JOSÉ MARÍA PACORI CARI CORPORACIÓN HIRAM

MODELO DE SOLICITUD DE CESE DE HOSTILIDAD LABORAL EN EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO 276

2026-10-23T10:14:39.145-05:00

MODELO DE SOLICITUD DE CESE DE ACOSO LABORAL PARA LOS TRABAJADORES 276

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín en el Perú – Socio de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Área Derecho del Empleo Público

Línea Hostilidad laboral

¿Qué hacer si sufro acoso laboral en el régimen laboral público del Decreto Legislativo 276? Si es trabajador contratado o nombrado bajo el Decreto Legislativo 276 deberá de presentar una solicitud de cese del acoso laboral que además servirá de medio probatorio y reclamo para recurrir a otras autoridades como el Defensor del Pueblo, Ministerio Público o SERVIR, porque al servir a los demás seremos libres (autor José María Pacori Cari).

Modelo de escrito de cese de acoso laboral en el régimen laboral 276

SUMILLA: Solicito cese de acoso laboral

SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS [indicar el funcionario encargado de la gestión de recursos humanos]

[nombres y apellidos del servidor público acosado], identificado con DNI Nro. [número], con dirección domiciliaria en [indicar donde vive el servidor]; a Ud., respetuosamente, digo:

Conforme al tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Perú que indica: “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador” (el resaltado es nuestro).

Dentro de este contexto, presento mi solicitud de cese de hostilidad laboral.

I. EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO

Como pretensión principal, solicito el cese el acto de hostilidad laboral consistente en [por ejemplo, los continuos desplazamientos irrazonables y desproporcionales]; y, como consecuencia:

Como primera pretensión accesoria, solicito se declare [por ejemplo, la invalidez de los memorandos que disponen indebidamente mis desplazamientos irrazonables y desproporcionales] por contravenir el principio de verdad material y no contar con objeto jurídicamente posible.

Como segunda pretensión accesoria, solicito se disponga [por ejemplo, mi restitución en el cargo que me corresponda según mi formación, capacitación y experiencia].

Como tercera pretensión accesoria, solicito se remita copias del presente escrito a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la entidad pública por la presunta comisión de la falta disciplinaria de acoso moral.

II. SITUACIÓN LABORAL

Régimen laboral	Decreto Legislativo 276
Tipo de vínculo laboral	Contrato permanente 276
Cargo	Asistente Ejecutivo I
Unidad Orgánica	Departamento de Ayuda al Diagnóstico
Fecha de inicio	01-04-2017

III. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

Base jurídica del acoso laboral

1. El Tribunal del Servicio Civil ha definido el acoso moral en el fundamento 30 de la Resolución 001685-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala emitida el 29 de agosto de 2018:

“En efecto, este cuerpo Colegiado entiende por acoso moral a toda conducta, actos u omisiones de manera reiterada y/o persistente, ejercidas sobre uno o más trabajadores por parte de sus compañeros, superiores o inferiores jerárquicos, que tienen por objeto atentar contra su dignidad e integridad y crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante, ofensivo o degradante, susceptible de afectar sus condiciones de trabajo o la continuidad del vínculo laboral”.

2. Asimismo, el literal a), numeral 1) del artículo 1 del Convenio OIT 190 – Convenio sobre la violencia y el acoso - indica

“la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

Hechos que configuran el acoso laboral

1. [indicar los hechos que constituyen acto de hostilidad laboral]

2. Estando al cumplimiento de mis funciones, con fecha 22 de abril de 2025 se emite el Memorando Nro. 0075-2025 donde el Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnóstico, bajo el asunto “poner cargo a disposición” donde sin prueba objetiva hace la siguiente solicitud:

“solicito se ponga a la servidora a disposición, a fin de que se le pueda rotar y nosotros podamos contar con la plaza vacante para asignar a un personal que pueda cumplir con las funciones”.

3. Como consecuencia de este memorando, con fecha 29 de abril de 2025 se emite el Memorando Nro. 402-2025 que teniendo como referencia el antes indicado memorando y sin las actuaciones probatorias correspondientes, con el asunto “rotación de servicio” indica [continuar con los hechos que sustentan el acoso laboral].

Restitución al cargo público

1. El artículo 75 del Reglamento del Decreto Legislativo 276 – Decreto Supremo 005-90-PCM – establece “El desplazamiento de un servidor para desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, debe efectuarse teniendo en consideración su formación, capacitación y experiencia, según su grupo y nivel de carrera”.

2. De esta manera, constituye un acto de hostilidad laboral disponer los constantes desplazamientos de personal y puestas a disposición cuando las mismas no toman en cuenta mi formación, capacitación y experiencia para ser dispuestas [especifique de manera precisa y concreta los hechos que correspondan].

Responsabilidad administrativa

El acoso moral es una falta disciplinaria conforme al literal e) del artículo 98.2 del Decreto Supremo Nro. 040-2014-PCM – Reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil – que indica: “De conformidad con el artículo 85, literal a) de la Ley, también son faltas disciplinarias”: “e) Acosar moral o sexualmente”.

IV. MEDIOS PROBATORIOS

1. [indicar los medios de prueba que acreditan el acoso laboral o los hechos que indica en los fundamentos de hecho, por ejemplo, lo que se indica a continuación]

2. Memorando Nro. 0075-2025 con la finalidad de acreditar el uso indebido de una forma de desplazamiento de personal no prevista en la ley como es “poner cargo a disposición”.

3. Memorando Nro. 436-2025 que ha dispuesto mi rotación al Equipo de Intervención, Emergencia y Desastres, sin tomarse en cuenta que los desplazamientos constantes, irrazonables y sin prueba objetiva constituyen acoso laboral.

V. ANEXOS

1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad

1-B Copia del Memorando Nro. 0075-2025.

1-C Copia del Memorando Nro. 436-2025.

1-D [adjuntar los documentos que fueron ofrecidos como medios de prueba]

POR LO EXPUESTO

Pido a usted acceder a lo solicitado conforme al principio de legalidad previsto en el artículo IV, numeral 1.1, del TUO de la Ley 27444 que indica “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Lima, 03 de junio de 2025.

[firma del servidor, no es necesario la firma de abogado]

MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN

2026-10-23T10:11:43.549-05:00

MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín – Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

Área Derecho Administrativo

Línea Procedimiento administrativo

¿Qué hacer contra una resolución administrativa que desestima mi solicitud? Contra el acto administrativo que desestima una solicitud, procede el recurso administrativo de apelación si existe una interpretación distinta de pruebas o cuestiones de puro derecho, este es un modelo del recurso de apelación conforme al TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – Decreto Supremo 006-2026-JUS, porque al servir a los demás seremos libres (autor José María Pacori Cari)

Modelo de recurso de apelación en el procedimiento administrativo

EXPEDIENTE Nro. […]

SUMILLA Interpongo recurso administrativo de apelación

REFERENCIA […indicar el acto que se impugna…]

SEÑOR […indicar la denominación del cargo de la autoridad que emite el acto que se impugna…, por ejemplo, jefe de la oficina de administración…]

[…nombres y apellidos del administrado que presenta el recurso…], identificado con DNI Nro. […], con dirección domiciliaria en […]; a Ud., respetuosamente, digo:

I. REQUISITOS DEL RECURSO

1. El artículo 221 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – Decreto Supremo 006-2026-JUS – indica “El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 124”.

2. El artículo 124 del TUO de la Ley 27444, con la modificación dispuesta en la Ley 31465, establece “Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. Asimismo, el correo electrónico o, de ser el caso, la casilla electrónica, conforme al artículo 20 de la presente ley. 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados”.

Conforme a estos requisitos, planteo el presente recurso administrativo de apelación.

II. COMPETENCIA PARA RECEPCIONAR EL PRESENTE RECURSO

El artículo 220 del TUO de la Ley 27444 indica “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”. Conforme a esto, el presente recurso de apelación se dirige al […indicar la denominación de la autoridad que emite el acto impugnado…], quien es la autoridad que expidió el acto administrativo materia de impugnación.

III. EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO

Como pretensión administrativa impugnatoria, interpongo recurso administrativo de apelación en contra del acto administrativo contenido en […identificar el acto impugnado, por ejemplo, Resolución Nro…] que desestima mi solicitud de […indicar el asunto…], para que el superior en grado proceda a declarar su nulidad por contravenir la Constitución y la Ley; y como consecuencia:

Como pretensión accesoria, solicito […indicar el pronunciamiento de fondo que se espera se realice, por ejemplo, se reconozca el derecho a ser reubicado…].

IV. INDICACIÓN DEL ACTO RECURRIDO

El presente recurso administrativo de apelación es contra el acto administrativo contenido en […identificar el acto impugnado, por ejemplo, Resolución Nro…] que desestima mi solicitud de […]

V. CAUSAL DE NULIDAD ALEGADA

En el presente caso alegamos la causal de nulidad de contravención a la Constitución Política del Perú conforme al artículo 10, inciso 1) del TUO de la Ley 27444 que indica “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”.

VI. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 218.2 del TUO de la Ley 27444 establece “El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios”. En el presente caso, el acto administrativo materia de impugnación me fue notificado con fecha […], siendo que el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación vence el […], sin contar sábados, domingos, feriados y días no laborables.

VII. PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN

El artículo 220 del TUO de la Ley 27444 indica “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho”. En el presente caso, procede la interposición del presente recurso de apelación por tratarse de una cuestión de puro derecho que procederemos a explicar en la fundamentación del recurso.

VIII. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL RECURSO DE APELACIÓN

1. El acto administrativo es nulo por contravenir el artículo 26, inciso 1) de la Constitución Política del Perú establece

“En la relación laboral se respetan los siguientes principios”: “1. Igualdad de oportunidades sin discriminación”.

2. Lo anterior se complementa con lo indicado en literal a), inciso 1) del artículo 1 del Convenio OIT 111 – Convenio sobre la discriminación – que indica

“el término discriminación comprende: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

3. […lo indicado es un ejemplo…por su parte, deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su recurso de apelación teniendo en cuenta su caso concreto…, esto implica acreditar las causales de nulidad del acto administrativo y la acreditación del derecho o interés que le asiste al administrado…]

IX. MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS

1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad

1-B Copia del acto administrativo que se impugna consistente en […identificar el acto impugnado, por ejemplo, Resolución Nro…].

POR LO EXPUESTO

Pido a usted elevar los actuados a su superior jerárquico conforme a lo previsto en el artículo 220 del TUO de la Ley 27444 que indica “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”.

OTROSÍ. Hago presente que el presente recurso administrativo de apelación debe ser resuelto en el plazo de treinta (30) días hábiles, conforme al artículo 218.2 del TUO de la Ley 27444, modificado por al artículo único de la Ley 31603, que indica “El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días”. En caso de no cumplir con este plazo podría incurrir en la falta administrativa prevista en el artículo 261.1, inciso 11) del TUO de la Ley 27444 que indica “261.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de”: “11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada”.

Lima, 09 de enero de 2025.

[…firma del administrado que interpone el recurso de apelación, no es necesaria la firma del abogado…]

MODELO DE DESCARGOS EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA JUDICIAL ANTE LA ANC-PJ

2026-10-23T10:05:25.999-05:00

MODELO DE DESCARGO EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA JUDICIAL DE LA ANC-PJ

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín. Miembro Honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

Área Derecho Disciplinario

Línea Carrera Judicial

La Ley de la Carrera Judicial – Ley 29277 – establece las faltas que se pueden imputar a los jueces en el ejercicio de sus funciones, en el caso de presumir la comisión de una falta disciplinaria, los jueces de control, luego de una investigación preliminar, pueden iniciar un procedimiento disciplinario contra el juez, concediéndole el plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos, este es un modelo de estos descargos, porque al servir a los demás seremos libres (autor José María Pacori Cari)

Modelo de descargos que presenta el juez en un procedimiento disciplinario judicial

Queja Nro. : [número]

Sumilla : Presento mis descargos y ofrezco medios probatorios

Referencia : Resolución [identificar resolución de inicio]

SEÑOR JUEZ DE CONTROL DE LA [identificar al juez de control que le remite la resolución de inicio del procedimiento disciplinario, por ejemplo, Unidad Descentralizada de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lima del Poder Judicial]

[nombres y apellidos del juez investigado], con DNI Nro. [número], con domicilio real en [dirección], consignando de manera obligatoria mi casilla electrónica del Poder Judicial en [número][1]; a Usted., respetuosamente, digo:

I. PLAZO PARA PRESENTAR LOS DESCARGOS

El artículo 42 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial - Resolución Administrativa Nº 002-2023-JN-ANC-PJ - indica: “El investigado tiene derecho a presentar sus descargos y ofrecer medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario”. La resolución que inicia el procedimiento administrativo disciplinario fue notificada el [fecha], siendo que el plazo para presentar mis descargos vence el [fecha], sin contar sábados, domingos, feriados ni días no laborables.

II. PETITORIO

Como pretensión administrativa, ejerciendo mi derecho de defensa, presento mis descargos solicitando se declare la absolución de los cargos imputados y la conclusión del presente procedimiento administrativo disciplinario teniendo en cuenta el principio de presunción de licitud previsto en el artículo 8.11 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial - Resolución Administrativa Nº 002-2023-JN-ANC-PJ - que indica: “Se presume que el quejado y/o administrado ha actuado conforme a sus atribuciones, deberes, obligaciones y competencias y otros elementos relacionados al desempeño de la función, salvo prueba en contrario”.

III. FUNDAMENTACIÓN DE MIS DESCARGOS

1. En el presente caso, se imputa la presunta comisión de la falta grave prevista en el inciso 2) del artículo 47 de la Ley 29277 – Ley de la Carrera Judicial - que indica: “Son faltas graves”: “2. Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso, frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales”.

2. De esta manera, para la tipificación de la falta es preciso establecer los hechos que se imputan, teniendo en cuenta la fecha en la cual la juez investigada asume el cargo de Juez del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo y la fecha en la cual declara el abandono del Expediente 04777-2019. Estaremos al siguiente cuadro:

Fecha	Resolución	Juez
26-09-2019	Resolución 1. Expediente 04777-2019. Admitir a trámite la demanda.	María Salinas Turpo. Juez del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo
21-12-2020	Resolución 2. Expediente 04777-2019. Téngase por contestada la demanda en los términos que se expone.	María Salinas Turpo. Juez del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo Especialidad.
08-08-2024	Resolución Administrativa 000777-2024-P-CSJLI-PJ. Reasignar a partir del 8 de agosto del 2024 a la juez Roxana Silva Pimentel como Jueza Supernumeraria del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo	Roxana Silva Pimentel. Juez del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo
15 días calendarios
23-08-2024	Resolución 3. Expediente 04777-2019. Declarar en abandono el presente proceso	Roxana Silva Pimentel. Juez del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo

3. Teniendo en cuenta el tiempo en el que la juez investigada tuvo en su poder el Expediente 04777-2019, es preciso analizar los elementos normativos y descriptivos del tipo administrativo imputado, para lo cual tendremos en cuenta el siguiente cuadro:

Elemento del tipo administrativo	Hecho concreto
Causar grave perjuicio	Desde el 08-08-2024 (reasignación de la juez investigada al Vigésimo Juzgado Contencioso Administrativo) hasta el 23-08-2024 (declaración de abandono por la juez investigada), solo transcurren 15 días calendario; siendo que la jueza anterior tuvo suspendido el expediente desde el 21-12-2020 (se tiene por contestada la demanda) hasta el 08-08-2024 (reasignación de la juez investigada al Vigésimo Juzgado Contencioso Administrativo), esto es, 3 años, 7 meses y 18 días; por lo que esta juez, no la juez investigada es la que causó grave perjuicio
Desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso	Desde el 21-12-2020, fecha en la que se tiene por contestada la demanda, la demandante no realiza ningún acto procesal
Frustrando o retrasando injustificadamente	El retraso de 3 años, 7 meses y 18 días corresponde al juez anterior a la juez investigada.
Realización de actos procesales	Desde el 21-12-2020, fecha en la que se tiene por contestada la demanda, la demandante no realiza ningún acto procesal

4. De esta manera, tenemos que el grave perjuicio y el retraso injustificado al Expediente 04777-2019 no corresponde a la juez investigada, sino a la juez anterior, puesto que desde que la juez investigada es reasignada en el despacho hasta que emite la resolución de abandono solo transcurrieron 15 días calendarios, los cuales no causan grave perjuicio, por lo que al no existir este elemento descriptivo no se puede tipificar la conducta imputada a la jueza investigada.

[Los descargos indicados son un ejemplo, por lo que se deberá de adecuar al caso concreto según la estrategia procedimental de defensa]

IV. MEDIOS PROBATORIOS

1. Resolución Administrativa 000777-2024-P-CSJLI-PJ que resuelve reasignar a partir del 8 de agosto del 2024 a la juez investigada como Jueza Supernumeraria del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con la finalidad de acreditar la inexistencia de causar grave perjuicio a un expediente.

2. [indicar los medios de prueba que considere necesarios para acreditar la absolución de los cargos imputados]

XII. ANEXOS

1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad.

1-B Copia de la Resolución Administrativa 000777-2024-P-CSJLI-PJ.

1-C [adjuntar al escrito los documentos que se ofrecieron como medios probatorios].

POR LO EXPUESTO:

Pido a usted tener por presentados mis descargos y disponer la absolución de los cargos imputados.

Lima, 13 de enero de 2026

[firma del juez investigado, no es necesaria la intervención de abogado]

[1] Conforme al tercer párrafo del artículo 42 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial - Resolución Administrativa Nº 002-2023-JN-ANC-PJ - que indica: “En el escrito de descargos, el investigado deberá consignar de manera obligatoria casilla electrónica del Poder Judicial. Es requisito indispensable que los sujetos del procedimiento cuenten con una casilla electrónica del Poder Judicial para los efectos de ser notificados con las actuaciones del procedimiento administrativo disciplinario, cuyo uso será obligatorio”.

MODELO DE DEMANDA LABORAL DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO

2026-10-23T09:55:49.121-05:00

MODELO DE DEMANDA LABORAL DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín del Perú – Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Área Derecho del Trabajo

Línea Extinción de la relación laboral

El despido puede ser justificado si se relaciona con la conducta o capacidad del trabajador; sin embargo, el despido puede ser injustificado si es arbitrario, fraudulento o incausado, en este último caso, si el despido no tiene por causa la conducta o capacidad del trabajador entonces es incausado, por lo que sería posible pedir la reposición laboral (autor José María Pacori Cari)

Modelo de demanda de reposición laboral como pretensión única CUADERNO : PRINCIPAL

ESCRITO : 01-2023

SUMILLA : Demanda laboral de reposición por despido incausado SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO DE TRABAJO

[…nombres y apellidos del trabajador…], identificado con DNI Nro. […], con domicilio real en […], con domicilio procesal en […], con domicilio procesal electrónico en la casilla judicial Nro. […]; a Ud., respetuosamente, digo:

DEMANDADO Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA

[…identificar la denominación del empleador…], debidamente representado por su Gerente General, Sr. […], con dirección domiciliaria en […]

PETITORIO

Como pretensión principal única, interpongo demanda laboral para que se disponga mi reposición laboral en el cargo de […indicar el cargo en el que será repuesto…] al haber sido objeto de un despido incausado acaecido con fecha […], restableciéndose mi relación laboral indeterminada en el régimen laboral privado del Decreto legislativo 728, más las costas y costos del proceso1.

SITUACIÓN LABORAL

Fecha de ingreso	[…]
Fecha de cese	[….]
Motivo del cese	Despido incausado

1 Este petitorio corresponde a la pretensión contenida en el artículo 2, inciso 2, de la Ley 29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo - que indica “Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos”: “En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única”. Esto explica porque la demanda se interpone ante el Juez Especializado de Trabajo y se tramita como proceso abreviado laboral.

Último cargo desempeñado	[…]
Última remuneración	S/. […]

FUNDAMENTOS DE HECHO
1. El 01 de julio de 2022 firmo el Contrato de Trabajo a Plazo Indeterminado con mi empleadora, de este contrato resulta de importancia resaltar […]

Prestando servicios con normalidad en mérito a mi contrato de trabajo a plazo indeterminado, con fecha 31 de marzo de 2023 se me hace entrega de la Carta 013-2023- SBA/GG que me indica que se ha declarado la nulidad de los documentos de gestión de la empresa y, por lo tanto, de los contratos de trabajo indeterminados.

Como consecuencia de lo anterior, se me comunica que mi contrato de trabajo queda resuelto a partir del 31 de marzo de 2023, siendo que esta forma de despido es incausada por cuanto no está relacionada con mi capacidad o conducta como trabajador, contraviniéndose el artículo 22 del Decreto Supremo 003-97-TR que indica

“Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador”.

Como se verifica, la declaración de nulidad de los documentos de gestión al no estar relacionada con mi capacidad y conducta como trabajador no constituyen una causa de despido, generándose un despido incausado conforme a lo previsto en la STC recaída en el Expediente 976-2001-AA/TC que en su fundamento 15 indica

“Se produce el denominado despido incausado, cuando: Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique”.

De esta manera, es evidente que, al no haberse acreditado una causa justa relacionada con mi capacidad o conducta, no era posible despedirme cuando contaba con un contrato de trabajo indeterminado, siendo fundado mi pedido de reposición laboral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El artículo 27 de la Constitución Política del Perú de 1993 que establece “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.

El artículo 22 del Decreto Supremo 003-97-TR que indica “Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador”.

La STC recaída en el Expediente 976-2001-AA/TC que en su fundamento 15 indica “Se produce el denominado despido incausado, cuando: Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o

mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique”.

MONTO DEL PETITORIO

De acuerdo a la naturaleza de la pretensión no es cuantificable en dinero.

MEDIOS PROBATORIOS
1. Contrato de Trabajo a Plazo Indeterminado con mi empleadora con la finalidad de acreditar que mi contratación laboral es a plazo indeterminado, sujeto a horario y jornada de trabajo, habiendo vencido el periodo de prueba.
2. Carta 013-2023-SBA/GG con la finalidad de acreditar que se ha resuelto mi contrato de trabajo a partir del 31 de marzo de 2023, sin indicar una causa relacionada con mi capacidad o conducta de trabajador.
3. Constatación Policial que acredita el día del despido incausado.
4. Boletas de pago con la finalidad de acreditar mi tiempo de servicios que excede el periodo de prueba.
5. […ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes…]

ANEXOS

1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad. 1-B Contrato de Trabajo a Plazo Indeterminado

Carta 013-2023-SBA/GG.
Constatación Policial que acredita la efectividad del despido fraudulento. 1-E Boletas de pago.

1-F […adjuntar los medios de prueba documentales ofrecidos como pruebas…]

POR LO EXPUESTO

Pido a usted admitir a trámite la presente demanda

OTROSI. Conforme al artículo 2, inciso 2 de la Ley 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo -, al ser planteada mi reposición como pretensión única corresponde la vía del proceso abreviado.

Puno, 09 de junio de 2023

[…firma del trabajador demandante…] […firma y sello del abogado…]

MODELO DE DEMANDA DE AMPARO POR DISCRIMINACIÓN

2026-10-23T09:46:13.539-05:00

MODELO DE DEMANDA DE AMPARO POR DISCRIMINACIÓN

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín en el Perú – Miembro de Pleno Derecho del Instituto Vasco de Derecho Procesal

Área Derecho Procesal Constitucional Línea Acción de amparo

Uno de los derechos que protege la Constitución es el derecho a la igualdad sin discriminación; la protección constitucional de este derecho es a través del proceso constitucional de amparo que implica la presentación de una demanda, cuyo modelo se ofrece a continuación (autor José María Pacori Cari)

Modelo de demanda constitucional de amparo CUADERNO Principal

ESCRITO 01-2023

SUMILLA Demanda constitucional de amparo por discriminación SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL

[…nombres y apellidos del demandante…], identificado con DNI Nro. […], con domicilio real en […], con domicilio procesal en […], con domicilio electrónico en la casilla judicial Nro. […]; a Ud., respetuosamente, digo:

DEMANDADOS Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA

[…indicar la denominación de la autoridad o funcionario que afecta el derecho constitucional…], Sr. […nombres y apellidos del funcionario…], a quien se deberá de notificar en […].

En defensa de los intereses del Estado, se deberá de emplazar con la presente demanda a la siguiente procuraduría

[…Procurador público del …] a quien se notificará en […].

PETITORIO

Como pretensión principal, interpongo demanda constitucional de amparo por violación de mi derecho constitucional de igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú para que se disponga el cese del acto lesivo consistente en […] para que se disponga […], más los costos del proceso.

DERECHOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS

El derecho constitucional a la igualdad y no discriminación, indicado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú que indica

“Toda persona tiene derecho”: “2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

El derecho constitucional a la igualdad y no discriminación, indicado como derecho material de tutela de amparo en el artículo 44, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional que indica

“El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, características genéticas, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole”.

En efecto, la autoridad demandada al cometer el acto lesivo de […], afecta mi derecho a la igualdad sin discriminación.

RELACIÓN NUMERADA DE LOS HECHOS QUE SE HAN PRODUCIDO
1. Con fecha 09 de julio de 2014, se publica en el Diario Oficial El Peruano la Ley 30220 – Ley Universitaria – que en su artículo 86 establece […]

Con fecha 17 de junio de 2021 se emite la Resolución Presidencial 069-2021-UNISCJSA/P que en su artículo primero resuelve […]

Estando a lo anterior, la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) del Perú ha emitido la Constancia de Registro del demandante en el RENACYT que da cuenta que es Docente Investigador del Grupo María Rostworowski desde el 17 de mayo de 2021 hasta el 17 de mayo de 2024.

Posteriormente, con fecha 01 de marzo de 2023 se emite el Decreto Supremo 028-2023-EF que establece los montos, criterios y condiciones de la Bonificación Especial para el Docente Investigador, sin indicar como beneficiarios a los Docentes Investigadores Nivel I, del Grupo María Rostworowski.

De esta manera, desconociendo la normatividad vigente y mi derecho reconocido, el ministro de economía y finanzas al emitir el Decreto Supremo 028-2023-EF desconoce mi derecho a una bonificación especial prevista en la Ley 30220 en mi condición de Docente Investigador, creando una discriminación respecto de otros docentes investigadores.

MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS

Resolución Presidencial 069-2021-UNISCJSA/P que en su artículo primero resuelve reconocer a la demandante como docente investigador de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa.
Constancia de Registro de la demandante en el RENACYT que da cuenta que la demandante es Docente Investigador del Grupo María Rostworowski desde el 17 de mayo de 2021 hasta el 17 de mayo de 2024.
[…adjunte los documentos que ofrece como medios probatorios, en los procesos constitucionales sólo se ofrece prueba documental debido a la celeridad de su tramitación…]
Copia de mi documento nacional de identidad

POR LO EXPUESTO

Pido a usted admitir a trámite la presente demanda de amparo.

Lima, 18 de junio de 2023

[…firma del demandante…]

[…firma y sello del abogado del demandante…]

LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL

2026-10-23T09:37:09.812-05:00

LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL

Requisitos para la procedencia de la sustracción de la pretensión

[THE SUBTRACTION OF MATTER IN THE LABOR ADMINISTRATIVE

DISPUTE PROCESS - Requirements for the origin of the subtraction of the matter]

José María Pacori Cari

Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Columnista en el Suplemento “La Gaceta Jurídica” del Diario La Razón en Bolivia. Fue Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad La Salle del Perú; Catedrático de Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Comercial en la Universidad José Carlos Mariátegui del Perú. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en el Perú

Sumario: I. ¿Qué es la sustracción de la pretensión? - II. Requisitos para la existencia de la sustracción de la pretensión - 1. La pretensión procesal existe al momento de constituirse la relación procesal en un proceso judicial - 2. La pretensión procesal desaparece totalmente, no desaparece parcialmente ni se transforma - 3. La pretensión procesal desaparece con posterioridad a la constitución de la relación procesal por causas sobrevinientes - 4. La pretensión procesal desaparece antes de la emisión de sentencia

La existencia de un proceso contencioso administrativo laboral en el ordenamiento jurídico peruano se sustenta en el artículo

2, inciso 4, de la Ley 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo – que indica

“Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: (…)

4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público; así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.” (El resaltado es nuestro)

De esta manera, conforme a las normas del proceso contencioso administrativo, los jueces especializados de trabajo conocen de las pretensiones originadas en la prestaciones de servicios de naturaleza laboral – administrativa, situación que se refiere al empleo público, siendo la norma que regula el proceso contencioso administrativo en el Perú, el Decreto Supremo 011-2019-JUS que es el Texto Único Ordenado de la Ley 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – que en su Cuarta Disposición Complementaria Final establece, para el tema de estudio, que

“El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos no previstos en la presente Ley.”

¿QUÉ ES LA SUSTRACCIÓN DE LA PRETENSIÓN?

Es así que de la lectura del TUO de la Ley 27584 se verifica que no se regula la figura de la sustracción de la pretensión en el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, en el proceso contencioso administrativo laboral, siendo necesario remitirnos supletoriamente a lo previsto en el Código Procesal Civil que en su artículo 321, inciso 1 indica

“Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: (…) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional”

La sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional o sustracción de la materia es, en realidad, una terminación anticipada del proceso por desaparición sobrevenida del interés¹, también se le conoce en la doctrina con la denominación de obsolescencia procesal.

Por su parte, la declaración judicial errada de la existencia de sustracción de la materia en un proceso constituirá un supuesto de motivación aparente, conforme se indica en la Casación 2845-2016 Lambayeque que indica

“Se incurre en motivación aparente cuando la Sala Superior al momento de resolver la causa, no tiene en cuenta el petitum de la pretensión procesal, contenida en la determinación concreta de lo que se pide, y que en el presente caso, está circunscrita a determinar la nulidad del acto jurídico por las causales detalladas en su demanda, fundando más bien su decisión, en hechos no alegados ni peticionados, lo que evidentemente vulnera el Principio de Congruencia Procesal.”²

REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LA SUSTRACCIÓN DE LA PRETENSIÓN

Ahora bien, en el elaboración del presente artículo se ha revisado sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia del Perú que sobre la sustracción de la pretensión se han emitido, por lo que de la lectura de estas sentencias hemos podido establecer los requisitos que se requieren para la declaración de sustracción de la pretensión en el proceso contencioso administrativo laboral³, ergo, para que surja la sustracción de la materia deben de concurrir los siguientes requisitos: a) la pretensión procesal existe al momento de constituirse la relación procesal en un proceso judicial; b) la pretensión procesal desaparece totalmente, no desaparece parcialmente ni se transforma; c) la pretensión procesal desaparece con posterioridad a la constitución de la relación procesal por causas sobrevinientes; y, d) la pretensión procesal desaparece antes de la emisión de sentencia. A continuación procedemos a desarrollar estos requisitos:

LA PRETENSIÓN PROCESAL EXISTE AL MOMENTO DE CONSTITUIRSE LA RELACIÓN PROCESAL EN UN PROCESO JUDICIAL

Conforme a este requisito, se requiere de la existencia previa de un proceso judicial donde exista una demanda admitida a trámite y notificada a la parte demandada formando, de esta manera, una relación jurídica procesal; esta demanda contiene la pretensión procesal que se constituye en el objeto del litigio. En efecto, la sustracción de materia en un proceso judicial ocurre cuando por hechos sobrevenidos al planteamiento de la demanda o cuando en sede extrajudicial desaparece la materia litigiosa⁴.

La sustracción de materia es el fenómeno mediante el cual el proceso deviene sin objeto, no es más que la extinción sobreviniente de la pretensión, como consecuencia esa falta de objeto litigioso sobre el que debe recaer la decisión jurisdiccional decisoria de la litis; la pretensión se ejerce frente a otra persona a través del proceso a fin de obtener un efecto jurídico, no puede obtenerse ese efecto jurídico, por tanto, si durante el proceso se extingue la pretensión⁵.

Antes de continuar, resulta importante precisar que el objeto litigioso está constituido por dos elementos que la doctrina denomina petitum y causa petendi; el petitum consiste en la solicitud de una resolución judicial idónea para la realización de un bien de la vida; la causa petendi estará constituida por la indicación y la determinación del hecho constitutivo del derecho al bien perseguido, además del hecho que determina el interés de obrar en juicio; la causa petendi es entonces la razón, el por qué, o, más exactamente, aun el título de la demanda⁶, ergo, el petitum se identifica como el petitorio de la demanda y la causa petendi con los fundamentos de hecho de la demanda, también puede considerarse como causa de pedir a los fundamentos jurídicos, sin embargo, estos estarán sujeto al principio iura novit curia. Una definición más amplia de la pretensión procesal es la siguiente:

“La declaración de voluntad realizadas en una demanda mediante la cual se solicita se resuelva favorablemente una controversia jurídica, es denominada pretensión procesal; tal pretensión consta de elementos subjetivos (las partes procesales) y de elementos objetivos (el petitum y la causa petendi). El petitum delimita la pretensión; la causa petendi está constituida por el fundamento por el que se pide determinada consecuencia jurídica.”⁷

De esta manera, cuando hablamos en el presente artículo de pretensión procesal debemos de entender que la misma consta de elementos subjetivos (partes procesales) y elementos objetivos (petitum y causa petendi), por lo que operará la sustracción de la pretensión cuando esta desaparezca, en la totalidad de sus elementos subjetivos y objetivos, por un hecho sobreviniente.

LA PRETENSIÓN PROCESAL DESAPARECE TOTALMENTE, NO DESAPARECE PARCIALMENTE NI SE TRANSFORMA

Establecido como primer requisito la necesidad de un proceso iniciado que contiene una pretensión procesal, es importante establecer si la pretensión procesal ha desaparecido en su totalidad, por cuanto no habrá sustracción de la materia cuando la pretensión desaparezca parcialmente o cuando se transforme, ergo, se configura la sustracción de la materia, cuando la pretensión demandada se hubiera concretado⁸, esto es, la sustracción de la materia resulta cuando la pretensión ya ha sido satisfecha en su totalidad, por lo que, carece de objeto proseguir con el proceso, contrario sensu, de no satisfacerse extra proceso, en su integridad la pretensión o pretensiones, no podría operar la sustracción de la materia”⁹. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que una demanda no sólo puede contener una pretensión, sino puedo contener varias pretensiones, dependiendo de la acumulación de pretensiones que se podría demandar, verbi gratia, en el caso que la demanda contenga dos (2) pretensiones autónomas, es posible que la sustracción de la materia proceda respecto a una de ellas.

En el caso del proceso contencioso administrativo, para que opere la sustracción de la pretensión es necesario que el acto impugnado desparezca del mundo jurídico, produciéndose la obsolescencia procesal¹⁰, es decir, opera la conclusión del proceso por sustracción de la materia del ámbito jurisdiccional cuando, en el decurso del proceso, se determina que la pretensión del demandante ha sido satisfecha en su totalidad por la entidad administrativa a través de la expedición de un acto administrativo que adquiere la calidad de acto firme (formal) y se acredite la ejecución de dicho pronunciamiento por parte de la entidad demandada (material)¹¹. Ergo, no habiéndose acreditado que la pretensión del demandante haya sido satisfecha por la entidad administrativa, se concluye que ésta no ha salido de la esfera jurisdiccional, razón por la cual el proceso debe continuar y, de ser el caso, ser resuelto con declaración sobre el fondo¹², verbi gratia, habiéndose demandado la nulidad de una resolución administrativa no resulta atendible el pedido de sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional previsto en el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal Civil en tanto no se observe que dicha resolución administrativa ha sido efectivamente invalidada fuera del respectivo proceso judicial¹³.

Por último, no es posible ordenar la sustracción de la materia cuando el ente administrativo, a pesar del reconocimiento del derecho, se reserva el derecho de modificarlo, lo que no es posible admitir en un proceso judicial¹⁴.

Pretensión procesal	Hecho sobreviniente I	Hecho sobreviniente II
Solicita la	Se emite la	Se emite la
nulidad de la	resolución de	resolución de
resolución de	alcaldía 321 que	alcaldía 321 que
alcaldía 123 que	declara la	declara la
dispone mi	nulidad de la	nulidad de la
cese; y como	resolución de	resolución de
consecuencia:	alcaldía 123,	alcaldía 123,
solicito se	disponiendo la	disponiendo la
disponga mi	reposición del	reposición del
reposición al	servidor al cargo	servidor al
cargo de	de oficinista en	cargo de
oficinista en la	la Oficina de	vigilante en la
Oficina de	Presupuesto.	Oficina de
Presupuesto.		Servicio
		Ciudadano.
Pretensión	Hecho que	Hecho que no
propuesta en la	genera la	genera la
demanda.	sustracción de	sustracción de
	la materia por	la materia por
	hacer	cuanto solo
	desaparecer en	transforma la
	su totalidad la	pretensión
	pretensión	propuesta en la
	propuesta en la	demanda.
	demanda

LA PRETENSIÓN PROCESAL DESAPARECE CON POSTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN DE LA RELACIÓN PROCESAL POR CAUSAS SOBREVINIENTES

La sustracción de la materia se presenta cuando el petitorio de la demanda ha devenido en insubsistente, debido a que el supuesto de hecho o de derecho que lo sustenta ha desaparecido, ya sea porque la pretensión ha sido satisfecha fuera del proceso, o porque ha devenido en irreparable; por lo que, la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la demanda y debe declarar la sustracción¹⁵.

La sustracción de la materia es uno de los institutos a través del cual el hecho extraprocesal sobrevenido al inicio del proceso judicial tiene relevancia sobre la suerte del proceso en curso, distinguiéndose dos aspectos relevantes¹⁶:

El cronológico, referido a que se debe tratar de eventos sobrevenidos temporalmente al planteamiento de la demanda, pues si son anteriores podrán ser alegados defensivamente por el demandado a los efectos de la desestimación de la demanda.
La trascendencia del hecho sobrevenido, que harían superflua la continuación del proceso hacia el epílogo natural, constituido por la emanación de un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

La sustracción de la materia es un medio de conclusión del proceso y extinción de la pretensión, constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, desapareciendo el interés para obrar, no pudiendo el tribunal interviniente emitir pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión planteada cuando ha cesado la situación cuya modificación se pide¹⁷, verbi gratia, solicitada la reposición laboral a la Municipalidad Distrital de Orcopampa, durante el proceso se convoca a concurso público para ingreso.

a laborar a la Municipalidad donde el demandante – trabajador participa y gana ingresando a laboral en el mismo cargo donde pedía su reposición, además de las mismas condiciones demandadas, este constituye un hecho sobreviniente en tanto hace desaparecer en su totalidad la pretensión demandada; sin embargo, consideramos que en el caso del proceso contencioso administrativo laboral la existencia de una razón extraña a la voluntad de las partes se relativiza desde que es posible que la entidad administrativa emita una resolución (declaración de voluntad) que declara la nulidad del acto administrativo cuya nulidad se demanda en el proceso judicial ya iniciado; por lo que podemos afirmar que la existencia de voluntad o no voluntad de las partes es un hecho que se deberá de analizar en cada caso concreto, siendo que en el proceso contencioso administrativo laboral se deberá de actuar conforme al principio in dubio pro operario e irrenunciabilidad de derechos laborales al momento de aplicar la sustracción de la materia.

LA PRETENSIÓN PROCESAL DESAPARECE ANTES DE LA EMISIÓN DE SENTENCIA

El interés para obrar conocido también como el interés procesal consiste en el actual y concreto estado de necesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona determinada, y, se fija por solicitar la intervención del respectivo órgano jurisdiccional al no tener otra vía alternativa eficaz, con la finalidad de que resuelva el conflicto de intereses en el cual es parte¹⁸. Estando a esto el numeral 1, del artículo 321 del Código Procesal Civil, recoge la figura procesal de la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo por sustracción de la materia del ámbito jurisdiccional, la cual se concreta cuando el interés para

¹⁸ Cfr. Sumilla, Casación 659-2017 Ventanilla, Perú

obrar que origina el ejercicio del derecho de acción desaparece antes de que exista una declaración sobre el fondo de la controversia, estando a que la pretensión formulada a través de la demanda ha sido satisfecha fuera del proceso judicial¹⁹. Conforme a este requisito es necesario que el hecho sobreviniente sea puesto en conocimiento del juez hasta antes de la emisión de sentencia.

El interés para obrar como elemento intrínseco de la pretensión que justifica la postulación del proceso, desaparece antes de que el derecho haga su obra, debido a que la pretensión ha sido satisfecha fuera del proceso, es decir, cualquiera de los casos donde la constante es la extinción del objeto litigioso, verbi gratia, esta situación se presentaría en el proceso contencioso administrativo, cuando la Administración haya satisfecho la pretensión del ciudadano que diera inicio al proceso, por ejemplo, revocando el acto impugnado²⁰.

CONCLUSIÓN

En resumen, para la declaración de existencia de la sustracción de la materia en un proceso contencioso administrativo deben de concurrir, al mismo tiempo, los siguientes requisitos:

La pretensión procesal existe al momento de constituirse la relación jurídica procesal en un proceso judicial, esto es, se requiere de la existencia de un proceso judicial iniciado con la admisión de la demanda y la posterior notificación de la misma al demandado.
La pretensión procesal desaparece en su totalidad, por lo que se requiere

¹⁹ Cfr. Sétimo Considerando, Casación 3680-2016 Huánuco, Perú; Octavo Considerando, Casación 17084-2013 Piura, Perú

²⁰ Cfr. Octavo Considerando, Casación 3680-2016 Huánuco, Perú; Décimo Segundo Considerando, Casación 17084-2013 Piura, Perú

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verificar la identidad del hecho sobreviniente con la pretensión procesal para determinar la desaparición de la pretensión.

La pretensión procesal desaparece por un hecho posterior, esto es, que durante el proceso se genera un hecho extra proceso.
La pretensión procesal desparece antes de la emisión de una sentencia sobre el fondo^*.

REFERENCIAS

Apelación 1442-2015 Lima (15 de abril de 2016). Sala Civil Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación 12117-2017 Lima (09 de diciembre de 2019). Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación 17084-2013 Piura (16 de junio de 2015). Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación 19216-2015 Lima (08 de agosto de 2017). Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación 2845-2016 Lambayeque (07 de junio de 2017). Nulidad de Acto Jurídico, Sala Civil Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación 3680-2016 Huánuco (08 de marzo de 2018). Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.

^* El autor es abogado especialista en Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social en el Perú, puede contactarlo en corporacionhiramservicioslegales@hotmail.com o móvil y whatsapp (+51) 959666272.

Casación 456-2015 Arequipa (19 de agosto de 2015). Obligación de dar suma de dinero, Sala Civil Permanente. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República
Casación 659-2017 Ventanilla (11 de enero de 2018). Desalojo por Ocupación Precaria, Sala Civil Permanente. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación 919-2017 Lima (12 de setiembre de 2018). Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación Laboral 10274-2016 Moquegua (16 de enero de 2018). Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación Laboral 11325-2016 Moquegua (16 de octubre de 2018). Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Casación Laboral 20483-2017 Tacna (20 de noviembre de 2019). Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Perú: Corte Suprema de Justicia de la República.
Decreto Supremo 011-2019-JUS (04 de mayo de 2019). Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Perú.
Ley 29497 (15 de enero de 2010). Nueva Ley Procesal del Trabajo. Perú.
Sentencia del Pleno de Corte Suprema de Justicia (02 de agosto de 2006). Ponente, Víctor L. Benavides

P. Panamá: Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

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Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (01 de julio de 1993). Ponente, Dídimo Ríos Vásquez. Panamá: Primera de lo Civil.
Sentencia del Tribunal Constitucional (05 de abril de 2004).

Expediente 0569-2003-AC/TC Lima, Nemesio Echevarría Gómez. Perú: Tribunal Constitucional.

Sentencia E139-01 (16 de febrero de 2004). Acción contenciosa administrativa, Plena Jurisdicción. Panamá: Corte Suprema de Justicia.

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ANEXO 01

CUADRO DE LOS REQUISITOS DE LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA

La pretensión procesal existe al momento de constituirse la relación

procesal en un proceso judicial

“La sustracción de materia en un proceso judicial ocurre cuando por hechos sobrevenidos al planteamiento de la demanda” (Casación 919-2017 Lima, Perú)

RESUMEN JURISPRUDENCIAL DE LOS REQUISITOS DE LA SUSTRACCIÓN DE LA PRETENSIÓN EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL

La pretensión procesal desaparece totalmente, no desaparece

parcialmente ni se transforma

La pretensión procesal desaparece con posterioridad a la constitución de la relación procesal por causas

sobrevinientes

“la sustracción de la materia resulta cuando la pretensión ya ha sido satisfecha en su totalidad” (Casación Laboral 20483-2017 Tacna, Perú)

“La sustracción de la materia es uno de los institutos a través del cual el hecho extraprocesal sobrevenido al inicio del proceso judicial tiene relevancia sobre la suerte del proceso en curso (Casación 919-2017 Lima, Perú)

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OBJETO Y ALCANCES DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL

2026-10-16T10:28:50.784-05:00

OBJETO DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL

Comentario al artículo 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.° 27972

José María Pacori Cari *

Maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín del Perú. Miembro Honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Socio de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Columnista en el Suplemento “La Gaceta Jurídica” del Diario La Razón en Bolivia. Fue catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad La Salle del Perú. Catedrático de Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Comercial en la Universidad José Carlos Mariátegui del Perú. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en el Perú. Docente de LP el portal jurídico del Perú. Member of Law Council of Australia. Miembro de pleno derecho del Instituto Vasco de Derecho Procesal. Asociado a la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario.

Finis legis est ratio legis1. La legislación municipal organiza los temas fundamentales del Derecho Municipal, desde su origen, pasando por su clasificación, para regular las relaciones de las municipalidades entre sí, con los otros niveles de gobierno, con organizaciones privadas y los vecinos. El artículo 1 de la Ley n.° 27972 establece el objeto de la Ley Orgánica de Municipalidades al indicar:

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades.

Concordancias: art. I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 53 al 87, 97 al 138 y 151

al 166 Ley n.° 27972; art. 43, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 198 y 199 Constitución Política del Perú; art. I, II, III y IV TUO de la Ley n.° 27444; art. 1, 2, 3 y 5 Ley n.° 32069.

Comentario

Esta disposición cumple una función delimitadora (objectum legis) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.° 27972, al establecer qué materias integran el régimen jurídico municipal; no es una declaración programática, sino una norma que permite interpretar sistemáticamente las siguientes disposiciones de la Ley n.° 27972. En el caso de duda sobre el sentido de una disposición municipal, debe tenerse presente que la Ley Orgánica de Municipalidades regula íntegramente la existencia, estructura, funcionamiento, competencias y relaciones de las municipalidades.

* Cita: Pacori Cari, José María (2026). Objeto de la legislación municipal. Comentario al artículo 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.° 27972. Revista Iuris Dictio Perú, volumen VIII, octubre 2026, pp. 14-18. Lima, Perú: Editorial Legal Affairs.

El autor es abogado y jurista especialista en Derecho Administrativo Municipal en el Perú. Contacto para consultas y asesorías: corporacionhiramsl@gmail.com o móvil y WhatsApp (+51) 959666272.

1 El fin de la ley constituye su razón de ser.

Esta disposición indica sobre la creación y origen de las municipalidades; sin embargo, ambos conceptos son diferentes. El origen es el fundamento territorial (territorio) y democrático del gobierno local (elección); la creación es la constitución formal conforme al ordenamiento jurídico.

La naturaleza de las municipalidades es la de órganos de gobierno promotores del desarrollo local con personalidad jurídica de derecho público con competencia para el cumplimiento de sus metas, objetivos y finalidades; además, las municipalidades constituyen entidades básicas de la organización territorial estatal y canales inmediatos de participación vecinal. “El municipio es una persona de derecho público que se constituye por un territorio determinado, que tiene como fin administrar sus propios recursos, pero que depende en mayor o menor medida de una entidad pública superior (entidades federativas)” (Hernández-Gaona, 1991, pp. 9-10).

La autonomía municipal (autonomia municipalis) es política, económica y administrativa en los asuntos de competencia municipal; sin embargo, la autonomía no es soberanía porque los actos de gobierno, administrativos y de administración municipales se sujetan al ordenamiento jurídico estatal. “La autonomía municipal es uno de los principios que más se ha reconocido en las leyes supremas de los Estados, como base de la organización política democrática” (Hernández, 2003, p. XVIII).

La organización municipal se concreta en la estructura gubernamental local integrada por el concejo municipal y la alcaldía; el concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, por su parte, la alcaldía constituye el órgano ejecutivo, siendo el alcalde el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. In essentia, son inconfundibles las competencias del concejo municipal como órgano colegiado con las atribuciones ejecutivas del alcalde como órgano unipersonal.

Caso 1. Reglamento municipal. Una municipalidad distrital aprueba un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF); sin embargo, un regidor sostiene que la municipalidad no tiene competencia para organizar sus órganos administrativos. Esta observación no prosperará porque el artículo 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades incluye la organización municipal dentro de su régimen, mientras que su artículo II reconoce la autonomía administrativa de las municipalidades, que implica que su organización debe respetar el ordenamiento jurídico nacional.

Con relación a la finalidad municipal, el gobierno local no satisface intereses propios de su aparato estatal, ni de terceros, sino para representar al vecindario (vecinos), promover una adecuada prestación de los servicios públicos locales y procurar el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; de esta manera, el interés de la comunidad local justifica la actividad pública de las municipalidades (salus populi suprema lex, el bienestar del pueblo es la ley suprema). “Es el órgano de gobierno que administra al municipio, con objeto de lograr un desarrollo integral equilibrado que permita a sus habitantes gozar una mejor forma de vida” (Hernández-Gaona, 1991, p. 35).

Las competencias municipales responden a la autonomía municipal que se ejerce, necesariamente, dentro del ámbito competencial atribuido por la Constitución, la ley y el Derecho, esto conforme al principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – Decreto Supremo n.° 006-2026-JUS – que indica:

“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

De esta manera, las municipalidades no pueden justificar una actuación incompetente invocando su autonomía, puesto que esta se ejerce conforme al ordenamiento jurídico nacional.

El régimen económico municipal comprende el presupuesto, patrimonio municipal, bienes, rentas y régimen tributario municipal. Dentro de la autonomía municipal, encontramos la autonomía económica, que constituye el fundamento material que permite convertir las competencias municipales (legalidad) en prestaciones públicas eficientes y efectivas para la población local.

Se incorporan además las relaciones intermunicipales e intergubernamentales en el entendido de que, si bien las municipalidades son autónomas, no son independientes dentro de un Estado unitario. La relación con los tres (3) niveles de gobierno (nacional, regional y local) responde a criterios de cooperación, coordinación y subsidiariedad para evitar duplicidad y superposición de competencias. “Institución natural y necesaria, basada en las relaciones de vecindad, con carácter esencialmente político, y no simplemente administrativo” (Hernández, 2003, p. 137).

Asimismo, no se limita a las relaciones intergubernamentales, sino que se extiende a las relaciones municipales con organizaciones privadas, lo que es importante para la suscripción de convenios, concesiones, asociaciones, cooperación institucional y contratación pública; verbi gratia, cuando una municipalidad contrata con un particular para obtener bienes, servicios u obras con fondos públicos, queda comprendida dentro de la Ley n.° 32069 como entidad contratante, por cuanto la autonomía municipal no la sustrae de los sistemas administrativos.

Caso 2. Convenio con una organización privada. Una municipalidad celebra un convenio con una asociación civil para desarrollar actividades culturales, la intervención de esta asociación no coloca el negocio fuera del Derecho Municipal, pues el artículo 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades comprende expresamente las relaciones de las municipalidades con organizaciones privadas.

Por su parte, la participación ciudadana es mencionada expresamente dentro del objeto de la legislación municipal, constituyéndose en un componente estructural del gobierno municipal, esto se debe a que las municipalidades son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos.

También se establecen regímenes especiales municipales que reconocen situaciones territoriales que justifican un tratamiento jurídico diferenciado respecto de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las municipalidades fronterizas, esto no afecta la igualdad entre municipalidades, por cuanto las diferencias se sustentan en razones objetivas como mayor población, capital del Perú o defensa de la soberanía nacional.

En conclusión, la disposición bajo comentario es la norma fundamental del Derecho Municipal peruano, puesto que delimita sus temas principales de estudio, como son:

creación, naturaleza, autonomía, organización, competencias, economía, coordinación intergubernamental y participación ciudadana. Estos temas son un sistema que imposibilita su estudio separado y estático. Asimismo, la interpretación de la legislación municipal se complementa con las normas constitucionales (Constitución Política del Perú) y las normas administrativas sustantivas y procedimentales, verbi gratia, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444, comprende a los gobiernos locales dentro de las entidades públicas.

Existencia municipal

Objeto de la Ley Orgánica de Municipalidades

Funcionamiento municipal

Relaciones municipales

Autonomía, organización, finalidad, competencias, régimen económico

Entre municipios, con el Estado, con privados, participación ciudadana

Regímenes especiales

Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidades de zona de frontera

Modelo de informe legal sobre aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades

Lima, 10 de octubre de 2026

Informe legal n.° [indicar]-2026-MD/GAJ

A: Gerente Municipal

De: Gerencia de Asesoría Jurídica

Asunto: Determinación del marco jurídico aplicable a la organización municipal. Referencia: [indicar]

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Antecedentes

Se solicita opinión legal respecto de la normativa aplicable a la reorganización administrativa de la Municipalidad [indicar].

Base legal
1. Constitución Política del Perú
2. Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

TUO de la Ley n.° 27444 – Decreto Supremo n.° 006-2026-JUS.

Análisis
1. El artículo 1 de la Ley n.° 27972 establece que dicha ley regula la naturaleza, autonomía, organización, finalidad y competencias de las municipalidades.
2. Asimismo, el artículo II de la Ley n.° 27972 reconoce la autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia municipal, autonomía que debe ejercerse con sujeción al ordenamiento jurídico estatal.

En consecuencia, la Municipalidad se encuentra facultada para organizarse en ejercicio de su autonomía administrativa, siempre que respete las competencias establecidas por la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades y las normas generales obligatorias aplicables a las entidades públicas.

Conclusión

Conforme a la legislación municipal, resulta viable proceder con la propuesta de reorganización municipal, previa verificación de su compatibilidad con las normas nacionales y los sistemas administrativos de obligatorio cumplimiento.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,

Gerente de asesoría legal de la municipalidad

Referencias

Hernández, A. M. (2003). Derecho municipal. Universidad Nacional Autónoma de México.
Hernández-Gaona, P. E. (1991). Derecho municipal. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Ley n.° 27972 (27 de mayo de 2003). Ley Orgánica de Municipalidades. Perú.

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MODELO DE SOLICITUD DE REBELDÍA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2026-10-16T09:48:05.293-05:00

MODELO DE SOLICITUD DE REBELDÍA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín – Miembro Pleno del Instituto Vasco de Derecho Procesal – Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

Área Derecho Administrativo

Línea Proceso Contencioso Administrativo

Admitida a trámite la demanda contenciosa administrativa, el juez dispone su notificación al demandado o demandados, realizada la notificación válida se espera que los demandados presenten su escrito de contestación de la demanda, sin embargo, esto no se produce; en esta situación, al no estar regulado en el TUO de la Ley 27584 – Ley que regula el proceso contencioso administrativo -, se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil, por lo que resultará de aplicación la rebeldía que genera la presunción de verdad de los hechos demandados, este es un modelo de como se puede hacer este pedido (autor José María Pacori Cari)

Modelo de solicitud judicial de rebeldía en el contencioso administrativo

ESPECIALISTA LEGAL […]

EXPEDIENTE Nro. […]

CUADERNO Principal

ESCRITO Nro. 01-2024

SUMILLA Solicito se declare rebeldía

SEÑOR JUEZ DEL […identificar el juzgado contencioso administrativo que tramita su proceso…]

[…nombres y apellidos del demandante…], en el proceso contencioso administrativo que sigue en contra de […identificar al demandado o demandados…]; a Ud., respetuosamente, digo:

I. FUNDAMENTOS DEL PEDIDO

1. Con fecha 02 de setiembre de 2024, se emite la Resolución Dos (auto admisorio) que admite la demanda en contra de […identificar al demandado o demandados…].

2. Notificada la demanda, tenemos que en el sistema de consulta del Poder Judicial se verifica que el demandado fue notificado físicamente y por cédula el […indicar la fecha de notificación…].

3. De esta manera, habiendo sido notificado válidamente el demandado en el presente proceso, no ha contestado la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles que establece el literal c) del artículo 27.2 del TUO de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo que indica

“Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación. Los plazos aplicables son”: “c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución que la admite a trámite”.

4. Estando en la situación jurídica generada, debemos remitirnos al Código Procesal Civil conforme a la cuarta disposición complementaria final del TUO de la Ley 27584 que indica

“El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos no previstos en la presente Ley”.

5. Por lo que resulta de aplicación el primer párrafo del artículo 458 del Código Procesal Civil que establece

“Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha notificado válidamente ésta no lo hace, se le declarará rebelde”.

Dentro de este contexto

II. PETITORIO

1. Conforme al artículo 458 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al TUO de la Ley 27584, solicito se declare rebelde al demandado al haber transcurrido el plazo para contestar la demanda, sin que se haya presentado su escrito de contestación.

2. Téngase presente, al momento de resolver, el efecto de la declaración de rebeldía consistente en la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda conforme al artículo 461 del Código Procesal Civil.

3. Conforme al artículo 460 del Código Procesal Civil, declarada la rebeldía, corresponde la emisión de la resolución de saneamiento del proceso.

POR LO EXPUESTO

Pido a usted acceder a lo solicitado.

Junín, 14 de noviembre de 2024

[...firma del demandante…]

[…firma y post firma del abogado…]

MODELO DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PROCESO CIVIL

2026-10-16T09:41:10.390-05:00

MODELO DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN PROCESO CIVIL – AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI

José María Pacori Cari[1]

Maestro en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín

Miembro Pleno del Instituto Vasco de Derecho Procesal

Área Derecho Procesal Civil

Línea Recursos

Son actos procesales del juez: las sentencias, los autos y los decretos, estos últimos carecen de una motivación por considerandos, no se pronuncian sobre el fondo y sirven para dar trámite al proceso civil; en caso de que los decretos causen indefensión o contravengan el ordenamiento jurídico, es posible su impugnación a través del recurso de reposición, cuya resolución es inimpugnable. Este es un modelo del recurso de reposición en el proceso civil, adaptable a otros procesos, siempre verificando el plazo de su interposición en cada proceso (autor José María Pacori Cari).

Modelo de recurso de reposición contra decretos

ESPECIALISTA LEGAL […identificar…]

EXPEDIENTE Nro. […identificar…]

CUADERNO Principal

ESCRITO 01-2024

SUMILLA Interpongo recurso de reposición contra el decreto contenido en la resolución Nro. […]

SEÑOR JUEZ DEL […identificar el juzgado que emitió el decreto…]

[…nombres y apellidos de la parte que impugnará…], en el proceso de […identificar la materia del proceso…] que sigue en […indicar la parte contraria…]; a Ud., respetuosamente, digo:

I. PETITORIO

Como pretensión impugnatoria, interpongo recurso de reposición en contra del decreto contenido en la resolución Nro. […] emitida el […indicar fecha…] para que se disponga su revocación conforme a los fundamentos que se indican a continuación.

II. REQUISITO DE PROCEDENCIA

El artículo 362 del Código Procesal Civil indica “El recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el Juez los revoque”. Por su parte, el artículo 121 del Código Procesal Civil establece la naturaleza de los decretos indicando “Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite”; en el presente caso, la Resolución Nro. […] del […indicar fecha…] es un decreto al no contar con una motivación por considerandos.

III. PLAZO DE INTERPOSICIÓN

El artículo 363 del Código Procesal Civil indica “El plazo para interponerlo [se refiere al recurso de reposición] es de tres días, contado desde la notificación de la resolución”. Por lo tanto, siendo que la Resolución Nro. […] (decreto) fue notificada el […indicar fecha…], el plazo de tres (3) días para su impugnación vence el […], sin contar sábados, domingos, feriados y días no laborables.

III. FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

El artículo 358 del Código Procesal Civil indica “El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna”.

Teniendo en cuenta que el medio impugnatorio adecuado para impugnar un decreto es el recurso de reposición, preciso el agravio y el vicio o error que lo motiva.

III.1. PRECISIÓN DEL AGRAVIO

1. El agravio es económico por cuanto […indicar el agravio económico que le causa el decreto, de no existir, solo consigne el agravio moral…]

2. El agravio es moral por cuanto […indicar el agravio, por ejemplo, que estando a un acto parcializado se crea desconfianza en el sistema judicial…].

III.2. VICIOS Y/O ERRORES MOTIVANTES DEL RECURSO

1. El decreto materia de impugnación me requiere para que cumpla con anexar arancel judicial por ofrecimiento de pruebas.

2. Sin embargo, conforme al cargo del escrito de subsanación de la demanda se verifica que cumplí con anexar el arancel judicial solicitado, por lo que no resulta correcto el requerimiento realizado.

3. Asimismo, se me solicita que presente expediente judicial, cuando en mi escrito de demanda he indicado que no cuento con dicha documentación, por lo que he solicitado su exhibición.

[…indique los errores y vicios en el decreto, según su caso concreto, lo indicado es un ejemplo…]

POR LO EXPUESTO

Pido a usted resuelva el presente recurso de reposición.

Lima, 20 de noviembre de 2024.

[…firma del impugnante…]

[…firma y post firma del abogado…]

[1] Contacto: corporacionhiramsl@gmail.com o móvil y WhatsApp (+51) 959666272.

MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN FINAL POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO

2026-10-16T09:34:43.161-05:00

MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN FINAL EN PROCESO DE PAPELETA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO

José María Pacori Cari

Miembro del Ilustre Colegio de Abogado de Arequipa en el Perú

Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

Área : Derecho Administrativo

Línea : Procedimiento Administrativo Sancionador

Conforme al Decreto Supremo 004-2020-MTC, recientemente vigente, se establece un procedimiento administrativo sancionador especial de tramitación sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre, y sus servicios complementarios; este procedimiento se inicia con un documento de imputación de cargos consistente en un Acta de Fiscalización o Papeleta de Infracción de Tránsito, luego de notificada el acta o papeleta el administrado tiene cinco (5) días para presentar sus descargos, luego de lo cual se inicia una etapa de instrucción que culmina con la notificación de una Resolución Final que absuelve o impone sanción; contra esta resolución final procede únicamente el recurso de apelación, que es el modelo que se ofrece a continuación. Este modelo también es válido cuando se refiere a una Acta de Fiscalización de transporte terrestre y servicios complementarios (Autor José María Pacori Cari)

Modelo de recurso de apelación en contra de resolución final que sanciona a transportista con papeleta de infracción de tránsito

SUMILLA : Recurso Administrativo de Apelación

REFERENCIA : Resolución Final Nro. (…identificar la numeración…)

SEÑOR (...dirigir el recurso a la autoridad que emite la resolución final, vaya a la parte final de la resolución, por ejemplo, subgerente de la subgerencia de procedimientos de servicios de transporte y de pesos y medidas de la SUTRAN…)

(…nombres y apellidos del administrado sancionado…), con DNI (…), con domicilio real en (…); a Ud., respetuosamente, digo:

Estando al artículo 15 del Decreto Supremo 004-2020-MTC - Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre, y sus servicios complementarios – que indica: “El administrado puede interponer únicamente el recurso de apelación contra la Resolución Final. El plazo para interponer dicho recurso es de quince (15) días hábiles desde su notificación.”

Dentro de este contexto,

I. EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO

Como pretensión administrativa principal, interpongo recurso administrativo de apelación para que se declare la nulidad total de la Resolución Final Nro. (…) por contravenir el artículo 10 del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 004-2019-JUS; y como consecuencia:

Como pretensión accesoria, solicito se deje sin efecto la multa y medidas correctivas impuestas.

II. ANTECEDENTES

1. Con fecha (…) se me notifica (…indicar la Papeleta de Infracción de Tránsito o Acta de Fiscalización con su numeración…).

2. Con fecha (…) presenté mis descargos en contra de (…indicar la Papeleta de Infracción de Tránsito o Acta de Fiscalización con su numeración…).

3. Con fecha (…) se me notifica la Resolución Final Nro. (…) que es el acto administrativo materia de apelación en el presente escrito.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA APELACIÓN

1. Por Resolución Final Nro. (…) se resuelve:

“Artículo 1. Determinar la responsabilidad administrativa de (…), conductor del vehículo de placa de rodaje Nro. (…), por infracción a lo establecido en el código F-1 del (…). Artículo 2. Sancionar a (…) en su condición de conductor del vehículo de plaza de rodaje (…) con una multa de (…). Artículo 3. ORDENAR como medida correctiva el internamiento del vehículo materializado en la custodia de las planchas metálicas.”

2. El artículo 10 del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 004-2019-JUS – establece que

“Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.”

3. Asimismo, el artículo 3 del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 004-2019-JUS – establece lo siguiente:

“Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia. Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 2. Objeto o contenido. Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 3. Finalidad Pública. Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 4. Motivación. El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.”

4. Conforme a estas normas, solicito se declare la nulidad de la resolución final impugnada por los siguientes fundamentos:

4.1. De la lectura de los fundamentos de hecho y de derecho de la Resolución Final materia de impugnación se verifica que no se toma en consideración los medios de prueba ofrecidos en mi escrito de descargos, consistentes en (…)

4.2. En efecto, de haberse considerado estos medios de prueba, se hubiera dispuesto la absolución de los cargos imputados, por cuanto (…)

4.3. Esta insuficiente motivación, implica un defecto insubsanable en el requisito de motivación que debe de observar todo acto administrativo, acarreando su nulidad conforme al artículo 10, inciso 2, del TUO de la Ley 27444.

5. Es así que corresponde se declare la nulidad del acto administrativo impugnado.

IV. MEDIOS DE PRUEBA

(…en el caso de contar con nuevos medios de prueba, ofrézcalos en este ítem, si la nulidad solicitada es por cuestiones de puro derecho o por una interpretación diferente de pruebas ya obrante en el expediente, no es necesario este ítem…)

V. ANEXOS

1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad

1-B Copia de la Resolución Final Nro. (…) que impugno a través del presente recurso.

1-C (…si ofreció prueba documental en este recurso, agréguelo también como anexo…)

POR LO EXPUESTO:

A Usted pido dar al presente recurso de apelación el trámite que le corresponda conforme al artículo 220 del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 004-2019-JUS – que indica: “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.”

Lima, 22 de setiembre de 2020.

(…firma del administrado sancionado, no es necesaria la firma de abogado…)

MODELO DE DEMANDA DE ALIMENTOS PARA HIJO MAYOR DE EDAD

2026-10-16T09:25:09.577-05:00

MODELO DE DEMANDA DE ALIMENTOS PARA HIJO MAYOR DE EDAD

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín en el Perú – Miembro del Ilustre Colegio de Abogado de Arequipa

Área Derecho de Familia

Línea Alimentos

El artículo 424 del Código Civil indica “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas”. De esta manera, en el caso que el hijo mayor de edad siga estudios exitosos tiene derecho a percibir o seguir percibiendo una pensión de alimentos de su progenitor (sea padre o madre), es así que se ofrece el modelo de una demanda civil de alimentos para hijo mayor de edad que sigue estudios exitosos, derecho que se puede extender hasta los veintiocho (28) años de edad (autor José María Pacori Cari)

Modelo de demanda civil de alimentos para hijo mayor de edad

SECRETARIO JUDICIAL

EXPEDIENTE

CUADERNO Principal

ESCRITO 01-2022

SUMILLA Demanda de alimentos para hijo mayor de edad

SEÑOR JUEZ DE PAZ LETRADO[1]

(…indicar los nombres y apellidos del hijo mayor de edad…)[2], identificado con Documento Nacional de Identidad Nro. (…), con domicilio real en (…), con domicilio procesal en (…), con domicilio electrónico en la casilla judicial Nro. (…), a Ud., respetuosamente, digo:

En la vía del proceso sumarísimo[3],

I. DEMANDADO Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA

(…indicar los nombres y apellidos del padre o madre que no pasa los alimentos…), con dirección domiciliaria en (…)[4]

II. PETITORIO

Como pretensión principal, interpongo demanda de alimentos para que el demandado con sus ingresos económicos acuda al demandante, en su calidad de hijo mayor que sigue estudios exitosos, con el monto de (…indicar un monto dinerario, por ejemplo, seiscientos soles (S/. 600.00) o indicar un porcentaje de los ingresos que percibe el obligado, por ejemplo, cuarenta por ciento (50%)[5] …), en forma mensual y adelantada.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. El demandante es mayor de edad, siendo su padre el demandado.

2. Asimismo, actualmente, vengo cursando estudios exitosos en (…indicar donde estudia…), cursando (…indicar la profesión u oficio que sigue…).

3. Es del caso que mis estudios los sigo exitosamente, necesitando del apoyo económico respectivo para velar por mi subsistencia.

4. Pese a recurrir a mi padre, el mismo me ha negado su ayuda, razón por la cual me veo en la necesidad de recurrir a su despacho.

Conforme a estos hechos, es posible establecer lo siguiente

1. Existe vínculo entre el obligado y el alimentista, como se verifica del Acta de Nacimiento del demandante, apreciándose el vínculo familiar que existe entre el demandado y el alimentista, determinándose el deber y obligación alimentaria de parte del demandado.

2. Necesidades del alimentista, las necesidades a ser cubiertas son las siguientes (…comestibles por el monto de…, habitación – vivienda por el monto de…, vestimenta en el monto de…, educación en el monto de…, asistencia médica en el monto de…, recreación en el monto de…, puede especificar otras necesidades…)

3. Capacidad económica del demandado, (…puede indicar si tiene algún trabajo, si labora en relación de dependencia o no, denominación de la empresa en la que labora, actividad a la que se dedica, ingresos mensuales que considera percibe, bienes de su propiedad…)

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 424 del Código Civil indica “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas”.

2. El artículo 472 del Código Civil indica “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”.

3. El artículo 481 del Código Civil indica “Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor. El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”.

V. MONTO DEL PETITORIO

La pensión que se solicita asciende a la suma de (…).

VI. MEDIOS PROBATORIOS

1. Copia del Documento Nacional de Identidad para acreditar la edad del demandante.

2. Acta de Nacimiento del demandante para acreditar el vínculo parental con el obligado.

3. Constancia de Estudios para acreditar la institución en la que estudio.

4. Consolidado de Notas – Semestre Impar 2022 con la finalidad de acreditar estudios exitosos.

5. (…ofrecer los medios de prueba que considere necesarios, por ejemplo, documentos que acrediten los gastos del hijo mayor de edad, copias literales que acreditan la propiedad de inmuebles del obligado…)

VII. ANEXOS

1-A Copia del Documento Nacional de Identidad del demandante

1-B Acta de Nacimiento del demandante

1-C Constancia de Estudios

1-D Consolidado de Notas – Semestre Impar 2022

1-E (…adjuntar los demás documentos que ofrece como medios probatorios…)

POR LO EXPUESTO

Pido a usted admitir a trámite la presente demanda.

PRIMERO OTROSI. Hago presente que me encuentro exonerado del pago de tasas judiciales, conforme al artículo 562 del Código Procesal Civil que indica “El demandante se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales, siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal”.

SEGUNDO OTROSI. Al ser la conciliación facultativa en materia de alimentos, no acompaño copia certificada del acta de conciliación extrajudicial[6].

Lima, 23 de setiembre de 2022

(…firma del demandante…)

(…no es necesaria la firma de abogado[7], salvo que tenga la posibilidad de hacer uso del abogado…)

[1] El artículo 547, segundo párrafo, del Código Procesal Civil indica “Los Jueces de Paz Letrados conocen los asuntos referidos en el inciso 1) del artículo 546”. El artículo 546, inciso 1, del Código Procesal Civil indica “Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos: 1. Alimentos”. La competencia territorial se define conforme al artículo 560 del Código Procesal Civil que indica “Corresponde el conocimiento del proceso de alimentos al Juez del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste. El Juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a la competencia por razón de territorio”.

[2]El artículo 561, inciso 2, del Código Procesal Civil indica “Ejercen la representación procesal”: “2. El padre o la madre del menor alimentista, aunque ellos mismos sean menores de edad”; sin embargo, esta norma no es aplicable por cuanto en este caso el hijo debe ser mayor de edad por lo que tiene capacidad procesal para ser demandante directo en este proceso.

[3] El artículo 546, inciso 1, del Código Procesal Civil indica “Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos: 1. Alimentos”.

[4] Los padres son los ascendientes del hijo mayor de edad conforme al artículo 474 del Código Civil que indica “Se deben alimentos recíprocamente: 1. Los cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos”.

[5] El porcentaje máximo a abonar por pensión de alimentos es del 60% del ingreso del obligado, esto conforme al inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil que indica “Son inembargables”: “6. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco Unidades de Referencia Procesal. El exceso es embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá hasta el sesenta por ciento del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley”.

[6] El artículo 9 de Ley 27398 – Ley de Conciliación – indica “Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. También lo son las que versen sobre alimentos, régimen de visitas, tenencia, liquidación de sociedad de gananciales y otras que se deriven de la relación familiar. El conciliador tendrá en cuenta el interés superior del niño”.

[7] El inciso 10, del artículo 424 del Código Procesal Civil indica “La demanda se presenta por escrito y contendrá”: “10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos y de declaración judicial de paternidad. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto”.

LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

2026-10-16T09:17:38.475-05:00

EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)

Cómputo del plazo en años en el procedimiento administrativo

[THE COMPUTATION OF THE LIMITATION PERIOD OF THE DISCIPLINARY ADMINISTRATIVE PROCEEDING (PAD) - Calculation of the

term in years in the administrative procedure]

José María Pacori Cari*

Maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Columnista en el Suplemento “La Gaceta Jurídica” del Diario La Razón en Bolivia. Fue Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad La Salle del Perú; Catedrático de Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Comercial en la Universidad José Carlos Mariátegui del Perú. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en el Perú. Docente de LP el portal jurídico del Perú. Member of Law Council of Australia. Miembro de Pleno Derecho del Instituto Vasco de Derecho Procesal

Sumario: 1. Marco normativo - 2. Inicio del cómputo del plazo - 3. Término del cómputo del plazo - 4. Plazo de cómputo en años - 5. ¿Qué es el año calendario? - 6. Cómputo de fecha a fecha

Dies a quo non computatur in termino¹. En el procedimiento administrativo disciplinario (PAD) encontramos dos (2) clases de prescripción: la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario;

^* El autor es abogado especialista en Derecho Disciplinario en el Perú. Contacto: corporacionhiramsl@gmail.com o móvil y WhatsApp

(+51) 959666272.

1 El día desde el que se inicia el plazo no se computa

la primera impide el ejercicio de la acción disciplinaria para iniciar el PAD, mientras que la segunda es una causa sobreviniente de conclusión del PAD ya iniciado. En el presente artículo se analizará el cómputo del plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario (PAD).

MARCO NORMATIVO

Para establecer el cómputo del plazo de prescripción del procedimiento administrativo es necesario recurrir a las siguientes normas:

El segundo párrafo del artículo 94 de la Ley 30057 – Ley del Servicio Civil - que indica

“La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año” (el resaltado es nuestro).

El último párrafo del artículo 106 del Decreto Supremo 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley 30057 – indica

“Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario”.

El numeral 10.2 de la versión actualizada de la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC –

Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057 - indica

“Prescripción del PAD. Conforme a lo señalado en el artículo 94 de la LSC, entre la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la notificación de la resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento no debe transcurrir más de un (1) año calendario”.

INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO

El inicio del cómputo del plazo de prescripción del PAD está determinado por la notificación al administrado del acto de apertura de procedimiento administrativo disciplinario, conforme lo establece el artículo 106, literal a), segundo párrafo, del Decreto Supremo 040-2014-PCM indica

“[El procedimiento administrativo disciplinario] Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable”.

Ergo, si se notifica el acto de apertura de PAD al administrado el 25 de mayo de 2023, esta fecha será el inicio del cómputo del plazo de prescripción del PAD.

TÉRMINO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO

Con relación al término del cómputo del plazo encontramos una dicotomía, puesto que la Ley 30057 establece que este plazo se computa hasta la emisión de la resolución que pone

fin al procedimiento en primera instancia, mientras que su reglamento establece que este plazo se computa hasta la notificación de la resolución que impone sanción o dispone el archivo del PAD.

Esta discrepancia fue resuelta por el Tribunal del Servicio Civil, que en su Resolución de Sala Plena 001-2016-SERVIR/TSC, fundamento 43 (precedente de observancia obligatoria), indica

“Por lo tanto, este Tribunal considera que una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario el plazo prescriptorio de un (1) año debe computarse conforme lo ha establecido expresamente la Ley, esto es, hasta la emisión de la resolución que resuelve imponer la sanción o archivar el procedimiento” (el resaltado es nuestro).

De esta manera, el término del cómputo del plazo es hasta la emisión de la resolución que resuelve imponer la sanción o archivar el PAD, ergo, si la resolución que impone sanción o archiva es emitida el 25 de mayo de 2023, esta fecha será el término del plazo de prescripción del PAD.

Conforme a lo indicado, podemos graficar el inicio y término del plazo de prescripción del PAD

El inicio del cómputo del plazo es desde la notificación del acto de inicio del procedimiento disciplinario

El término del cómputo del plazo es hasta la emisión de la resolución que resuelve imponer sanción o archivo

PLAZO DE CÓMPUTO EN AÑOS

Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año, por lo que superado el año opera la prescripción del PAD.

Lo anterior nos remite al cómputo legal del plazo en años en el procedimiento administrativo. Ab initio, debemos recurrir al artículo 144, numeral 144.2, del TUO de la Ley 27444 que indica

“El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior” (el resaltado es nuestro).

En el caso que nos ocupa, el plazo de un (1) año es contado a partir de la notificación del acto de inicio del PAD, verbi gratia, si me notifican el acto de apertura de PAD el 26 de mayo de 2023, el plazo de prescripción se computa a partir de dicha fecha.

Ahora bien, corresponde establecer cómo es el cómputo del plazo expresado en años en el procedimiento administrativo, lo que nos remite al artículo 145, numeral 145.3, del TUO de la Ley 27444 que indica

“Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario” (el resaltado es nuestro).

Cómputo simple

Es así que cuando el plazo es fijado en años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del año que inicio, completando el número de años fijados para el lapso, verbi gratia, si me notificaron con el acto de inicio de PAD el miércoles 24 de mayo de 2023 el año calendario es hasta el viernes 24 de mayo de 2024, si se emite la resolución de sanción el 25 de mayo de 2024 (más de un año), ya habría operado la prescripción del PAD.

No existe el día de término

Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario, verbi gratia, si me notifican el acto de apertura de PAD el jueves 29 de febrero de 2024 (año bisiesto), revisado el calendario 2025, tenemos que el 29 de febrero no existe, por lo que el plazo expirará el primer día hábil del siguiente mes calendario, revisamos el mes de marzo de 2025 y tenemos que el 1 es sábado, el 2 es domingo, siendo el primer día hábil el lunes 3 de marzo de 2025.

Último día inhábil

También puede suceder que el último día del plazo sea inhábil, en cuyo caso se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente, conforme al artículo 145, numeral 145.2, del TUO de la Ley 27444 que indica

“Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente”

Esta norma también es aplicable al plazo en años desde que indica fecha determinada, estando a que el plazo en años se computa de fecha a fecha; verbi gratia, si el jueves 13 de abril de 2023 se notifica el acto de inicio de apertura de PAD, el día de vencimiento para emitir la resolución final del PAD será el sábado 13 de abril de 2024, que al ser día inhábil se entiende prorrogado al lunes 15 de abril de 2024.

¿QUÉ ES EL AÑO CALENDARIO?

Las normas que regulan la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, hacen referencia al año calendario. El año calendario o año civil es definido en el Diccionario de la Real Academia Española en los siguientes términos:

“Año civil. Año que consta de un número cabal de días; 365 si es común o 366 si bisiesto”.

Es así que cuando la norma hace referencia al año calendario, se entenderá que incluye al año bisiesto; no siendo posible indicar que al comprender el año bisiesto 366 días, no es un año calendario o, en su caso, que excede en un día al año calendario. Esto corrobora la indicación normativa que el plazo en años se computa de fecha a fecha.

CÓMPUTO DE FECHA A FECHA

Por otro lado, con relación al cómputo de fecha a fecha, podría hacerse la siguiente observación: que en el plazo de un (1) año calendario, verbi gratia, de iniciar el plazo el 01 de enero de 2023, el plazo terminaría el 01 de enero de 2023, siendo que existiría un día adicional, puesto que el año calendario se computa desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de

diciembre de 2023; sobre esto, es importante remitirnos al artículo 183, inciso 4, del Código Civil, de aplicación supletoria a los plazos de la Ley 27444², que indica

“El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento”.

De esta manera, en el cómputo del plazo en años de fecha a fecha, se excluye el día inicial, verbi gratia, el 01 de enero de 2023 y se incluye el día de vencimiento, verbi gratia, el 01 de enero de 2024, evitando de esta manera, que el plazo de cómputo de años de fecha a fecha, exceda en un día (1) al año calendario, que puede ser de 365 días o 366 días (bisiesto).

Esta regla se debe a que el día de inicio del plazo no comprende las 24 horas, verbi gratia, la notificación del acto de apertura de PAD se realiza el 25 de mayo de 2023 a las 13.00 horas, no podría incluirse en el cómputo de años este día (25 de mayo de 2023) por no comprender las 24 horas que es un día, por su parte el día del vencimiento si comprende las 24 horas, por lo que se incluye en el cómputo del plazo.

Por último, esta regla corresponde al aforismo romano “dies a quo non computatur in termino, sed computatur dies ad quem” que significa “El día desde el que se inicia el plazo no se computa, pero sí el día final”.

CONCLUSIÓN

El plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario (PAD), tiene como fecha de inicio, el día de la notificación al servidor público del acto de apertura de PAD, siendo que la fecha de término es el día de emisión de la resolución final que sanciona o archiva el PAD, por lo que a partir del día siguiente a esta fecha de término opera la prescripción indicada.

REFERENCIAS

Decreto Legislativo 295 (25 de julio de 1984). Código Civil. Perú.
Decreto Supremo 004-2019-JUS (25 de enero de 2019). Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Perú.
Decreto Supremo 040-2014-PCM (13 de junio de 2014). Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Perú.
Informe Técnico 000201-2022-SERVIR-GPGSC (15 de febrero de 2022). Sobre el plazo de prescripción en el Procedimiento Administrativo Disciplinario. Perú: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Ley 30057 (04 de julio de 2013). Ley del Servicio Civil. Perú,
Resolución de Presidencia Ejecutiva 092-2016-SERVIR-PE (21 de junio de 2016). Versión actualizada de la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Perú: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Resolución de Sala Plena 001-2016-SERVIR/TSC (31 de agosto de 2016). La prescripción en el marco de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Perú: Tribunal del Servicio Civil.

Para acceder a información completa del documento revise la pagina: https://corporacionhiramservicioslegales.com/2026/10/16/la-prescripcion-del-procedimiento-administrativo-disciplinario/

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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE INCREMENTOS REMUNERATIVOS PARA LOS TRABAJADORES CAS

2026-10-16T09:05:30.291-05:00

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CONDICIONES ECONÓMICAS PARA LOS TRABAJADORES CAS

¿Es posible negociar condiciones económicas a nivel descentralizado para los trabajadores CAS?

[THE COLLECTIVE BARGAINING OF ECONOMIC CONDITIONS FOR

CAS WORKERS - Is it possible to negotiate economic conditions at a decentralized level for CAS workers?]

José María Pacori Cari

Sumario: 1. ¿Existe la prohibición de incorporar beneficios que afecten o desnaturalicen los conceptos propios del régimen laboral de contratación administrativa de servicios (CAS) del Decreto Legislativo 1057? - 1.1. ¿Son materia negociable las condiciones económicas que soliciten los trabajadores CAS? - 1.2.

¿Existen conceptos propios en el régimen laboral CAS? - 1.3. ¿Qué condiciones económicas pueden negociar los trabajadores CAS? - 1.4. ¿Existe una escala remunerativa en el régimen laboral CAS? - 2. ¿Qué es interpretar derechos laborales de un régimen determinado para otro régimen laboral? - 3. ¿Cuándo se incluyen materias pactadas a nivel centralizado?

Actualmente (21 de enero de 2023), está por finalizar el plazo para que los Sindicatos de Trabajadores CAS presenten sus proyectos de negociación colectiva descentralizada, por su parte, a los sindicatos que han presentado sus pliegos de reclamos e iniciado sesiones de trato directo, en algunos casos, se les viene indicando que resulta contrario a ley la negociación colectiva de incrementos remunerativos y condiciones de trabajo económicas, por lo que no es posible negociar estas condiciones a favor de los trabajadores CAS, sustentando esta imposibilidad en lo siguiente:

Está prohibido la incorporación de beneficios que afecten o desnaturalicen los conceptos propios del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057.
No es posible interpretar derechos laborales de un régimen laboral determinado para otro régimen laboral.
No se puede incluir materias que hubieren sido pactadas a nivel centralizado.

En relación con estas presuntas limitaciones a la negociación colectiva de incrementos remunerativos y condiciones económicas para los trabajadores CAS precisamos lo siguiente

¿Existe la prohibición de incorporar beneficios que afecten o desnaturalicen los conceptos propios del régimen laboral de contratación administrativa de servicios (CAS) del Decreto Legislativo 1057?

Ab initio, debemos establecer la autorización legal de negociar colectivamente condiciones económicas a nivel descentralizado para todos los trabajadores estatales, lo que incluye a los trabajadores CAS. De esta manera, con fecha 06 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023 – que en su artículo 6 establece

“Se prohíbe en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas”.

Sin embargo, esta prohibición no alcanza a la negociación colectiva estatal, en mérito al artículo 64, numeral 64.1 de la misma Ley 31638 que indica

“Se exceptúa de la prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y concepto de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuentes de financiamiento; asimismo, de la

prohibición de la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con la misma características señaladas anteriormente, establecidas en el artículo 6 de la presente ley, para efectos de la aprobación de conceptos de ingresos en el marco de los convenios colectivos, actas de conciliación o laudos arbitrales aprobados de conformidad con la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal”.

De esta manera, estando al principio lex non distinguit nec nos distinguere debemus¹, podemos establecer lo siguiente:

La excepción a la prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones y demás condiciones económicas es aplicable tanto a la negociación colectiva centralizada como a la negociación colectiva descentralizada, puesto que no podemos distinguir donde la ley no distingue.
La excepción a la prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones y demás condiciones económicas es aplicable a todos los trabajadores estatales sin distinción entre regímenes laborales, por lo que es aplicable a los trabajadores estatales CAS.

En conclusión, conforme a la Ley 31638 los trabajadores estatales CAS pueden negociar a nivel descentralizado incrementos remunerativos y condiciones económicas, pensar lo contrario implicaría contravenir el derecho a la igualdad previsto en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú que indica

“Toda persona tiene derecho”: “2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole” (el resaltado es nuestro).

En efecto, prohibir la negociación de condiciones económicas a los trabajadores CAS implicaría crear una discriminación laboral respecto de los trabajadores estatales 276, 728 y Ley 30057 que negocian condiciones económicas.

Ahora bien, establecido el derecho que tienen los trabajadores CAS a negociar condiciones económicas a nivel descentralizado, retomemos la supuesta prohibición de incorporar beneficios que afecten o desnaturalicen los conceptos propios del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057.

¿Son materia negociable las condiciones económicas que soliciten los trabajadores CAS?

El artículo 4 de la Ley 31188 – Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal – establece

“Son objeto de la negociación colectiva la determinación de todo tipo de condiciones de trabajo y empleo, que comprenden las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica, así como todo aspecto relativo a las relaciones entre empleadores y trabajadores, y las relaciones entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores”.

Como se puede observar, in genere, no existe limitación alguna a la negociación colectiva de remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica, por lo que una

1 Si la ley no diferencia, tampoco debemos diferenciar nosotros

entidad pública no podría negar la posibilidad de negociar este tipo de negociaciones colectivas a los trabajadores CAS.

Por otro lado, las materias negociables se articularán conforme a los niveles de negociación, siendo que en el nivel descentralizado se negocian las siguientes materias previstas en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 31188 que indica

“A nivel descentralizado se negocian las siguientes materias: Las condiciones de empleo o condiciones de trabajo, que incluyen las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica que resulten de aplicación a los trabajadores comprendidos dentro del respectivo ámbito, con exclusión de las materias pactadas a nivel centralizado, salvo acuerdo en contrario”.

De esta manera, existe la habilitación legal para negociar a nivel descentralizado remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica que resulten de aplicación a los trabajadores comprendidos dentro del respectivo ámbito, en el caso de los trabajadores CAS el ámbito de negociación es el personal referido a su régimen laboral de contratación administrativa de servicios (CAS) previsto por el Decreto Legislativo 1057, verbi gratia, el ámbito personal de negociación pueden ser los trabajadores CAS del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo anterior nos lleva a establecer económicamente qué materias no son negociables por lo que debemos remitirnos al artículo 7, numeral 7.2 del Decreto Supremo 008-2022-PCM que indica

“Por consiguiente, no son objeto de la negociación colectiva, en ninguno de los niveles señalados en el artículo 5 de la Ley, entre otras, las siguientes materias: a) La estructura de las entidades del Sector Público. b) La aprobación, modificación, implementación u otra acción referida a los planes y políticas nacionales y/o sectoriales, de competencia de las entidades del Sector Público. c) Las atribuciones de dirección, administración y fiscalización de las entidades del Sector Público, incluyendo el ejercicio de la potestad disciplinaria. d) La aplicación o interpretación de normas de orden público. e) La regulación, condiciones para el acceso, meritocracia, capacidad y progresión en la carrera, así como supuestos dirigidos a su exclusión o inaplicación, o la incorporación de beneficios que afecten o desnaturalicen los conceptos propios de cada régimen laboral” (el resaltado es nuestro).

Conforme a la norma indicada, para nuestra materia de análisis, no sería materia negociable la incorporación de beneficios que afectan o desnaturalicen los conceptos propios de cada régimen laboral; sin embargo, cuando nos referimos a los trabajadores CAS, es preciso establecer si estos gozan de conceptos propios de su régimen laboral, esto es, conceptos que solo pertenecen a este régimen laboral, pero no a otros regímenes laborales, verbi gratia, no sería posible modificar el concepto remuneración principal² que corresponde a los trabajadores del régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, por su parte, tampoco constituyen conceptos propios los que se abonan sin distinción a todos los trabajadores estatales, como las remuneraciones o los aguinaldos.

2 La remuneración principal es un concepto propio del régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, regulado por el artículo 7 del Decreto Supremo 051-91-PCM ““La Remuneración Principal establecida por el Artículo 6 del presente Decreto Supremo se financiará con la suma de los incrementos otorgados mediante los Decretos Supremos Nº s. 109-90-PCM, 264-90-EF, 313-90-EF, 316-90-EF, 019-91-EF y otros que forman parte de la Transitoria para Homologación, y la Remuneración Principal que el trabajador viene percibiendo en las escalas establecidas por el Decreto Supremo Nº 198-90-EF”.

¿Existen conceptos propios en el régimen laboral CAS?

Con relación a los trabajadores CAS es preciso establecer que conceptos son propios de su régimen laboral por lo que debemos recurrir al artículo 6 del Decreto Legislativo 1057 que establece los derechos del trabajador CAS y, por lo tanto, los conceptos económicos propios de este régimen laboral. El artículo 6 del Decreto Legislativo 1057 establece, en los incisos pertinentes, lo siguiente

“El Contrato Administrativo de Servicios otorga al trabajador los siguientes derechos: a) Percibir una remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente establecida”. “e) Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, conforme a los montos establecidos en las leyes anuales de presupuesto del sector público”.

De la lectura de este artículo 6 del Decreto Legislativo 1057 tenemos que los conceptos económicos que se reconocen para los trabajadores CAS son la remuneración y aguinaldos, sin embargo, dichos conceptos no son propios de este régimen laboral por cuanto también son percibidos por los otros regímenes laborales como el 276, 728 y Ley 30057.

De esta manera, queda acreditado que en el régimen laboral de contratación administrativa de servicios (CAS) al no existir conceptos propios de este régimen, es posible incorporar beneficios que favorezcan a los trabajadores CAS, prueba de esto es, verbi gratia, la cláusula tercera del Convenio Colectivo de trabajo correspondiente al Pliego de reclamos periodo 2022-2023 suscrito entre la Defensoría del Pueblo y el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo del 08 de abril de 2022 que indica

“Cláusula tercera. Incremento remunerativo del personal CAS. La Defensoría del Pueblo gestionará ante las instituciones correspondientes el presupuesto adicional para proceder al incremento de los niveles remunerativos del personal CAS, en los términos de la propuesta remitida al Sindicato el 30 de marzo de 2022”.

Asimismo, también tenemos el Laudo de 03 de agosto de 2022, proceso arbitral seguido entre el Sindicato Nacional de Trabajadores CAS del Instituto Nacional de Estadística e Informática SINCAS-INEI con el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI,

Pliego de Peticiones 2022-2023, que en su punto resolutivo tercero resuelve

“Tercera. Bonificación por Escolaridad. El INEI otorgará una Bonificación por Escolaridad a los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores CAS del Instituto Nacional de Estadística e Informática SINCAS-INEI por el monto de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 soles) que deberá ser entregado en el mes de marzo de cada año”³.

¿Qué condiciones económicas pueden negociar los trabajadores CAS?

La posibilidad de negociar incrementos remunerativos y otras condiciones económicas se sustenta en la autonomía colectiva que, a su vez, se sustenta en el principio de libertad previsto en artículo 2, inciso 24, literal a) de la Constitución Política del Perú que establece

3 Como se podrá apreciar se establece una bonificación por escolaridad pese a lo dispuesto en el artículo 2, numeral

2.4 del Decreto Supremo 002-2023-EF que indica “Las disposiciones del presente Decreto Supremo no son de alcance a las personas contratadas bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, o que prestan servicios bajo la modalidad de Locación de Servicios”.

“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

Ergo, los trabajadores CAS son libres de establecer las condiciones económicas que negociarán colectivamente, siempre y cuando no constituyen condiciones expresamente prohibidas por la ley; en efecto, la prohibición de negociar un concepto económico debe ser expresa, no puede establecerse una prohibición a través de una interpretación genérica, ambigua y/o oscura, por cuanto esto contravendría el artículo IV inciso 8 de la Ley 28175 –

Ley Marco del Empleo Público – que establece

“Rigen en las relaciones individuales y colectivas del empleo público, los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de duda. En la colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales, se debe procurar soluciones de consenso y equilibrio” (el resaltado es nuestro).

De esta manera, en las relaciones laborales de empleo público, como es el régimen laboral CAS, las interpretaciones que se realicen deben ser a favor del trabajador en caso de duda; de tal manera, que no resulta exigible al trabajador la fundamentación legal o reglamentaria de cada uno de los conceptos que indica en su proyecto de convenio colectivo, hacerlo implicaría contravenir el principio de libertad y el principio in dubio pro operario; ergo, la entidad pública no puede exigir al trabajador que acredite la norma jurídica que sustenta la condición económica que negociará colectivamente, por cuanto si se negocia un concepto económico colectivamente es porque la ley y/o reglamento no lo contempla ni lo prohíbe, por lo tanto, es negociable conforme a la autonomía colectiva y al principio de libertad, en caso de duda se interpretará a favor del trabajador.

¿Existe una escala remunerativa en el régimen laboral CAS?

Ahora, también se alega la posible existencia de una escala remunerativa en el régimen laboral CAS que no podría ser modificada, sin embargo, tal escala remunerativa es inexistente en este régimen laboral tal como se indica en el Informe Técnico 000527-2022-SERVIR-

GPGSC que en sus conclusiones 3.1 y 3.2 indica

“3.1 La retribución de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS no puede ser menor a la remuneración mínima vital ni superior a las seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público. La entidad que contrata los servicios tiene discrecionalidad para fijar el monto de la retribución, pero dentro de los límites señalados y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 3.2 No obstante, si bien no existe una escala remunerativa para los servidores contratados bajo el régimen CAS, corresponde a cada entidad establecer el monto de la remuneración respetando los límites señalados en función a criterios como grado de responsabilidad, experiencia y formación requerida para el puesto”

De lo indicado no solo se aclara que no existe una escala remunerativa en régimen laboral CAS, sino que se establece la facultad de las entidades públicas de establecer el monto de la remuneración de los trabajadores CAS dentro de los límites previstos en la ley, como son las seis (6) unidades de ingreso del sector público⁴. A esto se suma que la remuneración no se

4 Para el año 2023 el monto de la Unidad de Ingreso del Sector Público asciende a S/. 2 600.00 conforme al artículo 1 del Decreto Supremo 106-2022-PCM que indica “Artículo 1. Monto de la Unidad de Ingreso del Sector Público correspondiente al año 2023 Fíjase en S/ 2 600,00 (DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) el monto correspondiente a la Unidad de Ingreso del Sector Público para el año 2023”.

sujeta a recursos adicionales al Tesoro Público, sino al presupuesto institucional de la entidad pública conforme al último párrafo del artículo 6 del Decreto Legislativo 1057 que establece

“Los derechos reconocidos en el presente artículo se financian con cargo al presupuesto institucional de cada entidad o pliego institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

¿Qué es interpretar derechos laborales de un régimen determinado para otro régimen laboral?

El artículo 3 del Decreto Legislativo 1057 establece

“El Contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. El Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene carácter transitorio”.

Conforme a esto, resulta claro que el contrato administrativo de servicios no se encuentra sujeto al Decreto Legislativo 276, 728 o Ley 30057, ni a las normas que regulan las carreras administrativas especiales; por lo tanto, los trabajadores CAS no podrían solicitar que se les pague los mismos beneficios que perciben los trabajadores 276, 728 o Ley 30057, verbi gratia, no podría negociar colectivamente la siguiente cláusula

“Se otorgue a los trabajadores CAS, la remuneración transitoria para homologación que perciben los trabajadores del régimen laboral público del Decreto Legislativo 276”.

Por su parte, no será posible que la entidad pública se abstenga de negociar colectivamente conceptos que son comunes a todos los regímenes laborales o son comunes a la Teoría General del Derecho del Trabajo, como es el caso de la remuneración, tampoco podrá abstenerse de negociar conceptos que no son previstos en otros regímenes laborales, verbi gratia, bonificación por cierre de pliego, o conceptos que pueden tener la misma denominación que otros conceptos que ya se vienen otorgando, pero que en su estructura, solo beneficiarán a los trabajadores CAS, verbi gratia, en el Laudo de 03 de agosto de 2022, proceso arbitral seguido entre el Sindicato Nacional de Trabajadores CAS del Instituto Nacional de Estadística e Informática SINCAS-INEI con el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Pliego de Peticiones 2022-2023, punto resolutivo tercero se resuelve

Si bien la escolaridad es un concepto que se otorga a los trabajadores 276 y 728, esto no impide que se negocie una bonificación por escolaridad para los trabajadores CAS, siempre y cuando, esta negociación no implique la extensión de la escolaridad que ya se viene otorgando a otros regímenes laborales; en este caso, la negociación colectiva de la escolaridad es un beneficio que solo interesa a los trabajadores CAS.

¿Cuándo se incluyen materias pactadas a nivel centralizado?

Esta pregunta nos lleva a remitirnos al artículo 6, numeral 6.3. literal b) del Decreto Supremo 008-2022-PCM que indica

“Se excluye de lo señalado en el inciso anterior, aquellas materias que hubieran sido pactadas a nivel centralizado, salvo acuerdo en contrario contenido en el convenio colectivo suscrito en dicho nivel centralizado, en cuyo caso la negociación descentralizada podrá referirse a las condiciones de ejecución de los acuerdos pactados a nivel centralizado, sin poder reducirlas o desnaturalizarlas, ni incluir la aprobación de importes mayores a los acordados en el nivel de negociación centralizado por los mismos conceptos”.

Con relación a condiciones económicas relacionadas con los trabajadores CAS a nivel nacional, el Convenio Colectivo a Nivel Centralizado 2022-2023 suscrito entre la representación empleadora del Estado Peruano y la Representación Sindical integrada por las Confederaciones Estatales CITE-CTE-UNASSE en la Comisión Negociadora encargada de la Negociación Colectiva a nivel centralizado del 30 de junio de 2022 en su cláusula vigésimo sexta indica

“Cláusula vigésimo sexta. Incremento Mensual para los servidores de los regímenes del Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 1057, Ley 30057, Ley 29709 y la Ley 28091, sujetos a la negociación colectiva centralizada. Las partes convienen en otorgar un incremento mensual en el ingreso de los servidores bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 1057, Ley 30057, Ley 29709 y la Ley 28091, a partir del mes de enero del año 2023, el mismo que es aplicable de forma permanente”

Asimismo, este convenio centralizado en su cláusula vigésimo séptima también indica

“Cláusula Vigésimo Séptima. Otorgamiento de un bono excepcional por única vez. Las partes convienen en otorgar un bono excepcional de S/ 550.00 (quinientos cincuenta soles) cuya entrega se efectúa de manera excepcional y por única vez en el mes de diciembre de 2022, a favor de los servidores del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 1057, Ley 30057, Ley 29709 y la Ley 28091 del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”

De la lectura de estas dos (2) cláusulas, podría decirse que existen materias ya pactadas a nivel centralizado, sin embargo, dicha afirmación resulta apresurada y contraria al principio in dubio pro operario, si tenemos en cuenta lo previsto en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 31188 que indica

“A nivel descentralizado se negocian las siguientes materias: Las condiciones de empleo o condiciones de trabajo, que incluyen las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica que resulten de aplicación a los trabajadores comprendidos dentro del respectivo ámbito, con exclusión de las materias pactadas a nivel centralizado, salvo acuerdo en contrario” (el resaltado es nuestro).

Como se verifica, en la negociación colectiva a nivel descentralizado se pueden negociar remuneraciones o condiciones económicas que resulten de aplicación a los trabajadores dentro del respectivo ámbito, verbi gratia, se podría negociar incrementos remunerativos en el ámbito personal de los trabajadores CAS del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto este ámbito personal no fue materia de negociación colectiva centralizada cuyo ámbito

personal fueron todos los trabajadores CAS a nivel nacional, no habiéndose pactado a nivel centralizado sobre los trabajadores CAS de un determinado Ministerio.

Ahora bien, también serán negociables a nivel descentralizado para los trabajadores CAS, las condiciones económicas que no han sido materia de negociación colectiva centralizada que por su naturaleza no son bono excepcional, verbi gratia, bonificaciones extraordinarias por día del trabajo, bonificación por el aniversario de la entidad pública, entre otras.

Conclusiones

No es aplicable a los trabajadores CAS la prohibición de la incorporación de beneficios que afecten o desnaturalicen los conceptos propios del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, por cuanto el régimen laboral CAS no cuenta con conceptos propios, la remuneración y aguinaldos son conceptos que se abonan a todos los regímenes laborales, además, de establecerse que en el régimen CAS no existe estructura remunerativa por lo que la remuneración de los trabajadores CAS es determinada por la entidad pública conforme a su presupuesto institucional, sin demandar recursos al tesoro público, lo que le permite negociar colectivamente sobre remuneraciones.
Cuando se indica que no se puede interpretar derechos laborales de un régimen laboral determinado para otro régimen, esto resulta aplicable al supuesto en el cual un sindicato de trabajadores CAS solicite expresamente que se le extienda los conceptos económicos que corresponden a otro régimen laboral a su régimen, no produciéndose esta situación cuando el trabajador CAS solicita un concepto económico que por su naturaleza y estructura no corresponde a los conceptos que perciben otros regímenes laborales.
Sobre incluir materias que hubieren sido pactadas a nivel centralizado, los trabajadores CAS en la negociación colectiva a nivel descentralizado pueden solicitar el incremento de sus remuneraciones indicando el ámbito personal de su negociación, la cual se relaciona con el incremento remunerativo que se solicita dentro de la entidad pública donde labora, situación que no se contrapone al incremento remunerativo que se da en el ámbito personal nacional para todos los trabajadores CAS sin tener en cuenta la entidad donde labora; por otro lado, la negociación colectiva descentralizada sobre condiciones económicas que por su naturaleza no fueron negociadas a nivel centralizado son plenamente negociables a nivel

descentralizado^*.

Referencias

Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente al Pliego de reclamos periodo 2022-2023 suscrito entre la Defensoría del Pueblo y el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (08 de abril de 2022). Perú.
Constitución Política del Perú (1993). Perú.
Convenio Colectivo a Nivel Centralizado 2022-2023 suscrito entre la representación empleadora del Estado Peruano y la Representación Sindical integrada por las Confederaciones Estatales CITE-CTE-UNASSE en la Comisión Negociadora encargada de la Negociación Colectiva a nivel centralizado (30 de junio de 2022). Perú.

* El autor es abogado especialista en Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social en el Perú, puede contactarlo en corporacionhiramservicioslegales@hotmail.com o móvil y WhatsApp (+51) 959666272.

Decreto Legislativo 1057 (28 de junio de 2008). Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Perú.
Decreto Supremo 008-2022-PCM (20 de enero de 2022). Decreto Supremo que aprueba Lineamientos para la implementación de la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Perú.
Decreto Supremo 106-2022-PCM (26 de agosto de 2022). Decreto Supremo que fija el Monto de la Unidad de Ingreso del Sector Público para el año 2023.
Informe Técnico 000527-2022-SERVIR-GPGSC (08 de abril de 2022). Sobre la modificación de la retribución pactada en el contrato administrativo de servicios. Perú: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Laudo (03 de agosto de 2022). Proceso arbitral seguido entre el Sindicato Nacional de Trabajadores CAS del Instituto Nacional de Estadística e Informática SINCAS-INEI con el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Pliego de Peticiones 2022-2023. Perú.
Ley 28175 (19 de febrero de 2004). Ley Marco del Empleo Público. Perú.
Ley 31188 (02 de mayo de 2021). Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Perú.
Ley 31638 (06 de diciembre de 2022). Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Perú.

Diseñador de firmas de correo electrónico

MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 276 – LEY 31131

2026-10-09T10:17:34.264-05:00

SUMILLA Solicito se inicie el procedimiento administrativo para mi incorporación en el régimen laboral público del Decreto Legislativo 276

SEÑOR MINISTRO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Atención Oficina General de Recursos Humanos

[nombres y apellidos del trabajador CAS], identificado con DNI […], con domicilio real en […], con domicilio procedimental para notificaciones en Jirón Miguel Aljovín 273-A, Segundo Piso, Cercado de Lima; a Ud., respetuosamente, digo:

Haciendo uso de mi derecho de petición contenido en el artículo 2, inciso 20, de la Constitución Política del Estado de 1993 que indica “Toda persona tiene derecho”: “20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.

I. EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO

Como pretensión administrativa, solicito se inicie el procedimiento administrativo para mi incorporación en el régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, derecho laboral con rango legal que se incorporó a mi patrimonio a partir del 10 de marzo de 2021 (fecha de la entrada en vigencia de la Ley 31131) y que permanece vigente en mi caso al no ser retroactiva la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00013-2021-PI/TC que declara inconstitucional la Ley 31131 publicada el 19 de diciembre de 2021.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

1. Con fecha 10 de marzo de 2021, entró en vigencia la Ley 31131 – Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público - que en su artículo 1 indicó lo siguiente

“El objeto de la presente ley es incorporar al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. En las entidades públicas, cuyo régimen laboral es exclusivamente el del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, la citada incorporación se hace respecto a este régimen”.

2. Asimismo, en el artículo 2 de la Ley 31131 indicó lo siguiente

“Para la incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, según corresponda, los trabajadores contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios deben cumplir los siguientes requisitos: a. Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. b. Tener contrato administrativo de servicios (CAS) por dos (2) años de modo continuo o tres (3) años de modo discontinuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. c. Haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios”.

3. El suscrito al momento de la entrada en vigencia de la Ley 31131 (10 de marzo de 2021) cumplía con los requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley 31131 al ser un trabajador CAS para labores de naturaleza peramente con más de dos (2) años bajo esta modalidad contractual, habiendo ingresado a este régimen mediante concurso público, por lo que incorporó automáticamente a su patrimonio el derecho laboral legal previsto en el artículo 1 de la Ley 31131 como es el derecho a su incorporación al régimen laboral público del Decreto Legislativo 276.

4. En efecto, al ser este un derecho laboral previsto en una norma con rango de ley (Ley 31131) se encuentra plenamente protegido por el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales previsto en el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú de 1993 que indica

“En la relación laboral se respetan los siguientes principios”: “2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

5. La irrenunciabilidad del derecho laboral indicado no ha perdido su vigencia con la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00013-2021-PI/TC que declara inconstitucional la Ley 31131 (19 de diciembre de 2021), puesto que al tener este tipo de sentencias fuerza de ley, sólo tiene efectos a partir del día siguiente de su publicación (19 de diciembre de 2021)[1], por lo que no es aplicable retroactivamente a los derechos legales laborales generados desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 19 de diciembre de 2021, periodo durante el cual incorporé dicho derecho a mi patrimonio conforme lo establece la Sumilla de la Casación 1673-2015 Moquegua que indica

“Teniendo en cuenta que la Ley número 29618, entró en vigencia el veinticinco de noviembre de dos mil diez, ésta resultaba aplicable al caso sub judice, en concordancia con el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, la cual desarrolla la teoría de los hechos cumplidos, por el cual todo hecho ocurrido o cumplido durante la vigencia de una norma se rige por ésta, por tanto los derechos que ingresaron dentro del patrimonio de una persona al amparo de una norma vigente en ese tiempo, no pueden ser desconocidos por nuevas normas jurídicas expedidas con posterioridad, solo resultan prescriptibles los bienes privados del Estado cuando el requisito de ejercicio de la posesión por un periodo de diez años se haya cumplido antes de la entrada en vigencia de la Ley número 29618” (El resaltado es nuestro).

6. De esta manera, corresponde se declare fundado el presente pedido y se proceda de la mejor manera que atienda mi pretensión administrativa.

III. MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS

1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad

1-B Copia de mis contratos y adendas por contratación administrativa de servicios para acreditar que al 10 de marzo del 2021 cumplía con los requisitos para ser incorporado al régimen laboral 276, derecho laboral de rango legal irrenunciable que permanece vigente en mi caso al haberse incorporado a mi patrimonio.

POR LO EXPUESTO

Pido a usted acceder a lo solicitado.

Lima, 14 de diciembre de 2022.

Firma del suscrito

-----------------------------

José María Pacori Cari

Abogado

Mat. CAA 4877

[1] Conforme al artículo 204 de la Constitución Política del Perú que indica “La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto”, por lo tanto, las situaciones jurídicas generadas (derechos laborales) antes de la STC permanecen vigentes, por cuanto la STC no tiene efectos retroactivos conforme a lo indicado en el artículo 103 de la Constitución que indica “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

MODELO DE SOLICITUD DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN FONAHPU

2026-10-09T10:11:24.363-05:00

MODELO DE SOLICITUD PARA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN DEL FONAHPU

José María Pacori Cari

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en el Perú

Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Área Derecho Pensionario

Línea Bonificaciones pensionarias

Por Decreto de Urgencia 034-98 se creó el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU) destinado al pago de bonificaciones a favor de los pensionistas del Decreto Ley 19990 y Decreto Ley 20530, actualmente es posible solicitar el pago de esta bonificación siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos en el reciente precedente vinculante contenido en la Casación 7445-2021 Del Santa emitido el 26 de noviembre del 2021 por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (autor José María Pacori Cari)

Modelo de solicitud de pago de la bonificación del FONAHPU

SUMILLA Solicito el pago de la bonificación del FONAHPU, devengados e intereses legales

SEÑORES DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP)

(…nombres y apellidos del pensionista solicitante…), identificado con Documento Nacional de Identidad Nro. (…), con domicilio real en (…indicar donde vive…); a Ud., respetuosamente, digo:

I. EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO

Como pretensión administrativa principal, solicito se emita resolución administrativa en la que se me reconozca el otorgamiento y pago de la bonificación del FONAHPU conforme a lo previsto en el Decreto de Urgencia 034-98 y su reglamento contenido en el Decreto Supremo 082-98-EF; y como consecuencia:

Como pretensión administrativa accesoria, solicito se disponga el pago de los devengados que se hubieren generado por el no pago oportuno de la referida bonificación, más los intereses legales que se hubieren generado.

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS

1. Con fecha 22 de julio de 1998, se publica el Decreto de Urgencia 034-98 por el que “Crean el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), cuya rentabilidad será destinada a otorgar bonificaciones a pensionistas del D. Ley 19990 y otros” que en su artículo 1 indica lo siguiente

“Créase el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), cuya rentabilidad será destinada a otorgar bonificaciones a los pensionistas comprendidos en los regímenes del Decreto Ley 19990 y a los de las instituciones públicas del Gobierno Central cuyas pensiones totales mensuales no sean mayores de S/. 1,000.00 (Mil y 00/100 Nuevos Soles)”. “La participación de los pensionistas en el beneficio proveniente del FONAHPU es de carácter voluntario y se formalizará mediante su inscripción, dentro de los ciento veinte (120) días de promulgada la presente norma, en los lugares y de acuerdo al procedimiento que al efecto establezca la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”.

2. Con fecha 05 de agosto de 1998, se publica el Decreto Supremo 082-98-EF “Reglamento del Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU” que en su artículo 1 indica

“El Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU) creado mediante Decreto de Urgencia 034-98, tiene como finalidad otorgar bonificaciones con el producto de la rentabilidad obtenida de los recursos asignados al referido Fondo a los pensionistas comprendidos en los regímenes del Decreto Ley Nº 19990 y a los pensionistas de las instituciones públicas del Gobierno Central del Decreto Ley Nº 20530, cuyas pensiones totales mensuales no sean mayores de Un Mil Nuevos Soles (S/. 1,000.00)”.

3. Asimismo, el artículo 6 del Decreto Supremo 082-98-EF indica

“Para ser beneficiario de las bonificaciones que otorga el FONAHPU se requiere: a) Ser pensionista de invalidez, jubilación, viudez, orfandad o ascendientes pertenecientes al régimen del Decreto Ley Nº 19990, o del Decreto Ley Nº 20530 de las instituciones públicas del Gobierno Central cuyas pensiones son cubiertas con recursos provenientes del Tesoro Público. b) Que el monto bruto de la suma total de las pensiones que perciba mensualmente por cualquiera de los regímenes antes mencionados, e independientemente de la entidad pagadora, no sea superior a Un Mil Nuevos Soles (S/. 1,000.00); y, c) Inscribirse, voluntariamente dentro del plazo fijado por la norma de creación del FONAHPU, cumpliendo con el procedimiento establecido por la ONP”.

4. Con fecha 28 de febrero de 2000, se publica el Decreto de Urgencia 009-2000 que en su artículo 1 indica

“Concédase un plazo extraordinario de ciento veinte días (120), computado a partir de la vigencia de la presente norma, para efectuar un nuevo proceso de inscripción para los pensionistas que no se encuentren inscritos en el FONAHPU siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto de Urgencia Nº 034-98 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 082-98-EF. Para el proceso de inscripción al FONAHPU al que se refiere el párrafo anterior, la Oficina de Normalización Previsional -ONP- establecerá los lugares, el procedimiento y las demás normas que la administración del FONAHPU requiera”.

5. Con fecha 25 de noviembre de 2020, se publica el Decreto Supremo 354-2020-EF que en su quinta disposición complementaria transitoria establece

“La bonificación del FONAHPU es un concepto pensionable y parte integrante de la unidad pensionaria, está afecta a los descuentos determinados por ley y por los mandatos judiciales que recaigan sobre las pensiones. Se otorga de oficio. La bonificación del FONAHPU se otorga a las/os pensionistas que adquirieron el derecho a esta bonificación, debiendo cumplir con los requisitos previstos en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 082-98-EF, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU, para ser beneficiario de la bonificación: 1. Ser pensionista de invalidez, jubilación, viudez, orfandad o ascendientes pertenecientes al régimen del Decreto Ley Nº 19990, o del Decreto Ley Nº 20530 de las instituciones públicas del Gobierno Central cuyas pensiones son cubiertas con recursos provenientes del Tesoro Público; 2. Que, el monto bruto de la suma total de las pensiones que perciba mensualmente por cualquiera de los regímenes antes mencionados, e independientemente de la entidad pagadora, no sea superior a Un Mil Nuevos Soles (S/. 1,000.00); y 3. Inscribirse, voluntariamente dentro del plazo fijado por la norma de creación del FONAHPU, cumpliendo con el procedimiento establecido por la ONP, el mismo que venció el 28 de junio de 2000. El monto de la bonificación del FONAHPU es el siguiente: 1. El importe anual de la bonificación es de seiscientos cuarenta y 00/100 soles (S/ 640,00). 2. El pago se realiza de forma mensual, a razón de cuarenta y cinco y 71/100 soles (S/ 45,71) por mes. 3. En las gratificaciones de julio y diciembre o en las pensiones adicionales de julio y diciembre, según corresponda, cada pago es de cuarenta y cinco y 74/100 soles (S/ 45,74). Si las/os beneficiarios de la bonificación de FONAHPU, que tengan pensión en forma concurrente en los regímenes del SNP, cobran la bonificación en el régimen que amparó su solicitud de inscripción al FONAHPU”.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Con fecha (…) presenté mi solicitud de pensión de jubilación.

2. Con fecha (…) se me notifica con la Resolución Nro. (…) que declara mi condición de pensionista a partir de (…).

3. En la antes mencionada resolución se me reconoce el pago de una pensión ascendente a (…) a partir del (…), suma dineraria que es inferior a un mil soles (S/. 1 000.00).

4. Sin embargo, pese a lo anterior, no se me ha otorgado la bonificación por FONAHPU.

IV. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El precedente vinculante contenido en la Casación 7445-2021 Del Santa emitido el 26 de noviembre del 2021 por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República que en su Décimo Octavo Considerando indica

“1. La pretensión de otorgamiento y/o pago de la bonificación del FONAHPU, debe ser tramitada únicamente a través de la vía del proceso ordinario (antes especial), en tanto no forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento 37 de la sentencia emitida en el expediente 1417-2005-AA/TC, esto es, que se refiera a la presunta afectación de los derechos de acceso a una pensión, a no ser privado arbitrariamente de esta o a una pensión mínima. 2. El carácter pensionable de la bonificación del FONAHPU, dispuesta por la Ley 27617, no excluye el cumplimiento del tercer requisito (inscripción), pues la ley estuvo dirigida únicamente a los que obtuvieron la condición de pensionistas y gozaban de dicha bonificación con anterioridad al vencimiento del último plazo establecido en el Decreto de Urgencia 009-2000 ; es decir, su ámbito de aplicación está referido, en estricto, a los pensionistas que ya percibían dicha bonificación y no a los demás, y puede ser entendida a aquellos que teniendo el derecho no se les había reconocido. 3. El único supuesto de excepción de cumplimiento del tercer requisito, se configura cuando el pensionista se encontraba impedido de ejercer su derecho de inscripción en los plazos establecidos, como consecuencia del reconocimiento tardío (fuera de los plazos de inscripción) de la pensión por parte de la Administración, siempre que la solicitud de pensión y la contingencia, se hayan producido, como máximo, dentro del último plazo de inscripción al FONAHPU. 4. La verificación de la responsabilidad de la ONP en la imposibilidad de inscripción del demandante requiere el análisis de los siguientes criterios para su otorgamiento: a) Si la solicitud de pensión de jubilación fue presentada con fecha anterior a los plazos de inscripción al mencionado beneficio establecidos en la ley. b) Si la declaración de pensionista del demandante fue obtenida con fecha posterior a los plazos de inscripción al mencionado beneficio establecidos en la ley, siempre que haya obtenido el derecho con anterioridad a dichos plazos. c) Si la notificación de la resolución administrativa que declara la condición de pensionista del demandante fue notificada con posterioridad a los plazos de inscripción al mencionado beneficio establecidos en la ley.”

2. El considerando décimo quinto de esta misma Sentencia de Casación establece los plazos y requisitos a los que hace referencia el precedente vinculante

“De acuerdo a la normativa antes señalada, se aprecia que para poder gozar de la bonificación otorgada por el Fondo Nacional de Ahorro Público, creado por el Decreto de Urgencia 034-98, es necesario cumplir los siguientes requisitos: i) Tener la condición de pensionista, bajo el régimen previsional del Decreto Ley 19990 o el Decreto Ley 20530; ii) que el monto de la pensión no sea mayor de S/ 1,000.00 soles; e, iii) Inscribirse voluntariamente dentro del plazo fijado por la norma, esto es, desde el 23 de julio al 19 de noviembre de 1998 y desde el 29 de febrero al 27 de junio de 2000. Por tanto, la omisión de la inscripción excluye al pensionista de su goce; sin embargo, si el pensionista se encontraba impedido de ejercer su derecho de inscripción, por reconocimiento tardío de la pensión, dicha circunstancia debe ser determinada por elementos objetivos que permitan concluir que la demora sería imputable a la ONP. En tales casos, no resulta exigible el cumplimiento del tercer presupuesto ya que dicho criterio ha sido adoptado por la Corte Suprema de Justicia en las Casaciones 15809-2011 La Libertad; 7466-2017 La Libertad; 13861-2017 La Libertad; 1032- 2015 Lima; 8789-2009 La Libertad; y, 11345-2015 La Libertad, entre otras, y que han fijado una línea jurisprudencial uniforme de estricta observancia por todos los órganos jurisdiccionales”.

V. MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS

1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad

1-B Copia de la Resolución Nro. (…) que me otorga pensión de jubilación con la finalidad de acreditar mi condición de pensionista, la fecha en la que adquirí la condición de pensionista y el monto que se me otorgó por pensión.

1-C Copia de la solicitud por la que pide se le otorgue pensión.

POR LO TANTO

Pido a usted acceder a la presente solicitud.

Lima, 20 de mayo de 2022.

(…firma del solicitante, no es necesaria la firma de abogado…)

Creador de firmas de correo electrónico

MODELO DE SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO

2026-10-09T10:00:25.214-05:00

MODELO DE SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE EXIGIBILIDAD DE MULTA IMPUESTA POR PAPELETA DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO

José María Pacori Cari

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en el Perú

Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

Área: Derecho Administrativo

Línea: Procedimiento Sancionador

La imposición de una papeleta de tránsito da inicio a un procedimiento sancionador que culmina con la emisión de una resolución que impone la sanción de multa, esta sanción resulta exigible, sin embargo, puede acontecer que pese a la imposición de la multa esta no se ejecuta luego de dos (2) años con lo que opera la prescripción de la exigibilidad de la multa, el presente es un modelo de solicitud de prescripción de la exigibilidad de la multa impuesta por una infracción de tránsito (autor José María Pacori Cari)

Modelo de solicitud de prescripción de la ejecución de una multa por infracción de tránsito

SUMILLA: Solicito se declare la prescripción de la exigibilidad de la multa impuesta por Resolución Nro. (…) en mérito a la Papeleta de Infracción Nro. (…)

SEÑOR (…dirigir el escrito a la autoridad encargada de ejecutar la multa, por ejemplo, Gerente de la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao…)

(…nombres y apellidos del administrado que solicita la prescripción…), identificado con DNI Nro. (…), con domicilio real en (…); a Ud., respetuosamente, digo:

I. EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO

Al haber transcurrido más de dos (2) años sin haberse exigido la multa impuesta, SOLICITO se declare la prescripción de la exigibilidad de la multa impuesta por la Resolución Nro. (…) de fecha (…) que se emitió por la comisión de la infracción (…) contenida en la Papeleta de Infracción Nro. (…).

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

1. Con fecha 13 de febrero de 2016, presuntamente cometí la infracción M20 por la que se me impone la Papeleta de Infracción Nro. (…) por conducir el vehículo de Placa (…) por una deuda total de S/. (…).

2. Con fecha 13 de abril de 2016, se emite la Resolución Nro. (…) que me impone multa y pone fin a la vía administrativa al no haber sido impugnada.

3. El artículo 248, inciso 5, segundo párrafo, del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 006-2026-JUS – indica

“Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.”

4. Asimismo, el artículo 253, numeral 1, literal a) del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 006-2026-JUS – indica

“1. La facultad de la autoridad para exigir por la vía de ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la comisión de una infracción administrativa prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. En caso de no estar determinado, la prescripción se produce al término de dos (2) años computados a partir de la fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa, o aquel que puso fin a la vía administrativa, quedó firme.”

5. Conforme a esto al haber sido emitida la Resolución Nro. (…) el 13 de abril de 2016, el plazo de prescripción se ha producido al término de dos (2) años computados a partir de la fecha en que el acto indicado quedó firme, por lo tanto, a la fecha de presentación de este escrito ha transcurrido más de dos (2) años sin que se haya exigido la multa impuesta por lo que se ha producido la prescripción.

III. MEDIOS PROBATORIOS

El informe que emitirá la autoridad competente sobre el detalle de infracción respecto de la Papeleta de Infracción Nro. (…), donde se verificará que con fecha 13 de abril de 2016 se emitió la Resolución Nro. (…) que me impone sanción de multa que al haber transcurrido más de dos (2) años sin ser exigible ha prescrito.

IV. ANEXO

1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad

POR LO EXPUESTO:

A Usted pido la constatación de los plazos indicados para que se declare fundado el presente pedido de prescripción.

Callao, 24 de setiembre de 2020.

(…firma del administrado que solicita la prescripción, no es necesaria la firma de abogado…)

MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN EN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO FISCAL ANTE LA ANC-MP

2026-10-09T09:50:39.914-05:00

MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO FISCAL ANTE LA ANC-MP

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín en el Perú – Miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco – Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

Área Derecho Disciplinario

Línea Procedimiento disciplinario en la carrera fiscal

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) tiene a su cargo los procedimientos disciplinarios en contra de los Fiscales, además, del personal de función fiscal; iniciado el procedimiento disciplinario este culminará, de acreditarse la comisión de la falta, con una resolución que imponga sanción al investigado, el cual puede interponer recurso de apelación conforme al Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J, este es un modelo de recurso de apelación conforme a este reglamento (autor José María Pacori Cari)

Modelo de recurso de apelación contra la sanción impuesta al fiscal

Caso Nro. [número] -ANC-MP

SUMILLA Interpongo recurso administrativo de apelación en contra de la Resolución de la Autoridad Desconcentrada de Control de [identificar]

REFERENCIA Resolución de la Autoridad Desconcentrada de Control de [identificar][1]

SEÑOR FISCAL SUPERIOR – RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SANCIÓN DE LA ADC- [indicar distrito fiscal]

[nombres y apellidos del fiscal impugnante], identificado con DNI Nro. [número], en mi condición de Fiscal [indicar cargo], correo institucional [indicar], domicilio real en [indicar], y domicilio procedimental en [indicar][2]; en el procedimiento administrativo disciplinario que se sigue en mi contra; a Ud., respetuosamente, digo:

El artículo 78.1, literal a) del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J – indica:

“Solo procede recurso de apelación contra los siguientes actos: a) Contra las resoluciones que rechazan de plano la queja, las que declaran no ha lugar al inicio del procedimiento disciplinario y las que concluyen el procedimiento administrativo disciplinario, tramitados en las Autoridades Desconcentradas de Control y las que concluyen el procedimiento administrativo disciplinario, tramitados en las Direcciones de la Oficina Central de la ANC-MP”.

I. PETITORIO[3]

Como pretensión administrativa impugnatoria, interpongo recurso administrativo de apelación en contra del acto administrativo contenido en la Resolución de la Autoridad Desconcentrada de Control de [identificar] para que se declare su nulidad total por contravenir la Constitución, la ley, el derecho y las normas que se indiquen en la fundamentación del recurso; y, como consecuencia:

Como pretensión accesoria, solicito se deje sin efecto la sanción disciplinaria de [indicar sanción], con retiro de registro y legajo de personal.

II. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 78.3 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J – indica: “El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación del acto que se impugna, según lo previsto en el numeral anterior”. Dentro de este contexto, siendo que la notificación del acto impugnado fue el [indicar fecha], a la fecha de interposición del presente recurso de apelación me encuentro dentro del plazo de su interposición, por cuanto el plazo para la presentación del presente recurso vence el [indicar fecha], sin contar sábados, domingos, feriados y días no laborables.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO/DERECHO Y DIFERENTE INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS[4]

El acto administrativo impugnado es nulo en mérito a los siguientes fundamentos[5]:

1. En el considerando 5.26, que resume la comisión de la presunta falta disciplinaria, del acto impugnado se indica [fundamentación]

2. El fiscal, que incluye al fiscal provincial, es un representante del Ministerio Público conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo 52 – Ley Orgánica del Ministerio Público -: “Para los efectos de la presente ley, las palabras "Fiscal" o "Fiscales", sin otras que especifiquen su jerarquía, designan a los representantes del Ministerio Público, excepto al Fiscal de la Nación, a quien se referirá siempre en estos términos”.

3. Por lo tanto, al ser el fiscal representante del Ministerio Público ejerce las siguientes funciones: defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio; velar por la moral pública, perseguir el delito y la reparación civil, esto conforme al artículo 1 del Decreto Legislativo 52 que indica: “El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

4. Al ser el fiscal representante del Ministerio Público su función es la función fiscal, no la función administrativa, por cuanto su prestación de servicios en la carrera fiscal, lejos de ser administrativa, es una función fiscal que es un deber del fiscal conforme al artículo 33, inciso 16) de la Ley 30483 – Ley de la Carrera Fiscal – que indica: “Son deberes de los fiscales los siguientes”: “16. Dedicarse exclusivamente a la función fiscal. No obstante, puede ejercer la docencia universitaria a tiempo parcial, hasta por ocho (8) horas semanales de dictado de clases y en horas distintas de las que corresponden al despacho fiscal. Igualmente, con las mismas limitaciones, puede realizar labores de investigación e intervenir, a título personal, en congresos y conferencias”.

4. Como se verifica, se establece expresamente que es deber del fiscal dedicarse exclusivamente a la función fiscal que implica las funciones fiscales que corresponden al Ministerio Público, en ningún momento indica que se dedicará a la función administrativa (supervisión de personal administrativo a su cargo), pensar lo contrario sería interpretar extensivamente la función fiscal para imponer sanción o establecer una obligación no prevista en la ley como es que la función exclusiva del fiscal también implica la supervisión administrativa, estas interpretaciones extensivas contravendrían el principio de tipicidad previsto en el inciso 4) del artículo 248 del TUO de la Ley 27444, de aplicación supletoria, que indica: “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda”.

[Este es un ejemplo de la fundamentación de la apelación; sin embargo, puede variarlo conforme a su estilo y requerimientos]

IV. EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS Y SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN[6]

Me agravia la resolución impugnada por lo siguiente:

1. Agravio moral. Por cuanto establecer que la supervisión “administrativa” es parte de la función fiscal que es exclusiva para los fiscales, implica crear obligaciones que contravienen el principio de razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la Ley 27444 que indica: “Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

2. Agravio legal. La supervisión administrativa que indebidamente se exige al fiscal constituye una formalidad no esencial al no estar referida exclusivamente a la función fiscal por lo que se contraviene el principio de eficacia previsto en el numeral 1.10 del artículo IV del TUO de la Ley 27444 que indica: “Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados”.

POR LO TANTO

Pido a usted se declare fundado el recurso de apelación interpuesto en su oportunidad, disponiéndose su elevación al superior jerárquico.

OTROSI. Solicito se conceda el presente recurso de apelación con efecto suspensivo en la ejecución de la sanción disciplinaria conforme al artículo 78.2 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J – que indica: “La interposición del recurso de apelación contra la resolución que concluye el procedimiento administrativo disciplinario suspende la ejecución de la misma”.

[Lugar], 9 de enero de 2026.

[firma del fiscal impugnante, no es obligatoria la firma de abogado][7]

[1] El artículo 81, literal a) del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J indica: “Para la admisión del recurso de apelación se debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Indicar el número de la resolución que se impugna, el número del expediente y la sumilla”.

[2] El artículo 81, literal b) del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J indica: “Para la admisión del recurso de apelación se debe cumplir con los siguientes requisitos”: “b) Nombres y apellidos completos de quien interpone el recurso y, de ser el caso, de su representante legal; número de documento nacional de identidad, correo electrónico y domicilio real o procedimental. Si el impugnante es extranjero, debe consignar el número de su documento de identificación correspondiente, así como todos los datos antes señalados. El señalamiento del domicilio procedimental se presume vigente mientras su cambio no sea comunicado expresamente”.

[3] El artículo 81, literal c) del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J indica: “Para la admisión del recurso de apelación se debe cumplir con los siguientes requisitos: c) El petitorio expreso de su recurso”.

[4] El artículo 78.2 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J – indica: “El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho”.

[5] El artículo 81, literal d) del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J indica: “Para la admisión del recurso de apelación se debe cumplir con los siguientes requisitos”: “d) Los fundamentos de hecho y de derecho, y la diferente interpretación de las pruebas que sustentan su recurso de apelación, según sea el caso.”

[6] El artículo 81, literal e) del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J indica: “Para la admisión del recurso de apelación se debe cumplir con los siguientes requisitos”: “e) Expresión de los agravios y su debida fundamentación.”

[7] El artículo 81, literal f) del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público – Resolución Jefatural Nro. 212-2025-ANC-MP-J indica: “Para la admisión del recurso de apelación se debe cumplir con los siguientes requisitos”: “f) Lugar, fecha y firma del impugnante o su representante legal. En caso de no saber firmar o estar impedido, debe consignar su huella dactilar.”

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MODELO DE RECLAMACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE MULTA TRIBUTARIA

2026-10-09T09:45:52.445-05:00

MODELO DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE MULTA TRIBUTARIA

José María Pacori Cari

Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín en el Perú – Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

Área: Derecho Tributario

Línea: Reclamación

¿Qué puedo hacer en contra de una resolución de multa tributaria? Contra una resolución de multa tributaria procede presentar una reclamación conforme a las normas del Código Tributario peruano. Esta reclamación implica cumplir con los requisitos para su interposición, lo mismo que observar el plazo de veinte (20) días hábiles para su interposición. Este es un modelo para su redacción, porque al servir a los demás, seremos libres (autor José María Pacori Cari)

Modelo de escrito de reclamación en contra de la resolución de multa tributaria

SUMILLA: Reclamación en contra de la Resolución de Multa Nro. [identificar resolución]

SEÑOR [identificar a la autoridad que impone la multa tributaria, por ejemplo, sub gerente de recaudación y fiscalización tributaria de la municipalidad distrital]

[indicar la denominación o razón social del deudor tributario], con RUC [número], debidamente representado por [nombres], identificado con DNI Nro. [número], con dirección domiciliaria en [domicilio fiscal]; a Ud., respetuosamente, digo:

El inciso 1) del artículo 137 del Texto Único Ordenado del Código Tributario – Decreto Supremo Nro. 133-2013-EF - establece:

“La reclamación se iniciará de acuerdo a los requisitos y condiciones siguientes: 1. Se debe interponer a través de un escrito en el que se identifique el acto reclamable materia de impugnación, los fundamentos de hecho y, cuando sea posible, los de derecho”.

I. LEGITIMIDAD PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN

La presente reclamación la interpongo en mi calidad de deudor tributario con código de contribuyente Nro. [número], haciendo uso de nuestra facultad para interponer reclamaciones previsto en el artículo 132 del TUO del Código Tributario que indica: “Los deudores tributarios directamente afectados por actos de la Administración Tributaria podrán interponer reclamación”.

II. COMPETENCIA PARA CONOCER LA RECLAMACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

En el presente caso, es competente para conocer la presente reclamación en primera instancia [indicar a la SUNAT o denominación de la municipalidad], teniendo en cuenta el artículo 133 del TUO del Código Tributario que indica: “Conocerán de la reclamación en primera instancia: 1. La SUNAT respecto a los tributos que administre y a las Resoluciones de Multa que se apliquen por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. 2. Los Gobiernos Locales. 3. Otros que la ley señale”.

III. EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO

Como pretensión impugnatoria, presento reclamación para que se declare la nulidad y/o revoque la Resolución de Multa Nro. [identificar] de fecha [fecha], mediante la cual se me impone una multa más intereses en la suma de S/. [monto] por contravenir la Constitución, la ley y las normas indicadas en los fundamentos del presente reclamo; y, como consecuencia:

Como primera pretensión accesoria, solicito que se deje sin efecto el pago de la multa más intereses en la suma de S/. [monto].

IV. ACTO RECLAMABLE

En el presente caso, el acto reclamable es la Resolución de Multa Nro. [identificar], conforme al primer párrafo del artículo 135 del TUO del Código Tributario que indica: “Puede ser objeto de reclamación la Resolución de Determinación, la Orden de Pago y la Resolución de Multa”.

V. INEXIGIBILIDAD DEL REQUISITO DE PAGO PREVIO PARA INTERPONER RECLAMACIONES

Al reclamar la Resolución de Multa Nro. [identificar] no nos es exigible el requisito de pago previo de la deuda tributaria, conforme al artículo 136 del TUO del Código Tributario que indica: “Tratándose de Resoluciones de Determinación y de Multa, para interponer reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que constituye motivo de la reclamación; pero para que ésta sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que realice el pago”.

VI. PLAZO PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN

El inciso 2) del artículo 137 del TUO del Código Tributario indica: “Plazo: Tratándose de reclamaciones contra Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa, resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución, resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria, éstas se presentarán en el término improrrogable de veinte (20) días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó el acto o resolución recurrida”. En el presente caso, la notificación de la Resolución de Multa Nro. [identificar] fue realizada con fecha [fecha] por lo que el plazo de veinte (20) días hábiles para presentar la reclamación vence el [fecha], sin contar sábados, domingos, feriados y días no laborables.

VII. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

1. En el presente caso, con fecha [fecha] se emite la Resolución de Multa Nro. [identificar] se me impone multa e intereses legales por la comisión de la siguiente infracción:

“No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos, concernientes al predio”.

2. Sin embargo, indebidamente se ha incumplido el acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial Nro. [identificar] que resuelve inafectar del impuesto predial el predio del reclamante.

3. Este acto administrativo debe ser observado por aplicación del principio de presunción de validez de los actos administrativos previsto en el artículo 9 del TUO de la Ley 27444 – Decreto Supremo 006-2026-JUS - que indica:

“Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”.

4. Lo anterior incluso halla mayor sustento en lo previsto en el artículo 17, literal d) del TUO de la Ley de tributación Municipal – Decreto Supremo Nro. 156-2004-EF que indica:

“Están inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad de”: “d) Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y museos”.

5. De esta manera, al existir la inafectación del impuesto predial materia de infracción, no es posible que se me imponga multa y pago de intereses legales por no presentar declaraciones juradas respecto del impuesto predial que no estoy obligado a pagar.

VIII. MEDIOS PROBATORIOS

1. Resolución Gerencial Nro. [identificar] que resuelve declarar inafectos del pago del impuesto predial del inmueble materia de multa e intereses teniendo en cuenta su condición de entidad religiosa.

2. [Los hechos indicados y el medio de prueba consignado son ejemplo de lo que podría hacer en estos casos]

3. [En caso de no tener medios probatorios que ofrecer este rubro no va, de contar con pruebas, las consigna aquí indicando que acreditan]

IX. ANEXOS

1-A Copia del DNI del representante de la reclamante

1-B Vigencia de poder del representante de la reclamante

1-C Copia de la Resolución de Multa Nro. [identificar] (acto reclamado)

1-D Copia de la Resolución Gerencial Nro. [identificar los medios de prueba documentales y adjuntar a la reclamación].

POR LO EXPUESTO:

Pido a usted resolver la presente reclamación en el plazo de ley, conforme al artículo 142 del TUO del Código Tributario que indica: “La Administración Tributaria resolverá las reclamaciones dentro del plazo máximo de nueve (9) meses, incluido el plazo probatorio, contado a partir de la fecha de presentación del recurso de reclamación”.

Lima, 14 de octubre de 2025.

[firma del representante del deudor tributario o del deudor tributario]

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO

2026-10-09T09:34:24.569-05:00

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO

Etapas esenciales de la negociación colectiva estatal

[COLLECTIVE BARGAINING IN THE PUBLIC SECTOR - Essential stages of

state collective bargaining]

José María Pacori Cari

Sumario: 1. Derecho internacional del trabajo - 2. Principios que rigen la negociación colectiva - 3. Negociación reglada y no reglada - 4. Negociación colectiva en el sector público - 5. Principios de la negociación colectiva estatal - 6. Conflictos laborales - 7. Niveles de la negociación colectiva - 8. Etapas esenciales de negociación colectiva estatal - 8.1. Pliego de reclamos - 8.2. Trato directo - 8.3. Conciliación - 8.4. Arbitraje

- 8.5. Convenio colectivo - 8.6. Huelga - 8.7. Mediación

“El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático”: “2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”.

La Constitución Política del Perú reconoce a todos los trabajadores del sector privado y del sector público los derechos colectivos del trabajo a la sindicación, negociación colectiva y huelga. En relación al derecho laboral a la negociación colectiva, el Estado lo fomenta promoviendo formas de solución pacífica de los conflictos laborales; se indica, asimismo, que la convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado, esto es, que vincula a las partes que lo celebran, haciendo que los terceros respeten el convenio colectivo.

DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El artículo 4 del Convenio OIT 98 – Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva – indica

“Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”.

El artículo 7 del Convenio OIT 151 – Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública – indica

“Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.

Las normas internacionales hacen referencia a estimular y fomentar la negociación colectiva a través de métodos que permitan establecer condiciones de trabajo a favor de los servidores públicos, estos métodos se pueden dar en un procedimiento laboral de negociación colectiva que implicará el uso del trato directo, conciliación, mediación, arbitraje y/o huelga.

El artículo 8 del Convenio OIT 151 – Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública – indica

“La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados”.

Con la emisión de la Ley 31188, se ha establecido un procedimiento laboral de negociación colectiva por cada nivel de negociación (centralizada y descentralizada), siendo que dich procedimiento implica el trato directo, la mediación, la conciliación y el arbitraje, posibilitando el derecho a recurrir a la huelga como medio de acción sindical, salvo que se esté en proceso arbitral.

El artículo 2 del Convenio OIT 154 - Convenio sobre la negociación colectiva – indica

“A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o (b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o (c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

Especial interés se establece para los acuerdos voluntarios entre los sujetos de la negociación colectiva (servidores públicos – entidades públicas), estos acuerdos se darán en trato directo, conciliación o mediación; el arbitraje implicará un proceso donde un tercero (árbitro) decide la controversia, mientras que la huelga es una medida de fuerza que pretender someter la voluntad del empleador a la voluntad de los integrantes de la organización sindical.

El artículo 5 del Convenio OIT 154 - Convenio sobre la negociación colectiva – indica

“1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva.

Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto que: (a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio; (b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente Convenio; (c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores; (d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas; (e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva”.

En relación a lo indicado, siendo la negociación colectiva un derecho, en su aplicación resulta de necesidad el establecimiento de un procedimiento laboral, en caso de no existir este procedimiento esto no sería obstáculo para negociar colectivamente, supuesto en el cual estaríamos ante un caso de negociación colectiva no reglada que, esencialmente, comprenderá el trato directo como método de negociación.

El artículo 8 del Convenio OIT 154 - Convenio sobre la negociación colectiva – indica

“Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva”.

Esto implicará que el trato directo, la conciliación y la mediación, en su utilización, son voluntarios, no son impuestos por la ley; el arbitraje, aunque potestativo, implica la existencia de voluntad en su uso; la huelga, implicará un acuerdo de asamblea sindical que corresponde a la voluntad sindical.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

De una lectura conjunta de los Convenios 98, 151 y 154 de la OIT, que forman parte del bloque de constitucionalidad del artículo 28 de la Constitución, es posible extraer una serie de principios que rigen la negociación colectiva como actividad o proceso², estos principios son los siguientes:

El principio de la negociación libre y voluntaria, para que la negociación colectiva sea eficaz, debe tener carácter voluntario y no estar mediado por medidas de coacción que alteren el carácter voluntario de la negociación. Este principio incluye, a su vez:
1. la libertad para negociar, entendida como la libertad de elegir entre acudir o no a negociar y de negociar con una o con otra organización sindical; y,
2. la libertad para convenir, entendida como la libertad para ponerse o no de acuerdo durante la negociación.

De este modo, el Estado no puede ni debe imponer, coactivamente, un sistema de negociaciones colectivas a una organización determinada, aunque ello no le impide prever legislativamente mecanismos de auxilio a la negociación, tales como la conciliación, la mediación o el arbitraje, ni órganos de control que tengan por finalidad facilitar las negociaciones.

El principio de libertad para decidir el nivel de la negociación, con arreglo al cual la determinación del nivel de negociación colectiva debe depender esencialmente de la voluntad de las partes y, por consiguiente, no debe ser impuesta por la legislación. Por esta razón, la negativa de los empleadores de negociar a un nivel determinado, en principio, no constituiría una violación del derecho de negociación colectiva, si bien, por excepción, cabe la posibilidad de que dicho nivel sea determinado por vía heterónoma (arbitraje) ante un organismo independiente a las partes, en función de la naturaleza promotora de la negociación colectiva, lo cual se justifica plenamente en el caso de que se demuestre que una de las partes no está cumpliendo con su deber de negociar de buena fe o está realizando prácticas desleales.
El principio de buena fe, en atención al cual las dos (2) partes deben actuar con buena fe y lealtad para el mantenimiento de un desarrollo armonioso del proceso de negociación colectiva, es decir, deben realizar un esfuerzo sincero de aproximación mutua para obtener un acuerdo razonable y coherente. Asimismo, en virtud a este principio, los acuerdos adoptados entre las dos (2) partes deben ser de cumplimiento obligatorio e inmediato, por lo que ninguna legislación puede prever ni permitir que el empleador modifique unilateralmente el contenido y los compromisos asumidos en los convenios colectivos previamente pactados, u obligar a negociar nuevamente.

Conforme a estos principios, la negociación colectiva se manifiesta como la actividad o proceso encaminado a la conclusión de un acuerdo, contrato o convenio colectivo, con el fin de dar respuesta a los distintos intereses de las partes, fijando formas equitativas para la distribución de las cargas y beneficios y de los derechos y obligaciones, siendo por ende el

² Cfr. Fundamento 5 del Voto del Magistrado Eto Cruz Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente 03243-2012-PA/TC, Perú

principal instrumento para la armonización de los intereses contradictorios en el contexto de una relación laboral³.

NEGOCIACIÓN REGLADA Y NO REGLADA

La negociación colectiva como procedimiento puede estar regulada o no, esto da lugar a las siguientes clases de negociación colectiva:

Negociación colectiva reglada. La negociación colectiva se inicia con la presentación del proyecto de contrato colectivo por parte del o los sindicatos al empleador⁴, en este tipo de negociación la ley previamente ha establecido etapas de negociación como trato directo, conciliación, mediación, arbitraje y huelga las que en su desarrollo se encuentran reguladas sin que se afecte el principio de libertad y buena fe, además de establecerse plazos y términos para su realización.

Negociación colectiva no reglada. En cualquier momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales, negociaciones voluntarias, directas y sin sujeción a normas de procedimiento, para convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones, por un tiempo determinado⁵, esta negociación colectiva no es regulada como procedimiento laboral, sin embargo, conforme al principio de libertad (lo que no está prohibido está permitido) se puede llevar a cabo en cualquier momento con la finalidad de solucionar conflictos laborales que se susciten repentinamente.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO

Los límites a la negociación colectiva de los trabajadores que pertenecen al sector público serán admisibles siempre que estos sean razonables y proporcionales, es decir, que no terminen desnaturalizando el contenido de este derecho, que brinda la capacidad de negociar salarios justos, condiciones humanas y equitativas de trabajo, seguridad y protección en el trabajo, entre otros aspectos⁶.

Se debe precisar que la negociación colectiva en el Sector Público no puede ser examinada con la amplitud que sí es posible en el ámbito del Sector Privado, pues mientras que en este último no existen limitaciones para otorgarse beneficios económicos superiores y/o adicionales a los establecidos en la legislación laboral respectiva, por primar la autonomía de la voluntad para decidir sobre incrementos y condiciones de trabajo, en el primero concurren estipulaciones legales que restringen y determinan específicamente el ámbito sobre el cual es posible concertar un convenio colectivo; el principal límite constitucional se encuentra en el principio de legalidad de la actuación administrativa, la cual debe realizarse de acuerdo con el presupuesto general del Estado, por ello las negociaciones colectivas de los trabajadores públicos deben efectuarse considerando un presupuesto equilibrado y equitativo que es aprobado por el Congreso de la República, dado que las condiciones de empleo en la Administración Pública se financian con recursos de todos los contribuyentes y de la Nación⁷.

³ Cfr. Fundamento 6 del Voto del Magistrado Eto Cruz Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente 03243-2012-PA/TC, Perú

⁴ Cfr. Artículo 327 Código del Trabajo, Chile

⁵ Cfr. Artículo 314 Código del Trabajo, Chile

⁶ Cfr. Sumilla Sentencia Casación Laboral 16330-2014 Lima, Perú

⁷ Cfr. Fundamento décimo segundo Sentencia de Casación 1546-2018 Piura, Perú

PRINCIPIOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ESTATAL

La negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales se rige por los siguientes principios⁸:

Principio de autonomía colectiva. Consiste en el respeto a la irrestricta libertad de los representantes de los trabajadores y empleadores para negociar las relaciones colectivas de trabajo, por medio de acuerdos con fuerza vinculante; al estar sujeta la negociación colectiva al principio de legalidad presupuestal, la autonomía colectiva es relativa por cuanto se sujetará al procedimiento laboral de negociación colectiva que deberá de observar los informes económicos financieros que se emitirán para resguardar los recursos públicos estatales.
Principio de buena fe negocial. Consiste en el deber de las partes de realizar esfuerzos genuinos y leales para lograr acuerdos en la negociación colectiva; ambas partes, representantes de los trabajadores y empleador, deben actuar en todas las etapas de la negociación colectiva de buena fe, sin obstaculizar arribar a los acuerdos necesarios para solucionar conflictos laborales.

Principio de competencia. Implica el respeto de las competencias constitucionales y legalmente atribuidas a las entidades públicas para el ejercicio de sus potestades, verbi gratia, no será posible negociar las potestades sancionadoras ni tampoco la modificación de la estructura orgánica de la entidad pública.

Principio de previsión y provisión presupuestal. En virtud del cual todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria deberá considerar la disponibilidad presupuestaria; prever es conocer a través de datos lo que va a ocurrir, mientras que proveer es proporcionar lo necesario para un fin específico; de esta manera, la previsión presupuestal es la sustentación técnica de los recursos que se emplearán para cumplir con un convenio colectivo, la provisión presupuestal será proporcionar técnicamente lo necesario para atender las demandas acordadas por convenio colectivo.
CONFLICTOS LABORALES

Los conflictos que pueden ser sometidos al mecanismo de solución autocompositivo (conciliación y mediación) o heterocompositivo (arbitraje); en materia laboral, pueden ser⁹:

Conflictos de carácter jurídico o de puro derecho. La controversia versará sobre el incumplimiento o la interpretación de un dispositivo normativo que, debe ser aplicado a una situación concreta, estando la solución vinculada a la determinación por parte de la autoridad competente, sobre la aplicación del dispositivo o la interpretación del mismo, lo que conlleva la pre – existencia de un derecho laboral incumplido.

Conflictos de carácter económico o de intereses. La divergencia está referida a los intereses contrapuestos de ambas partes, en las mejoras de condiciones de trabajo peticionadas por los trabajadores a través de un pliego de reclamos, versus la negativa del empleador de otorgarlos; por lo cual, la solución consistirá en que se establezca dicho derecho ex novo en base, a un acuerdo consensuado o la decisión de un tercero, a través de la

⁸ Cfr. Artículo 3 Ley 31188, Perú

⁹ Cfr. Considerando segundo Sentencia de Apelación 11804-2013 Lima, Perú

conciliación, mediación o, el arbitraje respectivamente, el cual tendrá fuerza vinculante entre las partes.

NIVELES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales se desarrolla en los siguientes niveles¹⁰:

El nivel centralizado, en el que los acuerdos alcanzados tienen efectos para todos los trabajadores de las entidades públicas, verbi gratia, el convenio colectivo centralizado es aplicable a todos los trabajadores de los grupos ocupacionales: auxiliar, técnico y profesional, a nivel nacional.

El nivel descentralizado, que se lleva a cabo en el ámbito sectorial, territorial y por entidad pública, o en el que las organizaciones sindicales estimen conveniente, y que tiene efectos en su respectivo ámbito. En los gobiernos locales la negociación colectiva se atiende con cargo a los ingresos de cada municipalidad. En el caso de los gobiernos locales con menos de veinte (20) trabajadores, estos podrán acogerse al convenio colectivo federal de su organización de rama o adscribirse al convenio de su elección con el que exista afinidad de ámbito, territorio u otros.

ETAPAS ESENCIALES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA ESTATAL

El procedimiento laboral de negociación colectiva implica actos jurídicos laborales (pliego de reclamos y convención colectiva) y etapas que son medios para alcanzar acuerdos que ponen fin a los conflictos laborales. El orden de estos actos y etapas es el que sigue:

Pliego de reclamos. La negociación colectiva se inicia con la presentación del proyecto de convenio colectivo¹¹. El proyecto de convenio colectivo es también denominado pliego de reclamos o pliego de peticiones y es el acto jurídico laboral de los trabajadores que inicia el procedimiento laboral de negociación colectiva.

Si la entidad pública declara improcedente la presentación del pliego de reclamos por defectos en la contratación no imputables a los trabajadores, denota una actuación de mala fe y perjudicial para la parte sindical, ya que luego de presentado el pliego, es obligatorio negociar el mismo¹².

Si un órgano judicial ordena a la entidad pública que emita nueva resolución declarando procedente el trámite del pliego de reclamos presentado por un sindicato, no implicará de ninguna manera un pronunciamiento sobre el fondo de lo pretendido en el citado pliego, pues, el juez no se ha pronunciado sobre las solicitudes o reclamos contenidos en éste ni mucho menos ha ordenado que la empleadora reconozca u otorgue tales beneficios los cuales deberán ser materia de la correspondiente negociación colectiva entre las partes, siguiendo el procedimiento previsto en la ley¹³.

Trato directo. El trato directo debe iniciarse dentro de los diez (10) días calendario de presentado el proyecto de convenio colectivo y puede ser extendido hasta los treinta (30)

¹⁰ Cfr. Artículo 5 Ley 31188, Perú

¹¹ Cfr. Artículo 12 Ley 31188, Perú

¹² Cfr. Considerando vigésimo primero Sentencia de Casación 10857-2012-Lima, Perú

¹³ Cfr. Considerando vigésimo segundo Sentencia de Casación 10857-2012-Lima, Perú

días siguientes de iniciado el trato directo; de no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de ley, que podrán durar hasta treinta (30) días contados a partir de la terminación del trato directo¹⁴, el trato directo o negociación directa es voluntaria y de buena fe entre la organización sindical de servidores públicos y la entidad pública, no interviene ningún tercero, siendo las conversaciones directas.

Conciliación. De no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de conciliación, que podrán durar hasta treinta (30) días contados a partir de la terminación del trato directo; la solicitud de conciliación se presenta directamente ante la Autoridad Administrativa de Trabajo¹⁵. La conciliación se define como el acto de ajustar o componer los ánimos de las partes, que tienen posturas opuestas entre sí; la conciliación laboral se gesta cuando las partes negociadoras de una convención informan a la Autoridad de Trabajo la terminación de la negociación colectiva, por la existencia de una abierta discrepancia sobre la totalidad o parte de las materias objeto del conflicto; dentro de ese contexto, solicitan el impulso de dicho procedimiento; se trata de una forma interventiva de solución pacífica del conflicto laboral, acentuado por el fracaso de la negociación directa entre los representantes de los empleadores y de los trabajadores, que consiste en que un tercero neutral (el Estado) interpone sus “buenos oficios” induciendo a las partes a zanjar sus diferencias y ayudándolos a encontrar una solución satisfactoria para ambos; vale decir, se propende a que alcancen por sí mismos un acuerdo que ponga fin al conflicto¹⁶.
Arbitraje. De no llegarse a un acuerdo en la etapa de conciliación, cualquiera de las partes podrá requerir el inicio de un proceso arbitral potestativo, que debe concluir el 30 de junio salvo que los trabajadores decidan optar por la huelga (Cfr. Artículo 13 Ley 31188, Perú). El arbitraje se define como el acto de resolución extrajudicial de un conflicto laboral; el arbitraje laboral se logra cuando los actos de conciliación o mediación no han solucionado el conflicto; dentro de ese contexto, los agentes negociadores deciden someter el diferendo a arbitraje¹⁷.

Convenio colectivo. El convenio colectivo es el producto final del procedimiento de negociación colectiva¹⁸. El convenio colectivo es el acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales; emana de una autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores¹⁹.

Respecto de la negociación colectiva en general, se debe indicar que en esta institución rige el principio de literalidad como expresión de la autonomía de la que gozan las partes negociantes para regular sus intereses²⁰.

Huelga. El artículo 13, literal d) y e), de la Ley 31188 establece

¹⁴ Cfr. Artículo 13 Ley 31188, Perú

¹⁵ Cfr. Artículo 13 Ley 31188, Perú

¹⁶ Cfr. Fundamento 36 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Expediente 008-2005-PI/TC, Perú

¹⁷ Cfr. Fundamento 38 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Expediente 008-2005-PI/TC, Perú

¹⁸ Cfr. Artículo 17 Ley 31188, Perú

¹⁹ Cfr. Fundamento 29 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Expediente 008-2005-PI/TC, Perú

²⁰ Cfr. Fundamento décimo sexto Sentencia de Casación 1546-2018 Piura, Perú

“d. De no llegarse a un acuerdo en la etapa de conciliación, cualquiera de las partes podrá requerir el inicio de un proceso arbitral potestativo, que debe concluir el 30 de junio salvo que los trabajadores decidan optar por la huelga. e. En el caso del literal anterior, los trabajadores pueden alternativamente declarar la huelga, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010-2003-TR, y su reglamento”.

Este derecho consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores; la ley exige que esta acción de cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe en forma voluntaria y pacífica, sin violencia sobre las personas o bienes, y con abandono del centro de trabajo²¹.

Mediación. El artículo 61 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo –

Decreto Supremo 010-2003-TR – indica

“Si no se hubiese llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, de haberla solicitado los trabajadores, podrán las partes someter el diferendo a arbitraje”.

El artículo 62 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo – Decreto Supremo 010-2003-TR – indica

“En el caso del artículo anterior, los trabajadores pueden alternativamente, declarar la huelga conforme a las reglas del artículo 73. Durante el desarrollo de la huelga, las partes o la Autoridad de Trabajo podrán designar un mediador. La propuesta final que éste formule deberá ponerse en conocimiento de las partes. Las fórmulas de mediación, en caso de no ser aceptadas por las partes, no comprometerán las decisiones arbitrales ulteriores”.

La mediación es el acto de interposición de fórmulas de avenimiento a la solución del conflicto; la mediación laboral se gesta cuando los agentes negociadores solicitan o autorizan específicamente al conciliador la presentación de una o varias propuestas de solución; el tercero interviniente en la solución del conflicto juega como mediador un rol más activo que como conciliador, en razón de que directamente sugiere las propuestas de solución²².

CONCLUSIÓN

La negociación colectiva estatal se sustenta en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú que halla sustento en los Convenios OIT sobre la negociación colectiva, siendo que además de ser un derecho es un procedimiento que se inicia con la presentación de un pliego de reclamos que da lugar a etapas como el trato directo, conciliación, mediación, arbitraje y/o huelga, con la finalidad de alcanzar un convenio colectivo que ponga fin a los conflictos laborales entre los trabajadores y el empleador*.

REFERENCIAS

Convenio OIT 151 (1978). Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

²¹ Cfr. Fundamento 40 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Expediente 008-2005-PI/TC, Perú

²² Cfr. Fundamento 37 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Expediente 008-2005-PI/TC, Perú

^* El autor es jurista, maestro y abogado especialista en Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social en el Perú, puede contactarlo en corporacionhiramservicioslegales@hotmail.com o móvil y WhatsApp (+51) 959666272.

Convenio OIT 154 (1981). Convenio sobre la negociación colectiva. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
Convenio OIT 98 (1949). Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
Decreto con Fuerza de Ley 1 (31 de julio de 2002). Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo. Chile.
Decreto Supremo 010-2003-TR (05 de octubre de 2003). Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Perú.
Ley 31188 (02 de mayo de 2021). Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Perú.
Sentencia Casación Laboral 16330-2014 Lima (29 de marzo de 2016). Vulneración de la libertad sindical y otro. Perú: Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sentencia de Apelación 11804-2013 Lima (15 de octubre de 2014). Perú: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sentencia de Casación 10857-2012-Lima (19 de junio de 2014). Perú: Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sentencia de Casación 1546-2018 Piura (26 de enero de 2021). Perú: Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (12 de agosto de 2005). Expediente 008-2005-PI/TC. Perú: Tribunal Constitucional.
Sentencia del Tribunal Constitucional (21 de mayo de 2014). Expediente 03243-2012-PA/TC. Perú: Tribunal Constitucional.

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DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL: CONSECUENCIAS JURÍDICAS

2026-10-09T09:20:14.733-05:00

DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL: CONSECUENCIAS JURÍDICAS

¿Pago de triple remuneración?

[MUNICIPAL WORKER'S DAY: LEGAL CONSEQUENCES - Triple salary

payment?]

José María Pacori Cari

Sumario: 1. Antecedente - 2. Ámbito de aplicación subjetivo - 3. Feriado gremial - 4.

¿Cuándo se goza el día del Trabajador Municipal? - 5. Triple remuneración - Modelo de solicitud de pago de triple remuneración

In dubio facienda est interpretatio quae aequalitatem conservat¹. Con fecha 04 de marzo de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31701 denominada Ley que declara el 5 de noviembre de cada año día del Trabajador Municipal y feriado no laborable que en su artículo único establece

La referida jornada será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal”.

ANTECEDENTE

Con fecha 30 de agosto de 2018 se publica en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial 217-2018-TR por la que Declaran el 5 de noviembre de cada año como el ‘Día del obrero municipal’ que en su artículo 1 indica

“Declarar el día 5 de noviembre de cada año, como el ‘Día del obrero municipal’.”

Este día corresponde a un hecho laboral generado en el año 1979, por el cual los obreros municipales cumplían 62 días de huelga indefinida nacional por la no atención de un pliego de reclamos con el Gobierno Central, reunidos en el Palacio de Gobierno se arribaron a acuerdos para resolver la huelga que había superado los dos (02) meses de duración.

Lo indicado en la Resolución Ministerial 217-2018-TR solo constituía una declaración que no generaba derechos laborales; sin embargo, a partir de la publicación de la Ley 31701 se establece, por una norma con rango de ley, que el día del Trabajador Municipal es un feriado no laborable.

ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO

Lo dispuesto en la Ley 31701 es aplicable a los trabajadores y trabajadoras municipales; sin embargo, inicialmente el Proyecto de Ley 638/2021-CR denominado “Proyecto de Ley que declara el 05 de noviembre de como Día del Obrero Municipal no laborable”, que dio lugar a la Ley 31701, en su artículo 1 proponía

“El objetivo de la presente Ley es reconocer la labor de las y los obreros municipales a través de la declaración del 05 de noviembre como día no laborable”.

De esta manera, el ámbito subjetivo pretendía limitarse a los obreros municipales, sin embargo, a través de texto sustitutorio se cambió la expresión Obrero Municipal por Trabajador Municipal, lo que nos remite al artículo 37 del sub capítulo V – El Trabajador Municipal - de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades – que indica

“Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley.

Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”.

De la lectura de esta norma, son trabajadores municipales los funcionarios y empleados de la municipalidad sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 276, como los obreros municipales sujetos al régimen laboral de la actividad privada; adicionalmente, también son trabajadores municipales los sujetos al régimen laboral de contratación administrativa de servicios (CAS), sean obreros o empleados, conforme se entiende del numeral 4.5 del Informe técnico 346-2013-SERVIR/GPGSC que indica

“Los feriados remunerados establecidos con carácter general para el sector público y privado también son aplicables para los trabajadores del régimen CAS, sin perjuicio que la entidad pública, por necesidades del servicio, pueda disponer la realización de labores en dichos feriados; en dicho supuesto deberá compensar al trabajador con descanso físico las horas o días laborados”.

Conforme a esto, el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 31701 comprende a los trabajadores municipales del régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, del régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728 y del régimen laboral de contratación administrativa de servicios (CAS) del Decreto Legislativo 1057 (cuando se implemente en alguna municipalidad el régimen del servicio civil, también se aplicará a los trabajadores municipales sujetos a la Ley 30057).

De esta manera, la Ley 31701 beneficia a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, sin importar el régimen laboral en el que se encuentren.

FERIADO GREMIAL

La Ley 31701 al establecer su denominación indica que el 05 de noviembre de cada año es un feriado no laborable. Esto hace necesario establecer algunas diferencias laborales. Encontramos el día no laborable que requiere de una norma de carácter general emitida por el Poder Ejecutivo, quien establece anualmente los días no laborables para el Sector Público mediante Decreto Supremo, pero con cargo a la compensación por los días no trabajados². Al lado de los días no laborables encontramos los días feriados, que pueden ser no trasladables y trasladables; los primeros son feriados nacionales que se celebran en la fecha respectiva, verbi gratia, la navidad del Señor (25 de diciembre), los segundos son los feriados de ámbito no nacional o gremial. Dentro del ámbito de feriados no nacionales se encuentran, verbi gratia, aquellos feriados regionales decretados mediante Ordenanza Regional; por su

parte, los feriados gremiales son aquellos otorgados a favor de los trabajadores que pertenecen a un gremio, verbi gratia, el día de los Trabajadores en Construcción Civil, celebrado cada 25 de octubre en el ámbito del sector privado³. Estando a esto, tenemos que al ser el 05 de noviembre de cada año, día del Trabajador Municipal, estamos ante un día feriado gremial.

¿CUÁNDO SE GOZA EL DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL?

Al ser el día del Trabajador Municipal un feriado gremial, en su goce se regulará por las siguientes normas, según el régimen laboral del trabajador municipal:

En el caso de los obreros municipales, estaremos al artículo 7 del Decreto Legislativo 713 que indica

“Los feriados establecidos en el artículo anterior se celebrarán en la fecha respectiva. Cualquier otro feriado no laborable de ámbito no nacional o gremial, se hará efectivo el día lunes inmediato posterior a la fecha, aun cuando corresponda con el descanso del trabajador”.

En el caso de los empleados municipales, estaremos al artículo 3 del Decreto Supremo 178-91-PCM que indica

“Los feriados establecidos en el artículo anterior, se celebrarán en la fecha respectiva. Cualquier otro feriado no laborable de ámbito no nacional o gremial, se hará efectivo el día lunes inmediato posterior a la fecha, aun cuando corresponda con el de descanso del trabajador”.

Conforme a esto, el día del Trabajador Municipal como feriado gremial, se hará efectivo el día lunes inmediato posterior a la fecha que corresponda (salvo que la fecha sea lunes, en cuyo caso se celebrará ese mismo día), aun cuando corresponda con el día de descanso del trabajador municipal, verbi gratia, en el año 2023 el día 05 de noviembre es domingo, por lo que este feriado gremial se hará efectivo el día lunes inmediato que es el 06 de noviembre.

TRIPLE REMUNERACIÓN

Ab initio, podríamos considerar que el trabajo realizado por el Trabajador Municipal el día feriado (05 de noviembre), es compensable con un día de descanso, situación que estaría avalada por el numeral 2.9 del Informe Técnico 001636-2021-SERVIR-GPGSC que indica

“Por lo tanto, si un servidor público presta labor efectiva en el día feriado no laborable, corresponderá que la entidad pública le otorgue el descanso físico por las horas o días laborados”.

Sin embargo, esta interpretación es incorrecta por lo indicado en el segundo párrafo del artículo único de la Ley 31701 que indica

“La referida jornada [jornada no laborable] será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal”.

Se establece que el día del Trabajador Municipal es un descanso remunerado, además, de ser considerado, por ley, como día laborado para todo efecto legal, esto nos remite a la lectura de la Tercera Disposición Transitoria, literal d) de la Ley 28411 (disposición que no fue derogada con la publicación del Decreto Legislativo 1440) que indica

“El pago de remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por días no laborados. Asimismo, queda prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicios” (el resaltado es nuestro).

Como se puede verificar, está prohibido el pago de remuneraciones por días no laborados, salvo disposición de Ley expresa en contrario; salvedad que es aplicable por la Ley 31701, por lo que en caso de laborar en este día feriado no laborable, se deberá de pagar a los trabajadores municipales el día feriado, adicional al día de trabajo realizado, no siendo posible disponer la compensación por día de descanso, puesto que este feriado remunerado es considerado laborable para todo efecto legal conforme a una Ley dada por el Congreso de la República.

Ergo, a partir de la publicación de la Ley 31701, por mandato de la Ley, el 05 de noviembre de cada año es el día del Trabajador Municipal (276, 728, CAS o Ley 30057) que al ser un feriado gremial se celebra el lunes inmediato a la fecha que corresponda, siendo que en caso de laborar en este día de descanso se debe de pagar al trabajador municipal la remuneración correspondiente al día feriado y al día laborado; si el día feriado coincide con el día de descanso y es laborado, se deberá de abonar una triple remuneración. De esta manera, se pueden dar los siguientes supuestos

Trabajador Municipal	Día feriado (05 noviembre)	Día trabajado	Día de descanso	Pago
Remuneración mensual S/. 1500 : 30 días = S/. 50 (remuneración diaria)	50 soles	No trabaja	No es día de descanso	50 soles
Remuneración mensual S/. 1500 : 30 días = S/. 50 (remuneración diaria)	50 soles	50 soles	No es día de descanso	100 soles
Remuneración mensual S/. 1500 : 30 días = S/. 50 (remuneración diaria)	50 soles	No trabaja	50 soles	100 soles
Remuneración mensual S/. 1500 : 30 días = S/. 50 (remuneración diaria)	50 soles	50 soles	50 soles	150 soles

Si el Trabajador Municipal labora en su día de descanso, que también es el día feriado (05 de noviembre), se le debe de pagar una triple remuneración: una remuneración diaria por el trabajo realizado; una remuneración por el descanso semanal; y, una remuneración por el día del trabajador municipal; en caso de no abonarse esta triple remuneración por la municipalidad se podría presentar la siguiente solicitud

Modelo de solicitud de pago de triple remuneración

Sumilla: Solicito el pago de la triple remuneración que me corresponde por el trabajo en el día del Trabajador Municipal que es también mi día de descanso

Señor Alcalde de la Municipalidad de […]

[…nombres y apellidos del Trabajador Municipal…], identificado con DNI […], con domicilio real en […]; a Ud., respetuosamente, digo:

Con fecha 04 de marzo de 2023, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31701 que en su artículo único establece

“Se declara el 5 de noviembre de cada año Día del Trabajador Municipal, como jornada no laborable para los trabajadores y trabajadoras que desempeñan dicha responsabilidad. La referida jornada será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal”.

Por su parte, la Tercera Disposición Transitoria, literal d) de la Ley 28411 indica

Dentro de este contexto,

Habiendo prestado servicios efectivos el día 05 de noviembre de los corrientes (día del trabajador municipal), además de haber sido mi día de descanso, solicito se proceda al pago de la triple remuneración que me corresponde por el trabajo efectivo, día de descanso y día feriado.

Por lo expuesto

Pido a usted acceder a lo solicitado. Lima, 12 de marzo de 2023

[…firma del trabajador municipal, no es necesaria la firma de abogado…]

Por otro lado, la entrada en vigencia de la Ley 31701, no se deja sin efecto los beneficios económicos que por convenio colectivo se han obtenido con relación a este día, verbi gratia, el pago de una bonificación por el día del Trabajador Municipal.

CONCLUSIONES

La Ley 31701 reconoce el día del Trabajador Municipal como feriado no laborable, que es un feriado gremial remunerado, considerado día de trabajo efectivo para todo efecto legal,

por lo que el trabajo realizado en dicho día será remunerado junto a la remuneración por el día del trabajo efectivo^*.

REFERENCIAS

Decreto Legislativo 713 (08 de noviembre de 1991). Consolidad la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Perú.
Decreto Supremo 178-91-PCM (05 de diciembre de 1991). Dictan normas sobre el derecho a descanso remunerado en los días feriados de los trabajadores del Sector Público, comprendidos en el Régimen del D.L. 11377 y D. Leg.276. Perú.
Informe Técnico 001636-2021-SERVIR-GPGSC (18 de agosto de 2021). Sobre la compensación por laborar días feriados. Perú: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Informe Técnico 1352-2018-SERVIR/GPGSC (06 de setiembre de 2018). Consulta sobre feriados en el sector público. Perú: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Informe Técnico 1352-2018-SERVIR/GPGSC (06 de setiembre de 2018). Consulta sobre feriados en el sector público. Perú: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Informe técnico 346-2013-SERVIR/GPGSC (17 de abril de 2013). a) Aplicación de la jornada reducida en el régimen del Decreto Legislativo N2 1057 b) Descanso físico en el régimen del Decreto Legislativo N° 1057. Perú: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Ley 27972 (27 de mayo de 2003). Ley Orgánica de Municipalidades. Perú.
Ley 28411 (08 de diciembre de 2004). Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Perú.
Ley 31701 (04 de marzo de 2023). Ley que declara el 5 de noviembre de cada año día del Trabajador Municipal y feriado no laborable. Perú.
Proyecto de Ley 638/2021-CR (04 de noviembre de 2021). Proyecto de Ley que declara el 05 de noviembre como Día del Obrero Municipal no laborable. Perú: Congreso de la República.
Resolución Ministerial 217-2018-TR (30 de agosto de 2018). Declaran el 5 de noviembre de cada año como el ‘Día del obrero municipal’. Perú: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

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JOSÉ MARÍA PACORI CARI CORPORACIÓN HIRAM

MODELO DE SOLICITUD DE CESE DE HOSTILIDAD LABORAL EN EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO 276

MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN

MODELO DE DESCARGOS EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA JUDICIAL ANTE LA ANC-PJ

MODELO DE DEMANDA LABORAL DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO

MODELO DE DEMANDA LABORAL DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO

ESCRITO : 01-2023

DEMANDADO Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA

PETITORIO

SITUACIÓN LABORAL

FUNDAMENTOS DE HECHO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

MONTO DEL PETITORIO

MEDIOS PROBATORIOS

ANEXOS

POR LO EXPUESTO

MODELO DE DEMANDA DE AMPARO POR DISCRIMINACIÓN

MODELO DE DEMANDA DE AMPARO POR DISCRIMINACIÓN

ESCRITO 01-2023

DEMANDADOS Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA

PETITORIO

DERECHOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS

RELACIÓN NUMERADA DE LOS HECHOS QUE SE HAN PRODUCIDO

MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS

POR LO EXPUESTO

LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL

LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL

Requisitos para la procedencia de la sustracción de la pretensión

José María Pacori Cari

¿QUÉ ES LA SUSTRACCIÓN DE LA PRETENSIÓN?

REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LA SUSTRACCIÓN DE LA PRETENSIÓN

LA PRETENSIÓN PROCESAL EXISTE AL MOMENTO DE CONSTITUIRSE LA RELACIÓN PROCESAL EN UN PROCESO JUDICIAL

LA PRETENSIÓN PROCESAL DESAPARECE TOTALMENTE, NO DESAPARECE PARCIALMENTE NI SE TRANSFORMA

LA PRETENSIÓN PROCESAL DESAPARECE CON POSTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN DE LA RELACIÓN PROCESAL POR CAUSAS SOBREVINIENTES

LA PRETENSIÓN PROCESAL DESAPARECE ANTES DE LA EMISIÓN DE SENTENCIA

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

ANEXO 01

OBJETO Y ALCANCES DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL

OBJETO DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL

José María Pacori Cari *

Artículo 1. Objeto de la ley

Comentario

Modelo de informe legal sobre aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades

Antecedentes

Base legal

Análisis

Conclusión

MODELO DE SOLICITUD DE REBELDÍA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MODELO DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PROCESO CIVIL

MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN FINAL POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO

MODELO DE DEMANDA DE ALIMENTOS PARA HIJO MAYOR DE EDAD

LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)

José María Pacori Cari*

MARCO NORMATIVO

INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO

TÉRMINO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO

PLAZO DE CÓMPUTO EN AÑOS

¿QUÉ ES EL AÑO CALENDARIO?

CÓMPUTO DE FECHA A FECHA

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE INCREMENTOS REMUNERATIVOS PARA LOS TRABAJADORES CAS

¿Existe la prohibición de incorporar beneficios que afecten o desnaturalicen los conceptos propios del régimen laboral de contratación administrativa de servicios (CAS) del Decreto Legislativo 1057?

¿Son materia negociable las condiciones económicas que soliciten los trabajadores CAS?

¿Existen conceptos propios en el régimen laboral CAS?

¿Qué condiciones económicas pueden negociar los trabajadores CAS?

¿Existe una escala remunerativa en el régimen laboral CAS?

¿Qué es interpretar derechos laborales de un régimen determinado para otro régimen laboral?

¿Cuándo se incluyen materias pactadas a nivel centralizado?

Conclusiones

Referencias

MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 276 – LEY 31131

MODELO DE SOLICITUD DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN FONAHPU

MODELO DE SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO

MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN EN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO FISCAL ANTE LA ANC-MP

MODELO DE RECLAMACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE MULTA TRIBUTARIA

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO

DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO