Reflexión en el Congreso

Cuestionamientos públicos de Congresistas a febrero de 2012

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 17 Feb 2012 12:02:14 PST

Reflexión Democrática pone a disposición de la ciudadanía la relación de los cuestionamientos realizados a los Congresistas de la República que han sido difundidos a través de los principales medios de comunicación hasta el 16 de febrero de 2012.
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Límite a la propiedad agraria: chiste repetido (y no fue gracioso la primera vez)*

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 14 Feb 2012 07:51:31 PST

Por: Óscar Súmar A., profesor e investigador a tiempo completo en la Universidad del Pacífico

Nuevamente se ha puesto sobre el tapete el tema del límite a la propiedad agraria, gracias a propuestas de ley presentadas en el Congreso. Dichas propuestas tienen más o menos la misma estructura y el mismo sustento. La idea es que una sola persona o “grupo económico” solo pueda contar con 20 mil hectáreas aproximadamente, con variaciones dependiendo del proyecto que se mire. El tema tiene larga data, pero nos exoneraremos de un recuento, redirigiéndolos aquí.

Foto: archivo El Comercio

La propuesta tiene dos justificaciones formales: lograr la “seguridad” alimentaria y redistribuir (ver explicación de uno de sus propulsores aquí y al mismo congresista en un interesante debate con Fernando Cilloniz aquí). Hasta aquí, cabe preguntarnos, ¿es posible lograr alguno de estos fines por medio de una norma con estas características?

i) En relación a la seguridad alimentaria: no se ve una conexión entre una cosa y otra. Sea que los terrenos tengan más de 20 mil hectáreas o no, nada impide que los agricultores puedan exportar lo que producen. En todo caso, si el objeto de la norma es éste, una manera más directa y clara de lograrlo sería prohibiendo la exportación. Claramente, no se propone esto porque no sería “políticamente viable” y chocaría incluso más fuertemente con consideraciones de eficiencia y derechos constitucionales como la libertad de empresa.

Por otro lado, el poner límites a la agricultura, tampoco hará que las tierras “sobrantes” sean compradas por otros agricultores, sino que podrían ser compradas por personas que se dediquen a cualquier otra industria, reduciendo, mas bien, la cantidad de alimentos producidos en Perú.

ii) En relación a la redistribución: ¿es verdad que limitar la propiedad de la tierra le dará más acceso a personas pobres? Esto es completamente errado, el limitar la propiedad podría tener un efecto en el precio (probablemente reduciéndolo), pero eso no quiere decir que las personas más pobres van a tener acceso a ellos. Las personas pobres no tienen suficientes recursos para comprar terrenos de 1, 10 o 19 mil hectáreas. Habría que refrescarles a estos congresistas las definiciones de “pobreza” y “pobreza extrema”.

A quienes sí se perjudicaría, mas bien, es a trabajadores de empresas agrícolas que se vean –a su vez- perjudicadas con esta norma y a dueños de tierras que verán limitadas sus opciones de venta. Esto sin tomar en cuenta el impacto que una norma como ésta pueda tener en el precio de productos agrícolas, afectando a los consumidores de dichos productos.

¿Hay algún argumento de eficiencia posible?: control de fusiones

He escuchado y leído un argumento que trata de equiparar una norma como ésta al control de fusiones, una norma con la cual por lo menos un grupo de economistas ha sido particularmente indulgente. Más allá de nuestra opinión acerca de una ley de control de fusiones, en este caso queremos destacar la impertinencia de la analogía que se intenta hacer.

Una norma de control de fusiones tiene como fundamento evitar la concentración de poder de mercado. El poder de mercado no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. Que una empresa sea grande o chiquita es relativo y no nos dice mucho acerca de su poder en el mercado. Una norma de control de fusiones no le dice a las empresas: “no puedes tener más de X trabajadores” o “más de X máquinas” o “tus plantas no pueden tener más de X m2”. Por el contrario, la norma bajo comentario sí impone límites a los insumos para la producción, independientemente del poder de mercado de la empresa.

Actualmente, la mayoría de nuestra legislación de libre competencia se refiere a “abusos” de la posición de dominio (lo que implica que no se prohíbe la posición de dominio per se). El control de fusiones no sanciona, pero sí previene la obtención de poder de mercado, como un mecanismo –nuevamente- preventivo, contra su abuso. Una norma como la limitación de insumos de producción va incluso un paso más atrás, simplemente dificultando el crecimiento de las empresas, independientemente de consideraciones acerca de su poder relativo en el mercado.

¿A quién beneficia esta norma?

Es relativamente fácil ser suspicaz acerca de una norma tan alejada de sus propósitos formales y que –por si fuera poco- de manera más o menos clara tiene como finalidad impedir el crecimiento de empresas. ¿Quién es el interesado en limitar el crecimiento de las empresas agrícolas (o de alguna empresa agrícola en particular)? Habría que mirar detenidamente el mercado peruano y seguramente tendremos más pistas en relación a esto. Las sospechas ya han sido expresadas en otros medios. Si éstas fuesen fundadas, pues debería darle vergüenza a estos congresistas argumentar acerca de las bondades de esta ley, pese a que un análisis superficial nos dice que ésta no tiene mayor sustento.

* El presente artículo ha sido reproducido con autorización del autor. Fue publicado originalmente en el blog "El Cristal Roto".

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El contexto del mercado laboral peruano a propósito de la presentación del proyecto de ley general del trabajo

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 14 Feb 2012 07:54:05 PST

Nuestro mercado laboral[1]

En 1997, el mercado laboral peruano se caracterizaba por un bajo desempleo abierto, una amplia informalidad y una concentración del empleo en sectores de baja productividad. Entre dicho año y 2002, los indicadores del mercado laboral se deterioraron a medida que el crecimiento se desaceleraba considerablemente. Sin embargo, la situación del mercado laboral se revirtió sustancialmente con el auge económico producido a partir de 2002.

Pero, a pesar de dicho auge, el Perú continua enfrentando importantes retos estructurales en materia laboral:

Una baja productividad del trabajo: una de las más bajas en latinoamérica.
Una alta informalidad: entre el 70 y 80% de los trabajadores son informales.
Un lento crecimiento del salario real: este ha crecido con mayor lentitud que en otros países.

Los bajos niveles de productividad laboral están relacionados con el limitado avance efectuado en el cambio de la estructura del empleo (bajo nivel de capital humano) y a una enorme informalidad. En cuanto al salario real, este se incrementó en apenas 4% entre 1997 y 2008. Lo desalentador es que, si no se da un cambio de políticas, es probable que dichas debilidades se mantengan a pesar de que continúe el periodo de auge.

En consecuencia, el reto peruano, además de generar suficiente empleo, es mejorar la calidad de este: generar trabajo formal, bien remunerado y de alta productividad. Para ello, como adelantamos, se necesitan políticas correctas, principalmente en tres aspectos: (i) la mejora del

capital humano; (ii) la regulación del mercado laboral, y; (iii) la eliminación de las trabas burocráticas.

En cuanto a la mejora del capital humano; como complemento de las políticas que promueven el crecimiento económico se debe procurar mejorar la formación de capacidades de la fuerza laboral a través de una mejor educación (escuelas, centros de formación superior y universidades), una capacitación relevante y de alta calidad. El Estado puedo lograr esto a través del suministro directo de servicios educativos o de capacitación, o brindando un entorno que incentive a que el sector privado lo haga.

En lo que toca a la regulación del mercado laboral; se debe tener en cuenta que si la misma es adecuada puede facilitar la transición a una mayor formalidad, una mejor productividad del trabajo y un crecimiento más sólido del salario.

Sin embargo, la regulación laboral peruana es sumamente rígida, sobre todo en lo que toca a los costos laborales no salariales (representan casi el 60% del salario bruto, siendo de los más altos de Latinoamérica) y el excesivo costo del despido. Esto condiciona a que se genere empleo de menor calidad (promueven la informalidad) y a que se suprima el crecimiento de los sueldos.

La experiencia internacional indica que regulaciones excesivas o rígidas, que van más allá de lo que trabajadores y empresas están dispuestos a pagar, brindará una sólida protección a algunos de los primeros, pero excluirá a la mayoría que posee trabajos informales o están en el desempleo, así se termina perjudicando a la mayor parte de personas en edad de trabajar.

En consecuencia, es una tarea pendiente hacer reformas en las normas laborales para reducir la rigidez de la misma y propiciar así la creación de empleo formal, es decir, empleo de calidad.

Con respecto a la eliminación de trabas burocráticas; las políticas de Estado deben enfocarse en crear un entorno regulador que favorezca la creación de empresas, su adaptación a las cambiantes circunstancias económicas y les facilite el aprovechamiento de nuevas oportunidades para invertir. Ello revertirá en la generación de trabajos productivos en el sector formal así como en la generación de los ingresos para el Estado a través de sus rentas por concepto del cobro de tributos.

El proyecto de ley general del trabajo (PLGT)

Como se puede advertir de todo lo señalado líneas arriba, es necesario que el Estado realice reformas idóneas para superar las deficiencias de nuestro mercado laboral. Sin embargo, el nuevo PLGT iría en sentido opuesto ya que, de acuerdo con los especialistas, contiene postulados que incrementarán la rigidez laboral como por ejemplo: el incremento del tope de la indemnización por despido, el incremento de las causas por las que un despido puede ser declarado nulo y ser sancionado con la reposición del trabajador, la restricción para la utilización de contratos temporales, la conminación para que desaparezcan los regímenes laborales especiales (que destacan por su flexibilidad), entre otras.

No dudamos de la buena voluntad de los propulsores del PLGT, no obstante, no han tenido en cuenta el hecho de que una mayor rigidez de nuestra regulación laboral solo beneficiará a unos pocos trabajadores, aproximadamente el 20%, mientras que condenará a la mayoría de trabajadores, el 80%, a la informalidad laboral (sin el goce de ningún derecho o beneficio) o al desempleo.

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[1] La mayor parte de ideas y contenido de este apartado han sido extraídas de: El Mercado laboral peruano durante el auge y caída. Estudio de país del Banco Mundial. Informe Núm. 50915-PE. 2010.

Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTPERUINSPANISH/Resources/El_Mercado_Laboral_Peruano_durante_auge_y_caida.pdf

Conozca cómo votaron los Congresistas en noviembre y diciembre de 2011

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 14 Feb 2012 07:54:55 PST

Reflexión Democrática, en su tarea de promover la transparencia en nuestro Congreso, pone a disposición de la ciudadanía la votación de cada uno de nuestros parlamentarios en el Pleno del Congreso durante los meses de noviembre y diciembre.

Vea las votaciones de noviembre aquí.

Vea las votaciones de diciembre aquí.

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Cuestionamientos públicos a congresistas

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 14 Feb 2012 07:55:37 PST

En el siguiente documento podrá acceder a nuestro segundo recuento y resumen de los cuestionamientos a los congresistas de la República, del período 2011-2016, difundidos a través de los principales medios de comunicación del país, actualizado al 14 de diciembre de 2011.

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¿Qué normas ha aprobado el Congreso entre julio y diciembre de 2011?

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 14 Feb 2012 07:57:55 PST

Entre el 28 de julio y el 6 de diciembre de 2011, el Congreso de la República ha aprobado 30 normas legales o con rango legal: 17 leyes, 9 resoluciones legislativas y 4 resoluciones legislativas del Congreso. Dichas normas han tenido su origen en 46 iniciativas legislativas presentadas al Congreso.

En cuanto a su incidencia en la economía o las actividades económicas, ni las resoluciones legislativas ni las resoluciones legislativas del Congreso la poseen. En contraste, 8 de las 17 leyes aprobadas y promulgadas tienen alguna incidencia en las actividades económicas. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las leyes y también el impacto que las mismas tendrían para el desarrollo del país.

Para finalizar, en los siguientes cuadros damos cuenta de las Resoluciones Legislativas y las Resoluciones Legislativas del Congreso que han sido aprobadas por nuestro Parlamento.

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Conozca cómo votaron los congresistas en el mes de octubre de 2011

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 14 Feb 2012 07:56:58 PST

Ud. puede ver el documento con las votaciones aquí.

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Primer concurso nacional "Presenta un proyecto de ley"

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 14 Feb 2012 07:58:16 PST

El segundo vicepresidente del Congreso de la República, Yehude Simon Munaro, anunció en conferencia de prensa la realización del primer concurso nacional “Presenta un Proyecto de Ley", dirigido a estudiantes universitarios y de institutos superiores de todo el Perú.

Si estas interesado en participar: encuentra más información y las bases o requisitos del concurso en nuestra web haciendo clic aquí.

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Cuestionamientos públicos a congresistas

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Mon, 21 Nov 2011 09:24:14 PST

Acceda a nuestro documento completo aquí.

¿Se debe modificar el régimen laboral agrario?

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Mon, 14 Nov 2011 13:12:50 PST

1. El régimen laboral agrario

La Ley 27360, aprobada en el año 2000, se dio con la finalidad de promover el desarrollo del sector agrario, para ello, a la vez que estableció un régimen tributario especial, estableció un régimen laboral particular para dicho sector.

Las características de este régimen laboral, que estará vigente hasta diciembre de 2021, son las siguientes:

Quienes pueden utilizar el régimen laboral agrario son: (i) las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas (con excepción de la industria forestal) y (ii) las que realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la Provincia de Lima y la Constitucional del Callao (con excepción de las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza).

Se trata de un régimen de derechos laborales “base”

Si bien el régimen laboral agrario concede menores beneficios laborales para los trabajadores que el régimen laboral común, ello es así porque busca reducir los costos de contratación de personal para las empresas, con la finalidad de hacerlas más competitivas, pero, a la vez, persigue incentivar la generación de empleo formal en el sector, es decir, empleo con derechos laborales básicos para los trabajadores.

Pero, además, se debe tener en cuenta que las normas del régimen laboral agrario, que otorgan derechos a los trabajadores, son mínimos de derecho necesario relativo. Es decir, establecen una gama de derechos laborales susceptibles de ser mejorados previo acuerdo entre empleadores y trabajadores o unilateralmente por parte de los primeros. Así, por ejemplo: el régimen contempla quince días de vacaciones, pero nada impide que, a través de un acuerdo, se otorgue un periodo vacacional más amplio.

2. Los proyectos de ley que plantean modificar el régimen laboral agrario

En el Congreso actual se han presentado cuatro iniciativas legislativas dirigidas a modificar el régimen laboral agrario, se trata de los proyectos de ley 104, 139, 141 y 282 [1]. Mientras el segundo plantea la derogatoria del referido régimen, los otros tres plantean su modificación casi total, proponiendo: el establecimiento la remuneración mínima vital – RMV del régimen laboral general, el pago de gratificaciones y CTS separados de la remuneración diaria, el goce de 30 días de vacaciones y el incremento de la indemnización por despido injustificado, entre otras. Si estas prosperan, el régimen laboral agrario quedaría prácticamente suprimido.

3. Consideraciones sobre el régimen laboral agrario

Este régimen ha tenido varios cuestionamientos desde su nacimiento. Inclusive, se presentó una demanda pidiendo su supresión por "inconstitucional". Pero, precisamente, aquella dio lugar a que el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución, al rechazar la demanda por infundada, califique al referido régimen como plenamente legítimo.

En aquella oportunidad el TC argumentó:

“(…) la emisión de una legislación especial y excepcional se impone ante la singular naturaleza del sector agrícola, como medio idóneo para promover el empleo de forma progresiva en este sector de la economía”[2].

Asimismo, señaló que el régimen laboral agrario persigue un fin constitucionalmente legítimo y que teniendo en cuenta disposiciones constitucionales, tales como: “El trabajo es un deber y un derecho (...)” (artículo 22); “(...) El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo. (...)” (artículo 23); “(...), el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, (...)” (artículo 58); y “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. (...)” (artículo 88); entonces, a través del régimen laboral agrario:

“(…) el Estado Social y Democrático de Derecho, cumple un rol de fomento y promoción del empleo productivo como parte del progreso social y económico encomendado; esto es promover el acceso a un puesto de trabajo (como parte del contenido esencial del derecho al trabajo), reconociéndose además la necesidad de apoyo estatal preferente al sector agrario para su desarrollo”.

En suma, de acuerdo con lo señalado por el TC, la legitimidad del régimen laboral se basa en que se le considera una herramienta útil para promover el desarrollo del sector agrícola y la creación de empleo en el mismo. Pero, ¿ello ha sucedido?

Las cifras señalan resultados positivos en el sector agrario

Desde 2000, año en que se estableció el régimen laboral agrario, los resultados han sido sumamente positivos en el agro, lo que se ha reflejado en el incremento de nuestras exportaciones agrícolas tradicionales y agropecuarias no tradicionales (manufacturadas).

Fuente: BCRP / Elaboración: Reflexión Democrática

En efecto, si en 2000 nuestras exportaciones agrícolas tradicionales eran de US $ 248.9 millones y las agropecuarias no tradicionales ascendían a US $ 394 millones, en 2010 alcanzan los US $ 974.9 millones y los US $ 2,190 millones, respectivamente.

Fuente: BCRP / Elaboración: Reflexión Democrática

Pero, no solo ha existido un incremento de la exportación, sino que, como muestra el cuadro adjunto, también se dado un incremento de la producción agrícola que ha pasado de S/. 10,729 millones en 2000 a S/. 15,695 en 2010.

Y, en lo que concierne a la generación de empleo, las cifras antes descritas se han traducido en miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. Por ejemplo, en el sector agroexportador se estima que, actualmente, no menos de un cuarto de millón de personas se encuentras empleadas de manera directa[3]. Pero, además, se calcula que en el país 3.5 millones de personas trabajan en la actividad agrícola (aunque un buen porcentaje de esta se dedica a la agricultura de sobrevivencia: el minifundio).

Pero ¿Se respetan los derechos laborales previstos en el régimen laboral agrario?

Como hemos advertido, el sector agrario ha mostrado un gran crecimiento, sin embargo, de acuerdo a un estudio publicado en 2009[4], las normas laborales del régimen agrario no son cumplidas a cabalidad, sobre todo por las micro y pequeñas empresas (MYPES) del sector.

En efecto, de acuerdo con el cuadro adjunto, las referidas MYPES emplean informalmente (sin contrato) a más del 90% de su personal. Ello provoca que solo un mínimo de sus trabajadores accedan a los derechos que otorga el régimen laboral agrario, por ejemplo, solo alrededor del 9% de aquellos cuenta con protección social en salud (ESSALUD) y previsional (aportes para obtener pensiones de jubilación).

Del lado de la mediana y gran empresa existe un cumplimiento mucho mayor, pero la contratación informal de personal es elevada y llega, aproximadamente, al 33 y 18% en caso de jóvenes y adultos, respectivamente; así, un porcentaje similar de aquel no accede a los derechos laborales del régimen agrario.

Y ¿Por qué la contratación informal de trabajadores es tan alta?

La contratación informal de trabajadores es una decisión que adoptan los empleadores basada en la comparación entre los costos de la formalidad frente a los de la informalidad: contratan informalmente si es menos caro que contratar de manera formal[5]:

Así, en el régimen laboral agrario, mientras más elevados sean los costos no salariales, beneficios y derechos que las normas otorgan a los trabajadores, y menor sea la labor de fiscalización sobre el cumplimiento de las mismas por parte del Estado, mayor será el nivel de informalidad y, por lo tanto, el de desprotección de los trabajadores.

Por ello, no es extraño que en las MYPES agrarias la informalidad laboral sea mayor: son quienes tienen menor capacidad económica para contratar formalmente a sus trabajadores y asumir los costos de ello y, a la vez, es más difícil detectarlas, precisamente, por lo informal de sus actividades.

La adecuación de derechos laborales y una mayor fiscalización

Conforme a lo anterior, cualquier modificación que se pretenda realizar al régimen laboral agrario debe evaluarse cuidadosamente porque si ello incrementa los costos laborales puede generar mayor informalidad en el sector, perjudicando enormemente a los trabajadores, quienes verían anulados sus derechos.

Además, otro motivo para evaluar con cuidado una modificación al citado régimen laboral es la pérdida de competitividad como consecuencia de un incremento de los costos de producción por el aumento de los costos laborales. Ello, podría provocar una menor exportación y la disminución del consumo de nuestros productos agrícolas y también que invertir en el sector agrícola sea menos atractivo al disminuir su rentabilidad. Lo primero ocasionaría la pérdida de puestos trabajo (porque al producir menos se reduce la necesidad de mano de obra); lo segundo, que se dejen de crear puestos de trabajo formales.

Entonces, una reforma del referido régimen debería buscar otorgar beneficios laborales que persigan la formalización de la contratación laboral y la conservación de la competitividad del sector agrícola, a la vez que el bienestar de los trabajadores. Y, además, un probable reforma debe buscar facilitar la fiscalización por parte del Estado para que se respeten los derechos y beneficios laborales que se otorguen.

¿Qué efectos podría tener la reforma del régimen laboral agrario planteada por los proyectos ley?

Los proyectos de ley, buscan otorgar mayores derechos y beneficios a los trabajadores del sector agrario, en ese aspecto la intención es buena. No obstante, no evalúan que aquellos, al incrementar los costos laborales, podrían terminar perjudicando a los trabajadores.

Ello, porque esos mayores beneficios significan un incremento de costos laborales para las empresas lo que, como hemos visto, puede generar, o bien la contratación informal de personal, con lo cual los trabajadores verían suprimidos sus derechos laborales, o bien la disminución de la competitividad del sector, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Así, propuestas legislativas que, a primera vista, parecerían favorecer a los trabajadores en último instancia los estarían perjudicando al dejarlos sin empleo o sin el goce de derechos.

[1] Los proyectos de ley 104, 139, 141 y 282 fueron presentados por Concertación Parlamentaria, Gana Perú, Alianza Parlamentaria y el Grupo Fujimorista, respectivamente.

[2] Fundamento 78 de la sentencia del TC del expediente núm. 00027-2006-PI.

Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00027-2006-AI.html

Fundamentos 76 y 77 de la sentencia del TC del expediente núm. 00027-2006-PI.

Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00027-2006-AI.html

[3] CHACALATANA, Juan. Jóvenes en la agroexportación peruana. COPLA y Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). 2009.

[4] Ibíd.

[5] BARCO, Daniel y VARGAS, Paola. El Perfil del Trabajador Informal y el Retorno de la Educación. Banco Central de Reserva (BCRP). Mayo, 2010.

En: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2010/Documento-de-Trabajo-04-2010.pdf

La función de control político y las acusaciones constitucionales

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 28 Oct 2011 17:05:13 PDT

El Congreso de la República tiene entre sus funciones la de control político[1]. Para realizar esta última y efectivamente ejercer control sobre los actos y decisiones del Gobierno, aquel cuenta con distintos mecanismos de supervisión: la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación y la censura ministerial, la cuestión de confianza, los pedidos de información y la estación de preguntas.

Pero, adicionalmente, a estas encontramos otra manera de fiscalizar el comportamiento y acciones de altos funcionarios del Estado: el procedimiento de acusación constitucional, a través del cual se realiza el antejuicio político a aquellos.

Se trata de la primera etapa de un proceso que podría comprometer a un alto funcionario del Estadocon una sanción de destitución e inclusive ser sometido a un proceso penal en instancias judiciales.

De acuerdo al artículo 99 de la Constitución Política del Perú, pueden presentarse acusaciones constitucionales en contra de: el Presidente de la República; los Congresistas; los Ministros de Estado; los miembros del Tribunal Constitucional; los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; los vocales de la Corte Suprema; los fiscales supremos; el Defensor del Pueblo y el Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Solo por poner un ejemplo, recientemente este mecanismo de control político fue activado en contra del congresista y segundo Vicepresidente, Omar Chehade, tras las acusaciones presentadas en los medios de comunicación respecto a la reunión con altos mandos policiales, que vinculan a aquel con la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias para interceder a favor de un grupo empresarial y ejecutar un desalojo en la Azucarera Andahuasi.

¿Qué sucede con estas acusaciones constitucionales? ¿Qué órganos están encargados de procesarlas y emitir una respuesta? Y, por supuesto, ¿bajo qué criterios lo hacen?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

El órgano del Congreso con mayor participación a lo largo del procedimiento de acusación constitucional es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (la Subcomisión, en adelante).

El número de integrantes de la Subcomisión y su conformación se establecen de acuerdo a criterios de pluralidad y proporcionalidad (tomando como base a los grupos parlamentarios) y son designados por la Comisión Permanente del Congreso.

Actualmente, la Subcomisión cuenta con doce integrantes y es presidida por Víctor Andrés García Belaunde, legislador de la bancada Alianza Parlamentaria. Los otros once miembros son:

Omar Chehade - Nacionalista Gana Perú
Ana Solórzano - Nacionalista Gana Perú
Víctor Isla- Nacionalista Gana Perú
Martín Rivas - Nacionalista Gana Perú
Rolando Reátegui – Grupo Parlamentario Fujimorista
Pedro Spadaro – Grupo Parlamentario Fujimorista.
Segundo Tapia – Grupo Parlamentario Fujimorista
Fernando Andrade - Alianza Parlamentaria
María Pérez Tello - Alianza por el Gran Cambio
José Luna - Solidaridad Nacional
Javier Velásquez - Concertación Parlamentaria

El procedimiento que sigue una acusación constitucional

El procedimiento de acusación constitucional, de acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, se desarrolla observando las siguientes reglas:

Las denuncias son por escrito y pueden ser presentadas por: los Congresistas (con excepción de los integrantes de la Subcomisión), el Fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada[2].

Las denuncias son derivadas a la Subcomisión para la calificación sobre su admisibilidad y/o procedencia, la que se debe realizar en un plazo máximo de diez días hábiles, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian, (ii) que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal, (iii) que a la persona denunciada le corresponda la prerrogativa funcional del antejuicio[3].

Las denuncias calificadas improcedentes se archivan. Las declaradas inadmisibles son notificadas al denunciante para que subsane las omisiones en no más de tres días hábiles (si no lo hace la denuncia será archivada, dejando a salvo el derecho). Además, las denuncias por delitos de acción privada son declaradas inadmisibles de plano. Por otra parte, los informes que contengan la calificación positiva de admisibilidad y procedencia de una denuncia constitucional, deben indicar, si se estima pertinente, la posibilidad de acumulación con alguna denuncia que se encuentre en estado de investigación.

La Subcomisión presenta su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Esta aprueba, sobre la base de aquel y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo en el que la Subcomisión debe realizar la investigación y presentar su informe, el cual no puede ser mayor de quince días hábiles (prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez). Excepcionalmente, se puede fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales[4].

La Subcomisión realiza su función conforme al siguiente procedimiento:

Recibido el informe, el Presidente de la Comisión Permanente ordena la distribución entre sus miembros y convoca a una sesión de la misma (la que no se realiza antes de los dos días útiles siguientes).

Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional se vota previo debate. En ambos casos el expediente se remite al archivo. Si, por el contrario, se propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debate el informe y se vota, pronunciándose sobre la acusación ante aquel.

Si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su Presidente, a efecto de que sustente el informe y formule acusación ante el Pleno del Congreso.

Aprobada la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo del Congreso decide la fecha, la hora, así como las reglas a aplicarse en el debate de la acusación constitucional.

Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la Subcomisión Acusadora y el debate, el Pleno vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno debate y vota si se suspende o no al Congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva.

El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación.

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los dos tercios del número de miembros del Congreso. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata.

Si un Congresista solicita, como consecuencia de la pluralidad de denunciados, que una acusación sea votada por separado, el Presidente debe acceder a su petición.

Los acuerdos del Pleno, que ponen fin al procedimiento, sobre acusación constitucional o juicio político, deben constar en Resolución del Congreso.

El expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal de la Nación, quien procede conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.

Durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, el denunciado puede ser asistido o representado por abogado. El debate de la acusación constitucional ante el Pleno no se suspende por la inasistencia injustificada, calificada por la Mesa Directiva, del acusado o su defensor. En esta eventualidad y previa verificación de los actos procesales que acrediten la debida notificación al acusado y su defensor, se debe debatir y votar la acusación constitucional.

Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia.

En caso de existir nueva denuncia que tenga relación con una que es materia de investigación, la Comisión Permanente, al momento de notificar a la Subcomisión sobre el plazo de la investigación, le debe comunicar –sobre la base de su informe de calificación– del acuerdo aprobatorio de acumulación, en cuyo caso la Comisión Permanente podrá prorrogar el plazo de investigación.

[1] Para conocer un poco más sobre estas 5 diferentes funciones de nuestro Parlamento, ver este artículo disponible en el portal web de Reflexión Democrática.

[2] Las denuncias deben contener: nombre del denunciante y su domicilio procesal, de ser el caso; fundamentos de hecho y de derecho; documentos que la sustenten o la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren; fecha de presentación; firma del denunciante o denunciantes; copia simple del documento oficial de identificación del denunciante, en caso de que la denuncia no provenga de Congresista o del Fiscal de la Nación.

[3] Otros criterios son los siguientes: (i) que hayan sido formuladas por persona capaz, por sí o mediante representante debidamente acreditado (ii) que el delito denunciado no haya prescrito y (iii) que se hayan cumplido los requisito formales señalados en la nota a pie de página precedente.

[4] El plazo antes referido se computa a partir del día siguiente de la sesión en la que el pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente.

La inmunidad parlamentaria en el Perú

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 14 Feb 2012 08:04:35 PST

La inmunidad parlamentaria se encuentra prevista en el último párrafo del artículo 93 de la Constitución Política el Perú, que precisa que los Congresistas:

“No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente (…) a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución, la inmunidad parlamentaria es una garantía procesal penal de carácter político atribuida a los congresistas que impide que sean detenidos y procesados penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento. Ello, con el fin de evitar detenciones o procesos penales que, sobre razones estrictamente políticas, pretendan perturbar el normal funcionamiento del Congreso o alterar su conformación (1).

Entonces, de acuerdo con el TC, la finalidad de la inmunidad parlamentaria está destinada fundamentalmente a la constitución y funcionamiento del Congreso, por ello, no se la puede considerar como un derecho o prerrogativa individual de los congresistas, sino como una garantía institucional que protege la función congresal y al propio Parlamento (2).

Características de la inmunidad parlamentaria en el Perú

Inmunidad de proceso y arresto

La inmunidad parlamentaria incluye dos aspectos de protección: inmunidad de arresto y de proceso, las cuales impiden que un congresista pueda ser sometido a un proceso judicial penal o ser apresado sin aprobación de Congreso (con las excepciones arriba referidas). Así la inmunidad no impide que se les investigue, por ejemplo, en el ámbito policial o de la fiscalía.

Restringida al ámbito penal

El Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, señala expresamente, en su artículo 16, que:

“La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra (…)”.

Así, la garantía institucional de la inmunidad parlamentaria es legítima cuando a un congresista se le pretenda someter a un proceso penal y respecto a delitos comunes (3). En consecuencia, aquella no protege a los parlamentarios ante procesos civiles, laborales, etc.

Límites temporales

Un primer límite temporal es el prescrito en el artículo 16 del Reglamento del Congreso que señala que la inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra:

“(…) procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden”.

Así, cualquier persona con procesos penales iniciados no puede evadirlos si eventualmente es elegida congresista con posterioridad a su inicio.

Un segundo límite temporal lo constituye el periodo durante el cual los congresistas no pueden ser procesados ni apresados. Este periodo va desde el momento que son elegidos (es decir, cuando el Jurado Nacional de Elecciones – JNE declara oficialmente a los congresistas electos) hasta un mes después de que los Parlamentarios cesan en sus funciones.

El procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria

Para que a un Congresista se le levante la inmunidad parlamentaria y pueda ser procesado penalmente y/o apresado por delitos cometidos con posterioridad a su elección, es necesario seguir el procedimiento establecido en el artículo 16 del Reglamento del Congreso, el mismo que resumimos a continuación:

La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice a tramitar un proceso penal en contra de un congresista se fórmula por una Comisión conformada por Vocales Titulares de la Corte Suprema de Justicia designada por su Sala Plena. Aquella evalúa que la solicitud de levantamiento de fuero se presente al Congreso acompañada de una copia autenticada de los actuados, tanto en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos delitos en los que estaría involucrado el congresista. Dicho informe se presenta por escrito, acompañado de la solicitud de levantamiento de fuero, al Congreso de la República.
Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la pone en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, compuesta por cinco congresistas elegidos por el Pleno del Congreso, con el voto de la mitad más uno de su número legal.
La Comisión, sin referirse al fondo del asunto, tiene un plazo de cuatro días útiles para admitir la solicitud de levantamiento de inmunidad o, según sea el caso, pedir a la Corte Suprema de Justicia que se subsanen los defectos o vicios procesales de dicha solicitud y sus anexos. La Comisión evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria.
Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisión convoca a sesión dentro de los tres días hábiles siguientes y cita al congresista para que ejerza personalmente su derecho de defensa. Se señalarán dos fechas con intervalo de un día para el ejercicio del derecho de defensa del parlamentario, su inasistencia no suspende el procedimiento. En el supuesto que el congresista se allane por escrito al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la Comisión dictaminará, en un plazo máximo de tres días hábiles siguientes al allanamiento, aprobándolo o rechazándolo.
La Comisión dictamina en un plazo máximo de quince días útiles, contados a partir del día siguiente de la realización de la sesión en la que se citó al congresista denunciado para su defensa.
Dentro de los dos días hábiles de emitido el dictamen por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del Congreso lo consignará en la Agenda del Pleno de la sesión siguiente a la fecha de su recepción a fin de someterlo al debate y votación correspondiente, la cual podrá realizarse en la misma sesión o a más tardar en la subsiguiente, a criterio del Presidente del Congreso.

Además, el congresista aludido en la solicitud de levantamiento de la inmunidad tiene derecho a utilizar la palabra hasta por 60 minutos en su defensa, en cualquiera de las instancias; recibir oportunamente el dictamen respectivo y la transcripción de las intervenciones que realice; así como ser asistido por un letrado.

El levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno del número legal de congresistas y lo resuelto es comunicado a la Corte Suprema de Justicia.

Visite nuestra web: www.reflexiondemocratica.org.pe

(1) Ver fundamento 5 de la sentencia del TC del expediente núm. 0006-2003-AI/TC.

En: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00006-2003-AI.html

(2) Ver fundamento 15 de la sentencia del TC del expediente núm. 0026-2006-PI/TC.

En: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00026-2006-AI.html

(3) Decimos delitos comunes porque para los delitos de función (aquellos que se cometen en ejercicio de sus funciones) existe un procedimiento especial: la acusación constitucional.

Debate sobre la moratoria a los transgénicos

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 21 Oct 2011 08:57:54 PDT

El último martes el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso con el propósito de aplicar una moratoria por diez años al ingreso y producción en el territorio nacional de Organismos Vivos Modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza. Esta iniciativa se suma a los cuatro proyectos de ley que sobre este tema han sido propuestos en el actual período parlamentario.

En el marco de esta coyuntura, compartimos con ustedes la entrevista que el periodista Jaime de Althaus realizó el 13 de octubre a Luis De Stefano, biólogo que actualmente se desempeña como coordinador de la Maestría en Políticas de Gestión en Ciencia, Tecnología e Inversiones de la Universidad Cayetano Heredia, y a Jaime Delgado, congresista de Gana Perú y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso.

Cada uno de los entrevistados representa a un polo del debate: Jaime Delgado plantea que nuestro mayor interés debería recaer en conservar nuestra biodiversidad y que en las actuales condiciones –tecnológicas e institucionales- el ingreso de semillas transgénicas constituiría un riesgo pues no podríamos evitar la contaminación genética.

Por su parte, Luis De Stefano sostiene que no existe incompatibilidad entre la producción orgánica y la de productos genéricos, y que la moratoria al ingreso y producción de OVM está basada fundamentalmente en planteamientos emocionales pero no en argumentos científicos. Afirma que prescindir de los transgénicos sería perder una enorme oportunidad para mejorar la productividad y potenciar tanto los productos de exportación como de consumo interno.

El debate profundiza en las recientes polémicas en torno a la productividad y eficiencia en los cultivos –mayores cantidades, más resistentes y menor uso de plaguicidas-, así como la presente incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo de la liberación o no del uso de semillas transgénicas.

Conozca cómo votaron los congresistas en el mes de setiembre de 2011

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Thu, 20 Oct 2011 14:10:52 PDT

Para acceder a la versión más completa y nítida del documento haga clic en la imagen o aquí.

El Congreso y la moratoria a los transgénicos

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 18 Oct 2011 15:13:38 PDT

En lo que va del actual periodo anual parlamentario 2011-2012 (que inició en julio 2011) se han presentado al Congreso de la República cuatro proyectos de ley que giran en torno al tema de los transgénicos: sobre la moratoria al ingreso al territorio nacional de Organismos Vivos Modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, o de cualquier índole, excluyendo a algunos casos –dependiendo del proyecto-.

Conozcamos más sobre el contenido de estos proyectos para poder opinar informados y conociendo qué apartados los diferencian. A continuación, les presentamos los enlaces a los expedientes digitales de los proyectos:

· Proyecto de Ley 00005/2011-CR (aún en comisión):

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/610629930eba3ce6052578e100803fec/$FILE/00005.pdf

Presentado por el Grupo Alianza Parlamentaria (Yonhy Lescano Ancieta , Manuel Merino De Lama, Juan César Castagnino Lema, Marco Tulio Falconi Picardo, MesÍas Antonio Guevara Amasifuen, Casio Faustino Huaire Chuquichaico y MarÍa Del Carmen Omonte Durand) en agosto de este año, propone declarar una moratoria de 15 años al ingreso al país de los OVM a ser liberados en el ambiente.

· Proyecto de Ley 00013/2011-CR (aún en comisión):

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf

Presentado por el Grupo Nacionalista Gana Perú (Tomás Martín Zamudio Briceño, Víctor Isla Rojas, Juan Donato Pari Choquecota, Martín Amado Rivas Texeira, Teofilo Gamarra Saldivar y Jorge Antonio Rimarachín Cabrera) también en agosto de este año, propone declarar una moratoria de 15 años al ingreso al país de los OVM con fines de cultivo y/o crianza, o de cualquier índole, incluidos los organismos acuáticos a ser liberados en el ambiente.

· Proyecto de ley 00170/2011-CR (aún en comisión):

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf

Presentado por el Grupo Nacionalista Gana Perú (Jaime Ricardo Delgado Zegarra, Fredy Rolando Otárola Peñaranda, Martín Amado Rivas Texeira, Javier Diez Canseco Cisneros, Leonidas Huayama Neira, Verónika Fanny Mendoza Frisch, Agustín Molina Martinez, Ana María Solórzano Flores, César Elmer Yrupailla Montes y Manuel Salvador Zerillo Bazalar) también en agosto de este año, propone declarar una moratoria 10 años que impida el ingreso al territorio nacional y/o liberación al ambiente de OVM.

· Proyecto de Ley 00233/2011-CR (aún en comisión):

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf

Presentado por el Grupo Fujimorista (Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, Eduardo Felipe Cabrera Ganoza, Francisco Ccama Layme, Ramón Kobashigawa Kobashigawa, María Magdalena López Córdova, Rofilio Neyra Huamani, Octavio Edilberto Salazar Miranda y Antonio Medina Ortiz) en setiembre de este año, propone declarar una moratoria de 3 años al ingreso y/o uso de OVM en el territorio nacional para fines de cultivo o crianza.

Cabe recordar que en junio de este año, después de un debate que trascendió el Legislativo, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que establecía la moratoria de diez años para el ingreso de los OVM al territorio nacional. Sin embargo, el 6 de julio el gobierno anterior observó dicha autógrafa porque consideraba que un plazo de cinco años sería suficiente para la capacitación técnica que se exige. Asimismo, señalaba que “la autógrafa de ley contenía serias contradicciones con algunos tratados internacionales suscritos por el Perú, y pone en riesgo la ejecución de diversas actividades científicas, el desarrollo competitivo y moderno del sector agropecuario y el acceso a fármacos de origen biotecnológico que afectaría la salud de nuestros conciudadanos”.

Debido a que esto sucedió al cierre del período del Parlamento anterior, el tema no pudo ser visto por dichos legisladores.

La actual representación tendrá la responsabilidad de tomar una decisión al respecto, y al momento las nuevas iniciativas legislativas (o replica de los proyectos anteriores) viene siendo revisadas y debatidas por la Comisión de Defensa del Consumidor (que ya aprobó un dictamen) y la Comisión Agraria. Desde acá invocamos que prevalezca el debate técnico sobre el político en aras de que producto de estas discusiones, y se establezca el marco adecuado que beneficie al país en su conjunto.

Una reflexión en torno a la importancia del Código y Comisión de Ética Parlamentaria

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Thu, 13 Oct 2011 15:48:54 PDT

Casi tres meses después de instalado el nuevo Congreso de la República ha sido suficiente para que los ciudadanos observemos a través de los medios de comunicación una variada lista de denuncias en contra de nuestros recién electos representantes en el Parlamento. Las más llamativas involucran a nueve congresistas que presuntamente habrían cometido faltas, tales como haber mentido u ocultado información en sus hojas de vida, promover la minería informal, o tener vínculos con el narcotráfico y el proxenetismo[1]. Si bien los medios de comunicación afirman que se trata de casos que violan el código de ética de los parlamentarios, sabemos verdaderamente en qué consiste y cuáles son los alcances de este Código de Ética Parlamentaria.

El Código de Ética Parlamentaria forma parte del Reglamento del Congreso de la República y su incumplimiento da lugar a sanciones concretas contempladas en el mismo. Este código es básicamente un parámetro con el cual medir la actuación de los representantes del pueblo en el Parlamento. Enumera sus deberes - ser ejemplo de vocación de servicio al país y compromiso con los valores que inspiran al Estado Democrático de Derecho- y los principios de independencia –dentro de la lealtad al grupo político al que pertenezca-, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia bajo los cuales deben trabajar.

Con esto lo que busca es declarar expresamente la labor esperada de los congresistas y la vara con la cual será evaluado su desempeño. De esta forma busca prevenir las faltas contra la ética parlamentaria y, más concretamente, establecer los mecanismos de investigación y sanción a los legisladores que se valgan de sus cargos para enriquecerse, contravengan la ética parlamentaria o incurran en actos de corrupción.

El objetivo de este código es entonces precisamente establecer normas sobre la conducta que los congresistas deben tener en el desempeño de su cargo–dentro y fuera del Parlamento -. A pesar de lo imposible que pueda parecer, lo que motiva la creación de este código es preservar una imagen correcta del Congreso ante el país y asegurar la transparencia en la administración de los fondos que le son confiados. Ambas tareas parecen titánicas y es difícil creer que un código pueda conseguirlas por sí solo.

Por ello, el Congreso de la República, además de este código, cuenta con la Comisión de Ética Parlamentaria. Este grupo de trabajo es el brazo operativo que requiere el código para verdaderamente ser puesto en práctica. Los parlamentarios de esta comisión son precisamente los encargados de resolver en primera instancia las denuncias que se formulen en contra de los parlamentarios y prevenir actos contrarios a la ética del parlamentario[2].

La Comisión de Ética está integrada por siete congresistas, propuestos por el Presidente del Congreso al Pleno, cuyo mandato dura dos años y que pueden ser reelectos consecutivamente una sola vez. Hace pocos días fueron designados los nuevos miembros de esta comisión, los cuales trabajarán conjuntamente durante todo el bienio 2011-2013. Así, respetando las normas establecidas por el Reglamento, el martes 11 de octubre se ratificó el nombramiento del congresista Humberto Lay Sun (Alianza por el Gran Cambio) como Presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, que está integrada además por Jaime Valencia Quiroz (Nacionalista), Sergio Tejada Galindo (Nacionalista), Juan Díaz Dios (Fujimorista), Juan Castagnino Lema (Alianza Parlamentaria), Michael Urtecho Medina (Solidaridad Nacional) y Mauricio Mulder Bedoya (Concertación Parlamentaria).

La Comisión de Ética tiene enfrente un gran reto frente a los numerosos casos que tendrá que revisar, y la ciudadanía estará atenta y expectante del trabajo que llevará adelante, el cual se espera sea desarrollado con la independencia necesaria que garanticen el cumplimiento irrestricto de las normas.

Y si bien sabemos del peso que esta comisión lleva sobre sus hombros, tenemos la misma sensación de cuál es el procedimiento que sigue cada uno de los casos que deben ser visto por este grupo de trabajo, es decir, cómo se reciben y trabajan las denuncias que vemos aparecer cotidianamente en contra de los congresistas.

La Comisión de Ética Parlamentaria es informada periódicamente de las denuncias que han sido presentadas contra los parlamentarios, pero éstas solo son investigadas por la comisión luego de verificar que cumplan los requisitos del Reglamento de la comisión. Las denuncias pueden ser presentadas por uno o varios congresistas, o por cualquier persona natural o jurídica afectada por la conducta del congresista; sin embargo, los miembros de la comisión no pueden formularlas. Y así como no pueden formular denuncias, también deben abstenerse de conocer e intervenir en aquellos casos en que tengan interés directo o indirecto en el resultado de la denuncia.

Imponer las sanciones no es tampoco una tarea sencilla, las cuales varían de acuerdo a la gravedad de la falta. Estas van desde una recomendación pública, amonestación escrita pública o amonestación escrita pública con multa, hasta la recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta 120 días de legislatura.

De igual manera, el Código señala también que en caso que la falta sancionada, a juicio de la comisión, presente indicios de la comisión de un delito o de una infracción constitucional, se informará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para los fines de ley.

Las expectativas son altas, la población espera que este Congreso sea mejor que el anterior, pero para creer que esto es verdaderamente posible se necesitarán de señales claras de imposición de las sanciones correspondientes de acuerdo a este código, es decir, mano dura con los parlamentarios sin distinción y, sobre todo, independencia en la investigación y decisión final de las denuncias interpuestas. Pues lo único que se pide es eliminar definitivamente aquella práctica que dice: otorongo no come otorongo.

[1] Tomado del artículo Nueve congresistas rumbo al desafuero en menos de 2 meses del 26 de setiembre de este año, publicado en el Diario Perú21.

[2] Tomado del artículo 35 de la Sección I del Reglamento del Congreso de la República.

Cuestionamientos públicos a congresistas

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 07 Oct 2011 13:54:29 PDT

En el siguiente documento podrá acceder al recuento y resumen de los cuestionamientos a los congresistas de la República, del período 2011-2016, difundidos a través de los principales medios de comunicación del país, actualizado al 4 de octubre de 2011.

http://www.reflexiondemocratica.org.pe/documentos/CASOS%20DE%20CUESTIONAMIENTOS%20A%20CONGRESISTAS_AL_04.10.11.pdf

Relaciones entre el BCR con el Ejecutivo y el Congreso de la República*

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 07 Oct 2011 10:56:59 PDT

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) es una persona jurídica de derecho público que posee autonomía dentro del marco de su ley orgánica. Su finalidad es preservar la estabilidad monetaria y, para ello, tiene entre sus funciones: la regulación de la moneda y el crédito del sistema financiero, la administración de las reservas internacionales a su cargo, entre otras.

La más alta autoridad institucional del BCR es su directorio. Este es quien determina las políticas para cumplir con la finalidad del banco y es responsable de la dirección general de las actividades que la institución lleva a cabo.

El directorio está conformado por siete miembros que son nombrados por un período de cinco años. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República intervienen en la designación de los directores, el primero nombra al presidente y a tres directores más, mientras que el segundo ratifica la designación del presidente y nombra a los tres directores restantes.

Los requisitos para ser nombrado director del BCR son: ser peruano, tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas.

Ahora bien, la composición del Directorio debe renovarse a partir del 28 de julio del año en que hay elecciones generales y necesariamente dentro de los treinta primeros días de iniciada la primera legislatura ordinaria, plazo que rige tanto para la designación y ratificación del presidente del banco como para la designación del resto de directores.

Por otra parte, los directores pueden renunciar a sus cargos en cualquier momento y también pueden ser removidos de sus cargos por decisión del Congreso de la República siempre que hayan cometido un delito o una falta grave. En caso de renuncia, deben permanecer en el cargo hasta que se elija al reemplazante. Los nuevos directores, designados para reemplazar a los renunciantes o a los removidos, solo pueden completar el periodo constitucional correspondiente, o sea, completaran el periodo de cinco iniciado por sus antecesores.

Los nuevos directores en el nuevo periodo constitucional de gobierno

Como el último 28 de julio se inicio un nuevo periodo constitucional luego de elecciones generales, el directorio del BCR debe ser ratificado o, en su defecto, deben nombrarse nuevos miembros. En este contexto fue que, el último lunes, el Poder Ejecutivo ratificó a Julio Velarde Flores como Presidente del Directorio del BCR, y designó a tres nuevos directores.

José David Gallardo Ku: economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ex miembro del grupo técnico de Perú Posible y actualmente profesor y coordinador de la maestría en economía de la PUCP.
Jaime Félix Serida Nishimura: ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y PhD en Management Information Systems, University of Minnesota; es profesor del área de operaciones y tecnologías de información y decano de la Universidad ESAN.
Luis Alberto Arias Minaya: economista por la PUCP y máster en economía por el London School of Economics and Political Science; ha sido jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y actualmente se desempeña como profesor del área de contabilidad, finanzas y economía de la Universidad de ESAN (1).

Habiéndose designado a cuatro miembros del directorio del BCR, se encuentra pendiente aún el nombramiento de tres, tarea que, como señalamos líneas arriba, le corresponde al Congreso de la República.

* La información contenida en el presente post ha sido extraída de la Constitución Política del Perú y de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú (Ley 26123)

(1) Información tomada del artículo "Conozca a los nuevos integrantes del directorio del BCR" del Diario La República: http://www.larepublica.pe/03-10-2011/conozca-los-nuevos-integrantes-del-directorio-del-bcr.

Algunos apuntes para legislar correctamente contra la violencia en el fútbol

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 07 Oct 2011 10:17:56 PDT

Los incidentes violentos desatados en el Estadio Monumental (con ocasión de un partido de fútbol) que provocaron la muerte de una persona han generado que la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades políticas concentren su atención en la problemática de la violencia en el fútbol, para ser más precisos: en los actos de violencia generados por algunos asistentes a los partidos de fútbol.

No obstante, este problema no es nuevo e, inclusive, actualmente existe una ley dirigida a “controlar y combatir” dichos actos violentos y en el Congreso anterior existió una iniciativa para “reformar” dicho marco legal.

1. La Ley de Seguridad y Tranquilidad Pública en Espectáculos Deportivos (Ley 26830)

Esta ley fue promulgada en julio de 1997 y entre sus disposiciones principales destacan:

La obligación de los clubes o asociaciones deportivas establecidas bajo cualquier forma societaria a empadronar y otorgar un carné a sus barristas, consignando sus datos de identidad, domicilio, ocupación y/o profesión de cada miembro, todo ello dentro del plazo de 120 días útiles, desde la publicación de la ley.

La obligación de los organizadores de los espectáculos deportivos a determinar en los escenarios deportivos la ubicación de cada una de las barras, en sectores separados, claramente delimitados, a las cuales solo podrán ingresar los integrantes de éstas, previa exhibición del boleto de entrada y el carné.

La prohibición del ingreso a escenarios o recintos en los que se desarrollen espectáculos deportivos de: (i) todo tipo de bebidas alcohólicas y de personas en estado de ebriedad o con alteración de su conciencia por efecto de cualquier droga, químico o estupefaciente, (ii) personas con indumentarias, o cualquier tipo de disfraz que limiten su adecuada identificación, (iii) personas que porten cualquier tipo de objeto contundente, arma blanca o de fuego.

El establecimiento de responsabilidad solidaria a los clubes o asociaciones deportivas que incumplan las obligaciones que les impone la ley por los daños materiales que ocasionen los integrantes de sus barras.

El incremento de la sanción para los delitos cometidos con ocasión de espectáculos deportivos hasta en un 50% más del máximo de pena que les corresponderían conforme al Código Penal y, en caso de faltas, la aplicación de la pena máxima fijada para la infracción cometida.

La aplicación de penas accesorias: la inhabilitación hasta por quince años para ser representante o dirigente de un club o asociación deportiva, la inhabilitación, por el mismo tiempo que el de la condena penal, para asociarse a un club o asociación deportiva o para integrar una barra. Si se trata de un menor de edad se pueden imponer medidas como la prestación de servicios en beneficio de la comunidad (no más de doce meses, pero además, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela del menor infractor será civilmente responsable de los perjuicios que este cause.

La sanción con prestación de servicios comunitarios y limitación de días libres de veinte a cuarenta jornadas a las personas que, sin autorización, porten artefactos pirotécnicos o similares en un espectáculo deportivo.

Esta ley ha fracasado en su cometido de controlar la violencia en el fútbol básicamente por tres razones: (i) por incidir solamente sobre las llamadas barras, a las que la ley define como “aquel grupo de personas asociadas a un club o asociación deportiva debidamente empadronado, para alentar durante el desarrollo de un espectáculo deportivo, al club o asociación deportiva al que pertenezca”, (ii) por concentrarse en controlar la violencia únicamente en los recintos deportivos como si la violencia de los aficionados y barristas solo se produjera en estos y sus alrededores, y (iii) por la poca voluntad e indiferencia de las autoridades y el resto de actores involucrados en cumplir y hacer cumplir la ley.

Ejemplos del incumplimiento de la ley lo constituyen:

El tardío y lento empadronamiento y entrega de carné a barristas: si bien debió iniciarse en 1997, este procedimiento recién comenzó once años más tarde (2009), pero no por convicción de las autoridades o los dirigentes de los equipos de fútbol, sino a raíz de la cobertura mediática que tuvo la muerte de una estudiante a causa de un grupo de pandilleros que se dirigía al estadio a presenciar un encuentro de fútbol. Sin embargo, aún persiste el incumplimiento, pues el empadronamiento se viene realizando de manera lenta (los barristas empadronados son una minoría) y sigue sin exigirse el carné a los barristas para ingresar a los estadios.

La no separación de las barras en sectores claramente delimitados: de acuerdo con la ley los integrantes de las barras deben estar separados de los aficionados comunes, sin embargo, se puede comprobar fácilmente que no solo no son separados sino que ~~que~~, inclusive, existen partidos de fútbol en los que las barras de equipos contrarios comparten un mismo sector o tribuna de los estadios.

Pero aún si la ley se cumpliera a cabalidad, no sería efectiva contra la violencia producida por quienes concurren a los estadios a presenciar partidos de fútbol. La norma no toma en cuenta que los actos violentos pueden producirse no solo por el accionar de los barristas, sino también por los asistentes comunes (que son la mayoría) o aquellos que se infiltran en las barras o fungen como integrantes de estas a quienes para no caer en el alcance de la ley solo les bastaría no empadronarse. Asimismo, la ley no considera que muchos (en algunos casos, la mayoría) de los actos violentos y de pandillaje se producen en varios puntos de las ciudades con ocasión de un partido de fútbol.

2. El proyecto de ley contra la violencia en los espectáculos deportivos profesionales

Esta iniciativa se desarrolló en el Congreso anterior y ha sido reactualizada por el actual (1). Sin embargo, la misma no crea, al igual que la Ley 26830, un marco legal idóneo para combatir la violencia en el fútbol, solo introduce algunas novedades al marco legal vigente insuficientes para hacer efectiva las sanciones que pretende introducir a los clubes de fútbol y a los barristas o aficionados comunes que acuden a los estadios. Entre las novedades consignadas destacan:

La obligatoriedad de habilitar cámaras de video vigilancia que monitoreen a los asistentes a espectáculos deportivos.

El uso de medidores de grado de alcohol a cargo de la PNP (se seleccionarán aleatoriamente a las personas que pasarán por los mismos).

La obligatoriedad de que los escenarios deportivos cuenten con asientos numerados visibles y que las entradas también sean numeradas.

La obligación de implementar un sistema de seguro para espectadores.

La creación de un registro de barristas actualizado anualmente a cargo de los clubes deportivos profesionales.

El establecimiento de sanciones económicas a los clubes deportivos profesionales que incumplan las medidas adoptadas por la ley. Las sanciones van de 1 a 50 UIT (actualmente esas sanciones estarían entre S/. 3,600 y S/. 180,000).

La suspensión de los derechos de los barristas entre seis meses y cinco años (derechos que el club deportivo establece) si estos infringen la ley.

El impedimento de acceso a los escenarios deportivos a los espectadores que infrinjan la ley, el mismo sería entre seis y 24 meses.

La responsabilidad solidaria del club deportivo por los daños materiales y personales que puedan producir sus barristas en el espectáculo deportivo.

A nuestro criterio, la inefectividad de algunas de las medidas descritas tendría fundamento en lo siguiente:

La sanción económica que se le impondría a los clubes no sería un adecuado incentivo para que cumplan la ley porque la mayoría de ellos (sobre todo los que cuentan con un mayor número de aficionados) se caracterizan precisamente por no cumplir con sus obligaciones. Han tenido y tienen un manejo económico irresponsable y producto de ello están agobiados por deudas de todo tipo, las cuales se incrementan cada año (SUNAT, AFP, jugadores y ex jugadores de fútbol, trabajadores, etc.).

En cuanto a la suspensión de los derechos de los barristas (por ejemplo: entradas gratuitas), no sería plenamente efectiva porque si se les inhabilita como tales pueden acudir a los estadios como aficionados comunes, pagando su entrada, y de esta manera seguir cometiendo actos violentos dentro de las instalaciones deportivas, en sus inmediaciones y en el trayecto hacia las mismas.

Con respecto al impedimento de acceso a los escenarios deportivos a los espectadores que infrinjan la ley, es decir, que generen disturbios o cometan otras infracciones, la propuesta no señala nada respecto de cómo se hará efectiva dicha sanción.

En cuanto a la responsabilidad solidaria y al seguro para espectadores, sucedería lo mismo que con la sanción económica, es decir, los clubes solo acumularán más deudas.

3. Medidas que deberían considerarse para legislar contra la violencia en el fútbol de manera efectiva

Legislar especialmente para el fútbol

Para establecer medidas efectivas contra la violencia en el fútbol se debería, en primer lugar, legislar especialmente para esta actividad, debido a que en nuestro país esta es la única disciplina deportiva que genera grandes movilizaciones y concentraciones de gente, que en muchos casos, impulsados por el fanatismo o escudándose tras ello, son susceptibles de degenerar en actos de violencia, y de manera reiterativa. Así, se evitará tener normas demasiado rígidas para actividades deportivas que no las necesitan.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la violencia en el fútbol no solo la provocan los barristas, que la misma ocurre no solo en los estadios y sus alrededores sino en diferentes sectores de las ciudades y que es necesario que las medidas que se implanten para combatirla se cumplan sean efectivas, se hace necesaria la adopción de medidas drásticas que involucren principalmente a quienes acuden a los estadios, pero también a los clubes o sociedades anónimas que poseen equipos de fútbol. Dos medidas que se podrían evaluar serían las siguientes:

a. La prohibición del ingreso a los estadios de los aficionados con antecedentes de violencia o disturbios.

Se podría implementar un “registro de aficionados con antecedentes de violencia o disturbios” (pertenezcan o no a las barras, sean mayores o menores de edad a partir de los 12 años) en el que se incluya e identifique con nombre y DNI a todo aquel que provoque hechos violentos, de pandillaje, de robo, entre otros, tanto dentro como fuera del estadio (sin importar la cercanía al escenario deportivo, porque precisamente la mayoría de actos vandálicos se producen en zonas alejadas del estadio, sobre todo en Lima). Se trataría de un registro administrativo a cargo del IPD o de la Federación Peruana de Fútbol. Así, quienes estén incluidos en dicho registro no podrán ingresar a los estadios por cierta cantidad de tiempo, de acuerdo a la gravedad de la conducta, pudiendo imponerse hasta una sanción de por vida si existe reiteración.

Para controlar que se cumpla esta sanción deberá establecerse la obligación a los aficionados de presentar su DNI (integren o no una barra) al momento de adquirir una entrada para un partido de fútbol y, también, al momento de ingresar a los estadios; que incluiría a los menores de edad que ya pueden contar con DNI (ó implementar un “carné de aficionado”). Complementariamente, se debería prohibir, en determinadas situaciones, la venta de entradas en los estadios el mismo día que se juegue un partido de fútbol. Para estos propósitos, los escenarios deportivos deben ser dotados de los mecanismos de control adecuados que permitan identificar a los aficionados incluidos en el referido registro (usando la tecnología existente) y también para evitar fraudes, falsificaciones, así como aglomeraciones e incomodidad entre los asistentes.

Las acciones referidas, además de impedir que a los estadios de fútbol y sus alrededores concurran personas con antecedentes de violencia o pandillaje, también desincentivarían que aquellos aficionados violentos se reúnan en los diferentes puntos de las ciudades con la intención de acudir a los estadios porque, con anticipación, sabrán que no tendrán acceso al mismo y, de esta manera, se reducirían los actos vandálicos y delincuenciales que con ocasión de un partido de fútbol se producen en lugares ajenos al estadio y sus alrededores.

Si bien algunas de las acciones referidas podrían generar un importante costo económico que tendrían que asumir los clubes o empresas con equipos de fútbol profesional, el mismo podría contar con apoyo del Estado, debido a que una de sus principales funciones es velar por la seguridad (considerando además que, con excepción de dos estadios, todas las instalaciones deportivas en los que se realizan los partidos de fútbol profesional le pertenecen). En tal sentido, el Estado podría establecer algunas excepciones tributarias (por ejemplo, a los cubes deudores del Fisco podría canjeárseles partes de la deuda) a cambio de las mejoras en condiciones de seguridad en los estadios y la reducción efectiva de la violencia en las calles con ocasión de un partido de fútbol.

Si bien se podría argumentar que sería discriminador financiar a clubes que ni siquiera pagan sus impuestos, se debe tener en cuenta todos los costos que se ahorrarían la sociedad si se logra erradicar o disminuir al mínimo la violencia en las calles y en los estadios con ocasión de un partido el fútbol.

Sin embargo, este tipo de medidas deben ser debidamente analizadas para no generar desincentivos entre los clubes o contribuyentes que cumplan sus obligaciones con el Fisco y tampoco un aprovechamiento indebido de las mismas, y encontrar el equilibrio en el que la sociedad sea la favorecida.

b. Sanción a los clubes o empresas que posean un equipo de fútbol profesional

A efectos de que los clubes y empresas con equipos de fútbol profesional cumplan con todas las medidas de seguridad y correctivas que les impongan las autoridades estatales, se podría crear una “licencia especial para organizar partidos de fútbol”, la cual será necesaria para organizar eventos deportivos con público. Esta licencia sería otorgada a los clubes y empresas que cumplan escrupulosamente con los requerimientos de las autoridades y se le negará o suprimirá a aquellos que incumplan con dichos requerimientos. De esta manera los clubes se preocuparían por obtener y mantener la licencia porque de lo contrario perderían los ingresos que obtienen por la asistencia del público a los partidos de fútbol.

4. El caso de Inglaterra

Es conocida la eficacia de los sucesivos gobiernos ingleses en el control de los aficionados violentos conocidos como: hooligans. Por ello, a continuación presentamos algunas de las medidas vigentes en ese país (2).

Las órdenes de prohibición y las restricciones de viaje: son aquellas que adopta una corte de justicia como pena en un proceso penal o a solicitud de la policía para prohibir que una persona asista a un partido de fútbol tanto dentro del Reino Unido como en el extranjero. Son emitidas y administradas por un organismo nacional, el “Football Banning Orders Authority at the National Criminal Intelligence Service” (NCIS) por delitos contra el orden público y delitos raciales, embriaguez, reventa y/o venta ilegal de entradas, posesión de armas, entonación de cantos racistas o indecentes yendo hacia el estadio o dentro de él, comportamientos amenazantes y cualquier intento, conspiración o la incitación a cometer cualquiera de los delitos mencionado.

Detención y Arresto: la policía tiene el derecho de detener y registrar a toda persona que se encuentra afuera de la cancha si tienen "sospechas razonables” de que ha cometido un delito, o si un oficial de alto rango considera que es probable la participación de dicha persona en un incidente de violencia grave registrado en la zona aledaña al estadio. También la policía está autorizada a prohibir la permanencia de una persona en un área específica por más de 48 horas, siempre que tuviere razones y evidencias que justifiquen su medida.

Bebidas y drogas: no se permite llevar alcohol a un partido de fútbol y también es un delito estar alcoholizado o bajo influencia de las drogas en el campo de juego.

Cánticos: es un delito entonar cánticos ofensivos o racistas.

Comisarios Deportivos – Stewards: la mayoría de los clubes contrata personal de seguridad entrenado y capacitado para el control y el manejo de multitudes. Ellos tienen la facultad de detener a los ciudadanos y entregarlos a las autoridades competentes.

British Transport Police: Los hinchas de fútbol viajan habitualmente en el transporte público (trenes o buses) por lo que se ha tenido que reforzar la seguridad en estos lugares. La British Transport Police es quien se encarga de la seguridad dentro del sistema ferroviario del Reino Unido.

1. Ver el proyecto de ley en: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/8187f608125faf14052578bc00580a87/09db71118cb490d20525791b0071ddd0?OpenDocument

2. Este listado aparece en el siguiente estudio: “Fútbol, seguridad ciudadana y Derechos Humanos. Claves para el análisis de la violencia en el deporte más popular del mundo”, trabajo realizado en Argentina por María Eugenia Ullman y María Erriest, el mismo que fue auspiciado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y derecho Humanos de Argentina.

Conociendo el proceso anual para aprobar la Ley de Presupuesto

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 30 Sep 2011 09:33:44 PDT

Hace pocas semanas fuimos testigos de parte del proceso que anualmente deben llevar a cabo los poderes ejecutivo y legislativo para aprobar la Ley de Presupuesto del Sector Público del próximo año. El debate y aprobación de la misma, al no referirse a materia común, cuenta con una serie de reglas especiales (1).

El proceso inicia cuando el Poder Ejecutivo presenta al Congreso de la República los proyectos de ley: (i) de Presupuesto, (ii) de Endeudamiento y (iii) de Equilibrio Financiero del Presupuesto (2). De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Ejecutivo tiene como fecha límite para presentar estos proyectos el 30 de agosto de cada año.

Luego de dicha presentación, y dentro de las 48 horas, el Presidente del Congreso debe convocar a una sesión extraordinaria para que el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas sustenten dichas iniciativas ante el Pleno. Dicha presentación no debe exceder de 60 minutos, y es seguida de un debate en el que pueden intervenir los voceros de los grupos parlamentarios por un máximo de 20 minutos cada uno. Finalizada la sesión, los proyectos son publicados en el diario oficial El Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Precisamente, el pasado jueves 15 de setiembre el Presidente del Consejo de Ministros y el titular de Economía realizaron la respectiva sustentación ante el Pleno, los proyectos de ley fueron derivados a la Comisión de Presupuesto y los textos publicados –al día siguiente- en el diario El Peruano.

Ya en la Comisión de Presupuesto, los proyectos son analizados en sesiones públicas y se debe elaborar el dictamen que detallará con claridad las prioridades asignadas al gasto público en términos generales y en cada sector. Así, por ejemplo, los proyectos de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2012 se encuentran aún en análisis por la Comisión de Presupuesto.

Después de emitido el dictamen, deberá iniciarse su debate en el Pleno del Congreso el 15 de noviembre. El Presidente de la Comisión de Presupuesto lo sustenta y tras ello, el Presidente del Consejo de Ministros expresa su opinión respecto al dictamen. Posteriormente, el Ministro de Economía y Finanzas sustenta el pliego de ingresos; luego cada uno de los ministros de Estado, el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo hacen uso de la palabra -sin exceder los 30 minutos- para sustentar sus respectivos pliegos de egresos. A continuación, los voceros de los grupos parlamentarios expresan sus opiniones. Por último, al concluir este debate, el Presidente del Consejo de Ministros manifiesta en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de Presupuesto y se procede con la votación.

Se debe tener en cuenta que el proyecto debe ser aprobado con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de los Congresistas presentes (mayoría simple), y enviado al Poder Ejecutivo. Pero, si la autógrafa de ley no es remitida al Ejecutivo antes del 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto enviado por este (3).

[1] Estás reglas especiales para el debate y aprobación de leyes que no se refieren a materia común están detalladas en el artículo 81º del Reglamento del Congreso de la República.

[2] Ver proyectos de ley aquí: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2012 y Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012.

[3] La información sobre el proceso de debate y aprobación del proyecto de la Ley de Presupuesto se encuentra contemplado en el capítulo IV de la Constitución Política del Perú, específicamente en los artículos 78º y 80º.

Informativo Reflexión Democrática núm. 153

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Mon, 26 Sep 2011 14:52:21 PDT

Reflexión Democrática acaba de publicar su Informativo núm. 153, el mismo contiene tres interesantes informes sobre el quehacer del Congreso de la República:

Algunos números que nos dejó el Congreso 2006-2011.
Los primeros proyectos de ley del Congreso: una evaluación preliminar.
Reflexiones sobre el presupuesto del Congreso.

Para acceder al Informativo haga clic aquí.

Sigue la avalancha de proyectos de ley: 51 en siete días!

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Mon, 19 Sep 2011 15:17:17 PDT

Los últimos periodos parlamentarios se han caracterizado por una excesiva producción de proyectos de ley y, también, de leyes, lo cual probablemente ha tenido como incentivo, la errónea idea de que una buena gestión parlamentaria pasa por presentar la mayor cantidad de iniciativas legislativas posibles y por aprobar leyes en masa.

Este Congreso (2011-2016), al parecer, seguirá por esa equivocada senda porque, sin siquiera haberse cumplido los 2 meses de trabajo parlamentario, ya son 227 los proyectos de ley publicados en la página web del Congreso, habiéndose presentado nada menos que 51 iniciativas legislativas en los últimos 7 días. Esta situación es, a todas luces, un exceso.

Al respecto se deben recordar las palabras de Daniel Abugattás, el Presidente del Congreso, al respecto:

“(…) no confundamos la eficacia del parlamento con la producción cuantitativa de leyes, nos acercamos ya a las 30,000 leyes promulgadas; (...). Los resultados de este enfoque saltan a la vista: cada día la distancia entre el Estado y el pueblo es mayor, los ciudadanos sienten que con leyes simbólicas y no sustantivas no se resuelven sus problemas fundamentales”.

Finalmente les presentamos nuestra "Alerta legislativa", en la misma Ud. podrá conocer y acceder a las 51 iniciativas presentadas en la semana precedente, así como los dictámenes aprobados por las comisiones ordinarias del Congreso y las leyes que hayan sido publicadas.

Si Ud. desea recibir gratuitamente la "Alerta legislativa" cada semana, suscríbase sin costo alguno en:

http://www.reflexiondemocratica.org.pe/index.php?option?com_content&view=registro

La votación de los Congresistas en el mes de agosto

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Thu, 15 Sep 2011 14:42:58 PDT

Reflexión Democrática pone a disposición de la opinión pública las votación individual de los Congresistas en agosto de 2011. En el documento adjunto cómo votaron los parlamentarios en temas como: la sanción a la Congresista Martha Chávez, el derecho a la "consulta previa", entre otros.

Importante: la información contenida en este documento corresponde a la que es proporcionada por la página web del Congreso de la República.

Presupuesto del Sector Público 2012

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 09 Sep 2011 16:00:46 PDT

El Poder Ejecutivo remitió hace unos días el proyecto de ley del presupuesto del sector público correspondiente al año 2012. De acuerdo con este documento, el presupuesto previsto para el próximo año será de 95,534 millones de soles, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Este monto es 5% superior al presupuesto de apertura correspondiente al 2011.

Los supuestos considerados por el Ejecutivo para la elaboración del presupuesto para el año 2012 figuran:

Crecimiento real del PBI de 6%

Tipo de cambio promedio anual de S/. 2,75 por dólar.

Variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (inflación) de 2%.

Exportaciones FOB de US$ 46.335 millones

Importaciones FOB de US$ 40.945 millones

Resultado Económico del Sector Público No Financiero de 1% del PBI

Siguiendo con el procedimiento de aprobación del presupuesto, para el jueves15 de setiembre está programada la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, y el ministro de Economía, Miguel Castilla en el Pleno del Congreso de la República para sustentar los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Para visualizar el contenido de los proyectos de ley, así como a su respectiva exposición de motivos, acceder a:

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012

Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2012

Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012

¿Congreso descentralizado? Algunos apuntes respecto al contenido y la forma de la sesión descentralizada del Pleno del Congreso

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 06 Sep 2011 10:38:44 PDT

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, Daniel Abugattás, anunció días atrás que –tal como se había acordado en el Pleno con el voto favorable de 124 legisladores– se realizarán sesiones plenarias del Congreso el 7 y 8 de setiembre de este año en el departamento de Ica. Tras sus declaraciones y la publicación de algunos detalles del diseño para la ejecución de dichas sesiones, el consenso inicial sobre la necesidad de trasladar el Congreso fuera de Lima se diluyó. Así, en los últimos días hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de un debate que gira en torno a la labor de representación del Congreso, las expectativas de la población y la practicidad de esta iniciativa.

Abugattás afirmó que la decisión de movilizar, por dos días, a todo el Congreso de la República hasta el departamento de Ica es justificada porque fortalecería la función de representación que tiene el Parlamento. Ante los cuestionamientos que fueron apareciendo, enfatizó que se trata del primer intento de descentralizar el Congreso y que esta iniciativa abre la posibilidad de que los parlamentarios tengan contacto directo con sus representados y la situación en que ellos viven; en su opinión, sería una manera efectiva de poner, verdaderamente, la política al servicio de los ciudadanos peruanos.

Ica fue el departamento elegido para realizar el plan piloto del Congreso descentralizado pues para los parlamentarios, debido a la situación de ineficiencia y abandono que vivió tras el terremoto de 2007, merece una atención prioritaria. El viaje comprende, además de las dos sesiones plenarias del 7 y 8 de setiembre, 43 audiencias públicas con gobernadores, alcaldes distritales y provinciales, concejales, entre otras autoridades, así como la visita de los congresistas –divididos en grupos de tres– a los 43 distritos de Ica.

Los primeros detractores de la medida cuestionaron la necesidad de trasladar a los 130 miembros del Congreso y sus asesores teniendo en cuenta el enorme trabajo logístico que supondría transportar a tantas personas y el enorme costo económico que ello implicaría. Cabe mencionar que cuando empezaron estas críticas el monto presupuestado era de 300 mil Nuevos Soles, sin embargo, el jueves pasado se manejaba la cifra de 200 y para el día viernes esta se redujo a 130 mil Nuevos Soles. Respecto a este tema, Abugattás respondió, enfáticamente, que el presupuesto original había sido ajustado y aseguró que “no se está gastando ni un centavo adicional a lo que estaba destinado para los gastos de representación” (1). Si bien han aparecido valiosas críticas sobre el aspecto económico y las condiciones en que este viaje se está planificando –tales como las de Javier Diez Canseco o Yehude Simon sobre el alojamiento de los congresistas en Ica–; también hubo cuestionamientos que se alejan de la forma y pasan al fondo de la propuesta.

El congresista Carlos Bruce de la bancada Concertación Parlamentaria señaló en una entrevista para La República que es posible predecir que “las inquietudes de los pobladores no van a estar referidas a legislación, sino más bien a temas materiales concretos como titulación, agua, desagüe, vivienda o agricultura que más bien corresponden al Ejecutivo” (2). En esa misma línea, el ex Presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén sostuvo que el viaje constituye un error pues lo que debería gestionarse es una visita del Consejo de Ministros quienes sí pueden tomar decisiones sobre los problemas que aquejan a Ica. La preocupación de ambos gira en torno a las consecuencias –o falta de ellas– que la movilización del Congreso tendrá para la población iqueña, debido a que si los congresistas no pueden tomar acciones concretas sobre los temas que les presenten el resultado será una suma de expectativas no cubiertas que terminarán por mellar aún más la imagen del Parlamento (3).

De otro lado, esta iniciativa no implica, como en ocasiones ha sido presentada, la descentralización del Congreso de la República, ya que, en estricto, ello significaría el traspaso de la toma de decisión y de algunas funciones a un nivel subnacional. La medida responde –en realidad– a un intento de acercar las autoridades a la ciudadanía para fortalecer la labor de representación del Parlamento: escuchar de primera mano sus preocupaciones para poder a futuro trabajar para atenderlas.

La ruta para conseguir este objetivo aún está a prueba, otras modalidades de acción menos costosas y, quién sabe, más prácticas –como el viaje de la Mesa Directiva o algunas de las comisiones a las diferentes regiones– figuran como opciones. Y, finalmente, si las necesidades de la población de Ica y de las demás regiones son atendidas dependerá de la capacidad de los parlamentarios de trabajar en coordinación con el Ejecutivo –gobierno central, regional y local– en favor de políticas públicas adecuadas y efectivas orientadas a un mayor bienestar de la población.

[1] Ver declaraciones del congresista Abugattás tomadas por el Diario La República (30/08/2011): http://www.larepublica.pe/30-08-2011/abugattas-sobre-pleno-en-ica-cada-congresista-pagara-sus-propios-gastos.

[2] Ver entrevista al congresista Bruce en el Diario La República (31/08/2011): http://www.larepublica.pe/31-08-2011/carlos-bruce-no-es-necesario-que-viajemos-todos

[3] Ver declaraciones del congresista Velásquez Quesquén para el Diario Perú 21 (31/08/2011): http://peru21.pe/impresa/noticia/abugattas-cree-que-esta-descubriendo-polvora/2011-08-31/312386