LIMAMARC

REPORTE DE REUNIONES CON MÚLTIPLES ACTORES EN PERÚ: SECTOR EXTRACTIVO-ENERGÉTICO Y SOCIEDAD CIVIL SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, PRÁCTICAS ACTUALES Y CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE NEGOCIACION E INVOLUCRAMIENTO CON MÚLTIPLES ACTORES

2011-10-07T18:45:00.000-05:00

En julio y agosto del 2011, el Consensus Building Institute y ORASI Consulting Group sostuvieron varias reuniones y realizaron múltiples entrevistas a diversos actores en Lima, Perú con el propósito de lograr un mejor entendimiento sobre las perspectivas de dichos actores sobre la situación actual del Perú respecto a la gran inversión en recursos naturales, significativo crecimiento económico y conflictividad social. El propósito particular ha sido conocer cuál es la percepción de los diversos actores sobre la manera como las empresas y organizaciones vinculadas a proyectos de inversión en recursos naturales (extractivo-minero-energéticas) se organizan, estructuran, procesan e interactúan internamente cuando abordan negociaciones y relaciones con comunidades locales en las áreas de influencia de sus proyectos, así como la manera como abordan y gestionan dificultades, tensiones y situaciones de conflictividad con comunidades locales.

Open publication - Free publishing - More conflictos

Hoy se inicia conciliación obligatoria en Chiclayo

2011-10-04T07:14:00.000-05:00

Hoy martes cuatro de octubre de 2011, comienza a regir la conciliación obligatoria en el distrito conciliatorio de Chiclayo, es decir, en la provincia de Chiclayo, cabe precisar que la conciliación extrajudicial esta regulada por Ley Nº 26872- Ley de Conciliación Extrajudicial, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1070, Reglamento- Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS y su modificatoria, Decreto Supremo Nº 006-2010-JUS.

A partir de hoy en los veinte distritos de la provincia de Chiclayo: Chiclayo, Cayalti, Chongoyape, Etén, Puerto Etén, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Lagunas, Monsefu, Iglesia Catedral (Distrito de Chiclayo), Celebración de FEXTICUM (Distrito de Monsefú), Tumba del Señor de Sipán (Distrito de Zaña), Nueva Arica, Oyotún, Patapo, Picsi, Pimentel, Pomalca, Pucalá, Reque, Santa Rosa y Tumán, es obligatoria la conciliación extrajudicial, lo que determina que toda persona natural, jurídica o patrimonio autónomo al surgimiento de un conflicto antes de iniciar un proceso judicial, en materia civil y comercial tiene la obligación de intentar solucionar su conflicto ante un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia.

El solicitante que luego pasa a ser demandante en sede judicial de no iniciar o no asistir a la audiencia de conciliación ante un Centro de Conciliación será sancionado, con la declaración de improcedencia de su demanda por falta de interés para obrar.

El invitado que luego pasa a ser demandado en sede judicial, en caso de no asistir a la audiencia de conciliación será sancionado de la siguiente manera:

Imposibilidad de reconvenir.
Presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en el acta de conciliación extrajudicial.
Multa de 2 a 10 URP.

Cabe precisar que de lograrse un acuerdo, el Centro de conciliación expide un acta de conciliación por acuerdo total, que tiene la calidad de titulo ejecutivo, con lo cual se pone fin al conflicto y se evita un proceso judicial y en caso de incumplirse el acuerdo se recurre al Juez únicamente para ejecutar el acuerdo.

Asimismo la conciliación también puede utilizarse para evitar la sentencia dentro de un proceso judicial, ya que los litigantes pueden acudir a un Centro de Conciliación para ponerse de acuerdo y posteriormente presentar el acta del acuerdo al Juez del proceso judicial, quien declarará concluido el proceso judicial, con la calidad de cosa juzgada.

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas por el día internacional de la no violencia

2011-10-02T08:35:00.005-05:00

Observamos este año el Día Internacional de la No Violencia en un mundo que ha experimentado cambios dramáticos desde nuestra última conmemoración. El factor que impulsó vigorosamente esa ola de cambio —que comenzó en Túnez y se fue extendiendo por el África Septentrional, el Oriente Medio y otras partes— fue, ni más ni menos, una pugna no violenta en pro de la democracia y los derechos humanos.

Las personas —entre ellas muchos jóvenes— que fueron líderes, alma y corazón de esos movimientos, derrocaron a gobiernos de larga data, invalidaron categóricamente a los partidarios de la violencia e inspiraron a otros pueblos oprimidos para que pensaran que también ellos podían seguir la senda de la no violencia.

Corren grandes peligros quienes enfrentan las armas de la represión armados solamente con la convicción de que la razón está de su parte. Pero los valientes que creen en la no violencia y actúan ateniéndose a sus normas ponen a sus opresores en un difícil dilema: reprimir con mayor dureza o negociar. La primera de esas opciones revela sencillamente la bancarrota moral de los sistemas que defienden; la segunda puede muy bien ser el inicio del cambio. Por esa razón la no violencia confunde tan a menudo a quienes se enfrentan con ella, y por ello es tan poderosa.

La Carta de las Naciones Unidas propugna inequívocamente, como primer recurso, un enfoque pacífico y no violento, y el uso de medios tales como la negociación, la mediación, el arbitraje y el arreglo judicial.

En los casos en que el Consejo de Seguridad ha sancionado el uso de medidas coercitivas, como lo hizo este año en relación con Libia y Côte d’Ivoire, ha sido para proteger a los civiles, pero tan solo como último recurso ante la violencia.

Nuestra labor en el marco de la no violencia encaminada a establecer sociedades pacíficas y estables adopta diversas formas, desde la promoción de valores y normas hasta el establecimiento de instituciones. El estado de derecho, el desarrollo sostenible, la consolidación y el establecimiento de la paz son los elementos clave de la promoción de los cambios no violentos que persiguen las Naciones Unidas. Procuramos intervenir rápidamente, antes de que aumenten las tensiones, y proceder sin demoras una vez que estas han aumentado. Hemos fortalecido nuestras asociaciones estratégicas para poder responder con mayor prontitud a las crisis, al tiempo que apoyamos las instituciones nacionales de mediación y diálogo.

Este Día Internacional coincide con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del histórico movimiento de no violencia de la India en pro de su independencia. Este enfoque trascendental de transformación tenía hondas raíces en el pasado de la India. Dos mil años antes, el Emperador Ashoka había renunciado al uso de la guerra y se había dedicado al desarrollo pacífico de su sociedad. Su idea de paz y no violencia se extendía a la protección de los animales y los árboles; Ashoka fue un precursor de la sostenibilidad mucho antes de nuestro tiempo.

En el mundo ha habido otros que han enarbolado su pabellón, desde Chico Mendes en el Brasil hasta el Reverendo Dr. Martin Luther King Junior en los Estados Unidos; desde Nelson Mandela en Sudáfrica a la Profesora Wangari Maathai en Kenya. Todos estos líderes inspiraron movimientos mundiales a los que se sumaron innumerables seguidores de la no violencia como valor básico y como principio de acción.

El poder eterno de la no violencia, que tanto ha logrado en el año transcurrido, tiene un papel fundamental que desempeñar en todos los países, aun en las democracias establecidas. En este Día Internacional reafirmemos nuestro compromiso de apoyar la no violencia. La no violencia no solo es una táctica efectiva, sino a la vez una estrategia y una visión absoluta. Solo se pueden alcanzar resultados duraderos, entre ellos la paz, utilizando medios duraderos como la no violencia.

Ban Ki-moon

DECRETO 1467 -2011- Reglamento de la Ley de Mediación Nº 26.589 - Argentina

2011-09-28T15:29:00.001-05:00

DECRETO 1467 -2011

Emisor: Poder Ejecutivo Nacional

Fecha B.O.: 28-sep-2011

Cita: LEG39495

Visto el Expediente Nº 199.233/10 del registro del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 26.589 , y

CONSIDERANDO:

Que la Ley mencionada establece de manera definitiva la mediación como procedimiento de resolución de conflictos obligatorio previo a la instancia judicial, dentro de los límites que aquélla enuncia.

Que la experiencia de estos años ha demostrado la importancia de contar con este instituto para fortalecer las acciones tendientes a lograr el acceso a la justicia de la población y especialmente de aquellos sectores más postergados.

Que es razonable recoger aquellas normas que, dictadas dentro del régimen de la Ley Nº 24.573 , conservan su eficacia bajo el régimen que instaura la nueva ley en la materia, sin perjuicio de incorporar otras que sean consecuencia de las particularidades que presenta el régimen recientemente aprobado.

Que resulta oportuno asignar facultades al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para complementar la aplicabilidad del régimen, en su carácter de Autoridad de Aplicación del régimen de mediación.

Que es conveniente poder contar con una plataforma informática que permita la intercomunicación de todos los actores del sistema, la celeridad, transparencia y certeza de las distintas tramitaciones y la posibilidad de obtener datos estadísticos fidedignos, que coadyuvarán a adoptar mejores políticas públicas en beneficio de la población a la que debe atender el instituto.

Que ha tomado debida intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 , incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.589 , que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2.- Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por este Decreto necesarias para el funcionamiento del régimen de mediación prejudicial establecido por la Ley Nº 26.589 .

Artículo 3.- Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a establecer los aranceles y matrícula previstos por la Ley Nº 26.589 .

Artículo 4.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS contará con un sistema de gestión informatizado que permita la registración de los trámites de mediación y la intercomunicación con los Mediadores, Profesionales Asistentes, Centros de Mediación, Entidades Formadoras y con el Poder Judicial.

Artículo 5.- A los fines de la Ley Nº 26.589 y su reglamentación, los términos “requirente” y “reclamante”, por una parte, y “requerido” y “reclamado”, por la otra, podrán ser usados indistintamente.

Artículo 6.- Apruébase el procedimiento disciplinario para los integrantes del Registro Nacional de Mediación, previsto por el artículo 44 de la Ley Nº 26.589, que integra como Anexo II el presente Decreto.

Artículo 7.- Apruébase el régimen de honorarios de los mediadores previsto en el artículo 35 de la Ley Nº 26.589, que integra como Anexo III el presente Decreto.

Artículo 8.- Deróganse los Decretos Nros. 91 del 26 de enero de 1998 y 1465 del 16 de octubre de 2007, excepto en lo referente a los aranceles y gastos administrativos, previstos respectivamente en los artículos 3º, 4º y 5º del Anexo l del primero de ellos, con las modificaciones introducidas por el segundo, hasta tanto sean establecidos por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS conforme lo dispuesto por el artículo 3º del presente Decreto.

Artículo 9.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

FERNANDEZ DE KIRCHNER. – Aníbal D. Fernández. – Julio C. Alak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.589

Artículo 1.- Acreditación del cumplimiento de la instancia. La mediación obligatoria instituida por el artículo 1º de la Ley Nº 26.589, sólo puede ser cumplida ante un mediador registrado y habilitado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el marco de la citada norma.

A los fines de acreditar el cumplimiento del trámite de mediación, el interesado deberá acompañar el acta final que hubiere expedido el mediador designado, con los recaudos establecidos en el artículo 3º de la mencionada Ley.

Las partes deberán concurrir asistidas por un abogado matriculado en la jurisdicción.

Artículo 2.- Actas finales y acuerdos. El acta de cierre del procedimiento de mediación que emita el mediador y el acuerdo arribado, deberán expedirse en el formato y con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

En todos los casos los demandados deben haber sido convocados al trámite de mediación prejudicial.

Las partes citadas en la instancia judicial deben haber tenido el carácter de requirentes o requeridos en el proceso de mediación prejudicial.

Si la notificación del traslado de la demanda al accionado pudiera llevarse a cabo con éxito en un domicilio distinto de aquél donde no resultó posible citarlo a la instancia de mediación, podrán solicitar la reapertura de la mediación el requerido o el requirente, o disponerla el juez por sí.

Artículo 3.- Contenido del acta. Reconvención.

El mediador redactará por escrito las actas de las audiencias que celebre en tantos ejemplares como partes involucradas hubiere, más UN (1) ejemplar que retendrá para sí y UN (1) ejemplar para el profesional asistente si hubiere intervenido.

En el acta se deberán consignar: nombre y apellido o razón social; documento nacional de identidad o código único de identificación tributaria, según corresponda; domicilio en el cual se practicaron las notificaciones y calidad en la que asistieron los involucrados en la controversia y los letrados de cada parte.

Todos ellos deberán firmar el acta juntamente con el mediador interviniente y el profesional asistente si hubiere intervenido.

En caso de que las partes no arribaren a un acuerdo o la mediación concluyere por incomparecencia de alguna de las partes, o por haber resultado imposible su notificación, el acta deberá consignar únicamente esas circunstancias, quedando expresamente prohibido dejar constancia de los pormenores de las audiencias celebradas.

En aquellos casos en que la mediación concluyere por incomparecencia o por imposibilidad de notificación, se deberá individualizar en el acta el instrumento de notificación, indicando empresa u organismo y número del instrumento a través del cual se diligenció.

En caso de haberse planteado una pretensión por el requerido, se deberá hacer constar esta circunstancia a los efectos previstos en el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley Nº 26.589.

Artículo 4.- Certificación de las actas.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS establecerá el arancelamiento, las condiciones y los instrumentos necesarios para el trámite de certificación de las firmas de los mediadores insertas en las actas finales de mediación y en los acuerdos cuyos procesos de mediación se iniciaren con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.589.

El citado Ministerio verificará la presentación con los datos obrantes en sus registros y se expedirá acerca de la similitud de la firma del mediador.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS determinará e instrumentará el aplicativo del sistema de gestión por medio del cual se informarán las mediaciones celebradas, se registrarán y se certificarán las firmas.

Artículo 5.- Controversias excluidas. Si el mediador advirtiera que el reclamo versa sobre alguna de las controversias excluidas por el artículo 5º de la Ley Nº 26.589 deberá dar por terminado el trámite con relación a las mismas y notificar de tal circunstancia a las partes.

Los casos previstos en el artículo 5º, inciso c), de la Ley Nº 26.589, se regirán de acuerdo con las facultades que pudieran emanar de normas específicas de carácter nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 6.- Alcances de la dispensa de confidencialidad. La dispensa prevista en el artículo 9º , inciso a), de la Ley Nº 26.589, se redactará por escrito, haciéndose constar en el acta de mediación respectiva dentro de las observaciones, y deberá ser suscripta por todos los intervinientes sin excepción.

Artículo 7.- Actuación de profesionales asistentes. Tanto el mediador como cualquiera de las partes podrán proponer la intervención de profesionales asistentes si advirtieren que es conveniente para la solución del conflicto. La participación del profesional asistente estará supeditada a la conformidad de la totalidad de las partes, quienes deberán prestarla en forma expresa en el acta de audiencia que corresponda. La designación deberá ser hecha por el mediador.

Artículo 8.- Requisitos para ser mediador.

Para inscribirse en el Registro de Mediadores previsto en el artículo 40 , inciso a), de la Ley Nº 26.589, el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos, además de los establecidos en el artículo 11 de la citada Ley:

a) Estar matriculado en el colegio profesional de la jurisdicción donde se desempeñará como mediador.

b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica en mediación conforme sea fijada por la Autoridad de Aplicación.

c) Aprobar el examen de idoneidad que se establezca para los aspirantes a ingresar al Registro de Mediadores.

d) Disponer de oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitan un correcto desarrollo del trámite de mediación, cuyas características deberán adecuarse a la regulación que les fije la normativa vigente.

e) Determinar una franja horaria diaria con un mínimo de DOS (2) horas de recepción de trámites de mediación.

f) Acreditar anualmente la realización de la capacitación continua conforme sea fijada por la Autoridad de Aplicación.

g) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589.

h) Cumplir con las demás exigencias que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que fijará los requisitos para el cumplimiento de los incisos b), c), d), e), f) y g) de este artículo.

Artículo 9.- Requisitos para ser profesional asistente. Para inscribirse en el Registro de Profesionales Asistentes previsto en el artículo 40, inciso c), de la Ley Nº 26.589, el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Poseer título universitario o terciario debidamente legalizado por autoridad competente, en las condiciones y con las especialidades que establezca la Autoridad de Aplicación.

b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica en mediación conforme sea fijada por la Autoridad de Aplicación.

c) Acreditar anualmente la realización de la capacitación continua conforme sea fijada por la Autoridad de Aplicación.

d) No registrar inhabilitaciones comerciales, civiles o penales ni haber sido condenado con pena de reclusión o prisión por delito doloso mientras dure el tiempo de la condena.

e) No estar comprendido por las incompatibilidades o impedimentos que establezca la normativa específica de su profesión o actividad.

f) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589.

g) Cumplir con las demás exigencias que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que fijará los requisitos para el cumplimiento de los incisos a), b), c) y f) del presente artículo.

Artículo 10.- Causales de excusación. El mediador deberá excusarse de intervenir:

a) En el caso establecido en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley Nº 26.589, en el plazo de CINCO (5) días hábiles desde que tomó conocimiento de su designación.

b) En el caso establecido en el artículo 13, segundo párrafo, de la Ley Nº 26.589, de inmediato, al advertir la existencia de las causas que pudieran incidir en su imparcialidad y siempre antes de toda otra diligencia en el trámite de mediación.

En ambos supuestos el mediador deberá entregar al reclamante constancia escrita de su inhibición. En el caso de la designación por sorteo, el requirente, dentro de los CINCO (5) días hábiles, deberá solicitar ante la Mesa General de Entradas el sorteo de un nuevo mediador adjuntando la constancia escrita.

En el caso de que el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, haya ejercido o no el requerido su derecho a opción, el reclamante deberá notificar dentro de los CINCO (5) días hábiles al mediador que le siga en el orden de la propuesta, excepto cuando el mediador inhibido fuera el último del listado alternativo, caso en el cual deberá solicitar la intervención del primero de los mediadores propuestos en el listado alternativo.

Si el requirente no lo hiciere en el plazo previsto, deberá reiniciar el trámite abonando el respectivo arancel.

Artículo 11.- Causales de recusación. La recusación al mediador debe plantearse por escrito y con asistencia de un abogado matriculado en la jurisdicción. La presentación suspenderá el procedimiento de mediación hasta el momento en que se resuelva la recusación. El mediador recusado deberá, en el plazo de CINCO (5) días hábiles desde que tomó conocimiento de su recusación, aceptar o no, en forma escrita, la cuestión planteada.

Artículo 12.- Sorteo del mediador. En el caso previsto en el artículo 16, inciso b), de la Ley Nº 26.589, el reclamante deberá acreditar el pago de un arancel, cuyo monto establecerá el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, mediante la exhibición del comprobante del depósito efectuado en la cuenta oficial correspondiente y presentará por cuadruplicado el formulario de requerimiento ante la Mesa General de Entradas.

Esta devolverá debidamente intervenidos DOS (2) ejemplares del formulario al requirente, archivará UNO (1) de ellos y el otro lo remitirá al juzgado sorteado con el fin de formar un legajo que se reservará hasta la oportunidad en que se presente alguna de las actuaciones derivadas del procedimiento de la mediación, ejecución del acuerdo o de los honorarios del mediador o, en su caso, del profesional asistente.

El mediador sorteado no volverá a integrar la lista de sorteo hasta tanto no hayan sido designados la totalidad de los mediadores que integran la lista.

Artículo 13.- Designación y propuesta de opciones por el requirente. En el caso previsto en el artículo 16, inciso c), de la Ley Nº 26.589, el requirente propondrá al requerido UN (1) mediador y deberá acompañar, además, un listado alternativo de no menos de otros CUATRO (4) mediadores, quienes deberán tener distintos domicilios entre sí, salvo los Centros de Mediación Gratuita en las condiciones que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

El requirente deberá notificar por medio fehaciente al requerido la identidad del mediador que propone y el listado de no menos de CUATRO (4) mediadores y sus domicilios, para que dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificado el requerido opte por cualquiera de los propuestos.

La notificación deberá contener los nombres y domicilios de todos los correqueridos, si los hubiere.

Si el requerido ejerciere la opción de elegir un mediador del listado alternativo enviado por el requirente, deberá notificar fehacientemente tal decisión en el domicilio constituido por el requirente a esos efectos. El mediador elegido por el requerido será el designado para llevar a cabo la mediación.

El silencio o la negativa del requerido a ejercer su derecho de opción entre el mediador propuesto o uno del listado confirmará al mediador propuesto por el requirente. Si hubiere más de un requerido, éstos deberán unificar la elección y, en caso de no lograrse la unificación, quedará confirmado el mediador propuesto por el requirente.

Si el requirente no lograra notificar al requerido, quedará confirmado el mediador propuesto en la notificación frustrada.

La propuesta prevista en el artículo 16, inciso c), de la Ley Nº 26.589 podrá ser efectuada por el mediador propuesto por el requirente, juntamente con la notificación de la audiencia establecida en el artículo 24 de la citada Ley, en cuyo caso deberán suscribir el instrumento de notificación el requirente o su apoderado y el mediador que éste proponga, haciendo constar tal situación en dicha notificación. En este caso el plazo de TRES (3) días previsto para la notificación de la audiencia se computará dentro del plazo de CINCO (5) días establecidos para ejercer la opción del mediador o para recusarlo conforme lo establece el artículo 14 de la Ley Nº 26.589, no pudiendo convocarse a la audiencia en un plazo menor a estos CINCO (5) días.

Alternativamente, la notificación podrá ser suscripta sólo por el mediador propuesto siempre que el requirente o su letrado apoderado lo facultaren en forma expresa y por escrito para que practique esa diligencia.

En los casos previstos en el artículo 16, incisos a), c) y d), de la Ley Nº 26.589, el requirente deberá abonar un arancel en las condiciones que establecerá el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, debiendo el mediador solicitar el comprobante de pago al inicio de la mediación.

Artículo 14.- Entrega de la documentación al mediador. En el caso previsto en el artículo 16, inciso b), de la Ley Nº 26.589 y dentro del término de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha del sorteo, el reclamante deberá entregar en la oficina del mediador el comprobante de pago del arancel y los DOS (2) ejemplares del formulario de requerimiento, con la intervención de la Mesa General de Entradas. El mediador, o quien lo reciba en su nombre, le entregará al presentante una constancia con su sello, firma, fecha y hora de recepción.

El mediador establecerá una franja de DOS (2) horas diarias para la realización de este trámite y puede autorizar expresamente a una o más personas de su oficina. La autorización, debidamente suscripta por el mediador y el o los autorizados, deberá exhibirse en lugar visible.

Si el requirente no cumpliere con esta disposición deberá abonar nuevamente el arancel previsto y solicitar en la Mesa General de Entradas el reinicio del trámite.

Artículo 15.- Gastos administrativos y costos de notificación. En los casos previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 26.589, la parte requirente, al momento de solicitar la intervención del mediador o de entregarle la documentación, deberá abonar a éste, en concepto de gastos administrativos, el monto que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS más el costo que insuma cada notificación a realizar. Si no se diere cumplimiento a estos recaudos, el mediador suspenderá el curso del trámite hasta que sean satisfechos.

Artículo 16.- Acta de cierre. Cuando la mediación concluya el mediador expedirá el acta de cierre, que en ese acto quedará a disposición de las partes.

En el caso de haberse decretado una medida cautelar y habiéndose hecho efectiva antes del inicio del procedimiento de mediación, quien la hubiera solicitado deberá ingresar el requerimiento de certificación al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dentro de los TRES (3) días hábiles desde que el mediador hubiera puesto a disposición de las partes el acta de mediación.

Artículo 17.- Representación por poder. El representante que invoque el carácter de apoderado deberá acreditarlo en el momento de realizarse la primera audiencia y mediante la presentación del original del instrumento de donde surjan las facultades invocadas; en ese mismo acto deberá entregar al mediador copia simple de éste e insertar su firma autógrafa. El mediador verificará la personería invocada, el domicilio del poderdante y que el apoderado cuente con facultad para acordar transacciones, debiendo reservar el mediador una copia de dicho poder.

De no cumplirse con estos recaudos el mediador podrá intimar a la parte al cumplimiento, otorgándole para ello un plazo de CINCO (5) días hábiles judiciales; de no ser cumplidos una vez vencido éste, se considerará que existió incomparecencia en los términos del artículo 28 de la Ley Nº 26.589.

Artículo 18.- Prórroga del procedimiento de mediación. En el supuesto de acordar las partes una prórroga del plazo de la mediación, se dejará constancia de dicha circunstancia en el acta que firmarán las partes, los abogados que los asistan y el mediador.

Artículo 19.- Audiencias de mediación. El trámite de mediación se desarrollará en días hábiles judiciales, salvo acuerdo en contrario de las partes intervinientes y el mediador, el cual se instrumentará por escrito. Es obligación del mediador celebrar las audiencias en sus oficinas; si por motivos fundados y excepcionales tuviera que convocar a las partes a un lugar distinto, debe hacer constar tal circunstancia en el acta respectiva, además de consignar los fundamentos que justificaron la excepción.

Habiendo comparecido personalmente y previa intervención del mediador, las partes podrán dar por terminado el procedimiento de mediación.

Las partes deben denunciar su domicilio real y constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se notificarán todos los actos vinculados al trámite de mediación y sus consecuencias.

Artículo 20.- Notificación de las audiencias.

Las partes podrán notificarse personalmente de la fecha y hora de las audiencias al concurrir a las oficinas del mediador.

Las cédulas y demás medios de notificación previstos en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 deberán contener:

nombre y domicilio del destinatario; nombre, domicilio y matrícula del mediador; nombre y domicilio constituido de la parte que requirió el trámite; identificación del expediente, en su caso; objeto y monto del reclamo; indicación del día, hora y lugar de la celebración de la audiencia; transcripción de los artículos 19, 22, 25 y 28 de la Ley Nº 26.589; firma y sello del mediador.

La elección del medio de notificación se realizará por las partes o sus letrados, sin necesidad de manifestación alguna en las actuaciones, debiendo la parte que las propone hacerse cargo de los gastos que éstas insuman.

Para la notificación por cédula son de aplicación los artículos 140, 141 y 339, segundo y tercer párrafos, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en lo pertinente, las normas reglamentarias de organización y funcionamiento de la DIRECCION DE NOTIFICACIONES del PODER JUDICIAL DE LA NACION. A pedido de parte y en casos debidamente justificados, la cédula podrá ser librada por el mediador para ser notificada en el domicilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesada. Las cédulas que deban ser diligenciadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo requieren la firma y el sello del mediador, no siendo necesaria intervención alguna del juzgado.

En caso de tratarse de cédulas a tramitar en extraña jurisdicción rigen las normas de la Ley Nº 22.172, debiendo ser intervenidas y selladas por el juzgado que hubiera sido sorteado a solicitud del requirente. La tramitación y gestión de diligenciamiento de estas notificaciones está a cargo de la parte interesada.

La notificación de la audiencia establecida en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 podrá realizarse juntamente con la propuesta prevista en el artículo 16, inciso c), de la citada Ley, en cuyo caso deberán suscribir el instrumento de notificación el requirente o su apoderado y el mediador que éste proponga haciendo constar esta situación en dicha notificación.

En este supuesto, debe entenderse incluido el plazo de TRES (3) días previsto en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 dentro de los CINCO (5) días establecidos para hacer opción del mediador o para recusarlo conforme lo prevé el artículo 14 de la referida Ley, no pudiendo convocarse a la audiencia en un plazo menor a estos CINCO (5) días.

Alternativamente, la not ificación podrá ser suscripta sólo por el mediador propuesto si el requirente o su letrado apoderado lo facultaren en forma expresa y por escrito para que practique esa diligencia.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en su carácter de Autoridad de Aplicación, establecerá los requisitos formales básicos y determinará las transcripciones obligatorias de los artículos de la normativa aplicable que deberán contener los diferentes tipos de notificación contemplados en la Ley Nº 26.589 y en esta reglamentación.

Artículo 21.- Incomparecencia de las partes.

Causal de justificación de la inasistencia.

Solo se admitirá como causal de justificación de la incomparecencia de alguna de las partes razones de fuerza mayor debidamente acreditadas y expresadas por escrito al mediador, quien deberá dejar constancia de lo sucedido en el acta respectiva. En caso de no haber justificado su inasistencia antes del cierre del acta y al sólo efecto de evitar la imposición de la multa prevista en el artículo 28 de la Ley Nº 26.589, la parte incompareciente tendrá CINCO (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la audiencia, para manifestar y acreditar por escrito ante el mediador las causas de su inasistencia.

Artículo 22.- Conclusión con acuerdo.

En el supuesto del artículo 26 de la Ley Nº 26.589, si el acuerdo debiera ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado en el Libro III del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la firma del mediador interviniente deberá certificarse de acuerdo con lo determinado por la presente reglamentación y lo dispuesto en el artículo 500, inciso 4, del citado Código.

Artículo 23.- Conclusión por incomparecencia.

Cuando la mediación fracasare por incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes que hubieran sido fehacientemente notificadas, el mediador deberá labrar el acta de la audiencia dejando constancia de la inasistencia.

Vencido el plazo previsto en el artículo 21 de esta reglamentación y dentro de los SESENTA (60) días corridos, el mediador deberá informar la conclusión por incomparecencia a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, adjuntando el acta y el instrumento de notificación a la parte incompareciente en su versión original.

La mencionada Dirección Nacional, para la eventual aplicación de la multa prevista en el artículo 28 de la Ley Nº 26.589, deberá controlar la documentación presentada, verificar que del instrumento surja inequívocamente la fehaciente notificación y, previo dictamen jurídico, emitir el certificado de imposición de multa e intimar de pago a la parte incompareciente en el domicilio que conste en el instrumento de notificación.

Una vez notificado de la multa el incompareciente podrá hacer efectivo el pago, con lo que se dará por finalizado el trámite, o hacer un descargo por vía de recurso de reconsideración en los términos previstos en los artículos 84 y subsiguientes del “Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991″.

Si la Dirección Nacional hiciere lugar al recurso se tendrá por finalizado el trámite.

En caso de no verificarse el pago de la multa en tiempo y en forma, o habiéndose agotado la vía recursiva, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS procederá a su ejecución por vía judicial mediante el procedimiento previsto en el artículo 500, inciso 2), del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De no haberse promovido acción judicial del proceso de mediación, se ejecutará el mencionado certificado ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a establecer las condiciones y modalidades de pago.

A los fines de la determinación de la multa establecida en el artículo 28 de la Ley Nº 26.589 se tomará como base de cálculo la sumatoria de los conceptos remunerativos de percepción mensual de un Juez Nacional de Primera Instancia, cuyo devengamiento no dependa de condiciones particulares o de mayores derechos adquiridos por el magistrado. Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a publicar el monto de la multa y el inicio de la vigencia, mediante información recabada ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

Artículo 24.- Observadores. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá comisionar agentes mediadores para observar las audiencias que se celebren, previo consentimiento de las partes y cuidando de no alterar o inhibir su desarrollo. El mediador observador redactará un informe que elevará a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Artículo 25.- Remisión de datos. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS establecerá la forma en que deberán remitirse los datos referidos a las mediaciones. Hasta tanto se implemente la registración informática de los trámites de mediación, el resultado de las mediaciones deberá ser informado por el mediador al Ministerio, dentro de los SESENTA (60) días corridos de finalizada la última audiencia, adjuntando copia de las actas finales con su firma autógrafa.

Para las situaciones de incomparecencia en primera audiencia deberán ser acompañados los originales de las notificaciones fehacientes cursadas a cada incompareciente.

En todos los casos se deberá adjuntar el respectivo comprobante de pago de los aranceles.

Artículo 26.- Mediación familiar. Sin perjuicio de la exclusión establecida en el artículo 5º, inciso b), de la Ley Nº 26.589, las partes podrán intentar un avenimiento o convenir el trámite judicial a seguir y toda otra cuestión relevante para preservar hacia el futuro los vínculos familiares.

Artículo 27.- Registro de Mediadores Familiares.

Los mediadores inscriptos en el registro creado por la Ley Nº 24.573 que deseen mantener su inscripción en el Registro Nacional de Mediación creado por la Ley Nº 26.589, deberán manifestar su voluntad en los términos y condiciones establecidos por la Resolución Nº 1751 del 8 de julio de 2010 del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS hasta la fecha prevista en el artículo 43 de esta reglamentación y acreditar, antes del último día hábil de diciembre de 2011, los requisitos de formación y/o práctica que establezca el citado organismo, bajo apercibimiento de suspender su inscripción hasta la acreditación referida.

Quienes aspiren a ser mediadores con especialización en familia y se inscriban con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.589, sin perjuicio de los requisitos generales que deberán cumplimentar para inscribirse como mediadores, deberán:

a) Contar con una antigüedad de UN (1) año en el Registro de Mediadores.

b) Haber aprobado los cursos de especialización en mediación familiar que establezca la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, homologados por el mencionado Ministerio o, excepcionalmente, contar con antecedentes comprobables en materia de derecho de familia, niñez y adolescencia.

En este último caso, a los efectos de obtener la calidad de mediador con especialización en familia, el interesado deberá presentar la solicitud por escrito ante la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que decidirá sobre la petición en un plazo de QUINCE (15) días hábiles, ponderando los antecedentes del peticionante.

c) Aprobar la instancia de evaluación de idoneidad que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Artículo 28.- Honorarios del mediador. En la audiencia de cierre de la mediación, cualquiera fuera la forma en que hubiese finalizado, el mediador deberá percibir de quien las partes convengan o, en su defecto, del requirente, el honorario provisional, que se considerará pago a cuenta del monto del honorario básico establecido en los artículos 1º y 2º del Anexo III de esta reglamentación.

A efectos de obtener la certificación de la firma por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, deberá constar en el acta final la conformidad del mediador respecto de la recepción del honorario provisional; ante su omisión, se entenderá que el pago se encuentra pendiente y no se certificará la firma, salvo el requerimiento de quien no estuviere obligado al pago o expresa dispensa de la Autoridad de Aplicación.

Los honorarios del mediador pueden ser acordados voluntariamente, con la limitación de no ser inferiores a los que fije esta reglamentación.

La intervención de más de un mediador en un mismo procedimiento de mediación no incrementará los honorarios que correspondan a la mediación, debiendo éstos ser fijados como si interviniere uno solo y distribuirse entre quienes hayan participado en ese carácter.

Para determinar la base de cálculo del monto del caso deberá tenerse en cuenta el monto del acuerdo, o en su caso el de la sentencia o transacción en sede judicial. En los demás supuestos se deberá considerar el monto reclamado en el procedimiento de mediación o el de la demanda, si se hubiera iniciado.

Cuando el procedimiento de mediación concluyere con acuerdo, éste deberá contemplar las cláusulas que permitan al mediador hacer efectivo el cobro de sus honorarios básicos y al profesional asistente sus honorarios, los cuales deberán ser abonados al momento de la suscripción del acuerdo; en caso contrario, deberá dejarse establecido en el acuerdo el lugar y fecha de pago, que no podrá extenderse más allá de los TREINTA (30) días corridos, teniendo el mediador la facultad de retener el acuerdo hasta tanto sean abonados los honorarios básicos adeudados o en su caso los honorarios del profesional asistente.

En caso de que el reclamante desistiere de la mediación cuando el mediador ya hu biere tomado conocimiento de su designación y antes de celebrarse la primera audiencia, a éste le corresponderá la mitad de los honorarios básicos a que hubiere tenido derecho en el supuesto de concluir la mediación. Este honorario no podrá ser inferior al monto del honorario provisional.

Dicha manifestación de voluntad deberá expresarse por escrito dirigido al mediador. El requirente deberá abonar en dicha oportunidad los honorarios mencionados.

En los supuestos en que el requirente no iniciare el juicio dentro de los SESENTA (60) días hábiles, contados a partir de la fecha del acta de cierre, las sumas que correspondieren en concepto de honorarios básicos serán abonadas por la parte requirente, debiendo descontarse el honorario provisional que hubiera percibido oportunamente el mediador.

Si se iniciare juicio, la parte actora deberá notificar la promoción de la acción al mediador y al profesional asistente cuando hubiera intervenido.

La falta de esta notificación habilitará al profesional asistente a exigir al actor lo que le corresponda en concepto de honorarios y al mediador a exigir sus honorarios básicos, debiendo descontarse el honorario provisional percibido, sin perjuicio del derecho del actor de repetir estas sumas del condenado en costas por sentencia firme.

El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas en el juicio la diferencia entre el total del honorario básico que le correspondiere y la suma percibida en concepto de honorarios provisionales. El juez deberá tomar como base el monto de honorario básico vigente al momento de dictar sentencia u homologación de la transacción, al que deberá descontarse el honorario provisional vigente.

Desde que resulten exigibles los honorarios impagos del mediador, y del profesional asistente cuando hubiere intervenido, devengarán un interés equivalente a la tasa activa promedio del BANCO DE LA NACION ARGENTINA para las operaciones de descuento de documentos comerciales a TREINTA (30) días.

Dentro de los CINCO (5) días hábiles judiciales en que quede firme la sentencia que imponga las costas o la resolución que dé por finalizado el proceso por cualquier otra vía, el mediador y el profesional asistente, de corresponder, deberán ser notificados por Secretaría.

Artículo 29.- Ejecución de honorarios. Los honorarios no abonados en término pueden ser ejecutados por el mediador o por los profesionales asistentes con la sola presentación ante el juez competente del acta de cierre debidamente certificada, la que tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de homologación ni reconocimiento de firma.

En los procesos de mediación establecidos en el artículo 16, incisos b) y d), de la Ley Nº 26.589, será competente el juez que conozca en el proceso principal; en los previstos en los incisos a) y c) del artículo citado, será competente la Justicia Nacional en lo Civil.

Artículo 30.- Honorarios de los profesionales asistentes. Los honorarios de los profesionales asistentes serán pactados con las partes y se ajustarán a lo que dispongan sus respectivos regímenes arancelarios profesionales, no pudiendo en ningún caso ser inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los honorarios básicos del mediador. Del convenio de honorarios deberá dejarse constancia por escrito tanto en el acta de cierre como en el acuerdo de mediación.

Artículo 31.- Mediación gratuita.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS fijará el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita y los requisitos para integrar el Registro de Centros de Mediación previsto en el artículo 40, inciso b), de la Ley Nº 26.589, el cual estará a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

a) Los Centros que integren el servicio de mediación gratuita deberán cumplir con los siguientes recaudos:

I. Estar integrados por mediadores registrados conforme a la Ley Nº 26.589.

II. Encontrarse habilitados en cumplimiento de las disposiciones de la presente reglamentación.

III. Realizar mediaciones gratuitas a personas de escasos recursos según lo determine el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

IV. Asignar al mediador conforme a su reglamento interno, que deberá atender las exigencias de la Ley Nº 26.589 y esta reglamentación.

b) Las mediaciones que se realicen en forma gratuita en los Centros de Mediación deberán observar las siguientes previsiones: I. El trámite de mediación estará exento del pago de aranceles.

II. Las partes deberán contar con la asistencia de un abogado matriculado en la jurisdicción.

III. Las notificaciones a las partes deberán hacerse por medio fehaciente.

Los mediadores inscriptos en el Registro Nacional de Mediación deberán cumplir, a requerimiento y en las condiciones que establezca la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con su intervención en forma gratuita en hasta DOS (2) mediaciones prejudiciales por año, que les serán asignadas por sorteo y hasta que se complete la lista de mediadores inscriptos en dicho registro, a fin de proporcionar el servicio en Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. De la actuación se dejará constancia en el legajo personal del mediador.

La negativa o el silencio injustificado a la convocatoria a prestar el servicio constituirán un incumplimiento de deberes y será pasible de sanción.

Los Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS receptarán las solicitudes de mediación prejudicial obligatoria gratuita prevista en el artículo 36 de la Ley Nº 26.589, ya sea por escrito o mediante solicitud expresada verbalmente, de lo que deberá dejar constancia el responsable del Centro, con indicación de nombre y domicilio del solicitante y de las circunstancias por las cuales se requiere el beneficio. Un equipo psicosocial dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS analizará los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que justifiquen la petición formulada y hará una recomendación al responsable del Centro.

Artículo 32.- Entidades formadoras. Las entidades formadoras serán habilitadas como tales por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, previo informe favorable del área competente. A tal fin deberán presentar un proyecto que cumpla los siguientes requisitos:

a) Las instituciones de carácter universitario deberán encontrarse autorizadas por el MINISTERIO DE EDUCACION de la Nación, de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujetas a su supervisión y control. Deberán acreditar:

I. El proyecto institucional de la entidad, con descripción de objetivos y planes de acción para su desarrollo. Deberán precisar su estructura organizativa, su integración y funciones y el régimen de docencia.

II. Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde deberán estar a disposición del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS sus registros y demás documentos que éste determine.

III. Los cursos que se ofrecerán y para los cuales se solicita homologación, incluyendo en cada caso la información que requiera el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

IV. Los antecedentes docentes de quienes habrán de dictar los cursos cuya habilitación se requiere.

b) Las instituciones de carácter no universitario deberán acreditar los requisitos establecidos en los apartados I), II), III) y IV) del inciso a) de este artículo y además:

I. Personería jurídica.

II. La representación de quien promueve el trámite.

III.

Datos personales, antecedentes educativos y académicos completos de las personas integrantes de la entidad, con indicación de los cargos que desempeñan en ella.

IV. Balance de su último ejercicio.

V. Descripción documentada de las instalaciones para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a los requisitos que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

c) Las personas físicas que soliciten habilitación para dictar cursos de mediación, deberán satisfacer los requisitos establecidos en los apartados I), II), III) y IV) del inciso a) y en los apartados III) y V) del inciso b) de este artículo.

Las entidades formadoras deberán cumplir con los demás recaudos que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Los integrantes de los órganos de dirección y control de las personas jurídicas, los docentes de las entidades formadoras y las personas físicas habilitadas como tales deberán cumplir con el requisito establecido en el artículo 41, inciso a), de la Ley Nº 26.589.

Las instituciones formadoras que actúan conforme a la Ley Nº 24.573 y su reglamentación, mantendrán sus habilitaciones vigentes por el término de DOS (2) años para los cursos de Capacitación Básica en Mediación y de Capacitación Continua y Especialización, contados a partir de la fecha de publicación de la presente reglamentación en el Boletín Oficial. Finalizados estos plazos, si no hubieren cumplido con la reglamentación vigente, cesarán sus habilitaciones.

Para el reconocimiento de formación de posgrado de mediadores o profesionales asistentes, se requerirá necesariamente que la formación se haya desarrollado exclusivamente en instituciones universitarias, centros de investigación o instituciones de formación profesional superior de reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscripto convenios con las universidades a esos efectos. Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 24.521.

Las entidades formadoras deberán abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589.

Corresponde al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS entender en la supervisión de proyectos y homologación de programas de formación y capacitación de mediadores y profesionales asistentes, para cuyo servicio las entidades formadoras deberán abonar un arancel cuyo monto e instrumentación s erá determinado por el citado Ministerio.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por medio de sus áreas competentes, podrá dictar cursos gratuitos correspondientes a todos los niveles de capacitación.

Artículo 33.- Registro Nacional de Mediación.

El Registro Nacional de Mediación y los distintos capítulos que lo integran se deberán ajustar a las siguientes pautas:

a) Publicidad en su accionar.

b) Libre acceso a la información, salvo en los casos de confidencialidad y reserva previstos legalmente.

c) Universalidad, entendida como prohibición de imponer limitaciones arbitrarias a los postulantes para inscribirse en estos registros.

d) Economía, celeridad y eficacia de los trámites que se celebren ante ellos.

Las normas a las que deberá ajustarse la administración y funcionamiento del Registro Nacional de Mediación y sus respectivos capítulos serán establecidas por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Artículo 34.- Inhabilidades e incompatibilidades.

Los mediadores que se hallaren incursos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades enumeradas en el artículo 41, incisos a) y c), de la Ley Nº 26.589, deberán informar de tal situación al Registro Nacional de Mediación dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de haber tomado conocimiento de que la causal se encuentra firme. La omisión de esta obligación constituirá un incumplimiento de deberes y será pasible de sanción.

La obligación de informar descripta en el párrafo que antecede, así como la sanción prescripta para el caso de incumplimiento, se aplicarán a los profesionales asistentes que se hallaren incursos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades emanadas de la normativa específica que regule su profesión o actividad.

Los mediadores y profesionales asistentes incursos en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas no podrán desempeñarse como tales por el tiempo que dure la causal respectiva.

Artículo 35.- Matrícula. La persona física o jurídica que se incorpore al Registro Nacional de Mediación, deberá acreditar el pago de una matrícula anual correspondiente a cada capítulo en el que se inscriba y permanezca, cuyo monto, fecha, forma de pago y acreditación serán fijadas por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Los mediadores y profesionales asistentes inscriptos en el Registro Nacional de Mediación que acrediten el padecimiento de una discapacidad física, mediante la presentación del Certificado Unico de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD, pagarán anualmente, en concepto de matrícula profesional, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que se fije por tal concepto para los inscriptos en el mencionado Registro.

En caso de no verificarse la acreditación del pago de la matrícula correspondiente será aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del Anexo II que forma parte integrante del Decreto que aprueba esta reglamentación.

Artículo 36.- Justicia Federal. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS adoptará las medidas conducentes para implementar la mediación en los Juzgados Federales con asiento en las provincias, tomando en cuenta la situación particular en cada jurisdicción, el volumen de causas y las materias que predominan en ellas. Para su cumplimiento el citado Ministerio podrá proponer y realizar las adaptaciones reglamentarias que se requieran.

Artículo 37.- Ponderación de conductas. Al ponderar las conductas para la aplicación de las prevenciones y sanciones, la autoridad administrativa tendrá en cuenta:

a) La gravedad de la falta.

b) Los antecedentes en su desempeño.

c) Los perjuicios causados.

d) La existencia o inexistencia de otras sanciones y los motivos que las determinaron.

e) La eventual reparación del daño.

Artículo 38.- Prevenciones.

Las prevenciones serán aplicables por disposición de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, según los siguientes supuestos:

a) Llamado de atención, en los casos en que el apartamiento de lo preceptuado en la norma no implique gravedad.

b) Advertencia, en los casos de: I. reiterarse la conducta objeto de un previo llamado de atención; II. cuando el incumplimiento denote una actitud desaprensiva; III. si se afectare el decoro o el estándar mínimo de calidad del servicio profesional.

Las prevenciones serán de aplicación una vez que hubiera sido notificado el matriculado y formulado el descargo o vencido el término para hacerlo, conforme las previsiones del procedimiento disciplinario que se establece en el Anexo II que forma parte integrante del Decreto que aprueba esta reglamentación y luego de haber sido ponderada la conducta por dictámenes de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Artículo 39.- Suspensión. Son causales de suspensión del Registro Nacional de Mediación, prevista en el artículo 45, inciso c), de la Ley Nº 26.589:

a) Incumplimiento de alguno de los requisitos para el mantenimiento en el Registro.

b) Mal desempeño o incumplimiento de obligaciones o deberes establecidos por la ley o esta reglamentación.

c) Retención indebida de documentos.

d) Reincidencia en hechos que hubieran dado lugar a la aplicación de advertencia.

e) Haber incurrido en omisión de informar o haber proporcionado información falsa o inexacta al Registro Nacional de Mediación, respecto de datos de registro, mediaciones, aranceles, cursos o trámites a su cargo.

f) Haber omitido informar al Registro Nacional de Mediación sobre la existencia de incompatibilidades o inhabilidades previstas en el artículo 41, incisos a) y c), de la Ley Nº 26.589.

g) Haberse rehusado a intervenir sin causa justificada en más de TRES (3) mediaciones, dentro de los DOCE (12) meses del año calendario.

h) Incumplimiento de la capacitación continua que requiera el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS por intermedio de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS.

i) Haber sido sancionado por la comisión de falta grave por el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional, entidad u organismo con control de la matrícula al que perteneciere el mediador o profesional asistente.

j) Efectuar notificaciones que indujeren a error o confusión a cualquiera de las partes o terceros intervinientes en la mediación.

La sanción de suspensión aplicable a la persona física titular del centro de mediación o entidad formadora será extensiva a éstos si aquélla no fuere reemplazada estatutariamente dentro de los QUINCE (15) días hábiles de notificado.

En los casos de entidades unipersonales, la sanción operará en forma automática.

El plazo de suspensión se determinará entre TREINTA (30) días corridos y hasta UN (1) año y comprenderá el período que transcurra a partir de la notificación fehaciente de la resolución sancionatoria.

Artículo 40.- Exclusión. Son causales de exclusión del Registro Nacional de Mediación:

a) Haber sido suspendido TRES (3) veces dentro de un plazo de CINCO (5) años.

b) Haber sido condenado penalmente por delito doloso con pena privativa de la libertad superior a DOS (2) años.

c) Abandonar la actividad sin efectuar comunicación alguna al Registro Nacional de Mediación. Se considerará configurada la causal cuando se presenten más de CUATRO (4) reclamos por parte de requirentes que no hubieran sido atendidos por el mediador de conformidad con la Ley Nº 26.589 y esta reglamentación, en un período de SEIS (6) meses, sin causa que lo justifique y sin dar aviso al organismo citado.

d) Negligencia grave en el ejercicio de sus funciones que perjudique el procedimiento de mediación, su desarrollo o celeridad.

e) Violación a los principios de confidencialidad e imparcialidad.

f) Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que intervengan en una mediación a su cargo o tener relación profesional o laboral con quienes asesoren o patrocinen a alguna de las partes.

Artículo 41.- Rehabilitación. El SECRETARIO DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por resolución fundada, podrá ordenar, sólo una vez, la rehabilitación del excluido del Registro Nacional de Mediación, siempre que hubieran transcurrido TRES (3) años, como mínimo, de aplicación efectiva de la sanción y hubiese concluido o se hubiera extinguido la condena penal, si ésta hubiese existido.

Artículo 42.- Reapertura del procedimiento de mediación. Podrá producirse la reapertura del proceso de mediación, a instancia de cualquiera de las partes, cuando no se hubiere promovido la acción ni hubiere operado la caducidad prevista en el artículo 51 de la Ley Nº 26.589. En tal caso la parte interesada formulará por escrito el pedido al mediador que hubiera intervenido con anterioridad, el cual convocará a una nueva audiencia.

Artículo 43.- Manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad prevista en el artículo 59 de la Ley Nº 26.589, en las condiciones estipuladas en la Resolución Nº 1751 de fecha 8 de julio de 2010 del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, podrá efectuarse dentro de los TREINTA (30) días de publicado el presente Decreto en el Boletín Oficial.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LOS MATRICULADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIACION

Artículo 1.- Las actuaciones referidas a hechos, actos u omisiones sobre normas previstas en la Ley Nº 26.589, su Decreto Reglamentario y la normativa que, en particular, dicte el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, originadas en la actividad de mediadores, profesionales asistentes, centros de mediación y entidades formadoras, se regirán por las normas de procedimiento previstas en el presente anexo.

A los efectos de esta reglamentación, por denunciado o investigado se entenderá a cualquiera de los inscriptos en el Registro Nacional de Mediación.

Artículo 2.- La actuación podrá iniciarse de oficio o por denuncia. Las denuncias deberán presentarse por escrito ante la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, expresando en forma clara y precisa las siguientes circunstancias:

a) Datos personales del denunciante, número de documento nacional de identidad, constitución de domicilio y firma.

b) Datos del profesional, entidad o centro denunciados, número de inscripción en la matrícula del Registro Nacional de Mediación, domicilio legal e identificación del procedimiento de mediación en caso de que sea pertinente.

c) Relación circunstanciada de los actos u omisiones denunciados, especificando todos los elementos que puedan conducir a su esclarecimiento, a la determinación de su naturaleza, gravedad y responsabilidad.

d) Adjuntar copia de la prueba documental relacionada con los hechos denunciados y que obre en poder del denunciante.

Artículo 3.- A las actuaciones que se inicien se les imprimirá el siguiente trámite: a) Si la actuación fuere iniciada por denuncia, se dará traslado al denunciante para que en el plazo perentorio de TRES (3) días hábiles administrativos proceda a su ratificación, rectificación o invoque hechos nuevos.

b) Una vez ratificada la denuncia o si la actuación se iniciara de oficio, la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, dará traslado al denunciado para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, formule el descargo que estime corresponder.

c) En el supuesto de que la denuncia no fuere ratificada, la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá impulsarla de oficio, siempre y cuando las irregularidades denunciadas resultaren verosímiles. En caso contrario, ordenará su archivo.

d) La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá ejercer la facultad conferida por el artículo 5º, inciso e), del “Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991″.

Artículo 4.- Las notificaciones que deban realizarse en el marco del presente procedimiento se practicarán por los medios y con los alcances previstos en el artículo 41 del “Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991″.

Artículo 5.- Efectuado el descargo o vencido el plazo para hacerlo, la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dictaminará si corresponde dar curso a la actuación o si debe ser desestimada, y elevará el respectivo proyecto de acto administrativo a consideración de la SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Artículo 6.- Si la SECRETARIA DE JUSTICIA resolviere la instrucción de un procedimiento de investigación, remitirá las actuaciones a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION para la designación de un instructor sumariante de la DIRECCION DE SUMARIOS del citado Ministerio.

Artículo 7.- La resolución que ordene la instrucción del sumario deberá ser notificada al denunciado en forma fehaciente. La notificación deberá ser cursada al domicilio que hubiere constituido en las actuaciones o, en su defecto, al que hubiere constituido en su legajo del Registro Nacional de Mediación.

Artículo 8.- El expediente podrá ser consultado por el investigado, su apoderado o letrado patrocinante; no está permitido su retiro en préstamo, sin perjuicio de la posibilidad de extracción de fotocopias a cargo del interesado.

Artículo 9.- Cuando los hechos investigados revistieran singular gravedad o la situación del investigado pudiera afectar potencialmente derechos de terceros, la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, con dictamen previo de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, podrá disponer la suspensión preventiva del investigado en el Registro Nacional de Mediación, hasta tanto se esclarezcan las circunstancias que motivaron la medida, se determine la sanción aplicable o la exención de responsabilidad.

Artículo 10.- El instructor deberá excusarse y podrá ser recusado en las condiciones y circunstancias previstas en el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto Nº 467 del 5 de mayo de 1999, respecto del denunciante o del investigado.

Artículo 11.- El objeto del procedimiento sumarial es esclarecer en forma definitiva los hechos investigados, deslindar las responsabilidades emergentes, respetando el ejercicio del derecho de defensa y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan. El plazo para la sustanciación del sumario será de NOVENTA (90) días hábiles administrativos.

Artículo 12.- El investigado podrá ofrecer prueba testimonial, documental, informativa o pericial; el ofrecimiento será sometido a consideración del instructor, quien podrá desestimar aquella que no fuera conducente para el objeto del sumario. Esta decisión podrá ser recurrida.

Artículo 13.- Cumplidas las diligencias probatorias admitidas y aquellas cuya producción resuelva el Instructor para mejor proveer, se correrá vista al investigado por el plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles administrativos, a fin de que alegue sobre su mérito.

Artículo 14.- Agregado el alegato o certificada su falta de presentación en término, el instructor resolverá el cierre del sumario.

Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de dictada tal resolución, elevará su informe a la SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el que deberá:

a) Determinar si los hechos investigados constituyen o no irregularidades y, en caso afirmativo, la norma afectada.

b) Atribuir o eximir de responsabilidad al investigado.

c) Evaluar sus antecedentes disciplinarios si los tuviere.

d) Aconsejar la sanción a aplicar.

Artículo 15.- Recibido el sumario por la SECRETARIA DE JUSTICIA y previo dictamen de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, emitirá el acto administrativo en el que deberá declarar:

a) La conclusión del procedimiento sumario.

b) La existencia o inexistencia de responsabilidad del investigado.

c) La eventual aplicación de la sanción disciplinaria.

La resolución se deberá notificar al investigado y comunicar a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS del citado Ministerio, a efectos de disponer la toma de conocimiento y eventual aplicación de la sanción en el Registro Nacional de Mediación, archivándose copia de lo resuelto y dejando constancia en el legajo correspondiente. En su caso, se tomará nota en el Registro de Sanciones.

Artículo 16.- En todos los aspectos no regulados en este procedimiento en forma expresa, será de aplicación supletoria el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto Nº 467/99.

Artículo 17.- En los casos de falta de pago de matrícula durante dos (2) años consecutivos, la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS intimará al inscripto en el Registro Nacional de Mediación por los correos electrónicos constituidos o por medio fehaciente y, en caso de omisión de respuesta o de mantenerse la falta, procederá a suspender preventivamente al mediador, profesional asistente, centro de mediación o entidad formadora. Iniciará actuación administrativa dando traslado al incumplidor por medio fehaciente y, efectuado su descargo o vencido el término para ello, elaborará un informe y pasará las actuaciones a la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para que dictamine. Cumplido, se elevarán las actuaciones a la SECRETARIA DE JUSTICIA de ese Ministerio o a quien ésta designe para que resuelva sobre la aplicación de la exclusión prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589.

ANEXO III

HONORARIOS DEL MEDIADOR

Artículo 1.- Honorario básico del mediador.

El honorario básico que percibirá el mediador por su tarea se fija de acuerdo con la siguiente escala:

a) Asuntos de montos hasta PESOS TRES MIL ($ 3.000): PESOS TRESCIENTOS ($ 300).

b) Asuntos de montos superiores a PESOS TRES MIL ($ 3.000) y hasta PESOS SEIS MIL ($ 6.000): PESOS SEISCIENTOS ($ 600).

c) Asuntos de montos superiores a PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y hasta PESOS QUINCE MIL ($ 15.000): PESOS NOVECIENTOS ($ 900).

d) Asuntos de montos superiores a PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y hasta PESOS TREINTA MIL ($ 30.000): PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200).

e) Asuntos de montos superiores a PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) y hasta PESOS SESENTA MIL ($ 60.000): PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600).

f) Asuntos de montos superiores a PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) y hasta PESOS CIEN MIL ($ 100.000): PESOS DOS MIL ($ 2.000).

g) Asuntos de montos superiores a PESOS CIEN MIL ($ 100.000): el DOS POR CIENTO (2%) de dicho monto y hasta el máximo de PESOS DOCE MIL ($ 12.000).

h) Asuntos en los que no se determinó el monto en el formulario de requerimiento o en el instrumento de notificación de la audiencia, según el caso: PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400).

Artículo 2.- Honorario básico en mediación familiar. Las controversias que se planteen en los procesos de mediación familiar previstas en el artículo 31, incisos b) y c), de la Ley Nº 26.589 se considerarán de objeto único, estableciéndose un honorario básico de PESOS NOVECIENTOS ($ 900).

En los supuestos del artículo 31, inciso a), de la Ley Nº 26.589, para el cálculo del monto del caso deberá tenerse en cuenta el que resulte de multiplicar la cuota alimentaria por el período correspondiente a UN (1) año, y será de aplicación la escala fijada en el artículo 1º de este anexo.

Artículo 3.- Adicionales.

Al honorario básico, a partir de la cuarta audiencia, se integrará la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50) por cada nueva audiencia, en los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 1º del presente anexo. Esta suma será de PESOS CIEN ($ 100) por cada nueva audiencia en los casos previstos en los incisos c), d), e), f), g) y h) del citado artículo 1º.

En los casos del artículo 31 , inciso a), de la Ley Nº 26.589, a partir de la cuarta audiencia, al honorario establecido en el artículo 2º del presente anexo se integrará la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50) por cada nueva audiencia en los asuntos cuyo monto se encuentre entre los previstos en los incisos a) y b) del artículo 1º del presente anexo. Esta suma será de PESOS CIEN ($ 100) por cada nueva audiencia en los casos cuyo monto se encuentre entre los previstos en los incisos c), d), e), f) y g) del citado artículo 1º.

En los supuestos del artículo 31, incisos b) y c), de la Ley Nº 26.589 , al honorario establecido en el artículo 2º del presente anexo se integrará la suma de PESOS CIEN ($ 100) por cada audiencia, a partir de la segunda audiencia, teniendo como tope el honorario previsto en el artículo 1º, inciso h), del presente anexo.

Artículo 4.- Honorario provisional del mediador.

El honorario provisional del mediador, establecido en el artículo 28 del Anexo I, se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200).

Artículo 5.- Publicidad. Los mediadores deberán publicitar los contenidos de este Anexo III de la forma que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, sobre la aplicación de la Directiva sobre la mediación en los Estados miembros, su impacto en la mediación y su aceptación por los Tribunales (2011/2026(INI))

2011-09-25T10:51:00.000-05:00

El Parlamento Europeo ,

– Vistos el artículo 67 y el artículo 81, apartado 2, letra g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista su Resolución, de 23 de abril de 2008, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles(1) ,

– Vistas las audiencias celebradas por la Comisión de Asuntos Jurídicos el 20 de abril de 2006, el 4 de octubre de 2007 y el 23 de mayo de 2011,

– Vista la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles(2) ,

– Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0275/2011),

A. Considerando que asegurar un mejor acceso a la justicia es uno de los objetivos clave de la política de la Unión Europea para establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia; considerando asimismo que el concepto de acceso a la justicia debe incluir, en este contexto, el acceso a procedimientos adecuados de solución de controversias para particulares y empresas,

B. Considerando que el objetivo de la Directiva 2008/52/CE es fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial,

C. Considerando que, con el fin de facilitar el acceso a la mediación como alternativa viable al enfoque tradicional de confrontación y de garantizar que las partes que recurran a ella en la Unión Europea puedan contar con marco jurídico predecible, la Directiva establece principios comunes que abordan, en particular, los aspectos fundamentales del procedimiento civil,

D. Considerando que, además de la previsibilidad, la Directiva tiene por objetivo establecer un marco que conserve la principal ventaja de la mediación: la flexibilidad, considerando que estos dos requisitos deberían guiar a los Estados miembros a la hora de elaborar la legislación nacional mediante la cual se aplica la Directiva,

E. Considerando que la Directiva 2008/52/CE también ha sido del interés de los Estados vecinos y ha tenido una influencia cierta en la introducción de legislación similar en algunos de estos países,

F. Considerando que los Estados miembros están obligados a dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 21 de mayo de 2011, con excepción del artículo 10, para el que la fecha de cumplimiento era el 21 noviembre de 2010; considerando que, hasta ahora, la mayoría de los Estados miembros han informado de que han completado el proceso de implementación o lo completarán antes del plazo y que solo unos pocos Estados miembros (la República Checa, Austria, Finlandia y Suecia) todavía no han informado del cumplimiento de las disposiciones de la Directiva,

G. Considerando que el Parlamento Europeo considera que es importante examinar la aplicación de esta legislación por parte de los Estados miembros con objeto de recabar las opiniones de los profesionales y de los usuarios de la mediación, y de determinar si se podría mejorar esta legislación y la manera de hacerlo,

H. Considerando que, para ello, debe llevarse a cabo un análisis exhaustivo de los principales enfoques reglamentarios de los Estados miembros para destacar las buenas prácticas y para extraer conclusiones acerca de cualquier otra acción a escala europea,

I. Considerando que el plan de acción de la Comisión para la aplicación del Programa de Estocolmo (COM (2010) 171 final) prevé una Comunicación relativa a la aplicación de la Directiva sobre la mediación en 2013,

J. Considerando que vale la pena examinar cómo han aplicado los Estados miembros las principales disposiciones de la Directiva sobre la mediación en relación con la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales propongan a las partes que recurran a la mediación (artículo 5), con la garantía de confidencialidad (artículo 7), con el carácter ejecutivo de los acuerdos resultantes de la mediación (artículo 6) y con el efecto de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción (artículo 8),

K. Considerando que la Comisión ha incluido en su Programa de Trabajo para 2011 una propuesta legislativa sobre la resolución alternativa de litigios,

1. Observa que el requisito de confidencialidad establecido por la Directiva ya se contemplaba en la legislación nacional de algunos Estados miembros: en Bulgaria, el Código Civil establece que los mediadores pueden negarse a testificar sobre un conflicto en el que han mediado; en Francia y Polonia, la legislación que regula la mediación en el ámbito civil establece disposiciones similares; señala que, entre los Estados miembros, Italia adopta un enfoque estricto en cuanto a la confidencialidad de los procedimientos de mediación, mientras que la reglamentación sueca sobre la mediación establece que la confidencialidad no es automática y requiere un acuerdo entre las partes en este sentido; considera que parece necesario un enfoque más coherente;

2. Observa que, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva, la mayoría de los Estados miembros disponen de un procedimiento por el que se confiere al acuerdo por el que se establece una mediación la misma autoridad que a una decisión judicial; señala que ello se logra bien mediante la presentación del acuerdo ante un órgano jurisdiccional, bien ante notario, y que, al parecer, algunas legislaciones nacionales han optado por la primera solución, mientras que, por el contrario, en muchos Estados miembros la legislación nacional también contempla la opción de la certificación notarial: por ejemplo, mientras que en Grecia y Eslovenia la legislación establece que un órgano jurisdiccional puede obligar a un acuerdo de mediación, en los Países Bajos y en Alemania los acuerdos pueden tener carácter ejecutivo, como documentos notariales, y en otros Estados miembros, como por ejemplo Austria, la legislación aplicable permite que los acuerdos tengan carácter ejecutivo como documentos notariales, sin que el acto jurídico nacional de transposición haga referencia expresa a dicha posibilidad; pide a la Comisión que garantice que todos los Estados miembros que no cumplan aún el artículo 6 de la Directiva lo harán sin demora;

3. Considera que el artículo 8, relativo al efecto de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción, es una disposición fundamental en cuanto que garantiza que a las partes que opten por la mediación con ánimo de solucionar un litigio no se les impide posteriormente iniciar un proceso judicial a causa del tiempo transcurrido durante el procedimiento de mediación; observa que no parece que los Estados miembros hayan planteado aspectos específicos en relación con este punto;

4. Señala que algunos Estados miembros han optado por ir más allá de los requisitos básicos de la Directiva en dos ámbitos, a saber, los incentivos financieros para la participación en la mediación y los requisitos obligatorios para la mediación; señala que estas iniciativas estatales contribuyen a solucionar de manera más eficiente las disputas y reducir la carga de trabajo de los juzgados;

5. Reconoce que el artículo 5, apartado 2, permite a los Estados miembros establecer la obligatoriedad de la mediación o someterla a incentivos o sanciones, ya sea antes o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial;

6. Observa que algunos Estados europeos han emprendido una serie de iniciativas para ofrecer incentivos financieros a las partes que opten por la mediación: en Bulgaria, las partes recibirán un reembolso del 50 % de la tasa estatal ya abonada para dirimir el conflicto ante los tribunales si lo resuelven mediante la mediación, y la legislación rumana prevé el reembolso total de las costas judiciales si las partes resuelven un conflicto jurídico pendiente a través de la mediación; toma nota de que se encuentra una disposición similar en la legislación húngara y de que en Italia todos los actos y acuerdos alcanzados mediante mediación quedan exentos de tasas y costas;

7. Observa que, junto con los incentivos financieros, algunos Estados miembros cuyos sistemas judiciales están colapsados han recurrido a normas que hacen obligatorio el recurso a la mediación; toma nota de que en dichos casos no pueden someterse los conflictos ante los tribunales hasta que las partes no hayan intentado resolver los problemas mediante la mediación;

8. Señala que el ejemplo más destacado es el Decreto Legislativo italiano nº 28, que pretende de esta manera reformar el sistema judicial y aligerar la carga de trabajo de los tribunales italianos, claramente congestionados, reduciendo el número de casos y el tiempo promedio de nueve años necesario para resolver conflictos por la vía civil; observa que, como cabía esperar, este decreto no ha sido bien recibido por los profesionales, que lo han impugnado ante los tribunales e incluso se declararon en huelga;

9. Señala que, a pesar de la polémica, los Estados miembros cuya legislación nacional va más allá de los requisitos básicos de la Directiva sobre la mediación parecen haber logrado resultados importantes en la promoción del tratamiento no judicial de los conflictos en materia civil y mercantil; observa que los resultados obtenidos, en particular, en Italia, Bulgaria y Rumanía, demuestran que la mediación puede facilitar una resolución extrajudicial de los conflictos económica y rápida a través de procedimientos adaptados a las necesidades de las partes;

10. Observa que, en el ordenamiento jurídico italiano, la mediación obligatoria parece alcanzar el objetivo de descongestionar los tribunales; no obstante, subraya que la mediación debe promocionarse como una alternativa viable, económica y rápida de justicia, no como un aspecto obligatorio del procedimiento judicial;

11. Reconoce los logros alcanzados por los incentivos financieros previstos por la ley búlgara sobre la mediación; reconoce, no obstante, que estos se deben también al interés manifestado hace tiempo por la mediación por el ordenamiento jurídico de Bulgaria, habida cuenta de que la mediación existe desde 1990 y de que el Centro de Solución de Conflictos - integrado por mediadores que trabajan por turnos - viene proporcionando diariamente desde 2010 servicios gratuitos de mediación e información para las partes en casos judiciales pendientes; señala que en Bulgaria fueron objeto de mediación dos terceras partes de los casos mencionados y que la mitad de los casos se resolvieron satisfactoriamente mediante la mediación;

12. Toma nota también de los logros de la legislación rumana sobre la mediación: se han establecido disposiciones sobre los incentivos financieros y se ha creado el Consejo de Mediación, una autoridad nacional para la práctica de la mediación con estatuto de órgano jurídico autónomo; señala que este órgano se consagra plenamente a la promoción de la actividad de mediación, al desarrollo de normas de formación, a la preparación de los proveedores de cursos de formación, a la expedición de documentos que acreditan la cualificación de los mediadores profesionales, a la adopción de un código ético y a la formulación de propuestas para completar la legislación;

13. Considera que, a la luz de todo lo anterior, el conjunto de los Estados miembros se encuentra en gran medida en condiciones de aplicar la Directiva 2008/52/CE antes del 21 de mayo de 2011 y que, mientras algunos Estados miembros están utilizando diversos enfoques normativos y algunos Estados se encuentran un poco retrasados, lo cierto es que la mayoría de los Estados miembros no sólo han dado buen cumplimiento de la Directiva, sino que en realidad superan los requisitos de la misma;

14. Recalca que las partes que están dispuestas a colaborar para resolver sus diferencias tienen más posibilidades de trabajar conjuntamente que enfrentados entre sí; opina que, por tanto, estas partes suelen estar más receptivas a la hora de considerar la posición de la otra parte y de trabajar en los aspectos subyacentes de la disputa; considera que a menudo este enfoque tiene la ventaja añadida de mantener la relación que las partes tenían antes de la disputa, lo cual es de vital importancia en asuntos de Derecho de familia donde hay menores implicados;

15. Anima a que la Comisión, en su próxima Comunicación sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE, también examine las áreas en las que los Estados miembros han decidido ampliar las medidas de la Directiva más allá del ámbito de aplicación previsto;

16. Destaca los aspectos favorables para el consumidor de los sistemas alternativos de resolución de litigios, que ofrecen soluciones prácticas personalizadas; en este contexto, pide que se presente sin demora una propuesta legislativa sobre la resolución alternativa de litigios por parte de la Comisión;

17. Señala que las soluciones que resultan de la mediación y que se han establecido entre las partes no podrían ser dictaminadas por un juez ni por un jurado; opina, por tanto, que es más probable que a través de la mediación se alcance un resultado satisfactorio para todas las partes; indica que, debido a ello, hay más posibilidades de que se acepte este tipo de acuerdo y que el cumplimiento de estos acuerdos de mediación suele ser muy elevado;

18. Opina que es necesario aumentar la sensibilización y el entendimiento en torno a la mediación, y pide que se adopten más medidas en relación con la educación, la creciente sensibilización sobre la mediación, el aumento de la aceptación de la mediación por parte de las empresas y los requisitos para acceder a la profesión de mediador;

19. Considera que debe alentarse a las autoridades nacionales a que desarrollen programas dirigidos a fomentar los conocimientos adecuados sobre la resolución alternativa de litigios; considera que dichos programas deben tener por objetivo las principales ventajas de la mediación –costes, índice de éxito y rapidez– y dirigirse a abogados, notarios y empresarios, en particular de PYME, así como al mundo universitario;

20. Reconoce la importancia de establecer normas comunes para acceder a la profesión de mediador con objeto de fomentar una mejor calidad de la mediación y de garantizar un nivel elevado de formación profesional y de certificaciones en toda la Unión;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTA PREVIA EN PERU: ¿RIESGOS VS. OPORTUNIDADES?

2011-09-25T09:24:00.002-05:00

*Por Luis E. Oré, Experto en Negociaciones y Procesos de Construcción de Consenso

Muchos discuten sobre la Ley de Consulta Previa, sin embargo el tema más importante es la manera como se implementará, las personas son las que implementan las leyes y reglamentos, y se necesitan las capacidades y metodologías adecuadas para la efectiva aplicación de una consulta previa que sea estratégica, inteligente, beneficiosa, sostenible y que cumpla sus objetivos.

Esta es nuestra propuesta para la implementación de la Consulta Previa en el Perú, con nuestra perspectiva neutral, expertos en negociaciones complejas y procesos de construcción de consenso, y nuestro profundo conocimiento de la realidad peruana, su diversidad cultural, contextos, idiosincrasias, historia y coyuntura, estamos convencidos de que el Perú está viviendo un momento histórico para lograr su desarrollo sostenible con las metodologías adecuadas.

http://www.slideshare.net/oreluis/orasi-enfoque-implementacion-de-consulta-previa-peru-y-pcc-cse-pptx

Para el mejor entendimiento del cuadro/modelo comparto este artículo publicado en Argentina que explica y describe los pasos a que hace referencia el cuadro/modelo para la implementación de la consulta previa estratégica.

http://www.slideshare.net/oreluis/conflicto-social-oit-169-peru-alternativas

Este cuadro adicional puede dar perspectiva a la actual relación entre empresa-estado-comunidad, pone en contexto la consulta previa y la capacidad organizacional de negociación e involucramiento de actores múltiples.

http://www.slideshare.net/oreluis/orasi-perspectiva-situacion-actual-peru-relaciones-y-ley-de-consulta-previa

Muchos están de acuerdo en que el tema fundamental es el desarrollo de capacidades para que los actores múltiples puedan implementar efectivamente la consulta previa en el Perú. Varios dicen que el sector privado (empresas) no “tienen“que participar en la consulta. Quizás sea bueno ver el rol o función que cumplen las empresas privadas en otras latitudes como en Colombia por ejemplo. A pesar de que la ley peruana establezca de manera clara que la responsabilidad de la Consulta Previa está a cargo del Estado Peruano, esta es una oportunidad extraordinaria para que las empresas inversionistas del sector privado puedan involucrarse y mejorar relaciones de colaboración con comunidades locales y otros “stakeholders”, así como satisfacer los intereses de “stockholders”(accionistas de las empresas) y estándares socio-ambientales internacionales como los del World Bank’ International Finance Corporation (y su Office of the Compliance Advisor/Ombudsman for IFC & MIGA), Internamerican Development Bank y los “Equator Principles”, entre otros.

Me preocupa las capacidades técnicas del gobierno en este tema, especialmente en la gestión y facilitación de los procesos de consulta previa, dialogo y generación de consenso.

Basta leer las declaraciones de un congresista para darse cuenta que el tema no está bien entendido “(…) Ellos van a exigir la consulta previa, y la van a ganar, y me temo que el Ejecutivo va a terminar cediendo a estas demandas”. La consulta previa no es un debate es un proceso de diálogo que busca consensos. Por su parte la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM, dice que la Consulta Previa es última instancia, a la que debe recurrirse a la Ley de Consulta Previa luego de agotarse los mecanismos de diálogo y participación existentes. (La Primera, 11/09/2011)

Estamos frente a un gran reto que creo que muchos aun no se dan cuenta de las dimensiones y magnitud del mismo, la Consulta Previa es un proceso que se construirá y mejorara con el tiempo, es un tema actual que necesita la implementación de medidas estratégicas e inteligente inmediatas, lo antes posible. Sin duda muchos grupos de la sociedad civil conocen de experiencias en otros países sobre la consulta previa y si nuestro sector privado en Perú no toma las medidas necesarias de manera oportuna esto si podría impedir el desarrollo del país, no hay que ser alarmistas pero si hay que ser cocientes, reflexivos y proactivos sobre este tema.

Como saben en Colombia se utiliza la Consulta Previa, tienen experiencias positivas y otras no tan positivas, de estas experiencias se desprenden lecciones aprendidas. Como saben esto es un esfuerzo conjunto entre Estado, Comunidades y Empresa, tan es así que las empresas y desarrolladores de proyectos deben dar las garantías necesarias para el cumplimiento de la consulta previa y también cubren los gastos logísticos de la realización de la consulta previa, lo que incluye desde transporte, traducciones (diversas idiomas y dialectos), alimentación, entre otros.

Sin duda Colombia tiene un camino recorrido en temas de consulta previa, no me extrañaría que las comunidades locales en el Perú conozcan de las experiencias Colombiana de sus requisitos y como se implementa. En Colombia el gobierno identifica la existencia de comunidades, ya sea de comunidades con tierras o sin tierras, y le dice a la empresa usted debe hacer la consulta previa o usted no debe hacer la consulta previa. Si las comunidades se oponen el sector le dice al gobierno tu evalúa si el proyecto va contra las comunidades o las empresa inician un mejor proceso de relacionamiento con las comunidades para generar procesos de confianza y cambiar las percepciones de las comunidades, lo que también se podría hacer con procesos estratégicos de construcción de consenso.

Como señala la International Finance Corporation sobre la consulta previa del OIT 169:

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/p_ILO169_Spanish/$FILE/ILO_169_Spanish.pdf

“(…) La aplicación del Convenio no sólo protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, sino que también beneficia a las empresas privadas que llevan a la práctica proyectos que afectan a dichos grupos. Por ejemplo:

Las consultas culturalmente apropiadas con los pueblos indígenas y tribales son cruciales para establecer relaciones constructivas con ellos y abordar sus preocupaciones con eficacia.

Los procesos de toma de decisiones en los que se tiene en cuenta las opiniones de las comunidades indígenas afectadas mejoran el diseño de los proyectos y facilitan su puesta en práctica a lo largo del tiempo.

La definición clara y la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y los recursos naturales facilitan la planificación y ejecución de proyectos del sector privado y reducen el riesgo de conflictos sobre tierras y recursos.

La participación de los pueblos indígenas y tribales en los beneficios generados por los proyectos del sector privado da lugar al apoyo de estos pueblos al proyecto mejora la reputación de las empresas que los llevan a la práctica y reduce los riesgos operacionales.

Las empresas que ejecutan proyectos respetando los principios de la Convención mejorarán su imagen pública, lo que tendrá un efecto positivo sobre su empresa.”

Algunos actores se están dando cuenta que la única opción viable, duradera y legitimada para abordar los diversos retos y desafíos que el Perú está enfrentando es el dialogo constructivo e inclusivo, la pregunta clave es: ¿Que debemos hacer para que el dialogo funcione? Quizás como bien dice el punto 17 de las conclusiones del Informe sobre Consulta Previa: Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas e Instrumento de Gestión Estatal para el Fortalecimiento de la Democracia (Aprobado en sesión ordinaria el martes 26 de mayo de 2009 en el congreso de la republica en la comisión multipartidaria encargada de estudiar la problemática de los pueblos indígenas.)

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/informes.nsf/InformesPorComisionEspecial/7A8A6FB04A98925B052575C800771315/$FILE/ATT5MW4J.pdf

(...) "17. Para la efectiva aplicación de la Consulta Previa, tanto el Estado como las Organizaciones que representan a los Pueblos Indígenas, además de fortalecer sus capacidades técnicas, deberán también fortalecer sus capacidades de diálogo y entendimiento intercultural". (...)

El reto es desarrollar y fortalecer las capacidades de dialogo y entendimiento intercultural, y utilizar los procesos y metodología estratégicas adecuadas, esto implica desarrollar capacidades para lograr entendimientos compartidos y desarrollar capacidades de negociación e involucramiento para generar consensos y prevenir conflictos, así contribuir con la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del Perú.

Reflexionemos y trabajemos realmente juntos,

------------------------------------------------------------------

VÉALO EN VERSIÓN PDF

--------------------------------------------------------------------

LUIS ORE

______________________________

* Abogado por la Universidad de Lima, con máster en gestión de conflictos y máster en comunicación organizacional e intercultural y amplia formación en negociación, consenso y gestión de los conflictos por CMI International Group, Western Kentucky University, Lipscomb University y el Programa de Negociación de Harvard Law School. Consultor en Negociaciones, Relaciones Estratégicas y Procesos de Construcción de Consenso. Consultor internacional para el Consensus Building Institute (EE.UU.) y director ejecutivo de ORASI Consulting Group Inc. (EE.UU.). Presidente 2010-2011 de la Sección Internacional de la Association for Conflict Resolution (EE.UU.), Vice-Presidente 2011-2012 del Comité de Inversión y Desarrollo Internacionales y Desarrollo de la American Bar Association; Coordinador para Latinoamérica de la Sección Comercial de dicha entidad. Ha sido miembro del Comité Directivo del Comité Internacional de Energía y Recursos Naturales de la American Bar Association’s Section of International Law (EEUU) y Presidente del Comité de Desarrollo Internacional de la Association for Conflict Resolution’s International Section (EEUU). luis.ore@orasicg.com

---
Dr. Luis Oré
luis.ore@orasicg.com

Abogado-Mediador Internacional
Negociaciones y Resolución de Conflictos
Facilitador de Procesos de Consenso
Gestión de Relaciones Estratégicas
Consulta Previa y Consenso Social
Gestión de Conflicto Social

---

ABA Comité de Inversiones Internacionales y Desarrollo, Vice-Presidente 2011-2012

http://apps.americanbar.org/dch/committee.cfm?com=IC752000

American Bar Association’s Section of International Law

---
ACR Presidente de la Sección Internacional 2010-2011

Asociación para la Resolución de Conflictos (EE.UU.)

http://www.acrnet.org

-----

Director Ejecutivo

ORASI Consulting Group
http://www.orasicg.com

Ayudamos a negociar, gestionar relaciones, prevenir conflictos y resolver controversias de manera que se produzcan soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas, y desarrollar capacidades organizacionales. Ayudamos a:

• Negociar acuerdos comunitarios y alianzas estratégicas
• Fortalecer capacidades de negociación organizacional
• Resolver conflictos sociales con actores interesados
• Facilitar procesos de consulta previa y consenso social
• Diseñar mecanismos de gestión de quejas y controversias
• Gestionar relaciones comunitarias y unidades de conflicto
• Realizar auditoría de negociaciones y gestión de relaciones
• Administrar tercerización neutral de relaciones comunitarias
• Desarrollar evaluación de actores y línea de base social
• Prevenir conflictos y manejar crisis
• Facilitar desarrollo internacional

… Negocie Mejores Resultados!
… Mejores Procesos, Mejores Relaciones!

****************************

Acerca de ORASI Consulting Group

http://www.wiserearth.org/uploads/file_partitioned/1/b/e/e/1beeaeb7e80467f4676a5488869d2bd5/_%20ORASI%20Consulting%20Group%20%20USPeru%20lo.pdf

BREVE Presentacion de ORASI Consulting Group

http://www.slideshare.net/oreluis/orasi-consulting-group-la-big-picture-como-ayudamos-como-trabajamos

---
ORASI Consulting Group, Inc.
732 Constellation Drive
Bowling Green, KY 42101
United States of America
Office: +1 (270)495.8335
Mobile: +1 (270)799.2314
E-mail: luis.ore@orasicg.com
Skype ID: orasicg

Linkedin Profile: http://www.linkedin.com/in/luisore/es

Convocatoria de un Abogado para la Dirección de Conciliación del Ministerio de Justicia

2011-09-22T18:01:00.001-05:00

CONVOCATORIA Nº 234-2011-MINJUS

Descripción del servicio:

El Ministerio de Justicia requiere contratar el servicio de un profesional en Derecho que se encargue de brindar apoyo y Asesoramiento Técnico a la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, incluyendo la promoción y difusión de la Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

Ubicación: Sede Central

Requisitos mínimos:

a) Abogado colegiado y habilitado.

b) Experiencia mínima de dos (02) años en instituciones públicas y/o Privadas.

c) Experiencia en la promoción, difusión y realización de eventos de capacitación.

d) No estar impedido de contratar con el Estado.

Descripción del servicio:

a. Brindar Asesoría Técnica Legal a la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, respecto a los temas de su competencia.

b. Coordinar y apoyar en las labores que realizan los órganos de línea de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

c. Coordinar las actividades de Promoción y Difusión de Medios Alternativos de Solución de Conflictos y de Capacitación de la Dirección.

d. Proyectar informes, resoluciones oficios, o cualquier otro documento que requiera la Dirección Nacional de Justicia.

e. Coordinar con la Oficina de Imagen Institucional la difusión de las actividades y logros obtenidos para el fortalecimiento de la Conciliación Extrajudicial.

f. Difundir y publicar las actividades de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos.

g. Realizar viajes al interior del país cuando sean requeridas por el Director Nacional de Justicia.

h. Otras funciones que el Director le asigne.

Monto mensual de la Retribución Económica: S/.4,500.00 nuevos soles.

Plazo de contrato: A partir del día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011.

Requisitos Generales:

El curriculum vitae tiene carácter de Declaración Jurada de acuerdo a Ley y deberá contener la siguiente información:

1. Carta de presentación dirigida al Presidente del Comité Evaluador.

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad – DNI vigente.

3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los estudios, capacitación y experiencias laborales, tales como certificados, constancias de trabajo, etc, y que hayan sido declarados en el respectivo curriculum vitae.

4. Declaración jurada de ser ciudadano peruano en el ejercicio de sus derechos civiles, sin impedimento alguno para contratar con el Estado y sin incurrir en la doble percepción de ingresos en el Estado, no haber sido sancionado por falta administrativa disciplinaria y no contar con antecedentes policiales, judiciales y penales.

5. En caso de ser una persona con discapacidad, deberá adjuntar el certificado de

discapacidad permanente e irreversible otorgado por la instituciones que señala la Ley o la Resolución Ejecutiva de Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.

Presentación del Currículo Vitae:

Hacer llegar su Currículo Vitae actualizado y documentado en copia simple a la Oficina de Trámite Documentario del Ministerio de Justicia, sito en la cuadra 3 de la Calle Carlos Tenaud S/N Miraflores – Lima, desde el 22 hasta el 28 de setiembre de 2011, desde las 08:30 hasta las 16:30 horas.

En ningún caso serán valorados los méritos y/o requisitos que no hayan sido debidamente documentados, ni el currículo que no haya sido presentado de acuerdo a los requisitos generales solicitados para participar en la Convocatoria. Asimismo se deja constancia que no se devolverán las Hojas de Vida (currículums vitae) recepcionados.

Evaluación Curricular:

Sobre la base de la evaluación curricular se publicará el 29 de setiembre de 2011 la relación de postulantes aptos y hora para la entrevista personal en la página web del Ministerio de Justicia.

Entrevista Personal:

Día : 30 de setiembre de 2011

Lugar : Sede Central del Ministerio de Justicia, sito en Calle Scipión Llona Nº 350 – Miraflores.

Presentarse portando Documento Nacional de Identidad – DNI vigente.

Nota.- Cada una de las etapas arriba señaladas es eliminatoria. Será de aplicación a la presente Convocatoria el artículo 52º y 53º del Reglamento de la Ley Nº 27050, así como la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR.

Miraflores, 21 de setiembre de 2011

OFICINA DE PERSONAL

Fuente: http://www.minjus.gob.pe/sites/default/files/convocatorias/CONVOCATORIA%20N%C2%BA%20234.pdf

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas por el día de la Paz 2011

2011-09-21T15:29:00.002-05:00

Todos los años, en el Día Internacional de la Paz, la gente de todo el mundo renueva su compromiso con la no violencia y con la armonía de todos los pueblos y naciones.

La paz es nuestra misión, nuestro afán cotidiano.

El tema de este año se centra en la oportuna cuestión de la paz y la democracia.

La democracia es un valor fundamental de las Naciones Unidas.

Es crucial para los derechos humanos.

Facilita conductos para resolver las diferencias.

Trae esperanza a los marginados y da poder a los pueblos.

Pero la democracia no se mantiene por sí sola; hay que nutrirla y defenderla.

El mundo necesita que todos se manifiesten a favor de la justicia social y la libertad de prensa; de un medio ambiente limpio y del empoderamiento de las mujeres; del derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio futuro y del estado de derecho.

Este año, los jóvenes han estado en la primera línea del frente por la libertad.

Aplaudo a los activistas y a las personas comunes y corrientes por su arrojo y su determinación de construir un futuro mejor.

En las Naciones Unidas haremos causa común con ellos para hacer realidad nuestras aspiraciones comunes de dignidad, seguridad y oportunidades para todos.

Este es el día de todos los que buscan la paz. En las Naciones Unidas estamos con ustedes.

Ban Ki-moon

Hoy se inicia conciliación obligatoria en Ica

2011-09-01T10:02:00.003-05:00

Hoy jueves primero de setiembre de 2011, comienza a regir la conciliación obligatoria en el distrito conciliatorio de Ica, cabe precisar que la conciliación extrajudicial esta regulada por la Ley 26872, modificado por el Decreto Legislativo N° 1070.

De esta manera a partir de hoy en los catorce distritos de la provincia de ica: La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacute, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate,Yauca del Rosario, toda persona natural, jurídica o patrimonio autónomo al surgimiento de un conflicto antes de iniciar un proceso judicial, en materia civil y comercial tiene la obligación de intentar solucionar su conflicto ante un Centro de Conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia.

El invitado que luego pasa a ser demandado en sede judicial, en caso de no asistir a la audiencia de conciliación será sancionado con lo siguiente:

Imposibilidad de reconvenir.

Presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en el acta de conciliación extrajudicial.

Multa de 2 a 10 URP.

Los conflictos de índole familiar como alimentos, tenencia, régimen de visitas y liquidación de sociedad de gananciales son facultativos, lo que determina que no será obligatorio acudir a la conciliación antes de iniciar un proceso judicial, sino en este caso acudirán directamente al Poder judicial instaurar su demanda.

Acuerdos en consultas previas a comunidades indígenas debe realizarse en Centros de Conciliacion

2011-08-25T01:11:00.003-05:00

Recientemente el Congreso de la Republica del Perú, con fecha 23 de agosto de 2011, aprobó la Ley de consulta previa, la misma que tiene como finalidad alcanzar un acuerdo entre Estado y los pueblos indígenas u originarios, respecto a medidas legislativas y administrativas que les afecten directamente.

La referida norma establece en el inciso f del articulo 23, que el proceso de consulta comprende un proceso de dialogo entre los representantes del Estado y representantes de los Pueblos indígenas u originarios y en caso que como resultado del proceso de dialogo se arribara a un acuerdo, tendrá un carácter obligatorio para ambas partes y los mismos serán exigibles en sede administrativa y judicial. (articulo 25 en su segundo).

Consideramos que el dialogo debe de realizarse en los Centros de Conciliación actualmente autorizados por el Ministerio de Justicia, lugar natural por excelencia para alcanzar acuerdos, por su naturaleza exclusivamente conciliadora, porque aquí ambas partes pueden dialogar, conversar, escucharse mutuamente, proponer soluciones y negociar directamente con la asistencia de un tercero ajeno totalmente imparcial y neutral al Estado y los pueblos indígenas u originarios y sobre todo especialmente capacitado únicamente y exclusivamente para realizar función conciliadora, con el objeto de alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio para el Estado y los Pueblos indígenas u originarios, además que los acuerdos tendrían la calidad de títulos ejecutivos.

Se requiere de un tercero que asista al Estado y a los Pueblos indígenas u originarios, que sea totalmente neutral, es decir, que no tenga ningún conflicto de interés con ambas partes y por lo tanto debe ser un tercero que no tenga ningún tipo de relación jurídica o extrajurídica con el Estado, los pueblos indígenas u originarios y sobre todo con aquella persona natural o jurídica, que esta detrás de la consulta, que promueven la consulta previa o que se va a beneficiar del resultado de la consulta previa, por lo que es preferible que se trate de un conciliador que no tenga una relación previa o al momento de realizar el acto de conciliación o posterior, con ninguna de las partes, caso contrario perdería objetividad.

El conciliador también debe ser totalmente imparcial con ambas partes, es decir, el Conciliador deber desarrollar su función, desde su inicio hasta su conclusión totalmente independiente y libre de favoritismos o prejuicios sin diferencias, a través de hechos acciones, omisiones y palabras. El Conciliador tiene la obligación de mirar y ayudar al Estado, los pueblos indígenas u originarios por igual sin diferencia alguna, no debe estar por encima de las partes como Juez, menos a favor de ninguno de ellos como abogado defensor, sino debe estar entre las partes, en el centro de ambos y asistirlo por igual para que encuentren la solución a su conflicto de intereses por si solos. El Conciliador no debe identificarse con las posiciones, intereses y opciones de ninguna de las partes, porque su accionar se podrá interpretar como una parcialización, el acuerdo debe nacer por la libre y espontánea voluntad de las partes, sin que de ninguna manera la voluntad del conciliador onnuvilice la voluntad de las partes.

El conciliador es una persona natural especialmente capacitada para ejerce la función conciliadora que posee técnicas modernas de negociación, comunicación y conciliación, necesarias para facilitar el dialogo, la comunicación entre las partes como el caucus, infinidad de tipos de preguntas: abiertas, cerradas, circulares; tormenta de ideas, escucha activa, replanteo, parafraseo, entre otras, que pone a disposición de las partes para que encuentren la solución a su conflicto.

Asimismo en los Centro de Conciliación ambas partes contaran con un ambiente especialmente diseñado, construido para dialogar y encontrar acuerdos y sobre todo un espacio totalmente neutral del Estado y los pueblos indígenas u originarios, por lo que es preferible que se descarte los Centros de Conciliación públicos y los Centros de Conciliación ( integrantes) promovidos por instituciones que tengan alguna relación jurídica o extrajurídica previa, durante y posterior con el Estado, los Pueblos indígenas u originarios y terceros que promuevan la consulta previa.

APRUEBAN CALENDARIO OFICIAL 2011 DE OBLIGATORIEDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

2011-07-07T12:36:00.002-05:00

Mediante Decreto Supremo N° 008- 2011- JUS, publicado el 06 de julio de 2011, se aprobó el calendario oficial para el año 2011 de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1070 que modifico la ley de conciliación extrajudicial n° 26872 en los siguientes distritos conciliatorios:

1 de setiembre de 2011…………………… Distrito Conciliatorio de Ica

4 de octubre de 2011……………………..…. Distrito Conciliatorio de Chiclayo

3 de noviembre de 2011……………….… Distrito Conciliatorio de Cajamarca

1 de diciembre de 2011……………………. Distrito Conciliatorio de Puno

Propuestas generales para mejorar la eficacia del sistema conciliatorio peruano

2011-05-24T08:43:00.000-05:00

Limamarc en cumplimiento de sus fines, presenta 17 propuestas generales para mejorar la eficacia del sistema conciliatorio peruano.

1. Promover a la conciliación extrajudicial como un medio de solución de conflictos a nivel nacional.

2. Institucionalizar la conciliación a nivel constitucional, como un medio de solución de conflictos.

3. Creación del Ministerio de Solución de Conflictos que englobe a la negociación, mediación, conciliación, arbitraje.

4. Creación del Colegio de Conciliadores del Perú, como una persona jurídica de derecho público.

5. Designación de la máxima autoridad administrativa de la conciliación en el Perú, por elecciones libres entre los conciliadores más destacados y colegiados ante el Colegio de Conciliadores del Perú.

6. Ampliación del uso de la conciliación a todos los ámbitos de la vida humana.

7. Eliminación de la conciliación como un requisito de procedibilidad de la demanda.

8. Establecer la conciliación como un medio de solución de conflictos.

9. Unificar el valor jurídico del acta de conciliación por acuerdo total, como titulo ejecutivo.

10. Aplicación de la conciliación a todo el territorio peruano.

11. Modernización del sistema de formación de conciliadores, para tal efecto se propone lo siguiente:

· Establecer la libre competencia de Centros de Formación de Conciliadores.

· Constitución de Centros de Formación de Conciliadores como sociedades anónimas.

· Eliminación de todo aquello que vaya en contra de la libre competencia entre los Centros de Formación de Conciliadores, debiendo eliminarse lo siguiente:

· La Resolución de autorización del curso de Formación de Conciliadores.

· Manual de capacitación.

· Modelo de examen escrito.

· Modelo de hoja de Registro.

. Capacitadores principales, especializados y en modulo de conceptos legales basicos.

· Opinión de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, para la calificación de cualquier requisito establecido para la autorización de funcionamiento de Centros de Formación de Conciliadores.

12. Establecer procesos de control de calidad para los procedimientos conciliatorios que prestan los Centros de conciliación.

13. Establecer criterios de competitividad para los Centro de Conciliación y Centros de Formación de Conciliadores.

14. Ejecución de las actas de conciliación por acuerdo total, a través los Centros de Conciliación, a fin de darle una mayor celeridad a la ejecución de los acuerdos conciliatorios.

15. Inscribir derechos en los Registros Públicos, en virtud de copias certificadas de actas de conciliación extrajudicial por acuerdo total.

16. Establecer las invitaciones para conciliar vía correo electrónico.

17. Incorporar en la educación primaria cursos de negociación, conciliación y arbitraje.

A FINES DE MAYO VENCE EL PLAZO DE ADECUACIÓN DE CENTROS DE CONCILIACIÓN

2011-05-19T16:39:00.005-05:00

Este lunes 30 de mayo de 2011, vence indefectiblemente el plazo que tienen los Centros de Conciliación para adecuar su Reglamento interno y su infraestructura ( ambientes), de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de la Ley Nº 26872, y sus posteriores modificatorias.

Los Centros de Conciliación que no se adecuen hasta el 30 de mayo del presente año, no podrán ejercer función conciliadora, es decir, los Centros de Conciliación no podrán admitir solicitudes de conciliación, designar conciliadores para un procedimiento conciliatorio, continuar el trámite de un procedimiento conciliatorio, celebrar audiencias de conciliación y expedir actas y copias certificadas de actas de conciliación procedimientos conciliatorios en trámite.

DECRETO SUPREMO Nº 006-2010-JUS

2011-05-19T15:57:00.019-05:00

Modifican el Reglamento de la Ley de Conciliación

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2010-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación se declara de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, la misma que fuera modificada por Decreto Legislativo Nº 1070;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS, se aprobó el Reglamento de la Ley de Conciliación, cuyo objeto es regular el funcionamiento del sistema conciliatorio a nivel nacional establecido en la Ley Nº 26872 y sus disposiciones modificatorias;
Que, resulta necesario realizar algunas modificaciones al Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS, las cuales se encuentran referidas a las condiciones para el ejercicio de la función conciliadora, del funcionamiento de los Centros de Conciliación y para el ejercicio de la función capacitadora;
Que, dichas modificaciones se encuentran orientadas a mejorar la aplicación, institucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118º de la Constitución Política del Perú; el numeral 1 del artículo 6º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
el Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1070;

DECRETA:

Artículo 1º.- ModificaciónModifíquense los artículos 32º, 40º, 41º, 47º, 49º, 53º, 61º, 64º y 68º del Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 32º.- Definición.El conciliador es la persona acreditada por el MINJUS para el ejercicio de la función conciliadora, quien para su desempeño requiere encontrarse adscrito a un Centro de Conciliación autorizado por el MINJUS y tener vigente la habilitación en el RNU del MINJUS.
Para llevar a cabo procedimientos conciliatorios en materias especializadas, el Conciliador deberá contar con el reconocimiento del MINJUS que acredite tal
especialización.

Artículo 40º.- De la Renovación de la Habilitación para el ejercicio de la función conciliadora.
Se entiende por renovación de la habilitación, a la decisión contenida en un acto administrativo expedido por el Ministerio de Justicia a través de la DCMA, por el cual se prorroga la habilitación del Conciliador Extrajudicial para el ejercicio de la función conciliadora.
Los conciliadores que no se sometan al procedimiento de renovación se encontrarán impedidos de ejercer la función conciliadora.
El MINJUS por Resolución Ministerial establecerá, el procedimiento, el cronograma de evaluaciones para la renovación de la habilitación y el diseño del curso de actualización.
La renovación de la habilitación se efectuará cada cinco años contados a partir de la fecha de la Resolución que otorgó la habilitación o la renovación en su caso.
El procedimiento de renovación de la habilitación es gratuito.

Artículo 41º.- Requisitos para la Renovación de la Habilitación.
El Conciliador Extrajudicial solicitará a la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia la renovación de la habilitación, acreditando haber aprobado un curso de actualización para conciliadores extrajudiciales, diseñado por la DCMA, de acuerdo a los temas establecidos en el artículo 76º, el que incluirá el manejo de habilidades conciliatorias, dictado por la DCMA o por universidades públicas o privadas con quienes el MINJUS suscriba convenios para tal efecto.
La resolución respectiva se expedirá en un plazo no mayor a veinte (20) días posteriores a la presentación de la mencionada solicitud.

Artículo 47º.- De los requisitos para su funcionamiento.
Las personas jurídicas de derecho público o privado deberán cumplir para su autorización como Centro de Conciliación, con los siguientes requisitos:
1. Copia autenticada por el fedatario del MINJUS o legalizada por Notario Público de la constancia de inscripción en Registros Públicos o documento en el que conste la creación de la persona jurídica.
2. Copia autenticada por el fedatario del MINJUS o legalizada por Notario Público del Estatuto o del documento de similar naturaleza que contenga los fines u objetivos de la persona jurídica, debiendo estar señalado entre otros, el ejercicio de la función conciliadora.
3. Copia autenticada por el fedatario del MINJUS o legalizada por Notario Público del Acta de asamblea de asociados o del documento de similar naturaleza, en el que consten los siguientes acuerdos:
a) Constitución del Centro de Conciliación, en la que deberá adoptarse la denominación, y de ser el caso la abreviatura;
b) Funciones del Centro de Conciliación, la designación de cargos directivos, forma de elección y período de ejercicio en el cargo;
c) Nombre del representante legal o el más alto cargo directivo de la persona jurídica;
d) Aprobación del Reglamento del Centro de Conciliación, de acuerdo al formato tipo aprobado por el MINJUS
4. Horario de atención debidamente suscrito por el representante legal de la persona jurídica.
5. La relación de dos (2) Conciliadores Extrajudiciales y de un (1) abogado verificador de la legalidad de los acuerdos, como mínimo.
6. Copia simple del título profesional y del carné de colegiatura del abogado verificador de la legalidad de los acuerdos.
7. Certificado de Habilitación del Abogado expedido por el Colegio de Abogados al cual se encuentre inscrito.
8. Registro de firmas y sellos que utilizarán en el ejercicio de sus funciones, los integrantes del Centro de Conciliación, así como del sello de expedición de copias certificadas de actas de conciliación.
9. Copias simples de los documentos de identidad de los integrantes del Centro de Conciliación.
10. Croquis de ubicación y de distribución de las instalaciones del Centro de Conciliación, debiendo tener como mínimo la siguiente distribución:
- Un (1) ambiente para la sala de espera y recepción.
- Una (1) ofi cina administrativa.
- Un (1) servicio higiénico.
- Una (1) sala de audiencias cuyas dimensiones serán de tres (3) metros de ancho y tres (3) metros de largo, aproximadamente.
11. Declaración Jurada de carecer de antecedentes penales suscrita por los integrantes del Centro de Conciliación.
12. Comprobante de pago por el derecho de trámite.
El que participe en la constitución de un Centro de Conciliación o realice una modificación de la denominación registrada que importe un cambio de denominación, podrá solicitar a la DCMA, la búsqueda y posterior reserva de denominación por un plazo de treinta (30) días hábiles.
El MINJUS no autorizará el funcionamiento de Centros de Conciliación que manifiesten en su denominación similitud o igualdad con otro nombre, denominación, completa o abreviada, respecto de uno autorizado y/o ingresado con anterioridad o que hubiera iniciado primero el procedimiento de autorización de funcionamiento.
Se entenderá además, por denominación similar aquella que contenga más de una palabra igual o que guarde similitud gráfica o fonética con denominaciones autorizadas y/o ingresadas con anterioridad o que hubieran iniciado primero el procedimiento de autorización de funcionamiento.
No se autorizarán denominaciones o logos que reproduzcan o imiten denominaciones de cualquier estado o cualquier organización nacional o internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización nacional o internacional de que se trate.
La denominación a adoptarse no deberá inducir a confusión respecto de los servicios que brinde, o que en su empleo puedan inducir a error respecto del origen, cualidades o características de los servicios que ofrecen.
Para el cambio de denominación de un Centro de Conciliación autorizado deberá observarse lo mencionado en los párrafos precedentes.
Si el Conciliador es abogado colegiado, podrá ejercer doble función en la audiencia de conciliación: la de Conciliador y Abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. Para ello, el Centro de Conciliación deberá comunicar la adscripción en doble función del Conciliador al MINJUS, según los trámites establecidos para tal efecto.

Artículo 49º.- De las instalaciones del Centro de Conciliación.
Las instalaciones que se propongan para el funcionamiento de un Centro de Conciliación serán de uso exclusivo del servicio de conciliación extrajudicial, debiendo contar como mínimo con los ambientes descritos en el numeral 10 del artículo 47º del Reglamento de la Ley.
El local deberá contar con instalaciones de energía eléctrica, agua y desagüe, cuyo servicio debe ser permanente; salvo el caso de localidades donde no se cuente con dichos servicios, debiendo garantizarse – en tales casos - las condiciones mínimas de salubridad.
El MINJUS no autorizará el funcionamiento de Centro de Conciliación en locales que no garanticen el principio de confidencialidad de la información derivada del desarrollo del procedimiento conciliatorio, ni la idoneidad, seguridad y calidad del servicio y adecuada atención al público, relativas a ubicación, infraestructura, ambientes, instalaciones y servicios.
No se autorizará el funcionamiento de dos o más Centro de Conciliación en la misma dirección donde efectivamente funciona un Centro de Conciliación autorizado.

Artículo 53º.- Del procedimiento para la autorización de centro de conciliación.
Recibida la solicitud, el MINJUS verificará en el plazo de siete (7) días, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 47º y 49º del presente Reglamento.
De advertirse el incumplimiento de alguno de los requisitos, se oficiará al solicitante para que complete la información o presente los documentos que le sean indicados. Si dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, el notificado no cumple con los requisitos para su autorización, se declarará el abandono de la solicitud presentada.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 del artículo 47º del Reglamento, el MINJUS ordenará, dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuada la verificación, que se lleve a cabo una inspección en la sede del Centro de Conciliación a autorizarse, a fi n de constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 47º numeral 10 y 49º del presente Reglamento.
La inspección deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del oficio remitido al solicitante, indicando la realización de la inspección. El oficio deberá contener el día y hora de dicha inspección.
Efectuada la inspección y constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y el presente Reglamento, el MINJUS expedirá la Resolución Directoral concediendo la autorización de funcionamiento en un plazo no mayor de siete (7) días contados desde la fecha de la inspección, la que será publicada en la página web institucional del MINJUS.
La expedición de la Resolución de autorización del Centro de Conciliación, implica su inscripción en el Registro Nacional Único de Centro de Conciliación.

Artículo 61º.- Del Capacitador en materia especializada
Es el Capacitador Principal que cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 64 del Reglamento es autorizado por la DCMA para dictar los cursos de conciliación especializada.
La calificación de capacitador en materia especializada no genera una nueva inscripción en el RNU de capacitadores, correspondiendo sólo la inscripción de su condición de capacitador especializado en el citado Registro.

Artículo 64º.- Requisitos para la inscripción en el Registro de Capacitadores y para el Capacitador en materia especializada.
Para ser inscrito en el Registro de Capacitadores, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser conciliador extrajudicial;
2. Grado académico;
3. Acreditar experiencia en educación de adultos no menor de un (1) año, con una antigüedad no mayor a los tres (3) años anteriores inmediatos a la fecha de la solicitud, adquirida alternativamente:
a) En una universidad cuyo funcionamiento se encuentre autorizado o reconocido según la Ley de la materia, o en una universidad del extranjero;
b) En otros Centro de educación superior autorizados o reconocidos según la ley de la materia;
c) En eventos académicos donde se haya impartido capacitación dirigida a adultos, desarrollados por instituciones públicas o privadas, incluyéndose a las Asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), la Iglesia Católica o instituciones similares.
4. Contar con constancia expedida por un Centro de Conciliación Extrajudicial autorizado o por los Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuitos del MINJUS que acredite la práctica conciliatoria efectiva en conciliación extrajudicial o en materia especializada en un número no menor de doce (12) audiencias en el último año;
5. Acreditar haber recibido cursos de especialización en temas de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cultura de paz y afines cursados en una Universidad, Instituto de Educación Superior, Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Entidades Públicas o en la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial con una duración mínima de treinta (30) horas no acumulativas. No se considera capacitación a los cursos seguidos para ser conciliador en materia especializada, así como los talleres, seminarios, conferencias, charlas o similares, cualquiera que sea su duración;
6. Aprobar la evaluación de desempeño teórico, práctico y metodológico a cargo de la DCMA a través de la ENCE;
7. Comprobante de pago por el derecho de trámite. En caso, que el aspirante no cuente con la experiencia y estudios establecidos en los numerales 3 y 5 del presente artículo, deberá acreditar haber aprobado el Curso de Metodología para Formar Capacitadores en Conciliación Extrajudicial a cargo del Ministerio de Justicia, con lo que se convalidarán las exigencias previstas en los citados numerales.
Del Capacitador en materia especializada y sus requisitos:
El Capacitador en materia especializada, es el Capacitador Principal que es autorizado por la DCMA para dictar los cursos de conciliación especializada, para lo cual requiere cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser conciliador especializado acreditado por el MINJUS en la materia respectiva;
2. Grado académico;
3. Contar con constancia expedida por un Centro de Conciliación Extrajudicial autorizado o por los Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuitos del MINJUS que acredite la práctica conciliatoria efectiva en conciliación en la materia especializada respectiva en un número no menor de doce (12) audiencias;
4. Acreditar haber recibido cursos de especialización en temas vinculados con la materia especializada respectiva, cursados en Universidades, Institutos de Educación Superior, Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Entidades Públicas, o en la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial con una duración mínima de treinta (30) horas no acumulativas.
No se considera cursos de especialización a aquellos seguidos para ser conciliador en materia especializada, así como los talleres, seminarios, charlas, conferencias, convenciones o similares, cualquiera que sea su duración.
Recibida la solicitud, el MINJUS verificará en el plazo de siete (7) días, el cumplimiento de los requisitos. De advertirse su incumplimiento, se oficiará al solicitante para que complete la información o presente los documentos que le sean indicados. Si dentro de los treinta (30) días siguientes, el notificado no cumple con los requisitos para su autorización, se declarará el abandono de la solicitud presentada.
Cumplidos los requisitos el MINJUS, expedirá la autorización respectiva.

Artículo 68º.- De los requisitos para la renovación de la inscripción en el Registro de Capacitadores.
Los requisitos para la renovación de la inscripción en el RNU de Capacitadores son los siguientes:
1. Práctica conciliatoria en un número no menor de doce (12) audiencias de conciliación efectiva, la cual se acreditará con la presentación de la constancia expedida por un Centro de Conciliación autorizado o Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS, con una antigüedad no mayor a los tres (3) años anteriores inmediatos a la fecha de la solicitud.
2. Capacitación Continua, obtenida a través de la asistencia a eventos de capacitación, debiendo acreditar como mínimo la asistencia a tres de ellos en el período de tres años; tales como cursos, talleres y seminarios, en temas
de Mecanismos Alternativos de solución de conflictos, cultura de paz y afines, con una duración mínima de ocho (8) horas lectivas, dictados por una Universidad, Centro de Educación Superior, Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Entidades Públicas o por el Ministerio de Justicia.
No se considera “capacitación continua” a aquella obtenida en charlas, congresos, conferencias u otros eventos de carácter meramente informativo, cualquiera que sea su duración o denominación.
3. Comprobante de pago por el derecho de trámite. El MINJUS, verificará en el plazo de tres (3) días, el cumplimiento de los requisitos, de advertirse su incumplimiento, se oficiará al solicitante para que complete la información o presente los documentos que le sean indicados. Si dentro de los treinta (30) días siguientes, el notificado no cumple con la subsanación solicitada, se declarará el abandono de la solicitud presentada.
Verificado su cumplimiento, el MINJUS autorizará la renovación de la inscripción del capacitador principal.”

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Justicia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Los Centro de Conciliación autorizados deberán adecuar su Reglamento Interno y su infraestructura de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación, según las modificaciones
dispuestas por la presente norma, en un plazo que no excederá al 30 de mayo de 2011. Se encontrarán en este período exonerados del pago por los derechos de trámite establecidos en el TUPA del MINJUS, en cuanto a la adecuación se refiera el trámite solicitado.
No podrán ejercer función conciliadora los Centros de Conciliación Extrajudicial, que vencido el plazo señalado no hayan procedido a realizar las adecuaciones en referencia, hasta que cumplan con hacerlo; sin perjuicio de mantener la custodia, conservación, archivo del acervo documentario y, atención al público usuario para la expedición de copias certificadas.

Segunda.- Los Centros de Conciliación que adecuaron su infraestructura y/o reglamento de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Conciliación aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS y aquellos que fueron autorizados con las exigencias previstas en la citada norma, no se encuentran obligados a efectuar la adecuación a que se refiere la primera disposición complementaria y transitoria.

Tercera.- Los Centros de Conciliación Extrajudicial autorizados por el Ministerio de Justicia en los distritos conciliatorios en los cuales la conciliación no es obligatoria, adecuarán su infraestructura a las exigencias previstas en el numeral 10 del artículo 47º del Reglamento de la Ley de Conciliación, en el plazo de un año contado a partir del momento en que se disponga la obligatoriedad de la Conciliación Extrajudicial en tales distritos.

Cuarta.- Precísese que en función a lo establecido por la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS, la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao constituyen un solo Distrito Conciliatorio denominado Distrito Conciliatorio de Lima. En el resto del país se considerará a cada provincia de cada departamento como un Distrito Conciliatorio distinto.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diez.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
VÍCTOR GARCÍA TOMA
Ministro de Justicia

PROPUESTAS GENERALES PARA MEJORAR EL SISTEMA CONCILIATORIO PERUANO

2011-05-17T19:26:00.052-05:00