IMPERIO HISTORIA

El Ministerio relámpago, la monja y el rey

2012-07-27T01:06:00.000-07:00

Cuando se vive con un gobierno palmariamente agotado, en medio de una crisis económica y social que mal gestionada puede dañar la democracia, parece que cuatro años de legislatura son muchos. Hay quien desearía una mayor volatilidad de los malos gobernantes; es decir, que el sistema representativo permitiera rápidamente el cese y sustitución de un Ejecutivo nefasto. Sin embargo, una de las garantías de tales sistemas es la seguridad de las instituciones, siempre dentro de un límite temporal legal y ampliamente aceptado. La Historia nos enseña casos de una fugacidad ministerial a veces lógica pero nunca edificante. Esta es la historia de uno de esos cambios gubernamentales: el del llamado Ministerio relámpago, en la España de 1849.

Es un lugar común el sostener que el rey Francisco de Asís de Borbón (1822-1902) fue un mal marido de Isabel II (1830-1904) por su poca afición a la heterosexualidad, lo que habría obligado a la reina a buscar el amor en otros brazos. Sin embargo, el peor papel que desempeñó el rey consorte fue el de hombre leal a la Corona y al régimen, que en verdad era el importante. Conspiró contra su esposa y sus gobiernos, no despreciando ningún medio para desestabilizar el sistema. En su afán de tener el poder llegó incluso a desear la muerte de Isabel. El dinero y la soledad le calmaban, pero había un hombre que le desesperaba: el general Narváez. ¿Por qué? Porque apartaba a su camarilla, le obligaba a reducir su vida social y, sobre todo, le impedía hacer negocios. Era preciso para el rey Francisco deshacerse de Narváez.

Cualquier ocasión podía ser propicia. Francisco de Asís trató de aprovechar la que se llamó “cuestión de Roma”. El papa Pío IX había establecido un régimen constitucional en sus Estados. El 15 de noviembre de 1848 fue apuñalado el presidente del Gobierno romano, Pellegrino Rossi, a las puertas del Parlamento. Los autores eran republicanos, y la supuesta razón del atentado fue que Rossi deseaba hacer una política conservadora y abandonar la causa de la unidad italiana. El Papa, en lugar de reprimir a los revoltosos, nombró algunos ministros demócratas para calmarlos. La violencia aumentó y Pío IX abandonó secretamente Roma. Los republicanos aprovecharon para proclamar la República. Narváez, presidente del gobierno español, quiso usar el restablecimiento del Papa en su Trono para que éste y las potencias absolutistas, como Austria, reconocieran a Isabel II como reina de España. A Narváez, una vez conseguido esto, le importaba poco qué régimen había en los Estados Pontificios; no así a Francia, principal restaurador de la soberanía papal, que exigía la conservación del régimen constitucional.

Giovanni Brunelli, nuncio de Su Santidad en España, convenció al rey consorte de que la política de Narváez debilitaría a la Monarquía española al no cumplir el deseo del Papa, que quería volver al régimen absoluto. Era obligado, decía, cesar a Narváez. Francisco de Asís pensó en Cleonard, un conde sin peso político, para sustituir al General que presidía el gobierno. Sólo faltaba convencer a Isabel II del peligro que corría la Corona con la política de Narváez, para lo que le escribió una carta argumentando que el General estimaba más su poder personal que la consolidación del Trono, como mostraba, a su entender, en la “cuestión de Roma”.

La reina se comportó con astucia. Ese mismo día, el 18 de octubre de 1849, entregó la torpe carta al conde de Pinohermoso, Mayordomo Mayor de Palacio y hermano del marqués de Molins, ministro de Marina con Narváez. Además le dio otra carta con sus pareceres y opiniones. Al tiempo fue al Palacio de las Rejas, residencia de su madre María Cristina y Riánsares, su padrastro, enemigos de Francisco de Asís, para confesarles las intenciones de éste.

Molins comunicó a Narváez los sucesos, sin atreverse a darle la carta del rey por temor a una reacción violenta. A renglón seguido, Isabel II convocó a sus amigos a una representación teatral en la sala que a ese efecto se había hecho construir en Palacio. Ante la gente, la reina se presentó compungida, “verdaderamente conmovida” –decía el diario La Época del 20 de octubre-. Momento antes había comunicado a Francisco de Asís que nombraría a Cleonard presidente del gobierno, por lo que se presentó ufano y tranquilo en aquella reunión social. A las pocas horas ya lo sabía todo Madrid.

A las cuatro de la mañana del 19 de octubre, Isabel II firmó los decretos de cese del gobierno Narváez. Cleonard salió del cuarto del rey y juró como ministro. Formó su gabinete y tres horas después acudió al ministerio de la Guerra. Trinidad Balboa, encargado de Gobernación, apareció temprano en la sede de su ministerio, y arengó a los sorprendidos funcionarios.

La prensa del día 20 de octubre acusó al rey y a Cleonard de golpe de Estado, y hasta los periódicos progresistas alabaron a Narváez, quien se paseó por Madrid para recibir el calor popular. La cascada de dimisiones fue inmediata, y los desaires continuos. Hasta la bolsa cayó.

Cleonard acudió ese mismo día a Palacio con los decretos que había escrito. La reina estaba en esos momentos con Narváez, por lo que tuvo que esperar. Cuatro horas después le llamaron. El ayudante que le avisó le aconsejó que no subiera los decretos porque no harían falta. Isabel II le recibió en compañía de Narváez. Tranquila y sonriente le pidió que sustituyera a Balboa por el conde de San Luis. Visiblemente nervioso, Cleonard trató de firmar muy alto en el papel, cerca de la rúbrica de la reina. Y, según contaba el periódico El Clamor Público del 22 de octubre, Narváez dijo: “Mas abajo, señor conde, que está la firma de la reina”. Cleonard ya no atinaba, y para la jura de San Luis abrió los Evangelios por donde no era, a lo que Narváez, zumbón, respondió: “No es por ahí, señor conde: se conoce cómo ha jurado Vd.”. Con San Luis en el Gobierno, ya había un ministro que podía firmar la exoneración del resto, incluida la del mismo presidente. Una vez hecho, Narváez despidió a Cleonard diciendo “Ya está Vd. aquí de más”.

Los periódicos calificaron el episodio de “situación de impotencia y de imbecilidad”, “golpe de Estado” y “reacción” de aquel gobierno que, según el diario liberal La Patria, no había podido “resistir a dos días de risa general”. Y atizaron a los caídos que resultaron ser “hombres oscuros, desconocidos, alguno de ellos encausado –era cierto-, sin antecedentes, sin posición política”. El agravio era para los españoles:

¿Así se insulta a una nación entera? ¿Así se la rebaja a los ojos de Europa? ¿Así se la afrenta y se la humilla para satisfacer un capricho o una exigencia del amor propio?

Era un “capricho” o una “exigencia” de Francisco de Asís, no de Isabel II, que, mayoritariamente, seguía viéndose como víctima. El Heraldo, la voz de Narváez, avisó al rey consorte:

si hay quien considera como muy entretenido jugar con el crédito, con la dignidad y con la honra de la nación, conviene que sepa, para que no tenga imitadores, que ha adoptado un oficio peligroso, un oficio que tiene quiebras lamentables, y que tras el deleite viene el dolor, y tras el capricho el castigo y el escarmiento.

Narváez ordenó las cosas. Privó al rey Francisco de todos sus poderes en Palacio, salvo en lo concerniente a su servidumbre. El padre Fulgencio fue detenido y expulsado de Madrid, y sor Patrocinio fue conminada a retirarse a Badajoz. Martín Rodón, secretario del rey, fue arrestado, encontrándosele proyectos de gobierno que le relacionaban directamente con la trama. Melgar, que había sido archivero del infante Francisco, y que era entonces secretario particular del rey consorte, también fue hecho preso. Quiroga, hermano de sor Patrocinio y gentilhombre del rey, fue destinado a Ronda. Baena, antiguo ayudante del infante Francisco, padre del rey consorte, y gentilhombre del mismo, fue arrestado en la Plazuela de Oriente, justo al salir de Palacio, y desterrado a Melilla. Fuente Taja, administrador de la Montaña del Príncipe Pío, corrió la misma suerte. A Trinidad Balboa se le detuvo en la tertulia del duque de San Carlos. Conducido al cuartel de guardias de Corps, salió al amanecer del día 23 en una silla de postas con dirección a Ceuta. Manresa, otro gentilhombre, fue detenido en su casa a la una de la mañana; del sobresalto se ofreció a “hacer revelaciones”. Dos horas después fue puesto en libertad.

¿Y la injerencia pontificia en la trama? El gobierno encontró papeles que involucraban al Consejo de Cardenales de Roma. Narváez ordenó a Fernández de Córdoba, que mandaba las tropas españolas en Italia, que volviera. La política hacia la “cuestión” no cambió.

La impaciencia y la estulticia de las maniobras del rey y de su camarilla para ganar el gobierno reforzaron a sus enemigos. Otro cantar es que los vencedores no supieran aprovechar la ocasión en beneficio del régimen constitucional, y ni siquiera en el propio. Pero los vuelcos políticos maestros nunca se libran en veinticuatro horas, y menos cuando están liderados por mequetrefes; ni todas las respuestas, aún siendo astutas, son edificantes.

Publicado en el Suplemento de Historia de Libertad Digital

con el título "Cambio de gobierno, dos días de risa general".

FELIPE-JOSÉ DE VICENTE ALGUERÓ - Viva la Pepa. Los frutos del liberalismo español en el siglo XIX (2009)

2012-07-17T00:44:00.000-07:00

El legado liberal en España

El pensamiento más despreciado del siglo XX en España ha sido el liberal, tanto por motivos propios como ajenos. La diversidad de grupos y personalidades que se han definido como liberales desde 1808 hasta 1978 –y después- permite hacer un análisis lejos de martirologios y mixtificaciones. Y hay que asumir que a la vez que se puede defender que los grandes estadistas de la contemporaneidad española fueron liberales, no debe doler en prendas exponer los errores dogmáticos y políticos que algunos cometieron, o señalar a los que hicieron de la revolución su profesión, o que tomaron la exclusión del adversario como la única forma de gobernar. Es decir; deben diferenciarse a
Cánovas y Sagasta –equiparables a los grandes gobernantes de su época-, de los Ruiz Zorrilla y Azaña –asimilable este último a los que a principios del siglo XX llevaron las democracias europeas a la crisis total-.

El legado de aquellos liberales que crearon y desarrollaron el Estado nacional no ha sido reconocido por los que han denostado sus bases políticas, económicas, sociales o culturales, culpándoles, además, de los supuestos males de España. El inicio y los motivos de tal crítica ya los apuntó José María Marco en su obra La libertad traicionada (1997). Los liberales de finales del XIX y comienzos del XX consideraron que socialistas y nacionalistas eran elementos de modernización y regeneración del sistema representativo, sin creer que su intención era romper la estructura del Estado constitucional para acercarse al socialismo o a la independencia. Dejaron de ser liberales para ser “otra cosa”, y se produjo la crisis de la Restauración; esto es, la caída de la Monarquía y de la Constitución –contando con el error de Alfonso XIII- para dar lugar a una Dictadura, una República trágica, una Guerra Civil y otra Dictadura.

La crisis del liberalismo en España a principios del siglo XX fue similar a la que ocurrió en el resto de Europa. Esto no alivia hoy, pero sí permite sacar el caso español de la excepcionalidad en la que muchos aún lo colocan. El cuestionamiento del parlamentarismo, de los derechos individuales, de la democracia, del capitalismo o de las fronteras nacionales se produjo en la misma medida que el Estado nacional estaba construido, y construido por los liberales, por lo que el liberalismo estuvo en el centro de la crítica.

Los logros de las personalidades, grupos y partidos que componían el mundo liberal entre 1808 y 1923 son expuestos por Felipe-José de Vicente Algueró en ¡Viva la Pepa! Los frutos del liberalismo español en el siglo XIX, editado por Gota a Gota. El autor es catedrático de Instituto, especializado en Historia, y se nota. El tono didáctico, sencillo y cercano está presente en todo el texto; quizá porque F-J. de Vicente entiende que el lector desconoce nombres, trayectorias y acontecimientos, y que así debe ser la reivindicación con orgullo contenido de lo que denomina “frutos”. El libro es un acierto, no sólo porque muestra el interés que una editorial vinculada a un partido político tiene por la Historia, sino porque es una obra de divulgación que puede llegar a un público amplio.

Los “frutos” políticos son claros: la nación soberana, la constitución como salvaguardia de los derechos del hombre y regulación de los poderes del Estado, el sistema representativo y la ampliación paulatina del sufragio; medidas todas ellas que acompasaron el desarrollo del país al ritmo de las naciones más avanzadas de Occidente. En 1834, por ejemplo, sólo había cuatro países en Europa con un régimen constitucional, y uno de ellos era España, el país que estableció el sufragio universal masculino en la Constitución de 1869, la más liberal de su tiempo. Todo ello dentro de una inestabilidad endémica tanto de gobiernos como de constituciones y casas reinantes, no mayor que en el proceso francés, pero mucho menos sangrienta. Una inestabilidad que provocó que llegaran al poder hombres de valía, con sentido de Estado, junto a aventureros y demagogos.

En medio de esta historia política apasionante, la economía española se desarrolló. Y esto a pesar de que el país tuvo que reconstruirse dos veces: tras la Guerra de la Independencia y la primera guerra carlista. Pero se creó un mercado nacional, una red de transportes y se dio unidad fiscal y bancaria “consolidando una estructura económica liberal que ha marcado la historia económica de España por muchos años” (p. 81). Esto no quita para señalar que la desamortización de Mendizábal se hizo mal y se presentó peor, o que la política ferroviaria estuvo trufada de corrupción. En este sentido, el historiador Leandro Prados de la Escosura ha señalado que si el marco hubiera sido más liberal –difícil en el entorno proteccionista europeo-, y si se hubiera reducido el peso del sector agrario, aumentando a la vez el capital físico y humano, el crecimiento habría sido mayor.

La educación fue otro de los elementos importantes para los liberales, desde la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano (1857) hasta, en opinión de F-J. de Vicente, la Institución Libre de Enseñanza (1876) o la Junta de Ampliación de Estudios (1907). Por esta última pasaron Severo Ochoa, Laín Entralgo, Luis de Zulueta, Claudio Sánchez-Albornoz, Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, José Ortega y Gasset, Besteiro, Zubiri, Alberti y Pérez de Ayala, entre otros. El objetivo de los liberales, dice el autor, era:

“regenerar el país mediante el desarrollo de una sociedad culta y educada, que dispusiera de una elite intelectual bien preparada capaz de formar nuevas generaciones de españoles en este ambiente de libertad y búsqueda del conocimiento, fundamento de las sociedades liberales” (p. 183).

El resultado fue mediano, como es bien sabido, posiblemente porque el plan educativo no tuvo tiempo suficiente. Lo que sí es cierto es que el régimen de la Restauración creó las condiciones adecuadas para que afloraran en el siglo XX dos generaciones, las que compusieron la llamada “Edad de Plata” de la cultura española.

La legislación social fue de igual modo un logro de los liberales, a pesar de que la historiografía contraria lo ha presentado como una conquista del “movimiento obrero” a la “burguesía”. Tanto el liberalismo progresista como el conservador ejecutaron medidas en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX para regular los conflictos colectivos, cubrir la invalidez laboral, la higiene y la seguridad en el trabajo, así como garantizar los derechos de asociación, manifestación y huelga. En este orden de cosas, el liberal Segismundo Moret creó la Comisión de Reformas Sociales (1885), y el conservador Maura la transformó en el Instituto de Reformas Sociales (1903) dirigido por seis representantes de la patronal y otros tantos de los sindicatos. En esta tónica, los gobiernos liberales dieron leyes como la de Descanso dominical (1904), la de Inspección de Trabajo (1906), la ley de huelgas (1909), el Retiro Obrero –seguro social- (1913) o la que estableció la jornada laboral máxima de ocho horas (1919).

El liberalismo, como señala F-J. de Vicente, ha sido el elemento más determinante para la construcción de la España contemporánea. La gran cuenta pendiente, sin embargo, fue su incapacidad para crear una cultura política liberal, de tradiciones cimentadas en la lealtad al parlamentarismo y al constitucionalismo, que fuera crítica, sí, pero leal, capaz de resistir los embates de los totalitarios, de aferrarse a las normas de juego, con una confianza que nos hubiera librado del ocaso de la libertad en el siglo XX. Por soñar que no quede.

FELIPE-JOSÉ DE VICENTE ALGUERÓ: ¡VIVA LA PEPA! LOS FRUTOS DEL LIBERALISMO ESPAÑOL EN EL SIGLO XIX. Gota a Gota (Madrid), 2009, 303 páginas.

Publicado en el Suplemento de Historia de Libertad Digital.

Enemigos de la libertad, hoy y en 1931

2012-06-19T15:21:00.000-07:00

Desde hace unos años imparto conferencias en los cursos organizados por el CTIF de la Comunidad de Madrid, cuyos alumnos son profesores y catedráticos de Instituto. Los temas han estado siempre ligados a la historia contemporánea de España, partiendo de la Guerra de la Independencia hasta la Restauración.

Este año -escribía esto en febrero de 2010- toca la Segunda República y la Guerra Civil. Ya sabemos que toda la historia está llena de tópicos, muchos falsos, y complejos, algunos comprensibles, pero hay que reconocer que cierta izquierda es muy sensible ante cualquier referencia a ese periodo, sin duda porque les sirve para hacer política. La zanahoria estaba colgando y apareció Iñigo Aduriz, del diario Público, para titular uno de sus artículos: “Aguirre ficha a neofranquistas para la formación del profesorado” (26.01.2010).

El motivo de tal disparate,

más allá de la calificación de dicho periodista, es la radicalización de la izquierda desde el año 2002, cuando movilizaron a todos sus efectivos para sacar del poder al PP de Aznar. El problema de dicho desbarro no está en la defensa de sus principios, ideas o intereses, ni siquiera en cómo –pues para corregirlo está el Código Penal y el Estado de Derecho-, sino en la obsesión por la penalización social de la diferencia. Lejos, pero muy lejos de ser “neofranquista”, una afirmación como la de Aduriz me muestra dos cosas. La primera es la incapacidad de esa izquierda para entender cómo funciona una democracia y, la segunda, que aún no ha entendido en qué consiste una disciplina llamada “Historia”. Ese deseo totalitario, implícito en el artículo de Aduriz, de que sólo exista una manera –la suya- de pensar, de sentir, de creer, de explicar al hombre y a los procesos históricos, y de anular cualquier otra, casa muy mal con la letra y el espíritu democráticos.

A esa izquierda le gustaría que hubiera un control estatal previo y punitivo de la libertad de expresión “desviada”. Esta práctica suele ser la primera herida mortal de una democracia; de ahí los problemas en la Venezuela de Chávez. En España se vivió con la Ley en Defensa de la República, auspiciada por el gobierno Azaña en octubre de 1931. Esta es su historia.

Al éxito republicano del 14 de abril le siguió, como era lógico en la Europa de entonces, una oleada de aspiraciones sociopolíticas visionarias para imponer o conservar un sistema. Ya ocurrió en nuestro país en 1868, que tras la expulsión de Isabel II, republicanos y carlistas creyeron que había llegado su momento y se lanzaron al monte –incluso juntos en algunos lugares de Cataluña en 1872-. La violencia que se desató en España entre abril de 1931 y enero de 1932 sólo podía compararse con la que tuvo lugar durante los primeros meses de la revolución del 68. El orden público se convirtió en el primer problema de la nueva República: a la quema de conventos de mayo, le siguieron las huelgas revolucionarias de anarquistas, especialmente, y de comunistas, como las de Sevilla y Barcelona. Al socaire de esto, Ortega y Gasset escribió en Crisol el 9 de septiembre de 1931 que la República no era una revolución, y que el “radicalismo” acabaría con ella.

Manuel Azaña creía que la violencia que soportaba el nuevo régimen se debía, entre otras cosas, a la alteración que producían los periódicos que no eran abiertamente republicanos. En junio de 1931 algunos ministros ya creían obligado el controlar a esos medios con una norma capaz de imponer respeto con su sola presencia. Existían mecanismos para suspender los derechos individuales, entre ellos la Ley de Orden Público de 1870, pero el gobierno necesitaba un golpe de efecto. Fue Miguel Maura, conservador, ministro de la Gobernación, el que propuso una ley que sujetara a la prensa de oposición. El propósito era defender el régimen silenciando a los críticos. Así pasó en agosto de 1931, cuando los problemas con el cardenal Segura y la Iglesia llevaron al Ejecutivo a suspender varios periódicos vascos y navarros porque hacían una “labor subversiva”.

La misma cuestión religiosa hizo que Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieran de sus cargos en el Gobierno, lo que permitió que Azaña asumiera la presidencia. Azaña se había mostrado hasta entonces contrario a la represión de la libertad de imprenta, pero cambió de opinión y anunció en las Cortes que haría “respetar la República”, y que si no conseguía respeto para ella, “el Gobierno la hará temer”. Días después de este discurso elaboró, junto a Casares Quiroga y Carlos Esplá, el proyecto de lo que se llamaría “Ley en Defensa de la República”. Así, el 19 de octubre lo presentó al Consejo de ministros. Indalecio Prieto quiso que se debatiera previamente en los grupos parlamentarios al ser una medida grave. La intervención de Largo Caballero, ministro de Trabajo, fue decisiva para que todos accedieran a que se aplicara un procedimiento de urgencia.

Al día siguiente, el 20, Azaña convenció a Julián Besteiro, presidente de las Cortes, de que se saltara la vía parlamentaria habitual. De esta manera, los diputados conocieron el proyecto de boca del presidente, en plena sesión de las Cortes. No hubo posibilidad de enmiendas. La norma azañista tipificaba como delitos de agresión a la República “la difusión de noticias” que pudieran quebrantar el “crédito o perturbar la paz o el orden público”, así como aquellas que redundaran en “menosprecio de las instituciones u organismos del Estado” o hicieran “apología del régimen monárquico”. Era el delito de opinión y la penalización por no ser republicano gubernamental. Lo peor era que dejaba en manos de la autoridad gubernativa la suspensión, el confinamiento o el extrañamiento de los medios.

En una tensa y extraña sesión en las Cortes del 20 de octubre de 1931, Santiago Alba advirtió al gobierno que iba a ser “infinitamente mayor el daño que causéis que aquel que pretendéis evitar” con una Ley que “no se acomoda al juicio de ningún demócrata”. Ángel Ossorio y Gallardo, sentenció que “en un sistema medianamente liberal cabe hacer la apología de sistemas contrarios al que prevalece; y si no admitimos esto, no queda ni recuerdo de la libertad”. Manuel Azaña, por su lado, con no poca demagogia y violencia, dijo que si había gente que aún no era republicana “de todo corazón y con plena voluntad”, el gobierno tenía “medios para, de una manera fulminante, hacerle sentir todo el peso de su autoridad”.

Había que ser gubernamental a la fuerza, por eso Azaña señaló que existía una “mala prensa”, “hojas facciosas” y “pequeñas bellacadas clandestinas” que llevaban el “descrédito de la institución republicana y de sus hombres, y del Parlamento, y de los Diputados, y de su obra legislativa ¿a eso vamos a llamar Prensa, a esos reptiles...”, a esas “monas epilépticas que por equivocación llevan el nombre de hombres”.

La ley azañista llamada de Defensa de la República, en la que el gobierno sustituía a los tribunales para castigar a la opinión crítica, fue un serio perjuicio para la credibilidad democrática del régimen. Porque la democracia siempre ha sido la garantía de los derechos individuales, de la pluralidad de credos, pensamientos e intereses, por muy dispares que sean, cuyo control está sujeto a la decisión de los jueces.

¿Sirvió para algo la mordaza azañista? No. Los anarquistas se levantaron contra la República en enero de 1932 y de 1933. Sanjurjo y un grupo de militares monárquicos intentaron un golpe de Estado en agosto del 32. La ley estuvo en vigor hasta agosto de 1933, cuando fue sustituida por la Ley de Orden Público. Un año y pocos meses después los mismos que propugnaron la Leyes en Defensa de la República y de Orden Público iniciaban una torpe revolución contra el gobierno legalmente constituido. Es más, antes de las elecciones de febrero de 1936, la censura previa se impuso para toda la información salvo la parlamentaria. Sirvió de poco.

La penalización social de las opiniones, tan del gusto de la izquierda radical en estos últimos años, es una de las enfermedades que han llevado a España en su historia a sus peores momentos. El disparate de Iñigo Aduriz en Público llamando “neofranquistas” a los liberales que imparten el curso bien podría incluirse en los periódicos más virulentos de la Segunda República, a no ser que creamos que Franco era un liberal. Quizá es que se carteaba con Hayek, Popper, Arendt y Berlin, o seguía a la escuela económica austriaca, o leía en la intimidad a Jefferson y a Tocqueville, ahí, en El Pardo, entre la Guardia Mora y las cacerías. En fin; cuánto talento pululando.

Artículo publicado en el Suplemento de Historia de Libertad Digital.

1886, el último pronunciamiento republicano

2012-06-07T01:15:00.000-07:00

¿Qué puede hacer un Gobierno cuando sabe que la oposición quiere levantarse en armas contra la legalidad? La Historia nos ofrece múltiples soluciones. Una de ellas fue la que tomó el gabinete liberal de Sagasta cuando supo que los republicanos preparaban dar un golpe de Estado aprovechando la muerte de Alfonso XII (25.XII.1885) y antes de que naciera el hijo que esperaba la regente María Cristina de Habsburgo, que tuvo lugar el 17 de mayo de 1886. El gobierno dejó hacer, no por falta de coraje o medios, sino porque sabía que la mejor manera de deshacer por una buena temporada las intentonas republicanas era que los conspiradores se mostraran tal y como eran. Fue el último intento de golpe republicano del siglo XIX, y el más ridículo.

Los republicanos estaban entonces muy divididos. Emilio Castelar se había separado de todos sus antiguos compañeros fundando una opción conservadora y posibilista. Pi y Margall auspiciaba un movimiento federal, Ruiz Zorrilla lideraba el partido progresista republicano desde el exilio voluntario en París, y Nicolás Salmerón había conseguido reunir a un grupo que luego sería el de “los centralistas”. En enero de 1886 estos tres llegaron a una alianza, la Unión Republicana. Castelar se negó a pertenecer a ella porque sus antiguos compañeros no habían renunciado al método revolucionario. Le insultaron llamándole “monárquico”, pero se mantuvo firme.

Pero Castelar tenía razón, porque en la redacción del diario zorrillista El Progreso se reunían miembros de la Asociación Republicana Militar con otros personajes de la más diversa índole social. El plan de los golpistas era cortar las comunicaciones de ferrocarril y telégrafo de Madrid y de otras grandes ciudades, volar los puentes y atacar a las fuerzas gubernamentales que estuvieran aisladas. Después propagarían noticias exageradas y violentas para dar la impresión de que el golpe había tenido éxito. El general Villacampa se erigió en cabecilla del pronunciamiento y se puso en contacto con los gerifaltes republicanos. Salmerón dio el plácet a Villacampa por la única razón de que éste era enemigo de Ruiz Zorrilla, a quien le dieron una fecha falsa para el alzamiento. Se contó con Pi y Margall porque les aseguró que los barrios bajos de Madrid eran federalistas, y que se podía reclutar allí a una multitud para dar el golpe.

Villacampa adelantó por su cuenta el pronunciamiento al 19 de septiembre (a Ruiz Zorrilla le dijeron que sería el 22). Reunió en una sastrería de la madrileña calle de Preciados a varios militares y a algunos civiles para proponerles las diez de la noche como la hora y el cuartel de los Docks, en Atocha, como el punto de reunión.

A la hora convenida, los comprometidos de Villacampa recorrieron de punta a punta Madrid gritando: “¡Viva la República!”. Prieto y Villarreal, uno de los involucrados, confesaba años después que sólo les siguió “una turba de chiquillos” que tomó el golpe como una chanza. Y la verdad era que lo parecía. El capitán Casero, otro de los sublevados, decidió abrir un boquete en la pared del cuartel de San Gil porque el capitán de guardia no le dejaba abrir la puerta. Ya fuera se encontró con el ayudante de campo del Capitán General de Madrid, a la sazón Manuel Pavía. “¿Qué hace?”, le preguntó. A lo que Casero contestó: “He salido a proclamar la República”. El ayudante dio media vuelta y fue a capitanía a organizar la represión.

Entre tanto, Villacampa llegó al cuartel de Docks para sublevarlo, pero ni siquiera le abrieron las puertas. Ordenó forzar a tiros la cerradura, fracasando y llevándose algunos disparos. Corrieron entonces a los barrios bajos para levantar a los federales de Pi y Margall, pero sólo obtuvieron la callada por respuesta. Marcharon a la estación del Mediodía, cerca de allí, para secuestrar un tren e ir a Alcalá de Henares a probar fortuna. Prieto quiso que un maquinista colocara un tren en la vía, pero aquél se negó. Y ante la amenaza de fusilarle dijo que él únicamente obedecía al jefe de máquinas. Llamado éste, accedió con la condición (el espíritu burocrático) de que le firmara un papel que le eximiera de responsabilidad. Así lo hizo Prieto, aunque, según escribió, “no con mi nombre”.

Villacampa había ido a Vicálvaro donde encontró la misma indiferencia que Prieto en Alcalá. Decidieron entonces dispersarse para huir mejor. Pavía se acercaba.

El fracaso fue tan sonoro como ridículo. Ruiz Zorrilla y Salmerón echaban chispas. Castelar escribió que éstos

ni aprenden ni escarmientan (…) reñirán en privado y se abrazarán en público. Diciendo los unos infamias horribles de los otros, quedarán juntos hasta el día en que, llegados al Gobierno, sus celos precipiten la Patria en el abismo y la República en el deshonor.

Villacampa, junto al teniente Felipe González, y los sargentos Bernal, Cortés, Gallego y Velázquez (Prieto escapó) fueron detenidos el 22 de septiembre. En juicio sumarísimo se les condenó a muerte. La hija de Villacampa suplicó el indulto a todo personaje relevante de Madrid. El fantástico escritor Francos Rodríguez contaba que Felipe Ducazcal, pintoresco personaje de la capital, antiguo líder de la partida de la porra en el Sexenio revolucionario, primero republicano y luego alfonsino, dispuso un plan de evasión de los condenados a través de las alcantarillas de la prisión. El Gobierno Sagasta decidió el 4 de octubre que se cumplieran las sentencias. Todo quedaba en manos de la regente María Cristina. Entraron en capilla los amotinados. A las siete y media de la tarde, a punto de confesarse, entró el general Blanco para decirles: “Su majestad indulta a ustedes. ¡Viva la Reina!”.

El indulto inducido por Sagasta para mejorar la imagen pública de María Cristina dividió al Gobierno. El ala derecha de Gamazo quería que se cumpliera la condena; no así Montero Ríos, que abogaba porque al ridículo republicano se sumara la clemencia monárquica evitando así la creación de “mártires”. La solución de Sagasta a la crisis fue inteligente: retiró a los jefes de los extremos –Gamazo y Montero Ríos-, e introdujo a dos amigos moderados, Navarro y Rodrigo, conservador, y Víctor Balaguer, viejo progresista.

El republicanismo histórico murió aquel septiembre de 1886. La nueva generación que sustituiría a los Ruiz Zorrilla, Salmerón y Pi y Margall fraguaría un nuevo modo de llegar a la República, al estilo del radicalismo francés: populismo y cercanía a los socialistas. Viendo esto, no le faltaba razón a Castelar cuando, a raíz del fracasado pronunciamiento de Villacampa, le escribía a Moreno Rodríguez que si ganaban esos republicanos “no volveremos a ver la libertad en España. Viene una República en la cual sólo habrá víctima y verdugos. La dictadura de la cobardía y de la barbarie”.

Jorge Vilches

Publicado en el Suplemento de Historia de Libertad Digital (16/12/2009)

Guerra al cristiano

2012-05-31T10:59:00.002-07:00

Este año se cumple el 150 aniversario de la Guerra de África (escribía esto en 2009) que, como no salimos derrotados, pasará completamente inadvertido para los distintos gobiernos y la sociedad española. Aquel acontecimiento que se desarrolló entre el 19 de noviembre de 1859 y 25 de marzo de 1860 fue el primer éxito de la renovada política exterior del general O’Donnell. En los años siguientes vendrían la conquista de Annam –el actual Vietnam-, la incorporación de Santo Domingo, la expedición a México y la guerra del Pacífico.

Mucho se ha discutido sobre la Guerra de África. Unos aseguran que fue un instrumento de distracción para ocultar problemas internos. Pero al Ejecutivo no le hacía falta, ya que el gobierno de O’Donnell, responsable del llamado Parlamento Largo (1858-1863), fue el ministerio más longevo, estable y próspero del reinado de Isabel II.

Otros afirman que respondía a la nueva Era de los imperialismos, y que España quiso competir con las potencias europeas, no en vano Francia estaba en plena expansión en Argelia y Gran Bretaña dominaba Marruecos.

No obstante, lo cierto es que la hostilidad marroquí había aumentado con la presencia europea en el norte de África debido a la piratería, la dejación o connivencia del Sultán, y la guerra santa predicada por los imames. La violencia de los rifeños era frecuente en el campo de Melilla y la inseguridad de las embarcaciones era grande en las costas del Rif y Yebala, donde eran apresados los barcos europeos. No se podía contar con la colaboración del Imperio de Marruecos porque era una ficción, cuya autoridad no pasaba de la capital, mientras que el poder efectivo lo detentaban los jefes de las tribus.

Las potencias europeas coincidieron en la necesidad de pacificar la zona a través de la fuerza. El general Narváez dio la primera respuesta ocupando las Islas Chafarinas, el 6 de enero de 1848, para echar a los piratas y controlar la zona marítima. Francia reforzó su ejército africano y Gran Bretaña su armada.

En esta línea, O’Donnell, ministro de la Guerra en 1854, nombró al brigadier Antonio Buceta como gobernador de Melilla, que presidió una comisión de jefes y oficiales del Estado Mayor para estudiar la manera de defender los intereses españoles en el norte de África. Se propuso entonces la construcción de una línea de fuertes avanzados en el campo exterior de Ceuta. El acto era legal según el tratado de paz firmado en 1799 con el sultán Muley Soliman, y su ampliación de 1845.

La situación sin embargo se caldeaba. Las minas francesas de Nemours eran atacadas constantemente por la kábila Beinzanacen, y las poblaciones de Achaz y la Sagara habían tomado las armas soliviantadas por un imán. Los “santones”, como entonces se decía, estaban predicando la guerra santa contra el infiel. Melilla fue atacada por las kábilas rifeñas en septiembre de 1856. Las tropas mandadas por Buceta salieron de la ciudad y la batalla fue encarnizada: alrededor de 100 soldados españoles cayeron en el enfrentamiento.

El gobierno español ordenó al brigadier Ramón Gómez, comandante de Ceuta, la construcción de los puestos de guardia en el campo de la ciudad, pero fueron destruidos por las kábilas de Anghera en ataques nocturnos. Esto llevó a que se sustituyeran esos puestos por unos de defensa. En el primero de éstos se colocó el escudo de España, pero una noche fue derribado por los marroquíes. El ejército del Sultán destinado a la zona por el tratado de 1845 para impedir las agresiones no hizo nada. La inacción gubernamental marroquí no se debía solamente a la debilidad de su Estado, sino a que el Sultán de Marruecos se creía protegido por Gran Bretaña para dejar que las kábilas atacaran las posiciones españolas con total impunidad. El objetivo era, claro está, que España abandonara sus plazas africanas.

En los primeros días de agosto de 1859 se observó una agitación inusual en el campo moro que rodeaba Ceuta, y disminuyeron las entradas de rifeños en la ciudad. Desde las murallas ceutíes se veía el alejamiento de las tiendas, el levantamiento de terraplenes y el movimiento de los cañones. En la madrugada del 10 de agosto, un grupo de rifeños descendió de los cerros, y al grito de “¡Alá!” derribó el escudo español colocado en una fortificación y lo destruyó. A continuación se dirigieron a los muros de Ceuta disparando sus armas de fuego y un cañón. La tropa española los dispersó, pero al atardecer volvieron más ordenados aunque sin éxito. El 24 de agosto cerca de mil rifeños atacaron Ceuta. Los soldados salieron de la plaza. La batalla se prolongó durante todo el día. Cuatro españoles murieron y 58 por parte marroquí. Las hostilidades continuaron los tres días siguientes.

El 3 de septiembre, los ingenieros salieron de la ciudad a continuar la construcción de las fortificaciones, ahora más necesarias, mientras el enemigo les disparaba. Les protegían el batallón de cazadores de Madrid, dos compañías de Basbatro y cuatro del Fijo de Ceuta. Los enfrentamientos, con muertos, eran diarios.

El cónsul español en Tánger, Juan Blanco del Valle, exigió el 5 de septiembre al ministro del Sultán que obligara al Bajá de las provincias a reponer el escudo y que sus soldados le rindieran armas, además pidió que fueran castigados a su vista los infractores y que se reconociera el derecho de España a levantar fortificaciones en Ceuta en la línea de Sierra Bullones. Se dio un plazo de diez días, pero se amplió hasta el 15 de octubre por la muerte del sultán Muley Abd el Ramán.

El nuevo sultán de Marruecos, Muley Mohammad, quiso dilatar el proceso pidiendo tiempo y la mediación de Gran Bretaña. El gobierno inglés no se opuso a la intervención militar española, pero pidió una declaración escrita al español para que en caso de guerra sólo se ocupara Tánger hasta que se ratificara un nuevo tratado de paz. Al tiempo, el gobierno de O’Donnell, consciente de que el ultimátum debía ir acompañado de una preparación militar, ordenó que se reuniera en Algeciras un cuerpo de ejército de observación al mando del general Echagüe, y poco después en Cádiz una división de reserva bajo las órdenes del general Orozco.

A mediados de octubre era evidente que se avecinaba la guerra. La Reina y el Gobierno estaban decididos. Las Cortes aprobaron la intervención militar el 22 de octubre de 1859. Sólo quedaba ver cuál era la respuesta de la sociedad y de la oposición, la del Partido Progresista.

Publicado en el suplemento de Historia de Libertad Digital.

Nicolás Salmerón y su falsificación documental

2012-05-26T00:00:00.000-07:00

He de confesar que fui de esos estudiantes universitarios que acudía a los congresos académicos con ilusión, henchido de la peregrina e ingenua idea de que se trataban de convenciones científicas en las que los investigadores exponían sus trabajos y descubrimientos para un debate sesudo, en aras del progreso de la ciencia. Bien. Pues en abril de 2003 acudí a un congreso sobre Nicolás Salmerón celebrado en la Universidad de Almería. Presenté un trabajo de investigación completamente novedoso, perfectamente documentado y convenientemente expuesto. Claro que aquel congreso se hacía a mayor gloria de Salmerón y del republicanismo krausista.

Las intervenciones laudatorias se sucedían, algunas meritorias –tengo buen recuerdo de un par de ellas-, mientras la concurrencia respiraba alabanzas al homenajeado y suspiraba por lo que España podía haber sido y uno fue. Entonces sucedió. La relatora de las comunicaciones, profesora de la Universidad de Sevilla, con evidente desagrado y formas histriónicas, enarcando cejas y dedicando aspavientos, comenzó a “resumir” el trabajo presentado por un tal Jorge Vilches, de Madrid. Y es que yo había osado decir que Nicolás Salmerón falseó el acta del Diario de Sesiones en la madrugada del 3 de enero de 1874, siendo él presidente de las Cortes. La relatora, especializada en la izquierda sevillana del primer tercio del siglo XX, atizó contra mí, no un comentario científico como era su obligación, sino un catálogo de gestos propios de a quien le susurran una blasfemia en pleno acto litúrgico. ¿Cómo me atrevía a poner en duda la santidad de Don Nicolás? Yo presentaba las pruebas documentales, los testimonios y las razones del falseamiento, pero daba igual, Salmerón era inmaculado en pensamiento, obra y omisión, y no cabía discusión alguna. Pues yo creo que sí. Esta es la historia de cómo y por qué Salmerón falseó aquellos papeles.

La versión del golpe del 3 de enero dada por el Diario de Sesiones es un documento oficial redactado por la Mesa de la Cámara siguiendo las notas de los taquígrafos y firmado por el Presidente de las Cortes, Salmerón. El relato que pergeñaron está lleno de bravatas de los republicanos, algo posible, pero la sucesión y cantidad de tiempo no encajan, las frases de los líderes tampoco, y ni siquiera los actores que intervinieron.

Según el Diario de Sesiones elaborado por Salmerón las fuerzas armadas intervinieron una vez, cuando en realidad fueron dos: la de los Cazadores de Mérida, soldados de reemplazo -que retrocedieron-, y la de la Guardia Civil del coronel Iglesias.

Por otro lado, las recriminaciones de Castelar recogidas por testigos del acontecimiento fueron sustituidas en el Diario elaborado por Salmerón por llamamientos a la unidad republicana. Esto contradice la actitud de D. Emilio, que se fue a su casa inmediatamente después del golpe, y que echó sin misericordia al propio Salmerón que fue a solicitar su apoyo. Curiosamente, ese acta falseada fue elaborada después de esta visita frustrada, y pone en boca de Castelar frases, supuestamente proferidas en las Cortes, que huelen a venganza, como ésta: “Lo que está pasando me inhabilita a mí perpetuamente, no sólo para ser poder, si no para ser hombre político”. Es raro que una frase tan contundente e importante no la recogiera nadie, ni la prensa ni testimonio alguno.

Los diputados republicanos, según el Diario de Sesiones firmado por Salmerón, permanecieron todos quietos en las Cortes. No se anota ni una salida del Salón, cuando es de sobra conocido que la mayor parte de los parlamentarios huyeron tras conocer el ultimátum de Pavía.

Es más, el relato del Diario de Sesiones está ampliado, teatralizado. El general Pavía declaró en las Cortes el 17 de marzo de 1876 que “es inverosímil que ocurriera todo lo que está consignado en una de las Actas, desde el instante que entraron mis ayudantes hasta que se levantó la sesión”. Es decir; en los cinco minutos tasados por Pavía no pudo ocurrir todo lo que cuenta el Diario. Por cierto, Salmerón no respondió nunca a esta acusación.

El acta de la sesión se publicó primero en la Gaceta de Madrid (lo que hoy es el BOE), los días 3 y 4 de enero, aunque sin la última media hora de la sesión, que es cuando tiene lugar el golpe y la reacción de los republicanos. La versión definitiva del acta se entregó después para su publicación en el Diario de Sesiones, conteniendo la narración tergiversada.

La sospecha de manipulación del Diario de Sesiones se despeja al consultar la obra del historiador Antonio Pirala, el cual transcribe la primera versión del acta de aquella sesión. Pirala, que fue progresista, sentencia: “Fue inutilizada la tirada y redactada de otra manera, que es la que consta en el archivo (del Congreso de los Diputados), pero ejemplares impresos con esta redacción, fueron entregados a varias personas, entre ellas al cuerpo diplomático”.

¿Quién reelaboró el acta para el Diario de Sesiones? Salmerón y la mesa de las Cortes, que era salmeroniana en su mayor parte. ¿Por qué? Evidentemente para dar una imagen heroica de Salmerón y de los suyos, así como una negativa de Castelar en medio de la épica republicana. Fue un simple ajuste de cuentas personal que necesitó de una clara falsificación documental, y que cambió para la historia el papel de los republicanos, otorgándoles un heroísmo y cohesión que no tuvieron (y que tampoco hay que reprochar).

A Salmerón le valió de bien poco en vida esa falsificación. Republicanos como Blasco Ibáñez, Vera y González, Miguel Morayta, González Serrano, Ernesto Bark, Sánchez Pérez o Álvaro de Albornoz, no dudaron en sus obras en cargar sobre Salmerón la responsabilidad del golpe del 3 de enero de 1874, acusándole de preferir a los cantonales antes que a Castelar sabiendo que había una amenaza golpista. Luego, en el último cuarto del siglo XX, esto ha desaparecido de las biografías de Salmerón.

Demostrada la falsificación sólo me queda relatar cómo terminó aquel congreso dedicado a Nicolás Salmerón y a la Unión Republicana de 1903. Hubo una peregrinación a Alhama la Seca, hoy Alhama de Almería, lugar donde residía con comodidad burguesa la familia Salmerón. Y ante su tumba, con las autoridades políticas y universitarias presentes, una orquesta encabezada por la bandera republicana interpretó el Himno de Riego y La Marsellesa. Creo que después se degustó un vino español. Es probable. No lo sé. Yo huí.

Viva el cantón

2012-05-13T00:00:00.000-07:00

En la historiografía española existe cierta condescendencia, o empatía, a la hora de analizar el pensamiento y la actividad de los republicanos. Se les enjuicia partiendo de una supuesta perversidad intrínseca de sus adversarios, y aplicando a continuación el método comparativo. A esta imagen forzada se le añaden varias justificaciones, como son el romanticismo y la represión gubernamental (y preventiva incluso) a las algaradas y conspiraciones. Finalmente, le suman algunas dosis de voluntarismo, indemostrables desde cualquier punto de vista científico, que quedan a la credulidad del lector. Me refiero a la costumbre de atribuir a los republicanos, en general, el papel de portaestandartes de las clases populares y de defensores de la democracia, sin distinguir la realidad de la propaganda que ellos hacían de sí mismos.

El caso es que en muchas ocasiones se han omitido o minimizado episodios protagonizados por los republicanos en aras a conservar esa imagen irreal, y evitar así el reconocer que tenían los mismos defectos que la mayoría de los grupos políticos del XIX antes de la Restauración: el deseo de monopolizar el poder para siempre y en exclusiva, la violencia sistemática, el arrinconamiento de los templados y pactistas, el saltarse la ley, la exclusión del adversario y el forzamiento institucional.

En este sentido, y siguiendo esta serie sobre la República de 1873, es muy ilustrativo el relatar el intento de golpe de Estado que prepararon los federales para la sesión parlamentaria del 2 de enero de 1874; uno de esos episodios que se omiten o minimizan.

Las Cortes iban a reanudar sus sesiones aquella mañana de enero. El presidente Castelar iba a presentar una moción de confianza para proseguir su política de orden. Sin embargo, como ya vimos, Salmerón, Pi y Margall, y Figueras habían unido sus fuerzas para derrotarle y nombrar otro ministerio. Si esto ocurría, el general Pavía avisó a Castelar de que daría un golpe para que se formara un gobierno nacional que impidiera el auge del cantonalismo y del carlismo. Pero, ¿y si ganaba Castelar la votación parlamentaria? Para este caso, los federales habían preparado su propio golpe de Estado.

Una vez se proclamó la República el 11 de febrero de 1873, los radicales, que eran mayoría en las Cortes, incomprensiblemente dejaron el gobierno a los republicanos. Esto, que fue un grave error, supuso entre otras cosas que se legalizaran los Voluntarios Federales: unas milicias políticas encargadas de velar por la “republicanización” del régimen.

En Madrid había en torno a los 8.000 voluntarios federales, organizados de forma castrense por un antiguo militar, Nicolás Estévanez, que era gobernador de la capital. Bajo el amparo del Ayuntamiento, además, disponían de la guardia de los sitios más estratégicos de la capital, y se podían reunir en los locales municipales. Estaban envalentonados desde que el 23 de abril, Pi y Margall, ministro de Gobernación, y el propio Estévanez, les usaron para sofocar el golpe de Estado monárquico y dar un contragolpe que dio a Pi el poder suficiente como para disolver la Comisión Permanente de las Cortes.

Los Voluntarios Federales, cómo no, patrullaban por la ciudad. Sus desfiles eran temibles, con gritos de “¡Mueras!” a los monárquicos, amenazas y actos de violencia. Esta milicia madrileña no era la peor: cuando los voluntarios malagueños pasaron por la capital en 1873 para ir al frente carlista se distinguieron por sus delitos y deserciones. De los mil que llegaron, tan sólo 800 marcharon al frente después de pasar por Madrid.

Esta milicia federal estaba en manos de los cantonales, y simpatizaba, por tanto, con la rebelión cantonal en provincias. En Madrid, no obstante, los sujetaba el general Pavía. Aún así, siguiendo la vieja estrategia de sublevación dentro de los cuarteles, intentaban alzar a los soldados contra los oficiales con proclamas como ésta, publicada el 1 de enero de 1874:

“si algún general, jefe o subalterno intenta sublevaros al grito de ¡Viva D. Alfonso de Borbón! Haced fuego sobre él; matadle sin compasión; (…) (si grita) ¡Viva la República unitaria! Contestadle a bayonetazos, (…) (si quiere) arrastraros contra la única soberanía legítima, contra las Cortes Constituyentes, sed implacables con él, acribillad su corazón a balazos, despedazad su cuerpo, (…). Soldados: Obrando de esta manera estáis dentro de la legalidad, dentro del honor y de la disciplina militar (…); y no sólo no tenéis responsabilidad alguna por ello, sino que contribuís a regenerar la patria, a castigar a los fariseos políticos y a redimir al pueblo español, (…) ¡Soldados! ¡Viva la República democrática federal!”.

Los Voluntarios Federales organizaron un golpe de Estado el 2 de enero, para el caso de que Castelar venciera en la votación parlamentaria. El hecho era tan conocido que hasta la Cruz Roja instaló de forma preventiva hospitales de campaña en las zonas donde era previsible que hubiera choques armados.

Desde que se abrió la sesión del 2 de enero hasta que se levantó, los comandantes de los batallones federales, sus ayudantes y varios cornetas estuvieron dentro de las Cortes para tocar generala si así se lo indicaban. Aquellos milicianos estaban a las órdenes de los diputados federales, como Guisasola y Rispa, quienes negociaban con Salmerón, Pi y Margall y Figueras la caída de Castelar. Cuando esto se produjo, Rispa, henchido de victoria, envió a un corneta de la milicia para que anunciara a los Voluntarios Federales que se podían retirar a sus casas porque no hacía falta dar ningún golpe.

Al tiempo, Pavía colocó sus tropas al conocer la derrota de Castelar. A las horas, entró la comisión que dio el ultimátum a Salmerón. Rispa ordenó entonces al Carbonerín, un revolucionario profesional que estaba dentro de las Cortes, que repartiera fusiles entre los diputados, y que tomara como rehenes a Castelar y a sus ministros. Rispa, Guisasola, Estévanez, Luis Blanc y Armendia, todos diputados, salieron del recinto para reunir a los Voluntarios Federales. Pero ya era tarde. Según cuenta el propio Rispa:

“Las calles estaban todas desiertas, y hasta los ayudantes y cornetas que los comandantes de la milicia nacional habían colocado en sitios estratégicos para tocar generala en el caso de sublevación del general Pavía, se habían retirado abandonando su puestos de honor, creídos de que nada sucedería en aquella madrugada”.

El resto es (creo) conocido, así como la popularidad posterior de Pavía y el recibimiento apoteósico de Alfonso XII meses después. El caso del golpe fallido y su repercusión muestran que los republicanos federales estaban lejos de ser el portavoz único y verdadero del sentir popular, que sus acciones discurrían más por los clubes y las barricadas que por las instituciones y la ley, y que su intención era establecer por la fuerza, sin democracia alguna, una fantasmagórica federación. Pero claro, esto respondía al conocido como “mito de La Federal”, del que hablaré en otra ocasión.

El caballo de Pavía en las Cortes

2012-05-03T00:00:00.000-07:00

Una de las sorpresas más chuscas de mi vida académica me la llevé cuando descubrí que aún se les contaba a los estudiantes universitarios que el general Pavía entró a caballo en las Cortes. No es asunto baladí, porque un “golpista ecuestre” da un aspecto jocoso a un golpe de Estado que, aunque ejecutado contra el cantonalismo revolucionario, ridiculiza nuestra contemporaneidad y sirve para barbarizar a unos y ensalzar a otros. Esto me mostró que la Historia que se enseña está cruzada por dimes y diretes, correveidiles sin fundamento, que derribarlos justifica el trabajo entre papeles viejos y libros que ya nadie lee. Por supuesto, el general Pavía no entró a caballo en el Palacio del Congreso en la madrugada del 3 de enero de 1874. Esta es su historia.

Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque era gaditano, nacido en 1827. Siempre fue progresista, de esos a los que no les dolía en prendas en alzarse en armas contra el Gobierno. Ingresó en la Academia de Artillería en plena regencia del general Espartero, en 1841. En un segundo plano pasó la revolución de 1854. A la sombra del general Prim vivió el declive del reinado de Isabel II, y siguió a éste en su carrera revolucionaria desde 1866. Tras el éxito de 1868, Pavía se adhirió al partido radical, y en él continuó cuando murió Prim y el partido pasó a manos de Ruiz Zorrilla y Cristino Martos. No defendió a Amadeo de Saboya en 1873 (nadie lo hizo), sino que apoyó la solución republicana.

El ascenso al poder de los federales dejó al general Pavía sin destino, pues no le perdonaban que hubiera sofocado la insurrección federalista en Madrid en diciembre de 1872. De esa situación de cuartel salió en julio de 1873, cuando fue nombrado capitán general de Andalucía y Extremadura por el presidente Salmerón. Sofocó el cantón de Córdoba y luego los de Sevilla, Jerez de la Frontera y Cádiz, lo que le llevó a Salmerón a decir: “¡Ya tenemos ejército!”, lo que no deja de ser irónico puesto en boca del Presidente de las Cortes el 3 de enero de 1874. El presidente Emilio Castelar le encargó en septiembre de la capitanía general de Castilla La Nueva, la de Madrid, con el objeto de tener en la capital un general que respetara la ley.

El gobierno de Castelar estaba a punto de caer, como ya conté en LD en el artículo Tres republicanos, o lo que es entenderse. El general Pavía se entrevistó con Castelar el 24 de diciembre. Su preocupación era que le sustituyera un gobierno federal que desarmara al Estado, lo que daría alas al cantonalismo y al carlismo en guerra. Pavía le pidió que prolongará la suspensión de Cortes, cuyo decreto “yo hubiera fijado en la Puerta del Sol –dijo en el Congreso el 17 de marzo de 1876– con cuatro obleas o cuatro bayonetas”. Castelar se negó y Pavía se decidió a dar el golpe. Informó a los capitanes generales del Norte, Centro y Cataluña, así como a los jefes de los partidos constitucional y radical: si Castelar caía y se formaba un ejecutivo federal, daría un golpe de Estado. Entonces, dijo, les llamaría para formar un “gobierno nacional” sin su concurso.

En la sesión del 2 al 3 de enero, se produjo la derrota parlamentaria de Castelar. En el gabinete de la Presidencia se reunieron entonces Salmerón, Pi y Margall, Figueras, Guisasola y Rispa para decidir quién sería Presidente de la República. Tras una negociación escalofriante –otro día contaré aquí los sucesos de aquella jornada-, se decidieron por Eduardo Palanca, quien avisado de esta posibilidad había hecho las maletas para huir a Málaga. Le encontraron en la estación del Mediodía, y casi a rastras le llevaron a las Cortes.

La votación se inició a las siete menos cinco minutos de la mañana del 3 de enero. El genera Pavía había sido informado de lo ocurrido, y fue con la tropa a las Cortes desde el Paseo del Prado. Colocó un par de cañones, sin carga, en las bocacalles que daban a la Puerta del Sol, y mandó a dos de sus ayudantes a que ordenaran a Salmerón que los diputados abandonaran el Palacio. Les acompañó el coronel Iglesias, del 14º Tercio de la Guardia Civil, el mismo que entonces custodiaba el edificio. El ayudante se presentó a Salmerón, presidente de la asamblea, para decir que tenía cinco minutos para desalojar.

Pasado el tiempo, los Cazadores del Regimiento de Mérida, jovencísimos soldados de reemplazo dirigidos por el comandante Mesa, entraron en el Salón. Al ver a la muchachada, los diputados que aún quedaban se envalentonaron y les echaron. El coronel Iglesias, que estaba en el edificio, presenció la retirada de la tropa, y tomó unos cuantos guardias, disparó unos tiros en el pasillo, y sólo unos pocos diputados quedaron en el hemiciclo, entre ellos Salmerón y Castelar. Estos le dijeron a Iglesias que Castelar seguía siendo Presidente, a lo que contestó: “Ya es tarde”.

El coronel Iglesias cumplió la orden. No hizo falta caballo alguno. El general Pavía contempló desde fuera del Palacio cómo salían los diputados. Nadie les increpó o detuvo. “Muchos de los que habían jurado morir en sus puestos –confesaba el salmeroniano Flores García– recogieron sus prendas de abrigo en el guardarropa y ganaron, cabizbajos y silenciosos, la calle de Floridablanca”.

El general Pavía se encontró de repente con la posibilidad de convertirse en dictador. Sin embargo, mandó llamar a los jefes de los partidos, como Serrano y Sagasta, y depuso la autoridad en sus manos. No aceptó ni siquiera el ministerio que le ofrecieron. Fue felicitado por los embajadores, y se convirtió en un hombre muy popular en Madrid. De hecho, no sólo era vitoreado cuando pasaba por la calle, sino que en las elecciones de enero de 1876 obtuvo 2.966 votos de los 3.054 posibles en el distrito centro de Madrid. Y el tiempo pasó.

Una mañana de enero de 1895, su criado le encontró tirado en el suelo de su habitación. Pavía estaba muerto. El día antes, el 3 de enero, había almorzado con Cánovas para recordar el golpe de 1874; fue una de las pocas bromas que Don Antonio se permitió. La prensa seria coincidió en la figura de Pavía. El periódico conservador La Época decía que había sido “una garantía de tranquilidad”; el liberal La Iberia afirmaba que siempre se había guiado por el “patriotismo”; La Correspondencia de España dijo que era un “liberal arrojado (…) político modesto en sus ambiciones, lleno de abnegación y valentía en sus hechos”; el barcelonés La Dinastía aseguraba, exagerando, que era “uno de los colosos de la Historia contemporánea”; y el liberal El Imparcial dijo que era un “ordenancista” que defendió tras el 74 el “alejamiento total del ejército” respecto de la política.

Sin embargo, la prensa republicana no le perdonaba el episodio. El País, diario republicano progresista, decía que el golpe de la “infausta jornada” fue “el prólogo de la nefasta restauración borbónica”. El satírico republicano Don Quijote decía, sin gracia, que no se sabía si el general había tenido tiempo para pedir “perdón para sus culpas y pecados”, que eran, claro, que a sus manos “murió la primera República Española”. Bueno, la República duró aún un año más, el 74, pero es que, además, el de Pavía no fue el único golpe de Estado que se había preparado para el 2 de enero. Había otro.

Publicado en el Suplemento de Historia de Libertad Digital

Tres republicanos, o lo que es entenderse

2012-04-24T03:48:00.000-07:00

La República de 1873 ha sido sinónimo de caos en la historia española, salvo para los que, siempre fieles al radicalismo de izquierdas, han visto en aquel episodio una “ocasión perdida”. Lo cierto es que en 1873 el país se consumía en tres guerras: la cubana, la carlista y la cantonal. El caos provocó que el propio Salmerón, presidente de la República entre julio y septiembre, confesara en una circular luego corregida, que hasta el ánimo más viril se venía abajo contemplando la situación. Mientras el país se deshacía, el movimiento republicano se debatía en una lucha interna tan insoportable como definitoria, entre facciones y personalismos. Esta es la historia de la desavenencia entre los tres republicanos más importantes de aquel año agotador, en sus últimos días: Emilio Castelar, Francisco Pi y Margall, y Nicolás Salmerón.

Durante décadas los publicistas republicanos habían descrito la República como un régimen de paz, prosperidad y felicidad, cuyo establecimiento mejoraría casi instantáneamente la economía, la educación, las condiciones de vida y la moralidad. En 1868 era el mito de La Federal, para algún historiador el “último mito burgués”. No obstante, entre la proclamación de la República, el 11 de febrero de 1873, y la elección de Castelar como presidente, el 6 de septiembre, se habían producido dos intentos de golpe de Estado de los mismos republicanos –sin incluir el “autogolpe” de Pi y Margall el 23 de abril-, unas elecciones en las que sólo votó alrededor del 20% del electorado, sendas proclamaciones cantonales en toda España, barricadas en Barcelona con carlistas, cantonalistas e internacionalistas al alimón, asesinatos de autoridades –como el alcalde de Alcoy-, el hundimiento de la economía y el exilio de una parte importante del país.

El orden era una necesidad para cualquiera, menos para los que veían en el caos la posibilidad de alcanzar el poder. Emilio Castelar, presidente desde septiembre, estaba decidido a hacer la paz utilizando todos los mecanismos legales, y pretendía incluir en la vida política a los monárquicos liberales y a los republicanos moderados. Es más, Castelar afirmó con contundencia que terminaría con la “demagogia blanca” (el carlismo) y la “demagogia roja” (los cantonales). La República debía entrar por el camino del orden, para lo cual necesitaba un gobierno fuerte y rápido que no se encontrara con la oposición sistemática de las Cortes. Para esto consiguió la suspensión de las sesiones parlamentarias hasta el 2 de enero de 1874.

Los republicanos de Salmerón y La izquierda republicana, compuesta por los federales de Pi y Margall y los intransigentes (cantonales), consideraban que la política de Castelar se había salido de la “órbita republicana”. ¿Por qué?

La primera razón era que el Presidente intentaba restablecer las relaciones con la Santa Sede, lo que era intolerable para un movimiento republicano que se había forjado en el anticlericalismo. Castelar había firmado un Modus Vivendi con el Vaticano para proveer las plazas de obispo en las diócesis de Toledo, Santiago y Tarragona. A Salmerón le parecía una traición al proyecto laicista del republicanismo, lo que era una contradicción porque durante la presidencia de Pi y Margall el ministro Suñer y Capdevila había nombrado al obispo de Filipinas.

Castelar también había salido de la “órbita republicana”, en expresión de Salmerón, porque reforzó el ejército con militares que hasta entonces habían sido apartados por sus ideas políticas; es decir, por ser monárquicos o republicanos moderados. El presidente buscaba la eficacia militar, no la política. Así reorganizó el Cuerpo de Artillería, disuelto por el ministro Fernández de Córdoba un mes antes de proclamarse la República, y restableció el Reglamento Militar, que contemplaba la pena de muerte por insubordinación. La rebelión interna en los ejércitos había sido corriente ese año, llegando incluso al asesinato de los oficiales para evitar la marcha al frente. Sin embargo, esa “órbita” era otra contradicción de Salmerón, pues él mismo había enviado durante su mandato al monárquico general Martínez Campos a terminar con los cantones de Valencia y Cartagena, y al general Pavía lo propio con los de Sevilla, Cádiz y Granada.

Pi y Margall, el tercer republicano en discordia, estaba en oposición al Presidente porque con la suspensión de las Cortes se había paralizado la discusión del proyecto constitucional; un proyecto escrito por el mismo Castelar en 24 horas, y que nadie reivindicó a partir de 1873. Es más, Pi consideraba que no era necesario que se hubieran suspendido las garantías constitucionales para restablecer el imperio de la ley, sino que los medios eran el diálogo y dar cargos políticos a los cantonales sublevados. Lo cierto, y triste, es que a él le funcionó en parte y momentáneamente durante su presidencia, entre junio y julio de aquel año intenso. Pi hizo creer a los cantonales que la nueva España surgiría del pacto de las partes independientes, los cantones, lo que pasaba por la declaración de independencia de las ciudades, provincias y/o regiones. Este fue el camino por el que se proclamaron las repúblicas independientes de Marchena, Carmona, Écija o Coria del Río, y por el que Cartagena bombardeó Almería. Afortunadamente, la política militar de Castelar redujo la rebelión cantonal al punto cartagenero.

La oposición republicana al gobierno crecía, por lo que el Presidente intentó reconciliarse con Salmerón. Entre el 19 de diciembre de 1873 y el 2 de enero de 1874 ambos se reunieron casi todos los días. Salmerón se empeñaba que se había salido de la “órbita republicana”, mientras que Castelar insistía en que era la única política posible. La República, órgano salmeroniano, decía en su número del 21 de diciembre, que el Gobierno “divorcia a los elementos republicanos de la situación actual, y precipita los sucesos hacia una solución”. La Discusión, castelarino, decía el mismo día, que no se podía

“hoy gobernar de otra manera. O muere la República aplastada bajo el peso de la opinión del país, que quiere estabilidad y orden, o sigue como hoy resuelta a prescindir de ciertos compromisos para salvarse, satisfaciendo los deseos de la opinión”.

Salmerón y Pi y Margall pactaron la caída del Gobierno. La relación entre ambos había sido siempre complicada. El periódico de Salmerón había insultado a Pi y Margall diciendo que era el primero de los

“miserables gavillas de mercenarios sin coraje y sin dignidad; (culpables) de transigir con todos los crímenes, el asesinato y el incendio inclusive; de hacer por medio de sus adeptos causa común con los presidiarios; de pretender llegar a la realización de su ideal por el exterminio”.

Pi y Margall respondió desde su periódico El Reformista, llamando a Salmerón “El hombre hueco”. Le comparaba con los gigantes y cabezudos de las ferias, que se sacaban para asustar a los niños, y le tocaba el orgullo diciendo que el

“pobre Sanz del Río (maestro de Salmerón) se equivocó; el pueblo se ha equivocado; sus amigos se han llevado un chasco solemne; sus enemigos se ríen del miedo que le tuvieron. (…). Depositémosle con las precauciones debidas, a fin de que no se rompa, en cualquier parte hasta que pueda servir en otra procesión cualquiera. Y por si acaso no vuelve a haber más procesiones, volvámosle a su cátedra”.

Pero todo se suavizó para formar un frente contra Castelar. A Salmerón y Pi y Margall se unió el primer presidente de la República, Estanislao Figueras, que ya había regresado de aquella huída nocturna a París en plena presidencia. La política de Castelar les parecía insufrible, lo que se culminaba con que quisiera dar entrada en la vida política, en las Cortes, a monárquicos y republicanos moderados. La República, dijo Salmerón, debía ser para los republicanos, y el resto de ideas políticas debían quedar marginadas. La República no se podía construir con el concurso de otros republicanos o de los monárquicos, pues sería, decía Salmerón, traicionar el ideal, así que, concluyó: “Sálvense los principios, y perezca la República”. Decidieron entonces, en una reunión celebrada el 30 de diciembre, forzar en las Cortes, el 2 de enero, la dimisión de Castelar.

La sesión de las Cortes de aquel 2 de enero fue larga, densa, sorprendente y dolorosa; con periodistas exhaustos en la Tribuna, milicianos patrullando los pasillos, embajadores asustados y acuerdos disparatados. La noche llegó, se anunciaba el alba y la sesión continuaba.

Pavía esperaba tomando una cerveza, en aquella fría madrugada del 3 de enero, frente al Palacio de las Cortes. Iba a tomar una decisión.

Publicado en Libertad Digital.

1810: el bando apócrifo del Alcalde de Móstoles

2012-04-14T08:38:00.000-07:00

"La Patria está en peligro; Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid todos a salvarle. Mayo 2 de 1808. El Alcalde de Móstoles". Estas tres frases pasaron durante cien años por ser el auténtico bando que comunicaba los sucesos de Madrid al resto de España y llamaba al alzamiento. Pero la historia fue otra. Historia política y militar de la Guerra de la Independencia contra Napoleón Bonaparte, desde 1808 a 1814, escrita sobre los documentos auténticos del Gobierno. Muñoz Maldonado indicaba también que el autor había sido Juan Pérez Villamil, que en 1808 era auditor general del Consejo Supremo del Almirantazgo. Dos años después, en 1835, el Conde de Toreno ratificaba la autoría de Pérez Villamil en su Historia del levantamiento.

La historiografía oficial y académica había establecido como verdadera la versión del historiador José Muñoz Maldonado, que dio a conocer por primera vez la supuesta literalidad del bando en 1833, en su obra

Sin embargo, Adolfo de Castro, historiador gaditano, atribuyó en 1858 la autoría de las tres frases de Móstoles al Conde de Montijo, un fernandino que se había convertido en un agitador profesional y que había firmado algunos papeles durante la guerra como "El Alcalde de Móstoles".

Todo cambió en 1908, cuando el párroco de Cumbres de San Bartolomé (Huelva) encontró entre los papeles del archivo de su iglesia una copia del bando original de Móstoles... y no aparecía ninguna de las tres frases. La sorpresa fue mayúscula. Jerónimo Becker aseguró en La Época del 3 de mayo de 1908 que había dos bandos: uno administrativo, el que se acababa de descubrir, achacable por anodino a los alcaldes, y otro el revolucionario, el conocido, cuya autoría atribuía a Pérez Villamil. Sin embargo, el historiador Nicolás Pérez Jiménez reconstruyó, también en 1908, la escena de Móstoles gracias a una documentación inédita procedente de Esteban Fernández de León. Éste habría sido quien alertó a Pérez Villamil y quién le instó a escribir el bando, uno sólo, para que lo firmaran los alcaldes mostoleños.

¿Y el bando que hasta entonces se había tenido por el auténtico? El historiador Antonio Rumeu de Armas publicó en 1940 un estudio que aseguraba que Pérez Villamil había sido el autor de los dos bandos, el original y el apócrifo. ¿Cómo era posible? Muñoz Maldonado había entrevistado al autor para documentar su libro antes de 1824, pero, al carecer de originales, Pérez Villamil lo recreó. La historiografía convino en que era esto lo que había ocurrido.

Sin embargo, no fue así. La historia del bando apócrifo es la siguiente.

Al marchar Fernando VII a Bayona, en abril de 1808, había dejado una Junta de Gobierno que, al margen de las instituciones tradicionales, tenía el mandato de representarle en su ausencia, así como de preparar un levantamiento si las negociaciones con Napoleón se torcían. Antes del Dos de Mayo, la Junta creó otra de carácter clandestino que sirviera para la insurrección, y que presidió el Conde de Ezpeleta. Uno de los miembros de esta junta insurreccional era Juan Pérez Villamil, quien, a pesar de tener su residencia en Navalcarnero, estaba el 2 de mayo en Móstoles. Allí se encontró con Esteban Fernández de León, intendente del Ejército y de la Real Hacienda de Caracas, que había huido de Madrid, y que le instó a convencer a los alcaldes de Móstoles para que escribieran el famoso bando.

Uno de los acompañantes de Fernández de León, Pedro Serrano, fue el encargado de difundir el bando por el camino de Extremadura. De esta manera, comunicó a las autoridades municipales los sucesos de Madrid y que había llegado la hora del levantamiento contra el francés. Así llegó a Cumbres de San Bartolomé.

El bando no tuvo consecuencias, pues pocas autoridades españolas decidieron actuar –no lo hicieron hasta finales de mayo y comienzos de junio–. La verdad es que durante la guerra nadie se acordó del texto, pues se perdió en la avalancha de propaganda patriótica, en la que otros bandos y otras proclamas tuvieron mucha más trascendencia. Es más, no se encuentra en la mayor colección de proclamas y bandos publicados durante la contienda: los siete tomos de Demostración de la lealtad española (1808-1809). Tampoco se menciona en la propaganda que se publicó en provincias sobre lo que había ocurrido en Madrid, ni en las memorias de los personajes del momento, como Azanza y O'Farrill, Alcalá Galiano o Mesonero Romanos (un niño madrileño entonces, pero que recopiló las piezas populares que fueron decisivas en aquellos días).

No obstante, sí hay una primera referencia del bando apócrifo que se les ha pasado por alto tanto a los historiadores de la Guerra de la Independencia como a los biógrafos del personaje. Me refiero a la obra de Álvaro Flórez Estrada titulada Introducción para la historia de la revolución de España, que vio la luz por partes en El Español de Blanco White y que publicó en 1810 en Londres, traduciéndose al inglés al año siguiente. En la página 126 de este libro se pueden leer las tres frases que constituyeron el famoso bando del Alcalde de Móstoles durante décadas. Esto ya lo expuse en Aportes. Revista de historia contemporánea en su número 67 (2008).

¿Cómo se enteró Flórez Estrada de la existencia y contenido del bando? La toma de Madrid por las tropas napoleónicas obligó a los patriotas a refugiarse en Sevilla. Allí fue a parar Fernández de León en agosto de 1809, donde residía aquél desde hacía unos meses. Ambos trabajaron para la Junta Central y se movieron en los altos círculos políticos sevillanos, por lo que es muy posible que Flórez Estrada se enterara por relación directa con Fernández de León.

La invasión de Andalucía por el ejército josefino obligó al exilio a los patriotas. Refugiado en Inglaterra, Flórez Estrada, como otros, decidió seguir la guerra de propaganda. Publicó entonces su Introducción para la historia de la revolución de España. Ya en su prólogo advertía de que en Londres carecía de documentos, y de que la obra, por tanto, no tendría la precisión historiográfica que él hubiera deseado. Flórez Estrada escribió lo que recordaba de sus conservaciones con los huidos de Madrid y de lo que vivió en España. No le importaba tanto la exactitud en la literalidad del documento como el efecto que pudiera causar. Nació así el bando apócrifo de Móstoles con sus tres frases, mucho más literario, romántico, revolucionario y eficaz, y que hoy todo el mundo conoce.

Años después, Muñoz Maldonado encontró el bando en el libro de Flórez, lo copió y no le citó. ¿Por qué? La razón es que el asturiano había sido conspirador desde 1814, un radical en el Trienio Liberal, y la policía fernandina le tenía por uno de los cabecillas de los pronunciamientos liberales desde el exilio. Una referencia a su libro, en una obra encargada por el mismísimo Fernando VII, no debió de parecerle conveniente a Muñoz Maldonado.

No he encontrado una referencia anterior al bando de Móstoles, y al coincidir plenamente con el trascrito por Muñoz Maldonado, la autoría de Flórez Estrada del bando apócrifo no deja lugar a dudas.

Jorge Vilches. Publicado en Libertad Digital.

JUAN BAUTISTA AMORES, Cuba en la época de Ezpeleta (1785-1790), Eunsa, Pamplona, 2000, 571 págs.

2009-04-04T11:57:00.000-07:00

Alexander von Humboldt, el naturalista y geógrafo alemán, en compañía del botánico francés Aimé Bompland, exploró los territorios españoles de Ultramar durante cinco años (1799-1804), recorriendo las bocas del Orinoco y el Chimborazo, y los mares e islas del golfo de México. Humbolt escribió que La Habana se había convertido en la ciudad más europea y cosmopolita del imperio español. Esto se debió, curiosamente, a la invasión inglesa de la capital cubana en 1762. Carlos III y sus ministros entendieron que aquella ocupación inglesa demostraba la necesidad de poner en práctica un ambicioso plan de reformas en todo el Imperio. También en Cuba. Los cambios debían asegurar la defensa militar de la isla y su recuperación económica. El reformismo borbónico llegó a Ultramar, y transformó profundamente la administración imperial. Pero toda reforma necesita financiación, por lo que se puso en marcha el sistema del libre comercio para hacer más rentable el régimen fiscal. Los cambios que experimentó Cuba en el último cuarto del siglo XVIII la beneficiaron, poniendo las bases de su desarrollo posterior.

Juan B. Amores, profesor adjunto del Departamento de Historia en la Universidad de Navarra y profesor asociado de Historia de América en la Universidad del País Vasco, estudia en esta obra la época del reformismo borbónico en Cuba: la situación económica, social y administrativa de la isla desde la recuperación de La Habana, en 1763, hasta el inicio de la guerra contra Francia, treinta años después. Amores pone especial atención a la llamada por él “época de Ezpeleta”, entre la derrota de Inglaterra en la Guerra de los Siete Años, en 1783, y la revolución del azúcar, en 1790. José de Ezpeleta fue gobernador y capitán general de Cuba desde finales de 1785 hasta los últimos días del mes de abril de 1789. La importancia que da Amores a Ezpeleta se debe a que éste militar español, nacido en Barcelona pero de raíz navarra, cumplió con suma eficacia el proyecto reformista borbónico.

Amores divide su texto en dos partes, según él mismo confiesa, siguiendo la división ya clásica en la reciente historiografía americanista española. La primera parte la dedica a describir las condiciones económicas, sociales, culturales y religiosas del contexto, que en esta obra es Cuba a finales del siglo XVIII. Y la segunda parte está consagrada a relatar el impacto del objeto de estudio en tal realidad; es decir, el gobierno de Ezpeleta en Cuba. Quizá sea dicha división “clásica” un beneficio para una tesis doctoral, que es el origen de esta obra, pero no tanto para un libro que debe abrirse a la sociedad. Así, la buena labor investigadora de Amores se ve empañada por cierta rigidez descriptiva y su ánimo de parcelar todas las áreas y matices.

Esto no impide que el análisis de Amores dé a conocer al lector cuál era la situación de Cuba a finales del siglo XVIII, desde el número de licenciados hasta el salario medio de los albañiles. En esta primera parte descriptiva de la situación de Cuba a finales del siglo XVIII, Amores relata cómo estaba la isla en los años que cubrieron los gobiernos del marqués de la Torre, Ezpeleta y Luis de las Casas. Las reformas borbónicas organizaron la administración, centralizaron el poder para aumentar su eficacia y promovieron la iniciativa de la sociedad civil. Así, el autor describe la estructura social, la economía, la Iglesia y la cultura. De particular interés es el apartado dedicado a la sociabilidad de los habitantes de Cuba, en el que, como si Amores fuera un escritor costumbrista, describe los usos y costumbres, las fiestas y los juegos. Y muy gracioso resulta el bando que Ezpeleta dio a los actores del Teatro Coliseo de La Habana, indicando que éstos debían estudiar sus papeles para “que no estén pendientes del apuntador, ni sea tan necesario que éste lea tan alto que se le oiga” (p. 111).

El establecimiento de la libertad de comercio proporcionó las bases económicas para el gran desarrollo de Cuba a principios del XIX. Ezpeleta pactó con la sacarocracia. Los impuestos subieron, pero a cambio se establecieron privilegios para los productores de azúcar y, sobre todo, se permitió la libertad de comercio. El único punto negro de este crecimiento fue que la apertura de mercados trajo consigo el aumento del número de esclavos para dar satisfacción a la demanda de producción, lo que consolidó la esclavitud un siglo más.

Es el tema de la esclavitud en tiempos de Ezpeleta uno de los más amenos e intensos del libro. Amores sostiene que el trato al esclavo era más humano en las colonias españolas que en las de otros países europeos, pues, habiendo igualmente malos tratos, su esperanza de vida era la misma que la del hombre libre. La ocupación inglesa de La Habana dejó como recuerdo los Barracones en el barrio de Regla, en el lado opuesto de la bahía. Era el lugar donde se concentraban a los negros una vez desembarcados. Allí los dejaban los negreros ingleses, que eran especialmente brutales con los hombres capturados en África, los bozales. La actuación de Ezpeleta en este asunto se limitó a obligar a los negreros a que desembarcasen a los esclavos fuera de la ciudad, a no permitir que los enfermos entraran en los Barracones, ni que los sanos se presentaran desnudos, por “el decoro y honestidad debidos al público” (p. 162). No obstante, Ezpeleta favoreció la libertad de los esclavos a través de la reglamentación de la coartación, un sistema por el que aquéllos compraban su liberación con su trabajo pactando con el amo el precio.

La tesis del libro se encuentra en la segunda parte, en la que Amores aborda el gobierno de Ezpeleta. La situación estratégica de Cuba, y especialmente de La Habana, sería de gran importancia para el cumplimiento del reformismo borbónico, tanto en lo que se refiere a su defensa militar como a su desarrollo económico. Ezpeleta cumplió en ambas parcelas, según Amores, con discreción y eficacia.

El reformismo borbónico se mostró en la renovación del personal de los gobiernos locales, y en los bandos para ordenar los ayuntamientos, la administración de justicia y la policía local. Amores muestra la preocupación de Ezpeleta por procurar un buen gobierno, para lo cual intentó, siguiendo los parámetros del despotismo ilustrado, concentrar la mayor cantidad de poder posible. La Real Hacienda y la justicia estaban fuera de su dominio, pero consiguió poderes especiales, de manera que quedó como virrey sin título de tal. El interés de Ezpeleta por La Habana y su gente le llevaron a presentar al Ayuntamiento de la ciudad un programa de reformas para mejorar la higiene de las calles, su ordenación y dotaciones, junto con la terminación de la construcción del Palacio de gobierno, hoy Palacio de los Capitanes Generales.

Juan Bautista Amores se vuelca en la reconstrucción de la política militar de Ezpeleta, que comprendió que La Habana era un punto primordial para la defensa de México, la Luisiana y las dos Floridas, amenazadas por el expansionismo estadounidense. El imperio español era muy grande, con poderosos competidores y con una carencia importante de medios, como Amores pone eficazmente de relieve. El nuevo capitán general de Cuba denunció la insuficiencia de las fortificaciones y efectivos para hacer frente a la misión defensiva que tenía la ciudad. Para paliarlo, Ezpeleta emprendió la tarea de terminar la fortificación, formar nu

evos cuerpos militares y mantener las guarniciones en América del Norte. Amores describe la política de defensa con mucha precisión, quizá lo más logrado de la segunda parte de la obra. Sólo con esta política podía haber sido posible sacar las cualidades profesionales de Ezpeleta: disciplinado y hábil para adaptarse a las circunstancias.

Es de gran interés la “criollización” de la oficialidad, aunque el autor no saca las consecuencias evidentes que para la independencia de la América española tuvo este fenómeno continental. Igualmente, es muy recomendable la descripción de la presencia militar española, casi de muestrario, en Luisiana y Florida, la negociación con las naciones indias y el mal cálculo del ministro español Floridablanca cuando, en las relaciones con los Estados Unidos, creía que la “inquietud y [el] amor de sus habitantes a la independencia nos son favorables y serán causa de su debilidad” (p. 476).

Amores describe bien a un hombre ilustrado, Ezpeleta, que combina sus deseos de mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de la actuación institucional, con las características de un militar del Antiguo Régimen de talante autoritario y mentalidad aristocrática. Ezpeleta no encontró en Cuba la resistencia a las reformas borbónicas que hubo en el continente, lo que convirtió a la isla, como asegura Amores, “en una verdadera colonia”, tal y como el despotismo ilustrado de los Borbones quería para toda la América española.

Jorge Vilches, Revista Hispano Cubana, núm. 12, 2002, págs. 190-193.

Juan B. Amores, Cuba en la época de Ezpeleta (1785-1790), Eunsa, Pamplona, 2000, 571 págs.

MANUEL SUÁREZ CORTINA, El gorro frigio. Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la Restauración, 2001.

2009-03-27T17:02:00.000-07:00

Los estudios sobre el republicanismo español deben contemplar las dos caras que tuvo: el carácter reformista, interesado en la regeneración del país, y las contradicciones, la demagogia, el revolucionarismo permanente y las carencias de sus proyectos políticos. Suárez Cortina hace en El gorro frigio un balance positivo del republicanismo reformista, sin olvidar su inoperancia política y su fracaso. Es una recopilación de sus escritos, unidos por el deseo de mostrar el deseo regeneracionista del republicanismo durante la Restauración. En este sentido, expone la importancia que los republicanos dieron a la divulgación del conocimiento científico, a la prensa como medio de propaganda y de formación de la opinión pública, así como su preocupación por las cuestiones nacional y religiosa. Suárez Cortina describe con gran acierto el krausismo que alimentó gran parte del ideario republicano, especialmente el de Salmerón, y la formación de las dos grandes opciones republicanas de principios del siglo XX: el Partido Radical y el Reformista.

Suárez Cortina asegura que la quiebra del republicanismo histórico se produjo con el fracaso del proyecto político de Salmerón con la Unión Republicana y Solidaridad Catalana. El republicanismo histórico, el de Pi y Margall, Castelar y Salmerón, en mi opinión, fue el heredero del liberalismo radical de principios del XIX. Los republicanos sublimaron las demandas políticas y sociales convirtiendo un programa de partido en una forma de gobierno, y recogieron el modelo tradicional progresista de revolución: el pronunciamiento cívico-militar, el juntismo y el golpe de Estado. Tras su estrepitoso fracaso en 1873, se emprendieron varias vías para la renovación. El posibilismo de Castelar aportó el legalismo como método para la consecución de logros liberales y democráticos, sin reparar en la forma de gobierno, al estilo del español Rivero, del italiano Crispi en su primer Gobierno, de 1887 a 1891, o del monárquico francés Thiers en 1870. Su colaboración con el Partido Liberal de Sagasta supuso la aprobación de las leyes sobre asociación, reunión y libertad de imprenta, así como el juicio por jurados y el sufragio universal masculino. La conservación de lo más rancio del republicanismo quedó en las opciones revolucionarias e intransigentes de Ruiz Zorrilla y Pi y Margall. Salmerón no consiguió un “nuevo republicanismo”, sino que siguió a la nueva generación, la de Lerroux y Melquiades Álvarez, hasta que ésta le desbordó.

La situación de los republicanismos durante la Restauración fue paralela a la capacidad de la Monarquía de la Constitución de 1876 para resolver con eficacia los problemas y dar la sensación de autoridad. Mientras la política estuvo en manos de los partidos monárquicos, y éstos supieron encauzar la vida política, el republicanismo fue la aspiración de unos grupos de intelectuales. Solamente el desgaste del sistema de partidos dinásticos, su crisis y los errores de la Corona devolvieron a la República ese carácter de bálsamo curador, de esa “España que puede ser”. Arturo Barea, en La forja de un rebelde, cuenta que en las tertulias madrileñas populares del final de la Restauración, en la discusión de un problema político o social, especialmente el de Marruecos, siempre se terminaba con un “lo que hace falta aquí es una República”. En esta forma de gobierno se concentraron todas las soluciones y las esperanzas de la oposición al régimen, pero en el más puro sentido decimonónico: “la República es el gobierno de mi partido”.

Durante la Restauración, como bien indica Suárez Cortina, la dirección de los partidos republicanos siguió estando en manos de intelectuales. Aquellos líderes combinaban el discurso político con cierto paternalismo social, postulaban la descentralización administrativa, e incluso la autonomía, y no despreciaban la revolución o el golpe de Estado para imponer su fórmula política. La República, sin embargo, continuaba sin ser definible. Era, a lo más, la forma de gobierno necesaria, según sus defensores, para cobijar tanta reforma planteada.

De este reformismo que abarcaba desde la educación a la organización nacional, e incluso el iberismo, da cuenta perfectamente Suárez Cortina. Nicolás Salmerón es protagonista, de una manera u otra, en las dos partes más interesantes del libro, en la que trata sobre el krausismo reformista, o reformismo krausista, y el relato del fracaso de la Unión Republicana y el surgimiento del Partido Radical y del Partido Reformista.

Los krausistas, o “krausoinstitucionistas” como los llama Suárez Cortina, partieron de un erróneo análisis del fracaso de 1873: un pueblo, sin educación suficiente para entender el republicanismo, había permitido que derribaran la República los sectores reaccionarios: los monárquicos, la Iglesia y el Ejército. El atraso cultural de los españoles era el primer aliado de los que querían mantener la Monarquía como sistema de control y consecución de intereses particulares. Esto resultaba, en mi opinión, algo ridículo en boca de Salmerón, uno de los principales responsables del fracaso institucional, político y social de la República de 1873, con su exclusivismo, incapacidad política, sectarismo y desprecio absoluto hacia la libertad y democracia constitucionales. Tal análisis sólo podía ser alimentado por un profundo elitismo y un deseo de justificar su fracaso.

Suárez Cortina va desgranando las soluciones que los krausistas propagaron para la cuestión religiosa –una Iglesia libre en un Estado libre-, la regeneración del país a través de la reforma educativa –la Institución Libre de Enseñanza-, el arreglo de la cuestión social mediante la defensa de los derechos individuales, la armonía social y la solidaridad, y la resolución de la cuestión nacional mediante el municipalismo, el regionalismo y las autonomías. No obstante, Suárez Cortina no tiene suficientemente en cuenta que los krausistas de Salmerón buscaron en los militares descontentos la solución a todos los problemas; esto es, vieron en el golpe de Estado, que ellos llamaban “revolución”, el método para imponer la República. Se aliaron con los radicales de Ruiz Zorrilla, y fueron de pronunciamiento en pronunciamiento hasta el ridículo final de Villacampa en Madrid el 19 de septiembre de 1886. Salmerón se cansó de los “espadones” y encontró, con menos de 2.000 votos, un puesto de diputado en las Cortes. Acogió entonces la idea de la vía legal a la República, dando la batalla en las Cortes y en las urnas, pero sin desdeñar la alianza con cualquiera que hiciera oposición a la Monarquía de la Restauración. Fueron los años de las uniones, fusiones y alianzas de los grupos que lideraban republicanos históricos que desconfiaban entre sí.

En 1903 ya habían desaparecido Ruiz Zorrilla (1895), Castelar (1899) y Pi y Margall (1901), y Salmerón vio la vía libre para la formación de la Unión Republicana con el eje del Partido Centralista que él fundó en 1890. Aún así se quedaron fuera los federales de Pi y Arsuaga y los progresistas de Esquerdo. El gran problema del republicanismo español era construir y propagar un ideario y un programa modernos, más acorde con la sociedad española de principios del siglo XX. Salmerón creyó que el “poder central” de la “oligarquía y el caciquismo” podía derribarse a través de la vía parlamentaria y electoral, por un “frente regenerador” formado por los partidos no dinásticos y regionales. Así, en 1906 creó Solidaridad Catalana con la Lliga y el carlismo. Pero, ¿cómo iba a implantarse una República reformista con los conservadores catalanes y los carlistas? El fracaso de Salmerón fue completo, y el posible descrédito del republicanismo con tal alianza fue la tumba de la Unión Republicana. Ésta fue la quiebra, para Suárez Cortina, del republicanismo histórico, y la causa del surgimiento de dos nuevos republicanismos, el radical y el reformista.

En abierta oposición a la política de Salmerón, Lerroux y la izquierda de la Unión Republicana fundaron el Partido Radical en febrero de 1908. El nuevo republicanismo de Lerroux fue la aplicación nacional de su política en Barcelona, con el añadido del programa social del radicalismo francés. Los radicales combinaron el nacionalismo español, el populismo, el obrerismo y el anticlericalismo, y entendieron la revolución como el único medio para derribar el régimen de la Restauración. Sin embargo, no era nuevo aquel ideario. En el Partido Radical convergen las costumbres del viejo progresismo con el nuevo discurso populista, la demagogia del Ruiz Zorrilla de los años 80 con los llamamientos a la insurrección. A esto se unió algo que tampoco era nuevo: el desprecio a la alianza con los liberales y, en cambio, la preferencia del pacto con los socialistas. La Conjunción republicano-socialista de 1909, como apunta Suárez Cortina, sólo benefició al PSOE, y fue un nuevo obstáculo para la construcción de un republicanismo moderno. Los republicanos, en mi opinión, seguían fracasando al relacionar la República con los enemigos del liberalismo: los carlistas y los socialistas. La copia del radicalismo francés y del Bloc des Gauches tuvo que ser ajustada al caso español, pues en España no existía una República desde 1870 como en el país vecino. El proyecto de Lerroux podía tener éxito a corto plazo, pues para la revolución se encontraban aliados con facilidad, pero no a la larga, pues era un republicanismo de combate, incapaz de construir u ofrecer un proyecto sólido y amplio de República.

Melquiades Álvarez, Azcárate, Labra y Pedregal fundaron en 1912 el Partido Reformista, en el que Suárez Cortina ve un republicanismo más moderno que conserva el espíritu regenerador y europeísta del krausoinstitucionismo. Los reformistas aspiraban a una República tranquila, centrada, que no pusiera en cuestión los derechos económicos y jurídicos de la burguesía española, pero llevara a cabo una reforma general del Estado y de la sociedad. El plan del Partido Reformista, desde mi punto de vista, estaba excesivamente supeditado a la colaboración con los liberales, y ya no era el tiempo histórico de Sagasta y Castelar. La idea de Melquiades Álvarez era castelarina: colaborar con los liberales para realizar reformas democráticas, lo que mostraría a la sociedad la utilidad del reformismo, o si no era posible, levantar la bandera republicana como la única capaz de llevar a cabo las reformas. Los reformistas resucitaron el accidentalismo de Rivero y Martos, y la benevolencia de Castelar, con lo que consiguieron lo mismo que éstos en su momento: la acusación de apostasía por parte de los otros grupos republicanos, el simple agradecimiento de los liberales monárquicos y un enredo mayor en el sistema de partidos. Para la izquierda republicana no había transacción posible con los monárquicos. Era la República a través de la revolución o nada, el “o todo o nada” del progresista Fernández de los Ríos en 1865. En definitiva, no hubo, a mi entender, una quiebra completa del republicanismo histórico, pues permanecieron ciertas ideas y actitudes de los viejos republicanos, tanto en radicales como en reformistas, que impidieron una verdadera renovación.

El republicanismo organizado, que no la idea republicana, acabó perdiendo peso e importancia en la sociedad entre la derecha monárquica, a la defensiva, y la izquierda revolucionaria. Solamente quedaron unos grupos de intelectuales comprometidos con la República como solución de modernidad. El Partido Radical y el Partido Reformista eran muy poco atractivos para el hombre-masa orteguiano de los años 30, y se convirtieron en opciones de centro derecha durante la Segunda República. No superaron las objeciones que la sociedad española le puso al republicanismo histórico: el golpismo, su sectarismo y un fuerte dogmatismo. En realidad, durante la Restauración alentaron una movilización en torno a cuestiones cuya respuesta les superó, y sus bases les abandonaron tachándoles de reaccionarios; esto es, lo mismo que les había ocurrido a otros partidos extremos décadas antes: el Partido Progresista, el Partido Republicano y el federalismo de Pi y Margall ante los cantonales. En esto, el nuevo republicanismo no había aprendido nada del histórico, y quizá por eso también fracasó. Suárez Cortina aporta con este valioso libro una visión de la confrontación entre el viejo y el nuevo republicanismo, lo que él entiende como una “quiebra completa”, pero que fue más generacional que de ideas o actitudes.

Jorge Vilches, Hispania, núm. 209, vol. LXI/3, 2001, Septiembre-Diciembre, pp. 1.151-1.155.

Manuel Suárez Cortina, El gorro frigio. Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva – Sociedad Menéndez Pelayo, 2000, 371 págs.

CARLOS SECO SERRANO, Historia del conservadurismo español, 2000.

2009-03-21T11:05:00.001-07:00

La revolución liberal española del siglo XIX es un tema controvertido, tanto por una cuestión historiográfica como ideológica. Puede pensarse que España era un país poco y desigualmente desarrollado, donde no existía burguesía ni proletariado –salvo en Barcelona-. Se ha dicho también que los partidos eran meros recursos de la oligarquía, o de la elite de siempre, para mantenerse en el poder a costa del esfuerzo y esperanzas del pueblo. O que nuestros reyes, especialmente Isabel II, no eran sinceramente liberales, y que todo dependía de una “camarilla” y de la influencia de la Iglesia. Y por fin, que España no es Francia o Inglaterra, que lo que ocurrió en nuestro país no fue una revolución porque no se pareció a lo que pasó en aquellos países. Lo malo de este análisis es que se ha obviado la vida política, minusvalorando los partidos políticos, su pensamiento y a sus hombres, para centrarse en las estructuras sociales y los porcentajes económicos. Afortunadamente se ha recuperado la Historia política, y una buena muestra de ello es esta obra de Carlos Seco Serrano.

El profesor Seco Serrano ha logrado cumplir con éxito un propósito bien arriesgado: defender la tesis de que existió en España una línea liberal-conservadora que ha sido el verdadero progreso para nuestro país. El autor parte de la idea de las “dos Españas” –o mito, o recurso literario-, de la nación quebrada por la necesidad y la resistencia al cambio que se inicia con el reformismo ilustrado del XVIII. De la confrontación entre lo viejo y lo nuevo surgen a comienzos del siglo XIX las soluciones del “justo medio” que teorizó Jovellanos, y del “régimen mixto” de Martínez Marina. Seco Serrano analiza la línea integradora que desde aquellos primeros momentos intentó encontrar un régimen común para la “España reaccionaria” y la “España revolucionaria”. Y la línea la forman cuatro nombres: Martínez de la Rosa, Narváez, O’Donnell y Cánovas del Castillo. Aquella línea pretendió encontrar un régimen común, que uniera a las “dos Españas” aunando las instituciones tradicionales y las aspiraciones liberales. Es la idea de adaptar el régimen político al país, y no al contrario. Así, nuestros pensadores liberal-conservadores idearon combinar la tradición liberal histórica española, real o mitificada, con el “espíritu del siglo”.

Comienza de esta manera Seco Serrano con una defensa del Partido Moderado que huye de la descalificación general y tópica que ha hecho de esta agrupación la historiografía de izquierdas. Seco Serrano señala el éxito de tal partido en la implantación de las instituciones liberales durante el reinado de Isabel II, y en la revolución administrativa que creó el Estado provincial cuya división aún sobrevive. Destaca el autor la idea del centro integrador que puso en marcha Martínez de la Rosa, que tomó el primer moderantismo, y que mantuvieron los moderados puritanos de Pacheco, Pastor Díaz, Andrés Borrego, Ríos Rosas y Cánovas.

Seco Serrano sabe distinguir con gran claridad la pureza de las ideas conciliadoras de los primeros moderados del anacronismo exclusivista y rancio que quedó en el partido a partir de 1851. Antes de este momento, el general Narváez, sobre el que convendría una revisión historiográfica, había intentado la reconciliación con la “España reaccionaria”, la carlista, a través de la ayuda al Papa Pío IX en 1849 y con la integración de los “neocatólicos” del marqués de Viluma y Balmes. La dictadura de Narváez, provocada por el movimiento revolucionario de 1848, cayó en 1851, con el fundamental discurso de Donoso Cortés, su antiguo valedor. Pero el centrismo no se olvidó. Fue retomado por los moderados puritanos en 1854, con una Revolución de la que se arrepintieron, y con fuerza desde 1857, teniendo al general O’Donnell a la cabeza de la Unión Liberal.

El objetivo de este nuevo proyecto integrador, el de la Unión Liberal, era establecer la concordia entre los viejos partidos uniendo a los centristas del Partido Moderado y del Partido Progresista. El profesor Seco Serrano prescinde del método de igualar a todos los que no fueran progresistas. La Unión Liberal no era la oligarquía inventando una salida para el régimen, como se ha repetido desde que Fernando Garrido lo afirmara en el siglo XIX. La Unión Liberal fue el intento más serio hasta 1876 de estabilizar un régimen constitucional abierto, un centro convergente para todos los liberales. La obra de Nelson Durán titulada La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina, de 1979, fue un importante trabajo historiográfico que pasó casi desapercibido en su momento, pero que hoy se puede valorar en su justa medida. Durán exponía, sin grandes lastres ideológicos, la historia de un partido de centro y sus esfuerzos para consolidar la libertad. Seco Serrano recoge en gran parte las ideas de Durán desde una visión más global del problema.

El gran error de la Unión Liberal fue terminar, en su opinión, como “partido único”. Llegó la Unión Liberal a su término vital sin conseguir la reconstitución útil de los antiguos partidos, con la crisis del propio y el cercano derrumbe del régimen. La revolución progresista-democrática era en 1868 inevitable, como lo había sido desde 1834, pero la Unión Liberal había conseguido en tan sólo cinco años de gobierno, de 1858 a 1863, dejar patente que la política de transacción, de centro, permitía la estabilidad política y el crecimiento económico.

Narváez intentó integrar a la “España reaccionaria”, a los absolutistas que creían que “el liberalismo es pecado”. O'Donnell y la Unión Liberal creyeron que podían reconciliarse con la “España revolucionaria”, con los progresistas que creían que ellos eran la libertad. Cánovas recogió la herencia puritana, vivió las experiencias fracasadas del Sexenio revolucionario, y creó un conservadurismo integrador y progresivo que permitió el régimen liberal más estable de la España contemporánea. Cánovas del Castillo, asegura Seco Serrano, superó el proyecto de “partido centro-partido único” de la Unión Liberal para forjar un “sistema centro” abierto a izquierda y derecha (p. 174). El político liberal-conservador impulsó la conciliación como modo de hacer política, y unió la tradición histórica y el “espíritu del siglo” del que hablara Martínez de la Rosa. Con ello Cánovas consiguió hacer triunfar el “civilismo” y el “transaccionismo” sobre el militarismo y la guerra civil. El régimen de la Restauración permitió la creación de partidos y sindicatos enemigos del sistema, y dio lugar al “gradual desarrollo” del pueblo español. Cánovas encontró en Sagasta al hombre más indicado para liderar a la izquierda liberal, y en Alfonso XII primero y luego en la Regente María Cristina de Habsburgo los personajes perfectos para el “papel conciliador” que debía tener la Corona. Seco Serrano hace recaer la mayor parte de la responsabilidad de “la oligarquía y el caciquismo” en Sagasta, de tal manera que llama a la manipulación del sufragio universal “farsa sagastina” (p. 237). En mi opinión, sin Sagasta hubiera sido imposible que perdurara el régimen de la Restauración. Supo desembarazarse de todo el pesado equipaje de los “obstáculos tradicionales”, el “desheredamiento histórico”, la Nación contra la Corona, o el “derecho de insurrección”, que habían inventado y sostenido los Joaquín María López, Espartero, Olózaga, Prim y Ruiz Zorrilla.

El libro debería terminar, según la intención inicial, en Cánovas como culminación del liberalismo conservador. Sin embargo, Seco Serrano añade un estudio sobre El fracaso del regeneracionismo conservador (cap. VI) y un epílogo que quizá sean lo más sobresaliente de la obra. Muerto Cánovas en 1897 por obra de un anarquista y con el dinero de los independentistas cubanos, sus herederos no supieron mantener la esencia del “sistema centro”: la conciliación, el respeto al adversario político. Especialmente duro es Seco Serrano con Francisco Silvela, al que achaca un regeneracionismo tan demagógico como inútil. Cuando la transacción dejó de ser la manera de hacer política surgieron todos los males que el “sistema canovista” había logrado neutralizar: la “santa intransigencia” y el militarismo. En la crisis de la primera mitad del XX fueron tan exclusivistas la ultraderecha como Manuel Azaña. A este republicano, de “vocación jacobina”, que se creía a sí mismo “encarnación de la República”, compete la máxima responsabilidad en el diseño de una forma de gobierno “contramodelo” de la Restauración. Es decir, alentó el menosprecio al adversario político, el exclusivismo, la intransigencia y la alianza con quien todo lo fiaba a la revolución; en definitiva, las formas de hacer política que terminaron con la II República.

La vindicación de Alfonso XIII que hace el autor es discutible. El autor describe la inocente y buena intención del Rey de regenerar España, a la que no identificó con la Dinastía ni con la Constitución de 1876, pero olvidando que aceptó la dictadura de Primo de Rivera. Y esto es especialmente grave en el hijo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, dos reyes convencidos de la necesidad del mantenimiento de la libertad constitucional. De todas formas, el amor de Alfonso XIII a nuestro país permitió la pacífica proclamación de la República el 14 de abril: “Espero no tener que volver –dijo en 1931-, porque eso solamente significaría que España se ha equivocado de nuevo; que no es próspera ni feliz” (p. 300). El profesor Seco Serrano hace una crítica abierta a la izquierda maximalista, desde el Partido Progresista en el XIX hasta el republicanismo de Azaña y el PSOE de la II República. El autor argumenta la incapacidad de cierta izquierda para configurar un régimen de libertades en el que cupieran todos los españoles, y el recurso a la violencia y a la descalificación global cuando estaba alejada del poder. Sólo cuando se recuperó el modelo de consenso para construir un régimen político pudo crearse un “sistema centro” que, mediante una “nueva Restauración”, la de don Juan Carlos I, acertaría a restablecer “el civilismo y a inaugurar en España una auténtica democracia” (p. 309).

La conclusión del trabajo de Seco Serrano es bien fácil: sólo el carácter integrador y tolerante puede salvar la libertad en una sociedad plural. Los proyectos políticos empeñados en la imposición, en la intransigencia, han fracasado rotundamente; mientras que los que han contemplado como normas de la vida política el respeto de los derechos de las minorías, la transacción y la conservación de los elementos comunes de unión han hecho perdurar la libertad, a pesar de no ser tan perfectos como las utopías librescas.

Jorge Vilches, Revista de Estudios Políticos, núm. 112, Abril-Junio, 2001, pp. 341-344.

Carlos Seco Serrano, Historia del conservadurismo español. Una línea integradora en el siglo XIX, Madrid, Temas de Hoy, 2000, 343 páginas.

ANTONIO DE CAPMANY, Centinela contra franceses, 2008 (1808).

2009-03-16T16:38:00.001-07:00

Napoleón quiso saber qué pensaban de él los españoles, y le presentaron un libro, el del catalán Antonio de Capmany titulado Centinela contra franceses. Uno de sus ayudantes de campo le tradujo alguno de sus pasajes. La impresión que el dictador debió llevarse no tuvo que ser muy halagüeña: los españoles creían en sí mismos y despreciaban su tiranía. Aquel libro, publicado en septiembre de 1808, cuya portada presentaba un puño dentro de un círculo adornado con un eslogan elocuente –“De la unión la fuerza”-, fue un auténtico superventas. Se tradujo al francés, portugués e inglés, y llegó a publicarse en México, Perú, Filipinas, Cuba y Estados Unidos.

Antonio de Capmany i Suris de Montpalau (Barcelona, 1742 – Cádiz, 1813) fue filólogo, historiador y diputado por el Principado de Cataluña en las Cortes de Cádiz. Este ilustrado catalán desempeñó cargos en la administración bajo Carlos III y Carlos IV, y fue miembro de la Academia de la Historia, así como de las de Bellas Artes de Barcelona y Sevilla. Escribió decenas de trabajos de las materias más variopintas, entre las que despunta su Filosofía de la elocuencia (1777). Sin embargo, nos ha llegado hoy por una obra de propaganda política, Centinela contra franceses.

El título no es original. Capmany lo tomó de dos obras célebres entonces: Centinela contra judíos (1674) de Francisco de Torrejoncillo, y Centinela contra francmasones (1752) de fray Joseph Torrubia. El trabajo de Capmany es un resumen bien escrito de la propaganda bélica del momento. En sus páginas se encuentran la conocida tríada “religión, patria, rey” –omnipresente en la literatura de la Guerra-, las diatribas habituales contra Godoy, la francofobia y las comparaciones de Napoleón con demonios y animales dañinos.

Lo más interesante del libro es la carta que Capmany dirigió a Godoy el 12 de noviembre de 1806, y que el autor incluyó al final de la primera parte de Centinela (pp. 118-122). En ella exhorta a Godoy a infundir patriotismo en “la opinión” española generando autoestima por la cultura, el idioma, las costumbres y las leyes propias. Pero no fue Godoy, claro, el promotor de ese espíritu nacional, sino que, a su entender, ese papel parecía destinado en 1808 a la Guerra contra el francés.

El estudio introductorio de Jesús Laínz merece una mención aparte. El principal propósito de Laínz en su estudio es mostrar el carácter nacionalista español de Capmany para, a continuación, mostrar la tergiversación o invención histórica del catalanismo. Centinela contra franceses sería el máximo exponente de ese españolismo de Capmany. Laínz repasa con acierto algunas de las más importantes cuestiones que el autor catalán señaló en aquella obra. No obstante, y sin restar un ápice de valor al estudio de Laínz, sí es necesario matizar algunas cosas y apuntar otras ausentes.

Una de esas ausencias es la referencia al carácter ambiguo con el que Capmany utilizaba el concepto “nación”, pues lo usó para referirse a la española y, a la vez, a las “otras” naciones españolas. Es decir, Capmany habló en Centinela de la “gran Nación” española como suma de las “pequeñas naciones” de “aragoneses, valencianos, murcianos, andaluces, asturianos, gallegos, extremeños, catalanes, castellanos, etc.” (pp. 134-135). Capmany entendió la nación como la unidad de voluntades, leyes, costumbres e idioma, trasmitida de generación en generación, pero no concretó ninguno de esos cuatro términos. La confusión que hoy podríamos achacar a Capmany se debe al momento en el que escribe Centinela, es decir, en época romántica. Y claro, Capmany como antiguo austracista, vivió entre el romanticismo revolucionario –que era entonces el de la nación española como nación de ciudadanos- y el romanticismo tradicionalista –el de las naciones identificadas con los reinos medievales peninsulares-.

Las contradicciones de Capmany, a veces llevado por su labor propagandística, otras por su ego y muchas por odios personales, fueron su gran debilidad. Una consecuencia de esto fue su ataque a los liberales en el Cádiz de las Cortes a través de la descalificación personal y política, por escrito y de palabra, de uno de sus líderes, Manuel José Quintana. Capmany, quizá sin querer, se convirtió así en instrumento de los reaccionarios que querían la división y la perdición de los constitucionales. Capmany atacaba la idea de nación y libertad de Quintana, al que, como ya habían hecho los reaccionarios, llamó “filósofo” y “jacobino” que escribía “en estilo anfibio con vocabulario francés”.

También son importantes, y significativos, los silencios de Capmany: no hay una sola crítica a Carlos IV. Este “olvido” fue propio de la época y de la guerra de propaganda, en la que todo lo Borbón era bueno en comparación con lo Bonaparte. La crítica se centró en Godoy, cuya descalificación es más personal que política, como si el rey que lo sostenía y aplaudía no hubiera existido. Lo mismo ocurre con “la filosofía”, que Capmany, un ilustrado, despreciaba como si fuera un producto exclusivamente francés, diciendo que había contaminado a la juventud, porque la “civilización a veces mata a las naciones” (p. 137). Esta actitud reaccionaria, tan propia del XVIII, se compadece muy mal con su apoyo a la Constitución de 1812.

Ahora bien, el valor de Centinela contra franceses, como bien indica Laínz, está en que es un compendio impagable de la propaganda patriótica de 1808. Es un tratado, si se quiere llamar así, sobre el sentimiento de pertenencia nacional, pero no un texto que analice las raíces históricas y culturales de la nación, ni que plantee un proyecto de futuro. Políticamente no fue más allá de reivindicar la independencia como condición para que los españoles tuvieran su propio régimen, pero esto no significaba casi nada con la revolución de 1808 en marcha que culminó en la Constitución de 1812. Es más, en la segunda parte del libro, publicada en 1809, renunció expresamente a seguir el juego de los “ociosos” que emplean su tiempo en pensar y escribir sobre “el mejor gobierno” (pp. 141-142). Centinela contra franceses, por tanto, llamaba a los sentimientos, no a la razón, que es lo que distingue a un texto de propaganda de un ensayo teórico. A un libro de este tipo no hay que pedirle nada más que la eficacia a la hora de movilizar a los invadidos contra el invasor. Y esto lo cumplió con creces.

Jorge Vilches, en el Suplemento de Libros de Libertad Digital, 2008.

ANTONIO DE CAPMANY: CENTINELA CONTRA FRANCESES. ESTUDIO INTRODUCTORIO DE JESÚS LAÍNZ. ENCUENTRO (MADRID), 2008, 186 páginas.