Economía a lo claro

Un mundo muy endeudado: vienen recortes

2026-10-26T09:00:00.000+01:00

El FMI acaba de lanzar la alerta: el mundo ha soportado bien las crisis sufridas desde la pandemia, pero los paises han gastado mucho dinero en ayudas y no tienen “colchón” para afrontar problemas futuros. Urge reducir los déficits y la deuda pública, disparada en la última década: supera el 125% del PIB en USA, el 204% en Japón, el 84% en la UE y el 119% en Francia. Un grave problema porque los inversores exigen ahora más intereses y eso aumenta el gasto de los paises. Por eso, Alemania, Francia o Italia ya han aprobado recortes y exigen también recortes al Presupuesto europeo 2028-2034. España está mucho mejor (tenemos la mitad del déficit público que Alemania o Francia y la deuda baja desde 2021), porque crecemos y recaudamos más, así que no necesitamos recortes. Pero si PP y Vox ganan las elecciones, podrían recortar el gasto social, como toda la derecha europea. Y por nuestra experiencia de 2010 a 2014, ya sabemos el coste económico y social de los recortes.

Enrique Ortega

En menos de 7 años, la economía mundial ha pasado por varias crisis: pandemia, atascos en la cadena mundial de suministros, guerra de Ucrania y escalada de precios, aranceles y guerras comerciales, conflicto en Irán y nueva escalada de precios de la energía…Lo más llamativo, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que los hogares, las empresas, los mercados financieros y los paises han resistido bien, no ha habido una debacle mundial (como en 2008) y la economía mundial sigue creciendo, un +3,1% en 2026, gracias a tres factores: las ayudas públicas contra las crisis (100.000 millones de euros gastados sólo en Europa, 12.000 de ellos en España), la reconversión de los suministros de energía (más diversificados y con más peso de las energías renovables) y el tirón de las inversiones tecnológicas, sobre todo en Inteligencia Artificial (IA).

Pero ahora, el mundo tiene un problema, según el FMI: los paises tienen demasiada deuda pública y como los inversores exigen más intereses (ante la mayor inflación y la incertidumbre geopolítica), les ha subido el coste de esa deuda, con lo que también les sube el déficit público. Un ejemplo: EEUU pasará de pagar el 2,8% de su PIB en intereses por su deuda en 2019 (603.120 millones de dólares) al 5,7% de su PIB en 2031 (1,93 billones de dólares). Y lo mismo el resto de paises desarrollados: pagarán el doble o el triple de intereses por su deuda. Y como Occidente crecerá poco los próximos años, esta “hipoteca” de la deuda les obligará a gastar menos en otras cosas, sobre todo en servicios públicos y gastos sociales. Y además, si viene otra crisis (que vendrá), tienen menos “colchón” presupuestario para aprobar ayudas para salir de ella.

Por eso, el mensaje del último informe del FMI es claro: hay que reducir la abultada deuda pública del mundo, que ha crecido en las últimas décadas, empujada por tipos bajos e incluso al 0% (entre 2008 y 2016). Sus datos son inapelables: en el año 2.000, la deuda mundial suponía el 62% del PIB mundial, saltó al 80% entre 2026 y 2019 y tras el repunte de 2021 (el 98% de deuda por la pandemia), se mantiene en el 95% del PIB en 2026. Y esperan que en 2030, la deuda mundial alcance el 100% del PIB, un umbral nunca visto desde la postguerra de la II Guerra Mundial.

Pero la deuda pública es aun más abultada en muchos paises, sobre todo los más desarrollados, según el ranking de EBC Finantial Group. El líder en endeudamiento es EEUU (debe 40.739.000 millones de dólares en 2026), seguido de China (22.290.000 millones de dólares), Japón (8.951.000 millones $), Reino Unido (4.418.000 millones $), Francia (4.258.000 millones $), Italia (3.790.000 millones $), Alemania (3.523.000 millones $), India (3.464.000 millones $), Canadá (2.776.000 millones $) y en el 10º puesto Brasil (2.544.000 billones $ de deuda pública). Pero lo más revelador es el peso de esa deuda en relación a cada economía, el porcentaje de deuda sobre el PIB, el dato que mejor revela la gravedad del problema. Y aquí, el ranking lo lidera Japón (204,4% deuda sobre su PIB), seguido de Singapur (179,1%), Sudán (169,1%), Bahréin (152,4%), Italia (138,4%), Grecia (136,9%), Senegal (132,3%), Maldivas (129,4%), EEUU (125,8%), Ucrania (122,6%) y Francia (118,4% deuda/PIB).

Europa está menos endeudada que EEUU (125,8% PIB), Japón (204,4%) y China (106,9% PIB): tenía una deuda del 82,9% del PIB en junio de 2026 (3,62 millones de euros), según Eurostat, algo menos que antes de la pandemia (84,6% deuda en 2017-2021). Los paises europeos más endeudados en junio 2026 (en relación a su tamaño económico) eran Grecia (140,8% del PIB), Italia (139,9% del PIB), Francia (119,1%), Bélgica (110,2%) y España (101,4%), seguidos de lejos por Portugal (96,9% PIB deuda), Finlandia (90,2%), Austria (83,6%) y Hungría (75,6%), siendo baja la deuda en Eslovenia (64,7%), Polonia (64,5%), Alemania (63,4%), Paises Bajos (43,7%), Suecia e Irlanda (35,3%) y Dinamarca (27,1% del PIB de deuda). En el caso de España, en julio ha bajado su deuda al 99,9% del PIB (1.744.000 millones), según el Banco de España, bajando por primera vez del 100% de deuda, tras haber llegado a un máximo del 124% del PIB en 2021 (por la pandemia). Y la Comisión Europea estima que nuestra deuda siga bajando, al 98,9% en 2027 y al 89% en 2031 (según FMI), mientras auguran que crezca la deuda de Italia, Francia, Bélgica y Alemania.

Este alto endeudamiento, sobre todo de Italia y Francia, ya ha provocado que los inversores reclamen ahora más intereses para seguir comprándoles deuda pública, máximo con la incertidumbre geopolítica, las guerras y las próximas elecciones en varios paises. Así, la deuda pública de Francia pagaba el viernes el 5,05% (llegó al 5,082 el jueves), frente al 3,21% que pagaba el 27 de febrero, antes del ataque a Irán (+1,84%). Italia paga el 4,58%, frente al 3,27% que pagaba a finales de febrero (+1,31%). La deuda española paga menos que la francesa o la italiana, 4,04% (+0,98% que en febrero) y también ha subido el interés de la deuda de Alemania, al 3,33% (+0,68% que en febrero). Y se han encarecido mucho la abultada deuda USA, que cuesta el 4,98% y llegó a cotizar al 5,14 el miércoles (+1,18% que a finales de febrero) y la deuda de Reino Unido, al 5,34% el viernes (+1,04% que en febrero).

Este encarecimiento de la deuda pública en todo el mundo, además de crear incertidumbre y bajadas en las Bolsas, dispara el gasto de intereses de los paises y aumenta su déficit público a niveles preocupantes. En EEUU, el déficit fiscal rozaba en septiembre los 2 billones de dólares, un 6% del PIB. Y en Reino Unido roza el 5,3%. En Europa, los 27 tenían un déficit público del 3,5% del PIB en junio, según Eurostat, con déficits públicos mucho mayores y preocupantes en Francia (5,1% del PIB, por eso se dispara el coste de su deuda), Bélgica (5,3%), Alemania (4,1%), Austria (3,4%), Italia (3,2% del PIB de déficit), Hungría (7,2%), Polonia (5,9%) o Rumanía (9,2% del PIB de déficit). España es el 5º país europeo con menos déficit público (2,2% del PIB en junio), como Grecia (2,2%) y Portugal (0,8%), ahora con las cuentas más saneadas que Francia, Alemania, Austria o Bélgica, los paises que en la crisis de deuda de 2010 les llamaban “derrochadores” (y “PIGS”)…

España es un modelo en Europa de cuentas públicas saneadas: el déficit público, que saltó del superávit en 2005, 2006 y 2007 (+1,9% del PIB) al -4,56% en 2008, se disparó con la crisis financiera al -11,6% del PIB en 2012 para bajar, con los ajustes al -3,1% del PIB en 2017 y mantenerse en el -3,06% en 2019. La pandemia disparó el déficit al -11,1% del PIB en 2021, pero a partir de ahí ha bajado año tras año, al -4,7% en 2022 y al -2,20% que cerró en 2025, gracias a que el fuerte crecimiento de la economía y el aumento extra de la población y del empleo han aumentado mucho la recaudación: de 213.000 millones ingresados en 2019 a 325.356 millones en 2025 (+51%), según la Agencia Tributaria. Eso ha permitido distintos Planes de ayudas contra la crisis (“escudo social) y aumentar pensiones y gasto social, a la vez que se recortaba el déficit público: hoy es la mitad del de Alemania y Francia.

Al margen del bajo déficit de España (que también reduce su deuda), la mayoría de los paises desarrollados han visto subir su deuda pública y los intereses que pagan, así como sus déficits públicos, según alerta el FMI, que plantea dos tipos de medidas: por un lado frenar o reducir el gasto público y por otro, intentar aumentar los ingresos públicos, para lo que sugiere varias medidas: poner una tasa a las empresas que facturen más de 100 millones de dólares, crear un impuesto digital (como ha propuesto el Parlamento Europeo) o aprobar otro impuesto nuevo sobre las apuestas deportivas digitales. Lo importante, según el FMI, es que los paises saneen sus cuentas públicas, para tener “un colchón” ante futuras crisis.

Pero la mayoría de los paises europeos se quedan sólo con una parte del consejo, el de recortar costes. Así, el canciller alemán Metz ha impulsado 3 paquetes de recortes sociales desde que llegó en 2025, poniendo en peligro su alianza de Gobierno con los socialdemócratas: un ajuste de 40.000 millones en sanidad y prestaciones sociales, un endurecimiento del acceso a los subsidios y a la renta básica y una reducción de ayudas familiares y sociales, mientras estudia una reforma de las pensiones (para recortarlas). En paralelo, el gobierno de Francia hace frente a su crisis de la deuda anunciando recortes de 54.000 millones de euros en su proyecto de Presupuestos para 2027, mientras Marine Le Pen (que podría llegar al Elíseo en 2027) propone recortes de hasta 140.000 millones en 6 años y Melenchón (Francia Insumisa) propone gastar 80.000 millones más. Y en el tercer país con problemas de deuda y déficit, Italia, Meloni anticipa para 2027 recortes de gasto y no hacer las bajadas de impuestos prometidas, mientras gastará más en Defensa y energía.

Lo más grave es que Alemania y los otros paises “frugales” (Austria, Paises Bajos, Finlandia, Dinamarca y Suecia) exigen recortar el próximo Presupuesto de la UE para 2028-2034, para tener que aportar ellos menos al fondo común y reducir así sus abultados déficit y deuda. De momento, su presión ha conseguido que Irlanda (que preside ahora la UE) recorte un 8% el Presupuesto europeo previsto para los próximos 8 años (de los 1.760.000 millones de euros iniciales a 1.620.000 ahora), lo que supone recortar sobre todo los Fondos agrícolas y las ayudas regionales, también algunos Fondos para competitividad e investigación, mientras aumentan el gasto en Defensa, propuestas que no aceptan los paises del sur, con más peso del campo, encabezados por Italia, Francia, España y Portugal.

En la Cumbre europea del 15 y 16 de octubre no se alcanzó un acuerdo, pero Alemania y los “frugales” quieren un recorte mayor del 8%, lo que perjudicaría más a la Europa del sur. Y además, en un momento en que las protestas se generalizan en media Europa, mientras crece la ultraderecha cara a las próximas elecciones en España, Francia, Italia o Polonia. Parece mentira que cuando la mayoría de europeos sufren cada mes la crisis energética y las subidas de los carburantes y la luz (ojo: provocadas por las guerras de Putin y Trump), el encarecimiento de la vivienda y unos sueldos que no permiten llegar a fin de mes, los líderes europeos vuelvan a hablar de recortes, en lugar de aprobar nuevas ayudas, como tras la pandemia, y medidas para relanzar la economía europea, estancada y poco competitiva. Los europeos, sobre todo los españoles, griegos y portugueses, ya sabemos el alto coste económico y social de los recortes, porque los sufrimos entre 2010 y 2014, provocando una recesión, una enorme pérdida de empleos y deteriorando los servicios públicos.

En España, el hecho cierto de que tengamos unas cuentas públicas saneadas y una deuda pública a la baja no debería justificar ningún recorte del gasto público, sino que debería aprovecharse el mayor crecimiento y la fuerte creación de empleo para modernizar la economía, con más tecnología y digitalización, sacando recursos para impulsar inversiones y reforzar los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales, faltos de personal y de recursos. Pero todo va a depender de las elecciones del 29-N. Porque si el resultado permite gobernar al PP y Vox, nadie duda que harán recortes (como han hecho en las autonomías donde gobiernan), aunque no se atrevan ahora a decirlo. Parece claro que su prioridad no será reforzar los servicios públicos, sino recortar su gasto y promover la privatización de la sanidad y la educación, como ya hacen en sus autonomías. Y “reformarán” las pensiones, para frenar el gasto, mientras aumentarán el gasto en Defensa y Seguridad. Así que mire bien a quién vota.

Exportaciones: más mercancías y más talento

2026-10-22T11:00:00.000+02:00

Los aranceles de Trump y las guerras en Irán y Ucrania no han frenado las exportaciones españolas, que crecen este año 10 veces más que el pasado, sobre todo a Europa y EEUU. Pero como seguimos creciendo, también aumentan las importaciones (más), sobre todo de petróleo, gas y coches, con lo que el déficit comercial sube un 30%, lo que provoca que el sector exterior nos reste crecimiento (-0,4%), aunque menos que en 2025. Lo llamativo es el fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios, las que no van en contenedor o barco, los servicios profesionales, financieros, de ingeniería, informática o telecomunicaciones que venden empresas españolas a otras de Europa y USA, sobre todo. “Exportación de talento”, uno de los pilares del crecimiento español, muy importante porque está creando empleo de calidad y mejor pagado. Ahora, la clave es seguir “exportando” estos servicios, para lo que España necesita contener precios y mejorar tecnologías, aunque la clave es que Europa avance en el mercado interior, quitando barreras y regulación.

España exporta cada vez más servicios profesionales a Europa y EEUU

Este martes se publicó el último dato de las exportaciones españolas, en agosto: subieron un +13,3%, con lo que alcanzan los 264.182 millones de euros en los primeros 8 meses del año, un récord histórico y +3,2% que en ese periodo de 2025 (cuando crecieron +0,3%, la décima parte que ahora) y más que en todo 2025 (+0,7%) y que en 2024 (+0,2%). Los aranceles de Trump y las guerras han provocado que España concentre más sus exportaciones en Europa (+3,7%), aunque también aumentan nuestras ventas a USA (+6% estos ocho meses) y China (+0,7%), aunque bajan las exportaciones a Latinoamérica (-7,1%), Oriente Medio (-13%) y Asia (-5,6%). Las exportaciones que más han crecido hasta agosto son las energéticas (+34,2%), materias primas (+23%), maquinaria y bienes de equipo (+4,8%), automóvil (+1,1%) y manufacturas de consumo (+2,5%), aunque han caído las exportaciones de alimentos (-1,9%), productos químicos (-6,4%), medicamentos (-11%) y bienes de consumo (-1,8%).

En paralelo, también han crecido las importaciones (el doble, +6,5%), para “alimentar” el crecimiento español, mucho mayor que el del resto de Europa, por el aumento del consumo y la inversión. Destacan sobre todo las compras de energía (petróleo y gas), que han aumentado un +25,2% hasta agosto por el salto en los precios energéticos, y las importaciones de automóviles (+17,9%), por la mayor entrada de coches chinos (las importaciones chinas han crecido este año un +11,1%, aunque han caído un -0,1% las importaciones de EEUU).

Al final, aunque las exportaciones aguantan bien, como las importaciones crecen el doble, se ha agravado el déficit comercial de España con el exterior: el “agujero” era hasta agosto de -45.818 millones de euros, +30,5% que un año antes. Eso sí, seguimos teniendo un importante superávit comercial con Europa (+23.224 millones de euros, -11% que en 2025), manteniendo el superávit (les vendemos más de lo que les compramos) con 12 paises UE, entre ellos Francia (+11.792 millones), Italia (+1.858), Portugal (+12.921) y Polonia (+1.044 millones), más Reino Unido (+9.263 millones de superávit). Y tenemos déficit comercial con otros 14 paises UE, en especial con Alemania (-6.571 millones), Paises Bajos (-6.307), Hungría (-1723) y República Checa (-1.012), más Turquía (-1.394) y Rusia (-1.037 millones). Y fuera de Europa, tenemos déficit comercial sobre todo con China (-30.496 millones, dos tercios del déficit total, +13,4% que el año pasado), EEUU (-8.808 millones, -7,3% que en 2025, a pesar de los aranceles), Latinoamérica (-5.365 millones, casi el doble que el año pasado), Vietnam (-3.499 millones), Japón (-2.731 millones), India (-2.708 millones) y Corea del Sur (-1.695), así como con Nigeria (-3.700 millones) y Argelia (-2.868), por las compras de petróleo y gas.

En resumen, un balance comercial con claroscuros, ya que aumentan las exportaciones en un contexto internacional difícil, pero crecen el doble las importaciones (para alimentar nuestro mayor crecimiento), que suponen crear riqueza y empleo fuera de España, no dentro. Por eso, se prevé que el sector exterior reste crecimiento este año (-0,4% del +2,6% que se espera crezcamos), aunque restará menos que en 2025 (-0,7%), después de que las exportaciones hayan sido decisivas, aportando una parte del crecimiento entre 2021 y 2024.

Pero lo más llamativo es que hay “otras exportaciones” que siguen creciendo con fuerza y apoyando en positivo al crecimiento: por un lado las “exportaciones turísticas” (que aportan un 0,23% del crecimiento del PIB entre 2020 y 2026) y, sobre todo, las “exportaciones de servicios”, uno de los pilares del actual crecimiento español (aportan un 0,55% del crecimiento anual entre 2020 y 2026), según un estudio de CaixaBank. Esto significa que estamos asistiendo a un cambio estructural en el sector exterior de España: se mantienen las exportaciones de mercancías, pero lo que más crecen son “exportaciones” de alto valor añadido, las de los turistas que nos visitan (y gastan) y, sobre todo, las exportaciones de servicios que prestan las empresas españolas a otras empresas y paises en el extranjero.

Las “exportaciones de servicios” son variadas: exportaciones de servicios profesionales empresariales, desde consultorías a ingenierías (ojo: cerca del 70% de la facturación de las ingenierías españolas procede de proyectos en el extranjero, cuando la media en Europa de “ingeniería en remoto" es del 20%), las exportaciones de servicios informáticos (datos y ciberseguridad) y telecomunicaciones, servicios de transporte, ingresos por exportación de propiedad intelectual, los servicios financieros y de aseguradoras, los servicios culturales y a Gobiernos y administraciones públicas extranjeras. Todos ellos han pasado de aportar el 4,3% del crecimiento español (PIB) en 2007 al 7% en 2026, según CaixaBank Research. Y a aportaron el 0,55% del crecimiento anual del PIB entre 2020 y 2026, más otro 0,23% aportado por los “servicios turísticos”, compensando que las mercancías no aporten ahora nada al crecimiento. A lo claro: uno de los motores del crecimiento es la exportación de servicios.

Los servicios que más crecen y ayudan a la economía son los servicios tecnológicos y profesionales (consultoría profesional y de gestión, servicios técnicos y profesionales, informática e información y servicios de telecomunicaciones), que explican ellos solos el 30% del crecimiento español en el último año, según Funcas. Y además, su valor se ha duplicado en el último lustro, creciendo mucho más que las importaciones de servicios, con lo que España, que tiene un elevado déficit comercial (-45.818 millones hasta agosto) lo compensa con creces con el elevado superávit en estos servicios no turísticos (+46.500 millones de superávit en el último año) y con otro superávit aún mayor en los servicios turísticos (+73.500 millones en el último año). Así que gracias al turismo y los servicios no turísticos a otros paises, España tiene superávit con el exterior desde 2013, cuando llevábamos siglos teniendo un tradicional déficit exterior (y tras la guerra Civil, hasta 2013).

Lo importante es que España “exporta” estos servicios profesionales (no por contenedor, sino por Internet o in situ) a los paises más desarrollados: el 51% a los paises europeos y el resto a EEUU y otros paises avanzados, muchas veces de la mano de filiales en España de grandes multinacionales. Y son servicios “de alto valor añadido” (caros), intensivos en conocimiento (“talento”), por lo que generan empleo muy cualificado y mejor pagado, gracias a que genera altos márgenes y beneficios en España. De hecho, el empleo “tecnológico” (impulsado por estos crecientes contratos con otros paises) creció en España el doble (+45,8%) que el empleo en otros sectores entre 2015 y 2025, según la Fundación COTEC. Y sus sueldos oscilan entre los 45.000 y los 52.000 euros brutos, frente a la media salarial de 29.540 euros (INE).

España está destacando en la “exportación” de servicios profesionales porque tenemos algunas “ventajas competitivas”: menores costes laborales y de la energía, estratégica posición geográfica (entre Europa, América, África y Oriente Medio), una excelente conexión exterior (gracias al acceso a 30 cables submarinos) y una generalización de la conectividad (95% del país conectado por fibra óptica, frente al 69% en la UE), factores que facilitan el trabajo exterior de nuestras empresas. Y cara al futuro, la Inteligencia Artificial abre nuevos caminos para estas “exportaciones de servicios”, un sector que ha resistido mejor que la mayoría las distintas crisis desatadas tras la pandemia.

Cara al futuro, estas exportaciones españolas de servicios todavía tienen un alto margen para crecer, dado que los servicios para desarrollar la IA van a ser los protagonistas del comercio mundial en los próximos años, según la OMC. Y también porque España tiene una gran competitividad y especialización en servicios profesionales, técnicos y de tecnologías de la información (TIC), aunque tiene menos presencia en la exportación de servicios de I+D y propiedad intelectual, algo que tiene que ver con el menor gasto de España en investigación e innovación (el 1,4% del PIB frente al 2,1% de media en la UE).

Para seguir creciendo en estas exportaciones de servicios, España tiene que avanzar en varios retos propios. Uno, mantener los costes más bajos, sobre todo ahora que sube la inflación, para compensar el retraso tecnológico en algunos campos, mejorando la competitividad y la innovación. Segundo, hay que ampliar el espectro de los “exportadores de servicios”, porque ahora está concentrado en grandes empresas y multinacionales (hay pocas pymes, pocas “empresas gacela”: el 0,1% frente al 0,5% en la UE). Y además, hay que facilitar financiación a las empresas especializadas en prestar servicios al extranjero, que no consiguen acceder a fondos españoles ni europeos como sí lo hacen en EEUU.

Pero no todas las tareas son para España. La clave para que las empresas de servicios españolas crezcan más fuera es que Europa profundice el mercado único, porque actualmente hay demasiadas barreras regulatorias que dificultan su trabajo. Según los expertos, persisten en la UE-27 el 60% de los obstáculos detectados hace 20 años para la prestación de servicios transfronterizos y la movilidad laboral. Y en paralelo, falta la armonización fiscal y de los mercados de capitales para facilitar la inversión en estos servicios intereuropeos.

Ya el informe Draghi, presentado en septiembre de 2024, denunciaba que el exceso de regulación desincentivaba las inversiones en Europa, también las de los servicios profesionales. Su objetivo era reducir la burocracia UE al menos un 25% para 2027. El problema es que hoy, más de 2 años después, los expertos señalan que sólo se ha cumplido un 16% del Plan Draghi… Menos de 30 de las 176 propuestas que planteaba. Y lo peor es que este incumplimiento no es sólo por falta de inversión, sino que la mayoría de tareas pendientes son “por falta de consenso para acordar cambios normativos” sobre reducción de trabas administrativas y simplificación regulatoria…

En resumen, España está consiguiendo que crezcan las exportaciones de mercancías, a pesar de los aranceles y guerras, pero lo que nos está salvando el crecimiento son las “exportaciones de servicios turísticos” (quizás 100 millones de turistas este año, que se gastarán 121.000 millones de euros) y, sobre todo, las “exportaciones de servicios profesionales y tecnológicos”, que explican casi un tercio del crecimiento en el último año y crean cada vez más empleo, de calidad y bien pagado. Así que nos están salvando las “exportaciones de talento”, las que no viajan por contenedor sino por Internet, apoyadas en la excelente conectividad digital de España. Hay que apoyar más a estas empresas y ampliar estos servicios exteriores a las pymes, para seguir compitiendo en el mundo, sobre todo en Europa. Para conseguirlo, urge que Bruselas avance rápido en el mercado único, reduciendo trabas y regulaciones, para que nuestras empresas vendan mejor sus servicios. De ello dependerá buena parte del crecimiento y el empleo futuros.

Ciberataques al alza

2026-10-19T09:00:00.000+02:00

Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, donde casi todo pasa por Internet. Y eso facilita el fraude y los ciberataques, por mafias y particulares que utilizan sistemas muy sofisticados para robarnos datos, material y dinero. Los ciberdelitos se han disparado y no afectan sólo a Gobiernos y empresas, sino a todos nosotros, desde el robo de nuestros datos en una energética o teleco al corte de la luz en supermercados (Francia) o el robo de dinero en los bancos, que crece imparable. Tanto que una sentencia del Tribunal europeo de Justicia acaba de decidir que los bancos deben pagar los daños sufridos por sus clientes. Europol alerta sobre el aumento de la cibercriminalidad, mientras en España hay casi tantos ciberdelitos como hurtos. Urge que Gobiernos y empresas inviertan más en ciberseguridad, porque el uso de la Inteligencia Artificial (IA) dispara los ciberataques. Europa quiere reforzar su Directiva contra estos ciberdelitos, mientras España no ha aprobado la Ley de Ciberseguridad. Todos debemos defendernos mejor frente a los ciberataques.

Enrique Ortega

La gran desventaja de que todo el mundo funcione hiperconectado a Internet es que somos muy vulnerables a los ataques, desde la energía, los transportes o las infraestructuras básicas a los datos sanitarios o nuestras cuentas bancarias. Y cada día más. De hecho, se estima que cada segundo se producen 500 ciberataques en el mundo. Y los daños son tales que habrán superado los 12,5 billones de dólares en 2026, el 1,2% del PIB mundial. Así que la ciberdelincuencia se ha configurado ya como el primer negocio criminal en el mundo, por delante de las drogas, la trata de personas o el tráfico de armas. Un negocio ilegal que tiene dos ventajas, según los expertos: requiere poca inversión previa y pocos medios y tiene un enorme “retorno” (el 1.400%). Y en los últimos años, cuenta además con la inestimable ayuda de la Inteligencia artificial (IA), que sofistica y mejora los ciberataques.

En 2025, los ciberataques “documentados” en el mundo crecieron un +42%, alcanzando los 7.979 incidentes (frente a 5.613 en 2024), según el informe Ciberinteligencia 2025, de Secure&IT . Y se identificaron 163 grupos de ciberdelincuentes activos a escala internacional (frente a 114 en 2024), de los que 7 grupos concentran el 40% de los grandes ciberdelitos, destacando el grupo Qilin (12,7% de los grandes ciberdelitos mundiales), Akira (8,25% ciberdelitos) y Play (4,8%). Todos ellos operan bajo esquemas de “Ransomware-as-a-Service (RaaS)”, un modelo que funciona como una franquicia criminal en la que los desarrolladores alquilan su malware a afiliados que ejecutan los ataques. Por paises, EEUU fue el más atacado en 2025 (tuvo el 52% de los grandes ataques documentados), seguido de lejos por Canadá (5%), Reino Unido y Alemania (4% cada uno). España quedó en 7ª posición, según Secure&IT, con 170 grandes ataques, el 10% de los ataques en Europa.

En 2026, los datos revelan un gran salto en los ciberataques, propiciado por la dependencia de las empresas y organizaciones de proveedores y plataformas externas (que facilitan la entrada de virus maliciosos) y, sobre todo, por la mayor utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por los ciberdelincuentes, lo que facilita los ataques a muchos particulares no profesionales. Los últimos datos disponibles, de septiembre de 2026, revelan que las empresas del mundo han sufrido de promedio 2.803 ataques significativos por semana, +48% que hace un año, según Check Point Research. Y en España, el mes pasado hubo un promedio de 2.507 ciberataques documentados por semana, un 28% más que hace un año.

En conjunto, el coste mundial del cibercrimen ronda este año los 12,5 billones de dólares anuales (10,97 millones euros) y cada ataque importante cuesta a las empresas y Gobiernos una media de 4,4 millones de dólares, según el último informe de NTT Data. En el primer semestre de 2026, EEUU sufrió 18.811 ataques documentados, más de la mitad del total. Y le siguieron, lejos, India (4.461 ataques), Reino Unido (3.448), Francia (2.750), Indonesia (1.631), Canadá (1.344). Australia (1.196), Brasil (1.137), Alemania (1.126), Italia (1.065), México (949) y España, en el lugar 12º, con 899 ataques graves, +45% que en la primera mitad de 2025, un aumento mayor que el de Alemania (+31%). Algunos ciberataques en 2026 que han trascendido son los ataques a la plataforma turística Booking (abril 2026), a Endesa (principios de año, a los datos de clientes de Zara (mayo), al sistema de la autoridad portuaria de Vigo (marzo),a algunos centros de salud y a servidores de Ayuntamientos (Valdemoro). Las pymes son el sector más expuesto (al estar menos protegidas) : un informe de Kaspersky revela que el 86% de las pymes españolas sufrió al menos 1 ciberataque en el último año.

El informe más completo sobre los ciberataques en España, con datos de 2025, lo publicó en febrero INCIBE (el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León). Ahí reflejan que intervinieron en 122.223 ciberataques en 2025, un aumento del +26% sobre 2024 (97.348 ciberataques documentados). La mayoría se dirigieron contra empresas que prestan servicios esenciales: banca (el 34% de los ataques), transporte (14%), energía (8%), infraestructuras de los mercados financieros (7%), aseguradoras y fondos de pensiones (7%). Casi la mitad de los ataques documentados (55.411) son “malware”(“virus informáticos), programas diseñados para infiltrarse sin permiso en redes y ordenadores. Le siguen los incidentes de fraude online (45.445, la mayoría a clientes de banca). Otros ataques muy generalizados (25.133 incidentes) fueron “phising”, correos y mensajes para robar datos. Y aunque son menos, los más costosos son los ataques de “ransomware” (392 importantes en 2025), que bloquean accesos a archivos o Webs a cambio de dinero (“secuestros digitales”).

Los expertos señalan que este fuerte aumento de los ciberataques se debe a varios factores: la mayor exposición digital de empresas y particulares, la creciente participación en la cadena de datos de terceros (proveedores y clientes, que acaban siendo el eslabón más débil para facilitar los accesos ilegales), la mayor sofisticación de los ciberdelincuentes (que gracias a la IA utilizan plataformas de ciberataques sin tener una gran formación como “hackers) y, sobre todo, la mayor conectividad de los usuarios. Un ejemplo: el 85% de los sistemas infectados por ciberdelincuentes se producen en dispositivos inteligentes (IoT), como TV, lavavajillas, robots de limpieza o reproductores multimedia conectados a la red en nuestras casas. Y también ayuda a la ciberdelincuencia que España sea el país que recibe más turistas del mundo, lo que multiplica los ciberataques a plataformas de reservas, hoteles o líneas aéreas.

Otra estadística muy reveladora de los ciberdelitos es la del Ministerio del Interior, que informa de los ataques informáticos denunciados por empresas y ciudadanos. En 2025, se denunciaron 489.248 ciberdelitos, +5,3% que en 2024 pero 6 veces más de los ciberdelitos denunciados en 2016 (70.128). Y casi se denuncian tantos ciberdelitos como hurtos (633.888 robos sin violencia en 2025). La mayor parte de estas denuncias (430.493) son estafas informáticas, siendo sólo 58.755 los otros ciberdelitos (sabotajes, ataques a la intimidad o a los derechos de autor). Con todo, lo llamativo es que los ciberdelitos suponen el 20% de toda la criminalidad en España, según Interior. Sin embargo, el 97% de las estafas informáticas denunciadas quedan impunes, sin condena de los Tribunales.

Uno de los delitos informáticos que más crece son los ataques a las cuentas bancarias de los españoles (las tienen el 98%): los bancos detectan que los intentos de estafa han aumentado un +19% (se estima que la mitad de clientes han sufrido algún intento de ataque) y el importe medio sustraído ha crecido un +63%, con una sofisticación creciente (los ciberdelincuentes clonan Webs y perfeccionan con la IA los mails y mensajes que envían a los clientes, a veces con sonidos e imágenes de jefes, amigos o familiares). Por eso, en diciembre de 2025, la patronal de la banca y las Cajas, junto al Ministerio de Economía, crearon una Brigada antifraude para impulsar medidas efectivas contra el fraude digital y para reforzar la seguridad de la operativa online (por eso ahora recibimos más alertas de los bancos con consejos sobre ciberseguridad).

El problema es que los bancos tratan de “escaquearse” cuando uno de sus clientes ha sufrido un ataque informático y le han robado su dinero. Los casos son diarios y muchos ataques acaban en los Tribunales, porque el banco se niega a devolver al cliente lo perdido, alegando que ha sido por su culpa, por dar las claves (por engaño de los ciberdelincuentes) o no tener sistemas de protección en ordenadores y móviles. Pero la jurisprudencia está dando la razón a los clientes, tras la sentencia del Supremo de 9 de abril de 2025, que obligaba a los bancos a “asumir la responsabilidad de las operaciones no autorizadas derivadas de la suplantación de identidad”. Y eso se reforzó la semana pasada, el 15 de octubre, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: obliga a los bancos europeos a devolver a sus clientes el dinero sustraído en las ciberestafas “aunque el cliente haya sido negligente”. Así que ahora, el banco devuelve lo perdido y luego si quiere reclama ante los Tribunales, aunque en este caso tiene que demostrar una conducta negligente del cliente (algo difícil).

Ante este aumento de los ciberataques a las cuentas bancarias, el Banco Central Europeo convocó en abril a los principales bancos europeos a una reunión para pedirles Planes de contingencia, solicitud que repitió el 7 de julio, dándoles de plazo hasta el 31 de octubre para presentarlos al BCE, que va a poner en marcha test y pruebas para probar su eficacia. El gran temor del BCE es que se disparen los ciberataques a la banca europea con la utilización por los ciberdelincuentes de la herramienta Mythos, desarrollada por Anthropic, empresa USA líder de la Inteligencia Artificial (IA).

Precisamente, todos los expertos señalan que la Inteligencia Artificial (IA) está disparando los ciberataques y lo hará más en el futuro. De hecho, la IA es ya la principal herramienta de los ciberdelincuentes, que la utilizan en el 80% de los correos de “phishing” (robo de datos) y de los despliegues de “ransomware” (“secuestro informático”), con campañas muy personalizadas que eliminan errores lingüísticos y evaden los sistemas de detección tradicionales. Además, la IA facilita a las redes cibercriminales fragmentar y profesionalizar sus “servicios”, a través de plataformas donde “alquilan” sus infraestructuras de ataque y virus informáticos a bajo coste, permitiendo que delincuentes con pocos conocimientos técnicos ejecuten ataques informáticos sofisticados. Y además, la geopolítica y los conflictos entre bloques facilitan también los ataques a infraestructuras críticas como una forma de “guerra híbrida”, financiada por Gobiernos y grupos que buscan sabotear, desinformar y desestabilizar.

Por todo ello, los ciberataques son una de las grandes preocupaciones de todos los Gobiernos, también en Europa, donde el último informe de Europol (la policía europea) alerta de que la innovación tecnológica (IA, plataformas cifradas, tecnología blockchain y las infraestructuras digitales) permite a las redes de delincuentes escalar en sus actividades criminales, lo que convierte la ciberdelincuencia, el fraude online y los ciberataques en “las amenazas que más crecen y la prioridad estratégica de Europol”. Y por eso, la Comisión Europea presentó en enero de 2026 una propuesta de nuevo Reglamento para elaborar una nueva Ley de Ciberseguridad de la UE, que mejore la actual Directiva de Seguridad (Directiva 2022/2025), conocida como NIS2, aprobada el 14 de diciembre de 2022.

España es uno de los pocos paises europeos que todavía no ha traspuesto esa Directiva Europea NIS2, que ahora se va a reforzar. Teníamos de plazo para hacerlo hasta el 17 de octubre de 2022, pero el Gobierno no aprobó un Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad hasta el 14 de enero de 2025, que lleva desde entonces en ronda de consultas por varios organismos, sin que haya sido aprobada como proyecto de Ley. Por ello, la Comisión Europea denunció, el pasado 8 de julio, a España, Irlanda, Francia y Paises Bajos ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que puede conllevar una condena y una multa. Máxime cuando ha acabado la Legislatura y habrá que ver lo que hace el próximo Gobierno.

La frustrada Ley de Ciberseguridad establecía la obligación para entidades y empresas de aprobar Planes de Ciberseguridad, básicamente en sectores críticos: energía, transporte, banca y mercados financieros, sanidad, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, industria nuclear y entidades públicas. La Ley de Ciberseguridad afectaría a organismos y empresas grandes y medianas (más de 50 empleados y más de 50 millones de euros de negocio), aunque también a pequeñas empresas de sectores críticos (mensajería, gestión residuos, químicas, alimentación, proveedores de servicios digitales, seguridad privada e investigación científica. Y obliga a informar de los ataques e incidentes significativos y comunicárselo a las personas afectadas, creando el responsable de Ciberseguridad, que elaborará y supervisará la estrategia de organismos y empresas.

Al no aprobarse la Ley, tampoco se ha podido crear el Centro Nacional de Ciberseguridad, adscrito a la Presidencia del Gobierno y máximo organismo de coordinación con la política de Ciberseguridad de la UE. Un retraso que agrava la vulnerabilidad de organismos, empresas y ciudadanos Y en paralelo, habría que destinar más recursos públicos a la Ciberseguridad de organismos e instituciones, así como incentivos y ayudas para que las empresas se gasten más en ciberseguridad (sobre todo las pymes, que sólo invierten un 6% en seguridad informática) y contraten a más expertos (en España hay 3.431 empresas de ciberseguridad, que facturan 6.351 millones de euros y emplean a 165.000 profesionales), formando mejor a sus empleados (faltan 80.000 especialistas en las empresas) para cerrar las brechas a los ciberdelincuentes. De hecho, sólo el 4% de las organizaciones españolas cuentan con infraestructuras adecuadas para afrontar ataques informáticos sofisticados.

Y luego queda que nosotros, los internautas, tomemos conciencia de lo vulnerables que somos, gastemos en antivirus (nos gastamos en videocámaras y puertas blindadas pero no en proteger ordenadores, tablets y móviles) y seamos más precavidos en Internet (descargas, correos, WApp, redes, compras…). Nos jugamos nuestro dinero y nuestra intimidad.

China invade Europa (comercialmente)

2026-10-15T11:00:00.000+02:00

Hoy y mañana, los líderes europeos se reúnen en Bruselas para debatir el futuro de la Unión Europea, con un punto clave en el orden del día: mejorar la competitividad y sobrevivir a la competencia de EEUU y China. Una cifra sobrevuela la Cumbre: 1.000 millones de euros al día, el déficit comercial de Europa con China, que nos desvía más exportaciones tras los aranceles de Trump. Lo más llamativo son las ventas de coches chinos, un tercio de los electrificados que se venden en Europa (el 38% en España, donde 1 de cada 5 concesionarios son de marcas chinas). Alemania y Francia defienden medidas duras frente a la “invasión china”, aunque todos saben que es mejor pactar. De momento, China ha aceptado reducir a la mitad los coches híbridos que nos vende, mientras busca instalar fábricas en Europa que eviten los controles y aranceles (6 en España). La clave para frenar la invasión china (y la pérdida de empleos) no es poner trabas y aranceles sino ser más competitivos.

Barco con coches para Europa de BYD, empresa china líder en vehículos electrificados

Los aranceles de Trump han provocado, en el último año y medio, que China desvíe cada vez más exportaciones a Europa. Ya en 2025, el déficit comercial de la UE con China creció un +22%, hasta los -371.560 millones de euros, un “agujero” comercial que duplicaba con creces el de una década antes (-150.353 millones de euros en 2015), según Eurostat. En esos 10 años, las compras europeas a China han crecido un +90%, mientras las ventas de la UE al gigante asiático crecieron casi la tercera parte, un +37%. Y este año, con datos oficiales hasta julio, Europa mantiene un déficit acumulado de -238.060 millones de euros. Y todos los meses, el “agujero comercial” con China ha superado los 32.000 millones de euros (-36.565 millones en julio), más de 1.000 millones de euros diarios, una cifra que asusta. Y que contrasta con el superávit que tiene la UE con EEUU (+17.931 millones de euros en julio), Reino Unido (+17.834 millones), Rusia (+608 millones) y Japón (+503 millones), aunque tiene un ligero déficit con Noruega (-5.058 millones), Corea (-1.872) e India (-1613 millones).

En definitiva, que Europa tiene un grave problema comercial con China, mientras mantiene un superávit con la mayor parte del mundo. Un problema que se debe a las crecientes importaciones de China de equipos de telecomunicaciones y audio, equipos de oficina y ordenadores, maquinas y aparatos eléctricos y coches, quizás lo más llamativo de las exportaciones chinas a Europa. En 2025, se vendieron 812.190 coches chinos en Europa (31 paises), el 6,1% del total (el doble que en 2024, que eran el 3,1% de las ventas). Y este año 2026, de enero a agosto, ya se han superado el millón de coches chinos vendidos(1.034.685 vehículos, un 11,25% del total ) en toda Europa (la UE, Reino Unido, Noruega, Islandia y Suiza) Pero lo más llamativo es que casi la cuarta parte de los coches híbridos vendidos en Europa son chinos (el 23,7%) y 1 de cada 5 coches eléctricos (el 20%). Y lo más preocupante, según la patronal europea ACEA: de los 500.000 coches más vendidos en Europa este año hasta agosto, 419.000 eran coches chinos…

En España pasa lo mismo, incluso más. En 2025 se vendieron 115.953 coches chinos, el 10,09% de todas las ventas (el doble que en 2024, que fueron el 4,65%, frente sólo el 0,1% en 2019). Este año 2026, con datos hasta septiembre, se han vendido ya en España 153.204 coches chinos (+65,5%), un 16,8% del total de ventas. Pero lo preocupante es que la venta de coches chinos es mucho mayor en el mercado de coches electrificados: suponen un 43,5% de las ventas de híbridos enchufables (50.791 coches chinos, liderados por BYD, con 20.151 coches vendidos hasta septiembre, seguida de Ebro y Chery) y un 31,5% de todas las ventas de coches eléctricos puros (31.614 coches chinos, encabezados por BYD, con 14.233 coches vendidos hasta septiembre, por delante de Tesla y la china Leapmotor). Así que los coches chinos lideran en España las ventas de coches electrificados (eléctricos más híbridos enchufables), con 82.405 coches vendidos hasta septiembre (34.784 de BYD, el líder mundial, que ha superado a Testa), un 38% de cuota en este mercado.

El “boom” de ventas de coches chinos, sobre todo en los segmentos de futuro (híbridos enchufables y eléctricos) se asienta en una oferta muy competitiva de 37 marcas, con grandes descuentos y unos equipamientos y extras de serie muy completos, apoyados en una red de concesionarios cada vez más extensa. En España había en octubre 983 concesionarios de 27 marcas chinas, destacando los 115 concesionarios de SAIC Motor (MG y 6 marcas más, que matricularon 35.300 coches hasta septiembre), los 107 concesionarios de BYD (que matricularon otros 34.385 coches), 105 concesionarios del grupo Chery (Omoda y Jaecoo), 100 de Ebro, 65 de Changan/Deepal y otros 65 de Leapmotor. Y la previsión es que para final de año estén abiertos ya 1.200 concesionarios de marcas chinas, con lo que serán 1 de cada 5 concesionarios de automóviles abiertos en España (5.600), el doble que en 2025.

Esta “invasión” de coches chinos en Europa, también en España, se consolida y crece, a pesar de que en octubre de 2024, la Comisión Europea aprobó unos aranceles extraordinarios a los coches chinos (el 7,8% a los Tesla fabricados en China, el 17% a BYD, el 18,8% a Geely o el 35,3% a SAIC), que se sumaban al 10% que ya se aplicaba anteriormente, lo que totalizaba un arancel del 17,8 al 45,3%. Pero estos aranceles (justificados por las ayudas públicas que reciben los fabricantes chinos, entre 3 y 7 veces superiores a las que reciben los fabricantes de los paises OCDE) no han surtido efecto por varias razones. Una directa, que no se aplican a los coches híbridos, los más vendidos. Y otra fundamental, que los fabricantes chinos se las han ingeniado para “ensamblar” coches en Europa (importan las piezas y las montan, incluso con personal chino), nada menos que 1,1 millones de coches en 2025, eludiendo así los aranceles. Empezaron en Hungría en 2025 y han seguido después en Austria, Francia, Italia y España (en las antiguas fábricas de Nissan y Santana Motor). Y además, han anunciado que van a fabricar coches chinos en Coruña (SAIC, 120.000 a finales de 2028), Figueruelas y Madrid (con Stellantis) y en Almusafes (en la planta de Ford), mientras la china Changan estudia también instalarse en Aragón.

Pero no son sólo coches. China ha multiplicado sus exportaciones a Europa en el último año y medio, para sortear los aranceles de Trump. Y en paralelo, ponen cada vez más restricciones a las empresas europeas en China, que denuncian obstáculos regulatorios, trato desigual en la contratación pública y dificultades crecientes para competir en igualdad con las empresas chinas. Todo ello ha disparado el déficit comercial con China, esos más de 1.000 millones diarios que escandalizan en Bruselas. Y sobre todo en Alemania y Francia, los paises más afectados por la “invasión china” y donde ya se han anunciado despidos, sobre todo en las industrias automovilísticas (Volkswagen: 100.000 despidos en el mundo, 50.000 en Alemania). Baste el dato de que el déficit comercial de Alemania con China fue de -55.000 millones de euros en el primer semestre y -50.300 el de Francia, alcanzando -23.600 millones el de Italia y -22.599 el de España (-42.278 millones en todo 2025, el doble que en 2019).

Estos datos explican que Macron y Merz se reunieran el 5 de octubre para lanzar un mensaje conjunto: no se podía seguir así, con este tremendo desequilibrio comercial frente a China. Y mandaron una carta conjunta a la presidenta Von der Leyen para reclamar a la Comisión una serie de propuestas, incluida la creación de un mecanismo que permita incluso excluir a China (sin citarla en el documento) del acceso al mercado europeo si causa distorsiones graves, una activación que podría aprobarse por mayoría cualificada. Dos días después, el 7 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría (454 votos) una Resolución para reequilibrar las relaciones económicas con China, porque “han llegado a un punto crítico”. Y al día siguiente, el Comisario europeo de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic celebró una Cumbre UE-China en Pekín (8 y 9 de octubre) con dos puntos clave: las exportaciones chinas y las dificultades europeas de acceso a su mercado.

El Comisario UE se volvió a Bruselas con algunos acuerdos. El más llamativo, que China aceptaba reducir a la mitad, desde diciembre, sus exportaciones a Europa de coches híbridos e híbridos enchufables: un cupo de 350.000 coches anuales, frente a los 800.000 que estima la Comisión exportan ahora. Pero no ha habido acuerdo sobre las exportaciones a Europa de los coches eléctricos chinos, que están creciendo exponencialmente. También aceptaron rebajar los aranceles chinos a una serie de exportaciones europeas (helados, calzado, componentes de automoción y aceite de oliva) por valor de 4.000 millones de euros (lo que supone un ahorro para estas empresas de 225 millones de euros). Y además se promete un mayor acceso de Europa a las tierras raras y otras materias primas estratégicas chinas, aunque no se ha resuelto las quejas del sector químico europeo.

Estos acuerdos UE-China se van a abordar en la Cumbre de líderes europeos que se celebra este 15 y 16 de octubre en Bruselas, una reunión cuyo primer punto del orden del día es “Competitividad” (“Competitiveness”) y donde la prioridad es qué hacer con China, como afrontar ese déficit insoportable de 1.000 millones de euros diarios. Alemania y Francia persisten en su postura dura, de aprobar un mecanismo (un “interruptor de emergencia”) que frene en seco las exportaciones chinas si no las rebajan y facilitan la entrada de empresas europeas en China. Otros paises y parte de la Comisión son más partidarios de negociar y pactar, porque creen que Europa tiene más que perder en una “guerra comercial” con China. Antes de esta Cumbre, parece que la postura de Pedro Sánchez es menos dura que la de Macron y Metz: ha visitado oficialmente 4 veces China desde 2023 y el Gobierno ha ayudado y facilitado la instalación de empresas automovilísticas chinas en Europa, que parece la estrategia de China para eludir las barreras europeas.

Con todo, el problema comercial con China es grave y está afectando a muchas industrias y empleos en Europa, especialmente en Alemania y Francia, aunque también a España, porque somos el 2º mayor productor europeo de coches. Y además, nuestro déficit comercial con China no para de crecer, en todos los sectores (no sólo en coches y vehículos, también en teléfonos, ordenadores, componentes, maquinaria y bienes de equipo), lo que crea riqueza y empleo en China, no en España. Y muchos expertos dudan que la fabricación de coches chinos en España aporte mucho empleo (se ensamblan piezas, con personal chino) y tecnología, poniendo en peligro el resto de fábricas internacionales (17 fábricas de vehículos y componentes, con 66.000 empleos directos y 870.000 indirectos).

Pero este disparatado déficit con China es sólo un síntoma del primer problema de Europa (y de España): la menor competitividad, que facilita la entrada de productos extranjeros (chinos y norteamericanos sobre todo) en Europa, aunque también les ayuden las ayudas públicas en el caso chino (que supone “competencia desleal”). Por eso, el primer punto del orden del día de la Cumbre europea de hoy y mañana es “Competitividad”: cómo conseguir reconvertir la economía europea para que sea competitiva y tecnológicamente avanzada, tanto en la digitalización y la Inteligencia Artificial como ecológicamente sostenible.

Hace dos años, la Comisión Europea encargó a Mario Draghi, ex primer ministro italiano y ex presidente del BCE, un Plan para frenar el declive económico de Europa. Para Draghi, este preocupante panorama plantea a la Unión Europea un triple reto: acelerar la innovación y encontrar nuevos motores de crecimiento, reducir los precios de la energía (sin dejar de “descarbonizar”) y aprender a reaccionar en un mundo geopolíticamente inestable. Para responder a estos retos, propone avanzar en varios frentes: una nueva estrategia industrial (basada en la innovación, la tecnología y la digitalización), conseguir un verdadero mercado único europeo (“más Europa), alinear las políticas industriales, comerciales y de competencia de los 27, aumentar la inversión europea y reformar la gobernanza de la UE, con más coordinación y menos burocracia. Y además, propone decenas de medidas en 10 sectores relevantes: energía, materiales críticos, digitalización y tecnologías avanzadas, industrias consumidoras de energía, tecnologías verdes, automóvil, industria Defensa y espacial, farmacéuticas y transporte.

Draghi presentó su Plan el 9 de septiembre de 2024, con una premisa importante: para reindustrializar Europa había que crear un Fondo que movilizase 800.000 millones al año de inversión (pública, con deuda y Presupuestos, y privada), Fondo del que nada se sabe, salvo que hay paises (Alemania el 1º) que quieren recortar un 8% el gasto en los próximos Presupuestos UE 2028-2034. Y hoy, más de 2 años después, los expertos señalan que sólo se ha cumplido un 16% del Plan Draghi… Menos de 30 de las 176 propuestas que planteaba. Y lo peor es que este incumplimiento no es sólo por falta de inversión, sino que la mayoría de tareas pendientes son “por falta de consenso para acordar cambios normativos” sobre reducción de trabas administrativas y simplificación regulatoria…

Mientras Europa no reacciona e incumple las propuestas de Draghi, los coches chinos inundan ya nuestras calles, como los móviles, ordenadores y multitud de productos producidos en la gran fábrica del mundo, que sigue a pleno rendimiento a pesar de los aranceles y las guerras de Trump. Es hora de que Europa se ponga de verdad las pilas y tome medidas eficaces para no perder el tren del futuro, sobre todo ante China pero también ante EEUU, Asia y muchos paises emergentes. Ahí nos jugamos el empleo, el nivel de vida y el Estado del Bienestar europeo: sin crecimiento y sin exportaciones, no habrá la Europa que conocemos y defendemos. Eso es lo que se juega en la Cumbre europea de esta semana. Me temo que será otra oportunidad perdida. Reaccionen.

Alerta de los dueños de la Inteligencia Artificial

2026-10-12T09:00:00.000+02:00

Mucho se ha hablado de los peligros de la Inteligencia Artificial (IA), desde la posible manipulación a la pérdida de empleos. Ahora hay una alerta nueva: la de los dueños de la IA, los millonarios que la promueven y que acaban de decir en la ONU que esta tecnología “puede ser peligrosa para la humanidad”, mientras se conocen entradas ilegales en Australia y su utilización para armas físicas y biológicas. Los grandes de la IA en USA piden “frenar los desarrollos”, quizás como estrategia de marketing y para frenar a la competencia (en USA y China). Pero siguen buscando financiación (billones) y con planes de salida a Bolsa, lo que alimenta además la preocupación por el estallido de la burbuja de la IA (como las punto.com en el 2000). Con todo, la clave ahora es forzar una regulación mundial de la IA (como tiene Europa) y controlar su desarrollo. Porque lo peligroso no es la IA sino los tecno millonarios que están detrás con un poder absoluto. Ellos sí dan miedo.

Esta última historia empezó el 9 de septiembre, cuando un joven investigador de Anthropic (la 2ª mayor empresa USA de IA, creada en 2021) dimitió de su puesto y publicó un tuit en X donde alertó que la Inteligencia Artificial puede acabar con la civilización. “Puede matarnos a todos antes de 2030”, vaticinó. Tres días después, el 12 de septiembre, su jefe, el consejero delegado de Anthropic (que comercializa “Claude” desde marzo de 2023) , Darío Amondi, publicó un artículo (“We Must Pace the Frontier”: debemos marcar el ritmo de la frontera) donde alertaba que la IA avanza más rápido de lo que la humanidad puede comprender y controlar y proponía “desacelerar el avance a las capacidades de la IA para dar tiempo a que la seguridad y la alineación alcancen el mismo nivel”. Y siguiendo la senda, al día siguiente es Sam Altman, consejero delegado de OpenAI (la empresa pionera de la IA, que lanzó ChatGPT en 2022) anunció que retrasaba la salida a Bolsa de la empresa (a 2027) por “la inquietud sobre los riesgos de la IA”. Y ese mismo día, Demis Hassabis, líder de la IA de Google (“Gemini”) llama también a “ralentizar el desarrollo de la IA, por prudencia”.

Un movimiento “coordinado” de los dueños y promotores de la IA para frenar y ralentizar su desarrollo. Y para que se viera que no sólo eran tuis y artículos, los “tecno oligarcas” USA de la IA ya habían incluido sus advertencias en los folletos de salida a Bolsa. Por un lado, OpenAI señaló que retrasaban su nueva IA (Chat GPT.6.1.Astra) porque sus ingenieros “se han dado cuenta de que no cumple con los requisitos de seguridad”. Y en el folleto de Anthropic “se advierte a los potenciales inversores que la IA avanzada podría plantear riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”… Además, los “tecno oligarcas” USA que promueven la IA se sentaron en la mesa circular del Consejo de Seguridad de la ONU, el 23 de septiembre, en una sesión extraordinaria dedicada a “la gobernanza de la IA”. Y allí pidieron “la colaboración internacional para controlar una tecnología” que ellos están desarrollando y que “consideran que puede ser peligrosa para la humanidad”… Alucinante.

¿Qué hay detrás de esta alerta de los dueños de la IA? Varias razones posibles, según los expertos. Una, “curarse en salud”, ponerse la venda antes de una grave herida y de posibles reclamaciones millonarias de inversores y afectados. De hecho, la IA ya se ha desmandado, actuando “por libre” y provocando miles de incidentes que se conocen ahora. El primero y más concreto, la entrada “por su cuenta y sin supervisión humana” en la página de la Sanidad pública de Australia, como denunció su primer ministro en la ONU el 24 de septiembre, tres meses después de producirse y sin que OpenAI, la responsable, les informara en su momento (sólo con un correo a una dirección genérica 3 meses después). Y ahora se sabe que OpenAI y Anthropic investigan decenas de miles de ataques de agentes descontrolados de la IA, que lo mismo han bombardeado una página de la ONU que han sido utilizados para usos peligrosos (por parte de mafias, terroristas o políticos), como ciberataques, utilización de armas convencionales o biológicas y operaciones para influir en la opinión pública.

Otra razón de que ahora hablen de “frenar el desarrollo de la IA” es intentar frenar a la competencia, tanto en EEUU (donde OpenAI y Anthropic llevan meses de adelanto sobre otros competidores) como a la competencia china (DeepSeek o Moonshot AI), también retrasada. Si la ONU o los paises aprueban una ralentización de los desarrollos, mejor para los que van liderando el proceso y quieren hacerse con el mercado (OpenAI y Anthropic). De hecho, China reaccionó a las alertas USA, el mismo 14 de septiembre, denunciando que era una “agenda oculta” de EEUU para estrangular la IA y que estaban “usando el manual de la guerra fría para frenar los desarrollos chinos de la IA”. Como respuesta, el presidente Trump reunió en la Casa Blanca, el 29 de septiembre, a los líderes USA de la IA y a las grandes tecnológicas para decirles que “de frenar la IA nada”, porque “tenemos una ventaja enorme sobre China y quiero que siga así”… Y frente a los expertos que piden “una regulación mundial de la IA”, Trump sólo quiere oír hablar de “autorregulación”, que se controlen ellos (?).

La tercera razón de que ahora los dueños de la IA hablen de ralentizarla puede ser también de simple “marketing”, para que se hable mucho de la IA ahora que van a salir a Bolsa…La exageración de que la IA puede acabar con la humanidad puede ser un mensaje para crear expectación y para decir “somos tan geniales que podrían volverse peligrosos: hay que dejarnos vuestro dinero”, señala un experto. Porque, a pesar de todos los peros, los grandes de la IA siguen buscando financiación y preparan salidas a Bolsa. No dejan de invertir.

Los millones captados ya por la IA son espectaculares y explican el fuerte tirón de las Bolsas y parte del crecimiento económico USA, a pesar de las guerras en Ucrania e Irán. En 2025, las inversiones captadas por las empresas desarrolladoras de la IA superaron los 200.000 millones de dólares: 122.000 millones OpenAI, 30.000 Anthropic, 20.000 xAI (la empresa de Elon Musk) y 16.000 Waymo (automóvil autónomo de Google). Y a eso hay que sumar las inversiones de las grandes tecnológicas (Meta, Alphabet, Amazon o Microsoft), otros 646.000 millones este año para la compra de chips (la norteamericana Nvidia es ahora la empresa que más vale en Bolsa del mundo, 5,75 billones de dólares y la taiwanesa TSM vale 2,01 billones), nuevos Centros de Datos y desarrollos de IA. En total, se estima que desde 2013, estas 4 grandes tecnológicas han invertido más de 1 billón de dólares en IA. Y espera unas inversiones totales en la IA de 6 billones de dólares hasta 2030.

Las grandes desarrolladoras de la IA, mientras alertan sobre su peligro, no paran sus salidas a Bolsa, aunque alguna la retrase. Anthropic va a salir a Bolsa en noviembre de este año, con una valoración de 2 billones de dólares. Y OpenAI negocia con Black Rock (el mayor fondo del mundo, Emiratos e inversores asiáticos para captar 30.000 millones de dólares, mientras prepara su salida a Bolsa para 2027 (iba a ser en 2026, pero prefiere ofrecer nuevos desarrollos antes). Y xAI, integrada dentro de SpaceX de Elon Musk (que salió a Bolsa en junio de 2026 y vale ahora 2,28 billones de dólares), quiere captar otros 40.000 millones de inversores para comprar chips de Nvidia (uno de sus accionistas). Mientras, en China, las empresas líderes de la IA también buscan inversión. DeepSeek busca hasta 15.000 millones antes de su salida a Bolsa, prevista para 2027. Y Moonshot AI ha completado su última ronda de financiación privada y quiere salir a la Bolsa de Hong Kong a principios de 2027.

Precisamente, estos billones de inversión captada por la IA y su elevadísimas valoraciones en Bolsa (futuras y actuales: Nvidia ha multiplicado su cotización por 10 desde 2023, TSM por 4, lo mismo que Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft) provocan otro gran miedo de la IA: que estalle su burbuja en Bolsa, que un día se desplomen estos valores porque los retornos (beneficios) no justifiquen las inversiones hechas y no puedan atender su elevada deuda. Muchos expertos llevan meses advirtiéndolo y creen que si hay que ralentizar el ritmo de la IA es más para atemperar las inversiones y evitar un gran susto, como la debacle en Bolsa de las punto.com, las grandes de Internet en marzo del 2000 (Terra en España).

En cualquier caso, la alerta de los dueños de la AI debería servir para reforzar una idea: hay que controlar más y mejor los desarrollos de la Inteligencia Artificial, porque está demostrado que las máquinas siguen desarrollos propios que no se supervisan y que pueden crear graves problemas. Por un lado, urge una regulación mundial de la IA, en la que intervengan los organismos internacionales y los Gobiernos, dado que los millonarios (“tecnooligarcas”) que la están promocionando no parece que quieran autorregularse ni les gusten los controles democráticos, buscando un control oligopolista del mercado.

Europa ha sido pionera, aprobando la primera normativa “supranacional”, la Ley de la IA (“IA Act”), que entró en vigor en agosto de 2024, aunque en julio pasado se ha aprobado una simplificación del Reglamento para facilitar su avance, suavizando algunas prohibiciones y alargando los plazos de distintas prohibiciones. La UE está muy atrasada en la IA frente a USA y China, pero prevé abrir 15 factorías en Europa entre 2025 y 2026 para avanzar, dos de ellas ya aprobadas y abiertas en España: el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS) y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), abierto en Santiago de Compostela. La Comisión Europea ha aprobado una Estrategia de digitalización cuyo objetivo es que el 75% de las empresas europeas utilicen la IA en 2030 (ahora son el 20% de las empresas europeas, según Eurostat). En el caso de España, en diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional de IA (ENIA), un Plan para destinar 600 millones de fondos europeos a proyectos de Inteligencia Artificial. Y en 2024, se añadieron 1.500 millones más (de Fondos UE) para potenciar los Centros de computación españoles.

Todo indica que España no está perdiendo el tren de la Inteligencia Artificial y que incluso somos un país “proactivo”, que cuenta con 2.800 empresas nacidas para desarrollar esta tecnología, que emplean ya a 100.000 trabajadores especializados. España cuenta además con dos ventajas estratégicas de partida: su extensa red de fibra óptica de banda ancha (la tercera del mundo, tras Corea y Japón, superior a la de Francia, Alemania y Reino Unido juntos) y 5G, y contar con la electricidad más barata de Europa, clave para la instalación aquí de Centros de Datos (CPDs), que ya están proliferando. Pero falta avanzar en dos cuestiones clave: la penetración de la IA en las empresas medianas y pequeñas, así como un enorme esfuerzo en formación, de gestores y trabajadores. Porque si no, el riesgo de perder empleos con la IA es enorme: 2 millones en 10 años, según Funcas.

Además de una normativa mundial sobre la IA, los desarrollos de Inteligencia Artificial tienen dos problemas distintos, como señala el Nobel de Economía Daron Acemoglu. Uno es que la IA actúe por su cuenta, fuera de control, debido a que está creciendo con demasiada prisa (en meses) y eso distorsiona los resultados. Y el otro, asegurar que la IA actúa en beneficio de la humanidad, no de una minoría de billonarios que sólo buscan ganar más.

Frente al primer problema, hay expertos que aportan soluciones técnicas, como “poner bridas” a los desarrollos e implantar más sistemas de control externos, para frenar los mecanismos de aprendizaje intuitivos que son imprevisibles y pueden “liarla parda”… Otros expertos aseguran que las empresas podrían utilizar herramientas para anticipar los "malos comportamientos" de la IA. Pero, para conseguir una mayor seguridad y que la IA beneficie a la humanidad, el verdadero problema, otros expertos proponen “un cambio de rumbo”, pasar de desarrollar un modelo único de IA para todo a diversificar modelos, buscando soluciones para cada problema, más eficientes y sostenibles y sobre todo más fáciles de vigilar y más seguros. Se trataría de desarrollar no un gran modelo de IA (tipo ChatGPT o Claude) sino muchos modelos de IA, diversificados, que no necesitarían tanta investigación ni tanta inversión. Ir hacia una IA que no esté concentrada en dos o tres multinacionales superpoderosas sino en miles de desarrollos diversificados. Y sobre todo, que la IA pague impuestos y no manipule a los menores.

En cualquier caso, la clave de la IA es para qué se utiliza, qué se busca, si pretende mejorar el mundo sin destruir el empleo o maximizar el beneficio de unos pocos. Y eso exige control de los desarrollos, de los avances, de las empresas, algo hoy impensable. Porque lo peligroso no son las máquinas (que sólo siguen instrucciones humanas) sino quien está detrás, quiénes son los humanos que las programan y alimentan, muchos de ellos poco fiables, billonarios sin control y a los que molesta la democracia. Ese es el miedo que nos debe dar la IA, no que los ordenadores destruyan el mundo. No se trata de frenar la IA sino de controlarla.

Sobrepeso y doble negocio: engordar y adelgazar

2026-10-08T11:00:00.000+02:00

España y el resto de Europa han aumentado su sobrepeso y el porcentaje de obesos, una pandemia mundial que dispara las enfermedades, las muertes y el gasto sanitario. Y preocupa que haya más niños y adolescentes con sobrepeso, los obesos del futuro. La OMS culpa del sobrepeso al auge de la comida ultraprocesada, que está cambiando los hábitos en favor de la comida basura, cuyo consumo se ha triplicado este siglo en España. Lo llamativo es que el sobrepeso y la obesidad generan un doble negocio. Por un lado, el negocio de las multinacionales y empresas de alimentos ultraprocesados, más todas las cadenas de “comida rápida”, que crecen imparables, también en España. Y por otro, el nuevo negocio de algunas empresas farmacéuticas, que han lanzado fármacos para adelgazar que se venden por millones y escasean incluso. La solución al sobrepeso no pasa por la farmacia sino por cambiar los hábitos alimenticios y comer dietas más saludables, que evitan enfermedades y muertes. Urgen campañas públicas contra la pandemia del sobrepeso.

Anuncio de la farmacéutica Lilly para promocionar su inyectable contra la obesidad

El mundo asiste impasible a una silenciosa pandemia: el auge del sobrepeso y la obesidad. En 2025, según el Atlas Mundial de Obesidad, casi 3.000 millones de personas en el mundo (el 36,5% de la población) tenían sobrepeso: un índice de masa corporal, IMC (que se obtiene dividiendo el peso por el cuadrado de la altura, en metros: kg/m2) de 25 a 30. Y de ellos, 1.100 millones de personas (el 13,3% de la población total) tienen obesidad: un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, según los estándares de la OMS. Y lo más preocupante: 1 de cada 5 niños en edad escolar (5 a 19 años), 376 millones, tienen ya sobrepeso (y serán 507millones en 2040), mientras la mitad (1 de cada 10, 188 millones) padece obesidad), siendo ya más los niños obesos en el mundo que los que tienen un bajo peso.

Hasta ahora, el sobrepeso y la obesidad eran males de paises ricos, pero en los últimos años, el problema se ha extendido también a paises en desarrollo e incluso pobres, donde también se ha trastocado la dieta y se consuma demasiada “comida basura”. EEUU es el paraíso de las personas con sobrepeso (el 70% de la población adulta lo padece) y obesidad (36,4% de la población, en torno al 20% de los niños y adolescentes), también Reino Unido (65% de la población con sobrepeso y 28% con obesidad). Entre tanto, la pandemia es menos grave en Europa, pero se ha estancado e incluso crecido en los últimos años. Así, en 2025, más de la mitad de los europeos (51,7%) tenían sobrepeso (51,1% en 2014), según el último dato de Eurostat, mientras el 16,3% de los europeos son obesos (15,4% en 2014).

España es el 5º país europeo con menos sobrepeso (el 51,2% de los adultos), por delante de Italia (38,3%), Francia (48,1%), Paises Bajos (48,6%) y Luxemburgo (49,9% sobrepeso), algo menos que la media (51,7% UE-27) y bastante menos población con sobrepeso que Malta (62,3%), Finlandia (61,7%), Portugal (55,2%) o Alemania (53,6%), según Eurostat. Y a la vez, somos el 4º país europeo con menos obesidad (14,9% de los adultos), por delante de Italia (7% población), Grecia (12,8%) y Rumanía (12,9%), pero por detrás de la media europea (16,3% población adulta son obesos, 17,4% los hombres y 15,3% las mujeres) y de paises como Paises Bajos (15% obesos), Francia (16,3%), Portugal (17%), Suecia (17,5%), Dinamarca (20,5%), Alemania (20,8%) o Malta (26,6% obesos).

Aunque los españoles estamos mejor en sobrepeso y obesidad que la mayoría de los europeos, la gran preocupación son los niños y adolescentes: tenemos un 20,2% de niños (6 a 9 años) con sobrepeso frente al 25% en la UE-27, pero tenemos más niños obesos, un 15,9% en España frente al 11% de media en Europa. El último estudio Aladino (2024) reveló que el 21,2% de los niños españoles de 12 años tienen sobrepeso y el 22,6% de las niñas, mientras a los 14 años lo tienen el 20,10% en niños y el 19,8% en niñas. Y tienen obesidad el 8,1% de niños y el 8,7% de niñas de 12 años, manteniéndose a los 14 años el 8,4% de niños y el 6,8% de niñas. Incluso tienen obesidad severa el 1,75% de niños y niñas de 12 años.

El sobrepeso y la obesidad es un grave problema sanitario y económico. Los expertos alertan de los 12 riesgos para la salud que comporta el sobrepeso, en especial enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia, enfermedades coronarias y cerebro-vasculares, enfermedades renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y hasta depresión, según un estudio publicado en The Lancet. Y todo apunta a que el sobrepeso está detrás de un tercio de las muertes en Europa. Además, un estudio de la OCDE (en 2019) sobre los costes de la obesidad en 52 paises reveló los costes para España: supone una reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto sanitario, reduce la productividad laboral (el equivalente a 479.000 jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del -2,9%% (48.800 millones de euros en 2025). Y añadían que para cubrir estos costes de la obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a estos altos costes , la OCDE proponía tomar medidas porque es algo muy rentable: por cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…

El “motor” del sobrepeso y la obesidad en el mundo son los alimentos ultraprocesados, que dañan gravemente la salud, según denuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos alimentos ultraprocesados (“comida basura”) son “aquellos que han pasado un proceso de transformación industrial muy intensivo donde se añaden conservantes, colorantes, saborizantes, edulcorantes, emulsionantes y otros compuestos para mejorar su aspecto y hacerlos más atractivos al paladar, más fáciles de consumir o para alargar su vida útil”, según la Academia Española de Nutrición. A menudo, estos alimentos tienen un alto contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas o grasas trans, “los 3 jinetes del Apocalipsis” relacionados con la obesidad, la diabetes 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Cada vez que vamos a la compra, cargamos el carrito con más alimentos ultraprocesados, que llenan las estanterías de los supermercados: cereales de desayuno azucarados o chocolatados, bollería industrial, snacks fritos, productos cárnicos envasados (salchichas o hamburguesas), salsas industriales (kétchup), bebidas refrescantes, yogures y leches fermentadas, muchos platos preparados y bebidas alcohólicas. Sólo en España, el consumo de alimentos ultraprocesados se ha triplicado en los últimos 30 años y ya suponen casi un tercio de la ingesta diaria de calorías de los españoles, con el consiguiente abuso de grasas, azúcares y sales a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años.

Lo más grave es que estos alimentos ultraprocesados y procesados suponen ya el 40% de los ingresos totales de la industria alimenticia mundial, un gran negocio que en los paises desarrollados representa hasta el 70% de las ventas de los supermercados (en EEUU y en Reino Unido) y más de la mitad de la ingesta de la población en Occidente. En los paises en desarrollo, su peso es menor, pero es la comida que más crece, desplazando a la comida tradicional. Y como muchos de estos alimentos los producen y comercializan multinacionales, el comercio mundial de ultraprocesados se ha triplicado en las últimas décadas y los paises desarrollados destinan el 48% de su gasto alimenticio a importarlos.

El negocio mundial de los alimentos ultraprocesados mueve 8,2 billones de dólares anuales en el mundo, sin que nadie proteste por los daños que provoca impunemente, como pasó durante años con la industria del tabaco. El negocio se basa en la producción y comercialización masiva de alimentos ultraprocesados diseñados para generar un consumo repetitivo y muy rentable a través de estrategias científicas y de marketing. Una producción muy rentable porque tiene costes de producción bajos (se utilizan ingredientes de menor calidad, producción en cadena y que se pueden almacenar mucho tiempo, facilitando el transporte), porque las empresas calculan exactamente en laboratorios la combinación exacta de sal, azúcar y grasas para maximizar su atractivo para el consumidor y porque el uso de aditivos y potenciadores de sabor enmascaran la baja calidad de los ingredientes y los hacen atractivos al paladar.

Se estima que el negocio de los ultraprocesados y la comida basura mueven más de 3 billones de dólares anuales, repartiéndose entre los ultraprocesados (que mueven entre 2,18 y 2,20 billones de dólares anuales), controlados por multinacionales como Nestlé, PepsiCo (Lays, Doritos Cheetos, Pepsi), Coca-Cola, Mondelez Internacional (Oreo, Milka, Tobletone, galletas, confitería), Mars Inc. ( M&M´s, Snickers, barras de chocolate…) Kraft Heinz o Unilever, y las cadenas y restaurantes de comida rápida, que mueven un negocio anual de 800.000 a 940.000 millones de dólares anuales y que está controlado por multinacionales y franquicias como McDonalds, Yuml Brands (KFC, Pizza Hurt, Taco Bell), Brands International (Burger King y Popeyes), Dominós Pizza, Pizza Hut o Subway.

En España, la industria ha conseguido que los consumidores apuestan cada vez por los ultraprocesados: se estima que el 23% de todos los alimentos son ultraprocesados y en las últimas décadas, el consumo de ultraprocesados ha pasado de representar el 11% al 32% del aporte calórico diario, según un estudio de 43 expertos publicado en The Lancet. Y este tipo de “alimentos” está desplazando cada vez más a la comida tradicional, mientras los españoles apuestan también por la comida rápida, tanto la preparada que venden los súper como la que consumen o se llevan de los restaurantes y tiendas de comida rápida. En España, además de las grandes multinacionales, el mercado de ultraprocesados lo controlan empresas como El Pozo, Campofrío, Corporación Alimentaria Guissona (BonÁrea) o Mondelez Internacional. Y la comida rápida movió en España 6.100 millones de euros en 2025, con 6.000 establecimientos, controlados por McDonalds (2.000 millones de facturación), Burger King (1.520 millones), KFC (408 millones) Dominós (294 millones) y Telepizza(150 millones).

Como se ve, fabricar y proveer al mundo de alimentos ultraprocesados es un gran negocio y va a ir a más, dado que los expertos estiman que habrá 4.000 millones de personas con sobrepeso en el mundo en 2035 (el 45% de todos los habitantes). Pero en los últimos años, el sobrepeso y la obesidad están alimentando otro negocio, el farmacéutico: en 2024, la venta de medicamentos para adelgazar supuso unos ingresos de 15.000 millones de dólares, pero se doblaron en 2025 y para 2035 podría suponer ya 150.000 millones de dólares de ventas, según Morgan Stanley. La multinacional danesa Novo Nordisk se ha hecho con una parte de este mercado con sus inyecciones Ozempic, que han estado 3 años en falta en España, por la alta demanda para adelgazar aunque sea un medicamento para los enfermos de diabetes 2. La norteamericana Eli Lilly ha seguido sus pasos y otros laboratorios van a la zaga, en un negocio que ha movido ya 61.800 millones de dólares en compras e inversiones.

Los “productos milagro” para adelgazar son el penúltimo descubrimiento de negocio de la industria farmacéutica, que aprovecha el auge del sobrepeso y la obesidad. En España hay múltiples ofertas en las farmacias, aunque sólo un producto está financiado por la sanidad pública, las inyecciones de Ozempic (ojo: con receta y visado, teóricamente sólo para enfermos de diabetes 2), pero se puede comprar (con receta) si se encuentra (177,89 a 204,83 euros). El mismo laboratorio, Novo Nordisk vende Wegovy (inyecciones con receta y no financiado: 179 a 223 euros) o Saxenda (inyecciones, con receta y no financiado: 170 a 190 euros), mientras Eli Lilly comercializa Mounjaro (inyecciones con receta y no financiado: 207 a 446 euros) y otros laboratorios comercializan Xenical (Orlistat), unas cápsulas que inhiben la absorción de la grasa intestinal (con receta y no financiadas: de 50 a 75 euros) o Rybelsus, otras pastillas de Novo Nordisk (con receta, no financiadas salvo para diabetes 2 y con un precio de 123 euros). Actualmente, todos estos medicamentos “se venden mucho”, según algunos farmacéuticos, sobre todo para pacientes entre 35 y 60 años que buscan adelgazar.

El auge de los medicamentos para adelgazar dibuja, según la revista Science, un futuro distópico, dominado por los intereses cruzados de dos poderosas industrias: la alimenticia, que dispara sus beneficios con los alimentos ultraprocesados y la comida basura, y la industria farmacéutica, que nos vende la posibilidad de adelgazar si engordamos demasiado, un parche individual para atajar una enfermedad compleja y peligrosa, el sobrepeso, el “atajo” de picharse frente a llevar una dieta sana y hacer ejercicio.

La solución al sobrepeso y la obesidad que asola el mundo no está en las farmacias sino en los supermercados, en dejar de comprar productos ultraprocesados y comida basura (que nos crea “dependencia” y apostar más por los alimentos frescos y naturales, aunque sean más caros. La receta de la OMS y los expertos es clara: mejorar nuestra dieta con un consumo adecuado de proteínas y fibra, sustituyendo los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas por alimentos y bebidas naturales (sobre todo a los niños y adolescentes), además de aumentar la actividad física, reducir el estrés y mejorar el sueño (problemas que aumentan la comida compulsiva). Y además, piden a los Gobiernos políticas públicas de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, regulando el etiquetaje y la publicidad de la “comida basura” (sobre todo entre los menores) y facilitando el ejercicio físico.

España ya aprobó en 2022 un Plan nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad infantil, con el objetivo de reducir el sobrepeso de los menores un 25% para 2030. Es un Plan con 200 medidas, que van desde la enseñanza de nutrición en la escuela al aumento de zonas deportivas o la reducción del uso de “pantallas” (que favorecen el sobrepeso). En 2021, el Gobierno subió el IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21% y en 2026 aprobó la prohibición de bebidas azucaradas y bollería en comedores escolares, ampliando después la prohibición a desayunos y meriendas escolares, así como la venta de ultraprocesados en hospitales y residencias de ancianos.

Son avances, pero la gravedad del problema exigiría un gran acuerdo con la industria alimentaria para reducir el peso de los alimentos ultraprocesados y la comida basura en las tiendas, además de exigir un etiquetado más estricto, que señale claramente los productos que más engordan. Y nosotros, que ya los sabemos, deberíamos cambiar de hábitos de compra, sobre todo por los niños y jóvenes. Porque estamos alimentando una epidemia peligrosa y costosa, el sobrepeso y la obesidad. Hagamos algo.

Decreto de vivienda: las derechas se retratan

2026-10-05T09:00:00.000+02:00

Finalmente, Junts se sumó al PP y Vox para rechazar el primer Decreto de vivienda, un “parche” de mínimos que pretendía resolver los dos problemas más urgentes de los inquilinos: frenar desahucios y ampliar dos años los alquileres que terminan en 2027 y 2028. Las distintas derechas han boicoteado las 12 medidas del Decreto, mostrando a quien apoyan: a los 2,8 millones de caseros y miles de inmobiliarias y Fondos buitre, que buscan ganar más, frente a 5,2 millones de inquilinos, que piden más protección. Realmente, la estrategia de Junts es cargarse la Legislatura para buscar futuros acuerdos con PP y Vox. En el fondo, la vivienda les da igual a todos: las autonomías del PP (con la gestión de la vivienda) no han hecho nada y han boicoteado todas las medidas del Gobierno, incluido el último Plan de Vivienda. Ahora, con elecciones cerca, las derechas apuestan por seguir con la inacción y la especulación inmobiliaria, mientras millones de jóvenes y familias siguen sin techo. Decidirá el voto.

Junts, PP y Vox han antepuesto tumbar al Gobierno a resolver problemas urgentes de los inquilinos

Todo lo que está pasando con la vivienda en España es la resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. En los años 90 y a principios de este siglo, se produjo un “boom inmobiliario”, alimentado por la banca y el Gobierno Aznar, que multiplicó las grúas y el número de españoles propietarios: en 2007 hubo 829.283 compraventas, sólo un 7% de extranjeros. Pero en 2008, estalló la crisis de las hipotecas basura y se desplomaron las construcciones y las compraventas: 299.383 en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, con precios de saldo (la vivienda cayó un -51% entre 2008 y 2013), la vivienda empezó a recuperarse, de la mano de bancos, inversores y Fondos de inversión, que aprovecharon los precios de saldo. Y en 2025 ya se compraron 746.944 viviendas (casi como el año récord de 2007), el 17% (1 de cada 5,5) compradas por extranjeros. Y en 2026, España es el país europeo con más inversión extranjera en inmuebles, “el Dorado del ladrillo”.

Mientras, este salto de la burbuja a la crisis y luego a la recuperación se ha traducido en unos precios disparados, tanto de la vivienda (el precio de compra ha subido un +80% entre 2015 y 2025) como del alquiler (+87% de subida estos 11 años). La causa está en el enorme déficit de viviendas para comprar o alquilar. Por un lado, se ha disparado la demanda, debido al aumento de población (+3 millones de habitantes entre 2015 y 2026), que se traduce en 225.000 nuevos hogares cada año. Y por otro, apenas se han construido viviendas estos años: sólo 93.650 viviendas construidas en 2025 (de ellas, sólo 11.104 viviendas protegidas), con una media de 93.000 viviendas nuevas totales al año en esta década y otras 99.000 en la década de 2010 (con un mínimo de 44.630 viviendas construidas en 2016), cuando se habían construido 540.000 viviendas de media anual entre 2000 y 2010 (con un máximo de 658.510 construidas en 2006).

El resultado de esta fuerte demanda y la escasa oferta es que se han disparado los precios de las viviendas (2.355 euros/m2, +35% desde 2022, aunque son 4.089 euros/m2 en Madrid, 3.980 €/m2 en Baleares, 3.102 €/m2 en País Vasco o 2.752 €/m2 en Cataluña, según el INE) y los alquileres (15,1 €/m2, +104% de subida sobre 2025, que sube a 23,4 €/m2 en Madrid, 19,6 €/m2 en Palma, 18,4 €/m2 en San Sebastián o 16,5 €/m2 en Málaga, según Idealista). La consecuencia es que caseros, inversores y Fondos se lanzan a especular con sus viviendas (escasas), subiendo precios cada mes, mientras las familias y los jóvenes no pueden comprar un piso (con las hipotecas subiendo) ni alquilarlo (se lleva del 30 al 50% de un sueldo), porque apenas hay oferta (41 inquilinos por cada nuevo alquiler) y les “seleccionan”. Eso explica que el 69% de los jóvenes de 18 a 34 años sigan viviendo con sus padres, mientras sólo lo hacen el 50% de los jóvenes europeos (y el 32% de los alemanes).

Ante este panorama, que se ha agravado con el rebrote de la demanda tras la pandemia, poco se ha hecho desde el Gobierno y menos desde las autonomías y Ayuntamientos. Hasta el 1 de febrero de 2022, el Gobierno no aprobó una Ley de Vivienda, cuya entrada en vigor se retrasó hasta el 26 de mayo de 2023. Una Ley muy intervencionista, forzada por Podemos y Sumar, que apostaba por imponer controles a los alquileres (topes en precios y revisiones), en lugar de intentar conciliar los intereses de caseros, inquilinos, promotores y constructores para resolver el problema de fondo: construir más viviendas, al menos 225.000 al año.

El primer resultado de esta Ley de Vivienda largamente anunciada (25 meses desde aprobarse en Consejo hasta la publicación de los índices de referencia para los topes de alquileres, el 15 de marzo de 2024) fue que hubo caseros que retiraron sus pisos del alquiler: unos prefirieron vender y aprovechar las enormes plusvalías, otros mantener sus casas vacías y la mayoría desviar sus pisos en alquiler a dos nuevos destinos, que evitaban los posibles controles de precios: convertirlos en pisos turísticos o en pisos de alquiler de temporada (por meses o periodos inferiores a un año). O partirlos y alquilarlos por habitaciones. Actualmente, el INE informa que hay 341.000 pisos turísticos, la mayoría concentrados en Málaga (45.000 pisos que no se pueden ya alquilar…), Alicante, Las Palmas, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Y en paralelo, el 45% de los alquileres que se anuncian en Idealista son ya alquileres de temporada o por habitaciones (425 euros al mes, hasta 600 en Barcelona), un total de 1.15.000 pisos que también se escapan del alquiler “normal”.

Ante este panorama, cada vez son más los inversores, inmobiliarias y Fondos de inversión que aprovechan los altísimos precios para comprar pisos con objeto de echar a los inquilinos y luego subir el alquiler a los nuevos, algo que también buscan muchos caseros al final del alquiler de sus actuales inquilinos. Precisamente, casi 2 millones de alquileres hechos tras la pandemia tenían que renovarse este año 2027 y en 2028, lo que aprovecharán muchos caseros e inmobiliarias para subirlos. Eso alimenta la preocupación de los 5,2 millones de hogares que viven en alquiler y que cada vez pagan más. Eso está alimentando los desahucios, que han bajado a la mitad (desde el récord de 41.359 en 2021 a 20.059 en 2023 , 27.564 en 2024 y 24.510 en 2025), pero que han cambiado: ahora hay más desahucios por impago de alquileres (el 75%, frente al 53% hace una década) y menos por hipotecas.

Frente a esta situación, el Gobierno Sánchez, presionado por Sumar, intentó pactar en julio un Decreto que resolviera los problemas más urgentes de los alquileres, básicamente prorrogando los alquileres que vencen en 2027 y 2028 y limitando los desahucios. Intentó negociarlo con Junts y PNV y con Podemos, sin cuyo apoyo no podía aprobarse. Y como no parecía posible, lo dejaron para septiembre, cuando también se veía difícil conseguirlo. Pero sucedió algo imprevisto: el 23 de septiembre, Maricarmen, una anciana de 87 años fue desahuciada por la empresa Urbagestión de la casa donde vivía de alquiler desde hacía 71 años. Su imagen saliendo en camilla al hospital conmocionó al país, con movilizaciones en media España. Y parecía que iba a conseguir que Junts y Podemos apoyaran los cambios que rechazaron en julio, con un Decreto de mínimos aprobado el martes 29 de septiembre.

El Decreto, publicado en el BOE del 30 de septiembre, incorpora 12 medidas que buscan resolver los problemas más graves de los inquilinos, sin apenas perjudicar a los caseros. La primera medida estrella es prohibir los desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030 (ya anuló desahucios el jueves y el viernes), con la salvaguarda (introducida por Junts…) de que las autonomías tienen que compensar al pequeño casero afectado. Y la segunda, prorrogar hasta 2 años más los 1,9 millones de alquileres que vencen este año y en 2028, para evitar que los caseros aprovechen para subirles el alquiler a los disparatados precios actuales (no podrán subirlos más del 2%).

Otra medida importante es que se aprueba una deducción fiscal del 10% para todos los inquilinos (puede ser de 512 euros de media) y mantiene la deducción fiscal del 50% para los caseros, que sube al 100% de deducción si acepta reducir la renta un 15% (y baja al 15% si n la sube un 20%). Otra medida importante del Decreto es que limita los alquileres de temporada, al obligar a demostrar la causa que lo justifica, y los alquileres por habitaciones, al poner un tope: el ingreso por todas las habitaciones no podrá superar al de un alquiler de todo el piso (algo difícil de controlar). Y se obliga a los pisos turísticos a pagar un IVA del 10% (ahora no pagan nada), que no es del 21% para “contentar” a Junts (y al PNV). También es importante en el Decreto la creación de un nuevo préstamo público (ICO) para facilitar la compra de vivienda habitual: préstamos del 20% del valor de la vivienda (con un máximo de 50.000 euros), al 0% de interés y que pueden empezar a devolverse hasta a los 30 años (cuando se acabe de pagar la hipoteca por el 80% que haya concedido un banco). Además, el ICO facilitará avales públicos, hasta 2.000 millones de euros, para facilitar la financiación de viviendas sociales, para alquiler o venta a precios asequibles. Y toda la vivienda protegida que se construya con dinero público pagará un IVA del 4% y será siempre VPO (75 años).

Por último, el Decreto aprobado por el Gobierno el martes pasado incluía dos medidas “de cara a la galería”, por presión de Sumar y el Sindicato de Inquilinos. Una, frenar la compra de viviendas por “Fondos buitre” a un precio inferior al de mercado (tasación) hasta el 31 de diciembre de 2028, aunque no parece fácil de implantar. Y la otra, más aplicable, la subida fiscal del 15 al 25% a los beneficios que tienen las SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria que han proliferado en los últimos años, especulando con la vivienda (las 157 SOCIMIS que cotizan en Bolsa aumentaron su valor un 18,3% en 2025).

Hasta aquí el contenido básico de este primer Decreto (el otro, la prórroga indefinida de los contratos, forzado por Sumar, se sabía que no iba a convalidarse) para resolver los problemas más acuciantes de la vivienda, aprovechando el clamor social desatado por el desahucio de Maricarmen. Pero la sorpresa la ha dado Junts, al votar en contra de este Decreto el viernes en el Congreso, aunque lo había negociado hasta última hora. Y junto a Junts, el voto en contra también de PP, Vox y UPN, una mayoría que rechaza las medidas, asegurando que no van a resolver el problema de la vivienda y que reducirán aún más los alquileres.

El rechazo del PP no sorprende tanto como el de Junts porque nunca ha tenido una política clara de vivienda, aunque gobiernan en 12 autonomías, que son las que legalmente gestionan la vivienda en España. Pero apenas promueven la construcción y las ayudas a los inquilinos que conceden (tarde) son con fondos estatales. Primero, rechazaron en 2023 la Ley de Vivienda y sus autonomías se negaron a aplicar los topes de alquileres en zonas tensionadas (sólo los aplican 302 municipios en Cataluña, 18 en país Vasco, 21 en Navarra, 5 núcleos en pueblos asturianos y A Coruña y Santiago en Galicia), topes que han conseguido frenar los alquileres (poco), aunque a costa de reducir la oferta. Y ante el reciente Plan de Vivienda 2026-30, con más dinero para promover viviendas, las autonomías del PP lo han rechazado, aunque han aceptado el primer plazo de entrega del Plan (que contempla transferir a las autonomías 4.200 millones del Estado a cambio de que ellas pongan otros 2.800).

Parece claro que Junts ha votado en contra del Decreto de vivienda no tanto para “defender a sus caseros” (también) como para “cargarse esta Legislatura”, para forzar elecciones, pensando que si las ganan el PP y Vox, ellos podrán sacar más ventajas para Cataluña que con Sánchez. Y al final, se trata del “cerrar el frente de las derechas”, en defensa de la propiedad y contra “las locas pretensiones” de los inquilinos y la izquierda”. El problema de fondo es si un Gobierno de derechas tendrá una política de vivienda que resuelva los graves problemas actuales o favorecerá la especulación y la subida de viviendas y alquileres.

El problema de fondo de la vivienda, pendiente de resolver en España, es construir mucho más para reducir el déficit de vivienda y hacer bajar los precios: el Banco de España ha señalado que tendremos un déficit de 1 millón de viviendas en 2028. Así que urge construir, construir y construir. Pero para ello urge un gran Pacto político por la vivienda, que aborde varios frentes. Uno, la falta de suelo: hay mucho suelo, pero poco suelo urbanizable (hay que invertir más para conseguirlo). Y además, hay un exceso de burocracia y demasiados Planes parados en los Juzgados, para los que el Gobierno propuso una reforma de la Ley del suelo (que tumbaron Junts y PP, con Podemos). El segundo frente es conseguir más financiación para la promoción pública y privada de vivienda, con un mayor gasto público del Estado, autonomías y Ayuntamientos, más créditos de los bancos y el ICO. Y el tercero es implicar a promotores y constructores en construir más de 200.000 viviendas al año, facilitando su trabajo. Y en paralelo, pactar con caseros e inmobiliarias para que pongan más viviendas en alquiler para familias y jóvenes, con ayudas y beneficios fiscales, no con topes y controles.

Estamos ante una “emergencia nacional” en la vivienda, que hay que resolver innovando y negociando entre los actores implicados (lean lo que está haciendo Illa en Cataluña), no con prejuicios políticos que busquen favorecer a los caseros (2,8 millones de propietarios, el 15% son Fondos y otro 60% son particulares con 2 o más viviendas en alquiler) frente a los inquilinos (5,2 millones de hogares en alquiler) ni viceversa. El problema de la vivienda sólo se puede resolver con financiación, suelo, acuerdos y ayudas, no con ideología ni politiqueo. Eso es lo que pide el clamor social que se desató en España tras el desahucio de Maricarmen. Pero se ha frustrado al rechazarse el Decreto, un sinsentido social. Ahora habrá que votar (en generales y autonómicas) y decidir quien lo resuelve o lo obvia en unos meses. No se ve otro camino.

Tercer paquete de ayudas contra la inflación

2026-10-01T11:00:00.000+02:00

Hoy 1 de octubre entra en vigor el tercer paquete de ayudas para compensar las subidas de carburantes, gas y electricidad provocadas por el conflicto en Oriente Medio: otro descuento de 20 céntimos a los carburantes, bajada impuestos a la luz y topes al gas y al butano. El Gobierno gastará 12.000 millones entre estas ayudas y las aprobadas en marzo y junio, asegurando que han evitado que la inflación suba el doble. Pero el IPC sube ya +4,9% anual, la mayor inflación desde hace 3 años y medio. El problema es que el conflicto desatado por Trump se ha estancado y no se espera que los precios energéticos mejoren. Y se teme que acaben contagiando a toda la economía, incluidos los alimentos, que suben un +5,8%. Por eso, aunque la economía española sigue creciendo y creando empleo, el riesgo es que el conflicto dañe más a Europa y al mundo. De momento, las familias, con sueldos estancados, tienen mucho más difícil llegar a fin de mes.

Los carburantes, culpables de casi la mitad de la subida del IPC (+4,9%)

La guerra contra Irán, desatada por Trump e Israel el 28 de febrero y que ha contagiado a todo Oriente Medio y a las rutas del petróleo y el gas, la estamos pagando los consumidores de todo el mundo, desde Europa y Asia a los propios ciudadanos de EEUU, que pagan mucho más por los carburantes, el gas, la electricidad y muchas materias primas y alimentos. Y el problema es que el conflicto se ha enquistado y no se ve salida, por lo que seguiremos con la energía cara y la inflación disparada. De momento, también en España, donde el IPC anual subió un +4,9% en septiembre, según el INE, la mayor subida anual desde febrero de 2023 (+6% de inflación, un año después de la invasión de Ucrania). De esos 4,9% de subida, casi la mitad (+2%) ha sido sólo por la subida de los carburantes, que se han encarecido incluso más que el petróleo en estos 7 meses de guerra en Oriente Medio.

El petróleo ha disparado su cotización, por los ataques a pozos, refinerías y barcos, más el bloqueo del estrecho de Ormuz (por donde pasaba el 20% del crudo y gas): costaba 76,06 dólares/barril el 23 de febrero, antes del ataque a Irán, y saltó a 112,53 el 16 de marzo y a 109,58 dólares el 11 de mayo, para bajar en junio a 71,47 dólares (cuando se esperaba un acuerdo) y rondar los 100 dólares en julio, agosto y septiembre, costando hoy 99,94 dólares/barril, una subida del +31,4% sobre antes de esta guerra. Pero los carburantes han subido mucho más, en especial el gasóleo: su cotización internacional ha subido +120%, cuatro veces más que el crudo, pasando de 690 dólares/Tm a finales de febrero a 1.046 dólares/Tm en mayo, 1.176 dólares/Tm en julio y 1.520 dólares/Tm a finales de septiembre.

¿Por qué sube 4 veces más el gasoil que el petróleo? Hay varias razones. Unas estructurales: Europa, Latinoamérica y muchos paises han reducido en los últimos años su capacidad de refino, optando por importar carburantes (sobre todo gasóleo) de Rusia, Oriente Medio, China y Asia. Pero además, la guerra en Irán ha dañado muchas refinerías en Oriente Medio, reduciendo la oferta y subiendo su precio. Y por si fuera poco, Rusia ha cortado sus exportaciones de gasóleo, para no tener que restringir las ventas internas tras los ataques ucranianos a sus refinerías, mientras China también ha frenado sus exportaciones ante los recortes en la oferta mundial. Y para dar la puntilla, Trump anunció hace unos días que cortaba sus exportaciones de gasóleo, para intentar frenar su precio en USA, que marca un máximo histórico en vísperas de las elecciones de noviembre: 6,50 dólares por galón, 1,51 euros/litro…, dos tercios de lo que cuesta el gasóleo en Europa, unos 2,24 euros/litro.

Además de caro, el gasóleo empieza a faltar en el mercado internacional, sobre todo en algunos paises europeos, como Francia, que importan mucho. Globalmente, Europa refina el 75% del gasóleo que consume, pero importa el 25% (la mitad de EEUU en agosto). Pero hay diferencias entre paises: Francia importa el 50% del gasóleo que consume (por eso hay gasolineras sin suministro), Reino Unido importa el 55%, Alemania importa entre el 20 y el 25%, mientras Italia y España refinan prácticamente el 100% del gasóleo que consumen (apenas importamos e incluso exportamos algo, gracias a que tenemos 8 refinerías volcadas en producir gasóleo). Y lo mismo con las gasolinas y el keroseno de aviación.

A pesar de este autoabastecimiento, España y las refinerías españolas no pueden sustraerse a la situación internacional de desabastecimiento, por lo que también aquí se ha disparado el precio de los carburantes muy por encima de la subida del petróleo. La gasolina súper costaba este martes una media de 1,939 euros/litro, según el Boletín Petrolero Europeo, una subida del +31,8% sobre el precio anterior al ataque a Irán (1.4712 euros/litro el 23-F). Y la subida es mucho mayor para el gasóleo, porque hay mucha más demanda (se vende 4 veces más que gasolina) y menos oferta: costaba 1,4232 en febrero (menos que la gasolina) y ha subido hasta una media de 1,934 euros/litro este martes (+36%). Eso sí, gracias a las ayudas del Gobierno y a que pagamos menos impuestos, los carburantes son más baratos que en Europa: las gasolinas cuestan allí de media 2,103 euros por litro (+16 céntimos que en España) y el gasóleo 2,237 euros (+30 céntimos).

Además de los carburantes, el conflicto en Oriente Medio ha disparado el precio de la luz, porque necesitamos producir una parte de la electricidad (casi el 20% del total este verano, por el calor) con centrales térmicas de gas natural, cuyo precio se ha disparado más que el del petróleo: costaba 31,62 euros/MWh antes del ataque a Irán y llegó a cotizar a 79,35 euros el 7 de septiembre (+151%), costando hoy 72,35 euros, más del doble que en febrero. Por culpa del gas y la gran demanda de energía (por el turismo y el aire acondicionado), el coste de la electricidad en el mercado mayorista se ha disparado: de 16,41 euros/MWh en febrero a 69,59 euros/MWh en junio, 104.75 euros en julio, 118,25 euros en agosto y 143,72 euros/MWh en septiembre, más del doble que el año pasado (61,04 en septiembre 2025). Este elevado precio en origen se traslada a los consumidores, tanto a los que tienen contratada la luz en el mercado libre (22,2 millones con contratos de revisión semestral o anual) como a los que tienen la tarifa regulada (8,3 millones), cuya tarifa se revisa cada mes: de 66,63 euros que pagaron de media en el recibo de junio a 88,81 euros que pagaron en agosto y los 107,8 euros que pagarán en septiembre.

El tercer culpable de la elevada inflación actual (+4,9% anual) es la subida de los precios turísticos (paquetes, hoteles, bares y restaurantes), algo que no tiene que ver con la guerra en Oriente Medio (salvo porque han venido más turistas). Y el resto de los servicios ha subido menos (+3,9%). Eso sí, preocupa que los altos precios de la energía han provocado ya una fuerte subida de los alimentos no elaborados: +5,8% en septiembre, subida que tiene que ver con el aumento de costes al campo (energía y fertilizantes) pero también con el cambio climático y los daños a muchas cosechas por las lluvias (primavera), granizo y sequía.

Frente a estas subidas por la crisis de Oriente Medio, que ya llevamos 7 meses sufriendo, el Gobierno ha aprobado este martes el tercer paquete de ayudas (por 5.200 millones de euros), que se suman a los que aprobó el 20 de marzo (antes que la mayoría de Gobiernos europeos, por una cuantía de 5.000 millones) y el 29 de junio (sólo por 1.825 millones, porque se esperaba un acuerdo). Ahora, el paquete durará hasta el 31 de diciembre y es mayor que los anteriores, porque todos los expertos creen que la crisis va para largo.

El primer grupo de ayudas aprobadas se dirigen a subvencionar de nuevo los carburantes, desde hoy: una subvención de 20 céntimos en septiembre por litro de gasolina y gasóleo, que se reducirá a 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, salvo que los carburantes suban más del 15% en septiembre (en cuyo caso volverá la ayuda de 20 céntimos). Esta ayuda se extiende a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, y se amplía al transporte de mercancías por tren (15.000 euros de ayuda por locomotora) y al transporte marítimo, mientras se mantienen las ayudas a la compra de fertilizantes (600 millones) y la prohibición de despedir por esta crisis a las empresas que reciben ayudas.

Un segundo bloque de ayudas son para rebajar la factura de la luz: en lo que queda de año (si el IPC de la electricidad sube un 15% en septiembre respecto a un año antes), se rebaja del 21 al 10% el IVA de la electricidad y del 5,1 al 0,5% el impuesto especial de la electricidad, que ya se rebajaron desde el 22 de marzo al 31 de mayo (primer paquete de ayudas), así como el IVA del gas natural y de la madera para leña. Además, se mantienen los descuentos extras vigentes desde marzo en el bono social eléctrico y el bono social térmico (50 euros), así como la prohibición de cortar el agua, la luz y el gas a los hogares vulnerables.

El tercer bloque de ayudas son nuevas, para los usuarios de gas natural y butano. Por un lado, se limita la subida del gas natural un 15% en octubre (si no se hiciera, se encarecería un 45%), lo mismo que en enero y después, medida que beneficiará a 3 millones de hogares que tienen tarifa de último recurso (TUR), muchos de ellos pertenecientes a comunidades de propietarios que tienen calefacción con caldera de gas y cuya factura les subirá un máximo del 15% este invierno, aunque el precio del gas se dispare. Y los 7 millones que utilizan la bombona de butano pagarán un máximo de 19,55 euros hasta junio de 2027 (desde los 18,84 euros que cuesta ahora).

Estas ayudas y las aplicadas desde marzo cuestan 12.000 millones de euros, lo que sitúa a España como el país europeo que más ha gastado en medidas contra la inflación energética. El Gobierno pide a Bruselas que no tenga en cuenta este gasto (por culpa de Trump) para el tope del déficit público como ya se hace con el gasto extra en Defensa aprobado en toda Europa. Y también propone España que si la crisis sigue y se mantienen altos los precios del petróleo, el gas y la electricidad, la Comisión Europea apruebe otro Plan de ayudas y medidas extraordinarias (incluido el tope al gas) como aprobó tras la invasión de Ucrania.

Mientras, el vicepresidente económico indicó el martes, tras el Consejo de Ministros, que los dos paquetes anteriores de ayudas (marzo y junio) han evitado una inflación mayor, que han reducido a la mitad la subida de los precios (o sea que el IPC habría subido al 10%, como lo tuvimos entre junio y agosto de 2022). Y que, a pesar de esta crisis energética, España sigue creciendo y creando empleo, más que el resto de Europa: la OCDE acaba de subir un 0,4% la previsión de crecimiento de España para 2026, hasta el +2,6%, muy por encima del crecimiento esperado para Europa (+1%), Alemania (+1,1%), Italia (+0,9%) o Francia (+0,4%).

La contrapartida a crecer más es que tendremos también más inflación: +3,7% en 2026, por delante de la inflación en la eurozona, Francia o Italia (+3%) y Alemania (+2,9%). La preocupación del Gobierno y de muchos expertos es que la subida de precios energéticos (petróleo, carburantes, gas y electricidad) se acabe trasladando a los precios de los alimentos, dañando aún más los presupuestos de las familias. De momento, los precios de los alimentos no elaborados (“frescos”) suben un +5,8%, pero lo preocupante es que llueve sobre mojado, porque los alimentos se han encarecido un +35% en los últimos 5 años (agosto 2021-agosto 2026), según el INE (y un +84% los huevos, 60% el vacuno, +53,7% el cordero, +53% la leche, +46% el café, +40% las patatas…), mientras los sueldos subieron un +16,43%. Y el temor es que, si la guerra de Oriente Medio sigue, suban más los precios de los alimentos, sobre todo los elaborados, porque un estudio de CaixaBank (citado por el vicepresidente Cuerpo) demuestra que, en la anterior crisis tras la invasión de Ucrania, la subida de los alimentos tardó en aparecer de 6 a 9 meses…O sea, este 4º trimestre.

El Gobierno Sánchez ha aprobado este tercer paquete de ayudas contra la inflación porque sabe que los aumentos de precios es lo que más daña políticamente a un Gobierno, a cualquier Gobierno. Por eso deberían hacer lo mismo en Europa, aprobar un paquete de ayudas y medidas de choque, como hicieron tras la pandemia y la invasión de Ucrania, porque crece el descontento social ante las subidas energéticas (en Francia vuelven a la calle los chalecos amarillos…), la subida de la vivienda y la dificultad para llegar a fin de mes, que alimentan el crecimiento de la ultraderecha, en vísperas de elecciones (en 2027) en Francia, Italia, España, Polonia, Finlandia, Grecia, Estonia y Eslovaquia…

Mientras, en España, urge tomar más medidas frente a la inflación, vigilando que algunos sectores y empresas no disparen márgenes y beneficios (como las petroleras y las eléctricas), que las ayudas públicas se trasladan a los consumidores (carburantes, gas y electricidad) y que los intermediarios, las industrias alimentarias y los supermercados no aprovechan las subidas de la energía para subir sus precios y márgenes. Lo que no puede hacer el Gobierno ni Bruselas es impedir que Trump y Netanyahu mantengan el conflicto en Oriente Medio, que estamos pagando el resto del mundo. Pero sí podrían presionarles para que se imponga la paz. Y, sobre todo, seguir tomando medidas para que los precios (alquileres y vivienda incluidos) no alimenten la desesperación de muchas familias y a la extrema derecha. Está bien crecer más que nadie, pero hay que repartir mejor el crecimiento y conseguir que muchas más familias lleguen sin tantos problemas a fin de mes.

Universidades: otro Curso con pocos recursos

2026-09-28T09:00:00.000+02:00

Por primera vez en España, este Curso 2026-27 habrá 1,9 millones de universitarios estudiando un Grado, un Master o un Doctorado, tras años aumentando los alumnos. Pero quienes crecen son los estudiantes de las Universidades privadas (47, una más este Curso), mientras se estancan o bajan en las públicas (50 desde 1999), por falta de medios y oferta, que les obligan a subir las notas de corte y desviar alumnos a las privadas. Este nuevo Curso universitario, los rectores intentan reducir la precariedad de sus profesores (el 46% tienen contratos temporales) y buscan acuerdos de financiación a medio plazo con sus autonomías, que aportan el 80% de la financiación pública pero apuestan (las del PP) por las privadas. Mientras, España gasta menos que otros paises en financiar la Universidad, con grandes diferencias entre autonomías, lo que obliga a alumnos y familias a pagar las matrículas más altas de Europa. Y además de recursos, urge mejorar la enseñanza para que los universitarios trabajen más (no “sobrecualificados”) y haya menos parados.

Enrique Ortega

España es uno de los paises occidentales con más jóvenes estudiando en la Universidad: están matriculados en la Universidad o en la FP Superior el 20% de los jóvenes de 15 a 19 años, casi el doble que en los paises de la UE o la OCDE (el 11%), según las estadísticas oficiales. Este mayor interés por la Universidad y el aumento de los jóvenes de esta edad ha llevado a que crezcan los alumnos que cursan en España estudios universitarios: de 1.498.369 alumnos matriculados en el curso 2015-16 a 1.875.010 alumnos matriculados en el curso 2025-2026, el último con datos oficiales. Este curso 2026-2027 serán más, porque acceden a la Universidad parte de los jóvenes nacidos en el año 2008, que fueron 519.779, 27.000 nacimientos más que en 2007 (492.527 nacimientos). Así que se esperan superar los 1.900.000 universitarios.

De esos 1,9 millones de jóvenes que estudiarán este Curso en las Universidades españolas, la mayoría (el 76,5 % del total, 1.435.757 alumnos el curso pasado) estudiarán un Grado universitario (generalmente de 4 años), mientras otro 17,7% estudiarán un Máster universitario (332.713 alumnos el curso pasado) y los restantes ( el 5,6% del total, 106.540 alumnos) estudiarán un Doctorado universitario, según los últimos datos del Ministerio de Educación. Los estudios de Grado han crecido poco la última década (+8,6% desde los 1.321.698 alumnos del curso 2015-2016) y el gran salto de alumnos se ha dado en los estudios de Master (se han casi duplicado: de 171.043 alumnos a 332.713) y en los estudios de Doctorado (de 55.628 alumnos a 106.540).

Con todo, el gran cambio en la enseñanza universitaria en la última década ha sido que el aumento total de alumnos se debe a las Universidades privadas, que han duplicado sus alumnos desde el curso 2015-16 (de 236.543 a 541.483 el curso pasado), mientras las Universidades públicas estancaban sus alumnos (han pasado de 1.311.826 en 2015-16 a 1.333.527 el curso pasado), bajando los estudiantes de Grado (de 1.143.223 en 2015-16 a 1.084.117 matriculados el curso pasado). Mientras, las Universidades privadas han aumentado sus estudiantes en Grado (de 178.475 a 351.640 alumnos) y han triplicado los de Master (de 55.634 a 182.043 alumnos) y de Doctorado (de 2.434 a 7.800 alumnos).

¿Qué está pasando? Las Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar alumnos, aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año suben la nota de corte en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos alumnos o menos. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido de 13,05 (sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 20 solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza disponible… Y cada año más alumnos no pueden entrar en una Universidad pública y se ven obligados a pagar una Universidad privada.

El resultado es que sigue habiendo las mismas Universidades públicas (50, la última abierta, la Politécnica de Cartagena, en 1998) y aumentan cada año las privadas: este curso 2026-27 habrá ya 47 Universidades privadas (había 28 privadas en 2009), tras aprobarse la última, IE Universidad Madrid, en diciembre de 2025. Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP. De hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías españolas (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en Extremadura y Baleares.

La mayoría de las privadas tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas, Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña), propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria), Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están interesados también los Fondos de inversión: el sueco EQT compró en 2024 la Universidad Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello (español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.

Hace unos días, el presidente Sánchez señaló en un acto universitario las tres razones por las que las Universidades públicas ganan terreno (sus alumnos han crecido un +128% en la última década, frente al +3% en las públicas). La primera, la escasa financiación de las Universidades públicas por sus autonomías (que aportan el 80% del gasto público universitario, según la Fundación CYD), sobre todo en Madrid, Andalucía y Castilla y León, lo que reduce su oferta y desvía a los alumnos a la Universidad privada. Mientras, la financiación estatal a la Universidad ha aumentado un 78% desde 2018, se las han transferido 600 millones para investigación y otros 150 millones para contratar profesores, más 1.300 millones para becas (+45% que en 2018). La 2ª razón, como consecuencia, es que las Universidades públicas, infrafinanciadas, no pueden atender la demanda: en el curso 2024-25, recibieron 500.000 solicitudes para 245.000 plazas, lo que fuerza a muchos jóvenes a irse a una privada (“una elección forzada”). Y en tercer lugar, Sánchez cree que la proliferación de privadas lleva al aumento de ofertas universitarias de baja calidad.

Para frenar lo que llaman “chiringuitos educativos” (estudios universitarios de baja calidad, sobre todo cursos online), el Gobierno ha actuado dos veces y pronto lo hará una tercera. Primero, en octubre de 2025, aprobó un Real Decreto para endurecer los criterios para el reconocimiento de nuevas Universidades, decreto que la Comunidad de Madrid ha recurrido al Supremo. Segundo, el Gobierno ultima un real Decreto para regular los centros de FP privada (1.417 hoy, muchos promovidos por inversores y Fondos). Y el 18 de septiembre, el presidente Sánchez anunció que negociará con rectores y estudiantes un nuevo Real Decreto con más requisitos (profesores, docencia, investigación) para garantizar la calidad de los títulos universitarios, porque “no pueden ser una franquicia expendedora de títulos”.

El problema clave de las 50 Universidades públicas españolas es que están infrafinanciadas, sobre todo después de los recortes aplicados por Rajoy en 2012 (unos 1.000 millones), de los que no se han recuperado todavía, porque las autonomías les han aumentado su financiación un +4,9% desde 2009 (la inflación ha subido un +26,3%, con lo que reciben realmente menos), por lo que han tenido que reducir plantillas (no se sustituyen jubilaciones) y servicios. Eso ha llevado a que España financie menos la Universidad que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 11.741 dólares en 2022 (último dato de la OCDE, teniendo en cuenta la inflación), frente a 15.102 dólares en la OCDE y 15.830 dólares en la UE-27, un 25,8% más (24.044 dólares/universitario en Suecia, 19.500 en Alemania, 14.238 en Francia y 8.992 en Italia).Eso se traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades aporta en España el 65,9% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 75,8% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y con ello, el 31,8% del gasto universitario es privado en España, frente al 28,6% en la OCDE y el 19,5% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la hacen alumnos y familias, pagando elevadas matrículas y tasas en las Universidades públicas: entre 1.061 y 2.052 euros anuales.

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan el 80%% de la financiación total). Así, hay autonomías que transfieren a sus Universidades públicas menos que la media (8.626 euros/universitario en 2023-24) : Madrid (6.975 euros por universitario), Extremadura (8.069 euros), Cataluña (8.362 euros), Murcia (8.460) y Castilla y León (8.534 euros), según el Informe CYD 2025. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan Cantabria (11.680 euros/universitario), La Rioja (11.283 euros), País Vasco (10.767 euros), Navarra (10.588 euros) y Comunidad Valenciana (10.075 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (2.052 euros/alumno, 432 euros más que la media), Cataluña (1.856) y Navarra (1.851) y Comunidad Valenciana (1.792 euros). Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas: Galicia (1.061 euros), Baleares (1.130), Asturias (1.155) y País Vasco (1.261).

Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir aplicando la nueva Ley de Universidades, la LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el 49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio” (artículo 55), pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta el cuánto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta en el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 4.214 millones más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2025).

El problema está en quien aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social (en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado (en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, algunas Universidades públicas han logrado acuerdos de financiación a medio plazo (para varios años) con sus Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se autorizan nuevas Universidades privadas. En Andalucía, la Junta firmó en 2023 un acuerdo para 2022-2026 y ahora anuncian que aumentarán la aportación para 2027. En Madrid, Ayuso ha firmado un acuerdo para destinar 14.800 millones a las 6 Universidades públicas hasta 2031, pero tiene “truco”: incluye los ingresos que aportan los alumnos... En la Comunidad Valenciana hay un Plan financiero 2026-29, con un pequeño aumento (también de tasas). Y en el País Vasco se prepara un Plan 2027-30, mientras Castilla la Mancha promete un Plan a 5 años. En las demás, la pelea financiera de las universidades es anual, Presupuesto a presupuesto. Y para el siguiente Curso 2027-28, todo va a depender del resultado de las elecciones de mayo en 12 de las 17 autonomías.

Además de más dinero, las Universidades públicas españolas necesitan reformas y cambios, según refleja el último informe CYD: reducir la tasa de abandono (el 24,6% de los universitarios abandonan sus estudios, sobre todo en los 2 primeros cursos y con el trabajo de fin de Grado: somos el 4º país UE con más abandono universitario), aumentar los alumnos que estudian Ciencias (sólo el 24% se matriculan en carreras STEM) porque tienen más salidas profesionales, mayor autonomía universitaria (ligada a auditorias externas), mayor internacionalización y una mejor gestión de personal, con más profesores de fuera. Y mejorar la inclusión social, aunque es mayor que en Europa: el 14,6% de los universitarios procede de familias donde los padres sólo tienen estudios obligatorios (el 7,2% en Europa) y el 29,8% tienen padres con estudios universitarios (el 50% en Europa).

También es clave reformar los Planes de estudio y colaborar más con las empresas privadas, multinacionales e instituciones públicas, tanto para el contenido de los Grados como para los Master, para conseguir así elevar la empleabilidad de los universitarios y reducir su paro: la tasa de empleo de los jóvenes entre 25 y 34 años (el 52% con estudios universitarios) es del 82%, frente al 87% en la OCDE y UE (donde sólo el 45,4% de jóvenes tienen estudios universitarios). Y la tasa de paro de jóvenes universitarios es del 9% en España frente al 5% en la OCDE y la UE, el 3% en Alemania, el 6% en Francia o el 7% en Italia. Y bajar el porcentaje de universitarios que están sobrecualificados para los trabajos que hacen: el 34% de los que trabajan aquí, frente al 21,3% de los que trabajan en Europa.

Y además, urge ayudar a los estudiantes a buscar una vivienda donde alojarse mientras estudian, al haberse disparado los alquileres. Choca que sólo el 4.1% vivan en una residencia universitaria cuando ahí residen el 14,6% de los universitarios en Europa. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha destinado 45 millones a financiar 1.525 alojamientos en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana, un avance insuficiente, porque el 51,2% universitarios viven con sus padres y otro 21,7% comparten piso, con serios problemas para llegar a fin de mes. Por eso, hay un alto porcentaje de universitarios que no encajan y se sienten agobiados y menos felices, según un reciente informe de CYD. Y sus profesores y rectores también tienen serios problemas, por su alta precariedad y la falta de recursos y medios. Es hora de apoyar seriamente a las Universidades públicas, como a la sanidad pública o al resto de la enseñanza. En este caso, además, nos jugamos el futuro de la élite que debe impulsar España este siglo.

España, el primer destino inmobiliario de Europa

2026-09-24T11:00:00.000+02:00

España es ahora el país europeo con más inversiones inmobiliarias, saltando desde el puesto 7º en 2022 al 4º en 2024 y al 2º en 2025. Y se espera batir un récord histórico en inversiones inmobiliarias, desde la compra de viviendas y oficinas a hoteles, residencias de estudiantes y ancianos, hospitales, centros de datos, centros comerciales, industrias y centros logísticos. La mitad de esta inversión inmobiliaria récord es de inversores extranjeros, que valoran las oportunidades de negocio en un país que crece más que el resto y donde hay gran demanda y escasa oferta inmobiliaria, lo que asegura una alta rentabilidad. Problema: esta “fiebre por el ladrillo” en España alimenta la subida de precios de viviendas e inmuebles, en máximos históricos, lo que impide que familias y jóvenes compren piso. Así se crea una “dualidad” en el mercado inmobiliario: inversores que compran lo que sea, al precio que cueste y pagando al contado, y ciudadanos que no pueden comprar (ni alquilar) o que les desahucian. Cataluña ha aprobado una Ley para evitarlo. Algo habrá que hacer.

Madrid es la 2ª ciudad europea con más inversión inmobiliaria, tras Londres

La inversión inmobiliaria en España fue elevada a principios de este siglo, pero sobre todo de españoles que se lanzaban a comprar pisos y segundas viviendas, alimentando una “burbuja inmobiliaria” donde hubo poca presencia de inversores extranjeros. Así, la inversión inmobiliaria se mantuvo en torno a los 500 millones de euros anuales en los años 70, 80, final de siglo XX e inicios de este siglo XXI. Tras la crisis de 2008 y el desplome de precios, la inversión inmobiliaria se reanimó, ya con mayor participación de inversores extranjeros. Así, saltó de 4.700 millones en 2013 a un máximo de 20.383 millones en 2018, para estabilizarse en 12.250 millones en 2019, según datos de la consultora norteamericana CBRE. Pero en 2020, con la pandemia, la inversión inmobiliaria se desplomó, como todo, a 9.000 millones , recuperándose con mucha fuerza después: 17.625 millones invertidos en 2022. Y con la siguiente crisis (la guerra de Ucrania y la inflación disparada) y la subida de tipos del BCE, cayó un 35% en 2023 (11.613 millones), para recuperarse después en 2024 (14.000 millones) y aún más en 2025, que cerró con 18.400 millones de inversión inmobiliaria en España.

El pasado año 2025, la inversión inmobiliaria creció en España un +31% (hasta 18.400 millones), más de lo esperado y el triple que en Europa (+10%), empujada por los inversores extranjeros, que protagonizaron algo más del 50% del total invertido, sobre todo norteamericanos (15%) y británicos (8%). La inversión inmobiliaria se concentró sobre todo en Madrid y Barcelona (58% del total), siendo importante en la Comunidad Valenciana (11%), Andalucía (10%) y Canarias (6%).

Por sectores, domina la inversión residencial (“living”) supuso el 29% del total (5.415 millones), destacando la inversión en viviendas para compra y alquiler pero también en residencias de estudiantes y multiviviendas con servicios para mayores, cada vez más ofertadas. El segundo destino fue la inversión en hoteles (4.228 millones, el 23% del total), donde la preferencia inversora se dirigió a los hoteles de 4 y 5 estrellas, también al segmento de hoteles más económicos, con un 58% de la inversión dirigida a los hoteles vacacionales, siendo los principales destinos Canarias, Barcelona y Baleares (50% de la inversión hotelera total). El tercer destino inversor fue al comercio (“retail”), destacando las inversiones crecientes en Centros Comerciales y en locales de calles céntricas (+26%). Les siguen las inversiones en oficinas (12% del total), industrias y logística (6,9%) y otras inversiones (1.121 millones, el 6%), desde hospitales y clínicas, complejos deportivos o aparcamientos.

En 2026, ha seguido la “fiebre inmobiliaria” por España. Así, los datos del primer semestre de la consultora CBRE señalan una inversión de 12.034 millones de euros entre enero y junio, +59% que el año pasado y el mejor resultado en medio año de toda la serie histórica. El motor de este aumento, mayor del esperado, han sido 7 grandes operaciones inmobiliarias (más de 300 millones cada una) en residencias de estudiantes, centros de salud, aparcamientos, oficinas y Centros comerciales. Algo más de la mitad de esta inversión ha sido extranjera (17% canadiense y 10% USA) y casi una cuarta parte procede de inversores institucionales (Fondos, Planes de pensiones, aseguradoras y bancos), otro 20% de SOCIMIS (sociedades de inversión inmobiliaria que cotizan en Bolsa) y otro 17% de gestores de activos.

Más de la mitad se ha invertido este año en Madrid (56%) y otro 13% en Barcelona, mucho menos en Andalucía (8% del total), Comunidad Valenciana y Baleares (5%) o Canarias (3%). Destaca este año el fuerte crecimiento de la inversión en vivienda y mercado residencial (4.580 millones hasta junio, +156%, con un gran salto en residencias de estudiantes e inmuebles con servicios para mayores), a la que sigue la inversión en hoteles (2.090 millones, +17%), comercio (1.630 millones,+14%), oficinas (1.621 millones,+14%), inversiones alternativas (salud, aparcamientos, complejos deportivos, centros de datos: 1.400 millones, +11,2%) e inmuebles industriales y logísticos (690 millones, +6%).

Para el 2º semestre de 2026, los expertos de CBRE han mejorado su previsión inicial , a la vista del récord del primer semestre, por lo que suben su previsión de inversiones para todo 2026: si antes estimaban un crecimiento del 5 al 10% sobre 2025, ahora apuestan por una subida del +15%, para cerrar el año con 21.100 millones de inversiones inmobiliarias en España, un récord histórico (superaría los 20.383 millones de 2028). Y eso gracias a un entorno de enorme liquidez (hay mucho dinero buscando rentabilidad) y estabilidad monetaria, con tipos bajos a pesar de las subidas (2,5% ahora y el 3% a finales de año), lo que resalta aún más la alta rentabilidad de la inversión inmobiliaria en España: +11% en oficinas, +9,9% en locales y +6,7% en viviendas, según un reciente estudio de Idealista.

Con ello, la previsión de la consultora CBRE es que España lidere la inversión inmobiliaria en Europa en 2026, adelantando a Reino Unido (que lleva años en el primer puesto del ranking) y por delante de Alemania, Polonia, Francia, Italia o Portugal. Y esto será un gran hito porque supone un gran salto en el ranking inversor: de no estar en el Top Ten hasta 2021, cuando entramos en el puesto 7º, a subir al 4º puesto en 2024, subir al 2º el año pasado (tras Reino Unido) y ser el país líder ahora. Y además, la previsión de CBRE es que España coloque en 2026, por 2º año consecutivo, a 2 ciudades entre las 5 ciudades europeas más atractivas para los inversores inmobiliarios internacionales: Madrid, que consolida su 2º puesto tras Londres, y Barcelona, en 4º lugar, tras Londres, Madrid y París, por delante de Varsovia (5ª), Viena (6ª), Berlín (7ª), Lisboa (8ª), Copenhague (9º) y Milán (10ª).

¿Por qué España se ha convertido en el país europeo más atractivo para la inversión inmobiliaria? Los expertos aportan tres razones básicas. Una, porque sigue siendo el país de Europa cuya economía crece más y que además ha tenido y tiene un fuerte aumento de la población (+2,36 millones entre 2019 y 2026), lo que aumenta la demanda inmobiliaria, además de los récords de turistas (hoteles). Dos, porque España sufre un gran déficit inmobiliario en muchos segmentos de mercado, sobre todo de viviendas (se estima un déficit de 750.000 viviendas), lo que asegura unos precios altos y una elevada rentabilidad a la inversión. Y la tercera, que hay una tremenda liquidez, en el mundo, en Europa y en España, con lo que los inversores están prestos a invertir en destinos rentables, con una gran competencia por los activos más apetecibles (inmuebles, hoteles, residencias estudiantes, aparcamientos, clínicas o inmuebles con servicios para mayores).

Los expertos creen que España seguirá de moda para los inversores internacionales, que “han venido para quedarse”, al menos mientras la economía crezca y siga habiendo un alto déficit de inmuebles. Apuestan porque sigan creciendo mucho las inversiones residenciales, no sólo en viviendas para vender o alquilar sino también en residencias de estudiantes y ofertas con servicios para mayores y para internautas, así como las inversiones en hoteles, que se disparan cada año. Además, creen que 2026 “darán la sorpresa” las inversiones en oficinas y en comercio (sobre todo en Centros Comerciales, que no dejan de abrirse). Pero también creen que tienen mucho futuro las inversiones inmobiliarias “alternativas” : inmuebles para la salud, aparcamientos, centros deportivos, plazas de garaje, centros de datos…

El problema de esta “fiebre por el ladrillo” en España, que atrae a inversores de medio mundo y a inversores españoles, es que ha disparado los precios de los inmuebles, en especial de las viviendas para comprar (y con ello, los alquileres). Cuantos más inversores pujen por inmuebles y viviendas en España, más suben, a la vista de que la construcción crece lentamente y el déficit de viviendas sigue elevadísimo. El último dato de Vivienda es muy explícito: el precio medio de la vivienda era, en el 2º trimestre, de 2.355 euros/m2, lo que encadena 15 trimestres consecutivos de subida de precios (desde octubre de 2022, cuando el precio era 1.740 euros/m2, un 35% menos). Incluso ahora, el precio medio de la vivienda (2.355 euros/m2) es mayor que en plena “burbuja inmobiliaria” (2.095 euros/m2 en el 2º trimestre de 2008). Y ese es el precio “medio”, que se supera con creces en Madrid (4.089,9 €/m2), Baleares (3.980,8 /m2), País Vasco (3.102 €/m2) y Cataluña (2.752 €/m2).

Además, muchos inversores compran para alquilar, lo que ha disparado los alquileres, para justificar la inversión: el alquiler medio está ya (agosto 2026) en 15,1 euros/m2 (1359 euros por 90 m2), según Idealista, más que en plena burbuja inmobiliaria (9,3 euros/m2 en junio 2008) y el doble de lo que costaba alquilar a comienzos de 2014 (7,3 euros/m2), cuando empezaron a subir los alquileres en España (+106% en los últimos 12 años y medio), en paralelo a la subida de las inversiones inmobiliarias. Y esa es la media, porque el alquiler real cuesta mucho más en Madrid (23,3 €/m2: 2.097 euros por 90m2), Barcelona (20,2 €/m2), Palma (19,3 €/m2), San Sebastián (18,1 €/m2), Málaga (16,5 €/m2) y Valencia (16,3 €/m2). Y muchos de estos altos precios se explican porque los Fondos y sociedades controlan el 15% de los alquileres (con gran poder de fijación de precios en algunas zonas y pisos) y porque muchos inversores (con 2 o más viviendas en alquiler) controlan otro 60% del mercado.

Al final, lo que sucede es que los altos precios de las viviendas y alquileres “atraen” más a los inversores, que “pujan” cada mes más por comprar inmuebles, sin preocuparles mucho cómo pagarlos: un tercio de los inmuebles que se compran en España se compran sin hipoteca (el 345%), al contado, según el INE, el triple que en 2020 (sólo el 18,5% se compraban al contado), lo que demuestra que muchos compradores lo hacen para invertir (otros por cambio de casa), con la perspectiva de lograr una rentabilidad más alta que en Bolsa o deuda. Y eso alimenta una burbuja de los precios inmobiliarios (de venta y alquileres), buena para los inversores y su rentabilidad pero muy mala para las familias y jóvenes que necesitan una vivienda. Una siniestra dualidad del mercado inmobiliario: tan rentable para unos, tan imposible para otros, que no pueden acceder ni con la mitad de su sueldo.

Algunos expertos y paises europeos se han planteado “frenar” o “penalizar” las compras especulativas de viviendas para frenar la subida disparatada de pisos y alquileres. En España, se espera que el Parlamento de Cataluña apruebe definitivamente en octubre una Ley de Vivienda para permitir a los Ayuntamientos “limitar la compra especulativa de viviendas en las zonas tensionadas” (271 municipios donde viven el 90% de los catalanes), con el apoyo del PSC,ERC, Comunes y CUP. El objetivo es que los inmuebles solo puedan adquirirse para destinarlos a residencia habitual o al alquiler permanente dentro de los límites de precio establecidos por la normativa. Eso reduciría prácticas como la compra de inmuebles por parte de grandes fondos de inversión para poner fin a los contratos de sus actuales ocupantes y reemplazándolos por alquileres de habitaciones o bien para revenderlos para obtener una plusvalía elevada. El problema es que la Ley catalana va a ser recurrida por el sector inmobiliario, que la considera “inconstitucional”.

Sea este tipo de Ley o bien otras medidas (como penalizaciones fiscales a las compras especulativas), algo habrá que hacer para frenar la especulación de la vivienda, que dispara los precios en un país donde tanta gente no puede acceder a la compra o el alquiler. Lo que está claro es que los inversores y Fondos no resuelven el grave problema de la vivienda en España, sino que lo agravan. Ya hay demasiados ejemplos de fondos que se dedican a comprar edificios para echar a los inquilinos y luego disparar los alquileres(como el reciente y triste caso de Maricarmen, la anciana de Madrid desahuciada con 87 años). Y lo que es seguro es que la fuerte demanda de inmuebles (y solares) por parte de inversores y Fondos extranjeros (para luego vender y alquilar) está disparando aún más los precios de venta y alquiler de la vivienda, que suben más que en la mayoría de Europa. Por eso, habría que regular el papel de estos inversores y Fondos, para que no “enturbien” más el mercado y contribuyan a aumentar la oferta y ofrecer pisos y alquileres razonables. Pero está claro que esto no es lo que buscan cuando invierten en España. Ojo a ser su “objetivo europeo”.

Menos envases y más reciclables

2026-09-21T09:00:00.000+02:00

El 12 de agosto echó a andar el nuevo Reglamento europeo de envases y residuos, norma que pretende reducir para 2030 los envases que utilizamos, que sean más reciclables y muchos puedan reutilizarse. Europa tiene un exceso de envases, que generan el 36% de toda la basura que tiramos. Y muchos no se reciclan, sobre todo los envases de plástico (sólo el 46% en España), lo que contamina tierras y aguas. Ahora, se obliga a las empresas a fabricar nuevos envases, más fácilmente reciclables y con etiquetas para los contenedores. Y se fuerza a supermercados y tiendas a que nos vendan a granel (con nuestros envases) y a que instalen máquinas para recoger botellas y envases, pagándonos por devolverlos. También las cajas de nuestras compras por Internet o en el transporte serán más pequeñas. Un gran esfuerzo para los fabricantes de envases, empresas de alimentación, tiendas y supermercados, que tendrán que innovar e invertir, aunque amenazan con subirnos precios por ello. Pero los consumidores saldremos ganando, aunque paguemos algo más.

Los envases suponen el 36% de la basura generada en Europa

Los envases dominan nuestra vida, desde las compras en el supermercado a los pequeños electrodomésticos o los pedidos por Internet. Sólo en Europa, los fabricantes de envases facturan cada año 160.000 millones de euros. Es una invasión de cajas, plásticos, cartones, vidrios y maderas que ya suponen el 36% de toda la basura que tiramos los europeos, según la Comisión Europea. Un consumo de envases que supera los 80 millones de toneladas al año en la UE-27 (79,7 millones Tm en 2023, según Eurostat) y que supone un consumo medio de 177,8 kilogramos por europeo al año (último dato, de 2023), siendo España el 7º país que más envases genera por habitante (179,2 kg), por detrás de Irlanda (223,1 kg/habitante), Alemania (215,2), Luxemburgo (204,5), Dinamarca (192,4) y Portugal (183,8 kg/habitante).

En Europa, sólo dos tercios de todos los envases (67,5%) se reciclan, según Eurostat (dato 2023), aunque hay 7 paises que reciclan más del 70% de sus envases: Bélgica (79,7%), Paises Bajos (75,8%), Italia (75,6%), Chequia (74,8%), Eslovenia (71%), Eslovaquia (71%) y España (recicla el 70,5% de todos los envases). La mayor parte de todos los envases son cartón y papel (el 40,4% del total), los embalajes que más se reciclan, pero los segundos envases más utilizados son los plásticos (19,88% del total en Europa, el 21% en España), que son los embalajes que menos se reciclan, según Eurostat: sólo un 42,1% en la UE-27 y un 46,15% en España, por detrás de Alemania (52,2%) e Italia (49%) y por delante de Suecia (28,6% envases de plástico se reciclan), Dinamarca (27,8%) y Francia (25,7%). Este bajo reciclaje de los envases de plástico es lo que más preocupa a la Comisión Europea, porque mucho plástico acaba en vertederos y exportado a terceros paises, contaminando tierras y aguas.

Ahora, la Comisión Europea quiere elevar al 70% para 2030 el reciclaje de todos los envases, un objetivo accesible en los de papel y cartón (ya se alcanza en 7 paises), pero difícil en vidrio, metal, madera y sobre todo en envases de plástico. Por eso, la Comisión y el Parlamento Europeo aprobaron el 19 de diciembre de 2024 el Reglamento 2025/40 de Envases y Residuos (PPWR), publicado en enero de 2025 y que ha entrado en vigor en toda la UE-27 el pasado 12 de agosto. Esta nueva norma sustituye a la Directiva 94/62 y el gran cambio es que ya no se permiten normativas nacionales sobre envases y reciclaje: los 27 paises tendrán que cumplir las mismas normas, sin excepciones, de aquí a 2030.

El nuevo Reglamento pretende un cambio de modelo en la política de envases y reciclaje: no se trata ahora de aumentar el porcentaje de envases que se reciclan sino de modificar el proceso desde el principio, reduciendo los envases que se utilizan (“el mejor residuo es el que no se crea”, insisten) y renovando esta industria, para que innoven y fabriquen envases más pequeños y más fácilmente reciclables, así como envases reutilizables. Todo ello, con 3 objetivos claros: evitar envases innecesarios y promover la reutilización, el rellenado y el reciclado, armonizar las medidas nacionales para evitar obstáculos comerciales y distorsión de la competencia en Europa y contribuir a “la economía circular” (extender la vida de los productos) y ayudar a conseguir cero emisiones netas en 2050.

Lo que ha arrancado el 12 de agosto, con el nuevo Reglamento de Envases y residuos (PPWR), es un proceso, con una serie de medidas y cambios que se introducirán obligatoriamente entre 2026 y 2030, el año final. Lo primero que ya está en vigor, desde el 12 de agosto, es que cualquier empresa fabricante de envases o envasadora tiene la obligación legal de estar inscrita en un registro oficial para poder seguir funcionando, a la vez que los distribuidores y supermercados adquieren la responsabilidad de vigilar que sus proveedores cumplan las nuevas normas. Además, se amplía “el marco de responsabilidad ampliada del productor”, un mecanismo que obliga a las empresas a asumir el coste total de la recogida y tratamiento de “sus” residuos, mediante tasas variables según el coste de tratamiento.

Otra novedad que ya está en marcha, desde el 12 de agosto, es que se prohíbe la fabricación y comercialización de envases con sustancias PFAS (perfluoroalquilados y polifluroalquilados), sustancias químicas que se utilizan para que los recipientes resistan a la grasa o al agua y que son habituales en envases de comida rápida y alimentos preparados (cajas de pizzas) y que se acumulan en el medio ambiente.

Veamos otras novedades futuras. A partir del 12 de febrero de 2027, las tiendas y super deberán permitir a los consumidores llevar su propio recipiente para comprar comida o bebida. Y los establecimientos der comida rápida deberán ofrecer también envases reutilizables, que deberán devolverse al establecimiento. En esa fecha, deberán ser “compostables” (descomponerse de forma biológica) las bolsitas de te y las etiquetas que llevan las frutas y hortalizas. El 1 de enero de 2030, los envases no deben incluir más del 50% de vacío (aire), lo que modificará algunas bolsas de aperitivos, los estuches de perfumes o los paquetes que nos llegan de las compras por Internet. En esa fecha, los supermercados no podrán vender frutas y verduras de menos de 1,5 kilos envasadas en plásticos ni agrupar con plásticos “pack” de productos (cervezas o Coca-Colas). Y desaparecerán los sobres individuales para condimentos (sal, aceite, kétchup…) en bares y restaurantes (deberán ofrecerse en envases rellenables), los pequeños botes de champú o los geles y cremas en dosis de los hoteles…

Una novedad destacada es que las tiendas y super tendrán que instalar un sistema de depósito para recoger botellas de plástico de un solo uso y latas de hasta 3 litros: el comprador pagará algo por estos envases (se habla de 10 céntimos) y si lo devuelve, la máquina o el establecimiento le devolverá lo pagado (lo que se llamaba “llevar los cascos” cuando yo era niño). Es el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), que el Reglamento europeo introduce para enero de 2029 pero que en España podría implantarse este año, en noviembre de 2026, dado que está previsto en un real Decreto de envases que el Gobierno español aprobó a finales de 2022, con acuerdo previo de Bruselas. El sistema preocupa a muchas tiendas y súper, que se quejan de que “no tienen sitio”, aunque ha tenido ya mucho éxito en 50 paises, donde se recuperan el 90% de los envases de bebidas.

Las tiendas y supermercados también van a tener que “hacer hueco” para otra exigencia de este Reglamento de envases: a partir de 2030, tendrán que destinar el 10% de su espacio de venta a “estaciones de rellenado” de productos, donde los compradores irán con sus propios envases y allí echarán parte de los alimentos y bebidas que compren. Un cambio de costumbre pero que ya se ha generalizado en las botellas rellenables de agua que muchos llevan hoy.

Otra novedad importante del Reglamento europeo es que obliga también a un cambio en el etiquetado de los envases, a partir del 12 de agosto de 2028: los futuros envases deberán llevar una “etiqueta europea armonizada”, que informe de los materiales que contiene y facilite su separación y reciclaje al incluir una etiqueta de colores, que facilite al consumidor una información precisa del contenedor donde debe arrojarse (se modificará también la información externa de los contenedores para facilitar “el emparejamiento”…).

El objetivo de todos estos cambios es revolucionar el actual sistema de envases y reciclado, desde el inicio (innovando los envases, con nuevos materiales y diseños) a la distribución y venta (asumiendo nuevas tareas en la cadena de suministro, desde envases reutilizables a venta directa), los bares, restaurantes y hoteles, también el transporte (el 40% de determinados embalajes que transporten deberán ser reutilizables y el resto, más pequeños y más reciclables), las industrias (entre ellas y con sus proveedores). Va a ser una revolución, que supondrá cambios a todos y una fuerte inversión a algunos. En España se estima que hay unas 28.000 empresas afectadas por este nueva normativa, un 80% pymes, que tendrán que invertir y ser más competitivas para afrontar estas nuevas exigencias.

Por todo ello, muchas empresas de alimentación, distribuidores y supermercados se quejan de este Reglamento, asegurando que las distintas obligaciones aumentarán sus costes, en un mal momento (encarecimiento de la energía, el transporte y los alimentos). Pero algunos expertos creen que las empresas que inviertan en menos envases y más reciclables lo acabarán recuperando, al tener que pagar menos tasas por reciclar. Con todo, podría haber un aumento de precios generalizado, por efecto de los nuevos costes, por lo que las asociaciones de consumidores piden al Gobierno que vigilen la aplicación concreta de las normas, para que su coste no recaiga solamente en los consumidores. Pero la OCU cree que los consumidores “saldremos ganando”: menos envases innecesarios, más envases reciclables, menos sustancias “problemáticas” en los envases, más posibilidades de reutilización y de uso de envases propios y unas etiquetas con información más clara.

Por su parte, Greenpeace valora positivamente que se prohíban ciertos plásticos y que se implante el sistema de recogida de envases SDDR, pero denuncia que la normativa europea ha sucumbido a las presiones del lobby del plástico, dado que fija reducciones de uso insuficientes (-5% para 2030 y -15% para 2040). Y reitera que la tasa real de reciclaje de los plásticos no es el 80% que dice Ecoembes, sino realmente por debajo del 30%, con lo que la mayoría de los residuos plásticos acaban en vertederos, incineradoras, en paises pobres o vertidos a tierras, ríos y océanos. De hecho, WWF denuncia que España es el 2º país que más plástico vierte al Mediterráneo después de Turquía y el cuarto país de la UE que más plástico consume.

En resumen, tenemos unos años por delante en que vamos a ver muchos cambios en los envases que vemos todos los días, desde los alimentos a las compras por Internet, y estaremos obligados a algunos cambios de hábitos, tanto al encargar comida como al comprar botellas o ir a comprar al súper con nuestros envases. Actitudes novedosas, que chocan hoy pero que pueden generalizarse mañana. Y las empresas, sobre todo, tendrán que estrujarse la cabeza y el bolsillo para inventar envases nuevos y más reciclables. Todo sea por reducir la basura que nos come y mejorar el medio ambiente. Poca broma.

Más incentivos a retrasar la jubilación

2026-09-17T11:00:00.000+02:00

Desde el 26 de agosto hay más incentivos para que un empleado retrase su jubilación y siga trabajando (jubilación demorada) y también para que un jubilado decida volver a trabajar y compagine sueldo y pensión (jubilación flexible). Son medidas que pactaron en 2024 el Gobierno, sindicatos y patronal, para frenar el gasto en pensiones, que superará los 200.000 millones de euros en 2026. Además, se mantienen otras medidas para penalizar la jubilación anticipada y facilitar la jubilación activa (cobrar parte de pensión mientras se trabaja). Gracias a esto, han bajado las jubilaciones anticipadas (el 31,4%) y se demoran muchas jubilaciones (el 11,8%), aunque todavía son pocos los jubilados que compatibilizan pensión y trabajo: 79.475, de 6,5 millones de jubilados. Los expertos piden reducir las exigencias para facilitar que muchos jubilados trabajen y campañas de información para divulgarlo. Es importante porque a partir de 2027 se jubila el grueso de la generación del baby boom (1958-1977) y en 2050 habrá 15,6 millones de pensiones, frente a 10,4 millones ahora.

Enrique Ortega

Asegurar el pago de las pensiones futuras es uno de los mayores retos de todos los paises occidentales, donde aumenta la esperanza de vida y el envejecimiento de la población mientras cae la población joven que trabaja. El problema es mayor en España, uno de los paises más envejecidos del mundo y donde sigue cayendo la natalidad, con un déficit de activos que cubren los inmigrantes. Eso ha disparado la factura de las pensiones, que era de 40.000 millones de euros el año 2.000 y superará los 200.000 millones en 2026. Y hemos pasado de 7,6 millones de pensiones a principios de siglo (4,6 millones de jubilación) a 10,4 millones de pensiones este año (6,6 millones de jubilación), que se dispararán a 15,6 millones de pensiones en 2050, con un gasto (16,8% del PIB) que será el mayor de Europa, según la OCDE y la UE.

Para afrontar este reto estructural, que se agravará en los próximos años, los distintos Gobiernos han aprobado varias reformas del sistema de pensiones. En 2011, el Gobierno Zapatero aprobó una primera reforma, con el apoyo de sindicatos y patronal, para frenar el crecimiento del gasto en pensiones, aumentando la edad de jubilación (hasta los 67 años en 2027: este año son 66 años y 10 meses) y endureciendo los requisitos sobre años cotizados para acceder al 100% de pensión. En 2013, el Gobierno Rajoy aprobó una 2ª reforma, en solitario (sin el apoyo de las fuerzas sociales), que apenas revalorizó las pensiones y estableció un mecanismo para reducir las nuevas pensiones futuras (que se retiró en 2018). La 3ª reforma se pactó en noviembre de 2020, en el Pacto de Toledo, entre sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (sólo Vox votó en contra), con un abanico de 20 medidas: pago por el Presupuesto de las pensiones no contributivas, subida anual del IPC, creación Fondo de Reserva (“hucha”), revisión cotizaciones y periodos exigidos, así como medidas para penalizar las jubilaciones anticipadas y promover la compatibilidad entre trabajo y pensión.

En 2019, un 40% de los jubilados se retiraban anticipadamente. Con las penalizaciones aprobadas a partir de 2020, esta tendencia se ha frenado, porque la jubilación sólo se puede anticipar 2 años y se recorta la pensión entre el -3,26% (si se anticipa 1 mes) y el -21% si se anticipa 24 meses (el recorte es menor para los que han cotizado más de 38 años y 6 meses: un máximo del -19%). El efecto de este cambio ha sido eficaz en poco tiempo: en 2025 hubo 104.655 jubilaciones anticipadas, un 27,9% del total de jubilaciones (375.324 altas), bastante menos que en 2019 (40% altas).Y en 2026, hasta agosto, son el 31,4% de las jubilaciones.

La otra medida aprobada en los últimos años, favorecer el retraso en la jubilación (“jubilación demorada”) también ha dado sus frutos, gracias a los incentivos aplicados: aumento del 4% en la pensión futura por cada año de retraso en la jubilación o pago único de un cheque de 4.400 euros a 13.800 por cada año de retraso o un incentivo mixto cuando se retrasa más de 2 años . En 2025 hubo 40.952 jubilaciones demoradas, un 11,1% de las altas de jubilación, más del doble que en 2019 (4,8% de altas demoradas, apenas 14.000). Y este año, hasta agosto, son 25.762 altas demoradas, el 11,8% del total de jubilaciones.

Como consecuencia de ambas medidas (penalizar la jubilación anticipada y favorecer el retraso de la jubilación), se ha conseguido aumentar la edad efectiva de jubilación, a 65,3 años de media en 2025 y a 65,4 años en 2026, un año más tarde que en 2019 (64,4 años). Y todo apunta a que esta tendencia seguirá en el futuro, frenando algo el gasto en pensiones.

Hasta esta última reforma de las pensiones, a partir de 2021, la casi totalidad de los trabajadores se jubilaba a la edad que les tocaba (65 años si ha cotizado 38 años y 6 meses y a los 66 años y 10 meses en 2026 si ha cotizado menos). Ahora, los trabajadores pueden elegir entre 4 tipos de jubilación. La primera, la jubilación parcial: a partir de los 60-62 años, permite reducir la jornada y el salario antes de la jubilación cobrando la parte proporcional de la pensión, cotizando a tiempo parcial hasta la jubilación total. Y se cobra de pensión el porcentaje de jornada que se reduce, muchas veces vinculada a la contratación de un joven (contrato “de relevo”). La segunda es la jubilación demorada: el trabajador retrasa su jubilación y sigue trabajando y cotizando, con vistas a cobrar una bonificación en su pensión cuando finalmente se jubile. La tercera, la jubilación activa: permite seguir trabajando (tras llegar a la edad legal de jubilación), a jornada completa o parcial, mientras se cobra una parte de la pensión (el 50%, que llega al 100% si es un autónomo con un empleado). Y la cuarta opción, la jubilación flexible: permite a la persona jubilada volver a trabajar, cobrando una pensión proporcional a su jornada de trabajo (del 50 al 75% de la jornada) y recuperando su pensión total cuando deje de trabajar.

De momento, estas nuevas modalidades de jubilación son minoritarias, menos usadas en España que en el resto de Europa. Así, en julio de 2026, eran 79.475 los trabajadores que compatibilizaban salario y pensión, a través de la jubilación activa y flexible, lo que supone sólo el 1,22% de todos los jubilados (6,5 millones pensionistas cobran una jubilación), aunque hace unos años la cifra era ínfima. Pero para impulsar estas jubilaciones compatibles con trabajar, que ayudan al sistema de pensiones (reducen la factura de las pensiones y aumentan las cotizaciones), el Gobierno aprobó el 26 de mayo dos cambios, pactados en 2024 con los sindicatos y la patronal, para incentivarlas, cambios en vigor desde el 26 de agosto.

El primer cambio mejora la jubilación flexible. Por un lado, se permite que puedan solicitarla también los jubilados que vuelvan a trabajar como autónomos, cuando hasta ahora sólo podían beneficiarse los que volvían a un trabajo asalariado a tiempo parcial. Y además, se amplía la jornada en la que pueden trabajar, entre el 33 y el 80% de la jornada habitual (ahora era del 25 al 75%), aumentando la pensión entre un 15 y un 25% según jornada.

El segundo cambio que ha entrado en vigor el 26 de agosto mejora además la jubilación demorada. Por una parte, se mejora el incentivo, ya que ahora computará por los semestres que se retrase la jubilación, no por años como hasta ahora. Y para las carreras más largas, los que demoren la jubilación 9 o 10 años, se establece un sistema fijo de incentivos: cobrarán un 4% más de pensión anual durante 5 años y otro 2% adicional cada 6 meses.

Las medidas adoptadas para que los mayores sigan trabajando y compatibilizando pensión y salario han provocado, junto a la mayor actividad de las mujeres y el aumento de la esperanza de vida, que aumenten los trabajadores mayores en España, según un estudio de Funcas. En 2025, el 53% de los que tenían entre 60 y 64 años trabajaban, la tasa más alta desde los años 80. El salto se ha dado en las mujeres (de trabajar el 10% con esa edad en 1970 se ha pasado al 48% en 2025), mientras baja entre los hombres mayores (del 70% en 1970 han bajado al 58% trabajando en 2025). A pesar de este aumento, España tiene una tasa de empleo entre 60 y 64 años inferior a la mayoría de Europa (donde hay 7 paises, Alemania entre ellos, donde trabajan más del 70%, con un 45% en Francia y un 60% en Italia).

También han crecido los españoles que trabajan con 65 a 69 años: trabajan el 14%, la tasa más alta desde 1981, cuando en el año 2.000 trabajaban sólo el 2,5% de estos mayores. Y en esta edad, son más los hombres que trabajan (el 13,5%) que las mujeres (11%). En este caso, España también está a la cola de Europa en trabajadores de 65 a 69 años, sólo por detrás de Rumania, Croacia, Francia (10%) y Bélgica, lejos de Alemania (el 28% de las personas de 65 a 69 años trabajan) e Italia (trabajan el 23%), según Funcas.

Así que todavía hay margen en España para aumentar el trabajo de los mayores, tanto de los que tienen entre 60 y 64 años (que no pueden jubilarse y no encuentran empleo) como los de 65 a 69 años (retrasando su jubilación o compatibilizándola con el trabajo). Eso aumentaría la tasa de empleo (tenemos 1 millón largo de ocupados menos que la media europea) y frenaría el crecimiento de los pensionistas y del gasto en pensiones. El problema es resolver el salto de la actividad a la inactividad, que en Europa es más progresivo y en España es más brusco: a los 60 años trabajan el 71% de los hombres y el 55,5% de las mujeres, pero el porcentaje cae a la mitad a los 64 años (trabajan el 37,5% de los hombres y el 31,6% de las mujeres) y el trabajo es “testimonial” a los 69 años (trabajan el 5,5% de los hombres y el 2,8% de las mujeres), según el estudio de Funcas.

Ahora, con las 4 modalidades de jubilación y las recientes mejoras en la jubilación flexible y demorada, se espera conseguir que más trabajadores alarguen su vida laboral (retrasen su jubilación) y que una parte creciente de los jubilados vuelvan a trabajar. Para conseguirlo, la OCDE recomendó a finales de 2025 a España que “suprima los obstáculos que todavía persisten para que los trabajadores de más edad se mantengan en su empleo”, señalando que hay problemas de burocracia y exigencias administrativas, además de una falta de información a los mayores y jubilados sobre las ventajas de seguir trabajando. Otro estudio, de Santa Lucía, propone que se unifiquen criterios y requisitos, que ahora crean confusión, para facilitar que más mayores sigan trabajando. Sobre todo en actividades de baja carga física y trabajos “intelectuales” como educación, sanidad, consultoría o distintos profesionales.

Es importante que esta parte de la reforma de pensiones (retrasar voluntariamente jubilación y compatibilizarla con el trabajo) funcione y se utilice más, porque vienen unos años donde se disparará el gasto en pensiones, al jubilarse a partir de 2027 el grueso de la generación del baby boom, los nacidos entre 1957 y 1.978 : más de 600.000 nacidos cada año en esos 22 años, frente a los 321.164 nacidos en 2025 y los 350.000 que nacerán hasta 2075. El pico de estas jubilaciones se dará entre 2040 y 2045, disparando el gasto en pensiones. Y como aumenta el envejecimiento y la esperanza de vida (de 84 años ahora a 87 años en 2050), aumentarán drásticamente las pensiones, de los 10,4 millones actuales (6,5 millones de jubilación) a 15,6 millones de pensiones en 2050.

Se podrán pagar, pero eso exigirá aumentar ingresos y cotizaciones, así como frenar el número de pensionistas alargando los años de trabajo, porque mucha gente puede trabajar después de los 67 años. Claro que eso exige un cambio de actitud de las empresas (que no quieren “trabajadores mayores”) y compatibilizar esta demora de la vida laboral con más trabajo para los jóvenes. Un reto difícil que obligará a más acuerdos sobre el futuro de las pensiones.

La inflación se come los salarios

2026-09-14T09:00:00.000+02:00

El verano ha dejado una inflación récord, el 4,3% en agosto, la mayor subida anual desde hace tres años y medio. La culpa la tiene la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el petróleo y los carburantes, subiendo también el gas, lo que ha encarecido la luz. Y todo apunta a que los precios seguirán altos hasta fin de año, salvo que se resuelva el conflicto con Irán, lo que provocó el jueves una 2ª subida de tipos del BCE, al 2,5%, que podría aprobar otras 2 subidas más este año, encareciendo las hipotecas. Mientras, los salarios de convenio suben sólo un 3,04%, con lo que los trabajadores pierden poder adquisitivo, como ha pasado en los últimos 6 años. Ahora, la patronal tiene paralizadas las conversaciones para negociar los salarios de 2026 a 2028, mientras los sindicatos piden subidas del 4% anual, argumentando el estancamiento de los salarios mientras suben los márgenes empresariales. Con los salarios bajos y la inflación subiendo, peligra el consumo y el crecimiento.

La subida de carburantes ha provocado un tercio de la subida del IPC

El verano ha disparado la inflación, del 3,2% que estaba en abril, mayo y junio al 3,6% en julio y el 4,3% en agosto, la inflación anual más alta en España desde febrero de 2023 (6%), un año después de la invasión de Ucrania. Ahora, la guerra en Oriente Medio (iniciada el 28 de febrero de 2026) ha disparado los precios de la energía y la inflación en todo el mundo y en Europa, aunque ha subido más en España: del 2,3% en febrero al 4,3% en agosto, mientras en la zona euro subió la inflación al 3,3% en agosto, con subidas menores en Francia (+2,4%) y Alemania (2,9%), equiparándose en Italia (+3,3% inflación en agosto).

Un tercio de la actual subida de precios lo explica la subida de los carburantes, sobre todo el gasóleo, por la subida del petróleo: pasó de costar 70,75 dólares barril el 26 de febrero a un máximo de 118,35 dólares el 31 de marzo (+67,22%), para volver a bajar por debajo de los 100 dólares en la mayor parte de abril, mayo, junio, julio y agosto (entre 85 y 95 dólares en verano), y superar los 100 dólares en septiembre (ver evolución), ante la reanudación de los ataques (costaba 104,65 dólares/barril el viernes). Esta subida del crudo ha disparado el precio de los carburantes, más el gasóleo (ha subido un +24% desde el inicio del verano) que la gasolina (+20% de subida este verano), debido a la falta de refino de gasóleo en las refinerías europeas (salvo en España), que han disparado las importaciones, en unos meses donde se han frenado las exportaciones de gasóleo de Rusia y China, los dos grandes refinadores mundiales.

En España, el gasóleo ha llegado a superar los 2 euros/litro y la gasolina los 1,85 euros/litro, a pesar de las ayudas aprobadas por el Gobierno en marzo, que rebajó el IVA del 21 al 10% hasta el 30 de junio. En julio, el IVA volvió al 21%, pero se aprobó un descuento de 15 céntimos por litro, que se redujo a 10 céntimos por litro en agosto y volvió a bajar a 5 céntimos para la gasolina en septiembre pero subió de 10 a 20 céntimos para el gasóleo. A pesar de estas ayudas, la subida de los carburantes este verano explica al menos un tercio de la actual inflación, según un estudio de CCOO, y ha permitido a las petroleras españolas aumentar un 28% su margen sobre ventas, disparando sus beneficios (2.221 millones en el primer semestre Repsol y 641 millones Moeve, mucho más que en todo 2025).

Otro culpable de la subida de precios de este verano es la factura de la luz. Hasta junio, tuvimos un cierto alivio en el recibo, gracias al efecto de las medidas tomadas por el Gobierno en marzo: rebaja del IVA del 21 al 10%, bajada del impuesto especial a la electricidad del 5,11% al 0,5% y suspensión temporal del impuesto sobre la producción eléctrica (7%). Pero desde el 1 de junio, los impuestos volvieron a su porcentaje anterior, aunque un real decreto aprobado a finales de junio introdujo una eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica (desde 2026 a 2028). Sin ayudas, el coste de la electricidad en el mercado mayorista subió de 69,59 euros/MWh en junio a 104,75 en julio y 118,25 euros/MWh en agosto. Y aunque se produjo mucha electricidad con energía renovable (el 55,36% entre junio y agosto), hubo que echar mano de las centrales de gas natural, para atender los picos de demanda y el enorme consumo de aire acondicionado. Y el gas natural ha disparado también su precio con la guerra en Oriente Medio: de costar 44,50 euros en marzo a 59 euros a finales de julio, 69,80 euros en agosto y 81,50 euros el viernes (ver evolución precios).

Al final, los 8,3 millones de consumidores que tienen la tarifa regulada (vinculada a la evolución diaria de los precios mayoristas) han visto subir su recibo este verano: de 66,63 euros de media en junio a 85,68 euros en julio y 88,81 euros en el recibo de agosto. Y los 22,2 millones de consumidores que tienen contratada la luz en el mercado “libre” sufrirán esta subida cuando les toque revisar su tarifa (semestral o anualmente). Y todo apunta a que unos y otros verán subir más los recibos en otoño e invierno (cuando aumentará la demanda, por las calefacciones), dado que el conflicto de Irán mantiene unos altos precios del gas natural para las centrales térmicas, está subiendo el impuesto al CO2 (que las eléctricas repercuten) y seguimos pagando más “costes del sistema” para evitar apagones.

Ahora, el temor es que las subidas del petróleo y el gas, trasladadas a los carburantes y la electricidad, acaben contagiando al resto de la economía, sobre todo al transporte y a los alimentos, lo que mantendría una alta inflación en lo que queda de año. Además, la mala climatología de esta primavera (lluvias y granizos) y el calor desmesurado del verano van a repercutir en las cosechas y antes o después en los alimentos, sobre todo en la subida de frutas, verduras, huevos, carnes y pescados, en el precio de los alimentos frescos, que ya se dispararon en agosto (+4,5%), por el mayor consumo del turismo. Preocupa que ahora, en otoño e invierno, los supermercados y comercios suban sus precios y sea difícil bajar la inflación del 4%. De momento, el Banco de España estima una inflación del 3,6% para todo el año 2026, tras cerrase 2025 con una inflación del 2,9%.

El Banco Central Europeo (BCE) también teme que la inflación europea (3,3% en la zona euro, muy por encima del objetivo del 2%) no amaine en lo que queda de año y contempla tres escenarios. Uno muy malo, con el petróleo y el gas en 130 dólares, que llevaría la inflación al 5,8% a fin de año y a la economía europea a la recesión. Otro muy optimista, con el petróleo en torno a los 70 dólares y el gas en menos de 50 euros, que dejaría la inflación europea en el 3,4%. Y uno intermedio, con el petróleo en 99,2 dólares/barril y el gas en 77,1 euros, que dejaría la inflación europea en el 4% y permitiría sólo un bajo crecimiento europeo (+0,2%). Para intentar frenar la inflación, el BCE subió por 2ª vez los tipos el jueves (la 1ª fue en junio, por primera vez en 3 años), un +0,25%, hasta el 2,50%.

La subida del BCE es otro error de los fundamentalistas de Frankfort y difícilmente bajará la inflación, que sube por la energía y la guerra en Irán. Pero lo que sí hará es encarecer las hipotecas: el Euribor ya supera el 3%, lo que sufrirán los 4 millones de españoles hipotecados, que pagarán más en su próxima revisión. Y frenará el crecimiento europeo, ya débil.

Pero lo peor es que la inflación ha subido mucho y seguirá alta mientras los sueldos de los trabajadores apenas suben: hasta agosto, la subida de los convenios con vigencia para este año ha sido del +3,04%, según Trabajo, por debajo de la inflación anual en agosto, el +4,3%. Incluso los salarios crecen por debajo de la inflación media de enero a agosto, el +3,19%. Y esta es la subida para los 8,8 millones de trabajadores que tienen un convenio firmado, ya que la mayoría de los asalariados (hay 19,58 millones) no tienen convenio firmado y muchos han tenido subidas de sueldo inferiores a ese 3,04%.

Así que todos los trabajadores están perdiendo este año poder adquisitivo (un -1,2% de momento), situación que se ha repetido en España en los últimos 6 años. Los datos son claros. La subida salarial de los convenios ha sido de +16,65% entre el año 2.020 y el 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2020 y 2025, según el INE. Eso supone una pérdida de poder adquisitivo del -6,85% en estos últimos 6 años. Y muchos trabajadores sin convenio (sólo lo firman unos 11 millones de media de los 19,5 millones de asalariados) han tenido incluso subidas salariales menores, con lo que han perdido todavía más. La pérdida de poder adquisitivo se concentró sobre todo en 2021 (+3,1% de inflación media y +1,45% de subida salarial) y 2022 (+8,4% de inflación y +3,02 de subida salarial), mientras los salarios crecieron ligeramente más que los precios en 2023 (+3,61% frente a 3,5%), 2024 (3,32% frente a 2,8%) y 2025 (los convenios subieron el año pasado un 3,53%, frente a una inflación media del 2,70%).

Pero además, hay gastos básicos de las familias que han subido mucho más que los sueldos (+16,65%) en estos últimos 6 años (2020-2025). Es el caso de los alimentos (han subido jun 37,7%, según el INE), la vivienda (+24,5%), el vestido y calzado (+25,3%), los hoteles y restaurantes (+28,3%) y, sobre todo, los alquileres: han subido de media un 41,34% (de 10,4 euros/m2 a 14,7 euros/m2), según Idealista, y algo más en el caso de Barcelona (+48,75% entre 2020 y 2025) y Madrid (+48,75%).

Mientras, los márgenes y beneficios empresariales han subido mucho más que los salarios en estos años y en lo que va de siglo. Así, entre 2020 y 2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%, mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una tendencia que se viene dando desde el año 2.000: los beneficios brutos de las empresas se han multiplicado por 2,9 y los beneficios netos por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones), un aumento del +170%, según este estudio de Funcas. Y desde 2019, el beneficio de las empresas del IBEX ha aumentado un +139%, mientras cuadruplicaban los dividendos que repartían a sus accionistas. También es clarificador lo que ha pasado en 2025: el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.

En 2026, mientras los sueldos suben menos que la inflación, los márgenes empresariales siguen subiendo más: en el 2º trimestre, el margen medio sobre ventas de las empresas españolas fue del 12,5%, frente al 10,5% de media entre 2009 y 2021, según el Observatorio de Márgenes Empresariales. Pero hay muchos sectores que tienen unos márgenes mucho más altos, como el refino (28,4%, un máximo histórico), el sector energético (24,5% eléctricas y petroleras), el sector inmobiliario (31,1%), la banca (29%) y las industrias extractivas (22,3%). Además, en los últimos años (desde 2018), la productividad por empleado ha aumentado un +44% mientras sus salarios han crecido un +33% y los márgenes empresariales brutos por cada asalariado han aumentado un +55%, según un estudio de CCOO. Por esto, los sindicatos creen que es hora de “repartir mejor el crecimiento de la economía”, que crezcan más los salarios dado lo que están creciendo los márgenes y beneficios empresariales. Y para recuperar poder adquisitivo ahora que tenemos una alta inflación.

Por eso, UGT y CCOO proponen subir los salarios un 4% anual en 2026, 2027 y 2028, más una cláusula de revisión del 1,5% si la inflación sube estos años más de lo esperado (ojo: sólo 4 de cada 10 trabajadores con convenio tienen cláusula de garantía salarial por si se dispara la inflación). Y que el salario mínimo interprofesional suba más del 5% en 2027.

El problema ya no es que la inflación se esté comiendo el sueldo de muchos trabajadores, otro año más, sino que la patronal no tiene ninguna prisa en sentarse a negociar las subidas salariales que deberían hacerse este año y los siguientes. El último acuerdo salarial entre empresas y sindicatos (el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el AENC) terminó su vigencia en diciembre de 2025 y todavía no han conseguido sentarse para alcanzar el VI AENC, que debería haberse firmado en mayo (como el V AENC). La patronal CEOE no tiene ninguna prisa, preocupada sólo por sus elecciones internas del 1 de octubre, aunque sólo hay un candidato, el actual presidente, Antonio Garamendi. Así que se retrasa un nuevo acuerdo de salarios para 2026 a 2028, por lo que los sindicatos anuncian movilizaciones.

En definitiva, los trabajadores y sus familias sufren una alta inflación pero las empresas no tienen prisa por subirles los sueldos, que en su mayoría son bajos (dos tercios de los trabajadores, 12,45 millones de asalariados ganan menos de 1.711 euros netos al mes en 14 pagas). Y además, no quieren subirles más del 3%, con lo que volverían a perder poder adquisitivo, mientras crecen los beneficios empresariales. Ojo: los bajos salarios son un problema, no sólo para los trabajadores que los cobran sino para el conjunto de la economía: si los salarios no suben algo más que la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los motores del crecimiento y el empleo.

Así que mejorar los salarios españoles, para que sean más “europeos” (26,2 euros/hora se paga en la UE-27 y 19,5 euros/hora en España) no sólo es una cuestión de justicia (el 64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, según los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Hay que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.

Curso escolar 2026-27: la enseñanza, al límite

2026-09-10T11:00:00.000+02:00

Esta semana han vuelto a colegios e institutos 8,2 millones de niños y adolescentes, una cifra de alumnos que cae por tercer año consecutivo, por la caída de la natalidad. Y han encontrado unos profesores hartos de su precaria situación laboral y que también protestan por no poder atender unas aulas cada vez más complejas, con muchos alumnos inmigrantes (el 13,5% y en algunas provincias hasta el 30%) y alumnos “con necesidades especiales” (el doble que hace 6 años). Por todo ello, los docentes han convocado huelgas en Madrid, Cataluña y Andalucía, que podrían extenderse este curso a otras 6 autonomías más. Los profesores piden más medios, más docentes y más gasto educativo, muy desigual entre autonomías. Y una bajada de los alumnos por clase, unos ratios muy diferentes entre autonomías. Este curso, la enseñanza no universitaria está al límite, mientras sigue la apuesta de muchas autonomías del PP por promover la enseñanza concertada y privada. Urgen medidas para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, “manifiestamente mejorable”.

Este es el tercer curso consecutivo en que bajan los alumnos de colegios e institutos

Este curso escolar 2026-2027 es el tercer año consecutivo en que se reducen los alumnos de las enseñanzas no universitarias, desde Infantil a Bachillerato y Formación Profesional (FP): serán unos 8.200.000 niños y adolescentes, 49.000 menos que el curso pasado, cuando ya bajaron en 67.425 alumnos (-43.024 chicos y -24.401 chicas), tras reducirse otros 17.425 alumnos el curso 2024-25, por la caída de la natalidad. El curso pasado (2025-2026), el último con datos oficiales, estudiaron 8.249.174 alumnos en los 28.633 colegios e institutos españoles, dos tercios en colegios públicos (que perdieron 53.765 alumnos) y un tercio en colegios privados (que perdieron sólo 13.660 alumnos). La caída de alumnos se nota sobre todo en Primaria (-48.773 el curso pasado), el 2º ciclo de infantil (-26.266 alumnos de 3 a 6 años) y en la ESO (-24.766), cayendo menos en Bachillerato (-3.713alumnos el curso pasado), mientras crecen los alumnos en el primer ciclo de Infantil (+3.268 alumnos de 0 a 3 años), en educación especial (+2.357) y, sobre todo, en Formación Profesional, la enseñanza que más crece en España (+30.185 alumnos el curso pasado).

Al haber nacido menos niños, los alumnos que se esperan este curso (8.200.000) serán casi los mismos que en el curso 2018-2019 (8.217.330). Los más pequeños (de 0 a 3 años) irán al primer ciclo de educación infantil (488.543 el curso pasado), una enseñanza no obligatoria que ya cubre a la mitad de estos niños (50,2% en 2025-26), una de las tasas más altas en Europa. En el 2º ciclo de Infantil (3 a 6 años) se matricularon el año pasado 1.079.663 niños. Y en Primaria (6-11 años) está el grueso de los alumnos, 2.711.025 el curso pasado. Crecen los alumnos de “educación especial”, hasta 45.725 estudiantes. Y el otro gran bloque de alumnos, 2.090.250 en 2025-26, estudiaron la ESO (12-15 años). Y Bachillerato (16-17 años) otros 741.280 alumnos, el 8% “a distancia” (online). Quedan los alumnos de Formación Profesional (FP), 1.211.062 el curso pasado, un récord histórico y el mayor salto en la enseñanza no universitaria, dado que sólo 582.576 alumnos estudiaban FP hace 6 años.

La pérdida de alumnos en las enseñanzas no universitarias, de Infantil a Bachillerato, sería mucho mayor si no fuera por los hijos de los inmigrantes, cuya presencia en las aulas se ha disparado: eran sólo 207.112 a principios de siglo (curso 2001-2002), el 3% de todos los alumnos, y subieron hasta el 10% en el curso 2021-22 (857.175 alumnos sin nacionalidad española) para alcanzar el curso pasado (2025-26) la cifra de 1.175.063 alumnos extranjeros, el 13,5% del total de estudiantes de enseñanzas no universitarias, según los datos de Educación. Un tercio son alumnos nacidos en Latinoamérica, un 23,7% son de origen europeo y otro 21,8% africanos, destacando por paises Marruecos (193.809 alumnos), Colombia (128.612), Rumanía (93.821), Venezuela (85.273), Perú (67.938), China (44.896) y Ucrania (44.311 alumnos). Con todo, hay una gran diferencia entre autonomías: el mayor porcentaje de alumnos extranjeros se da en los centros de la Comunidad Valenciana (19,9%), Baleares (19,3%), la Rioja (18,6%), Aragón (17,6%), Cataluña (17%), Madrid (16%) y Murcia (15,8%), mientras es bajo en Extremadura (5%), Galicia (6,6%) y Andalucía (7,9%). Eso sí, el 74,7% de estos alumnos extranjeros estudian en centros públicos.

Este curso 2026-27 no habrá grandes novedades educativas, salvo que será el 5º Curso en que se aplique la nueva Ley de Educación, la Lomloe (aprobada en 2020 y que se empezó a implantar en el Curso 2022-2023), con lo que se graduarán de la ESO los segundos estudiantes educados con la nueva Ley, que pretende una educación menos “memorística” y más basada en potenciar habilidades, como defienden los expertos educativos y el Informe PISA, aunque los expertos creen que apenas se notará el cambio, porque hará falta más tiempo y el reciclaje de los profesores. También será el 2º año en que se mantendrán las prohibiciones y limitaciones al uso de móviles en las aulas, generalizadas en toda España, aunque el País Vasco y la Rioja dejan que lo regulen los propios centros educativos.

La gran novedad de este curso escolar es el clima de preocupación y tensión con el que han vuelto a clase los profesores de colegios e institutos (806.153 docentes el curso pasado), sobre todo los que trabajan en centros públicos (589.058 profesores), aunque también los que trabajan en la enseñanza concertada (200.000 docentes). Ya en los últimos meses del curso pasado hubo destacadas protestas de profesores en media España y ahora se han convocado ya huelgas de docentes en Madrid (indefinida a partir del 14 de octubre), Cataluña (el 8 de septiembre) y Andalucía (el 11 de noviembre), mientras hay tensiones entre el profesorado y los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, Baleares, Navarra y Castilla y León, que podrían terminar en más paros de docentes.

El clima de hartazgo este curso entre la mayoría del profesorado se debe a una combinación de factores, laborales y educativos. En primer lugar, los profesores se quejan de la precariedad de su trabajo y sus bajos sueldos. Por un lado, el 31% de los docentes tienen un contrato temporal (llega incluso al 43,4% en Cataluña, al 41,3% en Canarias y al 37% de los docentes en Cataluña) y muchos sufren cada año que les despidan en junio y los contraten otra vez en septiembre. Junto a esta inestabilidad laboral, que se une a sufrir muchos cambios de centros, están sus bajos salarios: el sueldo neto de un profesor de Primaria oscila entre 1.700 y 2.200 euros, según antigüedad. Y el sueldo neto en Secundaria oscila entre 2.000 y 2.700 euros. Y en la reciente huelga, las cuidadoras de educación infantil denuncian sueldos de 1.100 euros a jornada completa…

Pero los profesores de colegios e institutos no se quejan sólo de su situación laboral, también protestan porque no pueden formar como quieren a sus alumnos, por falta de medios y personal. Su mensaje es claro: las aulas son ahora más diversas y complejas y no pueden dedicar a sus alumnos la atención que necesitan, lo que deteriora la calidad de la enseñanza. Por un lado destacan el cambio en el alumnado. Primero, por el mayor peso de alumnos extranjeros: el curso pasado, señalan, en los centros públicos de 17 provincias, al menos 1 de cada 5 alumnos eran extranjeros (el 30% en Alicante), lo que exige más dedicación, tanto para que aprendan la lengua (en ocasiones, además, la autonómica) como para que se adapten a una nueva formación, con el agravante de que muchos alumnos proceden de familias desfavorecidas (un tercio de los menores están en situación de pobreza) y eso dificulta su formación y reduce la ayuda en casa, obligando a una mayor atención docente.

Los profesores no sólo se quejan por la complejidad de tener más alumnos extranjeros sino también porque han aumentado los alumnos “con necesidades especiales”, desde alumnos con autismo (TEA) a estudiantes con déficit de atención (TDH), discapacitados y alumnos que se han incorporado tarde a la escuela. Los últimos datos oficiales (curso 2024-25) reflejan que los centros educativos acogieron a 422.631 alumnos con necesidades especiales en Primaria y 298.915 en la ESO, el doble que 4 años antes. Y si embargo, los centros no han duplicado medios, aulas ni profesores.

Además, los profesores se quejan de que cada vez tienen más tareas burocráticas, “papeleo” (desde rellenar informes a protocolos), lo que les impide aumentar las horas docentes para atender a los alumnos que necesitan más atención. Y, sobre todo, luchan porque los centros (públicos y concertados) aumenten recursos y plantillas, que consideran insuficientes. El sindicato CCOO considera que haría falta contratar a 80.000 nuevos profesores en colegios e institutos, sobre todo docentes para materias específicas, como matemáticas, filosofía, idiomas y FP, así como a profesores de refuerzo. Y además, piden un cambio radical en las oposiciones de docentes, denunciando falta de objetividad, disparidad de criterios entre tribunales y el alto volumen de suspensos en las últimas oposiciones.

La “marea verde” de profesores, que ha protagonizado las últimas protestas y está detrás de las próximas huelgas (muchas veces al margen de los sindicatos tradicionales) plantean sus reivindicaciones a las distintas autonomías, que gestionan la educación, pero también tienen una serie de exigencias al Ministerio de Educación. La primera, que complete la bajada de alumnos por clase (ratios) en toda España, dado que cada autonomía tiene un tope distinto de alumnos por clase en cada etapa escolar (ver mapas). En abril de 2012, el Gobierno Rajoy subió los ratios en las aulas (de 25 a 30 en Primaria, de 30 a 36 en la ESO y de 35 a 40 alumnos en Bachillerato) para poder imponer sus recortes en el gasto educativo.

En marzo de 2019, el Gobierno Sánchez revertió la medida a los ratios anteriores. Y posteriormente, las autonomías los han bajado algo, de forma desigual. Por eso, el Gobierno aprobó en abril de 2026 una Ley para homogeneizar los ratios en toda España: 22 alumnos por clase en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en la ESO (frente a 30 ahora). El problema es que esta Ley no se ha aprobado todavía en el Congreso, aunque el Gobierno confía en conseguirlo y aplicar las nuevas ratios progresivamente, desde el curso 2027-28 al curso 2031-32. Y mientras, ha pactado con los sindicatos rebajar, por decreto, los ratios en educación infantil (de 8 a 4 niños en 0 años, de 13 a 6 en 1 año y de 20 a 8 en 2 años), la reivindicación clave de la huelga de las escuelas infantiles. Se aplicarán en el curso 2027-28.

La 2ª exigencia de los profesores es que el Gobierno apruebe una normativa para exigir “unos parámetros mínimos de calidad” a los centros privados de Formación Profesional, que están proliferando por toda España (ya cuentan con un tercio de todos los alumnos) ante la falta de plazas en los centros públicos de FP. Los sindicatos creen que faltan 100.000 plazas en centros públicos de FP y eso ha promovido la creación de academias y “chiringuitos” de FP, con altos precios y financiados por inversores y Fondos extranjeros. Este boom de la FP privada se concentra en el País Vasco (43,8% alumnos), Madrid (37,6%), Cataluña (35,9%) y Andalucía (33,1%), con el agravante de que consiguen más prácticas en empresas que los centros públicos.

La 3ª exigencia de la marea verde es que el Gobierno impulse y financie con las autonomías un Plan para la climatización de las aulas, dado que los alumnos sufren unas aulas sobrecalentadas varios meses del curso escolar (y otras frío en invierno). Además, plantean que el Gobierno regule la Inteligencia Artificial (IA) en la educación y facilite a profesores y alumnos una plataforma pública de IA que puedan usar en clase. Por último, la marea verde de la enseñanza insiste en criticar que muchas autonomías (las gobernadas por el PP) están fomentando la enseñanza concertada y privada en perjuicio de la enseñanza pública, que es la que concentra más alumnos inmigrantes y con necesidades especiales o de familias con menos recursos. Son los famosos “conciertos” educativos, el dinero público que las autonomías transfieren cada año a los centros concertados. El gasto en conciertos ha pasado de 5.768 millones en 2014 a 8.342 millones en 2024, el 11,7% del gasto público total. Y eso provoca que los centros concertados ganen en alumnos, sobre todo en algunas autonomías que los apoyan más. Así, los 8.249.174 alumnos matriculados en infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP, el 66,7% acuden a centros públicos, pero un 24,6% acuden ya a centros concertados y un 8,7% a centros privados. Y hay autonomías con mucho más peso de la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (48,6%) o Madrid (46%), también Cataluña (35,3%) y Baleares (35,1%).

Al final, estos y otros problemas de fondo de la enseñanza no universitaria en España conducen a unos resultados educativos preocupantes, que les “duelen” especialmente a los profesores. Lo dejan claro los estudios PISA, que relegan a los alumnos españoles en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria 1ª etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Otro, el abandono escolar temprano, el alto porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar el Bachillerato o la FP: 12,8% en 2025 frente al 9,4% en la UE-25. Y el tercero, el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 11,5% en España y 11% en Europa.

¿Qué se puede hacer? Parece evidente que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP, sobre todo en centros públicos y en las autonomías que menos gastan por habitante (Madrid, Asturias, Cataluña, Galicia, Canarias, Castilla la Mancha y Baleares). Pero no se trata sólo de gastar más sino de gastar “de otra manera”, concentrando el gasto en los centros y ciudades donde hay más problemas (barrios con más familias vulnerables y más inmigrantes), reforzando la enseñanza de quienes lo más lo necesitan, con clases de refuerzo, desdobles y profesores de apoyo. Y en paralelo, reforzar las plantillas docentes, estabilizando sus contratos y mejorando sus sueldos y su formación (con esa buena idea del MIR educativo, para los profesores que empiezan).

Y sobre todo, urge un Pacto educativo, entre el Gobierno central, las autonomías, los profesores y las familias, para asegurar una financiación suficiente y acordar medidas para mejorar la calidad de la enseñanza. Pero aquí nadie busca consensos y por ello se avecina un otoño de huelgas en la enseñanza. Lo pagarán nuestros niños y jóvenes, el futuro del país.

Verano 2026: emergencia climática y migratoria

2026-09-07T09:00:00.000+02:00

Hemos sufrido el verano más caluroso y seco de la historia. Europa ha sido la “zona cero” de esta “emergencia climática”, con 35.000 muertes por calor, grandes incendios, sequía y ríos sin agua, aunque en España ha sido peor: 5.235 muertes, la mitad de las hectáreas quemadas en Europa, y daños en infraestructuras, cultivos y ganado, que encarecerán los alimentos. La otra emergencia del verano, la migratoria: 80.000 inmigrantes “invadiendo” Ceuta, ante la desatención de Europa, un problema sin fácil solución ante millones de jóvenes africanos sin futuro. España debería acordar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática y la inmigración ilegal, pero PP y Vox son cada vez más negacionistas y xenófobos, como muchos políticos en Europa. También urge un Pacto para resolver el grave problema de la vivienda y acordar una nueva financiación autonómica que refuerce sanidad, educación y servicios públicos. Pero seguirá el bloqueo político y los problemas sin resolver. Menos mal que la economía va bien, aunque muchos españoles no lo noten. Será un otoño complicado.

Las olas de calor han provocado en España 5.235 muertes este año

La “emergencia climática” se ha mostrado con virulencia este verano en Europa, sobre todo en el sur, con temperaturas nunca vistas antes, tremendas sequías y múltiples incendios. Las olas de calor han provocado 35.000 muertes en el continente, mientras la falta de lluvias ha reducido drásticamente el caudal de los grandes ríos europeos (como el Rin y el Danubio), dificultando el importante transporte fluvial y cerrando centrales nucleares (por falta de agua para refrigerarlas) en Hungría y Rumanía. Además, la sequía y el calor han multiplicado los grandes incendios en Europa, sobre todo en España, Francia, Portugal, Italia y Grecia, con 7.682 incendios y 666.704 hectáreas quemadas, según Copernicus. Y han dañado los cultivos europeos (maíz, arroz, trigo y soja) y la ganadería.

España ha sido el país europeo que más ha sufrido esta emergencia climática, con una temperatura récord (+2,5 grados que la media) y una sequía sin precedentes, que han provocado 5.232 muertes (un récord histórico, según la estadística MoMo) y miles de incendios que han quemado 308.081 hectáreas, casi la mitad (46,2%) de toda la superficie quemada en Europa, muy por delante de Francia (106.042 Has. quemadas), Italia (95.234 Has), Portugal (70.519 Has) y Grecia (31.872 Has), según Copernicus, con 5 (Huelva, Ávila, Guadalajara, Huesca y Madrid) de los 10 grandes incendios europeos. Un clima que, además de encarecer la factura eléctrica, ha provocado enormes pérdidas en la agricultura y la ganadería, muy afectadas por las lluvias y borrascas (enero y febrero), las heladas (marzo) y el granizo (abril), el calor extremo (de mayo a agosto) y la falta de pastos, más los incendios, que han dañado a 15.800 hectáreas de cultivos (según Agroseguros), sobre todo cereal, viñedos, olivares, cítricos, frutos secos y ganado, lo que encarece muchos alimentos.

Todos estos problemas, desde las muertes por calor a los grandes incendios y la pérdida de cultivos no son un problema coyuntural, de este verano, sino algo estructural, derivado de la “emergencia climática”, que irán a más en el futuro. Por eso, el presidente Sánchez pidió, en medio del incendio de Guadalajara, un gran Pacto de Estado sobre la emergencia climática, con medidas para reducir las emisiones, potenciar las energías renovables y mejorar la prevención contra los incendios en invierno, dado que España invierte 4 veces más en apagar incendios (cuesta 10.000 euros/Ha) que en limpieza y prevención (cuesta 3.000 euros por Ha). Los expertos creen que bastaría actuar sobre el 5% de los 27 millones de hectáreas forestales para reducir drásticamente el riesgo de incendios. Pero el PP, que gobierna en 11 autonomías (en 4 con Vox), no quiere ningún Pacto climático, mientras defienden posturas negacionistas y contra el Pacto verde europeo.

La otra gran emergencia del verano ha sido la migratoria: a finales de julio, unos 80.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta, convocados por las redes sociales y ante la inacción de Marruecos (o su intervención activa, según un informe policial español), alentados por webs ligadas a Rusia, Israel y la ultraderecha USA, interesados en atacar al gobierno Sánchez y dividir Europa. Una crisis que ha colapsado Ceuta, por la tardía e ineficaz respuesta del Gobierno y porque hay que cumplir las leyes (españolas y europeas) para “expulsar” y acomodar a adultos y menores inmigrantes. Lo suyo sería un acuerdo político para resolver este grave problema migratorio, pero el PP (y Vox) lo están utilizando para dar la puntilla al Gobierno y apuntalar sus políticas antinmigración cara a las próximas elecciones, obviando que la inmigración ilegal ha bajado en España en los últimos años y es inferior a la de otros paises, según Frontex: 240.714 inmigrantes ilegales entre enero 2021 y junio 2026 en España, frente a 479.161 por Italia, 342.828 por los Balcanes occidentales (Bulgaria, Rumanía, Hungría y Croacia) y 262.718 entradas irregulares por Grecia.

Al margen del problema concreto de Ceuta, estamos ante otra emergencia “estructural”, que va a continuar, empujada por dos factores. Uno, la enorme diferencia de renta entre España (34.210 euros/habitante) y paises como Marruecos (3.972 euros/habitante) o Somalia (681 euros/habitante), el verdadero “efecto llamada”. Y el otro, que África es un continente con millones de jóvenes sin futuro, dispuestos a todo por saltar a Europa (a través de España): el 23% de los marroquíes tienen de 15 a 29 años y en los paises del Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Burkina Fasso y Chat), el 70% de la población tiene menos de 24 años… Una “bomba demográfica” que no se puede parar en ninguna frontera. Y que exige, no sólo muros y barreras, sino una política de ayudas económicas y colaboración con los paises de origen, acuerdos para traer temporalmente cupos de inmigrantes y más recursos para la atención e integración de menores e inmigrantes con derecho de asilo.

Las dos emergencias (climática y migratoria) no son un problema específico de España, aunque aquí sean más graves, por el mayor calentamiento del Mediterráneo y por ser el país frontera con Africa. Pero la emergencia climática y migratoria son dos de los grandes retos de Europa este siglo, junto a la demografía y la tecnología. Por eso, urgen políticas y medidas para todo el continente. Pero en los últimos años, la nueva Comisión Europea está dado marcha atrás en ambas políticas, forzada por la extrema derecha y la radicalización de la derecha tradicional: crecen las posturas negacionistas y se devalúa el Pacto Verde, mientras se deteriora la política migratoria europea, con propuestas como desviar inmigrantes a campos en terceros paises (como Italia en Albania). Sólo la vicepresidenta europea, la española Teresa Ribera, ha propuesto emitir deuda europea y crear un impuesto a las petroleras para financiar inversiones climáticas. Y en el tema migratorio, la Comisión y 22 paises criticaron a España por la invasión de Ceuta, sin aportar ayudas de Frontex para afrontar un problema que es tan europeo como español, porque Ceuta es la frontera sur de Europa.

Ante este nuevo curso político, hay otra emergencia pendiente, junto a la climática y migratoria: la vivienda. Su precio se ha vuelto a disparar en agosto (+15,6% anual), alcanzando los 3.166 euros por m2 (253.270 euros un piso de 90m2), según Fotocasa, un precio que sube a 6.624 euros/m2 en Madrid, 5.375 en Barcelona, 5.250 euros en Palma, 4.387 en Málaga y 4.226 en Bilbao. Eso obliga a contratar hipotecas de más importe, que además son más caras porque sigue subiendo el Euribor: 2,952% en agosto (2.114% en agosto de 2025), lo que encarece en 70 euros al mes una hipoteca tipo de 178.000 euros. Y si hablamos del alquiler, sigue subiendo (+5,8% anual en agosto), hasta 15,10 euros /m2 (1.359 euros un piso de 90 m2), según Idealista, que se disparan hasta 23,3 euros/m2 en Madrid o 20,2 euros en Barcelona.

La mayoría de las autonomías, gobernadas por el PP (y Vox) no aplican los topes al alquiler que permite la Ley de Vivienda en las zonas “tensionadas”, topes que se aplican ahora en 317 municipios de Cataluña (302), Navarra (21), País Vasco (11) y Galicia (2), con algunas bajadas en 22 de ellos, a costa de una menor oferta. Ahora queda ver el efecto del nuevo Plan de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno en abril y que ha sido criticado por las autonomías gobernadas por el PP, aunque han aceptado recibir las ayudas que contempla (4.200 millones de fondos estatales, a cambio de que las autonomías inviertan otros 2.800). El 28 de agosto, el Gobierno transfirió el primer pago a las autonomías, de 800 millones, destinado a promover vivienda protegida y rehabilitación.

En paralelo, Sumar trabaja para negociar con los grupos políticos un decreto de vivienda que el Gobierno presentará este mes de septiembre. Incluirá una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler (2 años más para los que venzan antes 30 junio 2028), una subida del IVA (del 10 al 21%) a los pisos turísticos y el endurecimiento de las multas por publicidad, normas para frenar los abusos en los alquileres de temporada y por habitaciones y beneficios fiscales a los caseros que bajen la renta a sus inquilinos. El problema está en salvar el doble veto al decreto por parte de Junts y de Podemos, que persiste en la retirada de la reforma de la Ley del Suelo (imprescindible para agilizar muchos planes urbanísticos).

Mientras las peleas políticas impiden pactar una política de vivienda que aumente el suelo urbanizable y la financiación de viviendas protegidas, también dificultan resolver otro reto pendiente: la mejora de la sanidad, la educación, la Dependencia y los servicios públicos, gestionados por las autonomías, que se quejan de falta de recursos. Para paliarlo, el Gobierno volvió a presentar el viernes 4 su propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, para sustituir al vigente (de 2009). El nuevo modelo cambia los criterios de pago por población ajustada, amplía la autonomía fiscal de las comunidades, blinda la solidaridad interterritorial y consigue que nadie ingrese menos que ahora, con un aumento global de la financiación a las autonomías de 20.975 millones sobre el modelo actual. Pero las autonomías del PP rechazan también el nuevo sistema, a pesar de que el actual perjudica a 4 autonomías, que reciben menos de la media (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla la Mancha). El Gobierno aprobó el viernes el nuevo sistema, sólo con el apoyo de Cataluña y Canarias, y pretende que entre en vigor el 1 de enero, aunque necesita que lo apruebe antes el Congreso (?).

Otro reto de los próximos meses será el Presupuesto para 2027, tras 3 años con Presupuestos prorrogados (2024, 2025 y 2026). El presidente Sánchez reitera que van a presentarlos en septiembre o en octubre, pero parece imposible que cuente con los apoyos necesarios para aprobarlos. Entre tanto, el Gobierno busca “atajos” para mantener la maquinaria del Estado y las ayudas a la economía: son las “modificaciones de crédito”, retoques que hace a las partidas del Presupuesto 2023, aumentando algunos gastos a costa de recortar otros. En el primer semestre de 2026, estos “cambios” han sido de 77.281 millones de euros, más que en todo 2025 (76.943 millones) y 2024 (52.300 millones), cambios destinados a cubrir más gastos en deuda (sube el pago de intereses), pensiones, Defensa e incentivos empresariales.

A pesar del bloqueo político y la incapacidad total de pactar acuerdos que afronten la emergencia climática o migratoria, el grave problema de la vivienda, la mejora del Estado del Bienestar y los servicios públicos o la financiación autonómica, la realidad es que la economía española sigue creciendo, mucho más que la del resto del continente y la de muchos paises del mundo: el PIB español creció un 0,7% entre abril y junio, según publicó el INE el 30 de julio, una décima más que en el primer trimestre (+0,6%), lo que supone un crecimiento anual del +2,7% (cercano al 2,8% que crecimos en 2025), frente al +1,2% que crece la UE-27, empujados por el turismo, la inversión y el consumo privado (ahora algo más débil).

Eso sí, España crece más que la mayoría de paises por el gran aumento de la población (somos 2.775.351 habitantes más que en 2019), gracias a los inmigrantes, que han aportado casi la mitad del crecimiento económico español (el 47%) entre 2022 y 2025, según Funcas. Crecemos más, pero porque hay más gente trabajando (+3.301.000 ocupados que en 2019), con lo que no crece tanto el PIB por habitante, la riqueza que se crea por cada español y que mide nuestro nivel de vida. En 2025, este PIB/riqueza por habitante fue de 38.272 euros, el 92% de la media de la UE-27 (41.600 euros/habitante), según Eurostat. Eso explica que España, la cuarta mayor economía de la UE (por PIB) baje al puesto 15º por el PIB por habitante, por detrás de los grandes paises de la UE y de otros menores como Irlanda, Malta, Chipre o Chequia. Así que crecemos más, pero producimos menos por habitante, porque tenemos una baja productividad, un reto histórico pendiente.

Por esto, los españoles notan menos el fuerte crecimiento, porque al producir menos por habitante, los sueldos y el nivel de vida son más bajos que en Europa: el salario hora en España es de 26,4 euros, frente a una media de 34,9 euros en la UE-27, 45 euros en Alemania, 44,3 euros en Francia y 32 euros/hora en Italia, según Eurostat. Y encima, tenemos más inflación que la media europea, en general y ahora, con lo que los españoles pierden poder adquisitivo, al subir menos los salarios (+3,02% hasta julio) que los precios: la inflación se ha disparado en España al +4,3% en agosto (por la subida de los carburantes y la luz), mientras la inflación en la zona euro es del 3,3% , con menores subidas en Francia (2,4% en julio), Alemania (2,8%) e Italia (2,9%), según Eurostat.

En definitiva, los españoles volvemos a la rutina con un país obsesionado por Ceuta y que no ha interiorizado el tremendo verano de calor e incendios que hemos sufrido, como si fuera algo “normal e inevitable”. Y sin exigir a los políticos que se pongan de acuerdo en lo fundamental, en frenar las muertes por calor y los incendios, la llegada de inmigrantes irregulares o la imposibilidad de encontrar una vivienda. Y seguiremos sufriendo las esperas para conseguir una cita del médico de cabecera o del especialista, porque hay autonomías que apenas gastan en sanidad, como tampoco en educación, mientras presumen de bajar impuestos (a los más ricos). Y llevamos 7 años con un sistema de financiación autonómica caducado, que agrava las desigualdades entre regiones. Y 3 años sin Presupuestos, por la imposibilidad de pactar prioridades de gastos e ingresos. Y con una economía que crece, pero que muchos españoles no notan, por sus bajos salarios y la alta inflación. Un otoño complicado…

Libros de geopolítica, vivienda y economía

2026-08-03T09:00:00.000+02:00

El verano tenemos más tiempo para leer, así que aprovecho para aconsejarles 5 libros recientes, que ayudan a explicar temas económicos de actualidad, desde los conflictos geopolíticos a la vivienda, pasando por las élites que dominan el poder político y económico en España. El primero es una especie de Atlas visual que explica con mapas y gráficos las tensiones geopolíticas en el mundo, desde la energía a las tierras raras. El segundo libro explica la llegada al poder de “los depredadores”, desde Trump y Milei a Putin, apoyados en los nuevos conquistadores tecnológicos. El tercero se centra en el grave problema de la vivienda, planteando el conflicto entre caseros e inquilinos y algunas soluciones heterodoxas. El cuarto repasa nuestra historia, desde Al Ándalus hasta hoy, explicando cómo las distintas oligarquías han “chupado” del Estado y de los españoles. Y se complementa con un 5º libro, que analiza las élites que han controlado el poder económico en España desde 1939 hasta hoy. Espero que alguno les interese. ¡Buen verano¡

El primer libro, “Las fuerzas que mueven el mundo: la geopolítica y la economía mundial en mapas” es más un Atlas que un libro al uso, porque consta de múltiples mapas que ayudan a explicar los principales problemas geopolíticos actuales, desde el reparto del petróleo y el gas por paises a las tierras raras o los chips. Su autor es un colectivo, el Orden Mundial, un equipo especializado en el análisis de la economía internacional. A lo largo de sus 205 páginas, en gran formato, aportan múltiples mapas con leyendas, textos y datos que sirven para entender “de un vistazo” los grandes problemas económicos y geopolíticos del mundo actual.

Tras una introducción donde resumen como está cambiando el mundo desde la pandemia (siempre con mapas), analizan los nuevos rumbos políticos, los gigantes tecnológicos, la crisis climática y los problemas comerciales globales, explicando la reorganización de los flujos de mercancías. Es muy importante el bloque que dedican a los recursos que sustentan la economía mundial y su distribución, desde el petróleo al uranio, las tierras raras y los chips, sin olvidar los recursos pesqueros y los alimentos. Otro apartado informa sobre los conflictos en el mundo y los puntos problemáticos, desde el mar de China al Ártico. También detalla la emergencia climática (en mapas) y el declive de la democracia en el mundo, anticipando las “nuevas fronteras”: los polos, los océanos y el espacio. Y destina un capítulo al papel de España en el mundo, también con múltiples mapas y datos, incluido un mapa sobre el uso del español en el mundo.

Tras este Atlas sobre la geopolítica actual, un libro que analiza los cambios en el poder mundial: “La hora de los depredadores”, de Giuliano de Empoli, un ensayo de un sociólogo y asesor político italiano que conoce muy bien los entresijos de la política internacional y que escribió en 2023 una novela imprescindible, “El mago del Kremlin”, sobre Rusia y el poder de Putin. En este libro explica la llegada al poder en el mundo actual de los nuevos líderes (los “depredadores”) , que no respetan las reglas ni las instituciones y ejercen el poder a su antojo mediante la fuerza bruta, el engaño y la colaboración de los tecno oligarcas que controlan las redes sociales y la inteligencia artificial.

El libro de Empoli, que es un ensayo pero se lee como una novela, explica el acceso de estos lideres tecnológicos y políticos al poder, con ejemplos concretos: el príncipe Mohamed bin Salman en Arabia Saudita, Bukele en El Salvador, Trump en EEUU y el escándalo de Cambridge Analitics, Elon Musk y su apoyo a la extrema derecha alemana, Sam Altman y el acenso de OpenAI… El autor, que se ha movido en la ONU y foros internacionales como asesor político del italiano Mateo Renzi explica los entresijos de cómo actúan estos personajes en las instituciones internacionales y con los demás gobiernos, detallando las claves de cómo gana terreno su “nuevo orden”, que está llevando al mundo al caos.

Tras estos dos libros, que pueden ayudarnos a entender mejor el complejo mundo que tenemos, un tercer libro sobre el mayor problema de los españoles, la vivienda: “Generación inquilina”, de Javier Gil, un sociólogo investigador del CSIC que trata de explicar qué pasa con la vivienda y plantea alternativas de solución, ciertamente heterodoxas. La primera parte del libro analiza el problema de fondo de la vivienda, que considera estructural y político, no coyuntural: la vivienda ha generado una “economía rentista”, donde la vivienda es una inversión para unos caseros con altos ingresos, inmobiliarias y fondos de inversión, que controlan las Leyes y normativas en su beneficio, perjudicando a una “generación inquilina” que no tiene ningún poder ni influencia y que vive cada vez peor porque les transfiere una parte creciente de su renta, aumentando la desigualdad en España.

En definitiva, señala Gil, la vivienda no sube por factores demográficos (más jóvenes y familias) o de escasez (faltan viviendas) sino porque es un activo financiero con el que se especula. Y sube porque hay mucha liquidez y una creciente demanda especulativa que dispara los precios. Y explica el comportamiento de los Fondos de inversión, inmobiliarias, grandes fortunas o ahorradores, que han convertido la vivienda en un activo muy lucrativo (más que la Bolsa o la deuda). Así que cuanto más suba la vivienda y el alquiler, más rentabilidad y más demanda, alimentando la especulación. Por eso cree que la solución no es construir más viviendas: eso alimentará la especulación.

Para el autor, la solución al problema de la vivienda no es edificar más sino reordenar el mercado y acabar con la economía rentista, frenar la demanda especulativa y proteger la demanda residencial, facilitando el acceso a la vivienda a los que no tienen un techo y frenando las compras especulativas de viviendas. Pero duda que el Gobierno (este y cualquier otro) se ponga del lado de los inquilinos, que tienen menos peso político y numérico que los propietarios, Fondos y empresas inmobiliarias, con lo que no se atreven a imponer controles y cambiar el modelo de la economía rentista por uno que considere la vivienda como un derecho y un bien social. Por eso, propone que los inquilinos se organicen (Javier Gil es miembro y asesor del Sindicato de Inquilinos) y que multipliquen sus protestas contra los abusos en la vivienda, con la propuesta de una posible huelga de pago de alquileres, como medida de presión para que la vivienda sea un bien social.

El 4º libro, “El Estado pesebre”, de Carlos Arenas Posadas, un historiador económico de la Universidad de Sevilla, es un libro de historia, pero de otra historia: de cómo las élites y las oligarquías han “parasitado” las cuentas públicas (se lo han “llevado crudo” de forma “legal”) en España, desde la época de Al Ándalus al franquismo y la transición democrática. Es una nueva versión (desconocida) de cómo las élites sociales y los grandes negocios han prosperado siempre en este país a la sombra del Estado. O más bien, cómo el Estado ha sido “parasitado” por las oligarquías, ha sido el verdadero “pesebre” de nuestra historia. Un demoledor repaso histórico de quienes han sido los sucesivos depredadores del dinero público, desde la Edad Media, el imperio, la reconversión liberal, la Restauración, la República, el franquismo y la transición demográfica, con distintos nombres y similares comportamientos.

El historiador hace un detallado repaso de nuestra historia para revelar como los estamentos nobiliarios, eclesiásticos, militares, plutócratas y oligarcas se han enriquecido en el pesebre de los distintos Estados y Gobiernos, utilizando la violencia física, material y moral, la impunidad, las patrañas, los falsos victimismos, trampantojos y bulos dirigidos a legitimar su poder. Y a lo largo los distintos siglos y épocas, desfilan por el libro los protagonistas de lo que el autor llama “el gran Comedero”: señores, frailes, obispos, inquisidores, virreyes, militares, usureros, aristócratas, burgueses, asentistas, reyes, políticos, altos cargos de la Administración, agricultores, industriales, lobistas, banqueros, comisionistas, fondos buitres… Y así hasta hoy, con los casos de corrupción repetidos en el siglo XXI. ¿Y ahora qué? El autor responde que cambiar una trayectoria milenaria no es sencillo, pero aboga por una mayoría social que promueva reformas para lograr un cambio verdadero. Nada fácil…

El 5º libro, “Las élites que dominan España”, ahonda en este tema de los que controlan el poder, con un análisis centrado entre 1939 y hoy, del franquismo a la democracia. Su autor es Andrés Villena Oliver, un sociólogo y profesor de Economía en la Complutense, cuyo libro tiene una reveladora historia: iba a ser publicado por Ariel (Planeta), pero fue descartado en el último momento por la editorial (no se sabe la razón) y se ha publicado en otra (Libros del KO), con una “aureola” de libro “medio prohibido” que ha disparado sus ventas. La tesis del autor es que la élite española de poder se compone de tres elementos (capital, empresas y Estado) que llevan décadas conectados entre sí por puertas giratorias. Es más, sostiene que la estructura de poder que se generó en la España franquista se ha mantenido en lo fundamental, con pocos cambios en los grandes poderes, tanto la banca y las grandes empresas como los grandes cuerpos de funcionarios que controlan el Estado, algo que trata de justificar a lo largo del libro, desde 1.939 hasta hoy, con una investigación documentada sobre lobbies empresariales, bancos, sagas familiares, instituciones políticas y medios de comunicación. Setenta años de historia en los que tecnócratas, financieros, altos funcionarios y empresarios actúan “como piezas de una misma maquinaria, diseñada para que nada esencial cambie”.

El libro analiza la estructura del poder en tres bloques. El primero, la dictadura y las redes del poder durante el franquismo, con los cambios de la tecnocracia a partir de 1959. Luego, los cambios de poder en la transición, con las crisis bancarias y los cambios en las grandes empresas. El segundo bloque detalla los cambios en la estructura del poder con la llegada del PSOE en 1982, que supuso la renovación del capitalismo español. Después analiza la llegada de Aznar, las privatizaciones, el clientelismo y el “milagro inmobiliario”. En el tercer bloque, analiza la época tecnocrática de Zapatero, la crisis política del 15-M y el final del bipartidismo, hasta el ascenso de Sánchez y la evolución de su Gobierno. Como conclusión, dice que “la democracia ha operado como una carcasa, gracias a la cual las élites han maximizado beneficios y poder”. Y plantea que sólo los colectivos sociales pueden generar nuevas oportunidades. Que la respuesta está “en la gente”.

Bueno, confío en que alguno de estos 5 libros le interese. ¡ Buen verano y hasta septiembre !

EPA junio 2026: a por los 23 millones trabajando

2026-07-30T11:00:00.000+02:00

Los recientes datos de empleo y paro confirman que la economía española lleva 6 años creando empleo (hay 22,77 millones de personas trabajando, casi 3 millones más que antes de la pandemia) y bajando el paro, ahora por debajo del 10% (9,87%), algo que no sucedía desde marzo de 2008, con 6 autonomías por debajo del 8%. El motor de este pujante empleo es el fuerte crecimiento de la economía, empujado por el consumo, el turismo, las exportaciones, los Fondos europeas y los inmigrantes (ya hay 3,75 millones de extranjeros trabajando). Ahora se espera alcanzar los 23 millones de ocupados este año y superar los 24 millones en 2029. Pero no podemos “dormirnos en los laureles”, porque tenemos más paro y menos empleo que Europa. Además, la incertidumbre internacional podría reducir el crecimiento y el empleo. Urge estar vigilantes y preparar medidas para fortalecer el empleo si hay problemas en los próximos meses. Hay que reciclar a los parados de larga duración y reformar de una vez las oficinas de empleo, que funcionan mal.

Enrique Ortega

El 2º trimestre del año suele ser bueno para el empleo, por la Semana Santa (cayó en abril) y por los contratos previos al verano. Este año 2026, tras un primer trimestre donde cayó el empleo (-170.300), el 2º trimestre ha seguido la tradición y se han creado 486.000 nuevos empleos, según la EPA publicada este martes, algo menos que la primavera de 2025 (+503.000 empleos). Con ello, se afianza la recuperación del empleo iniciada en el verano de 2022, tras la pandemia, y la ocupación en España va camino de los 23 millones de personas: había 22.779.000 personas trabajando a finales de junio, la mayor cifra de ocupados de nuestra historia. Y 2.974.100 personas más trabajando que a finales de 2019.

Para valorar el carácter histórico de los 22,77 millones de ocupados basta hacer un repaso al empleo en los últimos 60 años: en 1965 había 12 millones de personas trabajando en España (12.024.150) y una cifra similar a la muerte de Franco (12.857.720 en 1975), para caer después a un mínimo histórico en 1985 (11.004.200 trabajando, por la reconversión industrial) y remontar a finales de siglo (14.689.830 ocupados en 1999). A partir de ahí, los ocupados crecen, hasta 16,6 millones en 2002, 18,9 millones en 2005 y se alcanza el máximo en septiembre de 2007 (20.753.500 ocupados). Con la crisis financiera, el empleo cae año tras año hasta alcanzar el mínimo en diciembre de 2013 (17.135.200 ocupados). Luego se recupera poco a poco, para cerrar 2019 con 19.966.900 trabajadores. Y la pandemia hunde el empleo a otro mínimo en 2020 (18.607.300 ocupados en junio). Pero a partir de este suelo, el empleo se recupera con fuerza y supera los 20 millones en marzo de 2022 (20.084.799) y los 21 millones en junio de 2023 (21.056.600), para superar ahora los 22,77 millones de trabajadores, 10 millones más de personas trabajando que hace 60 años.

En el 2º trimestre, el aumento del empleo ha sido gracias a los servicios (+397.400 empleos), sobre todo la hostelería y el turismo, pero también han creado empleo la construcción (+56.600) y la industria (+38.200), cayendo sólo en la agricultura (-6.200 empleos). El empleo se ha creado básicamente en el sector privado (+501.600 empleos) y se ha perdido en el sector público (-15.600 empleos), por el fin de contratos en enseñanza y sanidad, según la EPA de junio. La creación de empleo se ha repartido casi por igual entre los hombres (+236.300 empleos) que entre las mujeres (+249.700). Y ha sido porcentualmente mayor la creación de empleo entre los menores de 25 años (+120.500 empleos) y entre los que tienen de 25 a 39 años (+201.200 empleos). Esta vez, la mayoría del empleo creado ha sido para extranjeros (+356.300 empleos, por el efecto de la regularización: ya hay 3.756.900 extranjeros trabajando en España) y ocupados con doble nacionalidad (+102.100 empleos: hay 1.249.100 trabajando), creciendo menos el empleo de los españoles (+143.800). Por autonomías, donde más creció porcentualmente el empleo fue en Baleares (+108.000), aumentando mucho en Cataluña (+130.800), Andalucía (+63.400) y Madrid (+62.100), cayendo sólo el empleo en Canarias (-25.100) y Galicia (-6.100).

La importante mejora del empleo en el 2º trimestre (+486.000 empleos) no se traducido toda en una bajada similar del paro (-213.300 parados), porque en paralelo han aumentado los españoles activos, las personas que buscan trabajo ahora: los “activos” han aumentado en +272.700 personas, impidiendo bajar más las cifras del paro. Es un proceso que se ve trimestre a trimestre (hay 452.500 personas más buscando trabajo que hace un año). Y hay un récord histórico de adultos “activos” (trabajando y buscando trabajo): 25.274.300 activos, 2,11 millones más que antes de la pandemia (23.158.800 “activos” a finales de 2019). Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo mismo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo.

El paro ha bajado en el 2º trimestre (-213.300 parados) gracias a los servicios (-170.300 parados), por el tirón en el turismo, la hostelería y el comercio, y a los que perdieron su primer empleo hace un año (-57.700 parados ahora), mientras baja poco el paro en el campo (-22.400), la industria (-10.900) y la construcción (-5.400), con 53.400 jóvenes que buscan su primer empleo, según la EPA de junio. El desempleo baja más entre las personas de 25 a 54 años (-185.100 parados), los de más de 55 años (-47.800) y los de 16 a 19 años (-33.700 parados), aumentando sólo entre los que tienen de 20 a 24 años (+33.700 parados). Y baja el doble el paro entre las mujeres (-145.400) que entre los hombres (-67.900 parados), reduciéndose lo mismo entre españoles y con doble nacionalidad (-106.600) que entre extranjeros (-106.600 parados). Por autonomías, el paro baja porcentualmente más en Baleares (-47.400 parados), destacando la caída en Cataluña (-92.600 parados), Comunidad Valenciana (-23.200), Galicia (-14.900) y País Vasco (-12.400 parados). Y el paro sube sólo en Andalucía (+5.400), Murcia (+3.410), Asturias (+900) y Extremadura (+600 parados).

La cifra total de parados EPA baja de los 2,5 millones (2.495.300 parados a finales de junio 2025), algo que no pasaba desde junio de 2008 (2.385.700 parados) y que supone 2,5 veces menos de parados que en lo peor de la crisis financiera (6.278.200 parados en marzo de 2013) Y la tasa de paro baja al 9,87%, según la EPA, mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde marzo de 2008 (9,60%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (6% en la UE-27 en junio) y casi triplicamos la alemana (3,9% de paro), según Eurostat. También baja este trimestre la tasa de paro de los jóvenes (menores 25 años), al 23,77% (15,5% en la UE-27).

Hay otros datos preocupantes del paro que también mejoran, según la EPA de junio. El primero, que hay 764.200 hogares con todos sus miembros en paro, 32.700 hogares menos que hace un año. El segundo, que sólo 8 regiones tienen una tasa de paro superior a la media (9,87%) : Ceuta (22.41% de paro), Melilla (20,74%), Andalucía (14,56%), Extremadura (13,22%), Castilla la Mancha (11,81%), Canarias (11,60%), Comunidad Valenciana (10,88%) y Murcia (10,83% de paro). Y ya tenemos 11 autonomías con una tasa de paro rozando el 8% e incluso por debajo (6,11% de paro Baleares, 7,11% País Vasco, 7,34% Cantabria, 7,58% Madrid, 7,90% Cataluña y 7,94% Galicia). Y el tercero, que bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin encontrar trabajo: son 892.500 desempleados, el 35,7 % de todos los parados (eran el 38,8% hace un año).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En mayo de 2026, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.686.936 desempleados: menos de la mitad (47,28%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 1.027,4 euros de media y el resto (52,72%) cobraban un subsidio asistencial de 480 euros. Así que sólo el 73,60 de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.291.982 en junio) cobran algún subsidio. Pero en realidad, con los datos del paro estimado hoy (2495.300 parados), sólo cobran alguna ayuda el 67,6% de los parados EPA (en 2019 cobraban el 61,5%).

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer semestre, el 42,87% de los contratos firmados fueron indefinidos, un porcentaje similar al de la primera mitad de 2025 (42,67%) y de 2024 (43,56% indefinidos), pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 16.629.300 asalariados con contrato indefinido, el 84,9% del total, frente al 74,61% de trabajadores fijos a finales de 2021, antes de la reforma laboral). Lo que también crece son los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que aumentan (+22.600 en el último año) y superan los 3 millones de asalariados (3.116.500 en junio), sobre todo por las mujeres (el 71,44% de estos contratos), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero algo menos que en 2025, porque creceremos algo menos (+2,6%, frente al +2,8% en 2025). El último cuadro macroeconómico, aprobado por el Gobierno el 29 de junio, prevé que crezcamos este año más de lo esperado en abril (+0,4%), a pesar de los conflictos geopolíticos y los altos precios de la energía, con lo que esperan que el empleo crezca en 2026 un +2,4% (+539.119 nuevos empleos), algo menos que en 2025 (+605.400 empleos), pero más de los empleos creados en 2024 (+468.100 empleos). Con ello, la previsión del Gobierno es alcanzar los 23 millones de personas trabajando a finales de 2026 ( y una tasa de paro del 9,9%). Y esa estimación prevé que el empleo siga creciendo (menos) en los años siguientes para superar los 24 millones de empleados en 2029 (4 millones más que en 2019), con una tasa de paro entonces del 8,5%.

Los datos indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el 2º país de Europa (tras Finlandia) con la mayor tasa de paro: 9,87% en España frente al 5,9% en la UE-27 y el 4,9% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: en marzo de 2026, trabajaban el 72,7% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 76,3% que trabajaban en Europa, el 75,2% en Francia o el 81,5% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene todavía 1,08 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,6 millones de españoles menos de los que deberían trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar y modernizar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos” En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de los parados con más problemas para recolocarse : parados de larga duración (el 35% de todos los parados llevan buscando empleo más de un año), mayores de 55 años (son el 20% de los parados) y los parados con poca formación (el 46% de todos los parados no tienen la 2ª etapa de la ESO o más). Eso exige planes de formación y reciclaje para orientarles a los empleos que más se demandan e incentivos a las empresas que los contraten.

Y la otra, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque están colapsadas (se tarda días en conseguir una cita previa para solicitar el subsidio) y además no ayudan a los parados a recolocarse. Se han cumplido 3 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan al 1,9% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 93.395 empresas y 29.777 ofertas de empleo. Urge reforzar la plantilla de la SEPE (que tiene 2.000 trabajadores menos de los que necesita), mejorar su sistema informático (pésimo) y cambiar la operativa de estas oficinas (gestionadas de forma muy desigual según las autonomías), para que se dediquen menos a tareas burocráticas y más a recolocar a los parados.

En definitiva, todos debemos alegrarnos porque siga creciendo el empleo y haya 22,77 millones de personas trabajando en España, 10 millones más que hace 60 años. Pero todavía trabaja menos gente que en Europa (de los que están en edad de trabajar) y muchos empleos son todavía precarios, demasiados a tiempo parcial y con bajos salarios. Y, sobre todo, muchos empleos se concentran en los servicios, con altibajos en las contrataciones, y todavía pocos en la industria, las empresas tecnológicas y exportadoras, que ofrecen empleos más estables y mejor pagados. Además, no podemos olvidar que hay mucha incertidumbre en la economía mundial, por la geopolítica, las guerras y los nuevos aranceles de Trump, situación que acabará perjudicando al empleo. Así que habrá que estar vigilantes y dispuestos a tomar medidas para salvar estos 22,77 millones de empleos y conseguir que sigan creciendo, hasta esos 24 millones previstos para 2029. Debería ser nuestro gran reto como país.

Vacaciones 2026: otro verano récord y caro

2026-07-27T09:00:00.000+02:00

Media España se va de vacaciones estos días y se encontrará con otro récord de turistas, nacionales y extranjeros, por tercer verano consecutivo. Se esperan 43 millones de turistas extranjeros entre junio y septiembre, 1,5 millones más que el año pasado, empujados más hacia España por la crisis de Oriente Medio. Y todos pagaremos más por los hoteles, apartamentos, restaurantes, bares y servicios, con una subida que supera el 60% desde antes de la pandemia. Pero no importa que playas, ciudades y pueblos estén saturados: la fiebre por viajar, aunque sea una semana, no amaina. Y España espera superar los 100 millones de turistas este año, otro récord que puede costarnos caro, porque hay zonas de España (Baleares, Cataluña, Costa del Sol y parte de Levante) supersaturadas y con las poblaciones locales agobiadas por el turismo. Por eso, el Gobierno y el sector tienen una hoja de ruta hasta 2030 para conseguir un turismo sostenible, de calidad, más diversificado y que no destroce los grandes destinos turísticos. ¡Feliz verano!

Se esperan 43 millones de turistas extranjeros este verano, 1,56 millones más que en 2025

España espera otro verano récord, el 3º consecutivo, tras una primavera que ha sido excelente para el turismo. Sólo en mayo, visitaron España 10.260.000 turistas extranjeros, +9,5% que en mayo de 2025 y el mejor dato de la serie histórica, con un gasto también récord (13.553 millones de euros), según el INE. Y si analizamos los 5 primeros meses de este año (enero-mayo), han visitado España 36.821.120 turistas extranjeros, +5% que en el mismo periodo de 2025. Son 1,8 millones de visitantes extranjeros más, que se han gastado 50.257 millones de euros (+7,78%), un gasto medio de 1.365 euros por turista, aunque han reducido ligeramente su estancia media (a 7 días), por la subida de precios.

Para el conjunto del verano (junio a septiembre), el Gobierno espera que vengan a España 43 millones de turistas extranjeros, una cifra que supone recibir 1,56 millones más (+6%) de visitantes foráneos que el verano pasado (41.432.649 turistas extranjeros). Y lo más importante: se espera que aumente más su gasto (+8%), hasta los 64.000 millones de euros en estos cuatro meses. De momento, los hoteleros hablan de una ocupación media muy alta (90%), no sólo en los hoteles sino en apartamentos turísticos, casas rurales y campings, un aluvión de turistas llegados a España sobre todo por avión, dado que las aerolíneas internacionales han programado 322.500 vuelos de julio a septiembre, un 6,1% más que el verano pasado, a pesar del aumento de precios y el encarecimiento del keroseno.

España es uno de los mayores destinos turísticos del mundo, pero lo será más este verano porque el sector espera recibir turistas que otros años viajaban a Turquía, Egipto o islas del Mediterráneo y que el conflicto de Irán puede desviar a España. Además, creen que también atraerá turistas el eclipse de sol esperado el 12 de agosto, que ha aumentado las reservas en una franja de la España interior, desde Galicia a Baleares. Y también ayudará la ligera revalorización del dólar frente al euro (costaba en enero 1,204 dólares y ahora cotiza a 1,143 dólares), lo que abarata un 5% las vacaciones en España a los que paguen en dólares.

En contra de la llegada de turistas a España juega el bajo crecimiento en algunos paises europeos (sobre todo en Alemania, que no despega), las olas de calor (que facilitan el turismo en el norte de Europa y retrae viajar a la calurosa España), los elevados precios en nuestro país (algunos destinos en Baleares y la Costa del Sol cuestan más que el Caribe o Asia) y la saturación de algunos destinos (Baleares, Barcelona, Costa del Sol), que no olvidan los extranjeros llegados los últimos años.

Quizás el mayor riesgo del turismo, junto a la saturación en algunas zonas de costa, sean las subidas de precios, que también afectan muy negativamente a los turistas nacionales, que optan por tomar vacaciones menos días a la vista de la subida de hoteles, apartamentos, bares, restaurantes y el ocio. Los hoteleros dicen que sus precios sólo van a subir el +5% este verano, pero la realidad es que la alta demanda ha subido los hoteles hasta un 10%. Y los datos del INE (IPC junio) revelan que los hoteles y apartamentos han subido un +11,4% anual (y el 30,4% en lo que va de año), aunque lo peor es que las subidas se han ido acumulando y hoy un hotel cuesta un 63% más que antes de la pandemia (2019). También han subido las tarifas del tren (+6,2% anual), los viajes en autobús (+6,7%), menos los vuelos nacionales (+4,2%), cayendo en el último año el precio de los vuelos internacionales (-2,9%), aunque suben en verano. Y los restaurantes y cafeterías suben un +4,4% anual.

El sector turístico ha aumentado mucho su facturación en el 2º trimestre (+4,2%) y espera volver a subirla (+3,2%) en el tercer trimestre, empujados por el aumento de turistas y la subida de precios, que justifican por las importantes inversiones realizadas (8.000 millones para mejorar la calidad de los hoteles en la última década). El motor de su actividad este verano será el aumento de los turistas extranjeros, aunque también esperan una mayor afluencia de turistas nacionales, si bien unos y otros reducirán algo su estancia (a 5 días los turistas nacionales y 7 días de media los extranjeros). Los destinos donde más aumentará el negocio turístico, según la patronal Exceltur, serán la Comunidad Valenciana (+12,5% ventas), Murcia (+9,5%) y Cataluña (+5,9%), aunque también aumentará el negocio en los destinos urbanos de Madrid (+7,2%), Extremadura (+9,2%) y Castilla la Mancha (+7,9%), así como algunos destinos de la España verde: Galicia (+5,2%), Asturias (+4,5%) y País Vasco (+3,9%). Y crecerá menos el negocio turístico este verano en las islas (+0,3% Canarias y +0,8% Baleares, muy saturadas), Andalucía (+1%), La Rioja y Cantabria (+1,8%).

Lo llamativo es que, tras este nuevo verano récord, el sector turístico espera un 4º trimestre muy bueno, con mayores llegadas de turistas (y mayor gasto) entre octubre y diciembre, a la vista de que las aerolíneas internacionales han reforzado sus vuelos a España para el 4º trimestre, aumentando también las reservas hoteleras. Por todo ello, el Gobierno espera superar este año 2026 los 100 millones de turistas: el año 2025 llegaron 96.770.515 visitantes extranjeros y si ese número creciera un 5% (como han hecho los turistas entre enero y mayo), acabaríamos el año con 101,6 millones de turistas extranjeros… Y con un gasto turístico que alcanzaría los 121.000 millones de euros (+5,3%). Eso supone que el turismo volverá a ser uno de los motores de la economía, aportando 228.396 millones al PIB (el 12,9% del total) y manteniendo 3 millones de empleos.

España superará los 100 millones de turistas en 2026, pero eso provoca una pregunta: ¿es sostenible esta masificación turística? . Es evidente que hay destinos turísticos saturados y no sólo las costas e islas en verano (Palma ha protagonizado una masiva manifestación contra la saturación turística), también muchas ciudades en cualquier fin de semana (Barcelona, Sevilla, Córdoba, Málaga, Palma, San Sebastián, Toledo, Santiago, Alicante…). Viajar se ha convertido en una “necesidad” tras la pandemia y el turismo (interior y extranjero) colapsa aeropuertos, trenes, carreteras, hoteles, restaurantes, bares y zonas turísticas. Muchos expertos y hasta empresarios del sector creen que ha llegado el momento de parar y reflexionar, de evitar “morir de éxito”. Urge perfilar un turismo sostenible, no sólo para los propios españoles residentes sino para los turistas nacionales e internacionales, que pueden buscar otros destinos si se “agobian” en España, si nos identifican con “colas” en aeropuertos, carreteras, playas y restaurantes, con precios superiores a viajar a destinos más exóticos y lejanos…

Esta reflexión sobre el futuro del turismo en España se ha plasmado en la “Estrategia España Turismo 2030”, una “hoja de ruta” para el futuro aprobada por el Gobierno el 21 de octubre de 2025, tras muchos meses de debate con 200 entidades públicas y privadas del sector turístico. El objetivo es “transformar el turismo español hacia un modelo sostenible, equilibrado e inclusivo”, que se pretende conseguir con 5 programas (sobre destinos, empresas, trabajadores, residentes y turistas) que incluyen 15 metas, entre ellas, transformar los destinos turísticos, fomentar el turismo verde y de interior, innovar y digitalizar empresas y aplicar criterios sostenibles para el medio ambiente, formación continua de los trabajadores, armonizar el turismo y la vida local de los destinos turísticos (elaborando un Atlas de “intensidad turística”) y promover un marketing de España como destino sostenible.

Muchas de estas acciones están en marcha dentro de programas turísticos aprobados con Fondos europeos, de los que 3.400 millones se han destinado a la reconversión y digitalización del sector turístico, además de acciones medioambientales y campañas de marketing para conseguir una diversificación geográfica, temporal y motivacional de los turistas, para promover el turismo de negocios, verde, cultural, gastronómico o deportivo, no sólo nuestro sol y playa. En paralelo, las empresas han realizado fuertes inversiones en hoteles, infraestructuras, digitalización, energía y medio ambiente, así como en múltiples ofertas de servicios, lo que permite en muchos casos no cerrar tras el verano y mantener un turismo permanente. Eso sí, el sector se queja de la “competencia desleal” de los pisos turísticos (341.000 en mayo) y pide al Gobierno más inversiones en infraestructuras (aeropuertos, trenes, carreteras y accesos a ciudades, muchos colapsados), una mejora de la formación y la incorporación de las nuevas tecnologías, incluida la IA.

En definitiva, que volveremos a “sufrir” otro verano de récord, con una saturación de turistas y unos precios disparados no sólo en los destinos de sol y playa sino en muchas zonas del norte de España y la España interior, que ya tampoco son “un refugio”. Y mientras, la industria turística necesita seguir “reconvirtiéndose”, buscando mejorar su oferta y sus precios mientras afronta una necesaria diversificación geográfica, en el origen (el 83,2% de los turistas siguen siendo europeos) y en el destino del turismo (el 90,85% de los turistas se concentran en 6 regiones: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Madrid), así como una desconcentración temporal (el 43% de los turistas llegan en 4 meses, entre junio y septiembre), algo que ha mejorado sensiblemente este año.

En resumen, no se trata de batir el récord de turistas cada año, como si no hubiera tope ni existieran problemas medioambientales y de saturación de infraestructuras. Hay que buscar un turismo de más calidad, no más turistas, que sea compatible con la vida de los pueblos y ciudades donde llegan. Es un difícil equilibrio que exige planificación, inversiones y medidas, pero sobre todo acuerdos entre Administraciones. Hace falta un gran Pacto por el futuro del turismo, para que sea sostenible a medio plazo. Tras tantos récords y ante los 100 millones de visitantes, es hora de parar, sentarse y repensar el futuro del turismo. Por este camino, acabaremos teniendo que sacar ticket de reserva para viajar, ir a un hotel o a un restaurante y bañarnos en la playa… Así no compensa viajar.

España exporta más, pese a Trump

2026-07-23T11:00:00.000+02:00

Las exportaciones españolas han crecido este año (+1,3% hasta mayo), más que las europeas, a pesar de las guerras y los aranceles impuestos por Trump. Eso sí, han caído las ventas a EEUU (-2,5%), aunque más las compras (-8,8%), con lo que hemos reducido el déficit comercial con USA, mientras los aranceles sí han dañado al conjunto de Europa, que ha reducido a la mitad su superávit con EEUU. El problema para Europa sigue siendo China, que ha aumentado su superávit comercial con la UE-27 (160.516 millones de euros, +9,7%) y con España: tenemos un “agujero” comercial de -17.895 millones, el 71% de todo nuestro déficit comercial. Ahora, si continúa el conflicto con Irán y los altos precios de la energía, las exportaciones pueden resentirse y con ellas, el crecimiento y el empleo. Urge un Plan para revitalizar las exportaciones europeas y diversificarlas (con acuerdos como Mercosur). Y promover las ventas españolas en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, donde ahora caen. Nos jugamos crecimiento y empleo.

Exportaciones españolas a Europa crecen, pero caen las ventas a Asia y América

Los aranceles de Trump, anunciados el 2 de abril de 2025 e implantados finalmente el 1 de agosto pasado, no han sido tan dañinos como se temía. En 2025, el déficit comercial de bienes de EEUU con el resto del mundo aumentó incluso un +2,1%, hasta los 1,24 billones de dólares, una cifra récord. Y este año 2026, el déficit comercial USA se ha reducido un -31% (-434.600 millones de dólares hasta mayo, frente a -633.000 millones entre enero y mayo de 2025), pero en mayo (último dato publicado), el déficit comercial USA ha subido: -105.800 millones de dólares (frente a -91.500 en mayo 2025), el mayor “agujero comercial” en más de 1 año. Y esa podría ser la tendencia de los próximos meses, según los expertos, porque EEUU está aumentando las importaciones de productos de consumo extranjeros, informática, semiconductores, aeronaves, generadores industriales y vehículos, a pesar de los aranceles y las presiones de Trump para que empresas y particulares consuman productos “made in USA”.

En definitiva, lo que está pasando es que EEUU crece y la inversión de muchas empresas en tecnología e Inteligencia Artificial (IA) está obligadas a aumentar las compras en el extranjero de equipos, componentes para Centros de Datos e infraestructuras tecnológicas, así como coches, bienes de consumo y bienes de equipo industrial, a pasar de los aranceles. Eso sí, EEUU ha reducido su déficit comercial con los otros dos grandes bloques comerciales, Europa y China.

En 2025, el retraso en la entrada de los aranceles y el aumento de las importaciones USA en el primer semestre (para anticiparse a los aranceles) provocó que el déficit comercial de EEUU con Europa (UE-27) aumentara incluso, hasta los 199.600 millones de euros (frente a 198.000 millones en 2024). Este año 2026, las exportaciones europeas sí se han visto reducidas por los aranceles (sobre todo las ventas de automóviles, acero y aluminio) y, por ello, el superávit comercial de la UE-27 con EEUU se ha reducido a la mitad hasta mayo: de +116.999 millones de euros que era el superávit comercial en 2025 a +49.310 en 2026, según Eurostat. Quien se ha visto menos afectada es China. Si en todo el año 2025, EEUU tuvo un déficit comercial de -201.500 millones de dólares, este año lo han reducido a la mitad: era de -58.278 millones de dólares hasta mayo, frente a -102.310 entre enero y mayo de 2025.

Tras los aranceles y los conflictos geopolíticos (que han vuelto a disparar el precio de la energía y otras materias primas), Europa se ha resentido en su superávit comercial con el resto del mundo, no sólo con EEUU. Ha habido tres meses (enero, abril y mayo de 2026) en que la UE-27 tuvo déficit comercial con el resto del mundo, cuando antes siempre tuvo superávit. Y con ello, entre enero y mayo de 2026, Europa tuvo un déficit comercial con el resto del mundo de -15.905 millones de euros, algo inédito, dado que en esos primeros meses de 2025 (y de los años anteriores) Europa tuvo un superávit comercial de +70.100 millones, según Eurostat. La culpa es del mayor coste de las importaciones energéticas, pero también del aumento de las importaciones de muchos paises, en especial de China. El déficit comercial con China ha aumentado mes a mes y en mayo sumaba ya -160.516 millones de euros, +9,7% más que el déficit de enero-mayo 2025 (-146.346 millones).

España no ha salido tan mal parada como la mayoría de Europa por los aranceles de Trump y la nueva crisis energética por la guerra en Irán. De hecho, las exportaciones han crecido hasta mayo, un +1,3%, más que en todo 2025 (+0,7%) y más que la subida media en la UE-27 (+0,7% aumentaron las exportaciones europeas entre enero y mayo), aunque crecen menos que las exportaciones de Alemania (+1,7%), Francia (+3,5%) e Italia (+3,4%) y más que las de Reino Unido (-10,4%), según los últimos datos de Comercio. Lo que ha “pinchado” este año son las exportaciones de alimentos (caen -1,4%), productos químicos y medicamentos (-8,2%), pero crecen todas las demás, incluidos los bienes de equipo y automóviles. Las importaciones crecen el doble (+3,1%, más que en cualquier país europeo), por la mayor factura energética (el coste de las importaciones de petróleo se duplicó en mayo) y el crecimiento de la economía y el consumo, que “tiran” de los productos importados más que en otros paises.

Al crecer más las importaciones que las exportaciones, el déficit comercial de España ha aumentado este año, hasta los -25.094 millones de euros en mayo (frente a -21.524,8 millones entre enero y mayo de 2025). La mayor parte de este déficit comercial se debe al comercio con Asia (-29.864 millones de déficit), especialmente a nuestro déficit con China, que crece y supone casi las tres cuartas partes del total: era de -17.895 millones de euros hasta mayo, frente a 16.533 millones entre enero y mayo de 2025.También son importantes los déficits comerciales que tenemos con Vietnam (-2.028 millones, algo menos que en 2025), Japón (-1.786,4 millones, el doble que el año pasado), India (-1596,4 millones, casi igual que en 2025) y Corea del Sur (-998,3 millones, algo más que en 2025) . Y fuera de Asia, destacan los déficits comerciales que tenemos con dos paises a los que compramos mucho petróleo y gas: Nigeria (déficit de -1895 millones) y Argelia (-1.617 millones). Y con Brasil (-1.815 millones de déficit comercial hasta mayo).

Pero después de China (-17.895 millones), el mayor déficit comercial lo tiene España con EEUU, aunque se ha reducido este año, a pesar de los aranceles y críticas de Trump: ha sido de -4.906 millones de euros hasta mayo, un 16,7% menos que en los cinco primeros meses de 2025 (-5.890,3 millones de déficit). Y ese menor déficit comercial se debe a que han caído algo las exportaciones a USA, nuestro 6º mayor cliente mundial (-2,5%), sobre todo medicamentos y productos siderúrgicos, pero han caído mucho más nuestras importaciones de EEUU (-8,8%), sobre todo de energía, maquinaria y equipos de transporte. Así que seguimos con déficit comercial con USA, pero menos que antes de los aranceles. Todo apunta a que las exportaciones e importaciones de España a EEUU seguirán cayendo, aunque menos de lo que se temía, sobre todo en medicamentos, bienes de equipo y alimentos.

Junto al aumento del déficit comercial con China y la reducción con USA, España consigue este año casi mantener su alto superávit comercial con Europa (+16.148 millones hasta mayo, -5,8%) e incluso aumentar ligeramente su superávit comercial con la UE-27 (+11.190 millones hasta mayo, +0,38%). A pesar del bajo crecimiento en Europa y los conflictos geopolíticos que enturbian el comercio mundial, España dirige el 75% de sus exportaciones a Europa y mantiene superávit comercial con 13 paises, entre ellos Francia (+7.930 millones), Italia (+1.457 millones) y Portugal (+7.825 millones), más Reino Unido (+5.680 millones) . Y España mantiene déficit comercial con otros 13 paises UE, entre ellos Alemania (-3.491 millones), Paises Bajos (-3.823 millones) y Bélgica (-242 millones).

Cara al futuro, hay nubarrones en el horizonte de nuestras exportaciones (y de las europeas), sobre todo los conflictos geopolíticos que mantienen cara la energía y los nuevos aranceles de Trump (que afectan especialmente a los automóviles europeos, el acero, el aluminio, medicamentos y algunos alimentos). Y además, un grave problema que Europa no sabe cómo lidiar: China, que sigue vendiendo más cada año a Europa (ahora que tiene más dificultades para exportar a EEUU), agravando los déficits comerciales y poniendo en peligro empleos (la multinacional Volkswagen plantea recortar 100.000 empleos, el 16% de su plantilla).

El dato de que Europa tiene este año déficit comercial y no superávit con el resto del mundo debería haber disparado las alertas en Bruselas, porque las exportaciones son uno de los motores económicos de la UE (sobre todo de Alemania, Italia, Paises Bajos, Bélgica o Irlanda, también en España). Si estas exportaciones están en riesgo y se disparan las importaciones (sobre todo de China y el resto de Asia), los efectos sobre el crecimiento y el empleo serán inmediatos, en una coyuntura donde la UE lleva estancada varios años (creció +0,4% en 2023,+1,1% en 2024, +1,4% en 2025 y lo mismo se espera para 2026).

La Comisión Europea, a la vista de estos datos, debería aprobar un Plan de choque para apoyar las exportaciones europeas, que no sólo chocan con los aranceles de Trump y el empuje exportador de China sino que sufren un problema de fondo: una menor competitividad, por la falta de inversiones estratégicas y tecnológicas en Europa. Y a la vez, seguir avanzando en la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en Asia, Oriente Medio, África y Latinoamérica. Precisamente, acaba de entrar en vigor el acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y en mayo ya crecieron las exportaciones europeas a estos paises un +4,2% (mientras las importaciones sólo crecieron un +1,8%).

En el caso de España, aunque estemos saliendo mejor parados de los problemas geopolíticos y comerciales, también es urgente tomar medidas para ayudar a los exportadores, sobre todo porque las exportaciones crecen gracias a que vendemos más al resto de Europa (+2,6% hasta mayo), a África (+5,5%) y Oceanía (+61,6%), pero han “pinchado” nuestras exportaciones a Norteamérica (-0,3%), Latinoamérica (-7,8%), Asia (-7,6%) y Oriente Medio (-23,1%). Esto exige más medidas y recursos para promoción, más financiación a los exportadores y una política exterior volcada en ganar mercados. Algo que nos importa a todos, porque las exportaciones aportan un tercio del crecimiento y mantienen 4,6 millones de empleos. Por eso, urgen medidas para apoyarlas en un año crítico.

La vivienda, la gran "vaca fiscal"

2026-07-20T09:00:00.000+02:00

La vivienda es un grave problema para muchas familias y jóvenes, pero es una gran fuente de ingresos para el Estado, autonomías y Ayuntamientos: ordeñando la “vaca fiscal” de la vivienda recaudan más de 60.000 millones cada año, salvando sobre todo las cuentas municipales. En conjunto, se pagan hasta 16 tributos y tasas vinculados a la vivienda, desde los solares y la promoción a la compra, la venta y las herencias. Así, los impuestos representan el 25% del precio final de una vivienda. La injusticia es que autonomías y Ayuntamientos apenas gastan esta enorme recaudación en vivienda, aunque les salva sus cuentas. Lo normal sería que las instituciones públicas destinaran al menos un 25% de lo que recaudan (15.000 millones) a ayudas y promoción de vivienda, cuando ahora gastan menos de la mitad. Y que bajaran los impuestos a la promoción de viviendas protegidas (VPO), sobre todo a las destinadas a alquiler y primera vivienda de familias y jóvenes. No pueden ordeñar la vaca y luego no alimentarla.

La vivienda recauda 60.000 millones anuales y sólo se invierten 7.614 millones

La vivienda es una gran “vaca fiscal”, que permite a las distintas Administraciones públicas recaudar una parte importante de sus ingresos. Se estima que el 25% del precio final de una vivienda en España son impuestos, según un estudio de Fedea. Y si consideramos todo el proceso, desde el suelo, las licencias de obra, la promoción, las compraventas y hasta las donaciones o herencias, la vivienda paga hasta 16 tributos al Estado central (Hacienda), las autonomías y los Ayuntamientos, suponiendo el 62% del precio final. S estima que en 2024, la vivienda permitió recaudar 52.200 millones de euros en España, el 6,9% de toda la recaudación. Y con ello, somos el 4º país de la OCDE que más recauda con la vivienda, sólo tras Luxemburgo (9,7% de sus ingresos), Francia (8,1%) y Bélgica (7,7%), muy por encima de Italia (5,7%), Portugal(4,3%), Paises Bajos (3,9%) o Alemania (2,8%).

El Estado central (Hacienda) es, comparativamente, el que menos recauda con la vivienda. La compra de viviendas nuevas paga el IVA (10%, salvo el 6,5% en Canarias y el 4% las viviendas protegidas, VPO), que abona el comprador. Se estima que la recaudación del IVA por la vivienda supone unos 11.000 millones al año y la mitad (de todo el IVA recaudado) se transfiere a las autonomías. Además, Hacienda ingresa en el IRPF por varios conceptos ligados a la vivienda, desde la plusvalía conseguida por una venta (que tributa de forma progresiva según su importe, salvo que se destine a comprar otra vivienda habitual) a los ingresos por alquileres o una parte del valor catastral de las viviendas no habituales.

Las autonomías recaudan mucho más que Hacienda con la vivienda, unos 20.736 millones anuales, ya que además de la mitad del IVA (5.500 millones ligados a la vivienda), recaudan dos impuestos importantes: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAD), ambos pagados por el comprador de la vivienda a la Hacienda autonómica, dos impuestos que recaudan 12.300 millones anuales. Y también recaudan por el impuesto del patrimonio y sucesiones (ambos muy vinculados a la vivienda).

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) es el que paga el comprador de una vivienda de 2ª mano (las nuevas pagan IVA), un impuesto que aplica un porcentaje al valor de venta que es muy desigual por autonomías: el más bajo se paga en Madrid y Navarra (6%), seguidos de Canarias (6,5%), País Vasco, la Rioja y Andalucía (7%), Galicia y Murcia (8%), Aragón, Asturias y Castilla y león (8 al 10%), Extremadura (8 al 11%), Baleares (8 al 13%), Cantabria y Castilla la Mancha (9%), Comunidad Valenciana (10 al 11%) y Cataluña (10 al 11%). El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IJD), que también paga el comprador, grava la firma de escrituras notariales e hipotecas (los aranceles y gastos notariales son aparte). Los tipos que se aplican también varían por autonomías: los más bajos se pagan en Navarra (0,5%), Canarias y Madrid (0,75%), seguidos de la Rioja (1%), Andalucía y Asturias (1,2%), mientras las 11 autonomías restantes cobran un 1,5%.

Además, las autonomías recaudan otros dos impuestos donde la vivienda tiene un gran peso: el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. En el impuesto sobre el patrimonio, los datos fiscales reflejan que los bienes inmuebles representan el 40% del patrimonio declarado. Así que si las autonomías recaudan 1.926 millones con este impuesto, 770 millones son por la vivienda. Y la recaudación varía también entre autonomías, porque hay 6 donde no se paga patrimonio porque lo tienen bonificado al 100% (Madrid, Andalucía, Cantabria, Extremadura, Murcia y la Rioja), mientras en el resto se paga entre el 0,21 y el 3,75% del patrimonio imponible (suele haber mínimos exentos).

El otro gran impuesto autonómico es el impuesto de sucesiones y donaciones, que se paga al donar una vivienda o recibirla en herencia. El tipo que se paga varía también mucho entre autonomías: algunas comunidades (como Madrid, Andalucía, Baleares o Cantabria) aplican bonificaciones de hasta el 99% de la cuota tributaria para cónyuges, ascendientes y descendientes. En el otro extremo, regiones como Asturias, Castilla-La Mancha o Murcia son tradicionalmente más gravosas. Al final, las autonomías recaudan por este impuesto 3.130 millones anuales y se estima que la mayor parte (el 60%) procede de la transmisión de bienes inmuebles (serían 1.878 millones).

Si sumamos, la recaudación de estos dos grandes impuestos (unos 12.588 millones en 2025, +36% que en 2019) más la parte autonómica del IVA ligada a la vivienda (5.500 millones), la parte de la recaudación del patrimonio por inmuebles (770 millones) y la recaudación por sucesiones y donaciones vinculada a la vivienda (1.878 millones), resulta que las autonomías recaudan cada año 20.736 millones gracias a la vivienda, lo que supone un tercio de toda la recaudación pública ligada a la vivienda y el 14% de sus Presupuestos anuales.

Los que más ganan con la recaudación ligada a la vivienda son los Ayuntamientos. Recaudan cada año dos impuestos clave, el IBI y la plusvalía municipal, más otros impuestos por obras y licencias y las tasas de basuras. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) lo pagan cada año los dueños de viviendas y locales (38,9 millones de inmuebles), recaudando 13.412 millones en 2024, un récord histórico. El IBI sube calladamente cada año, tanto por la actualización de los valores catastrales (se revisan cada 10 años) como por los tipos que se aplican sobre ese valor, que también suben (entre el 0,2 y el 0,9% anual) y son muy diferentes entre municipios: oscilan entre el 0,4 y el 1,1 % para inmuebles urbanos (0,414% en Madrid, 0,660% en Barcelona y 0,578% en Valencia) y entre el 0,3 y el 0,9% para inmuebles rústicos. Las subidas del IBI han hecho que el recibo medio pase de 211 euros en 2006 a 324 en 2019 y 344 euros en 2024. Y hay grandes diferencias: donde se paga más IBI es en Madrid (646 euros de media), Barcelona (640), Ibiza (463), Málaga (326), Palma (324), Sevilla (285) y Valencia (284 euros).

El otro impuesto municipal ligado a la vivienda es la plusvalía municipal (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, IIVTNU), que paga el promotor de la vivienda o el vendedor. Recaudó 1.861 millones de euros en 2024. Se calcula aplicando un tipo fijo del 0,15% sobre el valor de la vivienda y ha subido mucho desde 2020: un +275% en Barcelona, un +305% en Málaga y Zaragoza, un +500% en Sevilla y un +650% en Madrid, según los promotores de ASPRIMA, que lo achacan más a un cambio en el método de cálculo del impuesto que a la tremenda revalorización de las viviendas. Los promotores se quejan de que este impuesto no se adapta a los distintos mercados y no permite la deducción de costes de promoción y urbanización. Y aunque lo pagan los promotores, al final se lo repercuten al comprador: en una vivienda nueva de 300.000 euros, el impuesto de plusvalías que se paga ha pasado de 1.296 euros en 2020 a 6.480 euros en 2025.

Hay un tercer impuesto municipal ligado también a la vivienda, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que grava cualquier obra que exija licencia urbanística o declaración responsable y que paga el dueño de la obra o el constructor (que se lo cobra al propietario). Se aplica un tipo sobre el coste real de la obra (sin IVA, tasas, honorarios profesionales y beneficio del contratista), tipo que oscila según los Ayuntamientos (el máximo legal, el 4%, se aplica en Barcelona mientras Madrid tiene el 3,75%). En total, los Ayuntamientos recaudan por este ICIO 1.000 millones anuales.

Otro impuesto municipal ligado a la vivienda son las tasas por las licencias urbanísticas, que pagan los promotores y repercuten luego en el precio final de la vivienda: suponen 456 millones al año. Y no podemos olvidar las tasas municipales de basuras, que pagan anualmente los propietarios de viviendas y locales. En 2025 subieron estas tasas, por exigencia de la Comisión Europea, con un recibo medio de 116 euros, que varía mucho según las ciudades y los barrios: se pagan más de 200 euros en Valencia (287), Girona (238), Tarragona (236), Palma (209) y San Sebastián (206), menos en Madrid (144 euros) y Barcelona (102) y son bajas en Toledo (56 euros) o Palencia (57). En conjunto, los Ayuntamientos recaudan 3.500 millones anuales por las basuras.

Si sumamos los ingresos municipales por el IBI (13.412 millones en 2024), el primer impuesto municipal (aporta el 66% de los ingresos totales), las plusvalías municipales (1.861 millones, el 8% de la recaudación total), el ICIO (1.000 millones, el 4,3%) , las tasas por licencias (456 millones, el 2% de los ingresos) y la tasa de basuras (3.500 millones), salen 20.229 millones de recaudación municipal ligada a la vivienda, el 87% de todos sus ingresos. Así que la vivienda es la clave para la subsistencia financiera de los Ayuntamientos españoles.

A cambio, los Ayuntamientos apenas invierten ni gastan en vivienda, como tampoco las autonomías, siendo también baja la inversión estatal (que es la mayoría). En conjunto, la inversión en vivienda fue de 7.614 millones de euros en 2025 (la mayoría con Fondos europeos, no españoles), el 0,45% del PIB, muy por debajo de la inversión pública en vivienda en la mayoría de Europa (oscila entre el 1 y el 3,5% del PIB). A lo claro: que España es el 4º país europeo que más “ordeña” fiscalmente a la vivienda (más de 60.000 millones de ingresos anuales, la mayoría autonomías y Ayuntamientos) pero es también uno de los que menos gasta (y la mayor parte del gasto en ayudas, no en promoción de vivienda).

El Estado central, aunque gasta poco es el que más invierte en vivienda. El Gobierno Sánchez ha multiplicado por 7 su inversión, de los 457 millones que gastó Rajoy en 2017 a 3.500 presupuestados en 2025. Y en el último Plan de vivienda 2022-25, la aportación estatal fue de 1.443 millones de euros (el 72% del total), mientras las autonomías solo aportaron el 28% restante (561 millones, el 2,7% de los que recaudan cada año con la vivienda). Ahora, el Gobierno ha aprobado el Plan de Vivienda 2026-2030, con un gasto total de 7.000 millones, a cambio de que las autonomías aumenten su gasto al 40% (2.800 millones en 5 años, todavía sólo el 13,6% de lo que recaudan con la vivienda cada año.

Las autonomías, aunque recaudan mucho con la vivienda, apenas invierten en vivienda: poco en ayudas y casi nada en promoción. Y el 70% de lo que invierten se lo transfiere el Estado central, por lo que les corresponde del IVA y otros impuestos. Los datos son escandalosos. Las autonomías que más gastaron en vivienda, entre 2021 y 2024, fueron Cataluña (1.971 millones), Andalucía (1.688 millones) y Comunidad Valenciana (1.459 millones), siendo muy baja la inversión de Castilla y León (174 millones), Cantabria (102) y Murcia (78). Y la mayoría de estas ayudas son incentivos fiscales a compradores y ayudas a inquilinos, dado que se ha desplomado la promoción de vivienda (VPO) de las autonomías. Así, en 2025, Cataluña calificó 3.517 viviendas VPO, Andalucía 2.265 y Madrid 2.048 (2 de cada 3 de promoción privada), siendo CERO las VPO promovidas en la Rioja, Murcia, Canarias y Cantabria…

Los Ayuntamientos, aunque son los grandes beneficiarios de los impuestos a la vivienda, invierten aún menos: una media de 85 euros por habitante al año, menos en Madrid (41 euros/habitante: 224,6 millones invertidos en vivienda al año) y más en Barcelona (125 euros/habitante: 240 millones invertidos al año). Así que los Ayuntamientos españoles, que tienen un tercio del suelo urbanizable inmovilizado, apenas invierten en vivienda (algunos menos que en las fiestas locales…), a pesar de cobrar ingentes impuestos por ella. Y además, han acumulado en los últimos años un superávit de 11.500 millones, que tenían inmovilizado y que ahora Hacienda les permite gastar en parte en infraestructuras, energía, industria y vivienda. Una buena medida sería destinar este “superávit” a promover viviendas en alquiler asequible: cuestan entre 100.000 y 225.000 euros cada una, según las zonas, así que daría para construir unas 65.000 viviendas. No son pocas.

Al final, hay muchos impuestos a la vivienda, que la encarecen y no se aprovechan para promover más viviendas asequibles. Así que muchos expertos proponen dos medidas. Una, reducir los impuestos que paga la vivienda, algo que ha propuesto incluso la Comisión Europea. El estudio de Fedea propone rebajar el IVA, del 10% actual al 4% o al 0% para promover viviendas destinadas a alquileres asequibles y las que se destinen a la 1ª vivienda de jóvenes y familias con bajos recursos. Además, proponen también ajustar el ITP (unificando tipos) y suprimir el AJD, corrigiendo las desiguales deducciones por vivienda en el IRPF estatal y en las autonomías. La otra medida sería que autonomías y Ayuntamientos se comprometieran a invertir en vivienda el 25% de lo que recaudan con ella: si lo hicieran, invertirían 10.000 millones entre ambas, 10 veces más que ahora.

En resumen, tenemos un grave problema de vivienda pero el ladrillo es una vaca fiscal, que consigue un alto porcentaje de la recaudación que hacen autonomías y Ayuntamientos, aunque después apenas gastan una mínima parte de estos ingresos en la vivienda, tanto en ayudas como en promoción (apenas promueven viviendas). Si bajaran estos impuestos, las viviendas podrían ser un 10% más baratas. Y si destinaran un 25% de lo que recaudan con la vivienda a ayudas y promoción, tendríamos más viviendas. Así que tomen nota. Y también nosotros, a la hora de votar en las municipales y autonómicas de 2027.

UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

2026-07-16T11:00:00.000+02:00

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otra Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”), que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía, lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama.

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los sectores implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce esta normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establece varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el campo al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.

La vivienda, una "emergencia nacional"

2026-07-13T09:00:00.000+02:00

La vivienda agrava sus problemas, con nuevas subidas de los pisos y alquileres. Y el gasto en vivienda supone ya un tercio del gasto total de las familias, hasta el 42% para las que ganan menos. El problema de fondo sigue siendo que faltan viviendas: la oferta aumenta en 95.000 casas nuevas cuando se crean 240.000 nuevos hogares al año. Así tenemos un déficit de 750.000 viviendas, lo que dispara precios y alquileres. El Banco de España alerta de que estamos ante “una emergencia nacional”, que exige una mayor coordinación entre el Estado y las autonomías, hoy inexistente. Una “emergencia económica”, que frena el consumo, el crecimiento y el empleo, pero también una “emergencia social”: 10 millones de inquilinos agobiados, frente a 5 millones de caseros que ingresan 28.000 millones al año. Dos nuevas “clases sociales” enfrentadas por la vivienda, que agrava las desigualdades sociales. Urge tomar medidas sobre el suelo, la financiación, la rehabilitación de pisos vacíos, los pisos turísticos y de temporada, construyendo más, para aumentar la oferta de viviendas.

Los alquileres transfieren 28.000 millones al año de los inquilinos a sus caseros

El problema de la vivienda en España sigue de mal en peor, a la vista de los datos del primer semestre. Los precios de la compraventa de vivienda han subido otro +3,5% en el primer trimestre, con lo que los pisos son ya un +12,9% más caros que hace un año, según el INE. El precio medio de venta en junio era de 2.823 euros/m2, según el portal Idealista, un máximo histórico que se dispara en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid (6.013 euros/m2) y Barcelona (5.269 euros/m2). Con ello, el precio de la vivienda ha subido un +65,3% en los últimos 7 años (junio 2019-.junio 2026), más del doble que el IPC (+24,8%) y el triple de lo que han subido los sueldos (+21,32%).Y además, la subida de los pisos se acompaña con una subida de los tipos de interés: el Euribor ha subido un +0,717% en el último año (hasta el 2,798% en junio), lo que encarece ahora una hipoteca media (173.331 euros a 25 años) en 66 euros más al mes (792 euros más al año).

Y el panorama de los alquileres es aún peor, con subidas reiteradas impulsadas por una alta demanda de familias que no pueden comprar piso y sólo les queda alquilar. En junio, el precio medio del alquiler era ya de 15,3 euros/m2 (1.377 euros por un piso de 90 m2), según el portal Idealista, pero se disparaba hasta 23,7 euros/m2 en Madrid (2.133 euros por 90 m2) y 23 euros/m2 en Barcelona (2.070 euros por 90 m2), con 29 de las 52 capitales en máximos históricos del alquiler. Unos precios que obligan a muchos jóvenes (y familias) a alquilar por habitaciones, a precios aún más disparados: 521 euros de media, según Fotocasa, que suben hasta 650 euros en Barcelona y 620 euros en Madrid. Y eso después de que los potenciales inquilinos sufran un duro proceso de “selección” (donde quedan fuera muchos jóvenes y familias, sobre todo inmigrantes) y múltiples exigencias, muchas ilegales.

Este oscuro panorama está agravando las cuentas de los 4 millones de hogares (el 20%, con unos 10 millones de personas) que viven de alquiler en España. Según los últimos datos del INE, el gasto de todas las familias españolas en vivienda (alquiler, hipoteca y recibos de agua, luz y calefacción) fue de 11.665 euros por hogar en 2025, el 33,2% de todo el gasto familiar, un porcentaje que ha subido año tras año (suponía el 30,98% del gasto total en 2016). Es la mayor partida de gasto familiar, muy por delante de dos partidas cuyo porcentaje de gasto también crece, la alimentación (16%) y el transporte (11,5%). Pero lo más preocupante es que en las familias con menos ingresos (el 20% con menos renta), el peso de los gastos de vivienda es muy superior: el 41,9% en 2025 (40,1% en 2016). Casi la mitad de su gasto se lo lleva la vivienda, lo que reduce su consumo en otras partidas de gasto, frenando así el crecimiento económico y el empleo.

El problema de fondo es la falta de viviendas: hay poca oferta y mucha demanda. En 2025 se sumaron al parque de vivienda 94.791 nuevas viviendas, según el Ministerio de Vivienda, frente a los 238.990 nuevos hogares creados en el país, según el INE. Y desde 2019, sólo se han sumado 636.486 viviendas al parque existente (27.099.556 viviendas en 2025), mientras la población española crecía cuatro veces más (+2.633.665 habitantes desde 2019). Eso ha ido acumulando un “déficit de vivienda” que el Banco de España acaba de subir de 600.000 a 750.000 viviendas que hacen falta, la mitad concentradas en 6 provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Una “brecha” de viviendas que seguirá creciendo, porque el INE estima que se crearán 2,2 millones de hogares en España los próximos 15 años.

La construcción de nuevas viviendas va muy lenta: las 93.650 viviendas terminadas en 2025 (80.792 “libres” y 12.858 protegidas (VPO) son el tercer peor dato del siglo, frente a las 647.179 construidas en 2007 (579.665 libres y 65.514 VPO), que bajaron a 276.883 en 2010 y al mínimo de 44.630 en 2016, según los datos del Ministerio. Este año, la construcción ha mejorado algo, pero poco: se han iniciado 39.196 viviendas en el primer trimestre (35.148 “libres” y 4.048 VPO, el mejor dato de iniciación de viviendas protegidas desde 2012), un 12,7% más que en el primer trimestre de 2025 (34.779 viviendas iniciadas). Pero, a este ritmo, se terminarán este año unas 105.000 nuevas viviendas, la mitad de las que necesitamos.

Además de construir más viviendas nuevas, habría que poner en venta y alquiler una buena parte de los 3,8 millones de viviendas vacías, la cifra estimada por el Observatorio del Alquiler. Pero ojo, esta medida no sería la panacea, porque la mayoría de estas viviendas vacías están en zonas rurales, en municipios de menos de 100 habitantes (ahí están el 75%), con lo que sólo un 10% de viviendas vacías están en zonas tensionadas, donde ayudaría conceder más ayudas a los propietarios para rehabilitarlas y alquilarlas a precios asequibles.

Otra vía para aumentar las viviendas para alquiler es frenar el desvío de viviendas a los usos turísticos y al alquiler de temporada, dos destinos que buscan muchos caseros para evitar la normativa de los alquileres normales. En España había en mayo 341.001 pisos turísticos, concentrados en Andalucía (90.649), Cataluña (51.305), Comunidad Valenciana (51.268), Canarias (48.356) y Baleares (21.304). Un número que se ha reducido este año, por las trabas de algunas autonomías y Ayuntamientos, aunque han recibido el espaldarazo del Supremo, que emitió en mayo una sentencia que anuló el registro estatal de estos alquileres turísticos, por considerar que es una competencia autonómica. Y otros alquileres que habría que frenar son los de temporada (por meses, para estudiantes y trabajadores), que suponen ya el 27% de todo el mercado del alquiler, según Idealista, superando esa media en Barcelona (55% alquileres son de temporada), San Sebastián (49%), Bilbao y Cádiz (44%), Girona y Pamplona (41%), Santander (36%) y Granada (35%).

Si se redujeran los pisos vacíos y los alquileres turísticos y de temporada, podría haber 1 millón más de viviendas para alquilar y comprar, bajando los precios. Pero la clave del problema sigue siendo construir más, aumentar la oferta, construyendo al menos 200.000 viviendas al año, una gran parte para destinarla al alquiler a precios asumibles y VPO de renta social. Para relanzar la construcción de viviendas en España , hay que actuar sobre varios factores: suelo, financiación, normativa, costes y mano de obra. Veámoslos. La clave es aumentar la financiación para la vivienda. Se da el contrasentido de que España es el 4º país de la OCDE que más recauda con la vivienda (52.200 millones en impuestos estatales, autonómicos y locales, el 6,90% de toda la recaudación), pero es uno de los paises que menos gasta, que menos invierte en vivienda: 7.614 millones en 2025, el 0,45% del PIB, frente a paises que destinan del 1 al 3,5% de su PIB a la vivienda.

La clave está en que las autonomías, que gestionan la vivienda, y los Ayuntamientos gasten mucho más en vivienda, dado que el ladrillo les aporta gran parte de su recaudación. Hasta ahora invierten poco y el 70% de lo que invierten es dinero que les transfiere el Estado. Las autonomías que menos gastan en vivienda son Castilla y León (174 millones entre 2021 y 2024), Cantabria (102 millones) y Murcia, mientras las que más gastan son Cataluña (1.971 millones entre 2021 y 2024, Andalucía (1.688 millones) y Comunidad Valenciana (1.459 millones).

Como se ve, inversiones mínimas para afrontar el primer problema de los españoles. El Gobierno Sánchez ha multiplicado la inversión estatal en vivienda, que saltó de los 453 millones que gastaba Rajoy en 2017 a 3.500 millones en 2025. Ahora, el Gobierno aprobó en abril el Plan de Vivienda 2026-2030, que pretende triplicar el gasto del anterior Plan , hasta los 7.000 millones de euros (ojo, sólo 1.400 millones al año). El Plan tiene una novedad importante: el Estado central aporta un 60% de esos Fondos para la vivienda pero sólo a cambio de que las autonomías aporten el 40% restante (en los Planes anteriores sólo aportaban el 28% del gasto total ). En principio, las autonomías gobernadas por el PP (11) se mostraron en contra del Plan, dentro de su política de “desgaste” al Gobierno. Pero luego han echado cuentas y han visto que si lo apoyan van a recibir mucho más dinero para gastar en vivienda. Unos ejemplos: Andalucía recibirá 1.197 millones (+877 millones que en el Plan anterior), Madrid 1.113 (+815 millones), Cataluña 1.015 millones (+473), Comunidad Valenciana 798 millones (+558), Galicia 399 millones (+293), Castilla y León 378 millones (+277) o Murcia 308 millones (+258). Esto explica el “milagro” de que en la reunión de la ministra con las autonomías para desarrollar el Plan de Vivienda 2026-2030, celebrada el 21 de mayo, todas votarán a favor del reparto… Ahora falta que colaboren en la aplicación concreta del Plan y en la efectividad de sus ayudas.

Tras la financiación, el 2º cuello de botella de la vivienda es el suelo, la falta de suelo urbanizado, listo para construir. Los promotores se quejan de que no hay suelo disponible, salvo a precios disparados, pero un experto que lo ha analizado con detalle concluye que hay suelo disponible para construir 7 millones de viviendas… Y de ese suelo, en zonas urbanas hay suelo finalista para construir 3 millones de viviendas (1,5 millones en las 15 principales capitales y áreas metropolitanas). El problema, añade, es que estos suelos llevan bloqueados dos décadas, por problemas en la propiedad (el 70% de este suelo es privado y sólo un 30% municipal), que no quiere o no puede ponerlo en el mercado, porque requiere hacer inversiones que no se hacen: antes los bancos financiaban a dueños del suelo y promotores a ponerlos en el mercado, pero ahora no. Además, mucho suelo urbanizable está pendiente de litigios y recursos a los Planes, que se podrían agilizar si se aprobara la reforma de la Ley del suelo que el PP y partidos autonómicos vetaron en el Congreso.

Además de aumentar la financiación y desbloquear el suelo urbanizable, urge facilitar financiación a los promotores privados y públicos (Ayuntamientos) para promover viviendas, agilizando los complicados trámites administrativos y coordinando las actuaciones (Estado, autonomías, Ayuntamientos, dueños del suelo, promotores, bancos y el ICO), junto con la empresa pública de vivienda (Casa 47). Deberían crearse Comisiones de vivienda autonomía por autonomía y ciudad por ciudad, donde todos buscaran la manera de promover más viviendas. Algo que piden todos los expertos y que no se hace. Y en paralelo, tomar medidas para convencer a los propietarios de que alquilen sus viviendas, con empresas estatales que aseguren los alquileres (como Bizigune en el País Vasco) y con incentivos fiscales a los caseros que alquilen pisos vacíos y a precios “razonables”.

Llevamos años hablando del grave problema de la vivienda pero apenas se avanza en soluciones, básicamente por los enfrentamientos entre el Gobierno y las autonomías que gestionan la vivienda. El Banco de España acaba de alertar de que estamos ante una “emergencia nacional”, que exige acuerdos para evitar que la vivienda frene el crecimiento y el empleo (al reducir el consumo de inquilinos e hipotecados) y la actividad de muchas empresas (turismo, agricultura, industria, comercio) e instituciones (hospitales, enseñanza), que no pueden contratar porque sus trabajadores no encuentran alojamiento.

Pero el problema de la vivienda es también una “emergencia social”, porque condena a no llegar a fin de mes (incluso a caer en la pobreza) a los 4,1 millones de hogares que viven en alquiler (unos 10 millones de españoles). Y esto aumenta la desigualdad. Así, los inquilinos (1 de cada 5 españoles) tiene una renta media anual de 21.335 euros, muy inferior a los 32.120 euros de renta media que tienen los propietarios (14,05 millones de hogares, unos 34 millones de españoles). Y si vemos la renta media de los propietarios que alquilan (el 39% de los caseros tienen una vivienda alquilada y un 61% son particulares con varias viviendas o empresas), es de 51.000 euros anuales (2,39 veces las de su inquilino) y hasta 80.000 euros si alquilan 2 o más viviendas (3,7 veces la renta de sus inquilinos), según un reciente estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC.

A lo claro: el problema de la vivienda se ha convertido en un negocio para unos (2,4 millones de caseros individuales) y en una losa para otros (10 millones de inquilinos), que les “trasfirieron” de sus ingresos 28.000 millones anuales (que agobian sus cuentas y hacen más ricos a otros). Una transferencia de rentas que alimenta la desigualdad, porque casi la mitad de los alquileres se pagan al 10% de españoles más ricos, según el estudio. Y además, encubre otra transferencia, de jóvenes a mayores: un tercio de los pagos por alquiler (el 62% de jóvenes) los ingresan caseros mayores de 65 años…

En conclusión, la vivienda no es sólo un problema sino también “una bomba de relojería social”, porque enfrenta a inquilinos y propietarios y a jóvenes con mayores, provocando una penosa “emergencia social”, que alimenta el descontento y la polarización política. Es hora de alcanzar un Pacto político y social por la vivienda, que reparta costes e ingresos, que ayude a los que más lo necesitan y controle un negocio que antepone la inversión al derecho a la vivienda. O resolvemos esta emergencia económica y social o nos estallará cualquier día.

Las infraestructuras están viejas y saturadas

2026-07-09T11:00:00.000+02:00

En verano, con los viajes y la avalancha de turistas, es cuando más se aprecian los problemas de nuestras infraestructuras: vemos carreteras con grietas y firmes dañados, trenes con retrasos y problemas en las vías, estaciones y aeropuertos saturados y puertos al máximo de su capacidad, mientras no se hacen las obras hidráulicas que evitan inundaciones. Un deterioro en las infraestructuras que se debe a años de escasa inversión y mantenimiento, sobre todo entre 2010 y 2018. En los últimos 8 años, la inversión pública en infraestructuras ha crecido (16.114 millones en 2025), pero aún es un 60% inferior a la que se hacía en 2009. Por eso, el Gobierno ha puesto en marcha varios Planes para invertir 40.000 millones en infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y carreteras, donde se van a destinar 1.000 millones este año a mejorar el firme de 3.670 kilómetros. Falta saber si habrá Presupuestos para hacerlo. Con todo, mejorar las infraestructuras es clave para seguir creciendo y tener unos servicios públicos modernos y eficientes.

Plan con 1.006 millones de euros para mejorar asfalto carreteras del Estado en 2026

La inversión, uno de los motores del crecimiento, lleva 5 años consecutivos creciendo, tras el bache de 2020 por la pandemia. Sobre todo crece la inversión pública (+9,1% en 2025), el doble que la privada (+4,6%), gracias al maná de los Fondos europeos. Pero, a pesar de este crecimiento, la inversión pública en España (37.177 millones en 2025) está un 34% por debajo a la que había en 2009, porque aún no hemos recuperado los recortes de 2010 a 2018. Y dentro de esta inversión pública, la inversión en infraestructuras también crece (16.114 millones en 2025, +6,8% que en 2024) pero ha perdido peso (supone el 38% de toda la inversión pública, cuando era el 60% en 2009) y es un 60% inferior a la que se hacía en 2009.

Hay tres inversiones públicas en infraestructuras que concentran el 73,5% de la inversión total, según un informe de la Fundación BBVA e Ivie. La más importante, la inversión en carreteras, que se lleva el 30,7% del total (4.952 millones en 2025), aunque han perdido peso y representan menos de la mitad de lo que se invertía en 2009. La 2ª inversión más importante es la que se hace en infraestructuras ferroviarias (4.592 millones, el 28,5% del total), que son precisamente las inversiones públicas que más han caído (se han reducido en dos tercios desde 2009, sobre todo por el desplome en la conservación). Y la tercera mayor inversión pública se da en obras hidráulicas (2.300 millones en 2025, el 14,3% del total), que han caído en términos reales (descontando la inflación) un 61,7% desde 2009, lo que explica la enorme indefensión ante las inundaciones. Y tras estas 3 grandes inversiones, tenemos las inversiones en puertos (1.626 millones en 2025, el 10,1% del total) y en infraestructuras aeroportuarias (1.216 millones, el 7,55%), donde el grueso de inversiones se autofinancian.

Así que ya sabemos por qué hay problemas en las carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, puertos y aeropuertos: se invierte poco, más que en 2018 pero mucho menos que antes de la crisis financiera y los recortes. Y esta baja inversión crea problemas por doquier. En las carreteras del Estado (26.564 km), el propio Ministerio de Transporte reconoce que más de 5.000 km (casi 1 de cada 5 km) “requieren actuaciones urgentes”. Y las empresas de mantenimiento señalan que se necesita invertir en ellas 5.600 millones… En el ferrocarril, la inversión pública total cayó a la mitad entre 2011 (4.826 millones) y 2022 (2.411 millones) y aunque ha crecido más después (hasta 4.592 millones en 2025), todavía es menor a la inversión de 2011. Y en mantenimiento de vías y trenes, se gastó 726 millones en 2018 (menos que los 759 millones de 2011), aunque ha subido a 1.119 millones en 2025. Con todo, en la red ferroviaria convencional se gasta (2.400 millones en 2025) 6 veces más que en 2017 y en la alta velocidad (2.300 millones en 2026) se gasta el doble que hace 8 años.

En muchos puertos (como el de Valencia o Algeciras), las infraestructuras disponibles están al límite para recibir mercancías (por mar llegan el 80% de las importaciones) o exportarlas (el 60% de las ventas exteriores se hacen por mar). Y sobre las obras hidráulicas, las persistentes riadas no han servido para impulsar obras de canalización y defensa: haría falta movilizar 103.824 millones en obras hidráulicas durante la próxima década (10.749 millones sólo en la Comunidad Valenciana) para garantizar la seguridad hídrica del país y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante sequías a inundaciones, según Seopan.

Y queda analizar la situación de los aeropuertos españoles, que están saturados por el aumento de viajes tras la pandemia y los sucesivos récords de turistas: han pasado de recibir 275 millones de pasajeros en 2019 a 321,6 millones en 2025 (+17%), según los datos de AENA. Datos que revelan un grave problema: 10 aeropuertos españoles encaran este verano al límite o superando su capacidad para recibir vuelos y viajeros. Son los aeropuertos de Sevilla (al 125,8% de su capacidad), Valencia (al 112,8%), Tenerife norte (al 110,4%), Bilbao (110,4%), Menorca (al 105,3%), Alicante (al 105%), Barcelona-el Prat (al 104,5%: recibió 57,48 millones de pasajeros en 2025, con capacidad para 55 millones), Palma (al 99,4%), Lanzarote (al 99,1%) y Madrid-Barajas (al 97,9%: recibió 68,18 millones de pasajeros en 2025 y tiene capacidad para 70 millones). La saturación es tan preocupante que Aena, la empresa pública que gestiona los 46 aeropuertos españoles, ha anunciado que establecerá restricciones a las aerolíneas (de vuelos y pasajeros) en 2027, primero en Madrid y Barcelona.

Ante este panorama en las infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y carreteras, que afectan a millones de ciudadanos, con riesgos de accidentes y retrasos, el Gobierno ha puesto en marcha diversos Planes de inversión pública para modernizar las grandes infraestructuras, a pesar de no tener aprobados Presupuestos. Con los distintos Planes ya anunciados por el Ministerio de Transportes, se compromete a realizar una inversión superior a los 40.000 millones de euros en los próximos 3 a 5 años. Veamos en qué y cuánto.

Casi la mitad de esta inversión, 20.000 millones en el próximo quinquenio, es el Plan de inversiones ferroviarias que Transporte negocia con Hacienda para realizar inversiones (a través de ADIF) sobre todo en la red convencional, cercanías (600 millones de pasajeros anuales) y transporte de mercancías, menos en la alta velocidad (que ya ha crecido bastante). Se trata de aumentar la inversión en mantenimiento (de los 700 millones de 2011 y los 1.119 en 2025 a 1.800 millones en 2030) y realizar inversiones en infraestructuras (la Y vasca, duplicaciones de vías, la conexión Murcia-Almería y Burgos-Vitoria, corredores europeos, conexiones con puertos y ampliación de estaciones, desde Atocha y Chamartín a Sants o la Sagrera en Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Murcia).

El 2º eje de las futuras inversiones son los aeropuertos, donde AENA presentó en febrero su Plan DORA III para realizar inversiones por 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031, un año en que esperan recibir 400 millones de pasajeros. Unas inversiones que se financiarán con los cánones que cobra AENA y no tienen coste para el Estado. Las mayores partidas se destinarán a reforzar grandes aeropuertos al límite (3.220 millones para Madrid-Barajas, 3.200 para Barcelona-El Prat) y aeropuertos turísticos (619 millones para el de Alicante, 571 para el de Málaga, 410 millones para el de Palma y 1.500 millones para los aeropuertos canarios). Las inversiones no sólo ampliarán y modernizarán terminales y pistas, sino que también digitalizarán más los aeropuertos e implantarán el sistema europeo de control de fronteras (Entry(Exit System, EES), obligatorio para reorganizar los flujos de pasajeros.

El tercer eje inversor serán los puertos, donde se movilizarán 7.000 millones de euros entre 2025 (1.225 millones) y 2029 (1.218 millones), el mayor esfuerzo inversor en dos décadas. Aquí también las inversiones correrán a cargo de los propios recursos del sistema aeroportuario, no del Presupuesto del Estado. Las principales inversiones se harán en la nueva terminal norte del puerto de Valencia, en desarrollar el sur del puerto de Barcelona y en las mejoras de los puertos de Algeciras , las Palmas y Granadilla (Tenerife). Y también se invertirá en electrificar los puertos (para que los barcos que atraquen contaminen menos) y en mejorar los accesos por carretera y ferrocarril a los principales puertos.

Y el 4º Plan inversor, anunciado por el ministro Puente en febrero, es un Plan de conservación de carreteras, con un presupuesto de 1.629 millones en 3 años (2027-2029), destinado a mejorar los firmes de la red de carreteras del Estado (26.564 kilómetros de los 165.756 kilómetros que suman todas las carreteras estatales autonómicas y locales en España) y reducir el enorme déficit de mantenimiento (5.600 millones). Al final, el Gobierno no ha esperado al año que viene y el 16 de junio ha aprobado un primer Plan de conservación de carreteras para 2026, con 1.006 millones de euros de inversión en 10 autonomías (216,32 millones para las carreteras de Cataluña, 188,4 millones para Castilla y León, 183,9 para Castilla la Mancha, 148,68 millones para Aragón, 83,7 millones para la Comunidad Valenciana y 60,76 millones para Madrid). La duración de los contratos será de 3 años, prorrogables. En paralelo, Transportes lleva invirtiendo desde enero otros 150 millones en carreteras (105 en mejora de firmes), para reparar (con “contratos exprés” y licitaciones rápidas) carreteras estatales que han sufrido daños con las borrascas de primavera.

Además de estos Planes para reparar y mejorar las carreteras estatales, Transportes ha recibido la autorización del Gobierno para contratar el mantenimiento de las 12 autopistas que pasarán al Estado a finales de 2026 (la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, de peaje, y 11 autopistas de 1ª generación, en las que no se paga peaje porque el Estado paga un canon de 300 millones anuales a las concesionarias). El Estado dejará de pagar ese canon pero tendrá que pagar el mantenimiento de los 993 kilómetros de esas 12 autovías, un mantenimiento para el que cambiará el sistema de contratación habitual por el de “subasta”, algo que no gusta a las empresas ni a los sindicatos, que amenazan con recursos legales.

Visto el panorama de las infraestructuras en España, parece claro que tenemos un problema serio de falta de inversión (sobre todo entre 2010 y 2018) y de mantenimiento, que se traduce en problemas para los usuarios y puede convertirse en un cuello de botella para el crecimiento futuro. Un problema que se agrava porque somos más población a usar estas infraestructuras (+9,5 millones de habitantes que en el año 2000) y recibiremos este año 100 millones de turistas (más del doble que los 46,4 millones que llegaron en el año 2000).

Queda claro que hay que hacer un esfuerzo adicional en las infraestructuras esenciales, sobre todo en la red ferroviaria, las carreteras, los aeropuertos, puertos y las obras hidráulicas. Eso debería obligar a un gran Pacto por las infraestructuras del futuro, donde se acuerden dos cuestiones clave. Una, qué obras e inversiones son prioritarias, sin que cada región y zona pretenda imponer “lo suyo”. Y la otra, cómo se financian estas obras públicas. La clave es combinar la aportación pública con la inversión privada y el pago de peajes y cánones a los usuarios, con un reparto de costes y cargas justo y transparente.

Pero chocamos con el problema de siempre, el que impide solucionar temas como la vivienda o la sanidad: la imposibilidad de pactar nada, por los tremendos enfrentamientos políticos que bloquean cualquier solución. Y aunque mejorar un trazado ferroviario, un aeropuerto o una carretera no debía ser motivo de enfrentamiento político, en España ahora lo es. Así que el Gobierno va buscando dinero como puede para reparar lo más urgente y habrá que esperar a las elecciones y al futuro Gobierno para esperar un Plan de infraestructuras públicas que modernice nuestro país, facilite el crecimiento económico y mejore diversos servicios públicos esenciales. Otro reto más que está pendiente.

Más pluriempleo (récord)

2026-07-06T09:00:00.000+02:00

España tiene más gente que nunca trabajando (22,3 millones), pero también más gente pluriempleada, que trabaja en más de un sitio: son 611.600 personas, que trabajan unas 13 horas semanales en un 2º empleo, sobre todo en los servicios. Y la cifra real podría ser mayor, hasta 889.526 pluriempleados, según los datos de doble afiliación a la Seguridad Social. Es un dato récord, aunque la tasa de pluriempleo (el 2,5%) es de las más bajas de Europa (4,1% de media y hasta el 8,4% en Paises Bajos). Los sindicatos están preocupados por el aumento del pluriempleo, porque se concentra en sectores con contratos precarios y bajos sueldos, con jornadas a tiempo parcial, que buscan complementar sus ingresos para llegar a fin de mes: es el caso de limpiadoras, empleadas de hogar, cuidadoras y trabajadores de la hostelería y el comercio. Y está aumentando el pluriempleo de los asalariados que se hacen autónomos. Hay que diferenciar el pluriempleo voluntario y el forzado, ligado en muchos casos a la economía sumergida. Falta transparencia.

Limpieza, empleadas hogar, cuidados, hostelería y comercio concentran mucho pluriempleo

En la EPA del primer trimestre de 2026 figura el dato de los trabajadores que reconocen trabajar en más de una empresa: son 611.600 trabajadores, el 2,7% de los ocupados, un récord histórico. El pluriempleo suele crecer cuando lo hace el empleo, por lo que alcanzó los 545.700 pluriempleados en 2007 (2,6%), en plena burbuja económica, para caer a partir de la crisis financiera y marcar un mínimo en 2012 (330.500 pluriempleados, el 2,1%). A partir de ahí, la cifra ha ido subiendo, hasta 442.400 en 2019 (2,5%) y 559.800 en 2025 (2,6%), hasta los 611.600 de marzo 2026 (el 2,7%), un 38% más que antes de la pandemia.

Los pluriempleados realizan una jornada media en su 2º trabajo (o en el 2º y 3º) de 13 horas semanales, siendo más en el sector de contenidos (20,2 horas), telecomunicaciones (17,2 horas) y hostelería (14,5 horas), según la EPA. La mayoría de los pluriempleados son hombres (316.500), aunque crecen más las mujeres (295.000 pluriempleadas). Y están más pluriempleados los jóvenes, sobre todo entre 16 y 24 años, aunque también entre 25 y 34 años. Por sectores, los que más tienen un 2º empleo son los trabajadores de los servicios (555.000 pluriempleados), destacando una serie de trabajos: limpieza, empleadas de hogar, cuidadoras, empleados de comercio, trabajadores de hostelería y turismo y transportes. Les siguen, de lejos, los pluriempleados en el campo (27.100), la industria (17.600) y la construcción (11.400).

Un dato llamativo es el repunte de pluriempleados que son asalariados y se hacen autónomos para realizar su segundo trabajo: la tasa de pluriempleo en actividades como autónomos (208.300, el 3,5%) ha crecido un 36% desde 2019, mientras el pluriempleo de los asalariados que realizan su 2º trabajo como asalariados (399.000, el 2,61%) ha crecido la mitad, un 16%. Todo indica que este aumento se debe a trabajadores con bajos sueldos (o jornadas parciales) que se hacen autónomos para realizar un 2º trabajo, sin dejar el primero.

Aunque el pluriempleo ha crecido en España tras la pandemia, todavía tenemos un porcentaje de pluriempleados mucho más bajo que en Europa, donde hay más tradición de pluriempleo, sobre todo entre los jóvenes. Según un estudio de Adecco, en Europa hay 8,8 millones de trabajadores pluriempleados, un 4,1% de los ocupados, según Eurostat. Los paises con más tasa de pluriempleo son Dinamarca (10,8%), Paises Bajos (8,4%) y Noruega (8,3%), seguidos de Finlandia (6,9%), Suecia (6,4%), Portugal (5,5%), Francia (5,4%, 1.326.000 pluriempleados), Alemania (5,3%, 2.055.000 pluriempleados), con sólo un 0,8% (178.300) en Italia. En general, el pluriempleo en Europa es mayor en los paises con los salarios más altos y el paro más bajo, aumentando más entre personas con más nivel educativo, características muy diferentes al pluriempleo en España (concentrado en los trabajadores más precarios).

Algunos expertos achacan esta menor tasa de pluriempleo en España a que muchos trabajadores no reconocen que tienen otro trabajo cuando les pregunta el INE para elaborar la EPA. Y creen que la cifra real de pluriempleados es mayor, porque algunos están “en la economía sumergida”, tienen otro trabajo no declarado. De hecho, los datos de afiliación a la Seguridad Social aportan una cifra mayor de pluriempleados, de trabajadores que cotizan por las horas que hacen en otra empresa. Así, los “afiliados en pluriactividad” eran 889.526 trabajadores en 2025, el 4,1% del total de afiliados, otro récord histórico, también con una fuerte subida desde 2008 (575.128 afiliados en pluriactividad”, el 2,8%) y desde 2019 (730.269 afiliados con pluriempleo, el 3,8%). En muchos casos, las empresas utilizan a trabajadores empleados en otros sitios para cubrir bajas laborales y otro tipo de ausencias. Precisamente, los sectores con más trabajadores “afiliados en pluriactividad” son la educación (12% del total de pluriempleados), las actividades sanitarias (10,8%), los servicios auxiliares (10,7%), la hostelería y el comercio (9,4% de los trabajadores pluriempleados), las 5 ramas que concentran más de la mitad de los “afiliados en pluriactividad”.

Aunque estos datos de afiliación a la Seguridad Social ya suben la cifra de pluriempleados (a 889.526 trabajadores, el 4,1% de los afiliados), otras encuestas elevan mucho más la cifra de pluriempleados. Un estudio de InfoJobs revela que el 85% de los trabajadores sólo trabaja en una empresa, pero que un 8% ha sido pluriempleado hace menos de un año aunque ahora no lo sea y otro 7% de los trabajadores sí es pluriempleado ahora. Y otros estudios revelan que el 40% de los que tienen 2 trabajos lo hacen porque ingresan entre 1.000 y 1500 euros al mes. Y en muchos casos (sobre todo mujeres) porque tienen trabajos a tiempo parcial (por horas o por días) que les deja tiempo para buscarse un 2º empleo, necesario para llegar a fin de mes.

Los sindicatos muestran su preocupación por el ascenso del desempleo, porque creen que refleja la precariedad de una parte del mercado laboral, sobre todo mujeres y jóvenes que tienen jornadas reducidas y bajos salarios, lo que les obliga a buscar un 2º empleo (o incluso un 3º) para complementar sus ingresos y atender sus gastos. Una necesidad que se agrava ahora, por la fuerte subida de los alquileres y muchos precios.

Por esto, los sindicatos alertan que el pluriempleo en España no es signo de unos trabajadores que quieren “flexibilizar” su trabajo o compatibilizarlo con estudios o hijos, como en la Europa más rica, sino una salida desesperada para los trabajadores más pobres. Así, en España, el pluriempleo está fuertemente asociado a la precariedad: el 30% de las personas en situación de pobreza laboral tienen más de un empleo, según Intermón Oxfam. Y además, el pluriempleo “forzado” daña la salud (física y mental) de los trabajadores y dificulta la conciliación de su vida profesional y familiar. Además, a los sindicatos les preocupa que una parte de este pluriempleo forzado sea “irregular”, forme parte de la economía sumergida, por lo que solicitan realizar Planes de vigilancia a la inspección de Trabajo.

En resumen, que vuelve a crecer el pluriempleo, no tanto como el que hacían nuestros padres en los años 60 y 70 pero más que en los buenos años de la burbuja inmobiliaria. Lo malo es que trabajar en más de un sitio no es para la mayoría una opción laboral sino una elección forzada porque con su trabajo habitual no llegan a fin de mes y necesitan trabajar en otro sitio para conseguir unos ingresos decentes. Por eso, los sindicatos reiteran que el pluriempleo es la otra cara de la precariedad laboral y los bajos salarios, del abuso de empresas que utilizan a pluriempleados para cubrir huecos y ausencias, muchas veces sin cotizar por ellos. Y piden que el crecimiento y la mejora de la economía (y de los beneficios empresariales) se traduzca en más empleos únicos de calidad. Ojo al pluriempleo.

España "low cost": crece con baja productividad

2026-07-02T11:00:00.000+02:00

Se ha puesto de moda hablar de España como una economía de bajo coste (“low cost”), que compite y crece gracias a sus bajos salarios y energía barata más que por su innovación y productividad, de las más bajas de Europa. Este modelo de crecimiento, junto a la inmigración, ha permitido que España crezca los últimos 5 años más que Europa, pero esto esconde una realidad: en el PIB por habitante, lo que marca la competitividad de un país y su renta, ocupamos el puesto 15 en el ranking de la UE-27. A lo claro: hay 14 paises europeos más productivos y más ricos, algo que lleva pasando décadas. La culpable es esa baja productividad española, que impide mejorar salarios y rentas. Para converger con la mayoría de Europa, el Consejo de Productividad propone aumentar el tamaño de las empresas, gastar más en tecnología, aumentar la inversión privada, mejorar la formación y la organización de las empresas. Crecer sí, pero siendo más productivos para vivir mejor.

Enrique Ortega

La OCDE ha sido la última organización en pronosticar, este mes de junio, que España crecerá este año un +2,2%, casi el triple que la eurozona (+0,8%) y más incluso que Estados Unidos (+2%). De confirmarse, será el 6ª año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crece más que el resto de Europa, empujados por el turismo, el consumo privado, los inmigrantes y las exportaciones, sin olvidar los Fondos europeos. Pero lo importante para un país no es sólo lo que crezca su PIB (somos el 4º país con el PIB más alto, tras Alemania, Francia e Italia) sino lo que aumente su PIB por habitante, el indicativo de la productividad de un país y, en consecuencia, de su nivel de vida. Producimos mucho más cada año, pero con 3.326.100 trabajadores más que en 2019. Ahí está “el truco”.

Y aquí, en el PIB por habitante, España ha vuelto a “pinchar” en 2025, según los datos de Eurostat: somos el país nº 15 en el ranking europeo de producción por habitante real (descontando la inflación), con 38.272 euros por habitante, el 92% del PIB por habitante real de la UE-27 (41.600 euros). Y estamos por detrás de la producción por habitante de Luxemburgo (239% del PIB per cápita europeo), Irlanda (238%), Paises Bajos (133%), Dinamarca (127%) o Austria (118% del PIB habitante europeo), paises mucho más pequeños que España pero más productivos y que por eso tienen más renta y mejores salarios. También estamos por detrás del PIB por habitante real de Alemania (115% de la media UE-27), Bélgica (114%), Suecia (111%), Malta (110%) o Finlandia (101%), que cierran la lista de los 10 paises europeos con un PIB por habitante superior a la media UE-27. Les siguen Francia y Chipre (98% del PIB por habitante europeo), Italia (96%) y Chequia (92%). Y a continuación, en el puesto 15º se encuentra España, con el 92% del PIB por habitante europeo. Un nivel y un puesto similar a los de 2023 (91%) y 2024 (92%), que cayó del 90% entre 2020 y 2022 por la pandemia y que está por debajo de la media desde 2010 (96%).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, en marzo de 2026, del 72,7%, frente al 76,3% en la UE-27, el 81,5% en Alemania y el 75,2% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,3% en Paises Bajos, al 79,4% en Irlanda, al 82,2% en Suecia o al 83,4% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 68%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1.026.000 personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB y nuestra renta, también el PIB por habitante). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,5 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitante) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

Recientemente, el nuevo Consejo de Productividad de España ha elaborado su primer informe, donde destaca que la baja productividad de España es un problema endémico, que arrastramos desde finales del siglo XIX. Así, entre 1890 y 1994, el PIB per cápita creció en España un +1,8% anual, frente al +2% que creció en Europa y el +2,2% en EEUU. Y entre 1995 y 2022, el PIB per cápita creció en España el +0,8% anual, también por debajo del +0,9% que aumentó en la UE-27 y el +1,3% que creció anualmente en EEUU. Eso sí, entre 2022 y 2025, la productividad por hora trabajada en España crece el doble (aunque poco: el +1% anual) que entre 2014 y 2019 (+0,5%), aunque los datos de Eurostat señalan que la productividad española crece entre un 10% y un 15% por debajo UE-27.

El informe del Consejo de Productividad señala dos problemas. Uno, la baja productividad española. Y el otro, que las mejoras de productividad están mal repartidas y los trabajadores se llevan (en sus sueldos) la menor parte. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora trabajada creció un 95% acumulado, pero la remuneración por hora (sueldo) sólo creció un 3%. Y entre 1999 y 2024, la productividad por hora trabajada ha crecido un 13%, mientras la remuneración por hora trabajada (sueldos) ha crecido un 11%. Resultado: el trozo de pastel de los salarios en el reparto de la productividad es hoy inferior al de 2019. Y lo más preocupante: los salarios reales (descontando la inflación) apenas han crecido en España en los últimos 25 años. Así que crecemos, pero la mayoría de los trabajadores no lo notan.

¿Por qué España sigue teniendo una baja productividad? El Consejo señala los dos factores que lo explican: la baja inversión en tecnología e innovación y una estructura productiva centrada en sectores poco productivos, como los servicios, el turismo, el comercio o la agricultura. Y señala otra debilidad de la economía española: la baja inversión, sobre todo privada, que ha crecido menos que en Europa (que a su vez invierte también menos que EEUU, lo que explica su menor productividad). Y también destacan otros factores que bajan la productividad : la escasez de mano de obra, la falta de competencia, el exceso de burocracia y las 17 normativas autonómicas, los impuestos y la normativa laboral.

Otros expertos señalan tres factores claves que explican nuestra baja productividad. El primero, el menor tamaño de nuestras empresas, el exceso de pymes. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay también un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque tienen más empresas medianas (el 0,93%) y casi idéntico porcentaje de pequeñas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

La 2ª causa que explica nuestra menor productividad es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Pero la mayor “brecha” con Europa se da en la inversión tecnológica de las empresas: en España invierten el 0,7% del PIB mientras en Europa invierten una proporción doble, el 1,48% del PIB. Además, esta imprescindible inversión empresarial en I+D+i se concentra en las grandes empresas, que suponen dos tercios de la inversión tecnológica privada. En definitiva, las pymes invierten poco en tecnología e innovación y eso frena su productividad, lo mismo que su menor internacionalización (pocas pymes exportan) y la mayor dificultad que tienen para financiarse.

El tercer factor clave que reduce nuestra productividad es la menor inversión en España. En los últimos años, la inversión total se ha estancado (14,8% del PIB en 2025, casi igual al 14,7% que invertíamos en 2019) y sigue por debajo de la inversión en Europa (16,1% del PIB) y en Estados Unidos (17,4% del PIB), según Funcas, aunque debería haber repuntado mucho más por el aluvión de Fondos europeos. Esta baja inversión, en España y en Europa, explica en buena medida la menor competitividad frente a EEUU y China, según el informe Draghi, y “limita la capacidad del país para aumentar su productividad y cerrar la brecha de renta per cápita con los países más avanzados de la eurozona”, según BBVA Research.

Hay un 4º factor que explica también nuestra baja productividad: la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes aumenten de tamaño y superen los 50 trabajadores…

En definitiva, que hay muchos cambios estructurales que hacer para conseguir que no sólo crezcamos mucho sino que produzcamos más por trabajador, que seamos más eficientes y productivos, la verdadera clave para mejorar los salarios y nivel de vida, para acercarnos más a la Europa rica del centro y norte del continente. El Consejo de la Productividad propone maximizar los incentivos a la innovación tecnológica, apoyar la transformación digital y energética, mejorar la formación de los trabajadores y la inversión en educación, aumentar el tamaño de las empresas, aumentar la inversión y reducir barreras a las nuevas empresas. Y recuerdan: la mejora de la productividad es la base de un crecimiento que permite aumentar la renta per cápita y mejorar los salarios reales, estancados desde hace 30 años.

Ya sabemos lo que pasa, por qué España tiene los salarios más bajos de Europa y un nivel de vida inferior a 14 paises europeos, muchos de ellos más pequeños. Y tenemos una hoja de ruta para mejorar esta situación, con el gran objetivo de mejorar la productividad. No podemos seguir con una economía “low cost”, que compita en Europa y el mundo con bajos salarios y costes de la energía, con pequeñas empresas con poco capital y poca inversión. No podemos seguir compitiendo por precio, como la China de Europa: necesitamos dar un salto cualitativo y competir con productos de mayor valor añadido, con más tecnología e innovación, con empresas más grandes, más internacionalizadas y que inviertan más en el futuro. Hay que mirar no sólo que crezcamos más sino que crezcamos siendo más productivos. Sólo así mejorarán nuestros bajos salarios y aumentará nuestro nivel de vida. Ser más productivos debería ser el gran objetivo nacional a medio plazo. Para todos.