Saber Leyes no es Saber Derecho

Fin y principio + doce uvas de 2025

2026-01-06T12:53:00.001-03:00

Ida y venida, fin y principio, descanso y agite: con ustedes, el verano, locutaba Mario Sapag en aquel comercial de Quilmes que era un robo descarado del episodio de las playas de Balnearios de Mariano Llinás.

Sin demasiado prólogo: “saber leyes no es saber derecho” es (dije “es” no “fue”) una etapa hermosa de mi vida semipública que ha tenido grandes hits y ha permitido en parte completar mi educación en público, divirtiéndome en el proceso. Nos galardonaron en esta etapa crepuscular en los premios blogoversia!: agradecemos.

Nos toca excusarnos por un 2025 que tuvo una productividad esteparia en formato blog, pero en verdad no fue tan así y todo es un proceso. De a poco fui mutando a otros compromisos laborales y otras peripecias y formatos de escritura que me motivaron, poniendo cada cosa en su lugar: basicamente las intervenciones casuales se transformaban de facto en hilos de twitter, las "pedagogicas" se transformaron en cursos, y las más meditadas migraban a articulos académicos, acompañando la ida en fade de la efervescente blogósfera que supimos conseguir en la patria.

En el medio pasaron cosas, pero una nueva aventura, en este caso colectiva, nos ha llamado el año pasado, y allí estaremos con artículos más sustantivos. La Crítica del Derecho (aquí su manifiesto de carga) es un proyecto colectivo que da razón a la lógica de sinergia (algo más grande que la suma de individualidades) y que tiene también un arco de intervenciones urgentes, posts de fondo, textos de política más amplia, recomendaciones en “bocanadas”, y divagues más lúdicos y recreativos. El sitio está super lindo, y como muestra transcribo acá mis “doce uvas” que son un racconto arbitrario del año.

Qué va a pasar con saberderecho: sin perjuicio de algun impromptu fuera de programa, lo dejaremos como un espacio mensual donde posteamos lecturas propias, con lo que estaremos enviando en duplex post y despacho mensual de noticias que abrevará de “La Crítica” y de “IberICONNect”, los dos sitios en los que participo.

Van entonces mis 12 uvas, dulces y amargas, y no dejen de pasar por la crítica que tiene cosas geniales a cada rato. Nos acompañan allí Ramiro Alvarez Ugarte, Roberto Gargarella, Mariela Puga, Sebastián Guidi, Gustavo Maurino, Agustina Ramón Michel, y una larga lista de estrellas invitadas.

No tenemos aquí la tradición de las doce uvas, pero un tocayo en la redacción me desafió y alguien tenía que hacerlo. En plan recreativo, aunque no tanto, van doce cápsulas de cosas que pasaron en 2025, a modo de un arbitrario resumen del año jurídico, el año en que nació La Crítica. Hay pequeñas anécdotas sobre las instituciones, y cosas de mayor trascendencia.

🍇 1. Los jueces que no fueron. Aunque en verdad MGM si lo fue, tuvo un desangelado y apresurado juramento de lunes por la mañana, y quedará en la historia como un cameo que se zanjó con el rechazo de su pliego en el Senado. En el interin tuvimos muchas discusiones (la viabilidad de la suplencia de Lijo, la validez de la designación de los jueces en comisión, quién de los dos nominados reemplazaba a cuál vacante), la de si podía o tenía que quedarse incluso con pliego rechazado, que hoy devienen abstractas y muchos seguirán porfiando en que tenían razón. Cuando descorchemos la sidra Rama Caída, el dinosaurio estará ahí: una Corte desmembrada, funcionando en tres cilindros, sin perspectivas de volver a cierta normalidad.

🍇 2. Vetos e insistencias. Es raro que suceda un veto y más raro que haya insistencias. Anomalía estadística hija de un gobierno dividido (Ejecutivo sin control efectivo del Congreso) y con “plot twists” post insistencia que nos remite a prácticas virreinales: la ley se acata pero no se cumple. ¿Puede un gobierno promulgar una ley pero suspender su aplicación? Discutimos cosas que nunca imaginábamos sino como preguntas retorcidas en exámenes, y vemos al sistema político funcionando como un simulacro de LATINNCap a ver si funcionan los cinturones de seguridad, pero en el auto van personas, ciudadanos, “vecinos”, gente, pueblo (elija su propia aventura semántico-política) y no crash test dummies.

🍇 3. Pulsiones reformistas regresivas. A ningún gobierno se le niega un vaso de agua ni su reforma laboral y de código penal, pensando que ciertos actos de prestidigitación normativa generarán productividad, seguridad y felicidad poblacional. El camino al cumplimiento del mandato preambular del bienestar general está señalizado con un etiquetado frontal explícito de dar pena y quitar derechos. Sobre lo primero, remitimos a Dias, Zaffaroni, Sancinetti. Sobre lo segundo, en breve irá dossier de La Crítica re: reforma laboral.

🍇 4. La media sanción de la ley reguladora de los DNU. En un sistema que ha naturalizado el uso intensivo y abusivo de los DNU, el solo hecho de intentar ordenar su control legislativo (distorsionado por la complaciente ley 26.122, que permite al Ejecutivo legislar con mayoría en una sola cámara) ya resulta disruptivo. Aunque incompleta y aún inconclusa, la iniciativa reabrió un debate largamente postergado sobre la excepcionalidad que se volvió regla y sobre el rol real del Congreso en el control del Ejecutivo, y chicanas del huevo podrido sobre estándares dobles (si me agarraron en el área cuando tenía corner a favor y nadie cobró nada, ahora puedo agarrar al rival cuando defiendo). Era ahora, decía con razón Sebastián Guidi. Al final no fue.

🍇 5. Opiniones consultivas de la Corte IDH. La OC 31/2025 sobre derecho del cuidado. La OC 32/2025 sobre cambio climático. En ambos casos, el tribunal avanzó en la expansión del lenguaje de derechos, conectando obligaciones estatales clásicas con fenómenos estructurales y transversales. Es un ejercicio osado pero instructivo y anclado de pensar los derechos no a partir de un diccionario etimológico de Joan Corominas y exhumando el ideario del Escriche de la época en que se escribieron (?), sino de tomárselos en serio y ver qué significan hoy, qué responsabilidades hay, que se sigue de ellos. Al tiempo en que sus casos contenciosos tiene un rezago de décadas, vemos en la faz consultiva una escena de construcción de catedrales: con materiales vinculantes, sin libre albedrio del arquitecto, pero con voluntad de edificar, y asumiendo que esa voluntad es un mandato derivado de obligaciones definidas, especificables y judiciables.

🍇 6. Una inteligencia extraordinarIA. Usos reales y maravillosos ejercidos silvestremente, episodios fallidos irresponsables y folkloricamente penosos, tentativas de domesticación y obediencia por parte de reguladores ingenuos, dieciocho millones de papers (nos gustó mucho en serio, como no podía ser de otro modo, la teoría crítica de la IA de Daniel Innerarity). Y caldo de cultivo de gurús digitales con profusas emanaciones de humo y solemnidad, que tienen razón en algo: el mundo nunca volverá a ser el que era.

🍇 7. Papa Francisco. A propósito: le pregunto a la IA y me habla de Francisco en tiempo presente. Acaso vive en el pueblo, tiene razón, de momento voy a hacer como Cortázar en “La salud de los enfermos” y mejor no decirle que murió. Pero entonces uva: hubo en Francisco un “lío”, una doctrina y un testimonio de las mejores ideas de la doctrina cristiana: no en abstracciones de virtudes teologales, sino anclada en una crítica persistente a la arquitectura institucional que produce exclusión en el reino de este mundo. Nos enteramos que la iglesia si tenía cosas que decir sobre migraciones, pobreza y ambiente, y que en el implícito y en el explícito se debía leer en esa doctrina una impugnación sostenida a sistemas de decisión que naturalizan desigualdades, ignoran costos y silencian a los más afectados. En un acto de fe agnóstica, un brindis sincero y agradecido por haber cantado esos trucos y ser una anomalía global en un mundo que avanza sin frenos hacia la ética del callate, andate y jodete: la cultura del descarte. Lean o relean: de Bergoglio J. M., la ecológica Laudato Si (2015) y la hermosa Fratelli Tutti (2020), “encíclica sobre la fraternidad y amistad social”, mirá vos.

🍇 8. El Tratado de Derecho Penal de Silva Sánchez. Y en este marco, algo de lo que se hacía antes, un verdadero “Tratado” sobre “Derecho Penal. Parte General”. Obra largamente esperada que consolida en forma sistemática el “canon” de uno de los grandes referentes de la disciplina en la región. Una antigüedad y una maravilla en un mundo académico que corre al ritmo del paper engordado en la fabrica de chorizos de normas APA y de discusiones parroquiales ateneístas. Vaya con esta uva un homenaje a esa raza de doctrinarios que pegan y pegan sobre la misma piedra, y al formato “Tratado” que tanto nos educó. Pueden escuchar el festival que es Jesus María en la entrevista en episodios del podcast Ultima Ratio.

🍇 9. Ficciones sobre el fracaso de la justicia. Amamos las peliculas de época y las de terror zombi y las de agentes secretos, pero eso siempre se siente visto en tercera persona. Que es muy distinto de las cosas que nos pasan aquí y ahora. Fue el año en que vimos 27 noches de Hendler, La mujer de la fila de Ávila, la Belén de Fonzi (prelistada para Oscar ®, hinchamos por ella, el film del libro de nuestra amiga Ana Correa, prologado por Margaret Atwood). Desde distintos registros narrativos, todas muestran burocracias insensibles, errores irreparables y violencias institucionales persistentes. Narrador: no eran ficciones.

🍇 10. Diez años del Código Civil y Comercial. Hiperbólicamente, alguien me sugirió una vez que era el hecho maldito del país civilista burgués. Ahí está: nos dio otro lenguaje, pasó en limpio cosas que se discutían, metió dos o tres goles, hay todavía en su articulado células dormidas que se pueden explotar (función preventiva del daño) y se volvió parte de nuestro paisaje a punto tal de que no imaginamos nuestra vida con el Código de Vélez. Recordamos, de paso, nuestra edición inicial, con entrevista a Aída Kemelmajer, brindis por ella.

🍇 11. Fallece Claus Roxin. Acaso una de las caras del Monte Rushmore del derecho penal, figura central de de una dogmática que, sin abandonar la sistematicidad, se dejó interpelar por la historia, los crímenes estatales, la sociedad del riesgo y los límites democráticos del castigo (ver su laudatio por Muñoz Conde). Su obra mostró que categorías como autoría, imputación, culpabilidad o bien jurídico no eran ejercicios escolásticos, sino instrumentos para hacer responder al poder. Roxin era parte de un modo de pensar el derecho penal como sistema racional, crítico y autoconsciente, hoy crecientemente desplazado por enfoques fragmentarios, impostadamente interdisciplinarios o meramente punitivos.

El derecho funciona así: un alemán escribe en su gabinete una “Teoría del dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder”, décadas después varios profesores la leen admirados en catacumbas bajo dictaduras, un tribunal encuentra luego la punta del hilo de Ariadna en un caso terrible.

🍇 12. Cuarenta años del Juicio a las Juntas. El Nüremberg que nos tocó por padrón, fue cuando hicimos historia, como tituló el libro que hicieron varios miembros de la redacción, también rescatado desde adentro en La hermandad de los astronautas de Gil Lavedra, en Alfonsín y los Derechos Humanos de Alejandro Carrió, y magistralmente contado por Nino en Juicio al Mal Absoluto. Recomendamos aquí (via A. Carrió) el documental episódico de D.News. Más que un hecho del pasado, sigue siendo una referencia normativa y simbólica para pensar justicia, castigo y responsabilidad estatal. En un contexto de relativizaciones y discursos negacionistas, el aniversario funcionó como recordatorio de que ciertos consensos no son obvios ni irreversibles, de que hay en todo esto ciencias jurídicas pero también sociales, y que el derecho también se construye pero también se deconstruye, por las decisiones que una sociedad se atreve —o no— a sostener en el tiempo.

Atrévanse, hagan lío. Feliz 2026, gente, pueblo, etc. 🍾🥂💪🏼

Jueces en comisión: usted se encuentra aquí

2025-03-03T17:45:00.003-03:00

JUECES EN COMISION

Allá por noviembre (cuando era un mundo "posible") argumentábamos a propósito de (en contra de) la designación de jueces en comisión.

Reconstruyendo: partimos del art. 99 inc. 19 CN, que dice que el presidente "puede llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión, los cuales expirarán al final de la próxima Legislatura".

Esta disposición tiene sentido claro dentro del diseño constitucional para evitar que el funcionamiento del Estado se paralice cuando el Congreso no está en funciones, algo que era lo que pasaba la mayor parte del año cuando el Senado sesionaba solo entre mayo y septiembre: la época de las carretas.

Más poco que mucho, en la práctica esta cláusula ha sido utilizada históricamente para nombrar embajadores, oficiales militares y otros funcionarios del Ejecutivo y del judicial, ocasionalmente algún juez de la Corte; en tiempos cercanos ocasionalmente jueces inferiores.

Más notoriamente, quedó "en grado de tentativa" en 2016, en el caso de Rosenkrantz y Rosatti, que tuvieron su impulso inicial por decreto que los nombraba "en comisión", pero no se incoporaron al tribunal sino hasta cumplir con el rito de ser designados por el modo previsto por la Constitución para ser jueces de la Corte

Como sea, decíamos entonces (fue nuestra postura en 2015, lo sigue siento ahoda) que desde la reforma constitucional de 1994, la cláusula ya no puede aplicarse a jueces, sino solo a embajadores y militares, que son los únicos empleos que requieren acuerdo del Senado sin estar sujetos a una regulación especial.

La razón es que lo que antes era un “caso general” de “empleo” pasó a ser un caso particular con una regulación específica, introducida en la reforma constitucional y establecida como un punto explícito en el Pacto de Olivos (de hecho, fue parte del "paquete" o "nucleo de coincidencias básicas" que se consagró en la ley de convocatoria 24.309).

El texto resultante es uno que incorpora en el art. 99 inc. 4º dos elementos esenciales que lo distinguen del proceso ordinario de nombramiento de funcionarios que requieren acuerdo del Senado: primero, la exigencia de una mayoría agravada de dos tercios de los miembros presentes en la Cámara Alta; segundo, la obligación de que el acuerdo se brinde en una sesión pública convocada específicamente para tratar la nominación.

Ambas condiciones demuestran que el constituyente de 1994 quiso otorgar a la designación de jueces de la Corte un carácter especial y reforzado, diferenciándolo de otros nombramientos que pueden tramitarse con un acuerdo senatorial ordinario. La exigencia de los dos tercios garantiza que ningún presidente pueda conformar la Corte Suprema únicamente con el respaldo de su propio bloque, mientras que la sesión pública convocada al efecto refuerza la transparencia del proceso y busca blindarlo contra negociaciones opacas, designaciones overnight entre gallos y medianoche, etc.

El constituyente de 1994 puso "pública" precisamente para distanciarse de la práctica preexistente de elegir a los jueces de la Corte en "sesión secreta" (la razón de ello es que en ese debate se podrían ventilar muchas críticas y que era mejor "cuidarlos" para que esto no afecte la alta honorabilidad que se supone debe tener un juez de la Corte). Cuando alguien pone algo, es para diferenciarse de algo que existía, y desde entonces son públicas. El consenso fue unánime y nos obliga a algo que las viudas de 1860 tratan de escamotear: la Constitución vigente es la que tenemos desde 1994 y en muchos casos es distinta y reclama una lectura fiel a las razones y circunstancias que impulsaron el cambio, que las conocemos porque allí si somos contemporáneos.

Ante el categoríco mandato de esa cláusula, aceptar que los jueces de la Corte pueden ser designados en comisión bajo el inciso 19 implicaría ignorar por completo estas disposiciones particulares y vaciarlas de contenido. Se permitiría que un magistrado ocupe un cargo en el máximo tribunal sin haber obtenido el consenso reforzado exigido por la Constitución y sin haber atravesado la instancia pública y deliberativa que el texto -no trivialmente- manda.

Viejas reglas de interpretación aplicables también a la constitución: reglas especiales prevalecen sobre reglas generales, reglas nuevas sobre reglas anteriores

Esto también sucede en un tema que nos (pre)ocupa hoy, pero que puede preocuparnos más adelante. En el caso de los jueces inferiores, la reforma impuso un procedimiento más complejo que ya no depende únicamente del acuerdo del Senado, sino que exige un trámite previo de selección a través de un concurso en el Consejo de la Magistratura. A diferencia de un grado militar en el que la lapicera del presidente tiene el menú de opciones totalmente abierto en el organigrama castrense, desde 1995 no se puede designar a cualquier abogado con experiencia y que considere idóneo para el cargo bajo el gambito de "no es una designación permanente". Si esto es cierto para jueces inferiores, una interpretación orgánica y no cretina de la Constitución debe comprender el sobresaliente desatino de aceptarlo para jueces de la Corte Suprema.

Estas consideraciones esterilizan la autoridad de precedentes anteriores a 1994, contruidos bajo otra cláusula. Y la diferencia también de precedentes norteamericanos, en donde no existe mayoría agravada ni Consejo de la Magsitratura que complejice el acto de acuerdo.

Existen otras consideraciones que no incluyo aquí por mor de la brevedad: la principal de ellas es decir que a todo evento esto sería válido para vacantes "que ocurran durante el receso" y por ende no sería aplicable a la vacante de Highton que fue en períodos ordinarios. Otros ejercicios interpretativos interesantes surgen en este contexto: Patricio Nazareno, argumenta en esta nota de Seúl que la transitoriedad del nombramiento cesa con la primera reunión de la legislatura. También se discute, ya en términos de coyuntura, la cuestión de si el comisionado puede ser a la vez un juez inferior "licenciado" (el caso de AL)

Se dirá que la Corte "aceptó tomar juramento" (por ahora a MGM). Dejo de lado que esto puede ser visto como un acto administrativo formal, imagino el mejor escenario posible: que luego de una cuidadosa consideración jurídica entre bambalinas (y que eventualmente puede emerger en forma de considerandos explicativos en respuesta a impugnaciones varias) la Corte asumió que el inciso 19 podía leerse solo "in splendid isolation".

Frente a ello, paso a un segundo piso de razones, que se edifica sobre este que es sistemático, y que es de tipo consecuencialista. Aclaro que esto no es moralizar la constitución: no es algo que simplemente "no me gustaría" que sucediera (como por ejemplo si alguien dijera que no le gusta el poder de veto: perfecto, ganá elecciones de convencionales constituyentes y suprimisela al Presidente). No es un caso de "Constitucionalismo Abusivo" (c) Landau (como un presidente que en una fiebre estival amplie la Corte por DNU a 59 miembros y acto seguido designe 56 de ellos en comisión) No es una apelación a un "espíritu", sino a principios estructurales definitorios de la Constitución. Veamos por qué.

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USTED SE ENCUENTRA AQUI

Mil veces se ha dicho que la Constitución no puede entenderse como un conjunto de normas aisladas, sino como un sistema estructuralmente coherente. Una interpretación fragmentaria y posibilista como esta no solo desvirtúa el espíritu del texto constitucional, sino que también deja sin efecto una cláusula esencial para el sistema de pesos y contrapesos, socavando la mayoría agravada que fue expresamente acordada en la reforma de 1994.

Si se admite ello, perfectamente podría admitirse un carrusel de consecuencias que subvierten el principio de estabilidad en el cargo. La Constitución quiere (ahora subryando esto como vimos desde 1994) jueces que duren "mientras dure su buena conducta" y no interinos, y hay buenas razones (enjundiosamente expuestas en tratados de derecho constitucional) de por qué la división de poderes requiere que esto sea así. He aquí otra pauta para diferenciar estos "empleos" (dotados por la constitución de una estabilidad más calificada, que deriva en un mecanismo especial de destitución) de los otros que son de naturaleza administrativa y en los que admitimos la "comisión" presidencial ad referendum del Senado. (ver al respecto el argumento de S. Guidi en la primera parte de esta nota).

En tal caso, llamo la atención sobre otro principio de interpretación constitucional: atender a las consecuencias de los resultados interpretativos. Siguiendo el hack heurístico biblico "por sus frutos los conoceréis", este enfoque nos alerta sobre las consecuencias de una interpretación y permite detectar aquellas que, por sus efectos, deben considerarse inadmisibles dentro del marco constitucional.

Entonces, otra vez decíamos ayer que la pendiente resbalosa puede continuar con una serie de pasos que ponen en cuestión la estabilidad del mecanismo de designación judicial.

El presidente podría ejecutar esta cláusula estratégicamente horas antes de que comiencen las sesiones ordinarias, cuando en realidad el Congreso ya estaría en condiciones de proveer la designación regular.

====> USTED SE ENCUENTRA AQUI <====

Aun cuando el Senado rechace un pliego, los jueces designados podrían continuar en el cargo arguyendo que su comisión "dura hasta la próxima legislatura" pase lo que pase, lo que implicaría un serio desafío al principio de acuerdo legislativo.

Más aún, nada impediría que estos mismos jueces fueran renovados sucesivamente en cada receso, perpetuando una situación de interinidad indefinida.

Con el voluntarioso "nada impide" y la hermenéutica permisiva del inc.19, todos los cargos del poder judicial (jueces federales, fiscales, defensores, etc.) podrían quedar sujetos en este mismo esquema de designaciones interinas.

Un presidente/a podría simplemente abstenerse de enviar pliegos, y de ese modo evitar el incómodo rechazo de un senado que no domina, alegando que después de todo los cargos estarán cubiertos hasta la próxima legislatura.

Y después de todo, qué incentivo tendría un presidente/a para pedirle algo al Senado, si puede hacer su propia selección del staff completo del Poder Judicial esperando el receso del Congreso para activar la nominación de jueces.

Esto funciona de dos modos: como un futuro posible, y como reducción al absurdo que demuestra que la interpretación "posibilista" incuba una subversión permanente de la estabilidad del cargo judicial, del que serán (son) copartícipes todos los que lo validan, justifican y/o militan sea por sinceras razones de droit o por estratégicas razones d'État.

Chat GPT versus Deepthink para temas jurídicos: saber leyes no es saber derecho

2025-01-28T11:50:00.005-03:00

El estado del arte en IA

Los programadores están entre entusiasmados y alarmados por el modo en que la IA ha ido mejorando desde ser un mero "copiloto" hasta ser capaz de programar por sí sola tareas y algoritmos funcionales. "Nos van a quitar trabajo".

Nosotros mismos hemos comprobado áreas en las que las IA "nos" puede servir mucho (y hablo en ese "nos" de los que estamos en el gremio jurídico y sus adyacencias), y así hemos presentado el sistema "Relmo" que corre bajo Chat GPT, para analizar sentencias.

También siempre que hablamos del tema hemos puntuado la impunidad con la que ChatGPT (y otros sistemas) "deliran" e "inventan" datos, especialmente en temas en los que no han sido entrenados, lo que lo hace desaconsejables para un uso no supervisado y limita (en el "estado del arte" actual) su utilidad para tareas jurídicas. De ahí que varios poderes judiciales estén sacando "protocolos" que dicen: podés usarlo, pero fijate bien como y para qué lo usás. Ver este de Illinois, bastante elemental, y el comunicado que lo difunde.

El estado del arte es que efectivamente tenemos una IA "débil", y no una IAG, o "inteligencia artificial general".

Alguna vez dijimos esto, que también se aplica a otros sistemas.

Deepseek vs. Chat GPT

Dicho esto, estos días están marcados por la sorprendente aparición de un modelo que rivaliza en resultados con ChatGPT de OpenAI, que es el desarrollo chino de DeepSeek (con el efecto colateral de la caída instantánea y significativa de las acciones de tecnológicas que proveen insumos para el demandante entrenamiento que requieren los desarrollos de OpenIA).

Ante esta rivalidad, me pareció pertinente compararlos, y hacemos una demostración práctica en cuatro rondas de prompts. Vamos a ver que en algunas cosas los sistemas son muy buenos y en otras no (y que en efecto, los resultados de DeepSeek son iguales y hasta levemente mejores que los de Open IA).

Coin esa idea hicimos cuatro tests de resultados prácticos, con el mismo prompt, y aquí transcribimos las respuestas completas de cada sistema, interpolando comentarios, haciendo tarjetas, y cerrando con una revisión final.

Anticipo los resultados si no quieren leer los test que corrimos: gana Deepseek por puntos.

Nota técnica: se corrió esto con OpenIA "paga" (GPT-4o) y con DeepSeek modelo R1 (que es gratuito, y de hecho no tiene un "plan de pago"). No tomé los tiempos pero DeepSeek tardó más en dar las respuestas, en algun caso hasta 30 segundos en tener todo el paquete (pero probablemente ayer, cuando hice el test, no haya sido el mejor día para medirle los tiempos a un sistema que está experimentando un volumen de demanda súbitamente incrementado). En todo caso, eran tiempos normales y razonables para un uso fluido.

Aparte de una comparativa que sirva para el hoy, quiero documentar como era la IA en 2025, así que acaso algun historiador o investigador en el futuro se esté riendo con esto.

Vamos.

Round 1 - Los fallos más importantes de la Corte Suprema Argentina

Prompt: "Quiero que me hagas una lista de los diez fallos más importantres de la corte suprema argentina en su historia"

RESPUESTA DE CHAT GPT

Aquí tienes una lista de los diez fallos más importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en su historia, seleccionados por su impacto en el desarrollo del derecho y la institucionalidad del país:

"Fayt, Carlos S. c/ Estado Nacional" (Fallos 308:1982, 1985)
Confirmó la independencia del Poder Judicial al declarar la inconstitucionalidad de la limitación de mandatos de los jueces por edad.
"Sejean, Julio c/ Zaks de Sejean, Clara" (Fallos 241:291, 1958)
Fundamentó el principio de igualdad y no discriminación, estableciendo parámetros para la protección de derechos humanos.
"Halabi, Ernesto c/ PEN" (Fallos 332:111, 2009)
Reconoció la legitimación colectiva para plantear acciones de inconstitucionalidad, creando las bases del amparo colectivo.
"Mafalda, S.A. c/ Provincia de Entre Ríos" (Fallos 101:247, 1948)
Consolidó el principio de preeminencia federal, limitando la interferencia de las provincias en cuestiones delegadas al gobierno nacional.
"Kot, Juan Domingo c/ Estado Nacional" (Fallos 314:1834, 1991)
Marcó la autonomía del Banco Central, destacando su independencia frente a las políticas del Poder Ejecutivo.
"Ángel Siri c/ Juez de primera instancia en lo criminal y correccional" (Fallos 239:459, 1957)
Estableció el amparo como garantía para proteger derechos constitucionales vulnerados.
"Peralta, Luis Arcenio c/ Estado Nacional" (Fallos 313:1513, 1990)
Abordó el alcance de los decretos de necesidad y urgencia, estableciendo estándares de control judicial.
"Gutiérrez, Víctor Samuel c/ Estado Nacional" (Fallos 300:1092, 1978)
Sentó principios fundamentales sobre la responsabilidad del Estado por actividad ilícita.
"Arriola, Sebastián c/ Estado Nacional" (Fallos 332:1963, 2009)
Declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, fortaleciendo el principio de autonomía individual.
"Smith, Christian Federico c/ Aspe SA" (Fallos 318:1511, 1995)
Definió la aplicación del principio "in dubio pro consumidor" y fortaleció el derecho de los consumidores en Argentina.

Cada uno de estos fallos representa hitos significativos en temas de constitucionalismo, derechos humanos, división de poderes, y la construcción de un Estado de derecho en Argentina.

COMENTARIO. 3/10. Acierta con sus puntos 1, 3, 6, 7 y 9. En el resto confunde partes, años, o temas, y siempre inventa algo. Como trabajo para publicación, o para un TP de alumnos, es inaceptable.

RESPUESTA DE DEEPSEEK

La Corte Suprema de Justicia de la Argentina, como máximo tribunal del país, ha tenido un papel crucial en la interpretación de la Constitución y en la definición de los derechos y garantías de los ciudadanos. A lo largo de su historia, ha emitido fallos que han marcado hitos en la jurisprudencia argentina. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por decisiones consideradas controversiales o erróneas. A continuación, se presenta una lista de diez fallos importantes de la Corte Suprema argentina, algunos celebrados y otros criticados, que han tenido un impacto significativo en la historia jurídica y política del país:

1. "Ercolano c/ Lanteri de Renshaw" (1922)

Tema: Control de constitucionalidad de leyes.
Importancia: Este fallo estableció que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley si viola la Constitución Nacional. Sentó las bases para el control de constitucionalidad en Argentina.

2. "Sojo, Eduardo" (1887)

Tema: Libertad de prensa y límites al poder legislativo.
Importancia: La Corte estableció que el Congreso no puede sancionar leyes que restrinjan la libertad de prensa, un principio fundamental para la democracia y los derechos individuales.

3. "Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida" (1984)

Tema: Derecho a la intimidad y libertad de expresión.
Importancia: Este fallo marcó un precedente en la protección del derecho a la intimidad frente a la prensa, estableciendo límites a la libertad de expresión cuando colisiona con otros derechos fundamentales.

4. "Cafés La Virginia" (2004)

Tema: Derechos de los consumidores y competencia desleal.
Importancia: La Corte protegió los derechos de los consumidores y estableció estándares para la competencia empresarial, sentando un precedente en materia de defensa del consumidor.

5. "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros" (2008)

Tema: Daño ambiental colectivo y responsabilidad del Estado.
Importancia: Este fallo, conocido como el "Caso Mendoza", fue pionero en reconocer el daño ambiental colectivo y ordenó la limpieza y recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo, marcando un hito en la justicia ambiental.

6. "Fallo Arriola" (2009)

Tema: Despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.
Importancia: La Corte declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal, argumentando que el derecho penal no debe interferir en la esfera privada de las personas cuando no hay daño a terceros.

7. "Fallo F.A.L." (2012)

Tema: Aborto no punible.
Importancia: La Corte interpretó que el aborto es no punible en casos de violación, sin necesidad de autorización judicial previa. Este fallo generó un amplio debate sobre los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres.

8. "Fallo Muiña" (2017)

Tema: Aplicación del 2x1 en casos de lesa humanidad.
Importancia: La Corte aplicó la ley del 2x1 (beneficio de reducción de penas) a un condenado por crímenes de lesa humanidad, generando una fuerte controversia y rechazo social. Posteriormente, el Congreso modificó la ley para evitar su aplicación en estos casos.

9. "Fallo Campo Algodonero" (2009)

Tema: Responsabilidad internacional del Estado por violencia de género.
Importancia: Aunque fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema argentina lo adoptó como precedente, reconociendo la responsabilidad del Estado en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.

10. "Fallo Mill de Pereyra" (1999)

Tema: Derecho a la propiedad y expropiaciones.
Importancia: La Corte estableció que las expropiaciones deben cumplir con un estricto procedimiento legal y garantizar una justa indemnización, reforzando los derechos de propiedad frente al poder del Estado.

Reflexión Final

Estos fallos reflejan la evolución de la jurisprudencia argentina y el rol de la Corte Suprema en la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Algunos han sido celebrados por avanzar en la defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales, mientras que otros han sido criticados por su impacto negativo en la justicia o la sociedad. En conjunto, muestran la complejidad y la importancia del Poder Judicial en la consolidación de un Estado de derecho.

COMENTARIO. 3/10. Acierta con sus puntos 3, 5, 6, 7 y 8. En el resto confunde partes, años, o temas. Es curioso lo que hace con "Campo Algodonero": se "da cuenta" que no es fallo de la Corte Suprema sino de la Corte IDH, pero lo incluye en esa lista. El resultado de presentar esto es igual al anterior: aplazo por macanear.

Round 2 - Los fallos más importantes de la Corte Suprema EE.UU.

Prompt: "Quiero que me hagas una lista de los diez fallos más importantres de la Corte Suprema de los EE.UU. en su historia"-

RESPUESTA DE CHAT GPT

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Aquí tienes una lista de los diez fallos más importantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, seleccionados por su impacto en el desarrollo del derecho constitucional y la sociedad estadounidense:

1. Marbury v. Madison (1803)
Estableció el principio de revisión judicial (judicial review), otorgando a la Corte Suprema la autoridad para declarar inconstitucionales las leyes del Congreso.

2. McCulloch v. Maryland (1819)
Reafirmó la supremacía del gobierno federal sobre los estados y confirmó la interpretación amplia de los poderes implícitos bajo la "Cláusula Necesaria y Propia".

3. Dred Scott v. Sandford (1857)
Fallo controvertido que sostuvo que los afroamericanos no eran ciudadanos y que el Congreso no podía prohibir la esclavitud en los territorios, exacerbando las tensiones previas a la Guerra Civil.

4. Brown v. Board of Education (1954)
Declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas, anulando el precedente de Plessy v. Ferguson y marcando un hito en la lucha por los derechos civiles.

5. Roe v. Wade (1973)
Reconoció el derecho al aborto como parte del derecho a la privacidad bajo la Enmienda 14, aunque este fallo fue revertido en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022).

6. Miranda v. Arizona (1966)
Estableció la obligación de informar a los detenidos sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a guardar silencio y a un abogado, dando origen a los "derechos Miranda".

7. United States v. Nixon (1974)
Reafirmó el principio de que ningún individuo, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley, al ordenar la entrega de cintas de grabaciones relacionadas con el caso Watergate.

8. Citizens United v. Federal Election Commission (2010)
Reconoció los derechos de libertad de expresión de las corporaciones y sindicatos, permitiéndoles financiar campañas políticas de manera ilimitada.

9. Obergefell v. Hodges (2015)
Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país al declarar que la prohibición violaba la Enmienda 14.

10. New York Times Co. v. United States (1971)
Protegió la libertad de prensa al permitir la publicación de los Pentagon Papers, reforzando límites a la censura gubernamental.

Estos fallos reflejan la evolución del sistema jurídico y los valores constitucionales en Estados Unidos, marcando precedentes en derechos civiles, libertades individuales y equilibrio de poderes.

COMENTARIO. 10/10. Impecable. Podría discutirse si ese "orden" es correcto pero lo mismo sucedería con uno hecho por un conocedor experto del sistema. El estudiante que presente este trabajo obtendría una muy buena nota.

RESPUESTA DE DEEPSEEK

La Corte Suprema de los Estados Unidos, como el máximo tribunal del país, ha emitido numerosos fallos que han moldeado la historia política, social y jurídica de la nación. Algunos de estos fallos han sido celebrados por ampliar derechos y libertades, mientras que otros han sido criticados por perpetuar injusticias o retrasar el progreso social. A continuación, se presenta una lista de diez fallos más importantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que han tenido un impacto profundo y duradero en la sociedad estadounidense.

1. Marbury v. Madison (1803)

Tema: Control de constitucionalidad y poder judicial.
Importancia: Este fallo estableció el principio de revisión judicial, otorgando a la Corte Suprema la autoridad para declarar inconstitucionales las leyes y actos del gobierno que violen la Constitución. Es la base del sistema de checks and balances en EE.UU.

2. Dred Scott v. Sandford (1857)

Tema: Esclavitud y derechos de las personas afrodescendientes.
Importancia: En uno de los fallos más infames de su historia, la Corte dictaminó que las personas afrodescendientes, libres o esclavas, no eran ciudadanos estadounidenses y no tenían derechos legales. Este fallo exacerbó las tensiones que llevaron a la Guerra Civil.

3. Plessy v. Ferguson (1896)

Tema: Segregación racial y doctrina "separados pero iguales".
Importancia: La Corte avaló la segregación racial en instalaciones públicas bajo la doctrina de "separados pero iguales", legitimando leyes discriminatorias que persistieron hasta mediados del siglo XX.

4. Brown v. Board of Education (1954)

Tema: Segregación racial en las escuelas públicas.
Importancia: Este fallo revocó Plessy v. Ferguson, declarando que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional. Fue un hito fundamental en el movimiento por los derechos civiles.

5. Roe v. Wade (1973)

Tema: Derecho al aborto y privacidad.
Importancia: La Corte reconoció el derecho constitucional de las mujeres a abortar bajo el derecho a la privacidad. Este fallo fue revocado en 2022 con Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, marcando un cambio dramático en la jurisprudencia estadounidense.

6. Miranda v. Arizona (1966)

Tema: Derechos de los acusados y advertencia de Miranda.
Importancia: La Corte estableció que la policía debe informar a los detenidos de sus derechos, incluido el derecho a permanecer en silencio y a tener un abogado. Este fallo es fundamental para la protección de los derechos civiles en el sistema judicial.

7. United States v. Nixon (1974)

Tema: Separación de poderes y privilegio ejecutivo.
Importancia: La Corte dictaminó que el presidente no tiene un privilegio absoluto para retener información en casos judiciales, lo que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon durante el escándalo de Watergate.

8. Citizens United v. FEC (2010)

Tema: Financiamiento de campañas y libertad de expresión.
Importancia: La Corte dictaminó que las corporaciones y sindicatos pueden gastar cantidades ilimitadas de dinero en elecciones bajo la Primera Enmienda, lo que ha tenido un impacto significativo en la política estadounidense y el financiamiento de campañas.

9. Obergefell v. Hodges (2015)

Tema: Matrimonio igualitario.
Importancia: La Corte declaró que el derecho al matrimonio es fundamental y debe extenderse a las parejas del mismo sexo, garantizando la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+ en todo el país.

10. Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (2022)

Tema: Derecho al aborto.
Importancia: Este fallo revocó Roe v. Wade, eliminando el derecho constitucional al aborto y devolviendo la decisión sobre su legalidad a los estados individuales. Ha generado un intenso debate nacional sobre los derechos reproductivos y el papel de la Corte.

Reflexión Final

Los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos han tenido un impacto profundo en la sociedad, definiendo derechos fundamentales, resolviendo conflictos constitucionales y, en ocasiones, perpetuando injusticias. Estos diez casos representan momentos clave en la historia jurídica y política del país, mostrando cómo la Corte ha influido en la evolución de los derechos civiles, la separación de poderes y las libertades individuales. Aunque algunos fallos han sido celebrados como avances históricos, otros han dejado un legado controvertido, subrayando la importancia de la independencia judicial y el equilibrio de poderes en una democracia.

COMENTARIO. 10/10. Idem anterior. Personalmente, me gusta más la selección y creo que están mejor descriptos.

Round 3 - Analizar "Ferrri c. Levinas"

Le subimos el archivo PDF del fallo (versión de la Corte).

Prompt: "Quiero que analices este caso, la decision, sus fundamentos y la disidencia"-

RESPUESTA DE CHAT GPT

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Análisis del fallo CSJ 325/2021/CI01: "Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías".

Decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) es el superior tribunal de la causa en los términos del artículo 14 de la ley 48 para los procesos que tramitan en la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el TSJ tiene competencia para revisar sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en esa jurisdicción.

Fundamentos de la mayoría

Reafirmación de la autonomía de CABA: La reforma constitucional de 1994 otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un estatus equiparable al de las provincias, lo que incluye la necesidad de un poder judicial local completo y autónomo.
Doctrina "Strada" y "Di Mascio": Se recordó que, según la ley 48, el recurso extraordinario ante la Corte Suprema debe ser precedido por la intervención del superior tribunal de la jurisdicción local. Este principio debe extenderse a CABA, garantizando que los recursos sean resueltos en primera instancia por el TSJ antes de acudir a la Corte.
Crítica al inmovilismo institucional: La Corte criticó la demora en la transferencia de competencias de la justicia nacional ordinaria a la justicia de CABA. Afirmó que la situación actual perpetúa una estructura incompleta que afecta la autonomía de la ciudad.
Garantía del federalismo: El fallo subrayó que la autonomía de CABA, como nuevo integrante del federalismo argentino, requiere que su TSJ cumpla con el rol de superior tribunal en su ámbito jurisdiccional, similar al de las provincias.
Carácter transitorio: Aunque la justicia nacional ordinaria todavía no se ha transferido completamente, la Corte consideró que esta situación no puede justificar la exclusión del TSJ como tribunal superior.

Disidencia del juez Carlos Rosenkrantz

Carácter nacional de los tribunales ordinarios: Sostuvo que los tribunales nacionales con asiento en CABA forman parte del Poder Judicial de la Nación y no pueden ser subordinados al TSJ sin una reforma legislativa que modifique la estructura federal.
Alteración institucional significativa: Consideró que establecer al TSJ como instancia revisora de tribunales nacionales implica un rediseño del sistema recursivo que no corresponde a la Corte, sino al Congreso.
Incompatibilidad normativa: Argumentó que el artículo 6° de la ley 24.588 establece que la transferencia de competencias judiciales debe ser acordada mediante convenios entre la Nación y CABA, y que la Corte no puede sustituir este mecanismo mediante sus fallos.
Respeto al principio de separación de poderes: Sostuvo que la Corte debe limitarse a interpretar las normas vigentes sin intervenir en decisiones que afectan la organización judicial, como las competencias de los tribunales.

Implicancias del fallo

Fortalecimiento de la autonomía de CABA: La decisión avanza hacia el reconocimiento pleno del TSJ como superior tribunal en la ciudad, consolidando su lugar en el federalismo argentino.
Exhortación política: La Corte instó a los poderes legislativos y ejecutivos de la Nación y CABA a completar el proceso de transferencia de la justicia nacional ordinaria.
Tensiones jurisdiccionales: La disidencia refleja una resistencia a modificar estructuras preexistentes sin una base normativa explícita, lo que podría generar debates en futuras controversias.

Este fallo refuerza el principio de autonomía jurisdiccional de CABA, pero también pone en evidencia las dificultades de implementar cambios estructurales en un sistema jurídico federal.

COMENTARIO. 7/10. Es un buen análisis, aunque limitado al formato esquemático muy basado en bullets.

RESPUESTA DE DEEPSEEK

El caso "Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia" resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de Argentina aborda un conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) y la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La cuestión central es determinar si el TSJ tiene competencia para revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el marco de un proceso judicial que no involucra cuestiones federales.

Análisis de la Decisión de la Corte Suprema

Fundamentos de la Decisión

Conflicto de Competencia:

La CSJN interviene en virtud del artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/1958, que establece su competencia para resolver conflictos jurisdiccionales entre tribunales que no tienen un superior jerárquico común.
El TSJ sostiene que es el superior tribunal de la causa en términos del artículo 14 de la ley 48, mientras que la Cámara Civil rechaza su intervención, argumentando que solo la CSJN puede revisar sus sentencias mediante recurso extraordinario federal.

Doctrina "Strada" y "Di Mascio":

La CSJN recuerda su jurisprudencia establecida en los precedentes "Strada" y "Di Mascio", que sostienen que los tribunales provinciales (o locales, en este caso) deben agotar todas las instancias locales antes de que un caso llegue a la CSJN. Esto incluye la revisión por parte del superior tribunal local de cuestiones federales.
La CSJN enfatiza que esta doctrina no es una intromisión en la organización judicial de las provincias, sino un fortalecimiento del federalismo y la soberanía local.

Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires:

La CSJN reconoce que, desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo, similar al de las provincias. Sin embargo, la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad no se ha completado, lo que genera una situación de "inmovilismo".
La CSJN critica la demora en la transferencia de competencias, señalando que esta omisión legislativa lesiona la autonomía de la Ciudad y debilita el federalismo.

Nuevo Criterio Jurisprudencial:

La CSJN establece que el TSJ es el órgano competente para revisar las sentencias de la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con la doctrina "Strada" y "Di Mascio". Esto implica que el TSJ actúa como el superior tribunal de la causa en los términos del artículo 14 de la ley 48.
Este nuevo criterio se aplica a los casos pendientes y a las apelaciones notificadas después de este fallo.

Exhortación a las Autoridades:

La CSJN exhorta a las autoridades competentes (nacionales y locales) a adoptar las medidas necesarias para adecuar la estructura institucional y normativa al mandato constitucional de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Conclusión de la Decisión:

La CSJN resuelve que el TSJ es el superior tribunal de la causa para los procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, el TSJ es competente para revisar la sentencia dictada por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Análisis de la Disidencia del Juez Rosenkrantz

El juez Carlos Fernando Rosenkrantz disiente de la mayoría, argumentando lo siguiente:

Carácter Transitorio de la Justicia Nacional Ordinaria:

Rosenkrantz reconoce que la situación actual de la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es transitoria, pero sostiene que, hasta que se complete la transferencia de competencias, los tribunales nacionales siguen siendo parte del Poder Judicial de la Nación.
Argumenta que la CSJN no puede alterar el criterio establecido por el artículo 6° de la ley 4055, que define al tribunal superior de la causa en casos de tribunales nacionales.

Rediseño Institucional:

Rosenkrantz advierte que establecer al TSJ como alzada de tribunales nacionales implicaría un rediseño institucional de gran trascendencia, ya que no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales.
Considera que esta transformación no puede ser realizada por la CSJN, sino que corresponde al Congreso de la Nación.

Proceso de Transferencia:

El juez destaca que el proceso de transferencia de competencias es complejo y requiere acuerdos políticos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Aunque reconoce que el avance ha sido lento, sostiene que esto no justifica que la CSJN intervenga para modificar la estructura recursiva.

Separación de Poderes:

Rosenkrantz enfatiza que la CSJN debe respetar la separación de poderes y no puede suplir las decisiones que corresponden al Congreso. Alterar el criterio sobre el tribunal superior de la causa implicaría una distorsión en el sistema de separación de poderes.

Conclusión de la Disidencia:

Rosenkrantz concluye que el TSJ carece de competencia para revisar la sentencia dictada por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y que corresponde mantener el criterio establecido por el artículo 6° de la ley 4055.

Reflexión Final

La decisión de la CSJN representa un avance significativo en el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, al equiparar su estatus con el de las provincias en términos de competencia judicial. Sin embargo, la disidencia del juez Rosenkrantz plantea preocupaciones válidas sobre la separación de poderes y el respeto al proceso político de transferencia de competencias.

El fallo refleja la tensión entre el mandato constitucional de autonomía y la realidad de un proceso de transferencia que ha sido lento y complejo. Mientras que la mayoría de la CSJN opta por un enfoque más activista para fortalecer la autonomía de la Ciudad, la disidencia aboga por un enfoque más cauteloso, respetuoso de las competencias del Congreso y del proceso político. Ambos enfoques tienen implicancias importantes para el federalismo y la administración de justicia en Argentina.

COMENTARIO. 8/10. Idem anterior. Buen resumen, sin omisiones ni errores, mejor articulado que el de Chat GPT.

Round 4 - Un trabajo de doctrina: igualdad de trato y "acciones positivas"

Prompt: "Quiero que escribas sobre acciones positivas e igualdad de trato en el derecho argentino, explicando fundamentos constitucionales, ejemplos, opiniones de autores y jurisprudencia".

RESPUESTA DE CHAT GPT

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Acciones positivas e igualdad de trato en el derecho argentino

El principio de igualdad es uno de los pilares del derecho argentino y está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Sin embargo, este principio no implica un trato idéntico en todas las circunstancias, sino que permite diferencias razonables y acciones positivas para corregir desigualdades estructurales.

Fundamentos constitucionales

La reforma constitucional de 1994 introdujo el concepto de acciones positivas en el artículo 75, inciso 23, otorgando al Congreso la facultad de "dictar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato". Esto implica un avance hacia la igualdad sustantiva, que va más allá de la igualdad formal.

Además, el artículo 37 establece acciones para garantizar la igualdad de género en el acceso a cargos electivos y partidarios, lo que se ha materializado en leyes como la Ley de Paridad de Género (Ley 27.412).

La inclusión de tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22 también refuerza el principio de igualdad, destacando instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ejemplos de acciones positivas en Argentina

Ley de Cupo Femenino (Ley 24.012)
Establece un cupo del 30% de mujeres en las listas electorales de los partidos políticos, una medida que posteriormente evolucionó hacia la paridad de género.
Ley de Paridad de Género (Ley 27.412)
Exige una representación equitativa de mujeres y hombres en las listas de candidatos para cargos legislativos nacionales.
Leyes de Protección a Pueblos Indígenas
Incluyen medidas de acción positiva para garantizar la participación política y el acceso a tierras de las comunidades indígenas, como se consagra en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución.
Leyes de Cupo Laboral
La Ley 27.636 (Cupo Laboral Travesti-Trans) establece que al menos el 1% de los empleos públicos deben ser ocupados por personas travestis, transexuales o transgénero.
Políticas para personas con discapacidad
La Ley 22.431 y sus modificatorias establecen un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

Opiniones de autores

Germán Bidart Campos sostenía que la igualdad material requiere del Estado una intervención activa para remover las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad. Para él, las acciones positivas son un mecanismo indispensable para lograr este objetivo.
Néstor Sagüés enfatiza que la igualdad no puede entenderse como uniformidad. Las acciones positivas son compatibles con la Constitución siempre que busquen equilibrar desigualdades reales y no se conviertan en privilegios arbitrarios.
Roberto Gargarella, desde una perspectiva crítica, advierte que las acciones positivas pueden ser insuficientes si no se acompañan de una transformación más profunda en las estructuras políticas y sociales.

Jurisprudencia relevante

"Pellicori, Liliana c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal" (Fallos: 332:433)
La Corte Suprema declaró que el cupo femenino no es una excepción al principio de igualdad, sino una medida necesaria para garantizar la igualdad sustantiva.
"ALITT c/ GCBA" (2019)
En este caso, la Corte afirmó la validez de las medidas de acción positiva adoptadas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover la inclusión laboral de personas trans.
"Quisberth de Peña c/ ANSES" (Fallos: 334:1477)
La Corte sostuvo que las políticas públicas deben contemplar acciones positivas cuando existan vulnerabilidades específicas, incluso si esto implica establecer diferencias de trato.
"Sisnero, María Belén c/ Taldelva SRL y Otros" (CSJN, 2014)
Este fallo reconoció la necesidad de políticas de acción positiva para corregir la exclusión histórica de las mujeres en el sector de transporte público.

Conclusión

El derecho argentino ha adoptado un enfoque progresista al incluir las acciones positivas como parte de las herramientas para alcanzar la igualdad sustantiva. Estas medidas, respaldadas por la Constitución y los tratados internacionales, buscan corregir desigualdades estructurales que no se resuelven solo con igualdad formal. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clave para consolidar este marco normativo, pero los desafíos persisten en garantizar su implementación efectiva en todos los niveles de la sociedad.

COMENTARIO. 6/10. Correcta en las generalidades, pero errática en la justificación de jurisprudencia, en donde inventa casos y resultados (solo el 4 es correcto).

RESPUESTA DE DEEPSEEK

Acciones Positivas e Igualdad de Trato en el Derecho Argentino

El principio de igualdad de trato y las acciones positivas son pilares fundamentales en el derecho argentino, especialmente en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Estos conceptos buscan garantizar la igualdad material, no solo formal, y corregir las desigualdades históricas y estructurales que afectan a ciertos grupos vulnerables.

Fundamentos Constitucionales

Igualdad ante la Ley (Artículo 16 de la Constitución Nacional):

El artículo 16 establece que "todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley", lo que implica que no se deben establecer distinciones arbitrarias entre las personas. Sin embargo, este principio no se limita a una igualdad formal, sino que también exige una igualdad material, es decir, la adopción de medidas para corregir desigualdades estructurales.

Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales (Artículo 75, inciso 22):

La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a varios tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Estos instrumentos refuerzan el principio de igualdad y no discriminación, y obligan al Estado a adoptar medidas para garantizar la igualdad real.

Acciones Positivas (Artículo 75, inciso 23):

El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece que el Congreso debe legislar y promover "medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos". Este artículo es la base constitucional explícita para las acciones positivas en Argentina.

Concepto de Acciones Positivas

Las acciones positivas (también llamadas discriminación inversa o discriminación positiva) son medidas temporales y específicas destinadas a corregir desigualdades históricas y estructurales que afectan a grupos vulnerables o discriminados, como mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas LGBTQ+, entre otros. Estas medidas buscan garantizar la igualdad material, es decir, la igualdad real en el acceso a derechos y oportunidades.

Características de las Acciones Positivas:

Temporalidad: Son medidas transitorias, no permanentes.
Especificidad: Están dirigidas a grupos específicos que sufren discriminación.
Proporcionalidad: Deben ser proporcionales al objetivo que buscan alcanzar.
No estigmatización: No deben perpetuar estereotipos ni generar nuevas formas de discriminación.

Ejemplos de Acciones Positivas en Argentina

Ley de Cupo Femenino (Ley 24.012):

Esta ley establece que las listas de candidatos a cargos legislativos nacionales deben incluir un mínimo del 30% de mujeres. Fue una de las primeras acciones positivas en Argentina y ha sido fundamental para aumentar la participación política de las mujeres.

Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618):

Aunque no es una acción positiva en sentido estricto, esta ley reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, corrigiendo una desigualdad histórica y garantizando igualdad de trato a la comunidad LGBTQ+.

Ley de Identidad de Género (Ley 26.743):

Esta ley permite a las personas trans acceder al reconocimiento de su identidad de género en documentos oficiales y recibir tratamientos médicos de adecuación corporal, garantizando igualdad de trato y no discriminación.

Ley de Protección Integral de las Mujeres (Ley 26.485):

Esta ley establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo acciones positivas para garantizar su acceso a la justicia y a servicios de protección.

Cupo Laboral para Personas con Discapacidad (Ley 22.431):

Esta ley establece que el 4% de los empleos en el sector público deben ser ocupados por personas con discapacidad, garantizando su inclusión laboral.

Opiniones de Autores

Néstor Pedro Sagüés:

Sagüés destaca que las acciones positivas son necesarias para corregir desigualdades estructurales, pero advierte que deben ser temporales y proporcionales, para evitar que se conviertan en nuevas formas de discriminación.

Roberto Gargarella:

Gargarella argumenta que las acciones positivas son una herramienta esencial para garantizar la igualdad material, pero critica que en muchos casos no se implementan de manera efectiva, lo que limita su impacto.

Mary Beloff:

Beloff enfatiza que las acciones positivas deben estar acompañadas de políticas públicas integrales que aborden las causas profundas de la discriminación, como la pobreza y la exclusión social.

Jurisprudencia Relevante

Caso "F.A.L." (2012):

En este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) interpretó que el aborto no punible en casos de violación no requiere autorización judicial previa, garantizando el acceso a este derecho de manera igualitaria para todas las mujeres.

Caso "Atala Riffo y Niñas" (2012):

La CSJN resolvió que la orientación sexual no puede ser un motivo de discriminación, especialmente en casos de custodia de menores. Este fallo sentó un precedente importante para la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Caso "Mujeres por la Justicia" (2017):

La CSJN reconoció la importancia de las acciones positivas para garantizar la igualdad de género en el acceso a la justicia, destacando la necesidad de medidas específicas para superar las barreras que enfrentan las mujeres.

Caso "Defensoría del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional" (2020):

En este caso, la CSJN ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad, en línea con el principio de igualdad material y no discriminación.

Reflexión Final

Las acciones positivas y el principio de igualdad de trato son herramientas esenciales para garantizar la igualdad material en Argentina. Aunque el país ha avanzado significativamente en la adopción de medidas para corregir desigualdades históricas, aún existen desafíos importantes, como la implementación efectiva de estas políticas y la superación de resistencias culturales y sociales.

La jurisprudencia de la CSJN y los tratados internacionales han sido fundamentales para consolidar estos principios, pero es necesario continuar trabajando en la promoción de políticas públicas integrales que aborden las causas profundas de la discriminación y garanticen la igualdad real para todos los habitantes de la Nación.

COMENTARIO. 7/10. Ídem anterior, mejor articulado y algo mejor en contenido, pero también fabulando en el reporte de jurisprudencia (solo acierta el punto 1 de los cautro fallos que menciona). Las referencias autorales, como las del anterior, son plausibles pero incomprobables. Debe decirse que en ambos casos, los autores citados efectivamente "existen".

Comentarios finales

El peor desempeño (el de los fallos de la Corte Argenina) será eventualmente corregido a medida que los sistemas mejoren en sus inferencias y capten más información. El "techo" posible es el que ocurre con los fallos de la Corte Suprema de EE.UU., de donde esperablemente el sistema tiene mas materia prima y profundidad para hacer jugar sus algoritmos inferenciales.

En el caso del resumen del fallo la solvencia de las respuestas es más que aceptable, de modo que estamos prácticamente en el techo de performance.

El caso del trabajo más creativo de elaborar "doctrina" es un punto intermedio: es bueno el resultado cuando hace el planteo del tema pero errático al avanzar en detalles y ejemplos.

Cuando la IA fabula, lo hace de un modo "verosímil" para el que lo vea sin info o formación previa. La lista de fallos argentinos y sus temas es hilarante para el que sabe del asunto, pero tiene apariencia de solidez para el que no. Esto es a la vez inquietante y prodigioso.

Nos intriga el método de su locura: cómo es el circuito que el algoritmo recorre para llegar a esos desvaríos y no a otros, por qué le pone "Juan Domingo" a "Kot", o cómo teniendo conocimiento de "Sejean" lo situa en 1958.

El 24 de la Corte Suprema + TOP TEN de fallos del año

2025-01-15T12:34:00.002-03:00

Escribimos un resumen del 2024 de la Corte Suprema. Pueden verlo en este PDF de 26 páginas, que trae 53 fallos sintetizados, contexto de la Corte y links a todo.

No aparece alli un ranking, que hicimos ex post. Esta es la lista de los que creemos los diez fallos más importantes del año (importancia no equivale a "acuerdo con", ya que podemos discrepar en fundamentos y decisión).

¿Por qué está en la lista?

Ferrari c. Levinas (27/12) - TSJ CABA
Porque la autonomía de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es un tema central en el fortalecimiento del federalismo y la organización jurisdiccional del país: la Corte otorgó al TSJ de CABA la competencia para conocer recursos extraordinarios en la justicia nacional ordinaria, basándose en la Constitución Nacional y precedentes como "Strada" y "Di Mascio".
Confederación Frente Amplio Formoseño (19/12) - No a las reelecciones
Porque las reelecciones indefinidas afectan la calidad democrática y la alternancia en el poder: la Corte prohibió la perpetuación en el cargo de los poderes ejecutivos provinciales, considerando que estas prácticas contravienen los principios republicanos y derivando su implementación a las reformas constitucionales locales.
Soto (27/12) - Problemas de constitucionalidad de la pena de prisión "realmente" perpetua.
Porque la reinserción social es un principio esencial en el sistema penitenciario: la Corte dio argumentos para la inconstitucionalidad de penas "realmente" perpetuas que no permiten la posibilidad de rehabilitación, en atención a los tratados internacionales que garantizan la dignidad y los derechos humanos de los condenados.
Cosani c. Provincia de Santa Fe (19/12) - Discriminación interseccional
Porque considera la discriminación en un plano interseccional (por género y edad): la Corte anuló una normativa que impedía a personas en edad jubilatoria participar en concursos docentes, argumentando que afectaba de manera desproporcionada a las mujeres debido a diferencias en los regímenes jubilatorios.
Garay c. Provincia de Mendoza (02/07) - Obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad.
Porque la seguridad vial es una prioridad en la protección de la vida y la salud pública: la Corte reafirmó la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, justificando que mitiga riesgos para los ocupantes de los vehículos y terceros en la circulación vial.
S., I. N. c. A., C. L. (22/10) - Gestación subrogada
Porque la filiación en gestación subrogada plantea desafíos jurídicos y éticos de gran relevancia: la Corte -"con el Código en la mano"- resolvió que la madre es quien da a luz según el artículo 562 del CCyC, rechazando una impugnación de filiación y exhortando al Congreso a legislar sobre esta problemática.
P., A. y otro s/ Autorización (20/08) - Criopreservación de embriones
Porque el status de los embriones "congelados" genera incertidumbre jurídica y necesidad de regulación: la Corte autorizó la interrupción de la criopreservación solicitada de común acuerdo, subrayando la importancia de legislar para establecer pautas claras en este campo.
L., J. L. s/ Autorización (21/08) - Fertilización post mortem
Porque la fertilización post-mortem plantea cuestiones sobre autonomía y consentimiento: la Corte rechazó la solicitud de una mujer para usar material genético de su cónyuge fallecido, argumentando que no había consentimiento expreso y que no puede presumirse un proyecto parental posterior a la muerte.
Cantaluppi (02/07) - Tasa municipales (Ecotasa de Bariloche)
Porque las tasas municipales son un eje de tensión entre el financiamiento local y los principios constitucionales: la Corte declaró inconstitucional la ecotasa aplicada en Bariloche, al considerar que carecía de una individualización clara de los servicios que justificaran su cobro.
Asociación de Magistrados del Neuquén (27/12) - Reformas constitucionales
Porque el respeto a los límites del poder constituyente derivado asegura la seguridad jurídica en las reformas provinciales: la Corte anuló el sistema de evaluación periódica de jueces, al no haber sido incluido en los puntos habilitados para la reforma constitucional provincial.

Adiós a Maqueda: cinco notas

2024-12-28T11:21:00.003-03:00

Foto icónica, y un mundo de sensaciones.

1. Se retira alguien que "siempre estuvo". Empiezo por mi metro cuadrado pero lo excedo. Decíamos ayer en un space que independientemente de lo que pienses de Maqueda, hay algo de fin de época. Nunca fuimos fan del Beto Acosta, hasta de hecho fuimos víctimas, pero el retiro del Beto Acosta marca el micro-fin de una época en la que nos habíamos acostumbrado a verlo. Es imposible no pensar eso con una melancolía inicial sobre el paso del tiempo. Ahora, dato duro: queda hoy en el tercer puesto por antigüedad de desempeño en la tabla histórica de jueces de la Corte 1983. Fayt (32), Petracchi (30), Maqueda (22), Belluscio (21), y Lorenzetti (20) aunque este último seguramente irá subiendo en el ranking porque le quedan fechas por jugar en el campeonato. Para la generación de los que seguimos la Corte más o menos desde los tempranos 2000, Maqueda era el que empezó con nosotros y ahora se retira (es un momento terrible para el futbolero: ver retirarse a un jugador al que lo seguiste toda la carrera)

2. Quién fue el "Maqueda juez". No será este un momento para repasar el legado jurisprudencial de Maqueda, sus métricas o sus hits (and miss) puntuales, sino para hacer algo que creo que es mejor que eso para pintar la labor de un juez en general y en particular de este juez. El realismo jurídico tiene un punto, y entender biografías y actitudes es predeterminante del historial de decisiones concretas (y tiene mucha más miga para apreciar de como votó acá, allá y acullá).

2. Espíritu colegial como determinante de la inexistencia del "maquedismo". Maqueda llega a la Corte sin "marco teórico" o encuadre académico especialmente perfilado (era, si, profesor, posgraduado, etc.). Su adscripción política no era materia de duda pero mirando mas allá de una ficha de afiliación veremos un trabajo de "estadista" en letra minúscula, un trabajo que fue más político que militante y proselitista. Lo fue no en cargos de "titular del poder ejecutivo" sino en cuerpos colegiados (legislaturas) y como jugador de rol en administraciones que no encabezaba. Estos datos biográficos, etnográficos, son relevantes para entender al Maqueda Juez de la Corte.

El primero es que no estaba en su ámbito natural de pensar el mundo desde el "caso a resolver", como lo harían jueces (Argibay, Highton) ni desde el mundo agonal de la profesión (Lorenzetti, Rosenkrantz) sino desde un rol que va más allá de la disputa parte y contraparte: qué hay más allá de lo que discute esta gente. Fue, en ese sentido, un consecuencialista espontáneo.

El segundo, y más importante, es que eso pre-determina la inexistencia del maquedismo jurídico.

En primer lugar, hablemos de un gusto adquirido. Maqueda fue -salvo en los últimos dos o tres meses, en que estaba de salida- consistentemente silente, sin posicionamiento ni declaraciones ni entrevistas ni disertaciones con referencias elípticas o no sobre ideario preferible y coyuntura. En aquella legendaria Corte de los siete (2004-2013) hablaban todos y todas, pero Maqueda no habla. Acaso el último juez que en ese sentido era "modelo siglo pasado". Durante mucho tiempo eso nos pareció desaconsejable, pero poco a poco entendimos que había una lógica detrás: tal vez no esté tan mal. Queda para otro debate, porque ahora vamos de pasada.

Como reflejo de eso, Maqueda no hizo escuela -sea deliberadamente, o sea porque "caminando fui lo que fui", otra vez sin marco teórico. No hay "maquedismo" jurídico. Y es algo que se valora mucho de un juez.

Porque las instituciones crecen cuando la gente que decide canta en coros, no cuando cada uno quiere "pegarla" e impresionar con la nota, le canta encima al otro, quiere mostrar su destreza vocal, quiere que se note su voz. No es esto un concurso de Operación Triunfo ni un espacio para la improvisación deslumbrante. Esto explica que los votos solistas de Maqueda sean una rareza, y que cuando existen sean redactados en forma impersonal, sin florituras, chicanas, digresiones editoriales o dictas que se escriben en modo académico. Hay que escribir lo necesario para resolver, no menos, pero nada más.

Voy más allá: el mundo jurídico ideal no es el de una Corte con cinco juristas fantásticos e impresionantes cada uno con su hinchada y porristas (se autoperciben "Jueces Hércules", algunos de ellos paradójicamente anti-dworkinianos y que entendieron mal la metáfora) sino el mundo de una Corte que decida rápido, bien, sin aspavientos y lo más colegial posible. Repudio el impulso de hacer el "voto de autor", vicio que se desparrama en todas las instancias y fueros. Un "voto de bodegón" es más nutritivo y saludable. Qué distinto de esos cocineros que hacen un menú de nueve pasos para ganarse la estrella Michelin.

4. Ponderación etnográfica del Maqueda preguntante. Marida con ello un detalle que aprendí a apreciar de Maqueda, que no está en sus votos, sino en un modus operandi. Varias veces en las audiencias públicas (ahora discontinuadas, inexistentes, lo que una vez fuera política de estado ahora tirada en el pasto) se notaba la forma en que Maqueda iba con la tarea hecha, e interpelaba o preguntaba justamente a propósito de datos y argumentos bien concretos del expediente (y repreguntaba, para no irse del turno de pregunta con una evasiva). Es un gesto de humildad intelectual y de sumo respeto por las partes -y por la labor de juzgar- en una escena académica y jurídica en donde la enorme mayoría de la gente ya sabe que pensar (y resolver) en casos que todavía no se han planteado, que podemos predecir con exactitud en qué vereda se pararán, y aquí vemos la imagen de una persona que parecía sensible a posponer sus ímpetus decisorios, a abstraerse de las concepciones generales, y a detenerse a remover forensemente pequeñas piezas fácticas y argumentales que estaban en la escena para encontrar pistas y señales de qué hacer.

5. Y se fue Maqueda. Hoy cumple 75 años, felicidades, se le cayó encima el art. 99 inc. 4 que el mismo votara en la Convención de 1994 (recomendamos a propósito la entrevista de Rodis Recalt en la que también repasa bastante de su vida). Icónicamente, salió por la puerta grande de la Corte, lo esperaba una banda de gente para saludarlo y una banda de musica de la Policía Federal tocando una canción de la Mona Jimenez. Que más podría alguien pedir alguien como escena de despedida.

Diez problemas de la reforma judicial mexicana

2024-10-19T20:14:00.004-03:00

Podemos decir esto (fuentes entre paréntesis).

La reforma judicial en México rompe con el Estado de derecho al desmantelar la independencia judicial y concentrar el poder en el Ejecutivo (Groppi).
Su aprobación fue apresurada, sin un proceso democrático genuino y con maniobras políticas (Pou Giménez).
Esta reforma incrementa la desigualdad y afecta a los más vulnerables al politizar el sistema judicial (Camarena).
Además, viola derechos fundamentales, como el debido proceso, al introducir jueces sin rostro y ampliar la prisión preventiva oficiosa (Serrano).
La elección popular de jueces politiza la Suprema Corte, debilitando su independencia y eficiencia (Herrera García).
También confunde el poder constituyente con los poderes constituidos, lo cual pone en riesgo la estructura constitucional (Olaiz-González).
El procedimiento legislativo fue violado, lo que compromete la legalidad de la reforma (Flores).
La reforma es un ejemplo de "constitucionalismo abusivo", donde se usan herramientas legales para erosionar la democracia (Landau, Dixon y Parra Prieto).
La elección popular de jueces en EE.UU. no es un argumento a favor de la reforma (Pou Giménez).
Finalmente, la reforma implica un retroceso en la protección de los derechos humanos, ya que la Suprema Corte se volvería pro-mayoritaria y deferente al Ejecutivo (Herrera García).

Cada una de estas afirmaciones está desarrollada en estos artículos. Nueve de ellos fueron publicados en IberICONNECT, en un Simposio que editó y presentó en esta entrada Micaela Alterio.

Leed.

1. Tania Groppi -¿Qué está pasando en México? Reforma Judicial y Retroceso Democrático.

Expone que la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador en México en 2024 es un proceso que, aunque sigue una tradición de hiperpresidencialismo en la que la Constitución mexicana es fácilmente modificada, implica una ruptura profunda con el Estado de derecho. La reforma afecta gravemente la independencia del poder judicial, remueve a 1,600 jueces, incluidos los de la Suprema Corte, y establece elecciones populares para ocupar esos cargos. Este desmantelamiento, que afecta también a las personas juzgadoras en las entidades federativas, es considerado un ejemplo extremo de "democratic backsliding", un proceso de regresión democrática que busca concentrar el poder en manos del ejecutivo.

Groppi destaca cómo esta reforma sitúa a México a la vanguardia de la regresión democrática, con consecuencias no solo para la estructura del poder judicial, sino también para la propia democracia constitucional. El autoritarismo se refuerza con la eliminación de contrapesos y la captura de instituciones clave, una tendencia que ya se ha visto en países como Polonia y Hungría. Groppi también plantea la posibilidad de que la Corte Suprema mexicana intente autodefenderse declarando la inconstitucionalidad de la reforma, aunque enfrenta grandes desafíos debido a la deslegitimación y las presiones políticas.

2. Francisca Pou Giménez - La bola de nieve de la reforma judicial y el estado de la democracia mexicana.

Leemos allí:

Dos días después de las elecciones se desencadenó una dinámica política desenfrenada, impulsada por una única voluntad: la voluntad del Presidente saliente de conseguir, por cualquier medio, lo más rápido posible, antes del 1 de octubre, que el nuevo Congreso, políticamente entregado a su liderazgo, aprobara la reforma judicial y otros ingredientes selectos del Plan C. Nada de lo que ha ocurrido durante este periodo de transición ha sido democrático: ni la simulación de los foros oficiales de diálogo y la ignorancia de muchos otros que trataban de dar un debate genuino sobre la reforma; ni la indiferencia frente a las masivas movilizaciones de estudiantes y trabajadores judiciales; ni la tramitación parlamentaria, dividida entre el Congreso saliente y el entrante y sin deliberación real, haciendo eco de una voz única.

En la Cámara de Diputados se votó la reforma en condiciones que no dejan siquiera claro que hubiera un cuórum regular. En el Senado, Morena consiguió la fuga de dos senadores de la oposición a sus filas y las maniobras para conseguir el voto opositor faltante es un monumento a la podedumbre política. Las legislaturas estatales, la mitad de las cuales debía aprobar la reforma, se lanzaron a la carrera a hacerlo—en poco más de 21 horas ya la habían aprobado las 17 que eran necesarias—. Una maquinaria política arrolladora ha ido agrandando una bola de nieve imparable, que tras la aprobación de la reforma judicial ha continuado con la militarización final de la Guardia Nacional y cambios radicales al artículo 129 que permitirán a las fuerzas armadas desempeñar en tiempos de paz todas las funciones que les encomienden las leyes.

3. Rodrigo Camarena - La reforma judicial: ¿ni me va ni me viene?

Camarena argumenta que, aunque parte de la población mexicana percibe la reforma judicial de 2024 como un conflicto entre élites sin impacto en la vida cotidiana, en realidad agrava la situación de las personas más vulnerables. La reforma, aprobada de manera excluyente, ignora problemas profundos como la impunidad y la corrupción, además de fortalecer la militarización y la concentración del poder en un Ejecutivo ya dominante. Camarena advierte que esta politización del poder judicial, junto con la posible influencia del narcotráfico en las elecciones judiciales, empeora el acceso a la justicia y consolida un régimen autoritario que afecta desproporcionadamente a los sectores más desfavorecidos.

4. Sandra Serrano - La reforma del poder judicial no llega sola. Jueces electos y sin rostro, militares con tareas de investigación y prisión preventiva oficiosa.

En efecto, la reforma judicial en México no llega sola, sino que se acompaña de otras reformas que, en conjunto, debilitan las garantías judiciales y transforman el sistema de justicia penal. Una de las principales preocupaciones es la adopción de “jueces sin rostro”, donde la identidad de los jueces en casos de delincuencia organizada se mantendrá oculta, lo que viola el derecho al debido proceso, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la Guardia Nacional, con mando militar, obtendrá facultades para investigar delitos, y se ampliará el catálogo de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa, lo que afecta negativamente los derechos de las personas acusadas sin una condena previa. Serrano critica la forma en que el gobierno ha impulsado estas reformas, ignorando las advertencias de organismos internacionales y replicando prácticas que socavan la independencia judicial y la justicia en general.

6. Alfonso Herrera García - El futuro de la Suprema Corte.

Identifica seis problemas clave que enfrenta la Suprema Corte tras la reforma judicial de 2024. Primero, la elección popular de los ministros introduce un proceso complicado y poco práctico, con votantes desinformados y una politización que podría debilitar la independencia judicial. Segundo, la reducción de ministros de 11 a 9 incrementará la carga de trabajo y afecta la legitimidad del presidente de la Corte, que ya no será elegido por sus pares. Tercero, la reforma modifica el sistema de votación para la invalidación de leyes, creando incertidumbre sobre cómo operar antes de que se elijan nuevos ministros. Cuarto, la desaparición de las Salas de la Corte aumentará la carga de trabajo del Pleno, limitando su capacidad para resolver todos los casos de manera eficiente. Quinto, la duración del cargo de ministro se reduce a 12 años, lo que podría sincronizar las elecciones judiciales con las presidenciales, comprometiendo la independencia de la Corte. Sexto, los requisitos para ser ministro se han flexibilizado, eliminando restricciones como la edad mínima, lo que trivializa el acceso a un cargo de gran relevancia.

Y concluye:

Uno de los más graves problemas de la nueva Suprema Corte será su nuevo talante interpretativo. No contaremos más con una Corte con vocación contra mayoritaria, sino con una pro mayoritaria. Es de esperarse una vuelta al formalismo constitucional, una deferencia máxima al legislador, un ejercicio autómata de la función judicial. Si este diagnóstico resulta correcto, podría llevarnos a regresiones de los estándares protectores de derechos humanos que mucho trabajo costó construir y que hoy están vigentes en la jurisprudencia. Así, la interpretación constitucional con metodologías distintas a la literalidad se vislumbra como una ruta vedada porque será inmediatamente calificada como “invasión de poderes”. La amenaza de juicio político, con las mayorías calificadas del oficialismo en las cámaras, estará latente, al menos claramente en la primera mitad de este sexenio. En definitiva, estamos en la antesala de una Suprema Corte obsequiosa con las mayorías legislativas y el régimen político imperante.

7. Jaime Olaiz-González. Un problema autogenerado: sobre el dilema de la Suprema Corte de Justicia en torno al control de reformas constitucionales.

El artículo de Jaime Olaiz-González plantea dos vertientes clave sobre el problema del control de las reformas constitucionales en México. La primera vertiente es la distinción entre el poder constituyente y los poderes constituidos. El autor argumenta que la Suprema Corte debe aclarar que las mayorías políticas, aunque poderosas, no equivalen a un poder constituyente, lo cual implica que no pueden alterar los elementos esenciales de la Constitución, como la separación de poderes o la independencia judicial. Esto es relevante porque el gobierno ha presentado su reforma como un acto de poder constituyente, justificándolo con su mandato electoral, lo que, según el autor, es un argumento engañoso.

La segunda vertiente es que la Corte debe enmarcar el análisis de esta reforma no como una simple enmienda, sino como un reemplazo constitucional que pone en riesgo los fundamentos de la Constitución mexicana. Esto implica que la reforma debe ser sometida al más alto grado de escrutinio, dado que está alterando elementos esenciales como el carácter republicano y la independencia del poder judicial. La Corte se enfrenta a la necesidad de establecer un núcleo irreductible de principios constitucionales que no pueden ser modificados, lo que representa un desafío histórico para su rol como guardián de la Constitución.

8. Imer B. Flores - El problema del poder reformador y sus límites constitucionales.

Plantea que la reforma judicial de 2024 en México presenta cuatro serios problemas.

Un vicio procedimental claro, pues la iniciativa fue discutida en dos legislaturas diferentes, lo que viola el sistema bicameral y el procedimiento legislativo. Según los artículos 50, 72 y 135 de la Constitución, cualquier reforma debe ser discutida y aprobada en ambas cámaras de manera sucesiva, lo que no ocurrió en este caso.
Además, menciona que la reforma podría violar los principios de supremacía constitucional, reformabilidad e inviolabilidad de la Constitución, así como los derechos humanos consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales.
Señala que la reforma podría afectar la inamovilidad de los jueces, un principio establecido en el artículo 94 de la Constitución y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos derechos garantizan la imparcialidad e independencia judicial.
Finalmente, critica la nueva Ley de Amparo, que prohíbe el amparo contra reformas constitucionales, calificando esta disposición como una gran paradoja, ya que contradice reformas anteriores que reforzaron el control constitucional y los derechos humanos.

9, David Landau, Rosalind Dixon e Irene Parra Prieto - Reforma judicial abusiva en México.

El concepto de "constitucionalismo abusivo" se refiere al uso de herramientas de cambio constitucional para erosionar las instituciones fundamentales o los derechos esenciales que una democracia necesita para sobrevivir. Esto incluye acciones que parecen estar dentro de los procesos legales y democráticos, pero cuyo verdadero propósito es socavar el sistema democrático desde adentro. Dixon y Landau describen este fenómeno como el ataque al "núcleo mínimo democrático", que consta de tres elementos principales: elecciones regulares, libres y justas; la protección de derechos y libertades políticas; y los controles y contrapesos institucionales que garantizan esos primeros dos elementos.

La reforma judicial en México sería un claro ejemplo de "constitucionalismo abusivo" porque ataca directamente este tercer elemento: los controles y contrapesos. Al cambiar el proceso de nombramiento de jueces y ministros a un sistema de voto popular, se debilita la independencia del poder judicial, lo que podría dar lugar a la designación de jueces con lealtades políticas al partido en el poder. Este debilitamiento de la independencia judicial compromete la capacidad de los jueces para actuar como garantes de la Constitución, lo que erosiona la estructura básica de la democracia mexicana.

El artículo concluye que la reforma, al eliminar estos controles y contrapesos, pone en peligro la integridad del sistema democrático y facilita la captura del poder judicial por actores políticos.

10. Francisca Pou Giménez. ¿Por qué la elección popular de jueces en EE. UU. no es un argumento a favor de la reforma judicial?

Este artículo no sale en IberICONNect, sino en Nexos. Xisca Pou argumenta que la elección popular de jueces en Estados Unidos no es un argumento válido para justificar la reforma judicial en México debido a tres diferencias clave entre ambos sistemas.

En primer lugar, la elección de jueces en Estados Unidos no se realiza a través de listas masivas como propone la reforma mexicana, sino que es un proceso individualizado en distritos uninominales. En este sistema, los votantes eligen a jueces basándose en sus méritos individuales, lo cual es esencial dado el papel único de los jueces en la toma de decisiones sobre derechos fundamentales. En cambio, el sistema de listas en México no permite una evaluación adecuada de los méritos de los candidatos, lo que pone en riesgo la selección de jueces competentes e independientes.

En segundo lugar, el sistema judicial estadounidense tiene salvaguardas importantes, como el procedimiento adversarial y el principio de stare decisis, que limitan el poder discrecional de los jueces y mitigan los riesgos de populismo judicial o dependencia política. En México, donde el derecho es más complejo y no existe un sistema de precedentes tan sólido, los jueces tienen más responsabilidad en la interpretación de la ley y la determinación de los hechos, lo que hace más riesgoso su nombramiento por voto popular.

Finalmente, Pou Giménez señala que el contexto de violencia y crimen organizado en México agrava aún más los riesgos de la elección popular de jueces. En un país donde el narcotráfico ha influido en las elecciones municipales, es probable que los jueces también se vean vulnerables a estas presiones externas, lo que dificultaría la independencia judicial y la imparcialidad en sus decisiones.

Hacia una tipología analítica del acto administrativo

2024-10-07T21:06:00.004-03:00

Por Gustavo Arballo y Juan Güilchinniani

Los actos administrativos se clasifican en:

1. Actos administrativos regulares. Aquellos que cumplen con todos los requisitos legales de forma, fondo y competencia.

2. Actos administrativos irregulares. Actos que, si bien emanan de una autoridad competente, presentan vicios de forma o procedimiento que pueden ser subsanados.

3. Actos administrativos discrecionales. Actos donde la administración tiene un margen de apreciación o libertad para decidir sobre su contenido o forma, siempre dentro de los límites de la ley.

4. Actos administrativos reglados. Aquellos actos cuyo contenido está completamente predeterminado por la normativa, sin espacio para la discrecionalidad.

5. Actos de trámite. Aquellos que no resuelven el fondo de una cuestión, sino que son pasos previos o preparatorios dentro de un procedimiento.

6. Actos administrativos “de oficio”. Actos que surgen sin solicitud de parte, por iniciativa de la administración.

7. Actos administrativos implícitos o tácitos. Aquellos actos cuyo contenido se deduce de la conducta u omisión de la administración.

8. Actos que se emiten al filo del cierre de la jornada laboral. Actos que, aunque perfectamente válidos, llevan la impronta de la prisa del funcionario que desea terminar su turno o actúa bajo amenaza perentoria del superior.

9. Actos que parecen emitidos por una inteligencia superior y omnisciente. Aquellos cuya redacción es tan compleja y detallada que se presume haber sido escritos con la ayuda de múltiples expertos y comités interdisciplinarios, y aun así nadie comprende su sentido.

10. Actos cuyos originales se han perdido para siempre. Actos cuya existencia solo se conoce por copias, referencias en otros documentos, o leyendas contadas por antiguos funcionarios.

11. Actos que son resultado de sueños colectivos de la administración. Aquellos que parecen haber sido dictados en un estado de ensoñación compartida por los funcionarios, pues su contenido es imposible de racionalizar con base en la normativa vigente o en la realidad efectiva.

12. Actos de doble existencia (emitidos y no emitidos a la vez). Actos cuya ejecución efectiva está sujeta a interpretaciones contradictorias, coexistiendo simultáneamente como vigentes e inaplicables.

13. Actos invisibles para ciertos ojos administrativos. Actos que, aunque perfectamente visibles y publicados, parecen no ser detectados por ciertos órganos de control o supervisión, como si fueran invisibles a su escrutinio.

14. Actos que están por emitirse pero existen en otro plano temporal. Actos que parecen haber sido dictados en un futuro cercano, manifestando una voluntad anticipatoria de una administración todavía no existente.

15. Actos cuya razón de ser se encuentra en los márgenes de una hoja arrugada. Aquellos que, más que por su contenido oficial, son conocidos por los apuntes, comentarios o explicaciones que aparecen escritos al margen del documento oficial.

16. Actos que se manifiestan solo durante la luna llena. Actos que, aunque jurídicamente válidos, solo surten efectos o pueden ser comprendidos durante noches de luna llena, desapareciendo al amanecer como si nunca hubieran existido.

17. Actos motivados escasamente y de modo ambiguo para reinterpretación estratégica posterior. Son aquellos actos que contienen una motivación tan vaga y general que parecen haber sido redactados con la clara intención de dejar "puertas abiertas". Su sentido es permitir que, ante una eventual impugnación por parte de un administrado, la administración pueda reinterpretar, completar o redefinir la motivación según lo que resulte más conveniente en ese momento.

18. Actos que se niegan a sí mismos en su propio texto. Aquellos en los que, al final del documento, se incluye una cláusula que implica su propia nulidad o ineficacia, generando una paradoja legal que desconcierta a quienes intentan interpretarlos.

19. Actos que son obra de la “mano temblorosa”. Actos cuyo contenido es difuso y contradictorio, como si el funcionario que los dictó hubiera estado inseguro, o se hubiera arrepentido mientras los redactaba, dejando rastros de esta vacilación en cada párrafo.

20. Actos que pueden transformarse en otros según quién los lea. Actos que parecen cambiar su contenido, propósito y efectos dependiendo del lector que los interprete, cambiando su sentido según sean leídos por el burócrata, el abogado. el ciudadano común, la academia o la prensa del corazón.

21. Pertenecientes al emperador. Son aquellos actos que, aunque parecen dictados por autoridades administrativas normales, incluyen referencias grandilocuentes, declaraciones de poder supremo, estilos de redacción propios de antiguos edictos imperiales o invocaciones refundacionales. Estos actos se caracterizan por imponer decisiones que parecen más propias de la voluntad de un emperador omnipotente que de una administración moderna, y contienen cláusulas que rinden homenaje a una figura superior imaginaria, evocando un eco lejano de épocas pasadas donde lo administrativo se confundía con lo divino.

22. Que de lejos parecen moscas. Son aquellos actos administrativos que, vistos superficialmente o desde la distancia del trámite diario, parecen insignificantes, simples y carentes de importancia. Sin embargo, al acercarse y examinarlos con detenimiento, revelan una complejidad enrevesada, múltiples interpretaciones posibles y consecuencias inesperadas. Estos actos, aparentemente pequeños y anodinos, tienen el potencial de convertirse en bombas racimo que pueden transformar áreas enteras del derecho público y privado con una sola resolución que hasta puede ser ministerial o subministerial o incluso inferior.

Serrano Guzmán sobre colisiones entre Convenciones y Constituciones

2024-06-27T12:36:00.004-03:00

SERRANO GUZMÁN - La malentendida relación entre la Convención Americana y las constituciones (2024).

Revista Jurídica Ibero, enero-junio 2024 - Se puede ver acá.

§ 1. DE QUE SE TRATA. Este artículo analiza la relación entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y las constituciones nacionales, centrándose en cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordena a los Estados modificar sus constituciones. Silvia Serrano Guzmán argumenta que esta relación puede ser más constructiva de lo que se percibe comúnmente, y ofrece una revisión de la jurisprudencia de la Corte IDH para demostrar cómo estas interacciones pueden fortalecer la eficacia de los derechos humanos.

§ 2. QUE DICE. En primer lugar, Serrano destaca que la Corte IDH ha adoptado dos enfoques principales al tratar con las tensiones entre la CADH y las constituciones nacionales. En algunos casos, la Corte ha ordenado la adecuación normativa directa de las disposiciones constitucionales cuando estas violan los derechos humanos protegidos por la CADH. Este enfoque, aunque más vertical, se ha aplicado en situaciones donde la disposición constitucional en cuestión se opone frontalmente a la Convención.

En segundo lugar, Serrano señala que, en otros casos, la Corte ha optado por una interpretación conforme, donde se busca armonizar la norma nacional con la CADH sin necesidad de modificar la constitución. Este enfoque más horizontal se utiliza cuando la disposición nacional permite una interpretación que puede ser compatible con la Convención. Serrano concluye que ambos enfoques son complementarios y que la Corte IDH ejerce una autocontención considerable al momento de ordenar modificaciones constitucionales, lo que refleja una práctica cautelosa y respetuosa de los ordenamientos internos de los Estados.

§ 3. UN FRAGMENTO. "Las críticas a las órdenes de la Corte IDH, de adecuación de normas constitucionales, suelen dejar de lado que la incompatibilidad de la Constitución con la CADH suele ser el reflejo de una posible tensión interna o de antinomias en las constituciones. Tomar en cuenta esta posibilidad es importante, porque las vías internas que se activen para dar cumplimiento a una orden de adecuación no estarían basadas exclusivamente en la sentencia de la Corte y en la CADH, sino también en el propio texto constitucional. "

§ 4. CAVEATS. El artículo podría beneficiarse de un análisis más profundo sobre las posibles reacciones negativas de los Estados y cómo estas pueden influir en la implementación de las decisiones de la Corte IDH. Además, podría explorar más detalladamente cómo la interpretación conforme se practica en los sistemas jurídicos nacionales y su efectividad a largo plazo.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES. El análisis de Serrano podría ser utilizado por legisladores y defensores de los derechos humanos para explorar en fundamentos que no se limiten a la decisión interamericana como "acto de autoridad" que debe cumplirse imperativamente, sino como una oportunidad para encontrar principios que son centrales en su propio derecho doméstico como apoyo y soporte de mejor armonización entre las normativas nacionales y los tratados internacionales. También podría servir como base para futuras investigaciones sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y control de la Corte IDH, así como sobre la evolución de la doctrina del control de convencionalidad en América Latina.

§ 6. LA AUTORA. Silvia Serrano Guzmán es abogada colombiana, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente, co-dirige la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la misma universidad, donde también es docente. Anteriormente, fue coordinadora de la Sección de Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus áreas de estudio incluyen el derecho internacional de los derechos humanos y la interacción entre las legislaciones nacionales y los tratados internacionales.

Sobre el doble conforme legislativo en proyectos de ley que tienen cambios en la Cámara Revisora

2024-06-17T10:40:00.009-03:00

Desde hace días nos vemos en la necesidad de armar un particular puzzle con respecto a como interpretar el art. 81 de la Constitución Nacional. La pregunta se da a propósito del trámite parlamentario de la "Ley Bases", donde el proyecto de Cámara fue aprobado en la Cámara revisora en general, pero de modo fragmentario en particular. Discusiones y posturas al respecto aparecen en notas de prensa y en hilos de equis, letra incógnita que buscaremos ahora despejar.

Aunque no haremos un escrutinio de la fragmentación, baste con decir que algunas cosas fueron cambiadas, otras agregadas, otras eliminadas en la revisora antes de llegar al recinto (no llegó a considerarse la eliminación de la moratoria previsional que estaba incluida en el proyecto original), y otras fueron explícitamente rechazadas (los capítulos de modificaciones al impuesto a las Ganancias y a los Bienes personales).

Como referencia, recordemos el piso normativo sobre el que estamos parados: el artículo 81 de la Constitución Nacional, en donde resalto para mayor comodidad de lectura las cuatro cláusulas que son relevantes aquí.

Está fuera de duda que al no haber rechazo total el proyecto debe volver a Diputados (como cámara iniciadora), y que allí esa Cámara puede insistir en algunos aspectos del proyecto y en otros aceptar la versión del Senado..

Dejamos fuera de la ecuación del problema el tema de las mayorías, pues ninguno de los temas problematizados fue votado con mayoría "especial" por parte de la revisora (es decir, sus votaciones de cambios o de rechazo no llegan a dos tercios, lo que obligaría a la iniciadora a igualar esa mayoría para insistir).

Se despliegan entonces dos opciones, una que llamaremos "permisiva" y otra que llamaremos "restrictiva", para ver los grados de libertad que se habilitan a la iniciadora para combinar versiones.

LLA: la versíon "sí se puede". La versión permisiva se basa en una visión elemental del texto, que debemos analizar en particular y que -como veremos- no es dirimente. Se argumenta que al no haber rechazo general de parte de la revisora, la iniciadora puede insistir con su versión en cualquiera de los puntos de la versión original, incluyendo los que a la revisora rechazó.

Si eso fuera así, Diputados puede insistir en lo rechazado por el Senado, incluyendo BBPP y Ganancias. En beneficio de esta postura está la simpleza y por eso mismo tenemos que tomarla como la versión base para el análisis.

¡Problemas! - Pero esta tesis inicial -que debe ser tomada en serio genuinamente- debe ser puesta en el campo de pruebas de una interpretación sistemática, y ahí surgen varios problemas.

Argumento semántico. El primer problema es que puede ser derrotada en su propio terreno, el semántico. Si vamos a jugar al rudo textualismo, la versión inicial pierde: la Constitución habilita a que existan "adiciones y correcciones" como condición para que vuelva a la Cámara iniciadora. Esto le abre la puerta a la insistencia de la versión original sólo cuando hubo adiciones (obligación de que las empresas del RIGI "compren local"), o cambios puntuales (cambiar de 5 a 3 el número de "colaboradores" que no supondrían relación laboral, cambiar la lista de entes sujetos a privatización). Pero el rechazo (lo "desechado", como dice RG Ferreyra acá) impide cerrar el circuito del doble conforme: es inconciliable el sí de una cámara con el no quiero de otra.

Aceptarlo nos lleva a postular que las "negativas" son una especie del "género correcciones", lo que nos llevaría a aceptar que es correcta la lógica del siguiente diálogo.

Iniciadora — Te propongo ir al cine a ver Titanic y después venís a mi casa.

Revisora —Te acompaño al cine, pero no voy a ir a tu casa.

Iniciadora — Perfecto, vamos al cine y después nos tomamos un taxi a casa.

Que es muy distinto de otras configuraciones: "Dale, pero vamos a ver una de Pixar, y después vamos a tu casa" o "vemos Titanic como querés y luego vamos a la Biblioteca del Congreso que a esa hora está abierta todavía" (correcciones), o "Dale pero después del cine vamos a tomar un café y después a tu casa" (adiciones), que continuán el dialogo posible en la que Iniciadora puede aceptar o rechazar la versión de Revisora. Incluso en el diálogo propuesto, Iniciadora podrá decir: "perfecto, vamos solo al cine" (aceptación de cambios)..

Argumento sistemático. Esto nos lleva a otro punto de análisis: una interpretación sistemática. Sombra terrible de John Marshall, voy a evocarte: "no debemos nunca olvidar que es una Constitución lo que estamos interpretando" (no "el artículo 81"). Si bien hay un privilegio (que como tal, debemos entender excepcional y limitado) de la cámara iniciadora, nuestro sistema de sanción de leyes es bicameral. Presupone sin excepción que haya un "doble conforme" entre las Cámaras como condición necesaria para la validez de la sanción. Esto tiene que ver con principios no secundarios sino estructurales del sistema: una Cámara federal y otra de extracción popular, etc. Aceptar que el rechazo de una Cámara es irrelevante -mucho más en temas tributarios- parece incompatible con nuestro sistema republicano de gobierno. Quienes hoy propician esto mañana pueden tener una muy fea sorpresa.

Argumento consecuencialista. Esto nos lleva a un tercer argumento. Admitir la tesis base, permisiva, puede construir el incentivo a que en el futuro las Cámaras comienzan a legislar paquetizadamente (más aún de lo que ya han venido haciendo) y tengamos recurrentemente la aparición de bloques normativos explícitamente repudiados por una Cámara. Siempre se ha dicho que al optar por interpretaciones, los interpretes deben tomar en cuenta los efectos posibles de su decisión, etc. En la idea de un circuito como el imaginado del constituyente se advierte la idea de que exista una construcción colaborativa entre las cámaras, para simplificar y facilitar la adopción de proyectos de ley en los que existe una base de consenso, y una discrepancia traducida en términos de agregados y variaciones, y ello es incompatible con darle carta blanca a la Cámara iniciadora el privilegio de soslayar una voluntad negativa expresamente formulada por la revisora. Amigo, acepté ir a ver Titanic, pero dije no a la idea de ir después a tu casa.

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Posdata 1. lo que pasa en una Cámara no es una "caja negra" cerrada al Poder Judicial. Un argumento que verán esbozado y a veces hasta subrayado dirá que hace a la división de poderes que el Congreso sea intérprete exclusivo de sus propios reglamentos, y en ello no puede inmiscuirse el judicial. El argumento tiene varios problemas, el primero de los cuales es que no existe un ente "Congreso" sino dos Cámaras que efectivamente han discrepado en puntos esenciales de una ley. Pero además esa línea argumental corresponde a una visión obsoleta y restrictiva del control de constitucionalidad, que llevado al extremo podría aceptar la validez de leyes sancionadas sin seguir el procedimiento formal de debate. Las reglas constitucionales están para ser controladas y el procedimiento de las leyes no está exento de ello. Y esto no es una idea experimental, sino lo que efectivamente ha dicho la Corte Suprema en casos en que ha asumido su potestad para controlar actos legislativos (no es frecuente, pero ahí está "Binotti" de 2007).

Posdata 2. Sobre el renacer de lo rechazado. Que la Constitución diga que el rechazo total impide el tratamiento del proyecto no resuelve otra cosa que la cuestión del rechazo total. Por esa razón no debe usarse como argumento a contrario para ser clave de interpretación del rechazo parcial, hipótesis claramente diferenciada en el art. 81, y por esa misma razón no clausura la posibilidad de que un proyecto similar se presente en el mismo período de sesiones.

Posdata 3. Sobre lo desaparecido en acción. Con todo esto, puede surgir la duda de que ocurre con lo que ni siquiera fue tratado en el recinto: es el caso de la Moratoria Previsional. La lógica evidente es que en la voluntad de la revisora eso fue rechazado (de modo tan explícito que ni siquiera apareció en el orden del día), lo cual hace más consistente aún la interpretación restrictiva que proponemos, pues si consideráramos que lo rechazado puede resucitar en la iniciadora no tendríamos referencia para contra qué comparar las mayorías en cada Cámara (en la revisora no hubo votación al respecto). Es una razón adicional para atenerse al criterio a que el rechazo de la revisora no habilita renaceres en la iniciadora.

Posdata 4. Cuando reformemos la Constitución hay que imponer el requisito de "unidad de materia".

Todo esto que está pasando se origina en la insana práctica de "paquetizar" leyes, lo que es un verdadero caldo de cultivo del logrolling y el pork barrel. Es mala técnica legislativa y es demencial para el proceso parlamentario discutir "a la vez" normas laborales, fiscales, administrativas (y no me extiendo en la versión original y sus desvaríos de togas y martillos). Si querés cambiar todas esas leyes, enviá tantas leyes como temas quieras cambiar, y en todo caso que se traten en la misma sesión, permitiendo un debate lógico que no sea una acumulación promiscua de peras, manzanas, pelotas de voley y terminéitors. Queda claro que esta es una observacion "de lege ferenda" y no supone en modo alguno un argumento para resolver el caso, porque -a diferencia de otras constituciones- la nuestra no incorpora la exigencia de que las leyes versen sobre "unidad de materia".

Posdata 5. Nota personal. Estoy conceptualmente a favor del proyecto de Ganancias, así como en contra de muchos puntos de la Ley Bases. Trato de que mis posturas personales no influyan en el análisis de constitucionalidad y es lo que sucede con este caso donde veo clausurada -qué mala suerte- justo algo que me parece que tendríamos que legislar de forma radicalmente distinta al desvarío de 2023.

González Coulón sobre fiabilidad y credibilidad

2024-06-15T20:19:00.002-03:00

GONZÁLEZ COULON - Una increíble, aunque verosímil historia de las palabras: fiabilidad, credibilidad y testimonios (2023). Se puede ver acá.

Revista de Derecho (Valdivia), diciembre 2023

§ 1. De qué se trata. Este artículo analiza los conceptos de credibilidad y fiabilidad en la valoración de testimonios dentro del ámbito judicial. La autora, María de los Ángeles González Coulon, explora cómo estos conceptos deben considerarse propiedades distintas: la credibilidad relacionada con el sujeto que testifica y la fiabilidad con el contenido del testimonio, con el fin de racionalizar la valoración de la prueba en los procesos judiciales.

§ 2. Qué dice. El trabajo concluye que la credibilidad debe asociarse al testigo como individuo, mientras que la fiabilidad se refiere al contenido del testimonio en sí mismo. González sugiere que, para realizar una valoración objetiva y racional de los testimonios, se debe diferenciar claramente entre la credibilidad del testigo y la fiabilidad de su declaración. Esto permitiría una valoración más justa y precisa, evitando subjetivismos que podrían influir negativamente en la decisión judicial.

Además, la autora propone que la fiabilidad del testimonio debe ser el criterio principal para su valoración, argumentando que la fiabilidad se relaciona con la exactitud del testimonio respecto a los hechos, mientras que la credibilidad está más vinculada a características personales del testigo que pueden ser subjetivas y poco fiables. Esta distinción es crucial para asegurar decisiones judiciales basadas en pruebas objetivas y verificables.

§ 3. Un fragmento. "Es cierto que la valoración de los testimonios presenta ciertas dificultades, las que giran en torno a la idea de cuándo creer y cuáles serían las razones para creer una determinada declaración; pero esto no implica la imposibilidad de efectuar una valoración racional de los mismos. Si nuestra aspiración es lograr una valoración objetiva de la prueba en los procesos judiciales, el problema respecto de los testimonios radica en la falta de criterios objetivos para efectuar dicha valoración, lo que se debe, por una parte, a que dicho ejercicio ha estado centrado tradicionalmente en el agente que realiza la declaración, cuyas características contaminan su testimonio."

§ 4. Caveats. No formulamos caveats. Dicho esto, la propuesta va a requerir ajustes normativos y formación específica para los jueces y litigantes.

§ 5. Derivaciones y aplicaciones. La distinción es muy fértil porque la confusión lleva al problema de buscar "sensaciones" sobre el agente declarante en lugar de poner en contexto -y evaluar con "sana crítica"- la fiabilidad del contenido objetivo de su versión de los hechos. Esto nos recuerda la importancia de encontrar corroboraciones o discrepancias indiciarias que surgen de correlacionar los dichos del testigo con pruebas físicas o periciales.

§ 6. La autora. María de los Ángeles González Coulon es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada, Magíster en Derecho por la Universidad de Chile y Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es profesora del Departamento de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sus áreas de estudio incluyen la teoría de la prueba y el derecho procesal, con énfasis en la racionalidad y objetividad en la valoración de testimonios.

Baude - Enseñar derecho constitucional en tiempos de crisis de legitimidad judicial

2024-05-29T22:57:00.004-03:00

BAUDE - Teaching Constitutional Law in a Crisis of Judicial Legitimacy (2024)

Chicago-Kent Law Review, April 2024. Se puede ver acá.

§ 1. DE QUE SE TRATA. Este artículo aborda cómo enseñar derecho constitucional en un momento en que la legitimidad judicial está en crisis. William Baude reflexiona sobre los desafíos actuales y sostiene que la verdadera crisis no está en la Corte Suprema, sino en la academia legal. Argumenta que los profesores de derecho deben mantener la perspectiva necesaria para enseñar eficazmente sobre la Corte y la Constitución, a pesar de las críticas contemporáneas.

§ 2. QUE DICE. Baude ofrece dos consejos pedagógicos clave para enfrentar la crisis actual. Primero, enfatiza la importancia de enseñar a los estudiantes a hablar el lenguaje de los tribunales, lo que él llama pasar una "Prueba de Turing metodológica", es decir, la capacidad de hacer argumentos legales desde diversas metodologías de manera que sean indistinguibles de aquellos que realmente adhieren a esas metodologías. Esto es fundamental, por ejemplo, para litigantes que enfrentan un tribunal hostil.

En segundo lugar, Baude sugiere enseñar más allá de los tribunales. Esto incluye enseñar tipos de argumentos constitucionales que van más allá de la doctrina judicial y considerar el papel de otros actores que interpretan la Constitución, como el presidente, el Congreso y los estados. Además, destaca la necesidad de enseñar los límites del poder judicial, incluyendo debates sobre la revisión judicial y la posibilidad de reformas judiciales, como el "court-packing".

§ 3. UN FRAGMENTO. "En definitiva, la Corte siempre ha estado tomando decisiones controvertidas en casos de alto perfil, posiblemente por una combinación de razones políticas y diferencias genuinas de opinión sobre la naturaleza de la Constitución. Lo que realmente ha cambiado no es que ahora tengamos una Corte que de repente se muestre imperial, arbitraria o politizada. Lo que ha cambiado es que muchos de quienes viven en la Torre de Marfil se han dado cuenta y ya no ven representados con frecuencia sus valores y formas de pensar por parte de la Corte. Eso es reflejo de un cambio en lo que el Tribunal considera que es la ley, sin duda. Pero lo que no cambia es el hecho de que la Corte está siempre creando derecho".

§ 4. CAVEATS. El autor reconoce que la percepción de una crisis de legitimidad judicial no es nueva y ha existido a lo largo de la historia de la Corte Suprema. Aunque hoy en día la academia legal puede sentir que la Corte está más alejada de sus valores y formas de pensar, esto no refleja un cambio fundamental en la naturaleza del derecho constitucional.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES. El análisis de Baude puede inspirar a los educadores a reformular sus enfoques pedagógicos, enfatizando la enseñanza de habilidades argumentativas amplias y una comprensión profunda de la Constitución más allá de las decisiones judiciales. También sugiere la necesidad de una educación legal que prepare a los estudiantes para participar en debates constitucionales de manera informada y efectiva, incluso en contextos políticos cambiantes.

§ 6. EL AUTOR. William Baude es Profesor Harry Kalven, Jr. de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Sus áreas de estudio incluyen el derecho constitucional y la teoría legal. Ha publicado extensamente en estos campos y es coeditor de un libro de casos sobre derecho constitucional. Leer de él, por ejemplo, The Law of Interpretation (con Stephen Sachs).

Portocarrero Quispe sobre progresividad en derechos sociales

2024-05-26T00:32:00.002-03:00

PORTOCARRERO QUISPE - Un modelo de interpretación para la efectivización progresiva de derechos sociales de prestación (2024)

Revista Derecho del Estado, Universidad Externo de Colombia, mayo-agosto de 2024, pp. 65-90. Se puede ver acá.

§ 1. DE QUÉ SE TRATA. El artículo de Jorge Alexander Portocarrero Quispe plantea un modelo teórico de tres niveles para la efectivización progresiva de los derechos sociales de prestación, con un enfoque en justiciar su equiparabilidad con los derechos fundamentales tradicionales y su justiciabilidad. El modelo abarca desde la satisfacción de necesidades básicas hasta la optimización y complementación del bienestar, aplicando este marco teórico al caso específico de Cuscul Pivaral vs. Guatemala resuelto por la Corte IDH.

§ 2. QUÉ DICE. Portocarrero argumenta que la efectivización de los derechos sociales requiere un modelo estructurado en tres niveles: funcionalidad básica, optimización del bienestar, y complementación del bienestar. Cada uno de estos niveles corresponde a diferentes grados de intervención del Estado y distintas urgencias de necesidades sociales. El autor propone que la base de este modelo es la obligación mínima esencial, que el Estado debe garantizar incluso bajo restricciones de recursos. Posteriormente, la efectivización debe avanzar hacia la optimización del bienestar y, finalmente, hacia su completa complementación, siempre bajo el principio de no regresividad.

§ 3. UN FRAGMENTO "En el centro de la problemática de los derechos sociales de prestación se encuentran dos cuestiones fundamentales: la de su justiciabilidad y la de su efectivización. En tanto que la cuestión de la justiciabilidad tiene una connotación jurídica, es decir, con la posibilidad de exigir su cumplimiento o denunciar su omisión ante los tribunales, la cuestión de la efectivización tiene una connotación pragmática, es decir, la posibilidad de cumplir con aquello que estos derechos prescriben mediante la asignación de bienes y/o servicios".

§ 4. CAVEATS. La implementación práctica del modelo en sistemas jurídicos con restricciones presupuestarias significativas o inestabilidad política, lo cual puede dificultar la aplicación efectiva de los tres niveles propuestos. Además, el modelo asume un grado de intervención estatal que podría no ser viable en todos los contextos, especialmente en aquellos donde el Estado tiene capacidades limitadas.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES. Las aplicaciones de este modelo son amplias en el ámbito de los derechos humanos y la legislación social. Puede servir como marco teórico para reformas legales en países que buscan fortalecer la justiciabilidad y efectivización de los derechos sociales. Además, podría influir en la interpretación de los derechos sociales en tribunales nacionales e internacionales, fomentando un enfoque más estructurado y escalonado en la implementación de políticas sociales.

§ 6. EL AUTOR Jorge Alexander Portocarrero Quispe es Doctor en Derecho por la Universidad Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Alemania, y actualmente se desempeña como Profesor Colaborador Asistente en la Universidad Pontificia Comillas-icade, España. Su área de especialización incluye derechos fundamentales y su efectivización, habiendo sido también Fellow de la Fundación Alexander von Humboldt y exbecario del Servicio Alemán de Intercambio Académico (daad).

Magnuson sobre el descontento original

2024-05-19T11:47:00.002-03:00

William MAGNUSON - Original Discontent (2024)

Draft. 78 Vanderbilt Law Review (forthcoming 2025). Se puede ver acá.

§1. DE QUÉ SE TRATA. William Magnuson explora una dimensión subestimada del proceso de creación constitucional: la insatisfacción de los redactores con la Constitución que estaban creando. Argumenta que esta "disconformidad original" es crucial para entender nuestra constitución, especialmente en relación con las metodologías comunes de interpretación constitucional. La tesis central es que los propios creadores de la Constitución tenían reservas significativas sobre el documento que redactaron, preocupados de que podría llevar a la anarquía, tiranía, e injusticia.

§ 2. QUÉ DICE. El artículo de Magnuson sugiere que al interpretar la Constitución, tanto originalistas como constitucionalistas modernos deberían considerar esta disconformidad. Para los originalistas, esto implica que las declaraciones públicas de los proponentes de la constitución a menudo eran más propagandísticas que representativas de sus verdaderas creencias. Para los constitucionalistas de "la constitución viva", la disconformidad original señala que incluso si aceptamos que los jueces deben interpretar la Constitución como un conjunto de principios evolutivos, debemos reconocer que los fundadores eran escépticos de esos principios fundamentales. Además, el artículo postula que la disconformidad original justifica un enfoque judicial más restringido al usar la Constitución para anular leyes democráticamente promulgadas.

§ 3. UN FRAGMENTO. "En el centro de la problemática de los derechos sociales de prestación se encuentran dos cuestiones fundamentales: la de su justiciabilidad y la de su efectivización. En tanto que la cuestión de la justiciabilidad tiene una connotación jurídica, es decir, con la posibilidad de exigir su cumplimiento o denunciar su omisión ante los tribunales, la cuestión de la efectivización tiene una connotación pragmática, es decir, la posibilidad de cumplir con aquello que estos derechos prescriben mediante la asignación de bienes y/o servicios."

§ 4. CAVEATS. El modelo propuesto por Magnuson puede enfrentar críticas por su dependencia de interpretaciones históricas que podrían ser vistas como selectivas o sesgadas. Además, el artículo puede ser criticado por su enfoque en la disconformidad sin considerar adecuadamente las posibles consecuencias positivas de la Constitución a largo plazo.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES. Este enfoque podría influir en cómo los juristas y académicos consideran la historia y la interpretación de la Constitución, promoviendo un mayor escepticismo hacia las narrativas tradicionales sobre la unanimidad y el consenso entre los fundadores. También podría afectar la jurisprudencia relacionada con la interpretación constitucional, alentando a los jueces a adoptar un enfoque más crítico y matizado.

§ 6. EL AUTOR. William Magnuson es profesor en la Texas A&M University School of Law. Sus áreas de estudio incluyen la historia legal y constitucional, enfocándose en cómo los contextos históricos afectan la interpretación legal moderna. Ha recibido comentarios y sugerencias de académicos notables como Sanford Levinson y Michael Coenen, lo que indica un respeto significativo por su trabajo en círculos académicos.

117 fallos: Riggs v. Palmer (1899)

2024-05-05T16:16:00.003-03:00

Corte de Apelaciones de Nueva York, Riggs v. Palmer, 8 de octubre de 1899 (115 NY 506). Ver fallo original aquí. Aquí versión en español.

1. Qué se discutía

El caso Riggs v. Palmer giraba en torno a si Elmer E. Palmer, quien asesinó a su abuelo para asegurarse de heredar su patrimonio según lo dispuesto en su testamento, tenía derecho a recibir la herencia. Los demandantes, dos hijas del fallecido, argumentaron que permitir que Elmer heredara después de cometer un asesinato contradeciría los principios fundamentales de justicia y moralidad. El debate central se centró en la aplicación de la ley de sucesiones y si un beneficiario que comete un crimen para activar un testamento puede beneficiarse de dicho testamento.

(2) Qué se decidió y por qué

El tribunal decidió que Elmer E. Palmer no podía heredar la propiedad de su abuelo debido a su acto criminal. El juez Earl, escribiendo por la mayoría, articuló que las leyes de sucesión y testamentos, aunque no prohibían expresamente los beneficios en tales circunstancias, no debían interpretarse de manera que permitieran a una persona beneficiarse de sus propios delitos. Este enfoque se basó en el principio fundamental del derecho de nadie debe beneficiarse de su propia maldad o fraude. Por eso, aunque el testamento estuviera formalmente correcto y legalmente ejecutado, los principios de justicia y política pública deben prevalecer sobre la aplicación mecánica de la ley para prevenir resultados moralmente reprensibles.

El propósito de estas leyes fue permitir a los testadores disponer de su herencia como recompensa al momento de su muerte y llevar a efecto sus últimos deseos jurídicamente expresados. Tal propósito debe ser tenido en cuenta. Fue la intención del legislador que los instituidos en un testamento obtuvieran la propiedad a ellos otorgada, pero en ningún caso ha podido ser su intención que una persona llamada a heredar y que asesina al testador para hacer su testamento efectivo tuviera algún beneficio bajo éste. Si este caso se ha presentado a nuestra consideración y se ha hecho necesario tomar una disposición en derecho para acometerlo, no podemos dudar de que los legisladores lo hubiesen dispuesto así.

3. Por qué es importante.

Este caso es significativo porque aborda la interacción entre la ética y la ley, resaltando cómo los tribunales pueden y deben usar su capacidad de interpretación para alcanzar resultados que sean justos y éticamente sólidos. La decisión en Riggs v. Palmer sirve como un precedente importante en la ley de sucesiones y en la interpretación legal más amplia, enfatizando que la justicia no sólo se trata de seguir la letra de la ley, sino también de promover la justicia substancial y proteger la integridad del sistema legal. Además, el caso es frecuentemente citado en debates académicos y educativos sobre la relación entre moralidad y ley, proporcionando un escenario claro para discutir la importancia de los principios éticos en la práctica legal.

Bonus tracks

Disidencia del Juez John Clinton Gray. El Juez Gray ofreció una opinión disidente basada en una interpretación más literal y positivista de la ley. Argumentó que el tribunal no debería inventar estatutos no escritos para alcanzar un resultado moralmente deseable, destacando una clara división en la interpretación de las leyes entre los jueces de la corte en ese momento.

Impacto y Legado Legal: El caso Riggs v. Palmer ayudó a establecer y fortalecer las "slayer statutes" en varias jurisdicciones, que son normas que prohíben a un criminal heredar de su víctima. Este principio ha sido adoptado en muchas jurisdicciones y se ha consolidado como una parte fundamental del derecho sucesorio en todo el mundo.

Disidencia de Martín Farrell. Nuestro Martín Farrell escribió un artículo criticando el fallo: Dejen que herede Palmer (En LyE, 2014)

Sherkow sobre la C del IRAC

2024-05-03T11:24:00.001-03:00

Jacob SHERKOW - Putting the C Back in IRAC (2023)

27 Green Bag 2d, Autumn 2023. Se puede ver acá.

§ 1. DE QUÉ SE TRATA. El artículo critica la subestimación del componente de la conclusión (C) en el método IRAC (Issue-Rule-Analysis-Conclusion) utilizado en análisis legales y en exámenes de derecho. Sherkow argumenta que la capacidad de formular una conclusión bien fundamentada es crucial para la práctica legal efectiva, pero es frecuentemente subestimada en la educación jurídica.

§ 2. QUÉ DICE. Sherkow dice que los exámenes de derecho a menudo fallan en evaluar adecuadamente la habilidad de los estudiantes para llegar a conclusiones convincentes y bien justificadas, lo cual es un aspecto esencial de la abogacía. subraya que las buenas conclusiones no solo resuelven el caso presentado, sino que también demuestran comprensión de la ley aplicada y un juicio acertado sobre cómo los hechos y la ley interactúan en escenarios prácticos. Dice que los docentes de derecho deberían enfocarse más en enseñar y evaluar la habilidad de formular conclusiones sólidas y significativas, en lugar de centrarse principalmente en el análisis.

§ 3. UN FRAGMENTO. "Deberíamos mencionar que cualquier conclusión debería identificar no sólo al ganador de una dispute, sino también las razones por las que esa parte la ha ganado. Y, por supuesto, deberíamos aconsejarles expresamente que se alejen de las declaraciones ambivalentes y veleidosas que no hacen ni lo uno ni lo otro. En cuanto a la forma de redacción de los enunciados de conclusión, sin duda hay una variedad ilimitada de maneras. Pero un buen comienzo puede ser simplemente volver a introducir a los estudiantes la palabra "porque"; "porque" vincula el qué con el por qué. Explica por qué la línea se traza en última instancia a favor de una parte y no de otra. Siguiendo con el ejemplo anterior: Pierson es el legítimo propietario del zorro cazado porque fue al matarlo, y no por perseguirlo, que el animal salvaje pasó a ser de su propiedad. Ese "porque", aquí, hace mucho trabajo - el trabajo en el que queremos entrenar a nuestros estudiantes."

§ 4. DERIVACIONES Y APLICACIONES. El enfoque en mejorar la enseñanza de la formulación de conclusiones podría aplicarse en la elaboración de programas de estudio más efectivos en facultades de derecho, y en la formación profesional continua de abogados. Además, podría influir en la metodología de exámenes legales, asegurando que los futuros abogados estén mejor equipados para la práctica real, donde las conclusiones claras y fundadas son esenciales.

§ 5. EL AUTOR. Jacob S. Sherkow es profesor de Derecho en la Universidad de Illinois College of Law, y también ejerce como profesor de Medicina en el Carle Illinois College of Medicine y es afiliado en el Carl R. Woese Institute for Genomic Biology en la misma universidad. Sherkow ha contribuido a diversos artículos y ensayos que discuten aspectos legales y éticos relacionados con la biomedicina y la tecnología genómica, mostrando su interés en cómo la ley interactúa con la innovación y la tecnología.

García-Mansilla sobre presunción de libertad contra presunción de constitucionalidad

2024-05-01T12:25:00.006-03:00

Manuel J. GARCÍA-MANSILLA - ¿Presunción de Constitucionalidad o Presunción de Libertad? Un análisis desde el artículo 33 de la Constitución Nacional (2013).

Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2013. Se puede ver acá.

§ 1. De qué se trata: Examina la presunción de constitucionalidad de las leyes y actos gubernamentales en Argentina desde la perspectiva del artículo 33 de la Constitución Nacional. Propone un análisis crítico de esta presunción y explora la tensión entre la presunción de constitucionalidad y la protección de los "derechos naturales" en el marco del constitucionalismo.

§ 2. Qué dice: Resalta la amplia aceptación de la presunción de constitucionalidad en el sistema argentino, así como en otros sistemas democráticos. Sin embargo, argumenta que esta presunción puede entrar en conflicto con la protección de los derechos naturales, reconocidos tanto en el texto constitucional como en la historia del constitucionalismo. García-Mansilla plantea que una interpretación coherente de la Constitución debería considerar la existencia de una esfera de libertad individual, protegida por los derechos naturales, lo que pone en cuestión la presunción de constitucionalidad de las leyes.

§ 3. Un fragmento: "En nuestro sistema constitucional, se reconocen derechos que son preexistentes e inviolables. Esos derechos no son presociales, pero sí pregubernamentales. Por ende, las facultades del gobierno son estrictamente limitadas. Además, la Constitución Nacional reconoce la existencia de derechos no enumerados y dispone que todo lo que no está expresamente prohibido a los individuos se entenderá como permitido. Esta regla debería operar en forma inversa para los funcionarios públicos: todo lo que no esté expresa o implícitamente autorizado resulta prohibido. La presunción de constitucionalidad desnaturaliza esa regla elemental de nuestro sistema constitucional."

§ 4. Caveats: El trabajo aborda posibles críticas, especialmente la dificultad de definir claramente qué constituyen los derechos naturales y cómo se relacionan con los tratados internacionales de derechos humanos. También discute la potencial sobrecarga judicial que podría surgir de un cambio en la interpretación de la presunción de constitucionalidad.

§ 5. Derivaciones y aplicaciones: El autor sugiere que una revisión crítica de la presunción de constitucionalidad puede conducir a una interpretación más equilibrada del sistema constitucional argentino, donde se prioricen los derechos de las personas frente a los actos de gobierno. Esto también podría inspirar una mayor responsabilidad en la toma de decisiones gubernamentales, reduciendo la necesidad de intervención judicial.

§ 6. El autor: Manuel José García-Mansilla es abogado y académico argentino, especializado en derecho constitucional. Es profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires. Recientemente, ha sido propuesto para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para cubrir la vacante que quedaría tras la cesación en el cargo del juez Maqueda en diciembre.

117 fallos | Gibbons v. Ogden (1824)

2024-04-28T19:27:00.001-03:00

Corte Suprema de los Estados Unidos. Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1 (1824). Fecha: 2 de Marzo de 1824. Ponente de la sentencia: Chief Justice John Marshall.
Voces: Comercio interestatal - Navegación - Cláusula de comercio - Poderes Federales
Normas involucradas: U.S. Constitution, Article I, Section 8, Clause 3 (Commerce Clause)

(1) Qué se Discutía

El caso Gibbons v. Ogden se centró en determinar si el Estado de Nueva York podía otorgar un monopolio exclusivo para la operación de barcos de vapor en las aguas interiores del estado.

Thomas Gibbons poseía una licencia federal que le permitía operar en las mismas aguas bajo las leyes de comercio interestatal establecidas por el Congreso. El conflicto surgió porque el Estado de Nueva York había otorgado otra licencia también exclusiva, cuyo titular era Ogden. Este último obtuvo una orden judicial para excluir a Gibbons, argumentando que la ley estatal le otorgaba monopolio sobre la navegación de barcos de vapor en el estado.

Gibbons apeló, argumentando que sus licencias federales, emitidas bajo una ley del Congreso que regulaba el comercio entre los estados, tenían preeminencia sobre la legislación estatal debido a la supremacía de la ley federal establecida en la Constitución.

(2) Qué se Decidió y Por Qué

La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió a favor de Gibbons, argumentando que las leyes del Estado de Nueva York eran inconstitucionales bajo la Cláusula de Comercio, la cual otorga exclusivamente al Congreso el poder de regular el comercio interestatal. El tribunal, bajo la opinión mayoritaria escrita por el Juez Marshall, estableció que el alcance de la Cláusula de Comercio incluía el poder de regular la navegación asociada al comercio entre los estados. Se determinó que cualquier ley estatal que interfiera con este poder regulador del Congreso es inválida. La decisión subrayó que, dado que Gibbons operaba sus barcos de vapor bajo una licencia federal válida emitida bajo una ley del Congreso, las leyes de Nueva York que intentaban restringir su operación entraban en conflicto directo con la ley federal y, por lo tanto, no podían sostenerse.

(3) Por Qué es Importante

La decisión en Gibbons v. Ogden clarificó y reforzó el concepto de supremacía federal, particularmente en relación con el comercio interestatal. Esta sentencia estableció un precedente fundamental para la interpretación expansiva de la Cláusula de Comercio, permitiendo al Congreso Federal ejercer autoridad sobre una variedad de actividades económicas que podrían influir en el comercio entre los estados, más allá de la mera compra y venta de bienes, y proporcionó así una base para futuras regulaciones federales en áreas que van desde el transporte hasta las comunicaciones.

Además, este caso subraya la importancia de un mercado nacional unificado y libre de restricciones comerciales impuestas arbitrariamente por los estados individuales, lo cual es esencial para el funcionamiento de una economía nacional integrada. La decisión ayudó a prevenir que los estados establecieran barreras proteccionistas contra otros estados, fomentando así un entorno de libre comercio que es vital para el crecimiento económico y la innovación.

Así, Gibbons v. Ogden no solo resolvió una disputa legal, sino que también ayudó a definir la estructura de poder entre los estados y el gobierno federal, lo que ha tenido implicaciones duraderas para la gobernanza y el desarrollo económico en los Estados Unidos.

Bonus tracks.

Orígenes de un monopolio: Antes de que el caso llegara a la Corte Suprema, Robert Livingston y Robert Fulton, dos pioneros en la navegación a vapor, obtuvieron derechos monopólicos sobre la navegación a vapor en las aguas de Nueva York gracias a sus conexiones políticas. Este monopolio fue defendido enérgicamente por sus herederos y estaba firmemente respaldado por la legislación estatal hasta que fue desafiado por Thomas Gibbons, quien operaba bajo una licencia federal.

Un duelo que nunca ocurrió: La disputa entre Thomas Gibbons y Aaron Ogden alcanzó tal nivel de animosidad personal que Gibbons, conocido por haber participado en duelos en Georgia, desafió a Ogden a un duelo en 1816. Aunque nunca llegaron a enfrentarse en duelo, su rivalidad se transformó en una serie de maniobras legales que eventualmente llevaron a la histórica decisión de la Corte Suprema.

Influencia en la jurisprudencia moderna: El caso Gibbons v. Ogden fue importantísimo porque estableció un precedente para el poder del gobierno federal sobre el comercio interestatal, influencia que se ha extendido hasta decisiones modernas sobre la cláusula de comercio, como en los casos de Wickard v. Filburn y los debates sobre el mandato individual (la obligación de contratar cobertura de salud) del Obamacare.

Jeremy Waldron sobre la crisis del judicial review

2024-04-27T01:33:00.001-03:00

WALDRON - La crisis de la revisión judicial (2023)

H.L.A. Hart Memorial Lecture, 25 de mayo de 2023. Se puede leer acá.

§ 1. DE QUÉ SE TRATA. En su conferencia, Jeremy Waldron discute la crisis de la revisión judicial en las democracias modernas, subrayando cómo las prácticas judiciales que alguna vez fueron estables están ahora en un estado de discusión y crisis. Waldron explora la teoría de la práctica de las reglas de H.L.A. Hart, aplicándola al contexto actual de la revisión judicial, particularmente en los casos de decisiones judiciales altamente polarizadas como el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization en los Estados Unidos.

§ 2. QUÉ DICE. Waldron critica la revisión judicial desde una perspectiva de derechos y la considera problemática por su naturaleza contramayoritaria. Destaca que la revisión judicial fuerte permite a los jueces anular legislaciones basadas en interpretaciones constitucionales, lo que puede socavar la democracia representativa. Además, analiza el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, utilizando este y otros ejemplos para ilustrar cómo las decisiones judiciales pueden generar respuestas intensas y dividir a la sociedad. Waldron también cuestiona la legitimidad del proceso de nominación y confirmación en la Corte Suprema de los EE. UU., sugiriendo que está fuertemente influenciado por políticas partidistas que erosionan la confianza pública en la justicia.

§ 3. UN FRAGMENTO. "Hart mencionó tres tipos de práctica constitutiva: reglas de cambio, reglas de reconocimiento, reglas de administración. Pero presentaba esa tríada como un esquema simplificado a los efectos del modelo que estaba presentando. En un sistema constitucional maduro, debe haber cientos de ellas: algunas prácticas comprenden puras convenciones, otras honran convenciones superpuestas con reglas enmarcadas por los creadores de la constitución y enmiendas constitucionales. Las prácticas se influyen mutuamente, y tienen que funcionar como un sistema. Y su misión es desalentadora: deben controlar las convicciones y canalizar las campañas de un pueblo contencioso. En el modelo de Hart, reglas secundarias como las reglas de cambio y de reconocimiento necesariamente reflejan la práctica de una comunidad de funcionarios. Sabemos que Hart apuntó como, analíticamente, las prácticas sociales que anclan las reglas legales no necesitan ser entendidas o participadas por la gente común. Pero, de nuevo, "analíticamente" nos lleva solo hasta cierto punto. En la medida en que las reglas secundarias a gran escala constituyan una base para una constitución democrática que fundamente la legitimidad política dentro de una comunidad enojada y dada a discutir, tiene que haber una cantidad considerable de aceptación popular, que habrá comprensión y confusión en el pueblo, que habrá en él expectativas y críticas. Las prácticas (aún cuando sean grandes y complejas) no siempre tendrán la capacidad de sostenerse por sí mismas, sin la aceptación popular con todas sus vicisitudes. Y esa interfaz entre la participación oficial y el entendimiento del pueblo es de lo que he estado hablando, donde el compromiso crítico está plagado de ira y recriminación. Desearía que mis colegas, en jurisprudencia, enseñaran estas posibilidades cuando llevan a sus estudiantes a través de la discusión de reglas secundarias en El Concepto de Derecho.

Para decirlo sin rodeos, cuando hablamos sobre la teoría de la práctica social de las reglas, no estamos hablando solo de un alegre baile folclórico o de unas pocas personas quitándose los sombreros en la iglesia. Las prácticas abordadas en esta conferencia están cargadas con amarga antipatía; involucran una interfaz entre la política y las cosas que más le importan a la gente. Nada garantiza que estas prácticas se mantendrán unidas."

§ 4. CAVEATS. Un caveat importante de este análisis es que, aunque ofrece una crítica profunda de la revisión judicial y su impacto en la democracia, la perspectiva de Waldron puede no considerar completamente cómo la revisión judicial puede funcionar efectivamente para proteger derechos fundamentales, especialmente en contextos donde la legislatura puede estar influenciada por mayorías temporales o intereses partidistas que buscan socavar libertades individuales.

§ 5, DERIVACIONES Y APLICACIONES. La conferencia de Waldron puede motivar debates adicionales sobre la reforma del sistema judicial en democracias establecidas, explorando alternativas como la revisión judicial "débil" que podría equilibrar mejor la soberanía legislativa y la supervisión judicial. También podría influir en la reforma de los procedimientos de confirmación judicial para hacerlos menos susceptibles a manipulaciones políticas, mejorando la percepción pública de la imparcialidad judicial.

§ 6. EL AUTOR. Jeremy Waldron es un destacado teórico del derecho conocido por sus trabajos en teoría legal y política. Es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y ha escrito extensamente sobre teoría de los derechos, teoría democrática y filosofía del derecho. Sus investigaciones se centran en la intersección entre filosofía, derecho y política, y es un crítico vocal de la revisión judicial desde una perspectiva democrática y de derechos.

Siendo su obra super conocida -mencionemos por ejemplo The Core of the Case against judicial review, o el libro (Siglo XXI) Contra el gobierno de los Jueces , recomendamos las entrevistas que le hicieron en Isonomía, y en Lecciones y Ensayos en su visita de 2018,

Ana Belén Gomez Díaz sobre la Buena Administración

2024-04-22T16:18:00.004-03:00

GÓMEZ DÍAZ - ¿Para qué sirve la buena administración? Análisis de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (2024)

Revista de Administración Pública, 223, enero - abril (2024), pp. 181-214. Se puede ver acá.

§ 1. DE QUÉ SE TRATA. El paper explora el concepto de buena administración -ese "debido proceso administrativo" con esteroides- en el contexto jurídico español, analizando tanto la legislación como la doctrina relevante y recientes decisiones del Tribunal Supremo. Gómez Díaz investiga las dimensiones prácticas de este principio, cuestionando su definición y aplicabilidad en la administración pública, y cómo podría mejorar las interacciones entre los ciudadanos y el estado.

§ 2. QUÉ DICE. Gómez Díaz concluye que, aunque el concepto de buena administración está ampliamente reconocido y valorado teóricamente, su aplicación práctica a menudo falla en alcanzar sus ideales de eficacia, equidad e imparcialidad. La autora sugiere que una mejor comprensión y aplicación de este principio podría conducir a una mayor satisfacción del ciudadano y a un funcionamiento más eficiente de la administración pública. También critica la falta de una definición clara y consistente del término, lo que puede llevar a su aplicación inconsistente.

§ 3. UN FRAGMENTO. "El concepto de buena administración se presenta como un principio general del derecho y, como todas las nociones a las que se otorga esta calificación, ofrece un fuerte grado de indeterminación (es un concepto jurídico indeterminado). Pero es más. Me atrevo a decir que el de buena administración destaca por su extrema fluidez y su contenido variable, como un producto característico de la sociedad líquida que teorizó Zygmunt Bauman y de un contexto sociopolítico que se autocalifica como global, en detrimento, en muchas ocasiones, del individuo."

§ 4. CAVEATS. Uno de los principales caveats de la investigación es la falta de una definición operativa unificada de buena administración, lo que complica su estudio y aplicación práctica. Además, el análisis se centra principalmente en la jurisprudencia y podría beneficiarse de un enfoque más multidisciplinario que incluya perspectivas de la administración y la psicología social.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES. La investigación podría impulsar reformas legislativas para definir más claramente el principio de buena administración y establecer directrices específicas para su aplicación. Además, podría fomentar la creación de programas de capacitación para funcionarios públicos en principios de buena administración, mejorando la interacción con los ciudadanos y la eficiencia del servicio público.

§ 6. LA AUTORA. Ana Belén Gómez Díaz es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en derecho administrativo. Ha contribuido ampliamente al estudio de la administración pública y la jurisprudencia relacionada, enfocándose en cómo los principios legales afectan la estructura y el funcionamiento del gobierno y sus interacciones con los ciudadanos. Su trabajo es reconocido en el ámbito académico por su profundidad y su enfoque práctico hacia la mejora de la administración pública.

Stephanie Barclay y los derechos constitucionales como "razones protegidas"

2024-04-12T00:58:00.001-03:00

Stephanie BARCLAY - Constitutional Rights as Protected Reasons (Marzo 2024)

92 U. Chi. L. Rev. (pendiente de publicación). Se puede ver en SSRN acá.

§ 1. DE QUÉ SE TRATA. Este artículo propone y defiende un nuevo modelo teórico de derechos constitucionales, argumentando que la concepción actual, que a menudo implica un equilibrio judicial entre diversos derechos individuales y bienes sociales, es tanto incoherente como incompleta. En cambio, Stephanie H. Barclay propone un modelo alternativo que ve los derechos constitucionales como un tipo específico de "razón protegida", un concepto que promueve un equilibrio más democrático entre los poderes del gobierno y mantiene los principios democráticos.

§ 2. QUÉ DICE. Barclay argumenta que el derecho constitucional debe funcionar como una razón de primer orden para que los funcionarios del gobierno protejan un interés privado especificado en la constitución, y como una razón de segundo orden, excluyente, para prohibir al gobierno apoyarse en ciertas razones que, de no ser por esta regla, actuarían en contra de la protección del interés privado. Este enfoque, sugiere, preservaría las protecciones significativas para grupos minoritarios mientras reduce los fenómenos de conflictos entre derechos y las preocupaciones sobre el equilibrio judicial.

Barclay también critica las teorías existentes por no aprovechar plenamente las competencias institucionales del poder judicial dentro de una democracia y sugiere que las ramas políticas del gobierno deberían jugar un papel más importante en la protección de los derechos. Además, propone que la cuestión de si el gobierno actuó basándose en razones que deberían haber sido excluidas se puede adjudicar con mucho más rigor judicial.

§ 3. UN FRAGMENTO. "Este artículo propone y defiende un nuevo modelo teórico de derechos constitucionales. Específicamente, argumento que un derecho constitucional es un tipo específico de lo que Joseph Raz llamó una 'razón protegida'. Tiene dos elementos: Primero, opera como una razón de primer orden para la acción por parte de los funcionarios del gobierno para proteger un interés privado que ha sido especificado en la constitución. Segundo, opera como una razón de segundo orden excluyente para prohibir al gobierno depender de algunas razones que, de no ser por tal regla, pesarían en contra de la protección del interés privado especificado en la constitución."

§ 4. CAVEATS. Aunque Barclay ofrece un enfoque innovador y bien razonado para entender los derechos constitucionales, hay varios aspectos que requieren consideración cuidadosa. Primero, la aplicación práctica de este modelo podría enfrentar desafíos, particularmente en términos de cómo los jueces determinan qué constituye una "razón protegida" y cómo equilibrar eficazmente los intereses en juego. Segundo, este enfoque puede requerir un cambio significativo en la mentalidad judicial y en la interpretación constitucional, lo cual podría enfrentar resistencia institucional. Finalmente, la efectividad de este modelo depende en gran medida de la voluntad de las ramas políticas del gobierno para adoptar un papel más activo y responsable en la protección de los derechos constitucionales.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES. El modelo de "razón protegida" podría tener aplicaciones significativas en la forma en que se entienden y protegen los derechos constitucionales. Podría servir como una herramienta para mitigar los conflictos entre derechos percibidos y para guiar a las ramas del gobierno en la promoción de un equilibrio más democrático y responsable. Además, este modelo ofrece un marco para reconsiderar y potencialmente reformar doctrinas legales establecidas como el escrutinio estricto, enfatizando un enfoque más matizado y basado en principios para la adjudicación de derechos.

§ 6. LA AUTORA. Stephanie H. Barclay es profesora de Derecho en Notre Dame Law School y Directora de la Notre Dame Religious Liberty Initiative. Su trabajo académico se centra en los derechos constitucionales, la libertad religiosa y la intersección entre ley y religión. Barclay ha contribuido significativamente a la literatura legal en estos campos y es reconocida por su enfoque innovador y su compromiso con el avance de un entendimiento

Michael Rosenfeld sobre el constitucionalismo no liberal

2024-03-30T08:26:00.002-03:00

ROSENFELD, Michael - Illiberal Constitutionalism: Viable Alternative or Nemesis of the Modern Constitutional Ideal?. Incluido en Comparative Constitutional Theory (2nd Edition), editado por Gary Jacobsohn y Miguel Schor. Se puede ver acá.

§ 1. DE QUÉ SE TRATA. Empieza así: "Después de más de medio siglo de difusión del constitucionalismo liberal en todo el mundo, el siglo veintiuno ha presenciado un cambio significativo hacia el constitucionalismo no liberal. Arraigado en la Ilustración y con raíces en las revoluciones francesa y estadounidense de finales del siglo XVIII, el constitucionalismo liberal expandió considerablemente su alcance después de la Segunda Guerra Mundial, la caída de varias dictaduras en Europa Occidental en la década de 1970, las transiciones de dictadura a democracia constitucional en América Latina en las décadas de 1980 y 1990, la transición a la democracia de los antiguos países de Europa Oriental y Central de la Unión Soviética en la década de 1990, y la emergencia del apartheid en Sudáfrica. Por el contrario, el constitucionalismo no liberal del siglo veintiuno ha surgido de diversas maneras, incluida la adopción de nuevas constituciones como fue el caso en Hungría; la introducción del no liberalismo dentro y, a veces, directamente contra un régimen constitucional liberal como sucedió en Polonia; y dentro de los confines de democracias constitucionales liberales tradicionales, como sugieren ciertas tendencias en países como India y los Estados Unidos. El constitucionalismo no liberal contemporáneo a menudo está vinculado al nacionalismo excluyente o al populismo y en ciertos casos se vislumbra como vinculado a la transición hacia o la implantación del autoritarismo".

§ 2. QUÉ DICE. El constitutionalismo no liberal contemporáneo se manifiesta en tres tipos principales: basado en la comunidad, como en Singapur; basado en el populismo, como en Hungría bajo Orban; y oportunista, como el invocado por Trump y Bolsonaro. Filosóficamente, el constitucionalismo iliberal se alinea bien con la teología política antiliberal y antipluralista de Carl Schmitt, aunque el tipo populista de constitucionalismo iliberal, a diferencia de su contraparte basada en la comunidad, no cumple con los cuatro pilares del constitucionalismo liberal y se presenta como un camino hacia el autoritarismo.

§ 3. UN FRAGMENTO. "Las constituciones liberales y el ideal del constitucionalismo liberal son ciertamente compatibles con la filosofía política liberal, pero no necesariamente van de la mano con esta última. En términos más generales, las constituciones liberales están destinadas a asegurar cuatro pilares: imponer limitaciones a los poderes del gobierno; adherirse al Estado de derecho; proteger un núcleo de derechos fundamentales; y asegurar el mantenimiento de una democracia funcional. Además, mientras que las constituciones liberales deben aspirar a sostener vigorosamente estos cuatro pilares, en la mayoría de los casos no lograrán hacerlo completamente, dejando así margen para la crítica y para pedir perfección. Por otro lado, el ideal del constitucionalismo liberal tiene como objetivo proporcionar criterios normativos convincentes para evaluar la legitimidad de dichas críticas y llamados a la perfección. Así, por ejemplo, el constitucionalismo liberal prescribe la plena igualdad entre hombres y mujeres, y una constitución liberal particular puede ser objeto de crítica porque sus disposiciones de derechos fundamentales no sean suficientes, o puede brindar un caso para la perfección, ya que las interpretaciones judiciales de la disposición de igualdad relevante podrían terminar por perjudicar a las mujeres".

§ 4. CAVEATS Un aspecto crítico que cuestiona es la generalización del constitucionalismo iliberal y su comparación directa con las teorías de Carl Schmitt, lo que podría simplificar en exceso la diversidad dentro del constitucionalismo iliberal y sus múltiples manifestaciones en distintos contextos nacionales y culturales. Además, la evaluación de los tipos de constitucionalismo iliberal podría beneficiarse de una consideración más matizada de cómo las dinámicas globales y transnacionales, como la globalización y los movimientos migratorios, influyen en la evolución del constitucionalismo a nivel mundial.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES. En el ámbito práctico, el análisis crítico del constitucionalismo iliberal puede informar las estrategias de las organizaciones de derechos humanos, los cuerpos legislativos y los tribunales al abordar las tendencias autoritarias. Además, puede fomentar un diálogo más profundo sobre la necesidad de adaptar los marcos constitucionales a las realidades políticas y sociales cambiantes, promoviendo al mismo tiempo los valores fundamentales de la democracia y el estado de derecho.

§ 6. EL AUTOR. Michel Rosenfeld es un destacado académico en el campo del derecho constitucional, conocido por sus profundas contribuciones al estudio del pluralismo, la teoría constitucional y los derechos humanos. Su obra abarca una amplia gama de temas, incluyendo la identidad constitucional, el constitucionalismo pluralista y los desafíos del constitucionalismo en el contexto globalizado. Es uno de los editores del Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (2012).

Daniel Halberstam: Guía crítica del federalismo

2024-03-26T09:08:00.000-03:00

HALBERSTAM - Federalism: A Critical Guide (2011) -- Capítulo de The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (2012), se puede ver aquí.

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§ 1. DE QUÉ SE TRATA. Este trabajo ofrece una visión crítica y concisa del federalismo, tanto desde un enfoque comparativo como interdisciplinario. Presenta y critica debates históricos sobre la definición de federalismo, esboza una teoría normativa integral del mismo, sugiere la centralidad de una teoría refinada en disputas legales, discute la importancia de la nueva teoría institucional y reconsidera las supuestas consecuencias de la arquitectura federal para cuestiones clave como la estabilidad política y de políticas. El documento concluye explorando vías para expandir el alcance del federalismo, desde lo privado hasta la gobernanza global.

§ 2. QUÉ DICE. El federalismo se origina y se sustenta en una variedad de motivos, incluidos los beneficios de poder local frente al central, la gestión de riesgos, y la economía de escala. Argumenta que los sistemas federales, a través de su estructura y gobernanza multinivel, ofrecen un marco único para abordar la diversidad, administrar conflictos y fomentar la innovación. Sin embargo, también advierte sobre los desafíos inherentes a mantener un equilibrio efectivo entre la autonomía local y las necesidades del gobierno central, destacando la tensión entre descentralización y necesidades de cohesión nacional.

§ 3. UN FRAGMENTO. "En la práctica, el federalismo siempre ha sido mucho más complicado y peligroso de lo que sugeriría la teoría normativa. Al mismo tiempo, sin embargo, parecen existir respuestas básicas dentro del federalismo a las dos preocupaciones principales: la estabilidad de la política y la estabilidad de la entidad política. En cuanto a la primera, hemos visto que el federalismo no necesariamente contiene un sesgo estructural pervasivo a favor del statu quo. En contraste con el federalismo de "regla conjunta" o "regla separada", el federalismo de "regla múltiple" incluso puede llevar a desequilibrios políticos inducidos por la estructura que pueden ser útiles para perturbar un statu quo mal considerado o poco considerado. En cuanto a la estabilidad de la entidad política, la literatura parece sugerir que un sistema de partidos integrado puede ayudar a mitigar las fuerzas centrífugas para permitir que el federalismo aproveche lo mejor de ambos mundos de la proverbial unidad y diversidad de una federación."

§ 4. CAVEATS. El trabajo es de 2012, lo que implica que no puede tener en cuenta desarrollos más recientes. Por otro lado podría beneficiarse de una mayor inclusión de estudios de caso concretos para ilustrar cómo los principios del federalismo se manifiestan y se gestionan en diferentes contextos nacionales. Además, el equilibrio entre autonomía local y control central puede variar significativamente entre federaciones, lo que sugiere que una sola teoría normativa del federalismo podría no ser aplicable universalmente.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES Las ideas de Halberstam sobre federalismo tienen implicaciones significativas para la reforma constitucional, el diseño institucional y la gobernanza global. Por ejemplo, sus discusiones sobre la subsidiariedad y la gestión de riesgos podrían informar los esfuerzos para diseñar sistemas federales más resilientes y adaptativos que puedan manejar mejor la diversidad y los conflictos.

§ 6. EL AUTOR. Daniel Halberstam es un reconocido académico en el ámbito del derecho constitucional, con un enfoque especial en el federalismo, la teoría constitucional comparada y los derechos humanos. Es Profesor de Derecho en la Universidad de Michigan y ha contribuido significativamente al entendimiento académico del federalismo a través de sus publicaciones y enseñanzas. Su trabajo no solo aborda las dimensiones legales y teóricas del federalismo, sino que también explora sus implicaciones prácticas en contextos contemporáneos y globales.

El nIUSletter del blog: qué es y cómo suscribirse gratis

2024-03-17T23:26:00.005-03:00

El blog ha hecho una pequeña transición este año, con un leve reperfilamiento y mejoras cuantitativas.

Lo explicamos en un envío "antológico" con el que inauguramos el niusletter quincenal, formato que opera en la galaxia próxima de substack.

Luego, cada aprox quince días van a recibir envíos si se suscriben con su correo, lo que pueden hacer sin cargo en este enlace.

El envío de ayer incluyó repaso sintético del material publicado en el blog, pero también otro material no publicado: rescatamos posts del arcón, enfocamos "el fallo de la quincena" de la Corte Suprema, y pasamos revista de artículos y novedades, y otros avisos parroquiales.

La frecuencia prevista les asegura una discreta dosificación, y buscaremos hacer al menos una curaduría inspirada.

Por si se lo preguntaban: la cita de honor es la del encuentro anual de ICON: Más info sobre eso en este enlace,

Maggie Gardner sobre citas peligrosas

2024-03-16T12:06:00.001-03:00

GARDNER - Dangerous citations (2020).

New York University Law Review, Diciembre 2020. Se puede ver acá.

§ 1. DE QUÉ SE TRATA. Este artículo analiza las situaciones en las que las citas judiciales opcionales pueden ser más perjudiciales que beneficiosas. Gardner explora cómo la invocación inconsiderada de autoridades no vinculantes puede introducir errores en opiniones individuales y distorsionar el curso del derecho con el tiempo, centrándose específicamente en el uso por parte de los tribunales de distrito federal de citas de otros tribunales de distrito.

§ 2. QUÉ DICE. Gardner distingue entre citas mal concebidas, donde el precedente no vinculante no es útil, y citas mal implementadas, que aunque relevantes, requieren selección y aplicación cuidadosas. El artículo cataloga estos tipos de citas peligrosas y sugiere modos de reducir su uso "peligroso".

§ 3. UN FRAGMENTO. "Las prácticas problemáticas de citas aparecen en todos los niveles del poder judicial federal: tribunales inferiores citando obiter dicta de opiniones de tribunales superiores, tribunales de apelación de una jurisdicción citando jurisprudencia de otra, tribunales superiores citando opiniones de tribunales inferiores y tribunales de distrito citándose entre sí."

§ 4. CAVEATS. El análisis podría beneficiarse de una exploración más detallada sobre cómo las tecnologías de la información y bases de datos legales actuales influyen en las prácticas de citas y si estas tecnologías podrían mitigar o exacerbar los problemas identificados.

§ 6. DERIVACIONES Y APLICACIONES. Este trabajo tiene implicaciones significativas para la formación judicial, la elaboración de políticas sobre la publicación de opiniones judiciales y las prácticas de citación en escritos legales. Podría inspirar mejoras en las herramientas de investigación legal para minimizar las citas peligrosas y promover un razonamiento judicial más sólido. Podría ponerle un atisbo de racionalidad a la promiscuidad del "diálogo de Fuentes" ejecutado a la sanfasón.

§ 7. LA AUTORA. Maggie Gardner es Profesora Asociada de Derecho en la Facultad de Derecho de Cornell. Su investigación se centra en el derecho procesal y la jurisdicción, contribuyendo al entendimiento de cómo las decisiones de procedimiento afectan el desarrollo del derecho sustantivo.

Karl Llewellyn sobre cómo los tribunales interpretan como se les canta

2024-03-06T01:16:00.000-03:00

Karl LLEWELLYN - Observaciones sobre la teoría de la apelacion y las reglas o cánones utilizados para la interpretación de las leyes.

"Remarks on the Theory of Appellate Decision and The Rules or Canons About How Statutes are to be Construed", 3 Vand. L. Rev. 395, 395 (1950). Se puede ver acá.

§ 1. DE QUÉ SE TRATA. Este trabajo examina las complejidades y contradicciones inherentes al proceso de toma de decisiones en apelaciones y la interpretación de estatutos. Llewellyn argumenta que no existe una única manera correcta y precisa de leer un caso o un conjunto de casos, destacando la existencia de múltiples respuestas correctas disponibles para los tribunales y la importancia de seleccionar la más adecuada en función de diversas consideraciones.

§ 2. QUÉ DICE. El autor describe la práctica y teoría detrás de la toma de decisiones judiciales, mostrando cómo los precedentes pueden ser manejados de maneras variadas y aún así considerarse correctos. Sostiene que el sistema jurídico no proporciona una única respuesta correcta a problemas legales disputados, sino un rango de posibilidades entre las cuales los tribunales deben elegir. Este proceso de selección es crítico y debe basarse en más que simplemente la doctrina legal; implica considerar la tradición del tribunal, el ánimo de sus jueces, y la percepción de la situación.

§ 3. UN FRAGMENTO. "No se avanza mucho en la vida jurídica sin aprender que no existe una única manera correcta y precisa de leer un caso, o de leer un conjunto de casos". "En el trabajo de un solo día de opinión he observado 26 maneras diferentes describibles en que uno de nuestros mejores tribunales estatales manejó sus propios casos anteriores, usando de tres a seis maneras diferentes dentro de una sola opinión. Lo importante es que todas las 26 maneras (más una docena de otras que no se usaron ese día) son correctas."

§ 4. CAVEATS. Obviamente, es un documento de 1950. Lo notable es que la lógica y esos ejemplos posibles existen hoy. Por eso la tiene tan picuda la taxonomía de Bryan Garner y Antonin Scalia, es todo risas hasta que te das cuenta de que los criterios de su inventario se contradicen entre sí.

§ 5. DERIVACIONES Y APLICACIONES. El trabajo es una joya y sirve para enseñar a los futuros abogados sobre la flexibilidad y complejidad del razonamiento jurídico. Podrían inspirar métodos más dinámicos y adaptativos en la interpretación de estatutos, así como en la toma de decisiones judiciales, fomentando un enfoque más pragmático y contextualizado del derecho.

§ 6. EL AUTOR. Karl N. Llewellyn fue un destacado jurista y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, conocido por sus contribuciones fundamentales al realismo jurídico. Autor de numerosos libros y artículos de revisión de leyes, y redactor de varios actos comerciales uniformes, fue reportero jefe del Código Comercial Uniforme. Su trabajo ha influido profundamente en el desarrollo del pensamiento legal en los Estados Unidos.

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POSDATA --- "ESTOCADA Y PARADA"

"THRUST BUT PARRY". Este artículo es famoso por su parte final, que incluye transcripciones a dos columnas de criterios contradictorios sostenidos por tribunales. "Thrust but parry" es una expresión en inglés que proviene del mundo de la esgrima. En español, podría traducirse como "atacar pero también defenderse". Se refiere a la técnica de atacar a tu oponente con un movimiento agresivo (el "thrust" o estocada), pero al mismo tiempo estar preparado para defenderse de un contraataque (el "parry" o parada).

Veamos: