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Cuestionario de Juicio Moral | Please RT!

2013-05-17T12:51:00.003-03:00

Recurrimos a la participación voluntaria de los lectores del blog para sumarse a un rápido proyecto de relevamiento sobre decisiones morales.

Se trata de un Cuestionario de Juicio Moral para el que me interesa contar con distintos subgrupos de respuestas. Es anónimo y le serán presentados TRES casos (no son de mi propia invención, sino variaciones de experimentos conocidos) en los que deberá optar entre dos alternativas.

Sus respuestas deben ser personales y no serán juzgadas ni corregidas. La idea es que en un post más adelante contemos algo de lo que vimos en las tendencias de los que lo hicieron.

Para completar el cuestionario pueden clickear en este link.

Estará abierto por una semana y contestarlo lleva aproximadamente 10 minutos.

Si les interesa difundirlo para ampliar la base encuestada, el link es el siguiente: http://bit.ly/112xPmT

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Mañana, ENED Embalse, lejos de los deportes de riesgo

2013-05-17T12:08:00.000-03:00

Entre el 21 y el 25 de mayo de 1992 corrí la Vuelta Juvenil de Córdoba para el legendario equipo pampeano Mitre / Tiempo Libre. Había entrenado como sparring (era algo chico, 16 años, el tope de edad era 19) y no estaba pensado que fuera a una Vuelta que superaba mis posibilidades de rodaje, pero una deserción de último momento del grupo de juveniles más viejos me puso en un pelotón que excedía mis competencias.

Yo no era malo (ese año había tenido un razonable 20º en la temible Vuelta Juvenil de Mendoza) pero los tipos jugaban en otra liga. Hubo una contrarreloj de 5 kilómetros, mitad del recorrido con viento en contra, y los ganadores le metían poquito más de seis minutos. Y se jugaban la vida: te ponían la rueda a milímetros, agarraban los descensos y las curvas de los callejeros a tumba abierta. Tomaban los riesgos calculados y los incalculables. Había rocío, niebla y humedad, para darle morbo al asunto. Hubo cuatro o cinco caídas grandes en cada etapa y al final de etapa en el complejo hotelero de Embalse Río Tercero (el epicentro de la vuelta) veías politraumatizados a la mitad de los tipos que a la mañana habías saludado enteros.

Hacía mil grados bajo cero, los inviernos eran inviernos y nosotros de calza. Con maña, precaución y suerte, aprovechando la ventaja física de tener un centro de gravedad muy bajo, jugando un poco a la fábula de la liebre y la tortuga (salvo una vez que llegamos en el pelotón de punta, eran diez o veinte minutos abajo por etapa) esquivamos los guadañazos y las apiladas, y yo era al final el único que quedaba en carrera del equipo, cuando todos mis compañeros se habían retirado malheridos, así que había toda una estructura que quedaba más o menos al servicio mío. Abandoné en la última etapa porque iba a llegar fuera de control, pero con todos mis miembros y órganos intactos, incluyendo el órgano llamado "piel".

Cuantas historias se han perdido, pienso. No hay forma de encontrar en internet quién ganó la Vuelta Juvenil de Córdoba de 1992, y yo mismo no me acuerdo.

La foto es del ENED de Embalse 2012, by Lucas Arrimada

Y entonces, veinte años después de retirarnos del ciclismo, volvemos a Embalse para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho -evento masivo, el Pepsi Rock del gremio- que hoy empieza allí y que organiza La Revuelta, otra vez metidos en un evento que ciertamente incluye a jugadores de otra liga (Roberto Gargarella, Alberto Binder, probablemente nos dicen Gabriel Perez Barberá) para hablar mañana a las diez de la mañana sobre las reformas propuestas para la "Democratización de la Justicia". No gacetilleamos mucho ni ex ante ni ex post las cosas que hacemos, pero vaya esta anomalía. Así que a los que estén ahí, les recomendamos ir a la mesa para ver a los otros y los saludamos en el atrio.

Abril: repaso de lo actuado

2013-05-02T10:24:00.002-03:00

Hemos descubierto el Storify, donde publicamos con nuestro twitter (@Gustarballo) sendas piezas de contexto/chequeo sobre relaciones Justicia - Gobierno 2005-2013 y sobre inconstitucionalidad(es) de las leyes de reforma judicial.

Y aprovechamos nuestro experimento con el sistemita para hacer con eso el clásico "repaso" mensual de links y textos recomendados, que embebemos aquí, luego de la fuente de rigor.

Fuente: Que fontita

Antología: leído y recomendado de abril

Storify by Gustavo Arballo

Thu, May 02 2013 03:48:28

Antología: leído y recomendado de abril

Casi todos son links que remiten afuera del twitter: lecturas over 140 que los harán más felices y sabios, salvo por la (no mucha) parte que nos toca. Dividido en tres secciones: 1) LA ANCHA VIDA; 2) EL ESTRECHO DERECHO (con subsecciones allí sobre Ley de Medios y Reforma Judicial), y 3) LA FRASE.

LA ANCHA VIDA
Hernán Iglesias Illa @HernaniiNY

Los falsos profetas del diluvio de bytes -- Columna en LN. lanacion.com.ar/1574472-los-fa…

Sat, Apr 20 2013 07:01:54
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Eze Gleichgerrcht @e_gleich

La ilusión de superioridad de nuestro cerebro, ordenadito tipo TOC en un Storify storify.com/e_gleich/los-s…

Mon, Apr 01 2013 07:51:49
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Gustavo Arballo @GustArballo

"Con poca luz se ve en blanco y negro" feedly.com/k/11fgJy2 Veran una frase que funciona en muchos niveles.

Mon, Apr 22 2013 14:01:50
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Tomás Balmaceda @capitanintriga

Viejito pero sigue siendo muy lindo: la intro de Los Simpson hecha con personas reales bit.ly/9ZSqRe

Tue, Apr 23 2013 11:00:00
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Gustavo Arballo @GustArballo

Muchos creen que males burocráticos son idiosincráticamente "argentos". Refutación: rudimentos de Ley de Parkinson > bit.ly/10CiMBf

Thu, Apr 25 2013 05:44:57
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felix salmon @felixsalmon

You Can Never Have Too Much Money, New Research Shows brookin.gs/oGx7

Mon, Apr 29 2013 19:08:35
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El Oso✌@SantiagoRoza

Este tipo analiza el fenomeno de la sobreabundancia de opciones en la vida moderna y por que nos angustia y todo eso: ted.com/talks/barry_sc…

Sun, Apr 14 2013 08:57:13
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Rosa Montero @BrunaHusky

Mi artículo de hoy en El País Semanal: lo que poseemos nos posee elpais.com/elpais/2013/04…

Sun, Apr 28 2013 06:35:27
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EL ESTRECHO DERECHO
Gustavo Arballo @GustArballo

"Economistas y abogados" > lanacion.com.ar/1574586 < nota de Sebastian Campanario sobre algunos de los que hacen A.E.D. desde acá y en serio.

Mon, Apr 29 2013 06:01:53
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Gustavo Arballo @GustArballo

Gustavo Arballo | Problemas comunes en el uso de jurisprudencia youtu.be/g68zcq3Px8c adelanto de mi curso de manejo de jurisprudencia

Sun, Apr 07 2013 06:52:02
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Infojus @Infojus_Ar

Protocolo de actuación ante hechos de violencia intrafamiliar. bit.ly/XLlOiD

Fri, Apr 19 2013 10:46:59
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Gustavo Arballo @GustArballo

Acá el video completo con la gran performance del Juez Dias explicando los fundamentos del caso de Mariano Ferreyra > youtu.be/WZRspNXkkPk

Mon, Apr 22 2013 05:14:21
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Gustavo Arballo @GustArballo

El problema de los jueces que tienen que liberar presos feedly.com/k/17dsdpF Gran nota de @HoracioCecchi en Página 12 de ayer.

Mon, Apr 22 2013 04:43:56
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Gustavo Arballo @GustArballo

Don @albovino sobre prueba preconstituida por particulares en el proceso penal (a favor) feedly.com/k/10QXCsx

Tue, Apr 09 2013 12:37:00
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Gustavo Arballo @GustArballo

"Graham and the Problem of Predicting Lifecourse Offenders". Buen post criminológico y un gráfico interesantísimo > feedly.com/k/11RyipK

Mon, Apr 29 2013 15:34:09
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Gustavo Arballo @GustArballo

"La fórmula de Blackstone" (100 culpables libres > 1 inocente preso). Discusión sobre sus aplicaciones "civiles" > feedly.com/k/ZPM1xk

Sun, Apr 28 2013 07:21:55
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Gustavo Arballo @GustArballo

"Salida", "fuga" y lavado de dinero feedly.com/k/11fhs2j Breve post de @Elyblog con imprescindible clarificación terminológica.

Mon, Apr 22 2013 14:07:23
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Gustavo Arballo @GustArballo

"Confesiones de un autor pirateado". En primera persona por Daniel Cassany, sin dogmas, sobre prop intelectual > feedly.com/k/111i5MQ

Sun, Apr 28 2013 07:11:03
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Gustavo Arballo @GustArballo

Una vuelta Cromwell computó un plazo usando el calendario lunar. Argumentó: "la ley no especifica ni me obliga a usar el calendario solar".

Tue, Apr 30 2013 07:44:20
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Gustavo Arballo @GustArballo

El truco de Cromwell es una linda muestra de ese uso libertino y arbitrario del textualismo interpretativo.

Tue, Apr 30 2013 07:46:34
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Subsección A: "Fallo de Camara sobre Ley de Medios"
Gustavo Arballo @GustArballo

"Ley de Medios, otra vez y van.." Pastilla de Gargarella sobre el fallo de la semana pasada > feedly.com/k/11f9QNf

Mon, Apr 22 2013 13:15:33
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Gustavo Arballo @GustArballo

Publicado ayer en el blog, mi análisis del fallo de Cámara sobre Ley de Medios > dlvr.it/3FjF2w

Fri, Apr 19 2013 06:41:15
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Gustavo Arballo @GustArballo

Un fallo a medida ~ Damián Loreti sobre la Cámara y la ley de Medios > Infobae.com opinion.infobae.com/damian-loreti/…

Fri, Apr 26 2013 05:30:24
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Gustavo Arballo @GustArballo

Loreti: "Dejar afuera a la la televisión por cable es un error grosero". Notas tecnicas sobre el fallo de la Cámara > seniales.blogspot.com/2013/04/damian…

Mon, Apr 29 2013 15:38:01
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Subsección B: Reforma Judicial (o "democratización de la justicia")
Gustavo Arballo @GustArballo

"Compilación" ordenada de mis tuits sobre "inconstitucionalidad(es) de las leyes de reforma judicial" > sfy.co/dHwZ #storify

Tue, Apr 30 2013 07:20:07
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Gustavo Arballo @GustArballo

Don @LucasArrimada escribe aquí el post definitivo sobre el tema reformas judiciales > antelaley.com/2013/04/mucho-…

Tue, Apr 16 2013 09:34:48
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Federico Poore @fedebillie

Charlas de quincho: Zuleta revela cómo fue la reunión entre CFK y Lorenzetti que derivó en los cambios al proyecto bit.ly/ZY1us7

Mon, Apr 29 2013 12:28:51
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Gustavo Arballo @GustArballo

"Exceso de discreción", nota de Wainfeld con textuales de los mails de camaristas "firmantes" de la carta a la CSN > feedly.com/k/ZPGCGo

Sun, Apr 28 2013 06:22:23
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Maria Bourdin @BourdinMaria

Carta de la Corte Suprema de Justicia a la Cámara de Diputados de la Nación cij.gov.ar/scp/index.php?… vía @cijudicial

Tue, Apr 23 2013 09:40:25
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Se refiere a la Carta de la Junta de Cámaras, con observaciones a la ley -luego atendidas en Diputados-, reenviada por la Corte, aquí > http://www.cij.gov.ar/nota-11223-.html
Gustavo Arballo @GustArballo

El CIJ publica, carta por carta, el respaldo a la Corte de Cámaras y de organizaciones del Poder Judicial > cij.gov.ar/nota-11301-.ht…

Thu, May 02 2013 03:35:29
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Maria O' Donnell @odonnellmaria

Me gustó texto de Ezequiel Nino: "El republicanismo es progresista" lanacion.com.ar/1572726-el-rep…

Mon, Apr 15 2013 03:43:06
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Marcelo Leiras @LeirasMarce

El proyecto de reforma del Consejo es bastante malo. Para mí, eh, para mí: tinyurl.com/at6sbbg

Wed, Apr 24 2013 07:44:10
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Gustavo Arballo @GustArballo

"Democratización del Poder Judicial: algunas precisiones". Notas técnicas de José Raúl Heredia > opinion.infobae.com/jose-raul-here…

Thu, Apr 25 2013 07:45:49
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Gustavo Arballo @GustArballo

"Sin cautela". Lahitou sobre el aikido, el proyecto y las prerrogativas estatales preexistentes > feedly.com/k/13ecb0f

Tue, Apr 16 2013 19:55:20
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Y a todo esto ...
Gustavo Arballo @GustArballo

La justicia frente al gobierno en Argentina 2005-2013 sfy.co/jHqB #storify 15 temas clave y qué pasó con eso en formato tuit

Sat, Apr 13 2013 07:40:37
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Lucas Arrimada @lucasarrimada

De enemigos a aliados, ida y vuelta: Un repaso inicial de la relación entre Corte Suprema y Ejecutivo en estos 10años antelaley.com/2012/02/lo-que…

Wed, Apr 10 2013 09:24:51
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Gustavo Arballo @GustArballo

Defensoría del Pueblo, institucion con gran potencial igualitario, está dde 2009 interinizada, invisibilizada, y sin planes de regularizar.

Thu, Apr 11 2013 16:45:35
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LA FRASE
Ante la Ley @antelaleyblog

"Si deseamos que se respete la Ley, tenemos que hacer la Ley respetable." Louis D. Brandeis antelaley.com

Sun, Apr 28 2013 19:50:12
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Corto, a propósito de lo "democratización de la justicia".

2013-04-22T20:13:00.004-03:00

A mi juicio hay una equilibrada e informativa síntesis de los proyectos en reformajusticia.org. Me parece mal, psicopateante, que se quiera englobar a todos los que plantean dudas y reparos en la misma bolsa. Me parece mal el discurso apocalíptico y los que rehúyen el debate. No me parece mal que quieran influir sobre diputados expresando razones. No me parece bien el discurso delirador que finge aceptar las críticas pateando la pelota a la tribuna diciendo: esto es un comienzo, lo importante es el debate, luego vendrán otras reformas. No señores: hay que hacerlo bien desde el principio.

Fuente: Grunge Overlords

Mis sensaciones, hoy, sobre el tema.

1. Reforma al Consejo. A favor: la composición es equilibrada, es bueno que se acerque en sus potestades al diseño constitucional como órgano de gobierno del poder judicial, no me parece mal que los académicos sean electos en elecciones. En cuanto a esto último, me resulta indiferente que sean vía partidos o no. Me parece mal, pero no es inconstitucional: que lo hagan en simultáneo con las elecciones presidenciales con el previsible "arrastre"; el relajamiento de las mayorías que no es una catástrofe pero podría haberse fijado un número que obligue a forjar consensos transversales; que la voluntad electoral se refleje allí de un modo distorsionado (doble representación para mayorías, una sola minoría, proporcionalidad ausente). Concepto: una justicia "mayoritarizada" no es necesariamente una justicia "democratizada"; el proyecto va más para lo primero que para lo segundo. Talón de Aquiles: es casi seguro que prosperarán los amparos que plantean que el proyecto anula la "representación" que la Constitución garantiza a jueces y abogados, de modo que lo más probable es que la elección popular no se haga en este turno electoral. Lo que sería una pena porque había formas de hacerlo mejor y porque generará una transición ruidosa y una operatoria accidentada de las partes de la ley que no estén afectadas por las cautelares.

2. Cautelares. El proyecto es en abstracto justificable (aun asumiendo que es solo un parche a la espera de legislación procesal más completa, p.ej. Código Contencioso y nueva Ley de Amparo) y en concreto tan indefendible como inocuo. El saldo es un instrumento técnicamente pobre, muy expuesto a declaraciones de inconstitucionalidad, que en lo sustancial es ineficaz tanto para atender los fines superiores como inferiores para los que fue concebido. No imaginamos mucha variación en el paisaje cautelar.

3. Proyecto "Cámaras de Casación". No es inconstitucional lo cual no significa que sea bueno. A corto plazo no parece una buena idea si queremos que las cosas salgan más rápido, y seguramente habrá dudas interpretativas sobre el alcance de los "nuevos" recursos que tardarán algunos añitos en despejarse. A medio plazo dependerá de dinámicas que podrían ajustarse para el lado de la celeridad o para el lado de la procastinación. Es un intruso en la lista porque, seamos buenos entre nosotros, nada de este proyecto particular implica democratización.

4. Declaraciones Juradas. Buena idea. Pero tiene un efecto práctico regresivo: implica un empobrecimiento de la información pública de legisladores y funcionarios del ejecutivo, que de presentar mucha información ahora sólo pasan a presentar un formulario cartular.

5. Publicidad de los actos. Buena idea, incompleta si nos ponemos exigentes: deja pasar la oportunidad para fijar un sistema uniforme y completo de estadísticas judiciales, tarea pendientísima.

6. Ingreso por concursos. Buena idea. Da pie para que un aspirante a ingresar a trabajar el Ejecutivo presente un amparo pidiendo la extensión del régimen para cargos de planta administrativa.

Ley de medios: fallo de fondo, segundo round

2013-04-18T18:27:00.002-03:00

Antes que nada, sobre el tema de la semana, re: democratización de la justicia, adherimos a este post de Lucas Arrimada. Veremos luego si le podemos hacer una nueva mirada a los proyectos y cómo van saliendo.

Dicho esto: vamos al episodio 1 de la quinta temporada (este mismo juicio nació en 2009 antes de que la ley se sancionara, con un amparo que buscaba impedir su tratamiento en el Congreso y que Carbone originariamente rechazó) de la serie Litigio Clarin vs. Ley de Medios.

Fuente: Press Style

Que es secuela necesaria del fallo de primera instancia (desestimatorio de la inconstitucionalidad) que había dictado Alfonso y que comentamos acá. Como nota inicial, este fallo de 2013 no “dialoga” ni se hace cargo de cosas que había dicho aquella sentencia (la primera "de fondo", después de tanto cautelar). Lo cual, verdad sea dicha es malamente común en sentencias de Cámara en general (no es algo que circunscriba a esta Cámara). Y es un error que no se dispensa con el truco de describir y glosar lo que el sentenciante anterior dijo.

Dicho esto, y obviando cuestiones procesales áridas y laterales ("legitimación", etc.) trataré de describir la lógica del fallo, simplificarlo y hacerlo lo más amigable posible para no especialistas, y no puntualizar sobre chicanas, filigranas, fisking de citas textuales (pueden leer el fallo entero aquí en pdf) o acotaciones no dirimentes para la lógica de la sentencia sino leerla (y eventualmente controvertirla) en su mejor luz y a través de sus líneas maestras.

Sí: "intransferibilidad" de las licencias

Tema inicial importante: acepta que el carácter intransferible de las licencias no afecta la libertad de comercio. Ello en la medida en que no la anula sino que la limita, porque los licenciatarios pueden transferir parte de su capital social, previa autorización de la autoridad de aplicación. Esto tiene sentido porque los licenciatarios no son "fungibles" o "genéricos" (el eventual licenciatario Spielberg elegido por el Estado no es equivalente al eventual licenciatario Winograd al que aquel quiera venderle los canales) sino que su concesión fue resuelta en función de concursos y criterios de idoneidad técnica cuyo mantenimiento debe observarse. Queda a salvo la posibilidad de que transferencias no autorizadas por la Adminsitración sean luego litigadas y controladas por la Justicia. Correcto encuadre y correcta desestimación de la inconstitucionalidad planteada.

La constitucionalidad de las restricciones en licencias "con espectro" ...

La primera línea motriz del fallo es que cuando las licencias inciden sobre "espectro" las limitaciones son justificables. Esto es así porque la amplitud de las ondas "de aire" para transmitir no es infinita (el dial tiene su tope izquierdo y su tope derecho) lo que implica que sólo es compatible con un número máximo de canales (pocos) y de radios (más, pero también un número limitado). En este marco el espectro es un bien público escaso que la ley debe organizar.

Mirando bajo ese cristal, el fallo convalida las normas de la ley que se refieren al uso del espectro, las que -dice- guardan proporción respecto de los fines perseguidos por el legislador. Repasamos: esas reglas implican que no se pueden tener más de diez licencias de canales de aire en el país, y que se pueden tener *en el orden local* sólo una licencia de AM y una (o dos, en cierto caso) de FM.

Aún cuando esto pueda afectar a un licenciatario (lo cierto es que casi no toca al Grupo Clarín) nadie tiene derecho al mantenimiento de una legislación determinada, razona el fallo, porque “no es lícito paralizar el ejercicio del poder normativo del Estado con fundamento en el marco jurídico preexistente”. En breve, verán cómo este principio desaparece del mapa. Pero antes hay que decir que esa convalidación viene dada con premio o compensación: implica la posibilidad de que el afectado reclame por "daños causados por la actividad lícita del Estado por razones de interés general", un viejo principio del derecho administrativo (que el Estado pretendía inaplicable en su planteo).

... y la inconstitucionalidad de las restricciones de licencias que no lo usan.

Vamos a las limitaciones en licencias que no consumen espectro.

Las que trae la LSCA ("Ley de Medios") son de diferente naturaleza e implican límites a la acumulación de licencias o a la penetración en el mercado: hay algunas proporcionales o simplemente numéricas (el tope de 24 licencias propias para "dar" cable, lo de no exceder el 35 % de abonados) y otras que buscan segmentar a los licenciatarios (así se exige que los "cableros" prestadores no sean además oferentes de múltiples señales de cable propias, limitándolas a una sola, y se prohíbe que los que operan canales de TV abierta tengan también otras licencias de cable) para generar una pluralidad de oferentes especializados en un actividad específica.

El criterio del fallo es que aquí, donde no juegan estrictas razones de limitación de espectro, las reglamentaciones son innecesarias, no proporcionadas e inidóneas para los objetivos de lograr mayor pluralidad de voces para el debate democrático, y por ello, son invalidadas estas otras restricciones (por su impacto, más sensibles para el modelo de negocios convergente e integrado que ha estructurado Grupo Clarín).

Problemas de consistencia

El criterio del "espectro" es atendible. Y cuánto más pertinente que tantos cachivaches argumentales que hemos oído al respecto de 2008 hasta ahora. Pero nótese ante todo que en este punto el criterio hace un non sequitur: del hecho de que las licencias que van sobre espectro requieran estándares regulatorios mayores, no se sigue que las regulaciones sólo se justifiquen para bienes públicos escasos.

En segundo lugar, existe parcialidad en el análisis de proporcionalidad: las leyes que tienen muchos fines distintos y muchos instrumentos distintos no pueden valorarse en base a una correlación selectiva entre unos y otros a gusto del intérprete o impugnante, sino que deben ponderarse en una mirada integral que el fallo no asume seriamente.

Ya a un nivel más específico, la pregunta de por qué son 24 y no 39, o por qué es 35 % y no 36 % nos mete en una pendiente resbaladiza, y endosa una prueba diabólica para el Estado, porque nunca vamos a poder decir que hay un número que es "el" número correcto para las restricciones. Sí que puede haber números razonables o irrazonables.

En este punto es muy clara la implicancia de optar por asumir que ocurre lo último: leído contrario sensu, el fallo asume que el negocio del cable es inviable económicamente si se tiene menos de 24 licencias, o si se tiene menos del 35 % del mercado, afirmación que no resiste un cotejo serio con la realidad. Más aún: la magnitud de las ventajas de escala que el incumbente Clarín preserva con este criterio sí puede tornar inviable el negocio para los actores más pequeños que no disponen de ellas en la medida en que quedan en una desventaja que la fragmentación quiso evitar.

Una distinción ausente: generadores y distribuidores

Aún dentro de su lógica, jugando bajo de las coordenadas con las que este fallo ha decidido encuadrar el tema, yo haré una distinción evidente -nada sofisticada- que no se ha considerado, y cuya omisión incide para explicar por qué la Cámara en parte tiene razón y en parte se equivoca (favoreciendo a Clarín).

Es diferente la naturaleza de las restricciones aplicables a la "generación" de contenidos (en las que, ante la duda, debe estarse por la libertad, y la pluralidad de voces, siempre considerando el caso especial de las limitaciones de espectro que en cable no aplican) a las que incidan en la mera "distribución" (que, además, tienen más propensión a ser susceptibles de prácticas anticompetitivas de sectores dominantes: es fácil cambiar del canal 716 al 717, pero es más complejo desuscribirse de un cable y suscribirse a otro).

Creo que las segundas, de naturaleza meramente logística, patrimonial, no expresiva, deben estar al servicio de las primeras, y por eso es admisible que el Estado controle a cableros incumbentes que potencian señales propias y que retacean o boicotean las ajenas, práctica habitual del Grupo Clarín.

Por el mismo criterio, y asumiendo ex hypothesi que la solución legislativa de que exista una separación nítida entre generadores y distribuidores fuera (como la Cámara dice que es) irrazonable y excesiva, las consideraciones relativas a la limitación o no de "espectro" son pertinentes para justificar la inconstitucionalidad de restricciones a la emisión de señales, y perfectamente irrelevantes para defender acumulaciones.

El argumento de la afección económica al actor -como un particular cualquiera- no tiene lugar constitucional: nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de sinergias o subsidios cruzados entre sus diferentes unidades de negocios, al menos no en la medida en que una valoración legislativa decidió optar por un sistema objetivamente restrictivo.

Conforme a este criterio (inconstitucionalidad de la limitación de "canales", constitucionalidad de acumulación en licencias o abonados por sobre topes legales) Clarín podría mantener Canal 13 (hasta que se le venza el término de la licencia prorrogada a fines de 2007), retener TN y sus otras señales, y adecuar sus inversiones en Cablevisión (muchas, de hecho, no regularizadas con papeles) de modo que su operatoria quede sujeta al límite de la nueva ley (se puede hacer, requiere algo de ingeniería societaria y contractual, presupone desde el vamos una larga serie de litigios de segunda generación) de forma que el mercado del cable quede efectivamente segmentado en el polo distributivo (operadores de cable) sin perder riqueza, variedad o "voces" en el polo generador.

Dados cargados

En el fallo existe una muy complaciente valoración de la realidad económica, y pregona un consecuencialismo que es un consecuencialismo miope. Del hecho de que el fallo tenga un impacto adverso para la competitividad particular del actor no se sigue que sea malo para la competitividad general del mercado regulado, lo que implica una falacia de composición: sin darse cuenta está proyectando el dato de una de las partes al todo, o piensa que el Grupo Clarín encarna el bien común.

En cualquier caso -y dejando de lado lo que ocurra en Ley de Medios- el criterio es profundamente regresivo, en la medida en que implica que un modelo de negocios determinado (que no es el único posible) debe ser el parámetro para articular el control de constitucionalidad.

Y deja los dados muy cargados para cualquier regulación estatal: un incumbente o dominante puede usar a sus usuarios de rehenes diciendo que por su propia magnitud y penetración en el mercado toda regulación que lo afecte implicará perjuicios y deseconomías. Pasamos así del too big to fail al too big to regulate.

Derechos adquiridos

El fallo también invalida lo dispuesto en el art. 48, 2º párr., que dice que “El régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan por la presente o en el futuro”. Esta inconstitucionalidad es abiertamente incongruente con lo que habían dicho cada uno de los vocales párrafos o páginas antes, cuando reconocían que nadie tiene derecho al mantenimiento de una legislación determinada. Esto también es abiertamente incongruente con el régimen de supremacía constitucional y con el criterio de que leyes posteriores derogan anteriores. Transforma el derecho del licenciatario en una cláusula pétrea que nadie podría modificar nunca. En este punto parece que la Cámara no toma nota del desvarío colosal que representa su criterio.

Perspectivas y detalles

El fallo de Camara deja dicho que no "blinda" por incumplimientos previos (licencias no regularizadas bajo la ley de radiodifusion anterior). No podría haber sido de otro modo. Y tal vez eso sea relevante con transferencias de licencias compradas por Clarín y todavía no aprobadas. En todo caso, Clarín queda expuesto a muchos riesgos que insólitamente ha decidido asumir, incluso en normas no impugnadas como las que se refieren a la ordenación de la grilla.

Cabe preguntarse qué va a pasar con este fallo en la última instancia (de esta primera generación de juicios, que no será la última). No creo que la Corte use este molde patrimonialista en el que trabajó la Cámara con ese mix de ingenuidad y amateurismo analítico. De hecho, su fallo del 22 de mayo del año pasado parecía alejarse de esa dirección. Aunque es cierto que hablaba en el marco de una cautelar, en su momento la Corte no se mostró muy sensible o convencida acerca del vínculo entre lo patrimonial y la afección a la libertad de expresión. Como tendencia general, además, la Corte habla (a veces monótonamente) en términos "jurídicos", y es raro que sus fallos se vean colonizados por peritos.

En fin, vamos a lo que puede pasar. Mi sensación es que va a validar todo lo que la Cámara validó (que, como se sabe, no es muy relevante para Clarín o no lo afecta casi nada) y que en alguna medida va a recortar el elenco de invalidaciones.

Asumo que la Corte tiene margen para hacerlo trabajando sobre las líneas argumentales que desarrollé antes: manteniendo la invalidación a las restricciones relativas a explotación simultánea y plural de canales de cable, revirtiendo la invalidación sobre límites de licencia y participación en el mercado de cable, todo sazonado con alguna advertencia instrumental para canalizar una adecuación no traumática (plazo ad hoc, cierto y breve, para el plan de adecuación, alguna línea ordenatoria sobre la posibilidad de revisión judicial de los actos, dejar abierta la posibilidad, más hipotética que real, de que Clarín reclame compensaciones). Este esquema me parece la línea de menor resistencia tanto en términos técnicos como en términos políticos y es lo que apostaría que podría pasar, casi seguro después de la feria de invierno.

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PD, autoreferencial, pero deber moral. Algún lector muy perspicaz habrá notado que sin citarlo un parrafito de Guarinoni al principio de la pág. 48 homenajea (no hago itálicas, no encomillo) a este blog, a este post sobre un tema no relacionado con ley de medios, en plan de aplicar (forzadamente para mi gusto) la idea de "categorías sospechosas" al caso Clarín, y como no lo puede hacer por la entrada principal lo hace por la puerta de servicio. La cosa es teóricamente interesante y tal vez sea posible tratarla en post aparte. No voy a suponer que es un gran descubrimiento mío, pero debo dejar constancia que eso de *falacia de negación del antecedente* no aparecía en otro lado antes cruzado con la idea de categorías sospechosas. Revisen, auditen. O great minds think alike (puede pasar), o alguien tomó la idea del blog en forma inconciente y se la representó como propia (puede pasar), o la cita se perdió en el camino porque la Cámara no cita blogs de autores vivos.

Democratización de la Justicia: lo de ayer

2013-04-09T10:44:00.004-03:00

Lo de ayer no trajo demasiadas novedades y en buena medida este post reescribe lo que ya dijimos en ocasión de hacerse el anuncio en el discurso de apertura de sesiones del Congreso (aquí). Aún preliminar y necesariamente superficial, esto es largo así que va divido en subcapítulos para comodidad de la dama y el caballero.
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Update. Me pasan versiones completas de los proyectos que difundo con links a sendos PDFs en el orden en que se tratan en el post: Reformas al Consejo de la Magistratura, Medidas cautelares contra (y a favor del) Estado, Ingreso Democrático al Poder Judicial, Publicidad de actos del Poder Judicial, Creación de Cámaras de Casación, Declaraciones Jurada. Lo que sigue fue escrito antes, sobre la base del anuncio del acto, y sin tener la referencia, mucho más nutritiva e ilustradora, de ese material en bruto.
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Fuente: Ventography

Anticipando algo que le caerá mal a todo el mundo conocido ya practicamente dividido en apocalípticos e integrados, mi sensación global es que no hay nada especial o definitivamente malo (aunque si hay cosas malas y con problemas de constitucionalidad) ni especialmente virtuoso dentro de los paràmetros de lo esperable (aunque si hay cosas útiles y buenas y algunas tan buenas que propiciaremos su generalización).

Pero no quiero salir por la fácil esclusa de "hacer promedio" porque esta sensación de medianía no la veo tolerable cuando hay tanto para hacer -y legislar- sobre simplificación de procesos, acceso a la justicia, ética judicial (escribimos aquí sobre eso), capacitación (nada de nada aparece en el debate visible hoy sobre esos dos ultimos ítems) y tanto mas. Por eso, y vale marginalmente decirlo en este contexto, vemos muy positiva la idea de mantener en la agenda la preocupación sobre el derecho de fondo (y en particular los "Códigos"). Y vemos muy peligroso que la agenda de democratización se de por saldada con esta serie de seis, siete, ocho medidas que desde hoy estarán a debate en el Congreso.

6. Consejo de la Magistratura

Parche de parche, aquí se reforma sobre la reforma. Porque la del Consejo de la Magistratura ya fue ejecutada hace relativamente poco por las mayorías políticas que ahora asumen su inadecuación y propician su restyling. Esto ocurrió en 2008 cuando -en el cambio más tangible- pasó el número de 19 a 13 (y se eliminó la previsión de que el Consejo fuera integrado por un ministro de la Corte Suprema como miembro nato). Ahora se vuelve al punto de partida (pero sin juez de la Corte en el staff). Recordemos que en la versión actual (aqui ley) son tres jueces, seis legisladores, un representante del Ejecutivo, dos abogados y un académico.

El Consejo "nuevo" incorporará ahora un abogado más (serán tres en total) y cinco académicos más (serán seis) quedando entonces siete "políticos" (igual que antes) y doce "no políticos" (pero propuestos por partidos, así que la comilla tiene un sentido doble).

Se sabe además que en el proyecto se prevé un régimen de transición por el cual se respetarán los mandatos de los consejeros ya designados y se fija una regla para que el Consejo tome todas sus decisiones por simple mayoría absoluta (evitando las actuales mayorías especiales que apuntan a tener mayores niveles de consenso, con la contrapartida de que generan mayores posibilidades de bloqueos)

Y, por supuesto, que los no políticos serían elegidos en elecciones. Funcionalmente me parece una forma interesante de que exista algún medio institucional de participación popular en la gestión de la justicia. Es consistente con esa idea, valorable, la de que los académicos puedan venir de cualquier disciplina y no ser necesariamente abogados. Conceptualmente no me veo llamado a la alarma ni a la conmoción porque esto se someta a comicios. Hasta es una forma de transparentar todo en el contexto de un debate público y que no ocurran elecciones de consejeros en roscas y conciliábulos.

Dicho esto, vamos a un adverbio clave: qué pasa "constitucionalmente". Esto dice la CN en su parte pertinente:

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Para mi es claro que este artículo no impide que la designación de las "personas del ámbito académico y científico" (la segunda oración) esté sujeta a un sistema electoral. Si entiendo que hay un problema en otros rubros, porque cuando la primera oracion habla de abogados, de jueces y de "órganos políticos", lo hace en términos específicos de "representación" y no como condición de elegibilidad o de postulación.

Esto es, no se requiere meramente una persona que "sea" abogado (o juez) sino una que los "represente" y en esa idea veo implícita la de que los mecanismos de elección deben estar circunscriptos a la agregación de voluntades precisamente de quienes por ellos serían "representados". En la medida en que esto no sea así, no calza con el artículo de la Constitución, porque va de suyo que los representes son elegidos por los representados -y si no, no serían representantes-.

Es posible que cuando se conozca el proyecto haya mucho que decir sobre esto (y siempre, más letra chica, incluso de la buena: aparece mencionada una razonable equiparación de judiciales a no judiciales al momento de valorar antecedentes en los procesos de selección). Mas allá de eso, así como el problema del "primer" consejo no era el número -lo que quedó demostrado con la fallida reforma de 2008- creo que el problema tampoco es la forma de elección ni las reglas de mayoría. Optar por el control de esas variables es facilista e implica renunciar a afrontar reingenierías más profundas como, por ejemplo, la regionalización que propiciábamos en este post.

De hecho si democratizar es politizar el experimento natural más extremo ya fue hecho y salió horrible: el sistema de designación directa de jueces por el Senado y sin concursos, que dio los peores resultados posibles en términos de performance (y ni hablar de transparencia) y fue reemplazado en la Reforma Constitucional de 1994. Siento la necesidad de decir esto porque existe una retórica que menosprecia el rol del Consejo y frente a ello hay que bancarlo como una institución que superó el nivel de lo previamente existente aún con sus problemas conocidos.

5. Limitación de las cautelares

Hay ejemplos macro y ejemplos micro. Sofisticados mecanismos de ingeniería procesal, forum shopping y rústica picaresca. Para sintetizar, digamos: existe abuso de las cautelares. Como existe, por ejemplo, abuso con las licencias por enfermedad. Ahora, no por esto vamos a limitar las licencias por enfermedad a seis meses. Que es lo que se propone con las cautelares.

Mas allá de la temporal existe una limitación "temática": independientemente de cuan "verosímil" sea el derecho la idea es que no se concedan cautelares sobre temas patrimoniales porque el Estado finalmente en algún momento pagará. Ponele. De modo tal que las cautelares contra el Estado -se propone- sólo pueden prosperar si se denuncian afecciones a la "vida, seguridad, medio ambiente o libertad de una persona".

Nota intermedia: un estándar de "irreparabilidad" puede llevarse al absurdo demasiado fácil. Urge distinguir entre "indemnizabilidad" (un mecanismo de cuantificación del daño que viene a "traducir" algo en dinero y lo hace necesariamente en base a convenciones, fórmulas y ficciones jurídicas) y "reparabilidad". Una muerte es indemnizable, pero no reparable. Hay que tener Asperger para no darse cuenta de en qué sentido hablamos de un "valor vida": no es que efectivamente pensemos que las vidan cotizan tantos pesos.

Y, de vuelta, aquí dudas sobre su constitucionalidad. Yo lo veo más inaplicable que inconstitucional. Porque antes de declarar inconstitucional algo yo debo buscar si existe una alternativa "interpretativa" que permita preservar la norma asignándole un sentido no conflictivo con la Constitución. Si encuentro esa solución, puedo optar por la tercera vía: decir que tal norma es constitucional en la medida en que sea interpretada de cierto modo. En la limitación temporal, la idea es que si subsisten las condiciones de gravedad, nada impide que a la culminación del plazo de una medida de seis meses se dicte una nueva medida cautelar por ese plazo. En la práctica, esa limitación puede decodificarse como una obligación judicial de reconsiderar y revisar cautelares obligatoriamente cada tanto tiempo, lo cual no me parece irrazonable.

En este orden de ideas asumo que en la práctica las nuevas limitaciones deberían ser tomadas como una presunción ("iuris tantum", y no "iuris et de iure") que la ley establece en orden a la viabilidad de las cautelares, lo que no impide que haya particulares pruebas en contrario. Una vez que se hagan las cuentas y se lo interprete sistemáticamente del modo en que pronostico sucederá, la restricción a las cautelares implicará efectivamente una carga adicional de prueba y justificación -porque ahora se parte de la base de que los daños conceptualmente son reparables, y el litigante deberá probar lo contrario en cada caso- pero no la extinción de las cautelares.

En el medio habrá mucho "derecho jurisprudencial" interpretativo, tanto en estos aspectos como en otros colaterales y sobre los que debemos también poner el foco.

Primero, es correcto acabar con el sistema de cautelares dictadas "inaudita parte" contra el Estado. Que permiten y fomentan la trapisonda de darles largas a la notificación cuando la cautelar está concedida. Y también hace a la transparencia estatal la posibilidad de que -en el contexto de un sistema abierto de información como el que veremos más adelante- todos sepamos cuántas cautelares tiene dictadas en su contra el Estado y quienes las obtuvieron. Lo cual colateralmente abre todo un filón de fuente de información pública sobre lo que el Estado hace. Lo cual está bien. En algunos casos se asume la posibilidad de que las cautelares sean dictadas sin audiencia prueba, algo que la norma razonablemente anticipa y a la vez limita a un número de casos. Que tal vez se amplíen por analogía vía jurisprudencia, en función del criterio de interpretación constitucional que propende a evitar declaraciones de inconstitucionalidad.

Poco se ha observado que el recurso de apelación tendría ahora en principio efecto suspensivo contra cautelares que suspenden leyes o decretos de necesidad y urgencia. Esto implica que no habría sentencia cautelar, en el mejor de los casos, hasta que no exista sentencia confirmatoria de los camarones de casación. Como todo esto tarda tiempo, lo más probable es que las únicas cautelares que lleguen a confirmarse sean las de medidas tomadas en mandatos de gobiernos anteriores. Hay excepciones a esta severa limitación ya embebidas en la norma positiva y posiblemente algunas más que aparezcan por interpretación también aquí.

En definitiva, seguirá habiendo cautelares. Y capaz haya más todavía, otras nuevas.

Porque rescatando un textual del discurso, escucho la propuesta de implementar la "facultad del Estado de interponer remedios urgentes frente a hechos actos, hechos u omisiones que amenacen, entorpezcan o interrumpan regularidad o continuidad de servicios publicos o la ejecucion de actividades de interes publico o perturban la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos".

Aparentemente puede referirse a una especie de cautelar que puede pedir el Estado a su favor. Lo que revelaría el hecho de que lo que nos molesta no son las cautelares en sí sino si son a favor o en contra. Tal como surge en la norma los conceptos son muy amplios y habrá que ver en qué contexto aparecen, porque la larguísima enumeración permitiría al Estado "interponer remedios urgentes" contra cualquier acto. Y surge la duda de si se puede dar el escenario de que el Estado obtenga cautelares contra cautelares. Veremos.

Mi sensación es que la pulsión de regular cautelares tarde o temprano iba a suceder. Creo efectivamente que no es lo mismo una cautelar contra el Estado que un embargo de una cuenta bancaria que hacemos para evitar que un particular diluya su patrimonio cediéndolo a testaferros y no haya nada que cobrarle cuando tengamos sentencia a favor. También creo que no es lo mismo una cautelar que simplemente se dicta como consecuencia de leyes existentes que la que detiene una ley. No digo que esto último no se pueda hacer, digo que requiere mayores cargas argumentativas, y que no es impensable que el legislador le pueda fijar un régimen procesal específico, más completo que el par de artículos que usamos para decidir al voleo cosas que terminan durando tanto tiempo. Y esta necesidad tal vez exceda el segmento de cautelares "contra el Estado" porque también hay otras que afectan a particulares pero que también, por sus efectos agregados, percuten disfuncionalmente sobre el sistema.

4. Ingresos, ascensos y subrogantes

A favor del sistema de ingresos y ascensos por concursos. Hay que decir que muchos poderes judiciales del interior tienen ingresos generales por concursos con sistemas que no implican el sorteo, sino la fijación de un orden de mérito. Hemos dicho también que era correcto oxigenar la incorporación previendo que los cargos intermedios se concursen y que el rol del Secretario se jerarquice como un funcionario con investidura propia y no como un delegado seleccionado por casting del juez. También creo que hay muchísimo por decir en la letra fina de esto, desde cómo compatibilizar esto con otras políticas públicas (cupo para discapacitados) hasta entender que existen diversos perfiles para la incorporación (el Poder Judicial necesita choferes, electricistas, procuradores, etc., y me parece irrazonable un sistema de puerta única que me exija saber simultáneamente de notificaciones, diferenciales y disyuntores).

Bien el sistema de concursos previos para minimizar la necesidad de recurrir a subrogantes (el concurso se hace antes de que la vacante ocurra, de modo que el recambio sea inmediato). Es congruente que la designación de subrogantes sea hecha por el Consejo y no por las Cámaras de Apelaciones, que deben resolver causas y no designar jueces. También es justo y necesario que los subrogantes estén sujetos a régimen disciplinario porque si no juegan gratis como en el rugby .

3. Publicidad de los actos del Poder Judicial

En verdad incluye dos medidas. Una primera es una megabase de expedientes judiciales. No me parece mal, y no creo que a nadie debiera preocuparle. Yo querría mas, y tal vez se pueda hacer con un plus: un agregado de estadísticas por juzgado, automatizado. Esto tendría que implicar también auditorias y la implementación de un protocolo uniforme de aplicación y seguimiento para evitar maquillajes o contabilidad creativa.

La segunda es una megabase de sentencias y resoluciones judiciales. En cuanto a lo primero la Corte tiene una línea doctrinaria fijada sobre el principio constitucional de publicidad, en el caso Kook W. de 2005 que tratamos aquí. En cuanto a lo segundo implica darle publicidad a contrataciones y medidas de trámite interno, y en este tema la Corte también pregona una política de "Gobierno Abierto" (creo que el tag es ese) de modo que no sería sino una generalización de lo existente.

Detalle en este rubro: el proyecto de publicidad establece que la Corte debe publicar cinco días antes las cuestiones que va a dirimir en los acuerdos (tengo una vaga idea de que esto viene de aquellos documentos transversales de "Una Corte para la democracia").

2. Camarones o metacámaras

Amplia a tres fueros (Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional, dos de ellos más adversos al gobierno y uno más afin, en términos históricos y no del ultimo lustro) el "filtro" intermedio antes de llegar a la Corte que existe ya en el fuero penal con la CNCP. Pensándolo en perspectiva, creo que esto en algún momento ocurriría y si no lo hacía este gobierno, lo iba a hacer algún otro.

Es posible que la pancamarización tengo cierto efecto unificador de la jurisprudencia (yo creo que eso es algo bueno) y le permita a la Corte limitarse a tratar cuestiones de constitucionalidad más "puras" y no vulgares y pedestres controversias de interpretación o de valoración de la prueba.

Es irrefutable que esto hará hará muchas veces mas largo el camino a una sentencia definitiva porque le agrega una parada al via crucis judicial en el fuero federal, y que proporcionalmente este camino joroborá más a quienes litigan contra el Estado porque el Estado es más propenso a seguir las apelaciones hasta la última instancia posible (los particulares muchas veces se quedan antes sin plata o sin paciencia para seguir apelando).

Algunos habrá que se queden en el camino, y en esa medida (que no podremos cuantificar seriamente) se verá reducida la carga de trabajo de la Corte, que además -como dijimos antes- tendrá mas tendencia a concentrarse en cuestiones constitucionales.

Como nota técnica, estas Cámaras van a filtrar sólo a los tribunales federales, y no a los Superiores Tribunales de Provincia. De paso, ese escenario de "cuatro instancias" es el que se da en las provincias, donde se sigue la línea primera instancia, cámara, superior tribunal, corte suprema nación.

Ahora, un tip de management, en orden a la celeridad pregonada. Si yo quiero que en mi fábrica salgan los bulones más rápido en la línea de montaje, tengo que instalar más buloneras y no más supervisores. Lo que estoy queriendo decir es que hay que crear más juzgados y que el número de unidades funcionales (no linealmente, porque hay mejoras por productividad a través de incorporación de tecnologías y de protocolos de gestión) debe acompañar el crecimiento vegetativo de la población y el crecimiento exponencial de la litigiosidad. Lo cual colateralmente va a acortar el tiempo de tramite de procesos y minimizar cautelares que es lo que tanto nos preocupa.

1. Declaraciones juradas patrimoniales

Es un "intruso" en esta lista porque no concierne exclusivamente al Poder Judicial sino que se proyecta a todos los poderes públicos. Nos parece correcto y está bien esa proyección. De hecho, la lógica es más que propiciable para extender también a los otros poderes el sistema de ingreso por concursos. Hay nichos donde eso funciona razonablemente bien (ISEN, CONICET) y en otros círculos estatales si no conocés a nadie no se puede entrar ni disfrazado de mono.

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El discurso completo puede verse (es mas importante eso que leerlo) en este link. Rescato que a mi juicio el discurso es institucional y en última instancia orgánico: hay una mirada respetuosa de la justicia como un poder necesario y no un relato antijudicialista como el que hemos visto tantas veces -y sobre todo en los últimos tiempos- enunciado con frivolidad y berretez.

Marzo: repasos

2013-04-01T13:24:00.001-03:00

Justo cuando militábamos acá a su favor, google nos sacó el reader, uno de nuestros insumos básicos y clave para esta sección. Pero como no hay mal que por bien no venga, lo reemplazamos con ventaja por feedly. Dicho esto, repasos y relinkeos del mes próximo pasado (*).

Duo Fuertes Varnerin haciendo Demasiada Presión > http://youtu.be/3Yrzrnmur1w

Los cambios de género suelen ser esperpentos; este es una genialidad!

- Writ of certiorari: sostiene Pereyra. Poema de Julián Axat (y he aquí una entrevísta muy interesante a JA)

- En el poema anterior, el verso "¿Conoce la mesa de Pereyra? alude a la anécdota que se cuenta al principio de esta nota de Victoria Ginzberg.

- Don Draper, Adam Phillips y el doble filo de la felicidad. Columna en La Nacion de Hernán Iglesias Illia. Momento de reflexión sobre la sensación de angustia por "no explotar nuestro potencial".

- El avance de los juicios de la dictadura, un repaso en números de chequeado.com

- "No juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice". Sí: Borges Jorge Luis, acá.

Una de las fotos premiadas del concurso de la Revista del Smithsonian, via @TomiOlava

- "Las universidades: cuatro mentiras" interesante artículo de Moisés Naim, via @jaim_etcheverry

- Reformar la Constitución para un mejor Federalismo Fiscal de @musgrave y por qué los impuestos nacionales deben coparticiparse.

- "Una voz para la generación de la democracia" opinion de @martinbohmer sobre el discurso de @rlorenzetti (via @martincasares).

- Wainfeld relata encuentro y coloquio con Lorenzetti. Sin grabador prendido.

- Tobías Schleider aka @triciclosparque sobre por qué no votamos a los jueces.

Charla TED de Estani Bachrac > http://youtu.be/5g42a03ahI0

Contiene explicación neurológica de por qué NO hay que chequear mails a cada rato

- “Los ‘lobbies’ prohibicionistas exageran los riesgos de las drogas”. Jeffrey Miron sobre legalización

- Límites de la busqueda de la verdad jurídica objetiva. Comentario al fallo (?) del gol anulado a River por @ernestou

- En comentario 2 a este post nuestro Gargarella cuenta gran historia que conecta a H. L. A. Hart, Genaro Carrió y Guilermo Nimo (!)

Fotograma de "The Court". Luis Moreno Ocampo. Angelina Jolie.

Release: August 2013 Más info acá.

- Lucas Arrimada nos explica por qué la Constitución Nacional establece un estado laico e igualdad de cultos.

- Sevach hace un buen análisis de la sentencia del Tribunal Europeo sobre desalojos en hipotecas.

- @Infojus_Ar nos informa que está disponible el Nro 3 de las Revistas temáticas jurídicas de Infojus. Ver aquí.

- Del suple de Comercio Exterior de La Nación, comentario sobre la *poco próspera* via de amparos para importar.

- Mendieta conjetura sobre política local a corto plazo pensando qué pasa si no pasa nada lo cual es muy probable.

- Perla final: Storyfy de @e_gleich (Ezequiel Gleichgerrcht) sobre el efecto Doppler temporal. "Siempre sentimos más cercano el evento por venir que el evento que ya pasó, aún si la distancia temporal REAL es la misma".

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(*) Señalo un vicio horrible de redacción de judiciales: poner "mes próximo pasado" o cosas así. No sólo es más verboso y largo que poner "mes de marzo". Pero además, complica la vida al que lea el escrito tal vez dentro de un año y medio y se vea inducido a pensar que se refieren al mes de marzo de 2014, y no de 2013. En mi oficina la orden es que las fechas se ponen completas y absolutas, no relativas. Así: "Marzo de 2013".

Reglas, estándares, principios: el heredero impaciente y la ley de ventaja

2013-03-26T10:57:00.000-03:00

Esta es una de las notas (pensadas para un público "general") que escribí el año pasado para la edición local de Forbes (lo sigo haciendo, de vez en vez; en este número sale una sobre "Separación acústica e inflación normativa", porque algo de inflación tiene que haber). La posteamos acá para interrumpir el curso de la prescripción en épocas de arduo trabajo.

Fuente: Antique Book Cover

La concepción diferencial de “reglas” y “principios” es esencial para entender cómo funciona el derecho (y qué se puede esperar de él).

Genaro Carrió (1922-1997; fue durante un breve lapso juez de la Corte Suprema en 1983-1984) ha dado alguna vez con un interesante paralelo para presentar y sacar punta a la distinción. Carrió recuerda un caso menor que ha llamado la atención de muchos autores, resuelto en 1891 por un tribunal de Nueva York, Riggs vs. Palmer. Sabedor de haber sido el beneficiario del testamento, un nieto había asesinado a su abuelo, y estaba en discusión la validez de la sucesión. El tribunal dijo que no podría heredarlo. A pesar de que no existía una restricción específica en el derecho entonces vigente, argumentó que el caso era gobernado por una máxima de orden superior: nadie puede beneficiarse de su propio delito.

Carrió advertía como el “principio” de Riggs vs. Palmer era análogo a la función que presenta a la “ley de ventaja” en el fútbol. Inicialmente no existía “legislación del fútbol” sobre la ley de ventaja, aunque se introdujo posteriormente: el reglamento de la FIFA manda a que los árbitros no cobren la falta cuando el foul cometido esté privando a un equipo de la ventaja situacional de la que disponía en la situación de juego. Con esta pieza Carrió quería captar y mostrar a través del fútbol tres categorías muy diferentes de normas: las reglas, los estándares y los principios.

Una regla es mecánica y podría ser aplicada por un automáta (algo que muchos propician para evitar la falibilidad del ojo humano). Habrá gol toda vez que la pelota traspasa la línea de fondo dentro de los palos. No hay “medio gol”: es o no es.

Un estándar es más complejo y conversable. La “jugada peligrosa”, la “protesta excesiva”: vemos casos claros que sí lo son y otros que claramente no, y existe una zona de matices que se debatirá en la tribuna con fallos divididos.

Pero los principios tienen un sentido diferente: son normas sobre la aplicación de normas y su enunciación es conceptual. No prohíben, ni permiten, ni promueven una conducta específica, como lo hacen de un modo muy preciso las reglas y de un modo más abierto los estándares. Pero “llenan lagunas” no cubiertas por las normas (sean reglas o estándares), y pueden resolver conflictos de normas, y también pueden derrotar a estas, haciéndolas no aplicables.

Todo el escenario del constitucionalismo moderno tiene a principializar los derechos El jurista moderno no puede ver ningún derecho aislado, a secas, sino que los entiende siempre como expresión particular de un principio más amplio. El precio de esa expansión es que la "convivencia" de múltiples principios no es siempre pacífica y no existe –salvo en cierta medida áreas muy específicas, como en algunos aspectos del proceso penal o en la legislación laboral y del consumo, de sentido protectorio- un repertorio de soluciones predefinidas que permita determinar su efecto sobre las reglas y estándares. Los principios son “derecho líquido” y su peso específico va a depender en definitiva de ponderaciones judiciales valoradas, no de criterios de telebeam.

Entender estas diferencias es importante porque de ellas se derivan importantes consecuencias prácticas. Por ejemplo, si mi derecho surge a partir de una regla (el sucesor se queda con la herencia) tengo que evaluar si no existe algún principio superior que la ponga en entredicho (lo que le pasó al heredero impaciente). Si se deduce de un estándar habrá que tener en cuenta las contingencias que puedan sobrevenir a la hora de demostrar que el caso encuadra en un concepto más difuso. Y finalmente si la fuente de mi derecho es en sí misma un “principio” deberé evaluar si no existen otros principios concurrentes que actúen en sentido contrario.

Los principios suman complejidad y calidad al derecho. Son fuente de conflictos y dudas, pero también son los elementos que permiten que el derecho sea más justo, funcional y consistente como sistema. Tal como criticamos a un árbitro que no aplica la ley de ventaja, deberíamos criticar a un juez que falle sólo por reglas y prescindiendo de aplicar los principios.

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Difusión | MMJ Austral - Convocatoria UdeSA

2013-03-15T17:14:00.002-03:00

Mañana hacemos el último eslabón del anuario 2012 con fallos de Corte Interamericana. En el interín, espacio para avisos parroquiales de interés para el público más jurista del blog.

Maestría en Magistratura y Derecho Judicial U Austral

Yo hice este posgrado entre 2005 y 2007 de modo que puedo recomendarlo con conocimiento de causa. Es una de las alternativas que exploran el área híbrida de la especialización funcional y no disciplinar (para dar un panorama más completo: hay una buena Especialización en Derecho Judicial que se puede hacer en la UBA, y también un buenísimo Master en Argumentación de la Universidad de Córdoba), Tiene la ventaja logística de que se puede hacer desde el interior por la forma en que articulan los cursos en fines de semana. Dice la gacetilla "Con más de 400 graduados, la Maestría se encuentra orientada al perfeccionamiento de las competencias, valores y habilidades para alcanzar la excelencia en el desempeño de la función judicial diseñando su plan de estudios en pos de este objetivo. Utiliza además una metodología de enseñanza práctica y participativa a través del método del caso. El posgrado, que inicia en el mes de abril, tiene una duración de dos años y se cursa los viernes por la tarde y sábados por la mañana cada quince días. Cuenta además con una matrícula especial para miembros del Poder Judicial. Para mayor información puede consultar la página web de la Maestría aquí."

Convocatoria UdeSA para investigadores full time

El Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés incorporará un/a profesor/a investigador/a de tiempo completo. La persona seleccionada deberá haber completado su doctorado en una universidad de reconocido prestigio internacional o estar muy próxima a completarlo, acreditar alta capacidad en la producción de conocimiento científico, demostrar aptitud para la docencia de grado y posgrado y estar dispuesta a participar activamente en tareas de gestión académica y fortalecimiento institucional. La convocatoria está abierta a profesionales en cualquier etapa de su carrera y l desempeño del cargo requiere el dictado de tres cursos por año, la orientación de tesis de grado y/o posgrado, el desarrollo sostenido de una agenda ambiciosa de investigación y la participación activa en el fortalecimiento y el desarrollo del Departamento. Mas información en este link.

Democratizar la Justicia, las ocho propuestas (A - R)

2013-03-04T08:33:00.003-03:00

No hubo anuncio de implementación de juicio por jurados, no hubo obligaciones de rendición periódica de cuentas, no hubo nada que requiera reforma constitucional. El resumen ejecutivo de las reformas que propondría el Ejecutivo a la Administración de Justicia arroja un mix que en promedio da un vector orientado en dirección general correcta, y cuyo factor común es la ausencia de medidas que generen a corto o medio plazo diferencias tangibles para mejor en la respuesta del servicio de justicia. Es necesario decir esto no desde el cinismo sino para poner en contexto las expectativas que se puedan tener sobre estas (y, me temo también, otras) ideas. No hay fórmulas mágicas.

Con lo poco que se sabe hoy -sin ningún texto propuesto concreta a la vista- vamos a ver los siete títulos de lo que se sabe en orden alfabético, de la A a la R, porque Z no hay.

Casaciones. Sin ninguna objeción constitucional posible, es un tema de organización y de política judicial. Creo que es justificable la necesidad de interpolar casaciones para que las apelaciones federales tengan un paso intermedio antes de la Corte Suprema (algo que en las provincias y la CABA existe con el tratamiento del Recurso Extraordinario Provincial ante Superiores Tribunales) y que a medio plazo la Corte Suprema se concentre en atrincherarse en un número discreto de casos, y no ser -como decía Fayt- un "almacén de ramos generales". La contrapartida de esto es que genera una instancia más y esto alarga los procesos. Cuestión de ponderación. En favor de la plausible integridad de las intenciones del gobierno puede decirse que en términos temporales normales no podría "aprovecharse" de estas Cámaras de Casación que -concursos mediante- muy difícilmente estén constituidas y funcionando antes de 2016.

Cautelares. El abuso de las cautelares es un problema que se ha reconocido en muchos foros y que la Corte ha señalado un par de veces en el contexto del caso Clarín (y Lorenzetti fue explícito con eso en su discurso de apertura de 2012). Tal vez el tribunal debió ser más consistente con sus dichos, en ese, pero también en muchos otros casos donde el minicomponente del proceso queda prendido en "pause". De todos modos, estamos discutiendo sobre cautelares, no sobre el caso Clarín ¿o no?

Fuente: Southern Aire

Habiendo criticado cautelares livianas de papeles, hemos dicho también que existe un claro peligro de querer "corregir" los casos malos con una legislación estricta que implique tirar el agua sucia con el niño adentro.

La primera distinción avizorada, en que el recorte de cautelares vendría en juicios de incidencia patrimonial, genera para el Estado un poderoso incentivo para un "rompo" fácil total luego "pago" (o el gobierno posterior paga). De todos modos, esa distinción "patrimonialista" es un principio y la exposición presidencial sobre el tema asume saludablemente que las cautelares deben tener su sentido y subsistencia. En esto, como en todo, el diablo o el ángel estarán en los detalles de las propuestas concretas. Impacto a corto plazo: bajo.

Concursos de Ingreso. Adhesión total, era el primero de nuestros puntos del "Qué hacer". Hay que afinarlo bastante para llegar a una implementación funcionalmente útil. Debe decirse que en muchos Poderes Judiciales del Interior esto se hace desde hace tiempo. Es importante afinar temática: tenemos que hacer concursos del Estado de Derecho Constitucional, no certámenes de tipografía o tabulación autista de antecedentes. Otrosí: deberíamos propiciar lo mismo para el empleo público en todas las reparticiones de la Administración Pública Nacional, porque o es para todos el invierno o es para todos la cobija.

Consejo de la Magistratura. Existe un gran espanto generalizado por eso de que cómo los jueces van a hacer campaña. Bueno: ya la hacen, hoy, cuando se votan entre ellos. No me parece malo que esa campaña la hagan frente a la sociedad. Las dudas sobre su constitucionalidad, que caen en una zona de penumbra, no me parecen esquivables si no se observan al menos tres proporcionalidades de muy difícil conjugación en la práctica (representación proporcional de mayorias y minorías, equilibrio intersectores, equilibrio federal). Sobre los detalles de eso nos remitimos a este último post que escribimos imaginando opciones.

Consulta de expedientes. La propuesta no haría sino generalizar el sistema de consulta de expedientes que tiene organizado la Corte Suprema a tribunales inferiores. No deberían existir ni demasiadas resistencias, ni demasiadas esperanzas con la implementación de esta medida. Un punto algo más revolucionario, pero ausente, sería legislar sobre llevar y publicar estadísticas obligatorias y uniformes con un elenco amplio de parámetros para que se puedan hacer comparaciones de desempeño de diversas oficinas judiciales.

Ganancias. Entra en la lista como una no-decisión, explícitamente adoptada. Correcta opción de no legislar sobre lo legislado. Tal vez convenga insistir sobre un detalle de su implementación: asumir que todas las escalas salariales se han fijado y actualizado no en el vacío sino a sabiendas de su no-pago, pues quien fijaba un sueldo, sabía que era "neto", sin detracciones, y con ese criterio juzgó su proporcionalidad con otros rangos y funciones. Ergo, la corrección para comenzar a percibir el impuesto alterará un término de la ecuación, que debe ser equilibrada con un pasaje de términos. Esto tiene el efecto de que el pago debe ser necesariamente compensado con una recomposición salarial, o bien introducido de forma progresiva a liquidar sobre incrementos.

Publicidad de declaraciones juradas patrimoniales. De acuerdo y no hay más que decir.

Responsabilidad del Estado. Escribimos sobre esto en ocasión de hablar sobre uno de los cambios del Ejecutivo al Proyecto de Código Civil propuesto por la Comisión Lorenzetti - Kemelmajer - Highton. En esa ocasión el Ministerio de Justicia optó por la supresión de la "civilización" (aplicar reglas del derecho "civil") y propuso sustituirla por una administrativización informe, que se remitía en forma genérica a "las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda", lo que no se compadece mucho con una norma de derecho de sentido discernible. En este sentido, la idea de decir específicamente cuáles son esas reglas y principios es impostergable.

Pero nada nos hace suponer que la legislación "especial" del Estado apunta a dar una mayor indemnización, sino todo lo contrario. El tema es complejo porque si limitamos la responsabilidad estaremos dando un trato desventajoso y discriminatorio a la víctima, que puede recibir una reparación integral si su daño lo produjo un privado pero no tan integral si lo produjo el Estado en nombre de la sociedad toda. En un buen fallo del año pasado ("Rodríguez Pereyra", que comentamos acá) la Corte expuso su criterio de que indemnización integral era regla constitucional, no disponible por el legislador. De todos modos, debemos decir que no todo el espectro de posibles "responsabilidades" del Estado se incardinan en torno a la figura de la "víctima", sino que también existen concesionarios, funcionarios corresponsables, etc., y en ese sentido hay mucho margen para legislar.

Consejo de la Magistratura: proporcionalidades y descentralización

2013-03-03T21:34:00.002-03:00

Algunas reflexiones post-fiebre y con el tema todavía crudísimo, para tratar de explicar por qué "democratizar" es más complejo que hacer votar a la gente, y algunas bienintencionadas ideas para ver si esto -que no es fácil- se puede hacer en su justa medida y armoniosamente.

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El equipo de trece que es el CdM en su actual composición forma 3-6-2-1-1: 3 jueces, 6 legisladores, 2 abogados, 1 representante del Ejecutivo y 1 del "del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales". Para más detalles, consultar la vigente Ley 24.937 (aquí texto con las sustanciales reformas de 2006)

Ante la propuesta presidencial de que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura Federal (en adelante CdM) sean elegidos directamente por el pueblo, y asumiendo ex hypothesi su constitucionalidad en abstracto -remito sobre ello al artículo que Martín Böhmer escribe en Chequeado- aparecen de entrada dos proporcionalidades sensibles que todo sistema de "integración" deberá simultánemante respetar -de modo que si no lo hace, lo reputaremos inconstitucional en concreto-.

Dos problemas iniciales de proporcionalidad

El primero es el "equilibrio" inter-sectores. La Constitución Nacional no fija en el 114 una composición específica (como tantos, un error de indefinición del invierno del 94). Habla de "equilibrio" entre sectores (académico, abogados, jueces, congresistas, representante del ejecutivo) no nos lleva a una "única" solución sino a diversos arreglos ya que no se requiere -ni nunca se asumió que así fuera- "igualdad" entre los miembros atribuidos a cada sector. En el límite del campo semántico, una modesta pauta de evaluación negativa es la siguiente: si un sector solo puede imponer la voluntad en el cuerpo con prescindencia de los demás, en esa composición no habrá "equilibrio".

El segundo nos conduce al principio de proporcionalidad en su integración. Esto implica que si hay "lista sábana" con esquema "el ganador se lleva todo" el resultado es funcionalmente inaceptable en la medida en que el resultado de la elección dejará sin representación a todos aquellos que no hubieran votado a la lista ganadora.

Alternativas

Es difícil combinar un sistema que permita respetar ambas proporcionalidades y que evite que "democratización" de la justicia se traduzca en "partidización" de la justicia.

Esto último tal vez no sea imposible si se dan algunas condiciones.

1. Mecanismo diverso de elección. Esto implica: no se rigen por el Código Electoral, no aplican las PASO, se desenganchan en el cronograma de las elecciones para cargos políticos. Fuera de los cargos asignados para representantes de "órganos resultantes de la elección popular", cualquier interesado que reúna condiciones puede presentarse con un número razonable de avales y hacerlo a título personal. El voto no es obligatorio y puede realizarse durante un período amplio (digamos, durante cinco días). Se aplican restricciones a la publicidad (para bajar el costo de las campañas, y neutralizar las ventajas de chequera) y se asignan espacios gratuitos e iguales a todos los candidatos.

Esta fue la boleta única de Córdoba

2. Boleta única. No hay boleta PJ ni boleta radical. Todos aparecen en la misma y los electores tildan en las casillas que quieren. Esto posibilita que las postulaciones sean "a título personal", y evita picardías con las boletas y las ventajas que los aparatos brindan por arrastre y fiscalización. Y más importante: disuelve el problema de la proporcionalidad. El elector sólo puede votar a uno de cada grupo y entran al cuerpo los x-ésimos candidatos más votados.

Un tercer problema. Y cómo solucionarlo: regionalización.

Pero esto no es todo. Porque si miramos bien aparece un tercer problema, que es el de cómo asegurar una correcta correlación "geográfica" en la composición del CdM (el sistema actual lo resuelve acotadamente y de modo muy rústico para el caso de jueces y abogados, aseguran un cupo singular para radicados en el interior).

Porque el escenario esperable si se fija la base electoral adoptando al país como "distrito único" lleva a descontar un sesgo a favor de la representatividad metropolitana, porteña, conurbana. Y ese órgano, de reducido número, resolverá sobre candidatos y jueces denunciados de todo el país.

Se podría fijar un cupo, pero es difícil de realinear los planetas para resolver este tercer problema de proporcionalidad en la composición, sin que se afecten las otras dos proporcionalidades necesarias (y dejo pendiente un cuarto problema: una proporcionalidad de genero al modo del "cupo femenino" previsto en los cargos de congresistas).

La solución -que servirá, como vemos, a otros virtuosos fines- sería regionalizar el Consejo de la Magistratura. Esto implica que las competencias atribuidas al Consejo se resuelven inicialmente en Salas cuya competencia de algún modo "espeje" a la división en "Cámaras" que tiene el Poder Federal.

De este modo los ciudadanos votarían a las autoridades que ejercerán las funciones del CdM sobre la jurisdicción que les incumbe, de donde deberán también provenir los candidatos a integrarlo.

En la lógica de la democratización este sistema incorpora un reaseguro de accountability en clave de localización, y aumenta las chances de que las personas elijan a representantes cuyo criterio -y rostro- tienen más chances de conocer, con mayores posibilidades de seguir luego su desempeño concreto.

Esto también permitirá a los consejeros tener mas posibilidades de perfilar su labor en función de las necesidades y realidades regionales concretas. En general, el dato eminente es que la Justicia Federal parece terminarse en el eje Retiro - Talcahuano, lo que corre el riesgo de agravarse si se adopta el criterio de un CdM que viva pendiente de esa agenda. Esto también influye en la eventual tarea de superintendencia o en funciones de gobierno del Poder Judicial -que ahora ejerce la Corte Suprema, aunque el diseño constitucional presume que ello no debería ser así- en la medida en que sesga las distribuciones y asignaciones de recursos.

Dado que el Consejo de la Magistratura es uno solo, eventualmente podría establecerse algún mecanismo "plenario" de Consejeros para resolver apelaciones, sujeto a la obtención de mayorías muy calificadas para que prevalezca en condiciones normales la decisión de la rama local del Consejo.

Febrero: repasos

2013-03-02T22:04:00.001-03:00

Castellanizamos la sección "retweets" para socializar cosas que fuimos recomendando durante el mes en la cuenta de twitter. Secciones de esta entrega: Democratizar la Justicia / Dworkin / Misceláneas / Del arcón.

Democratizar la (J)usticia

Esta nota de hace casi un mes de Wainfeld en P12 es un buen ancla para entrar a la discusión.

Recomendamos también Democratizar y Politizar de Valentín Thury Cornejo. Que también escribió un análisis que debe leerse a proposito del discurso de Lorenzetti en la apertura del año judicial, aquí.

Nosotros escribimos qué hacer y qué no hacer en enero y allí poníamos otros links sobre esta discusión. A propósito, mañana estaremos tuiteando sobre eso en Bajada de Linea con Víctor Hugo (canal 9, 23 hs.)

Lucas Arrimada escribió varias columnas, entre las que recomendamos Justicia y Poder Judicial, más diferencias que identidades y Ni justicia ni legítima.

Palabras del Derecho hace un repaso de las leyes de períodos de facto todavía vigentes en nuestro país.

María O´Donnell escribió en su blog de "El País" sobre los paralelismo de democratización de la Justicia y Ley de Medios, acá.

Este video de Kelsen, vivito y hablando, es muy propicio para insertarle subtitulados falsos

como los virales que se hicieron con "La Caída" de Hitler (via Dr. Etchichury)

Dworkin

Murió el 18 de febrero. Nosotros escribimos este obituario extendido: Dworkin, vida y obra

Arrimada hizo otro con compilación de videos acá.

Cass Sunstein escribió el suyo que puede leerse en español acá.

Recomendamos este post de Gargarella planeando por su obra y la nota que escribió con Marcelo Alegre en La Nación ("Ronald Dworkin, el prisma moral del Derecho")

Dworkin es muy citado aquí. ¿Muy comprendido? Mmmmhh ... Una de las razones es nuestra afición a la cita promiscua. He aquí un part de tuits de @juancrua que desvela el mecanismo:

> La cita de autoridad desconcectada de su sentido, como una mera serie de palabras ordenadas como él las diría, es la preferida del leguleyo.

> Vamos a llegar a escribir así "Como dijo Dworkin, "El derecho... " (pag 52) es una "...herramienta..." (pag 109) de "... opresión" (pag 13)"

Misceláneas

Consejos para sobrevivir como funcionario de Sevach. Ver item "iniciativa": no ser un pasajero del buque burocrática.

Difundimos el IX Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, en San Juan, del 23 al 26 de abril, cuya web puede consultarse aquí.

Genial contrapunto Amundsen/Scott: What the Race to the South Pole Can Teach You About How to Achieve Your Goals

Del arcón

Un post que escribimos aquí hace años, sobre cuanta "doctrina" necesita saber el abogado litigante

Ética Judicial, cimiento de la democratización de la Justicia

2013-02-26T09:58:00.001-03:00

En la nota que le hacen en Página 12 (acá) Gils Carbó hace una alusión marginal a un Código de Ética.

Buena ocasión para volver sobre algo: hace siete (!) años la persona que escribía en este blog hizo aquí un post sobre el Código Iberoamericano de Ëtica Judicial que aprobaron Cortes y Tribunales Superiores de Latinoamérica en la Cumbre Judicial Iberoamericana de Santo Domingo 2006.

El texto del Código puede verse en este link (PDF). Recomendamos leer su exposición de motivos donde se hace alusión entre otras cosas a ese cuerpo como un "instrumento para fortalecer la legitimación del Poder Judicial", en tiempos que no se había acuñado el rótulo "Justicia Legítima". Y se decía allí:

... la realidad actual de la autoridad política en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible crisis de la legitimidad que conlleva en los que la ejercen el deber de procurar que la ciudadanía recupere la confianza en aquellas instituciones. La adopción de un Código de Ética implica un mensaje que los mismos Poderes Judiciales envían a la sociedad reconociendo la inquietud que provoca esa débil legitimidad y el empeño en asumir voluntariamente un compromiso fuerte por la excelencia en la prestación del servicio de justicia.

Fuente: Hand Shop Typography

Qué hace un Código de Ética

El Iberoamericano debe tomarse como un modelo que pasados siete años tal vez convenga afinar en algunos detalles y engrosar en otros (identificar "nuevas patologías", dice GC). Y es insoslayable como referencia por varias razones. Lo es porque se trata de un texto muy logrado y completo (fue proyectado por Manuel Atienza y Rodolfo Vigo). Lo es por su transversalidad "regional", que lo desengancha de cuestiones vernaculares. Y lo es porque los siete años transcurridos lo ponen a una distancia ideal: lo suficiente cerca como para que lo sigamos sintiendo "contemporáneo" y a la vez lo bastante lejos como para que no sea posible vincularlo con ideas y lemas de agenda propios de alineamientos y fricciones coyunturales.

Lo bueno de un Código de Ética es que baja a la ética del pedestal de los conceptos platónicos y y la mete en el sistema nervioso central del cuerpo judicial. Muchas personas creen muchas cosas sobre la moral: algunos entienden que es un decantado del sentido común, que hay una "moral media", otros recelan del "moralismo", otros se "positivizan" y dicen que las obligaciones judiciales sólo se deben mirar a la luz de la taxatividad de los deberes, otros se "institucionalizan" y tienen el sensor tan sensible para denunciar injerencias como otros lo tienen para denunciar alzamientos. El Código vuela saludablemente más bajo que esas abstracciones.

Vamos a ver entonces los detalles en un salpicado veloz.

Habla de independencia, pero empieza por aclarar en el primero de sus artículos que las instituciones que garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Más adelante, en el apartado de la integridad, el Código dice que el juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos (55).

Eleva la vara de la imparcialidad sacándola de la probeta de lo procesal. Dice que "el juez debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables, proveniente de su propia conducta o de la de los otros integrantes de la oficina judicial" (Art. 13) y que está prohibido "recibir regalos o beneficios de toda índole que resulten injustificados desde la perspectiva de un observador razonable" (14). No es la perspectiva rigurosa del dolo penal: es la cívica del observador razonable al que tal vez le hace ruido que una compañía aseguradora te regale un cuadro para fin de año.

Esa perspectiva también se adopta como pauta en la evaluación de la honestidad: no sólo se infracciona con la comprobación efectiva de la coima, sino que el Código asume que el juez debe "evitar que un observador razonable pueda entender que se aprovecha de manera ilegítima, irregular o incorrecta del trabajo de los demás integrantes de la oficina judicial" (81), y que pueda "surgir cualquier duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial" (82).

Incorpora varias exigencias relativas a la justificación y motivación de las sentencias, entre las que incluye el criterio de que las mismas deban "estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas" (27).

Trascendiendo ello asume la obligación de dar información como un deber de los jueces: "procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable" sobre sus causas (57) y documentar, aunque la ley no lo exija todos los actos de su gestión y permitir su publicidad en la medida de lo posible (58). Esto no lo releva de exigir rigor en el secreto profesional, que -aclara- no se extiende no sólo a los medios de información institucionalizados "sino también al ámbito estrictamente privado" (pensamos, por caso, en la horrible costumbre de contar anécdotas de casos en la sala de profesores).

Ubica a la capacitación como un derecho y un deber del juez.

Plantea la equidad no como una opción condescendiente y paternal, sino como una exigencia ("atemperar, con criterios de justicia, las consecuencias ... desfavorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes", ello orientado "a lograr una efectiva igualdad de todos ante la ley", 26, 39).

Habla de las obligaciones de trabajo, con pautas de diligencia ("procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable", 74; "no contraer obligaciones que perturben o impidan el cumplimiento apropiado de sus funciones específicas", 77), y contraculturalmente, dice que "el juez debe tener una actitud positiva hacia los sistemas de evaluación de su desempeño" (78)

En eso último está la clave de todo. La independencia no significa que los judiciales nos asumamos exentos de accountability. Sí, tenemos que rendir cuentas, pero tenemos que saber bajo qué criterios se nos va a hacer el inventario. Esos criterios no pueden ser secretos ni sesgados ni administrados de acuerdo a la cara del cliente, y por ello es necesario un sistema que "codifique" el elenco de cosas que les estamos exigiendo a jueces y funcionarios judiciales.

Links y posdata sobre abogados

Emparentado con este Código, recomendamos lectura de los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (aquí en .doc). Una sucinta bibliografía sobre Códigos de Ético comparados puede verse en este estudio de la Fundación Konrad Adenauer (pdf) y en el libro "La Ética, los Derechos y la Justicia" de Julio de Zan (pdf).

Como posdata, decimos también que el ecosistema judicial no sólo se agota con el rubro "jueces" sino que también incluyen en ello otros "operadores", "auxiliares" de la Justicia que son los abogados. Si todo está puesto en cuestión, también y en la misma sintonía es necesario revisar cómo funciona el sistema de fijación de responsabilidades profesionales de los letrados, y el control de las infracciones disciplinarias, que muchas veces es complaciente y condescendiente tanto con la picaresca mas rancia -pero acumulativamente disfuncional- como con las prácticas más viles y abyectas.

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Aclaración ante dudas: los volantes que interpolamos de fonts no son publicidades sino un homenaje a los tipógrafos que las crean y nos sirven para dar una ocasional mancha de color entre el palabrerío. Todos las fuentes que linkeamos son libres o gratis para uso no comercial. En algún momento haremos una antología y con explicación sobre cómo se instalan fuentes en el Word para escribir con ellas.

Justicia Legítima: programa del encuentro de febrero

2013-02-24T11:36:00.001-03:00

Para los que hayan decidido ir, para los que no lo hayan decidido, y para los que hayan decidido no ir, estimo de interés difundir el programa y la convocatoria del encuentro "Justicia Legítima" de esta semana, que tiene un breve proemio y algunas coordenadas del debate que los organizadores esperan albergar.

[Actualización: sobre este tema Página 12 publica hoy breves notas sobre ello a cinco participantes: Omar Palermo y Daniel Erbetta (Cortes de Mendoza y Santa Fe), Alejandro Alagia (Fiscal), Garrigós de Rébori (Cámara Criminal), Alicia Ruiz (STJ CABA), la nota puede verse en este link.]

Fuente: Articulada

Encuentro “Justicia Legítima”

Biblioteca Nacional - 27 y 28 de febrero de 2013

Los textos de las solicitadas publicadas el 11 de diciembre de 2012 y el 3 de enero de 2013 construyeron el escenario de debate público sobre la transformación del Poder Judicial. Del intercambio en la red quedaron sintetizados, entre otros temas centrales a debatir: a) el sentido y alcance de su INDEPENDENCIA en el amplio sentido externo y en su dimensión interna; b) las políticas de apertura para el INGRESO y PROMOCIÓN meritocráticos de sus agentes; c) la RENDICIÓN DE CUENTAS mediante políticas de transparencia y control participativo; d) las reformas de GESTIÓN DEMOCRÁTICA que incluyen el compromiso por la estricta vigencia de los DERECHOS HUMANOS y todas las formas de NO DISCRIMINACIÓN, así como la eliminación de privilegios judiciales; e) el nucleamiento ANTICORPORATIVO con apertura hacia la sociedad y una fuerte identidad federal.

El encuentro de la Biblioteca Nacional buscará someter a crítica y multiplicar el diálogo sobre estos temas con todos los presentes.

Para ello se inscribirá a quienes soliciten intervenir en el debate. Nos une la convicción de que existe un modo diferente de concebir la magistratura y la jurisdicción dentro de un sistema democrático.

JUSTICIA LEGÍTIMA

Programa del encuentro

Miércoles 27

14 hs. – Acreditaciones / Registro de oradores.

14.30 hs. Inicio de la Jornada

- Apertura a cargo de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

- Intervenciones de oradores del Poder Judicial de la Nación, de los Poderes Judiciales de las provincias y de los Ministerios Públicos.

- Cierre de la primera jornada a cargo de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y del presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), Antonio Cluny.

Jueves 28

14 hs. – Acreditaciones

14.30 hs. Reinicio con las intervenciones de oradores pendientes del día anterior.

A continuación, trabajo en Talleres Temáticos sobre:

Redefinición del concepto de “independencia judicial”.

Mecanismos de ingreso, promoción y disciplinarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos.

Democratización y participación ciudadana en el sistema de administración de justicia.

Presupuesto. Políticas de transparencia, rendición de cuentas.

Plenario de talleres. Presentación de un documento final.

Dworkin, vida y obra

2013-02-15T19:43:00.000-03:00

VIDA

Roland Myles Dworkin había nacido en Worcester, Massachusetts, el 11 de diciembre de 1931.

Su familia se completaba con un hermano y una hermana mayores, y sus padres se separaron cuando Ronald era muy chico. Vivieron con su madre en Rhode Island, en la ciudad de Providence. Su madre se volvió a casar enseguida pero al poco tiempo enviudó. Sabemos poco de su infancia pero fue un boy scout convencido e hizo todo el cursus honorum de Baden Powell.

Ganó una beca para estudiar en Harvard y sacó notas perfectas. Fue a Oxford donde se hizo amigo de Guido Calabresi (que luego decano en Yale, y que da a entender que Dworkin se carteaba cuando jugaban al poker) y donde tuvo su primer contacto con Herbert Hart. No estudió con él, pero Hart corrigió papers que Dworkin escribió y quedó muy impresionado. En algún sentido Hart es Aristóteles y Dworkin es Platón, pero acá Aristóteles apareció primero.

Dworkin volvió a Harvard y después de graduarse su currículum le permite un gran debut en el mundo del trabajo: fue relator (mi argentinización de law clerk) del legendario juez Learned Hand, uno de los "gandes jueces que no llegaron a la Corte Suprema" (algo así como lo que sería hoy un Richard Posner). Interesante es la descripción de como trabajaba Hand: mientras en general los otros hacen que los relatores le escriban proyectos o le hagan investigación compilatoria sobre un tema dado, Hand hacía al revés -al menos con Dworkin-. Escribía él y se lo daba al relator para que leyera, lo opinara, criticara.

Pasada su pasantía Hand se lo recomendó a Felix Frankfurter, amigo y asesor de FDR, entonces juez en la Corte Suprema (estuvo hasta el 62).Un recorrido común en esa época era que los clerks de Hand ascendieran a la Corte con Frankfurter. Con esa recomendación Dworkin pudo trabajar ahí pero declinó (lo consideraría luego "un serio error") y se integró en 1958 a un estudio jurídico especializándose en transacciones internacionales.

En ese mismo año se casó con Betsy Ross (chica de familia acaudalada, con estudios de arte en Harvard y de política social en la London School of Economics). En 1961 nacieron los mellizos Anthony y Jennifer, sus únicos hijos. Dworkin tenia una fluida relación con los Wallenberg en Suecia y pasaba largos tiempos en Estocolmo sin cumplir con el débito conyugal. En 1962 Betsy festeja sola su cumpleaños -Dworkin estaba en Suecia- y le manda a su marido un telegrama: "para el año que viene te conseguis un nuevo trabajo o te conseguís una nueva esposa".

Fines de los 60: toda la habilidad del Ronaldo bueno, su zurda, el notable gesto técnico del quiebre de cintura para interceptar al rival que lo agarra a contrapié

Tuvo suerte (su vida trashumante parece emotivamente bastante lineal y positiva, sin amarguras ni traumas) y recibio ofertas de Stanford y de Berkeley. Pero Betsy no quería vivir en la Costa Oeste y via su amigo Calabresi aterrizó en Yale. Estuvo siete años ahí (no enseña teoría del derecho, sino black letter law: contratos, impuestos) hasta que saca otra vez un billete premiado: Hart opera para que lo suceda en su cátedra de Jurisprudence en Oxford. Inquieto, a mediados de los setenta pero se cansa de vivir siempre en Inglaterra y busca alternativas en USA. Tiene ofertas de Harvard y de New York University y elige por NYU, que era una universidad de menor prestigio. La razón es que le gustaba más vivir en Nueva York. Obviamente, la llegada de Dworkin a una universidad de mitad de tabla la catapultó.

En NYU no daba clases "magistrales" sino que hacía coloquios. Catorce jueves a lo largo del semestre, alguien llevaba su paper a la mesa de discusión y la clase se centraba en destriparlo y hacer análisis sobre sus vísceras. Luego Dworkin hacía conexiones y aprovechaba esas discusiones para nutrir y pulir sus propias ideas, lo que explica el carácter, valga la redundancia, coloquial, de su prosa. Roberto Gargarella, que asistió a sus seminarios más adelante, recuerda que, como con Carlos Nino, se sentía a la vez uno distanciado y entusiasmado, y dice: "había una distancia irrecuperable entre ellos y uno, lo cual representaba un extraordinario estímulo para seguir estudiando. Era imprescindible leer y entender más y más, para poder dialogar con ellos y, eventualmente, tener alguna capacidad para desafiarlos".

El precipitado de todo ello, una factoría de ideas en tensión, va trasvasándose a su obra. En 1977 publicó "Los Derechos en serio" (Taking rights seriously), obra tremendamente influyente, capital, que enseguida cambió los ángulos de discusión y comprensión de la teoría jurídica. La prosa es estimulante, argumentativa, vívida. Se mantiene aguda y efervescente en "Una cuestión de principios" (A matter of principles, de 1985, recién editado el año pasado aquí en la gran colección Igualitaria de Siglo XXI). Esto parece una publicidad de agua saborizada y debemos decir que no hay divertimento sino bisturí hasta el hueso y polémica dura. Evoluciona hacia algo más esquemático, tal vez mas técnico, pero siempre atrayente en el otro gran pilar de su obra que es "El imperio de la Justicia" (Law´s Empire) de 1986.

Sigue escribiendo y firma en el siglo XXI obras distintas pero importantes todas: "Virtud soberana" (Sovereign Virtue de 2000, un libro que empalma teoría y práctica de la igualdad); "Justicia con toga", (Justice in robes de 2006, fragmentario a mi gusto pero de gran interés para los que piensan el derecho desde el derecho judicial); "La democracia posible" (Is democracy possible here?, también de 2006, escrito en el desencanto de la reelección de G. W. Bush, y pensando desde allí cuestiones sustanciales sobre los presupuestos y rasgos definitorios para que una democracia pueda válidamente operar y producir decisiones justificadas sobre derechos y gobierno).

En 2007 le dieron el Premio Holberg, una suerte de "Nobel" para filósofos y teóricos de las Ciencias Sociales. El Dworkin "oral" ya era un mito viviente y tendrá roce como conferencista durante más de veinte años. Pueden verse algunas de sus disertaciones en este post que compila Lucas Arrimada. Una vez un presentador se confundió y se llevó del atril las notas que Dworkin había preparado para hablar. Sólo se dio cuenta después: la exposición había sido organizada, asertiva, estructurada y administrada sin costuras.

Salvando distancias, Dworkin estuvo "cerca" de la Argentina en sentido conceptual y físico. En 1985 escribió el prólogo a la edición en inglés del Nunca Más, que puede verse acá. Vino en 2011 para recibir un doctorado honoris causa (aquí pueden leer la laudatio de Marcelo Alegre) en la Universidad de Buenos Aires, donde dio dos conferencias multitudinarias. Los que asistieron (yo no estaba en el país) las relatan como muy exhaustivas y estimulantes.

Dworkin enviudó en 2000. Un tiempo después formó pareja y se casó con Irene Brendel (que no es su apellido original, sino el que tomó luego de casarse con el pianista Alfred Brendel). Se lo llevó la leucemia, ayer 14 de febrero de 2013, a los 81 años.

Ciudadano del mundo, clichés de dandy (pipa, ropa elegante, pionero en el uso de computadoras en tiempos preinformáticos, finquita en Martha´s Vineyard con velerito para navegar), gran conversador, combinatoria de bonhomía y agudez según cuentan, parece que Dworkin la pasó bien y mantuvo su productividad académica y vital hasta los últimos días.

"He tratado -dijo alguna vez- de ser responsable en mis decisiones y de llevar una vida auténtica. Cuando era un abogado de Wall Street me di cuenta que no quería esa vida. Entonces me fui e hice algo que me parecía más gratificante: pensar y discutir sobre las cosas que son más complejas, importantes y más recompensadoras. Traté de hacerlo bien. No sé si tuve éxito". Pero era optimista: si hacemos las cosas bien, decía, podemos hacer que nuestras vidas sean como diamantes diminutos en la arena del cosmos.

SIETE IDEAS DWORKINIANAS

A muchos nos gusta Dworkin porque tenía una predisposición a incardinar ideas con casos donde esas ideas eran exhibidas experimentalmente, y de hacer lo mismo pero en sentido contrario, rescatando temas controversiales y de coyuntura para explicarlos a la luz de ideas más generales.

Recomendando este post de Gargarella donde planea arbitrariamente por su obra, nos parece pertinente aislar en redacción libre capsulitas de Dworkin básico para tildar muy condensadamente siete razones por las que Dworkin aumenta y mejora nuestro kit de herramientas y conceptos al pensar el derecho.

1. Los derechos como cartas de triunfo. Idea potente y casi contracultural en tiempos de relativismo, positivismo y emergencia de perspectivas críticas. Clásico y moderno, Dworkin piensa en un ordenamiento jurídico potente y vinculante: empoderado y no limitativo (como los que entiende los derechos como meros límites). Algunos hablan de Dworkin como un neoiusnaturalista. y funcionalmente lo es, en la medida en que presupone que sin derechos individuales (potentes) no existe "el Derecho" con mayúsculas. Por eso Dworkin asumía que las teorías de la justicia deben ser tanto "descriptivas" (como las de Kelsen o Hart) como "prescriptivas".

2. Juridizando y jerarquizando los "principios". Aunque desde siempre se asumió en diversas formas la la distinción reglas/principios, Dworkin es quien la saca del galpón del fútbol 5 y la mete en la cancha grande de la teoría jurídica y política. Comprende esencialmente que los principios tienen una dimensión que falta en las normas: la dimensión del peso o importancia. Por eso las normas tienen un modo de funcionamiento mas mecánico y silogístico, mientras que cuando los principios se interfieren la decisión sobre la precedencia deberá ponderar la incidencia y el peso relativo de cada uno en el caso. Para validar y delimitar el alcance de los principios no hay una norma de pedigrí, una "regla de reconocimiento" a lo Hart. Hay que ensuciarse las manos en el barro de la argumentación y hay que orientarse por estrellas polares de la integridad y la consistencia.

3. El juez Hercules y la respuesta correcta. Dworkin se rebela contra la idea de que en los casos difíciles la complejidad obliga a reconocer que los jueces pueden fallar de un modo o de otro. Pero no minimiza las dificultades de la adjudicación judicial. Para eso construye un modelo, el del "Juez Hércules", "dotado de habilidad, erudición, paciencia y perspicacia sobrehumanas", capaz de correr el hipotético software de razonamiento institucional que le permita encontrar las razones y los principios que respaldan los derechos y de aplicarlos al conflicto que le toca resolver. La solución -desde luego, correcta- es "generada" por Hércules sin ejercer "discreción" ni aportar elementos nuevos o subjetivos. Lo cual nos remite al sistema operativo que los jueces Hércules (y, con ellos, Dworkin) necesitarían para correr ese soft.

4. Un modelo (re)constructivo. Dworkin defiende un modelo en el cual para la concepción de la justicia es esencial una coherencia expresa, pero esta no viene "dada" sino que requiere una labor "reconstructivista" a cargo de los jueces para que "en tanto sea posible, traten nuestro actual sistema de standards públicos como si respetara y expresara un conjunto coherente de principios y, con ese fin, que interpreten estos standards para hallar standards implícitos entre sí y por debajo de los explícitos" (textual de Law´s Empire).

5. El derecho como integridad. Consecuentemente, Dworkin entiende que el camino a recorrer no es el de apelar al impacto bruto de inmanentes axiológicos, sino el de articular una visión del derecho como integridad, una teoría unificada sobre la fuerza gravitacional de los derechos pero que presupone una visión coherente de las concepciones de justicia y de equidad que los pretenden justificar.

6. La novela encadenada. Hablamos de eso en este post sobre el ejemplo que da en Law´s Empire, con "Un cuento de navidad" de Charles Dickens. Esta creación metaforiza la construcción retro-prospectiva de sentido reclamada por el derecho como integridad. Describe con ella Dworkin de qué forma fluye el mecanismo interpretativo. Nos toca continuar una novela empezada y nuestra continuación (etapa creativa) tiene que ser consistente con lo que vino pasando hasta ahora, lo que obliga a partir de una interpretación previa del sentido de ese sustrato. Hércules trabaja full time porque su universo es fractal: cada eslabón se interpreta a la luz de la cadena previa.

7. Igualdad como virtud soberana. Dworkin iría siendo cada vez más centrípeto en su pensamiento. Algunos se lo reprochaban. Contaba esto por ahí Marcelo Alegre, factótum de la visita de Dworkin a Argentina de 2011: Frances Kamm le dice: "Ronnie, lo tuyo es circular. Tu idea de la igualdad presupone tu idea de la libertad y viceversa". Dworkin le responde: "Gracias por el elogio". La última escala de Dworkin es el Justicia para erizos", (Justice for Hedgehogs de 2011, aquí blog del libro con respuestas de RD a los críticos). La expresión viene de Isaiah Berlin, que la tomó a su vez de un aforismo del poeta griego Arquíloco: "El zorro sabe muchas cosas, y el erizo sabe una sola, pero es muy grande". Para Dworkin, eso muy grande era la igualdad.

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Postdatas

- Los datos biográficos están sacados de varios lados: esencialmente de una extensa entrevista que le hacen circa 2005 para la Revista de la NYU (puede verse en este link) y de los obituarios del New York Times y de The Guardian.

- En el mundo jurídico hay otros dos Dworkin "famosos": la pensadora feminista Andrea Dworkin (que murió en 2005) y el filósofo Gerald Dworkin (que escribió sobre paternalismo y eutanasia). También hay otro Ronald: Ronald W. Dworkin, anestesiólogo, autor de "Artificial Happiness", libro sobre la cultura del empastillamiento. Ninguno de ellos tiene relación con Ronaldo.

Sobre el Acuerdo con Irán

2013-02-13T09:24:00.000-03:00

Este reporte es básicamente factual y lo escribo sólo después de conocer el texto en inglés del "memorandum de entendimiento" entre Argentina e Irán relativo a la investigación por el Atentado Terrorista a la AMIA de 1994, que junto con el texto en español y en farsí están en este PDF donde se transcribe la presentación del Ejecutivo al Congreso.

Fuente: Old Typwriter

De qué se trata

Con naturaleza jurídica de tratado que requiere aprobación de un órgano legislativo, se trata de una vía abiertamente sui generis y sin análogos claros en el Derecho Internacional Público. En el caso Lockerbie (atentado contra un avión de Panam en Escocia 1988 donde murieron 270 personas) Kadafi acordó la entrega de inculpados y celebración de un juicio completo en un tercer país (Holanda). Por otro lado las "Comisiones de la Verdad" tienen solo un parentesco nominal con el órgano ad hoc que se crea en este acuerdo.

La Comisión de la Verdad se forma con cinco miembros: dos designados por cada país y un quinto de común acuerdo, que deberá ser un jurista de alto standard moral y prestigio legal.

Sus reglas de procedimiento son fijadas por ella, pero luego deben ser aprobadas por cada uno de los países. De esta forma los países se aseguran de que la Comisión se arrogue facultades soberanas o jurisdiccionales no delegadas. A falta de previsión expresa entiendo que esta aprobación de las reglas de procedimiento sólo requiere actos administrativos de los firmantes, y no nueva ratificación parlamentaria.

Para describir su cometido en una sola oración: los Comisionados llevarán a cabo una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados. Aunque las partes pueden presentar documentos en las Audiencias, y estos deberán ser considerados en su Informe, no es función de la Comisión investigar ni colectar nueva prueba. Ni cumple rol casacional o de auditoría: lo que la Comisión dictamine sobre esas pruebas no nulifica lo actuado por la Justicia argentina ni lo avala.

A esos efectos, la Comisión oirá la declaración de los iraníes acusados que tienen alerta roja de Interpol. Ello comprende a cinco personas incluyendo al Ministro de Defensa Iraní Ahmad Vahidi, y excluye a otros cuatro imputados en la causa que no tienen alerta roja, como explica esta nota de Raúl Kollman en P12,

Ese acto nominado como interrogatorio (en español) o de modo más suave questioning (inglés) no será un acto que tenga carácter de declaración formal para el derecho penal argentino.

No obstante, el acuerdo prevé un apartado de "derechos básicos", que implica que ciertas garantías mínimas les serían aplicables a los convocados a declarar. Por ejemplo, tendrán el derecho de que le sean informadas concretamente las imputaciones, el derecho a contar con un abogado asistente, el derecho a negarse a declarar y que esa negativa no sea considerada un indicio incriminante.

Consecuentemente, aunque en impacto y noticiabilidad todo gira sobre esos interrogatorios, es difícil que de ellos surja nueva evidencia, salvo una improbable confesión.

En conclusión

A pesar de su categórico nombre ("Comisión de la Verdad") la Comisión dará "su visión" y expresará "recomendaciones". Los Estados las deberían tener en cuenta. Pero no les son vinculantes.

Así, no existe la posibilidad que imagina Caputo de que la Comisión resuelva finiquitar el caso estableciendo una indemnización civil y que la Argentina deba atenerse a ello. Del mismo modo, un informe exculpatorio de la Comisión no genera técnicamente ningún efecto para la causa que se sigue en la justicia argentina, ni uno inculpatorio obliga ipso facto a Irán a entregar a sus connacionales.

Su utilidad es que confronta a las partes a dar razones explícitas sobre el mérito de la investigación y hacerlas públicas, y a tener en ese marco la mirada de un "imparcial" que sería el quinto hombre de la Comisión.

Las condiciones de posibilidad del acuerdo son también sus limitaciones. O, si se quiere verlo de otro modo, sus limitaciones son sus condiciones de posibilidad.

Todo evaluación que se dispense debe asumir el contexto de que sin acuerdo específico no hay ninguna norma internacional vinculante que obligue a Irán a hacer nada y de que el derecho argentino no permite juicios en ausencia.

"Leyes" nacionales 1984 - 2012

2013-02-04T08:39:00.000-03:00

Procedemos a "actualizar" el conteo en bruto de leyes nacionales sancionadas que hicimos en un post de 2007, y le incorporamos vetos y Decretos de Necesidad y Urgencia (los DNUs, vía excepcional, pero de rango material equiparado a "leyes", y de allí el encomillado).

Así han sido en cada año completo desde la recuperación de la democracia.

Elaboración propia sobre datos de INFOJUS. Click sobre el gráfico para agrandar.
El número inferior inscripto en blanco se refiere a las leyes promulgadas graficadas en las barras azules.
Se acoplan a ellas la fracción naranja que capta los vetos totales y la amarilla graficando los DNUs (*).

El tamaño (del número) no importa: más no es necesariamente más, menos no es necesariamente menos.

Ese gráfico es el número de veces que se pudo cerrar exitosamente el circuito normativo "regular" (promulgación), el número de veces que se obstruyó (veto) y el número de veces que las leyes provinieron del circuito normativo "excepcional" (los DNUs, cifra según INFOJUS y que debe ponderarse según el asterisco que explicamos más abajo).

Pero ello no "dice" mucho sobre la calidad legislativa de un período dado. Esto es así porque existen leyes sin relevancia jurídica como la 26.243 que declara de interés histórico arquitectónico al Teatro Español de Santa Rosa o la ley 26.757 que declara capital nacional del poncho a la Provincia de Catamarca (sic, no es un error: declaran capital a una provincia) y muchas que imponen nombres o ceden predios, etc.

Es injusto compararlas con leyes complejas y extensas (Ley de Medios, Ley de Educación Superior, AFJPs, Ley de Quiebras, etc.) que cuentan como un solo caso a la hora de la suma anual pero que demandan un tiempo considerable, que a veces implica un debate que se ha extendido por más de un período parlamentario.

Es lo que ocurrió el año pasado: como dijimos en nuestro post de enero donde recortamos las 20 leyes más importantes de 2012, buena parta de la actividad legislativa del Congreso se ha dedicado al tratamiento del Proyecto del Código Civil y Comercial (aquí web de la Comisión Bicameral encargada de ello) y esto no se tradujo en una "ley sancionada".

Aunque en menor medida, algo parecido ocurre con los DNUs y los vetos: su solo número puede ser engañoso porque también pueden incorporar temas de escasa relevancia. Por ejemplo, Menem firmó un DNU para donar asfalto a Bolivia. Y el único veto presidencial de 2012 se dio contra un proyecto de ley que transfería terrenos nacionales a la Municipalidad de La Banda de Santiago del Estero.

Algunos detalles

Sumando promulgadas + vetadas el promedio de "productividad legislativa" es de 137,5 leyes por año o, en números absolutos, 3716 leyes nacionales sancionadas desde 1984.

De ellas, fueron vetadas (vetos totales) exactamente 150: el 4 %. Para no ser nominalistas conviene recordar esta tipología de los vetos que hacía Lucas Arrimada (veto silencioso, veto operativo, veto reformador, etc.)

Los años "electorales" (años impares donde se renuevan parcialmente las Cámaras) presentan menor "productividad legislativa": tienen un registro promedio de 132,64 leyes contra 142,06 leyes en los años no electorales.

Sólo cuatro años arrojaron un número de leyes sancionadas inferior a 100: fueron los de 1987, 2005, 2010 y 2011.

A todo esto, una parte importante de las leyes vigentes fueron edictadas durante diversas dictaduras . Este post de José Ignacio López hace un racconto sobre ello. Cabe aclarar a su vez que muchas de ellas fueron ratificadas o reformadas por Congresos democráticos post 1983.

Mientras tanto, y ya en etapa final, sigue en consideración (en el seno de una Comisión Bicameral ad hoc) el tratamiento del Digesto Jurídico Argentino (aquí el libro que presentó el Ejecutivo en 2011), demorada obra "unificadora" que comenzó el Estado Argentino en 1998.

(*) Asterisco sobre "cuantificación" de los Decretos de Necesidad y Urgencia

La cuenta que arroja INFOJUS dice que se dictaron 698 DNUs conforme al siguiente detalle

ALFONSIN, 1
MENEM, 196
DLR, 59
RSAA, 6
DUHALDE, 203
NK, 265
CFK, 45

Debe decirse que estas cifras varían según las fuentes. Para tomar dos: según un estudio de Josefina Ichaso para Nueva Mayoría (pagina 26 de este paper de Bianchi) las cifras son muy distintas especialmente para el caso de Alfonsín (reporta 10) y de Menem (reporta 545). Las cuentas también le dan distinto a Valeria Palanza (aquí paper): 11 y 247 respectivamente. En los presidentes más "contemporáneos" las discrepancias entre las fuentes son menores.

DNUs por presidente, según fuente.

Enero 2013: retweets

2013-02-01T20:39:00.003-03:00

La frecuencia mensual parece para algunas cosas mucho más razonable que la de los resúmenes anuales. Por eso, resucitamos la sección de retweets faveados en mi cuenta @GustArballo para poner en valor links curados durante el mes. Dividimos el mundo (arbitrariamente) entre lo jurídico y lo que no lo es de un modo ostensible.

Hay Derecho

Dos intervenciones mías del arcón pero con cierta actualidad. Aquí en Página 12 trazábamos en 2008 un perfil de Fayt -hoy cumple 95 años- y aquí en el Estadista opinábamos -con otros- sobre los caminos de Lorenzetti.

A propósito, Zaffaroni dijo que a fines de 2014 deja la Corte (cumple 75 en enero de 2015).

Imperdibles veinte consejos prácticos para ejercer la abogacía de Sevach (el jurista español José Ramón Chaves)

Ley de Medios por dos: una nota de Martín Becerra sobre las visitudes de su implementación y una a Graciana Peñafort explicando cómo nació todo.

KOT de Wainfeld a la AFIP en su replica -juridica- por las criticas al sistema de autorizacion para compra de dólares.

Fashion police de Julián Axat en Algunos apuntes sobre el arte de vestir la toga (abogados, alta y baja costura)

Releyendo cosas viejas encuentro este muy buen post de Joel Campos Barbosa contra el procesalismo constitucional

Espacio cedido: la revista que coordinamos, "Cuadernos de Doctrina Judicial de la Provincia de La Pampa", puede descargarse aquí (190 pags, PDF, con jurisprudencia seleccionada sobre Responsabilidad Civil y artículos sobre temas civiles, penales y etc.)

A propósito de la capacitación judicial he aquí algunas excusas que usamos para no aprender una glosa libre pero casi textual que escribimos sobre textos de @EduardoKastika

Vía Roberto Carlés vimos el Documental "Hot Coffe" de HBO que embebemos completo aquí, sobre los problemas y las reformas al sistema de reparación de daños en los EE.UU.

Link a YouTube del documental completo

No hay derecho

Vía ‏@jaim_etcheverry recomendamos El fin de la universidad que conocimos. Extenso pero muy interesante análisis de Nathan Harden en The American Interest

El mito mediático incombustible de "las marcas en las casas que usan los ladrones para robar", de un post ¡de 2006!.

Entrevista en la Revista Crisis al -para mi- mejor artista argentino vivo, Mariano Llinás.

Vía @tin_alessandro esta buena nota de cómo Nueva York bajó 75% los homicidios.

Tendencias en consumos culturales. Según los ratings de Alexa Clarin.com ya no es la web de noticias más visitada de la Argentina y pierde su lugar ante lanacion.com (debe tenerse en cuenta que el número de Clarín tiene cierto doping porque incluye visitantes que juegan al Gran DT).

Clarín en azul, La Nación en rojo. Click en el gráfico par agrandar.

Fuente del mes

La Courier es un clásico. Fuente obligatoria para guionistas y preferencia de muchos periodistas. Tiene un look and feel de máquina de escribir. He aquí para descargar la mejor fuente Courier que se haya hecho, que soluciona todos los problemas estéticos de la Courier estándar.

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Para muchos es el primer mojón laboral relevante, la vuelta de "la feria". Empezamos un largo año cuya orilla está en diciembre. Recomendamos entonces leer el tremendo comienzo de "Historia de dos ciudades", más informativo que el Clarín del día de la fecha. Nada nos debe sorprender. Buena suerte para todos y todas.

La Corte en 2012: visión (estadística) de rayos X (parte II)

2013-01-29T11:57:00.002-03:00

Esta sección continúa a un nivel de detalle mas fino -y más "técnico"- el desglose estadístico de los fallos de la Corte en 2012 (cuya primera parte se publicó en este post). Aquí sólo trabajaremos sobre la muestra "grande" de casos que aparecen subidos a la base del tribunal.

Remisiones

Fin de un mito: la remisión es mucho menos frecuente de lo que se cree.

El pacman del 75 % de los casos salen "sin remisión". El 10 % tienen remisión total o parcial al Dictamen del Procurador. En el 15 % restante la Corte se remite a otro fallo dictado por ella misma que guarda "sustancial analogía".

Rudimentos de procesal constitucional, REXs y Quejas

Advertencia antes de seguir con los gráficos: lo que sigue puede ser obviado por abogados litigantes o con conocimientos generales de procesal argentino. Para el resto, un breve y simplificado punteo de contexto con el fin de aclarar nuestro ecosistema y sus peculiares especies.

El grueso de la parte jurisdiccional que más nos interesa de la Corte está en el Recurso Extraordinario Federal.

También existe un Recurso "Ordinario" (previsto para causas donde la Nación es parte y superan una determinada suma y para extradiciones), una competencia "originaria" donde los casos nacen y mueren en la Corte (p.j., demandas entre provincias o entre éstas y la Nación), y una jurisdicción donde la Corte interviene para dirimir conflictos de competencias y no para resolver "el fondo" de los casos (un caso relativamente conocido del año pasado es "Pro Familia c. CABA" donde la Corte "aprovechó" un pronunciamiento en cuestiones de competencia para reafirmar la doctrina adoptada en "F.A.L." sobre aborto no punible).

Como dijimos, lo que nos interesa es el Extraordinario Federal, o REX. Y su pariente cercano, el Recurso de Queja por Denegatoria del Extraordinario, también llamado "Recurso de Hecho" y (por esa razón) abreviado RHE.

Como su nombre lo indica, el REX no es un recurso "ordinario": para que proceda debe existir una "cuestión federal" jurídica involucrada (validez o interpretación de una ley nacional), "arbitrariedad" en el pronunciamiento o "gravedad institucional".

Sin embargo el REX no se presenta ante la Corte Suprema sino ante el tribunal que dictó el fallo que se va a recurrir (un Superior Tribunal de Provincia o una Cámara Federal).

Este tribunal tiene dos opciones: o "concede" el REX y eleva el expediente a la Corte Suprema para que resuelva o -lo que es mucho más común- lo "deniega" por entender que no se da ninguno de aquellos requisitos.

En el segundo caso aparece el RHE: el apelante entonces tiene que ir en queja ante la Corte Suprema para denunciar que el Recurso Extraordinario estuvo mal denegado, y de esa forma indirecta la Corte revisa la decisión sobre el recurso en sí. Decisión que es independiente de lo que resuelva sobre la sentencia y el fallo apelado (puede, por ejemplo, admitir el Recurso pero confirmar la sentencia).

Requisitos de admisibilidad y procedencia

No todos los REXs o RHEs llegan a ser objeto de una decisión de fondo por parte de la Corte Suprema. La mayoría se queda en la etapa de la admisibilidad, y son desestimados.

Son desestimados el 40 % de los REX y el 78 % de los RHE (quejas)

Otra lectura implícita de este cuadro es cómo el binomio REX+RHE suma 7473 fallos y surte aproximadamente el 80 % de los fallos cargados en la base de la Corte Suprema en 2012. No sólo es cualitativamente lo más importante que hace la Corte (porque allí actúa corrigiendo sentencias y como intérprete final de la Constitución) sino también lo es cuantitativamente.

Esas expeditivas "desestimaciones" se resuelven mayoritariamente a través de una falencia en los "requisitos de admisibilidad y procedencia" cuyo desglose es extenso.

Son de especial interés aquí las tres "causales" de desestimación más frecuentes (y antipáticas).

El incumplimiento de los requisitos formales de la Acordada 4/2007 (establece básicamente un límite de hojas y pautas de presentación de los recursos).

La genérica falta de fundamentación.

El también genérico "certiorari" o "plancha" del art. 280 C.P.C., por el cual la Corte Suprema puede "según su sana discreción", y con la sola invocación de esa norma, "rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia". Es decir, un rechazo "sin fundamentación", que se resuelve en dos renglones (aunque previo a ello hay una circulación interna del expediente entre los jueces que firman el 280).

Enumeramos al pasar algunas de las otras causales del rubro: falta de sentencia definitiva (cuantitativamente es la cuarta, y procede porque se apelan muchas cautelares que no son técnicamente "sentencia definitiva"), no integración del depósito, recurso interpuesto fuera de término, falta de introducción oportuna de la cuestión federal, falta de agravio.

Pues bien: tal como se presume, Acordada 4 y certiorari o plancha de 280 presentan una incidencia notable en el desglose de desestimaciones que la Corte despacha.

En porcentajes, sobre el Total REX+RHE que son desestimados el 32 % corresponde a Acordada 4,
el 48 % a Art. 280, el 8,5 % a falta de fundamentación y el 11,5 % a otras causales.

A propósito del "certiorari" negativo, una idea bastante extendida nos dice que hay jueces que son más "propensos" a aplicar la plancha del 280 y otros que son menos proclives a hacerlo.

La verdad se ve en el siguiente cuadro y no es tan así: todos los jueces oscilan en el 30 % salvo Fayt que ha dedicado sólo el 15 % de sus votos de mayoría a denegar por certiorari (en buena medida tal vez sucede que Fayt hace un "certiorari" implícito al no votar, puesto que es con mucha diferencia el juez que menos casos ha votado en la temporada).

Yendo al fondo: la suerte de los REXs

¿Qué pasa, finalmente, con los REXs? El siguiente cuadro (que computa los registros de REXs excluyendo de ellos los que involucran regulaciones de honorarios) muestra el desglose de la bandeja de salida.

Se distinguen dos hemisferios: toda la mitad izquierda que engloba a las distintas barreras de procedibilidad (desestimación, inoficiosidad, abstracción, etc., sumando un 51 % de recursos que mueren allí) y la mitad derecha en donde hay "decisión" sobre el fondo, confirmando total (9%) o parcialmente (1%) la sentencia, revocándola parcial (10 %) o totalmente (18%), dejándola sin efecto (10 %) o decretando su nulidad (1 %).

El semáforo del REX: onda roja y onda verde

Agrupando los posibles resultados en REXs "frustrados" (desestimaciones formales más inadmisiones más confirmaciones de la sentencia apelada), "parciales" (confirmación parcial más desestimación parcial) y "exitosos" (deja sin efecto, nulidad o revocación total) podemos simplificar las categorías y reducirlas a un semáforo. O, mejor, a dos.

En REXs: 29.87 % exitosos, 10.90 % parcial, 59.22 % frustrados
En REXs no desestimados: 60 % exitosos, 21.90 % parcial, 18 % frustrados

Si miráramos los números en bruto veríamos que al final del año la Corte habrá revocado o anulado 680 sentencias que fueron objeto del recurso extraordinario, lo que representa algo más del 7 % dentro de los más de 9000 fallos que carga en su base, y en una primera mirada esa tasa de revocación no parece alta.

Pero lo que el cuadro de los dos semáforos muestra es que hay muy buenas chances para los que tengan la paciencia, la solvencia técnica y la suerte para llegar al final del camino y colar un REX que la Corte trate como tal para decidir sobre el fondo.

En ese escenario, que describe la barra de la derecha (REXs NO-D, los recursos no desestimados) cuatro de cada cinco sentencias terminarán siendo dejadas sin efecto o revocadas en forma total o parcial.

Es un dato muy significativo, y no muy bueno para un sistema judicial donde la revisión extraordinaria debería ser un evento más bien infrecuente.

Dado que para el litigante es una lotería que vale la pena jugar, esta performance explica por qué la Corte estimula la concurrencia masiva ante sus estrados en busca de la bolilla agraciada -y esta masivización provoca un estiramiento adicional al ya prolongado trámite de los procesos en nuestro sistema-.

Corte Suprema 2012: visión (estadística) de rayos X (I)

2013-01-28T12:01:00.000-03:00

Este es el (primer) subcapítulo estadístico de nuestra revisión del período 2012 de la Corte Suprema. Vamos a trabajar sobre dos "muestras" distintas: la de los 50 casos más relevantes que elegimos y reportamos en este post y la de los 9419 fallos que estaban subidas a la web oficial de la Corte.

Votantes e influyentes

Vamos a partir de un detalle para desde ahí ir viendo tendencias generales. Por ejemplo: Fayt es con mucha diferencia el que menos votó en la muestra grande ...

Datos de MAY-MIN por juez: ARG 3669-145 / FAY 2347-24
/ HIG 6105-128 / LOR 6705-80 / MAQ 8248-97 / PET 6798-124 / ZAF 5480-244

... pero está donde hay que estar: votó en más del 80 % de los casos "claves":

ARG 17-4 / FAY 40-2 / HIG 42-5 / LOR 39-3 / MAQ 49-0 / PET 37-3 / ZAF 27-3

Este último es el gráfico más revelador para describir lo que es la Corte hoy, y dispara varias lecturas:

Maqueda es el centro de gravedad de la Corte: votó en 49 de los 50 casos y siempre estuvo en la mayoría. Además, si vuelven al primer cuadro verán también que es con mucha diferencia el que más votos sumó en la lista general.

Argibay es quien menos votó y quien mayor proporción de votos en minoría tuvo en la muestra chica (casos importantes). En cuanto a lo primero, hay que decir que estuvo alejada un tiempo de la función debido a problemas de salud.

Aún en el caso extremo de Argibay no hay ningún juez "aislado", que esté siquiera cerca de tener mayor proporción de minorías que de mayorías.

Votantes y disidentes

El siguiente par de gráficos -datos también también sobre ese "recorte" de 50 casos más relevantes- muestra tendencias sobre cómo las mayorías llegan a ser tales:

- Cuando hablamos de "la Corte" casi siempre hablamos de una parte de ella. En las barras de la izquierda vemos como -aún en los "importantes"- son raros los casos en que hay votos de los siete jueces: son 9 de los 50 elegidos (la barra bordó). Lo más frecuente es que no estén todas las firmas, sea con el mínimo de 4 votos (16 casos), o con 5 o 6 votos (8 y 17 casos respectivamente).

- Celeste de aguas calmas en la torta de la derecha: el 78 % de los 50 fallos fue sin disidencias y solo uno de ellos (casos más sensibles, más visibilizados, con mayor potencial de controversia) tuvo la mayoría mínima de 4-3. Y como dijimos antes, es el caso del jury al gobernador Colazo que lo anotamos sólo "técnicamente" como disidencia porque el efecto del voto de la minoría (que rechazaba por 280) era idéntico al de los que consideraron el recurso para terminar rechazando la impugnación..

- El ranking anual de disidencias tomado sobre el total de los fallos incluidos en la base de la CSN 2012 (datos del primer cuadro de este post) compone un podio de Zaffaroni (244) Argibay (145), Highton (128) y muy cerca Petracchi (124). El resto reporta menos de 100 fallos en minoría, sobre un total de 9.419 casos.

Afinidades en mayorías

Pero detrás de la narrativa de una Corte "homogénea" donde las disidencias son infrecuentes, vemos un panorama muy claramente fragmentado de alineamientos entre los jueces

El siguiente cuadro toma todos los pares posibles de ministros y computa en cada binomio cuantas veces coincidieron en mayoría en la muestra de los 50 casos que seleccionamos.

De este cuadro se desprende que hay un núcleo central compuesto por Maqueda, Highton, Fayt y Lorenzetti. Y el lento degradé demuestra que no hay "minibloques" de afinidad claramente definidos.

En relación a Maqueda, el mejor compañero (aparece en cuatro de las cinco combinaciones más frecuentes), el Ohio de la Corte Suprema (mejor predictor de sus votos), cabe preguntarse si llega a ser eso porque forma tendencias o porque las sigue. Mi sensación: es por lo segundo.

Por contraste, notorio aislamiento de Argibay, en consonancia con su bajo porcentaje de votaciones y de mayorías, y menos notorio pero también perceptible de Zaffaroni. Miren la mitad derecha del cuadro de las barras descendentes: las once combinaciones menos frecuenten coinciden con los binomios donde aparecen Argibay y Zaffaroni. Y la menos frecuente de todas es la que los junta: sólo coincidieron en mayoría en 4 casos.

Próxima y última parada del repaso estadístico: proporción de salidas por 280, cual es el ministro que más las usa, causales de desestimación y procedibilidad, suerte de los recursos extraordinarios federales. Actualización: publicamos ese post aquí.

Sobre el Poder Judicial: qué hacer y qué no hacer

2013-01-23T12:31:00.000-03:00

Sacamos por un momento la vista del retrovisor y miramos más allá del parabrisas. En el contexto de propuestas y contrapropuestas sobre "democratización de la justicia" y reclamos de narrativa cismática por una justicia legítima se han instalado un número discreto y todavía abierto de temas. Lo cual celebramos y nos parece extraordinariamente positivo. Ahora bien, sobre eso, sujeto a debate, hoy esto pensamos:

Fuente: Bleeding Cowboys

Elección popular de los magistrados. Sólo para valientes: siendo realistas es imposible de implementar sin que las elecciones de jueces queden solapadas a las lógicas partidistas (y corporativas) que influyen en las elecciones de cargos periódicos. Resultado: quien reclame "elección popular" me debería explicar cómo eso evitará mutar de una "justicia democrática" a una "justicia partidaria". Se recomienda la lectura de "La Apelación" de John Grisham para tener un grato momento literario y una visión del principio funcionando en el barro de lo real (el relato está basado en un caso que efectivamente ocurrió). Su logística es además muy compleja, y puede verse una aproximación a ello en el post que escribimos sobre elecciones de los jueces en Bolivia. Además, por supuesto, requiere una improbable reforma constitucional.

Concursos de ingreso. Esto debe ser la piedra fundamental: un sistema abierto y técnico, con reglas públicas y generales, que genere concursos periódicos de los que surjan nóminas con órdenes de mérito vinculantes sin excepciones. Sin meritorios ni pasantes que luego distorsionan el sistema de ingreso: el Poder Judicial no es un lugar donde se va a "aprender" o a "dar una mano" sino que todos y todas tienen que tener un vínculo blanqueado y profesional, con un equitativo y reglamentado (no discrecional) derecho a la carrera. Esto debe compatibilizarse también con la posibilidad de que la incorporación a un Poder Judicial no sea sólo posible en puestos de la base de la pirámide del organigrama sino que sea posible concursar cargos intermedios, como los de Secretario, y no que estos se vean proveídos por ascensos inerciales (el mero transcurso del tiempo) o por concursos internos y endogámicos. No dejamos de notar que muchos de los funcionarios judiciales que claman modernización y apertura proveen sus designaciones y sus ascensos a dedo. Una mirada antropológica y descriptiva de ese sistema aparece en "Poder Judicial y padrinazgos", ponencia de Mariano Gutiérrez. En contrapartida, algunos poderes judiciales provinciales arman concursos así desde hace tiempo, de modo tal que este punto no es nada revolucionario.

Un ISEN para el Poder Judicial. La Corte Suprema debe generar un espacio de excelencia en la cúpula. Instituir un sistema de reclutamiento federal de funcionarios jóvenes que sigan un programa de capacitación intensiva en la Corte y luego se incorporen a las secretarías y vocalías. Autolimitar su discrecionalidad: sólo se podrá llegar a trabajar en la Corte de ese modo. Este instituto y estos funcionarios a su vez deben articular con las cámaras del interior del país y los poderes judiciales provinciales para ser agentes replicadores de la capacitación. Multiples ganancias: cabeza de playa de la excelencia, genera un semillero de buenos jueces, se van definiendo currículas de cursos escalables y tal vez accesibles on line, la Corte tendrá a largo plazo un staff profesionalizado (y no capas superpuestas de designaciones a punta de pluma), hay capilaridad del conocimiento, genera un modelo potente para ser a su vez aplicado por tribunales provinciales.

Juicios por jurados, pista falsa. Algunos amigos nuestros lo defienden (Bovino acá polemizando con Zaffaroni o Juan González Bertomeu en Perfil) y nosotros hemos escrito bastante escépticamente al respecto (este post de 2007 por ejemplo). Mas allá de esa discusión: pongamos en contexto algo: sólo tendría impacto en una fracción muy pequeña de casos, las causas penales graves que llegan a juicio oral. Y esta nota de Irina Hauser de hace un año nos contaba como de hecho los juicios orales son la excepción, y no la regla, en el sistema penal federal. El juicio por jurados tiene muchos problemas logísticos (tanto para pequeñas causas como para megacausas) pero también constitucionales: al aceptarlo asumimos que no tenemos derecho a una decisión fundada (una forma ortopédica de solucionar eso es que haya una fundamentación escrita por un juez lego que colabora, al estilo cordobés, lo que tiene dos problemas: deja de ser técnicamente un juicio "por jurados ciudadanos" y esa fundamentación es una fundamentación vicaria y no real). Repasemos, de paso, grandes éxitos del sistema propuesto: Rodney King, O. J. Simpson, John Thomas Scopes. Recordamos, finalmente, que el Juicio por Jurados es hoy inconstitucional en 15 provincias.

Ganancias, impuesto a las. La exención de impuesto a las ganancias es desigualitaria e insostenible. Como dijo Lorenzetti: “esto se soluciona pagando”. Lo dijo en julio en esta entrevista con Jorge Rial. En contextos inflacionarios existe una ventana de oportunidad para ir introduciéndola progresivamente para que en un par de años no exista más. Detalle importante: hay que tener cierto cuidado sobre el efecto de la eliminación de la exención en las retribuciones y escalas salariales y esto no es corporativismo sino sentido común: como la exención rige desde hace tanto tiempo los salarios se fueron fijando “asumiendo” que la exención (como doping remunerativo) daba un rendimiento mayor al sueldo nominal. Habiendo dicho esto, de nuevo una contextualización es necesaria: no veo cómo en forma directa o indirecta este acto de civilidad puede tener efecto alguno en la calidad de la Justicia.

Un nuevo Reglamento para la Justicia Nacional. La "sala de máquinas" del Poder Judicial Federal sigue estando regulada por un decreto de facto de la revolución libertadora, el 1285/58. (Incidentalmente, Martín Verrier me apuntaba que la Ley de la Policía Federal es del mismo año. La Federal no es una institución judicial, pero una política pública de seguridad debe incluir una reformulación de su espinazo jurídico). Hay mucho para hacer desde ese lugar poco visibilizado.

"Alternativas": mediación, casas de justicia y centros de acceso judiciales. Ninguna de las "alternativas" puede funcionar bien si no funciona bien la Justicia propiamente dicha. Mi modesta proposición es que las discutamos por cuerda separada.

Limitaciones temporales a los mandatos judiciales. Técnicamente posible pero complejo: requiere reformas constitucionales nacionales y provinciales según el caso. Pero entiendo que sí pueden válidamente introducirse obligaciones "de resultado" legislando en detalle sobre las causales de destitución (hoy abiertas a la atribulada semantización del "mal desempeño") y un cronograma de evaluación periódica: en particular, de acreditar un número razonable de horas de capacitación y la posibilidad de realizar exámenes técnicos periódicos generales para evaluar si un juez o funcionario mantiene la idoneidad presuntamente acreditada al momento de obtener el cargo. Esto nos aseguraría al menos un piso discernible de "idoneidad técnica" (y pone a salvo de que la estabilidad en el cargo sea un privilegio sin contrapartidas de esfuerzo una vez obtenida). Nos parece natural que haya VTV para un auto y no para un juez, y esto no debe ser así.

Rendir cuentas. Definitivamente sí. Pero no sólo "cuentas patrimoniales". La independencia judicial no es una patente de corso para hacer lo que se nos cante ni para no responder frente a la sociedad. Cosas tales como “los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias” son insostenibles y deben ser erradicadas de nuestro tráfico de eslóganes. Hace un tiempo Alberto Binder escribió un gran paper sobre cómo y por qué debe rendir cuentas el Poder Judicial: si van a leer sólo un link de los que hagamos en todo este año por favor vean ese. Un principio es armar un sistema público de estadísticas de desempeño cuantitativas y públicas, tomando dos o tres indicadores claves para cada oficina. El criterio de que se haga esto para todos es también una garantía de que no se aplique selectivamente.

Comunicación. Hay críticas al CIJ. La mayoría de ellas yerran el punto. Como toda oficina de comunicación trata de poner a la institución en su mejor luz. Quienes prensean ministerios, municipios, ONGs y universidades, válidamente, hacen lo mismo. El CIJ ha sido un parteaguas en una cultura aversa a la comunicación que era aristocrática, pedante, ventajera y autista. Donde "acceder a texto completo" de una sentencia requería contactos, claves de servicios pagos, donde tácitamente se negociaban "primicias" para filtrar fallo a algunos medios digitales o impresos a cambio de tratamiento mediático favorable. Ahora está el fallo completo, instantáneo, para todo el mundo, abierto a la crítica y al escrutinio público. La solución es que haya más Información Judicial y no menos, y que su manejo sea planificado, sistematizado, encuadrado en una política de comunicación. El CIJ en ese camino ha sido un salto enorme y afortunadamente irreversible aunque deben profundizarse sus principios.

Capacitación Judicial. Tiene que existir un sistema de capacitación judicial en serio, versátil y adaptable, compatible con la carga de trabajo usual, no colonizado por ONGs ni por la lógica academicista de los posgrados universitarios (aunque para no ser ombliguista, debe articular con ellos, así como también con los colectivos de la profesión y de los trabajadores). La capacitación debería incorporar ejes comunes, objetivos específicos y una valoración muy bien definida para proveer credenciales para las carreras judiciales (esto implica que quedará convertida de facto en obligatoria para todo aquel que quiera concursar). Debe implementarse con perfil práctico y realizarse en el propio Poder Judicial en el que se está trabajando, y no ser algo paraturístico que se hace en otro lugar o un megaevento superintensivo que procede por acumulación de nombres y se desentiende de la aplicabilidad real de los conceptos. Es necesario instalar por goteo una cultura de capacitación que supere las excusas que usamos para no aprender. Los poderes judiciales tienen además que asumir que su camino debe ser autónomo y que no sirve comprar supuestas soluciones "llave en mano". Estoy trabajando en el área de capacitación de un Poder Judicial del interior desde hace dos años y soy consciente de las complejidades y dificultades de todo ello, de los diferentes enfoques, y algún día podría escribir más extenso sobre esto. De momento, decimos, es un camino largo y trabajoso, de prueba y error, no de impulsos entusiastas seguidos por grandes mesetas de autocomplacencia y descanso.

El problema de fondo no es el comunicado ni es Clarín. Ni que discutamos veinte años seguidos en el coro del perotambienismo: "hay que ser independiente de los gobiernos" / "pero también de las corporaciones" / "pero también de los gobiernos". Defectos estructurales son las que revelan casos como "Fornerón" y "Furlán", condenas que el país recibe por culpa del Poder Judicial en la Corte Interamericana, y que mas allá de sus peculiaridades suponen también muestras representativas de problemas o disfuncionalidades que el Poder Judicial naturaliza o no prioriza, que tienen permeabilidad (muy) reducida en el debate público, que por eso mismo pasan desapercibidas, y que implican potenciales condenas a inocentes, impunidad a culpables, perdida de proyectos de vida y patrimonios para gentes de a pie que nunca tendrán acceso a filtrar su agenda en los temas del día.

Más reflexiones e ideas. Veamos.

Julián Axat escribió diez tesis sobre la democratización del Poder Judicial argentino.
Juan Gonzalez Bertomeu diez propuestas para la Justicia Federal.
Valentín Thury Cornejo estas Paradojas del Gobierno Abierto.
Roberto Gargarella publicó sendas notas sobre democratizar la Justicia en Clarin y en La Nación.
Andrés Gil Domíngeuz también en Clarín.
Ignacio Mansilla Derqui reflexiona sobre 2013 como el año de la Administración de Justicia
Hace tiempo nos explayamos sobre la necesidad de revalorizar la militancia para la transformación judicial.
Alberto Bovino hizo un inteligente punteo sobre aspectos que provocan la ineficacia estructural del sistema.
Algunas muy buenas ideas aparecen en sendas notas a Raúl Zaffaroni y a la Defensora General Stella Maris Martínez.
Una mirada panóptica congruente con este post está articulada en estas notas de Mario Wainfeld en Página 12.
Recordar, finalmente, que usamos por comodidad el rótulo "el Poder Judicial" pero que en la letra chica hay 25 poderes judiciales, cada uno con sus problemas y sus potencialidades, no es lo mismo el de la Ciudad Autónoma que el de Catamarca que el de Río Negro, y que, por supuesto, el Poder Judicial Federal.

Corte Suprema: 50 fallos de 2012

2013-01-20T10:54:00.002-03:00

Este megapost dominical -nuevo goteo del anuario- es para verlo con tiempo porque hemos compilado los que son -para nosotros- los 50 fallos más importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.

La síntesis de los casos es necesariamente sinóptica y sólo busca contar lo sustancial, razón por la cual linkeamos los archivos con los fallos a texto completo y comentarios de blogs (muchos remiten al blog colega Todo sobre la Corte de donde también tomamos varios PDFs). En tres ítems puse notas complementarias resaltadas cuya lectura puede omitirse.

Los casos que nos parecen más importantes los marcamos en rojo (y van a ver algunos casos importantes que nunca llegaron a tapa de diarios).

Los "temas" con que agrupamos fallos son diez y van en este orden: "Derecho fundamentales", "Derecho ambiental", "Derecho procesal", "Servicios de comunicación audiovisual", "Potestades reglamentarias y regulatorias del Estado y las Provincias", "Derecho Tributario", "Derecho Penal", "Derecho Administrativo", "Control de procesos destitutorios" y "Derecho Civil". Dentro de cada subtítulo temático los fallos se ordenan por fecha, en orden de aparición.

Un juego interesante para leer esta lista es seguirla contando cuáles de estos casos el lector le hubiera dado una solución diferente. El resultado -cuanto menor, mejor- será una aproximación a la opinión que al lector le merezca la actuación de la Corte -una opinión que tenga en cuenta todo el campeonato y no las perlitas de los resúmenes de la fecha-. Mi respuesta figura al final y no la anticipo porque quiero separar información de opinión.

Fuente: angelic peace

DERECHOS FUNDAMENTALES

F.A.L. s/ medida autosatisfactiva. 13/03/2012, PDF. Deduce del art. 86 C.P. un permiso legal para requerir el aborto no punible y emite una exhortación abierta para que los sistemas de salud la operativicen vía protocolos. También explica por qué se expide en una causa que técnicamente podría haberse considerado "abstracta" (el aborto ya se había hecho). Nuestro post de entonces, aquí. Un tiempo después la Corte intervino para revocar una cautelar y fue enfática en su criterio de evitar la judicialización de estos casos ("Pro Familia c. CABA", 11/10/2012, PDF). La ADC hizo hace poco un informe sobre cómo se está aplicando el criterio del fallo en el país, acá.

Albarracini Nieves, 01/06/2012, PDF. La Corte aceptó la objeción de conciencia de un Testigo de Jehová que se negaba a recibir transfusiones de sangre. El fallo, que comentamos aquí, explora varios aspectos del derecho a la intimidad. Caso con final feliz: finalmente el enfermo se recuperó, sin transfusión.

U. V. s/ pedido de protección de personas. 12/06/2012, PDF. El caso de los padres que se negaban a vacunar a su hijo. La Corte avaló la obligatoriedad: dijo que el derecho a sostener un proyecto familiar podía tener repercusiones en la salud pública de la población por lo que justificó su carácter coercitivo y que ello era también aconsejable teniendo en cuenta el interés superior del niño. Comentario de VTC aquí.

Q. C. c. CABA s/ amparo. 24/04/2012, PDF. Conceptúa el derecho a la vivienda como una "norma de operatividad derivada" y establece la posibilidad de un control judicial de razonabilidad sobre ello. Nuestro post acá.

Quantín, 30/10/2012, PDF. Citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la Corte da por hecho que “lа libertad periodística comprende еl posible recurso а una cierta dosis de exageración, hasta de provocación”. El recurso había sido planteado por Guillermo Cherashny, condenado civilmente por expresiones vertidas en un programa de radio en el que calificaba de "nazi" al actor, que para la Corte fueron "expresiones muy generales, que по imputan ningún hecho ilícito concreto аl fiscal Quantin у que, por lo tanto, no deben someterse аl test de veracidad". De este modo encuadra el caso en la clásica distinción entre información y opinión, asignándole a la última un estándar de protección más exigente para preservar la libertad de expresión.

De Reyes Balboa, 30/10/2012, PDF. Ante la demanda del fiscal del caso "Carrasco" que reclamaba por una foto tomada y publicada por el diario "Rio Negro", la Corte decide que no puede considerarse violatoria del derecho a la propia imagen la publicación de una fotografía de un funcionario público en un lugar público, en el marco de un caso de indudable relevancia e interes público (valgan todas las redundancias). Comentario de VTC aquí -con reproducción de la imagen en cuestión-.

Editorial Perfil, 04/12/2012. Resolución unánime y cablegráfica rechazando por 280 (sin fundamentación) el Recurso del Estado Nacional, y dejando así firme la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Sala IV que ordenaba una distribución equitativa de la publicidad oficial -siguiendo estándar del precedente "Rio Negro S.A." de 2007 donde la Corte Suprema había condenado en similares términos a la Provincia del Neuquén-.

ADC c. PAMI, 4/12/2012, PDF. Reconocimiento amplio del derecho de acceso a la información pública (en el caso, distribución de pauta publicitaria del PAMI) con remisiones a la Corte IDH en "Claude Reyes c. Chile" (2006) y el "principio de máxima divulgación". La audiencia pública que la Corte celebró fue contada por VTC aquí.

Asociación de Magistrados y Funcionarios, 04/12/2012, PDF. Revoca una sentencia que había declarado inconstitucional la restricción de los secretarios judiciales para desempeñarse como jueces subrogantes. La Corte subraya que sólo en las distinciones que involucran "categorías sospechosas" incumbe al Estado probar la razonabilidad de la distinción y que la invalidación sólo procede ante una inconstitucionalidad "manifiesta", pues "aun en los casos de duda entre la validez o la invalidez ha de estarse por la legalidad". Nuestro comentario, aquí.

DERECHO AMBIENTAL

ASSUPA c. Alianza Petrolera, 20/3/2012, PDF. La ONG Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) promovía una demanda por daño ambiental contra concesionarias de explotaciones de petróleo y dos provincias concedentes de la Cuenca Hidrocarburífera Austral. La Corte -siguiendo un criterio adoptado a tenor de un caso planteado por la misma demandante contra la provincia de San Juan en 2007- rechazó la procedencia de su tramitación entendiendo que el mero pedido de citación en carácter de terceros de los Estados Provinciales, sin petición explícita de condena en su contra, no basta para surtir la vía originaria que es de naturaleza excepcional. (Nota: Existe otra megacausa "ASSUPA" que sí fue aceptada hace tiempo para el trámite originario ante la Corte en 2007, donde se demandaba a YPF y otras petroleras y a varias provincias por más de 400 derrames y hechos de contaminación, con una suma de reparación estimada en los 1.000 millones de dólares. Aunque no hay sentencia allí, antes de la estatización parcial de YPF, en diciembre de 2011 ASSUPA y la compañía pidieron suspensión de plazos para arribar a una conciliación, lo que la Corte aceptó en diciembre de 2011. Ver info de ese entonces aquí)

Barrick Explotaciones c/ Estado Nacional (Pascua Lama), 03/07/2012, PDF. Revocó una cautelar concedida por un juez federal de San Juan contra la Ley de Glaciares de 2010. Reclamó una "especial prudencia" en la consideración de cautelares suspensivas en la medida en que ello pueda tener "una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su procedencia (debe) ser evaluada con criterios especialmente estrictos". Resultado: plena aplicabilidad de la ley cuya implementación ahora es responsabilidad del Ejecutivo Nacional.

Comunidad Diaguita de Andalgalá. 17/04/2012, PDF. Amparo ambiental interpuesto contra el emprendimiento minero "Agua Rica". Rara avis: el presidente de la Corte queda solo en disidencia. La mayoría optó por adherir al dictamen de la procuradora Monti que se atenía al criterio estrictísimo y consecuentemente rechazó que la causa fuera de la competencia "originaria" de la Corte. Lorenzetti ponderaba con más detenimiento la presunción de daño que surgía del proyecto y propiciaba admitir la causa con aplicación del principio precautorio.

"Vargas c/ San Juan", 24/04/2012, PDF. Una semana después Lorenzetti tuvo revancha en una causa similar sobre "Pascua Lama", donde tres colegas le acompañaron la firma y pidieron más documentación para analizar si procedía la competencia originaria.

Tres Pozos, 18/12/2012, PDF. Juicio planteado por comunidades aborígenes para obtener directamente de la Corte Suprema un reconocimiento judicial de los derechos de participación y consulta en proyectos de explotación de litio y borato en Jujuty y Salta. La Corte desestima que esta causa corresponda a su competencia originaria sentando que la sola invocación de cláusulas de reconocimiento a derechos indígneas incluidas en la Constitución Nacional no significa que la cuestión involucre un derecho predominante o exclusivamente "federal". La Corte había celebrado una audiencia pública que se puede ver aquí y que fue reportada por Darío Aranda aquí. Con sugestiva cita de Antonin Scalia sobre la necesidad de evitar "la sobrejudicialización de los procesos de gobierno", la Corte cierra el grifo para su intervención originaria y deriva el litigio a la impugnación de actos administrativos en sede provincial

DERECHO PROCESAL

La Pampa c. Estado Nacional, 6/3/2012, PDF. La Pampa impugnaba el Decreto 699/2010 que prorrogaba los beneficios de la Ley de Promoción Industrial 22.201 (beneficiaba a La Rioja, San Luis, Catarmarca y San Juan). La Corte lo desestimó en base a conocidos criterios: las medidas cautelares innovativas deben ser apreciadas con mayor rigidez, y sus efectos no pueden coincidir con el objeto de la demanda de fondo. En cuanto a la promoción industrial, en diciembre de 2012 feneció su prórroga y con ello terminó un régimen que había durado 30 años.

Brugo c. Eskenazi s/ simulación. 10/04/2012, PDF. La Corte sienta doctrina sobre el principio objetivo de la derrota (las costas las paga el que perdió el juicio) para evitar la proliferación del "costas por su orden" que -entendió- puede fomentar la litigiosidad. Incluido en esta lista por la posible expansion del criterio. Post de TSLC acá.

Defensora Oficial de M.S.M., 26/06/2012, PDF. La Corte concluye que del "derecho a ser oído" del niño no se sigue la potestad de que se erijan en "parte" del proceso con potestad para proponer abogado. Comentario de Lahitou acá.

Petrobras c. Neuquén, 28/06/2012, PDF. Acepta un pedido de no innovar contra la caducidad de una concesión de una explotación petrolera provincial, repitiendo la clásica noción de que en materia de cautelares la verosimilitud del derecho no requiere otra cosa que un "análisis de mera probabilidad".

Cavalieri c. Swiss Medical, 26/06/2012, PDF. No procede acción de clase cuando no se puede identificar la existencia de un hecho -unico o complejo- que cause una lesión a una pluralidad relevante de sujetos: así, la Corte rechaza aceptar como coactora a la ONG de defensa del consumidor PROCONSUMER en una pretensión focalizada en demandas particulares del actor. Aquí comentario de TSLC.

Caimi, 20/11/2012, PDF. La Corte rechaza impugnaciones a sus potestades reglamentarias y da blindaje a la implementación de notificaciones electrónicas siguiendo el camino que señala la ley 26.685.

Aguilera Grueso c. ANSeS, 04/12/2012, PDF. La Corte dice que la pretensión del Estado de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa, desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los justiciables. Comentario de Mihura Estrada acá.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Gómez c. COMFER, 08/05/2012, PDF. La mayoría de la Corte se remite al dictamen de la Procuradora Monti para desestimar un amparo promovido por un radiodifusor que reclamaba que se le asignara una frecuencia provisoria. Subrayando que la asignación de licencia compete únicamente a la Administración y debe ser resuelta por la normativa regulatoria, este criterio clausura la posibilidad de obtener licencias por vía judicial alegando el transcurso del tiempo y por fuera del procedimiento previsto normativamente. Hay disidencia de Zaffaroni, que propiciaba admitir la petición.

Grupo Clarín II. 22/05/2012, PDF. Origen del totémico y acróstico 7D, que comentamos en este post. El fallo sienta doctrina sobre la necesidad de que las cautelares deban ser "cuidadosamente limitadas en el tiempo" (y es la evolución del fallo "Thomas" de 2010). Aunque su holding es estrictamente procesal incluye obiter dicta sobre la amplitud plausible de la legítima regulación estatal en materia de telecomunicaciones y sus peculiaridades.

AFSCA c. San Luis, 29/05/2012, PDF. Acepta el pedido de la autoridad de aplicación de la LSCA para suspender una suerte de Ley Provincial de Medios que había sancionado la Provincia de San Luis. De su doctrina se infiere que la Corte se arroga la facultad de ejercer control de constitucionalidad en su competencia originaria y en abstracto -sin necesidad de actos concretos de aplicación- contra leyes locales toda vez que estas sean impugnadas por autoridades federales y el planteo sea prima facie verosímil.

Ami Cable Holding, 28/08/2012, PDF. Sintética resolución donde la Corte tercia en las cautelares cruzadas entre la jurisdicción federal porteña y la de Mendoza (donde se había despachado con ese carácter un pedido de Supercanal ordenando la escisión de Multicanal y Cablevisión y designando un interventor en esta empresa) suspendiendo todos los procesos (y lo actuado en su consecuencia) y enviando el expediente a dictamen de la Procuración (hasta donde sabemos, Gils Carbó no se expidió). Explicado por Lahitou aquí.

Estado Nacional s/ "per saltum" en "Grupo Clarín", 10/12/2012, PDF. Rechaza la pretensión del Estado de apelar al del "per saltum" para forzar decisión de la Corte sobre la cautelar de Ley de Medios. Pasado en limpio: la vía en cuestión no es para "acelerar" tiempos sino -como su nombre lo indica- para saltear instancias y por ende no procede cuando no hay ninguna instancia que saltear (el fallo en cuestión, recordamos, era de Cámara).

Grupo Clarín III, 27/12/2012, PDF. La Corte confirma la prórroga de la cautelar dictada antes del 7D por la Cámara Civil y le reclama que se expida a la brevedad sobre la cuestión de fondo (a tenor de lo cual hace poco se habilitó la feria de enero). Zanja además una cuestión dubitada en la saga y -aclarando su propio fallo de mayo- deja dicho que el transcurso de los plazos de adecuación de la Ley de Medios no se ve afectado por la vigencia de la cautelar. Lo comentamos aquí.

POTESTADES REGLAMENTARIAS Y REGULATORIAS DEL ESTADO Y LAS PROVINCIAS

Beuadean s/ quiebra, 7/2/2012, PDF. Por remisión casi total al dictamen de la Procuradora Fiscal la Corte invalida la Ley local 2990 por la que la Ciudad Autónoma se apropiaba de los fondos caducos de las quiebras, razonando que no es posible que las leyes locales reglamenten, modifiquen o aclaren leyes comunes (la ley de quiebras dispone que esos saldos se destinen a educación común -esto es, nacional- y la CABA asignaba afectación específica al Ministerio de Educación de la ciudad).

La Serenísima c. Provincia de Mendoza. 14/02/2012, PDF. La Corte despacha cautelar suspendiendo la aplicación de una ley mendocina que imponía una tasa por control higiénico sanitario de alimentos. En el fallo se fijan líneas que restringen el poder de policía sanitario local. Comentario de TSLC acá.

Losicer y otro c. BCRA, 26/06/2012, PDF. Al revocar una sanción impuesta a una entidad financiera por hechos ocurridos en 1987, la Corte -siguiendo a la Interamericana de Derechos Humanos, caso "Baena c. Panamá"- proyecta la pauta convencional de ser juzgado en un "plazo razonable" a los procedimientos administrativos y afirma la vigencia de las garantías del debido proceso de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8) en los procedimientos disciplinarios y sancionatorios no penales. Comentario de Thury Cornejo acá.

CNV c. Telefónica Holding, 26/06/2012, PDF. Rechaza un recurso de la Comisión Nacional de Valores, cuya sanción a Citicorp (luego absorbido por Telefónica) había sido revocada por prescripción. La Corte sostiene que los principios y reglas del derecho penal se proyectan al campo de las sanciones administrativas y se aplican con carácter supletorio allí siempre que la solución no este prevista en la normativa especiífica.

Shell y Esso c/ sobreprecio JP1. 03/07/2012, PDF. Precedente clave sobre subdelegación: recordando que el instituto de la delegación es de ínterpretación restrictíva, la Corte anula resoluciones (de 1982 y 1983) del Ministerio de Obras y Servicios Públicos -por facultades originalmente delegadas al Poder Ejecutivo- sentando que "no resulta suficiente invocar una ley genéríca o poco específica para justifícar que la subdelegacíón se encuentra permitída". Comentario de Lahitou acá.

Loma Negra, 10/07/2012, PDF. Sin avanzar sobre el fondo, y aplicando el efecto natural de la admisión de la queja por recurso extraordinario denegado, la Corte suspende la ejecución de multas impuestas a varias cementeras por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (se había constatado cartelización de precios). Comentado por TSLC acá.

Bapro c. Cohen. 12/06/2012, PDF. Expeditiva adhesión al dictamen de la Procuradora Fiscal Beiro (PDF) aceptando un criterio de moralización de la economía financiera: la capitalización de los intereses por saldo deudor en cuenta corriente "no puede ser admitida cuando su aplicación -máxime cuando se efectúa en forma permanente por lapsos breves- lleva a una consecuencia patrimonial que equivale a un despojo del deudor".

El Brujo S.R.L., 04/09/2012. Decisión con solo 4 votos donde Highton, Maqueda, Petracchi y Zaffaroni adhieren sin mejoras ni comentarios al dictamen de la Procuradora Monti para validar -basándose en la presunción de legitimidad de los actos administrativos- el sistema de Licencias No Automáticas de Importación, instrumento pilar del control gubernamental del comercio exterior.

Telecom Argentina, 30/10/2012. La Corte, por remisión al dictamen de la procuradora fiscal Monti, valida una resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones que multaba a Telecom y le ordenaba abstenerse de seguir trasladando a los consumidores el costo de impuestos municipales. Las concesionarias se habían reservado ese derecho en los contratos de privatización pero el Estado sostenía que esa facultad había quedado subsumida en la renegociación de los contratos operada en la salida de la crisis de 2001-2002 (ley 25.561).

TRIBUTARIO

Swaco de Argentina c. D.G.I., 27/02/2012, PDF. Ratifica la doctrina del caso Candy de 2009 que comentamos aquí. Por ello, y sin invalidar in totum -como lo hacía el tribunal inferior- las normas que impiden hacer ajustes por inflación en liquidaciones del impuesto a las ganancias, este fallo permite que a través de pericias contables el contribuyente pueda demostrar el efecto confiscatorio -para su caso- de una tributación valuada sobre ganancias nominales y no reales. (Nota: La constitucionalidad de la prohibición de la aplicación de ajuste por inflación en presentaciones por el impuesto a las ganancias fue sentada por la Corte en "Dugan Trocello" de 2005, PDF, caso al que se cita en otro fallo de este año, Razzini, Ernesto. 23/10/2012, PDF, en el que siguiendo la línea de "Swaco", la Corte admitirá la posibilidad de que el contribuyente demuestre -con "una prueba concluyente", subraya- su impacto confiscatorio).

Lago Espejo Resort c. Provincia del Neuquén, 20/03/2012, PDF. La Corte desestima un planteo de inconstitucionalidad contra impuestos provinciales cobrados a una explotación situada en un Parque Nacional. La Corte proclama que las actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a las provincias.

Pan American Energy c. Chubut, 19/06/2012, PDF. El caso tiene importancia porque se discutía la validez de un impuesto provincial análogo a otro federal coparticipado (encuadre en el que se basa la impugnación del gobierno nacional al impuesto a los combustibles de Córdoba). La Corte, aplicando el principio de supremacía federal, invalidó la contribución especial al consumo eléctrico creada por la provincia por la "sustancial analogía" que encontraba entre ese tributo y el IVA. Comentario de Lahitou en TSLC acá.

Minera del Altiplano, 7/9/2012. La Corte se remite a los puntos I al V del dictamen de Procuración para desestimar un amparo impugnatorio de resoluciones que establecen retenciones a la exportación de minerales. En síntesis, dice que el principio de "estabilidad fiscal" definido en la ley 24.196 -Régimen de Inversiones Mineras- no inmuniza automáticamente contra la imposición de nuevos gravámenes o aumentos, sino que al denunciar su violación le incumbe al beneficiario probar que a su respecto se ha superado la carga tributaria total.

DERECHO PENAL

Germano II, 14/02/2012, PDF. Segunda vuelta sobre un caso que en 2009 se había rechazado por certiorari. Karina Germano estaba cumpliendo prisión en Argentina por un delito cometido en Brasil donde sus consortes de causa estaban gozando de salidas temporarias (en ese país se pueden conceder con el cumplimiento de un sexto de la condena) beneficio al que no podía ella acceder porque la ejecución de la sentencia se rige por la ley del Estado receptor y la nuestra no lo permite (requiere cumplimiento de la mitad de la condena). "Germano" tiene dos lecturas que trascienden su caso: la primera, restringida, es que sustantiviza la ejecución penal, al decir que "una pena que se ejecuta de modo diferente se convierte en una pena distinta y, por ende, en caso de ser más gravosa su ejecución resulta una modificación de la pena impuesta en perjuicio del condenado". La segunda, más amplia y especulativa, es que permite la "combinación" de legislaciones en favor del imputado bajo el criterio pro homine (Mario Juliano escribió al respecto algo sobre el derecho al mejor derecho). Comentario de Morgenstern acá.

Acosta, 08/05/2012, PDF. La Corte deja sin efecto la revocatoria de la prisión preventiva del "Tigre" Acosta y otro procesado por delitos de lesa humanidad. En un largo fallo reinterpreta el criterio sentado por la Corte Interamericana en el caso "Bayarri vs. Argentina" de 2008 sobre limitaciones a la extensión de la prisión preventiva y establece que pueden ponderarse ampliaciones de los plazos ordinarios en forma limitada, para los delitos más complejos y más difíciles de investigar (delitos -dice- cuya protección penal debe privilegiarse y cuya impunidad acarrea gran alarma social y desprestigia en máxima medida la función tutelar del Estado). (Nota: sin relación con esta doctrina, en resolución del 10 de julio la Corte desestima el recurso presentado por José Alfredo Martínez de Hoz por el dictado de su prisión preventiva de cumplimiento efectivo. Y el 26/09/2012 en Menéndez, Luciano, s/ denuncia Las Palomitas, PDF, la corte revoca un sobreseimiento dictado contra el ex Juez Ricardo Lona habilitando la continuidad de la investigación por su posible responsabilidad en la masacre de "Las Palomitas" ocurrida en Salta en julio de 1976).

Carrera. 05/07/2012, PDF. Revoca la condena a 30 años que tenía el imputado en el caso que documentó Enrique Piñeyro en "El Rati Horror Show". Técnicamente la mayoría resuelve diciendo que el fallo de la Cámara no seguía el criterio de "Casal" (fallo de 2005 que comentamos aquí) sobre estándares de revisión. Zaffaroni hace un voto concurrente más exhaustivo. Comentado por Morgenstern para TSLC acá y por Diego Goldman acá.

Rodriguez, 07/08/2012, PDF. Sienta doctrina sobre los actos interruptivos de la prescripción incorporados al art. 67 del Código Penal asignándole una interpretación estricta al "requerimiento acusatorio": para la Corte no alude a "cualquier" requerimiento acusatorio sino únicamente al de apertura o el evación a juicio (el fallo revocado le había asignado efecto interruptivo al pedido de condena efectuado durante el juicio por el querellante, lo que la Corte reputó como una aplicación analógica in malam partem).

Antuña. 13/11/2012. Remitiéndose al Dictamen de Procuración (PDF) -y éste a su vez de vuelta a la CSJN en su precedente de 2008 R., M. J. s/ insania (PDF)- la Corte resuelve que una internación coactiva no puede disponerse sin indicación de su límite temporal máximo. El dictamen también había desestimado el planteo de inconstitucionalidad del régimen doble -penal y civil- de medidas de seguridad.

Seco, 18/12/2012, PDF. A partir de una presentación in forma pauperis articulada extemporáneamente la Corte declara la nulidad de lo actuado con posterioridad a que un defensor omitió mantener un recurso contra una condena por homicidio. Con alusiones al derecho a una defensa técnica eficaz sostiene que "tratándose de reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad es de equidad y aun de justicia, apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o del descuido de su defensor". Invocando también razones de equidad, el fallo hace extensiva la solución a un coimputado cuyo recurso también había quedado desierto por omisión del letrado.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Federación Argentina de Colegios de Abogados, 10/4/2012. La FACA perseguía la invalidación de la resolución 317/06 del Consejo de la Magistratura que disponía la confección de dos padrones (uno para la Ciudad de Buenos Aires y otro para el interior del país) para la elección de los abogados que integran ese cuerpo. La Corte desestima el planteo remitiéndose al dictamen de Righi en donde se subrayan principios concernientes a la amplitud de la potestad reglamentaria: se entiende que ella habilita para establecer tanto "condiciones o requisitos" como "limitaciones o distinciones" que "se ajusten al espíritu de la norma reglamentada" o "sirvan razonablemente a su finalidad esencial".

Lix Klett, 31/07/2012, PDF. Al desestimar la demanda de un proveedor del Estado que había concertado su prestación en forma verbal e indocumentada, reitera el criterio de que cuando la ley determina una forma especifica para la conclusión de un contrato administrativo, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia. Comentado por TSLC acá.

Alfredo Luis Vila s/ usucapión, 18/09/2012, PDF. La sentencia desbarata una maniobra que había implicado apropiación de tierras para la construcción de un barrio privado. Mas allá de ello, tiene interés porque recepta el principio de que un bien público no puede usucapirse sin que haya habido una declaración expresa o un acto tácito del poder administrador del que resulte su desafectación. Comentario de Lahitou aquí.

CONTROL DE PROCESOS DESTITUTORIOS

Juicio Político al Gobernador Colazo, 04/09/2012, PDF. Caso del gobernador de Tierra del Fuego que fuera destituido por juicio político en 2005. La Corte advierte que en los procedimientos de remoción que permiten la sanción accesoria de inhabilitación se requiere que en caso de imponerse ésta exista una fundamentación autónoma al respecto. También dice que no procede revisión del fallo en los casos en que haya fenecido el término para el cual fuera electo el gobernador luego destituido.

Parrilli, Rosa, 18/09/2012, PDF. La Corte desestima el recurso que una jueza presentaba contra su destitución (técnicamente abuso de poder, materialmente rabieta filmada con exabruptos y amenazas contra empleadas de la dirección de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires). Allí reitera el conocido criterio de "Graffigna Latino" de 1986 de que el control judicial de las sentencias de remoción sólo debe activarse para evaluar eventuales privaciones al derecho de defensa. Deja dicho que el objetivo de un juicio político de destitución no es el de sancionar al magistrado, sino el de determinar si ha perdido los requisitos exigibles para una función de tan alta responsabilidad, criterio que invoca para justificar por qué en estos casos sus exigencias "revisten una mayor laxitud". Comentario de Thury Cornejo aquí.

DERECHO CIVIL

Defensor Oficial de A. M. d. S., 26/09/2012, PDF. El caso es planteado por los representantes de un niño a quien judicialmente se había sido reconocido como hijo adoptivo de su guardadora fallecida. Esa resolución fue luego anulada a petición de los padres de la mujer, que alegaban que la adopción post mortem adolecía de nulidades y se agraviaban porque con ella habían sido desplazados del orden sucesorio. Al revocar la denegatoria del Recurso Extraordinario planteado -extemporáneamente- por el defensor del menor la Corte desgrana conceptos emergentes del "interés superior del niño": entre ellos menciona la necesidad de flexibilizar el rigor de las formas procesales y de los modelos legalmente prefijados y subraya la cautela que deben observar los jueces al momento de modificar situaciones de hecho respecto de personas menores de edad. Comentario de VTC.

Rodríguez Pereyra c. Ejército Argentino, 27/11/2012, PDF. Nuestro comentario acá. Sienta dos puntos importantes. Uno procesal: admisión abierta de la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio. El otro estrictamente civil: establece el principio de indemnización integral como parámetro de validez para todo sistema de reparaciones (invalida el objetado sistema del Ejército y también cabría proyectar el criterio a toda otra legislación restrictiva de la responsabilidad del Estado).

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Este es "nuestro" recorte de 50 casos, una muestra que es desde luego -en algún punto- subjetiva. Digo "en algún punto" porque objetivamente nadie podría negar la trascendencia de fallos como el derecho a vivienda, como FAL y el aborto, como Grupo Clarín, incluso de algunos poco conocidos fuera de Talcahuano como "Losicer" y "Shell y Esso". Como se ve, hemos excluido aquellos que no tienen contenido materialmente jurisdiccional entre los que cabe citar la admisión formal de la demanda de Córdoba contra el Estado Nacional (y la audiencia realizada al respecto, que no fue "pública" sino sólo para las partes como es usual en las audiencias conciliatorias), los pedidos de informes al Estado por el cumplimiento de las sentencias de actualización de jubilaciones (proveído del 12/6/12, en causa "Defensor del Pueblo de la Nación") que dio lugar a audiencia informativa del titular de la ANSeS, resoluciones de seguimiento de la megacausa ambiental Riachuelo - Matanza, etc.

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Observaciones generales

Valoración: el test de las manchas. En mi opinión el balance de la lista deja una narrativa no fácilmente organizable bajo rótulos portables o zocaleros. Quienes quieran ver a una Corte opositora verán fallos (muchos) que le dieron razón al gobierno (o que sin "darle la razón" tuvieron efectos equivalentes), y quienes quieran ver a una Corte corpo friendly verán fallos (muchos) que le dieron la espalda a las corpos. Y viceversa. Irónicamente, esto provoca el siguiente efecto: muchos verán confirmado su propio sesgo, porque ponderarán que esos fallos en que no pasó lo que querían que pasara fueron los "verdaderamente" importantes, mientras que en los que sí pasó lo que querían que pasara lo que ocurrió fue que la Corte hizo lo que tenía que hacer. Etcétera. Al hacer eso estarán asumiendo que no se concentran en una película sino en un par de fotogramas. Por eso el post ha querido mostrar la película, lo cual nos remite a algo que habíamos prometido.

Mi inventario de disidencias imaginarias. Asociación de Magistrados (lo dije en su momento) tiene una solución que yo estimo plausible pero a la cual llegaría por caminos muy distintos: en particular, hace una peligrosa reducción del mandato de optimización de igualdad al mandato de minima igualdad como no-consagración de "categorías sospechosas". Para mi es el peor fallo del año (o, si se quiere, el fallo peor fundamentado). Creo además que el caso Loma Negra hubiera merecido una mirada menos formalista, y lo mismo diría de El Brujo. Total de disidencias: 3 sobre 50, o en porcentajes: 6 %. Porcentaje implícito de aceptación: descartando matices de menor entidad, 94 % de los fallos importantes están bien.

Los fallos rojos son importantes en serio. Posiblemente sea el año calendario más rico en fallos trascendentes de todos los tiempos. Temporada alta para cronistas de judiciales y para blogs del rubro.

La sublimación del procesalismo. La perla negra de Guillermo Nimo: hay una altísima incidencia de temas procesales. Impropia de la estatura de un tribunal que debe dedicarse a tratar cosas importantes. Que esté pasando esto no es mala suerte sino en buena medida cosecha de lo que la Corte siembra en dos temas importantes: medidas cautelares y competencia originaria. Y lo que siembra su doctrina en estos puntos es vaguedad, criterios rotativos y versatilidad. Se necesita hacer una profunda reingeniería conceptual de esos conceptos para que la Corte no quede empantanada en esa narrativa faytesca de "almacén de ramos generales".

Mejor "relato" de hechos y argumentos. La Corte está revirtiendo una tendencia autista que tenía al construir sus fallos exclusivamente con sus propias argumentaciones, haciendo escasa o nula referencia a los hechos sobre los que fallaba y a lo que se estaba discutiendo en el caso. Un viejo reclamo de este blog está siendo atendido: constatamos que las sentencias progresivamente son más prolijas en la enunciación de hechos y argumentos de las partes.

Una corte muy unida. En otras cortes los votos se desflecaban en concurrencias, disidencias y variantes emparentadas del desmarque decisorio (implícitamente criticamos eso en algún viejo post). Bien: 39 de los 50 casos de esta muestra (los casos más importantes y por ende con más potencial de controversias) se resolvieron sin disidencias. Sólo uno tuvo la mayoría ajustada 4-3: es el caso del jury al gobernador Colazo que lo anotamos sólo "técnicamente" como disidencia porque el efecto del voto de la minoría (que rechazaba por 280) era idéntico al de los que consideraron el recurso para confirmar la destitución.

Próximamente, una mirada de rayos X. Hemos compilado una estadística más detallada sobre esta muestra -y sobre el total de fallos del año- y la vamos a poner aquí en post con cuadros la semana que viene (respondiendo preguntas tales cómo: cuál es el juez más influyente, cuál es el que más votó y el que menos votó, cuál es el que más veces quedó en disidencia, cuál es el que más apeló al 280, etc.). Actualización desdoblamos eso en dos partes: aquí el primer post, aquí el segundo.

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Es posible que en febrero hagamos un pequeño ebook con estos post del anuario. Agradeceremos todos los comentarios sobre erratas o sugerencias de incorporaciones, de los cuales daremos oportunamente crédito.

Postdata: Hicimos una lista similar a esta sobre fallos del año 2010, acá., y sobre los de 2005, acá.

2012: 5 libros jurídicos (en inglés)

2013-01-16T11:27:00.000-03:00

Por razones técnicas posponemos el post sobre legislación 1984-2012 y lo suplimos con otro goteo del mega anuario. Recomendamos antes 40 libros jurídicos argentinos de 2012 y ahora queremos pasar al rubro de teoría jurídica en inglés (editada por grandes editoriales, conseguible via los links de amazon que posteamos). También esta es una forma de hacer acto de contricción porque muchas veces nos da ganas de hacer un punteo sobre lo que leemos y no tenemos tiempo. Entonces aplicamos la máxima: cuando no puedas escribir sobre algo, recomiéndalo.

En fin, sin pretensión de exhaustividad ni autoridad moral para decir que esto es "lo mejor" del año: de lo que nos enteramos, encargamos o pusimos en lista de espera estos son los cinco principales.

Reading Law: The Interpretation of Legal Texts. De Antonin Scalia y Bryan Garner (los mismos autores de otro recomendable de 2009, Making Your Case: The Art of Persuading Judges). Scalia (juez de la Corte Suprema USA) es un sujeto muy controvertido por justas razones que exceden esta minuta. Pero sabe derecho y este libro -que se puede leer de un tirón o en cápsulas de cada subprincipio- es una delicia para leer y razonar. Contiene 70 subcapítulos ilustrados dedicados a cánones fundamentales, específicos, falacias y más.

The Odd Clauses: Understanding the Constitution through Ten of Its Most Curious Provisions. De Jay Wexler, profesor en Boston University ex escribiente de Ruth Ginsberg. Interesante método que alguna vez tendríamos que replicar con nuestra Constitución: tomar las cláusulas "raras" para ver que nos dicen ellas sobre los principios, presupuestos y las implicitudes del diseño constitucional (de hecho, muchas de ellas "pasaron" a la constitución argentina, como aquella que faculta al Congreso para fijar los "pesos" y medidas", y tal vez se hayan preguntado por qué en el amplio campo de lo legislable el constituyente se tomó el trabajo de consignar esa facultad específica).

America's Unwritten Constitution: The Precedents and Principles We Live By. De Akhil Reed Amar, explicando por qué hay qué leer más allá de los textos para leer a los textos y trazando el bosquejo de cada paradigma meta-constitucional, esas constituciones con minúsculas: la constitución de la jurisprudencia moderna, la constitución washingtoniana, la constitución partidaria, la constitución feminista, la constitución institucional, la constitución simbólica, la constitución siempre inconclusa.

Framed: America's 51 Constitutions and the Crisis of Governance. Sanford Levinson hace algo subversivo: propone mirar las Constituciones de los Estados como un laboratorio de ideas para ver desde ahí los problemas de la Constitución de los Estados Unidos. Un libro de derecho público provincial.

The nature of legislative intent. La tesis doctoral de Oxford de Richard Ekins con una visión de 360º del fenómeno legislativo: el lenguaje, la razonabilidad de las leyes, la dinámica decisoria, la interpretación. Se podría leer en yunta con el gran libro de 2005 de Aharon Barak Purposive interpretation in law.

Posdata: Dejar anotado The Failed Promise of Originalism de Frank Cross, que técnicamente no debería figurar en esta nómina porque es un libro de 2013.

2012: las 20 leyes nacionales más importantes

2013-01-14T10:11:00.000-03:00

Seguimos con el goteo del mega anuario 2012, ahora en el capítulo normativo. Hablaremos de Leyes, DNUs, reglamentos y vetos.

Leyes del Congreso

Mientras buena parte de la libido legislativa esta dedicada al estudio del proyecto de reforma del Código Civil (aquí web de la Comisión Bicameral encargada de ello) en 2012 fueron promulgadas 80 leyes, de las cuales estas son, por razones políticas y/o jurídicas las veinte más importantes en orden de numeración (y subrayamos las que nos parecen aún mas importantes).

- Ley 26.738. Modificación del art. 132 del Código Penal. Derogación del "avenimiento"

- Ley 26.739. Reformas a la Carta Orgánica del Banco Central. Texto actualizado de la Carta Orgánica (ley 26.144) aquí.

Fuente: greek stone

- Ley 26.740. Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de subterráneo y premetro.

- Ley 26.741. Autoabastecimiento de hidrocarburos y expropiación del 51 % de YPF. Reglamento aquí.

- Ley 26.742. Reformas a la ley de Derechos del Paciente. Ley de "Muerte Digna". Texto actualizado de la Ley 26.529 aquí. Su reglamentación, Decr. 1089/2012.

- Ley 26.743. Ley de identidad de género. Reglamento aquí.

- Ley 26.759. Ley de Cooperadoras Escolares.

- Ley 26.764. Depósitos Judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales.

- Ley 26.773. Reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Se trata de la ley más importante del año. Elimina el sistema de la "doble vía". Existe un planteo de inconstitucionalidad del Colegio Público de Abogados de Capital y seguramente será impugnada en planteos particulares. A medida que vayan saliendo los fallos escribiremos sobre ello.

- Ley 26.774. Modificaciones a la Ley de Ciudadanía y al Código Nacional Electoral. Ley de "Voto Joven".

- Ley 26.784. Ley de Presupuesto 2013. Estima (redondeando) gastos por 628.000 millones. Como es usual, además de las disposiciones presupuestarias incorpora reformas puntuales a leyes financieras y tributarias. Tuvo un par de modificaciones menores a traves de sendos DNUs de diciembre: 2609/12 y 2436/12.

- Ley 26.790. Modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Incorporación del Recurso Extraordinario Federal por Salto de Instancia.

- Ley 26.791. Incorporación de agravantes al art. 80 Código Penal (figura de "femicidio").

- Ley 26.792. Prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

- Ley 26.795. Incorporación del Código Aduanero del Mercosur.

- Ley 26.801. Fomento de la Actividad Musical.

- Ley 26.816. Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.

- Ley 26.827. Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Segunda ley más importante del año. Reclamábamos su sanción aquí y escribimos sobre ello este post a propósito de las imágenes de tortura que se vieron en una Comisaría de Salta.

- Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales

- Ley 26.842. Reformas a la ley de Trata de Personas con fines de explotación sexual. Texto actualizado de la ley 26.364 aquí.

El Ejecutivo como legislador (positivo y negativo)

- Tres reglamentarios importantes. el Decreto 274/12 que reglamenta la ley de tierras 26.737 sancionada a fines de 2011, el decreto 893/2012 que reglamenta el Régimen de Contrataciones de la Adminstración Pública Nacional y, de cosecha tardía, el decreto 2666/2012 que reglamenta la ley 26.394 (reemplazaba el "Código de Justicia Militar" por el "Código de Disciplina Militar") sancionada en 2008.

- Hubo 11 DNUs. Algunos políticamente importantes: intervención de ex Ciccone, intervención temporaria de YPF, traspaso de Transporte a Ministerio del Interior, creación del programa PROCrear. De orden más general computamos: reformas al cómputo de asignaciones familiares (los límites se calculan por total de ingresos del grupo familiar). creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, e inscripcion de hijos menores del mismo sexo nacidos con anterioridad a la ley de matrimonio igualitario.

- Un solo veto, en un tema local: veto total a la ley 26.751 sobre transferencia de terrenos a la Municipalidad de La Banda.

Una pregunta interesante es si 80 leyes y 11 DNUs es poco o mucho en historia reciente. Para eso vamos a postear mañana un desagregado con gráficos y datos desde 1984 hasta 2012 más un comentario que ponga todo en perspectiva.

2012: 40 libros jurídicos argentinos

2013-01-11T11:27:00.002-03:00

Estuve armando una lista de libro de compras para la oficina, que también es una lista que puede interesar a la gente del gremio. Aclaraciones del caso: la nómina tiene un sesgo hacia temas que más nos interesan y está hecha en base a lo publicado por las editoriales jurídicas comerciales (de modo que no incluye tesis o trabajos publicados por editoriales universitarias o institucionales) cuyo fondo bibliográfico está a su vez sesgado hacia el derecho "positivo".

Algunos no son libros "generados" en 2012 sino nuevas ediciones. No leí todos los textos, y la lista se basa en el "humo de buen derecho" que a tenor de la sinopsis cabe inferir de su contenido (ya sea por desarrollo conceptual o por interés "práctico") de modo que es posible que haya algún falso positivo. Sin perjuicio de lo cual sería perfectamente válido que los editores los comercializaran incluyendo una faja con el texto "Uno de los mejores libros jurídicos del año (saberdecho.com)" en letra cuerpo 28.

Se aceptan sugerencias para incluir en la lista y llegar a los 50.

LIBROS DE DERECHO AMBIENTAL

Bestani, Adriana, con prólogo de Cafferata, Néstor A.: Principio de precaución. -- Buenos Aires, Astrea, 2012
Ghersi, Carlos A./ Lovece, Graciela; colab./ Weingarten, Celia; colab.: Daños al ecosistema y al medio ambiente. -- Buenos Aires, Astrea, 2012
Valls, Mario F. Presupuestos mínimos ambientales. -- Buenos Aires, Astrea, 2012

LIBROS DE DERECHO CIVIL

incluye procesal civil

Azar, Aldo M., con prólogo de Pizarro, Ramón Daniel: Obligaciones de Medios y de Resultado. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Beloff, Mary [et al.]/ Deymonnaz, Virginia/ Freedman, Diego/ Herrera, Marisa. Convención sobre los Derechos del Niño : Comentada, anotada y concordada. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Burgos, Osvaldo R. Daños al proyecto de vida. -- Buenos Aires, Astrea, 2012
Carbone, Carlos A., con prólogo de Peyrano, Jorge W.: Tutela diferenciada poscautelar. -- Rosario, Nova Tesis, 2012
Ghersi, Carlos A.; dir./ Weingarten, Celia; dir., con prólogo de Ghersi, Carlos A. ; Weingarten, Celia Tratado de Derecho a la Salud : Responsabilidad de los Médicos. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Stiglitz, Rubén S./ Stiglitz, Gabriel A. Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Vivas, Mario L./ Díaz, Carlos A./ Schiuma, Stella M.; colab. Contratos : Teoría general. -- Buenos Aires, Hammurabi, 2012

Fuente: Angilla Tattoo

LIBROS DE DERECHO CONSTITUCIONAL

incluye derecho administrativo, público provincial y teoría del derecho

Alegre, Marcelo; coord./ Gargarella, Roberto; coord. El Derecho a la Igualdad : Aportes para un constitucionalismo igualitario. -- Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2012
Amaya, Jorge Alejandro, con prólogo de Dalla Via, Alberto R. Control de constitucionalidad. -- Buenos Aires, Astrea, 2012
Basterra, Marcela I., con prólogo de Bianchi, Alberto B. Conflicto entre derechos fundamentales. Derecho a la información vs. derecho a la intimidad -- Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2012
Douglas Price, Jorge Eduardo, con prólogo de De Giorgi, Raffaele. La decisión judicial. -- Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2012
González Charvay, Adrián, La protección constitucional de la intimidad. -- Buenos Aires, Ad-Hoc, 2012
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia : En la Constitución Nacional y en los ordenamientos provinciales. -- Buenos Aires, Hammurabi, 2012
Rosales, Pablo; coord., con prólogo de Rosales, Pablo O. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ONU -- Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2012
Rosatti, Horacio Tratado de derecho municipal. -- Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2012
Streck, Lenio Luiz. Verdad y consenso : De la posibilidad a la necesidad de respuestas correctas en Derecho. -- Buenos Aires, B de F, 2012

LIBROS DE DERECHO LABORAL

Elizondo, Jorge Luis Riesgos del Trabajo : Análisis crítico de la LRT y de las reformas de la ley 26.773. -- Rosario (Santa Fe), Nova Tesis, 2012
Etala, Juan José (h.); dir./ Simon, Julio César; dir./ Pavlov, Federico; coord./ Calleja, Verónica Paula; colab. Ley de Contrato de Trabajo : Anotada. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Facciano, Luis A. F.; dir./ Powell, Candela; coord. Nuevo Régimen del Trabajo Agrario : Ley N° 26.727 comentada. -- Rosario, Nova Tesis, 2012
Fernández Madrid, Juan Carlos. Ley de Contrato de Trabajo : Comentada y Anotada. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Maza, Miguel Angel; dir./ Simon, Julio César; colab. [et. al.] Régimen de contrato de trabajo comentado. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Rodríguez Mancini, Jorge; coord./ Foglia, Ricardo A. [et al.]/ Gnecco, Lorenzo P./ Maddaloni, Osvaldo Fuentes del derecho del trabajo. -- Buenos Aires, Astrea, 2012

LIBROS DE DERECHO PENAL

Berruezo, Rafael/ Salinas, Luciana; colab., con prólogo de Aboso, Gustavo Eduardo. Autoría y participación : Desde una visión normativa. -- Buenos Aires, B de F, 2012
Bertone, Fernando Martín; coord./ Fenoll, Alejandro Marcelo, con prólogo de Sáenz, Ricardo O. Criminalística y criminología : Implicancias prácticas de la investigación penal. -- Córdoba, Advocatus ; Universidad Empresarial Siglo Veintiuno, 2012
Binder, Alberto M. La implementación de la nueva justicia penal adversarial. -- Buenos Aires, Ad-Hoc, 2012
Cesano, José Daniel/ Ojeda, Bibiana; colab., con prólogo de Romeo Casabona, Carlos María Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes por mala praxis médica. -- Córdoba, Lerner, 2012
Chiara Díaz, Carlos Alberto/ Grisetti, Ricardo Alberto/ Obligado, Daniel Horacio/ Alcalá, Rocío; colab. La Acción Procesal Penal : El rol del Ministerio Público Fiscal y las víctimas en el debido proceso. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Donna, Edgardo Alberto El delito imprudente. -- Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2012
Juliano, Mario Alberto/ Ávila, Facundo, con prólogo de Martínez, Stella Maris. Contra la prisión perpetua : Una visión histórica y comparada de las penas a perpetuidad. -- Buenos Aires, Editores del Puerto, 2012
Ledesma, Alejandro Lionel, con prólogo de Haro, Ricardo La competencia federal penal : Análisis doctrinario y jurisprudencial. -- Buenos Aires, Editores del Puerto, 2012
Pastor, Daniel R.; dir./ Guzmán, Nicolás; coord., con prólogo de Pastor, Daniel ; Guzmán, Nicolás Problemas actuales del derecho procesal penal. -- Buenos Aires, Ad-Hoc, 2012
Penna, Cristian D., con prólogo de Bruzzone, Gustavo A. Robo con armas y armas impropias : Armas que no son armas, interpretación de la ley penal y principios constitucionales. -- Buenos Aires, Editores del Puerto, 2012
Val, Teresa María del; coord. Gestión del conflicto penal. -- Buenos Aires, Astrea, 2012
Zaffaroni, Eugenio Raúl; dir./ Vacani, Pablo Andrés; coord., con prólogo de Zaffaroni, Eugenio Raúl. La medida del castigo : El deber de compensación por penas ilegales. -- Buenos Aires, EDIAR, 2012

LIBROS DE DERECHO TRIBUTARIO

Egüez, Hermosinda/ Simesen de Bielke, Sergio Armando, con prólogo de Atchabahian, Adolfo. Convenio Multilateral para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos : Análisis crítico, doctrinario y jurisprudencial. -- Buenos Aires, La Ley, 2012
Goldman, Diego Hernán; comp. , con prólogo de Bovino, Alberto. Práctica penal tributaria : Prueba, proceso, dogmática y política criminal. -- Buenos Aires: Editores del Puerto, 2012.
Naveira de Casanova, Gustavo J., con prólogo de García Novoa, César. El Principio Constitucional de No Confiscatoriedad Tributaria. -- Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2012

Resumen estadístico

Lugar de edición. Buenos Aires 35, Resto del País 5. Algún día hablaremos sobre esto.

Editoriales: La Ley, 9; Astrea, 7; Del Puerto, 4; Rubinzal, 4; Nova Tesis, 3; Abeledo, 3: Ad Hoc, 3; Hammurabi, 2; B de F, 2. Con 1: EDIAR, Lerner y Advocatus.

Bonus track

Como es una editorial genérica (no exclusivamente jurídica) no encuadra en nuestro recorte pero no podemos omitir la colección "Democracia y Constitucionalismo" de la editorial Siglo XXI e Igualitaria, dirigida por Paola Bergallo y Roberto Gargarella. De allí, dos imperdibles de 2012: la edición en español de "Una cuestión de principios" de Ronald Dworkin y el trabajo de Leticia Barrera "La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial" (que en breve esperamos tratar aquí más en extenso). Grandes libros que se pueden conseguir en (más o menos) cualquier librería a buen precio.