APUNTES DE FEDERICO TATTER

DECLARACION DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE LA MESA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PARAGUAY

noreply@blogger.com (Federico) — Tue, 19 Jul 2011 22:36:00 +0000

El poder del pueblo es la garantía para la vigencia real de los derechos humanos y la existencia de una democracia verdadera

Tenemos que luchar contra los resabios terroristas que todavía existen y martirizan a nuestro pueblo, con especial crueldad a los más pobres y excluidos.

Y aún más importante es unirnos por el nunca más al terrorismo de estado que las minorías privilegiadas y amenazan reimplantar, sabiendo que nunca han perdido poder ni económico ni político.

Solicitamos y exigimos a las autoridades, corregir rumbos y dar pleno cumplimiento a las recomendaciones de la comisión de verdad y justicia, y dentro de ellas, comenzar en serio con la recuperación de las tierras y bienes mal habidos, y de una vez avanzar en el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad, del pasado y del presente, aun impunes.

Necesitamos participar y contribuir entre todos y todas por la realización del programa y el proyecto aprobado mayoritariamente por nuestro pueblo el 20 de abril de 2008, incluso profundizándolo:

1. Por la democracia participativa.

2. Por la soberanía nacional.

3. Por la reforma agraria integral.

Y profundizar el proceso a través de políticas de estado en derechos humanos como prioridad rescatando todas las memorias e historias de lucha nuestro pueblo.

Solo defendiendo los derechos humanos fundamentales como causa nacional, podrá progresar el Paraguay en un clima de justicia social, inclusión y bienestar general de las mayorías trabajadoras y el pueblo todo.

Solo así será verdad la consigna: nunca más al terrorismo de estado en el Paraguay y por la construcción de un estado realmente democrático en base a políticas de derecho.

Asunción, Paraguay, 16 de julio de 2011.

MIRADA SOBRE LA DICTADURA ESTRONISTA

noreply@blogger.com (Federico) — Thu, 03 Feb 2011 13:33:00 +0000

Comparto material confeccionado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, a propósito del 2 y 3 de febrero, a 22 años del golpe militar, fecha en que se conmemora el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), luego de 35 años de implantación del terrorismo de estado y la doctrina de seguridad nacional dentro de un modelo totalitario de gobierno que abarcó control férreo y opresivo sobre la casi totalidad de la administración pública y las organizaciones de la sociedad civil.

MIRADA SOBRE LA DICTADURA ESTRONISTA

Autor: CODEHUPY.

“Cualquiera que sea la posición de su propaganda oficial, el régimen de Stroessner no tiene realmente miedo a la subversión. De lo que tiene miedo es de la democracia”.

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fechado en 1980.

La dictadura de Alfredo Stroessner tuvo particularidades que la diferenciaron de otros procesos autoritarios de la región, a los cuales, además, superó ampliamente en duración.
Desde el principio, el régimen de Stroessner demostró una evidente aspiración totalitaria, ya que no se limitaba a detentar el poder político institucional sino que buscó el control absoluto del conjunto de la sociedad. Esta característica explica la fuerza, longevidad y gravedad de los efectos sociopolíticos y económicos de la dictadura.

La estructura y el funcionamiento del stronismo se apoyaba en dos elementos fundamentales. Con el poder en sus manos, el dictador Stroessner emprendió una purga de los cuadros de oficiales de las Fuerzas Armadas, desechando a todos los elementos políticamente desleales. De inmediato, se aseguró el respaldo de la cúpula militar en el mando mediante ascensos, privilegios, asignación de tierras fiscales y todo tipo de negociados que incluyeron también la protección del contrabando y el narcotráfico. Un eje crucial del esquema stronista fue la partidización de las FFAA, en cuyas filas solo se podía ingresar y escalar siendo afiliado a la ANR y exhibiendo la más indigna obsecuencia hacia el dictador.

El segundo elemento fue el Partido Colorado, el cual aportó el sostén político al régimen a través de sus 229 seccionales en todo el país y la aplicación del clientelismo político a límites inauditos. La ANR funcionó como partido único hasta 1963 y como partido hegemónico en los años siguientes hasta la caída del dictador. Además de ser el factor de legitimación de Stroessner, el Partido Colorado contribuyó incluso con la incorporación de sus afiliados a grupos de represión parapolicial.

La lógica del sistema stronista lo llevó a extender sus ramificaciones y organismos de control y dominación mucho más allá del Estado. En este ámbito no había, de hecho, posibilidad alguna de disenso o pluralidad ya que mediante la afiliación compulsiva en la administración pública (civil, policial y militar) la estructura estatal estaba completamente subordinada a la dirigencia política del stronismo. Sin embargo, los tentáculos se extendieron a sindicatos, gremios empresariales, centros estudiantiles e instituciones culturales afiliaban y mantenían bajo un férreo dominio a la sociedad civil. Se consolidó así el papel de la ANR, como una enorme maquinaria de vigilancia, delación y control. En donde hallaba resistencia al control corporativo o se mantenía cierta autonomía de la sociedad, la dictadura recurrió a la cooptación de la representación social. Un caso típico de esto son las asociaciones de profesionales colorados (médicos, abogados, contadores, etcétera) que disputaban la legitimidad de las organizaciones genuinas de estos sectores.

Bases doctrinarias de la dictadura

Más que una ideología propiamente dicha el basamento doctrinario del régimen de Alfredo Stroessner fue un difuso conglomerado de elementos nacionalistas, tradicionales y autoritarios con los que buscó impregnar a toda la sociedad paraguaya.
A diferencia de las grandes ideologías de la época, la dictadura estronista no encarnó jamás un proyecto histórico, ni postuló la creación de un “hombre nuevo” ni pretendió transformar radicalmente la economía y la sociedad.

En sus contenidos discursivos, la tiranía de Stroessner apeló a un nacionalismo elemental y de corte militarista sustentado en el culto al Mariscal Francisco Solano López y a la Guerra de la Triple Alianza, la heroicidad de la raza paraguaya, el odio a los Legionarios, etcétera. Los impulsores de esta corriente -y, por lo tanto, principales ideológos del estronismo- fueron los colorados Juan E. Oleary y J. Natalicio González.

Desde sus inicios, de hecho, la dictadura de Stroessner se alineó sin objeciones a la doctrina de la Seguridad Nacional propugnada por EEUU y se declaró en cuanta tribuna internacional pudo como una “democracia sin comunismo”. El discurso anticomunista fue central en la política represiva del régimen. Sin embargo, en realidad, el estronismo nunca consideró al comunismo o a las agrupaciones políticas de izquierda como un peligro real. Su feroz anticomunismo servía de elemento de legitimación la represión a otros sectores, sin que importara la ideología ya que más de una vez alcanzó incluso a grupos conservadores.

No hay mejores palabras para explicar estos mecanismos de la dictadura que las contenidas en un informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fechado en 1980: “Cualquiera que sea la posición de su propaganda oficial, el régimen de Stroessner no tiene realmente miedo a la subversión. De lo que tiene miedo es de la democracia”.

ENLACE: http://www.codehupy.org/dictadurasnuncamas/mirada_stronismo

AGRIDULCE POR SANTIAGO O'DONNELL. Acerca de la justicia selectiva

noreply@blogger.com (Federico) — Sun, 13 Jun 2010 21:34:00 +0000

Comparto esta nota de Santiado O'Donnell. Análisis agridulce acerca de los alcances limitados de la justicia selectiva, y acerca del accionar de organismos internacionales y el sistema de naciones unidas, muchas veces cuestionado por escasa eficacia en sus muy publicitados cometidos.

Agridulce

Por Santiago O’Donnell. Página 12. Las condenas suelen dejar un sabor agridulce porque la Justicia casi siempre es tardía y parcial. El fallo que sacó esta semana el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia no es la excepción. Condena a cadena perpetua por genocidio a dos militares serbio-bosnios y a fuertes penas a cinco más por crímenes de lesa humanidad, todos ellos por su participación en la masacre de Srebrenica de 1995, para muchos el peor acto de violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si uno lee la sentencia no puede menos que pensar que estos muchachos recibieron su merecido. Tardaron poco más de un mes en masacrar a más de ocho mil hombres adultos por el solo hecho de ser bosnios musulmanes. Se cargaron a más de mil en un solo día en una orgía sangrienta que tuvo lugar en un galpón. Vaciaron dos enclaves enteros, desplazando a decenas de miles de mujeres y niños musulmanes de sus casas, después de aterrorizarlos y hambrearlos con un bloqueo feroz.

El Tribunal de La Haya demostró que la masacre no fue el resultado de ningún exceso, sino de un plan sistemático que arrancó con una directiva escrita, la número siete del entonces presidente serbio-bosnio Radovan Karadzic. Ordenaba crear “una situación intolerable de total inseguridad con ninguna esperanza de supervivencia o vida para los habitantes de Srebrenica y Zepa”.

Tampoco se puede discutir que la sentencia es un avance para el principio de jurisdicción universal del derecho penal internacional. Se trata de la segunda sentencia por genocidio que emite un tribunal internacional, tras las condenas por el genocidio en Ruanda, y la primera de ese tipo contra ciudadanos europeos. En América latina tampoco hay muchos antecedentes. En el 2006 la Corte Suprema brasileña condenó por genocidio a unos mineros que masacraron a aborígenes yaromami. Hay algunos casos dando vueltas en Bolivia, Colombia y Argentina y no mucho más. Si uno se pone a pensar en todo lo que pasó en nuestro continente y en el mundo desde que se firmó la Convención de Genocidio en 1948, suena a poco lo conseguido con ese instrumento legal y ésa es otra razón para festejar la sentencia emitida esta semana por el Tribunal de La Haya.

Pero, claro, hay algunas cosas que la sentencia no dice y otras que dice medio al pasar. Entre estas últimas se destaca un dato de público conocimiento, que aparece repetidamente en la descripción de los hechos pero que brilla por su ausencia en la sección dedicada al reparto de castigos. Para decirlo sin vueltas, durante la masacre y la limpieza étnica, los enclaves de Srebrenica y Zepa se encontraban bajo la protección militar de fuerzas holandesas bajo bandera de la ONU y la OTAN. Y esos soldados no dispararon un solo tiro para evitar la masacre.

Los jueces dicen en la sentencia que los holandeses fueron convenientemente engañados. Y los holandeses argumentan que no tenían mandato para actuar porque su misión se encuadraba en el Capítulo Seis del mandato de la ONU (mantenimiento de la paz) y no el Capítulo Siete (imposición de paz a través del uso de fuerza). Está bien, nadie va a acusar a esos holandeses de genocidio, pero el tribunal juzga crímenes de guerra y cuesta creer que los guardianes de Srebrenica no tengan responsabilidad penal alguna por un genocidio que ocurrió en sus narices, mientras esos mismos guardianes, según el fallo, negociaban el vaciamiento de los enclaves con los masacradores.

Como dice León Gieco, el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. A esta altura de los acontecimientos hay pruebas sobradas de la persecución y el desplazamiento de la minoría serbia en Kosovo tras la ocupación de la OTAN. Hay muchas y muy buenas investigaciones sobre toda clase de crímenes de guerra ocurridos durante esa ocupación. En 1999 la entonces República de Yugoslavia, lo que quedaba de ella, acusa por genocidio en Kosovo al gobierno de Estados Unidos. Washington contestó que las tropas de la OTAN actuaron para prevenir la limpieza étnica de kosovares albaneses y argumentó que la Corte de La Haya no tiene jurisdicción porque Estados Unidos firmó una cláusula complementaria a la Convención de Genocidio aclarando que no puede ser acusado sin su consentimiento. El tribunal le dio la razón y nunca más se metió con un soldado de la OTAN.

El otro tribunal penal internacional de La Haya, con jurisdicción sobre países como Irak, Afganistán o Medio Oriente, tampoco encontró nunca un crimen de guerra de tropas estadounidenses, europeas o israelíes que ameritara su intervención. En el caso de Irak, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo dictaminó que el tribunal no está para juzgar las razones que llevan a iniciar una guerra, sino los crímenes que se cometen en ellas y que, en el caso de Irak, no hay evidencias suficientes como para abrir una investigación.

Hasta ahora el tribunal penal internacional ha limitado sus procesos a Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán y Kenia. En el caso de la guerra yugoslava, también es frustrante que la primera sentencia por genocidio recaiga sobre militares de tercer nivel, mientras que de los tres principales responsables de la limpieza étnica de los musulmanes, uno está muerto, otro está prófugo y el otro está preso a la espera de un juicio que terminaría recién en el año 2014.

La sentencia por el genocidio de Srebrenica es un acto de justicia que traerá un poco de alivio a los sobrevivientes de la masacre y a los familiares de las víctimas. Como tal merece el aplauso. Pero a la vez representa un ejemplo más de justicia selectiva. Esa parcialidad pone en riesgo la legitimidad de la Convención de Genocidio y de todo el sistema de cortes internacionales. Porque se supone que fueron creadas para combatir los abusos de todos los poderosos y no sólo los de algunos poderosos no demasiado poderosos. Como dice un pasaje del Martín Fierro que Moreno Ocampo solía citar, como ejemplo de lo que no hay que hacer: “Para los amigos todo, para los enemigos la ley”.

Sensación agridulce: el fallo no estuvo mal, pero faltan muchos más. Y si La Haya no empieza a equilibrar la balanza, un día no muy lejano va a ser demasiado tarde.

Enlace: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-147509-2010-06-13.html

"Los muertos y el degollado" por Mario Ferreiro

noreply@blogger.com (Federico) — Wed, 05 May 2010 13:20:00 +0000

Comparto este material de opinión por pertinente con el tema y la actualidad del Paraguay hoy. Por la historia de impunidad, de supervivencia de un modelo autoritario. Por la historia de una transición que caminó siempre para atrás y en defensa del status quo conservador. Por la historia de reaparición de las ambiciones autoritarias y antidemocráticas de parte del establishment poblado de fantasmas del pasado dictatorial, con exigencias de mano dura, de estado de fuerza, de estado de excepción y claro, de cambio en la conducción del ejecutivo a través de un golpe "institucional", disfrazado de juicio político a mano de quienes han construido y se han servido de las dictaduras y los estados autoritarios en el Paraguay.

Mario Ferreiro. ABC COLOR. PARAGUAY. Enternece verlos tan exasperados, dando plazo de días y semanas para eliminar al EPP. Asombran sus discursos encendidos, sus vestiduras rasgadas y esa pose ampulosa que pretende conmovernos hasta el miedo.

Si no supiéramos de memoria que son los padres y abuelos del desastre que tomará décadas arreglar, hasta podríamos comenzar a creerles. Son los muertos asustados del degollado, los mismos que nos prometían ayer la perennidad de la paz y el progreso y la democracia sin comunismo; hoy están muy enojados y hasta parecen sinceros.

Yo los veo azorado frente a un televisor. Ensayo sus mismos gestos; practico sus ademanes frente al espejo. No sea cosa que los vaya a necesitar alguna vez. Ni Al Pacino en sus mejores días supo tener tanto virtuosismo actoral. Sudan exaltados, miran a la cámara y luego giran, agregando dramatismo a cada una de sus frases. Conforman un ejército de zombies marchando en nuestras instituciones, haciendo la mascarada del asustado. Justamente ellos, los que nos metieron el miedo hasta los tuétanos con sus cárceles y mazmorras de mala muerte y peor memoria.

Hoy están de vuelta, azuzando el fantasma del caos y la subversión; les viene como anillo al dedo cualquier incidente, cuanto más grave mejor, ni siquiera les importan las víctimas sino el provecho político que se puede extraer de ellas. Lo demostraron claramente en el caso Zavala, y no han podido disimularlo nuevamente luego de la terrible matanza de arroyito. Exigieron a los gritos el estado de excepción, para luego desvirtuarlo en un par de mamotretos imposibles de ser cumplidos y totalmente reñidos con la Carta Magna que alguna vez juraron respetar.

Son en verdad impresentables. Porque siguen sin poder entender que hay intereses muy superiores a los de sus domesticas rencillas. Si supieran que nos importan poco o nada sus malditas internas en donde imperan la prebenda, la amenaza y la extorsión psicológica. Y entendieran de una vez por todas que hay temas en donde no debiera importar lo que se publica sobre ellos en los diarios y la televisión.

Pero no hay caso. Cada crisis es fuente inagotable de un show de megalomanía e ignorancia insoportables. Nos empalagan con discursos plagados de frases mal elaboradas y sin sentido. Uno llegó a decir que el Ejecutivo lloraba “con lágrimas de víbora”, y otro más encumbrado aun dijo que el Legislativo siempre le saca “las pestañas del fuego” al Ejecutivo. Nadie pareció sorprenderse, de tan vacíos de contenido que se hallan hace rato esas bravuconadas reiteradas como una letanía inútil.

Son los mismos que no tuvieron la capacidad de salvar a Cecilia ni el coraje de cortarle el chorro a Marquetalia. Los que permitieron que la orden de captura de Severiano Martínez nunca se cumpla a pesar de estar vigente desde el 2002. Ahora supuestamente se asustan de los degollados y ponen plazos pegando el grito al cielo. Yo sencillamente no les puedo creer.

Enlace: http://www.abc.com.py/abc/nota/110973-Los-muertos-y-el-degollado/

Estado de decepción: Cómo defender la democracia y no volverse autoritarios en el intento por José María Costa

noreply@blogger.com (Federico) — Tue, 04 May 2010 21:22:00 +0000

Comparto esta nota, pues hace a un tema de especial sensibilidad en el Paraguay actual: la creciente posibilidad de perder derechos y garantías, en el combate al crimen, derechos y garantías por los cuales centenares de ciudadanos han luchado por décadas. Y estas excepciones a las garantías si se instalan por unas, mañana podrán instalarse por otras... las razones que fueren, e incluso, sin que existan valederas ni existan habilitaciones constitucionales explíticas.
Es cierto, el Paraguay desde la dictadura y durante la transición ha vivido de zozobra en zozobra por la emergencia de grandes asociaciones criminales al margen de toda ley, por encima de toda ley, y generalmente estuvieron y están relacionados a los grupos de poder, por tanto, toda asociación para el delito en el Paraguay, por lo menos es saludable sospechar que alguna relación con factores de poder político o económico mantuvieron o mantienen.
Y claro está que ninguno de los gordos peces de estas asociaciones no habitan las cárceles y han sido invetigados ni juzgados como corresponde en ley, antes bien, tienen la inteligencia y capacidad de cambiar de caras, de rubros, de territorios, e incluso, "plantar" y financiar los emprendimientos delictivos más audaces con fines económicos y hasta políticos, desestabilización incluida.
Pero está la defensa y promoción de un sistema democrático en juego. Un estado de derecho está obligado imperiosamente a garantizar la seguridad de las personas, a combatir el crimen con firmeza, pero precisamente para salvaguardar el sistema de garantías y derechos para toda la ciudadanía en todo el territorio nacional, y salvar al estado de caer en manos del crimen, por las vías que fuere. Renunciar a ello, aunque sea parcial o temporalmente, es el pasto más dulce y sabroso para la tentación y la razón autoritarias, la misma que busca en muchos casos la discrecionalidad y arbitrariedad exactas para sus sectarios intereses, con una democracia formal, epidérmica y de fachada que los encubra, o el fracaso de todo proceso democrático y democratizador, cuando no tendrán los privilegios a la luz de los cuales han nacido y crecido.
Para este humilde observador, la democracia está y estará a media asta hasta que todas las garantías y derechos estén nuevamente vigentes en todo el territorio nacional y válidas para todos sus habitantes. Nada es más grave que perder garantías, sea por un minuto, sea en un centímetro de territorio nacional. Los estados de excepción son fuegos que queman demasiado y pueden producir daños irreparables en sociedades como la paraguaya, donde harto difícil es construir democracia con verdad, justicia, memoria y que en el tiempo perduren como valores a preservar de toda coyuntura o contingencia. Las manos democráticas que nos conduzcan, tan y más hábiles serán cuanto más lejos de cualquier "atajo", y especialmente el autoritario, nos mantengan.

Estado de decepción: Cómo defender la democracia y no volverse autoritarios en el intento

José María Costa. ULTIMA HORA. PARAGUAY. Ha preocupado a muchos la declaración del estado de excepción. No les han faltado razones a quienes se preguntaron para qué se necesita una medida extrema como ésa, habiendo caminos normales, no extraordinarios, para demostrar voluntad y decisión firme en la lucha contra la delincuencia, organizada o no.

Personalmente, me queda el sabor de que aún sin este recurso constitucional extremo, las autoridades podrían haber hecho mejor papel en el combate al EPP y a otras formas más cotidianas y menos "ideológicas" de inseguridad. Por ejemplo, para movilizar fuerzas militares o actuar con rapidez -incluso en las órdenes de detención o allanamiento- no se precisan permisos constitucionales "extras", sino voluntad real y claridad en el mando. El gobierno tiene, en este sentido, la oportunidad de desmentir todo el escepticismo y las sospechas que han rodeado este asunto. Y sabe que tiene menos de un mes para hacerlo, un corsé de tiempo al cual no se ha visto muy afecto un gobierno que camina, según sus propios corifeos, "a pasos episcopales", y todavía sigue justificando sus demoras diciendo que cualquier tiempo es poco para todo lo que debe hacerse.

Ahora bien, lo que deja de nuevo revoloteando en el escenario político esta circunstancia del estado de excepción es la cada vez más señalada necesidad de que las esperanzas, las ilusiones, las expectativas de la gente sean atendidas con respuestas concretas por parte de las autoridades.

No se puede consolidar la cultura democrática, ni siquiera la simpatía por ella, sin evidentes avances en los valores componentes de este sistema de gobierno. No por mucho cacarear sobre la participación democrática, habrán de verse los huevos de un verdadero protagonismo de los ciudadanos. El resultado de una ciudadanía activa, protagónica, comprometida con el país, no viene como consecuencia de simples y populistas discursos que parecen evidenciar más bien un temor o antipatía al "otro" mecanismo de participación: el voto. Para lograr que la gente se sienta protagonista, esté consustanciada con la democracia, la valore y la defienda, se precisa de realidades más que de discursos; de acciones, más que de proyectos grandilocuentes; de avances reales, más que de excusas sempiternas.

No por llenarse la boca de "democracia participativa", la gente excusará la inutilidad o la deshonestidad en la función pública. No por autodenominarse "progresistas" los dirigentes políticos o sociales del entorno gubernamental deberán esperar que nadie les señale con el dedo cuando han metido la mano en la lata, o cuando lo han intentado y pudieron "desactivar a tiempo", antes de ser pillados, esos negociados. No por proclamarse profetas del cambio están exentos de rendir cuentas, ser transparentes, ser eficaces y actuar con total legalidad. Así se ha reclamado a los de antes, no debiera ser diferente con los de ahora. Ni debiera creerse que con eso se "pone el palo a la rueda" o "se hace el juego a los antidemocráticos".

Hacer el juego al pasado, al autoritarismo, a la anti-democracia ocurre en verdad cuando no se actúa con responsabilidad ante la esperanza de la gente, cuando se promete y no se cumple, cuando se buscan atajos autoritarios para fines sectarios. Para defender y fortalecer la democracia hay que actuar institucionalmente y ser eficaz, para con ello evitar que en esta ciudadanía, aún esperanzada, cunda y se instale el estado de decepción. ¿O ya es tarde para ello?

Enlace: http://www.ultimahora.com/notas/318877-estado-de-decepci%C3%B3n

LA CLASE POLITICA COLORADA Y SU SUICIDIO POLITICO POR JOSE CARLOS RODRIGUEZ

noreply@blogger.com (Federico) — Sun, 02 May 2010 00:44:00 +0000

Comparto esta nota pues intenta abordar un tema clave de la lucha por la democracia y contra el autoritarismo en el Paraguay, la supervivencia en pleno siglo XXI de expresiones políticas aún ancladas en el siglo XX, con períodos fascistoides, y relacionadas a las diversas mafias que crecen y se reproducen en la ilegalidad.

La clase política colorada y su suicidio político

Por José Carlos Rodríguez. (*). ULTIMA HORA. PARAGUAY. El Partido Colorado no cayó el 20 de abril del 2008. Ese día perdió las elecciones, lo que le pasa a cualquiera, en democracia. Cayó ahora, el 28 y 29 de abril del 2010, al votar en el Parlamento, casi unánimemente, contra el impuesto a la renta personal. Cayó bien bajo.

Los colorados Unace o ANR saben por qué votaron y qué botaron en relación a la renta personal.

Votaron por la corrupción y botaron a la honestidad. El que había sido el partido de la dictadura y luego fue el partido de la transición, ahora es el partido de la corrupción. Desde el punto de vista del voto por la mafia, no se distinguen unos de otros; salvo alguna excepción solitaria y nada significativa.

Con ello, la ANR se pisa el propio poncho. Ya que ese proyecto había sido presentado por la propia ANR. Corta es la memoria y larga la incoherencia. Con ello, la ANR se levanta contra el reclamo popular que se bate contra la mafia y sus testaferros, contra los que viven en la oscuridad fiscal y odian la transparencia. Contra la mafia que acaba de acribillar a un senador de la nación. Con ello, se levantan contra la necesidad de aumento de los recursos del Estado, cuando un pueblo sufre la necesidad de más medios estatales para salud, educación, infraestructura y reformas a favor de la pequeña producción familiar, rural y urbana. Con ello, el partido de Caballero hace yvy ku'í de sus principios sociales y libertarios, que muchas veces no fueron practicados, pero frecuentemente han sido ensalzados.

La diferencia entre motivos, intereses y pretextos es confusa. No se sabe para quién trabajan los colorados. No para los gremios empresariales, que se manifestaron a favor del blanqueo de la economía, con la Unión Industrial Paraguaya y la Federación de la Producción la Industria y el Comercio, y muchos más que están por el IRP. El empresario legal no es el mandante secreto de estos políticos. Otros son sus patrones, posiblemente los del dinero negro, pero también puede ser que sean ellos mismos, como clase política colorada en contra del país honesto. Los perros de estancia que cuidan su querencia, los pecados y secretos de familia.

La ANR había acunado al militarismo, a la dictadura, al conformismo con la injusticia social y con la sociedad corrupta. Eso había sido en dictadura. Pero el coloradismo tuvo gestos grandes. Fue el primer partido de la historia paraguaya que entregó pacíficamente el mando al ganador de la contienda electoral. Y ese mismo partido había propuesto el blanqueo de la sociedad. Y ahora, ¿qué les pasa?

¿Es que no tienen más el dinero estatal para hacer campaña y quieren que los empresarios mau paguen las cuentas? ¿Es que ellos mismos temen al blanqueo porque puede perjudicar a sus propios dineros malhabidos y maltenidos? Sostienen un esquema neoliberal, modelo Jaeggli, que consiste en la lucha de clases de los ricos contra los pobres, más a la derecha que el FMI, que el BM, que naturalmente, como todo el mundo hoy se posicionan a favor de una economía normal, y, naturalmente, los colorados se posicionan a la ultraderecha del Partido Liberal, al que alguna vez acusaron de oligarquía.

No piensan posiblemente en hacer progresos en mantener el orden público, en elevar la moral pública, hacer promesas de bienestar público y cumplirlas. ¿Piensan acaso volver a atacar a las poblaciones campesinas para que no protesten de hambre? ¿Piensan acaso prohibir los movimientos sociales para que no protesten contra la injusticia social? ¿Piensan rehabilitar a Pastor Coronel, a Investigaciones y la Técnica con sus torturadores, para que nadie se anime a desobedecer dos veces? ¿Piensan que hay que jerarquizar el Parlamento y no ensuciarlo con decisiones absurdas? ¿Piensan darle nomás razón a la indígena que desconfiaba de los partidos y condenaba al Parlamento?

Al decidirse en contra el impuesto a la renta personal, el coloradismo da un paso decidido hacia su entierro político. Un partido que milita en contra la justicia y contra la integridad es un partido con una dolencia mortal. Ponerse en contra de la historia es un suicidio político, un politicidio.

¿Qué le van a decir a su casi dos millones de afiliados? ¿Que la corrupción es buen negocio? ¿Que hay que aguantarse la pobreza y el hambre? ¿Que el Paraguay debe resignarse a ser un país fracasado? ¿Que para echar a Lugo hay que crucificar a la patria, o sea a todos y todas? ¿Qué le van a decir a los empresarios que heroicamente piden pagar impuestos justos y tener un país más justo? ¿Qué le van a decir a sus obreros, a sus campesinos sin tierra y a sus pobladores sin techo? ¿Que la economía debe declinar para que remonten los jefes partidarios sin vergüenza?

Sin hacer bien sus deberes, el Paraguay no funcionará en un mundo que marcha cada día más rápido. Volver al pasado del siglo XX, en el XXI, no es volver a lo mismo de ayer, es irse al infierno. La mundialización no espera ni perdona. Eso lo saben los jefes de la ANR y no les importa. Dios y la patria les reclamarán a los jefes colorados, sin duda. Pero, mucho antes, lo harán los votos. La tumba que están cavando, ellos mismos para ellos mismos, no quedará vacía por mucho tiempo. Esa tumba les está reclamando. Está ávida por acoger a los escombros de un partido que dio un paso decidido hacia su propia extinción.

(*) Sicólogo. Catedrático de la UCA. Asesor del Ministerio de Hacienda y de una comisión del Parlamento.

Fuente: http://www.ultimahora.com/notas/317790-La-clase-pol%C3%ADtica-colorada-y-su-suicidio-pol%C3%ADtico

PARAGUAY: Consiguen ADN de víctimas NN

noreply@blogger.com (Federico) — Fri, 23 Apr 2010 20:10:00 +0000

Antropólogos argentinos en plena tarea de exhumación de los restos de una víctima de la dictadura en la Agrupación.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó ayer que pudieron aislar el perfil genético de tres restos óseos pertenecientes a víctimas de desaparición forzosa durante la dictadura stronista. Estos huesos fueron hallados en el predio de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, ex Agrupación de Seguridad. “En total ya se encontraron en este sitio los restos de seis personas, de los cuales tres ya tienen registros de ADN. Esto es histórico.

Son los tres primeros desaparecidos que podrán ser identificados”, manifestó Rogelio Goiburú, la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación. Agregó que todos los estudios para obtener la información genética de los restos de los tres NN corrieron por cuenta de EAAF, quienes vienen colaborando en las excavaciones en búsqueda de los detenidos-desaparecidos y ejecutados extrajudiciales durante la dictadura stronista. “Ahora, el siguiente paso es recolectar la mayor cantidad posible de muestras sanguíneas de los familiares cercanos de los desaparecidos. Hasta ahora contamos con 56 muestras depositadas en el Poder Judicial, pero debemos multiplicar por diez este número. Con el estudio científico de la sangre iremos detectando la identidad de aquellas víctimas NN que ya cuentan con perfil genético”, explicó Goiburú. El funcionario comentó que “el costo de todos los estudios científicos, además de las idas y venidas de los antropólogos argentinos, corrió por cuenta del Gobierno del vecino país. A partir de ahora nosotros debemos conseguir fondos para continuar con las investigaciones”, dijo.

Fuente: http://www.abc.com.py/abc/nota/107282-Consiguen-ADN-de-v%C3%ADctimas-NN/

SEGUNDA REUNIÓN DE PREPARACIÓN PARA EL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS REPARATORIAS: VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA

noreply@blogger.com (Federico) — Wed, 21 Apr 2010 19:25:00 +0000

La Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo (DGVJR-DP) esta organizando para el día viernes 23 de abril del año en curso, la segunda reunión de preparación con miras al PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS REPARATORIAS: VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA que se llevará a cabo en junio próximo.

En ese sentido el día viernes 23 de abril de 2010 a partir desde las 9:00 hasta las 12:00 hs. en el local del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), sito en Azará esquina Independencia Nacional, se realizará una reunión preparativa con representantes de instituciones del Estado, así como también con organización sociales de derechos humanos y de familiares y víctimas de la dictadura stronista.

Cabe destacar que del 1 al 4 de junio del año en curso se desarrollará en la ciudad de Asunción el PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS REPARATORIAS: VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA, organizado por la DGVJR-DP y cuyo objetivo primordial es el posicionamiento de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia y establecer compromisos por parte de las entidades responsables del cumplimiento de tales recomendaciones.

Asunción, 20 de abril de 2010.

Web: www.verdadyjusticia-dp.gov.py

Blog: www.verdadyjusticia-paraguay.blogspot.com

PARAGUAY: PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS REPARATORIAS: VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA.

noreply@blogger.com (Federico) — Mon, 19 Apr 2010 14:14:00 +0000

1 AL 4 DE JUNIO DE 2010, ASUNCION, PARAGUAY

La Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo se halla abocada a la organización del PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS REPARATORIAS: VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA, cuya realización está programada para el mes de junio del corriente año, específicamente en las fechas del 1 al 4 de junio, en la Sala Bicameral del Congreso Nacional.

Los objetivos del seminario son posicionar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia ante el Estado y la sociedad paraguaya y construir con una metodología participativa, un plan de trabajo que permita establecer compromisos por parte de las entidades responsables así como su seguimiento por parte de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación y las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. La implementación de las recomendaciones, la apropiación de las mismas por parte de los paraguayos y paraguayas, el sentido transformador de las reparaciones y un trabajo conjunto para sacar adelante estas tareas, son algunos de los retos más inmediatos vinculados con el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

En ese sentido el citado evento se organizará de la siguiente manera: el primer día un taller en base al libro “Diálogos sobre las reparaciones” cuyo autor el médico experto en temas psicosociales será quien dirigirá la jornada, en la cual se pretende sensibilizar e informar sobre aspectos centrales de lo que significa reparar en casos de violaciones de derechos humanos; el segundo y tercer día se realizarán trabajos en grupo en base a una metodología participativa a fin de establecer un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, para el efecto se conformarán grupos de trabajo en base a una reclasificación de las recomendaciones Justicia por temas y por grupos en particular situación de vulnerabilidad y riesgo; y un cuarto día se realizará una sesión de trabajo sobre la judicialización de casos de violaciones de derechos humanos con abogados y operadores de justicia.

Este Seminario Internacional está fundamentalmente dirigido al sector público quienes deberán asumir el compromiso de implementación real y efectiva de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, para lo cual se conformará una Comisión de Seguimiento que se encargará de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en este Seminario.

Así mismo la participación del mismo estará integrada por autoridades y representantes con capacidad de decisión de las diferentes instituciones del Estado Paraguayo.

Asunción, 16 de abril de 2010.-

Website: www.verdadyjusticia-dp.gov.py

Blog: www.verdadyjusticia-paraguay.blogspot.com

MALAVENTURA, NOMBRE PARA UN TORTURADOR

noreply@blogger.com (Federico) — Fri, 16 Apr 2010 18:23:00 +0000

Publicado por: Mario Rubén Alvarez | Viernes 16 Abril 2010 | 09:04Hs. Ultima Hora. En la cultura popular paraguaya mestiza, hay una especie de piedad por los muertos. Âgâ omano rire ivuénone, suele escucharse acerca de algunos que desbordan maldad en cada uno de sus parpadeos. Y, de hecho, al morir, la indulgencia colectiva les otorga el perdón de sus pecados. Por eso en los velorios suele haber un reiterado lugar común: "Imarangatueteva´ekue niko ko karai". No importa que haya sido un aña mbaraka de marca registrada.

Debajo de esa actitud subyace el criterio de que el finado ya no podrá seguir haciendo daño. Y que, por lo tanto, lo mejor que puede hacerse es dejarlo en paz para que se arregle como pueda en el Más Allá.

A no todos los fallecidos, sin embargo, les alcanza esa bendición posmórtem. Aquellos que han violentado los límites de la razón, del respeto a las personas y han denigrado a sus semejantes hasta extremos de crueldad que las palabras no alcanzan a reproducir, siguen siendo en muerte lo que fueron en vida.

Los torturadores forman parte de la reducida lista de gente a quienes no alcanza la tolerancia que se otorga al común de los viajeros a la eternidad. Han sido bestias, siguen siendo tales y continuarán en esa categoría hasta la consumación de los siglos y la cabalgata final de los cuatro jinetes del Apocalipsis.

No pueden ser seres humanos los que ahogan, picanean, cuelgan, violan, castran, azotan y, por último, matan a quienes tienen la desgracia de quedar al alcance de sus garras para ser despedazados, descuartizados, destrozados y aniquilados.

La reciente muerte de Alberto Buenaventura Cantero, aquel que fuera despiadado jefe de la sección Política del Departamento de Investigaciones, es una ocasión propicia para hacer memoria acerca de una gavilla que respondía con barbaridades las órdenes del sanguinario dictador Alfredo Stroessner.

Antes que Buenaventura, debió llamarse Malaventura. Hubiera estado más identificado con su ser y no hubiera deshonrado al patrono de Yaguarón usando su nombre en vano. De llamarse Malaventura - desgracia, infortunio, mala suerte- , hubiera estado más cerca de lo que realmente era para sus víctimas y ni siquiera le sobraría una rendija para disimular lo contrario.

Cantero tenía su oficina sobre la calle Presidente Franco, al lado de la de su jefe, que también llevaba una contradicción desde la pila bautismal: se llamaba Pastor y era un lobo siempre al acecho de verdaderos y falsos - aquellos a quienes la dictadura les colocaba el sambenito siendo colorados, liberales, dirigentes estudiantiles, sindicalistas y otros luchadores por la causa de la libertad- comunistas.

Allí, con una sonrisa que no podía disimular su cinismo, Can tero (un can entero, las 24 horas, en cualquier parte, sin vacaciones), hablaba con alguien a quien reprochaba por leer libros prohibidos y peligrosos que "atentaban contra la paz que vive la República" y promueve "ideologías foráneas cuyo único objetivo es destruir la convivencia entre paraguayos". Estos encomillados son de La voz del coloradismo.

- Cuáles, por ejemplo... - se atrevió a contrapuntearle el que estaba sentado ante él más muerto que vivo.

- Por ejemplo... El comunismo en las Misiones... Cómo va a leer una obra así...

- Pero si es de Blas Garay, un colorado que, claro, no era como ustedes porque era digno, inteligente y honesto... por eso lo mataron a los 26 años...

Para qué le dijo eso. Malaventura saltó de su asiento, se puso furioso, llevó la mano a la cintura y bramó:

- ¡Guardia! Venga y lleve al calabozo a este que quiere saber más que nosotros. Ñandéngo la ñamandáva y nadie va a venir a discutirnos en nuestra casa... Reikuaáma rejapoarâ...

Ni olvido, ni perdón. Sí la condena perpetua de recordar sus actos para que otros no se atrevan a repetirlos.

Enlace: http://blogs.ultimahora.com/post/3135/34/malaventura,-nombre-para-un-torturador.html

QUERELLAN EN ARGENTINA CRIMENES DEL FRANQUISMO

noreply@blogger.com (Federico) — Wed, 14 Apr 2010 21:43:00 +0000

Comparto esta noticia ya anunciada varias días atrás, pero concretada en la fecha, que apela a la universalidad en la búsqueda del juzgamiento sobre crímenes de lesa humanidad...

Redacción. BBC Mundo. Grupos de derechos humanos de Argentina y España, junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron este miércoles una demanda en una corte de Buenos Aires para que se investiguen crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil española y el subsecuente gobierno del general Francisco Franco.

Los querellantes españoles aspiran a que el tribunal de Argentina aplique el principio de jurisdicción universal. La jueza federal María Servini de Cubría estará a cargo del caso, quien es conocida por haber tomado casos controvertidos de alto perfil en los últimos 20 años. El texto presentado ante la magistrada argentina indica que la "querella criminal" por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" abarca el período entre julio de 1936 y junio de 1977.

El documento explica que la participación de grupos argentinos se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar este tipo de crímenes contemplado en la Constitución de Argentina y "consagrado en el Derecho Internacional".

De acuerdo con la periodista Veronica Smink de BBC Mundo en Buenos Aires, los promotores de la iniciativa aspiran a que el tribunal argentino aplique este principio para investigar estos crímenes que, según afirman, no prescriben.

Smink agrega que los demandantes solicitan que la justicia argentina recabe "los nombres y último domicilio conocido" de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español, los mandos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Armada, los Directores Generales de Seguridad y los dirigentes de Falange Española, que actuaron en ese período.

"Circunstancias extensibles"

La demanda está encabezada por Darío Rivas Cando, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, por el fusilamiento de su padre, Severino Rivas Barja en 1936. Garzón afronta en España un proceso por presunto delito de prevaricación en el caso contra el franquismo.

El texto presentado en tribunales agrega que "todas estas circunstancias narradas son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección".

En esta demanda también participan la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina y las asociaciones de Detenidos y Desaparecidos durante el último gobierno militar argentino (1976-1983), las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras.

La querella se da en un momento en que el juez español Baltasar Garzón afronta un proceso por presunto delito de prevaricación, por excederse en sus competencia al investigar los crímenes del franquismo.

El juez sostuvo que, por ser crímenes contra la humanidad, esos casos estaban excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en 1977 y eran delitos vigentes al desconocerse el paradero de las víctimas.

Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/04/100414_1709_argentina_espana_querella_franco_gm.shtml

ESPAÑA: El Foro por la Memoria considera «kafkiana» la imputación a Garzón

noreply@blogger.com (Federico) — Tue, 13 Apr 2010 22:16:00 +0000

Comparto este material de prensa que llega desde España y refiere al "proceso" sobre las investigaciones del Juez Bastasar Garzón:

La Tribuna de Toledo. España. 13 Abril 2010. M. G. El colectivo asegura que la persecución al juez es «un aviso a navegantes» para no remover el franquismo. Sostiene que con sus investigaciones «han saltado los resortes del Estado»

La decisión del Tribunal Supremo de continuar con el proceso al juez Baltasar Garzón por una presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo está removiendo a muchas asociaciones y familiares que apoyan la Memoria Histórica. Los colectivos no comprenden por qué la Justicia española se resiste a sacar a la luz los crímenes del franquismo y muchos ya están demostrando su apoyo al magistrado de la Audiencia Nacional sumándose a una concentración anónima que circula sin fecha por internet.

El Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha, incluido también el de Toledo, tiene claro que la decisión del juez Varela, del Tribunal Supremo, contra Garzón es «un aviso a navegantes» para que nadie intente sacar a la luz nada relacionado con el franquismo. «Cuando se ha tocado este tema han saltado los resortes del Estado», opina el presidente de ambos colectivos, Emilio Sales.

A pesar de que esta organización no se presentó ni envió documentación al juez Garzón cuando se inició la investigación de los miles de desaparecidos durante el franquismo, Sales reconoce que ha sido el primer magistrado que se ha atrevido a levantar el velo de décadas de silencio. El Foro por la Memoria prefirió en su día mantenerse al margen de las investigaciones porque no tenía claro si Baltasar Garzón era competente, pero tenía intención de remitir toda la documentación en su poder una vez que este asunto quedara claro.

Al margen del debate abierto sobre su competencia en este tema, Sales tilda de «situación kafkiana» la persecución política y judicial contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Sostiene que no es la primera vez que Garzón se ve envuelto en una polémica porque se trata de un «juez muy mediático», pero tiene claro que se ha cargado contra él por investigar el franquismo. Sales asegura que no es la primera vez que se pone una querella por su actuación judicial, pero ninguna de ellas ha cuajado ni ha levantado tanta polvareda mediática.

Futuro. El Foro por la Memoria señala que la persecución a Garzón pone una nueva traba para continuar con las exhumaciones y con las investigaciones sobre desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. «Ahora los jueces no querrán tener nada que ver en la apertura de fosas porque no tendrán ganas de jugarse su carrera», apunta Sales. Reconoce que antes de todo este revuelo muchos de ellos eran «reacios» a este tipo de temas, pero ahora se aviva porque «la Justicia no quiere tocar el franquismo».

En este sentido, el presidente de este colectivo manifiesta cierta indignación porque no comprende el motivo del Tribunal Supremo para admitir a trámite la querella de Falange Española contra el juez Garzón. «Nunca pueden ser parte de una acusación porque siempre han sido la mano de obra de los asesinatos».

A su juicio, esta situación confirma que la «Justicia española quiere estar por encima del bien y del mal», puesto que tampoco ha hecho caso a los juristas internacionales que han enviado escritos de apoyo a Garzón por atreverse a investigar los crímenes del franquismo. Sales encuentra una importante contradicción en relación a este tema. «Nos permitimos darles consejos a otros países sobre estas cuestiones, pero aquí no se pueden ni tocar».

Al Foro por la Memoria tampoco le queda clara la actuación del Gobierno de Zapatero, pese a impulsar la Ley de Memoria Histórica. Sales culpa de este embrollo judicial al PSOE por no haber aclarado en un principio las competencias judiciales dado que el tema tenía importantes tintes políticos. Además, reconoce que las leyes actuales siguen siendo «herederas del franquismo» y existen «demasiadas ataduras del pasado» que frustran cualquier intento de rescatar la Memoria Histórica. «Aún así se está avanzando más en el terreno militar, donde no hay problemas por retirar los símbolos franquistas, que en el judicial».

El colectivo no se plantea sumarse a la concentración de apoyo, que aún no tiene fecha, prevista para cuando se aparte cautelarmente al juez Garzón de su ejercicio profesional. De momento, el Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha prefiere esperar a conocer a fondo esa convocatoria que se inició de manera anónima en Facebook, una conocida red social.

FUENTE: http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Local/20100412/foro/memoria/considera/kafkiana/imputacion/garzon/EE249BC7-B01B-CF10-54F253435C80D134

Entre la convergencia progresista y las recetas de las clases dominantes

noreply@blogger.com (Federico) — Tue, 06 Apr 2010 18:56:00 +0000

Comparto material que enviaron a la red alojado en el portal Gara. El mismo se inscribe dentro de una serie de búsquedas de interpretación de la realidad social y política del Paraguay a casi dos años del histórico 20 de abril, donde la ciudadanía a través del voto popular, emitió señales de buscar el cambio político, con el nombre de alternancia.

Entre la convergencia progresista y las recetas de las clases dominantes

El todavía incipiente proceso de unidad de sectores progresistas puede ayudar a impulsar un cambio que no ha sido tan grande como se esperaba con la llegada de Fernando Lugo al poder, tanto por la tibieza del Gobierno como por el bloqueo impuesto por las clases y medios dominantes.

Luismi UHARTE Sociólogo. El Paraguay que había desaparecido simbólicamente del mapa de América del Sur, en gran medida producto de la dura y prolongada dictadura del general Alfredo Stroessner, reivindicaba un lugar en el imaginario colectivo latinoamericano y mundial. La trágica caracterización del país como «una provincia argentina dentro de Brasil» pretendía ser superada.

Tras más de año y medio de Gobierno efectivo -desde agosto de 2008-, la realidad no ha cambiado tanto como muchos deseaban, en parte por la combinación de temor y tibieza gubernamentales y, sobre todo, por la situación de bloqueo de facto que han impuesto las clases dominantes y sus medios de comunicación.

Secuestro de Fidel Zavala. En los últimos meses, el tema central del debate político fue impuesto por los grandes medios: el secuestro del ganadero Fidel Zavala por parte del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). El ultraconservador rotativo «ABC Color» dirigió la campaña mediática para convertir este suceso en asunto de interés nacional, eclipsando otra serie de informaciones de indudable relevancia, como el papel proto-golpista del Parlamento, la histórica renegociación con Brasil del Tratado de Itaipú...

Las clases dominantes criollas aplicaron con notable precisión los métodos tradicionales de alienación mediática y solidaridad interclasista inducida que en otras latitudes se han utilizado con bastante éxito.

El «lazo blanco» como símbolo de solidaridad con el secuestrado se convirtió en la herramienta política fundamental para construir una conciencia colectiva donde todos los problemas de país se reducían al secuestro de un acaudalado ganadero, mientras una masa interclasista manifestaba su condena ante este suceso. Incluso algunos sectores de la propia izquierda terminaron repitiendo el discurso hegemónico elaborado por los medios oligárquicos.

Paradójicamente, a ninguno de estos medios se les ocurrió plantear una campaña similar por los centenares de paraguayos que en pleno siglo XXI siguen sufriendo otra forma de «secuestro», trabajando literalmente en régimen de esclavitud en el extenso occidente del país (el Chaco).

Asesoría contrainsurgente colombiana. La insistencia de los mass media en vincular al EPP con las guerrilla colombiana de las FARC y, paralelamente, el intento de identificar a ciertos miembros de la izquierda del Gobierno como próximos a grupos extremistas, además de acusar al Ejecutivo de inoperante e incompetente, facilitó un contexto para la intensificación de recetas represivas.

El ministro del Interior, Rafael Filizzola, identificado como uno de los hombres «preferidos» por la Embajada de EEUU y ubicado en los sectores socialdemócratas más a la derecha, no tuvo excesivos reparos en incrementar la presencia policial en zonas campesinas. La consecuencia, obviamente, fue el aumento del control y la criminalización del movimiento campesino más combativo.

Pero la decisión más controvertida, que trasciende al ministro del Interior y que salpica al propio presidente Fernando Lugo es la aceptación de la cooperación colombiana en materia de secuestro y de contrainsurgencia. El riesgo de un apoyo de este carácter es muy alto, teniendo en cuenta que el Estado colombiano es líder en el continente en materia de violación de derechos humanos (paramilitarismo, fosas comunes, parapolítica...).

Rifirrafe con la Embajada USA. En medio de este clima contrainsurgente creado artificialmente, el ministro de Defensa, Luis Bareiro, se salió por la tangente, enviando una carta a la embajadora de EEUU, Liliana Ayalde, advirtiéndole sobre lo poco conveniente de sus reuniones con sectores de la oposición (civil y militar). Tras el reciente y exitoso golpe en Honduras y la habitual dinámica conspirativa del actual vicepresidente con sectores poco afectos a la democracia, no resulta extraña la preocupación del ministro. Preocupación que también ha manifestado por la que considera poco acertada decisión de recibir cooperación «antiterrorista» colombiana.

Estas posiciones de Bareiro, que pudieran interpretarse como de inspiración antiimperialista, han vuelto a alterar el pulso de los medios de comunicación oligárquicos, que además de lanzar duras diatribas contra el ministro, han rescatado por enésima vez el absurdo y cansino leit motiv del «gobierno subordinado a Chávez y al bloque bolivariano».

Convergencia progresista. En este contexto de hegemonía del discurso mediático más conservador, a lo largo de los últimos meses se ha puesto en marcha un proceso de encuentro, diálogo y convergencia entre diversos sectores de la izquierda y la socialdemocracia más consecuente. El surgimiento del denominado Espacio Unitario-Congreso Popular, conformado por los partidos de izquierda más influyentes (P-MAS, Partido Comunista, Convergencia Socialista y Tekojoja) y por varias de las organizaciones más importantes del movimiento campesino y popular, ha supuesto un gran avance en la histórica trayectoria fragmentada de la izquierda paraguaya.

El acercamiento al Espacio Unitario del sector socialdemócrata más progresista, liderado por el ex intendente de Asunción Carlos Filizzola, ha dotado de mayor atractivo y potencialidad a este proyecto de convergencia, sobre todo por la cercanía de las elecciones municipales de noviembre de este año que, indudablemente, son concebidas por todos como el primer gran plebiscito del Gobierno y del propio Fernando Lugo.

A su vez, el influyente ministro de Presidencia, Miguel Ángel López Perito, ubicado también en el amplio espectro ideológico progresista, acaba de impulsar un nuevo proyecto político denominado Movimiento 20 de Abril, que no se define expresamente de izquierda, pero que pretende capitalizar la esperanza del cambio.

De cualquier manera, la clave de nuevo estará en el apoyo simbólico de Lugo, que continúa siendo la figura carismática clave para catalizar a la «multitud».

El materuial está alojado en: http://www.gara.net/paperezkoa/20100405/192200/es/Entre-convergencia-progresista-recetas-clases-dominantes

LA DISRITMIA PARAGUAYA - Por Andrés Criscaut -

noreply@blogger.com (Federico) — Mon, 05 Apr 2010 16:54:00 +0000

Le Monde diplomatique | el Dipló Nº 130 | abril 2010

A dos años de la elección presidencial de Fernando Lugo

La disritmia paraguaya

por Andrés Criscaut, enviado especial*
andrescriscaut@yahoo.com

El pasado 3 de febrero la democracia paraguaya cumplió su mayoría de edad al celebrarse los 21 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Sin embargo, el acto organizado en la sala bicameral del Congreso para conmemorar esa fecha estuvo marcado por la baja concurrencia: no más de 50 personas asistieron al debate titulado “¿Qué queda de la dictadura, y cómo superar su legado?”. Responder a este interrogante es el gran desafío de la administración de Fernando Lugo, ex obispo, seguidor de la teología de la liberación, cuya victoria en los comicios presidenciales de abril de 2008 generó expectativas difíciles de cumplir.

“Con un ritmo lento y cansino de letargo y aislamiento, Paraguay ocupa en América Latina más o menos el mismo lugar que el de hace cien años.” Así sintetiza el investigador y escritor Alfredo Boccia Paz la actualidad de su país, aunque aclara que “en las últimas dos décadas, desde la caída de la dictadura de Stroessner en 1989 y de esa supuesta ‘transición democrática’, han ocurrido y hemos descubierto más cosas que nunca”.
En 2011, cuando los paraguayos festejen el bicentenario de una independencia inusualmente poco cruenta, que derivó –al menos en su inicio– en uno de los países más estables de América Latina, también estarán recordando la impronta autoritaria que signó gran parte de su historia, y que quizás recién haya comenzado a disolverse realmente hace dos años, con la victoria del ex obispo Fernando Lugo en las elecciones presidenciales. Ya que si se suman los gobiernos de Gaspar Rodríguez de Francia (1816-1840), Carlos Antonio López (1844-1862), su hijo Francisco Solano López (1862-1869), y Alfredo Stroessner (1954-1989), casi la mitad de la vida independiente paraguaya estuvo marcada por ese gran espectro, tan bien amalgamado por Augusto Roa Bastos en su libro Yo el Supremo (1), de déspotas ilustrados, patriarcas, caudillos, patrones y dictadores.
A contrapelo de la mayoría de los países en la región, Paraguay tuvo una evolución y un desarrollo que lo llevó muy tempranamente a una estabilidad administrativa y a una pronunciada identificación nacional, pero también a un tardío proceso de apertura democrática y participación cívica masiva. Ante cuatro paredes tapizadas de libros de su estudio en las afueras de Asunción, la socióloga Milda Rivarola explica que “este país, en donde se dan tiempos históricos muy lentos y particulares, tuvo un desarrollo muy precoz de dictaduras totalitarias que dejaron actualmente una sociedad disgregada y apática, parecida a la de los países de la ex Cortina de Hierro. En tal sentido, como dijo mi colega Francisco Delich, ‘Paraguay es el cementerio de todas las teorías socio políticas’, si no ¿cómo entender que con tanta pobreza no exista una marcada presencia de movimientos de izquierda o una fuerte tradición revolucionaria?”.

Sobre la tectónica imperial

Ya desde la fundación de Asunción en 1537, centro neurálgico y “Madre de Ciudades” de la que partirían varias de las corrientes que poblaron la región virreinal, pueden rastrearse ciertos factores estructurales que aún hoy persisten: aislamiento, unidad identitaria, concentración de poder, carencia de movilidad social y de renovación de los actores políticos. Con la independencia, de marcada oposición a la revolución de Buenos Aires de mayo de 1810, ya comenzaba a hablarse de una identidad “paraguaya” por sobre la americana.
Pero la “insularidad” mediterránea de Paraguay –Roa Bastos afirmaba que era “una isla rodeada de tierra”– se encuentra inmersa en un mar geoestratégico de sólidas tensiones y dinamismos. Tanto Asunción como Montevideo formaban parte de una estrategia colonial española de contención del imperio portugués en América, un equilibrio de poder que luego se traduciría en una rivalidad brasileño-argentina por definir áreas de influencias y “espacios vitales”. Dentro de este “Gran Juego” rioplatense, tanto Uruguay como Paraguay tuvieron un cierto rol de buffers o amortiguadores de ambas ambiciones: las ahora utopías federalistas de José Gervasio Artigas o de José Fructuoso Rivera fueron en su momento muy reales y pretendían formar un “Gran Uruguay” con Paraguay; la Mesopotamia argentina y los farrapos secesionistas de Río Grande del Sur y su República de Piratini (2).
Esa línea de fractura social, política, cultural e idiomática no sólo ha moldeado a Paraguay, sino que lo ha condenado. La Guerra de la Triple Alianza (“Guerra Grande” o de la “Triple Infamia” vista desde el lado paraguayo) mantenida por Brasil, Uruguay y Argentina contra el Paraguay de Solano López entre 1865 y 1870, más allá de las exageraciones y apologías posteriores (3), no sólo dejó exhausta y aniquilada a la sociedad paraguaya (4) sino que marcó hasta el día de hoy su sesgo político. Tras el retiro de las tropas invasoras aliadas, se conformaron los dos partidos que dominarían en forma casi exclusiva el reducido espectro gubernamental: el Partido Liberal (actual Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), volcado más hacia Buenos Aires, y el Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) con marcadas influencias pro brasileñas (5).
Ambas tendencias acompañaron las fluctuaciones de gobiernos inestables y endebles, con una marcada preeminencia a orientar tanto la política como la economía a la zona del Río de la Plata (en gran medida el comercio paraguayo entraba y salía por la cuenca del Plata dominada por Buenos Aires) hasta que una nueva guerra volvió a cambiar el eje gravitatorio del país. La confrontación entre Paraguay y Bolivia de 1932-1935 por las supuestas reservas de petróleo del Chaco boreal (la Standard Oil, actual Exxon, del lado boliviano y con apoyo de Brasil, contra la Shell de Paraguay y con intereses argentinos) fue la más cruenta y moderna de toda Sudamérica. Este conflicto, conocido como Guerra del Chaco, galvanizó las tendencias nacionalistas y militaristas de la época y desencadenó en 1936 la Revolución Febrerista paraguaya, que nucleó elementos totalitarios, tanto marxistas como filonazis, e inauguró un período militarista de golpes de Estado, agitaciones y contragolpes que desembocarían en otra feroz guerra civil en 1947-48, con un cuantioso saldo de exiliados políticos hacia Argentina, y con un cálculo estimado de miles de muertos (algunos hablan de 30.000). El Partido Colorado tomaría desde ese momento el control de un país ya exhausto y “depurado” de cualquier tipo de oposición y cuestionamientos; y gobernaría de manera hegemónica durante más de medio siglo imprimiendo su manera de concebir y de hacer política sobre un Estado desmantelado y un tejido social desgarrado y maleable.

Un Partido, un Estado

Al recibir al Dipló en la residencia presidencial Mburuvicha Roga (“la casa del que manda” en guaraní), el presidente Fernando Lugo cuenta que “durante la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se realizó en Lima en mayo de 2008, cuando le comenté a mi par español, José Luis Rodríguez Zapatero, que nuestra presión fiscal no llega al 12%, éste exclamó: ‘¡Entonces, el Estado que vas a gobernar no existe!’” (6).
Recién ahora ese Estado (con sus dimensiones reducidas y su prebendataria forma de gobernar) dejó de ser sinónimo de Partido Colorado. La dictadura de Stroessner iniciada en 1954 fue una versión militarizada del mismo; de hecho, no sólo el partido sobrevivió casi intacto al régimen, sino que el dictador –desplazado y obligado a exiliarse en Brasil en 1989– moriría en 2006 siendo presidente honorario de la ANR. “Cuando luego de treinta y cuatro años Stroessner fue sorpresivamente desplazado por los mismos militares, comenzó realmente una apertura democrática, pero a los paraguayos nos tomó otros veinte años más lograr una maduración cívica. Recién en 2008, con Lugo, logramos lo que en otras sociedades democráticas es algo inevitable: el cambio de partido y la alternancia política”, afirma José Carlos Rodríguez, sociólogo e investigador de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ) que inventarió recientemente los crímenes del stronismo.
Lugo representa entonces la primera y tibia ventana de oportunidad para sincronizar las cadencias de los tiempos políticos paraguayos con la realidad suramericana. Al asumir en agosto de 2008, su gobierno se planteó un doble desafío: desmantelar un sistema anquilosado que concibe la política como una cadena de lealtades incondicionales y favores arbitrarios, y montar una institucionalidad transparente centrada en la eficiencia y el desempeño. “No sabíamos exactamente cómo se manejaba por dentro ni teníamos la experiencia de la negociación, pero ahora gente nueva, profesional y responsable comienza a gerenciar la institución del Estado paraguayo, devolviéndole su rol de servicio, y no de coto partidario, que siempre debió tener”, aclara el Presidente. Así, tras la pesada herencia de uno de los más prolongados y estrictos regímenes totalitarios del mundo, la palabra “gobernabilidad” adquiere tintes de urgencia, casi hasta de desesperación.
Pero la dictadura no sólo llevó al paroxismo la fusión partido-Estado-Fuerzas Armadas (7), sino que también supo adaptarse a las circunstancias y a las presiones internacionales con una ficción democrática que contemplaba un Congreso, una oposición y unas rigurosas elecciones cada cinco años que le permitieron a Stroessner ser reelegido en forma ininterrumpida durante ocho mandatos. En 1989, en un contexto regional republicano fomentado por Estados Unidos, cuando el general Andrés Rodríguez desplazó a Stroessner (su consuegro y mano derecha, y poseedor de una inmensa fortuna derivada del narcotráfico, razón por la cual no se le permitía el ingreso a Estados Unidos), el partido no sólo sobrevivió a la dictadura, sino que demostró su poder de mímesis al posicionarse como el que restituyó la democracia.
Ese poder de adaptabilidad política y de laxitud ideológica se puso nuevamente en evidencia cuando la apertura exigió en 1992 una reforma constitucional. Aprobada con amplia mayoría colorada, la nueva Constitución resultó, sin embargo, en un juego de doble filo para la ANR. Bajo el influjo de exorcizar al Dictador, la misma sentó los lineamientos para dejar a la democracia “adentro” (un sistema electivo moderno y transparente), a los militares “afuera” (desarticuló profundamente su poder de injerencia) y al Presidente “abajo”, prohibiendo definitivamente la reelección presidencial e instaurando un Parlamento con un poder bastante inusual para un régimen presidencialista. En 2006, cuando el por entonces presidente Nicanor Duarte Frutos intentó modificar las leyes para un segundo mandato, y la cuestionada Corte Suprema –base de un sistema judicial que desde el stronismo se resiste al más mínimo cambio– lo habilitó como presidente de la ANR, se desataron todos los miedos, y una marcha de 10.000 personas –una multitud para los cánones paraguayos– encabezada por un casi desconocido Lugo, logró frenarlo, hasta desprestigiar y anticipar el fin del coloradismo y el comienzo de la alternancia.

La espada de Damocles

Gran parte de las trabas y frenos al gobierno de Lugo provienen de ese particular poder parlamentario, en el que sus aliados incondicionales no ocupan más de cinco bancas. Siguiendo en cierta medida la máxima de “el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo”, para alcanzar la victoria del 42% en los comicios presidenciales, Lugo tuvo que incluir en su Alianza Patriótica para el Cambio (APC) al Partido Liberal (inserto en el ejecutivo, como el vicepresidente Federico Franco, con quien mantiene unas relaciones tensas), quienes junto con los colorados ocupan la mayoría de las bancas del poder legislativo.
Ya desde las elecciones presidenciales –que en Paraguay son simultáneas a las legislativas– se vislumbraba que el Parlamento iba a ser “coloradamente” refractario y “liberalmente” dubitativo al ejecutivo, pero no que se convertiría en su “espada de Damocles”: “Los votos para hacerle juicio político a Lugo ya están, lo que se está esperando es una buena excusa”, señala el periodista y escritor Antonio Pecci. Esa excusa para un “golpe institucional” pareció darse el 15 de octubre de 2009, cuando el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) (8) secuestró al conocido ganadero Fidel Zavala. Luego de tres meses de cautiverio, el 17 de enero pasado, Zavala apareció sano y salvo. Y aunque el ganadero no haya sido “rescatado” por el gobierno sino “liberado” por la gestión de su familia con los captores, el episodio visibilizó la fragilidad del nuevo gobierno y dos facetas cuestionables de su administración: los acuerdos de cooperación en temas de “seguridad-terrorismo” con el gobierno colombiano (que incomodan a los países vecinos de Paraguay, pero disipan asimismo la bruma mediática sobre la influencia “chavista”) y la tendencia creciente a encasillar en la vía militar conflictos derivados de condiciones sociales y agrarias muy relegadas.
Ante el accionar de grupos paramilitares relacionados con la constante expansión de la frontera agroganadera (“escuadrones de la muerte de los narcoganaderos”, según el sociólogo Tomás Palau), y las prácticas violentas de las misma fuerzas oficiales, el secuestro desencadenó la efectiva militarización del departamento norteño de Concepción (9) y la vinculación directa del EPP con los movimientos campesinos que trabajan en la mismas zonas (10). Estos factores, sumados a una asistencia social en aumento pero aún insuficiente, y a una reforma agraria que no termina de materializarse –ni siquiera existe un relevamiento del catastro de las tierras–, agudizan el descontento y la desilusión social.
“El EPP es ahora una excusa perfecta para desacreditar al gobierno, para desarticular todo el proceso de recuperación de tierras y de asistencia que se está haciendo en el norte, y mantener intactas las verdaderas organizaciones y redes criminales tradicionales del narcotráfico, el contrabando y la corrupción fiscal-policial –señala Juan Martens, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)–. Pero la respuesta de Lugo también es un acto suicida a nivel electoral porque está criminalizando y acelerando el proceso de desintegración organizativo de las bases campesinas que lo apoyaron, y que tanto trabajo costó realizar en estas zonas fronterizas de ausencia total del Estado.”
Por su parte Marielle Palau, del centro de investigación BASE Investigaciones Sociales, ahonda: “así como podría decirse que no hay Estado paraguayo en ciertas zonas, sí hay Estado brasileño en Paraguay. Hubo una política de apropiación de territorio paraguayo por parte de colonos brasileños muy agresiva a través de una frontera prácticamente permeada por Brasil, y actualmente el tema de la soja está fuertemente vinculado a capitales brasileños.” El periodista Rolando Ávalos señala incluso que “no existe soja paraguaya, existe soja en Paraguay.” La socióloga Rivarola profundiza aún más este problema al decir que “la mitad de Paraguay es ya casi un territorio transnacional de la globalización que está bajo influencia económica de Brasil. Pero esos enclaves nunca fueron realmente Paraguay, y Cargill y Monsanto ocuparon un espacio que estaba políticamente vacío” (11).
Esto se debe en parte a que Stroessner supo utilizar muy bien la rivalidad argentino-brasileña, y finalmente rotó la tradicional proyección hacia el Río de la Plata y vinculó a Asunción a la esfera de influencia de Brasilia. Los capitales y la colonización brasileña y sus actuales descendientes, conocidos como “brasiguayos” (12) tuvieron su mayor desarrollo bajo la dictadura, como parte de la reorientación y “satelización” atlántica del país hacia la voraz fuerza centrípeta de los 40 millones de habitantes del Estado de San Pablo.
Recién ahora los paraguayos están “perdiendo el miedo” y dejando de ser náufragos de ese progreso que se hizo a base de corrupción, evasión, desigualdad y asesinatos.

El deshielo tropical

Como señala el historiador de la Universidad de Tulane y reconocido especialista del “stronato” Paul H. Lewis (13): “Stroessner logró un grado excepcional de estabilidad (…) y de progreso material (…) y presidió dos decenios de crecimiento económico (…). En los años 60 el país registró una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina (…) y adquirió una clase trabajadora urbana bastante grande, tanto industrial como administrativa, así como una clase media urbana mucho mayor. (…) De 1,3 millones de habitantes en 1950, la población creció hasta sobrepasar los 4 millones a finales de los años 80”. Pero quizás el mayor símbolo de aquellos tiempos de integración de la “internacional del terrorismo de Estado” no sea el Operativo Cóndor o los Archivos del Terror sino la mayor represa del mundo creada con Brasil, Itaipú (y en menor medida Yacyretá con Argentina), cuya hidroelectricidad es uno de los “recursos” que hacen de Paraguay el mayor exportador de hidroenergía del mundo (Paraguay utiliza sólo el 5% de su parte para cubrir el 95% de su consumo, y con el resto Brasil satisface el 23% de sus necesidades). “Recién ahora Itaipú, que tuvo el cemento más caro del mundo y creó ese estrato social de los nuevo ricos conocidos como los ‘barones de Itaipú’, está normalizándose y dejando de ser ese festival de dinero proselitista utilizado por los colorados para sus campañas. Como es un ente binacional, siempre tuvo algo de extraterritorial y de Estado dentro del Estado, y por el flujo de dinero que maneja es la ‘caja grande’ del gobierno y tiene incluso más importancia que cualquiera de los ministerios”, explica Alfredo Boccia resaltando uno de los mayores logros realizados hasta ahora por Lugo.
Los acuerdos alcanzados a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional por las dictaduras paraguaya, brasileña y argentina estipulaban que Paraguay no podía vender el excedente de su mitad energética a un tercer país, y hasta ahora éste fue comprado por Buenos Aires y Brasilia a un precio mucho más bajo que el del mercado internacional. “Insólitamente, exportando nueve veces la energía que importamos, Paraguay se empobrece en 600 millones de dólares, mientras su riqueza hidroeléctrica vale casi tanto como el 50% de su PIB”, explica el ingeniero Ricardo Canese, coordinador general de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos. Con el nuevo acuerdo (aún sujeto a aprobación definitiva del Congreso brasileño y pendiente de los próximos vaivenes electorales del presidente Lula da Silva), Brasil pagará 15,3 dólares en vez de 5,1 por cada unidad energética (MWh). Gran parte del dinero de ambas represas –Itaipú y Yaciretá– está destinado al sector social como parte de los perjuicios que produjeron las inundaciones de los embalses, sin embargo el nuevo gobierno deberá negociar una vez más para que exista mayor control, administración y distribución parlamentaria sobre este enorme y vital presupuesto.

Poncho juruicha

En un país en el que se estima que hay un 40% de pobres y 20% de indigentes, Lugo compite con el clientelismo partidario tradicional. De ahí salieron en 2008 muchos de los votos que le dieron un 30% a la ANR, o que hicieron del coloradismo más duro y golpista del general Lino Oviedo la tercera fuerza con el 21%. Una fuerza que sigue reivindicando al stronato con la consigna “éramos felices y no lo sabíamos” (14). Así piensa Antolino, que con sus casi 90 años se gana la vida tratando de pescar los pocos peces que quedan en el río Paraguay. Desde la costa del pueblito de Chaco-i (Chaco chico en guraní), a 15 minutos en bote del Palacio presidencial de los López en pleno centro de Asunción, tira sus redes de trama chica (prohibidas legalmente) mientras vocifera contra la historia vivida de un país en “descomposición por los coloradetes”. Cuando su nieta Lydia, “la rubia” de 15 años, se encariña con alguna de las pocas turistas y las comienza a llamar “tía” o “mi segunda mamá”, no lo hace en sentido figurado: su futuro, en el mejor de los casos, es ser una “criadita” de la clase alta asunceña, o parte de la gran trata de personas que nutren los prostíbulos de Buenos Aires o Barcelona.
“Paraguay no ha sido nunca un país puritano, sobre todo en cuanto a la moral sexual masculina y a los cánones patriarcales aún vigentes –aclara la abogada y politóloga Line Bareiro–, y el comportamiento abusivo del poder no es extraño al país.” En una sociedad donde aproximadamente casi el 70% de los niños paraguayos no son reconocidos por su padre, el escándalo por las acusaciones contra Lugo de tener hijos no reconocidos, si bien condena la actuación del Presidente, no ha sido más que un argumento que azuzó nuevamente la derecha para el juicio político y que tuvo una amplificación desmesurada en los medios extranjeros. Aunque moralmente la imagen del “obispo” Lugo ya no sea la misma, política y socialmente “estos acontecimientos –aclara Bareiro– posicionaron nuevos temas en la agenda pública como la paternidad responsable y las sexualidades públicas”, conceptos hasta ahora vacíos de significante para gran parte de las mujeres paraguayas.
Uno de los logros recientes del gobierno fue que a partir de enero de este año se completó –con el libre acceso a los medicamentos, los análisis y los traslados en ambulancia–, el programa de gratuidad de todos los servicios de salud. “El sistema de salud básica –dice José Carlos Rodríguez–, que Argentina tiene resuelto quizás desde el siglo XIX, acá hasta ahora era una cuestión pendiente. El problema es que comenzar a hacer desde el Estado lo que antes se hacía como filantropía desde el partido dominante, le genera a varios mucho miedo, y a otros les saca los negociados y favoritismos.” Esperanza Martínez, ministra de Salud y una de las figuras mejor posicionadas en los sondeos de opinión del nuevo gabinete, aclara que “cuando casi un 20% de la población sobrevive con menos de un dólar por día, pagar una consulta o un medicamento era tener que elegir entre comer o curarse”.
El próximo 7 de noviembre se celebrarán elecciones municipales. “Muchos lo ven como un plebiscito del gobierno de Lugo, yo no lo veo así”, aclara el mismo Presidente, pero sin duda alguna será un importante punto de inflexión para evaluar lo que ocurrió en sus dos años de gestión: si fue realmente una apuesta a un cambio pronunciado o una combinatoria de factores coyunturales que enmascaran una persistente continuidad. Ese gran conglomerado heterogéneo de las “izquierdas” que lo apoya ya está intentando unificar listas y candidatos, pero gran parte de su éxito dependerá de poder sortear numerosos obstáculos, y de mantener esos factores anómalos a la historia paraguaya que son bajos niveles de corrupción, un buen contexto de profesionalismo, por lo menos en el poder ejecutivo, y un mínimo de equidad, credibilidad, gobernabilidad y soberanía. En ese sentido, a mediados de marzo, Lugo presentó el plan “Paraguay para todos y para todas, 2010-2020” que busca “sacar de la indigencia a un millón y medio de pobres extremos” (15).
“La Alianza Patriótica para el Cambio ha aprendido del error anterior de no haber tenido listas parlamentarias unificadas –dice Lugo–, pero serán por primera vez elecciones con un nuevo andamiaje en donde los que gobernaron por más de 60 años no van a tener a los ministros, a los médicos o a los maestros alineados y amenazados.” Por su parte, Esperanza Martínez evalúa que también dependerá “de la madurez de los liberales, que están pasando su propia perestroika”, para comprender que son parte del gobierno y despegarse de su tradicional rol opositor, mientras que el secretario de Cultura, Ticio Escobar, concuerda en que los liberales “tendrán que definir ese poder difuminado y cruzado que actualmente tienen (...), pero habrá que evitar esa habilidad y tendencia proteica del coloradismo de desdoblamiento y transformación en una oposición creíble”.
A Lugo le gusta definirse como de centro, como el poncho juruicha (el agujero del poncho en guaraní). Aunque quizás, con sus camisas angelicalmente blancas, más apropiado que esa metáfora de un vacío por llenar sea verlo como el blanco que completa la bandera paraguaya: una franja en equilibrio entre un rojo colorado y un azul liberal. ●

1 - De Bolsillo, Buenos Aires, 2008.
2 - Luis Alberto Moniz Bandeira, “La formación de los Estados en la cuenca del Plata”, Norma, Buenos Aires, 2006.
3 - Francisco Doratioto, “Maldita Guerra”, Emecé, Buenos Aires, 2004.
4 - En una carta a Bartolomé Mitre de 1872, Domingo Faustino Sarmiento llegó incluso a decir: “Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrecencia humana: raza perdida de cuyo contagio hay que librarse”, El Nacional, Buenos Aires, 12-12-1877.
5 - Con 1.500.000 y 900.000 afiliados respectivamente, la ANR y el PLRA son dos de los partidos más grandes del mundo, aunque se trata más bien de estructuras socio-históricas y de marcada filiación familiar que de agrupaciones ideológicas alrededor de un proyecto político definido. Véase Marcello Lachi, “Ciudadanía y Partidos Políticos”, Decidamos, Asunción, 2009.
6 - Entrevista con el autor, Asunción, 3-2-10.
7 - Hasta la “apertura democrática” de 1989 era una condición sine qua non estar afiliado al Partido Colorado para ocupar hasta el más mínimo puesto en el estamento público, desde coronel hasta maestro rural.
8 - Supuesto grupo reducido de campesinos y miembros del partido de izquierda Patria Libre, cuyos objetivos son poco claros, pero que actúa con un profesionalismo sorprendente en algunos de los departamentos más pobres de las zonas de expansión sojera, lindantes con Brasil, y en el departamento de San Pedro. Se lo ha relacionado con las FARC de Colombia, con el coloradismo duro y disidente de Lino Oviedo, e incluso, desde la derecha, con el mismo Lugo, ya que muchos de sus dirigentes fueron seminaristas. Véase Verónica Smink, “Paraguay: masivo operativo contrainsurgente”, www.bbc.co.uk
9 - En enero, tras la liberación de Zavala, fueron desplazados más de 450 efectivos de elite, entrenados por agentes colombianos, en el marco del operativo “Yaguareté” para dar apoyo a la policía en la captura del los miembros del EPP.
10 - En octubre de 2009 Ramón Evelio Jiménez, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), fue condenado a dos años de prisión por la toma de tierras en el departamento de Caazapá, siendo el primer y único caso de este tipo en la democracia paraguaya: http://altermediaparaguay.blogia.com/temas/conamuri.php
11- El Chaco Boreal, el 60% del total del territorio nacional que se encuentra al oeste del río Paraguay, concentra solo el 4% de la población. Véase Milda Rivarola, “Política, población y territorio”, ponencia presentada en el seminario “Paraguay, territorios e historia”, Asunción, agosto de 2009.
12 - María Aparecida de Moraes Silvia y Beatriz Medeiros de Melo, “Soja: a expansão dos negócios”, y Silvio Caccia Bava, “Gigante pela própria natureza”, Le Monde diplomatique, edición Brasil, San Pablo, febrero de 2009.
13 - “El Cono sur desde 1930. Paraguay 1930-1990” en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, Tomo 15, Crítica, Barcelona, 2002.
14 - Myrian González Vera, “‘Fecha Feliz’ en Paraguay. Los festejos del 3 de noviembre, cumpleaños de Alfredo Stroessner”, en Elizabeth Jelin (comp.), Las Conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
15 - Página/12, Buenos Aires, 16-3-10.

* Este artículo contó con la colaboración en Paraguay de Dea Pompa Frizza

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Material relacionado

Documentales de Dea Pompa Frizza

Visita al ex penal de presos políticos de Emboscada (Paraguay – Febrero 2010).

http://www.youtube.com/watch?v=Yz3lvnY1C84&feature=youtube_gdata

Los archivos del ministerio de Defensa (Paraguay – Febrero 2010).

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=HfSbyaal7eQ&feature=related

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=vzfYjYbTrvo&feature=related

Conmemoración de los 34 años de la Pascua Dolorosa - 1976-2010 -

noreply@blogger.com (Federico) — Mon, 05 Apr 2010 12:44:00 +0000

La Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo (DGVJR-DP) organiza conjuntamente con el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista, el Centro de Documentación y Archivo “Casa de las Víctimas” de la ciudad de San Ignacio Misiones y la Asociación de Víctimas de Misiones un Acto de Conmemoración de los 34 años de la Pascua Dolorosa, a realizarse en la ciudad de San Juan Bautista de las Misiones el día viernes 9 de abril de 2010.

El programa inicia a las 15:30hs con un Panel Debate denominado “Judicialización de Casos: el gran desafío”. Disertarán abogados del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE), quienes actualmente llevan los casos de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura stronista, tanto a nivel nacional como internacional.

Seguidamente a las 18:00hs. se realizará el acto de “Conmemoración de la Pascua Dolorosa – Anive Haguä Oiko” con la entrega de certificados a las víctimas. Se destaca la participación del Monseñor Mario Melanio Medina, Obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, Ex Presidente de la Comisión de Verdad y Justicia, así como también miembros de las organizaciones locales de víctimas, autoridades del Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación así como también la presencia del Ministro del Interior Don Rafael Filizzola. Se cerrará el acto con un momento artístico el cantante nacional Ricardo Flecha.

Página Web: www.verdadyjusticia-dp.gov.py

Blog: www.verdadyjusticia-paraguay.blogspot.com

REPRESION EN BUENA VISTA DE YHU, CAAGUAZUHACE 35 AÑOS

noreply@blogger.com (Federico) — Fri, 02 Apr 2010 22:50:00 +0000

En la Colonia Buena Vista de Yhú, Departamento de Caaguazú, entre el 4 y el 5 de abril de 1975, hace 35 años, fuerzas militares de la II División de Infantería realizaron un ataque militar a la Colonia, quemando y destruyendo alrededor de 57 viviendas. La comunidad estaba constituida por unos 1.300 pequeños lotes para familias campesinas que estaban en gestión de compra con la intervención del Instituto de Bienestar Rural a la firma internacional de capital español denominada “Compañía Forestal Hispano Paraguaya SRL”. Luego de la quema de ranchos, y a partir del 10 de mayo de 1975, se desató una represión militar-policial con detenciones arbitrarias de familias campesinas que fueron trasladadas a un campamento militar de infantería en Caaguazú, y luego a la II División de Infantería con asiento en la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá, y a la Comisaría de la ciudad de Caaguazú, cabecera del departamento de Caaguazú.
Posterior a esta acción, se perpetró la ejecución extrajudicial de Doroteo Grandel en Carrera-í, Departamento de Caaguazú a manos de sicarios en 1978. A raíz de la denuncias realizadas, el Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes fue detenido en la Comisaría 1ra. (luego con el triste nombre de Comisaría 3ra. En la calle Chile), y directamente remitido a la Penitenciaría de Tacumbú, procesado y condenado. También, del caso, se desprendieron las posibles ejecuciones extrajudiciales de familiares de Doroteo Grandel (su Suegro de apellido Zacarías, y los cuñados Mario y Sixto Gamarra), el 15 de agosto de 1981, en Yuquyry, Caaguazú, en confuso episodio.
Las amenazas de las fuerzas militares, a instancias de la empresa “Compañía Forestal Hispano Paraguaya SRL” tenían ya antecedentes desde 1974 en la propia Colonia, buscando deshacer el trato de compra-venta, con hostigamiento para el retiro de los pobladores.
Entre el 4 y 5 de abril de 1975, se produce un ataque militar con quema de viviendas y apropiación de bienes, con similares características de acto de guerra contrainsurgente al anterior Caso Jejuí (febrero de 1975).
A partir del 10 de mayo de 1975, se produjeron detenciones arbitrarias en la Colonia Yhú con traslados al campamento militar de infantería en Caaguazú, y otros directamente a la II División de Infantería en la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, así también las detenciones arbitrarias se concretaron en la Comisaría de la Ciudad de Caaguazú, departamento del mismo nombre.
Posteriormente a las detenciones arbitrarias, las fuerzas represivas procedieron a interrogatorios y torturas durante todo el período de las detenciones. Los detenidos no tuvieron ninguna posibilidad de obtener auxilio legal, ni existió verificación de que se hayan abierto procesos judiciales a los mismos. Las extensión del tiempo de las detenciones arbitrarias sin proceso, ni derecho a defensa, fueron variables. En el caso de la detención arbitraria de Doroteo Grandel, primero en el destacamento militar del RI II en Caaguazú, y luego en el cuartel general de Villarrica, las torturas fueron atroces y permanentes. La detención fue desconocida por las fuerzas militares, ante la presentación de Habeas Corpus a favor de Doroteo Grandel, constituyéndose inmediatamente el caso en una desaparición forzada. Doroteo Grandel es liberado de su cautiverio, como ex desaparecido, el 13 de julio de 1978, para ser finalmente ejecutado extrajudicialmente a manos de sicarios, un mes y medio después, el 28 de agosto de 1978, en Carrera-í, Departamento de Caaguazú.
Directamente relacionado el caso, se produjo la detención arbitraria en la Penitenciaría de Tacumbú y persecución judicial, a través del Juez Bernabé Valdez Martínez, del director del periódico “El Radical” del Partido Liberal Radical (PLR), Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes, seguida de la clausura arbitraria del semanario en forma temporal, así como la instalación de una querella por difamación y calumnias, en 1975, por parte del principal ejecutor de los ataques militares, el General de Brigada Otello Carpinelli Yegros, contando con alta complicidad judicial, en un proceso que culminó con una sentencia, confirmada en dos instancias, estancándose en la Corte Suprema, nunca cumplida finalmente, pero que solamente extinguida después del golpe militar del 3 de febrero de 1989, doce años después. En este caso, y aunque es una derivación, el entramado judicial operó en la misma línea del aparato represivo, apoyando las acciones bélicas sobre la población civil, e instruyendo procesos judiciales viciados de nulidad, que fueron más bien parte integrante de la campaña represiva sobre sectores y políticos y periodísticos que elevaron la denuncia de los actos de violación a los derechos humanos sobre la Colonia Yhú de Caaguazú a nivel nacional e internacional. La detención arbitraria, la desaparición forzada de Doroteo Grandel, y su posterior ejecución extrajudicial a manos de sicarios, se relacionaron a que el mismo compareció como testigo en la causa abierta al Doctor Martínez Yaryes.
La complicidad judicial continuó con la clausura arbitraria del semanario “El Radical” y el procesamiento judicial por violación de la Ley 209 de Defensa de la democracia del nuevo director Juan Carlos Zaldívar.
Fuente: Fragmentos documentos de investigación de la Comisión de Verdad y Justicia, Paraguay, 2008. La foto es del ex general Otello Carpinelli Yegros, ya fallecido.

Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP: “Hay que juzgar con vistas al futuro”

noreply@blogger.com (Federico) — Wed, 31 Mar 2010 14:01:00 +0000

Comparto esta breve entrevista cargada de contenidos que pueden y hasta merecerían una profundización, para una nueva mirada a aquello que consideramos como la lucha por la vigencia y protección de los derechos humanos con visión histórica, transversal, simultánea y universal... que se supone cualitativamente diferente de los enfoques parciales, minimizados, subalternados, segmentados, y pero aún, a-históricos...

"Entrevista con Gianni Tognoni sobre la política de derechos humanos"

El especialista italiano en políticas sanitarias elogia los procesos abiertos en Argentina para juzgar el terrorismo de Estado y advierte que, si se sostiene un modelo de desigualdad, se perpetúa “el virus más importante de la ideología genocida”.

Por Adriana Meyer para Página 12. Tognoni es secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos y dirige el Instituto Mario Negri Sud.

“Un modelo de desigualdad mantiene el virus de la ideología genocida”, define Gianni Tognoni, italiano, doctor en filosofía y en medicina, uno de los mayores especialistas mundiales en políticas sanitarias. Tognoni dirige el Instituto Mario Negri Sud, que realiza investigaciones independientes sobre la industria farmacéutica. En los ’70 mostró cuáles son los medicamentos que mejoran el pronóstico de las enfermedades y cuáles son sólo herramientas de mercado, y siguió propiciando legislaciones en todo el mundo tendientes a que “la salud sea un derecho y no un capítulo del mercado”, según describe en diálogo con Página/12. “Hay que crear redes de epidemiología comunitaria, como estamos haciendo en Argentina, que practiquen una cultura médica vinculada con la gente, y lo mismo debería ocurrir con el sistema judicial”, apunta. A su criterio, los juicios por delitos de lesa humanidad no deben quedar en las paredes de los tribunales, sino estar “dedicados a toda la sociedad”.

Tognoni conoce la realidad argentina desde antes del inicio de la última dictadura, una relación que profundizó cuando empezó a recibir en su casa a exiliados. Trabajó en el Tribunal Russell II, donde el caso argentino fue presentado a partir del impacto de las transnacionales en la doctrina de seguridad nacional. A poco de haber sido creado, en 1979, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), del que Tognoni es secretario general, tuvo como uno de sus primeros casos al argentino. Fue la primera vez que se presentaba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

“Argentina mira su historia no sólo para enjuiciarla, sino también para articular sus planes de futuro, donde la memoria fue experimentación del terror y ahora la sociedad coincide en que los protagonistas siguen en ella y que las consecuencias dejan huellas no sólo de culpabilidad, sino también culturales y sociales”, afirma al abordar la temática del seminario que lo convocó, organizado por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de Tres de Febrero. “No estamos discutiendo sólo el punto de vista penal de las condenas, sino también sobre un derecho propositivo y preventivo para evitar que las consecuencias de lo que pasó sigan violentando hoy la vida de las personas. Estamos viendo cómo comunicar sin prolongar la contaminación de violencia de la dictadura, para salir de la parálisis que pretende el terror, que golpea a uno para frenar a miles. Por eso, además de juzgar a los victimarios por las víctimas, hay que pensar en las mayorías, en las nuevas generaciones, a las que hay que contar esta historia con un criterio de lectura del presente. Los juicios deben servir para transformar la doctrina jurídica, por eso deben seguir articulados con todos los ejercicios de la memoria que se están haciendo. Lo jurídico no debe quedar en los juicios, sino ser dedicado a toda la sociedad”, afirma Tognoni.

–La Federación Internacional de Derechos Humanos consideró que Argentina es el mayor tribunal juzgando delitos contra la humanidad, pero marcó problemas prácticos que prolongan los juicios y hacen que los victimarios mueran antes de ser juzgados.

–Es una probabilidad muy alta. A nivel internacional es peor. Para garantizar los derechos de los imputados los juicios se retrasan de manera infinita sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas, y eso es un desafío. No se trata sólo de los juicios de los tribunales. Argentina en este sentido es una escuela pública de derecho, un modelo para muchos países. En el debate sobre la calificación de estos delitos estoy de acuerdo con que se los llame genocidio, no se trata de juzgar actos separados, sino un proceso. La verdadera culpabilidad es haber hecho de la eliminación de muchas personas un proyecto. El concepto de genocidio es más que una categoría penal, explica un proceso en el que fue posible y tolerable eliminar a una parte de nosotros, que una sociedad declare a algunos de sus miembros como enemigos o terroristas, algunos humanos y otros no, y ese riesgo sigue. Hoy, en nombre de una seguridad global, se pretende discutir la pena de muerte. O, como en Italia, declaran a los migrantes clandestinos criminales que ponen en riesgo la civilización.

–¿No es un retroceso civilizatorio?

–Claro, por eso la memoria debe servir para la prevención, como dice la Convención sobre Genocidio. Mi experiencia en el Tribunal de los Pueblos es que hay que juzgar con vistas al futuro. Los juicios no deben ser sólo la propaganda contra alguien, sino la herramienta para que esos hechos no se repitan. El derecho de existencia de las personas no puede ser puesto en discusión, cada vida debe ser sagrada. El mensaje de las Abuelas y de las Madres es que cada vida es imprescindible.

–¿En Argentina, entonces, hubo un genocidio?

–Esa es mi opinión. De hecho, el Tribunal de los Pueblos en su primera sentencia, en 1980, había discutido formalmente esto, pero una definición académica no permitía hablar de genocidio. Una vez que se pudo documentar mejor, no quedaron dudas. Era la legislación que venía detrás de la realidad, cuando debe ser al revés. Por eso, ahora un grupo de juristas tiene que proponer una modificación formal de la definición de genocidio que existe en Naciones Unidas, que era intocable por razones políticas. Tiene que ser más amplia y coincidente con lo que ocurre en la realidad. En la actualidad se violan derechos humanos ya no torturando, sino con mecanismos económicos y sociales que producen los mismos efectos.

–¿Se trata de crear los anticuerpos para que esto no vuelva a pasar?

–Frente a otros países, Argentina desarrolla una capacidad de inmunización importante. La inmunización sirve si se hace sobre la mayoría de la población, si no, la infección permanece y puede volver aún más dañina. Argentina tiene que decidir qué modelo de sociedad quiere. Si sigue siendo de desigualdad se mantiene el virus más importante de la ideología genocida. Cuando las desigualdades aumentan, se corre el riesgo de que algunos se consideren más importantes que otros. Si las distancias culturales y socioeconómicas se consideran normales, esto significa que la gente no reconoce los derechos universales de todos y de todas. El pasaje del derecho a la economía, del derecho a la cultura, del derecho a la organización social sigue siendo el principal problema. De hecho, todavía la Corte Penal Internacional no reconoce los crímenes económicos como algo a enjuiciar. En Argentina están siendo enjuiciados los ejecutores de quienes garantizaban el modelo de venta del país.

–Si hay algo emblemático de la representación del pasado en el presente es la desaparición de Jorge Julio López. ¿Conoce el caso?

–Es la demostración de que, a pesar de todo, el pasado continúa. Desaparece un testigo que cumplió su deber en uno de los juicios más originales, y que no se pueda hacer nada es dramático, es un criterio de no credibilidad. Uno pretende tener testigos y luego no puede protegerlos. Significa que hay un sistema como la mafia en Italia. Es impresionante porque no pasó con (el ex presidente Carlos) Menem, pasó ahora. Y a pesar de cambiar las cúpulas militares, no se sabe o se dice no saber. Es difícil conmemorarlo, no parece pertenecer al Estado, aunque fue un testigo clave. Lo recuerda la población, pero el Estado no se responsabiliza.

–¿Es posible juzgar a todos los represores por todas las víctimas?

–Más allá del juicio penal, hay que juzgar el genocidio. Cada individuo es expresión de un pueblo que desapareció, y eso debe entrar en la conciencia de la gente, si no quedarían como juicios comunes a simples ladrones. Así son los mecanismos de impunidad del mundo, pretender que sólo los casos condenables son aquellos donde se dan todos los elementos de juicio. En 1991 hicimos un tribunal de los pueblos en América latina y vimos que las dictaduras saben que el derecho existente no puede demostrar su culpabilidad. Al final se quedan impunes, lo cual infecta a la sociedad con un no respeto de las normas. Aunque (el represor Alfredo) Astiz no hable, hay evidencias históricas más importantes que su palabra.

–¿Qué es el Tribunal de los Pueblos?

–Una iniciativa nacida a mediados de los ’70, cuando se comprueba que el derecho de los Estados no tenía la voluntad de enfrentar violaciones masivas a los derechos humanos. Nació como consecuencia del Tribunal Russell II sobre dictaduras en América latina, con la idea de que lo que ocurría allí podía repetirse con formas diferentes en otras partes del mundo. Es una oportunidad para los pueblos de tomar la palabra, con testigos y documentación, y poder juzgar bajo una interpretación del derecho internacional las violaciones denunciadas. Además del caso argentino, trabajamos con la dictadura de Marcos en Filipinas, la invasión soviética a Afganistán, el genocidio en Guatemala, el caso del Tíbet y el de Argelia, entre otros. Denunciamos que los programas de asistencia dicen que los niños son prioridad y en los hechos esto no ocurre.

–Dado que sus decisiones no son vinculantes, ¿cuál es la eficacia del Tribunal de los Pueblos?

–Podemos dejar constancia de los hechos, por eso las sentencias son herramientas para los pueblos, pasan a formar parte de procesos de concientización. Medir eso no es fácil. La presión que pusimos en París con los desaparecidos argelinos fue grande e hizo que el gobierno lo publicara por primera vez y permitiera a las familias pedir por ellos.

Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-142987-2010-03-31.html

PARAGUAY: A 34 AÑOS DE LA PASCUA DOLOROSA

noreply@blogger.com (Federico) — Tue, 30 Mar 2010 12:54:00 +0000

El próximo 9 de abril de 2010, en el Ex Campo de Concentración de Abraham Cué, en la ciudad de San Juan Bautista de las Misiones, cabecera departamental de Misiones, se llevará a cabo un acto de memoria a los 34 años de la gran represión a movimientos antidictatoriales y campesinos, que conocemos como la Pascua Dolorosa, por haberse desatado en plena celebración de la Semana Santa en los primeros días de abril de 1976, desde Asunción y extendiéndose rápidamente a los departamentos de Central, Paraguarí, Misiones, Caaguazú, Itapúa, y finalmente a todo el país. Fragmentos del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, dan cuenta de los hechos. La foto corresponde al casco histórico del Ex Campo de Concentración de Abraham Cué, en momentos de realizar en el sitio excavaciones en búsqueda de desaparecidos que presumiblemente fueron enterrados clandestinamente en el predio.

Todo el Informe Final es posible bajarlo en PDF desde el sitio:

http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/

La Pascua Dolorosa, Misiones, Paraguay, abril de 1976. Represión masiva y dimensión de la crueldad:

“…Yo, si le voy contar verdaderamente. Yo ya estaba marcado hacía mucho tiempo. Ya no nos llamaban por nuestros nombres, sino comunistas nomás ya. En el interrogatorio la primera pregunta fue si era comunista o no. Aunque él ya decía que éramos comunista. Luego ya nos pregunta quién era el padre que estaba con nosotros y de donde nos venía la plata, y mientras eso nos golpeaban y nos torturaban”. Celestino Alcaraz Benítez, Misiones, 1976.

A primeros de abril, con la detención de algunos miembros de la OPM y posteriormente el hallazgo del archivo de la organización, se llevó a cabo un operativo masivo que se inició en la ciudad de Asunción y se trasladó inmediatamente al interior especialmente en el Departamento de las Misiones donde se materializó la llamada “Pascua Dolorosa”, un operativo represivo masivo que se llevó a cabo en la Semana Santa de 1976 y conllevó un enorme impacto en las comunidades afectadas, la región de Misiones y otras a las que se extendió la violencia contra líderes campesinos y comunidades.

Los hechos comenzaron en la semana del 5 abril siendo su epicentro la Delegación de Gobierno de San Juan Bautista, la cabecera departamental, y la habilitación de un cuartel como centro de detención, conocido como Abrahán Cué. Otros lugares de detención en el caso de Misiones citados en los testimonios son: Delegación de San Juan Bautista, Comisaría de Santa Rosa, Comisaría de San Patricio, Comisaría de Santa María, todos ubicados en Misiones y posteriormente el penal de Emboscada y el Departamento de Investigaciones (Vigilancia y Delitos) en Asunción.

Se registraron numerosos casos de personas procedentes de Misiones que vinieron a relatar sus experiencias como víctimas directas de aquel suceso, o como familiares que daban testimonios en nombre de la víctima ya fallecida.

“…En 1976 fue la represión más fuerte, como para que desaparezca la organización, allí fue que a nivel nacional, a muchos les agarraron, les apresaron, les torturaron, les mataron. Aquí a quince por ahí mataron. La desinformación para confundirle a la opinión pública era mucha, decían que eran guerrilleros, comunistas, como para justificar su represión. Luego reprimieron a niños y mujeres que no tenían nada que ver. El objetivo de eso era que la gente no quiera organizarse, ni que sepa ningún derecho”. Guillermo Jaquet, Misiones, 1976.

Durante los meses que duró la represión en la zona, como parte de ese operativo, se llevaron a cabo numerosas violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, además de violaciones sexuales contra las mujeres y violencia colectiva contra comunidades, con destrucción de bienes y propiedades. Desde los primeros momentos la gente desconocía las atrocidades que iban a cometerse aunque existían ya mensajes de amenaza y destrucción contra toda la población considerada sospechosa.

“…Habían colorados que hacía propaganda de que iban a matar a todas las familias comunistas que se quedaban, y esa vez mi esposa vino en el almacén de Vicente Cáceres, que quedaba dos kilómetros de casa, y le dice está fea esta situación, porque hoy llegaron Camilo Almada Morel, “Sapriza”, entre otros y dijeron que van a matar a todas familias comunistas que están acá”. Juan Carlos López, Misiones, 1976.
Según nuestras estimaciones durante las primeras semanas se llevaron a cabo centenares de detenciones, que algunas fuentes sitúan en más de mil personas. Se tomaron 496 testimonios de detenciones arbitrarias en 1976, la inmensa mayoría relacionadas con estos hechos, lo que supone que una de cada cuatro detenciones registradas proviene de la Pascua Dolorosa. Todo ello confirma el enorme impacto de estos hechos en general y específicamente en la región más afectada de Misiones. La CVJ pudo documentar la ejecución extrajudicial o desaparición forzada de 27 personas en estos hechos.

El operativo fue masivo y contó con la participación de todo un equipo de miembros de la policía y militares de apoyo provenientes de Asunción. Campesinos de los distritos de San Juan Bautista, San Ignacio, Santa María, Santa Rosa y San Patricio, pertenecientes a la organización Ligas Agrarias Cristianas, fueron detenidos y conducidos a Abraham Cué. Lo que comenzó en Semana Santa en Misiones se extendería posteriormente al resto del país: Paraguarí, Cordillera, Coronel Oviedo, Caaguazú.
“…Después empezaron a juntar a más gente para llevarles en la Alcaldía de Santa Rosa-Misiones. Ahí nos juntó a todos a las diez de la noche más o menos. Nos esposó y nos dijo que cuando terminaba de contar tres teníamos que estar ya en la camioneta. Nos habremos ido entre sesenta personas. Después en el camino se subieron unos cuantos militares y nos dijeron, “levanten la cabeza, ¡respondan animales!”. Nosotros no sabíamos dónde nos íbamos, después llegamos a Abraham Cué y el guardia de ahí nos trató de la misma manera”. Juan Carlos López, Misiones, 1976.
También la represión se orientó hacia sectores religiosos progresistas. Varios centros educativos fueron allanados, profesores detenidos y religiosos amenazados o expulsados del país. Entre ellos se produjo la expulsión de diez jesuitas. (Caravias, Munarriz, Meliá, SI, Gelpi, SJ, Ortega y otros)

Detenciones masivas, tortura y muerte.

Centenares de personas fueron recluidas en Abraham Cué convertido en centro de detención y tortura. Los relatos de los sobrevivientes incluyen una descripción pormenorizada de la tortura sufrida en dicho lugar, siguiendo patrones muy similares, implicando a los mismos perpetradores y mostrando un modo de acción coordinado y totalmente planificado...

Fuente: Informe Final de la CVJ. http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/

Los abusos cercan al Vaticano - EL PAIS DE ESPAÑA -

noreply@blogger.com (Federico) — Mon, 29 Mar 2010 21:20:00 +0000

COMPARTO ESTE REPORTAJE PUBLICADO EN EL PAIS DE ESPAÑA A CARGO DE MIGUEL ROMA DESDE ROMA, ITALIA EL 28 DE MARZO DE 2010. REPORTAJE: El escándalo de los abusos. La jerarquía católica considera que sufre una "campaña radical y demencial" - Las víctimas exigen que se acabe con la política de ocultamiento y reclaman justicia.

El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de la Santa Sede y número dos del Vaticano, ha dicho esta semana que un "anticristianismo radical y demencial se está difundiendo por Europa de una forma rastrera". El grito desesperado ante las informaciones de los escándalos de pederastia que la Iglesia ha ocultado en el pasado (Alemania, Austria, Estados Unidos) revela la angustia de la Curia ante la crisis de credibilidad generada por la plaga de la pederastia.

La consigna de tolerancia cero, transparencia y justicia para las víctimas lanzada por el Papa en la carta a los católicos de Irlanda ha topado con la testaruda realidad. La cúpula de la Iglesia católica, según muestran los últimos casos, ha sido tolerante con los abusos. El Vaticano no ha reaccionado lo suficiente, mientras un infierno arruinaba la vida a miles de niños. Y tanto el compromiso de Ratzinger con las víctimas como su astucia política para liderar el cambio que la Iglesia necesita están siendo erosionados.

¿Podrá el Papa cambiar la línea de silencio que ha marcado históricamente la actitud de la Iglesia hacia los abusos clericales en particular? ¿Podrán los obispos y cardenales habituados a lavar durante décadas los trapos sucios en casa, con una simple firma del traslado del culpable a otra diócesis, llevar los casos a los tribunales?

La semana trágica de Ratzinger parece demostrar que la cultura del silencio marca todavía la actitud de la Iglesia hacia los abusos. Bertone, que en 2001 reivindicaba el secreto profesional frente a las denuncias a la justicia, elige una vez más el victimismo. En plena batalla por la verdad, el Papa deja caer que se condena el pecado pero no el pecador.

La pederastia clerical es antigua. De hecho, el Concilio de Elvira ya la censuró en una época, años 300 a 324, en que la gente se casaba adolescente y moría a los 40. Pese a ello, el miedo al escándalo y las enormes garantías que ofrece a los acusados el Código Canónico han impedido que la Iglesia frenara o castigara eficazmente la pederastia.

El fiscal del ex Santo Oficio, Charles J. Scicluna, encargado de procesar a los pederastas y hombre afable al que algunos curas y víctimas conocen por su pasividad, arguye en su defensa que el sistema legal y la costumbre dificultan su trabajo. "La cultura del silencio, sobre todo en Italia, está muy extendida", explica. "El derecho canónico nos obliga a ser muy cautos y garantistas, porque protege al máximo los derechos y la intimidad de los acusados. Aunque eso no significa que hayamos evitado que en los casos más graves actuara la justicia civil, no es justo decir eso".

Pero la asociación italiana de víctimas de la pederastia Caramelo Bueno asegura que el fiscal falsea la realidad. Su presidente, Roberto Mirabile, un tipo templado que se declara creyente y trabaja desde hace 13 años en Reggio Emilia con jóvenes objeto de abusos, ha señalado cómo, en 2007, Scicluna y otros jerarcas vaticanos toleraron sin mover un dedo que un cura de Roma, Ruggero Conti, acusado por siete testigos y hoy arrestado y bajo proceso por prostituir y abusar de menores, continuara violentando a sus víctimas. Un caso gravísimo y lleno de implicaciones ideológicas, amenazas y violencia, que se ha sumado al del difunto padre Lawrence Murphy, de Wisconsin, que murió perdonado por el silencio de Ratzinger y Bertone en 1998 tras abusar de 200 niños sordos.

Sería injusto negar al Vaticano algunas tímidas señales de apertura. El viejo Santo Oficio, en un gesto insólito de transparencia que intentaba minimizar la sensación general de que el fenómeno es masivo, ha hecho públicas las cifras de casos que ha manejado desde 2001: de los 3.000 acusados de abusos analizados (14 de ellos procedían de España, explica el fiscal), solo hubo 600 procesados, 300 expulsados del clero, y otros 300 pidieron la dispensa del sacerdocio.

Algunos vaticanistas expertos, como Marco Politi, han dicho que Ratzinger solo tiene una forma de recuperar credibilidad: abrir de verdad los archivos de los abusos que la congregación guarda bajo llave y explicar a quiénes absolvieron y a cuáles condenaron. Será difícil si no imposible, porque Ratzinger ordenó en 2001 que, para los casos de pederastia e insinuaciones turbias bajo confesión, los participantes en el proceso canónico destruyeran las actas y guardaran silencio perpetuo, so pena de excomunión fulminante.

El sigilo es ley en el Vaticano. Quizá por eso, las explicaciones de los jerarcas suenan en estos días entre tibias y balbucientes. Se detecta una mezcla de pavor ante la posible aparición de nuevos casos, angustia por los cadáveres en el armario que algunos guardan e inquietud por el futuro de la institución.

El Vaticano se asemeja a un fortín asediado. La suciedad de la que habló Ratzinger antes de ser nombrado Papa ha desbordado las previsiones y el fango emerge libre por todas partes: Alemania, Holanda, Austria, Suiza y, para colmo, la catoliquísima Italia...

Era un secreto a voces, pero esta vez los medios se están entregando a fondo al filón y los cardenales y obispos sufren, revisan su memoria y temen las posibles consecuencias, penales y económicas. La complicidad es un delito. La denegación de socorro, otro. Filippo di Giacomo, sacerdote, experto en derecho canónico y colaborador de EL PAÍS, hace este análisis: "La desvergüenza y la corrupción religiosa, moral y sexual de muchos miembros de la Curia ha alentado en Roma, sobre todo desde la época del papa Wojtyla, Stanislaw Dziwisz y Camillo Ruini, un clima de oposición contra quienes intentan denunciarlo, incluido Ratzinger".

Las promesas de Ratzinger de colaborar con la justicia chocan con la piedad corporativa, que siempre ha preocupado mucho en Roma.

Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo ayer que los ataques mediáticos de las últimas semanas han provocado sin duda daños, pero no han tocado la autoridad del Papa, que sale reforzada. "La reciente carta a la Iglesia de Irlanda es un testimonio intenso que contribuye a preparar el futuro a través de un camino de curación, renovación y reparación". Lombardi ve numerosas señales positivas en las conferencias episcopales.
ENLACE: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/abusos/cercan/Vaticano/elpepusoc/20100328elpepisoc_4/Tes

“POLÍTICAS REPARATORIAS: VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA" PARAGUAY 2010

noreply@blogger.com (Federico) — Fri, 26 Mar 2010 16:51:00 +0000

SEMINARIO INTERNACIONAL “POLÍTICAS REPARATORIAS: VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA" PARAGUAY 2010

Extracto de la ponencia el consultor internacional Alejandro Valencia en la reunión mantenida con representantes de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo y de organismos de Derechos Humanos, en el marco de los trabajos previos a la realización del Seminario Internacional sobre Políticas Reparatorias: Verdad, Justicia y Memoria.

La citada reunión se llevó a cabo el día 4 de febrero pasado en el local del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE).

Voy a presentar algunas ideas que hemos compartido con la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, en aras de lo que tanto hemos subrayado, en primer lugar cómo buscar una mejor y una mayor implementación de las recomendaciones del informe, en segundo lugar, cómo buscar una buena y mayor apropiación de esas recomendaciones, apropiación por partes de los entes responsables a nivel estatal, a nivel gubernamental, de la sociedad civil paraguaya y la comunidad de la victimas pues para que esa ejecución y esa mayor apropiación puedan transformar esta realidad del pasado, y tener un Paraguay donde haya mayor respeto, un estado de derecho, digamos una mayor convivencia y garantía de los derechos humanos, y lo importante es que esta serie de propuestas se quieren hacer en forma conjunta e involucra a los funcionarios públicos, a las victimas, a miembros de organismos no gubernamentales, digamos agencias de cooperación internacional, todos y todas los paraguayos y los no paraguayos en esta medida tenemos que contribuir de alguna manera, para intentar sacar adelante esto, ustedes saben las recomendaciones de una u otra forma buscaron establecer alguna agenda de trabajo, una agenda de derechos humanos, con muchos aspectos que desarrollar en ese sentido, las recomendaciones están estructuradas siguiendo parámetros más actuales del derecho internacional de los derechos humanos, para poder empezar en este aspecto pues la DGVJR-DP busca crear un espacio participativo, es como hacer un evento, les voy a contar lo que hemos estado pensando para que ustedes lo relacionen y podamos entre todos construir esta propuesta, como les decía el propósito final yo creo que es posicionar más las recomendaciones, posicionar más las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) ante la sociedad paraguaya y construir conjuntamente con una metodología participativa un plan de trabajo que permita establecer una serie de compromisos; compromisos por partes de entidades del estado, por parte de los miembros de la sociedad civil, para sacar adelante esta propuesta, para eso se ha pensado hacer un evento que tenga como tres momentos, un primer momento o un primer día seria realizar un taller, un taller que puede ser mas formativo, un intercambio de experiencias, mas de capacitación o entorno a una gran pregunta que es bien importante el qué y cómo reparar, y como pretexto para realizar este taller lo vamos a hacer en torno de una persona “Carlos Beristain”, es un medico español con amplia experiencia en todos los aspectos de atención psico social a las victimas y él fue justo el que lidero la redacción del capitulo de secuelas del informe de la comisión junto con José Carlos Rodríguez (Coordinador de Investigación de la CVJ), y de alguna manera fue uno de los asesores más permanentes de la CVJ, él publicó este trabajo inicialmente con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y este libro se ha rebuscado en algunas partes del continente y él donó muy amablemente para el Paraguay 100 ejemplares del libro de una edición que hicimos en Ecuador publicado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los que van a participar puedan estar con el libro para conocerlo, sobre todo como dije contestando este par de preguntas que son fundamentales el qué y el cómo reparar, un trabajo que es interesante, en este trabajo plasma su experiencia por América Latina una experiencia de 20 años, atendiendo victimas mas de 15 países, yo creo que puede ser muy enriquecedor y lo que buscamos en el primer momento, por que creo que el taller pueda dar mayores elementos mayores herramientas, cuando después nos vamos a trabajar en el tema de la comunicaciones es decir nos puede ayudar a dispararnos la creatividad y a tener más elementos, un poco mas largas la comunicaciones y sobre todo el sentido, del sentido de qué y cómo reparar en materia de derechos humanos, ensayarlo en el primer día y el segundo momento el que seria el mas importante pues ya desarrollar el seminario un seminario de dos días, y hay que ver como lo llamamos, una de las propuestas de los miembros de la DGVJR-DP es llamarlo Políticas Reparatorias: Verdad, Justicia y Memoria; luego se llegará en cómo desarrollar el seminario y la propuesta para el seminario, lo que se quiere es para el seminario básicamente, es trabajar con los grupos de trabajos, es decir conformar una serie de grupos de trabajos a partir del tema de las recomendaciones, pero no se quiere seguir el esquema que trae el informe, si no lo que se propone es hacer como una reclasificación de esas recomendaciones teniendo en cuenta como algunos temas centrales y teniendo en cuenta algunos grupos digámoslo específicos de situación y vulnerabilidad y riesgo, la idea inicial era tener como siete grupos pero haciendo un ejercicio de reclasificar las recomendaciones con estos grupos, y nos salían grupos que tenían un numero enorme de recomendaciones, es decir había grupos con 60 recomendaciones, es decir si intentamos construir un plan de trabajo dos días es imposible, como la metodología es en base a grupos la propuesta es tener un numero mayor pero que de una u otra forma potencializar más su trabajo específico, la idea es tener 6 grupos grandes en la medida que van a tener recomendaciones amplias y tener otros 6 grupos mas pequeños que van a tener recomendaciones mas puntuales pero le consideramos relevantes, dentro de los grupos que les proponemos más o menos tentativamente que números de recomendaciones estarían trabajando son los siguientes y que vamos a probar primero llamarlo como los 6 digamos que estarían tocando aspectos muy centrales y van a ver ustedes que son aspectos de las entidades que están aquí representadas.

Las conclusiones en sus respectivos subtítulos tiene un catalogo de recomendaciones en materia de educación mas o menos hemos identificado 25 recomendaciones especificas en esta área que trabajaría un primer grupo, un segundo grupo va trabajar en memorias es decir muchas de las recomendaciones que aparecen en el informe tienen que ver con todo este tema de monumentos, de lugares históricos, de solicitudes de disculpas, de tipificar el nombre de las víctimas; ya hemos identificado 26 recomendaciones en el tema de memorias, un tercer grupo va trabajar con el tema de justicia, es decir todo lo que tenga que ver con investigación y violación de derechos humanos que es un tema fundamental, digamos que es una asignatura pendiente en paraguay, ahí tenemos 30 recomendaciones, un cuarto grupo mucho más específico pero que no deja de ser importante por el papel que jugo durante la dictadura son los militares y policías, hay como 18 recomendaciones especificas en ese campo, yo creo que eso amerita que le demos más compromiso, un quinto grupo que tiene algunas de las recomendaciones mas generales en el tema de reparaciones pero que no deja de ser importante, lo hemos llamado como un grupo de políticas públicas, que de alguna u otra manera tiene que implementar un plan muy general en aspectos de reparaciones y hay cerca de 31 recomendaciones, y otro grupo que estaría dedicado en formas legales, es decir la comisión tiene un catalogo de formas constitucionales y legales que hay que plantear, tal vez el número de recomendaciones es mas alta se ha identificado cerca de 42 recomendaciones, y esos son los grupos que tienen un mayor numero de recomendaciones, nosotros también sugerimos constituir otros grupos muchos mas específicos, pero son de temas muy importante que amerita trabajar; uno es el tema indígena, tenemos como 13 recomendaciones en esta materia, otro grupo que se sugiere es un grupo para genero y niñez, para mirar todos estos temas de los derechos de la mujer, y orientaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes, que también hay como 10 recomendaciones, un tercer tema que en el informe se quiso que no pasara desapercibido el tema del exilio, no son muchas las recomendaciones son como 8 recomendaciones, otro grupo sobre el tema de tierras, que fue uno de los capítulos del informe, de tierras rurales mal habidas, y todos los aspectos vinculados con reformas agrarias, hay como 7 recomendaciones, luego tenemos otro tema que es salud, es decir todo lo que tiene que ver con la atención psicosocial para víctimas, y crear programas de salud mental física para las víctimas, y otro grupo que también hay muy pocas recomendaciones pero que valdría la pena tenerlo en cuenta, que es el tema de la libertad de expresión, el tema de la prensa, les decía es un poco ambiciosos son como 12 grupos de trabajo es decir que tendrían que trabajar simultáneamente los 12, digámoslo con aspectos muy específicos.

Fuente: Comunicación de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, DGVJR-DP.

DE LAS DICTADURAS Y SUS FINANCISTAS

noreply@blogger.com (Federico) — Thu, 25 Mar 2010 20:30:00 +0000

A PROPOSITO DE LA DEBIDA MEMORIA...
En los laberintos de la Justicia

Una causa judicial apunta por primera vez a los bancos privados que prestaron dinero a la Argentina entre 1976 y 1983. Fue impulsada hace un año por dos hijos de desaparecidos. Está paralizada y podría terminar en la Corte Suprema

Un conflicto de competencia dilata el inicio de la primera investigación sobre el último eslabón en la cadena de complicidades que permitió sostener a la dictadura militar: el financiamiento por parte de la banca privada extranjera. La causa podría por primera vez en la historia acusar de complicidad a los bancos que prestaron dinero a sabiendas de que colaboraban para el sostenimiento de un Estado que perpetraba delitos de lesa humanidad. El caso puede escalar a la Corte Suprema de Justicia, que deberá expedirse además sobre la imprescriptibilidad de los resarcimientos derivados de delitos contra los derechos humanos. El CELS presentará un recurso judicial para apoyar la investigación.

El expediente 95.019/2009 deambuló por tres juzgados desde el 18 de marzo de 2009, cuando Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe –ambos hijos de desaparecidos– realizaron la presentación ante la Justicia Civil y Comercial federal. La carátula del expediente consigna que se trata de una “diligencia preliminar” para que el Banco Central informe acerca de los montos que entidades financieras internacionales prestaron al Estado argentino entre 1976 y 1983.

Ese pedido se sustenta en la investigación de Juan Pablo Bohoslavsky –director de la Maestría en Derecho Administrativo Global de la Universidad Nacional de Río Negro–, que junto a la investigadora de la Universidad de Nueva York Veerle Opgenhaffen logró establecer el nexo entre los préstamos de bancos comerciales y el mantenimiento del aparato represivo interno que llevaba adelante la dictadura.

Ese trabajo fue presentado por Bohoslavsky en la Universidad de Harvard el pasado 18 de febrero, en el marco de un simposio sobre derechos humanos. Entre los asistentes estaba John Ruggie, representante de Naciones Unidas para el área de Negocios y Derechos Humanos. El caso argentino cobró relevancia porque, basándose en esa experiencia, la ONU podría fijar los estándares globales que regularán en el futuro la responsabilidad de las empresas cuando de violaciones a los derechos humanos se trate. “Hasta ahora se habían concentrado en las contribuciones no financieras que facilitan violaciones a los derechos humanos, pero no en aportes de dinero”, afirmó Bohoslavsky en diálogo con Página/12.

Con la llegada a la presidencia del demócrata Jimmy Carter en 1977, la política de los Estados Unidos con respecto a la ayuda financiera a gobiernos dictatoriales dio un vuelco: los préstamos a países con conocidas violaciones a los derechos humanos como la Argentina fueron negados. La banca privada vio entonces la puerta abierta para ofrecer préstamos a altas tasas. Esa financiación permitió que la Junta Militar ampliara la deuda externa de 6648 millones de dólares en 1977 a 31.709 millones en 1983. El crecimiento exponencial del déficit entre ingresos y egresos estuvo acompañado de un aumento del porcentaje del PBI destinado al gasto militar, que creció del 2,04 al 4,39 por ciento durante esos años. La tesis de Bohoslavsky se sustenta en el derecho internacional y en las políticas que regulan la actividad financiera a nivel global. Es imposible que los bancos que prestaron dinero a los dictadores argentinos desconocieran que se producían crímenes de lesa humanidad, tras la postura explícita de la administración Carter y los informes sobre la Argentina publicados en ese momento por organismos de derechos humanos. Los bancos cuanto menos “incumplieron el deber de evaluar adecuadamente el riesgo crediticio del prestatario” al no respetar las reglas básicas que rigen la actividad financiera, donde no sólo se analiza la capacidad de pago sino el destino de los fondos. Las entidades “sabían” o “debían haber sabido” que los préstamos que giraron “permitieron, facilitaron o exacerbaron” los abusos a los derechos humanos, afirma el análisis. Esto los convierte en “responsables por complicidad”, remata.

El expediente está paralizado. El juez civil y comercial Luis María Márquez se declaró incompetente. Lo mismo hicieron las juezas María Gabriela Vasallo y Graciela González Echeverría. La Cámara en lo Civil y Comercial debe resolver ahora qué hacer con la causa. Si ratifica la incompetencia de ese fuero, la Corte Suprema tendrá que dirimir el asunto.

La causa es un hierro candente. El pedido de resarcimiento podría apuntar, entre otros, al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D. G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma y Citicorp. El listado corresponde a los registros asentados en el fallo de la denominada sentencia Olmos, que prueba que las entidades facilitaron dinero a través de YPF, fachada tras la que se escondía el verdadero sistema de financiamiento a la Junta Militar.

El CELS, con la colaboración de la universidad británica de Essex, presentará en los próximos un recurso judicial con nuevos argumentos para la investigación, donde citará jurisprudencia internacional que avala la acusación por complicidad. Los abogados no descartan elaborar un listado propio de bancos y avanzar con la demanda civil contra ellos en base a sus antecedentes o recurrir a tribunales internacionales.

Informe: Gabriel Morini. Fuente:

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/142578-45899-2010-03-24.html

PARAGUAY: CUARTO HALLAZGO EN LA AGRUPACION ESPECIALIZADA

noreply@blogger.com (Federico) — Thu, 25 Mar 2010 17:36:00 +0000

En un despacho de prensa de la Dirección de Verdad y Justicia y Reparación, programa autónomo de la Defenosría del Pueblo, consigna un nuevo hallazgo de restos humanos óseos en la zona de excavaciones de la Agrupación Especializada en el barrio de Tamcumbú, ciudad de Asunción. Y dice cuanto sigue:
"En el día de la fecha, jueves 25 de marzo de 2010, se ha producido un nuevo hallazgo de restos óseos en el predio de la Agrupación Especializada; esto gracias al trabajo que viene desarrollando la Dirección General de Verdad Justicia y Reparación (DGVJR) a través de su área de Investigación de Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio Público.

Son restos humanos óseos confirmados, es el cuatro localizado fehacientemente, y para ello es de destacar la importancia que esta investigación se encuadra en el marco de los trabajos sistemáticos de excavaciones, implementado desde finales del año 2009 por la DGVJR-DP, a fin de realizar una búsqueda exhaustiva de tumbas clandestinas, habida cuenta los numerosos testimonios que indican que el citado predio fue utilizado durante la dictadura stronista como lugar de entierros clandestinos de opositores del régimen que fueron asesinados en el período 1954-1989.

Cabe recordar que durante el año 2009 se produjo el hallazgo de 3 esqueletos humanos, uno de ellos mediante este sistema que fuera propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a ésta Dirección, en el marco del programa de cooperación suscripto entre la DGVJR y el EAAF. Todas las fotos estarán a disposición en la página web de la institución:
www.verdadyjusticia-dp.gov.py
Cabe recordar que los anteriores tres restos humanos óseos completos se hallan en la República Argentina, para su análisis, extracción de ADN, y posible identificación, en tanto que de acuerdo a las investigaciones la casi totalidad de los restos allí enterrados en forma ilegal y clandestinas podrían corresponder a opositores al régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner entre los años 1954 y 1989. Estos restos se encontraron gracias a un plan sistemático de barrido en trincheras, cada medio metro. Este cuarto conjunto de restos está localizado en la zona conocida como "la huerta" de la ex Guardia de Seguridad, hoy Agrupación Especializada, donde solamente tenían acceso un grupo de élite integrado por seleccionados militares y policías conocidos por los "verde mate".

Represión policial-militar a dirigentes campesinos en 1980

noreply@blogger.com (Federico) — Sun, 07 Mar 2010 22:59:00 +0000

El infierno se desató el 8 de marzo de 1980 en el departamento de Caaguazú, Paraguay.

El 10 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior dio a conocer el siguiente comunicado: ”En la madrugada del sábado 8 del corriente, a la altura del kilómetro 37 de la ruta que conduce a Ciudad Presidente Stroessner a nuestra capital, un grupo de maleantes armados de revólveres y armas blancas, asaltó un ómnibus de pasajeros de la empresa Rápido Caaguazú. Los asaltantes, por medios violentos, despojaron de joyas y dinero a los viajeros. Los delincuentes, perseguidos por las autoridades de represión del contrabando del Ministerio de Hacienda que actúan en la zona, aban¬donaron el ómnibus luego de herir al inspector de Hacienda, Angel Stucemeider y al sub-alcalde Alejandro Moreno, internándose en los montes a la altura del camino que conduce a la Colonia Tobatí.

Los pobladores de la zona que colaboran con las autoridades han identificado a algunos de los asaltantes.

Este ministerio ha encomendado a las autoridades civiles de la jurisdicción a adoptar las medidas conducentes a aclarar debidamente los hechos y a la detención de los delincuentes. Colaboran estrecha¬mente autoridades militares.

Oportunamente serán ampliadas estas informaciones” (Blanch, 1991).

El 15 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior emitió un segundo comunicado, que transcribimos textualmente:

“En relación con el asalto a mano armada al ómnibus de la Empresa Caaguazú, hecho ocurrido el día sábado 8 pasado, la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior formula las siguientes ampliaciones a la información que fuera dada a conocer en fecha 9 del corriente mes:

1. En conocimiento de lo ocurrido, las autoridades a cuya jurisdic¬ción corresponde tomar las medidas del caso, se abocaron a realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar y detener a los autores del asalto. Las fuerzas de seguridad se vieron asistidas por
miembros de las seccionales coloradas de Juan Manuel Frutos y de Campo 9, con cuya espontánea colaboración se contó desde el primer momento al igual que con los pobladores y agricultores del lugar que decididamente cooperaron con los representantes del orden, manifes¬tando su repulsa ante este inusual suceso. Igualmente, los miembros de la seccional colorada de Caaguazú se agruparon rápidamente junto a las autoridades cuando los maleantes se desplazaron hacia este último sector, prestando su valioso concurso para localizar a los delincuentes, que en número de veinte habían perpetrado estos hechos y se hallaban ocultos en el monte, donde fueron rodeados .

2. Al encontrarse en esta situación, los maleantes abrieron fuego contra las fuerzas del orden, produciéndose un enfrentamiento armado del que resultaron heridos el mayor DEM Carlos Alberto Ayala Gon¬zález, de la II División de Infantería, que se encontraba al mando de tropas regulares, y el alcalde policial de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, Romualdo Rolón. También resultaron heridos los milicianos colorados Felipe Giménez y César Duré y el conscripto Arístides Ortigoza.

3. En la misma refriega cayeron muertos los asaltantes: Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo César Britos, Concepción González, Ful¬gencio Castillo Uliambre, Gumercindo Brítez y Reinaldo Gutiérrez y
heridas las mujeres Apolinaria González y Apolonia Flores. Esta última se halla internada en el Policlínico policial de Asunción. Se encuentran detenidos Felipe Flores, Arcadio Flores, Mariano o Marciano Martínez y Arnaldo Flores, a más de las dos citadas mujeres.

4. Las fuerzas de seguridad y quienes cooperan con ellas continúan la persecución de los prófugos: Victoriano Centurión, Gill Santos Duré, Francisco Solano Duré y Vidal Martínez, con el propósito de detenerlos. Todos los antecedentes serán elevados, oportunamente a la justicia ordinaria” (Blanch, 1991).

Contrastando con la versión oficial de los hechos, los antecedentes de este Caso (CEPAG, 1992), se re¬montan a principios de 1970, cuando un grupo de campesinos decidió poblar terrenos fiscales situados en la orilla izquierda del río Acaray, a unos 40 kilómetros de Puerto Presidente Stroessner (hoy Ciudad del Este). Aunque la ocupación de las tierras se hizo con permiso del Instituto de Bienestar Rural (IBR), esta institución no expidió títulos a la colonia, en la inteligencia de que cuando hubiera producción iba a encargarse de dar los títulos, según refiere uno de los líderes del grupo, Victoriano Centurión. Pero pasó el tiempo y el título no se expedía, al mismo tiempo que la esposa de un general, Muquí de Ramos Giménez, reclamaba la propiedad de las tierras. Para sorpresa de los colonos, se extravió el único comprobante que tenían del antiguo compromiso del IBR: la contraseña número 5859, del 30 de julio de 1976. En 1978, la abogada de los colonos, Mercedes Vergara de Heydel, pedía al IBR, inútilmente, el reconocimiento de los derechos de los campesinos sobre la tierra que habían desmontado y cultivado. En 1980, el Ejército había puesto sitio a la colonia Acaray, y la situación se volvió tan angustiosa para los pobladores, que decidieron viajar a la capital para reclamar sus derechos y buscar el apoyo de la opinión pública. Tardíamente, el IBR produjo el título solicitado: lo hizo en 1982 (Testimonio de Victoriano Centurión, Caaguazú, 1980).

El 8 de marzo de 1980, a las 10 de la noche, un grupo de 20 personas salió de Acaray con el propósito de reivindicar ante el Estado su derecho a la tierra; éstas eran:

Estanislao Sotelo; Mario Ruiz Díaz; Secundino Segovia; Feliciano Verdún; Federico Gutiérrez; Adolfo César Britos; Concepción González; Fulgencio Castillo; Gumercindo Brítez; Reinaldo Gutiérrez; Apolinaria González; Apolonia Flores; Victoriano Centurión; Gill Santos Duré; Francisco Solano Duré; Vidal Martínez; Arcadio Flores; Felipe Flores; Mariano Martínez; Arnaldo Flores (CEPAG, 1992).

Los 20 fueron reprimidos por agentes estatales y paraestatales muriendo los diez primeros de la lista. Entre ellos, predominaban los lazos de parentesco: Apolonia Flores era hermana de Arnaldo Flores; ambos eran sobrinos de los hermanos Felipe y Arcadio Flores. Francisco y Gill Duré eran hermanos y eran también hermanos Reinaldo y Federico Gutiérrez (ambos asesinados). Había en el grupo tres menores de edad: Apolonia Flores (13 años), Arnaldo Flores (14 años) y Apolinaria González (16 años); esta última estaba embarazada y tuvo su hijo en la cárcel.

Saliendo de la colonia, los 20 cruzaron el río y se encontraron con el capataz de Ramos Giménez; para que no los delatara, se lo llevaron hasta la ruta, donde tomaron un ómnibus de pasajeros.

Respecto a los hechos acreditados en este caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe del año 1987 sobre Paraguay, en marzo de 1980 en Caaguazú,

“…un grupo de 20 campesinos de Acaray-mí, en el Alto Paraná, se apoderaron de un autobús en las montañas y lo condujeron a Asunción para hacer protestas por disputas agrarias. Algunos de los campesinos llevaban viejas armas de fuego. Cuando el bus se aproximaba al pueblo de Campo 8 en el Departamento de Caaguazú, la policía comenzó a dispararle obligándolo a detenerse. La zona fue luego cerrada por la policía y los campesinos fueron perseguidos hasta la aldea de Guyrua-guá. El 10 de marzo, diez de los campesinos que habían participado en el secuestro del bus fueron muertos”.

“Añade la CIDH que el Gobierno respondió alegando que las personas involucradas eran delincuentes comunes y que las muertes ocurrieron en un tiroteo con las autoridades. Sin embargo, los cadáveres nunca fueron entregados a sus deudos ni jamás se presentaron certificados de defunción. Los diez fallecidos son: Adolfo César Brítez, Gumersindo Brítez Coronel, Fulgencio Castillo Uliambre, Concepción González, Federico Gutiérrez, Reinaldo Gutiérrez, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Estanislao Sotelo y Feliciano Verdún”.

La Comisión Interamericana estimó que un hecho de la gravedad del reseñado, en el cual la policía impide la entrada al área de personas que luego puedan actuar como testigos, que el Gobierno reconoce posteriormente la muerte de diez personas pero que no entrega los cadáveres ni proporciona ningún documento que sirva de sustento a su afirmación de que murieron en un tiroteo, está indicando una clara responsabilidad por parte del Gobierno en la muerte de los diez campesinos. La forma de proceder descrita, además, permite considerar que esa forma de actuar está expresamente dirigida a crear un ambiente de terror en la población y de esta forma evitar que actos de esa naturaleza ocurran nuevamente.

Ese terror se ve reforzado por el otro elemento que surge de este hecho: la impunidad concedida por las autoridades a los ejecutores de las muertes.

Según el testimonio ante la CVJ de la esposa de Feliciano Verdún Riveros, su marido fue detenido dos veces antes del Caso Caaguazú por pertenecer a las Ligas Agrarias. De allí pasaron a vivir a Acaray-mí donde trabajaban normalmente, hasta que llegó el año 1980 con la represión.

Según la testimoniante, las víctimas tomaron un colectivo de la empresa Rápido Caaguazú y

“…lo llevan hasta Campo 9, ahí bajan todos y ya le avisan a la Policía y ya los persiguen desde arriba y abajo, corren todos ellos, se arrepintieron algunos y se entregaron a las Comisarías, otros corrieron y se metieron en los bosques; a estos que corrieron directamente los mataron o los hicieron desaparecer, eso es lo que no sabemos bien (…) nunca recibí el cuerpo de mi marido, hasta hoy día no sé qué pasó (…) ninguno de los familiares recibimos los restos (…) en el caso de Taní Sotelo lo que sé es que en frente de muchos fue degollado...”

Testimonios similares recibidos por la CVJ, como el del Sr. Victoriano Centurión, entre otros, coinciden en los hechos. En otro testimonio se señala que

“…después se me llevó a mí para mostrarme un cadáver y me preguntaron quién era, nosotros vimos ahí que se le mató a un compañero (…) Estanislao Sotelo era su nombre, le degollaron en un yuyal, así se me mostró a mí, se le clavó en el estómago y sus rodillas se dislocaron, a dos nos mostraron eso…”.

EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISION DE VERDAD Y JUSTICIA DEL PARAGUAY. 2008. La foto del prontuario de Apolonia Flores (12) está en el Archivo del Terror, y de allí envió Margarita Durán, a propósito de la fecha.

POR UN BICENTENARIO POR LA VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA

noreply@blogger.com (Federico) — Tue, 02 Mar 2010 16:36:00 +0000

Foto: infografía de ABC Color, Paraguay.

CONTRA TODA FORMA DE IMPUNIDAD Y DISCRIMINACION EN EL PARAGUAY

El Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay “Anivé Agua Oikó – Para que no vuelva a ocurrir”, fue presentado a los tres poderes del estado paraguayo el 28 de agosto de 2008, a 14 días de la toma de posesión del ciudadano Fernando Lugo como Presidente de la República del Paraguay. La presentación coincidió con un proceso inédito de alternancia en el Paraguay, de quiebre de la hegemonía de más de 60 años de un partido hegemónico, el último partido anticomunista de la guerra fría que en el poder implantó el terrorismo de estado, a casi 20 años de un proceso de transición a la democracia tutelado y restringido, que ha vivido y vive aún, estancamientos y contramarchas, con latentes riesgos y proyectos muy definidos de retornar al pasado dictatorial, cuya fase más cruda duró nada menos que 35 años con Alfredo Stroessner a la cabeza, entre el 4 de mayo 1954 y el 3 de febrero de 1989.

Este Informe Final, está compuesto de 8 tomos, y aún así es una síntesis de tanto horror relatado por quienes directa o indirectamente lo sufrieron. Por tanto, también es necesariamente perfectible y actualizable en forma permanente. Logró salir a la luz pública en una primera edición gracias a diversas cooperaciones institucionales en diciembre de 2008, tanto en versión impresa como en versión digital. La versión digital, incluye además, un video documental de 40 minutos y una versión resumida del mismo, de 15 minutos de duración. La distribución de estos documentos ha sido y es, hasta la fecha, totalmente gratuita. En esta línea, sostenemos que las nuevas ediciones ampliadas y corregidas, en el formato que fueren, de éste y otros m materiales que lo enriquezcan, precisen y amplíen, deberían ser siempre gratuitas y asumidas como responsabilidad permanente del estado paraguayo. Desde su confección hasta su difusión amplia a nivel nacional e internacional. El Informe Final completo en su primera edición, es posible obtenerlo y “bajarlo” desde Internet, en formato PDF, en el sitio web: www.verdadyjusticia-dp.gov.py

CREEMOS QUE ES UN APORTE HACIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA, EN DEFENSA DE LA MEMORIA HISTORICA DE NUESTRO PASADO RECIENTE Y EN CAMINO HACIA UNA SOCIEDAD DE DERECHOS PARA TODOS Y PARA TODAS EN EL PARAGUAY, Y POR TANTO PARA NUESTRA REGION EN ESTE CAMINO COMPARTIDO

El Informe de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, concluyó en forma inequívoca que el terrorismo de estado en el Paraguay se implantó en forma planificada con apoyo de estados hegemónicos del exterior y sustentada por las élites conservadoras internas aferradas al poder a sangre y fuego, en el marco de la Guerra Fría y con el escenario inmediato del resultado de la Guerra Civil de 1947. La totalidad de los altos mandos militares que perpetraron el golpe de estado del 4 de mayo de 1954, ya habían pasado desde el comienzo de los cincuentas por diversas academias norteamericanas y en forma preferencial por la Escuela de las Américas, en el Canal de Panamá. Sus perpetradores tuvieron adoctrinamiento previo y el más decidido apoyo de los líderes políticos y militares norteamericanos, quienes concibieron, difundieron y ordenaron la aplicación a nivel continental de la doctrina de la seguridad nacional. Los golpistas de 1954 tenían un libreto, y los liderazgos fueron piezas intercambiables que decantaron en las luchas violentas e intestinas por el poder. Las mismas fueron intensas y permanentes, pero ninguna cuestionó el liderazgo del nuevo gendarme hemisférico. Es más, las garantías y fidelidades de alineamiento estricto brindadas por un mediocre artillero definieron la partida, y adelantaron una línea que se mantendría imperturbable por 35 años.

El golpe stronista perfeccionó un estado policíaco preexistente que había comenzado a estructurarse desde 1947, sometiendo a la sociedad a un férreo control mediante una concentración rápida, creciente y violenta del poder arbitrario que incluía la violación sistemática de los derechos humanos. Paraguay se transformó en un aliado automático del plan neocolonial norteamericano. Había carta blanca. Había terreno fértil. Había confianza en los actores.

La CVJ caracterizó a este estado, el stronista, como totalitario y ejecutor eficaz de los planes de control sobre la población civil y sus liderazgos sociales más genuinos, emergentes o potenciales (el enemigo interno), para sostener un orden conservador y evitar cualquier cambio de signo político y económico. Desde 1989, y durante la transición, a pesar de muchos avances gracias la resistencia popular y la solidaridad internacional en términos de derechos políticos y libertades individuales básicas, los cambios cosméticos o superficiales estuvieron a la orden del día, permitiendo la supervivencia de muchas perversas prácticas por 20 años más, más selectivas, pero igualmente arbitrarias. Hoy en el 2010, el estado no tolera las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado, pero aún no ha podido sustituir un saber hacer consuetudinario. Aún son tenues para concluir en una tendencia sin retorno, respecto a las señales hacia un efectivo cambio de modelo democrático real. Un modelo que respete y promocione todos los derechos humanos para todos y todas en toda la extensión de su territorio y sea observado por todos los funcionarios del estado nacional

LA DICTADURA NO FUE UNA INTERRUPCION TEMPORAL ENTRE DOS PROCESOS INSTITUCIONALES: FUE LA IMPLANTACION DEL TERRORISMO DE ESTADO COMO PROYECTO DE MODELO DE CONTROL PERMANENTE CON INTENCIONES DE EXPORTACION

La llamaron “democracia sin comunismo”, “unidad granítica del partido, las fuerzas armadas y el gobierno”, e intentó mantener relaciones fuertes con similares como Taiwán, la Sudáfrica racista, Corea del Sur, y todas o casi todas las dictaduras de ultraderecha con quienes les fuera posible entablar contacto con la venia sea del gobierno o de los núcleos ultraconservadores de los Estados Unidos. Dentro del plan ideológico, el régimen dictatorial obstruyó la conciencia crítica y por ende buscó anular la ciudadanía en forma forzosa, instalando el miedo y la división. Esto se mantiene hasta la actualidad. Este elemento ideológico de la dictadura no fue independiente del terror ejercido con un carácter ejemplarizante sobre las víctimas directas, el terror se extendió a toda la población hasta doblegarla e integrarla a un sistema de delación, de imposición del pesimismo, la resignación y la complicidad.

En su aspecto económico y social, el modus operandi represivo fue funcional a la conservación de la pirámide de concentración de riqueza y exclusión de la mayoría ciudadana. Su herencia es la insostenible brecha de desigualdad heredada en la actualidad. El poder de la dictadura se basó en el aparato militar, policial y partidario oficial en la cúspide, acompañado y acompañando a las grandes corporaciones de intereses económicos y sociales, que obtenían beneficios por encima del mercado con la cercanía al poder. Cuanto más arbitrario y concentrado, mejor. El Estado es un negocio para fuertes. El sistema de delación y control horizontal integrado al sistema represivo, vigiló todo intento de organización del colectivo mayoritario excluido y oprimido de la población del país. El control sobre los ciudadanos paraguayos en el exterior, especialmente en los países y ciudades limítrofes, fueron emplazados como una prioridad de Estado. La discriminación a la migración paraguaya se mantiene y es una herencia dictatorial, pues hoy aún siendo la segunda aportante de remesas, tiene vedado constitucionalmente el derecho a voto.

El régimen, utilizó los distintos intentos de resistencias armadas y/o clandestinas contra la dictadura como excusa válida ante la población y la comunidad internacional, para emprender en forma expansiva campañas punitivas y aleccionadoras sobre grandes sectores de la población civil, como el ataque a Jejuí de 1975, la Pascua Dolorosa de 1976, o el sitio de Costa Rosado de 1980.

DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL COMO EJE

El aparato represivo de la dictadura manipuló la ley y el poder judicial en su totalidad a su favor. Y aquí no hay excepciones. Anuló todas las garantías formales, promulgó leyes represivas (209, 294), y hasta instaló tribunales especiales en el Caso Ortigoza y otros. Proscribió la actividad de los partidos y asociaciones políticas en forma sistemática, algunos de ellos hasta su aniquilamiento, y dejó algunos movimientos restringidos, pero fuertemente vigilados, incluso desde adentro de los mismos. Hoy el estado paraguayo firmó todos los tratados y convenciones competentes en derechos humanos, ya no quedan más que algunas ratificaciones sin reservas como la Convención Contra las Desapariciones Forzadas. Aunque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay condenas aún sin cumplir en forma completa. En el Paraguay formalmente no hay leyes de impunidad explícitas, la impunidad se ha impuesto y desde hace décadas como una regla del sistema de justicia en lo que a violaciones a los derechos humanos se refiere. Sólo hay tres torturadores de nivel medio de la dictadura están cumpliendo condenas. Ni un sólo alto responsable de crímenes de lesa humanidad ha sido condenado y encarcelado hasta la actualidad. Ni uno solo, y en este caso, los números cuentan.

La existencia de un estado de sitio permanente que nunca fue reglamentado ni levantado durante 35 años, permitía al propio régimen desconocer o aplicar la ley cuando le fuera útil, siempre con uso desproporcionado del poder. El terrorismo de Estado, se desplegó y atacó siempre en forma excesiva, abierta y ejemplarizante. Sus acciones antes que clandestinas, fueron propagandizadas, extendiendo el terror hacia otros grupos sociales, políticos o religiosos que objetivamente no constituyendo un blanco necesario, debían recibir el mensaje, de que podían, y muy probablemente serían los próximos. Hoy, la participación activa en la vida pública sigue siendo un riesgo, especialmente en las zonas rurales y con grave peligro en las zonas de fronteras, donde la ausencia del estado nacional paraguayo es notoria. Y donde no está el estado, además de la miseria, se instalan las mafias de todo calado. Y este es un tema a resolver en la actualidad en democracia. Tal vez con más democracia.

El aparato represivo recurrió de manera excepcional al sistema judicial, puesto que la mayoría de las privaciones de la libertad se practicaron sin orden de juez interviniente, y muy pocos detenidos contaron con un proceso, y en esos escasos, no se respetaron las más mínimas garantías, hasta el punto que el proceso penal se transformó en un brazo más del aparato represivo. Muchos abogados y funcionarios judiciales de aquel período antes que ser sancionados socialmente, continuaron durante la transición, y muchos ascendieron llegando a ser fiscales, jueces, camaristas y ministros de Corte hasta la actualidad.

COOPERACION REPRESIVA ILEGAL ENTRE DICTADURAS

Esta fue una constante. El régimen dictatorial, tuvo la capacidad de ser tomado en cuenta por otros gobiernos para articular sus acciones y coordinar su inteligencia, logística y operaciones de manera clandestina e ilegal otros aparatos represivos. Uno de los ejemplos claves es la Operación Cóndor entre 1975 y 1980. Pero hay muchos otros antes y después en su mayoría bilaterales. Un número importante de paraguayos fueron desaparecidos en Argentina y algunos extranjeros fueron desaparecidos en el Paraguay. Muchos de ellos trasladados. No obstante, antes del Cóndor la relación represiva bilateral ilegal entre elementos de los aparatos represivos de las dictaduras argentinas y la del Paraguay, tuvo momentos muy altos de cooperación, y claramente documentados en nuestra común frontera.

Un elemento no menor, el aparato fue implacable contra los sectores populares, campesinos, obreros, indígenas. Para ejercer un patrón discriminatorio contra grupos más vulnerables que fueron despreciados por los victimarios y por otra parte, con un criterio costo-beneficio, ya que la violación de derechos de una persona con mayor influencia o prestigio podría acarrear desventajas al régimen.

También se ejerció una particular y brutal represión contra los miembros de organizaciones proscriptas y clandestinas, tanto políticas como armadas, dirigentes populares opositores y militares profesionales no alineados con el régimen. El aparato represivo participó en matanzas de pueblos indígenas y permitió la trata de niños y niñas. Así mismo, la violencia sexual sobre todo contra mujeres y niñas fue una grave violación de derechos humanos fomentada por el aparato represivo, que tuvo su máxima expresión en la esclavitud sexual de niñas practicada por oficiales del Batallón Escolta Presidencial durante décadas.

Estas consideraciones permiten concluir que el régimen stronista a través de su aparato represivo aplicó el terrorismo de Estado con planes diseñados previamente, con órdenes genéricas y específicas asumidas y cumplidas como política de estado. Las acciones emprendidas revelan en forma meridiana la existencia de metodologías, patrones de conducta y modus operando ordenados y cumplidos en forma sistemática, siendo de conocimiento general, que las mismas incluían reglas y arbitrariedades explícitas y consentidas por todos sus integrantes. Por estas razones se puede calificar el caso paraguayo como un caso de “responsabilidad internacional estatal agravada por crímenes de Estado”, y de violación de todas las normas del derecho nacional e internacional tal como sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Goiburú y otros.

TRANSICION CONTROLADA BAJO EL MANTO DE LA IMPUNIDAD

La CVJ, recibió como mandato investigar 35 años de dictadura, y además, 14 años de transición hasta el 2003, totalizando 49 años de hechos de violaciones a los derechos humanos. Tarea enorme. El análisis de la transición fue posible a través de los informes y denuncias de las organizaciones y coordinadoras de derechos humanos que desde 1989 pudieron documentar y publicar todo el período.

El golpe tardío de 1989, significó un enroque y cambio de guardia, para cambiar personas y lavar la cara ante el nuevo escenario del mundo unipolar con una democracia electoral limitada, pero que tuvo especial cuidado en no modificar los fundamentales del sistema político heredado, peor aún, sirvió para darles blindaje constitucional contra una reforma agraria integral, contra el voto de los paraguayos en el exterior, como ejemplo. El general Andrés Rodríguez, en 1991, emitió una orden general de destruir todo vestigio clave, todo archivo clave, en referencia a las violaciones a los derechos humanos, en referencia al uso y abuso de los bienes del estado durante décadas especialmente a cargo de los militares y los nuevos dueños del proceso, hasta el punto que los Estados Unidos a pesar de su ley FOIA, en 1994, re-clasificaron documentos anteriormente desclasificados para favorecer la inmunidad de los nuevos buenos socios y aliados automáticos.

El proceso de transición no pudo evitar la continuidad de la salvaje concentración de la tierra que se iniciara y para la cual fue instalada la dictadura. Peor aún, se agravó en los últimos cinco años con la expansión violenta de la frontera agrícola ante el agronegocio, cuyas consecuencias sociales y medioambientales aún no se pueden cuantificar con claridad, elevando en forma abrupta la cantidad de campesinos “sin tierras”, de jóvenes “sin futuro, sin trabajo” agolpándose en las periferias urbanas, elevando artificialmente el precio de la tierra y los alimentos. Por otro lado, en el período de transición, de 1989 a 2009, la criminalización de la lucha social continuó siendo política de estado, con más de centenar de campesinos ejecutados extrajudicialmente, y varios cientos de dirigentes sociales procesados. En este tema aún hay un gran subregistro, debido a la recurrencia de muertes selectivas a cargo de sicarios y escuadrones de parapoliciales, muchos no denunciados por temor, especialmente en zonas rurales y de frontera. Estos casos no son prioridad para la investigación fiscal, y a nivel judicial, los casos resueltos y con sentencias no llegan ni el 2 por ciento.

En este marco de contradicciones, desde el 2005 al 2008, ha desarrollado sus funciones la Comisión de Verdad y Justicia, que fue instalada solamente por presión de las organizaciones sociales, de derechos humanos, de víctimas y familiares. Hoy sus conclusiones están, sus recomendaciones están, pero el estado formalmente aún no las ha internalizado como debería. Esta es una tarea que la estamos impulsando desde diversos ángulos, pues la consideramos estratégica para terminar de cambiar el estado conservador heredado e instalar uno nuevo de raíz democrática y progresista.

TRANSICION TARDIA

Desde el 15 de agosto de 2008, ha caído luego de 60 años el último partido hegemónico de la guerra fría, se abrió un escenario inmejorable para instalar cambios de fondo, aunque debamos convivir dentro de las estructuras del estado, con amplios sectores conservadores y abiertamente pro-dictatoriales, que ocupan preeminentes espacios de poder dentro de lo que llamamos una democracia tutelada, con enormes e históricas deudas con la sociedad. Hoy existen garantías individuales formales pero limitadas en la práctica y disfrute plenos, muy expresas y duras en relación a la protección de la apertura unilateral de mercados, a la seguridad jurídica de grandes capitales, el respeto de la propiedad privada en términos absolutos, especialmente la terrateniente, con rango constitucional, y con una pobre contrapartida de cumplimiento de también constitucionales obligaciones en garantizar el acceso a la tierra, la salud, la educación, vivienda, trabajo, para todos y todas en todo el territorio nacional.

SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY DEMOCRACIA

Por tanto, no vemos mejor instrumento para la construcción de una sociedad democrática de pleno disfrute de derechos, que la recuperación de la memoria de lucha de nuestro pueblo y de los pueblos latinoamericanos, a través de la creación y sostenimiento de redes sociales horizontales y solidarias, nacionales y regionales, como las mejores garantías válidas de no retorno, las mejores para la construcción de un estado social de derecho, con el ser humano como eje, para todos y todas en su inmensa diversidad y en todo el territorio.

Hoy es posible terminar de cambiar definitivamente este status quo conservador por un nuevo contrato social superador, endógenamente democrático, inclusivo, solidario, que asuma nuestra rica historia, identidad y diversidad, en un nuevo escenario regional y mundial. Durante el año 2009, y como primer resultado del Informe de la CVJ, a través del equipo jurídico del CIPAE se han presentado 10 querellas y denuncias, y es posible presentar durante el 2010, otras diez querellas más. La verdad cuando es completa es una herramienta que permite acercarnos a formas casi parecidas a la justicia. Pero, como efecto ejemplar, como efectiva garantía de no retorno, nada sustituye a la judicialización, a la punición de los crímenes de lesa humanidad.

DERECHOS HUMANOS COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO

La promoción y defensa de los derechos humanos en forma integral pueden y deben ser una herramienta estratégica para el cambio desde la sociedad y el estado. Aquellos pueblos, naciones, colectivos que han recuperado, protegido su memoria de lucha, mantuvieron o reconstruyeron su tejido social solidario a pesar de las específicas políticas de represión, división, control interno del terrorismo de estado del pasado reciente. Estas naciones y colectivos estuvieron y están hoy mejor preparadas para enfrentar las nuevas versiones de intervención neocolonial, a la vez que están mejor posicionados para levantar las banderas más dignas de autodeterminación con distribución equitativa de la riqueza socialmente generada. Por un Bicentenario sin impunidad para ningún genocida. Por un Bicentenario sin discriminaciones. Por un Bicentenario con pleno disfrute y protección de los derechos humanos para todos y todas con verdad, justicia y memoria.

PARAGUAY: CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA EXCLUSION

noreply@blogger.com (Federico) — Sat, 05 Dec 2009 23:09:00 +0000

POR EL CAMBIO ESTRUCTURAL HACIA UNA SOCIEDAD DE DERECHOS, INTEGRACION E INCLUSION

El terrorismo de estado en el Paraguay se implantó en forma planificada desde el exterior y fue sustentada por las élites conservadoras internas aferradas al poder a sangre y fuego. La totalidad de los altos mandos militares del golpe de 1954, ya habían pasado por el Canal de Panamá y tuvieron fuerte apoyo político. El golpe perfeccionó un estado policíaco preexistente que había comenzado a estructurarse desde 1947, sometiendo a la sociedad a un férreo control mediante una concentración rápida, creciente y violenta del poder arbitrario que incluía la violación sistemática de los derechos humanos. Paraguay se transformó en un aliado automático del plan neocolonial norteamericano. Había un libreto. Había carta blanca. Había terreno fértil.

Este estado totalitario fue un ejecutor eficaz de los planes de control para ser aplicados sobre la población civil y sus liderazgos sociales más genuinos, emergentes o potenciales, para sostener un orden conservador y evitar el cambio de sistema político y económico. Desde 1989, durante la transición, el maquillaje cambió, se mantuvo la cultura de muerte y exclusión, sobreviviendo sus prácticas hasta la actualidad, en un estado que si bien formalmente no lo tolera, aún no ha podido sustituir su saber hacer consuetudinario e iniciar un cambio hacia un modelo que respete los derechos humanos fundamentales y conexos en toda la extensión de su territorio y abarque a todos los ciudadanos de la República y sea promovido por todos los funcionarios del estado.

Si nos situamos en clave actual, veremos que muchas de las características del particular régimen stronista desde 1954 en adelante, ni están superadas, ni podemos considerarlas del pasado resuelto, puesto que sus métodos siguieron utilizándose en la transición de 19 años hasta la actualidad, con más sigilo, menor intensidad, mayor selectividad, pero en igual dirección.

TERRORISMO DE ESTADO COMO PROYECTO COLONIAL

Dentro del plan ideológico, el régimen dictatorial obstruyó la conciencia crítica y por ende buscó anular la ciudadanía en forma forzosa, instalando el miedo y la división hasta la actualidad. Estos son dos puntos pendientes a superar desde el campo popular. Este elemento ideológico de la dictadura no fue independiente del terror ejercido con un carácter ejemplarizante sobre las víctimas directas, el terror se extendió a toda la población hasta doblegarla e integrarla a un sistema de delación permanente, imposición del pesimismo, la resignación y la complicidad.

En su aspecto económico y social, el modus operandi represivo fue funcional a la conservación de la pirámide de concentración de riqueza y exclusión de la mayoría ciudadana. El poder de la dictadura se basó en el aparato militar, policial y partidario oficial en la cúspide, acompañado y acompañando a las grandes corporaciones de intereses económicos y sociales, que obtenían beneficios por encima del mercado con la cercanía al poder. El sistema de delación y control horizontal integrado al sistema represivo, vigiló todo intento de organización del colectivo mayoritario excluido y oprimido de la población del país. El control sobre los ciudadanos paraguayos en el exterior fueron emplazadas, como una prioridad de estado. Los paraguayos de la migración son la segunda fuente de remesas, pero constitucionalmente no tienen derecho a voto. Los terratenientes y ganaderos no son más que el 0,01 de la población, pero ocupan más del 60 por ciento del parlamento.

El régimen utilizó los distintos intentos de organizar resistencias armadas y/o clandestinas contra la dictadura como excusa válida ante la población y la comunidad internacional, para emprender en forma expansiva campañas punitivas sobre grandes sectores de la población civil.

El aparato represivo manipuló la ley y al poder judicial en su totalidad a su favor. Anuló todas las garantías formales, promulgó leyes represivas, e instaló tribunales especiales. Proscribió la actividad de los partidos y asociaciones políticas en forma general, algunos de ellos hasta su aniquilamiento, y dejó algunos movimientos restringidos, pero plenamente vigilados. Ilegalizó, reprimió y destruyó innumerables asociaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles. Hoy el estado paraguayo firmó todos los tratados y convenciones, consciente de que no los respetará. En la CIDH hay condenas sin cumplir y varios juicios en trámite. Si bien no hay leyes de impunidad explícitas, la impunidad se ha impuesto como regla. Sólo hay tres torturadores de la dictadura cumpliendo sentencias. Ni un sólo alto responsable de crímenes de lesa humanidad ha sido condenado y encarcelado hasta la actualidad.

La existencia de un estado de sitio permanente que nunca fue reglamentado ni levantado durante 35 años, -acompañado de leyes represivas, sino que además, ostentando arbitrariedad plena, permitía al propio régimen desconocerlas o aplicarlas cuando les fuera útil, para aumentar sin límites los grados de sufrimiento, humillación y degradación humana, siempre con uso desproporcionado de la fuerza. El terrorismo de Estado aplicado por el régimen stronista, se desplegó y atacó siempre en forma excesiva y ejemplarizante, cuyos movimientos fueron propagandizados oficial y ejemplarmente, extendiendo el terror hacia grupos sociales, políticos o religiosos que objetivamente no constituían ninguna amenaza real para el sistema, pero debían recibir el mensaje, de que podían y serían los próximos. Hoy, la participación activa en la vida pública social es un riesgo. La política electoral es un negocio de ricos, y el electorado un mercado a capturar en forma prebendaria.

El aparato represivo recurrió de manera excepcional al sistema judicial, puesto que la mayoría de las privaciones de la libertad se practicaron sin orden de juez interviniente, y muy pocos detenidos contaron con un proceso, y en esos escasos, no se respetaron las más mínimas garantías, hasta el punto que el proceso penal se transformó en un brazo más del aparato represivo, sin excepciones. Abogados y funcionarios judiciales de ese período fueron luego en la transición, fiscales, jueces, camaristas, senadores, diputados y llegaron a ocupar los más altos cargos del poder ejecutivo transicional hasta la actualidad. Las acciones represivas en la actualidad están aún llenas de “excesos” similares cuando de sectores sociales se trata.

El régimen dictatorial, tuvo la capacidad de ser tomado en cuenta por otros gobiernos para articular sus acciones y coordinar su inteligencia, logística y operaciones de manera clandestina con los aparatos represivos de las dictaduras regionales mediante la Operación Cóndor entre 1975 y 1980. Un número importante de paraguayos fueron desaparecidos en Argentina y algunos extranjeros fueron desaparecidos en el Paraguay. Hoy es imperioso rearticular la solidaridad horizontal latinoamericana para crecer, apoyarnos y protegernos juntos.

Estas consideraciones permiten concluir que el régimen stronista a través de su aparato represivo aplicó el terrorismo de Estado con planes diseñados previamente, con órdenes genéricas y específicas asumidas y cumplidas como política de estado. Las acciones emprendidas revelan en forma meridiana la existencia de metodologías, patrones de conducta y modus operando ordenados y cumplidos en forma sistemática, siendo de conocimiento general, que las mismas incluían reglas y arbitrariedades explícitas y consentidas por todos sus integrantes. Por estas razones se puede calificar el caso paraguayo como un caso de “responsabilidad internacional estatal agravada por crímenes de Estado”, y de violación de todas las normas del derecho nacional e internacional tal como sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanasen el caso Goiburú y otros.

TRANSICION: CONTINUISMO DE LA IMPUNIDAD

El golpe tardío de 1989, significó un enroque y cambio de guardia, para cambiar personas y lavar la cara ante el nuevo escenario del mundo unipolar con una democracia electoral limitada, pero que tuvo especial cuidado en no modificar los fundamentales del sistema político y económico terrateniente y conservador, peor aún, sirvió para darles blindaje constitucional. La orden general de Rodríguez en 1991 fue destruir todo vestigio clave, todo archivo clave, hasta el punto que los Estados Unidos reclasificaron documentos para favorecer a los nuevos buenos aliados automáticos.

La crítica principal al proceso de transición fue el proceso de concentración de la tierra que incluso agravó con la expansión criminal de la soja, cuyas consecuencias aún no se pueden entender ni cuantificar con claridad, elevando gravemente la cantidad de campesinos “sin tierras”, elevando artificialmente el precio de la tierra y los alimentos, que ha generado y generará cada vez mayores enfrentamientos. Por otro lado coexiste la práctica de la criminalización de la lucha social con acciones que condujeron a más de un centenar de campesinos ejecutados extrajudicialmente, y varios miles de dirigentes procesados, desde 1989 hasta el 2009, existiendo un subregistro importante, por la reaparición crítica de muertes selectivas a cargo de sicarios y escuadrones de parapoliciales. Estos graves casos están parados en los estrados judiciales y a sentencia no llegaron ni el 3 por ciento.

A pesar de los cambios realizados y los esfuerzos desplegados por constituir un Estado social de Derecho, muchas instituciones, y principalmente las que tienen que ver con la justicia, el derecho, la seguridad y las garantías ciudadanas, han sido maquilladas democráticamente pero siguen manteniendo muchas de las características de un sistema represor y arbitrario.

En este marco, desde el 2005 al 2008, ha desarrollado sus funciones la Comisión de Verdad y Justicia, que fue integrada por presión de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Sus conclusiones están, sus recomendaciones están, pero el estado formalmente aún no las ha internalizado. Esta es una tarea pendiente que debe ser socialmente impulsada. No habrá otra forma.

CAMBIO TARDIO

Desde el 15 de agosto de 2008, ha caído luego de 60 años el último partido hegemónico de la guerra fría, por tanto, para nosotros, el pasado aún es presente a transformar, y un presente activo donde amplios sectores conservadores y prodictatoriales, ocupan preeminentes espacios de poder dentro de lo que llamamos una democracia tutelada, con enormes e históricas deudas con la sociedad, donde existen garantías individuales limitadas, muy expresas y duras en relación a la protección de la apertura unilateral de mercados, a la seguridad jurídica del capital transnacional, el respeto de la propiedad privada en términos absolutos, especialmente la terrateniente, con rango constitucional, y con una pobre contrapartida acerca de las obligaciones del estado en acceso a la tierra por parte de campesinos e indígenas, respecto a las obligaciones en salud, educación, vivienda, trabajo, derechos humanos fundamentales en su amplia y más actual acepción, que igualmente tienen rango constitucional desde 1992, pero sin aplicación efectiva y plena en todo el territorio.

Paraguay nunca convivió bajo un sistema democrático pleno, y el mismo, hoy no pasa de ser visto por la ciudadanía como un conjunto de garantías individuales que no todos podemos gozar en igualdad de condiciones. Las garantías se observan más en los centros urbanos y menos en los rurales; más a favor de las clases medias y altas y menos a favor de las clases trabajadoras y rurales. Hoy la injusticia tiene la cara de la pobreza y del campesinado, y dentro de ellas se tornan críticas la falta de protección de las mujeres, los niños, los adultos mayores, el casi abandono absoluto de nuestras ancestrales comunidades indígenas. Aún contamos con un poder judicial criminalizador de la pobreza, caro y lento. Y un parlamento que sólo encuentra consensos cuando de la protección de la extrema desigualdad social se trata.

La dictadura en el Paraguay, tuvo un status que lo acercó gravemente al de un protectorado, vestido de democracia sin comunismo desde 1954, vestido de estado social de derecho desde 1989, siempre con autonomía limitada y soberanía sesgada. Pero no todo ha sido voluntad exógena. Pues el conservadorismo en el Paraguay es de larga data. Al día de la fecha el estado paraguayo no ejerce soberanía en todo su territorio.

El "saber hacer", el conjunto de conocimientos, así como elementos inscrutados en diversos huecos del estado nacional, permiten la subsistencia de las prácticas arbitrarias que antes eran la regla, y que aunque hoy formalmente ilegales, y corren riesgo de extenderse bajo la forma de escuadrones de la muerte, ejércitos privados, justificando su actuación por diversas razones artificialmente magnificadas: inseguridad, fronteras débiles, pérdida de soberanía, etc.

SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY DEMOCRACIA

Por tanto, no vemos mejor instrumento para la construcción de una sociedad democrática, que la organización social ciudadana genuina, utilizando los recursos que aporta la recuperación de la memoria de lucha de nuestro propio pueblo y de los pueblos latinoamericanos, la creación de redes sociales horizontales y solidarias, nacionales, regionales e internacionales, como las únicas garantías válidas de no retorno, las únicas garantías válidas para la construcción de una sociedad de pleno disfrute de todos los derechos fundamentales, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, con el ser humano como eje.

La dictadura se fue en 1989 pero sus prácticas y el sistema para el cual estaba diseñado, subsistieron. La dictadura pudo tener todos los apoyos del exterior, pero la supervivencia de ayer y la sobrevida de sus integrantes en espacios importantes de la estructura del estado paraguayo, especialmente el poder judicial, la corte suprema, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el consejo de la magistratura, el superior tribunal de justicia electoral, el parlamento nacional, muchas gobernaciones y municipios, tiene componentes estrictamente endógenos y es nuestra responsabilidad desde el sector popular, cambiar definitivamente este status quo conservador por un nuevo contrato social superador, esta vez, también endógenamente democrático y social, inclusivo, solidario, que respete en forma absoluta toda nuestra rica historia, identidad y diversidad, en un nuevo escenario regional y mundial.

CREEMOS REDES HORIZONTALES SOLIDARIAS

La promoción y defensa de los derechos humanos en forma integral pueden y debe ser una herramienta estratégica para el cambio desde la sociedad y el estado. Aquellos pueblos, naciones, colectivos que han recuperado, protegido su memoria de lucha, mantuvieron o reconstruyeron su tejido social solidario a pesar de las específicas políticas de división, cuadriculación, control interno del terrorismo de estado del pasado reciente y sus secuelas. Estas naciones y colectivos estuvieron y están hoy mejor preparadas para enfrentar las nuevas versiones de intervención neocolonial, a la vez que mejor posicionados para plantar banderas más dignas de autodeterminación, reparto soberano e igualitario de la riqueza social internamente generada, así como la protección del medio ambiente y social, heredad y patrimonio de toda nación que se precie de seguir existiendo como tal.

Material presentado para el debate en el Seminario sobre la Operación Cóndor y su proyección en el presente, realizado en la Sala Bicameral del Parlamento Nacional, Asunción del Paraguay, entre los días 4 y 5 de diciembre de 2009, organizado por La Comuna de Paraguay y la Liga Argentina por los Derechos Hombre.