Grade

Haciendo política a ciegas

2009-12-14T06:17:00.000-08:00

Artículo publicado en El Comercio, Lunes 14 de Diciembre del 2009

Por Ricardo Fort, Economista, GRADE

El último censo nacional agrario se realizó en el Perú hace 15 años. Como si nada importante hubiera ocurrido en el ámbito rural en los últimos años, el diseño de políticas para el sector sigue usando como base de información estructural el número de unidades agropecuarias, productores, parcelas y cultivos que se encontraron en el país hace más de una década y media.

En este contexto, se carece de información sobre cuestiones fundamentales como la tendencia a la reconcentración de la propiedad rural en ciertas regiones, así como la propensión a la extrema parcelación en otras, o la magnitud de los “efectos modernizadores” de las reformas económicas de la década del noventa en la estructura agraria del país. La falta de este conocimiento no permite un análisis ni global ni desagregado, y lo que se pueda evaluar solo se sustenta en evidencia casuística o anecdótica, insuficiente para proponer políticas e intervenciones adecuadas.

Pero los censos nacionales agrarios no solo permiten conocer las características estructurales del sector y de todas sus unidades agropecuarias en un momento del tiempo, sino que establecen un nuevo universo de unidades de producción (marco muestral) sobre cuya base se pueden realizar estudios más detallados y precisos, encuestando por muestreo a estos productores identificados.

El Ministerio de Agricultura (Minag), por ejemplo, está retomando un proceso de modernización de sus sistemas de información continua (como el cálculo del valor bruto de la producción agrícola, de gran importancia para las cuentas nacionales), para el cual resulta indispensable contar con información nacional actualizada que solamente un censo de este tipo puede proporcionar. En este mismo sentido, un nuevo censo resulta esencial como punto de partida para poder monitorear los efectos de las nuevas políticas que influenciarán en el sector durante los próximos años (una gran línea de base).

Pese a ser anunciado por los últimos tres ministros de Agricultura —incluyendo el actual— y de contar con avances significativos en su planeamiento y presupuesto, parece evidente que la falta de voluntad política y de consideración por un sector constantemente marginado es la principal causante de su retraso. La concentración de esfuerzos en generar políticas de corto plazo y establecer beneficios directos a los productores agropecuarios más necesitados solamente podrá ser eficiente y tener mayor efectividad cuando conozcamos mejor la estructura actual del sector, entendamos las razones de sus cambios, y seamos capaces de plantear lineamientos de mediano y largo plazo para su desarrollo.

De no obtener la aprobación para su ejecución en breve, es probable que esta importante tarea tenga que ser postergada por un par de años más debido a que entraría en conflicto con el proceso electoral del 2011. Esperemos entonces ver pronto publicado el decreto supremo que declare de interés nacional la realización del nuevo censo agrario, y que asigne el presupuesto necesario para su ejecución durante el 2010. Tal vez en estos días que el Congreso de la República discute el presupuesto público del próximo año nuestros representantes den el ejemplo al promover esta asignación en el hemiciclo.

Balance del 2009 en agricultura: seguimos a la deriva

2009-11-25T08:20:00.000-08:00

Por Eduardo Zegarra

El año que culmina ha sido un año difícil para todos los peruanos y peruanas. Luego de varios años de crecimiento superiores al 5% e incluso de 9% en 2008, este año terminaremos en el mejor de los casos sin crecimiento alguno. La crisis externa ha golpeado fuerte al Perú, tal y como se esperaría de una economía bastante abierta y expuesta a la caída de precios de materias primas. El sector agrario peruano no ha sido ajeno a esta crisis, y ha sentido con particular intensidad la caída de precios y la retracción del poco crédito que venía recibiendo, y sobre todo, ha seguido siendo víctima de la falta de políticas coherentes e integrales por parte del segundo gobierno de Alan García.

Uno de los sectores más perjudicados por la crisis externa fue el de los alpaqueros, que vieron el derrumbe de los precios de la fibra a niveles irrisorios a principios de año. La oligopolizada industria nacional no hizo mucho por proteger a sus proveedores, entre los más pobres del país, y ni el gobierno nacional ni gobiernos regionales lograron articular medidas efectivas para evitar el desplome de los ingresos de miles de familias alpaqueras. Es muy probable que este segmento, muy vulnerable de la población alto-andina peruana, haya tenido aumentos significativos en índices de pobreza y pobreza extrema este año.

Los productores comerciales también fueron afectados. Uno de los casos más dramáticos ha sido el algodón, que tuvo una caída en siembras de 80,000 a sólo 30,000 hectáreas en solo un año. Con el algodón sin rentabilidad, el grueso de agricultores costeños del norte, por ejempo, se orientaron a sembrar masivamente arroz, generando una sobreoferta que derrumbó los precios del grano. En conjunto, pese a ser un año con pocos problemas climáticos, el 2009 ha terminará siendo un muy mal año para la mayor parte de los agricultores nacionales.

Obviamente el sector agropexportador de grandes empresas también ha sido afectado con caídas de hasta 30% en el valor de las exportaciones orientadas tanto a USA como a la Unión Europea. Esto ha generado caídas de empleo en el sector agroindustrial, e un contexto donde los trabajadores y trabajadoras de este sector ya tienen serias dificultades por la malas prácticas de algunas empresas que no reconocen sus derechos laborales elementales. También ha sido un año difícil para miles de trabajadores en las empresas agroexportadoras costeñas que vieron una mayor precarización de sus fuentes de trabajo.

Este difícil panorama no fue adecuadamente enfrentado por los dos ministros de agricultura que hemos tenido este año. En el caso de Carlos Leyton, que recién empezaba a organizar su equipo y a definir políticas más claras para el sector, el problema fue que su proceso de aprendizaje fue muy largo para los ritmos de la realidad, y su salida a mitad de año no permitió hacer cambios significativos en un sector público agrario con graves problemas estructurales. Su sucesor, Adolfo De Córdova, es militante aprista y se ha dedicado en impulsar los controversiales Núcleos Ejecutores ordenados por el Presidente de la República el 28 de Julio, y a intentar moderar las mesas de concertación con los amazónicos (aún en proceso), pero con escasa capacidad para enfrentar los múltiples y complejos problemas de un sector como éste.

En un somero balance del 2009, seguimos con una agricultura sin políticas coherentes y estables. El MINAG no responde adecuadamente ni a coyunturas adversas como la crisis de precios y empleos de este año, ni a problemas estructurales como la falta de crédito, de tecnología e infraestructura. Para cerrar con broche de oro, el MEF retiró del Presupuesto de la República al Censo Agropecuario que iba a realizarse el 2010. Ahora no podrá haber Censo sino hasta después del 2011, y seguiremos sin una herramienta básica para diseñar y aplicar mejores políticas para nuestros dos millones de agricultores.

Boom agrícola y persistencia de la pobreza rural

2009-04-21T10:17:00.000-07:00

Entrevista a Eduardo Zegarra, publicada en II Seminario Boom Agrícola y Persistencia de la Pobreza Rural, Marzo de 2009

¿Existe relación entre boom agrícola y reducción de la pobreza rural?
En el estudio que hemos hecho en Perú, hemos encontrado una relación, aunque débil. El crecimiento agrícola que ha tenido Perú en los últimos diez años ha tenido algunos impactos, sobre todo en las zonas más modernas, sin embargo en la Sierra que es el sector donde se concentra el 70% de la pobreza rural el impacto ha sido nulo, lo que llama ha a mucha preocupación e indica que el sector agrícola no está teniendo los resultados que se esperaban en términos de reducción de pobreza y probablemente se requiera de políticas complementarias que puedan tener mayor efectividad.

¿Cómo se manifiesta esta relación?
El efecto es relativamente pequeño, ya que esperamos que un aumento en el producto agrícola del 10 %, sólo reduce la pobreza en 3%, eso contrasta con otros países como China en donde el crecimiento agrícola tiene efectos mucho mayores en reducción de pobreza.
“En el caso peruano los efectos del crecimiento agrícola en la disminución de la pobreza son bastante limitados.”

¿Cuáles son los aspectos relevantes para la superación de la pobreza en el contexto del boom agrícola?
Lo principal es que obviamente el sector agrícola no va a poder revertir los problemas de pobreza por si sólo, se requiere atacar otros ámbitos.
Primero, mejorar las propias políticas agrícolas, en segundo lugar una política social más agresiva como la que hemos visto existe en Chile o en Brasil en los sectores rurales, que lleva a una disminución de la desigualdad.
En general tener cuidado con el manejo de los recursos naturales, hay por ejemplo un tema en donde el crecimiento agrícola en la zona de la selva amazónica peruana esta generando impactos negativos sobre la sustentabilidad del medio ambiente.

¿Cuáles son las principales medidas que el Gobierno está tomando para apoyar la superación de la pobreza rural y qué efecto han tenido?
El Gobierno peruano ha lanzado algunas iniciativas recientemente, aunque aun no se observa una estrategia totalmente articulada, por ejemplo en el caso de la Sierra los problemas de pobreza aun no logran ser resueltos adecuadamente.
A pesar de que el año 2007 la pobreza cayó 4 o 5 % se espera que el 2008 haya crecido por el alza de los alimentos, especialmente en la Sierra el Gobierno no logra resolver los problemas de pobreza más agudos.

¿Hay medidas especiales en el contexto del alza de precios de los alimentos y la crisis económica?
En el caso de Perú el impacto que tuvo el alza fue significativo, ya que estimamos que la población con déficit calórico aumento casi 5 puntos. Pero el gobierno ha apuntado las iniciativas más al alza de la inflación que a la de los alimentos.
Esto ha sido contraproducente, se demostró el país requiere una mejor estrategia de seguridad alimentaria. El gobierno se dio cuenta y últimamente, a empezado a trabajar con el tema de la competencia en los mercados, para que los precios se regulen y la disminución en estos se vea reflejada finalmente.
De todas maneras hace falta algo que hemos propuesto, “Consejo Nacional de Seguridad Alimentaría”, para que en el futuro los sectores más pobres de la población no se vean tan fuertemente afectados con las alzas de los alimentos.

La agenda del ministro Leyton

2008-10-20T12:53:00.000-07:00

Artículo publicado en La República, Sábado 18 de octubre de 2008

Por Eduardo Zegarra

La designación de Carlos Leyton como nuevo ministro de Agricultura del gabinete de Yehude Simon representa un cambio importante en las prioridades de la política agraria del gobierno. Como se sabe, Leyton ha sido hasta hace poco vicepresidente regional de Arequipa y ha venido trabajando en temas de desarrollo regional y multirregional en la sierra sur del país. En unas declaraciones iniciales ha planteado la necesidad de orientar un mayor esfuerzo gubernamental hacia la sierra y selva, regiones que han sido poco atendidas (y entendidas) por el saliente equipo, y también por el gobierno en su conjunto.

Los temas en la agenda del ministro Leyton son múltiples. Por un lado, deberá lidiar con algunos problemas generados por las 19 leyes dadas por Benavides en el marco del TLC sin mayor consulta con el Congreso, los gremios agrarios o las regiones. Algunas de estas normas han sido de las más controversiales del paquete legislativo del gobierno (dos de ellas fueron derogadas en medio del levantamiento amazónico) debido a que, por ejemplo, buscan liberalizar aún más la legislación de tierras, desregular el uso de agroquímicos y permitir la producción transgénica en el Perú (promoviéndola desde el propio INIA con la oposición del ministro del Ambiente, Antonio Brack). Una medida que el nuevo ministro de Agricultura debe tomar es someter la legislación más polémica a una revisión y posible modificación.

Además de esto, Benavides inició una amplia reorganización del Ministerio de Agricultura que no tomó en cuenta para nada el proceso de regionalización. A raíz de dicha reorganización se han concentrado aún más en el nivel central el manejo de los recursos de inversión pública en el sector agrario y rural en desmedro de las regiones. Se espera que un ministro de origen provinciano haga cambios importantes en estas orientaciones para promover una gestión más descentralizada y eficiente.

Finalmente, un tema en el que Leyton podría generar cambios sustanciales en la política agraria se refiere a la concepción del gobierno sobre las potencialidades de los pequeños agricultores. El saliente ministro Benavides tuvo permanente desconfianza hacia la pequeña producción, inspirado en sus prejuicios y en los que expresó el propio Presidente en sus artículos sobre el Perro del Hortelano. Esto llevó a que Benavides bloquee iniciativas de desarrollo campesino como la de los Yachachic en la sierra sur (sierra productiva) o a que minimice las potencialidades de la agricultura orgánica versus su patrocinada agricultura transgénica. El nuevo ministro Carlos Leyton debe plantear una visión menos excluyente para el desarrollo de nuestra agricultura, con un rol protagónico para los pequeños productores de la sierra y selva.

¿Y el debate público?

2008-09-15T15:39:00.000-07:00

Artículo publicado en El Comercio, Lunes, 15 de Setiembre del 2008

Por EduardoZegarra M. Grade

Hace unas semanas el Gobierno estuvo a punto de promulgar un reglamento que proponía el Ministerio de Agricultura para 'regular' el ingreso de semillas transgénicas al Perú en medio de una creciente oposición de consumidores, ambientalistas y gremios de agricultores y exportadores que temen perder mercado en productos orgánicos. Debe incluirse la propia oposición del ministro Antonio Brack. Se supo que el presidente ordenó el inicio de un debate público y someter cualquier nueva norma a publicación para su debate.

Hasta la fecha no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Los sectores responsables no han iniciado un debate del tema.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y el INIA no se han dignado poner en conocimiento público su propuesta de reglamento, aumentado la desconfianza ciudadana con la simple pregunta: ¿qué quieren ocultar?

Iniciar el debate nacional es urgente, y es una tarea que debe impulsar el propio Gobierno. Planteo algunas preguntas a encarar.

En primer lugar, debemos discutir sobre la autoridad pública que debe regular la entrada de semillas transgénicas al Perú. Actualmente, un reglamento dice que dicha autoridad es el INIA, pero cuando se aprobó ese reglamento no existía un Ministerio del Ambiente con atribuciones de protección de la biodiversidad. Igualmente, los gobiernos regionales son actores imprescindibles en un esquema de regulación de la producción transgénica, ya que esta se realizaría en sus territorios.

Un segundo tema que ya está en la agenda del Congreso es el del etiquetado de alimentos con contenido transgénico. Esta medida es una demanda de los consumidores que tienen derecho a estar informados sobre atributos importantes de lo que consumen. Algunos plantean que el etiquetado haría subir los precios de los alimentos (incluso plantean cifras de hasta 30% sin mayor sustento).

Es cierto que requerimientos de etiquetado implican costos, pero lo es también que existen derechos de los consumidores que deben ser respetados, como lo son en países desarrollados, ¿y nosotros no?

Lo que habría que plantear es una política de regulación y etiquetado de los alimentos que se vaya desarrollando en etapas. Se puede iniciar con un etiquetado simple que advierta a los consumidores que el producto utiliza insumos importados de países productores de transgénicos. Luego se puede pasar a una etapa con certificación de la presencia transgénica específica en algunos alimentos importantes.

Finalmente, debe ser parte del debate una norma que declare la moratoria de cinco años para la entrada de semillas transgénicas para la producción interna en el Perú. Ya varios países europeos han optado por esta vía que nos permitiría tener un tiempo razonable para definir e implementar una estructura de autoridades y regulaciones en la materia, y preparar adecuadamente a nuestros técnicos y profesionales especializados.

Lo ideal es que los investigadores peruanos en ingeniería genética sí puedan desarrollar sus investigaciones, pero con un adecuado marco de bioseguridad. En este tema no es inteligente el libre mercado a cualquier costo, como el que impulsan los lobbies dentro del Ministerio de Agricultura. Requerimos reglas e instituciones que eviten a toda costa cualquier posible pérdida de biodiversidad en un país que puede y debe obtener mayores beneficios de este crucial recurso.

Deslindes: descompensando al agro peruano

2008-04-14T15:44:00.001-07:00

Artículo publicado en La República, Jueves 17 de enero de 2008

Por Eduardo Zegarra

El ministro de Agricultura, Ing. Ismael Benavides, viene señalando su particular punto de vista sobre el tema de las compensaciones al agro peruano por la firma del TLC. De acuerdo a su lógica, otorgar compensaciones agrícolas pondría en evidencia que se hizo una mala negociación en el TLC, y esto en su opinión no ha ocurrido. Igualmente, sugiere que la actual alza internacional de los precios del maíz y el trigo no justificaría otorgar compensaciones agrícolas por el TLC. Finalmente, ha soltado la interesante idea de que frente al TLC no hay "productos", sino "productores" sensibles. Veamos en detalle cada uno de estos argumentos.

El primer tema se refiere a si, efectivamente, el Perú hizo o no una buena negociación en el capítulo agrícola. Lo cierto es que el Perú prácticamente no logró nada en su negociación de la parte agrícola dentro del TLC. Nos hicieron cruzar todas las supuestas "líneas rojas" declaradas pomposamente por el régimen de Toledo. Perdimos el mecanismo de protección de la franja de precios para el maíz, azúcar, lácteos y arroz. Aceptamos desgravaciones inmediatas en algodón, trigo y la mayor parte de productos que importamos. Aceptamos una cuota de importación de maíz enorme, que equivale a la inmediata desgravación de este producto. No hubo prácticamente ningún logro sustantivo en la negociación agrícola frente a un país como Estados Unidos, que subsidia en forma masiva a sus productores agropecuarios. Si el ministro Benavides piensa que esta fue una buena negociación, por lo menos debería definir con claridad qué entiende por semejante cosa.

El segundo argumento entraría ya casi en el terreno de promesa incumplida adicional del Gobierno frente a nuestros productores agrarios. La compensación agrícola frente al TLC se relaciona con la desgravación que hemos aceptado en la negociación, es decir, que los alimentos que importamos de Estados Unidos y que tienen algún arancel lo dejarán de pagar al momento de entrada en vigencia del tratado. Esto abarata esos productos y genera un impacto negativo en los ingresos de los productores, que es lo que se quiere compensar. En tal sentido, la compensación está atada a la eliminación del arancel y no a los precios de los productos en algún momento del tiempo, sean estos altos o bajos. Por esto, la actual subida de precios del trigo y el maíz no tiene por qué cambiar el concepto de la compensación. Si el ministro Benavides quiere olvidarse de la obligación asumida por el Gobierno de compensar por el efecto de desgravación del TLC, debería pensar en algún otro argumento más sólido.

Finalmente, es interesante la idea de que no hay productos sensibles sino productores sensibles. En mi opinión, esta idea es acertada, aunque no estoy seguro sobre si el ministro entiende en su plenitud sus implicancias. Por ejemplo, en estudios de Escobal y Ponce, de GRADE, sobre el efecto del TLC en la población rural, la más sensible, se encuentran efectos adversos que superan en más de cinco veces las compensaciones por US$ 30 millones anuales que definió el Gobierno de Toledo (y que ahora el ministro pretende desconocer). Si se acepta a cabalidad la idea de que hay productores sensibles, el marco en el cual hay que pensar la política de compensación y reconversión del agro frente al TLC adquiere una verdadera dimensión nacional y territorial, involucrando a cientos de miles de productores en costa, sierra y selva.

El esfuerzo y las políticas necesarias para mejorar la competitividad de estos sectores debería ser tarea central del Gobierno. Para esto se requiere, por lo menos, unos US$ 200 millones de dólares anuales en un programa masivo de apoyo al agro para evitar profundizar las desigualdades que trae el TLC. Así, la idea de que hay "productores sensibles" frente al TLC debería ser llevada a su real dimensión por el ministro Benavides y concretarse en políticas específicas y presupuestadas para ellos. Veremos si ocurre.