (aún sabiendo que por su capacidad no nos va a permitir su presentación) y una vez añadidos todos los documentos debemos pinchar a enviar y ahí nos aparecerá un mensaje de exceso de cabida con un documento que deberemos descargar para su unión al escrito de demanda principal. Al día siguiente de la presentación del escrito y/o demanda cuya capacidad excede de lo permitido por el sistema LexNet deberemos aportar al Decanato copia en formato digital (normalmente en formato CD) de todos los documentos que no han podido adjuntarse a la presentación mediante LexNet.

Por todo lo expuesto anteriormente, antes de presentar una demanda y/o escrito con documentación extensa deberemos comprobar que no excede de esos 15 MB permitidos y en su caso existe la posibilidad de comprimir de forma gratuita los archivos PDF para que la capacidad de LexNet nos permita realizar la presentación inmediata sin necesidad de aportar al día siguiente hábil el CD con toda la documentación.

Qué ocurre cuando hemos de presentar audios y videos?

El sistema LexNet no permite en ningún caso la presentación de audios y videos por lo que para aportar dichos archivos es necesario realizar la presentación en formato CD al Juzgado y dar copia a los procuradores personados también mediante CD

Qué ocurre cuando tenemos un fichero ZIP?

En cuanto a los ficheros ZIP, el sistema LexNet permite la aportación de documentos en formato ZIP. Únicamente se permite aportar documentos en formato ZIP cuando los documentos tienen la misma clase o catalogación. (Por ejemplo, si se trata de fotografías e imágenes y existen 15 documentos se permite aportar el bloque documental en formato ZIP que además nos permitirá una mayor capacidad ya que el fichero ZIP comprime la capacidad　de los archivos)

Como solucionamos un error en el envío y se nos rechaza el escrito?

En este caso debemos de distinguir dos supuestos de rechazo de escritos y/o documentos, en primer lugar si se trata de un escrito de trámite que es rechazado por el sistema (bien porque exista error en el nº de autos o en el juzgado de destino) podremos acudir al buzón de LexNet de rechazados y pinchar en la casilla de subsanar y nos remitirá al modelo de presentación del escrito rechazado pudiendo corregir el órgano de destino o el nº de autos. Cabe destacar en este caso que no se puede modificar de ninguna manera el documento adjunto a la presentación ya que como su propio nombre indica el escrito rechazado cuya subsanación interesamos debe de haberse rechazado bien por error en autos o en juzgado por lo que solo cabe la subsanación cuando se trate de un error material o mecanográfico.

En segundo lugar también cabe la posibilidad de que el sistema rechace un iniciador de asunto o un iniciador de ejecución. En cuyo caso el sistema LexNet no nos permite su subsanación y deberemos de presentar la demanda de nuevo.

　

LAS SUBASTAS ELECTRONICAS

Otro hito importante en la regulación procesal de la venta judicial de los bienes embargados, ha sido la nueva regulación de las subastas judiciales electrónicas.

Así la Ley 42/2015, de 5 Octubre ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo concerniente a las subastas judiciales.

Concretamente el art. 648 LEC modifica la forma en que han de celebrarse a partir del día 7 de Octubre de 2015.

Podemos destacar que las subastas ya no se señalan con día y hora para llevarlas a efecto. El Letrado de la Administración de Justicia remite la "convocatoria" con un número de identificación único, al Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, accesible desde la web: https://subastas.boe.es/ a la que se accede con certificado digital previo registro en dicha web de acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003 de firma electrónica. El proceso de registro facilitará un nombre de usuario para recibir notificaciones vía correo electrónico y SMS de teléfono móvil.

El Letrado de la Administracion de Justicia (en adelante LAJ) remitirá "de oficio" al BOE la convocatoria de subasta que se abrirá por término de VEINTE DIAS desde la publicación del Edicto. Debe entender que se notificará al ejecutante la fecha de la inserción en el BOE así como el número de identificación de la subasta para su control y seguimiento por las partes personadas en el proceso.

La subasta admitirá posturas durante un plazo de VEINTE DIAS NATURALES desde su apertura, (que finalizarán a las 18 h) y no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuere superior a la mayor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días por un máximo de 24 horas.

Las pujas sólo podrán realizarse de forma electrónica, y el Portal de Subastas informará de la existencia y cuantías de las pujas presentadas. Los ejecutantes no requieren previa consignación para intervenir en la subasta. Los postores han de indicar si consiente o no la reserva de postura.

Para constituir un depósito para participar por vía telemática en una subasta, se han de tener en cuenta las siguientes condiciones:

Para formalizar el depósito debe proporcionar el código IBAN de una cuenta bancaria perteneciente a una de las entidades bancarias colaboradoras.

El depósito se va a constituir a favor del Tesoro Público en la cuenta de depósitos de la Agencia Tributaria y por la cantidad que se establece en el NRC. Dicho depósito será indisponible para el interesado.

La constitución del depósito podrá devengar la comisión bancaria que cada entidad colaboradora establezca de conformidad con la normativa bancaria.

Si no se es el mejor postor de la subasta:

Si no ha pujado con reserva de puja, se ordenará la devolución cuando la subasta haya concluido en el Portal de Subastas.

Si ha pujado con reserva de puja, se ordenará la devolución cuando la Autoridad Gestora finalice totalmente la subasta.

Si se es el mejor postor de la subasta:

El Portal de Subastas ordenará automáticamente la transferencia de su depósito a la cuenta de la Autoridad Gestora de la subasta. Si por alguna circunstancia fuera necesario devolver el importe de este depósito, debe solicitarse a la Autoridad Gestora, sin intervención del Portal de Subastas en dicha operación.

Debe ingresar la diferencia entre el precio ofrecido y el depósito realizado en la cuenta de la Autoridad Gestora cuanto ésta se lo requiera

Serán admisibles posturas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada para ser tenidas en cuenta para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja igual o más alta no consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En el caso de que existan posturas por el mismo importe se preferirá la anterior en el tiempo. El portal de subastas sólo publicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento.

En la fecha de cierre de las subasta y a continuación del mismos, el Portal de Subastas remitirá al LAJ la información certificada y la postura telemática que hubiera resultado vencedora, con identificación total del licitador.

Terminada la subasta y recibida la información el Letrado de la Administración de Justicia dejará constancia de la misma y de su resultado.

ACTOS DE COMUNICACIÓN

Importante es la regulación de los actos de comunicación. El Artículo 152 redactado por el apartado diecisiete del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre) con vigencia desde el 7 octubre 2015 dio una nueva redacción a los actos de comunicación, estableciéndose que " 1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por: 1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. 2.º El procurador de la parte que lo solicite.

A tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de ejecución, o a otra instancia, el solicitante deberá expresar si interesa que todos los actos de comunicación se realicen por su procurador. Si no se manifestare nada al respecto, el secretario judicial dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por estos últimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente en su escrito de personación que se realicen por su procurador o si las partes fueran beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita.

Los solicitantes podrán, de forma motivada y concurriendo justa causa, pedir la modificación del régimen inicial, procediendo el LAJ si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicación conforme a la nueva petición.

Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario.

A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

2. Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

No obstante, los actos de comunicación no se practicarán por medios electrónicos cuando el acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico o así lo disponga la ley.

El destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta Ley:

1.ª A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.

2.ª Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

3.ª Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o el secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.

4.ª En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado, de los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, si no tuvieran designado procurador.

4. En la cédula se hará constar claramente el carácter judicial del escrito, y expresará el tribunal o secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, y del procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

ARANCEL DE PROCURADORES

El Real Decreto 1373/2003 de 7 de Noviembre, modificado por RD 1/2006 de 13 de Enero, que regula la percepción de los derechos del Procurador sigue vigente y es de obligado cumplimiento, por lo que los "precios" de la Procura deben ceñirse a la aplicación de dicho Arancel, con un incremento o disminución de hasta 12 puntos porcentuales que se ha de pactar con el cliente al inicio del procedimiento, conforme indica el Art.2 del referido Real Decreto.

La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 2034/2017 de 24 de Mayo de 2017, recurso nº. 486/2015, dejó sentada la vigencia y aplicación obligatoria del Arancel de los Procuradores.

Pese a ello, nadie puede negar que la aplicación del Arancel no se viene respetando habida cuenta la situación del "mercado" y la gran mayoría de las entidades crediticias imponen precios que la gran mayoría de los operadores jurídicos admiten con pactos -casi siempre- indignamente aceptables.

Urge la reordenación de los precios arancelarios de la misma forma que los Registradores de la Propiedad cuando perciben sus derechos conforme a su Arancel sin merma alguna.

Dejamos constancia de los comentarios que al efecto realizó el maestro Jesus Rivaya Carol.

"La figura del Procurador de los Tribunales en España no solo tiene unos antecedentes históricos , ya desde las Partidas de Alfonso X, sino que tiene correlación con otras figuras jurídicas en el ámbito de otras legislaciones Europeas (Solicitadores, Huissiers, Avoués), tratándose de una profesión en proceso de homologación en la Unión Europea.

En España su figura ,como coadyuvante de la Administración de Justicia, va tomando cada vez más vigor y en un escenario futuro ,en el que determinados servicios de la Administración de Justicia pudieran externalizarse en nombre de una mayor eficacia social de los mismos que optimizara el binomio coste-eficiencia social, parece que su papel podría ser decisivo a este fin.

Los Procuradores de los Tribunales en la aplicación de precios por sus intervenciones profesionales se rigen por arancel, es decir, por un precio establecido legalmente para las actuaciones en las que intervienen.

El Real Decreto que regula sus precios es el 1373/2003 de 7 de noviembre y la propia Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su artículo 242-4, la sujeción a arancel de sus minutas, así como el Real Decreto regulador del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales.

La factura de un Procurador debe de recoger básicamente dos tipos genéricos de importes: Los Derechos, que son conceptos arancelarios que retribuyen su intervención profesional y los suplidos o cantidades pagadas por cuenta de su cliente. Existen otros conceptos retributivos no arancelarios derivados de su actuación como mandatario al amparo de lo preceptuado en el Código Civil, que la propia disposición tercera del arancel reconoce su virtualidad y que no es aventurado pensar tendrán una regulación por el Consejo General de Procuradores o los Autonómicos, con la finalidad de dar orientaciones a la hora de tasar costas y minutar dichas actuaciones.

No obstante el concepto Derechos arancelarios del Procurador requiere una matización. Parece procedente distinguir en estos, de una parte, los que pertenecen estrictamente a su actuación profesional preceptiva (causídica) ante Juzgados y Tribunales y que solo un Procurador Colegiado puede efectuar y que se denominan Derechos Causídicos y por otra parte aquellos otros que el arancel regula por actuaciones profesionales de un Procurador, que si bien efectuadas por este tienden a agilizar el procedimiento, dada la inmediatez del Procurador con ellas y que sin embargo podría efectuarlas quien no fuera　 Procurador. En consecuencia quien no es Procurador giraría la factura correspondiente imputable al procedimiento no como un Derecho arancelario. En este caso en la factura del Procurador responsable del pleito aparecería como un suplido del mismo la factura de honorarios de quien realizó aquella gestión, sometiéndose al arancel si los servicios los prestó un Procurador y precio libre si no lo fuera. Estos otros Derechos arancelarios del Procurador, que no son los causídicos y que no son suplidos de la factura por devengarlos el mismo Procurador al que se le encomienda el pleito, al ser consecuencia de gestiones efectuadas por el Procurador responsable del pleito, algunos Procuradores los presentan en sus minutas como Gastos del Procedimiento para una clarificación mayor que los distinga de los Derechos Causídicos, si bien, están sujetos a IVA y retención fiscal del IRPF por ser un Derecho arancelario genérico. Ejemplo de estos Gastos del Procedimiento son las copias, dietas, gestiones no causídicas como cumplimentaciones de oficios, mandamientos ,diligencias o actos de comunicación singulares en las que no es preceptiva la presencia del Procurador por mandato legal al facultar el Juez al portador su diligenciamiento ,pero que parece más acertada la intervención del Procurador por las razones indicadas de inmediatez.

La práctica más usual es la de diferenciar en la minuta del Procurador entre Derechos (sin distinguir los causídicos y los no causídicos y mezclando en aquellos aspectos como los derechos por obtención de copias o de salida con los derivados de cumplimentaciones) y suplidos.

　Como toda norma el arancel es interpretable en su aplicación, pero en definitiva cada concepto arancelario responde a una actuación determinada que tiene su correspondencia con una petición concreta al Juzgado o con una diligencia efectuada, correspondiendo los Derechos causídicos generales de tramitación en toda clase de procedimientos( artículo 1 del arancel) a la retribución por dicha tramitación ,consistente en la liquidación y notificación de plazos al Letrado y traslados a las partes , en la asistencia como representación procesal al juicio, en la calificación procesal de las notificaciones efectuadas por el Juzgado, calificación coadyuvante a la del Letrado, y por la presentación ante los órganos judiciales en los plazos previstos en la ley de cuantos escritos requiera el procedimiento.

En este sentido el arancel, como tabla retributiva, se estructura a modo de resumen en torno a tres grandes aspectos:

A-Retribuye solicitudes: Concretamente la realización por el Procurador por mandato del Letrado de escritos procesales bajo su responsabilidad sabiendo que se solicita, cuando se solicita como se solicita y para que se solicita

B-Retribuye cumplimentaciones de gestiones procesales: Actuaciones procesales del Procurador en Diligencias que implican salidas, desplazamientos, seguimiento de gestiones ante diferentes oficinas públicas o privadas y la obtención de un resultado de dicha gestión en el plazo legal correspondiente y en los términos que la ley exige.

C-Retribuye la representación procesal técnica al Justiciable, o lo que es lo mismo, la supuesta pericia en el conocimiento del procedimiento, la asistencia a los Tribunales para comparecer en Juicio ,la presencia para la recepción de notificaciones de los Órganos Judiciales y su traslado en plazo al Letrado, el traslado a las partes del proceso de cuantos escritos se presenten ante el Tribunal en plazo y la liquidación de los plazos, así como la calificación procesal coadyuvante a la del Letrado de cuantas resoluciones se dictan o peticiones realizan las partes.

Consecuentemente la función atribuida por la Ley al Procurador en el proceso exige de este una estructura organizada de recursos físicos y humanos (habilitados,contables,adminitrativos,informáticos,ofimáticos,amén de ordenadores, faxes, copiadoras, teléfonos, archivos) dimensión de estructura y recursos que vendrá determinada por su mayor o menor actividad profesional ,pero que cualquiera que sea esta requerirá una estructura básica para el cumplimiento de los fines encomendados y a la que habrá de hacer frente con las retribuciones que el arancel establece a su función.

Parece pertinente, no por desconocido, reiterar en aspectos procesales las diferencias entre solicitud y cumplimentación. Solicitud y Cumplimentación-no solo tienen significados lingüísticos diferentes sino procesalmente distintos. Realizar un escrito solicitando algo del Juzgado es diferente a cumplimentar tramitando lo que nos han concedido como consecuencia de nuestra solicitud. El Arancel lo distingue, artículos 24 y 83. Un escrito puede contener diversas peticiones, que por economía procesal se solicitan en un solo escrito, al igual que una sentencia puede conceder diversas peticiones en una sola sentencia, no siendo necesario que se dicte más de　 una sentencia por la resolución de cada petición formulada al Tribunal en la misma demanda. Por estas razones, aplicando un mismo arancel, los conceptos incluidos en las minutas de los Procuradores pueden variar de unos a otros, como consecuencia de una interpretación diferente de la norma. Un escrito con muchas solicitudes, o un escrito para cada solicitud nada difiere sobre el hecho de que cada solicitud genera un Derecho arancelario(artº24.2) A su vez cumplimentar ,llevar a cabo lo solicitado pertenece a otra categoría. Se solicita un mandamiento al Registro para asegurar un bien y entregado el mandamiento a la parte esta lo cumplimenta y lo devuelve cumplimentado con otro escrito para su unión a autos. La solicitud, la cumplimentación y la devolución cumplimentado al Juzgado son tres actos diferentes que implican un trabajo, una actividad diferenciada del Procurador y a la que la propia ley impone sus tiempos y actuaciones diferenciadas. (Véanse Arts. 172.2,174, 175.2 y 176 de la LEC)

En muchos casos la aplicación arancelaria no ha sido clarificada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo al no haber llegado todas las controversias hasta el mismo. Por ejemplo: ¿Procede girar concepto arancelario por cada solicitud al Tribunal, aunque se efectúen todas en un solo escrito, o lo procedente es girar importe por el escrito presentado, al margen de las solicitudes formuladas en el mismo? ¿Se deben de considerar actuaciones superfluas o no necesarias si se girara derecho por cada petición?

Las peticiones de los abogados en sus demandas tienen sustantividad propia y originan mayor o menor honorario según las peticiones concedidas por el Juzgado o Tribunal en la sentencia, incluso se devenga honorario por las peticiones en si mismas dirigidas al Tribunal (véase en normas Orientadoras de Honorarios a Abogados ICAV solicitud de entrega de consignaciones pedida al Tribunal)

Todas estas cuestiones no son nimias, pues la ausencia en muchos casos de interpretación Jurisprudencial, por las razones aludidas, crea un vacío del que pueden seguirse dos consecuencias: Una interpretación extensiva del arancel que pudiera dar lugar a abusos en su aplicación o una interpretación restrictiva que pudiera originar una competencia desleal en la aplicación de los precios legales ,en lo que puede suponer omisión deliberada en su aplicación.

Otra cuestión de calado que se suscita es la siguiente: ¿En un mercado, teóricamente libre, cabe introducir precios regulados arancelariamente que pudieran en definitiva suprimir la competencia?

La respuesta no es sencilla ni pacífica, pero analicemos si el arancel es socialmente beneficioso y si es contrario a 　 la competencia, amén de que el presente arancel introduce la posibilidad, respecto a sus precios, de una disminución o aumento del 12%.

La Justicia y su Administración, como organización, si bien son servicios públicos, además de un poder del Estado en lo que se refiere a aquella, pueden acceder a solicitarla, en los términos que establecen las leyes, todos los ciudadanos en España, configurándose como un Derecho Constitucional la obtención de su tutela. Para ello no es un obstáculo la ausencia de recursos económicos, al existir la posibilidad de invocarla gratuitamente con Abogado y Procurador de oficio para quien acredita, conforme a ley, tal insuficiencia económica. Sin embargo no es menos cierto que cuando no se posee el beneficio de Justicia Gratuita y en la controversia judicial se pierde en costas, los precios a aplicar revisten especial importancia particularmente para el vencido, aunque se limite preceptivamente la solicitud inicial para intereses y costas.(artº 575 LEC) y la condena en costas (Artº 394 LEC).

En un mercado libre y de competencia podría el profesional jurídico determinar libremente su honorario en el　encargo profesional realizado por un cliente y antes de iniciarse el pleito, en un ejercicio de transparencia, poner en conocimiento de las partes a litigar los precios que han establecido los profesionales por el encargo que se les ha efectuado, a los efectos de que cada parte fuera consciente de lo que podría suponer una perdida en costas.

Esta sería una aplicación pura de un sistema de precios libres, que ni siquiera tendría sentido matizarla con un sistema de precios orientativos, establecidos corporativamente. Si esto fuera así, a la postre, se convertirían de hecho en precios regulados corporativamente sin un amparo legislativo directo como es el caso del arancel. En la práctica, a los honorarios de los Abogados en las tasaciones de costas se les vienen aplicando los precios mínimos orientativos que establecen los Colegios de Abogados. Nos encontramos de facto con un precio regulado y además con　 una aplicación de máximo en la tasación de costas, cuando en realidad es corporativamente recomendado como aplicación de mínimo y todo ello al margen de la singularidad que pueden ofrecer los pactos de cuota litis ya admitidos legalmente.

Un sistema de precios libres en actuaciones ante los Tribunales, entiendo, que no es socialmente beneficioso, pues primaría a los más potentes económicamente que podrían contratar los servicios de los profesionales que se supone son más capacitados y por ende probablemente más caros.

Si realmente el precio fuera libre, consecuencia de la oferta y demanda, cuando se repercutiera a la parte vencida en costas, nada se podría oponer si se es consecuente con el planteamiento de precios desregulados, ya que si los mismos fueran establecidos o ponderados judicial, normativa o corporativamente, nos encontraríamos, de hecho, con un precio regulado y consecuentemente con un sector de los servicios, de facto, intervenido en sus precios.

Entiendo, que parece socialmente más ecuánime en servicios profesionales relacionados con la Justicia regular arancelariamente la intervención de los profesionales en la misma por un principio de seguridad jurídica, de equilibrio entre las partes y en un intento de evitar las importantes consecuencias económicas a las que podría verse abocado quien perdió un pleito y tiene que hacer frente a la minuta de profesionales resultado de la oferta y demanda del mercado. (Este es el sentido de la exposición de motivos del RD 1373/2003 por el que se aprueba el arancel de los Procuradores de los Tribunales)

En un sistema de precios libres no parece pudiera obligarse a un profesional liberal de reconocido prestigio, competencia y resultados　 ,ni a nadie, a minutar a la parte contraria vencida, en una controversia judicial, por debajo de lo pactado en un encargo de servicios que incluso las partes conocían antes de iniciar el pleito. Estaríamos de hecho en un sistema de precios regulados e intervenidos.

En otro orden de cosas en nuestro contexto Europeo existen infinidad de actividades con precios regulados. Unos lo están directamente con soporte legal y otros con precios establecidos de hecho por unos pocos concurrentes al mercado como consecuencia de la aparición de oligopolios. Estos son posibles, en muchos casos, por las restrictivas exigencias de los Estados para concurrir a determinados sectores económicos, sin duda justificadas por razones de dimensión y competitividad internacional entre otras, pero que otorgan de hecho posiciones dominantes en el mercado a empresas y grupos, los cuales a la postre tienden a　establecer sus condiciones y precios aunque existan mecanismos de control.

Atribuir a los precios regulados de los Procuradores responsabilidades en la inflación, cuanto menos es ignorancia, tras 12 años de congelación de precios arancelarios y si tenemos en cuenta que la relación de precios por cumplimentar una gestión ante una oficina pública un Abogado o un Procurador es de más de cinco a uno comparando honorarios orientativos del Abogado por aquella gestión y precio arancelario por la misma del Procurador. (Ver norma 2 Honorarios 2002 ICAV 72,12.-€ y Art. 83 Arancel Procuradores 2003 13.-€). Si bien es cierto que las cuantías de los procedimientos suben, lo que actúa como elemento corrector del precio, no lo es menos que las cantidades fijas quedan absolutamente desfasadas y en auténtica práctica de "Dumping legal" frente a concurrentes al mercado que efectúan actuaciones reguladas no causídicas del Procurador a precio libre.

¿En el caso de los Procuradores de los Tribunales la existencia de un precio regulado arancelario anula la competencia?

La respuesta parece negativa, en base a dos razones: El justiciable puede elegir entre uno u otro profesional al　no existir una limitación unipersonal de actuación exclusiva ni por razón de la materia ni por razón del territorio. Muchos Procuradores pueden ejercer en un partido judicial y nadie tiene exclusividad en materias jurídicas o en aspectos procesales concretos. La segunda razón es que la existencia de precio regulado y cierto no impide que el profesional otorgue más servicios de valor añadido al cliente o justiciable por el mismo importe del precio regulado para actuaciones concretas, incluso pueda moverse en la banda del más menos 12% sobre el precio arancelario admitido por la norma, lo que supone una competencia entre profesionales no solo en precio sino por otorgar valores añadidos en beneficio del cliente que en definitiva fidelizará su relación con el profesional que　 más servicios con valor añadido otorgue por el mismo precio. Es decir habrá competencia.

Un sistema de precios regulados, en el ámbito al que me refiero, tiende a　impedir a su vez posibles prácticas corporativas restrictivas de la competencia, pues tienen una doble persecución legal: La derivada de la aplicación de los derechos de defensa de la competencia y la derivada de la propia norma arancelaria. Por otro lado obstaculiza la tentación de fijar precios por quienes ocupan posiciones de situación dominante en los mercados.

No parece tener sentido un escenario con regulación arancelaria exclusiva de precios máximos, pues con ello lo que se efectúa es un tratamiento desigual en el "mercado", en el que no se podría superar un precio pero sí reducirlo, dejando en definitiva a merced de quienes ocupan posiciones dominantes en aquel la fijación de los mismos y con la garantía para aquellos de que los precios no superarían los límites de máximo establecidos legalmente. Más bien parecería un　 caso de incoherencia de quienes mantienen la tesis de la desregulación de precios y la defensa de la competencia ,por las razones explicadas, y supondría una disfunción de la finalidad del arancel.

Las alternativas entiendo que son básicamente dos en el ámbito de los profesionales liberales relacionados con la Justicia: Precios fijos preceptivos por regulación legal o precios libres sin ponderaciones.

La actual Administración ha optado en el caso de los Procuradores de los Tribunales por precios arancelarios fijos con la posibilidad de moverse en una banda de un más menos 12% respecto a los mismos.

Parece que la parte de la banda que permite elevarlos al 12%, está pensada para mitigar a través del tiempo lo que puede suponer una congelación arancelaria durante años. Piénsese que el anterior arancel estuvo "congelado" durante 12 años y tan solo ha subido ahora un 10%, que si pensamos abre la posibilidad de descontar al mismo un 12% nos situaríamos con precios más bajos que en el anterior arancel no sirviendo de elemento corrector el aumento de cuantías de reclamación, en cuanto que las cantidades fijas de derechos independientemente de las cuantías que se debaten sufrirían en el supuesto indicado una baja respecto al anterior arancel. No obstante la posible aplicación de aumento del 12% facilitará y parece socialmente aceptable, ante una falta de revisión periódica del arancel, ir adaptando este a lo sucesivos aumentos del IPC, ya que aumentos 0 del IPC o disminuciones no parecen probables.

La posibilidad de disminuir el 12% el arancel, más que responder como última finalidad a introducir mecanismos de competencia, parece responder a una concesión a los "grandes consumidores de la Justicia y su Administración "que suelen coincidir con las grandes entidades financieras, que se han visto obligadas como sujetos pasivos al pago de la tasa por el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional. La posibilidad de pedir por estas corporaciones a los Procuradores ese 12% de reducción parece que trata de paliar el golpe que ha supuesto para las mismas la referida Tasa. Aunque, parece claro que el "descuento" a efectuar el Procurador en su Derechos arancelarios siempre estará en función del volumen de asuntos que le entregue un cliente para su tramitación o en la imposibilidad del Procurador de dar valores añadidos a sus servicios por un mismo precio.

Respecto a la interpretación arancelaria parece conveniente, que ante un arancel nuevo y una posible interpretación restringida del mismo o su posible inaplicación en determinados supuestos por los Secretarios Judiciales ,hubiera una puesta en común de criterios entre Secretarios y Procuradores, si bien no parecería desacertado recurrir a la impugnación de tasaciones de costas con el único fin de que la Jurisdicción despejara sombras donde Secretarios Judiciales y Procuradores no lo consiguieron. En este sentido la búsqueda de una Administración de Justicia eficiente debería llevar al Procurador, en defensa de los intereses de los Justiciables, a sensibilizar por los conductos legales existentes que la realización de actuaciones de oficio lo fueran realmente en toda su extensión.

A modo de ejemplo: Si un mandamiento Judicial de aseguramiento de bienes dirigido al Registro de la Propiedad el Juzgado quiere tramitarlo de oficio o no va a admitir en condena en costas la inclusión de su tramitación por la parte ,consecuentemente quien tramitó de oficio habrá de velar por la liquidación fiscal del Impuesto preparando la consiguiente autoliquidación y tramitarla, habrá de proceder a la presentación en plazo al Registro del mandamiento en evitación de la caducidad de asientos, habrá de notificar en plazo a la parte para su posible subsanación de defectos si los tuviera ,así como habrá de vigilar sobre las posibles prorrogas del asiento de presentación que evite su caducidad, requiriendo a la parte para que en la cuenta de consignaciones Judiciales deposite los importes de los gastos que dicha tramitación produzca. Si la Administración de Justicia carece de medios para ello no parece que deba de gravitar la actuación de oficio en la parte al no admitirse su inclusión en costas el mandamiento tramitado por la parte , sobre todo cuando no se trata de actuaciones en interés de parte sino del procedimiento, cuestión esta que no es este el lugar para tratarla. (Ver RCL 1978,2836 y ApNDL 2875, así como Fairén Guillén en La Ley de Reforma Urgente de la LEC Madrid 1985,Pag 210)

Para facilitar una interpretación del arancel actual se adjuntan a continuación unas tablas de conceptos a aplicar para diferentes actuaciones del Procurador y que tratan de informar y ser una ayuda a la minutación por estos. Teniendo que aclarar que se trata de una interpretación arancelaria, y por ello subjetiva.

No se recogen todas las actuaciones y son criterios de minutación al amparo de resoluciones judiciales anteriores sobre aspectos conceptuales, lo que no significa que existan otros criterios interpretativos de la norma. (Hay resoluciones que consideran la designación hecha por el Procurador de bienes a embargar como una actuación tendente a asegurar el resultado del procedimiento y devengadora de Derecho y compatible con la solicitud del mandamiento para aseguramiento del bien, si bien ambas tratan de asegurar el resultado del procedimiento la una es una medida genérica y la otra específica sobre un bien o grupo de bienes. Ver Arancel Art. 24.2)

Hay que indicar que los Procuradores de los Tribunales ven sus minutas fiscalizadas, en los casos en los que se tasan costas para ser pagadas por los contrarios que fueron vencidos y condenados a su pago, por los Secretarios Judiciales como Fedatarios Judiciales que son y porque la ley así lo preceptúa.(Artº243 LEC)

Las Costas Tasadas explicitan los conceptos que deben de pagarse por la parte contraria condenada en costas, pero no determinan los conceptos de obligado pago por el poderdante que contrató los servicios del Procurador.

La garantía de un aplicación arancelaria adecuada al poderdante por el Procurador queda abierta mediante el correspondiente informe que se puede recabar al efecto por el justiciable del respectivo Colegio de Procuradores y en último término en el amparo otorgado al justiciable por los Tribunales al tratarse de la aplicación de una norma legal siendo esta, en definitiva, la máxima garantía para un ciudadano.

Sobre la preceptividad del Procurador en determinados procedimientos Judiciales en España en un escenario futuro no es objeto hoy de este comentario, mas tan solo señalar que la Administración de Justicia en España por historia, inmediatez, conocimiento y practicidad ha tenido en la Procura el más nítido y leal coadyuvante, permitiendo la labor de la Procura suplir en muchas ocasiones una insuficiencia de medios de la Oficina Judicial, insuficiencia que parece ya cada vez más lejana, sin que dicha labor se haya reconocido, antes bien, lejos de compenetrarse Administración de Justicia y Procura en la búsqueda de una eficiencia para el justiciable se han visto actitudes de recelo y desconfianza ,tales como considerar el arancel un privilegio. Es seguro que tales actitudes habrán de desaparecer so pena de que la sociedad, que es la que paga con los impuestos los servicios públicos, por los medios legales a su alcance imponga lo que es un Derecho Constitucional: Un proceso público sin dilaciones indebidas.

En este sentido no parece imposible lo que en algunos foros de estudio se ha lanzado como idea y que no extrañaría formase parte de algún programa electoral llegado el momento ante el desasosiego de muchos consumidores y usuarios de los servicios de la Administración de Justicia: La gestión privada de la Oficina Judicial, trayendo como caso ejemplificador la concesión administrativa de la recaudación ejecutiva municipal a entidades privadas o la prestación sanitaria. No logro imaginar al Corte Inglés gestionando la Oficina Judicial. Si fuera así y funcionara al mismo coste que la actual Oficina constataríamos el fracaso de las Organizaciones Profesionales, los Sindicatos, los Colegios Profesionales, los Responsables políticos y de cuantos de una forma u otra tratamos de lograr para los Justiciables un procedimiento sin dilaciones indebidas.

Concluyendo, el arancel nos obliga a todos. Un escenario de supresión futura del mismo contrariamente a algunas opiniones, debería de analizar su impacto sobre un posible aumento de los precios. Así mismo su congelación, como la que existió durante todos estos años, y la presencia de bandas de oscilación del precio pudiera dar lugar a situaciones de "Dumping legal". Con todo, es de esperar, que el Tribunal de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, sea activo no solo en la persecución de prácticas restrictivas de la competencia ,sino en las también tipificadas prácticas de abuso de posición dominante. Todo ello en nombre de un mercado nítido y abierto a los consumidores."

TASAS JUDICIALES

La regulación de las Tasas Judiciales en 2016 ha quedado modificada tras la　Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 21 de julio de 2016, por la que se declara la INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE,POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA Y CIENCIAS FORENSES.

　 La normativa viene recogida en las siguientes normas

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 　(BOE,　21-noviembre-2012)　　

Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación. 　(BOE,　12-mayo-2015)　　

Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. 　(BOE,　30-marzo-2013)　　

Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. 　(BOE,　23-febrero-2013)　　

Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. 　(BOE,　15-diciembre-2012)　　

Las Tasas Judiciales que permanecen vigentes desde 2016.

Se mantienen vigentes, sólo para las personas jurídicas que no resulten beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita o se trate de alguno de los supuestos de exención objetiva previstos en el apartado 1 del artículo 4　 de la Ley reguladora, las siguientes cantidades fijas en el orden jurisdiccional civil:

Modalidad	Importe (€)
Verbal y cambiario	150€
Ordinario	300€
Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental Concurso	100€
Ejecución Extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales	200€
Concurso necesario	200€

　 INFORMACION GENERAL SOBRE LAS TASAS JUDICIALES

La tasa judicial es un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos las personas jurídicas por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La posibilidad de exigir el pago de estas tasas a las personas jurídicas entró en vigor el 1 de abril de 2003, si bien desde la entrada en vigor de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, fueron exigibles también a las personas físicas hasta el 1 de marzo de 2015.

Esta Ley fue modificada en dos ocasiones; la primera, por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero y, la segunda, por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. La novedad más importante de esta segunda modificación fue la supresión de la tasa judicial para las personas físicas en todas las jurisdicciones e instancias, ya que desde la entrada en vigor de la Ley de 2012 se había exigido también a las personas físicas.

　 1. Quién está obligado a pagar la tasa judicial 　 El artículo 3 indica que es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.

2. Trámites en los que es obligatorio abonar esta tasa

　 El artículo 1 de la Ley 10/2012 establece que la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

　 Y conforme al artículo 2, constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:　

La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

　　　 1. Quién NO tiene que pagar la tasa　

Las personas físicas.

Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

Las comunidades de Propietarios.

El Ministerio Fiscal.

La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

　　　　 2. Trámites en los que NO hay que pagar la tasa:

　 La interposición de demanda cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo

Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

En qué momento es obligatorio realizar el pago de la tasa ( Devengo de la tasa )

Sólo en el orden civil : Es preciso acreditar que se ha producido el pago en el momento de la interposición del escrito de demanda (o, en su caso, de la formulación de reconvención); Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo; Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados; Presentación de demanda incidental en procesos concursales; Esquema para realizar el pago de la tasa

　 Determinación de la cuota tributaria

La cuota tributaria está SOLAMENTE compuesta por la suma de una cuota fija que se determina en función de la clase de procedimiento civil que se trate.

Cuota fija en el orden Jurisdiccional Civil:

Modalidad	Importe (€)
Verbal y cambiario	150€
Ordinario	300€
Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental Concurso	100€
Ejecución Extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales	200€
Concurso necesario	200€

Se establece una bonificación general del 10 % de la cuota tributaria en los supuestos de presentación telemática de los escritos que originan el devengo de la tasa.

Autoliquidación y pago

Los sujetos pasivos deberán presentar en todo caso el modelo 696 establecido por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, y, en su caso, autoliquidar la deuda tributaria, con carácter previo a la presentación del acto procesal de parte correspondiente QUE SERA PRESENTADA DE FORMA TELEMATICA desde la web de la AEAT:　

Los Letrados de la Administracion de Justicia no darán curso a los escritos que no acompañen el justificante de la autoliquidación, hasta que tal omisión sea subsanada, a cuyo efecto se concederá un plazo de diez días.

Devoluciones

Los sujetos pasivos que hayan liquidado la tasa tendrán derecho a devoluciones:

- Del 60 % del importe abonado, si se produce el allanamiento total de la parte demandada o se alcanza un acuerdo que ponga fin al litigio.

Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación.

- Del 20 % del importe cuando se acuerde una acumulación de procesos.

Esta devolución se hará efectiva a través de la presentación del modelo 695 establecido por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, disponible a partir del 1 de　junio de 2013.

Acceso:

Las devoluciones anteriores al 1 de junio de 2013 no darán　lugar　en ningún caso al devengo de intereses de demora. A partir de esa fecha, si podrán devengarse intereses de demora transcurridos 6 meses desde la presentación de la solicitud sin que Hacienda haya acordado el pago.

Forma de presentación de los modelos 695 y 696

- Solamente de forma telemática -　

　 Puede accederse a las consultas Tributarias en la sede electrónica de la Direccion General de Tributos de la Secretaría de Estado de Haciena en el siguiente enlace: https://petete.minhafp.gob.es/consultas/

DEPOSITOS PARA RECURRIR

El depósito para Recurrir viene regulado en la Ley 1/2009, de 3 de Noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantacion de la nueva oficina judicial. (BOE 4 de Noviembre

NORMATIVA:

«Decimoquinta. Depósito para recurrir. 1. La interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto. En el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular. En el orden social y para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, el depósito será exigible únicamente a quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de a Seguridad Social.

2. El depósito únicamente deberá consignarse para la interposición de recursos que deban tramitarse por escrito.

3. Todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará como depósito:

a) 30 euros, si se trata de recurso de queja.

b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde.

c) 50 euros, si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal.

d) 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina.

e) 50 euros, si fuera revisión.

4. Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el secretario Judicial.

Se excluye de la consignación de depósito la formulación del recurso de reposición que a ley exija con carácter previo al recurso de queja.

5. El Ministerio Fiscal también quedará exento de constituir el depósito que para recurrir viene exigido en esta Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos quedarán exentos de constituir el depósito referido.

6. Al notificarse la resolución a las partes, se indicará la necesidad de constitución e depósito ara recurrir, sí como la forma de efectuarlo.

La admisión del recurso precisará que, al interponerse el mismo si se trata de resoluciones interlocutorias, a la presentación del recurso de queja, al presentar la demanda de rescisión de sentencia firme en la rebeldía y revisión, o al anunciarse o prepararse el mismo en los demás casos, se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado o del Tribunal, la cantidad objeto de depósito, lo que deberá ser acreditado.

El Secretario verificará la constitución del depósito y dejará constancia de ello en los autos.

7. No se admitirá trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Si el recurrente hubiera incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito, se concederá a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto, con aportación en su caso de documentación acreditativa.

De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita la demanda, quedando firme la resolución impugnada.

8. Si se estimare total o parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de sentencia, en a misma resolución e dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

9. Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, al que se dará el destino previsto en esta disposición.

10.Los depósitos perdidos y los rendimientos de la cuenta quedan afectados a las necesidades derivadas de la actividad del Ministerio de Justicia, destinándose específicamente a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita, y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia. A estos efectos, los ingresos procedentes de los depósitos perdidos y los rendimientos de la cuenta generarán crédito en los estados de gastos de la sección 13 Ministerio e Justicia".

11. El Ministerio de Justicia transferirá anualmente a cada Comunidad Autónoma con competencias asumidas en materia de Justicia, para los fines anteriormente indicados, el cuarenta por ciento de lo ingresado en su territorio por este concepto, y destinará un veinte por ciento de la cuantía global para la financiación del ente instrumental participado por el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, encargado de elaborar una plataforma informática que asegure la conectividad entre todos los Juzgados y Tribunales de España.

12.La cuantía del depósito para recurrir podrá ser actualizada y revisada anualmente mediante Real Decreto.

13.La exigencia de este depósito será compatible con el devengo de la tasa exigida por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

14.El depósito previsto en la presente disposición no será aplicable para la interposición de los recursos de suplicación o de casación en el orden jurisdiccional social, ni de revisión en el orden jurisdiccional civil, que continuarán regulándose por lo previsto, respectivamente, en la Ley de Procedimiento Laboral y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cada tipo de recurso tiene una cuantía fija definida, que se expresa en la siguiente relación.

COD. NOMBRE DEL RECURSO:	IMP.
00 Civil- Reposición	25 €
01 Civil- Revisión de resoluciones Secretario Judicial 25 €	25 €
02 Civil- Apelación	50 €
03 Civil- Queja	30　€
04 Civil- Extraordinario por infracción procesal	50　€
05 Civil- Rescisión de sentencia firme a instancia de rebelde	50　€
06 Civil- Casación	50　€
07 Civil- Revisión Sentencia Firme	300　€
10 Penal- Reforma / Súplica	25　€
11 Penal- Revisión de resoluciones Secretario Judicial	25　€
12 Penal- Apelación	50　€
13 Penal Queja	30　€
14 Penal- Casación	50　€
15 Penal- Revisión de sentencia firme	50　€
20 ConT. Reposición -Súplica	20　€
21 Cont. Revisión de resoluciones Secretario Judicial	25　€
22 Cont. Apelación	50　€
23 Cont. Queja	30　€
24 Cont. Casación	50　€
25 Cont. Revisión de sentencia firme	50　€
30 Social- Reposición / Súplica	25　€
31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial	25　€
32 Social- Queja	30　€
33 Social- Revisión de sentencia firme	50　€
34 Social- Suplicación	150.25　€
35 Social- Casación	300.51　€

Si se estimare total o parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de sentencia, en a misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito que se devolverá a la persona que lo consignó. Sin embargo si se inadmite el recurso o la demanda o se confirme la resolución recurrida, el depósito se destinará a sufragar los gastos correspondientes al derecho de asistencia jurídica gratuita y a la modernización e informatización de la justicia. El 40 % de lo que se recaude en cada territorio irá destinado a la Comunidad Autónoma del mismo si tiene competencias en la materia y el 20% restante irá al ente encargado de elaborar una plataforma informática que asegure la conectividad entre todos los Juzgados y Tribunales de España

LEY OMNIBUS

Puede tratarse de una de las reformas que más han afectado a la Procura dejando sin efecto el principio de territorialidad que se imponía el Estatuto General de la Procuradores de los Tribunales siendo obligatorio para el Procurador residir en el territorio o demarcación judicial en que actúe, debiendo "en todo caso" mantener despacho abierto en la misma localidad donde tuviera su sede el Colegio correspondiente, o el Juzgado en que ejerza la profesión.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en su artículo 48 procede a la modificación de la Ley 34/2006, de 30 de Octubre sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales quedando modificada la Disposición adicional primera de dicha ley, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales en los siguientes términos:

«Disposición adicional primera. Libertad de establecimiento.

El ejercicio permanente en España de la profesión de abogado o procurador y la prestación ocasional de sus servicios con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se regulará por su legislación específica.»

Con ésta nueva normativa la profesión del Procurador que en virtud del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, regulado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de Diciembre tenía un carácter territorial conforme al Artículo 13; sobre el ejercicio en una demarcación territorial, liberaliza y permite el ejercicio de la profesión en todo el territorio español sin exigir la limitación territorial que venía existiendo.

El referido Artículo 13, no obstante ya fue declarado nulo por STS de 21.02.05 y se le dio nueva redacción por Real decreto 351/2006, de 24 de marzo, BOE 12 Abril 2006) si bien la Sentencia de 21 de enero de 2009, (BOE 09.03.09) del Tribunal Supremo, Sala III de lo Contencioso-Administrativo, anula el 　Real Decreto 351/2006 por el que se modifica el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, quedando liberalizado el ejercicio de la profesión de Procurador que podrá ya ejercer en todo el territorio nacional sin limitación alguna, debiendo colegiarse al menos en un Colegio de Procuradores.

Dejo aquí el post de Eugenia Navarro en su Blog Fuera de la Ley publicado el 31/10/2013:

"La llamada Directiva de Servicios del Parlamento Europeo (Bolkenstein) limita las restricciones a las actividades multidisciplinares de las profesiones reguladas, indicando que dichas restricciones deben responder a criterios de proporcionalidad, no discriminación y sobre todo "necesidad". En este sentido pueden verse afectados de pleno los procuradores. Las implicaciones que tiene la trasposición de esta ley hacen temblar las bases de esta profesión y dicho sea de paso, puede provocar que se resienta gravemente la administración de justicia. Efectos de esta trasposición sería la eliminación de incompatibilidad entre abogados y procuradores e incluso otras profesiones (graduados sociales) y replantearía también los sistemas de facturación arancelarios, por suponer una restricción a la libre competencia no justificada debiendo establecerse un sistema de precios libremente fijado entre cliente y proveedor.

Me parece un momento extremadamente crítico para la profesión de procurador, pero creo que es el momento de reinventarse para adaptarse a las necesidades legales que requiere el momento. Como en todos los servicios legales y no legales, si no se percibe el valor por parte de los clientes, las posiciones de intermediarios tienden a desaparecer. Pero intrigada por el tema, he descubierto que los clientes sí que perciben valor en el trabajo de los procuradores, tal vez no de todos pero sí de muchos. La supervivencia de la profesión dependerá de la evolución hacia esos servicios que añaden valor en el proceso de compra venta

Además, creo que la Directiva deja claro la relación entre la "necesidad" e "interés general" y a día de hoy, insisto, la Administración de Justicia quedaría resentida si desapareciese la profesión. Pero creo que bien entendida, se puede brindar una oportunidad para modernizar la profesión y que sirva como un elemento dinamizador para mejorar la administración de justicia tan extremadamente necesario en los tiempos que corren.

No creo que la supresión de los aranceles sea un problema en una concepción de negocio en el sector legal, eso sí, los precios irán a la baja, pero es que en general los servicios jurídicos también están viviendo una guerra de precios. Es la ley de la oferta y demanda. Pero a pesar de que la profesión puede verse malograda por estos cambios legislativos también se verá reforzada para los que añadan valor, y hay muchos procuradores que añaden valor: el conocimiento de los juzgados, del proceso, las ejecuciones... Lo que no puede ser es un colectivo estático o acomodado, si no un colectivo que debe evolucionar y que seguro que es capaz de hacerlo.

El procurador deberá asumir un nuevo rol, tal vez nuevas funciones. 　La transición a ese nuevo rol, debe aprovechar los conocimientos que tiene el colectivo para usarlos en beneficio de la justicia y en definitiva de los clientes y ciudadanos. Los plazos de cambio deben tener sentido y deben adaptarse a la realidad, pero para mejorarla y no para generar un problema aún más grave.

No creo que los aranceles sea el tema clave, estamos ante un planteamiento de reconversión mucho más profundo. Pactar los precios con el cliente es lo que debe ser, los sistemas arancelarios en mi opinión tienen poco sentido si no van vinculados a la descripción de un trabajo específico y unas tareas.

Pero ahí queda el gran reto para los procuradores, que deberán formarse y entender que ser procurador es un negocio en el sector legal y que deberán gestionarse como una empresa. La reconversión pasará por formación y por tener conocimiento para aplicar criterios empresariales de gestión. Creo que el colectivo saldrá reforzado, pero sólo los que sepan aportar valor de manera proactiva. La clave estará en una transición que entienda muy bien la situación real de la justicia, el valor que aportan los procuradores y en el entendimiento de las necesidades de los clientes o ciudadanos. Lo que para mí no es válido son trasposiciones que no tengan en cuenta la aportación de valor del colectivo para rescatarlo e incorporarlo en beneficio de todos."

Ya en el año 2.010 a través del "Boletín Vihop", el gran Procurador, amigo y maestro Jesus Rivaya hacía referencia a ésta cuestión exponiendo:

"Sobre la transposición de la Directiva 2006/123/CE a las actividades de servicios y las actuaciones de los profesionales jurídicos ante Juzgados y Tribunales Españoles

La transposición a la legislación interna Española de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, referida a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios), dió lugar al mandato del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de agosto de 2008, sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

Como consecuencia de dicho mandato el Ministerio de Economía y Hacienda elaboró junto con el resto de Ministerios una propuesta de modificación de la normativa Estatal de rango legal dirigida a garantizar el principio de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio que se concretó en la Ley Ómnibus.

Hoy la vigente Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ha sido uno de los efectos legales de la Ley Ómnibus.

En la Ley 25/2009, en lo que afecta o puede afectar a la profesión del Procurador de los Tribunales, nada se recoge sobre una supresión de su arancel. La libertad de fijación de precios viene referida a las profesiones retribuidas por honorarios.

El legislador parece ha tomado buena nota, al transponer la Directiva, en no desregularizar las profesiones sometidas a Arancel, sin duda por el margen que la Unión le da al transponer, pudiendo establecer marcos regulatorios si se trata de la defensa de un interés general.

En otros aspectos la Ley ha sido sensible al interés social que supone la incompatibilidad de las profesiones de Abogado y Procurador, pero no parece haya estado acertada con la supresión del principio de territorialidad en la figura del Procurador de los Tribunales. Pese al interés general que puede suponer la inmediatez de la figura del mismo con la Administración de Justicia, inmediatez de todo punto necesaria y compatible aunque estemos en la sociedad de las TICs, no obstante no se ha recogido en la Ley dicho principio de territorialidad. Quizá un desarrollo reglamentario aclare este aspecto, dentro de lo normado, y resuelva los conflictos a los que puede dar lugar dicha supresión.

La ley, en un intento loable de no poner cortapisas a la colegiación preceptiva para ejercer determinadas actividades en los Colegios profesionales ha suprimido exigencias económicas que superen los meros costes de inscripción a los referidos Colegios. Esto que a primera vista puede parecer razonable va a crear de hecho un conflicto y una desigualdad manifiesta entre unos colegiados y otros. Dicha desigualdad estriba en que los colegiados inscritos en los colegios antes de la entrada en vigor de la ley tuvieron que soportar altos costes que redundaron, salvo en casos injustificados puntuales de mala administración o despilfarro, en las infraestructuras de servicios de los mismos. De estas Infraestructuras se beneficiaran los nuevos colegiados sin haber contribuido a las mismas con las cuotas de inscripción, no tratándose esta situación de un ejercicio solidario mutual. En el caso de los Procuradores de los Tribunales, curiosamente, dichas infraestructuras, en un alto grado, han redundado directamente en un interés público como consecuencia de la notificación Judicial encauzada a través de los sistemas de gestión de los Colegios de Procuradores o las infraestructuras de estos y las de los de los Colegios de Abogados han permitido dar un mejor servicio al turno de oficio.

Estas cuestiones como la existencia de un Arancel en ciertas profesiones, como la de Procurador, aunque esta no posea función pública, es un debate que debería resolverse de una vez por todas con los poderes públicos, con el Tribunal de Defensa de la Competencia, con la sociedad en general e incluso con los propios órganos de la Unión Europea garantes de la libre competencia en una economía de mercado.

Algunos Estados de la Unión poseen en sus sistemas jurídicos y jurisdiccionales operadores y peculiaridades difíciles de armonizar con la normativa Comunitaria, y ello no por defensa de intereses de clase o grupo en esos Estados, sino porque sus singularidades son parte esencial de su sistema legal y jurisdiccional; piénsese tan solo en las características del sistema jurídico Anglosajón en relación al sistema jurídico Continental, incluso en los diferentes operadores jurídicos ante los Tribunales de uno y otro sistema.

El Reino de España a través de Gobiernos de diferente signo ha emprendido como consecuencia de un consenso entre sus partidos mayoritarios (pacto por la Justicia), aunque con altibajos y disfunciones en su implantación, una reforma de la Justicia y su Administración, plasmada en numerosas leyes tendentes a modernizar aquella en múltiples ámbitos: Procesales, tecnológicos, dotacionales; ya sea directamente o a través de las competencias transferidas a las Comunidades autónomas y la voluntad de estas al respecto.

En todas ellas la figura del Procurador ha estado presente, considerando de hecho y de derecho su función como de interés general para la sociedad al dotarla de mayores atribuciones legales en su labor coadyuvante con la Justicia. Vease la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

El Estado Español con sus Comunidades Autónomas tienen y han tenido en la figura de los Procuradores unos operadores, que sin ser funcionarios públicos, han desempeñado un papel importantísimo en la agilidad de la Justicia y en la coadyuvación a una tutela efectiva de esta a los ciudadanos. Esta afirmación, al margen de cualquier manifestación retórica, ha sido así porque en las diferentes reformas legislativas lejos de prescindir de ellos ha sido al contrario; se les ha reforzado con la finalidad de agilizar y reforzar, complementando, las oficinas judiciales.

La consideración social adquirida por los Procuradores de los Tribunales , no solo por sus exigencias formativas y de dotación de recursos técnicos, no parece haya sido el efecto exclusivo de la meritoria labor explicativa a la sociedad y a los poderes públicos por parte de los responsables de la profesión, sino de la constatación real, "con números en la mano" ,por los poderes del Estado de la actuación de la Procura ante la Administración de Justicia y la percepción por esos poderes , especialmente por la propia Administración de Justicia y Jueces y Magistrados de la labor de los Procuradores ante ella en favor de los Justiciables coadyuvando a un procedimiento sin dilaciones indebidas, cuestión esta no contradictoria a que haya constituido la actuación profesional liberal ejercida por los Procuradores su medio de vida y el de los empleados a su servicio.

El debate sobre la oportunidad de la Procura hoy y su regulación estricta hay que abordarlo con absoluta claridad definitivamente sin visiones "corporativistas" ni de "mercado" y sin complejos .Para ello socialmente, entiendo, que habrá que responder con absoluta honestidad previamente a algunas cuestiones:

¿Es socialmente conveniente y positivo para nuestro Estado de Derecho desregularizar actividades relacionadas directamente con el interés público, como son las actividades ante la Justicia y su Administración de Procuradores y Abogados ¿

¿Las TICS por si mismas sustituirán la función de los Procuradores?

¿Puede la Justicia en España funcionar mejor sin los Procuradores?

¿Las actividades que realizan los Procuradores deben eliminarse por innecesarias o sus labores las deben realizar otros operadores o funcionarios más eficientemente?

¿Sería socialmente "rentable" que la función pública asuma las actividades que realizan los Procuradores, con el incremento de gasto público que ello pudiera representar si se suprimiera la preceptividad de su presencia ante la Administración de Justicia?

¿Impide o merma la libre competencia en el otorgamiento de un servicio de calidad al ciudadano el que la actuación del Procurador esté regulada arancelariamente por un interés general pudiendo el Justiciable elegir al mismo precio al Procurador que mayor valor añadido otorgue en el servicio de coadyuvación con la Administración de Justicia en beneficio del ciudadano?

¿Si los operadores jurídicos relacionados con la Justicia funcionaran a precio libre no se produciría para el ciudadano medio que busca tutela Judicial una desigualdad para poder acceder a la Justicia ,ya que posiblemente tendría que contratar profesionales a más alto precio respecto a los que contratara una Corporación privada que originara pleitos en masa y por ello podría obtener de los profesionales jurídicos precios más bajos por sus servicios ante la Justicia?

¿No sería razonable para la obtención de una igualdad de acceso a la Justicia por los ciudadanos que cualquier operador jurídico que intervenga ante ella tuviera su profesión rigurosamente reglada, incluso en su precio, para una mayor garantía hacia el ciudadano y evitar disfunciones y situaciones de posible abuso de posición dominante por cualquier generador de pleitos en masa?

¿Si establecemos un sistema de precios libres para los operadores jurídicos en sus actuaciones ante los Tribunales de Justicia y estamos en un sistema de libre competencia, las indemnizaciones a pagar por los Justiciables que perdieron en costas vendrían referidas a los importes pactados en las hojas de encargo a los profesionales contratados en un mercado libre para actuar ante los Tribunales y que previamente a un pleito la partes deberían de conocer si desean seguir pleiteando?

¿Si en nuestro sistema legal los Jueces y Magistrados solicitan de peritos judiciales la evaluación e informe de determinadas cuestiones debería dejarse al criterio de unos u otros la fijación o regulación de los precios de los profesionales que intervinieron en un pleito si se estuviera en un sistema de libertad de precios?

¿La sumisión de los Tribunales a precios orientativos en las tasaciones de costas no son en definitiva precios regulados que merman la competencia?

¿Es la legislación sobre defensa de la competencia el marco adecuado para la ordenación de las actividades de los operadores jurídicos ante Juzgados y Tribunales o los Tribunales administrativos de defensa de la competencia son los adecuados para sugerir criterios sobre las actuaciones de los operadores jurídicos ante Juzgados y Tribunales equiparando a aquellos a los concurrentes que actúan en un mercado de intercambio de bienes de consumo o de servicios no relacionados con la obtención de Justicia por los ciudadanos?

Estas cuestiones, entiendo, que son algunas a las que hay que dar respuesta. La competencia y la liberalización en la forma de desempeñar ciertas actividades puede lejos de corregir disfunciones en los sistemas de competencia crear situaciones caóticas e injusticias manifiestas.

En nombre del mercado y de la libre competencia la inexistencia de determinados marcos regulatorios, o la pasividad de los Estados en su exigencia en algunos sectores han puesto en peligro nuestros sistemas económicos y sociales obligando a tomar medidas regulatorias drásticas por los Estados.

Los aspectos relacionados con la Justicia, la igualdad de condiciones de los ciudadanos para acceder a la misma o la exigencia de actuaciones muy regladas de los operadores ante ella son cuestiones diferentes y no comparables con las actuaciones que rigen en los mercados de bienes y servicios. No querer entender esto puede poner en peligro determinados valores compartidos como Españoles y Europeos."

CONCLUSION

Con todo ello y en resumen, podemos significar algunas de las funciones más importantes que el Procurador de los Tribunales realiza para la correcta tramitación de los procedimientos y protección de los derechos del justiciable:

Recibe notificaciones del sistema LexNet.

Supervisa las notificaciones y gestiona que las mismas son correctas y adjuntan la documentación anexa. Gestiona personalmente en la Oficina Judicial sus incidencias.

Control de plazos y preavisos al Letrado.

Presentación telemática de demanda, escritos y documentos, procesando y catalogándolos.

Asiste a los juicios y comparecencias coadyuvando al Letrado.

Realiza actos de comunicación conforme al art. 152 LEC. Requerimientos, notificaciones, citaciones y emplazamientos, lanzamientos y embargos.

Efectúa consignaciones judiciales y depósitos para recurrir

Paga las tasas judiciales y sus devoluciones en la AEAT (modelos 696 y 695)

Retira y cobra los Mandamientos de devolución de los Juzgados.

Publica Edictos en los Diarios Oficiales, BOE y en el Registro Público Concursal "online". Controla las subastas y realiza las pujas.

Obtiene certificados en el Registro Civil, y en los Registros de la Propiedad.

Consulta y gestiona las cuentas de consignaciones judiciales.

Cumplimenta los Mandamientos de anotación de embargo, y certificaciones, en los Registros de la Propiedad y liquida modelo 600 en Hacienda. Gestiona anotaciones en el Catastro.

Obtener grabaciones del portal ARCONTE y facilitarlas al Letrado.

Pero sin duda el reto pendiente que tienen los Procuradores, la sociedad y el mundo jurídico es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil para atribuir más funciones a la Procura en cuanto a la ejecución de las resoluciones judiciales. Confiemos que ello sea una realidad.

Alicante, Julio 2019

JOSE CORDOBA ALMELA

Procurador de los Tribunales

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Tue, 05 Mar 2019 10:09:00 +0000

Modificación de la Ley Valenciana de los Colegios Profesionales

Este jueves, 27 de febrero, se ha publicado en el DOCV la modificación de la Ley Valenciana de de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, con el objeto de que la Generalitat sancione económicamente a quienes ejerzan la abogacía sin estar colegiados, como medida de protección ante el intrusismo profesional.

Pincha en el enlace:

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/27/pdf/2019_1870.pdf

Nace el portal de internet "Justicia Oberta"

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Fri, 01 Feb 2019 12:01:00 +0000

La herramienta tecnológica permite pedir cita en el Registro Civil u obtener información sobre el acceso a la Justicia gratuita

La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha abierto el portal de Internet www.justicioaoberta.gva.es que permite el acceso a toda la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Desde el portal se puede desde pedir una cita para el Registro Civil a localizar un juzgado determinado;también ponerse en contacto con la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito más cercana, obtener información sobre cómo contratar a un abogado o cómo acceder a los programas de Justicia Gratuita de la Generalitat.

Se trata de un servicio único de atención para gestionar de manera centralizada todas las herramientas e instrumentos que permitan acercar la Administración de Justicia a la ciudadanía.

El portal, que ya está operativo desde este lunes, también permite a los operadores jurídicos profesionales, el acceso al sistema procesal LexNet así como a la Red de la Abogacía.

Con esta herramienta también se puede descargar material jurídico previa identificación segura. El portal se sostiene en dos ejes: por un lado, los servicios e información a la ciudadanía y, por otro, a los profesionales.

La asistencia a la ciudadanía incluye las herramientas virtuales necesarias para realizar determinados trámites que son muy habituales como el registro de un hijo o hija o la búsqueda de abogado o abogada.

Este nuevo servicio está diseñado para luchar contra la percepción que la ciudadanía tiene de la Administración de Justicia como un mundo oscuro e incomprensible. Por ello, se ha creado este espacio de información compartida que permite acercarse de manera fácil e intuitiva a la Administración de Justicia y a todos los servicios que la Generalitat dispone en esta materia.

Para profesionales, además, se ofrece un acceso más a LexNet con lo que ello supone de ahorro de tiempo y dinero. Este portal fue uno de los compromisos que la Conselleria de Justicia adoptó en el último seminario de Gobierno (el que se celebró en Biar) y que esta semana se ha materializado en este portal web.

Por último, el portal también incluye un asistente virtual para resolver dudas y guiar a los usuarios por la página. También incluye un correo electrónico con el compromiso de que cualquier cuestión será contestada en un plazo de 24 horas.

Fuente: www.castelloninformacion.com

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Mon, 07 Jan 2019 13:01:00 +0000

LA PRESENTACIÓN EN LOS JUZGADOS DE ESCRITOS POR MEDIOS TELEMÁTICOS

La presentación de escritos en los Juzgados por medios telemáticos se podrá efectuar todos los días del año durante las veinticuatro horas.
Desde hace ya algún tiempo la presentación de escritos en los Juzgados por medios telemáticos es la tónica común en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley. Los procuradores y los abogados (cuando actúan en el procedimiento sin procurador) se encargan de presentar en las oficinas judiciales los escritos y documentos de forma telemática. El sistema elegido por la administración de justicia para la presentación de escrito vea telemática es por LEXNET.

¿Qué es LexNET?

El sistema LexNET es un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos. La presentación de escritos en los Juzgados por medios telemáticos viene regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre.

¿Cuándo se pueden presentar los escritos y documentos?

Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las veinticuatro horas. Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el mismo medio, con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los efectos. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.

¿Qué ocurre si el servicio telemático se interrumpe?

1.- Si la interrupción es de forma NO PLANIFICADA: Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios telemáticos o electrónicos no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, siempre que sea posible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en la oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.

2.- Si la interrupción es de forma PLANIFICADA: En estos casos deberá anunciarse con la antelación suficiente, informando de los medios alternativos de presentación que en tal caso procedan.

¿Qué ocurre si el servicio telemático resulta insuficiente?

Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la presentación de los escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico en la oficina judicial ese día o el día siguiente hábil, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito. En estos casos, se entregará recibo de su recepción.

¿Hasta cuándo se puede presentar un escrito vea telemática si está sujeto a plazo?

Cuando la presentación del escrito o documentos en el Juzgado está sujeta a plazo, se podrá presentar vía telemática hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Estamos hablando de la jurisdicción civil.

EJEMPLOS:
a) Una persona tiene que contestar una demanda cuyo plazo finaliza el 1 de junio de 2017. Se podrá presentar la contestación vía telemática el día 2 de junio, antes de las 15 horas.
b) Si por ejemplo el plazo finalizara un viernes, se podrá presentar el escrito el lunes siguiente antes de las 15 horas.
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FUENTE: www.mundojuridico.info

PAPEL 0 LEXNET

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Tue, 29 Nov 2016 10:44:00 +0000

PAPEL 0 Con motivo de la inminente entrada en vigor en los Partidos Judiciales de la Provincia de Alicante del RD 1065/2015, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET) -BOE-A-2015-12999- y que desarrolla Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, se hace preciso poner en conocimiento de los Letrados las siguientes particularidades que dicho sistema va a suponer en la presentación de escritos y demandas: 1.- Todos los escritos y demandas han de estar firmados digitalmente por el Letrado del asunto o por Letrado que lo sustituya, y en formato PDF/A con la característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres), es decir, deberá haber sido generado o escaneado con software que permita obtener como resultado final un archivo en un formato de texto editable sobre cuyo contenido puedan realizarse búsquedas y deberá ir firmado electrónicamente con la firma o firmas de los profesionales actuantes (conforme al Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre) 2.- Las demandas deben contener un índice de los documentos que se adjuntan a la misma, debiendo ser su escaneado, documento a documento para su correcta presentación. Es decir, los documentos que se adjunten a los escritos procesales, deberán ser presentados según su contenido en alguno de los formatos que la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de Catálogo de Estándares y la Guía de Interoperabilidad y Seguridad del Documento Judicial Electrónico establezcan para este cometido. Hasta entonces se recomiendan los siguientes:.pdf,.rtf,.jpeg,.jpg,.tiff,.odt,.zip. Los documentos que sólo contengan texto deberán ser presentados, principalmente, con las características descritas anteriormente. Los archivos comprimidos.zip sólo podrán contener documentos de los formatos:.pdf,.rtf,.jpeg,.jpg,.tiff,.odt. Los documentos adjuntos deberán remitirse individualizados en tantos archivos digitales como documentos sean los que deban componer el envío. No es posible remitir un único pdf que contenga todos los documentos. En el momento de su generación en el proceso de escaneado, los documentos serán nombrados de forma descriptiva. El nombre deberá ir precedido del número cardinal correspondiente al lugar u orden que ocuparán al ser anexados o adjuntados en el envío a realizar. Deberá incluirse su clase y breve descripción, sin que sirva únicamente una alusión genérica o numeral Se recomienda: a) Activar la Resolución del Escáner a 200x200.ppp o, en su defecto, la mínima que permita el dispositivo. b) Seleccionar tipo de salida de documento PDF/A. c) Seleccionar tipo de salida: un solo documento. d) Activar el OCR (Reconocimiento de Caracteres). e) Seleccionar el color de Salida Negro. Únicamente se utilizarán características de color, cuando el contenido de la información a adjuntar así lo requiera. En ningún caso se podrán remitir a través de Lex-NET archivos de audio, video o zip comprimido que contenga archivos en formatos distintos de los anteriormente citados (conforme al Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre) 3.- Cuando un escrito lo elabora el Procurador, se remite al Letrado en pdf para que sea firmado digitalmente y se retorne al Procurador, quien también lo firmará de forma digital. 4.- Dado el trabajo adicional que supone la presentación telemática, para los escritos de plazo, se ruega su remisión antes de las 13 h. NORMATIVA 1.- Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lex-NET 2.- Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reformó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 3.- Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lex-NET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos 4.- Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, (artículos 4 y 6) que establecen respectivamente el derecho de elección del ciudadano del canal a través del cual relacionarse con la Administración de Justicia. 5.-Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 6.- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 7.- Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil 8.- Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 9.- Artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, redactado por el apartado treinta y dos del artículo único de la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 22 julio). 10.- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 11.- Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, aprobado por Acuerdo, de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. PROGRAMAS RECOMENDADOS 1. ADOBE READER https://get.adobe.com/es/reader/ 2. PDFSAM http://www.pdfsam.org/download-pdfsam-basic/ 3. XCHANGE https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor 4. NAPS2 https://sourceforge.net/projects/naps2/files/5.2.0/ 5. LIBREOFFICE https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice-nuevo/?version=5.2.0 6. FOXIT https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/ 7. PEAZIP http://www.peazip.org/ 8. XOLIDO..https://www.xolido.com/lang/productosxolidosign/xolidosignescritorio/modulo/?refbol=xolidosign-escritorio&refsec=xolidosign-escritorio_que-es-xolidosign Video tutorial : www.icopal.org/Documentos/video_procuradores_cvcp.mp4

Twitter

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Thu, 24 Nov 2016 17:21:00 +0000

Podeis seguir informados en twitter @procuradors.

Reconocimiento mutuo resoluciones penales Union Europea

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Mon, 03 Nov 2014 11:27:00 +0000

Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial BOE núm. 263, de 30 de octubre de 2014 Se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, como consecuencia del establecimiento de nuevas competencias de los Juzgados y Tribunales competentes en materia penal en relación con las sentencias por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad, el exhorto europeo de obtención de pruebas, la resolución de libertad vigilada, la resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional y la orden europea de protección. Respecto de la orden europea de detención y entrega, se incluye también al Juez Central de Menores como autoridad de ejecución competente cuando la orden se refiera a un menor. En los demás casos, la autoridad competente será el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Jornada y horarios en la Administracion de Justicia

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Thu, 10 Jul 2014 08:08:00 +0000

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones sobre la jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia. Entra en vigor el 11 de Julio de 2014. Enlace disposicion: http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7289.pdf

LexNet. Momento de la notificacion al Procurador

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Wed, 02 Jul 2014 10:59:00 +0000

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 9 de junio de 2014 (recurso número 2600/2013), por la que resuelve sobre el momento en que se produce la notificación de un acto procesal al procurador de la parte, a efectos del cómputo del plazo de caducidad del recurso. Según el TS, notificado el auto a través del sistema Lexnet, su válida notificación se produce al día siguiente de la fecha de su recepción en buzón electrónico organizado por el Colegio de Procuradores pues, de acuerdo con el art. 7.4 del Real Decreto 84/2007, en el caso de los procuradores, la recepción del documento que es objeto de la comunicación procesal se tiene por acreditada en el momento en el que el documento accede al buzón virtual del Colegio de Procuradores. Y una vez que la comunicación entra en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión, el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del Colegio, sin que su eventual demora en hacerlo obste a la eficacia de la notificación. Los hechos La empresa actora interpuso recurso de revisión interpuesto contra la decisión de la AN que desestima el recurso de reposición interpuesto contra una diligencia de ordenación que acuerdó la devolución del escrito presentado por dicha parte, al haberse declarado caducado el recurso contencioso-administrativo y haber sido archivado, por no presentación en plazo del escrito de demanda. Se sustenta el recurso de revisión en que tal resolución de la Sra. Secretaria de esta Sala infringe el artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LEXNET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, e infringe el artículo 166.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha alegación se fundamenta en que, según afirma la recurrente, el auto de caducidad de 13 de abril de 2011, supuestamente notificado el 3 de mayo de 2011 por vía telemática a través de los servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores de Madrid, mediante el sistema informático de telecomunicaciones Lexnet, nunca se le notificó personalmente a través de su Procurador. La sentencia del TS La Sala, con la ponencia del magistrado señor Campos Sánchez-Bordona, fundamenta su resolución en los siguientes fundamentos de derecho: "Tercero.- Expuestos los hechos de este modo, la Sala de la Audiencia Nacional analizó en estos términos las normas jurídicas aplicables: "[...] El régimen jurídico del sistema de notificaciones por vía telemática empleado en el presente proceso viene dado por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. Este Real Decreto se dicta al amparo del apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, del Poder Judicial, cuyo artículo 230 posibilita que los órganos judiciales y las personas que demanden ante ellos la tutela judicial de sus derechos e intereses utilicen en sus relaciones cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, compatibles entre sí, siempre que éstas se produzcan en condiciones de seguridad, autenticidad, integridad, constancia fehaciente de su realización y del momento en que se efectúen, con garantías de confidencialidad de los datos de carácter personal, así como con respeto de las garantías y requisitos previstos en las leyes de procedimiento. Por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, autoriza la realización de actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, bajo las condiciones previstas en su artículo 162. Dispone el artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que 'Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley '. A su vez, el artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto del lugar de comunicación de los actos a los procuradores establece lo siguiente: '1. Los actos de comunicación con los procuradores se realizarán en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. El régimen interno de este servicio será competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley. 2. La remisión y recepción de los actos de comunicación en este servicio se realizará por los medios y con el resguardo acreditativo de su recepción a que se refiere el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley, cuando la Oficina judicial y el Colegio de Procuradores dispongan de tales medios. En otro caso, se remitirá al servicio, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula, de las que el procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que será devuelto a la Oficina judicial por el propio servicio'. Al respecto, establece el artículo 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, lo siguiente: '1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda. Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección. Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos. En cualquier caso, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos. Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese período. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción'. El artículo 2 del Real Decreto 84/2007, define el sistema Lexnet para presentación de escritos y envío de notificaciones judiciales por medios telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia, como un medio de transmisión seguro de información, que mediante el uso de firma electrónica reconocida, satisface, por un lado, las características de autenticación, integridad y no repudio, y mediante los mecanismos técnicos adecuados las de confidencialidad y sellado de tiempo, y, por otro, el cumplimiento de los requisitos exigidos en las leyes procesales, prestando las funcionalidades indicadas en el anexo V del Real Decreto y cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. Entre tales funcionalidades se encuentra la realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales. (Anexo V, letra c)). En relación con el régimen de utilización del sistema Lexnet, establece el artículo 4 del citado Real Decreto lo siguiente: '1. La utilización del sistema Lexnet será obligatoria para los Secretarios judiciales y para los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, relacionados como usuarios en el anexo II de este Real Decreto, destinados en aquellas Oficinas Judiciales que dispongan del sistema y estén dotadas de los medios técnicos necesarios. También será obligatorio el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios. 2. Se entenderá preferente la vía telemática de comunicación con quienes figuren dados de alta como usuarios en el sistema. 3. Cuando concurran causas técnicas que impidan la normal utilización de dichos medios telemáticos, los usuarios del sistema comunicarán tal circunstancia a la Oficina Judicial con la que mantengan comunicación procesal, así como, en su caso, al respectivo Colegio profesional'. Por otro lado, el artículo 7 del Real Decreto se refiere a la operativa funcional de la presentación de escritos y documentos y del traslado de copias entre Procuradores y de la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos en los términos siguientes: '1. El procedimiento para la presentación de escritos procesales, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación por medios telemáticos se verificará en la forma establecida en el anexo VI. 2. Para la acreditación de la presentación telemática de escritos y documentos el sistema devolverá al usuario un resguardo electrónico acreditativo de la correcta transmisión y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización de la presentación en la Oficina Judicial. 3. Si el envío se realiza correctamente, el acto de comunicación se recibe en el buzón del destinatario y queda depositado en el mismo a su disposición. En este supuesto, el sistema devolverá al remitente un resguardo electrónico, acreditativo de la remisión y puesta a disposición, en el que consten los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema y tipo de procedimiento judicial, número y año al que se refiere. 4. Cuando el destinatario acceda al acto de comunicación y documentos anexos depositados en su buzón virtual, el sistema genera un resguardo electrónico dirigido al remitente, reflejando el hecho de la recepción y la fecha y hora en que ha tenido lugar, quien así tendrá constancia de la recepción. En el caso de los procuradores, cuando se produzca el acceso al buzón virtual del Colegio de Procuradores se generará el correspondiente resguardo, que bastará para acreditar la recepción a los efectos previstos en la ley. 5. El sistema confirmará al usuario la recepción del mensaje por el destinatario. La falta de confirmación implicará que no se ha producido la recepción. En aquellos casos en que se detecten anomalías en la transmisión telemática, el propio sistema lo pondrá en conocimiento del usuario, mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a la subsanación, o realice el envío en otro momento o utilizando otros medios. El mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión podrá ser imprimido en papel, archivado por el usuario, y en su caso, integrado en los sistemas de gestión procesal, a efectos de documentación del intento fallido'. Pues bien, la interpretación del artículo 7 del Real Decreto 84/2007 acerca de la operativa seguida en la realización de actos de comunicación procesal con los representantes procesales de las partes, a través de los servicios comunes de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, debe hacerse a la luz de los dispuesto en los artículos 151.2, 154 y 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De manera que, resultando pacifico que en el presente caso se ha hecho uso de un medio de los previstos en elartículo 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para llevar a cabo la notificación de auto de caducidad que nos ocupa, dicha notificación al Procurador de la parte recurrente habrá de entenderse realizada el día siguiente a la fecha de recepción de la misma en el servicio común de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores, tal y como prevé expresamente el primer precepto legal citado y ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones el Tribunal Supremo (AATS de 4 de octubre de 2012, Rec. 790/2012, de 15 de marzo de 2012, Rec. 4055/2011, de 16 de junio de 2011 , Rec. 3398/2010, de 14 de octubre de 2010, Rec. 1315/2010, de 7 de octubre de 2010, Rec 1565/2010, de 11 de febrero de 2010, Rec. 2353/2009, y de 14 de octubre de 2009, Rec. 2491/2009, entre otros). Criterio que ya ha seguido esta Sala en resoluciones anteriores (por todas, Auto de 25 de mayo de 2009). Sentado lo anterior, el examen de las actuaciones pone de manifiesto que la notificación del auto de caducidad de fecha 13 de abril de 2011 por el sistema lexnet, a través de servicio común de notificaciones, organizado por el Colegio de Procuradores de Madrid, fue enviado por la Secretaría de esta Sala y recibido en destino el día 3 de mayo de 2011 a las 15,14 horas. Consecuentemente, sin necesidad de que hubiera de justificarse la recepción personal por el Procurador citado de dicha notificación, la misma debe entenderse valida y eficazmente practicada al día siguiente de la fecha indicada, sin que quepa entender infringidos los artículos 151 y 166.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las consideraciones realizadas conducen a la desestimación del recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 15 de marzo de 2013, sin necesidad de que se practique la diligencia de prueba solicitada por la parte recurrente con el fin de que se librara oficio al Colegio de Procuradores de Madrid para que este aportara el 'supuesto resguardo de recepción que confirme que éste remitió a ML el auto de caducidad de 13 de abril de 2011 ', que interesaba mediante otrosí en su escrito de recurso, pues, como dijimos, su existencia resulta irrelevante a los efectos de tener por practicada valida y eficazmente la notificación examinada." Cuarto.- El recurso de casación es admisible, pese a la objeción que opone el Abogado del Estado pues, siéndolo la sentencia que pudiera recaer en el litigio de instancia, nos encontramos ante uno de los autos susceptibles de aquél a tenor del artículo 87.1.a) de la Ley Jurisdiccional. Cabe, en efecto, dicho recurso contra "los [autos] que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación". Invirtiendo los términos en que se propone, examinaremos en primer lugar el segundo motivo casacional de los dos planteados, ambos al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional. Se denuncia en él la supuesta infracción "de los artículos 281 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 24.2 de la Constitución Española", por no haber accedido el tribunal de instancia a la práctica de la prueba solicitada por la parte. Como ya hemos recogido en la transcripción precedente, la prueba interesada lo era para que la Sala oficiara al Colegio de Procuradores de Madrid a fin de que éste aportara el "supuesto resguardo de recepción que confirme que éste [el Colegio] remitió a MLP el auto de caducidad de 13 de abril de 2011 ". La negativa de la Sala a su práctica era y es procedente si, como previamente había sostenido el tribunal en los fundamentos jurídicos del auto impugnado, el Colegio de Procuradores no tenía por qué "reenviar" o "remitir" a cada uno de sus colegiados las notificaciones practicadas a través de Lexnet, siendo precisamente los destinatarios de aquéllas quienes han de acceder al "sistema común" a través de su "buzón", una vez recibido por el Colegio el acto procesal, para conocer su contenido. Tal tesis hacía irrelevante, a los efectos de la decisión final, el documento de cuya aportación se trataba. No está de más consignar, a estos efectos, que si la recurrente consideraba esencial para su defensa el referido documento, el Procurador que actuaba en su representación podía fácilmente haber instado de su propio Colegio Profesional que lo emitiera y haberlo aportado ella misma a los autos. Se trata, en efecto, de uno de los documentos que se encontraban a su disposición sin dificultad apreciable y sin necesidad de la intermediación de la Sala dado que repetimos, su origen era el Colegio Profesional al que aquél pertenece y que defiende sus intereses. Distinto hubiera sido si se hubiera requerido un documento o un informe pericial, o de otro tipo, acreditativo de que, por cualquier incidencia o causa técnica, el acto de comunicación no llegó en la fecha correspondiente al propio servicio común de notificaciones del Colegio de Procuradores. Pero tal circunstancia no se alegó, admitiendo por el contrario la recurrente el hecho de la recepción en el Colegio de Procuradores a través del sistema Lexnet, hecho que, por lo demás, resulta adverado por la Secretaría de la Sala sin discusión al respecto. Quinto.- En el primer motivo de casación se denuncia la infracción de dos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a saber, el artículo 151 (en relación con el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007) y el artículo 166, apartado primero. El motivo está defectuosamente articulado sobre la base del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional pues en él no se viene a censurar, en realidad, ningún quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en que hubiera incurrido el auto impugnado. Lo que sostiene la parte es, más bien, que la Sala de instancia ha aplicado indebidamente las normas (procesales) del ordenamiento jurídico aplicables al caso para decidir su fallo, censura que debía haber denunciado por la vía del artículo 88.1.d) de la misma Ley, como acertadamente sostiene el Abogado del Estado. En todo caso, la tesis de fondo que en el motivo se aduce (en muy buena medida repetición casi literal de lo que "S, S.A." ya dijo en la instancia y fue rechazado por la Sala de la Audiencia Nacional) no es acogible. Centrado el debate en los términos antes referidos, la solución de fondo viene dada por el artículo 7 del Real Decreto 84/2007, antes transcrito. Su apartado cuarto establece, concretamente, cuándo se tiene por acreditada la recepción del documento que es objeto de la comunicación procesal, momento que coincide "en el caso de los procuradores" con aquel en que el documento accede al buzón virtual del Colegio de Procuradores. En ese preciso momento se genera el correspondiente resguardo, que bastará para acreditar la recepción a los efectos previstos en la ley, entre los que figuran tanto los relativos al plazo para recurrir como, por lo que a este litigio se refiere, la posibilidad prevista en el inciso final del artículo 52.2 de la Ley Jurisdiccional (presentación de la demanda en el mismo día en que se notifica el auto de caducidad). Siendo como es obligatorio, a tenor del artículo 4 del Real Decreto 84/2007, el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios (como en este caso sucede), el envío electrónico mediante el que se produce la comunicación "oficial" de la resolución judicial y de sus documentos anexos se dirige al servicio común establecido por dicho Colegio, servicio al que tienen acceso los procuradores que lo utilizan (entre ellos, el de la parte actora). Una vez que la comunicación con origen en la secretaría de la Sala "entra" en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión (lo que tampoco aquí se discute), el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del referido Colegio. Su eventual demora en hacerlo no obsta a la eficacia de la notificación, en los términos legales que tan certeramente analiza el tribunal de instancia. En efecto, si cada uno de los procuradores pudiera, ad libitum, posponer su propio acceso a aquel buzón virtual, el "sistema común" previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil e implantado por el Colegio de Procuradores, de modo obligatorio y con el respaldo legal que le confiere el artículo 162 de aquélla, perdería su sentido y quedaría desprovisto de eficacia. Como bien afirma el Abogado del Estado, de admitirse la tesis del recurrente se produciría la "completa inutilidad de la intervención del Colegio" y "el sistema resultaría completamente desnaturalizado". Sexto.- La interpretación de los dos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en concreto, se invocan en el motivo de casación corrobora la tesis de instancia. Al margen de que la recurrente no llega a aducir como infringido el precepto de la misma Ley que regula precisamente "los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares" (artículo 162, al que sí se refiere el auto impugnado), ninguno de ambos ha sido vulnerado en este caso. A) De aquellos dos preceptos el segundo (artículo 166.1) se limita a declarar nulos los actos de comunicación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en el capítulo a ellos dedicados: su aplicación al caso de autos dependería, pues, de que se acreditara que la notificación efectuada no se ajustó a las pautas legales. Como quiera que esa falta de ajuste no ha tenido lugar porque la secretaría de la Sala notificó el auto de caducidad por vía electrónica con respeto escrupuloso de las exigencias tanto del referido artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como del Real Decreto 84/2007 que regula el régimen de notificaciones del sistema lexnet (sistema admitido para recibirlas por el procurador de la parte a lo largo de todo el proceso), la alegación ha de ser rechazada. B) En cuanto al artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su contenido se refiere más al tiempo de la comunicación que al uso del sistema mediante el que se practica. Los actos de comunicación practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores (en este caso, repetimos, mediante la utilización del sistema Lexnet) se "tienen por realizados" al día siguiente de su fecha de recepción con arreglo a este sistema. El "resguardo acreditativo de la recepción" por medios telemáticos e informáticos, al que se refiere el apartado 2 del artículo 151, por remisión al artículo 162.1 de la misma Ley , es precisamente el que acredita que la comunicación procedente del órgano jurisdiccional llegó al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores. Cuando a tal efecto se utiliza el sistema Lexnet, dicho resguardo se genera automáticamente una vez que tiene lugar el acceso de los documentos enviados al buzón del Colegio de Procuradores (así, el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007) según antes hemos expuesto, sin que sea necesario un nuevo "reenvío" o "remisión" particularizada desde dicho Colegio a cada uno de los procuradores, dado que éstos tienen pleno y libre acceso a aquél. Séptimo.- Procede, pues, la desestimación del presente recurso de casación y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , la imposición de las costas a la parte recurrente." Fecha: 30/06/2014 Origen: Redacción NJ

Tribunales de Distancia. ALOPJ

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Mon, 16 Jun 2014 13:37:00 +0000

Publicado en 14 de junio de 2014 por José Muelas Cerezuela Como ya he tenido ocasión de contar en otros post, al dicho o hecho con que se pretende desorientar a alguien para que no advierta el engaño de que va a ser objeto se le llama en español “cancamusa” y, aunque el término está en desuso, describe a la perfección la principal actividad de buena parte de nuestros representantes políticos. Particularmente apropiado resulta este término cuando de las iniciativas legislativas del ministerio de justicia se trata (¿recuerdan la cancamusa de que “las tasas irán destinadas a justicia gratuita”?) y créanme si les digo que todo el anteproyecto de ley de Ley Orgánica del Poder Judicial (ALOPJ) está rodeado, cuando no sumergido, en ellas. Como sin duda sabrán el ALOPJ supone un nuevo diseño de toda la organización judicial española y, tal y como dice su propio texto, una de las piedras angulares del mismo será la creación de los llamados “Tribunales Provinciales de Instancia” que, conforme al propio anteproyecto (artículo 84), tendrán su sede en la capital de provincia APLO Poder Judicial nueva versión 4-4-14 3. Los Tribunales Provinciales de Instancia tomarán el nombre de la correspondiente provincia en cuya capital tendrán su sede oficial. Esto supone “de facto” la desaparición de la mayor parte de los partidos judiciales de España que pasarán de los más de 400 actuales a menos de 60 dejando a casi 360 municipios sin juzgados. ¿Por qué se hace esto? Según el preámbulo del anteproyecto se hace porque… APLO Poder Judicial nueva versión 4-4-14 Con ello se pretende alcanzar las ventajas que una completa provincialización de la Administración de Justicia traería consigo y que son las que se derivan de las economías de escala – mensurables en términos de medios personales y materiales, tiempo, etc. Pero… ¿es verdad que dicho Tribunal de Instancia sito en la capital de provincia supone ahorro alguno para el conjunto de la nación? Echemos unas cuentas… Lo primero que a uno se le ocurre es que, con la creación de los Tribunales de Instancia y su ubicación en la capital de la provincia, los ciudadanos que no vivan en dichas capitales habrán de desplazarse hasta ellas para asistir a sus juicios o verificar la marcha de sus asuntos con el consiguiente gasto (para ellos) que esto implica. ¿Podemos cuantificar ese gasto para ver si al conjunto de los españoles la creación de estos Tribunales de Instancia les supone algún ahorro? Pues sí, podemos hacerlo, así que vamos a tratar de fijar el costo mínimo que estos “Tribunales de Distancia” van a suponer para los administrados que los usen. Tengan la paciencia de seguirme y se llevarán, ya se lo adelanto, una buena sorpresa. Para calcular el coste mínimo lo primero que hemos de hacer es averiguar la población que se quedará sin un juzgado cercano a causa de la creación de estos Tribunales y, para ello, nada mejor que listar en una hoja de cálculo todos los partidos judiciales de España que no son capital de provincia en donde se recojan sus respectivas poblaciones, el número de asuntos tramitados y los kilómetros que lo separan de la capital. Me he tomado el trabajo, no poco tedioso, de confeccionar dichas hojas de cálculo tan sólo en lo relativo a la jurisdicción civil y el resultado pueden encontrarlo aquí. Observen que sólo figuran los partidos judiciales peninsulares pues, respecto de los insulares, podemos escribir un post cómico en relación a las “economías de escala” que el nuevo sistema genera. Así pues, seremos benevolentes y pasaremos por alto el hecho de que España tiene islas. Conforme a las tablas que han podido consultar, la distancia media que separa las poblaciones actualmente con juzgado de la capital de la provincia es de 56 kilómetros y, en este punto,ñ debemos hacer notar que esta cifra media se debe en buena parte a que en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y Valencia existen muchos partidos judiciales extremadamente cercanos a la capital por que, si nos vamos a las zonas menos pobladas de España, uno puede observar cómo los pobres vecinos de Herrera del Duque (Badajoz) han de recorrer 200 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para acudir a la capital a hacer un juicio, o cómo los habitantes de Puigcerdá habrán de hacer más de 300 kilómetros por carretera para ir a solucionar un asunto al juzgado. Pero, seamos indulgentes de nuevo y sigamos. Siendo la distancia media (así de benévolamente calculada) de 56 kilómetros, podemos constatar en las tablas que les dejo cómo estos juzgados no capital de provincia han tramitado en el año 2012 la nada despreciable cantidad de 766.708 asuntos civiles lo que, calculando el trayecto de ida y vuelta, suponen un total de 85.871.296 kilómetros a recorrer. Claro que estos casi 86 millones de kilómetros no los recorre una persona sola. Para ir a juicio no sólo han de estar presentes las dos partes sino sus abogados, los testigos, los peritos… Volvamos a ser extremadamente benevolentes con el gobierno y consideremos, de forma absolutamente utópica, que sólo DOS personas acuden a juicio lo que eleva el número de kilómetros a 171.742.592. Con estos datos podemos calcular ya el gasto que en gasoil supondrá para los ciudadanos que no vivan en capital de provincia acudir a sus juicios civiles (insisto en lo de civiles y luego verán por qué). Para ello consideraremos que estos españoles tienen un coche de una antigüedad media de 10 años (la antigüedad media del parque de automóviles en España es de más de 11 años) y tomaremos como vehículo modelo el más vendido en el año 2004, el Renault Megane en su versión más económica diesel por su menor consumo. Este vehículo, como pueden ustedes fácilmente comprobar, tiene un consumo medio de 5,5 litros a los 100 kms., lo que supone un consumo de 0,055 euros el kilómetro. Lo que queda de la operación es fácil, multiplicamos el número de kilómetros a recorrer por el consumo por kilómetro lo que nos arroja la nada desdeñable cantidad de 9.445.842,56 litros de gasóleo A que, multiplicada a su vez por su precio a día de hoy (1,32 euros) nos da como resultado final 12.468.512 euros con 17 céntimos. Bien, ya sabemos que llevarse los juzgados a la capital de provincia costará a los españoles que no vivan en ellas 12 millones y medio de euros tan sólo para atender a los juicios civiles. Y esta cantidad ¿es mucho o poco? El primer término de comparación que a uno le viene a la cabeza es el del coste de mantener los edificios judiciales de que en este momento disponen esos municipios pues, si el coste para los ciudadanos de sólo el gasóleo es superior al coste del mantenimiento de los edificios, convendrán conmigo en que eliminarlos no supone ahorro alguno; así que, consultemos los presupuestos generales del estado a ver qué nos dicen y la sorpresa sería importante pues el gobierno central apenas si gasta 3,6 millones de euros en cánones, arrendamientos, reparación, mantenimiento y conservación de edificios… Puestos a ser benevolentes podemos añadir otros costes que tendría que seguir realizando la administración tales como como agua, luz, material de oficina, incluso gastos protocolarios… Y entonces la cifra a añadir sería de unos 12 millones, prácticamente la misma cantidad que gastarán los habitantes de los desparecidos partidos judiciales en gasolina. Pero no se engañen, el traslado de los juzgados a la capital no supondría ahorro alguno en electricidad o agua o material de oficina pues las funciones allí trasladadas seguirían exigiendo de dichos servicios de forma que podemos concluir que, tan sólo por lo que respecta a la jurisdicción civil, la “cancamusa del ahorro” se revela como una completa falacia. Los españoles sufrirían un coste de 12 millones en dicha jurisdicción y el gobierno central un ahorro de tan sólo 3 y medio. Es verdad que bastantes comunidades autónomas mantienen ellas mismas sus edificios pero, a día de hoy, desconozco que ninguna de ellas esté de acuerdo con el programa, más provinciano que provincializador, del gobierno por lo que analizaremos los costes y ventajas autonómicos más adelante. De esta forma podríamos concluir el post afirmando que, para que el gobierno central ahorre 3 millones de euros los españoles se verán obligados a pagar 12 millones sólo en combustible pero eso, ¡ay!, sólo en la jurisdicción civil porque, si miran las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la jurisdicción civil sólo supone una sexta parte de lo que supone la jurisdicción penal (1.670.305 asuntos civiles ingresados en 2013 frente a 6.304.949 asuntos penales ingresados) por lo que, tranquilamente, podrían ustedes multiplicar por 6 el gasto de los españoles y aún se quedarían cortos. Y digo que se quedarían cortos porque la asistencia a juicio en el caso de la jurisdicción penal en muchos casos no se hace en el vehículo particular de uno sino que el administrado es conducido bajo la vigilancia de la fuerza pública en vehículos oficiales. ¿Imaginan ustedes lo que ocurriría todos los días en Algeciras si la policía hubiese de conducir hasta Cádiz (120 kms.) a todos los detenidos? ¿Imaginan el coste de esos 240 kms de ida y vuelta en términos de horario y extras de policías? ¿Imaginan el coste? O… ¿Imaginan ese pobre vecino de Herrera del Duque (Badajoz) conducido 200 kms. hasta la capital de provincia por haber sido denunciado por violencia doméstica? ¿Cuánto cuestan al estado esos 400 kms (ida y vuelta) que ha de hacer un vehículo de la Guardia Civil con dos agentes exclusivamente destinados a ello? ¿Y qué me dicen de la vulneración de derechos y penosidad de la situación del detenido? No. Es falso que cerrar sedes produzca ahorros, no es más que la primera de las muchas cancamusas que el ministerio viene lanzando para imponer “contra tenorem rationis” una planta judicial que favorece a unos pocos en perjuicio de todos, una descabellada planta judicial que, por cada euro ahorrado al gobierno central supone un coste de 24 euros a los administrados. Un auténtico dislate desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico y organizativo; pero eso lo iremos analizando en los siguientes post de esta serie. Por hoy vale, aunque, créanme, no basta con indignarse: si está usted en contra de esta aberración y desea defender los juzgados de su ciudad puede usted dirigirse a su ayuntamiento por escrito, pídale que se pronuncie y recuérdele que, dentro de un año, hay elecciones y usted tiene un voto..

Ley de servicios y Colegios profesionales.

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Thu, 26 Dec 2013 08:48:00 +0000

El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama al Gobierno la necesidad de incluir las profesiones de Biología, Física, Geología y Química en la Ley de Servicios y Colegios Profesionales para su "necesario reconocimiento profesional". Según denuncia el PSOE, el anteproyecto de ley que está elaborando el Gobierno podría dejar sin reconocimiento profesional a las profesiones de Biología, Física, Geología y Química, "ya que afectaría de un modo directo y negativo a la libre competencia entre profesionales". La iniciativa, recogida por Europa Press, ha sido registrada para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad, en petición de los consejos generales y colegios nacionales de estas materias, al tratarse, en su opinión, de actividades de interés público, que además están "directamente relacionadas" con la "enorme expansión" de la ciencia y la tecnología y su influencia en la sociedad. "Es fácil entender que dichos profesionales formados en estas disciplinas tienen un papel muy importante en la protección de la salud y el medio ambiente, en la mejora y control de las condiciones higiénicas y sanitarias y en el avance de la calidad de vida, en general, de las personas", defiende el PSOE.

¿El fin de los procuradores?

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Mon, 09 Dec 2013 12:32:00 +0000

La llamada Directiva de Servicios del Parlamento Europeo (Bolkenstein) limita las restricciones a las actividades multidisciplinares de las profesiones reguladas, indicando que dichas restricciones deben responder a criterios de proporcionalidad, no discriminación y sobre todo "necesidad". En este sentido pueden verse afectados de pleno los procuradores. Las implicaciones que tiene la trasposición de esta ley hacen temblar las bases de esta profesión y dicho sea de paso, puede provocar que se resienta gravemente la administración de justica. Efectos de esta trasposición sería la eliminación de incompatibilidad entre abogados y procuradores e incluso otras profesiones (graduados sociales) y replantearía también los sistemas de facturación arancelarios, por suponer una restricción a la libre competencia no justificada debiendo establecerse un sistema de precios libremente fijado entre cliente y proveedor. Me parece un momento extremadamente crítico para la profesión de procurador, pero creo que es el momento de reinventarse para adaptarse a las necesidades legales que requiere el momento. Como en todos los servicios legales y no legales, si no se percibe el valor por parte de los clientes, las posiciones de intermediarios tienden a desaparecer. Pero intrigada por el tema, he descubierto que los clientes sí que perciben valor en el trabajo de los procuradores, tal vez no de todos pero sí de muchos. La supervivencia de la profesión dependerá de la evolución hacia esos servicios que añaden valor en el proceso de compra venta Además, creo que la Directiva deja claro la relación entre la "necesidad" e "interés general" y a día de hoy, insisto, la Administración de Justicia quedaría resentida si desapareciese la profesión. Pero creo que bien entendida, se puede brindar una oportunidad para modernizar la profesión y que sirva como un elemento dinamizador para mejorar la administración de justicia tan extremadamente necesario en los tiempos que corren. No creo que la supresión de los aranceles sea un problema en una concepción de negocio en el sector legal, eso sí, los precios irán a la baja, pero es que en general los servicios jurídicos también están viviendo una guerra de precios. Es la ley de la oferta y demanda. Pero a pesar de que la profesión puede verse malograda por estos cambios legislativos también se verá reforzada para los que añadan valor, y hay muchos procuradores que añaden valor: el conocimiento de los juzgados, del proceso, las ejecuciones... Lo que no puede ser es un colectivo estático o acomodado, si no un colectivo que debe evolucionar y que seguro que es capaz de hacerlo. El procurador deberá asumir un nuevo rol, tal vez nuevas funciones. La transición a ese nuevo rol, debe aprovechar los conocimientos que tiene el colectivo para usarlos en beneficio de la justicia y en definitiva de los clientes y ciudadanos. Los plazos de cambio deben tener sentido y deben adaptarse a la realidad, pero para mejorarla y no para generar un problema aún más grave. No creo que los aranceles sea el tema clave, estamos ante un planteamiento de reconversión mucho más profundo. Pactar los precios con el cliente es lo que debe ser, los sistemas arancelarios en mi opinión tienen poco sentido si no van vinculados a la descripción de un trabajo específico y unas tareas. Pero ahí queda el gran reto para los procuradores, que deberán formarse y entender que ser procurador es un negocio en el sector legal y que deberán gestionarse como una empresa. La reconversión pasará por formación y por tener conocimiento para aplicar criterios empresariales de gestión. Creo que el colectivo saldrá reforzado, pero sólo los que sepan aportar valor de manera proactiva. La clave estará en una transición que entienda muy bien la situación real de la justicia, el valor que aportan los procuradores y en el entendimiento de las necesidades de los clientes o ciudadanos. Lo que para mí no es válido son trasposiciones que no tengan en cuenta la aportación de valor del colectivo para rescatarlo e incorporarlo en beneficio de todos Fuente Expansión. Blog de Eugenia Navarro.

Procuradores creen que si desaparecen se paraliza la notificación telemática

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Fri, 29 Nov 2013 13:00:00 +0000

Los procuradores de tribunales están convencidos de que si desaparecen como consecuencia de la futura Ley de Servicios Profesionales se paralizará el sistema de notificación telemática "Lexnet", que hace unos meses fue reconocido por la UE como el más avanzado de los países miembros. En declaraciones a los periodistas durante una concentración de procuradores en Burgos, convocados por el Consejo de Colegios de Castilla y León, la decana provincial, Carmen Velázquez, ha asegurado que si no se modifica el anteproyecto de ley, actualmente en periodo de informes, y se "rompe la frontera" entre abogados y procuradores, los procuradores estarán abocados a desaparecer y, con ellos, el sistema de notificación telemática. En su opinión, hacer que el sistema de notificación, que gestionan 67 colegios de procuradores, pase a ser gestionado por 140.000 abogados, sería un proceso que tardaría años. Además, ha explicado que este sistema cuesta anualmente más de 180 millones de euros que pagan los procuradores y sus colegios profesionales y que, de desaparecer estos profesionales, tendría que ser asumido por el Ministerio de Justicia. Ha explicado que dejar las funciones de los procuradores en manos de los abogados también influiría en las 500.000 designaciones de abogados de turno de oficio que realizan los procuradores y sería el final de la garantía de que las notificaciones lleguen a los ciudadanos el mismo día que se producen, porque los abogados están exentos de esta obligación. Velázquez ha tachado de inexplicable que el Ministerio de Economía haya sacado adelante el anteproyecto aprobado en agosto por el Consejo de Ministros, sin dar audiencia a los procuradores, que cuentan con el apoyo de todos los actores de la administración de Justicia y pese a la oposición del propio Ministerio de Justicia. EFE

TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS CGPJ

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Wed, 24 Jul 2013 12:35:00 +0000

El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado la tabla orientadora de pensiones alimenticias y criterios que se manejarán por Jueces y Tribunales. En próximas fechas el CGPJ dispondrá en su página web de una aplicación informática para efectuar los calculos automáticos del importe orientativo de la pensión de alimentos, según las circustancias concretas. La informacion esta disponible en el siguiente enlace

Nuevas funciones del Procurador para agilizar los procedimientos.

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Thu, 09 May 2013 12:18:00 +0000

LOS PROCURADORES ASUMIRÁN NUEVAS RESPONSABILIDADES, AL IGUAL QUE EN EL ÁMBITO EUROPEO, Y SERÁN CONSIDERADOS AGENTES DE LA AUTORIDAD Los Procuradores españoles asumirán a partir de ahora nuevas competencias profesionales, con funciones similares a las que desarrollan sus colegas en el ámbito europeo, concretando algunas que, de forma demasiado genérica, ya venían contempladas en la Ley, especialmente en lo que se refiere a su intervención en los actos de ejecución. Así se desprende de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Igualmente, y para asegurar la eficacia de la intervención de los Procuradores en sus nuevas funciones, en la medida en que, más allá de su condición de representantes de las partes, participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley les confiere la condición de agentes de la autoridad lo cual no quiere decir que lo sean en cada momento del proceso; pero, sí cuando expresamente sean comisionados para la realización de tales actos, siempre bajo las directrices del Secretario Judicial y sometidos a control del Tribunal. La reforma impulsada por el Ministerio de Justicia persigue mejorar las opciones de los litigantes, potenciando la labor de los Procuradores de los Tribunales mediante el desarrollo de sus funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia, con el fin de agilizar los trámites procesales y de dotar de mayor eficacia al procedimiento. Con la presente ley se amplían las atribuciones y obligaciones de los Procuradores de los Tribunales a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y otros de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, descansando en la voluntad de la parte a la que representan, y manteniendo el régimen vigente en cuanto a la ausencia de repercusión en costas. SIN INCREMENTO DE COSTES Esto producirá una significativa mejora de las opciones con que cuentan los ciudadanos cuando han de acudir ante los Tribunales, que ayudará a agilizar los trámites procesales y sin que ello implique incremento alguno de los costes del proceso ya que será el ciudadano el que, en cada caso, decida libremente acogerse o no al nuevo sistema diseñado o seguir funcionando conforme al régimen vigente. Así, se parte de la dualidad actual del sistema en cuanto a las posibilidades de realización de los actos de comunicación que, siempre bajo la dirección del Secretario judicial, pueden llevarse a efecto tanto por los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia como por el Procurador de la parte que así lo solicite, a su costa. Como novedad la Ley introduce la necesidad de que los ciudadanos, cuando acudan ante los Tribunales elijan el sistema que prefieren y expresen su voluntad manifestando si prefieren que estas actuaciones las realicen los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su Procurador. En el caso en que los ciudadanos no formulen su elección la Ley entiende que se practicarán por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. También se prevé que la parte pueda cambiar de criterio durante la tramitación de un procedimiento, siempre que alegue justa causa para ello.

Alicante acogerá a los 1.200 abogados expertos en marcas

noreply@blogger.com (Jose Córdoba Almela) — Tue, 09 Apr 2013 12:38:00 +0000

Alicante será el próximo año sede de la cumbre de la mayor asociación europea de abogados de propiedad industrial, a la que está previsto que acudan entre 1.000 y 1.200 personas. Además, la OAMI guarda proyectos inminentes, como las obras para la ampliación de su sede de Agua Amarga que finalizarán, en principio, en septiembre del 2014, con una inversión de 50 millones de euros. A lo largo de esta primera jornada del Congreso se trataron temas tan novedosos como la protección de los diseños gastronómicos, con la intervención del prestigioso chef alicantino Quique Dacosta. Fuente: Lasprovincias.es