Madre Tierra

LA SITUACION DE LA MINERÍA ES UN DESASTRE

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 21:09:00 +0000

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, sobre la política minera, Comisión Quinta, 14 de septiembre de 2010.
Que cambien a Felipe Muñoz. Sí puede haber inversión extranjera si es beneficiosa y respeta la soberanía de Colombia. El interés nacional y el extranjero pueden llegar a ser antagónicos. Una tragedia como la de Amagá, en otro país, tumba de inmediato al gobierno. Paro cívico en Segovia y Remedios. Marmato, un pueblo entero que va a ser arrasado. Santurbán y el acueducto de Bucaramanga. AngloGold Ashanti amenaza las aguas del Tolima. Taraira, las trasnacionales contra la pequeña y mediana minería. Despojo en el río Suárez. Acoso a pequeños mineros de Caucasia. Minería y medio ambiente en el Cesar. Salarios de tercerizados, 70% inferiores. Cunden las enfermedades profesionales. Regalías escandalosamente bajas. Grandes exenciones de impuestos. Pésima la auditoría. Mineras: “Con Santos se nos volvió a aparecer la Virgen”. Extranjeros le imponen a Colombia. La auditoría es indelegable. No meter en el mismo saco a mineros informales y a narcotraficantes.

Felipe Muñoz. El doctor Muñoz es el mismo director que viene de la administración anterior y, aunque en los nuevos hechos del anterior fin de semana vuelve y sale acusado de haber actuado de manera indebida en los casos delictivos ocurridos en el DAS, el presidente Santos decide mantenerlo en el cargo, lo que para nosotros es absolutamente inaceptable. No puede hablarse de garantías a la oposición cuando se mantiene en ese cargo a una persona señalada por varios testigos de haber procedido violando la Constitución y la ley.
En segundo término, debe decirle, señor ministro, que las respuestas al cuestionario apenas me llegaron anoche, lo que conduce de manera inevitable a que no me vaya a referir a ellas por razones obvias. Pienso que se cae de su peso que no se puede comentar unos temas que no hubo tiempo suficiente de analizar.
Voy a hacer un debate que espero nos resulte útil a todos y confío en ser capaz de resumir con la suficiente velocidad unos asuntos que pueden ser de interés para el Ministerio y para todos los colombianos. Me propongo hacer como una especie de reseña a vuelo de pájaro de un cúmulo de situaciones que vienen ocurriendo en la minería colombiana, como un popurrí, casos de uno u otro tipo, en pequeñas y grandes minas, impuestos, conflictos sociales, asuntos laborales y ambientales, que me llevan a concluir que la minería está funcionando supremamente mal. Ante el hecho de que cobra cada vez mayor importancia, parece haber llegado la hora de asumir con seriedad una serie de modificaciones necesarias,
advirtiendo que por razones del método me voy a referir a lo no petrolero, aun cuando los hidrocarburos sean también minería. Espero entonces, señora presidenta, poder resumir con la suficiente rapidez para dar una visión general que le permitan a los delegados de la Contraloría y la Procuraduría, a quienes invité muy especialmente a esta sesión y cuya presencia agradezco, mirar, ojalá con el Ministerio, qué correctivos se van a aprobar hacia adelante en mucho de lo que está pasando de todo orden y desde hace mucho rato, sin que se tomen las medidas pertinentes.

Pongo de presente, para empezar, algo que he venido martillando desde hace no sé cuantos años, denunciando que no hay auditoría seria del Estado colombiano en el control a las trasnacionales de la minería y a los contratos de gran minería. Y eso se denuncia y se denuncia, y salen cifras y datos, y la Contraloría y todo el mundo dice, ministro, corrija, pero no se corrige. Estamos limitándonos a aceptar informaciones de buena fe. En el capitalismo y en el mundo de los negocios, les pregunto, quién acepta relaciones en las que el uno afirma lo que quiera y el otro está obligado a creer por buena fe.

El interés nacional y el extranjero pueden ser antagónicos

Antes de entrar en materia, dos menciones que vale la pena hacer, pues el presente debate va a hacer expresa referencia a las relaciones del país con el capital extranjero. Reafirmo por enésima vez que no abrigo una posición de principios en contra de que en Colombia haya capital extranjero. Pienso que la inversión foránea puede ser bienvenida a Colombia siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos mínimos: que sea beneficiosa para el desarrollo nacional; que no se lesione la soberanía del país, o sea, que ese capital extranjero no venga a imponernos relaciones gravosas en beneficio de sus propios intereses; que no sean relaciones corruptas las que existan entre los funcionarios del Estado colombiano y los inversionistas, y además, que no se pierda de vista que no son idénticos los intereses del capital extranjero y los del el desarrollo nacional. Pueden coincidir o pueden no coincidir e incluso ser antagónicos, dependiendo de las circunstancias. Sostener que siempre y en todos los casos la inversión extranjera es bienvenida resulta una deformación. Hago en segundo término otra advertencia. Tampoco soy de los que piensan que no debe existir la minería. El mundo no puede funcionar sin proyectos mineros de uno u otro tipo. Lo que hay que ver es, ministro, dados los grandes impactos de estos proyectos mineros, cómo se resuelve el problema medioambiental, que viene agravándose, qué sucede con los derechos laborales, si las empresas pagan las regalías y los impuestos que deberían pagar, si se respeta la soberanía nacional y, nuevamente, si no hay corrupción y si no se estimula la corrupción de los funcionarios públicos.

Señalo un hecho preocupante y es el tamaño del territorio adjudicado a inversionistas extranjeros. Para mencionar un solo caso, la Anglo Gold Ashanti tiene concesionadas 690 mil hectáreas, en números redondos, un territorio inmenso con impacto sobre asuntos políticos y económicos y que explica buena parte de las contradicciones que se están viviendo en el mundo de la minería y que tienden a agravarse. Es el conflicto entre un sinnúmero de ciudadanos colombianos, pequeños, medianos, artesanales, de origen campesino, que quieren estar en el negocio de la minería y no pueden hacerlo porque el país está concesionado a las trasnacionales. La situación está creando todo tipo de fricciones, de roces, de enfrentamientos, y no veo que el país los esté asumiendo con
seriedad y que nos pueden traer gravísimas complicaciones. Prima otra vez la lógica de privilegiar el capital extranjero sobre los intereses de los nativos de estas tierras, lógica que por supuesto no comparto.

Muerte en Amagá

Vamos a los casos. Del primero que quiero mencionar, los cerca de setenta muertos de la mina de carbón en Amagá, algo se habló en Colombia, pero rápidamente fue olvidado por los medios de comunicación. El hecho tiene como una de sus causas el mal funcionamiento de la economía minera, porque no de otro modo se explica que en pleno siglo XXI sucedan catástrofes como estas cuando hay todo tipo de controles y medidores. Solo puede entenderse porque fallaron las medidas de precaución de los propietarios de la mina y porque fallaron los controles del Estado. En otro país del mundo esto solo, setenta ciudadanos pobres muertos, tumba al ministro. Aquí hubo dos días de menciones y se acabó el asunto y traigan otros nuevos para que siga operando la mina. Lo señalo como un hecho grave que el país dejó pasar sin que realmente se asumieran las consecuencias respectivas.

Paro cívico en Segovia y Remedios

Hoy somos testigos de otro problema grave relacionado con minería, el paro cívico que se desarrolla en Remedios y en Segovia, nordeste antioqueño, por cuenta de un conflicto entre los trabajadores de la Frontino Gold Mines, el gobierno nacional y unos compradores que terminaron quedándose hace poco con la mina. El paro refleja una contradicción bien grave. Los trabajadores sienten que las decisiones que tomó el gobierno de venderle la mina a una trasnacional canadiense se hizo atropellando sus derechos de propiedad y consideran además que fue un mal negocio por las reservas estimadas de oro, sobre las que se tiene alguna idea, no precisa del todo, y porque terminó vendiéndose la onza de oro a unos cuarenta dólares, cuando en el mercado internacional está costando 1.269 dólares. El hecho genera de entrada un llamado de atención y una actitud de repulsa por parte de quienes sienten que esos son sus intereses, y voy a explicar por qué los trabajadores lo ven así. Como si fuera poco, los que hoy están quedándose con la mina, unos canadienses, entran barriendo y echando a todos los trabajadores. Esto tiene origen en una liquidación previa de la empresa que acaba con la personería jurídica del sindicato y a su vez con el sindicato. Raro sería que no protestaran los trabajadores, porque si ellos ven que la mina es suya y que se vende a menos precio en contra de su opinión y que además la primera decisión que se toma es echarlos a la calle y reenganchar a algunos en condiciones salariales inferiores, el repudio es apenas lógico.
Este es un pleito viejo. Hace muchos años, los místeres propietarios de la Frontino Gold Mines, digámoslo así para simplificar las cosas, terminan arruinándose con el negocio. Y les pagan con la mina a los trabajadores, de acuerdo con una escritura firmada en el consulado de Colombia en Nueva York. Les dicen, señores trabajadores, las acreencias laborales que ustedes tienen páguenselas con la mina. El proceso es larguísimo. La mina está intervenida por la Superintendencia de Industria y Comercio hace mucho rato y desde el año 2004 se empieza a impulsar la decisión de vender la mina. Los trabajadores dejan en claro en ese momento que son ellos quienes tienen que decidir si se vende o no se vende,
porque ellos son los dueños. El gobierno esgrime argumentos jurídicos que no voy a detallar aduciendo que el gobierno está en pleno derecho de hacer lo que está haciendo. No voy a entrar en discusiones jurídicas al detalle. Los trabajadores sostienen que sus derechos son suficientes y lo mismo sostiene el gobierno, pero aquí hay un problema de sentido común y es que cuando los extranjeros entregan la mina en dación de pago a los trabajadores, resulta fácil entender que son los trabajadores los que quedan con los derechos sobre la propiedad. Pero al final es el gobierno el que decide. Digo entonces que, o la mina es de los extranjeros, de quienes fueron propietarios por mucho tiempo, o es de los trabajadores, pero lo que no entiendo es cómo se recurre a argucias legales para volverla de propiedad del Estado para que sea el Estado el que defina. Hay normas suficientes, señor ministro, por ejemplo, la Ley 222 de 1954 o la 550 de 1999 que le permiten al gobierno nacional, en este caso al del presidente Uribe, haberles entregado la empresa en dación de pago a los trabajadores y que fueran ellos quienes hubieran resuelto qué se hacía. Como la propia Superintendencia lo señala en documentos, el gobierno hubiera podido proceder así y no lo hizo, a mi juicio atropellando un derecho, lo que nos ha conducido hoy a un paro cívico en las dos poblaciones y a un problema complicado que afecta negativamente los derechos de los trabajadores. Es otro caso más en que, como suele suceder en Colombia, cada vez que entran en contradicción los intereses de las gentes del común y los del gobierno y particularmente los de las trasnacionales, la cuerda se revienta por lo más delgado y son los trabajadores los que terminan siendo sacrificados. El paro ya lleva varios días y, hasta donde entiendo, el gobierno nacional no se apersona de un problema que hay allí y que se ha convertido en dificilísima solución porque el gobierno ha venido tomando decisiones y ha venido imponiéndolas sobre esos compatriotas.
Marmato, un pueblo entero que va a ser arrasado

Un segundo caso es el de Marmato, Caldas, bien distinto del anterior pero que también clama al cielo. Cuál es la historia. Marmato es una comunidad multiétnica donde hay gente de ascendencia blanca, indígena y negra. Allí se extraía el oro aun antes de llegar los españoles y lo que hoy llamamos Marmato funciona allí como un establecimiento minero desde hace 470 años. Hay de por medio entonces todo un fenómeno cultural, pues el municipio fue incluso declarado por el Comité Técnico de Monumentos Nacionales como patrimonio de la nación. El casco urbano, con su iglesia, sus colegios, su alcaldía y varios miles de habitantes, forma una configuración urbana algo curiosa, pero digamos que ese es Marmato.

Desde 1954 se estableció que El Cerro del Burro, donde queda la población, era para pequeña minería y la parte baja para gran minería. Desde hace unos años se aparecieron por allí unas trasnacionales, particularmente la Colombia Goldfield, también canadiense –aquí nos están apareciendo los canadienses, ministro, con malos comportamientos por todas partes en estos asuntos de la minería–, y deciden empezar a comprar las minas de los pequeños mineros. Y van comprando minas, y mina que compran, mina que cierran. Terminaron comprando más de cien derechos, en medio de unos discursos alarmistas que apuntaban a meterle miedo a la gente para bajar los precios. Y no solo van cerrando las
minas, sino también los molinos, unos molinos californianos, o sea, los mineros que no venden también se van quedando sin donde moler su mineral.

Aquí hago el primer gran reclamo. Marmato es un pueblo donde todo el mundo vive de la minería. La actividad agropecuaria es escasísima. Cómo se le permite entonces a un inversionista extranjero llegar a un municipio, adquirir las únicas fuentes de trabajo y después cerrarlas con el cuento de que allí se va a hacer una explotación minera a cielo abierto. Y mientras la explotación aparece, ¿de qué vive la gente? Pero no solo eso. Cuando sobreviene la crisis del 2008, la Colombia Goldfield cierra las labores de exploración que estaba adelantando y se vuela, debiéndole plata a todo el mundo. Eso quedó ahí tirado, ministro. Hoy se aparece otra empresa, la Medoro Resources, la misma que se quedó con la Frontino, y algunas labores de exploración se han empezado a acometer, pero la crisis social sigue siendo de proporciones inmensas. Repito mi reflexión: ¿sería posible que alguien llegara al municipio de Saldaña, en el Tolima, una zona arrocera, y comprara todas las fincas y clausurara toda la producción simplemente porque se le dio la gana o porque el negocio no le funciona? ¿No se supone que en condiciones como estas deben respetarse las fuentes de empleo? ¿Podría yo llegar a Bogotá y comprar el Transmilenio y al otro día cerrar todo el sistema de transporte alegando que es mío? Pues justamente eso fue lo que se hizo en Marmato y ¿quién protege a los marmateños? Uno de los líos es que el manejo minero de Caldas lo detenta la Gobernación de Caldas, y de la peor manera. Es otra cosa que se debería revisar, porque lo que allí está sucediendo es inaudito.
Hay otro problema no menos grave que en Marmato ha generado...Continúa...

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Gobierno quiere convertir el río Magdalena en autopista fluvial

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 20:21:00 +0000

( las exportaciones de petróleo y carbón podrían ser más baratas y las Multiancionales ganar más dinero por explotar nuestros recursos, con la mirada complaciente del Gobierno...)

El río Magdalena tiene un potencial de carga que ahorraría tiempo y dinero.

De esa forma, las exportaciones de petróleo y carbón podrían ser más baratas.

El presidente Juan Manuel Santos anunció este fin de semana un ambicioso plan para rescatar al río Magdalena, principal arteria fluvial del país, y convertirlo en un motor de progreso.

La idea es que el río sirva como 'autopista' para exportar, con menores costos económicos y ambientales, hidrocarburos y carbón, entre otros productos.

Santos explicó que, del millón de barriles de petróleo que va a exportar el país, una buena parte se podría transportar por el río hasta el mar Caribe, con ventajas económicas importantes para Ecopetrol y las empresas petroleras privadas.

Y añadió que, con esta alternativa en pleno funcionamiento, se evitará que sigan recorriendo todas las carreteras del país cerca de 1.200 tractomulas que llevan hidrocarburos, vehículos de carga que ocasionan congestiones, deterioros de las vías, contaminación ambiental y sobrecostos.

De los 1.540 kilómetros que tiene el Magdalena, 700 son navegables y el principal problema se registra entre Puerto Berrío (Antioquia) y La Dorada (Caldas), por lo que se necesitan inversiones económicas importantes para recuperar la navegabilidad del río.

Un buen negocio

Víctor Peña, vicepresidente comercial de la Naviera Fluvial Colombiana, empresa que mueve carga por el río, explicó a EL TIEMPO que la iniciativa está bastante adelantada y que el costo de adecuación del Magdalena es de 1,5 millones de dólares por kilómetro (más de 1.800 millones de pesos), añadiendo que eso, comparado con los hasta 7 millones de dólares (12.600 millones de pesos) que vale la construcción de un kilómetro de doble calzada en la ruta del Sol, es "sin duda un buen negocio". El Ministro de Transporte, Germán Cardona, dijo que varias petroleras privadas anunciaron su intención de invertir en la recuperación de la navegabilidad del río, y que para ello se creará una banca de inversión.

El Ministro también anunció que se está trabajando para adjudicar un contrato para la profundización del canal navegable en Bocas de Ceniza, en la desembocadura cerca de Barranquilla, pues allí se necesitan 40 pies y por este sector pueden entrar barcos de gran calado.

En la ribera del Magdalena habitan cerca de 28 millones de colombianos en 726 municipios de 18 departamentos y su cuenca está constituida por los 31 principales ríos del país. La misma cuenca genera el 85 por ciento del producto interno bruto y el 70 por ciento de la producción hidroeléctrica del país, además de concentrar el 75 por ciento de la producción agropecuaria.

Tomado de: http://www.eltiempo.com/

Colombia en el peor de los mundos frente a trasnacionales mineras, dice Robledo - MOIR - Movimiento.

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 20:18:00 +0000

AngloGold Ashanti y demás trasnacionales poseen en concesión un territorio de 43.000 km2, tan grande como los departamentos de Boyacá y Cundinamarca juntos. Por exenciones tributarias, Drummond dejó de pagarle a Colombia casi un billón de pesos entre 1995 y 2007. En Cerromatoso, por malas liquidaciones, la nación puede haber perdido desde 1998 la suma de 210 mil millones de pesos. Pésima la auditoría estatal. La auditoría es indelegable y no debe ser hecha por la empresa privada.

Las trasnacionales de la gran minería le imponen a Colombia las condiciones y el país sigue en el peor de los mundos, dijo hoy Jorge Enrique Robledo en el debate al gobierno nacional que tuvo lugar en la Comisión Quinta. Las compañías no pagan los impuestos y regalías que debieran, no están sujetas en la práctica a una adecuada auditoría y hacen lo que les da la real gana en materia laboral y de seguridad industrial. En contraste, los pequeños y medianos mineros sufren a diario un tratamiento punitivo que persigue sacarlos del mercado.

Al aclarar una vez más que la inversión extranjera es bienvenida siempre y cuando sea beneficiosa y no afecte la soberanía, Robledo denunció que en el país “la cuerda suele reventarse por lo más delgado cuando entran en conflicto el interés de la nación y el de los monopolios extranjeros”. Como aberrante, en especial, calificó las condiciones laborales en las minas, donde rige el sistema de contratistas, con jornadas de doce horas y salarios 70 por ciento inferiores a los del personal de nómina. Cunden las enfermedades ocupacionales, pero las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, se niegan a reconocerlas como tales.

Para ilustrar el punto, el senador del Polo expuso varios casos críticos, entre ellos el de la Frontino Gold Mines en Segovia y Remedios (Antioquia), el de la Colombia Goldfield en Marmato (Caldas), el de la Greystar Resources en el Páramo de Santurbán (Santander), el de la AngloGold Ashanti en Cajamarca (Tolima), el de la Cosigo Frontier en Taraira (Vaupés) y el de la mina aurífera del río Suárez, en el Cauca. Se solidarizó con el paro cívico que adelantan los habitantes de Segovia y Remedios por el despido de 1.600 trabajadores y previno sobre los graves daños que van a causar las explotaciones a cielo abierto previstas en Marmato, La Colosa y Santurbán. Sobre las minas de carbón en el Cesar, donde está asentadas la Drummond y la Glencore, Robledo citó a Salud Hernández-Mora: lo que hay allí “es un concierto para delinquir. Un complot para desaparecer ríos, arruinar proyectos de vida, devastar una región y enriquecer unos pocos bolsillos”.

Hizo referencia a Cerromatoso, donde según Audit Age S.A., una firma de auditoría, la nación dejó de percibir por malas liquidaciones entre 2004 y 2008 más de 23 mil millones de pesos y acusó a Ingeominas por haber aceptado un tribunal de arbitramento con la empresa extranjera, cuando las leyes colombianas lo prohíben. También por malas liquidaciones Colombia perdió en el contrato con Prodeco-Glencore 420 mil dólares. Agregó que la Drummond dejó de pagarle a Colombia casi un billón de pesos (un millón de millones) entre 1995 y 2007, por concepto de IVA, compensaciones y devoluciones. Robledo le pidió al gobierno no prorrogar el contrato con Cerromatoso ni proceder a nuevas renegociaciones de contratos con ninguna de las trasnacionales mientras no sean debatidas ante la Comisión Quinta.

El senador del Polo Democrático advirtió que Juan Manuel Santos seguirá colmando de privilegios al capital extranjero de la gran minería y persiguiendo a los pequeños y medianos y cerró el debate citando a León Teicher, presidente de El Cerrejón: “Así como el país fue afortunado al tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen”.

audio: http://moir.org.co/IMG/mp3/debate_m...
video: www.youtube.com/user/POLOMOIRTV

Tomado de: http://www.moir.org.co

Desde Mexico solicitan suspensión de proyectos hidroeléctricos de El Quimbo, Hidrosogamoso, Pescadero Ituango

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 20:16:00 +0000

Con el apoyo de International Rivers, una de las ONG organizadoras y a instancias del Tercer Encuentro Mundial Contra Represas, los colombianos/as asistentes suscribieron una carta al presidente Juan Manuel Santos Calderón, en la cual solicitan, entre otros puntos la suspensión de los proyectos hidroeléctricos de El Quimbo, Hidrosogamoso, Pescadero Ituango hasta tanto no se cumpla con el principio in dubio pro-ambiente y todos los procedimientos amparados por la Constitución Política de Colombia y los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos y Ambientales. El siguiente es el texto completo.

Temacapulín, México, octubre 3 de 2010

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
Presidente de la República de Colombia
Bogotá D.C.
Ref.: Derecho de petición sobre megaproyectos hidroeléctricos en Colombia

Respetado Señor Presidente:

Los participantes, en el marco del Tercer Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados y las Organizaciones agrupadas en la Red Latinoamericana de Afectados por Represas REDLAR, Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú –ASPROCIG-, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso, Comité Cívico pro Defensa de los ríos del oriente de Caldas y afectados por los proyectos hidroeléctricos Pescadero Ituango, Hidrosogamoso, Complejo Hidroeléctrico del Oriente de Caldas Río Guarinó, Rio Manso y Represa La Miel I, El Quimbo, Urrá I, solicitamos, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, su intervención para que sean atendidas las demandas planteadas por los afectados en torno a cada uno de los proyectos y que se resumen en:

1. La suspensión de los proyectos hidroeléctricos de El Quimbo, Hidrosogamoso, Pescadero Ituango hasta tanto no se cumpla con el principio inubio proambiente y todos los procedimientos amparados por la Constitución Política de Colombia y los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos y Ambientales.
2. Cumplimiento a la Sentencia T 194 de 1999 donde se ordena a las Alcaldías Municipales, Gobernación de Córdoba y la CVS la suspensión de Diques en la Ciénaga Grande, Lorica, Córdoba y de la mitigación de impactos generados por URRA I en su segunda fase.
3. Celebrar la Audiencia Pública solicitada al Contralor General de la República en el 2008 con el objetivo de hacerle seguimiento, evaluación e indemnizaciones según los casos correspondientes a los daños e impactos de Miel I, Trasvase del Rio Guarinó y Rio Manso.
4. Acatamiento del Fallo del Tribunal de Cundinamarca que improbó la Conciliación Extrajudicial entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con relación al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la derogatoria de la Resolución No. 1814 del 17 de septiembre de MAVDT que modificó la Licencia Ambiental.
5. Restablecimiento de los derechos e indemnizaciones por los daños y perjuicios económicos y sicosociales causados por las resoluciones de declaratoria de utilidad pública para la construcción de los proyectos Hidrosogamoso y El Quimbo.
6. Inicio de investigaciones disciplinarias contra funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación Ambiental de Santander por el no cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control en la construcción de la hidroeléctrica Hidrosogamoso.

Preocupa el desconocimiento de la participación de las comunidades afectadas, la desregulación de las normas ambientales a favor de los inversionistas, la deficiencia en los Estudios de Impacto Ambiental, los Planes de Manejo y su cumplimiento y las graves afectaciones económicas, culturales y sicosociales de las comunidades, razón por la cual solicitamos una audiencia con usted para abordar esta problemática.

Esperamos su respuesta en las siguientes direcciones:

ASPROCIG
Carrera 21 No. 17 – 23, barrio Kennedy, Lorica, Córdoba
Comité Cívico en Defensa de los ríos del Oriente de Caldas
Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso
Calle 15 No. 11 – 59, San Vicente de Chucurí, Santander
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales
Carrera 29 No. 15-38 Casa 9, Neiva, HuilaAtentamente,
Juan Pablo Soler Villamizar, REDLAR
Miller Dussán Calderón, c.c. 19117627
Teresita Lasso Amézquita, c.c. 24323743
Betty Cuadrado Villalba, c.c. 50968161
Gregorio Padilla Cuadrado
Consuelo Acevedo, c.c. 51940017
Apoya: INTERNATIONAL RIVERS- Monti Aguirre

Tomado de: http://www.surcolombiano.com/i

Video "El oro contra la vida" Ecocidio en Cajamarca Colombia.

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 20:08:00 +0000

Documental .formato 37 minutos.

Pedimos que se suspenda por siempre el proyecto de exploración y explotación de oro "La Colosa", en Cajamarca, Tolima (Colombia), de la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, dadas las graves consecuencias ambientales y sociales que trae para nuestra región y para el país. Adjunto al presente correo se inserta el texto de la carta dirigido a las autoridades nacionales y al Procurador General de la Nación. En dicho documento se exponen los argumentos que sustentan las razones por las cuales debe prohibirse para siempre la posibilidad de esta explotación. Recomendamos a todos los amigos y amigas de Conciencia Ambiental una juiciosa lectura y, si lo consideran pertinente, proceder a firmar el texto.

Si estás de acuerdo, haz clic en el enlace o cópialo en tu navegador, para añadir tu firma:

http://firmemos.com/sialavidanoalamin... ES REQUISITO DEL SITIO INCLUIR CODIGO POSTAL AL FIRMAR. SI NO TIENES, PUEDES LLENAR EL ESPACIO CON 0000. Para conocer más sobre el proyecto minero, puedes ver un video en Ayúdanos a difundir esta campaña. Nuestras generaciones actuales y futuras te lo agradecerán.

conciencia.ambiental09@gmail.com

conciencia-ambiental09.blogspot.com

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COLOMBIA: Drummond ha sido autorizada para explotar una gigantesca mina (Alvaro Uribe, el 22 de noviembre/10 -convinencia parami)

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 20:02:00 +0000

Drummond ha sido autorizada para explotar una gigantesca mina que convertirá a Colombia en potencia carbonera. Varios pueblos serán trasladados parcialmente y se pavimentarán vías por todo el Cesar. Pero también hay problemas.

Sábado 16 Agosto 2008

Drummond tendrá 47.000 hectáreas para extraer carbón en Cesar. Allí también operan empresas como Glencore y Coalcorp, a las que también le establecieron compromisos como la pavimentación de vías.

Todo lo que tiene que ver con la explotación de la mina de carbón El Descanso en el departamento de Cesar es de proporciones astronómicas. Se trata de uno de los proyectos a cielo abierto más extensos del mundo, junto con El Cerrejón, en La Guajira, lo que va a poner al país entre los tres mayores exportadores de carbón del planeta en cinco años.

El gobierno colombiano acaba de darle vía libre a la explotación de esta mina, por medio de una licencia ambiental que tiene exigentes requisitos, no sólo para la multinacional Drummond, sino para un grupo de empresas que explota carbón en esa zona. La decisión está rodeada de polémica por el enorme impacto económico y social del proyecto.

http://www.semana.com/noticias-economia/carbon/114528.aspx

El Descanso mide 27.000 hectáreas que, sumadas al resto de los terrenos de Drummond en Cesar -como la mina de la Loma-, da un campo de explotación de 47.000 hectáreas, un tamaño igual a la tercera parte de Bogotá. Allí hay 1.700 millones de toneladas en reservas. Si todas las compañías que explotan carbón en Colombia sólo se dedicaran a este proyecto, se irían 25 años para extraer esos recursos. A la Drummond esta mina le da para 'entretenerse' por lo menos otros 60 años. Por eso, la firma ya anunció inversiones por 1.500 millones de dólares para poder cumplir su plan de expansión.

Las implicaciones comerciales y sociales del carbón hoy son inmensas para Colombia, que ya tiene las mayores reservas de Latinoamérica. El país produjo el año pasado 70 millones de toneladas y, de cumplirse todos los planes de expansión de las compañías carboníferas, pasará fácilmente a 170 millones de toneladas antes de 2014. El mercado internacional está hoy dominado por Indonesia, Australia y Rusia. La buena noticia es que Colombia se va a trepar al tercer lugar de ese ranking.

Pero esta historia no es sólo color rosa. Tiene una cara menos amable. La explotación minera, especialmente en la zona de Cesar, ha desencadenado un dramático contraste: miles de millones de pesos en regalías, inversión y utilidades, pero al mismo tiempo cientos de personas sumergidas en la miseria, los malos manejos administrativos y la contaminación ambiental. Sólo un botón de muestra: el año pasado, los habitantes de la Jagua de Ibirico se lanzaron a una asonada para protestar por las malas condiciones de vida en su municipio. Al presidente Uribe le tocó ir a ponerle el pecho al problema.

Para muchos, es en este contexto en el que hay que ver el proyecto de El Descanso y por ello el Ministerio de Medio Ambiente impuso obligaciones bastante gravosas a todas las compañías que explotan carbón en ese departamento.

El Ministerio aplicó un nuevo criterio llamado de "integralidad" para definir las condiciones de la licencia. Esto quiere decir que el compromiso va mas allá de la obligación de no contaminar y mitigar los impactos ambientales, implica ayudar a reducir la contaminación general que se da por la actividad minera en la región.

Por ejemplo, aunque Drummond transporta su carbón por tren, tendrá que pavimentar parte de la vía del Carbón, una carretera de unos 40 kilómetros que hoy está destapada y que utilizan otras compañías para llevar semanalmente toneladas del producto en miles de camiones hasta los puertos. Los índices de contaminación del aire por esta carretera están disparados desde hace años.

Otro de los requisitos más importantes es que antes de dos años, 2.500 personas que viven en el centro de Cesar y se ven afectadas por la explotación del carbón, deberán ser reubicadas. Allí hay habitantes de los municipios de El Paso, La Jagua, Becerril y Chiriguaná.

Esta es una tarea titánica que ha ocurrido muy pocas veces en el país. Hace 30 años se trasladaron 13.000 personas de El Peñol, en Antioquia, por la construcción de la represa que ahora lleva ese nombre. Lo mismo ocurrió con el municipio de Guatavita y el embalse de Tominé.

En este caso, será la primera vez que una reubicación masiva estará en manos de un grupo de empresas carboneras que, a decir verdad, no cuenta con buen prestigio entre la población que va a reubicar. Los retos del traslado son enormes, pues no se trata simplemente de comprar predios, sino de remendar las heridas que la explotación del carbón ha abierto en la región. La negociación será muy dura.

El alcalde de La Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio, recordó la asonada del año pasado en su municipio y aseguró que "las compañías carboneras de Cesar tienen una deuda social, ambiental y laboral con los habitantes de la región". Para él, la reubicación de la población tiene que ser completamente concertada, no sólo con los habitantes, sino también con las autoridades, pues "hemos hecho inversiones en escuelas, restaurantes escolares, infraestructura y redes eléctricas, que no se las vamos ahora a dejar a Drummond". Todo indica que los habitantes de la región exigirán muchas cosas.

Las compañías están obligadas igualmente a hacer un estudio epidemiológico y a pagar los tratamientos médicos de aquellas personas que se confirme resultaron afectadas por la explotación carbonera en la zona.

En materia de infraestructura, Drummond deberá construir una banda transportadora de 3,5 kilómetros sobre el mar y un canal para la entrada de buques de gran calado, con el objetivo de hacer el cargue directo, lo que reducirá la contaminación. Así mismo, un área equivalente a la tercera parte de Medellín, es decir, 12.000 hectáreas afectadas por la explotación minera.

La viceministra de Medio Ambiente, Claudia Mora, explicó que la licencia tiene una trascendencia histórica, por la clase de compromisos que le fueron asignados a la compañía y por su enfoque integral.

"Aquí el asunto no es cuáles son las obligaciones de cada compañía por separado, sino cómo contribuyen en conjunto para que realmente mejore la situación ambiental de esa región que fue declarada zona de fuente de contaminación", explicó. Por eso, temas fundamentales como la pavimentación de la carretera, el traslado de las 2.500 personas y el estudio epidemiológico correrán por cuenta de todas las firmas. Allí están igualmente Glencore, CoalCorp y otras compañías.

Aunque la licencia reglamenta la explotación de la mina El Descanso, incluye obligaciones para otras empresas que tienen licencias ambientales completamente distintas. Una fuente del sector señaló que resulta un contrasentido jurídico: si quisieran apretar a todos, pues deberían haber reformado esas licencias ambientales y no utilizar una de la Drummond, para poner contra la pared a todas. La discusión es tan importante, que la aprobación de la licencia ambiental demoró tres años, lo que no había ocurrido hasta el momento en ninguno de estos procesos.

El negocio del carbón tiene de bueno y de malo, según el lente con que se mire. Por un lado, hay que reconocer que este producto es una fuente de desarrollo para el país, y la aprobación del proyecto de El Descanso así lo ratifica, más aun cuando los precios del producto están en sus máximos históricos, entre 120 y 130 dólares la tonelada. Pero, por otra parte, la población de esa zona tiene las alertas encendidas frente al crecimiento de la explotación carbonífera y su impacto ambiental y social. El gran desafío es si se podrá conciliar los intereses, a veces encontrados, del gobierno, las empresas y las comunidades.

NO LE QUITEMOS LOS OJOS DE ENCIMA A LA ANGLO GOLD ASHANTI

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 19:58:00 +0000

Las organizaciones y procesos abajo firmantes vemos con preocupación cómo se están cerrando los espacios de expresión en regiones mineras, a las poblaciones que plantean objeciones al establecimiento de grandes proyectos extractivos en sus territorios. Cada vez que una comunidad manifiesta su desacuerdo, hace una denuncia sobre los impactos y los conflictos provocados por la minería, o sobre los malos manejos de los proyectos que la afectan, es objeto de estigmatización y persecución.

En ese contexto se destaca el llamamiento a juicio de cuatro militares el pasado 21 de septiembre, quienes son acusados de haber asesinado a Alejandro Uribe Chacón en 2006, reconocido líder del Sur de Bolívar en el Magdalena Medio, y de presentarlo como guerrillero muerto en combate. Las autoridades han determinado claramente que no se trataba de un delincuente y señalan que este dirigente recibió un disparo a sangre fría por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. Los mismos informes de prensa señalan que se sospecha de la relación de este asesinato con las operaciones de la transnacional minera Anglo Gold Ashanti, ya que Uribe Chacón se destacaba por su férrea oposición a esa empresa en la región.

Anglo Gold Ashanti es una transnacional de origen surafricano, conocida en el mundo por financiar grupos paramilitares, como en el caso denunciado por Human Rigths Watch en la República Democrática del Congo, y por asediar y perseguir a las comunidades que obstaculizan la entrada de sus proyectos mineros.

Además de las delicadas acusaciones sobre su relación con el asesinato de líderes en el país y de su responsabilidad en la división de comunidades para favorecer sus intereses, Anglo Gold Ashanti ha ignorado las disposiciones legales ambientales nacionales. De hecho, el Ministerio de Ambiente le impuso una multa de 140 millones de pesos el pasado 30 de julio, por hacer labores de exploración minera en una zona de reserva forestal.

De acuerdo al informe de gobernanza de la propia empresa, solamente en un año (2008) se gastaron cerca de 330 mil millones de pesos en el proyecto de La Colosa, sin incluir los gastos de proyectos económicos y ambientales. En ese sentido, demandamos tanto de la empresa como de las entidades estatales competentes, transparencia en la información, de manera que las comunidades conozcan la destinación de esos dineros.

A pesar de todo lo anterior, siguen en curso múltiples proyectos mineros en Colombia a cargo de la Anglo Gold Ashanti, de los cuales el más reconocido es el de 'La Colosa' en Cajamarca, Tolima. Las comunidades han señalado que este proyecto aurífero, que sería la mina a cielo abierto más grande en el país, acabaría con importantísimas fuentes de agua superficial y subterránea, significaría el desplazamiento de comunidades enteras y la ruptura definitiva del tejido social en la zona. También denuncian sus pobladores que la empresa ha venido comprando terrenos, en algunos casos a través de testaferros. Denunciamos este hecho como un avance de los procesos de extranjerización de la tierra, que podrían provocar graves conflictos sociales, ambientales y políticos.

Consideramos muy delicada la realidad que estos hechos develan y hacemos un llamado a las autoridades para que lleven hasta las últimas consecuencias la investigación judicial relacionada con la muerte de Alejandro Uribe Chacón, de manera que no solamente se condene a los autores materiales, sino que también se conozca la verdad sobre la motivación de este crimen y sus determinadores.

Exigimos también que se investiguen los procedimientos y prácticas de Anglo Gold Ashanti en las más de 300.000 hectáreas sobre las que reconoce tener títulos; que se respete la voluntad popular de las comunidades que ya han expresado su negativa rotunda a la entrada de los proyectos mineros de esta empresa; y que se suspendan todas sus actividades a lo largo y ancho del país, hasta tanto no haya claridad sobre las denuncias a las que hemos hecho referencia.

De la misma manera, solicitamos apoyo nacional e internacional para vigilar de cerca las acciones de la Anglo Gold Ashanti en Colombia y evitar así violaciones a nuestra soberanía, al Estado Social de Derecho, a la organización social y al medio ambiente.

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2010.

Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME.

Asociación Agroecológica El Amparo. Trujillo, Valle.

Asociación Agroecológica Koinonía. Trujillo, Valle.

Asociación Agroecológica Esther Cayapu, ASOAESCA. Trujillo, Valle.

Asociación Campesina Bien Andantre. Sucre, Cauca.

Asociación Campesina de Desarrollo Sostenible, ASCADES.

Asociación Campesina Tequendama. Sucre, Cauca.

Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo "KWE'SX KSXA'W".

Asociación de Desarrollo Intergral Sostenible Perla Amazónica, ADISPA.

Asociación MINGA

Asociación de Productores y Procesadores Semillas de Paz, ASPROSEPAZ.

Asociación de Productores y Procesadores Camino al Futuro, ASPROCAF.

- Ocultar texto citado -

Asociación Familiares de Víctimas San Antonio. Inza, Cauca

CEDINS.

CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia.

Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna.

Colectivo de Reservas Campesinas de Santander.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Consejo Comunitario de Rio Naya, Municipio de Lopez de Micay y Buenaventura.

Consejos menores de Jiguamiando de las Zonas Humanitarias y biodiversidad.

Consejos menores de Curvarado de las Zonas Humanitarias y biodiversidad.

Comisión de Vigilancia y Seguimiento para la Protección del Páramo El Almorzadero.

Comunidades de Autodeterminacion, Vida, Dignidad de Cacarica, Cavida.

Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez.

ECOTIERRA.

Escuela de Derechos Humanos Ullucos. Resguardo San Francisco. Toribío, Cauca.

Familias Desplazadas. Argelia, Cauca.

Federación Agrominero del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL.

Fundaexpresión, Santander.

Grupo de Jovenes Raices de Dignidad Perla Amazónica, JURADIPA.

Grupo Porvenir.

Jóvenes Unidos por el Bienestar del Calima JUBCA. Corregimiento Bajo Calima, Municipio Buenaventura.

OCODESTAM Toledo, Norte de Santander.

Palenke Alto Cauca, PCN.

RED Antorcha.

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, RECALCA.

Red de Alternativas.

Resguardo Alto Guayabal, Coredocito.

Resguardo Indígena Santa Rosa de Guayacán (Pueblo Nonam). Bajo Calima, Municipio de Buenaventura.

Zona de Biodiversidad "El Triunfo".

Zona de Biodiversidad "Buena Vista".

Zona de Biodiversidad "La Gurrera".

Francisco Ramirez Cuellar por Sintraminercol- Funtraenergetica

Fernando Ramirez Gonzalez por Fenasintrap.

Diego Arango, Iniciativa Ambiental, Boyacá

Luz Stella Ramírez Guevara

Tomado de: http://www.reclamecolombia.org

Sin licencia para explotar: GreyStar insiste en hacer mineria a cielo abierto en el Páramo de Santurbán

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 19:51:00 +0000

Más de un millón de habitantes del casco urbano de Bucaramanga, de Cúcuta y de otros 22 municipios de Santander, están concentrados en proteger sus más importantes fuentes de agua, que nacen en el Páramo de Santurbán. Y su tarea no es nada fácil, pues contra todos los argumentos jurídicos, ambientales, sociales y hasta de sentido común, la multinacional de origen canadiense GreyStar insiste en solicitar licencia para explotar oro a cielo abierto en dicho páramo, actividad en la cual es indispensable el uso de cianuro.

Como parte del proceso de licenciamiento, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijó para el próximo 21 de noviembre a las 9:00 a.m., la realización de una audiencia pública solicitada por de más 250 ciudadanos y organizaciones sociales, académicas y ambientales de Santander.

A pesar de que tanto esos ciudadanos y grupos, como el grueso de la población que sería impactada con el proyecto minero se ubican en Bucaramanga, el Ministerio citó la audiencia en el municipio de California, lo que dificulta que gran parte de las personas interesadas puedan acudir a ella. Adicionalmente, en la zona se han evidenciado difíciles condiciones de seguridad, pues fuerzas oscuras se han dado a la tarea de estigmatizar ante la población a las personas que se oponen al proyecto Angosturas, en procura de que no se conozcan o se pasen por alto los graves impactos de la minería a cielo abierto.

Estos hechos han sido públicamente denunciados tanto por las organizaciones que solicitaron la audiencia, como por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, que dirigió un derecho de petición al Ministerio de Ambiente el pasado 14 de octubre, exigiendo que se garantice la seguridad de los asistentes, en caso de que se realice la audiencia pública en California, pues manifiesta que es irregular que este evento se haya programado sin incorporar todos los elementos técnicos y científicos al proceso de estudio de la licencia y, por tanto, pide su aplazamiento.

Queremos señalar ante la opinión pública que este tipo de irregularidades no son nuevas en el proceso de licenciamiento del proyecto Angosturas, pues la empresa GreyStar desdeña múltiples disposiciones nacionales e internacionales que protegen de manera especial a los páramos por su importancia en la conservación del agua, en el control de la crisis climática y en la protección de flora y fauna. Como si fuera poco, la reciente modificación al Código de Minas en Colombia excluyó directamente a los páramos y a los humedales Ramsar de la actividad minera, a pesar de lo cual la empresa insiste en que le sea otorgado un permiso de explotación en alta montaña, lo cual sería, a todas luces, inconstitucional.

Por los graves impactos que el otorgamiento del permiso de explotación tendría sobre la población santandereana y el delicado precedente que sentaría una decisión que no diera la adecuada prelación al interés general, la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME:

* Manifesta su apoyo a las organizaciones y ciudadanos que han sentado su voz de protesta y que entienden que dar vía libre al proyecto Angosturas significaría condenar a la desaparición a la ciudad de Bucaramanga y a otros municipios cuyo acueducto se surte de las aguas de Santurbán;

* Aplaude su empeño por evitar que el agua sea envenenada con cianuro y que se destruya irremediablemente uno de los complejos de páramos más importantes del país;

* Destaca los importantes ejercicios democráticos que estos grupos han llevado a cabo, como los foros y marchas multitudinarias que no se registran en los medios masivos,

* Y los acompaña en el noble propósito de defender el agua como bien público.
Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME.

Tomado de: http://reclamecolombia.org http://reclamecolombia.org/

Carbón y sangre en las tierras de ‘Jorge 40’

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 08 Nov 2010 19:42:00 +0000

En La Jagua de Ibirico, los ‘paras’ masacraron a 18 agricultores, se apropiaron de tierras de muertos, con un notario y el Incoder, como cómplices y, luego se las vendieron a las multinacionales del carbón.

“Si esa tierra no tiene esas minas, a nosotros no se nos hubiese hecho lo que nos hicieron”, dice Isabel López* bajo la débil sombra de un mango en el patio polvoriento de su casa en Bosconia, Cesar, donde llegó en 2004 huyendo de su vereda Mechoacán, en la Jagua de Ibirico, desplazada por los paramilitares.

El lamento se repite en una casita del barrio de invasión 25 de diciembre, al pie de la pista del aeropuerto de Valledupar. Ahí, Ana Ramos*, que se amontona con 17 familiares en dos cuartos, recuerda: “En 2002 salimos volados de El Prado en La Jagua, después de que los ‘paras’ mataron a 12 personas”.

Aunque Ana y María no se conocen, comparten la misma tragedia. En los años noventa, junto a decenas de familias, lograron que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, ahora Incoder) les adjudicara parcelas en las veredas Mechoacán y El Prado de La Jagua de Ibirico, un municipio a 125 kilómetros al sur de Valledupar, al pie de la Serranía del Perijá.

“En 1990, por la falta de tierra y de oportunidades, nos juntamos con varios compañeros para invadir la hacienda Mechoacán en La Jagua“, le contó a VerdadAbierta.com Ulises Daza*, un campesino analfabeta que hoy sobrevive en Bosconia. Después de varios años de ocupación, el 3 de agosto de 1994 el Incora adquirió las 4.700 hectáreas de Mechoacán por 716 millones de pesos, que repartió entre 133 familias de campesinos sin tierra.

“Yo tenía una casa con techito de palma, cocina, teníamos carneros, gallinas. Sembrábamos yuca, patilla, naranjas, mandarinas, cocos, mango. Los palos de mango todavía están ahí, lo que ya no existe somos nosotros”, recuerda Manuel Hernández*, ex parcelero de Mechoacán.

Las adjudicaciones de El Prado tuvieron un origen distinto. En1996, 500 colonos colombianos casi crean un incidente diplomático con Venezuela. Tras 20 años de vida en los bosques de la Serranía del Perijá, la Guardia Nacional de Venezuela atacó y desalojó a más de 80 familias que estaban desparramadas en finquitas cafeteras sobre la línea fronteriza.

Después de sobrevivir meses en la escuela de Victoria de San Isidro, un corregimiento de La Jagua, la tragedia de estos colonos se volvió casi un símbolo patrio y la gobernación del Cesar y el Incora los reubicaron en varios predios de la región.

El 21 de mayo de 1997 el Incora compró en 910 millones de pesos la hacienda El Prado, en la Jagua de Ibirico, 1300 hectáreas que el Instituto les entregó a 51 familias.

“En 1999 el Incora nos mandó cartas donde consta que nos da la posesión de las tierras y nos declara sujetos de reforma agraria”, le dijo a VerdadAbierta.com uno de los desplazados de El Prado. Y agregó “cuando llegaron los ‘paras’, nos quitaron esas cartas, las quemaron”.

La estampida

Por esas tierras, en cuyas entrañas hay millones de toneladas de carbón, los paramilitares del Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, asesinaron a 18 campesinos, desplazaron a muchos más y arrasaron a las dos comunidades de Mechoacán y de El Prado.

“Los ‘paras’ crearon un ambiente de zozobra y terror generalizado para sacarlos y robarles las tierras” le dijo a VerdadAbierta.com un investigador judicial que lleva varios años siguiendo el caso de El Prado y Mechoacán.

El 19 de mayo de 2002 paramilitares del Bloque Norte entraron a El Prado. Llegaron a la Parcela 12 sacaron a culatazos a Jesús Eliécer Flórez Romero y a sus tres hijos Bladimir, Gustavo y Elyesil, éste último de 16 años. Secuestraron además a Edilberto Góngora, que visitaba la familia Flórez ese día.

La señora Margot Durán, la esposa de Jesús Eliécer Flórez, recordó: “Llegó un grupo de hombres a las 10 de la mañana. Se metieron a la casa y se los llevaron amarrados. No se identificaron pero en medio del susto les pude leer un brazalete que decía contraguerrilla”. Ella nunca volvió a ver vivos a su marido y sus hijos. Tampoco ha encontrado sus cuerpos.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, uno de los jefes del Bloque Norte, aceptó que fue uno de los asesinos de la familia Flórez. “Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, esto genera mucho dinero, por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos”, dijo.

En una versión libre de noviembre de 2009, ‘El Samario’ también confesó la masacre. Según contó, el grupo de ‘paras’ salió de la finca El Carmen, de Hugues Rodríguez, que colinda con El Prado. ‘El Samario’ le explicó a la Fiscalía: “Ahí estábamos con ‘Tolemaida’ en una reunión con el abogado José Daza Ortiz. ‘Tolemaida’ les sacó información y yo maté a uno, él a dos y José Daza a dos más. Después los sacaron en un tractor y salieron con la retroexcavadora. Los desaparecieron, no sé donde fueron enterrados”. ‘Tolemaida’ es Oscar José Ospina Pacheco, mano derecha de ‘Jorge 40’.

En los meses siguientes los ‘paras asesinaron a siete parceleros más de El Prado: Orlando Arias, Edward Bernal, José Sarabia, Crisanto Quintero, Santiago Francisco Lindarte, Huber Meza y un señor llamado Jimmy.

‘El Samario’ además le explicó a la Fiscalía que los crímenes eran ordenados por Hugues Rodríguez, el presunto ‘Barbie’ del Bloque Norte, un amigo de infancia de ‘Jorge 40’, y cuya hermana fue asesinada por las guerrillas. Hugues fue condenado en Colombia por el asesinato de la jueza de Becerril Marilys Hinojosa y que ahora está con libertad condicional en Estados Unidos, mientras negocia una condena por lavado de activos con la justicia de ese país.

‘El Samario’ también dijo: “En Justicia y Paz me enteré que estas tierras fueron entregadas a familiares del difunto ‘39’ . Me enteré de esto y que era porque Hugues (Rodríguez) quería expandir sus tierras, porque tenían carbón, de ahí es donde nace todo esto”. David Hernández Rojas era ‘39’, segundo al mando del Bloque Norte.

Hoy Hugues Rodríguez, sus familiares y la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes poseen cerca de ocho mil hectáreas, entre las que están las parcelas de los campesinos usurpados de El Prado y Mechoacán, sobre la mina de carbón El Descanso, una de las más grandes de Sur América.

En Mechoacán también sacaron a los adjudicatarios del Incora a la fuerza. El 2 de agosto de 2004 Enrique Sierra, alias ‘Peluca’, Adolfo Rada, alias ‘120’ y Erney Quintero, alias ‘80’, gatilleros del Bloque Norte, asesinaron a Luis Trespalacio Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Mechoacán.

“Lucho Trespalacio era conocedor de los principios de la reforma agraria y defensor acérrimo de los campesinos” recuerda Isabel López* en su patio en Bosconia. Los ‘paras’ también mataron a Gabriel Cudri, miembro de la JAC de Mechoacán.

José Herrera*, desplazado de Mechoacán, recordó: “Desde el 99 empezaron a meterse grupos. Una noche mi hijo mayor les dijo que cómo así, que tanto habíamos luchado por las tierras y no se las íbamos a dar así. Me lo iban a matar, por eso me fui a Riohacha. Pero igual los ‘paras’ fueron allá y me lo mataron. Dijeron que fuera donde fuera, me lo mataban, porque no se dejó amedrentar de ellos. Y así hicieron con casi todos los que recibimos esta tierras”.

‘El Samario’ le dijo a VerdadAbierta.com que no estuvo en Mechoacán, pero que sabe que allá los asesinatos y el desplazamiento también fueron por el carbón.

¿Cómo se robaron las tierras en El Prado?

Sin embargo la maldición del carbón para los campesinos de Prado y de Mechoacán apenas empezaba.

Cómo la ley 160 prohíbe vender tierras de reforma agraria antes de doce años, los ‘paras’ desplazaron a sus dueños. Después del desplazamiento el Incoder (que reemplazó al Incora) constató que las tierras estaban abandonadas y se las entregó a otras personas.

Según consta en los folios de matricula inmobiliaria donde pocos meses después de las masacres y los desplazamiento, declara que estas tierras están en caducidad administrativa.

Según investigó la Fiscalía, en El Prado ,el Incoder le traspasó las Parcelas 6,9, 10, 45 y 48 a familiares de David Hernández, alias ‘39’, ex jefe del frente Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y mano derecha de ‘Jorge 40’, asesinado en 2004. Cuatro sobrinos de ‘39’ y la compañera de uno de ellos figuran como los dueños.

Los investigadores judiciales también determinaron que el Incoder le dio un tercio de los predios (17 parcelas) a una sola familia, lo que está prohibido por ley y que, presuntamente con la complicidad de su director de entonces, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, el Incoder de Cesar le reconoció la posesión a los testaferros de los paramilitares. Estos testaferros después le vendieron sus terrenos a Prodeco, multinacional suiza de la minería, según constataron funcionarios de la Fiscalía.

Por el probable origen espurio de los títulos, la Fiscalía ordenó medidas cautelares sobre los predios. Además acusó de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado a ‘39’, ‘Tolemaida’, ‘El Samario’, y al ex gerente regional del Incoder, Carlos Reyes. También solicitó abrirle investigación a otros funcionarios del Incoder: a Enrique Herrera Araujo, asesor de la gerencia, a Jairo Mesa Guerra, subgerente de promoción y a Alfonso Vidal Baute, director territorial del Incoder.

En Mechoacán los muertos firmaron

Para los campesinos de la vereda Mechoacán la venta de sus tierras fue aún más irregular. Cómo los parceleros llevaban más tiempo en sus tierras, ya tenían títulos de propiedad, por lo que los ‘paras’ y sus aliados, según lo determinó la Fiscalía, tuvieron que recurrir al notario de Chiriguaná, Cesar, para falsificar las escrituras originales.

Tiberio Royero, el notario de Chiriguaná en la época y Carlos Reyes Jiménez, gerente del Incoder de Cesar aprobaron nuevos títulos, a todas luces fraudulentos. Así por ejemplo, ya muertos, varios parceleros de Mechoacán firmaron el presunto traspaso de sus escrituras. Es el caso de Esteban Muñoz, que falleció el 15 de agosto de 2006 y que firmó la escritura el 6 de septiembre de 2006, es decir tres semanas después de su deceso.

VerdadAbierta.com también encontró diversos documentos donde las cédulas de las personas que salen firmando no corresponden a la identificación real de los parceleros de Mechoacán.

Así mismo varios campesinos analfabetas se quejaron ante VerdadAbierta.com que el traspaso de sus lotes fue refrendado con firmas falsas. “Yo ni siquiera sé firmar. Mi papá sólo nos enseñó a echar machete y ahora mis escrituras salen con una firma perfecta”, explicó a VerdadAbierta.com Ignacio Zuleta*.

Hay que resaltar que en 2003 once campesinos dueños de Mechoacán ya estaban en el registro departamental de desplazados por la violencia, según consta en los archivos de Acción Social. De todos modos, el Incoder decidió caducar la adjudicación de 26 parcelas, entre las cuales había por lo menos dos que pertenecían a familias desplazadas a la fuerza, ya registradas. Así lo determinó el CTI. El Incoder tenía la obligación de tomar medidas cautelares sobre esos predios y evitar la venta. En vez de eso declaró que las tierras estaban abandonadas, lo que permitió el traspaso de los títulos.

Así, entre los nuevos propietarios de Mechoacán está Ana Alicia Quiroz Martínez, alcaldesa de La Jagua de Ibirico entre 1998 y 2000, condenada en 2009 a cuatro años de prisión por uso irregular dineros públicos. Según un documento de la Fiscalía tenía la parcela 36.

Otro político que se quedó con tierras fue Laureano Enrique Rincón Ortiz, alcalde de La Jagua electo en 2006, destituido en 2007 por la Procuraduría. Según consta en las matrículas inmobiliarias de Mechoacán, en 2006 Rincón aparece a la cabeza de la parcela 75.

A su vez Jorge Alberto López, parcelero original de Mechoacán, se vio favorecido con una entrega masiva de predios y terminó con más de diez parcelas en sus manos. La investigación judicial constató que él adquirió las parcelas 17, 74, 75, 50, 51, 53, 56 y 87, ya sea a su nombre o que “a través de personas interpuestas”.

Por las graves irregularidades el ex notario de Chiriguaná Tiberio Antonio Royero Rangel tiene medida de aseguramiento. Royero, declaró ante la justicia que no es responsable por el robo de tierras, pues lo hizo bajo la presión de los ‘paras’.

Según Royero, en enero de 2006, las autodefensas le advirtieron que tenía que firmar escrituras previamente elaboradas por Enrique Rincón (ex alcalde de La Jagua) y Rina Caicedo Duarte. El ex notario también señaló que Carlos Reyes, entonces gerente del Incoder Cesar, le dio dinero como “parte de pago de los derechos notariales e impuestos de las escrituras que se estaban elaborando”.

¿Quién tiene las tierras hoy en día?

Después de haberse tomado las tierras de Mechoacán y El Prado, los presuntos testaferros de los paramilitares y varios políticos negociaron los predios usurpados con las multinacionales Prodeco y Drummond. Hoy buena parte de esas tierras son devoradas por enormes volquetas y retroexcavadores gigantes que explotan el carbón. Las medidas de protección llegaron demasiado tarde, cuando algunos de estos predios ya estaban siendo explotados por las mineras.

En 1997 el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y Drummond firmaron un contrato para la exploración y explotación de El Descanso, con reservas aproximadas de 1.760 millones toneladas de carbón. Después de decenas estudios, en 2009 se iniciaron las primeras excavaciones. Además se prevé que debajo de las capas de carbón de El Descanso reposan millones de metros cúbicos de gas.

Como los recursos subterráneos son propiedad de la Nación, las compañías que obtienen las concesiones tienen que conciliar con los propietarios de los predios donde se encuentran las minas o de lo contrario serán expropiados.

Después de cancelar las adjudicaciones a los campesinos y los predios quedaron oficialmente baldíos, el Incoder pactó con Prodeco y Drummond para entregárselos. Nelson Urbina, defensor de desplazados de El Prado resumió el despojo: “El Incoder les quita la posesión diciendo que se fueron voluntariamente, cuando ellos se fueron amenazados y se metieron otras personas y éstas negociaron con Prodeco. Los que vendieron no son los verdaderos dueños, los suplantaron, porque los verdaderos propietarios se fueron del Cesar”.

Según consta en documentos oficiales, de las 128 parcelas de la vereda Mechoacán, 124 están ocupadas por Drummond. La justicia tiene parte de estas tierras en extinción de dominio, y la carbonera estadounidense necesita comprarlas para seguir con la explotación de la mina.

En diversas oportunidades y a lo largo de varias semanas, VerdadAbierta.com intentó que voceros de la Drummond aportaran su versión de los hechos, y de si tenían o no conocimiento sobre el origen espurio de las tierras que compraron, pero no fue posible recibir respuesta.

El Prado fue comprado por Prodeco, compañía minera de la multinacional suiza Glencore. En un comunicado a la opinión pública de 2007, Prodeco había informado que su empresa consiguió legítimamente los predios en la vereda, a través de una negociación con el Incoder. Explicó que el gobierno obligó la empresa a comprar los predios a 46 familias que tenían el título de propiedad e informó y que pagó por ellos en octubre de 2008 casi 4.000 millones de pesos. Y que enero de 2009 celebró con el Incoder un Contrato de Promesa de Permuta, donde el Instituto se comprometió a traspasarles la propiedad de El Prado.

En marzo de 2010 la multinacional suiza empezó la explotación de El Prado. Sin embargo algunos desplazados ocuparon los predios. Por eso, según el comunicado, “Prodeco solicitó la ayuda e intervención de la fuerza pública para prevenir y garantizar la integridad de unos y otros”.

La multinacional concluyó que a pesar de haber invertido más de 7.000 millones de pesos en El Prado, por las anomalías de Incoder no ha podido adquirir la totalidad de los predios, e invita las autoridades competentes a resolver la situación.

“Lo que es mío es mío”

En los últimos meses los propietarios originales de El Prado han denunciado la precaria situación en la que se encuentran. El 14 de mayo de 2010 los campesinos se tomaron la sede del Incoder en Valledupar, que a sus ojos es el principal culpable del despojo, pues al declarar que los predios de El Prado y Mechoacán estaban abandonados permitió que pasaran a manos de testaferros de los ‘paras’.

Nelson Urbina, abogado de desplazados dijo: “Lo que queremos es que les den su propiedad a los legítimos dueños y que se beneficien si posteriormente la misma Prodeco o cualquier empresa minera está interesada en comprarles sus predios”.

Por eso la Procuraduría abrió una investigación en julio de 2010 y solicitó crear una agencia especial que se ocupe del expediente e indague cuál fue el rol del Incoder en el despojo.

En los últimos meses las autoridades capturaron a José Ospino, alias ‘Tolemaida’, a Wilber Sierra, alias ‘Wicho’ y a Fernando Andrade, alias ‘El Lanero’, que asesinaron y desaparecieron a cinco personas de El Prado.

Sin embargo, Isabel López* aún no canta victoria, pues su situación sigue siendo la misma desde hace casi diez años. A pesar de poseer un lote que vale millones de pesos, vive en una casa de lata en Bosconia, vendiendo empanadas y jugos en los buses intermunicipales que paran en la ciudad.

Por eso dice con rabia y orgullo, “cuando digo que algo es mío, es mío, es mío y no voy a dejar de combatir hasta que me lo devuelvan”.

*Los nombres de los desplazados de El Prado y Mechoacán con los que VerdadAbierta.com habló fueron cambiados por razones de seguridad.

Fuente: verdadabierta.com

Estamos aún a tiempo de evitar un nuevo engaño

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 13 Sep 2010 22:48:00 +0000

Produce indignación leer el editorial del Diario del Huila ‘Ituango y el Quimbo’, publicado en su edición del 6 de septiembre de 2010. El editorial de marras es una confesión de parte de la miopía y la ignorancia y la genuflexión de las clases dirigentes de esta región respecto de los intereses de una multinacional como Emgesa y de un negocio como El Quimbo, que perjudica la economía regional y a varios miles de personas del Huila.

El editorial está plagado de falacias burdas, que solo los ilusos y desinformados se tragarían enteras. Veamos por qué:

1) Ituango tiene un valor de 5.000 millones de dólares frente a unos 700 millones de El Quimbo, es decir, 7 veces más.

2) Ituango es un negocio de los colombianos de Antioquia, 100 por ciento. Allá no se está cediendo suelo patrio a ninguna empresa extrajera. El Quimbo es un negocio 100 por ciento privado en el cual ni La Nación ni el Departamento tienen participación alguna. Ituango será construida y operada por los antioqueños, a través de EPM, en una clara demostración de su capacidad y progreso tecnológico y empresarial.

No obstante, no puede desconocerse que Hidroituango no es la excepción cuando de consecuencias adversas para el medioambiente se trata. Como bien los señala la Comisión Mundial de Represas, máxima autoridad mundial en la materia, todo embalse tiene un efecto negativo sobre los ecosistemas y entrega su cuota al calentamiento global. Además, producen desplazamiento forzado. Por eso, hoy día son vistas como tecnologías no limpias y obsoletas, frente a los nuevos avances de las tecnologías energéticas que permiten la utilización del sol, el aire, las mareas y el hidrógeno. Consecuencias que han sido advertidas por un importante movimiento social en Antioquia.

3) El Quimbo solo producirá el 5 por ciento de la producción energética nacional, en su mejor momento, y esa energía será 100 por ciento para exportación. Solo en un caso eventual, remoto, su energía iría a consumo interno. Se espera que Hidroituango genere unos 20.000 empleos directos e indirectos y regalías por la venta de energía por unos 40.000 millones de pesos a 158 municipios de la cuenca del río Cauca, no sólo en Antioquia sino también en Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Cauca. En El Quimbo, como sugiere el señor Julio Santafé en declaraciones de prensa, todos los técnicos vendrán de fuera, y los pocos empleos temporales que darían a los huilenses serían los de menor calificación. Las regalías, como sucedió con Betania, terminarán devoradas por la corrupción regional.

4) El Quimbo inundará áreas de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), que suman más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones agrícolas y ganaderas. Actualmente se siembra tabaco, cacao, arroz, sorgo, maíz, plátano, yuca y frutales diversos. El valor de la producción y comercialización agropecuaria se estima en $32.000 millones anuales (750 predios).

La inutilización de tierras agrícolas significa una pérdida económica y contribuye a la progresiva disminución de la seguridad alimentaria de la región y el país. Este cambio negativo se expresa en el decrecimiento porcentual de la producción agropecuaria en relación con el PIB regional que en el caso del municipio de El Agrado es de 30%.

5) Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales, infraestructura pública que costó dinero y trabajo.

6) Desplazamiento de 427 familias, 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo que forman el tejido social y económico de las veredas Espinal, La Honda, El Libertador, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Cañada, Pedernal, San José de Belén, La Yaguilga, La Escalereta, Alto de San Isidro, Balseadero, Monserrate, Barzal, Llano de la Virgen y Domingo Arias. Ocho de estas comunidades son producto de más de 40 años de lucha hasta lograr ser incluidos en los programas de Incoder.

7) Tras muchos años de reclamaciones y luchas, se habían logrado 9 proyectos de distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones, incluso previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental vigente.

8) Inundación de 842 hectáreas de bosque ripario seco tropical, ecosistema en peligro de extinción y que forma parte una de las pocas zonas que aún se conservan en Colombia. Se destruirían los hábitat y los nichos ecológicos de 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y entres ellas, tres especies de mamíferos en severo riesgo de extinción: la serpiente pacaraná (Dinomys branickii), el mono nocturno de manos grises (Aotus griseimembra) y la nutria neotropical o de río (Lontra longicaudis). La modificación de la corriente hídrica y las de la propiedades físicas y químicas del agua, efecto de toda represa, afecta negativamente la supervivencia de peces que dependen de corrientes rápidas y que son necesarias para la seguridad alimentaria local y la subsistencia natural de otras especies.

Las anteriores son solo las consecuencias más protuberantes. Son irreversibles, son irreparables, razón por la cual se habla de compensaciones.

¿A cambio de qué? Hagamos las cuentas que Diario del Huila no hace. El economista Eduardo Patarroyo, ex director de la CAM, en el debate que se adelantó en el Congreso de la República, nos abrió los ojos: la productividad cesante anual asciende a $ 31.980 millones anuales, valores presentes, y calculada a 50 años serían $1’599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que por los mismos 50 años representaría $351.900 millones, lo que equivale a una pérdida neta de $1’247.100 millones para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual.

¡Obtener regalías de 140 mil millones de pesos frente a una pérdida neta para el Huila de 1 millón 247 mil 100 millones, no es de celebrar! Las regalías son 9 veces menos que lo que obtendríamos a partir de la producción agrícola a precios actuales. Por favor, ¿si eso no es un negocio chimbo, entonces qué lo es?

La astronómica pérdida contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría Emgesa: la inversión inicial de $1.575.000 millones ($US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $157.500 millones, (US$ 70 millones). En los 38 años restantes Emgesa obtendría una utilidad neta de $5.980.000 millones, (US$ 2.660 millones). De esta gigantesca cifra solamente habría que deducir los $14.000 millones iniciales (US$ 6.22 millones), que pagaría por una sola vez la multinacional, para una utilidad neta de $5.966.000 millones, (US$ 2.651.55 millones). Así pues, los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes.

¿Cómo no oponerse a un proyecto con tan negativas consecuencias y pírricos beneficios económicos? Por eso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en una conducta que solo puede interpretarse como desprecio por el Huila, adelantó la negociación en secreto, contando con la complicidad del gobernador y los alcaldes, los representantes y los senadores, sin excepción. ¿Por qué con Hidroituango no se procedió de la misma forma?

Tras muchas presiones y debates argumentados (en los que nunca se nos pudo controvertir con argumentos verdaderos, razonables y lógicos) se lograron una serie de compensaciones por valor de 140 millones de dólares, apenas justas, que luego, en una conducta perversa y de nuevo con la complicidad de los dirigentes de aquí, pretendían desmontar a través de la conciliación extrajudicial, para hacerle conejo al Huila y burlarse de la buena fe de nuestras gentes. Por fortuna, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en derecho para hacer prevalecer el interés general sobre el particular. Y para recordarle al equipo jurídico de Emgesa, que la conciliación extrajudicial solo procede cuando se trata de asuntos entre particulares y no entre el Estado y un particular, pues aquel representa el interés general de la Nación.

Ignorando todo lo anterior, dice el editorialista del Diario del Huila que “la multinacional ha expresado su desacuerdo por considerar que [los costos] hacen inviable la construcción del proyecto, lo cual resulta lógico ya que ‘nadie hace pan para vender pan’”. Y pregunta cínica y retóricamente que “¿Por qué aplauden y celebran que una conciliación se dañe, si esto trae la eventual pérdida del proyecto?”, para responderse a sí mismos que “los objetivos de tanta traba y crítica son políticos”, en alusión a quienes hemos asumido, con absoluto convencimiento, esta causa. Debemos responderle a Diario del Huila, que las dimensiones ambiental y social constituyen uno de los intereses centrales de la política aquí y en Cafarnaúm. Que recuerde que ya terminaron los ocho años de abuso del gobierno Uribe. Qué es legítimo defender los intereses colectivos regionales y que el ambientalismo y la ecología tienen una dimensión política y viceversa.

Abran bien los ojos gentes del Huila. Piensen y razonen. Atentos a tanta falacia que circula en los medios con las cuales solo se pretende defender el interés egoísta de la pauta publicitaria que reciben los periódicos locales por parte de Emgesa y los beneficios económicos y políticos que un puñado de personas entre ellos empresarios y políticos recibirán por cómplices de un proyecto tan chimbo como El Quimbo.

Ojalá podamos celebrar como los antioqueños tras haber echado por tierra El Quimbo, en vez de tener que decirle a nuestras futuras generaciones que no fuimos capaces de detener semejante atraco, semejante engaño a los huilenses, tal y como nos sucedió con Betania, hoy en manos de Emgesa.

Tomado de: http://www.surcolombiano.com/

Escrito por Redacción Surcolombiano

Martes, 07 de Septiembre de 2010 10:43

última actualización el Miércoles, 08 de Septiembre de 2010 17:19
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Tribunal de Cundinamarca negó pretensiones de Emgesa

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Sat, 04 Sep 2010 17:20:00 +0000

La multinacional Emgesa deberá cumplir en su totalidad con todas las medidas compensatorias, sociales, económicas y ambientales que quedaron contempladas en la resolución 1628 de 2009, para desarrollar el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo.

DIARIO DEL HUILA conoció de manera extraoficial que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, falló a favor de la Fundación Curíbano el recurso de nulidad que había sido interpuesto en contra de la conciliación prejudicial firmada entre Emgesa y el Ministerio de Ambiente, con el propósito de disminuir las compensaciones económicas que la multinacional deberá realizar para construir la hidroeléctrica El Quimbo.

Dicha decisión que ya le fue notificada oficialmente al propio Ministerio de Ambiente deja en firme todas las compensaciones adicionales que fueron pactadas en la mesa de concertación, en la cual hicieron presencia representantes de las comunidades del área de influencia del proyecto, empresarios y directivos de Emgesa; así como los recursos por reparación establecidos en la licencia ambiental.

Información relacionada: Negada conciliación extrajudicial para El Quimbo

Modificaciones

Dentro de las modificaciones a las compensaciones que Emgesa adelantaba mediante conciliación prejudicial se encontraba que la franja perimetral de protección ambiental pasaría de 2.211 a 903 hectáreas, no se construiría la vía perimetral y la compensación forestal pasaría de 20 mil a 11 mil hectáreas.

"Esta es una decisión sumamente importante, pues se están salvaguardando los intereses de las comunidades. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos hallan la razón de que la licencia ambiental no es simplemente un asunto económico, sino que abarca problemas ambientales, sociales, problemas antropológicos, y se demostró que el Estado violó sus funciones en la defensa del interés colectivo y se centró fundamentalmente en afectar este interés colectivo, porque modificó con Emgesa los acuerdos que habían sido pactados con anterioridad. Por ejemplo, se modificó que las áreas de reforestación a compensar no serían de 20.000 sino sólo 11.000 hectáreas, así como la zona protectora de 2.012 hectáreas pasaría a tan sólo 900 hectáreas, afectaciones que serían en el caso ambiental".

“También modificó algo que estaba establecido en la licencia que era la protección de algunos actores como es el caso de los ocupantes, con relación a la restitución de los predios y las viviendas, aspectos que también fueron modificados. Y todas esas modificaciones tenían una consecuencia de 140 millones de dólares que favorecían finalmente a la multinacional Emgesa. Es decir, el Ministerio estaba patrocinando el ahorro para la multinacional”, indicó Miller Dussán, vocero oficial de Plataforma Sur.

El Ministerio y Emgesa habían adelantado una conciliación prejudicial en la que modificaban algunos puntos señalados y exigidos en las condiciones de la licencia, pero la Fundación Curíbano y la organización Plataforma Sur demandaron dicho acuerdo.

“El tribunal fue enfático al manifestar que el Ministerio se extralimitó de funciones porque no podía hacer una conciliación afectando el interés público y aquí se afecta el interés público. La decisión ya la saben en el Ministerio de Ambiente, sabemos que hay preocupación por la decisión que ha tomado el Tribunal de Cundinamarca”, indicó Miller Dussán.

Este medio de comunicación se comunicó con voceros oficiales de la firma Emgesa, quienes manifestaron no tener un concepto al respecto, ya que no han sido notificados del mencionado fallo.

Tomado de: http://www.diariodelhuila.com/

Mundo: Hidroeléctricas significan el fin de comunidades indígenas

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Wed, 01 Sep 2010 22:56:00 +0000

-La organización no gubernamental Survival lanzó el informe “Presos del desarrollo: Pueblos indígenas y presas hidroeléctricas”, donde se da cuenta de los efectos negativos provocados por la construcción de

hidroeléctricas.

El problema nace cuando la construcción de hidroeléctricas implica el desplazamiento de cientos de aborígenes de sus territorios ancestrales.

Servindi, 11 de agosto, 2010.

El informe aborda de manera histórica el problema y señala que el momento más crítico fue en la década de 1970. época cuando “se construían mil al año”.

Para 1990 la preocupación crece sobre los efectos negativos que producen por lo que ocho años después se crea la Comisión Mundial de Presas (CMP o WCD, según su sigla en inglés).

El informe reconoce los serios impactos de las represas sobre las vidas, medios de subsistencia, culturas y existencia espiritual de los pueblos indígenas y tribales.

Por ello, señala que es imprescindible que “allí donde los proyectos afecten a pueblos indígenas y tribales, dichos procesos deben ser guiados por su consentimiento libre, previo e informado”.

El informe hace mención que la mayoría de estos proyectos se realiza sin consultar a la población afectada o el desarrollo del mismo no es el más adecuado.

El texto explica el problema en función a distintos casos reales existentes en Asia, África y América, donde las comunidades originarias ya no pueden vivir de acuerdo a su cultura.

Ese es el caso del embalse de la presa Bakun de Sarawak que provocó la expulsión de miles de familias, entre ellas indígenas.

En el estado de Mato Grosso, en Brasil, en el 2009 y 2010, el pueblo indígena de los Enawene Nawe no pescó nada durante su temporada anual de captura de peces.

Ese desastre se debe a que el caudal del río cambió debido a las setenta pequeñas presas hidroeléctricas que se construyen a lo largo del río Juruena.

Otro aspecto que se desarrolla en el documento es la pérdida de territorio debido a que la mayoría de las comunidades no cuenta con título de propiedad.

El documento destaca el vínculo vital que existe entre los pueblos indígenas y su tierra debido a que la Madre Tierra influye en su estructura y cohesiona a sus habitantes.

También brinda recomendaciones, tales como que las presas hidroeléctricas en tierra de pueblos indígenas deban paralizarse, al menos hasta que sean aprobadas por las mismas poblaciones. Eso incluye también hasta que los derechos territoriales colectivos de los indígenas sean reconocidos.

En el caso de los pueblos indígenas aislados, con los que la consulta no es posible, el informe claramente afirma que no deberían construirse hidroeléctricas en territorios que les afecten.

Finalmente, afirma que las empresas y los inversores financieros sólo deben involucrarse en el proyecto de una presa hidroeléctrica si cuenta con un total consentimiento de las comunidades originarias afectadas.

Tomado de: http://www.servindi.org

¿Por qué el Ministerio de Ambiente de colombia se convirtió en una empresa de licencias de obras?

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Wed, 01 Sep 2010 22:52:00 +0000

En días recientes pequeños y grandes propietarios de los predios que serían inundados por El Quimbo, denunciaron las presiones indebidas y el acoso de los funcionarios de Emgesa para que vendan sus fincas a los precios que les imponen y en las condiciones que a Emgesa conviene. Por estos hechos, conocidos en el terreno y de la voz de los campesinos, Plataforma Sur y Asoquimbo solicitaron un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT.

En la respuesta del MAVDT (oficio radicado 4120-E1-94099, del 27-07-2010, expediente 4090), quien fungía hasta ese momento como directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, la Ingeniera Diana Marcela Zapata Pérez, evade las denuncias y se limita a pedir un “listado de propietarios” que se hayan visto en la situaciones de presión, y de paso eludió hacer referencia a la denuncia según la cual “el Ministerio de Ambiente viola el Artículo 23 de la Constitución Política al no resolver de fondo la petición para que se expedida y se notifique a todos los afectados el Acto Administrativo, resultante de la visita de seguimiento a la Gestión Social de Emgesa, sobre identificación de impactos ocasionados por la aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008”.
¿Por qué la jefa de Licencias del MAVDT se niega a responder sobre el Acto Administrativo de seguimiento a la Gestión Social de Emgesa que se realizó en octubre del 2009 y que estaba obligada a hacerlo? ¿Qué pasa en el Ministerio? ¿Terminó la era Uribe, de feria de licencias de obras o ese será otro de los huevitos que protegerá el gobierno de Juan Manuel Santos? Si eso es así, el juramento con los mamas de la Sierra Nevada que pronto de quebrantó.
Existe una hipótesis sobre el comportamiento de la dama Zapata: La funcionaria es consciente de las irregularidades denunciadas por las comunidades, pero prefiere el silencio para mantener la impunidad, debido a su compromiso directo con el gobierno de Uribe (ambos son paisas) y la transnacional Endesa-Emgesa de realizar el negocio a favor de intereses particulares contra el interés público, afectando al Huila y las comunidades, muy al contrario de la forma como se resolvió el proyecto Pescadero Ituango en Antioquia.
Mientras en el Huila se entrega parte del territorio a la transnacional Endesa-Emgesa (hoy ENEL) para la cuestionada construcción de El Quimbo, sin un solo peso de participación del Departamento y sus 37 municipios, los antioqueños no permitieron que el gobierno de Uribe vendiera parte sustancial de las acciones del Proyecto Pescadero Ituango a empresas particulares (“delito de lesa patria”, lo llamó el ex gobernador Gómez Martínez) y pactaron que la obra será construida, operada y administrada por las Empresas Públicas de Medellín y su rentabilidad favorecerá a todos los Municipios de Antioquia, pues éstos son sus accionistas.
Claro, en el Huila el gobierno de Uribe y su gendarme de licencias en el MAVDT contó con el respaldo miope y egoísta de políticos clientelistas y gamonales, el director de la Cámara de Comercio, el aval del director de la CAM y hasta de académicos silenciosos y licenciosos. ¡Qué huilensidad, eso sí es hacer patria!
En ocho años, el MAVDT expidió cerca de 100 mil permisos (energéticos, mineros, de agro-combustibles, vías, etc.), que se traducen en una carta abierta para la destrucción de los más diversos ecosistemas en los cuatro puntos cardinales del territorio y hasta en la última de las cumbres de nuestras cordilleras andinas. ¿Y todo esto para qué? Para defender y beneficiar a las empresas multinacionales en el expolio de las riquezas nacionales a nombre de la llamada confianza inversionista. De esta manera, la señora Zapata adquirió poder en el MAVDT. Ahora, en el ocaso de su tarea impone el silencio en el despacho frente a las graves denuncias que desde distintos lugares del país se vienen formulando por las comunidades y organizaciones sociales y ambientales.
Es urgente establecer una veeduría que vigile directamente el comportamiento de estos funcionarios y se haga seguimiento riguroso a las acciones jurídicas (Populares, de Tutela, nulidad) en curso en los estrados judiciales, que buscan hacer prevalecer la constitución, defender los derechos de las personas, las comunidades, evitar el daño ambiental y ecológico y, como decía el ex gobernador Gómez Martínez, atajar el delito de lesa patria, y añadiríamos de lesa humanidad, que se consumaría de construirse de El Quimbo.

Escrito por Por Miller Dussán

Lunes 30 de Agosto de 2010 15:20

Tomado de: http://www.surcolombiano.com

Confirman construcción de hidroeléctrica para el Caquetá

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Wed, 01 Sep 2010 22:49:00 +0000

Multinacional China ataca el territorio, ahora pusieron sus ojos y sus garras en el Caquetá departamento del sur de Colombia, zona de importancia natural que será invadida por mega-proyecto hidroeléctrico en el río San Pedro. Proyecto con el aval benévolo del gobierno regional.

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Confirman construcción de hidroeléctrica para Caquetá

El gobernador Germán Medina Triviño confirmó que en un plazo de quince días se estaría dando la visita de ingenieros e inversionistas chinos, interesados en participar de la construcción de la central hidroeléctrica del rió San Pedro.

Según explicó el mandatario seccional, luego de la gestión adelantada en Bogotá, donde se reunió con representantes de este país, se firmó un acta de compromiso para adelantar las visitas de inspección al terreno para iniciar el ambicioso proyecto, que es liderado por su administración.

“Ya tengo en mis manos el acta de compromiso en la cual solamente me falta la licencia ambiental y se vienen los chinos a construir la central hidroeléctrica para el Caquetá. En quince días están los chinos evaluando todo el proyecto aquí en Florencia”, señaló el gobernador Medina Triviño.

Apoyo nacional

Aseguró el gobernador Germán Medina Triviño, que luego del compromiso de los inversionistas chinos, ahora solo falta el apoyo del gobierno nacional para la consecución de recursos que puedan hacer realidad la construcción de la central hidroeléctrica para el departamento del Caquetá.

“Yo aspiro que podamos conseguir el apoyo del gobierno nacional para que este proyecto sea una realidad y el Caquetá tenga su propia hidroeléctrica y su propia fuente generadora de energía para beneficio de todos los usuarios, porque va a hacer una energía a menos costo y de mejor calidad”, afirmó el gobernador.

Tomado de: http://www.lanacion.com.co

La miseria del oro

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 23 Aug 2010 15:36:00 +0000

Zaragoza es uno de los pocos lugares donde 40 toneladas de oro se convirtieron en sinónimo de pobreza y miseria. Esto, a pesar de que un solo gramo del metal dorado hoy cueste $76.000. Es que Zaragoza, y especialmente el río Dagua, vivieron una pandemia de la que muy pocas zonas en el mundo han logrado recuperarse: la fiebre dorada.

Esta enfermedad, que acabó con zonas como California en EE.UU. o un amplio margen del estado de Amazona en Brasil, llegó a mediados de marzo del año pasado a este caserío, un corregimiento perteneciente a Buenaventura y que esta compuesto por humildes casas ubicadas a un costado de la carretera que comunica a Cali con el puerto más importante de Colombia.

El lugar se encuentra atravesado por el río Dagua, afluente que tiene la distancia entre Cali y Palmira de largo y desemboca en la bahía de Buenaventura. Según cuentan sus pocos habitantes, en la zona se vivía de los cultivos de chontaduro, platano y papa sembrados a orillas del río, algunos se dedicaban a la pesca y otros ganaban dinero con pequeños negocios que tenían como sus principales clientes a las miles de personas que transitan la carretera y los turistas que van a las reservas naturales aledañas a la zona.

Pero cuando la fiebre aumentó y la enfermedad se convirtió en Pandemia, contagió a personas de Chocó, Antioquia, Nariño, Huila y de cualquier lugar de Colombia donde hubiera alguien que viera en el oro una oportunidad de negocio. Ni el Dagua ni Zaragoza volvieron a ser los mismos.

Más de 8.000 personas llegaron deslumbrados por las leyendas que hablaban de que en las tierras del río Dagua salían libras de oro, que una persona de la zona en sólo una semana había conseguido el oro suficiente para comprar una casa, una camioneta y una moto y se decía que en muchas de las poblaciones aledañas el Whisky se había vuelto común en muchas fiestas.

El oro empezó a correr, pero de su mano y muy sigilosamente también empezaba a caminar la miseria. El rió Dagua empezó a parecerse a un trozo de queso agujereado por todas partes. Los 8.000 contagiados, ayudados de picos, palas y bateas, perforaban las entrañas del río en busca del preciado metal.

El oro seguía saliendo y los fajos de dinero de los compradores del metal se veían por todas partes, pero se seguían viendo las mismas humildes casas, pero ahora acompañadas de cambuches hechos con madera y plástico verde a un costado del río.

Para algunos el oro es sinónimo de muerte. En la zona, oficialmente se habla de que se han cometido 25 asesinatos por disputas de tierras, riñas o robos, sin embargo en Zaragoza dicen que los muertos son más de 35. Y como todo ser viviente, el río quizás quiso defenderse con avalanchas de agua y derrumbes, métodos de defensa que le quitaron la vida a 60 personas.

A los pocos meses las entrañas del río ya no eran suficientes y la cantidad de metal empezó a disminuir. La consigna ahora era ir al corazón del río, escarbar entre 15 y 18 metros y perforar en sus orillas a toda costa. No importaba las plataneras ni el chontaduro, porque el oro podía comprar todo.

Así fue como a la zona llegaron aproximadamente 236 retroexcavadoras que hicieron metástasis a lo largo y ancho del río y poco a poco se fueron devorando el corazón y por ende la vida del río Dagua. El oro volvió a correr, pero con el paso de los meses la miseria ambiental también.

Los contagiados y sus máquinas, argumentando hambre y desempleo, se carcomieron casi la totalidad del Dagua. Pero como cualquier pandemia, su rápida propagación es una de sus características.

Así fue como algunas personas y máquinas empezaron a trasladarse a las reservas naturales de San Cipriano, Anchicaya y el río Sabaletas. Entonces, sólo 11 meses después de la enfermedad, el Gobierno Nacional intervino y ordeno el desalojo de la maquinaria.

Hoy, muchas personas siguen buscando oro en la zona y aún quedan algunas retroexcavadoras escondidas a lo largo del río. Y aunque se calcula que en un solo año de explotación se sacó el equivalente a $2,1 billones de pesos, nadie en la zona sabe dónde está este dinero.

Buenaventura, dicen sus gobernantes, no ha recibido ni el 5% de las regalías que le corresponderían y con lo cual se hubiera podido pagar el total de su deuda externa.

Lo único claro es que hoy el Dagua parece que hubiera sufrido un bombardeo, los cultivos y los peces ya no se ven en la zona, se mantienen las mismas casas humildes y las 40 toneladas de oro que se han sacado de la zona no alcanzaron para que la gran mayoría de los enfermos con la fiebre dorada superar el desempleo y el hambre.

Tomado de: http:elpais.com

La Toma por el oro

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 23 Aug 2010 15:33:00 +0000

Minería tradicional en La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.
Todo el país tiene fiebre de oro, y Cauca no es la excepción.
En el municipio de Suárez se están dando las más duras peleas entre las comunidades locales que viven de la minería artesanal y los privados y multinacionales que quieren explotar el oro con sus grandes dragas.
Por: Laura Rico Piñeres

La última pelea en la zona se ha dado por la explotación de 99 hectáreas de tierra para sacar oro, a nombre de Héctor Jesús Sarria, quien obtuvo una licencia de explotación en el corregimiento de La Toma, Cauca, en abril de 2009.

La Toma es uno de los corregimientos más viejos del municipio de Suárez, ubicado al pie de la represa de Salvajinas. Actualmente viven cerca de 1.300 familias afrocolombianas que tradicionalmente se han dedicado a la agricultura, pesca y especialmente a la minería artesanal.

Desde que Sarria obtuvo su licencia de explotación de oro, ha intentando ejercer su derecho minero en estas tierras exigiéndole a Ingeominas y al alcalde de Suárez despejar la zona para poder hacer efectivo su derecho adquirido. Sin embargo, no ha podido empezar su búsqueda del oro pues las comunidades afrocolombianas de La Toma no se han ido, y han puesto tutelas para proteger sus derechos sobre la tierra.

Con el apoyo de Sembrar, una ONG de derechos humanos que hace seguimiento a los asuntos mineros, y del movimiento afrocolombiano Proceso de Comunidades Negras (PCN), la comunidad ha resistido y denunciado la ilegalidad de la licencia de Sarria alegando que nunca se hizo una consulta previa ni con la comunidad, ni con el Consejo Comunitario de la Toma. La consulta previa es el requisito constitucional que exige discutir con las comunidades indígenas o afrocolombianas proyectos de este tipo, siempre y cuando los proyectos se hagan en tierras ancestrales de las comunidades.

El pasado miércoles 18 de agosto se iba a realizar el desalojo de la comunidad, pero la noche anterior, luego de que la Defensoría de Pueblo interviniera exigiendo la protección de las comunidades, el operativo policivo se echó para atrás. Sin embargo, las comunidades aún están en riesgo de ser desalojadas.

La Toma, Suárez, Cauca.

De momento, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) ha solicitado suspender la licencia ambiental de Sarria hasta que se surta la consulta previa, pero aún es incierta la suerte de esta comunidad pues la resolución no tiene efectos sobre la sentencia proferida por un juzgado en Popayán que dictó una acción de cumplimiento a Ingeominas para hacer proteger los derechos que le confiere la licencia de explotación a Sarria.

“Los afrocolombianos de Suárez vivían y trabajaban en la orilla del río”, dijo Zoraida Hernández, de la Corporación Sembrar. "Con el proyecto de Salvajinas la gente se fue moviendo para La Toma y ahora también los quieren sacar de allá, pero prácticamente la única actividad que tienen las comunidades es la minería artesanal."

El problema más grande que ha enfrentado la comunidad para defender su territorio es que a pesar de que llevan asentados en esa zona desde principios de 1600, no tienen un título colectivo de sus tierras, según cuentan sus líderes y los miembros del movimiento Proceso de Comunidades Negras (PCN).

Además del interés de Sarria en la zona, a unos 35 kilómetros de La Toma, la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti tiene interés en explotar 1.404 hectáreas. Por otro lado, James Álvaro Valdiri tiene 3.149 hectáreas, Andrés Rendle 1.717 hectáreas y Raúl Fernando Ruiz 314 hectáreas. En total, en el municipio de Suárez, dos terceras partes del territorio están en trámite para explotación de oro y actualmente más de 10 mil hectáreas de tierra ya han sido concedidas a particulares o a multinacionales para la explotación de oro.

La tensión que hay entre los derechos colectivos de la comunidad de La Toma, y los derechos adquiridos por diferentes privados y multinacionales con intereses en la zona es sólo un abrebocas de los conflictos que se viven y que seguirán desarrollándose por todo el país a propósito del boom minero.

“Para trabajar en grande se necesita mucho campo y eso lo que deja es grandes problemas de deforestación”, dijo Teofilo Acuña, representante legal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, a La Silla. “Cogen una montaña, la dinamitan, van lavando, cianuran, y así obtienen el oro diseminado, mientras que con la minería artesanal hay muchas zonas verdes que no se tocan porque el trabajo es de baja escala”.

Acuña también explicó que mientras en un día de trabajo de minería artesanal se pueden sacar 100 kilos de oro, con la tecnología del cianuro -propias de la minería a cielo abierto- el oro se saca a diario en toneladas. A pesar de los riesgos ambientales, en Colombia cada vez más imperan los procesos de gran minería, mientras que las técnicas artesanales van quedando relegadas y los mineros artesanales son tildados de ilegales.

La violencia

Además de la tensión entre quiénes explotan el oro – si grandes o pequeños- la gente de La Toma, está expuesta a las amenazas y violencia por parte de actores armados que parecen respaldar las explotaciones del oro en cabeza de los privados.

Desde octubre de 2009 se han acrecentado las amenazas contra líderes de la zona y miembros de organizaciones no gubernamentales que defienden los intereses de las comunidades afro de Suárez. En abril murieron ocho mineros por causas violentas y hoy las personas que hacen presencia en la zona viven bajo constante amenaza de grupos paramilitares bajo el nombre de Águilas Negras.

Entre amenazas y despojo, el caso de La Toma ejemplifica el gran reto que tiene el boom minero en Colombia.

Por un lado, están las comunidades que explotan los recursos y que hoy en día, sin títulos mineros, son considerados usurpadores ilegales de los recursos mineros. Y por el otro lado, están las empresas que adquieren derechos que muchas veces ni pueden ejercer por las restricciones que hay sobre territorios ancestrales, zonas de reserva forestal, o territorios dominados por grupos armados que truncan la búsqueda por el oro.

Tomado de: http://www.lasillavacia.com

RECHACEMOS LA GRAN MINERIA TRANSNACIONAL

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 23 Aug 2010 15:30:00 +0000

Colombia es un país con importantes reservas de recursos naturales no renovables. La explotación de carbón, ferroníquel y oro ocupan un lugar significativo de las exportaciones nacionales. Pero nuestra riqueza mineral en poder de las transnacionales, más que hacer aportes al desarrollo, se ha convertido en una traba. Hoy toda la minería a gran escala está controlada por las empresas extranjeras y el gobierno, sin detenerse a mirar los problemas económicos, políticos, sociales, ambientales y humanos que causa la gran minería transnacional, viene profundizando la política a través de la cual les concesiona nuestros recursos.

Nuestro país está en la mira de las multinacionales. De las cinco millones de hectáreas entregadas en concesión y del tanto igual solicitado, éstas empresas foráneas poseen una porción importante. La que no está bajo su control el gobierno nacional se las viene arrebatando a los pequeños y medianos mineros que las han explotado durante décadas.

Las Transnacionales están desarrollando proyectos mineros en 325 municipios, incluyendo áreas como las del Cerro de Saturbán en Santander, La Colosa en Tolima, el Cerro Careperro en Murindó y Chocó, Marmato en Caldas, entre otros, zonas donde van a implantar minas a cielo abierto, que como se sabe causan irreparables daños ambientales, a la salud y a la economía de las comunidades que allí habitan, a las cuales además se les despoja de sus territorios. Los derechos al medio ambiente y al territorio tienen que anteponerse a los de la gran minería transnacional.
En el Departamento de Antioquia, mayor productor de oro de Colombia, ya las transnacionales vienen haciendo de las suyas. Anglo Gold Ashanti está desplazando a pequeños y medianos mineros y despoja a productores agrarios e indígenas de sus territorios. El gobierno nacional, desconociendo la propiedad de los trabajadores y pensionados sobre la Frontino Gold Mines, se la quiere entregar por un precio irrisorio, a la Medoro Resuorces, empresa canadiense que también está desplazando a mineros y comunidades en Marmato Caldas. Dentro de la política minera desarrollada por el gobierno nacional, está la de perseguir a los pequeños y medianos mineros.

Es necesario confrontar a este panorama que convierte a Colombia en un “paraíso” minero de las multinacionales. Recuperar la soberanía nacional para sentar las bases de una adecuada explotación de los recursos mineros, es una tarea pendiente e ineludible. Por eso es necesario entonces, que las Organizaciones Sociales, Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, Pequeños y Medianos mineros, Profesionales e Intelectuales, Ambientales y sus Organizaciones, los Trabajadores y los Ciudadanos en general nos organicemos para evitar que nuestros recursos se queden en manos extranjeras y que el país sea destruido por la gran minería foránea.

En razón a esto, los presentes en el foro realizado hoy en la sede de la Asamblea Departamental de Antioquia, haremos todos los esfuerzos necesarios para atender el llamado de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional – Reclame”. En tal sentido constituimos el Comité organizativo del encuentro regional de los departamentos de Antioquia, Chocó y Eje Cafetero y así fundar el Nodo Regional de Reclame.
Dado en Medellín el 30 de Julio de 2010

Se Adhieren al presente documento las personas y organizaciones:
*     EULALIA YAGARI (Diputada Asamblea Departamental de Antioquia)
*      JORGE GOMEZ (Diputado Asamblea Departamental de Antioquia)
*      GERMAN REYES (Ex – Representante a la Cámara)
*      SINTRAMIENERGETICA (Seccional Segovia)
*      ALEJANDRINO BETANCUR (Sintramineros Amagá)
*      ASOACREF (Segovia Antioquia)
*      ASOC. POR LA SALVACION AGROPECUARIA
*      CORPORACION MHEATS
*      GRUPO INTERUNIVERSITARIO KAVILANDO
*      FEDORO
*      ASOMICHOCO
*      FUNDACION ROSTROS Y HUELLAS DEL SENTIR HUMAN
*      ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DE ANTIOQUIA OIA.

Tomado de: http://www.reclamecolombia.org

A punto de sangre

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 23 Aug 2010 15:28:00 +0000

DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XVI —escribe Robert C. West, estudioso historiador norteamericano— se explotaban las llamadas “minas de adentro, establecidas en las gravas de los márgenes de numerosos tributarios del Cauca (como la Teta, Jelima, Ovejos), fueron placeres importantes del distrito de Popayán…”. Los terrenos de la Teta y Jelima fueron propiedad de una congregación religiosa hasta la abolición de la esclavitud en 1851, fecha en la que sus derechos fueron transferidos a las familias negras que habían trabajado las minas: los Carabalí, Balanta, Lucumí, Ararat.
Por: Alfredo Molano Bravo

Estos apellidos hacen parte hasta hoy de una comunidad negra ancestral que ha explotado la mina por medio de un sistema de asociación familiar llamado Tonga, un modo de distribución equilibrada de beneficios según no sólo el trabajo invertido, sino la capacidad física individual para trabajar. La explotación de la mina se complementaba con agricultura parcelaria, hasta que en 1980 se construyó la hidroeléctrica de Salvajina, proyecto copiado por Lauchlin Currie del Tennessee Valley, cuyo objeto era regar las tierras de los ingenios del Valle y producir electricidad. Numerosas minas, casas y fincas quedaron sumergidas sin que el Estado haya indemnizado a los afectados a pesar de los acuerdos suscritos desde 1986. La construcción de la Salvajina desplazó pues a una parte de la comunidad negra, que se dedicó por completo a la minería en La Teta.
Sobra decir que las técnicas de explotación eran y son muy rudimentarias. Digamos que, pese a los atropellos de la CVC y luego de EPSA, en Salvajina, todo se mantenía en “orden”. Hasta cuando estalló a partir del 2002 la feria de concesiones mineras. Desde entonces el subsuelo de la Nación ha sido casi todo concesionado a firmas nacionales y empresas multinacionales: 7.000 títulos mineros en todo el país; 1.800 en la Amazonia, la mayoría reserva forestal; 44 en Parques Nacionales; 13 en el municipio de Suárez. La concesión de títulos se ha hecho sobre zonas protegidas como páramos, humedales, resguardos y, claro está, comunidades negras. Uno de los casos más aberrantes ha sido el de La Teta, en Suárez, Cauca. Allí se le ha otorgado al señor Jesús Sarria un título minero sobre un área trabajada desde hace más de 374 años por el Consejo Comunitario de La Toma, que agrupa unas 1.100 familias, que habitan cinco veredas.
La concesión se dio con el argumento de que los negros estaban a 18 kilómetros y por tanto no se requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin embargo, el Ministerio del Interior reconoció después que sí hay comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y por tanto se debería realizar una consulta previa, libre e informada, según lo exige el Convenio 169 de la OIT. El señor Sarria tiene derecho, según el Ministerio de Minas, a realizar con el Ministerio del Interior la consulta sólo en el caso de explotación, pero no en los de exploración y aprobación de la concesión, lo que es verdaderamente aberrante. La comunidad se opuso a los trabajos de exploración, expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y la Alcaldía de Suárez ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaran a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía ha rodeado la zona varias veces, pero la prudencia de la gente ha impedido un choque.
La situación es tensa y peligrosa. Las comunidades han jurado no ceder a sus derechos ni dejarse quitar lo que les ha permitido supervivir desde hace tres siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido las Águilas Negras acusando a los dirigentes de “estar en contra de las empresas, del desarrollo y de oponerse al Gobierno”. Lo que suceda en este litigio marcará la historia futura de los conflictos que la gran minería puede desatar con la minería tradicional. El proyecto minero del Gobierno se propone multiplicar por ocho las exportaciones de productos minero-energéticos.

Tomado de: http://elespectador.com/

Microcentrales del Oriente Antioqueño desplazarán a los campesinos

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 23 Aug 2010 15:23:00 +0000

El 17 de julio de 2010 los campesinos del oriente antioqueño celebraron el festival del agua en Cocorná. En realidad era una excusa para llamar la atención a la comunidad y las autoridades gubernamentales por el grave daño que se proyecta sobre esa región al querer entregar el agua para la construcción de centrales y microcentrales hidroeléctricas y también, seguramente, para apropiarse de las fuentes de agua pura que existen y venderla como negocio. Los campesinos no quieren vender sus tierras, ni salir del territorio; ellos abogan por la vida.

Escrito por Olimpo Cárdenas Delgado

Hasta el cansancio se ha dicho que el oriente antioqueño es una región muy rica en agua y que allí se genera el 35% de la energía eléctrica que consume el país. Como en todo el país, las veredas y cabeceras municipales que rodean las grandes explotaciones de recursos naturales, en este caso el agua, viven en medio de la pobreza y la falta de servicios de salud, educación, etc., aunque las famosas transferencias han llegado por años sin que la gente sepa qué se hace con ellas. La indolencia del Estado y el capital privado no puede ser mayor, su cinismo tampoco. Hoy vienen a decirle a la gente que necesitan sus ríos y sus tierras para inundarlas y que en esta oportunidad las cosas serán diferentes.

Fernando Madrigal es abogado de la Asociación Campesina de Antioquia, ACA, y miembro del Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza, él se dedicó a investigar lo que ocurre alrededor de los proyectos que se vienen gestionando en materia de centrales y microcentrales y esto fue lo que les contó a más de 600 campesinos y campesinas durante el festival del agua de Cocorná:

“En esta zona se pretende construir varias centrales y microcentrales hidroeléctricas, pero a nadie de la comunidad le han dicho en dónde, cuándo y por qué se van a construir. Hay que decir que una microcentral es un charco que va a generar hasta 9.9 MG de energía y que por lo “pequeño” no paga transferencias al municipio y no genera empleo, porque por mucho necesita para operar 2 o 3 trabajadores. Una Central hidroeléctrica es un charco más grande que produce más de 10 MG. En el año 2008 se planeó la construcción de 158 microcentrales hidroeléctricas en Antioquia, para ser entregados en 2011. 50 de esas microcentrales se van a construir en el Oriente Antioqueño. También se van a construir grandes centrales; se tiene pronosticado que serán más de 12 para esta región que comprende Granada, Cocorná, San Francisco, San Luís y San Carlos. Se calcula que se necesitan aproximadamente 50 mil hectáreas de tierras para inundarlas y esas tierras son de ustedes, de los campesinos”.
La empresa transnacional Integrales Ltda., que es una de las grandes constructoras que aspira a ganar concesiones y licencias, niega que les hayan expedido licencias ambientales para construir hidroeléctricas, pero la verdad es que ya están casi listas las licencias de porvenir 1 y porvenir 2. Están en trámite las licencias para una gran central de 700 MG entre Sonsón, Nariño y Argelia, que requiere 9000 hectáreas de tierra. Están los proyectos del río Tafetanes y San Matías, otra en donde desemboca el río Cocorná y el tafetanes; tres microcentrales en todo el ducto del río Santo Domingo, arrancando por el centro zonal La Vega; otra en cañón del Melcocho. Van a represar el río calderas a la altura de la autopista Medellín- Bogotá, desviando la autopista cerca de 25 km. Porvenir 1 inundaría cerca de 5100 has. del municipio de San Francisco y porvenir 2500 has. de San Luís.

“Es bueno recordar- plantea Fernando- que la idea de convertir al Oriente Antioqueño en el mayor productor de energía se planeó hace más de 20 años. Pero en ese entonces el gran problema era la insurgencia y por ello no podían inspeccionar, ni analizar esos territorios. Después de que llevaron la guerra y desplazaron a más de 150 mil campesinos del Oriente Antioqueño y sacaron a la guerrilla, pudieron realizar sus planes y eso nos explica lo que sucedió con esta región y lo que está pasando ahora. La pregunta es, si los grandes proyectos que se han construido hasta ahora en el Oriente Antioqueño les han servido a los campesinos para mejorar su calidad de vida. La respuesta es que no y los ejemplos abundan; pero el más claro es el del municipio de San Carlos en donde se construyó la hidroeléctrica más grande del país y la que mayor energía produce y por tanto la que más transferencias recibe. La administración municipal viene recibiendo transferencias desde hace 15 años, sin embargo ese municipio tiene veredas a donde no llega el servicio eléctrico; más del 70% de sus pobladores fueron desplazados y decenas asesinados, y los que quedaron viven en extrema pobreza. Estos proyectos van encaminados a generar plata para las grandes empresas”.
Y continúa Fernando: “Hay que decir que la propuesta de construir microcentrales se pensó en un primer momento para resolver el problema de fluido eléctrico de pequeñas poblaciones pobres y rurales; pero a los empresarios y al Estado no les sonó el tema porque no producía ganancias. Ahora, cuando llega Luís Alfredo Ramos Botero a la gobernación de Antioquia, las microcentrales, misteriosamente, cobran un auge; es que ahora sí son un gran negocio, y no para resolver necesidades de los campesinos sino para producir energía con miras a la exportación y para venderla en la bolsa de energía a las grandes empresas. Entonces se crea la empresa de generación de energía de Antioquia, EMGEA, cuyos dueños son el IDEA, la Gobernación de Antioquia, la Sociedad de Ingenieros de Antioquia y la Cámara Colombiana de Infraestructura; allí hay familiares y amigos del gobernador Ramos. Es claro que a ellos no les interesa el daño que puedan causar al territorio sino el inmenso negocio que moverá miles de millones de dólares”.

Y existen más problemas. Cuando se inunda el territorio para producir energía, las tierras entran en un proceso de enfriamiento, lo que impide la actividad agropecuaria. Quienes aprovechan esas tierras son los más ricos, para construir costosas fincas de recreo. La gente será desplazada de cualquier forma, expropiándolos o presionándolos con los altos impuestos que generan tierras en medio del turismo. Además, los campesinos de esta zona son minifundistas, la mayoría tienen de 1 a 10 hectáreas de tierra, para estos proyectos se tiene calculado que cada hectárea la van a pagar entre un millón quinientos y dos millones de pesos. ¿Qué van a hacer con veinte millones, si mucho, en la ciudad o en la cabecera municipal? Si a este panorama le agregamos que vienen una cantidad de proyectos de minería, significa que cerca de la mitad de la población del oriente de Antioquia saldrán del territorio, nuevamente.

Tomado de: http://www.periferiaprensa.org/

En defensa de los humedales del Darién

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 23 Aug 2010 15:20:00 +0000

Los humedales, como los arrecifes de coral, son ecosistemas vitales para la continuidad de la vida terrestre y subacuática. El Darién constituye uno de los hábitats más importantes a escala mundial, de extraordinaria flora y fauna abundante y variada, refugio de aves y especies migratorias. Los humedales que allí se encuentran contribuyen a moderar cambios climáticos actuando como sumidero de dióxido de carbono y metano. Transforman sedimentos y gases contaminantes, en elementos y gases no dañinos, por acción de bacterias que se encuentran allí. Por eso la construcción de la carretera panamericana generará un desequilibrio catastrófico del ecosistema; especies endémicas desaparecerían provocando daños incalculables no sólo al país, sino a la humanidad.

En la segunda mitad del siglo pasado, cuando la tala de bosques llegó a su clímax dramático, las autoridades colombianas, sin ningún espíritu de patria, festinaron los recursos naturales del país. Los bosques de cativo prácticamente fueron arrasados y con ellos la flora y fauna que albergaban. No supieron pensar que tarde o temprano esos bosques saqueados por las compañías estadounidenses harían falta para respirar. Y el vertido de 17 millones de toneladas de limo, arrastradas anualmente por el río Atrato y sus afluentes, sedimentaría su desembocadura causando grandes inundaciones.

Los humedales del Darién sirven de áreas de reproducción, alimentación y protección de las especies en su etapa de desarrollo. Pero las obras, estructuras físicas desequilibran los humedales y reducen la variedad de hábitats que alberga. Dificulta, además, el flujo de agua poniendo en riesgo áreas pobladas en vez de protegerlas. Cualquier tipo de barrera, apertura o emplazamientos de ingeniería impediría la sobrevivencia de plantas, animales acuáticos y terrestres. Una carretera allí construida, funcionaría en invierno como un dique, aumentando las inundaciones del río Atrato.

La carretera estimulará la colonización, la tala de bosques, desplazamiento masivo de campesinos, concentración de las tierras en pocas manos y aumento de su valorización. Además provocará el éxodo de pueblos negros y aborígenes con la pérdida de sus culturas, tradiciones e identidad. La carretera será una peligrosa amenaza para los parques nacionales naturales Catío y Darién, declarados por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Los pueblos Cuna, Embera, Catío, y Wanahua, con grado de civilización más primitivo entre los pueblos aborígenes que habitan el territorio colombiano y como sociedad preindustrial, fieles a sus tradiciones ambientales milenarias, desaparecerán.

Estas razas, reducto del neolítico, serían barridas por la agresión de un gobierno nacional ajeno a defender sus derechos, la esencia elemental de su nacionalidad. Ningún elemento peculiar de su antiguo idioma, ni una lírica tradición de sus fábulas, sobrevivirán. Ni un solo legado oral que nos permita aceptar que ellos fueron, antes de la invasión española, grandes pueblos.

La carretera arrasaría 450 especies de mamíferos, 1.752 especies de aves; 475 especies de reptiles. Desaparecerían 538 especies de anfibios, 1.089 especies de arácnidos, 2.000 especies de himenópteros, y 4.500 especies de peces, sólo sería evocación del pasado (El Darién, Zoogeografía y Aspectos Biográficos publicado por Corantioquia y Cornare…). El refugio temporáneo de mariposas y aves procedentes de otras latitudes no será más que el recuerdo de la capacidad agresiva de los gobernantes colombianos. Especies de plantas únicas en el mundo desaparecerán, privando a la humanidad de sus propiedades científicas, que aún sin conocer, hubo coraje para destruir.

Las plantas son importantes, entre otras cosas, por su valor comercial, por su producción de oxígeno, por su extraordinaria simbiosis entre todos los seres vivos y por sus propiedades científicas.
El desarrollo ha de concebirse en términos sociales, de conservación y no de destrucción. Debe plantearse otras alternativas en búsqueda de defender este patrimonio de la humanidad. El sostenimiento de la carretera que atravesarás los humedales del Darién costaría cada año 250 millones de dólares, en contraste con los 45 millones de dólares que costaría conservarlo. El valor de bienes y servicios que proporcionarían los humedales por alimento, oxígeno, refugio, combustible, sustancias medicinales, vestimentas, explotación racional de bosque maderables, artesanías, productos bioquímicos, protección contra tormentas, inundaciones, recuperación de la industria manufacturera artesanal aborigen, ascenderían por lo menos a 4.4 billones de pesos. Casi cien veces más que el costo de conservación (Desarrollo Sostenible del Darién, trabajo realizado por Corantioquia y Cornare en el 2000).

La ventaja competitiva estaría en defensa de los humedales y por encima de la captación de divisas mezquinas de la oligarquía, que abusa del poder para negociar recursos naturales que no son suyos. La política anti ambiental y neoliberal de la oligarquía colombiana siempre ha despreciado los principios éticos fundamentales. Al modelo capitalista basado en la conducta de imponer intereses egoístas en primer lugar, la destrucción del patrimonio común, la destrucción del mundo le importa poco. Lo que resulta inaceptable es la irresponsabilidad del gobierno frente a lo que va a suceder en el Darién a escala mundial, cuyo espíritu contra patria entrega la naturaleza a las transnacionales. El pueblo colombiano y la comunidad internacional debe entender que no es hora de dormir, todos, hombres y mujeres debemos desactivar la alarmante tragedia que se abate sobre el medio ambiente usando la internet, y mirar las calles vacías esperando la acción colectiva en defensa de los humedales del Darién.

Tomado de: http://www.periferiaprensa.org

Las Comunidades del Norte del Cauca resisten a la explotación minera

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Mon, 23 Aug 2010 15:18:00 +0000

En Colombia existen recursos minerales en todo el territorio, de norte a sur y de oriente a occidente. En el Norte del Cauca los gobiernos nacional y departamental desarrollan con el sector privado preparativos para entregar la región a las multinacionales, con el TLC, a través de Megaproyectos extractivos y de Infraestructura, expresados en la “Agenda Interna para la Productividad y Competitividad del Cauca”, en la cual se incluye la actividad de la exploración y explotación minera. Entre los territorios en concesión se encuentra la totalidad del Municipio de Caldono y casi todos los municipios y resguardos del Cauca, para empresas como la Sudafricana AngloGold Ashanti, con su extenso repertorio de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, a la cual el Estado le condonará la administración del subsuelo del país junto a otras cuatro grandes empresas petroleras.

El 7 de septiembre de 2009 el señor Héctor de Jesús Sarria interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires, Cauca, con copias a la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao y la Procuraduría Agraria del Cauca, con el propósito de presionar el desalojo de familias mineras de la Comunidad Negra de La Toma, municipio de Suárez. El señor Sarria ostentaba la concesión No.BFC-021, otorgada sin previo consentimiento de la comunidad del municipio de Suárez, la cual ha realizado la minería artesanal tradicionalmente desde 1636 y que hoy está organizada en el Consejo Comunitario de La Toma.

Luego, el 5 de noviembre de 2009, durante la audiencia sobre “La situación de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas del Norte del Cauca” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, se presentaron pruebas de la grave situación, vulnerabilidad y amenaza de las comunidades mineras, campesinas e indígenas. Lo mismo se hizo el 10 de diciembre de 2009 en la audiencia pública “Por la defensa del territorio, la cultura y la dignidad de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Noroccidente del Cauca”. Allí la comunidad y las organizaciones de derechos humanos advirtieron de la presencia del grupo autodenominado Águilas Negras, responsable de la ola de amenazas que se había desatado desde el mes de Octubre. Sin embargo, el pasado 8 de abril de 2010 fueron masacradas 8 personas de la comunidad del municipio de Suárez.

Por el mismo tiempo, el Ministerio de Minas ordenó a la Procuraduría Agraria que suspendiera la actividad minera de hecho, de la cual subsisten los pequeños y medianos mineros, declarando ilegal toda actividad extractiva que se desarrolle sin regularse de acuerdo con el código minero (Ley 685 de 2001). Sin embargo, al mismo tiempo se le dio patente de corzo a la multinacional Kedahda inscribiendo más de 188 solicitudes en 23 municipios del Cauca con más de 172 mil has., para que intervenga, sin mediar consulta previa con las comunidades, violando lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y la Ley 70 de 1993, y sin considerar los derechos de quienes han usufructuado los recursos por mucho tiempo, reconocido como derecho de prelación. Por el contrario, y al decir de funcionarios de la multinacional, “por las buenas o por las malas entramos a explotar”.

En el Norte del Cauca hay un gran número de población indígena, la cual concibe el territorio como espacio de vida, como “La Gran Casa”; sus montañas y lagunas son consideradas sitios sagrados donde los mayores hacen conexión entre lo natural, lo humano y lo espiritual. Algunas comunidades para su sustento económico realizan el barequeo al igual que algunas comunidades Afro. Pero los impactos que se generan en la extracción aurífera artesanal son mínimos comparados con la explotación de la minería a gran escala, donde no solo se acaba con los suelos sino también con las fuentes de agua.

Reacción de las comunidades
En 1991 intervine la multinacional Hiliski, empresa Japonesa – Inglesa en el Resgurado Las Delicias. La comunidad del resguardo se movilizó hacia el cerro La Catalina y destruyó los mojones marcada por las multinacionales ganando así la pelea. En 1997 se conformaron las zonas mineras indígenas de Las Delicias, Canoas, Pitayo y Miranda. Entre el 2000 y 2007 la comunidad de Las Delicias inició el proceso de derecho de prelación por ser titular de la zona minera indígena Delicias-Canoas.

En los años 2000, 2004 y 2008 hubo intervención de la multinacional AngloGold Ashanti Kedahda en los Municipios de Buenos Aires (resguardo las Delicias cabecera municipal zona afro), Suarez (cabildo de Cerro Tijeras y 15 veredas más de zona campesina-afro), Santander (Reguardo de Concepción, Munchique, Canoas, Guadualito, sector Mondomo, Cascabel, San Antonio, Modomito), Caloto (Resguardo de Huellas). En el 2007 se realizó una reunión de la asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN y la multinacional Kedahda, para sentar posición política frente a la agresión territorial; luego en el 2008, el 12 de octubre, se movilizó la Gran Minga donde se propuso la siguiente agenda a caminar: Rechazar el tratado de libre comercio, rechazar la política de seguridad democrática y el Plan Colombia, derogar la legislación de despojo, reformas constitucionales, plan de aguas, ley de cárnicos, reforma del código minero y el cumplimiento de acuerdos y convenios.

En este mismo año la comunidad de Las Delicias y los afros de la comunidad de Mirasoles expulsaron a la empresa Kosigo Risour del territorio. La comunidad afro de Munchique y la cabecera municipal, retuvieron a los empleados de la empresa Kosigo Rissour y los sacaron del municipio. El día 23 de julio de 2008 la comunidad de Las Delicias y Mirasoles hicieron un pronunciamiento y denuncia pública en el Municipio de Buenos Aires con el gerente de Kosigo Risour; la autoridad tradicional, el alcalde municipal, el personero y los afros del municipio decidieron expulsar a la multinacional del municipio de Buenos Aires. En septiembre 10 y 11 de 2008 se realizó una movilización por el municipio de Buenos Aires, para ratificar la posición territorial frente a las multinacionales, con la participación de los resguardos de Munchique, Canoas, Corinto, Pueblo Nuevo Ceral, Las Delicias, Suárez, representantes de la ACIN y la Cooperativa Coomultimineros; como resultado salió una resolución en defensa del territorio afro-indígena.

Sin embargo, en el 2009 nuevamente interviene la multinacional Kosigo Rissour en el municipio de Buenos Aires y Suárez. En la actualidad esta empresa está operando en Suárez y tiene estudios de exploración y explotación en Cerro de Tijeras, Pico de Águila, vereda del Cabildo de Cerro Tijeras. Al igual que la multinacional AngloGold Ashanti, en la Zona Tierradentro, Zona Nororiente, Zona Occidente, Zona Oriente, Zona Centro y la Zona Costa Pacífica. Esta última tiene un total de 8.652.000 has. para exploración y explotación. Esta presencia de las multinacionales mineras está respaldada por un sinnúmero de operaciones militares contra los pobladores, tales como el Plan Colombia y el Plan Patriota, hoy Plan Consolidación y las operaciones de triste recordación “Reconquista del Macizo” (Santa Rosa, San Sebastián desde Septiembre/03); “Espada” (Patía, Balboa, Argelia desde Febrero/06), “Oro Azul” (Corinto, Toribío-Tacueyó desde Febrero/07), en todas ellas las comunidades fueron atropelladas, bombardeadas, ametralladas, apresadas y desplazadas con la acusación de ser “narcotraficantes o auxiliadoras de terroristas”. Fruto de esta ocupación masiva a los territorios quedan Batallones de Alta Montaña y Bases Militares permanentes en zonas de reserva ambiental.

Tomado de: http://www.periferiaprensa.org

¿QUÉ FERIA LA FERIA? LA FERIA MINERA ES PARA SAQUEAR AL PAÍS

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Tue, 17 Aug 2010 21:40:00 +0000

Entre el 29 y el 31 de julio en Corferias, en Bogotá, se reúnen las principales compañías del sector minero extranjeras y nacionales con la complacencia del ministerio de Minas y Energía e Ingeominas, para llevar a cabo la “Primera Feria para el sector Minero” que tiene, entre otros objetivos, despojar a las comunidades de sus derechos, saberes y territorios, así como facilitar el saqueo de los recursos naturales del país, política que bajo la denominación de “Colombia: país minero”, ha adelantado presuroso el actual gobierno y promete continuarlo y profundizarlo Juan Manuel Santos.

Web: www.reclamecolombia.org

RED COLOMBIANA FRENTE A LA GRAN MINERÍA TRANSNACIONAL, RECLAME

Correo: red@reclamecolombia.org

Este encuentro se realiza en el marco de una arremetida de las transnacionales sobre el país, en donde el gobierno nacional siempre se ha puesto del lado de los intereses extranjeros y en contra de las reclamaciones de las comunidades, de los pequeños y medianos mineros, de los trabajadores, donde se desarrollarán estos proyectos, amparados en la reforma al código de minas aprobada en el 2009, que entrega el control absoluto de los recursos naturales a las empresas extranjeras.

Prueba de ello es el discurso contra la pequeña y mediana minería que ha adoptado el gobierno nacional y la Cámara Colombiana de Minería, atacando a más de dos millones de colombianos que se dedican a esta actividad como forma tradicional de subsistencia en sectores rurales y que ha garantizado que estas familias y comunidades mineras no se desplacen a las ciudades aumentando la economía del rebusque y de la informalidad.

Pretenden engañar a los colombianos al plantear que las inversiones en este sector generarán un mejoramiento para las regiones y del bienestar de miles de colombianos, a pesar de que la misma realidad los contradiga, tal y como es evidente en los territorios donde están los principales proyectos mineros, como en el Cesar, Córdoba y la Guajira, donde se presentan los peores indicadores de calidad de vida del país. Las regalías, que en ningún caso superan el 10%, son insuficientes para compensar la descomposición social, económica, cultural y ambiental que provocan estos proyectos mineros a gran escala.

La política minera impulsada por el gobierno agrava la ya difícil situación de derechos humanos, y de la cual afrodescendientes, campesinos, indígenas y trabajadores de esta industria han sido las víctimas, en medio de un Estado de impunidad.

También se ocultan al país los nefastos impactos ambientales que provocarán proyectos como el de La Colosa y otros ubicados en el páramo de Santurbán, en Marmato, en Suárez Cauca, en el Cerro Careperro, y muchos otros más en medio de reservas naturales que acabarán con la biodiversidad, las fuentes de agua, la agricultura y toda forma de vida y posibilidad de desarrollar otra actividad económica.

Por estas razones, decenas de organizaciones decidimos unirnos y trabajar colectivamente para hacerle frente a una política minera que apunta a satisfacer las necesidades del capital, causante de la actual crisis mundial, y a convertir al territorio nacional en un enclave para el asalto del patrimonio.

Tratados de Libre Comercio como el recientemente firmado con Canadá, la militarización con el Plan Colombia, son medidas que ha prometido continuar el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos y que perjudican los intereses del país en todos los campos.

Invitamos a todos los sectores democráticos del país a respaldar las tareas y los objetivos que se ha planteado la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, en torno a la lucha contra las leyes del despojo y por la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional.

Tomado de: http://www.colombianobases.org

Comienza a debatirse la iniciativa popular en el Concejo de Cerrito, provincia de García Rovira.

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Sat, 14 Aug 2010 20:40:00 +0000

El Almorzadero, zona excluida de la actividad minera

Hace un año, el primero de agosto de 2009, comenzó a andar una nueva iniciativa de la población del municipio de Cerrito para proteger El Almorzadero, páramo que se eleva en uno de sus costados. Se llama precisamente así: Iniciativa Popular Normativa, un recurso que entrega la Constitución del país para expresar y dar fuerza a la voz del pueblo.

En la formulación y gestión de esta iniciativa ha sido fundamental la historia de la resistencia en el municipio de Cerrito, pues ha entregado los elementos y las herramientas necesarias para impulsarla, tanto como la fuerza para sostenerla.

LuisaMaria Navas / CENSAT 'Agua Viva' - 28 de jul/2010
¿Qué es la iniciativa popular normativa?

Es un derecho político de los ciudadanos con el que pueden presentar

colectivamente proyectos de acuerdo ante los concejos municipales o distritales.

La presentación de estas iniciativas genera para la corporación pública la

obligación de debatir el proyecto, sin que tenga que ser aprobado tal como se

presentó, pues puede ser modificado e incluso negado en su totalidad.

Para promoverla, debe constituirse un comité de promotores y elegir un vocero.

Cumplido lo anterior, se inscribe la iniciativa (presentada en forma de articulado)

ante la Registraduría del Estado Civil, que revisa la solicitud y entrega un

formulario para que en él se recoja, en el término de 6 meses, el respaldo del 5%

de los ciudadanos inscritos en el censo electoral municipal. Si esto se logra,

el proyecto popular se presenta ante el Concejo para su discusión.

¡Alerta permanente!

Los proyectos mineros amenazan otra vez con instalarse, pasando por encima de la voluntad de los pobladores con respecto a lo que quieren hacer con el territorio que les pertenece y que han hecho conocer de múltiples formas desde hace más de veinte años. En esta ocasión, la extensión en peligro es mucho mayor que en las oportunidades anteriores y se hace por impulso directo del Estado colombiano.

El páramo es una riqueza de gran significado, especialmente para los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el nororiente de Colombia, pero su influencia va mucho más allá, por las quebradas lagunas y ríos que nutre y por la calidad de agua que provee. Es precisamente de alta pureza gracias al tipo de carbón que albergan las montañas, cuya labor es esa: filtrar impurezas del líquido antes de salir de su interior.

Si cumple un año la nueva iniciativa de protección, cerca de veinte tiene la historia de resistencia a la minería en Cerrito. La primera vez, una empresa logró instalarse por cerca de dos años, entre 1991 y 1993, ofreciendo empleo y más desarrollo. Pero el pueblo entendió con su propia experiencia lo equivocado y peligroso de instalar una empresa minera en una región que necesita del agua limpia para trabajar la tierra, que es parte de su identidad. Esa empresa tuvo que salir por la fuerza de esta convicción.

Luego fue en 2004. En ese año, otra empresa intenta su instalación, esta vez de manera ilegal y buscando aprovechar la infraestructura de la antigua explotación. La alerta movilizó la gente hasta que se consiguieron dos cosas: que la Alcaldía del mismo municipio expidiera una resolución en la que se ordenaba suspender la explotación de las minas de carbón y que la Corporación Autónoma Regional de Santander, autoridad ambiental del departamento, hiciera eco con otra norma, ya no solo de orden de cierre sino de sanción a la empresa.

Pero ya se percibía la intención de convertir a esta en una región minera por parte del Estado colombiano, quizás removiendo y remozando los propósitos de las épocas coloniales. Así, para ser consecuentes con esa alerta los cerritanos adelantaron un Cabildo Abierto a comienzos de 2006. Para entonces se supo que el gobierno tenía listas para licitación 200 mil hectáreas del páramo para explotación del milagroso carbón, extensión que atraería muchísimo a empresas multinacionales. El Cabildo concluyó instar gobierno nacional a suspender cualquier propuesta o proyecto de explotación minera en el páramo el Almorzadero, señalando que los impactos negativos que se generarían no justificaban la minería en este territorio.

A los pocos meses, más de 800 jóvenes se propusieron defender y garantizar sus derechos al ambiente, la identidad y la cultura y proclamaron el agua como un derecho fundamental y alcaldes de nueve municipios consignaron ante el presidente de la República su voluntad de que se declarara una moratoria frente a la actividad minera en el páramo el Almorzadero.

Fue en 2006 cuando se creó la Comisión de Vigilancia y Seguimiento para la Protección del Páramo El Almorzadero.

En 2007 y 2008 se mantuvo el movimiento, haciendo conocer afuera de las fronteras departamentales y nacionales lo que podía ocurrir de no estar atentos. Incluso el gobierno departamental señaló que no hay ninguna razón que justifique la explotación del carbón y que acompañaría la defensa.

Respuesta ante la reciente arremetida

De muchas maneras se ha actuado y con efectividad para proteger el páramo frente a la minería. Pero vuelven a insistir los empresarios del carbón y el gobierno nacional. Son reales las probabilidades de que el gobierno otorgue licitaciones para la explotación del carbón en una extensión de 200 mil hectáreas. Así lo demuestra lo sucedido en el Páramo de Santurbán, vecino de El Almorzadero, explotado hoy por una empresa multinacional.

El proyecto de ley que se entrega con la iniciativa popular se orienta determinar la finalidad y el propósito del páramo El Almorzadero como zona excluida de minería en la jurisdicción de Cerrito. Y señala que los entes territoriales deben regular el uso del suelo, delimitando específicamente las áreas de protección especial.

En concreto, se busca que el Concejo apruebe una norma jurídica que garantice la consulta previa a la comunidad para decidir el uso de las zonas especiales, sobre la base de declarar el área del páramo excluida de toda actividad minera.

La Comisión de Vigilancia y Seguimiento fue decisiva en el impulso a la formulación y gestión de la Iniciativa Popular Normativa. Ya se consiguió la validación de parte de la Registraduría municipal de 804 firmas que respaldan el contenido.

El proyecto de acuerdo respaldado por la comunidad cerritana será debatido en sesiones del Concejo Municipal en agosto de 2010 y según su viabilidad, será sancionado por el alcalde.

Públicado en: http://censat.org/

En riesgo 386 mil hectáreas de páramo en Cundinamarca, por minería, ganadería y agricultura

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Wed, 11 Aug 2010 19:27:00 +0000

foto de: tropicalbirding

Diez millones de personas podrían tener dificultades con el agua en el futuro, si continúa el deterioro de cinco páramos, que abastecen de agua a parte del centro del país.

Así lo aseguran los especialistas, quienes advierten que la tala, la quema, el aprovechamiento indiscriminado de la flora y la fauna silvestres, cultivos (principalmente de papa), ganado y las explotaciones mineras, que son las mayores amenazas de estas reservas, han seguido en constante crecimiento.

A esto se suma el calentamiento global, con sus graves efectos en la flora y la fauna de estos reguladores de agua, muchos de los cuales se ubican en Cundinamarca.

De los 1’700.000 hectáreas de páramo que se calcula hay en el país, Cundinamarca tiene cerca de 386 mil.

Y aunque el 45% de esa área está protegida, Víctor Vásquez, ex director de Áreas Protegidas de la ONG Conservación Internacional (CI), considera que esa protección sólo es "en el papel" (en las normas), porque no "lo están verdaderamente".

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el departamento hay cinco grandes complejos de páramo (Chingaza, Guerrero, Rabanal, Sumapaz-Cruz Verde y Nacimiento del río Bogotá), la mayoría compartidos con otros departamentos.

Aproximadamente, el 70% de la población de la región andina toma el agua de los páramos. De ahí su importancia para la sociedad y para la economía.

Guerrero sobrevive a minería y agrotóxicos

Las cerca de 39.240 hectáreas que ocupa este complejo en el norte del departamento están bajo amenaza por causa de la minería y de los productos químicos que se utilizan en los cultivos.

Este territorio, que abastece de agua a la represa del Neusa y a los acueductos de Zipaquirá, Cogua y Tausa y parte de Bogotá, se extiende entre las localidades de Socotá, Santuario y Colorado, los páramos de Napa, Alto, Guargua y laguna Verde, los altos de La Mina y El Muchacho y cuchilla El Tablazo, así como las zonas altas de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, Subachoque, Cogua, Pacho, San Cayetano y Susa.

El páramo conforma una extensa zona de recarga de acuíferos, que alimentan el subsuelo del Valle de Ubaté y el norte de la sabana de Bogotá.

Sólo en el páramo de Guerrero, que hace parte de este complejo y que fue declarado reserva natural, hay, según Conservación Internacional, 102 familias, 194 géneros y 376 especies de plantas, cuatro especies endémicas regionales de frailejón, 98 especies de aves, 21 de mamíferos, ocho de anfibios, incluida una nueva especie de rana endémica local, y siete de reptiles.

En Guerrero, la minería, con la que se hacen perforaciones de la tierra y un drenaje constante de los terrenos, repercute directamente en el régimen hídrico de la zona.

Cultivos y ganadería se toman Sumapaz - Cruz Verde

La expansión de cultivos, principalmente de papa, el aumento de población por el desplazamiento forzado y los problemas de orden público son las amenazas que enfrenta el complejo de Cruz Verde-Sumapaz.

El proyecto Páramo Andino del Instituto Alexánder von Humboldt identificó que el grado de alteración del complejo llega a un poco más del 15%. Más de 45 mil hectáreas se encuentran en cultivos, pastos para ganadería o vegetación secundaria.

"Esto se incrementa en las zonas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, de Bogotá, y Pasca y Choachí, en Cundinamarca, donde los cultivos de papa y la ganadería de leche son las principales actividades económicas", indica el estudio.

Víctor Vásquez señala que, aunque se ha hecho una declaratoria de áreas protegidas en buena parte de este territorio (el área de conservación es de 154 mil hectáreas, declarada como Parque Nacional Natural de Sumapaz), lo que se estaba explotando antes de la declaratoria sigue siendo problemático.

"Si son predios grandes, se arriendan a externos sin ningún control, por ejemplo. No se han generado buenos instrumentos económicos para incentivar la conservación y ese es un gran limitante", indica Vásquez.

Y si se acaba, ¿qué?

De acuerdo con el instituto Humboldt, la localización de este complejo constituye la línea divisoria entre aguas de la vertiente oriental de la cordillera Oriental, que van hacia los Llanos Orientales, y la vertiente occidental, que va hacia el valle del río Magdalena.

Hacen parte de este complejo algunas de las cuencas de los ríos Bogotá, Sumapaz, Duda, Guayabero, Ariari y Negro. "Posee una importancia hidrológica para la región, no sólo por la multitud de lagunas naturales que contiene (más de 20 reconocidas por el Ideam), sino también por los embalses de Chisacá y La Regadera, que abastecen al Distrito Capital", indica el instituto.

Al departamento le corresponden 75.804 hectáreas (42,5%) de este complejo, que abarca sectores de seis municipios (Soacha, Pasca, Arbeláez, San Bernardo, Venecia y Cabrera) y tres localidades de Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz). Es compartido con Meta y Huila.

Chingaza está en riesgo

Aunque es considerado el páramo mejor conservado del departamento, pues buena parte de los terrenos pertenecen al Acueducto de Bogotá, Chingaza también está en riesgo.

"Sorprende ir a Chingaza y encontrar letreros de ’cuidado con el ganado’, cuando debería estar dedicado exclusivamente a la conservación", dice Víctor Vásquez.

Según la información del instituto Humboldt, en general, el grado de transformación de este complejo es bajo (6% del total del páramo), pero ha habido intervenciones con pastos para ganadería de leche y de cultivos, especialmente de papa.

Allí, también hay proyectos que impactan el ecosistema, como el de la hidroeléctrica del Guavio y el sistema Chingaza del Acueducto de Bogotá, que aporta el 80% del agua a la capital y a varios municipios de la sabana.

El Acueducto tiene programado, para el 2015, construir una nueva represa, Chingaza II, para garantizar el total abastecimiento a Bogotá, que retendría el agua del caudal del río Guatiquía. Sin embargo, esta obra ha sido motivo de una extensa polémica.

Chingaza es la despensa de agua de Bogotá y del departamento y por eso es importante conservarla. De ahí que la idea de hacer más embalses haya sido criticada por algunos técnicos. Además, en los Llanos reclaman que con Chingaza II, al dirigir el agua a Bogotá, se les quitaría a ellos el recurso hídrico.

El páramo de Chingaza se encuentra en jurisdicción de los municipios de Fómeque, Guasca, Junín, La Calera y Guatavita, en Cundinamarca, y de El Calvario y San Juanito, en el Meta.

Rabanal muere por la falta de regulación

La minería es la principal amenaza de este complejo de páramo (compartido con Boyacá), que abarca en Cundinamarca los municipios de Guachetá, Lenguazaque y Villapinzón.

"Es importante saber que el páramo de Rabanal está en inminente peligro, si se tiene en cuenta que los precios del carbón están aumentando cada día y entre el 2001 y el 2008 la demanda del carbón y coque se incrementó cerca del 300%", dice el estudio del Proyecto Páramo Andino.

"Es evidente que la minería es una de las actividades que más afectan al páramo, pero hasta hace poco era casi nada lo que se podía hacer (podía funcionar sin licencia ambiental). Algunas empresas, manejadas por grandes o por pequeños mineros ilegales, son muy difíciles de manejar", añade Carlos Tapia, director del proyecto.

"El conflicto es fuerte porque la minería es una fuente de riqueza e ingresos fiscales. El Ministerio de Ambiente trata de regular y las corporaciones hacen lo mejor posible, pero es complicado por la dinámica económica", añade.

Según esta organización, Rabanal forma parte de los páramos más importantes del país, reconocido por la diversidad biológica, por el importante aporte hídrico que surte a gran parte de la región y tiene uno de los complejos carboníferos más importantes del territorio colombiano.

Allí se ubican varios embalses, que aportan agua a los municipios vecinos, y nacen quebradas que alimentan a 91 acueductos rurales y de cabeceras municipales.

Contiene las estrellas hidrográficas regionales para recarga de acuíferos de la cuenca de los ríos Garagoa, Ráquira y Suárez.

Nacimiento del río Bogotá

Este páramo, de una extensión aproximada de 31.634 hectáreas (compartidas entre la CAR y Corpochivor, en Boyacá) comprende en Cundinamarca los municipios de Villapinzón, Chocontá y Machetá. Como su nombre lo indica, es ahí donde nacen los ríos Bogotá y Machetá, que surten al río Garagoa, fundamental en el desarrollo socioeconómico de la sabana de Bogotá y de la hidroeléctrica de Chivor.

Existen ya zonas declaradas reservas forestales, como la Cuchilla El Choque, en el municipio de Chocontá, Nacimiento del río Bogotá, en Villapinzón, y la reserva forestal protectora El Frailejonal, en Fómeque.

La CAR ha comprado terrenos para ampliar las zonas de reserva; sin embargo, la conciliación con los habitantes del sector no ha sido fácil, porque hay muchos cultivos de subsistencia, aseguran expertos. Esta corporación ejecuta planes para la difusión de técnicas de agricultura de conservación para una producción más limpia y ha desarrollado procesos de fortalecimiento social de organizaciones para la conservación del páramo.

Tomado de: http://prensarural.org/

DECLARACIÓN PÚBLICA CABILDO POPULAR, SOCIAL Y AGRARIO

noreply@blogger.com (Madre Tierra) — Wed, 11 Aug 2010 19:15:00 +0000

(CORREGIMIENTO QUEBRADANEGRA CALARCÁ QUINDÍO) El domingo 27 de Junio del 2010 en el corregimiento de Quebradanegra Calarcá – Quindío nos reunimos hombres y mujeres quienes todavía nos ruborizamos y resistimos a la ignominia de las multinacionales, ya que estas asumen como principios la colonización avasalladora y expropiación de los saberes populares. Nos declaramos en esta fecha histórica en un acto de rebeldía y dignidad por la defensa de nuestro territorio sagrado “KAKATAIMA” teniendo como presente la recuperación del buen vivir de nuestros campesinos e indígenas en esta zona de la cordillera central.
Asumiendo como principios la urgencia de una ética y moral en defensa de la “Pacha mama” y de nuestros recursos naturales recuperando nuestra historia con sus tradiciones y costumbres de los pueblos originarios.

En este cabildo social, popular y agrario nos congregamos 80 personas en representación de un sinnúmero de organizaciones populares y ambientalistas del Quindío para decirle a este departamento y a Colombia que todavía hay un pueblo que se levanta contra la barbarie y la expoliación de las multinacionales ANGLOGOLD ASHANTI y la SMURFIT CARTÓN Colombia demostrando que estos son los verdaderos depredadores del medio ambiento en este territorio sagrado. poniendo como paradigma de desarrollo la minería a cielo abierto “La Colosa en Cajamarca” que lo único que hace es menoscabar y cercenar los derechos de la tierra impidiendo con estas políticas del capitalismo el verdadero desarrollo endógeno de las comunidades campesinas del sur del Tolima, Quindío y Norte del Valle, arropados bajo el camuflaje y la fachada de la agencia de cooperación internacional norteamericana USAID. Dicha agencia es utilizada con su manto y rostro social para manipular y sosegar a los movimientos sociales y populares que se resisten a las políticas tendenciosas y mezquinas del imperio norteamericano logrando impulsar la danza de la muerte, la tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento a la comunidad rural de los departamentos ya mencionados.

Con estas multinacionales y dicha agencia de cooperación internacional (USAID) se fortalecerán los cinco batallones de alta montaña ubicados en toda la zona del territorio “KAKATAIMA” sembrando el terror de quienes habitamos en el territorio sagrado del cacique Pijao Calarcá.

A continuación denunciamos los siguientes hechos:

1.       Denunciamos el bombardeo constante por parte de las tropas del ejército a los campesinos del sur del Tolima y sur del Quindío so pretexto de dar de baja a uno de los máximos comandantes de las FARC, poniendo como victimas principales a los inermes campesinos e indidígenas de ambas regiones.

2.       Denunciamos y rechazamos los proyectos de mega minería a cielo abierto (La Colosa) por las consecuencias nefastas del deterioro del medio ambiente, desplazamiento campesino, (contaminación del agua con mercurio),y la multinacional española UNIÓN FENOSA siendo esta una de las financiadoras del paramilitarismo en el occidente colombiano.

3.       Rechazamos en este foro la siembra indiscriminada de monocultivos (caña de azúcar, colinos de plátano) para agro combustibles ya que atenta contra la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos.

4.       Rechazamos la presencia de la agencia de cooperación internacional USAID en todo el territorio sagrado de KATATAIMA.

5.       Denunciamos las amenazas, desapariciones y asesinatos de líderes campesinos e indígenas del sur del Tolima, Quindío y Norte del Valle, asiéndolos pasar como guerrilleros dados de baja y con falsos montajes jurídicos.

6.       Rechazamos en este foro la inversión injustificada de 74 millones de dólares en el proyecto de ciudades amables, mientras que los campesinos pierden sus tierras por las deudas impagables contraídas con la banca nacional.

7.       Denunciamos la presencia de ejércitos privados (águilas negras, rastrojos, las Bacrimm) en el Quindío, sur del Tolima y Norte del Valle.

Acciones a desarrollar:

·         Defensa del territorio sagrado de KATATAIMA.

·         Defender y proteger a las comunidades campesinas frente al atropello por parte de la fuerza pública y de las políticas del nuevo colonianismo con presencia en esta zona.

·         Convocar foros, cabildos populares, audiencias públicas, en el sur del Tolima, Quindío y Norte del Valle, explicando las consecuencias nefastas de la mega minería a cielo abierto.

·         Instalar el tribunal permanente de los pueblos en los territorios de KATATAIMA, para denunciar las políticas antisociales de estas multinacionales.

·         Reproducir y dar a conocer el documento de la declaración mundial cumbre de la tierra en Bolivia.

·         Fortalecer al red de medios independientes de las organizaciones sociales (páginas web, emisoras comunitarias, boletines y el periódico el ecólogo) como articuladores de los proceso reivindicativos sociales de nuestros pueblos originarios.

·         Estrechar lazos de hermandad y solidaridad con los pueblos y organizaciones hermanas del Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Buscando como fin el fortalecimiento de la unidad popular latinoamericana.

·         Declarar el cabildo popular, social y agrario en asamblea permanente.

Firmamos esta declaración pública las siguientes organizaciones:

Colombia compas Latinoamérica/ Cabildo Indígena Pijao de Armenia Quindío/ ASUMPAT/ ASOMIC/ Coorpocam/ Asoguarani/ Fensuagro/ Asopragua/ ACEU/ Junta de acción comunal Corregimiento de Quebradanegra./REDEPAZ QUINDIO
Con copia: comisión interamericana de derechos humanos/ naciones unidas/ comisión quinta del senado

Tomado de: http://reclamecolombia.org

Madre Tierra

LA SITUACION DE LA MINERÍA ES UN DESASTRE

El interés nacional y el extranjero pueden ser antagónicos

Muerte en Amagá

Paro cívico en Segovia y Remedios

Gobierno quiere convertir el río Magdalena en autopista fluvial

( las exportaciones de petróleo y carbón podrían ser más baratas y las Multiancionales ganar más dinero por explotar nuestros recursos, con la mirada complaciente del Gobierno...)

De esa forma, las exportaciones de petróleo y carbón podrían ser más baratas.

Colombia en el peor de los mundos frente a trasnacionales mineras, dice Robledo - MOIR - Movimiento.

Tomado de: http://www.moir.org.co

Desde Mexico solicitan suspensión de proyectos hidroeléctricos de El Quimbo, Hidrosogamoso, Pescadero Ituango

Tomado de: http://www.surcolombiano.com/i

Video "El oro contra la vida" Ecocidio en Cajamarca Colombia.

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COLOMBIA: Drummond ha sido autorizada para explotar una gigantesca mina (Alvaro Uribe, el 22 de noviembre/10 -convinencia parami)

NO LE QUITEMOS LOS OJOS DE ENCIMA A LA ANGLO GOLD ASHANTI

Tomado de: http://www.reclamecolombia.org

Sin licencia para explotar: GreyStar insiste en hacer mineria a cielo abierto en el Páramo de Santurbán

Tomado de: http://reclamecolombia.orghttp://reclamecolombia.org/

Carbón y sangre en las tierras de ‘Jorge 40’

Estamos aún a tiempo de evitar un nuevo engaño

Tribunal de Cundinamarca negó pretensiones de Emgesa

Tomado de: http://www.diariodelhuila.com/

Mundo: Hidroeléctricas significan el fin de comunidades indígenas

Tomado de: http://www.servindi.org

¿Por qué el Ministerio de Ambiente de colombia se convirtió en una empresa de licencias de obras?

Tomado de: http://www.surcolombiano.com

Confirman construcción de hidroeléctrica para el Caquetá

Multinacional China ataca el territorio, ahora pusieron sus ojos y sus garras en el Caquetá departamento del sur de Colombia, zona de importancia natural que será invadida por mega-proyecto hidroeléctrico en el río San Pedro. Proyecto con el aval benévolo del gobierno regional.

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Confirman construcción de hidroeléctrica para Caquetá

El gobernador Germán Medina Triviño confirmó que en un plazo de quince días se estaría dando la visita de ingenieros e inversionistas chinos, interesados en participar de la construcción de la central hidroeléctrica del rió San Pedro.

La miseria del oro

Tomado de: http:elpais.com

La Toma por el oro

La violencia

RECHACEMOS LA GRAN MINERIA TRANSNACIONAL

Tomado de: http://www.reclamecolombia.org

A punto de sangre

Tomado de: http://elespectador.com/

Microcentrales del Oriente Antioqueño desplazarán a los campesinos

Tomado de: http://www.periferiaprensa.org/

En defensa de los humedales del Darién

Las Comunidades del Norte del Cauca resisten a la explotación minera

¿QUÉ FERIA LA FERIA? LA FERIA MINERA ES PARA SAQUEAR AL PAÍS

Tomado de: http://www.colombianobases.org

Comienza a debatirse la iniciativa popular en el Concejo de Cerrito, provincia de García Rovira.

Es un derecho político de los ciudadanos con el que pueden presentar

colectivamente proyectos de acuerdo ante los concejos municipales o distritales.

La presentación de estas iniciativas genera para la corporación pública la

obligación de debatir el proyecto, sin que tenga que ser aprobado tal como se

presentó, pues puede ser modificado e incluso negado en su totalidad.

Para promoverla, debe constituirse un comité de promotores y elegir un vocero.

Cumplido lo anterior, se inscribe la iniciativa (presentada en forma de articulado)

ante la Registraduría del Estado Civil, que revisa la solicitud y entrega un

formulario para que en él se recoja, en el término de 6 meses, el respaldo del 5%

de los ciudadanos inscritos en el censo electoral municipal. Si esto se logra,

el proyecto popular se presenta ante el Concejo para su discusión.

En riesgo 386 mil hectáreas de páramo en Cundinamarca, por minería, ganadería y agricultura

Guerrero sobrevive a minería y agrotóxicos

Cultivos y ganadería se toman Sumapaz - Cruz Verde

Y si se acaba, ¿qué?

Chingaza está en riesgo

Rabanal muere por la falta de regulación

Nacimiento del río Bogotá

DECLARACIÓN PÚBLICA CABILDO POPULAR, SOCIAL Y AGRARIO

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Tomado de: http://reclamecolombia.org http://reclamecolombia.org/