LIBERTAD SIN MIEDO - Luis Faraco Roldán.

EL FASCISMO SIEMPRE ES EL DE LOS OTROS.

2026-10-25T08:12:26.094+01:00

Durante años, la izquierda nos ha repetido la misma consigna: votadnos, porque si gana la derecha perderéis las pensiones, la sanidad, la educación y hasta los derechos más elementales. El miedo como programa electoral y la amenaza como argumento político.

Pero ahora que la alternancia amenaza con llegar, estamos descubriendo la letra pequeña del contrato.

Algunos de los grandes defensores de la democracia parecen aceptarla con una condición: que el pueblo vote correctamente. Si vota a los suyos, es sabio y soberano. Si vota a otros, está manipulado y necesita que alguien le explique su error. Y si las urnas no les dan la razón, siempre queda la calle.

Ahí aparece la revolución de salón: se aplauden las barricadas ajenas, se justifican los destrozos y se bautiza la violencia como indignación social. Naturalmente, la persiana que baja es la del comerciante; el escaparate que se rompe es el suyo y la factura de la revolución también la paga él.

¡Qué generosidad la de quienes predican la transformación social con el negocio de otro!

Manifestarse es un derecho. Hacer huelga, también. Agredir, saquear e incendiar no son derechos, por mucho que se invoquen la justicia social y las causas más nobles. La violencia no se vuelve legítima porque la ejerzan quienes comparten nuestras ideas. Y mucho menos porque alguien encuentre después una explicación ideológica para justificarla.

La contradicción alcanza su apogeo cuando, después de años gobernando, quienes no han resuelto un problema convocan movilizaciones contra quienes todavía no gobiernan. La vivienda es un ejemplo evidente: se exige a la oposición que solucione lo que el Gobierno no ha conseguido resolver, como si la responsabilidad política fuera siempre propiedad del adversario.

Y todavía quedan los revolucionarios de sofá: los que celebran las barricadas mientras no ardan cerca de su casa, defienden la ocupación mientras no ocupen la suya y aplauden los destrozos siempre que el negocio afectado no sea el propio.

Nos prometieron protegernos de todos los males si votábamos a la izquierda. Olvidaron advertirnos de que algunos de sus predicadores acabarían justificando la intolerancia, la violencia y el desprecio a la voluntad popular cuando las urnas amenazaran sus privilegios.

Porque la democracia no consiste en que gobiernen siempre los nuestros. Consiste en aceptar que pueden gobernar los otros. Y quien pretende corregir por la fuerza la voluntad de los ciudadanos no está defendiendo la democracia: está cuestionando sus reglas.

El fascismo siempre es el de los otros. Ese es precisamente el truco: reservarse el monopolio de la virtud y atribuir al adversario todos los males, incluso aquellos que uno está dispuesto a tolerar cuando los cometen los suyos.

Como nos enseñó George Orwell con su crítica del totalitarismo, el poder también aspira a controlar las palabras con las que juzgamos la realidad. Por eso conviene no confundir las etiquetas con los hechos, ni la propaganda con los principios.

Porque el verdadero demócrata no es quien tolera que ganen los suyos, sino quien respeta que puedan ganar los demás.

Luis Faraco Roldán.

LEY DE NIETOS: EL GOBIERNO DEBE DAR EXPLICACIONES.

2026-10-23T18:12:15.258+02:00

Hay preguntas que un Gobierno no puede despachar con una excusa administrativa. Y hay órdenes judiciales que no pueden quedar subordinadas a la conveniencia política del Ejecutivo. Lo que está ocurriendo con la llamada Ley de Nietos reúne ambas circunstancias.

El Tribunal Supremo ha exigido al Gobierno que identifique a los afectados por las medidas cautelares que ha dictado sobre el censo electoral exterior, con un requerimiento dirigido a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares. El plazo concedido y las advertencias sobre las posibles consecuencias del incumplimiento han elevado el asunto a una dimensión institucional que ya no puede minimizarse.

No estamos ante una discrepancia política más. Estamos ante un tribunal que exige información a la Administración y reclama que sus resoluciones se cumplan.

Una cifra que exige explicaciones.

Desde el principio he considerado que las cifras ofrecidas por el Gobierno merecían un examen mucho más riguroso. No porque pueda afirmarse, sin pruebas, que sean falsas, sino porque el Ejecutivo debe explicar de dónde salen, qué universo de electores comprenden y cómo se ha llegado a determinar que son precisamente 163.020 las personas afectadas.

La transparencia no consiste en ofrecer una cifra exacta. Consiste en hacer posible que esa cifra sea comprobada.

Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. El Gobierno ha cuantificado el colectivo afectado, pero el Supremo reclama la relación nominal de esas personas. El tribunal ha cuestionado que no se le haya facilitado esa información, recordando que ha sido la propia Administración la que ha tramitado los expedientes de nacionalidad.

La pregunta es elemental: si el Estado ha concedido esas nacionalidades, ha inscrito a sus titulares y puede cuantificar el colectivo afectado, ¿por qué no entrega al tribunal la información necesaria para identificarlo?

Si la cifra es correcta, debe poder justificarse documentalmente. Si no lo es, hay que explicar dónde está el error. Lo que no resulta aceptable es que una cuestión de esta trascendencia quede envuelta en cifras cuya composición y metodología no se aclaran suficientemente.

La excusa del tiempo.

El argumento gubernamental es que no hay tiempo material para revisar todos los expedientes antes de las elecciones.

Puede haber dificultades administrativas reales. Pero esa explicación no responde a todas las cuestiones planteadas por el Supremo.

Una cosa es comprobar individualmente si cada solicitante cumple los requisitos legales y otra, muy distinta, identificar a las personas cuyos expedientes ha tramitado la propia Administración.

Confundir ambas operaciones permite presentar cualquier exigencia judicial como una tarea imposible. Y no debería ser así.

La Administración puede solicitar aclaraciones, exponer dificultades y proponer soluciones. Lo que no puede hacer es convertir unilateralmente sus limitaciones organizativas en una dispensa para cumplir una resolución judicial vigente.

La falta de tiempo puede explicar una dificultad. No demuestra, por sí sola, que esa dificultad sea inevitable, que se haya actuado con toda la diligencia exigible ni que resulte imposible cumplir el requerimiento concreto del tribunal.

Treinta y un mil expedientes y solo 91 certificados.

Los datos difundidos sobre la revisión de los expedientes añaden otra incógnita. Según la información publicada, se habían revisado 31.390 expedientes y únicamente 91 habían acreditado el exilio exigido por las medidas cautelares.

Son 91 de 31.390: aproximadamente el 0,29 %.

La cifra llama la atención y exige explicaciones. Pero hay que interpretarla correctamente: no demuestra que los restantes solicitantes hayan obtenido fraudulentamente la nacionalidad ni que carezcan necesariamente de derecho al voto. Se refiere al cumplimiento de un requisito específico en el marco de las medidas cautelares.

Lo que sí obliga a preguntar es cómo se está realizando la revisión, qué documentación existe, qué criterios se aplican y por qué el número de certificados expedidos es tan reducido.

Tampoco puede darse por probado que el número real de afectados sea varias veces superior al comunicado por el Gobierno. Para sostenerlo hacen falta datos contrastables. Precisamente por eso resulta indispensable conocer la relación nominal, la metodología de cálculo y la correspondencia entre los registros administrativos y las cifras presentadas ante el tribunal.

La transparencia no puede ser selectiva: debe alcanzar tanto a los expedientes como a los criterios empleados para clasificarlos.

El Estado de derecho no admite excepciones por conveniencia.

La cuestión de fondo es más importante que cualquier disputa partidista.

El Supremo ha dictado unas medidas cautelares que el Gobierno no ha conseguido levantar. Mientras sigan vigentes, deben cumplirse en sus propios términos. Si el Ejecutivo considera que son desproporcionadas, perjudican derechos fundamentales o resultan materialmente imposibles de ejecutar, dispone de los cauces judiciales para defender su posición.

Pero la Administración no puede sustituir al tribunal en la interpretación de sus propias resoluciones.

Hay dos derechos que deben protegerse: el de los ciudadanos a votar conforme a la ley y el de todos los españoles a que el censo electoral se forme con transparencia, objetividad y garantías. Ninguno se defiende ocultando información ni eludiendo las comprobaciones necesarias.

Tampoco se trata de presumir culpabilidades ni de convertir una controversia jurídica en una condena anticipada. Se trata de exigir explicaciones y responsabilidades políticas por la gestión de un asunto que afecta a la credibilidad de las instituciones.

La nacionalidad española es un derecho cuando se obtiene conforme a la ley. El sufragio es un derecho fundamental. Y la legalidad del censo no puede convertirse en una cuestión secundaria frente a la proximidad de unas elecciones.

Las preguntas siguen en pie.

El Gobierno debe explicar cómo ha calculado la cifra de afectados, por qué no ha entregado la información reclamada por el Supremo y qué actuaciones concretas ha realizado para cumplir las medidas cautelares.

También debe aclarar qué parte del trabajo pendiente consiste en identificar a los electores y qué parte exige comprobar individualmente las circunstancias de cada expediente. Esa distinción es esencial para valorar si las dificultades invocadas son reales, inevitables y suficientes para justificar los retrasos.

El requerimiento judicial constituye una oportunidad para despejar las dudas con documentos, datos y explicaciones verificables. No basta con invocar la complejidad del procedimiento ni con repetir que el calendario electoral aprieta.

Un Gobierno puede discrepar de los tribunales. Puede recurrir sus decisiones. Puede defender su interpretación de la ley. Lo que no puede pretender es que la falta de tiempo cierre las preguntas que tiene la obligación de responder.

Cuando un tribunal pregunta quiénes son los afectados, la Administración debe identificarlos. Cuando exige datos, debe aportarlos. Y cuando dicta una orden, el Gobierno debe cumplirla mientras permanezca vigente.

Eso no es una cuestión de ideología. Es una exigencia elemental del Estado de derecho.

Luis Faraco Roldán.

LOS DUEÑOS DE LA CALLE.

2026-10-22T13:36:03.774+02:00

Encapuchados, comunismo y violencia política contra la libertad democrática

Cuando al adversario se le intenta silenciar por la fuerza, la democracia empieza a perder terreno.

El derecho a hablar no se negocia.

Los incidentes registrados el 21 de octubre durante la visita de Santiago Abascal a A Coruña dejaron una imagen preocupante: enfrentamientos con la Policía, agentes heridos, detenciones y nuevos disturbios al término de las protestas. La movilización contra Vox terminó convirtiéndose, al menos en parte, en un escenario de violencia.

Manifestarse contra un partido es un derecho democrático. Impedir que ese partido se exprese mediante amenazas, agresiones o intimidación es otra cosa. La frontera es inequívoca: la protesta es legítima; la coacción, no.

Quienes se presentan como defensores de la democracia deberían ser los primeros en comprenderlo. Ninguna ideología concede el monopolio de la libertad ni el derecho a decidir qué opciones políticas pueden hablar en público.

La estética de la intimidación.

Rostros cubiertos, vestimenta uniformada, banderas rojas y consignas revolucionarias componen una escenografía que no puede despacharse como un simple detalle estético. Las tradiciones totalitarias, tanto fascistas como comunistas, recurrieron históricamente a símbolos, uniformes y acción colectiva para exhibir fuerza y amedrentar al adversario.

Eso no convierte automáticamente a cada manifestante en un totalitario. Pero tampoco obliga a ignorar el significado político de una movilización cuando una parte de sus participantes recurre a la violencia.

Entre las organizaciones presentes figuraban colectivos de la izquierda radical, como la Coordenadora da Mocidade Socialista. Su trayectoria y sus planteamientos merecen análisis riguroso, sin confundir afinidades ideológicas, genealogías políticas y vínculos orgánicos que deban probarse por separado.

Lo esencial no requiere etiquetas: ningún grupo tiene derecho a imponer por la fuerza quién puede hacer campaña y quién debe abandonar la calle.

«No habrá paz en las calles».

La frase pronunciada por Manuela Bergerot, de Más Madrid, el pasado 8 de octubre —«en las calles de Madrid no va a haber paz»— provocó una polémica. Bergerot negó que se tratara de una amenaza física y sostuvo que se refería a la ausencia de paz social mientras persistiera el problema de la vivienda.

Las palabras deben interpretarse en su contexto. Pero, en un clima de creciente confrontación, quienes tienen responsabilidades políticas deberían medir sus declaraciones. La movilización social es legítima; presentar la calle como un espacio de combate permanente contribuye a degradar la convivencia.

La responsabilidad no consiste en atribuir automáticamente a un dirigente cada acto cometido por sus simpatizantes. Consiste en condenar sin ambigüedades la violencia y evitar discursos que puedan alentar la escalada.

Una huelga en plena precampaña.

Los sindicatos han registrado una huelga general para el 11 de noviembre, dos días antes del comienzo de la campaña electoral prevista para las elecciones del 29 de noviembre. Sus promotores alegan reivindicaciones laborales y relacionadas con la vivienda.

La coincidencia temporal no demuestra por sí sola una operación partidista. Pero hace legítimo preguntar qué papel desempeñará la movilización sindical en un escenario de intensa confrontación política.

La huelga es un derecho. También lo es cuestionar sus objetivos, sus apoyos y sus consecuencias. Lo que no cabe es convertir la protesta social en una patente de corso para intimidar al adversario.

La calle es de todos.

La democracia no se mide por la capacidad de una multitud para llenar una plaza, sino por la libertad de quienes piensan distinto para ocuparla también.

Las autoridades deben garantizar la seguridad de los actos políticos, investigar las agresiones y exigir responsabilidades a quienes hayan cometido delitos. Los organizadores tienen la obligación de rechazar la violencia sin excusas. Y los representantes públicos deben dejar claro que ningún adversario político es un enemigo al que haya que expulsar de la vida pública.

Quienes pretenden presentarse como guardianes de la democracia no pueden reservarse el derecho a decidir quién habla y quién calla.

La calle es de todos. La libertad política también. Y ningún grupo tiene derecho a decidir, mediante la intimidación, quién puede ejercerla.

Luis Faraco Roldán.

SÁNCHEZ: «SI NO ES DE UNA MANERA, SERÁ DE OTRA».

2026-10-21T13:38:40.783+02:00

“Gabilondo, el Constitucional y la estrategia para sobrevivir a una derrota electoral.”

«Si no es de una manera, será de otra». Pedro Sánchez pronunció estas palabras al referirse a la continuidad de su proyecto político durante los próximos cuatro años. Una frase que resume una concepción del poder que merece algo más que una lectura complaciente: la determinación de seguir gobernando incluso cuando las urnas pueden imponer un cambio.

La actuación de Ángel Gabilondo, antiguo ministro socialista y actual Defensor del Pueblo, encaja en este clima de confrontación. Su recurso ante el Tribunal Constitucional contra las medidas cautelares del Supremo relacionadas con el censo de la ley de nietos ha sido inadmitido por prematuro, por diez votos frente a dos. El procedimiento judicial sigue abierto, pero la iniciativa de Gabilondo ha sufrido un revés claro.

¿Qué pretendía? ¿Defender los derechos de los ciudadanos o conseguir que el Constitucional frenara una actuación judicial incómoda para el Gobierno? Su trayectoria socialista y el respaldo parlamentario con el que llegó al cargo hacen legítimo cuestionar políticamente su intervención. La independencia institucional no puede ser una etiqueta que exima a nadie del escrutinio público.

PRIMERA FASE: LA BATALLA POR LAS INSTITUCIONES

La controversia sobre la ley de nietos afecta a la nacionalidad, al censo electoral y a las garantías del derecho de voto. Las dudas sobre su aplicación deben resolverse con documentación y criterios transparentes, no mediante maniobras que conviertan a las instituciones en piezas de una batalla partidista.

El Supremo ha intervenido y el Constitucional ha rechazado, por prematuro, el intento de obtener una respuesta urgente. El episodio demuestra que la disputa sobre la aplicación de una ley puede convertirse en un pulso institucional con consecuencias políticas directas, especialmente cuando está en juego un censo electoral.

SEGUNDA FASE: INCENDIAR LA CALLE

Si el PSOE pierde las elecciones, ¿aceptará el resultado con normalidad o intentará convertir la derrota en una supuesta emergencia democrática?

Mi impresión es que Sánchez no se prepara para abandonar el poder sin combatir. La polarización y la deslegitimación de sus adversarios pueden trasladarse a la calle cuando las instituciones dejan de ofrecer los resultados esperados.

No se trata de cuestionar el derecho a manifestarse, sino de advertir del riesgo de utilizar la movilización como instrumento de presión contra una mayoría salida de las urnas. Una victoria del centro-derecha podría presentarse como una catástrofe política que justificara una resistencia extraordinaria, en lugar de aceptarse como una alternancia democrática.

En ese contexto, las palabras de Sánchez adquieren otro significado: «Si no es de una manera, será de otra». ¿Qué significa ese «de otra» cuando la continuidad de un proyecto político depende de la voluntad de los ciudadanos?

TERCERA FASE: GANAR LAS ELECCIONES Y NO PODER GOBERNAR

La hipótesis más preocupante es que la batalla no termine la noche electoral. Si el centro-derecha obtiene una mayoría legítima, podría comenzar una campaña de deslegitimación, presión callejera y cuestionamiento político destinada a dificultar la acción del nuevo Gobierno.

Recurrir unos resultados cuando existen irregularidades es legítimo. Utilizar los recursos sin fundamento para prolongar el conflicto o negar legitimidad al vencedor sería otra cosa.

No haría falta impedir una investidura. Bastaría con convertir cada decisión del Ejecutivo en una crisis nacional y mantener una presión constante para que la victoria electoral no se tradujera en capacidad efectiva de gobernar.

Esa es la estrategia que temo que Sánchez intente desplegar: conservar su influencia mediante la confrontación institucional y social, aun después de perder el Gobierno.

EL PODER NO ES PROPIEDAD DE NADIE

Sánchez tiene derecho a aspirar a otros cuatro años en la Moncloa. Lo que no puede hacer es dar por descontada su continuidad ni tratar una victoria de sus adversarios como una anomalía que deba combatirse por todos los medios políticos.

Si pierde, tendrá que aceptar la derrota. Si el centro-derecha gana, tendrá derecho a gobernar. El PSOE podrá ejercer una oposición dura, pero dentro de las reglas que obligan a todos.

La verdadera prueba de un dirigente no es cómo ejerce el poder cuando gana, sino cómo acepta perderlo. Porque hay una diferencia esencial entre luchar para ganar unas elecciones y pretender que, si se pierden, el adversario no pueda gobernar con tranquilidad.

Quien no acepta que puede perder el poder acaba intentando perpetuar su influencia allí donde nadie le ha elegido para gobernar.

Luis Faraco Roldán.

LA TRAMPA DE LA LEY DE NIETOS Y LA OPERACIÓN GABILONDO.

2026-10-18T13:33:57.877+02:00

El Gobierno de Pedro Sánchez no puede modificar por la puerta de atrás lo que las Cortes aprobaron por la puerta principal. Sin embargo, eso es lo que está en el centro de la controversia de la ley de nietos: una instrucción administrativa que amplió la interpretación de sus requisitos, un censo exterior cuyo crecimiento exige explicaciones y una Administración que llega a las puertas de las elecciones sin haber resuelto el problema que ahora pretende convertir en una urgencia constitucional.

La protagonista administrativa de aquella decisión tiene nombre y apellidos: Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Fue ella quien firmó el 25 de octubre de 2022 la instrucción que estableció una presunción de exilio para determinados españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. Esa instrucción, publicada en el BOE al día siguiente, está en el origen de una controversia que ha terminado ante el Tribunal Supremo.

El fondo político es grave: una instrucción administrativa no debería ampliar los efectos de una ley más allá de lo aprobado por las Cortes. La interpretación de los requisitos legales corresponde a las instituciones competentes, pero no puede convertirse en una vía para eludir los límites fijados por el legislador. Cuando los tribunales cuestionan sus consecuencias, quienes tomaron las decisiones deben asumir la responsabilidad correspondiente.

Lo que vino después resulta todavía más preocupante. La Administración alegó que no podía revisar los expedientes a tiempo. El Supremo reprochó a la Abogacía del Estado que no hubiera acreditado suficientemente el cumplimiento de sus órdenes y advirtió de que no cabe invocar una imposibilidad material cuando esta depende de la propia Administración.

La gestión de la revisión, la disponibilidad de medios administrativos y consulares y el cumplimiento de los plazos electorales eran responsabilidades públicas previsibles. El Gobierno no puede presentarse ahora como un espectador de una emergencia a cuya formación ha contribuido su propia gestión. Si hubo falta de previsión, debe explicarla; si la interpretación de la ley excedió sus límites, debe justificarla; y si no se atendieron a tiempo las exigencias judiciales, debe asumir las consecuencias.

Y entonces aparece el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo presenta un recurso de amparo y solicita medidas urgentes para revertir la decisión del Supremo antes de las elecciones del 29 de noviembre. Su legitimación legal no se cuestiona por el mero hecho de que los afectados residan en el extranjero. Lo que merece una explicación política es el momento de su intervención y el efecto que se pretende obtener.

La secuencia es elocuente: una interpretación administrativa controvertida, un incremento extraordinario del censo exterior, una resolución judicial que exige comprobar los requisitos, una Administración que no acredita suficientemente el cumplimiento de las órdenes y, finalmente, una intervención urgente que busca alterar los efectos prácticos de esa decisión antes de las elecciones.

Esta coincidencia no demuestra por sí sola que el Gobierno y el Defensor hayan coordinado sus actuaciones. Pero tampoco impide examinar los intereses políticos que convergen en esta operación. El Ejecutivo debe dar cuenta de sus decisiones, de sus omisiones y de las razones por las que se pretende resolver ahora, a contrarreloj, un conflicto que exigía previsión y diligencia.

El problema no es que los descendientes de españoles tengan derechos. Los tienen, y deben ser respetados. El problema es utilizar esos derechos para eludir una cuestión previa: si se han cumplido los requisitos legales y si la Administración ha actuado con el rigor que exige la organización de unas elecciones.

Tampoco es aceptable que la urgencia se convierta en una coartada. La falta de previsión administrativa no concede un derecho a exigir que los tribunales resuelvan de cualquier manera. Quien discrepa de una resolución judicial puede recurrirla, pero no puede convertir la demora administrativa en un argumento automático para desactivar sus efectos.

Si el Gobierno considera que la ley debe tener otro alcance, debe acudir a las Cortes y defender allí su propuesta. Si considera equivocada la interpretación del Supremo, puede utilizar los recursos previstos y argumentar jurídicamente su posición. Lo que no debería hacer es ampliar por vía administrativa lo que corresponde decidir al legislador y pretender después que las consecuencias de esa decisión se resuelvan mediante una intervención extraordinaria de última hora.

La democracia no consiste únicamente en contar votos. Consiste también en respetar las reglas, cumplir las resoluciones judiciales y asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas. El Ejecutivo no está por encima de la ley ni puede confundir su conveniencia política con el interés general.

La cuestión de fondo es sencilla: si una interpretación administrativa excede lo aprobado por las Cortes, debe corregirse; si hubo falta de diligencia en la gestión del censo, deben exigirse responsabilidades; y si se pretende modificar el escenario electoral mediante una solución de urgencia, el Constitucional debe resolver conforme a Derecho, no bajo la presión del calendario.

Dura lex, sed lex: la ley es dura, pero es la ley. Y obliga, ante todo, a quienes gobiernan.

Luis Faraco Roldán.

LA BATALLA POR EL SENADO: LAS MATEMÁTICAS DEL PODER.

2026-10-17T22:05:13.049+02:00

El pacto de la izquierda y la renovación del Constitucional convierten el 29-N en algo más que una batalla electoral.

Hay elecciones que se ganan con un programa convincente, un discurso capaz de movilizar a los ciudadanos y un candidato que transmita confianza. Pero también hay batallas que se deciden con una calculadora. Las elecciones del próximo 29 de noviembre pueden ser un ejemplo paradigmático.

El PSOE y las formaciones del Frente Amplio han acordado presentar candidaturas conjuntas al Senado en buena parte de España. El objetivo es concentrar el voto de la izquierda, aumentar su representación y disputar al Partido Popular la mayoría de la Cámara Alta.

En las circunscripciones provinciales se eligen cuatro senadores y cada elector puede votar hasta tres candidatos. Esta particularidad hace que la distribución territorial del voto resulte decisiva: unos pocos miles de papeletas pueden cambiar el reparto de escaños.

Por eso, las encuestas nacionales del Congreso no bastan para anticipar el resultado del Senado. Hay que estudiar cada provincia, los votos obtenidos por los candidatos en las elecciones anteriores y los posibles cambios en la participación.

La pregunta es inevitable: ¿están PP y Vox analizando esta situación con la profundidad que exige?

Cabe suponer que sus equipos electorales estarán examinando los resultados de 2023 y las consecuencias del pacto de la izquierda. Pero no basta con confiar en que un buen porcentaje nacional se traduzca automáticamente en más senadores. La geografía del voto importa tanto como su volumen.

También merece estudiarse qué ocurriría si parte de los votantes de Vox optara por candidatos del PP en determinadas provincias. No cabe dar por supuesto que todos cambiarían su voto, pero sí calcular distintos escenarios y comprobar cómo afectarían a la representación.

Las elecciones son programas, discurso y matemáticas. Quien no comprende las reglas del sistema puede desperdiciar una parte de sus propios votos.

El verdadero alcance de la batalla.

La importancia de estas elecciones va mucho más allá del reparto de escaños.

El Senado tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Sus mandatos expiraron en diciembre de 2025 y la renovación correspondiente a la Cámara Alta continúa pendiente.

La Constitución atribuye al Senado la propuesta de cuatro de los doce magistrados del Constitucional y exige una mayoría de tres quintos para su elección. La composición de la Cámara condicionará, por tanto, las negociaciones necesarias para desbloquear la renovación.

Y aquí aparece la cuestión política más delicada. Si Pedro Sánchez contempla la posibilidad de perder el Gobierno, resulta legítimo preguntarse qué importancia concede a la futura composición del tribunal y qué papel desempeñan estos nombramientos en su estrategia política. Afirmar que pretende controlarlo exigiría pruebas, pero hay una exigencia democrática que no admite matices: el Tribunal Constitucional no puede convertirse en un refugio político para quien abandona el poder ni en una prolongación de la lucha partidista por otros medios.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que las instituciones estén al servicio de la Constitución, no de los intereses de quienes gobiernan o aspiran a gobernar. Cuando los nombramientos judiciales se convierten en otra pieza de la confrontación entre partidos, la responsabilidad de los dirigentes es garantizar la independencia institucional, no alimentar las sospechas sobre ella.

Y los magistrados tampoco están exentos de responsabilidad pública. Sus resoluciones pueden ser discutidas y criticadas con dureza, pero deben sostenerse en argumentos jurídicos sólidos y transparentes. La autoridad de un tribunal no se impone por decreto: se construye con la credibilidad de sus decisiones.

Una lección que no conviene ignorar

El pacto de la izquierda demuestra que sus partidos han identificado una oportunidad en el sistema electoral. La respuesta exige algo más que declaraciones de campaña y expectativas basadas en las encuestas: requiere estudiar provincia por provincia los márgenes entre candidatos y comparar escenarios realistas.

PP y Vox deben tener presente que el Congreso y el Senado funcionan con reglas diferentes. Una misma distribución del voto puede producir resultados muy distintos en cada Cámara. No hay garantías de éxito, pero renunciar a estudiar esas posibilidades sería ignorar una dimensión esencial de cualquier elección.

La democracia necesita programas, debate público y participación ciudadana. También necesita dirigentes capaces de comprender las reglas electorales y de respetar los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder.

Porque una cosa es perder unas elecciones y entregar el Gobierno; otra muy distinta es pretender que la influencia política sobreviva a la derrota mediante el control de las instituciones. Esa es precisamente la sospecha que los hechos, los procedimientos y la transparencia deben despejar.

«Quien no acepta que puede perder el poder acaba intentando perpetuar su influencia allí donde nadie le ha elegido para gobernar».

Luis Faraco Roldán.

LA VIVIENDA, LOS «BUITRES» Y LA DESVERGÜENZA POLÍTICA.

2026-10-15T08:13:14.513+02:00

El PSOE ha convertido la vivienda en un arma política. Se envuelve en la bandera de los más vulnerables, señala a los propietarios, demoniza a los llamados fondos buitre y utiliza los desahucios como munición electoral. En la Puerta del Sol, sus dirigentes se presentan como defensores de quienes sufren. Pero la política no se mide por las pancartas ni por las lágrimas ante las cámaras, sino por la coherencia y los resultados.

Montse Mínguez, portavoz nacional socialista y una de las voces más beligerantes en defensa de la regulación del alquiler, está en el centro de la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergi Vélez, vinculado a Nest Capital Homes.

Las informaciones publicadas sobre su actividad empresarial plantean preguntas que merecen respuestas. Mínguez sostiene que se trata de una empresa familiar que cumple la ley. Perfectamente. Nadie debe ser señalado por tener propiedades o desarrollar una actividad empresarial legal. Pero entonces, ¿por qué esa indulgencia desaparece cuando el propietario no pertenece al entorno político adecuado?

El PSOE convirtió el caso de Maricarmen en una bandera contra los desahucios y calificó de «carroñera» a la empresa propietaria de su vivienda. Sin embargo, cuando se examina la actividad inmobiliaria del entorno de su portavoz, la conversación cambia. **Para los adversarios, escarnio público; para los propios, presunción de normalidad. ¿Dónde queda la ejemplaridad que tanto exigen a los demás?**

Hay, además, informaciones sobre decisiones urbanísticas municipales de 2017, presididas por Mínguez durante su etapa como concejala, en una zona donde su pareja desarrolló posteriormente una promoción inmobiliaria. Eso no prueba ninguna irregularidad, pero exige aclaraciones documentadas. La transparencia no puede ser una obligación exclusiva de quienes no militan en el PSOE.

Y mientras se reparten lecciones, Pedro Sánchez proclama que esta iba a ser la legislatura de la vivienda y promete 184.000 viviendas públicas y asequibles. ¿Cuántas están terminadas, disponibles y entregadas a las familias? No cuántas se anuncian, se movilizan o se contabilizan administrativamente. ¿Cuántas familias han recibido las llaves?

La respuesta importa porque los ciudadanos no viven de expedientes ni pagan el alquiler con propaganda. La Ley de Vivienda de 2023 y las sucesivas medidas de intervención no han eliminado las dificultades de acceso. El Banco de España ha advertido de que la insuficiencia de oferta residencial es uno de los factores centrales del problema. Y el Gobierno sigue encadenando anuncios y decretos, algunos de los cuales ni siquiera han conseguido sobrevivir al examen del Congreso.

Este es el balance que debe exigirse al Gobierno de coalición: menos superioridad moral y más resultados; menos enemigos de cartón y más viviendas disponibles; menos ceremonias políticas en torno al sufrimiento ajeno y más soluciones para quienes no pueden comprar ni alquilar una casa.

Pedro Sánchez mantiene su respaldo a Mínguez como candidata socialista por Lleida, pendiente de la ratificación formal de la lista. Es una decisión legítima, pero también una responsabilidad política. Quien elige a sus portavoces debe asumir el coste de sus contradicciones.

Porque la vivienda no se defiende apropiándose de la bandera de los vulnerables mientras se señala al propietario que conviene señalar. Tampoco convirtiendo cada desahucio en una escenificación partidista y cada decreto en un certificado de virtud.

**Que dejen de envolverse en la bandera de la Puerta del Sol para ocultar sus contradicciones. La vivienda no necesita salvadores de pancarta, sino gobernantes capaces de ofrecer resultados. Y quien pretende dar lecciones de moralidad debe empezar por soportar el mismo examen que impone a los demás.**

- Luis Faraco Roldán. 

EL CENSO, LAS EXCUSAS Y LAS SOSPECHAS.

2026-10-13T08:18:41.054+02:00

El gato escaldado del agua fría huye. Cuando la confianza en el poder se deteriora, las coincidencias despiertan sospechas y las explicaciones oficiales dejan de ser suficientes. Eso es lo que está ocurriendo con la polémica sobre el censo electoral y los españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Nietos.

El Tribunal Supremo ha exigido revisar determinadas inscripciones censales y la Administración alega que no dispone de tiempo suficiente para hacerlo antes de las elecciones del 29 de noviembre. Pero la dificultad administrativa no puede convertirse en una excusa para vaciar de eficacia una resolución judicial.

Hay una pregunta que el Gobierno debe responder con datos: ¿cuántos expedientes se han revisado durante este tiempo, cuántos quedan pendientes y qué irregularidades se han detectado?

Si los registros están informatizados, resulta obligado explicar qué mecanismos se han empleado para identificar los casos que requieren comprobación, qué medios se han movilizado y por qué no se ha ofrecido un balance preciso de las actuaciones realizadas. No basta con invocar la imposibilidad material; hay que demostrar qué se ha hecho para superar las dificultades.

Tampoco puede ignorarse el calendario. La convocatoria electoral para el 29 de noviembre dejó como referencia el censo cerrado el 1 de agosto, antes de las resoluciones judiciales de septiembre. Esta coincidencia no demuestra por sí sola una estrategia deliberada, pero sí justifica exigir explicaciones sobre las decisiones adoptadas y sus consecuencias.

¿Se ha hecho todo lo posible para cumplir la ley o se ha dejado transcurrir el tiempo hasta convertir la falta de plazo en el principal argumento de la Administración? Es una cuestión que debe aclararse con documentos, cifras y hechos verificables.

No se trata de presumir que todos los afectados carecen de derechos. Se trata de garantizar que el censo cumple los requisitos legales y que se respetan tanto el derecho al sufragio de quienes reúnen las condiciones como las garantías de limpieza del proceso electoral.

La controversia llega ahora al terreno constitucional. Recurrir a los tribunales por las vías legales es legítimo; lo que debe quedar fuera de toda duda es la independencia de sus decisiones. Cualquier sospecha de presión política debe investigarse con pruebas, no darse por demostrada de antemano.

El PP tiene ante sí una oportunidad para exigir transparencia y responsabilidades. Para aprovecharla, debe reclamar los datos que faltan, reconstruir la cronología de las actuaciones y exigir al Gobierno que explique cómo ha ejecutado las resoluciones judiciales.

Porque unas elecciones no se legitiman únicamente con el recuento final. Necesitan un censo fiable, reglas claras y el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.

En democracia, el derecho al voto es sagrado. También lo es la ley que garantiza su ejercicio. Ningún Gobierno puede convertir su propia falta de diligencia en una excusa para eludir el cumplimiento de la ley.

“Somos siervos de las leyes para poder ser libres”.

-Cicerón.

Luis Faraco Roldán.

PLATÓN, EL BARCO Y LA MEDICINA: ¿QUIÉN SABE GOBERNAR ESPAÑA?

2026-10-12T10:52:17.905+02:00

Hace 2.500 años, Platón planteó una cuestión que sigue vigente: ¿quién debe gobernar? Una pregunta que, contemplando la política española, merece algo más que una reflexión académica.

Para explicarlo recurrió a dos analogías que conservan toda su fuerza: el barco y la medicina.

Imaginemos un barco en plena navegación. Los marineros se disputan el timón y compiten por ganarse al propietario. Todos se consideran capacitados para dirigir la nave, pero ninguno sabe navegar. El verdadero navegante, que conoce las estrellas, los vientos y el rumbo, es despreciado porque no participa en la lucha por el poder.

En *La República*, Platón denuncia esa contradicción: todos quieren gobernar, pero no todos saben hacerlo.

Su segunda analogía es la medicina. Cuando enfermamos, buscamos al profesional mejor preparado, no al que nos promete lo que deseamos escuchar. El buen médico diagnostica y prescribe el tratamiento adecuado, aunque resulte desagradable. Su obligación es curar, no complacer.

En política, sin embargo, confundimos con frecuencia la capacidad para conquistar el poder con la preparación para ejercerlo.

España no es una propiedad del presidente del Gobierno, ni un instrumento al servicio de un partido, ni un patrimonio que pueda repartirse a cambio de apoyos parlamentarios. Pertenece a sus ciudadanos, también a quienes discrepan de quienes gobiernan.

El acceso al Gobierno depende de reunir los apoyos parlamentarios necesarios. Así funciona nuestro sistema democrático. Pero obtener los votos para gobernar no acredita, por sí solo, la capacidad para gobernar bien.

Y España no es un asunto menor. Están en juego el empleo, la vivienda, las pensiones, la sanidad, la seguridad y la confianza en las instituciones. En definitiva, el bienestar presente y el futuro de los españoles.

El problema se agrava cuando conservar el poder se convierte en una prioridad superior al interés general. Los pactos de conveniencia y las concesiones políticas pueden terminar poniendo la supervivencia del Gobierno por delante de las necesidades del país.

Pero existe un límite infranqueable: el Estado no pertenece a quien gobierna.

Cuando aparecen indicios de utilización de estructuras clandestinas para perseguir adversarios, intimidar periodistas, presionar empresarios o interferir en investigaciones judiciales, la cuestión trasciende la disputa partidista. Afecta a las garantías esenciales del Estado de derecho. Las acusaciones concretas deben probarse y las responsabilidades, individualizarse; precisamente por eso, cualquier hecho de esta naturaleza debe investigarse con independencia y rigor.

Un juez que investiga, un periodista que denuncia o un adversario político que fiscaliza al Ejecutivo no son enemigos de España. Son parte de los contrapesos que protegen a los ciudadanos frente a los abusos del poder. Confundir la crítica al Gobierno con un ataque al país es pretender identificar los intereses de un partido con los de toda una nación.

España es mucho más que su Gobierno. Es sus ciudadanos, sus instituciones y una historia compartida que ninguna formación política puede arrogarse en exclusiva. Los gobiernos pasan; el país permanece.

Platón desconfiaba de una democracia en la que la búsqueda del favor popular desplazara al conocimiento y al bien común. Por eso defendió la *aristocracia* en su sentido original: el gobierno de los mejores por su conocimiento, virtud y capacidad, no por sus títulos o privilegios hereditarios.

No se trata de sustituir nuestra democracia constitucional por la propuesta política de Platón, sino de recuperar la exigencia que encierra su pensamiento: quienes ejercen el poder deben estar preparados para asumir esa responsabilidad y orientarla al bien común.

La democracia necesita elecciones libres, pluralismo y alternancia, pero también gobernantes competentes, instituciones independientes, respeto a la ley y controles efectivos. La legitimidad electoral no exime de rendir cuentas ni convierte la mayoría parlamentaria en garantía automática de buen gobierno.

Si nuestra vida dependiera de una operación, buscaríamos al cirujano mejor preparado, no al que más apoyos hubiera conseguido. La dirección de un país exige una responsabilidad de alcance todavía mayor: administrar los recursos públicos, proteger los derechos y preparar el futuro de las próximas generaciones.

Conquistar el poder no es saber gobernar. España no es de quien la gobierna, sino de todos los españoles.

-Luis Faraco Roldán.

¿A QUÉ CALLE ESCUCHA SÁNCHEZ?

2026-10-09T08:58:07.745+02:00

Cuando Pedro Sánchez afirma que el Parlamento tiene que escuchar a la calle, convendría preguntarle a qué calle se refiere. ¿A los cien o doscientos acampados en la Puerta del Sol, que parecen responder a una estrategia de crispación política, o a los cientos de miles de ciudadanos que sufren las consecuencias de sus políticas de vivienda?

Porque la calle también son los pequeños propietarios que han invertido sus ahorros en comprar un piso, los constructores que necesitan seguridad jurídica para levantar nuevas viviendas y los inquilinos que llevan meses buscando una casa que puedan pagar. Muchos no tienen tiempo ni recursos para acampar en Sol, pero sus problemas son tan reales como los de quienes protestan.

La democracia representativa no consiste en gobernar al dictado de quienes más ruido hacen, sino en atender al conjunto de los ciudadanos. Y la política de vivienda del Gobierno está agravando precisamente aquello que dice combatir.

Los decretos intervencionistas han introducido incertidumbre, han frenado operaciones y han llevado a propietarios e inversores a retirar viviendas del mercado. Cuando alquilar se convierte en una actividad sometida a riesgos crecientes, muchos propietarios optan por no hacerlo. Si disminuye la oferta mientras la demanda continúa aumentando, el resultado es previsible: más dificultades para encontrar vivienda y mayores obstáculos para quienes menos recursos tienen.

El Gobierno pretende enfrentar a propietarios e inquilinos, como si los intereses de unos fueran incompatibles con los de los otros. Pero ambos necesitan que haya viviendas disponibles. Proteger a las familias vulnerables es una obligación pública; trasladar indefinidamente esa responsabilidad al propietario particular es una injusticia. Los servicios sociales y las administraciones deben ofrecer soluciones, no convertir a terceros en responsables de sus propias carencias.

El caso de Mari Carmen nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad y el desamparo, pero también sobre la utilización política del sufrimiento. Una tragedia no puede servir para demonizar a los propietarios ni para ocultar la incapacidad de las administraciones para garantizar alternativas habitacionales.

Si Sánchez quiere resolver el problema, debería concentrarse en construir más viviendas, liberar suelo, agilizar licencias, impulsar la inversión y ampliar el parque público. Las casas no se construyen con consignas ni con decretos que desincentivan a quienes pueden ponerlas en el mercado.

Y hay otra pregunta que merece respuesta: ¿qué pinta el PNV en esta estrategia? La posición de la extrema izquierda y de Sánchez responde a una concepción intervencionista de la política que convierte el conflicto social en instrumento de movilización. Pero ¿qué justifica que el partido de Neguri, históricamente vinculado a la defensa de la iniciativa privada y los intereses empresariales vascos, participe en estos acuerdos?

El PNV tiene derecho a negociar y a defender sus prioridades. También tiene la obligación política de explicar qué obtiene a cambio y cómo justifica ante sus electores el apoyo a unas medidas que pueden perjudicar la inversión y reducir la oferta de vivienda. La aritmética parlamentaria explica la necesidad de esos votos, pero no justifica por sí sola las decisiones.

La vivienda no se resolverá enfrentando a propietarios e inquilinos, ni premiando a quienes más protestan. Se resolverá con más oferta, seguridad jurídica y una Administración que asuma sus responsabilidades.

Sánchez dice que hay que escuchar a la calle. De acuerdo. Pero que escuche también a quienes no pueden acampar en Sol, a quienes trabajan, ahorran, construyen, alquilan y buscan una vivienda sin tener detrás una maquinaria política que amplifique su voz.

La calle no tiene dueño. Y la democracia no puede ser rehén de quienes pretenden hablar en nombre de todos.

Luis Faraco Roldán.

CUANDO EL GOBIERNO PRETENDE DOBLEGAR AL PARLAMENTO.

2026-10-05T19:38:24.886+02:00

Hay frases que retratan una determinada concepción del poder mucho mejor que cualquier programa político. Pedro Sánchez ha pronunciado esta mañana una de ellas desde las escalinatas de la Moncloa: «Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos».

La frase merece una reflexión precisamente porque la pronuncia el presidente del Gobierno. El Parlamento no es un obstáculo para la democracia ni una institución ajena a la voluntad popular. Es la expresión institucional de esa voluntad, formada por diputados elegidos por los ciudadanos.

El pasado viernes, el Pleno del Congreso rechazó los dos decretos sobre vivienda presentados por el Gobierno. Los diputados debatieron y votaron. Exactamente lo que establece nuestro sistema constitucional.

Sin embargo, en el relato presidencial parece que cuando el Parlamento rechaza las iniciativas del Gobierno deja de representar a la gente y pasa a convertirse en la institución que «pisotea» sus intereses.

¿Desde cuándo la voluntad popular solamente merece respeto cuando coincide con la voluntad del Gobierno?

La democracia parlamentaria exige que el Ejecutivo se someta al control del Parlamento, acepte sus decisiones y busque las mayorías necesarias para desarrollar su programa.

Y aquí es donde la intervención de esta mañana adquiere especial relevancia.

Según se ha anunciado, mañana el Consejo de Ministros volverá a aprobar medidas de vivienda sustancialmente similares a las rechazadas por el Pleno hace apenas tres días, para intentar que sean convalidadas por la Diputación Permanente.

No afirmo que esa operación sea ilegal. La Constitución contempla la existencia de la Diputación Permanente y sus facultades durante la disolución de las Cortes. Pero que algo pueda hacerse conforme a las reglas jurídicas no significa que no pueda plantear un serio problema político y democrático.

Porque no estamos ante unas medidas que todavía no hayan sido examinadas por el Parlamento. Estamos ante unas medidas que el Pleno acaba de rechazar.

Y ahora el Gobierno pretende volver a aprobarlas y llevarlas a un órgano parlamentario cuya composición y aritmética son diferentes.

Dicho de otra manera: cuando el Gobierno pierde una votación en el Pleno, en lugar de aceptar el resultado y pedir a los españoles la mayoría que necesita, busca una nueva votación en otro órgano antes de que los ciudadanos puedan pronunciarse.

Si los nuevos decretos contienen modificaciones sustanciales, será legítimo analizarlas. Pero si reproducen esencialmente aquello que el Pleno acaba de rechazar, la pregunta resulta inevitable:

¿Estamos ante una nueva iniciativa o ante un intento de sortear políticamente una decisión parlamentaria que no ha gustado al Gobierno?

Aquí aparece la gran contradicción.

Sánchez ha anunciado elecciones para el 29 de noviembre y ha reclamado a los ciudadanos una mayoría suficiente para gobernar. Si considera que el Parlamento actual no le permite desarrollar su programa, tiene una solución democrática: acudir a las urnas y pedir a los españoles una mayoría diferente.

Pero cuesta entender por qué, antes de que los ciudadanos puedan pronunciarse, pretende recuperar mediante otro órgano parlamentario aquello que el Pleno acaba de negarle.

Si quiere una nueva mayoría, que la busque en las urnas, no en una modificación sobrevenida de la aritmética parlamentaria.

No estamos discutiendo aquí si España necesita una política de vivienda. Estamos hablando de algo anterior: el respeto del Gobierno a las decisiones del Poder Legislativo.

Y aquí adquiere especial importancia la posición del PNV.

Los nacionalistas vascos han anunciado que estudiarán en profundidad los nuevos decretos antes de decidir su voto. Su decisión puede ser determinante.

El PNV deberá valorar no solamente el contenido de las medidas, sino también las circunstancias en las que el Gobierno pretende recuperarlas. Si los textos han cambiado sustancialmente, deberá explicar por qué. Si son esencialmente los mismos, tendrá que explicar también por qué deben aprobarse ahora después de que el Pleno los rechazara.

Porque los diputados de la Diputación Permanente no estarán simplemente votando unos decretos de vivienda. Estarán determinando si una derrota parlamentaria puede ser inmediatamente corregida buscando otro escenario parlamentario más favorable.

Y esa responsabilidad corresponde a todos los partidos que decidan respaldar la operación.

La Diputación Permanente es constitucional. Lo que debemos preguntarnos es para qué se utiliza en este caso.

Una cosa es garantizar el funcionamiento del Estado cuando las Cortes están disueltas. Otra muy diferente sería utilizar esa circunstancia para intentar rescatar unas medidas que el Pleno acaba de rechazar.

Y entonces volvemos a las palabras de Sánchez.

El presidente ha dicho que los intereses de «la gente de a pie» son pisoteados en el Parlamento. Pero los diputados que votaron contra sus decretos también representan a ciudadanos. Sus votos no son menos democráticos porque hayan resultado incómodos para el Gobierno.

El Parlamento no deja de representar al pueblo cuando pierde una votación el Ejecutivo. Es precisamente entonces cuando demuestra para qué sirve.

Sánchez ha hablado también de una mayoría progresista con la que «doblegar a las élites». Tiene derecho a defender su programa y pedir el voto de los ciudadanos. Pero hacerlo desde una declaración institucional en La Moncloa difumina la frontera entre el presidente del Gobierno y el candidato electoral.

El viernes habló el Congreso. Hoy ha hablado el presidente. Y el 29 de noviembre hablarán los españoles.

Ese debería ser el orden natural de una democracia.

La democracia no garantiza a ningún Gobierno que sus propuestas sean aprobadas. Le garantiza el derecho a defenderlas, someterlas a votación y, si son rechazadas, intentar convencer a los ciudadanos para obtener una mayoría que permita aprobarlas.

La cuestión no es si el Gobierno puede hacerlo. La cuestión es si debería hacerlo.

Y, sobre todo, si los partidos que lo hagan posible están dispuestos a asumir ante los ciudadanos la responsabilidad política de haberlo permitido.

Luis Faraco Roldán.

JUAN ES UN RENTISTA. MARICARMEN ES UNA HEROÍNA.

2026-10-04T16:37:35.136+02:00

El señor Juan tiene 83 años y dos pisos.

Trabajó 45 años en una fábrica. Ahorró durante toda su vida, compró una vivienda y heredó otra de sus padres, ya fallecidos. Alquiló esta última para completar una pensión que no siempre llega a fin de mes.

Paga IBI, comunidad, seguro y reparaciones. Cuando se estropea la caldera, paga también. Y cuando hay una avería en el otro piso, vuelve a pagar.

Según el relato de Podemos y de buena parte de la izquierda, Juan es un rentista. Un especulador. Poco menos que un fondo buitre.

Pero Juan representa precisamente al propietario que sostiene el mercado del alquiler. Según el Banco de España, alrededor del 90 % de las viviendas principales alquiladas están en manos de particulares. Los grandes propietarios y las personas jurídicas son una minoría.

Sin embargo, en el relato político Juan no existe. Existe «el fondo buitre».

A Juan le limitan el alquiler, le prolongan los contratos, le dificultan recuperar su vivienda y, si el inquilino deja de pagar, le piden paciencia.

Porque Juan es un rentista.

Y entonces aparece Maricarmen.

Maricarmen se ha convertido en una de las grandes heroínas de la izquierda en su particular batalla por la vivienda. Su caso ha sido utilizado por ministros, dirigentes políticos y organizaciones sociales como símbolo de una supuesta guerra entre propietarios e inquilinos.

Pero mientras se construía ese relato han aparecido documentos que obligan a mirar hacia atrás.

El 13 de junio de 2000, el BOE publicó un edicto judicial en el que María del Carmen Abascal Martín aparecía como demandada en un procedimiento hipotecario promovido por Banco Zaragozano. El procedimiento afectaba a una vivienda unifamiliar situada en Collado Mediano, en la Sierra de Madrid, y el tipo de la primera subasta quedó fijado en 20 millones de pesetas.

No es una acusación ni demuestra ninguna irregularidad. Es un dato documental que forma parte de su historia inmobiliaria y que merece ser conocido antes de convertir un caso particular en un símbolo político nacional.

Y aquí aparece la contradicción.

A Juan, que trabajó 45 años, ahorró, compró una vivienda y heredó otra, se le llama rentista porque alquila una propiedad.

A Maricarmen, cuya trayectoria inmobiliaria anterior incluye aquella operación hipotecaria en Collado Mediano, se la presenta como la víctima perfecta de un sistema dominado por especuladores y fondos buitre.

Juan es el sospechoso.

Maricarmen, la heroína.

¿Por qué?

La vivienda es un derecho. Naturalmente.

Pero también existe el derecho de propiedad. Y una cosa no puede convertirse en la otra.

El derecho a una vivienda no puede transformarse en el derecho a disponer indefinidamente de la vivienda de otra persona.

Porque detrás de cada supuesto «casero» puede haber un Juan.

Un jubilado. Un trabajador. Una viuda. Una familia que heredó una vivienda de sus padres. Alguien que durante décadas ahorró para tener un pequeño patrimonio y que ahora obtiene de él unos ingresos complementarios.

No tienen cientos de viviendas ni fondos de inversión.

Tienen una o dos propiedades.

Y cuando la legislación convierte ese patrimonio en una fuente permanente de riesgos, muchos toman una decisión sencilla: no alquilar.

No necesitan manifestarse. Simplemente sacan la vivienda del mercado o la venden.

Entonces disminuye la oferta, aumentan las dificultades para encontrar vivienda y el Gobierno responde anunciando nuevas medidas contra los «especuladores».

El círculo perfecto.

Se castiga al propietario particular, el propietario abandona el mercado y después se culpa a los fondos de inversión.

Pero Juan no es Blackstone.

No es un fondo buitre.

Es un hombre de 83 años que trabajó durante 45 años y tiene dos pisos.

Y Maricarmen tampoco necesita ser demonizada. Lo que necesita es algo mucho más sencillo: que su historia completa pueda conocerse y contrastarse.

Porque una política de vivienda seria no necesita héroes ni villanos.

Necesita viviendas.

Y para que haya viviendas en alquiler tiene que existir alguien dispuesto a alquilarlas.

Si Juan acaba concluyendo que ser propietario es convertirse en sospechoso, dejará de alquilar.

Y entonces descubriremos que el problema nunca fueron solamente los fondos buitre.

También eran los miles de Juanes a los que se consiguió expulsar del mercado.

LUIS FARACO ROLDÁN.

EL PAÍS DE LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS.

2026-10-03T09:54:15.378+02:00

Hay una cuestión que debería estar en el centro del debate sobre la vivienda y que, sin embargo, el Gobierno parece empeñado en ocultar: España es, fundamentalmente, un país de pequeños propietarios.

El mercado del alquiler no está dominado por grandes fondos de inversión ni por sociedades inmobiliarias con miles de viviendas. Una parte muy importante de las viviendas alquiladas pertenece a particulares que tienen una, dos o unas pocas propiedades.

Y esto cambia completamente el enfoque del problema.

Cuando se aprueban medidas que aumentan las obligaciones, las limitaciones y la inseguridad jurídica del propietario, no se está afectando únicamente a los grandes tenedores. También al ciudadano que tiene un piso alquilado como complemento de sus ingresos, como ahorro para la jubilación o como patrimonio familiar.

Por eso resulta contradictorio que el Gobierno reclame más vivienda disponible mientras mantiene políticas que pueden llevar a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado.

El problema de la vivienda no se soluciona enfrentando a propietarios e inquilinos. Se soluciona aumentando la oferta: más suelo disponible, más construcción, menos burocracia, costes razonables y seguridad jurídica.

Lo hemos visto estos días con el caso de Maricarmen. El desahucio de una persona concreta se convirtió en un acontecimiento político nacional. Después llegaron las acampadas, las declaraciones, las acusaciones y los decretos.

Pero el problema sigue siendo el mismo: hacen falta viviendas.

Y aquí aparece la pregunta que debería contestar el Gobierno: ¿cuántas viviendas nuevas han conseguido poner en el mercado sus políticas?

No cuántas declaraciones han hecho. No cuántos decretos han aprobado. Cuántas viviendas.

Porque una norma no construye por sí sola una vivienda. Y si las condiciones para alquilar se vuelven más inciertas, algunos propietarios pueden decidir no hacerlo. Menos oferta no es necesariamente una receta para conseguir alquileres más baratos sino todo lo contrario.

El debate no puede reducirse a una supuesta batalla entre pequeños propietarios y grandes fondos. La estructura de la propiedad inmobiliaria española es mucho más atomizada.

No se puede convertir en legislador ni en Gobierno a un grupo marginal porque haya montado una acampada y tenga cien tiendas Quechua compradas con los «fondos buitre» de la política.

Las democracias representativas tienen instituciones, Parlamentos y gobiernos elegidos en las urnas. Las decisiones no pueden quedar condicionadas por quien consiga hacer más ruido en la calle, ocupar una plaza o convertir un caso particular en un espectáculo político.

Ya lo advirtieron los antiguos griegos: el riesgo de la democracia es la demagogia. Y la demagogia puede terminar desembocando en la oclocracia: el gobierno de la muchedumbre.

La política de vivienda exige algo bastante menos espectacular: construir, facilitar y dar seguridad jurídica.

España es un país de pequeños propietarios. Cualquier política de vivienda que ignore esa realidad corre el riesgo de agravar aquello que pretende resolver.

Luis Faraco Roldán.

EL FRACASO DE LOS «DECRETOS MARICARMEN».

2026-10-02T16:41:24.001+02:00

El Gobierno ha recibido hoy un doble varapalo. El Congreso ha rechazado los dos decretos de vivienda que Pedro Sánchez presentó como respuesta al caso de Maricarmen. El primero por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a 166.

Pero la derrota parlamentaria es solamente una parte del fracaso. Lo ocurrido demuestra también la utilización política de un caso particular para intentar sacar adelante, por la vía del decreto, unas medidas que el Gobierno sabía que no contaban con el respaldo suficiente del Parlamento.

Durante días hemos asistido a una operación perfectamente organizada alrededor de la acampada de la Puerta del Sol. El llamado Sindicato de Inquilinas convirtió el caso Maricarmen en bandera política y trató de trasladar la presión de la calle al Congreso. La Delegación del Gobierno permitió la acampada y TVE le proporcionó una cobertura extraordinaria para una movilización que, a la hora de la verdad, reunió a unas pocas centenas de personas.

La operación ha terminado como tenía que terminar: los decretos han sido rechazados.

Pero hay algo todavía más grave.

Los decretos de hoy constituyen una nueva demostración de la falta de respeto del Gobierno por la división de poderes.

Hace apenas 22 días, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría los ocho puntos de una moción sobre vivienda. Entre ellos estaban la derogación de la Ley de Vivienda, la reforma de la Ley del Suelo, la lucha contra la ocupación ilegal, la reducción del IVA de la primera vivienda nueva al 4 %, la ampliación de avales para jóvenes, la simplificación de licencias y la movilización de suelo público para vivienda asequible y social.

El Parlamento había fijado una posición política mediante una votación democrática. No era una propuesta de los acampados de Sol. No era una reivindicación de un sindicato. Era una decisión del Poder Legislativo.

Y 22 días después, el Gobierno presenta dos reales decretos-ley que van en dirección contraria a buena parte de aquello que el Congreso había aprobado.

Esto no es respetar la división de poderes.

El Gobierno no respeta al Poder Judicial cuando una resolución judicial no le gusta y tampoco respeta al Poder Legislativo cuando una mayoría parlamentaria no coincide con sus intereses.

Gobernar no consiste en aprobar por decreto aquello que no se consigue aprobar en el Parlamento. Para eso está precisamente la división de poderes.

Y lo ocurrido hoy tiene además otra vertiente especialmente preocupante. Hemos visto a ministros y dirigentes de la izquierda señalar con nombres y apellidos a dirigentes y diputados del PP, Vox y Junts por su decisión de votar en contra de los decretos. Sánchez llegó a plantear que esos partidos debían demostrar «de qué lado están» y desde Sumar se llegó a hacer corresponsables a PP, Vox y Junts de posibles muertes y sufrimientos si votaban en contra.

Un diputado no tiene que pedir permiso al Gobierno para votar. Tiene que votar libremente y responder ante sus electores.

Nuestra democracia se construyó precisamente para que el adversario político pueda votar diferente sin ser señalado como enemigo.

Nuestra historia ya conoció demasiadas veces la intimidación política y la negación del adversario como legítimo representante de una parte de la sociedad. No deberíamos volver a ese camino.

En una democracia representativa, la calle protesta. El Parlamento decide.

Las pancartas no sustituyen a las urnas. Las acampadas no sustituyen al Congreso.

Y hoy el Congreso ha decidido. Dos veces. Y dos veces ha dicho no.

El fracaso es doble. Ha fracasado el Gobierno y ha fracasado la operación política del llamado Sindicato de Inquilinas, que pretendía condicionar desde la calle la decisión de los diputados.

También ha quedado en evidencia la distancia entre la dimensión real de la protesta y la enorme repercusión mediática que ha recibido. Durante días parecía que Sol estaba protagonizando una movilización social multitudinaria. Hoy, cuando llegó el momento de contar votos, la realidad fue muy distinta.

Y eso es lo que importa en una democracia parlamentaria: los votos, no las pancartas.

Los decretos tampoco iban a solucionar el problema de la vivienda. No iban a construir las viviendas que faltan, no iban a crear suelo, no iban a conseguir que bajaran los alquileres ni iban a resolver la emancipación de los jóvenes.

Los decretos no construyen casas.

El problema de la vivienda sigue donde estaba.

Y ahora el problema lo tiene Pedro Sánchez.

Porque esta derrota vuelve a demostrar que el Gobierno no dispone de una mayoría parlamentaria estable para sacar adelante su política. Y cuando un Gobierno no puede gobernar porque no consigue los votos necesarios en el Parlamento, tiene dos posibilidades: negociar y aceptar las decisiones de la mayoría parlamentaria o devolver la palabra a los ciudadanos.

Después del fracaso de los «decretos Maricarmen», creo que ha llegado el momento de que Pedro Sánchez tome una decisión.

CONVOCAR ELECCIONES ANTES DE NAVIDAD.

Que sean los españoles quienes decidan.

Porque una legislatura no puede convertirse en una resistencia permanente contra el Parlamento.

Sánchez tiene la palabra. Y los españoles tienen que tener la urna.

Luis Faraco Roldán.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN CONTRA LA JUEZA BIEDMA?

2026-09-30T14:54:49.679+02:00

LA INVESTIGACIÓN PUEDE ACABAR CON MÁS DE UNO EN LA CÁRCEL.

«La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.»

Cicerón.

Lo que estamos conociendo sobre la jueza Beatriz Biedma es mucho más grave que una operación de descrédito.

La UCO está interrogando a personas que aseguran haber sido contactadas para actuar contra ella. La propia Biedma está personada como perjudicada en la causa que instruye Santiago Pedraz.

Y aparece un dato especialmente grave: el supuesto contacto con personas vinculadas a clanes del narcotráfico de Badajoz.

Según los testimonios publicados, se habría proporcionado información privada de la jueza y se habría planteado una actuación contra ella.

Pero hay más.

También se habría ofrecido una contraprestación: beneficios judiciales para quienes colaborasen.

Si esto se confirma, estamos ante algo muy distinto de una campaña política de desprestigio.

Estamos ante una posible operación para interferir en una investigación judicial.

Y entonces la pregunta es inevitable:

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Hoy esa pregunta ha llegado al Congreso. El PP se la ha planteado directamente al ministro de Justicia: si fue Sánchez, Cerdán o alguien de su entorno quien ordenó actuar contra Biedma.

La respuesta política puede ser la negación.

La respuesta que interesa está en los teléfonos, los audios, los documentos y las declaraciones.

BLANCO Y EN BOTELLA.

Hay una regla elemental en cualquier investigación: hay que averiguar quién se beneficiaba.

Biedma investigaba una causa que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Si alguien pretendía apartarla, ¿quién salía beneficiado?

No significa que el beneficiario sea automáticamente culpable. Pero sí que debe estar en el foco de la investigación.

Y hay otra pregunta todavía más importante:

¿QUIÉN PODÍA PROMETER A UN CLAN DELICTIVO QUE SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA SE SOLUCIONARÍAN?

Porque si alguien ofreció ese trato, tenía que creer que podía cumplirlo.

Y si podía cumplirlo, hay que saber por qué.

AQUÍ PUEDE ESTAR LA CLAVE.

Los testimonios son importantes.

Los audios pueden ser decisivos.

Si las grabaciones que maneja la UCO confirman lo declarado por quienes recibieron los contactos, la investigación tendrá una base probatoria muy diferente.

Ya no estaríamos ante rumores, interpretaciones o anotaciones.

Estaríamos ante hechos concretos: personas contactadas, una jueza identificada como objetivo, información privada sobre ella y una supuesta contraprestación judicial.

Y entonces habrá que subir un escalón.

De los intermediarios a quienes dieron las instrucciones.

De quienes ejecutaban a quienes ordenaban.

MÁS DE UNO PUEDE ACABAR EN LA CÁRCEL.

Si se acreditan estos hechos, no estamos hablando solamente de responsabilidades políticas.

Podrían existir responsabilidades penales.

Y algunas conductas investigadas podrían llevar aparejadas penas de prisión.

Por eso creo que es perfectamente razonable pensar que más de uno de los protagonistas de esta trama puede acabar en la cárcel si la investigación confirma lo que ahora se está conociendo.

No sabemos todavía quién llegará al final de la cadena.

Pero sí sabemos qué hay que investigar.

QUIÉN CONTACTÓ.

QUIÉN OFRECIÓ.

QUIÉN AUTORIZÓ.

Y QUIÉN DIO LA ORDEN.

Ahí está la cuestión.

Y ahora le corresponde a la Justicia contestarla.

Luis Faraco Roldán.

MARICARMEN: DE UN DESAHUCIO A UNA OPERACIÓN POLÍTICA.

2026-09-29T09:17:03.363+02:00

El caso de Maricarmen empezó con una historia humana difícil de discutir: una mujer de 87 años, después de más de setenta años viviendo en la misma vivienda, era desahuciada tras un largo proceso judicial.

Hasta ahí, poco que discutir.

El problema empieza cuando aquel drama personal se convierte en “el caso Maricarmen”, el “decreto Maricarmen” y el eje de una movilización nacional sobre la vivienda.

Porque una cosa es Maricarmen y otra, bastante diferente, es todo lo que se ha construido políticamente alrededor de Maricarmen.

¿Un fondo buitre?

Durante días hemos escuchado hablar de un “fondo buitre”.

Pero ¿quién es realmente el propietario?

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL es una sociedad privada dedicada a actividades inmobiliarias. No es un gran fondo internacional de inversión. La propia empresa sostiene, además, que la vivienda de Maricarmen es su única propiedad residencial.

Esto no convierte a Urbagestión en “la buena” de la película. Compró la vivienda y reclamó judicialmente su posesión.

Pero tampoco parece demasiado riguroso sustituir los hechos por una etiqueta.

Y hay otro dato fundamental: el conflicto llegó hasta el Tribunal Supremo y la posición jurídica de la propiedad terminó prevaleciendo.

Conviene recordarlo.

Porque una historia puede ser dramática y, al mismo tiempo, tener antecedentes jurídicos que no pueden desaparecer del relato.

Maricarmen vuelve a casa. ¿Y ahora qué?

Aquí aparece una de las paradojas de esta historia.

El problema concreto de Maricarmen tiene una solución.

Después de más de cuatro horas de negociación, representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron un acuerdo, con la mediación del Ayuntamiento de Madrid, para que pueda regresar a su vivienda. El acuerdo queda pendiente de su ratificación.

Perfecto. Entonces debería haberse acabado el problema Maricarmen.

Pero no. Porque el problema ya no es Maricarmen.

El Sindicato de Inquilinas ha dejado claro que sus reivindicaciones van mucho más allá: contratos indefinidos, regulación de alquileres temporales y por habitaciones, límites a las rentas y mayores garantías frente a los desahucios, entre otras medidas.

Y aquí está la cuestión:

Maricarmen es una persona.

El decreto Maricarmen es política.

Hacer política es legítimo.

Presentar una agenda política completa como si fuera simplemente la consecuencia de un desahucio es otra cuestión.

LA VIVIENDA: EL PROBLEMA REAL.

España tiene un problema de vivienda. Y es enorme.

Pero precisamente por eso conviene hablar de las causas y no solamente de los eslóganes.

Desde la Ley de Vivienda de 2023 se han introducido mecanismos de prórroga extraordinaria y limitaciones de renta en determinadas zonas tensionadas.

Al mismo tiempo, el Banco de España señala que las restricciones que limitan el crecimiento de la oferta son el principal factor que explica los problemas actuales de acceso a la vivienda, y apunta entre otros problemas a la lentitud en la producción de suelo, el planeamiento y los procedimientos administrativos.

Es decir: tenemos un problema de oferta.

Y una vivienda que no existe no se puede alquilar.

Una vivienda que tarda años en construirse tampoco aparece porque aprobemos otro decreto.

Si queremos viviendas más asequibles necesitamos suelo, construcción, inversión, licencias rápidas y seguridad jurídica.

Más oferta. Mucha más oferta.

Y hay algo más que la gente debería conocer, dos de las figuras más visibles del movimiento tienen trayectorias internacionales que incluyen organizaciones vinculadas documentalmente con Open Society Foundations, la red filantrópica fundada por George Soros.

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, desarrolló actividad como defensora de derechos humanos acompañando a activistas mexicanos y publicó en Open Democracy. Esta última organización ha recibido financiación de Open Society Foundations. Además, documentación de Peace Brigades International México identifica a Open Society Foundations entre sus donantes.

Valeria Racu, una de las caras visibles del Sindicato de Inquilinas de Madrid, estudió en SOAS y en 2019 fue elegida copresidenta de su sindicato de estudiantes. SOAS fue una de las doce instituciones que participaron en la primera fase de la Open Society University Network, iniciativa anunciada por George Soros en 2020.

Son hechos. Personas. Organizaciones. Trayectorias. Relaciones institucionales.

No hace falta añadir la conclusión.

Que cada lector valore qué importancia tienen.

EL VERDADERO DEBATE.

El caso Maricarmen ha conseguido colocar la vivienda en el centro del debate.

Pero también ha demostrado algo más: la enorme facilidad con la que un drama individual puede convertirse en una bandera política.

La pregunta debería ser mucho más sencilla:

¿Queremos seguir convirtiendo cada conflicto de vivienda en una batalla entre propietarios e inquilinos?

¿O queremos conseguir que en España se construyan las viviendas que hacen falta, de forma mucho más rápida y con menos burocracia?

Podemos llenar Sol de tiendas de campaña.

Podemos aprobar decretos.

Podemos enfrentarnos unos a otros.

Pero hay una realidad que no admite consignas:

si no construimos viviendas, no habrá viviendas.

Y esa es, probablemente, la parte más importante de toda esta historia.

Luis Faraco Roldán.

EL GOBIERNO CONTRA EL GOBIERNO.

2026-09-28T08:22:29.721+02:00

Hay escenas que parecen escritas por un guionista empeñado en llevar el esperpento político hasta sus últimas consecuencias.

Una vicepresidenta del Gobierno alentando a los ciudadanos que acampan en la Puerta del Sol a mantener e intensificar la presión para exigir a su propio Gobierno un decreto de vivienda más contundente.

Pero no es una exageración. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha reclamado que el decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes «meta mano» a los fondos de inversión y ha dado la bienvenida a la acampada de Sol, animando a sus participantes a movilizarse «mucho y más». También ha advertido de que Sumar no aceptará cualquier decreto.

La imagen resulta difícil de mejorar: una parte del Gobierno presionando públicamente a otra parte del Gobierno.

Hay una vieja frase atribuida a John Galsworthy que dice: «Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición».

Yolanda Díaz parece haber encontrado la excepción: estar en el poder y hablar desde la oposición.

Porque la cuestión ya no es solamente la protesta de Sol. Lo ocurrido durante este fin de semana ha revelado una pugna mucho más profunda dentro del espacio político que sostiene a Sánchez.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha advertido de que, si el martes no sale adelante el decreto en los términos que reclaman, se abrirá una «crisis política muy grande». Y Podemos ha pasado también a la ofensiva. Ione Belarra e Irene Montero han respaldado la acampada y han anunciado un «otoño de movilizaciones que puede cambiarlo todo», reclamando ir «mucho más lejos de lo que quiere el Gobierno».

Ya no estamos, por tanto, ante una protesta que los partidos observan desde fuera.

Los partidos han entrado en ella.

Y aquí aparece la verdadera batalla: quién representa a la izquierda.

Podemos necesita recuperar el terreno perdido. Sumar necesita consolidar su propio espacio. Y el PSOE necesita conservar una parte importante del electorado situado a su izquierda. Todos compiten, con distintas estrategias, por una zona electoral en la que cada voto puede resultar decisivo.

La vivienda ofrece un terreno extraordinariamente fértil para esa disputa.

No hace falta afirmar que Podemos o Sumar hayan organizado la acampada. Basta con observar lo que está ocurriendo: una reivindicación social ha adquirido una dimensión política, y las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE están intentando convertir esa protesta en una palanca para presionar al Ejecutivo. Podemos, de hecho, ha rechazado las negociaciones del Gobierno con Junts sobre el decreto y ha anunciado que seguirá presionando desde la calle.

Yolanda Díaz se encuentra en una posición todavía más singular. No habla desde la oposición: forma parte del Consejo de Ministros que tendrá que aprobar el decreto.

Su mensaje, por tanto, tiene una doble lectura. Por un lado, expresa una discrepancia legítima dentro de una coalición. Por otro, transmite a la calle que debe seguir presionando al propio Ejecutivo del que ella forma parte.

Eso coloca a Pedro Sánchez ante un dilema incómodo.

Si el Gobierno aprueba un decreto que satisface ampliamente las exigencias de sus socios y de las organizaciones movilizadas, estos podrán presentar la presión de la calle como un factor decisivo. Si el decreto se queda corto, la protesta tendrá un nuevo argumento para continuar.

Y mientras tanto, Sánchez tiene que negociar con sus socios, con Junts y con el resto de los grupos parlamentarios, intentando evitar que cada concesión se convierta en una derrota política.

Pero hay otra cuestión que no deberíamos perder de vista: el calendario.

Para el presidente, cada semana de legislatura es tiempo para gobernar. Para sus competidores de la izquierda, también puede ser tiempo para reorganizarse, recuperar presencia pública y reconstruir una estructura política que en los últimos años ha perdido buena parte de su fuerza.

Por eso Sol importa más de lo que pueda parecer.

La cuestión no es únicamente el decreto de vivienda. Es si esta protesta consigue mantenerse, extenderse y convertirse en un movimiento capaz de devolver protagonismo a quienes necesitan recuperar espacio frente al PSOE.

Y aquí aparece la paradoja.

Sánchez necesita que sus socios de izquierda permanezcan dentro de su mayoría parlamentaria. Pero esos mismos socios necesitan demostrar ante su electorado que son capaces de presionar a Sánchez.

Necesita gobernar con ellos y, al mismo tiempo, competir con ellos.

Ahí está el verdadero problema.

La derecha intenta desgastar al Gobierno desde fuera. La izquierda alternativa intenta recuperar terreno desde dentro y desde la calle.

Y el presidente queda atrapado entre ambas presiones.

Ayer hablábamos de los fantasmas del 15-M.

Hoy la cuestión es distinta.

Ya no se trata solamente de quién ocupa la Puerta del Sol.

Se trata de quién consigue ocupar el espacio político que hay detrás de ella.

Luis Faraco Roldán.

PUERTA DEL SOL: LOS FANTASMAS HAN VUELTO.

2026-09-27T09:07:46.035+02:00

«Los espíritus del pasado» vuelven a ocupar la Puerta del Sol. Quince años después del 15-M, las tiendas de campaña han regresado al corazón de Madrid. ¿Estamos ante una protesta más o ante el intento de reconstruir un movimiento político que necesita volver a encontrar su espacio?

Hay imágenes que tienen memoria. La Puerta del Sol llena de tiendas de campaña vuelve a traer a la memoria colectiva aquella primavera de 2011 en la que el 15-M convirtió esta plaza en el epicentro de una protesta que terminó alterando profundamente el mapa político español.

Quince años después, los fantasmas vuelven a Sol.

Esta vez el detonante ha sido el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, y la protesta contra la situación de la vivienda. La manifestación del sábado desembocó en una acampada que ha continuado durante la madrugada. Centenares de personas han permanecido en la plaza, donde se instalaron tiendas de campaña.

Pero hay una frase que convierte esta protesta en algo políticamente más interesante: «O cae el rentismo, o cae el Gobierno». No es una interpretación propia. Es el lema con el que el Sindicato de Inquilinas llamó a permanecer en Sol.

La propia organización ha dejado claro que no considera que esto termine con una manifestación de un día. La acampada continúa y sus convocantes pretenden mantener la presión para que el Gobierno adopte nuevas medidas en materia de vivienda.

Aquí es donde empieza la verdadera cuestión política.

La izquierda alternativa lleva tiempo buscando cómo recuperar un espacio que el PSOE de Pedro Sánchez ha ocupado en buena medida. Podemos, Sumar y otras organizaciones situadas a la izquierda de los socialistas necesitan diferenciarse para mantener una identidad política propia. Y la vivienda ofrece un terreno especialmente fértil para esa reconstrucción.

No hace falta afirmar que exista una conspiración perfectamente organizada detrás de la acampada. Tampoco que todos los participantes respondan a una estrategia partidista. Lo que sí puede observarse es que una reivindicación concreta ha adquirido rápidamente una dimensión política más amplia: se reclama un cambio de modelo de vivienda y se dirige una presión explícita contra el Gobierno.

Eso ya ocurrió, con otras circunstancias, en 2011.

El 15-M tampoco nació como una operación electoral convencional. Pero aquella movilización terminó generando un nuevo espacio político y contribuyó a transformar la relación entre la calle y las instituciones. Ahora, en la misma plaza, vuelve a aparecer una fórmula conocida: protesta, acampada, consignas y presión política.

Karl Marx escribió en El 18 Brumario de Luis Bonaparte que, en determinadas épocas de crisis, los protagonistas «conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado», tomando prestados sus nombres, sus consignas y sus ropajes.

Quizá Sol esté haciendo precisamente eso.

Pero el momento merece también atención.

El Gobierno llega a este otoño sometido a una fuerte presión política por distintos frentes. La crisis de Ceuta y los distintos casos judiciales y acusaciones de corrupción que afectan al entorno del Ejecutivo han aumentado el desgaste político de Sánchez. En ese contexto, la izquierda que teme perder todavía más espacio tiene un incentivo evidente para intentar recuperar iniciativa, presencia pública y capacidad de movilización.

La vivienda puede ser su oportunidad.

Y aquí aparece el problema del calendario para Sánchez.

Cuanto más tiempo permanezca abierto el escenario político, mayor será el margen para que sus competidores a la izquierda reconstruyan organizaciones, liderazgo, discurso y presencia en la calle. Una protesta que hoy tiene como símbolo a Maricarmen puede convertirse mañana en una plataforma mucho más amplia contra la política de vivienda del Gobierno.

Además, el Ejecutivo tiene previsto abordar esta semana nuevas medidas sobre vivienda. La acampada llega, por tanto, justo cuando el Gobierno debe responder políticamente a una movilización que ya le exige resultados.

Sánchez se encuentra así ante una doble presión. A su derecha tiene una oposición que pretende desgastarlo; a su izquierda, unas fuerzas que necesitan recuperar el espacio que el PSOE les ha ido ocupando.

Y cuanto más tiempo pase, más oportunidades tendrán estas últimas para reorganizarse.

Por eso la cuestión no es únicamente qué ocurrirá en Sol.

La verdadera pregunta es cuánto tiempo tendrá esta movilización para crecer, organizarse y encontrar un relato político propio.

En 2011 nadie sabía, cuando aparecieron las primeras tiendas, hasta dónde llegaría aquello.

Ahora tampoco.

Pero los fantasmas tienen memoria.

Y esta vez han vuelto a la Puerta del Sol.

Luis Faraco Roldán.

LA LEY DE NIETOS: CUÁNDO UNA PRESUNCIÓN SE CONVIERTE EN UNA BATALLA DE PODER.

2026-09-26T10:51:19.188+02:00

«Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.»

Montesquieu

La polémica sobre la llamada Ley de Nietos ha dejado de ser una cuestión meramente administrativa. Hoy afecta directamente a la nacionalidad española, al censo electoral, al derecho de sufragio y, sobre todo, a la relación entre el poder político y el Poder Judicial.

La Ley 20/2022 establece determinadas vías para que descendientes de españoles puedan adquirir la nacionalidad. Entre ellas figura la de quienes acrediten que sus padres o abuelos fueron originariamente españoles y, en determinados supuestos, que tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

Hasta aquí, ninguna controversia.

El problema aparece al analizar cómo se desarrolló administrativamente esa previsión.

La Instrucción de 25 de octubre de 2022 estableció que se presumiría la condición de exiliado respecto de quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditasen documentalmente esa salida.

Y aquí aparece la cuestión fundamental: ¿demuestra la salida de España durante un determinado periodo histórico la causa por la que una persona abandonó el país?

Demuestra que salió. Pero no necesariamente por qué salió.

España vivió durante esos años una guerra civil, una posguerra, una dictadura y también importantes movimientos migratorios. Hubo exiliados políticos, pero también emigrantes económicos, personas que se trasladaron por razones familiares y ciudadanos que abandonaron el país por circunstancias diversas.

Confundir esos conceptos puede tener consecuencias enormes.

Una cosa es utilizar una presunción para facilitar una prueba y otra muy distinta convertirla en sustituto de la prueba del requisito esencial que exige la ley.

Sería como afirmar que una persona que tuvo entre 18 y 25 años durante un determinado periodo debe ser considerada universitaria. La edad demuestra la edad; no demuestra que haya cursado una carrera. Del mismo modo, haber salido de España entre 1936 y 1955 demuestra la salida, pero no acredita por sí mismo que aquella salida obedeciera a un exilio político.

Y no hablamos de una cuestión burocrática menor. Hablamos de la adquisición de la nacionalidad española y, posteriormente, de la inscripción en el censo electoral y del ejercicio del derecho de sufragio.

La magnitud tampoco es menor. La propia Abogacía del Estado ha reconocido que 168.896 personas accedieron a la nacionalidad mediante esta vía basada en la presunción de exilio.

Eso no significa que esas personas sean falsos exiliados ni que hayan obtenido indebidamente la nacionalidad. Pero sí demuestra la dimensión extraordinaria de una cuestión que ahora se encuentra sometida a controversia jurídica.

Y entonces interviene el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal ha cuestionado cautelarmente los efectos de esta interpretación administrativa sobre el censo electoral, al considerar que existía un riesgo que justificaba adoptar medidas mientras se resuelve el fondo del asunto.

Las críticas desde el Gobierno fueron inmediatas y contundentes.

Óscar López calificó la decisión del Supremo de «salvajada» y «atropello democrático» y afirmó que existen jueces que actúan como «salvapatrias» y pretenden «derrocar al Gobierno».

Óscar Puente, por su parte, acusó a algunos jueces de «hacer política» y de «querer gobernar el país por detrás». En relación con la Ley de Nietos llegó a calificar de «inexplicable» la suspensión cautelar del derecho de voto.

Félix Bolaños también expresó públicamente el desacuerdo del Gobierno con la decisión del Supremo.

Pero la reacción no se quedó en las declaraciones públicas.

El secretario general del Partido Comunista y diputado de Sumar, Enrique Santiago, decidió ir un paso más allá.

Registró una enmienda en una ley orgánica de Educación para intentar elevar a rango de ley la presunción establecida en la Instrucción de 2022 y dejar sin efecto las consecuencias de la decisión cautelar del Supremo.

Una cuestión que afecta directamente a la nacionalidad y al derecho de sufragio pretendía introducirse así en una norma cuyo objeto nada tiene que ver con ella.

Y aquí es donde la cuestión deja de ser simplemente jurídica.

Porque si se considera necesario modificar la Ley de Memoria Democrática para garantizar que esa presunción tenga rango legal, lo razonable sería presentar una reforma específica, explicar públicamente su contenido y someterla al debate parlamentario correspondiente.

Lo que resulta difícil de entender es que, justo cuando el Tribunal Supremo está examinando la legalidad de aquella interpretación, se intente blindarla mediante una enmienda introducida en otra ley.

Y no parece tratarse de una iniciativa aislada. Santiago anunció posteriormente que Sumar estaba dispuesto a utilizar cualquier otra ley orgánica en tramitación para conseguir ese objetivo si la enmienda no prosperaba en la Ley de Educación.

No es una cuestión menor. Es una cuestión de procedimiento, de transparencia y de respeto a las reglas del juego democrático.

Los gobiernos gobiernan. Las Cortes legislan. Los jueces juzgan.

Y ninguno de los tres poderes debería pretender ocupar el espacio del otro.

La cuestión de fondo es sencilla: ¿puede una presunción histórica general convertirse en prueba suficiente para adquirir la nacionalidad y ejercer posteriormente el derecho de sufragio?

Y, sobre todo:

¿puede el poder político intentar blindar esa interpretación precisamente cuando los tribunales están examinando su legalidad?

La respuesta no corresponde al Gobierno.

Tampoco a Sumar.

Ni al Partido Comunista.

Corresponde a la ley y, en última instancia, a los tribunales.

Porque eso, precisamente eso, es el Estado de Derecho.

Luis Faraco Roldán.

LA VIVIENDA: PROMESAS, CULPABLES Y NINGUNA SOLUCIÓN.

2026-09-25T09:56:09.402+02:00

Prometieron 183.000 viviendas. Sumar llegó a prometer dos millones. Tres años después, el déficit sigue siendo muy elevado y el propietario privado parece haber adquirido un protagonismo que difícilmente debería corresponderle en la solución de un problema de esta magnitud.

Hay una frase atribuida a Henry Ford que dice: «No busques culpables, busca soluciones».

En España, cuando hablamos de vivienda, quizá convendría recordar esa idea.

En las elecciones generales de 2023, Pedro Sánchez prometió 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, una parte importante destinadas a jóvenes. No fue una ocurrencia de campaña: figuraba en el programa electoral del PSOE y Sánchez volvió a asumirla en su discurso de investidura.

Pero su futuro socio de Gobierno prometía mucho más.

Sumar se comprometió a crear dos millones de viviendas públicas de alquiler asequible en diez años, con una inversión equivalente al 1% del PIB anual.

Dos millones.

No doscientas mil.

Han pasado tres años.

Y la pregunta parece razonable:

¿Dónde están?

No se trata de exigir que dos millones de viviendas aparezcan de la noche a la mañana. Se trata de conocer qué parte de aquella promesa se ha traducido realmente en viviendas construidas, terminadas y disponibles para los ciudadanos.

Porque anunciar viviendas no es lo mismo que construirlas.

Y mientras tanto, el propio Gobierno reconoce que España arrastra un déficit estructural superior a 400.000 viviendas.

MÁS DEMANDA Y UNA OFERTA INSUFICIENTE.

España ha experimentado, además, un fuerte crecimiento demográfico. La población nacida en el extranjero supera ya los diez millones de personas y el número de hogares ha aumentado considerablemente.

No sería riguroso atribuir exclusivamente a la inmigración la crisis de vivienda. Hay otros factores: la creación de nuevos hogares, la concentración de población en determinadas zonas, el turismo, el alquiler temporal, la falta de suelo y los costes de construcción.

Pero tampoco parece razonable ignorar que más población y más hogares suponen una mayor demanda de vivienda.

Y cuando la demanda crece más deprisa que la oferta, resulta difícil que los precios no se vean afectados.

La respuesta parece bastante evidente: aumentar la oferta.

Construir. Rehabilitar. Liberar suelo. Agilizar licencias. Facilitar la inversión. Y, naturalmente, construir vivienda pública.

Pero aquí aparece una de las contradicciones del debate actual.

UNA LEY CUYOS EFECTOS TAMBIÉN DEBEN EVALUARSE.

La Ley de Vivienda de 2023, una de las principales banderas de la política impulsada por Podemos durante su participación en el Gobierno, introdujo, entre otras medidas, mecanismos de control de rentas en las denominadas zonas de mercado residencial tensionado.

El objetivo declarado era contener el precio del alquiler y aliviar el esfuerzo de los hogares que ya estaban arrendando una vivienda.

El problema aparece cuando analizamos qué ha ocurrido con la oferta disponible.

Un estudio del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre los primeros años de aplicación de la ley encuentra en las zonas reguladas una reducción significativa de los anuncios de alquiler y un aumento de la competencia por cada vivienda disponible. En Cataluña, donde el control se aplica de forma generalizada desde marzo de 2024, el estudio estima una reducción de la oferta anunciada superior al 20%; en Barcelona, alrededor del 22%.

Es decir, el control puede beneficiar a quien consigue acceder o permanecer en una vivienda con una renta regulada, pero puede complicar el acceso de quienes están buscando una vivienda y se encuentran con una oferta más reducida.

Y aquí aparece una cuestión fundamental.

Si hay menos viviendas disponibles, aumenta la competencia entre quienes las buscan. El precio deja de ser el único mecanismo de ajuste y adquieren mayor importancia la solvencia, las garantías, la estabilidad laboral o, sencillamente, llegar antes que los demás.

El Banco de España también ha advertido de posibles efectos adversos de los controles de alquiler sobre la oferta, especialmente cuando se mantienen en el tiempo sin medidas eficaces para aumentarla.

Por tanto, el debate no debería limitarse a si se controla o no el alquiler, sino a qué efectos produce y para quién.

Porque una política puede aliviar la situación de determinados inquilinos y, al mismo tiempo, dificultar el acceso de otros.

Y si el problema de fondo es que faltan viviendas, parece difícil resolverlo únicamente interviniendo sobre el precio de las que ya existen.

¿Y EL GOBIERNO?

El artículo 47 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

El Gobierno dispone de instrumentos que el propietario particular no tiene: suelo público, presupuesto, capacidad legislativa y empresas públicas.

Puede construir.

Puede rehabilitar.

Puede agilizar licencias.

Puede liberar suelo.

Puede promover vivienda protegida.

Puede crear ese gran parque público que durante años ha prometido.

Por eso resulta legítimo preguntarse si el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido suficiente y si el equilibrio entre regulación y creación de nueva oferta es el adecuado.

El propietario particular también forma parte de la solución. Sus viviendas constituyen una parte importante de la oferta disponible y, por tanto, las políticas públicas deberían procurar que resulte razonablemente atractivo ponerlas en alquiler.

El propietario no decide la política migratoria. No decide cuánto suelo se libera. No concede licencias. No fija los costes de construcción. No redacta las leyes.

Y difícilmente puede recaer sobre él la responsabilidad principal de resolver un problema de dimensión nacional.

PROMESAS, CULPABLES Y NINGUNA SOLUCIÓN.

Sánchez prometió 183.000 viviendas.

Sumar prometió dos millones.

Ante esta situación, quizá sería conveniente que el debate dejara de centrarse tanto en buscar responsables y se concentrara en aumentar la oferta.

No se trata de enfrentar al propietario con el inquilino.

Ni al sector público con el privado.

Se trata de conseguir que haya suficientes viviendas para ambos.

Por eso la pregunta que deberían responder quienes gobiernan es bastante sencilla:

Si se cuestiona o se desincentiva a propietarios, ahorradores e inversores, mientras el Estado no construye al ritmo necesario las viviendas asequibles que se han prometido, ¿cómo se afronta el problema y quién aporta la oferta que falta?

Porque si necesitamos más viviendas, necesitamos que alguien las construya, las rehabilite o las ponga en el mercado.

Y eso exige algo más que declaraciones, controles o promesas.

Exige viviendas.

Luis Faraco Roldán.

MARICARMEN Y EL ÁTICO DE AYUSO: CUÁNDO TODO SIRVE PARA EL MISMO RELATO.

2026-09-24T08:05:19.575+02:00

Lo de Maricarmen es un drama. Una mujer de 87 años, que llevaba más de setenta viviendo en la misma casa, ha sido desahuciada y ha tenido que salir de su vivienda en camilla. Es difícil no sentir compasión ante una situación así.

Pero una cosa es el drama humano y otra la utilización política del drama.

Porque con Maricarmen hemos asistido a un nuevo episodio de una estrategia que se repite desde que apareció en escena el llamado “ático de Ayuso”: cualquier acontecimiento parece una buena ocasión para volver a colocarlo en el centro del debate.

Ayer ocurrió de nuevo.

Mientras cientos de personas se concentraban frente al inmueble con el lema «El ático de Ayuso para Maricarmen», Pedro Sánchez, desde Nueva York, calificaba el desahucio de “tragedia social” y responsabilizaba políticamente a Ayuso y Almeida.

Y aquí es donde conviene hacer una pregunta muy sencilla:

¿Qué tiene que ver el ático de Ayuso con el desahucio de Maricarmen?

La respuesta parece bastante evidente: jurídicamente, nada.

La historia de Maricarmen comienza muchas décadas antes. El contrato de su vivienda se remonta a 1956, cuando estaba vigente la legislación de arrendamientos urbanos del franquismo, basada en la llamada renta antigua y en la prórroga forzosa.

Pero después llegaron las reformas.

En 1985, un Gobierno socialista aprobó el llamado Decreto Boyer, que eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos, aunque mantuvo el régimen anterior para los que ya estaban vigentes.

Y en 1994, también bajo un Gobierno socialista, se aprobó la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que estableció un régimen transitorio para aquellos contratos antiguos y limitó las subrogaciones. En determinados supuestos, cuando el nuevo titular era un hijo, el contrato quedaba extinguido a los dos años, con las excepciones previstas por la propia ley.

Es decir: sí, el origen del régimen de renta antigua está en una legislación de la época de Franco. Pero las dos grandes reformas que empezaron a poner fin a aquel sistema fueron aprobadas por gobiernos socialistas.

Según la información publicada sobre el caso, la madre de Maricarmen falleció en 2005 y la subrogación posterior acabó siendo objeto de litigio. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó dando la razón a la propiedad.

Podemos discutir si la legislación es adecuada. Podemos discutir si una persona de 87 años debería disponer de una protección especial. Y podemos exigir a las administraciones que encuentren una solución habitacional digna para una persona vulnerable.

Todo eso es perfectamente legítimo.

Pero otra cosa es presentar el desahucio como si fuera consecuencia de la compra de un ático por la Comunidad de Madrid.

No lo es.

Si mañana la Comunidad de Madrid vendiera ese inmueble, la situación jurídica de Maricarmen seguiría siendo exactamente la misma.

Y aquí aparece otro elemento que conviene no olvidar: la propiedad privada.

Podemos considerar insuficiente la respuesta de las administraciones. Podemos pensar que la empresa propietaria debería haber aceptado alguna de las soluciones planteadas. Pero también hay que reconocer que existe un propietario y que los derechos de ese propietario están protegidos por la ley.

Si se considera injusta la legislación sobre determinados alquileres, cámbiese.

Si una anciana vulnerable necesita protección, proporciónesele.

Si faltan viviendas públicas, constrúyanse.

Pero no confundamos una cosa con otra.

Y hay un dato que resulta especialmente oportuno recordar hoy. Ayer mismo la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las denuncias de tres particulares contra Ayuso por la compra del ático, al considerar que se basaban en “hipótesis elucubrativas” y que no aportaban datos suficientes para atribuirle una conducta delictiva. Ese archivo no afecta a otras actuaciones que siguen abiertas en Madrid, pero sí forma parte de la actualidad del asunto.

Y, prácticamente al mismo tiempo, el desahucio de Maricarmen volvía a utilizarse para colocar el ático en primer plano.

Quizá deberíamos empezar a separar las cosas.

Maricarmen merece solidaridad. Merece una solución digna. Merece que su drama no sea trivializado.

Pero su situación tiene una historia jurídica concreta y no empezó con Ayuso, ni con Almeida, ni con el famoso ático.

Y quizá esa sea precisamente la cuestión.

Cuando cualquier drama termina sirviendo para volver al mismo asunto, conviene preguntarse si estamos intentando resolver un problema o simplemente utilizando el problema para mantener vivo un relato político.

Luis Faraco Roldán.

CUANDO EL PODER SE ENFRENTA A LOS JUECES (II).

2026-09-23T08:12:05.203+02:00

Cuando la presión política llega hasta el Supremo.

Hay algo que debería estar fuera de toda discusión en una democracia: las resoluciones de los tribunales pueden recurrirse, discutirse y criticarse, pero los jueces no deberían ser objeto de presión política para que cambien sus decisiones.

Y eso es precisamente lo que vuelve a estar sobre la mesa.

El PSOE ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas entre sus militantes para pedir al Tribunal Supremo que revoque la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la llamada Ley de Nietos. Lo significativo no es que el PSOE discrepe de la decisión del Supremo. Está en su perfecto derecho. Lo significativo es el instrumento elegido: movilizar a sus bases para ejercer, en palabras del propio mensaje enviado por Ferraz, «la presión necesaria» sobre el tribunal.

El Tribunal Supremo no ha eliminado la nacionalidad de nadie. Tampoco ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Ha adoptado una medida cautelar mientras resuelve el procedimiento. Precisamente por eso, estamos ante una decisión susceptible de ser recurrida por las partes.

Y el Gobierno ya ha utilizado esa vía. La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Supremo y el Ejecutivo ha expresado públicamente su discrepancia. Es perfectamente legítimo. Quien considera que una resolución judicial es incorrecta tiene derecho a recurrirla y a defender sus argumentos ante los tribunales.

El problema aparece cuando, además de utilizar los instrumentos jurídicos previstos por la ley, el partido que sostiene al Gobierno pone en marcha una campaña política cuyo objetivo declarado es ejercer presión sobre el mismo tribunal que debe resolver el asunto.

Porque el Supremo no tiene que escuchar al PSOE. Ni al PP. Ni a Vox. Ni a ninguna organización política. Tiene que escuchar a la ley y decidir conforme a Derecho.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos del Tribunal Supremo. Se puede considerar excesiva su decisión cautelar. Se puede defender que no existe riesgo alguno para la transparencia electoral. Todo eso forma parte del legítimo debate democrático.

Pero hay una pregunta que merece hacerse:

¿Qué ocurriría si cada vez que una resolución judicial no gustara a un partido político este decidiera movilizar a miles de militantes para presionar públicamente al tribunal que debe resolverla?

¿Aceptaríamos ese comportamiento si el partido fuera otro y el Gobierno fuera distinto?

La independencia judicial no puede funcionar a conveniencia.

El derecho a manifestarse, protestar o recoger firmas está protegido en democracia. Nadie debería discutirlo. Pero cuando el objetivo expresamente anunciado de una campaña política es ejercer presión sobre un tribunal para que revoque una decisión judicial, resulta legítimo preguntarse por sus consecuencias institucionales.

Y esta cuestión adquiere todavía mayor importancia después de las duras críticas que hemos escuchado desde el Gobierno y desde algunos de sus socios contra determinados jueces que investigan asuntos relacionados con dirigentes socialistas o personas de su entorno.

Primero fueron las descalificaciones a determinados magistrados. Después, las acusaciones contra algunas investigaciones. Ahora, una campaña organizada para presionar al Supremo.

Los jueces pueden equivocarse. Naturalmente. Para eso existen los recursos, las apelaciones y los tribunales superiores.

Lo que no deberíamos normalizar es que, cuando una decisión judicial incomoda al poder político, la respuesta sea intentar modificarla mediante presión política.

La Justicia no necesita aplausos. Necesita independencia.

Y el poder político debería recordar que los jueces no están para darle la razón, sino para garantizar que todos, también quienes gobiernan, estén sometidos a la ley.

Hoy el afectado puede ser el PSOE. Mañana puede ser cualquier otro partido.

Por eso la defensa de la independencia judicial no debería ser patrimonio de ninguna ideología.

Porque cuando el poder empieza a presionar a los jueces, la cuestión ya no es quién tiene razón en un determinado procedimiento. La cuestión es quién decide en una democracia: la ley o el poder.

«La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.»

— Ulpiano

Luis Faraco Roldán.

CUANDO EL PODER SE ENFRENTA A LOS JUECES. (I).

2026-09-22T08:37:30.661+02:00

El caso Begoña Gómez y la creciente descalificación de quienes investigan al poder.

Hay una línea que una democracia no debería cruzar nunca: aquella que separa la legítima crítica a una resolución judicial del intento de deslegitimar al juez que la dicta.

Lo ocurrido en las últimas semanas obliga a mirar con preocupación esa frontera. No porque Begoña Gómez sea culpable —eso deberá decidirlo el tribunal—, sino porque el Gobierno y dirigentes del PSOE han reaccionado ante una decisión judicial como si el problema fuera que un juez se haya atrevido a investigar a la esposa del presidente.

El 21 de septiembre, el juez Juan Carlos Peinado decretó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por malversación. La Fiscalía y las defensas solicitan la absolución, de modo que será el tribunal quien tenga que determinar finalmente si existe o no responsabilidad penal.

Hasta ahí, estamos ante el funcionamiento normal del Estado de Derecho: un juez investiga, las acusaciones sostienen sus posiciones, las defensas ejercen sus derechos y un tribunal juzga.

El problema empieza cuando el poder político convierte la actuación de un juez en un problema político.

Pedro Sánchez afirmó recientemente que Peinado «ha hecho mucho daño a la justicia» y que no será recordado por haber sido un juez imparcial. El ministro Félix Bolaños ha cuestionado públicamente la actuación del sistema judicial y, después de que el CGPJ archivara su queja contra Peinado, atribuyó esa decisión al «conservadurismo» o «corporativismo» del órgano de gobierno de los jueces.

Y la reacción posterior a la apertura del juicio ha sido todavía más contundente. Moncloa calificó la decisión de «injusta», «arbitraria» y parte de una supuesta «persecución judicial». El PSOE llegó a definir el auto como el «último servicio a la patria» del juez antes de su jubilación.

Óscar López, ministro del Gobierno, fue todavía más lejos al calificar la instrucción de «absolutamente inquisitorial», hablar de «cacería» y calificar el caso de «vergüenza desde el minuto uno».

Se puede discrepar de Peinado. Se puede recurrir una resolución. Se puede pedir el archivo de una causa. Se puede defender públicamente la inocencia de una persona. Todo eso forma parte de la democracia.

Lo que resulta mucho más preocupante es convertir sistemáticamente al juez en el problema.

Y esta cuestión no afecta únicamente al caso Begoña Gómez. En paralelo, otros procedimientos judiciales afectan al entorno socialista. En el llamado caso Leire Díez se investigan presuntas maniobras destinadas a obstaculizar causas que afectan al PSOE y al Gobierno; el juez ha investigado, entre otros, a la gerente del PSOE y a personas relacionadas con la trama.

Precisamente por eso la reacción ante los jueces debería ser la contraria: más respeto institucional, más transparencia y menos descalificación personal.

Los jueces no están para agradar al Gobierno, ni a la oposición, ni a los medios de comunicación. Su obligación es aplicar la ley. Y si una resolución es incorrecta, existen recursos y tribunales superiores para corregirla. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha corregido aspectos de la instrucción de Peinado y ha descartado algunos de los delitos inicialmente investigados.

Eso demuestra precisamente que los controles judiciales funcionan.

Una democracia madura no necesita jueces infalibles. Necesita jueces independientes y procedimientos capaces de corregir sus errores.

Y quienes gobiernan deberían ser los primeros interesados en preservar esa independencia.

Porque mañana puede ser otro Gobierno, otro partido y otro juez.

Cuando un poder político considera intolerable que los jueces investiguen a quienes están cerca del poder, el problema ya no es una determinada instrucción judicial. El problema es mucho más profundo: es la concepción misma del Estado de Derecho.

Los jueces no gobiernan España. Pero tampoco gobierna España quien pretende que los jueces solo sean respetados cuando sus decisiones resultan cómodas.

La Justicia no puede estar sometida al poder. Precisamente para eso existe.

«No hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del ejecutivo.»

— Montesquieu, El espíritu de las leyes.

Luis Faraco Roldán.

CEUTA: BUSCAR CULPABLES EN VEZ DE BUSCAR SOLUCIONES.

2026-09-18T22:42:16.910+02:00

«Cuando un Gobierno dedica más esfuerzos a buscar culpables que a resolver los problemas, algo esencial está fallando: la responsabilidad.»

Lo ocurrido hoy en Ceuta debería obligar al Gobierno a hacer algo muy sencillo: explicar sus decisiones, asumir sus responsabilidades y buscar soluciones.

Sin embargo, la impresión que transmite el Ejecutivo es exactamente la contraria: parece empeñado en buscar culpables antes que soluciones.

Las imágenes que hemos visto son suficientemente elocuentes. Una avalancha de personas, en su inmensa mayoría hombres jóvenes, tratando de acceder al dispositivo instalado en el puerto; carreras, empujones, agentes desbordados, heridos y momentos de enorme tensión en una infraestructura especialmente sensible.

Y ante todo esto surge una pregunta elemental: ¿quién decidió que ese era el lugar adecuado para concentrar a cientos o miles de personas?

No fueron los policías que hoy estaban allí. No fueron los guardias civiles que tuvieron que contener las avalanchas. Ellos se limitaron a cumplir las órdenes recibidas.

La decisión política corresponde a quienes gobiernan.

Más aún cuando la utilización del espacio portuario no contaba con el respaldo de la Autoridad Portuaria y cuando los responsables de seguridad habían advertido de los riesgos que podía comportar utilizar una infraestructura de estas características para instalar un campamento de estas dimensiones.

La Audiencia Nacional decidió finalmente no mantener la medida cautelar que impedía la utilización del recinto. Es una decisión judicial que debe respetarse, naturalmente. Pero respetar una resolución judicial no significa que no podamos preguntarnos si la planificación política y operativa posterior fue la adecuada.

Porque hoy hemos visto las consecuencias de una operación que generó una situación extraordinariamente delicada.

Y aquí aparece una segunda cuestión que me preocupa todavía más.

En lugar de concentrar todos los esfuerzos en resolver el problema, el Gobierno parece haber abierto una batalla política contra el presidente de Ceuta, contra el Partido Popular y contra Vox.

Una cosa es discrepar políticamente con Juan Vivas, con el PP o con Vox. Otra muy distinta es convertir cualquier crítica a la actuación del Gobierno en una supuesta maniobra partidista.

Juan Vivas es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Cuando plantea objeciones sobre una cuestión que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos que representa, el Gobierno debería responder con argumentos y soluciones, no con descalificaciones.

Lo mismo cabe decir de las críticas procedentes de algunos miembros del Ejecutivo, especialmente desde Sumar, contra la actuación de las fuerzas de seguridad.

Conviene recordar algo elemental: los policías y guardias civiles que hoy hemos visto en las imágenes no diseñaron la política migratoria del Gobierno. No decidieron instalar las carpas en el puerto. No establecieron las condiciones del operativo. No decidieron cuántas personas debían ser trasladadas ni cómo hacerlo.

Cumplieron órdenes.

Y cuando un Gobierno tiene que recurrir a sus fuerzas de seguridad para ejecutar una decisión política, resulta difícilmente comprensible que, después, algunos de sus propios miembros terminen poniendo el foco sobre esos mismos agentes.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen algo más que convertirse en el blanco de las críticas cuando una decisión política genera problemas.

También deberíamos exigir información rigurosa sobre quiénes son las personas que están llegando, cuál es su situación jurídica, cuántos son menores, cuántos tienen derecho a protección internacional y cuántos han entrado irregularmente.

La composición mayoritariamente masculina de determinados grupos que estamos viendo merece una explicación basada en datos, no en prejuicios ni en consignas.

Pero hay algo que debería estar por encima de cualquier discusión partidista: la seguridad de Ceuta.

El puerto no es un espacio cualquiera. Es una infraestructura estratégica, esencial para las comunicaciones y el abastecimiento de la ciudad y sometida a especiales exigencias de seguridad.

Por eso resulta legítimo preguntarse qué habría ocurrido si la avalancha hubiese alcanzado zonas restringidas o si se hubiera producido un incidente de mayor gravedad.

No hace falta esperar a una tragedia para reconocer que una decisión puede haber sido mal planificada.

Un Gobierno responsable debería decirnos qué ha ocurrido hoy, qué ha fallado, qué medidas va a adoptar y cómo piensa impedir que vuelva a repetirse.

Eso es gobernar.

Buscar responsables políticos entre quienes denuncian los problemas puede ser útil para el relato partidista, pero no sirve para solucionar una crisis.

Ceuta necesita coordinación entre el Gobierno de España, la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Necesita medios, planificación y una política migratoria clara. Y necesita que sus instituciones trabajen juntas, aunque estén gobernadas por partidos diferentes.

Porque al final hay una pregunta que el Gobierno no puede esquivar:

¿Quién va a asumir la responsabilidad de las decisiones que han conducido hasta aquí?

En democracia, cuando una decisión propia genera problemas, un Gobierno responsable no busca desesperadamente a quién culpar.

Explica. Corrige. Asume. Y busca soluciones.

Ceuta no necesita una guerra política más.

Necesita que el Gobierno gobierne.

Luis Faraco Roldán.

SÁNCHEZ Y LA GEOMETRÍA VARIABLE DEL DERECHO INTERNACIONAL.

2026-09-16T15:25:02.848+02:00

Trump, Israel, Palestina, Marruecos y el Sáhara: cuando los principios parecen depender de quién esté al otro lado de la mesa.

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes».

— Martin Luther King Jr., Carta desde la cárcel de Birmingham, 1963.

TRUMP NO. ISRAEL TAMPOCO.

Hay una palabra que Pedro Sánchez utiliza con frecuencia cuando habla de política internacional: principios.

Derecho internacional, derechos humanos, Naciones Unidas y orden internacional basado en reglas forman parte habitual del discurso del Gobierno.

Con Donald Trump, las discrepancias españolas han sido públicas. Con Israel, todavía más. España reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 y el Gobierno ha convertido la defensa de la causa palestina en uno de los elementos más visibles de su política exterior.

Todo ello puede defenderse desde una determinada concepción de las relaciones internacionales.

Pero entonces aparece una pregunta incómoda:

¿Se aplican esos mismos principios cuando al otro lado de la mesa está Marruecos?

PALESTINA SÍ. SÁHARA, ¿POR QUÉ NO?

El Sáhara Occidental constituye uno de los ejemplos más difíciles de encajar.

En 2022, Sánchez defendió que la propuesta marroquí de autonomía era «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, aunque reiteró que la solución debía producirse dentro del marco de Naciones Unidas y ser aceptada por las partes.

No es correcto afirmar que España haya abandonado formalmente el marco de Naciones Unidas. Pero sí es legítimo preguntar por qué el lenguaje empleado respecto del Sáhara resulta diferente del utilizado ante otros conflictos.

Si el derecho internacional es un principio, debería serlo independientemente de quién sea nuestro aliado.

Y ahora el Congreso ha vuelto a colocar la cuestión saharaui en el centro del debate al tramitar una ley destinada a reconocer la nacionalidad española a determinados saharauis nacidos durante la administración española y a sus descendientes.

La paradoja resulta difícil de ignorar.

No se puede ser internacionalista a la carta.

CEUTA: CUANDO LA FRONTERA LLAMA A LA PUERTA.

La entrada masiva de finales de julio convirtió una cuestión migratoria en un asunto de seguridad nacional, relaciones bilaterales y, finalmente, dimensión europea.

El Parlamento Europeo tiene prevista para el 17 de septiembre una votación sobre una resolución cuyo propio título habla de «ataques híbridos» e «instrumentalización de migrantes» en Ceuta y reclama una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La terminología importa.

Y mientras Bruselas prepara el debate, Marruecos ha decidido jugar su propia partida.

El 14 de septiembre, la Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió selectivamente a eurodiputados españoles una carta defendiendo la posición de Rabat sobre la crisis. Según Europa Press, la recibieron representantes del PSOE, PNV y ERC, mientras no llegó a miembros de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG.

No hay pruebas de que esa carta haya comprado voluntades ni condicionado un voto.

Pero sí existe un hecho documentado:

Rabat está haciendo diplomacia activa para defender su relato ante las instituciones europeas.

Mientras tanto, España tendrá que explicar ante sus socios qué ocurrió en una de sus fronteras exteriores.

LA AMENAZA HÍBRIDA NO ERA CIENCIA FICCIÓN.

Hay otro dato que merece atención.

En 2025, el Curso Internacional de Defensa de Jaca, organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, dedicó una edición a la «Amenaza híbrida: la guerra imprevisible».

La documentación oficial explica que una amenaza híbrida puede combinar armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo, delincuencia e información y desinformación para alcanzar objetivos políticos. También señala que estas estrategias buscan explotar las debilidades del adversario y actuar sobre la percepción, los relatos y la opinión pública.

Esto no demuestra que Marruecos organizara la crisis de Ceuta. Tampoco que aquel curso predijera lo sucedido.

Pero demuestra que el uso combinado de instrumentos de presión y manipulación informativa ya formaba parte del análisis español de seguridad.

Y los documentos desclasificados posteriormente han revelado que el CNI alertó antes de la entrada masiva sobre convocatorias en redes para cruzar por mar y por tierra. El Gobierno sostiene que aquellas comunicaciones no permitían anticipar la magnitud extraordinaria de lo que finalmente ocurrió.

Son hechos que exigen explicación, no consignas.

HASTA LOS SOCIALISTAS MARROQUÍES HABLAN DE DESESTABILIZACIÓN.

Hay un episodio todavía más llamativo.

Nabila Mounib, diputada y dirigente del Partido Socialista Unificado marroquí, planteó públicamente que George Soros y organizaciones vinculadas a él podían estar detrás de movimientos destinados a aprovechar el malestar de poblaciones empobrecidas, llegando a relacionar esas hipótesis con la crisis de Ceuta.

Resulta significativo que una dirigente socialista marroquí introdujera en el debate público la hipótesis de utilizar el malestar social y los movimientos migratorios como instrumentos de desestabilización.

No demuestra coordinación ni autoría. Sí demuestra que la instrumentalización de la migración forma parte del debate político generado por la propia crisis.

LA IZQUIERDA ANTE SU PROPIO ESPEJO.

Aquí aparece una cuestión especialmente incómoda para la izquierda española.

Durante décadas ha convertido los derechos humanos, la solidaridad internacional y la defensa de los pueblos vulnerables en una de sus principales señas de identidad.

Pero gobernar implica asumir responsabilidades cuando esos principios chocan con los intereses estratégicos del Estado.

No basta con criticar determinadas actuaciones de Marruecos y regresar después al Gobierno.

La discrepancia que nunca pone en riesgo el poder corre el riesgo de convertirse en escenificación.

Y la cuestión saharaui vuelve a aparecer como una prueba incómoda.

Si se exige respeto al derecho internacional frente a Israel, ¿por qué cambia el lenguaje cuando hablamos del Sáhara?

Si se denuncia la instrumentalización política de los conflictos internacionales, ¿por qué cuesta tanto admitir que la migración también puede ser utilizada como instrumento de presión?

Y si Europa considera suficientemente seria la hipótesis de la instrumentalización de migrantes como para debatirla mañana en su Parlamento, ¿por qué en España cualquier advertencia sobre esa posibilidad se convierte inmediatamente en una batalla partidista?

LA PRUEBA DE LOS PRINCIPIOS.

España necesita una relación estable con Marruecos. La cooperación económica, policial, migratoria y de seguridad es importante.

Precisamente por eso conviene hablar claro.

Una relación estratégica no puede significar que determinadas preguntas dejen de formularse. Una alianza tampoco puede convertir cualquier discrepancia en un asunto que deba ocultarse.

Los principios solo demuestran su valor cuando aplicarlos tiene un coste.

Martin Luther King lo expresó de forma difícil de mejorar:

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes».

La frase no pierde valor porque el escenario sea Rabat, Gaza, Jerusalén, Washington o el Sáhara.

Al contrario.

Es precisamente cuando cambia el interlocutor cuando se comprueba si los principios son realmente principios o simplemente instrumentos de la política exterior.

Y esa es la pregunta que Ceuta ha puesto ahora sobre la mesa:

¿Tiene España una política exterior basada en principios o una política exterior basada en excepciones?

La respuesta no debería depender de quién esté al otro lado de la frontera.

Luis Faraco Roldán.