INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL PENAL

Programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia

2012-02-15T01:12:00.000-03:00

Fuente: Diario Judicial

Reportaje

24.01.11

"No dejamos rastros de hacia dónde van los testigos protegidos"

A pesar de lo que muchas personas creen, el Programa de Protección de Testigos funciona hace solo cuatro años en Argentina. DiarioJudicial.com dialogó con Darío Díaz, encargado del funcionamiento del área que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y explicó cómo funciona, cómo se puede acceder a él y otras consideraciones acerca de una iniciativa que nació con la sanción de la Ley 25.764.

En 1998 fue la apertura de la oficina. Pero recién en 2003 se sancionó la Ley 25.764 que brindó las especificaciones que requería el Programa de Protección de Testigos. Pero hubo un hecho que catapultó su funcionamiento recién en septiembre de 2006. “Después de la desaparición de Julio López decidimos potenciar la iniciativa prevista en la Ley”, aseguró Darío Díaz, encargado e impulsor del Programa en Argentina.

DiarioJudicial.com realizó un reportaje a Díaz, quien refirió que la situación suscitada a raíz de la desaparición de Julio López hizo que las autoridades ministeriales tuvieran que encargarse de lleno de lograr que el Programa funcionara. Fue también gracias al impulso que él brindó en la órbita de la cartera dirigida por Julio Alak que, finalmente, el proyecto comenzó a tomar forma hasta generar la estructura que hoy posee.

El Programa está destinado a “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación y los previstos por las Leyes 23.737 y 25.241”, como consigna el texto de la legislación vigente al respecto.

¿Cómo se ocupan de los testigos?

Tenemos operadores. Cuando la Justicia solicita nuestra intervención en un caso nosotros evaluamos cuál es el riesgo que corre la persona a través de una matriz que elaboramos especialmente para el Programa. A partir de eso, uno de nuestros operadores se encarga del caso en particular y solo él sabe cuál será el destino, ocupación, y demás detalles inherentes a la protección del testigo. Nos manejamos dentro del Ministerio de Justicia pero la información es confidencial por una cuestión lógica en relación a la protección de los afectados.

¿Hay algún parámetro para el traslado y posterior lugar de residencia de los testigos?

Principalmente, que no corran peligro. El operador se encarga de cerciorarse que a donde vaya el testigo no exista posibilidad de que sea reconocido o bien de que no estén dadas las condiciones para que nadie sepa donde se encuentra. Puede ser llevado a diez kilómetros como a 500, eso, nuevamente, lo evaluamos de acorde a nuestra matriz.

¿De qué forma se puede acceder o se prevé que es necesario el programa?

Nuestra participación comienza por la orden de un juez de instrucción, federal o tribunales orales, a lo que se suma la opinión del fiscal competente, que de todas formas no es vinculante. Es decir, no determina la orden. Siguiendo esta línea, el magistrado debe contarnos cuál es el riesgo en el que, en teoría, se encuentra el testigo. Nosotros evaluamos la gravedad del caso, y, realmente, tiene que haber mucho riesgo para que actuemos porque no es sencillo realizar toda la serie de procedimientos que implica que una persona se reestablezca por un tiempo indeterminado en un lugar que le es totalmente ajeno. Así es que la Ley estipula que para que se aplique el programa, se deben cumplir algunos puntos: “Presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad física de una persona a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal; interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en razón de su grado de afectación social; validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere para la investigación y juicio penal correspondiente. También deben cumplirse los requisitos de “viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección” y “adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección. Para este punto final es fundamental el trabajo de la oficina dirigida por Díaz. Es que no solo se encargan de dirigir a una persona a un lugar indeterminado que se define por los operadores. También trabajan junto a un grupo interdisciplinario, en el que se conjuga la labor de psicólogos, psiquiatras, abogados y todo tipo de profesionales que pudieran servir a la hora de llevar a cabo una reubicación.

¿Existe algún plazo para la vuelta de los testigos?

No, la realidad es que puede pasar un año, dos, tres o cinco sin que la persona vuelva a su lugar de origen. Es difícil, pero hay casos que son complicados y en este orden también ponemos en juego nuestra matriz. Las medidas de erradicación suelen ser duras, no es sencillo desprenderse de un lugar al que pertenecemos. Pero nuestro trabajo es ese, no dejar rastros del lugar al que se dirige el testigo, así operamos.

¿Qué pasos siguen a la hora de reubicar a una persona?

En primer lugar, conseguimos una vivienda y una identidad distinta, lógicamente. En ese orden, el Programa puede brindar asistencia económica por seis meses. La idea es que la reinserción del testigo se complete logrando que tenga un trabajo, un sustento en el nuevo lugar donde vive.

En la matriz, ¿qué factores determinan la peligrosidad de una situación para un testigo?

Manejamos tres hipótesis a la hora de establecer el tipo de riesgo que corre una persona involucrada en una causa judicial. Nos ponemos en el lugar del interesado en que no se dé el testimonio. Las tres dimensiones son: que el testimonio de la persona “me pueda mandar preso”; que el testimonio, sumado a otros, “me mande preso”; y por último, por venganza, es decir, “ya estoy preso”.

Asimismo, Díaz aseguró que hay condiciones para mantener el plan de protección vigente. “Es claro que una persona protegida que confiesa su condición a las personas con las que está conviviendo está violando las disposiciones de la Ley”.

A estos efectos, la legislación vigente al respecto aclara que los testigos deberán “someterse, en caso de ser necesario, a los exámenes médicos, psicológicos, físicos y socioambientales que permitan evaluar su capacidad de adaptación a las medidas que fuera necesario adoptar; prestar el consentimiento, en caso de ser necesario, para que se realicen las medidas previstas en el inciso anterior, respecto de menores o incapaces que se encuentren bajo su patria potestad, guarda, tutela o curatela”.

“Presentar una declaración jurada patrimonial sobre su activo, pasivo, juicios o acciones judiciales pendientes y demás obligaciones legales; colaborar con el mantenimiento de las relaciones de filiación entre padres o madres e hijos menores de edad y de las obligaciones alimentarias que pudieran existir”, entre otros puntos.

¿Cómo se gestó la ley?

En principio, comenzó con el tema de los secuestros extorsivos, que en ese momento tenían gran trascendencia y resultaban un tema central en la agenda del Ministerio de Justicia. Rápidamente, el rango se amplió a el narcotráfico, y el terror y violencia institucional, que son cuestiones recurrentes dentro del Programa. De todas formas, el ministro puede ampliar el alcance de la Ley a otro tipo de delitos que por el nivel de trascendencia pública justifique la intervención del Programa.

¿Se genera algún roce o hay algún problema con el Poder Judicial?

En absoluto, ellos cumplen su rol y nosotros el nuestro. Desde que empezamos a aplicar con mayor intensidad el Programa tenemos una relación que se constituye en un equilibrio por demás sano. Nunca tuvimos inconvenientes con ningún Juzgado y las relaciones siempre fueron cordiales y orientadas de lleno a que el trabajo salga de acorde a lo planeado. Sabemos cuál es nuestro trabajo.

En España carece de valor procesal el uso de cámaras ocultas

2012-02-13T09:51:00.001-03:00

Fuente: Pensamiento Penal

España: El Constitucional prohíbe el uso de la cámara oculta en el ámbito periodístico – 06/02/2012

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha declarado por primera vez "ilegítimo" el uso de cámaras ocultas en el ámbito periodístico y ha asegurado que la utilización de estos medios de grabación está constitucionalmente prohibida al margen de la relevancia pública del objeto de investigación. El alto tribunal asegura que este método de grabación mediante dispositivo oculto "se basa en un ardid o engaño que el periodista despliega simulando una identidad oportuna según el contexto". En una sentencia en la que deniega el amparo a Canal Mundo Producciones Audiovisuales y a la Televisión Autonómica Valenciana por emplear este sistema en un programa de televisión, la Sala reprocha que la persona grabada -en este caso una esteticista- fuera filmada "subreptciamente" y quedara, de este modo, privada de su derecho a decidir si consentía la divulgación de una información que determinaba su "plena" identificación. La resolución se pronuncia sobre el caso de una periodista contratada por la productora Canal Mundo Producciones Audiovisuales que acudió a la consulta de una esteticista y naturista haciéndose pasar por una paciente. Durante la cita, que se celebró en la vivienda que la esteticista tenía destinada a consulta, la periodista grabó a su entrevistada su voz e imagen por medio de una cámara oculta. Dicha grabación fue cedida a la Televisión Autonómica de Valencia, que la emitió en el programa PVP, donde, además, se celebró una tertulia sobra la existencia de falsos profesionales en el mundo de la salud e, incluso, se puso de manifiesto una condena penal años atrás a la citada esteticista por haber actuado como fisioterapeuta sin tener la titulación para ello. La protagonista del reportaje televisivo interpuso una demanda porque entendía que los comentarios expresados en dicho programa lesionaban su derecho al honor y porque la captación y publicación de sus imágenes dañaban su derecho a la propia imagen y a la intimidad.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 17 de Valencia entendió que el uso de la cámara oculta se enmarca en el llamado periodismo de investigación, "al que es consustancial la simulación de la situación, el carácter oculto de la cámara, así como la no revelación de la identidad periodística del interlocutor". La Audiencia Provincial de Valencia señaló que el reportaje reunía los requisitos necesarios de veracidad, objetividad, interés general y propósito especialmente informativo para considerar que no se había vulnerado ningún derecho. Mientras, el Tribunal Supremo sí entendió que se había producido una intromisión "ilegítima" en el derecho a la intimidad aunque no así en el derecho al honor. La resolución del Constitucional precisa que el método utilizado para obtener la captación intrusiva no fue ni el necesario ni el adecuado para el objetivo de la averiguación. Hubiera bastado con realizar entrevistas a los clientes de la esteticista porque, al margen de que tuviese o no relevancia pública lo investigado por la periodista, "lo que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización del método mismo (cámara oculta)".

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/06/actualidad/1328535847_093486.html

Fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación - Sobreseimiento prematuro

2011-12-29T14:30:00.001-03:00

Si tiene dudas, no sobresea y siga investigando

Fuente: Diario Judicial

La Justicia admitió el recurso de dos querellantes y revocó la decisión de sobreseer a una persona imputada del delito de homicidio. La Cámara de Casación recalcó que el sobreseimiento sólo puede ser dispuesto ante la existencia de "un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta" y consideró insuficientes las pruebas de la causa como para exculpar al acusado.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó una decisión de la Cámara Criminal y Correccional y admitió las impugnaciones de dos querellantes. El Tribunal dejó sin efecto el sobreseimiento dictado a favor de un hombre imputado de homicidio, por considerar que la existencia de dudas no es compatible con el dictado de una medida exculpatoria.

Los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky afirmaron que "el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta" y "procede cuando al juzgador no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de que el hecho no se cometió o no encuadra en una figura legal, que el delito no fue cometido por el imputado, o de su falta de responsabilidad".

En la causa, un individuo fue imputado por la comisión del delito homicidio. Sin embargo, luego de iniciada la investigación, el Juez de Instrucción decidió sobreseer al acusado. Ese pronunciamiento fue confirmado por la Cámara Criminal y Correccional. Entonces, los querellantes impugnaron la resolución.

Primero, la Cámara de Casación precisó que "el sobreseimiento resulta incompatible con el estado de duda, pues, lo que la ley requiere a los fines del dictado de este tipo de resoluciones, es la certeza sobre el acaecimiento o no de un determinado hecho o suceso histórico, para que el juzgador pueda, con la debida convicción, emitir un juicio asertivo, una afirmación y no una mera suposición o conjetura sobre la adecuación o no de esa realidad histórica a una figura delictiva".

Luego, el Tribunal Penal señaló que "una atenta lectura de las resoluciones dictadas en estos actuados y su cotejo con los elementos causídicos reunidos" llevan "a concluir que la valoración probatoria efectuada, tanto por el magistrado instructor, como por su Tribunal de Apelaciones, resulta desacertada e insuficiente para dictar un pronunciamiento desvinculatorio".

"En efecto, los principales argumentos de la Cámara para fundar la desvinculación de Veyga, se basan en la presentación espontánea prestada por el imputado y en los dichos del testigo ante la prevención en cuanto a que escuchó los disparos pero no vio de manera directa el momento en que se disparaba contra los sujetos", puntualizó la Cámara.

Acto seguido, los magistrados Hornos y Borinsky indicaron que "la prueba producida hasta el momento no resulta suficiente a esta altura del proceso para avalar la versión exculpatoria brindada por el imputado".

Por lo tanto, la Cámara de Casación resolvió admitir los recursos de los querellantes y, en consecuencia, revocó la decisión impugnada en cuanto había confirmado el sobreseimiento del imputado.

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Allanamiento sin orden judicial anulado por no acreditarse supuestos de excepción

2011-12-24T09:02:00.004-03:00

Un consentimiento no tan consentido

Fuente: Diario Judicial

La Cámara del Crimen anuló un allanamiento realizado por la Policía en el que se secuestró mercadería ilícita argumentando que “los funcionarios de policía actuaron excediendo sus atribuciones legales”.

La sala I de la Cámara del Crimen, integrada por Jorge Rimondi y Luis María Bunge Campos (Barbarosch no suscribió por estar de licencia), revocó una resolución que convalidó un acta de procedimiento de un allanamiento realizado en la casa de un mujer que presuntamente habría prestado consentimiento.

Foto: Télam

Se trata de la causa “R., E. J. s/rechazo de planteo de nulidad” que se inició en el marco de una causa en la que se realizó un allanamiento por presunta mercadería ilícita en la casa de un implicado que habría prestado consentimiento para ello.

La defensa oficial planteó la nulidad del acta en la que se documentó el secuestro de la mercadería - objeto del ilícito aquí investigado en la causa- ya que en ese procedimiento, personal policial ingresó al domicilio del imputado ubicado en San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires “sin orden de allanamiento ni motivos de urgencia para realizarlo, siendo que ‘el consentimiento aparente no puede sanear el acto’”.

Los jueces expresaron que “al no haberse verificado en el caso las excepciones previstas en los artículos 220 y 222 del Código de Procedimientos en Materia Penal de la provincia de Buenos Aires, los funcionarios de policía actuaron excediendo sus atribuciones legales”.

Según consta en la causa, en el acta elaborado por la policía se indicó que la mujer “prestó su anuencia para nuestro ingreso al lugar con el fin de certificar las cajas que mencionara” y refirió que al salir a la puerta de su casa junto con su hija estaba la policía y le informó “que dentro de su casa tenían mercadería ilícita. Que la dicente les informó cómo sucedieron los hechos y los autorizó a ingresar a la vivienda”.

Explicaron, además, que “el artículo 18 de la Constitución Nacional consagra el derecho individual a la privacidad del domicilio de todo habitante, correlativo del principio general del artículo 19 en cuyo resguardo se determina la garantía de su inviolabilidad, oponible a cualquier extraño, sea particular o funcionario público, sin perjuicio de lo cual se han establecido algunos supuestos, expresamente contemplados, que le reconocen a los funcionarios de la prevención la posibilidad de obviar la orden de allanamiento librada por el juez a cargo de la causa”.

Asimismo citan lo expresado al respecto por el ministro de la Corte, Enrique Petracchi, en el fallo “Fiorentino”, “…Si el consentimiento puede admitirse como una causa de legitimación para invadir la intimidad de la morada, él ha de ser expreso y comprobadamente anterior a la entrada de los representantes de la autoridad pública a la vivienda, no debe mediar fuerza o intimidación, y a la persona que lo presta se le debe hacer saber que tiene derecho a negar la autorización para el allanamiento…”.

En el fallo de primera instancia se hacía referencia a “motivos de urgencia” que habilitaban el procedimiento. Lo que no fue compartido por la Cámara que indicó que “se pudieron haber implementado medidas menos lesivas” tales como implantar “consigna policial” hasta que se emitiera la orden de allanamiento o “haber secuestrado los elementos en cuestión si alguien hubiera intentado sacarlos del domicilio, especialmente teniendo en cuenta que los preventores estaban en comunicación telefónica con la empresa que monitoreaba el trayecto de una de las cajas mediante el rastreador colocado en ella”.

Por lo que concluyen anulando el acta de procedimiento, sin perjuicio del curso de prueba independiente que pueda existir, de acuerdo a las demás constancias de autos, lo cual deberá ser evaluado por la juez a cargo del caso.

Fallo del Fuero Contravencional y de Faltas - CABA - Mediación penal

2011-12-22T15:18:00.000-03:00

Sumario: Causa Nro: 57107-01-CC/10, Autos: "Coggiola, Horacio Marcelo s/ infr. arts. 183 y 149 bis CP", Sala I, del día 5 de julio de 2011, sobre el tema: Amenazas - Mediación Penal - Oposición del Fiscal -Requerimiento de Elevación a Juicio - Principio de Congruencia - Intimación del Hecho - Descripción de los Hechos.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2011, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial a fs. 108/114 vta., contra la resolución de fs. 101/107 de la presente causa, de la que,

RESULTA:

I. Que las presentes actuaciones se iniciaron el 21 de noviembre de 2010 con motivo de la denuncia efectuada por Laura Patricia Tovagliari ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 4/5 vta.).
En dicha ocasión, la nombrada relató que durante la jornada anterior, en horas de la tarde, Horacio Marcelo Coggiola –con quien mantuviera una relación afectiva por el término de un mes– la hostigó telefónicamente refiriéndole: “cuando a vos te pase algo yo voy a estar trabajando, de servicio, nadie va a sospechar de mí” (sic). Según sus dichos, posteriormente siendo aproximadamente las 21.30 horas, el nombrado golpeó mediante una patada la puerta de acceso del domicilio de la Sra. Tovagliari -sito en la calle Lynch nro. 3838 de esta ciudad- y le arrojó una piedra al vidrio ubicado en la misma produciendo su ruptura (v. fotografías de fs. 30 vta. y 31/vta.). Asimismo, mencionó que “…la violencia psicológica y hostigamiento y amenazas se desataron a partir del momento que quise cortar la relación…” (sic) y que tales mensajes provinieron del número de telefonía celular 11-6636- 5917 que pertenecería a Coggiola y fueron recibidos en el número 15-3775-2742, cuya titularidad ostenta la denunciante.

II. Que a fs. 6/7 se encuentra agregado el informe efectuado por la psicóloga Laura Ferreira de la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN en el que la licenciada concluyó que la situación descripta en el párrafo precedente es una de altísimo riesgo para la denunciante, por lo que estimó conveniente que se evite el contacto entre aquella y Coggiola, extremándose las medidas de protección. De la lectura del informe surge que “…Coggiola le habría dicho que él era psicólogo y que la iba a volver  loca, y que cuando a ella le ocurriera algo él iba a estar de servicio. Le habría dicho que la iba a mandar a robar, que le podría llegar a pasar algo dentro de un boliche, que le podían pegar, que le podían romper los vidrios de la casa para desvalijársela…”. Asimismo, se destaca que de acuerdo a lo manifestado por la denunciante, se trataría de un hombre de conductas violentas, con rasgos manipuladores y obsesivos que además abusaría de su condición de policía y del poder que dicha condición le otorgaría en relación a Tovagliari. Por otra parte, a fs. 21/vta. luce agregado el informe producido por la psicóloga Sofía Donatelli de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal de cuya lectura se desprende, entre otras cosas, que “… La denunciante expresó estar atemorizada por la situación que está atravesando, mostrándose a su vez decidida a continuar impulsando la acción penal iniciada…”. En dicha pieza, la profesional expresó estar de acuerdo con los criterios y las conclusiones arribadas en la Evaluación de Riesgo realizada por la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN. III. A fs. 23, obra el decreto de determinación del hecho suscrito por el Fiscal Sergio Martin Lapadú, en el que se expresó que la investigación preparatoria tendría por objeto determinar la responsabilidad de Coggiola en el suceso supuestamente acaecido el 20 de octubre de 2010, en horas de la tarde, cuando el nombrado habría hostigado de modo amenazante a la Sra. Tovagliari mediante un llamado telefónico realizado desde el abonado nro. 1166365917 al abonado nro. 1537752742, refiriéndole “… cuando a vos te pase algo yo voy a estar trabajando, de servicio, nadie va a sospechar de mi…” (sic). Seguidamente, siendo las 21.30 horas aproximadamente, habría propinado una patada en la puerta de calle del domicilio de la denunciante, sito en la calle Lynch nro. 3838 y arrojado una piedra al vidrio ubicado en la misma produciendo su rotura.
En dicha actuación, el Fiscal manifestó que el hecho mencionado encuadra provisoriamente en la figura prevista en el art. 52 del Código Contravencional y 183 del Código Penal. Asimismo, dispuso la realización de las siguientes medidas: a) una pericia a cargo de la Policía Metropolitana con el objeto de constatar la existencia de daños causados en la puerta de entrada del domicilio de la denunciante y b) la citación del imputado “… a fin de prestar declaración testimonial…”. Cabe agregar que a fs. 27 consta la rectificación del decreto de determinación de los hechos por intermedio del cual se asentó correctamente la fecha en que acaecieron los mismos, esto es, el 20 de noviembre de 2011.

IV. Que a fs. 29/32 se halla agregado el informe producido por el Área Balística, Scopometría y
Criminalística de la Policía Metropolitana por intermedio del cual las inspectoras Ávila y Vitale
expresaron que “En los medios de ingreso de la finca sita en la calle Lynch Nº 3838 de estaciudad, se detectó una rotura con faltante de material, producto del choque o golpe, con o
contra una superficie de dura consistencia…”.

V. Que el 14 de diciembre de 2010 se labró, en la sede de la Unidad Fiscal interviniente, con la comparecencia de Horacio Marcelo Coggiola y su defensor oficial, el acta de intimación del hecho, ocasión en la que se le describió la conducta reprochada y se le mencionaron las pruebas colectadas hasta el momento. En tal oportunidad, el nombrado en ejercicio de su defensa efectuó diversas aclaraciones en relación a los hechos intimados (v. fs. 33/34).

VI. Que del Informe Previo a Mediación -que habría sido elaborado por la licenciada Donatelli y que se encuentra agregado a fs. 39/vta.- se desprende que “... la Sra. Tovagliari no estaría por el momento en condiciones de enfrentar una situación de mediación con el denunciado. Dado su alto grado de vulnerabilidad afectiva, sumada a las carácterísticas del denunciado que han dado como resultado sitaciones que merecerían otro tipo de abordaje para lograr solucionarlas”.

VII. Que a fs. 45, la Dra. María Andrea Piesco, defensora oficial del aquí imputado, solicitó que se fije audiencia de mediación conforme lo previsto por el art. 204 del CPPCABA, a fin de arribar a un acuerdo integral del conflicto. Siendo ello así, a fs. 46 luce incorporada a las presentes actuaciones una constancia suscrita por el Secretario de la Fiscalía Actuante, Dr. Stoppani, por intermedio de la cual se asentó que “… En el día de la fecha me comuniqué con Laura Patricia quien refirió estar dispuesta a participar de una mediación con el imputado e informó que no volvió a verlo ni a tener problemas con él…”

VIII. Que a fs. 61/vta. se halla incorporado un decreto por intermedio del cual el Fiscal Lapadú establece que el objeto procesal de la presente, tiende a determinar la posible responsabilidad de Coggiola en el suceso supuestamente acaecido el día 20 de noviembre de 2010, en horas de la tarde, cuando el nombrado habría amenazado a la Sra. Tovagliari mediante un llamado telefónico realizado desde el abonado nro.  1166365917 al abonado nro. 1537752742 en momentos en que aquella se encontraba en su domicilio –sito en la calle Lynch nro. 3838 de esta ciudad-, refiriéndole frases tales como “ciudate cuando salgas a la calle te voy a matar”, “si estas bailando pueden pegarte una puñalada” “cuando a vos te pase algo yo voy a estar trabajando, de servicio, nadie va a sospechar de mi…” (sic). Asimismo, siendo las 21.30 horas aproximadamente, el imputado habría propinado una patada en la puerta de calle del domicilio de la denunciante, sito en la calle Lynch nro. 3838 y arrojado una piedra al vidrio ubicado en la misma produciendo su rotura. En esta oportunidad, el agente fiscal actuante encuadró “prima facie” la conducta en las figuras previstas en los arts. 149 bis y 183 del Código Penal en concurso real. En otro orden, dispuso el requerimiento a la firma “Nextel” de un informe de titularidad del abonado 1166365917 y un listado de llamadas y mensajes realizados desde dicho abonado al nro. 1537752742 entre los días 5 y 21 de noviembre de 2010. Finalmente, convocó a Coggiola en los términos del art. 161 y ccdtes. del CPPCABA y resolvió, en base a lo informado por la Oficina de Asistencia a la Víctima y el Testigo del Ministerio Público Fiscal, no hacer lugar a la mediación solicitada por la defensa.

IX. Que el 10 de marzo del año en curso se le recibió declaración testimonial a la hija de la denunciante, Estefanía Beatriz Rivas, quien narró las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos (v. fs. 66/vta.). X. Que en igual fecha, se celebró la audiencia prevista por el art.  161 del CPPCABA, ocasión en la cual se le hizo saber a Coggiola tanto el hecho que se le imputa como las pruebas que obran en su contra. En tal ocasión, el nombrado negó nuevamente los hechos atribuídos ofreciendo el testimonio del subinspector Pereyra y reiterando su solicitud para la realización de una mediación. Asimismo, el Fiscal resolvió dictar como medida restrictiva la prohibición de acercamiento por cualquier medio del nombrado respecto de la denunciante, durante el término que dure el proceso, lo que fue consentido por su defensa, en los términos del art. 174 del CPPCABA (v. fs. 67/vta.).

XI. Que a fs. 69/vta. compareció ante la Fiscalía actuante el subinspector de la Comisaría nro. 2 de la PFA, Diego Ezequiel Pereyra, quien, entre otras cosas, declaró que durante la jornada correspondiente al día 20 de noviembre de 2010 Coggiola –Sargento 1º de esa misma seccional– se encontraba prestando servicios y que él mismo fiscalizó en tres oportunidades el debido cumplimiento de aquellos.

XII. Que a fs. 71/3 el Fiscal, considerando que la investigación preparatoria se encontraba completa, requirió la elevación de la causa a juicio en los términos del art. 206 del CPPCABA. Recibida la causa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 11 de la CABA, su titular, Dr. Marcelo G. Bartumeu Romero, dispuso correr vista a la defensa en los términos del art. 209 del CPPCABA.

XIII. Que del informe elaborado por la firma “Nextel Communications Argentina SA” obrante a fs. 74/5, se desprende que la línea telefónica nro. 11-6636-5917 pertenece al imputado Horacio Marcelo Coggiola.

XIV. Así las cosas, la defensora oficial del imputado presentó el escrito obrante a fs. 84/90 vta., mediante el cual solicitó, en primer lugar, que se fije audiencia de mediación. En relación a ello, indicó que teniendo en cuenta que las partes no conviven, no poseen hijos en común y no tienen interés en volver a tener contacto, la realización de la misma sería favorable. En segundo lugar, planteó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio fundando los agravios en la falta de motivación del mismo, en la falta de circunscripción temporal de los hechos y en la nulidad de la pericia por falta de notificación de aquella a esa parte. Por último, para el caso que la mediación fracasare y no se hiciere lugar a la nulidad planteada, se opuso a la exhibición de algunas piezas probatorias.

XV. Que a fs. 101/7 luce agregada el acta de celebración de audiencia prevista a tenor de los arts. 73 y 210 del CPPCABA de cuya lectura surge que en relación a las peticiones y planteos de la defensa, el Sr. Juez Bartumeu Romero resolvió, entre otras cosas: “… a) Tener presente que la pretensión de la Defensa Oficial, de que fuera convocada una audiencia de mediación, había sido formulada en tiempo oportuno.
b) DECLARAR la VALIDEZ de la OPOSICIÓN de la FISCALÍA a CONVOCAR una AUDIENCIA de MEDIACIÓN por haber sido fundada en que la SRA. Tovagliari no estaría en condiciones de enfrentar una situación de mediación con el denunciado dado su alto grado de vulnerabilidad afectiva… RECHAZAR el planteo de NULIDAD por falta de acotación temporal de los sucesos imputados… RECHAZAR la NULIDAD articulada por la defensa respecto del informe agregado a fs. 29/32 y que había sido realizado por la Policía Metropolitana por entender que había constituido un informe técnico y no una pericia y que no le habían sido aplicables las previsiones del art. 130 del CPPCABA…RECHAZAR la NULIDAD del INFORME de la EMPRESA NEXTEL referido a la
titularidad del abonado 11-6636-5917 obrante a fs. 71… RECHAZAR el PLANTEO de NULIDAD del REQUERIMIENTO de ELEVACIÓN a JUICIO, que formulara, la Sra. Defensora Oficial, Dra. María Andrea Piesco, por haberse adecuado a las previsiones del art. 206 del CPPCABA, y por no haberse afectado el derecho de defensa en juicio ni ningún otro derecho de raigambre constitucional (art. 71 último párrafo a contrario sensu del CPPCABA).”
XVI. Que a fs. 108/114 vta. se encuentra incorporado el recurso de apelación introducido por la Dra. Piesco contra la resolución comentada en el párrafo que antecede. En primer lugar, sostuvo que la denegación de la realización de la audiencia de mediación ocasionó un grave perjuicio a su defendido ya que, a su criterio, el dictamen efectuado por el agente fiscal en tal sentido, careció de fundamentación suficiente violando de esa forma el principio republicano de gobierno. Ello así, por cuanto no explica las razones que lo condujeron a privar a las partes de arribar a una solución por un medio alternativo, cuando la denunciante habría prestado su consentimiento para llevar a cabo la misma y su asistido lo habría solicitado en reiteradas oportunidades. Indicó que habiéndosele consultado telefónicamente la posibilidad a la víctima, ésta aceptó llevar a cabo dicha instancia. En el mismo sentido, opinó que el informe de la Oficina de Asistencia a la Víctima no posee fuerza obligatoria para vincular arbitrariamente al Fiscal por lo que debe tenerse en cuenta la voluntad de las partes y la circunstancia de que no existe impedimento legal alguno para que se impulse la mediación en el caso, ya que el delito que se investiga no se encuentra comprendido en el “numerus clausus” del art. 204, inc. 2º, párrafo 2º, ni tampoco se presenta en la especie la circunstancia impediente prevista en el tercer párrafo de dicha norma. En segundo lugar, reeditó los planteos de nulidad articulados en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia prevista a tenor de los arts. 73 y 210 del CPPCABA fundando los mismos en la expresión de los siguientes agravios:
a) Afectación al principio de congruencia: en relación a ello, sostuvo que: “... si bien la Fiscalía ha sostenido la base de la imputación, la prueba en la cual se ha fundado para requerir la causa a juicio, se trata en parte de prueba desconocida por mi defendido, y a todas luces sorpresiva”. Así, expresó que la decisión de no citar al Sr. Coggiola a fin de atribuirle la nueva prueba colectada -en referencia al informe de la firma “Nextel”- afectó el derecho de defensa de su asistido y el principio de congruencia.
b) Falta de motivación: indicó que el agente fiscal no hizo referencia alguna a la valoración de las pruebas colectadas, limitándose tan solo a nombrarlas, por lo que se vislumbra una falta de convicción suficiente para requerir la elevación de la causa a la etapa de debate.
c) Falta de circunscripción temporal: en este punto, opinó que tratándose de un caso de amenazas telefónicas bastaba para la determinación horaria con la exhibición en la sede de la fiscalía del teléfono celular en el cual se habrían recibido las llamadas, o bien con el sometimiento del artefacto a una pericia técnica. Asimismo, sostuvo que se trata de una víctima suficientemente memoriosa como para no recordar el horario aproximado en que las llamadas fueron hechas ya que si pudo recordar las frases proferidas por Coggiola. En otro orden, entendió que entre los dichos de Tovagliari y los de su hija Estefanía Rivas existen contradicciones en cuanto al lugar donde se encontraba la denunciante al momento de las d) Nulidad de la pericia por falta de notificación a la Defensa: afirmó que la misma fiscalía ha sostenido en el requerimiento de elevación a juicio que la actividad efectuada por los integrantes de la Policía Metropolitana se trataba de un informe pericial. En base a ello, reiteró que la omisión de notificación de la pericia generó un claro perjuicio al derecho de defensa en juicio. En función de lo expresado, solicitó que se fije audiencia de mediación, se haga lugar a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y se tenga presente la reserva de caso federal. XVII. Que arribadas las actuaciones a esta sede, se corrieron en vista al Fiscal de Cámara en los términos del art. 282 del CPPCABA. A fs. 120/123 se encuentra agregado el dictamen mediante el cual el Dr. Walter Fernández, contestó el traslado conferido y solicitó que se rechace el recurso incoado y se confirme el resolutorio puesto en crisis. Para así dictaminar sostuvo, en primer lugar, que el término para plantear la apelación en aquellos supuestos en los que no hay uno fijado es de tres días por lo que, habiéndose presentado el libelo recursivo al quinto día de su notificación corresponde rechazarlo por extemporáneo. Además, planteó en subsidio que la decisión atacada no es una sentencia definitiva, ni se trata de una de las expresamente declaradas apelables, de modo que debe verificarse si estamos en presencia de una resolución que cause un gravamen irreparable a la parte que propone la revisión ante esta Alzada.
Avocándose al estudio de dicha cuestión afirmó, en relación a la denegación de la audiencia de mediación, que la parte recurrente no ha podido demostrar de qué manera se habrían visto conculcadas las garantías constitucionales mencionadas y que dicho instituto es una herramienta con la que cuenta el Ministerio Público Fiscal a los fines de resolver el conflicto traído a estudio mediante una vía alternativa para brindar una salida de alta calidad para la parte damnificada, por lo que de ningún modo puede ser visto como un derecho del imputado. Por otro lado, en lo que respecta al requerimiento de elevación a juicio, opinó que el mismo no carece de fundamentación y que tampoco se observa lesión alguna al derecho de defensa de Coggiola puesto que ha podido ejercerlo efectivamente rebatiendo la acusación.
En otro orden de ideas, afirmó que habiendo identidad entre el hecho intimado en el marco de la audiencia prevista por el art. 161 del CPPCABA y aquel atribuído en el requerimiento de elevación a juicio, no se observa violación alguna al principio de congruencia por cuanto no se ha visto alterada la base fáctica de la imputación. Por último, en torno a la alegada nulidad de la “pericia” obrante a fs. 29/32 expresó que el informe efectuado sobre la puerta del domicilio de la víctima no es equiparable a un examen pericial, ya que no es necesario, en este tipo de procedimientos, obtener conclusiones específicas, siendo una cuestión a considerar al momento de evaluar la admisibilidad de la prueba.

XVIII. Que a fs. 125/135 vta. la defensa de Coggiola, contestó la vista conferida solicitando que se revoque la resolución y se tengan presente las reservas de ocurrir por vía del recurso de inconstitucionalidad y de caso federal. En esa dirección, destacó ante todo que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo previsto por el art. 279 del CPPCABA y que la aplicación de los arts. 68 y 69 pretendida por el Sr. Fiscal de Cámara es errónea, por lo que el mismo debía ser declarado admisible y sometido a tratamiento.
En segundo lugar –respondiendo a lo sostenido por el Fiscal de Cámara en torno a la existencia o no de gravamen irreparable–, expuso que la resolución recurrida implica privar a su defendido del derecho a acceder a un modo de conclusión del proceso penal evitando la realización de un juicio, por lo que la misma genera un gravamen irreparable y por tanto, es pasible de ser apelada. En sustento de ésta postura, citó doctrina y jurisprudencia de la CSJN y de la Sala III de este Tribunal.
Adentrándose en los motivos de la apelación, reeditó los agravios contenidos en el libelo recursivo y agregó -en relación a la oposición a llevar a cabo una audiencia de mediación- que el informe elaborado por la OFAVyT no tiene fuerza obligatoria para vincular al Sr. Fiscal por lo que la decisión resulta nula por falta de fundamentación suficiente, al pretender justificar la postura adoptada con un argumento aparente, vacío de contenido, que la torna arbitraria. En esta línea, sostuvo que la mediación es un derecho de la vícitima no del Ministerio Público Fiscal y que en el caso, la Sra. Tovagliari manifestó su deseo de llevar a cabo la misma, por lo que la postura del representante del Ministerio Público Fiscal importó un apartamiento de los principios que rigen el instituto en trato.
Adicionó -en torno a la afectación al principio de congruencia-, que el informe proporcionado por la firma “Nextel” posee relevancia en tanto da cuenta de la titularidad de la línea telefónica y que, por tal motivo, debió convocarse a una nueva audiencia para notificar al imputado de la misma a fin de que, en su caso, se oponga a la misma. Así, sostuvo que la incorporación de aquella prueba en el debate resulta tardía puesto que se acotan las posibilidades de confrontación, lesionando el principio acusatorio.
Por otra parte, ahondó en las consideraciones previamente efectuadas respecto de la alegada falta de motivación del requerimiento de elevación a juicio. En tal sentido, destacó que del mismo no se advierte “…un razonamiento lógico que sirva de nexo causal entre la breve descripción de los hechos, basados en una prueba endeble y la conclusión  referente a la enrostrada participación de mi pupilo en los mismos… En síntesis, el Ministerio Fiscal no motiva concretamente cuál es la supuesta actividad que le adjundica a mi defendido. Se limita a realizar una vaga descripción de su supuesto accionar y enumerar la prueba”. En la misma línea, expresó que la imputación a Coggiola contenida en la pieza de fs. 71/3 contiene fundamentación aparente, adoleciendo de arbitrariedad y vulnerando el derecho de defensa en juicio. Siguiendo con su relato, opinó que en los presentes actuados era relevante definir el horario en el que supuestamente se habría formulado la amenaza, ya que esa circunstancia fáctica, tal como fuera expuesto en la apelación, definía el contenido de veracidad de la denuncia. XIX. Que a fs. 136 pasaron los autos a estudio del Tribunal.

La Dra. Elizabeth A. Marum dijo:

PRIMERA CUESTIÓN:

En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación presentado por la Dra. Piesco, es dable afirmar que el mismo fue presentado en tiempo oportuno, en forma fundada y ...

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Fotos de las recientes jornadas provinciales de Seguridad

2011-12-07T16:38:00.004-03:00

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Doble chance para recurrir

2011-12-04T06:13:00.007-03:00

Fuente: Diario Judicial

Edificio de Tribunales de Comodoro Py

La Cámara de Casación admitió la queja de un imputado a quien le habían rechazado el recurso de casación interpuesto contra un auto de procesamiento. El Tribunal consideró que correspondía dar trámite a la impugnación pues el auto de procesamiento es "un auto procesal importante" y susceptible "de ser sometido a revisión por parte de un tribunal superior".

La Cámara Nacional de Casación Penal admitió el recurso de queja interpuesto por la defensa de un imputado y dio trámite a la impugnación de un auto de procesamiento, pues consideró que se trataba de un "acto procesal importante" susceptible de ser revisado por un organismo judicial superior.

La Sala IV del Tribunal de Alzada, con el voto de los magistrados Gustavo Hornos, Mariano González Palazzo y Marcelo Borinsky, destacó que "todo individuo sometido a proceso penal goza del derecho a recurrir todo auto procesal importante" y que el auto de procesamiento es de "esencial trascendencia" y "susceptible, entonces, de ser sometido a revisión por parte de un tribunal superior".

En el caso, un Juez de Instrucción dictó la falta de mérito respecto de un individuo sospechado del delito de abuso sexual simple. Sin embargo, la Cámara Criminal y Correccional que intervino en la causa revocó la decisión del magistrado de grado y procesó al acusado, sin prisión preventiva. En consecuencia, el imputado interpuso un recurso de casación que fue denegado.

Por ende, la defensa del encartado planteó una queja ante la Cámara de Casación, cuestionando la falta de valoración de la prueba aportada y la falta de fundamentación de la sentencia. También destacó que la imposibilidad de recurrir el auto de procesamiento afectaba severamente derechos fundamentales del acusado.

Primero, la Cámara de Casación afirmó que "la decisión recurrida en casación no es de aquellas que prevé el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, puesto que sólo mantiene al imputado sujeto al proceso".

Luego, el Tribunal de Alzada señaló que "todo individuo sometido a proceso penal goza del derecho a recurrir todo auto procesal importante" y que "un acto procesal recibirá tal calificativo cuando su existencia sea necesaria a fin de hacer efectiva alguna garantía constitucional".

A su vez, "al momento de evaluar al auto que decreta el procesamiento de confronte con otras resoluciones dictadas durante el desarrollo del proceso penal, nos encontraríamos, en principio, frente a un auto revestido de cierta importancia procesal", explicó después la Cámara de Casación.

Acto seguido, el Tribunal Penal manifestó que la doctrina plenaria sobre el tema indicaba que "la inexistencia del auto de procesamiento en la etapa de instrucción cercenaría, concretamente, el derecho al recurso del imputado".

"Dicha interpretación permite garantizar más adecuadamente al imputado el derecho a la doble instancia en la etapa instructoria, mediante la apelación de dicho auto, es decir, la posibilidad de la defensa de discutir ante un tribunal revisor", añadió la Cámara.

Dicho eso, el Tribunal de Casación indicó que "el auto de procesamiento dictado por la Cámara de Apelaciones es un auto procesal importante y, por ello, pasible de ser alcanzado por el derecho al recurso que ampara a todo imputado en causa penal".

Además, la Justicia de Alzada remarcó que esta idea se vinculaba de modo directo con el "principio pro homine" y que según esta directriz "el intérprete debe privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal, o acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos"

Asimismo, el principio pro homine exige que se recurra "a la norma o interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos", precisó la Cámara Penal.

Finalmente, el Tribunal de Casación afirmó que debido a los argumentos expuestos, el auto de la Cámara Criminal "que dispuso revocar la falta de mérito y dictar el procesamiento, es susceptible de ser revisado por esta instancia en estricta observancia de las garantías invocadas" y dio trámite, con efectos suspensivo, a la impugnación del imputado.

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Instruyen a los fiscales sobre supuestos de la interrupción de la acción penal

2011-12-01T13:13:00.000-03:00

Fuente: Diario Judicial

El Procurador de la Nación, Esteban Righi, instruyó a los fiscales con competencia en materia penal para dictaminar en los supuestos que se plantean en la interrupción de la acción penal por la comisión de otro delito.

Esteban Righi, Procurador General de la Nación, instruyó a los fiscales con competencia en materia penal para que en los sus puestos de prescripción de la acción penal por la comisión de otro delito soliciten la suspensión de la decisión sobre la prescripción del primer delito. Ello a la espera de que recaiga una sentencia firme en el proceso por el segundo delito.

La decisión de la Procuración se da luego de una presentación realizada por el fiscal Marcelo Solimine en la que expresó su preocupación en relación con un conjunto de decisiones recientes, dictadas en distintos casos por las cuatro salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, en las que “se interpretó la regla del artículo 67 del Código Penal que establece la interrupción de la prescripción de la acción penal por la comisión de un nuevo delito”.

En las decisiones de Casación Penal citadas por el fiscal, “se sostiene una interpretación según la cual la prescripción de la acción penal por un primer delito sólo se interrumpe en virtud de la comisión de uno nuevo, cuando la concreción de éste último y la intervención en él del acusado son declaradas por una sentencia penal firme, antes de vencido el plazo de prescripción correspondiente al primero”.

El procurador Righi, mediante la resolución PGN 104/11, instruyó a los fiscales a que "en los casos en los que se plantea la prescripción de la acción por un delito, y se atribuye también al imputado la comisión de un segundo delito que habría interrumpido el plazo de prescripción correspondiente al primero, corresponde solicitar la suspensión de la decisión sobre la prescripción del primer delito a la espera de que recaiga una sentencia firme en el proceso por el segundo delito”.

Además, los fiscales deben “continuar condicionalmente el proceso por el primero, si en el proceso en marcha por el segundo delito se ha dictado un auto de procesamiento o una resolución equivalente respecto del imputado".

Es que los fallos dictados por la Cámara que fueron citados por Solimine “han cambiado una jurisprudencia nacional estable, al menos, desde 1949, año en el que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en pleno y por unanimidad, resolvió el caso ‘Prinzo, E. F.’“

“De acuerdo a la doctrina del plenario "Prinzo", cuando el imputado por un delito opone una defensa de prescripción y se aduce, en su contra, que la prescripción por ese delito ha sido interrumpida por la comisión de un segundo delito sobre el que no ha recaído aún sentencia firme de condena, pero por el que hay un proceso penal en curso en el que se ha dictado un auto de procesamiento o una decisión equivalente, corresponde suspender la decisión acerca de la prescripción hasta que se arribe a una sentencia firme en ese segundo proceso, continuando condicionalmente, en su caso, el proceso por el primer delito”, consigna la resolución.

Fallo de la C.N.C.P. SALA IV , resolvió sobre la falta de firma del letrado en un recurso.

2011-11-18T20:16:00.001-03:00

Sumario: Falta de firma de letrado. Derecho al Recurso. Derecho de Defensa. Rigorismo formal y criterios de admisibilidad.
Autos: causa Nro. 12406 "Scovotti, Carlos Alberto s/recurso de queja" Registro Nº14.551/4 - 2 de Marzo de 2011.
________________________________________

///nos Aires, 2 de marzo de 2011.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa Nro. 12.410 del Registro de este Tribunal, caratulada: “SCOVOTTI, Carlos Alberto s/recurso de queja”, acerca de la presentación directa formulada a fs. 7/15 vta. por el doctor Julio Alberto CHIRON, asistiendo a Carlos Alberto SCOVOTTI.
Y CONSIDERANDO:
I. Que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la causa Nro. 38.045 de su Registro, con fecha 17 de febrero de 2010, rechazó el recurso de queja interpuesto por la defensa (fs. 21).
Para así decidir sostuvo que “… en la medida en que el escrito glosado a fs. 11/12 de dicha incidencia, no contiene firma del defensor del imputado, el recurso intentado deviene improcedente.”.
Luego señaló que, en cuanto a las aseveraciones efectuadas por la asistencia técnica de Scovotti, “… debe ponderarse que aquél día no sólo presentó el recurso de apelación cuestionado sino también dos escritos que se encuentran agregados a fs. 227/228 y 229 del legajo principal, los que efectivamente están suscriptos por el letrado y presentan similar formato al de fs. 11/12, el que difiere de la copia adjuntada a fs. 15/16.”.
Finalmente concluyó el a quo en que, la pieza que la defensa reputa como copia -fs. 11/12-, resultaría ser el original que ya contenía la omisión aludida.
II. Contra esa decisión el recurrente interpuso recurso de casación, con base en el inciso 2°) del artículo 456 del C.P.P.N (fs.1/4 vta).
III. Ante la denegatoria del remedio casatorio (fs. 5), la defensa presentó la vía de hecho en estudio.
IV. Que con motivo del presente recurso de queja, se advierte la decisión recurrida conlleva un vicio insanable de nulidad absoluta que, como tal, violenta garantías de raigambre constitucional como ser: el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, y que la priva de producir efectos jurídicos (arts. 18 C.N., 167 inc. 2, 168 y 172 del C.P.P.N).
Repárese que, la presente incidencia fue fruto de la interposición de un recurso de apelación, presentación que por carecer de la firma del letrado a cargo de la defensa de Scovotti fue rechazada in limine, criterio que fue compartido por la Sala VII de la Cámara de Apelaciones, privándose así al imputado de recurrir la resolución que lo perjudicaba.
Que si bien la resolución recurrida – excepción de falta de acción- en principio no es de aquellas resoluciones que se encuentran previstas en el artículo 457 del C.P.P.N., en el caso, corresponde equipararla a un pronunciamiento definitivo puesto que se afectó el derecho de defensa en juicio del imputado, como así también a la garantía constitucional del debido proceso legal (art. 18 de la C.N), agravios éstos de imposible reparación ulterior.
Es que toda persona tiene derecho a una defensa eficaz siendo que, en caso de no serla, es obligación de los tribunales arbitrar los medios necesarios para garantizarla (Fallos: 311:2502; autos G. 662. XLIV “Guzmán, Jorge Alberto s/homicidio simple -causa n° 40/06-”, rta. el 31/8/10 -mutatis mutandi-, voto de los doctores Maqueda y Zaffaroni en la causa C. 514. XLIV “Cajal, Orlando Antonio s/homicidio calificado por alevosía –causa nro. 27.309/07-, rta. el 21/9/10, entre otros; arts. 18 de la C.N., 8 inc. 21) “d” de la C.A.D.H.).
En el caso, con motivo de una deficiencia de carácter formal del escrito de apelación, el imputado se vio privado de recurrir la resolución que lo perjudicaba, es decir, Scovotti se encontraba en definitiva indefenso y ello fue utilizado en su contra.
A nuestro juicio, en lugar de rechazar la vía recursiva deducida se debió intimar al letrado defensor de Scovotti para que se presente y firme el escrito en cuestión ello bajo apercibimiento de apartarlo del cargo siendo que, ante la incomparecencia, dar intervención a la Defensoría Oficial ante dichos estrados para que proceda y de consecución al proceso.
Por lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de fs. 31, como así también de todo lo obrado en su consecuencia y remitir la causa al juzgado de origen para que proceda de acuerdo con los lineamientos aquí fijados, todo ello a fin de poder garantizar adecuadamente el derecho a una efectiva asistencia técnica (art. 18 de la C.N., 8 inc. 21) “d” de la C.A.D.H. y 14 inc. 31) “b” y “d” del P.I.D.C. y P).
Cabe recordar que, lo aquí resuelto concuerda con la doctrina recientemente sentada por nuestro más Alto Tribunal en cuanto señaló que, los jueces en materia penal deben “...extremar los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa...” y, que “...quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio” (cfr. Fallo CSJN, -mutatis mutandi- autos G. 662. XLIV “Guzmán” ya citado). Así las cosas, la decisión adoptada resulta adecuada con los principios de celeridad y economía procesal como así también con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Por ello, el Tribunal
RESUELVE:
HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto a fs. 7/15 vta. por el doctor Julio Alberto CHIRON, asistiendo a Carlos Alberto SCOVOTTI, DECLARARLO MAL DENEGADO al respectivo recurso de casación y, CONCEDERLO sin costas, ANULAR el auto de fs. 31, como así también de todo lo actuado en su consecuencia y, REMITIR las presentes actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 2 de la Capital Federal, Secretaría Nro. 107, para que cumpla con la doctrina aquí sentada, debiéndose librar copia de lo aquí resuelto al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 27 y a la Sala VII de la C.N.A.C.C. de la Capital Federal (arts. 477, 478, 530 y 531 del C.P.P.N.).
Regístrese y cúmplase con la remisión ordenada, para que practique las notificaciones e intimaciones que correspondan y demás efectos, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

GUSTAVO M. HORNOS - MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO - AUGUSTO DIEZ OJEDA

Ante mí: MARTÍN JOSÉ GONZALES CHAVES - Prosecretario de Cámara

CURSO DE TECNICAS DE INTERROGACION A TESTIGOS “PERITOS EN BALISTICA”

2011-11-16T12:46:00.004-03:00

El día 8 de noviembre el Instituto de Derecho Procesal del CAM, brindo a los matriculados un curso diferente en cuanto a la temática, debido a que es por demás importante saber como preguntar y que tipo de preguntas se deben hacer al momento de interrogar a los diferentes testigos en el proceso penal; en este caso testigos especializados en determinadas áreas que hacen que sus dictámenes sean determinantes en muchas ocasiones para la resolución de los diferentes hechos en los que deban intervenir.

El curso contó con la disertación de los Dres. Marcelo Varona Quintial Fiscal de Juicio, Dr. Claudio Oviedo Fiscal, Dr. Oscar Rombolá Defensor oficial y el Sub Teniente Juan Alberto Villacorta, Técnico Superior en Balística Forense.

A sala llena, los disertantes cada uno desde sus distintas posiciones como actores en el proceso penal, nos ilustraron diferentes situaciones a tener en cuenta a la hora de intervenir como defensores o particular damnificado en los procesos penales.

Desde el rol de fiscal de juicio el Dr. Varona Quintial fue tajante a la hora de determinar cuando nos encontramos frente a hechos cometidos con armas de fuego, que puntos no deben faltar en la pericia balística y cuando ésta fija los cursos de la investigación penal.

Por su parte el Dr. Rombolá nos ilustró en cuanto a su desempeño como defensor oficial sobre la última jurisprudencia a tener en cuenta a la hora de diagramar la estrategia de defensa en los diferentes hechos cometidos con armas, tanto del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Bs. As. Como de la Corte Suprema en cuanto a lo que se entiende por arma de fuego y la discusión acerca de cuando es apta para el disparo, además de las diferencias entre tenencia y portación de armas.

A la hora de intervenir en delitos cometidos en flagrancia, el Dr. Oviedo nos brindo la visión del fiscal instructor en cuanto a la pericia balística, los puntos que no pueden faltar para completar la investigación y las diferentes opciones con las que cuenta el fiscal en esta etapa del proceso.

Para finalizar el Sub-Teniente Villacorta nos ilustro a través de la proyección de un power point los diferentes tipos de armas de fuego, los distintos tipos de proyectiles, las distintas clases de pólvora, tipos de percusión y todos los detalles que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar frente a que tipo de arma y proyectil nos encontramos, además de explicar que es lo que estudia la balística forense, sus diferentes ramas, etc. Finalmente el Subteniente respondió diferentes preguntas tanto de la concurrencia, como de los expositores y de nuestro Director el Dr. Navarro González. Tan participativo y ameno resulto el curso que el tiempo no alcanzo para desarrollar dos casos prácticos que había preparado el Instituto para aplicar el conocimiento adquirido, por lo que tanto los asistentes como los disertantes se comprometieron -debido a la falta de lugar en la agenda académica del Colegio- para el año próximo realizar una simulación de juicio oral aplicando las técnicas de interrogación a testigos.

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Próxima jornada sobre técnicas en pericia balística

2011-11-05T21:03:00.001-03:00

Queremos recordarles que el dia martes 08 de noviembre en la sede del Colegio realizaremos la jornada de técnicas de interrogacion de testigos, en en lo particular nos referiremos a la pericia balistica.

Estimamos que va a ser de gran utilidad para los matriculados, ya que al margen del destacado panel de expositores, como ha sido siempre el norte que ha guiado a este instituto, la primordial idea es hacerlo practico, por ello primeramente se realizará una reseña sobre que significa una pericia balistica, que tipo de armas son las mas usuales con las que nos encontraremos en los expedientes en el ejercicio de la profesión, calibres, figuras penales que las ocupan, tenencias, calificantes, etc. alcances y modalidades de las nuevas técnicas periciales, de la parafina al dermotest, a la actual pericia de microscopia electrónica de barrido.

Luego de esta reseña, nos vamos avocar al caso practico, para ello desarrollaremos un simulacro de debate, interrogando al perito desde la fiscalia y la defensa, para analizar que puntos a veces omitimos y que espera el perito que le preguntemos, y cual puede ser el enforque determinante para resolver el caso, balistica, planimetria.

Problemática del Abuso Sexual Infantil

Siguiendo con este ciclo de pericias y su importancia para el ejercio de la profesion, el dia martes 25 de octubre en nuestra reunion habitual del instituto recibimos la visita del Dr. Alvaro de Gregorio Bustamante quien viene espcializandose en el tema de abuso sexual y la problemática de los menores, atenta su trayectoria no exenta de polemicas, debatiremos sobre el tema con un rico intercambio de pareceres, acordando realizar una jornada interdisiplinaria al respecto.

No escapa al conocimiento de quien suscribe lo delicado de la tematica, sobre todo cuando se trata de menores, pero nosotros como defensores tenemos que estar preparados para cuestiones tales como la extorsion que en algunos caso se hace utilizando a los niños para sacar ventajas patrimoniales en juicios de alimentos y de exclusion del hogar en causas de familia. Tambien somos contestes en el rechazo que tiene la sociedad cuando defendemos a alguien acusado de abuso de menores, pero no menos cierto es que este imputado, ya identificado como el abusador, tiene garantizado el derecho constitucional del debido proceso, garantía que no puede padecer la discrimnación del derecho a una adecuada defensa o estar en condiciones juridicas desventajosas por la índole del delito del que se lo acusa.

Estos temas fueron debatidos con el Dr. Bustamante al cual le sugerimos que el tema merecia un estudio mas profundo, e inclusive ibamos arbitar las consltas de estilo para tratar de articularlo con el instituto de minoridad y familia a cargo de la Dra. Mónica Nuñez de considerarlo la colega oportuno. Esta mecanica de trabajo se diseña a los fines de plantear en un futuro un debate en conjunto, programadolo por obvias razones de agenta para Marzo de 2012 en adelante, debate que sin dudarlo estara llamado a la polemica.

Resulta evidente que hay dos posiciones antagonicas bien definidas, la defensa de los derechos del niño abusado por un lado, y la defensa de los derechos del imputado "el abusador" por el otro, ambos en situacion de desamparo, desde puntos de vista del interes en cuestión. Respecto del imputado, somos conscientes desde nuestra especial postura, que por este tipo de delitos aberrantes, desde el inicio mismo del proceso, corre con serias desventajas, respecto de otro acusado por otro delito, por cuanto son pocos los profesionales que estan DISPUESTOS A TOMAR EL CASO, es evidente que desde el comienzo del proceso su suerte esta signada por un verdadero estado de indefensión.

No podemos olvidar tampoco, la problemática que ha sido materia de discusión, en torno a la subjetividad con la cual son encaradas las pericias y entrevistas interdisciplinarias, verdadero escenario en el que se da lo que hemos llamado portación de carátula. Sin dudas el tema del abuso sexual infantil ofrece una carga negativa social, que no sólo compromete a la opinión pública sino la misma actuación profesional de los operadores del sistema judicial, que influye y entorpece el mismo desarrollo del proceso, como el caso de la cámara Gessell, entrevista que pareciera estar diseñada al sólo fin terapéutico, cuando por el contrario ya ha tenido consagración legal en nuestro código procesal, conformando una medida de prueba más para las partes, dentro de las posibles utilizables por la defensa en pos del esclarecimiento de la verdad.

Esperamos contar con opiniones, sugerencias y el aporte de quienes tengan la inquietud de colaborar en el diseño del futuro debate, al que por lógica, y en mérito a la calidad humana y profesional de la Dra. Monica Nuñez la invitaremos para armar en conjunto la agenda de trabajo, si asi ella lo considera de interés.

Juan Antonio Navarro

Director

Instituto de Derecho Procesal Penal

Agradecimientos

2011-10-25T10:29:00.003-03:00

En esta breve entrada, los miembros del Instituto y sus autoridades, y en especial quienes trabajamos por el mantenimiento diario de esta página, queremos agradecer a nuestros seguidores fieles y porqué no a los ocasionales, con motivo de celebrar las ya casi 105.000 visitas, un logro del que nos sentimos verdaderamente orgullosos, siendo que este espacio ha sido creado y lanzado allá por el 14 de setiembre de 2009, objetivo que nunca hubiéramos sospechado alcanzar en este relativamente corto lapso, dado el carácter exclusivamente institucional del blog.
Esperamos continuar con esta tarea, en pos de otorgar el mejor grado de calidad a nuestro servicio y sus contenidos, en el ferviente deseo de que el alcance de nuestro mensaje se siga extendiendo como hasta ahora.

La Suprema Corte declaró la inaplicabilidad parcial de la reforma a la ley de Ejecución Penal

2011-10-11T08:38:00.000-03:00

A C U E R D O N° 3562 S.C.J.B.A.

Inaplicabilidad parcial de la ley 14.296 reformadora de la ley 12.256 “Ejecución penal”

La Plata, 28 de septiembre de 2011.

VISTO: el dictado de la Ley N° 14.296 (B.O. del 8-IX-11), mediante la cual –entre otras disposiciones-, se crea en el ámbito de cada Juzgado de Ejecución Penal una Secretaría de Control, y

CONSIDERANDO:

I. Que mediante la norma referida en el exordio, se modifican diversos artículos de las Leyes N° 12.256 –Ley de Ejecución Penal- y N° 11.922 –Código Procesal Penal-, y, en lo que resulta de interés para el presente análisis, crea en el ámbito de cada Juzgado de Ejecución Penal una Secretaría de Control, cuyas funciones se individualizan en el artículo 4°.

Que, de conformidad a la norma citada, se establece que las Secretarías de Control se encuentran facultadas para “…1. Recibir las comunicaciones de los Jueces o Tribunales que dicten penas de ejecución condicional o suspendan el proceso a prueba; 2. Recibir las constancias de cumplimiento de condiciones compromisorias y/o reglas de conducta en la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de los procesos a prueba; 3. Controlar los plazos de presentación, y efectuar las intimaciones y las comunicaciones previstas en el artículo 223 de la Ley Nº 12.256; 4. Designar los organismos o instituciones en los que puedan cumplirse los trabajos no remunerados impuestos como regla de conducta y, en su caso, definir el tipo de trabajo, y/o la carga horaria, de conformidad a lo previsto por los artículos 182, 184 y 185 de la Ley Nº 12.256; 5. Administrar y mantener actualizado un registro de las personas sometidas a su control y de sus procesos, y proveer la información que le fuera requerida por quien acredite interés legítimo; 6. Elaborar estadísticas e informes; 7. Dar intervención al Juez o Tribunal que haya impuesto una pena de ejecución condicional o resuelto una suspensión del proceso a prueba, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas para la revocación que correspondiere…”.

II. Que si bien es principio sentado que el control de constitucionalidad debe ser efectuado en el marco de una "causa", un "caso" o "controversia", para utilizar los términos empleados por nuestras normas fundamentales (arts. 116 y 117, Constitución nacional; 2º, ley 27; 2º, ley 48; 161, 163, 166, 172 y 174, Const. prov.; C.S.J.N. Fallos 324:2315; 325:475; doctr. causas I. 1661, “Wibratt”, sent. del 17-XI-1998; B. 61.703, “Giles”, sent. del 14-II-2001), tanto la Corte Suprema nacional como la Suprema Corte provincial han hecho excepción a tal principio al ejercer el control de constitucionalidad de las normas legales o de la validez de actos reglamentarios, fuera de casos judiciales, invocando a dichos efectos la necesidad de preservar su independencia y la del Poder Judicial frente a los otros poderes (C.S.J.N., Fallos 319:24; 319:2078; 321:1536; 323:1287, y más recientemente, doct. Acuerdo Nº 11 del 5 de julio de 2011; S.C.B.A. Resoluciones Nº 1730/90; 1355/91; 1571/91; 1925/01; Acuerdos Nº 2701 y 3438).

III. Que la Suprema Corte de Justicia –como órgano supremo a cargo del Poder Judicial- tiene todas las facultades implícitas necesarias para la plena y efectiva realización de los fines que la Constitución le asigna en tanto poder del Estado.

IV. Que en un supuesto que guarda similitud con el aquí analizado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inaplicable el artículo 5° de la Ley N° 24.480, mediante el cual se creaba el “Centro Nacional de Informática sobre Detenidos y Extravíos de Personas”, dependiente del Poder Judicial nacional y bajo la jurisdicción del Alto Tribunal, ello en tanto existía una asignación de funciones proscripta por los principios constitucionales, “…pues una ley del Congreso no puede investir al Poder Judicial de facultades que hacen el directo ejercicio de atribuciones propias del Poder Ejecutivo…” (Fallos 318:1772, cons. 7°).

V. Que las consideraciones vertidas por la Corte Suprema nacional resultan replicables en el presente caso, al existir una asignación de funciones estrictamente administrativas que han sido reconocidas constitucionalmente al Poder Ejecutivo (art. 144 –proemio-, Const. prov.), y cuya atribución a dependencias del Poder Judicial se encuentra vedada (art. 45, Const. prov.).

Así, cabe mencionar que se les confiere a las Secretarías las funciones de designar los organismos o instituciones en donde deben ejecutarse los trabajos no remunerados impuestos como regla de conducta, definiendo la tarea y la carga horaria (arts. 184 y 185 de la Ley Nº 12.256, según el texto dado por la Ley Nº 14.296).

Tal función se aprecia como una actividad de neto carácter administrativo, dado que la determinación específica de los organismos o instituciones en las que se desarrollaran las tareas –así como el modo de ejecución de las mismas-, deben regirse por criterios de política criminal y de utilidad social que resultan ajenos al Poder Judicial. Es que, si bien los tribunales deben fijar reglas de conductas (arts. 27 bis y 76 bis, Código Penal), la efectiva concreción de las mismas es una tarea administrativa, y, como tal, ajena al ámbito jurisdiccional, que claramente se incardina en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo.

Similar temperamento cabe efectuar respecto a las funciones de control de cumplimiento de las reglas, cargas, condiciones y/o restricciones impuestas judicialmente (arts. 169, 182, 198 y 221, ley cit.), así como las de efectuar intimaciones ante incumplimientos en que incurran los condenados, comunicando los mismos a las autoridades pertinentes (art. 223, ley cit.), toda vez que tales funciones, en definitiva, tienen la entidad de convertir al Poder Judicial –a través de sus dependencias- en el encargado del control del cumplimiento real y efectivo de las sentencias que dicta, debiendo velar por su efectiva materialización, tarea esta última que debe caracterizarse como administrativa.

Cabe agregar respecto a dicha cuestión que el ejercicio de las funciones de control asignadas a la Secretarías -teniendo en cuenta la relevancia que tendrían las mismas en la evaluación de las condiciones de cumplimiento de las penas-, afectaría potencialmente a la imparcialidad objetiva del Poder Judicial (C.I.D.H., caso “Apitz Barbera vs. Venezuela”, sent. del 5 de agosto de 2008; T.E.D.H. “Piersack v. Bélgica”, sent. del 1° de octubre de 1982, Serie A, N° 53, y “De Cubber v. Bélgica, sent. del 26 de octubre de 1984, Serie A, N° 86; C.S.J.N. Fallos 328:1491).

Igual suerte deben correr las actividades conexas a las funciones anteriormente enumeradas (arts. 183, 199 y 222, ley cit.).

Que refuerza lo hasta aquí señalado el hecho de que hasta el presente, las funciones asignadas a las Secretarías de Control han sido desarrolladas por el Patronato de Liberados, lo que permite advertir no sólo el carácter administrativo de las mismas, sino también que el régimen implementado mediante la Ley Nº 14.296 únicamente implica una mera transferencia de competencias, de un Poder a otro.

VI. Que en virtud de las consideraciones efectuadas, el régimen implementado respecto a las funciones atribuidas las Secretarías de Control creadas en el ámbito de los Juzgados de Ejecución Penal resulta inconstitucional, lo que así cabe declarar.

POR ELLO, la Suprema Corte, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 164 de la Constitución de la Provincia y 32 de la Ley 5827, Orgánica del Poder Judicial,

A C U E R D A:

ARTÍCULO 1°. Declarar la invalidez del artículo 1° de la Ley N° 14.296, en cuanto modifica los artículos 169, 182, 183, 184, 185, 198, 199, 221, 222, 223 y 224 de la Ley Nº 12.256, y el artículo 404 de la Ley N° 11.922, en tanto atribuyen funciones a las Secretarías de Control.

ARTÍCULO 2º. Declarar la invalidez de las funciones asignadas a las Secretarías de Control mencionadas en el artículo 4º de la Ley Nº 14.296.

ARTÍCULO 3°. Comunicar lo resuelto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

ARTÍCULO 4º: Regístrese y publíquese.

FDO.: EDUARDO JULIO PETTIGIANI, EDUARDO NESTOR de LAZZARI, HECTOR NEGRI, DANIEL FERNANDO SORIA, JUAN CARLOS HITTERS, LUIS ESTEBAN GENOUD, HILDA KOGAN. Ante mí: RICARDO MIGUEL ORTIZ (Secretario).

Nueva Ley sobre Transferencia de la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2011-10-07T14:38:00.000-03:00

LEY nacional Nº 26702 B.O.: 6-oct-2011
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1.- Transfiérese la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se detallan en el ANEXO que forma parte de la presente ley, con excepción de la materia federal, al Ministerio Público Fiscal y a los jueces competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, conforme a los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2.- Asígnase al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario.

Artículo 3.- El Código Procesal Penal de la Nación será de aplicación obligatoria en la resolución de conflictos de jurisdicción, competencia y conexidad, que pudieren ocurrir entre los tribunales nacionales y los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4.- La presente ley es complementaria de las leyes 25.752 y 26.357 .

Artículo 5.- Será autoridad de aplicación el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el que deberá disponer las medidas y suscribir los acuerdos y convenios complementarios que resulten necesarios para la implementación de la presente ley.

Artículo 6.- La estimación y liquidación de los importes respectivos en los términos previstos por el artículo 8º de la ley 23.548, a fin de que la transferencia de competencias establecida en la presente ley sea realizada con la correspondiente reasignación de los recursos financieros (Artículo 75 , inciso 2, de la Constitución Nacional), será efectuada en forma conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y los ministerios de Hacienda y de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ningún caso habrá duplicación de gastos.

Artículo 7.- Encomiéndase a la Comisión Bicameral "Ciudad de Buenos Aires", en ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 15 de la ley 24.588, el seguimiento del cumplimiento de la presente ley.

Artículo 8.- La transferencia y asignación de competencias dispuesta por los artículos 1º y 2º de la presente ley, se perfeccionará con la entrada en vigencia de la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acepte, sin limitaciones ni reservas, las disposiciones de la presente ley.

Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES EL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. - REGISTRADO BAJO EL Nº 26.702 JULIO C. C. COBOS.- EDUARDO A. FELLNER.- Enrique Hidalgo.- Juan H. Estrada.

ANEXO TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PENALES Y CONTRAVENCIONALES DE LA JUSTICIA NACIONAL ORDINARIA A LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

PRIMERO:
DELITOS COMPLEMENTARIOS DE LAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS POR LEYES 25.752 Y 26.357:
a) Lesiones (artículos 89 al 94, Código Penal);
b) Duelo (artículos 97 al 103, Código Penal);
c) Abuso de armas (artículos 104 y 105, Código Penal);
d) Violación de domicilio (Título V, Capítulo II, artículos 150 al 152, Código Penal);
e) Incendio y otros estragos (artículos 186 al 189, Código Penal);
f) Tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional, previstos en el artículo 189 bis, acápites 2 y 4, Código Penal, con excepción de los casos en que el delito aparezca cometido por un funcionario público federal o sea conexo con un delito federal;
g) Impedimento u obstrucción de contacto, tipificado por ley 24.270;
h) Penalización de Actos Discriminatorios, conforme lo dispuesto en la Ley 23.592; y
i) Delitos y Contravenciones en el Deporte y en Espectáculos Deportivos, conforme lo dispuesto en las leyes 20.655 y 23.184 y sus modificatorias, en los aspectos que resulten aplicables a la jurisdicción local.
La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervendrá en el supuesto del artículo 151 del Código Penal contemplado en el apartado d) precedente, siempre que el hecho lo cometiere un funcionario público o agente de la autoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SEGUNDO:
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se tratare de actos cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales:
a) Atentado y resistencia contra la autoridad (artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243, Código Penal); b) Falsa denuncia de delitos cuya competencia se encuentre transferida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 245, Código Penal);
c) Usurpación de autoridad, títulos u honores (artículos 246 incisos 1, 2 y 3, y 247, Código Penal);
d) Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos 248, 248 bis, 249, 250, 251, 252 1er.párrafo y 253, Código Penal);
e) Violación de sellos y documentos (artículos 254 y 255, Código Penal);
f) Cohecho y tráfico de influencias (artículos 256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259, Código Penal);
g) Malversación de caudales públicos (artículos 260 al 264, Código Penal);
h) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265, Código Penal);
i) Exacciones ilegales (artículos 266 al 268, Código Penal);
j) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3), Código Penal);
k) Prevaricato (artículos 269 al 272, Código Penal);
l) Denegación y retardo de justicia (artículos 273 y 274 , Código Penal);
m) Falso testimonio (artículos 275 y 276, Código Penal); y
n) Evasión y quebrantamiento de pena (artículos 280, 281 y 281 bis, Código Penal).

TERCERO:
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, siempre que se trate de instrumentos emitidos, o cuya competencia para emitirlos sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Falsificación de sellos, timbres y marcas (artículos 288, 289 inciso 1, 290 y 291, Código Penal); y
b) Falsificación de documentos (artículos 292 al 298, Código Penal).

CUARTO:
DELITOS VINCULADOS A MATERIA DE COMPETENCIA PUBLICA LOCAL: DELITOS VINCULADOS A MATERIA DE COMPETENCIA PUBLICA LOCAL:
a) Delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual (artículos 143 al 144 quinto, Código Penal), siempre que fuera cometido por un miembro de los poderes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación (artículos 158 y 159, Código Penal);
c) Estafa procesal acaecida en procesos judiciales tramitados ante los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (artículo 172, Código Penal);
d) Defraudación (artículo 174 inciso 5, Código Penal), siempre que el hecho se cometiere contra la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Delito contra la seguridad del tránsito (artículo 193 bis, Código Penal);
f) Desarmado de autos sin autorización, conforme lo prescripto en el artículo 13 de la ley 25.761;
g) Profilaxis, en relación a los delitos tipificados por la ley 12.331; y
h) Estupefacientes, con ajuste a lo previsto en el artículo 34 de la ley 23.737 conforme la redacción de la ley 26.052 (artículos 5º incisos c), e) y párrafos penúltimo y último, 14 y 29, ley 23.737 y suministro infiel e irregular de medicamentos, artículos 204 , 204 bis, 204 ter y 204 quáter, Código Penal.

CLAUSULA TRANSITORIA: Las causas que por las materias enumeradas precedentemente se hallen pendientes ante los Juzgados Nacionales al momento de perfeccionarse la transferencia de competencias, serán terminadas y fenecidas ante los mismos tribunales.
______________________________

Fuente: Microjuris
Cita: LEG39706

Reforma al Código Procesal Penal - Tribunal de Casación Penal: Salas descentralizadas

2011-09-26T16:55:00.002-03:00

LEY N° 14295 - Tribunal de Casación Penal. Ley 11982. Modificación.

Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires
Fecha B.O.: 8-sep-2011

Artículo 1.- Modifícanse los artículos 2º , 8º y 12 de la Ley N° 11.982 y sus modificatorias, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:

"Artículo 2.- El Tribunal de Casación Penal estará integrado y funcionará con una Presidencia y doce (12) Salas de dos (2) miembros cada una con la competencia material definida en el artículo 20 de la Ley 11.922 y sus modificatorias.
La Presidencia tendrá asiento en la ciudad de La Plata, al igual que seis (6) de sus Salas, éstas últimas con
competencia territorial en los Departamentos Judiciales de La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora y Quilmes.
Las seis (6) Salas restantes tendrán asiento: Dos (2) en la ciudad de San Martín, con competencia territorial en los Departamentos Judiciales de Morón, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana; Dos (2) en la ciudad de Mercedes, con competencia territorial en los Departamentos Judiciales de Junín, Mercedes, Merlo, Moreno-General Rodríguez, Pergamino y Trenque Lauquen; Dos (2) en la ciudad de Mar del Plata, con competencia territorial en los Departamentos Judiciales de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Mar del Plata y Necochea.
La puesta en funcionamiento de los Departamentos Judiciales de Moreno y Merlo, o de los que en el futuro pudieren crearse, no alterará la delimitación territorial de la competencia de cada una de las sedes previstas en el párrafo precedente.
A los efectos de lo previsto en el artículo 35 inciso 1º del Código Procesal Penal, los conflictos de
competencia entre Jueces o Tribunales pertenecientes a Departamentos Judiciales integrantes de regiones casatorias distintas, serán resueltos por el Presidente del Tribunal."

"Artículo 8.- Las actuaciones que deban ser sometidas a la competencia de cada una de las sedes del Tribunal de Casación ingresarán en cada caso a una Mesa Única General de Entradas ?que será común a las Salas de la respectiva sede- y serán distribuidas proporcionalmente por sorteo público, mensual o quincenal, según corresponda, entre las distintas Salas integrantes de la sede, notificándose a las partes su resolución.
Al momento de efectuarse el sorteo, se resolverá la designación de un magistrado integrante de otra de las Salas de la sede, el que sólo tomará intervención en caso de disidencia o si se celebrase la audiencia del artículo 458 del Código Procesal Penal. Dentro de la sala, las causas se distribuirán, asimismo, por sorteo realizado en igual forma."

"Artículo 12.- El Tribunal deberá celebrar acuerdo los días que el mismo o en su defecto la Sala determine, que no podrá ser menos de dos (2) por semana, pudiendo el presidente fijar otros en caso de urgencia. Como mínimo cada dos (2) meses deberá fijarse una reunión plenaria de la que participarán todos los integrantes del Tribunal. Las mismas se celebrarán rotativamente en cada una de las sedes y en ellas deberá pasarse revista de los criterios jurídicos de las Salas a fin de activar, en caso de ser necesario, los mecanismos legales para la los criterios jurídicos de las Salas a fin de activar, en caso de ser necesario,unificación jurisprudencial."

Artículo 2.- Agrégase como párrafo final del artículo 20 del Código Procesal Penal Ley N° 11.922 y
modificatorias el siguiente:

"Se integrará con un (1) solo Juez para los casos previstos en el inciso 3)."

Artículo 3.- Modifícase el artículo 451 del Código Procesal Penal Ley N° 11.922 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 451.- Forma y plazo. Bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación del recurso de casación, deberá ser efectuada dentro del plazo de veinte (20) días de notificada la resolución judicial, por parte legitimada o por el imputado, mediante escrito fundado.
En él se deberán citar las disposiciones legales que considere no observadas o erróneamente aplicadas, los nuevos hechos o elementos de prueba o los otros motivos especiales del artículo 467, expresándose en cada caso cuál es la solución que se pretende.
Todo recurso deberá ser acompañado de un resumen que contendrá la síntesis de los requisitos previstos en el párrafo anterior. En caso de omitirse, se intimará su presentación ante el Juez o Tribunal que dictó la resolución recurrida por el plazo de tres (3) días bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad del recurso.
El recurrente deberá, dentro de los primeros siete (7) días del plazo establecido en este artículo, manifestar ante el órgano que dictó la resolución, su intención de interponer el recurso de casación. La resolución se reputará firme y consentida respecto de quien omitiera esta manifestación.
Cada motivo se indicará separadamente. Vencido el plazo de interposición, el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos, sin perjuicio de las garantías constitucionales vigentes.
La tramitación y resolución del recurso no podrá exceder el plazo total de seis (6) meses desde su sorteo y adjudicación a la Sala pertinente. Si se tratare de un caso complejo, el plazo podrá ser prorrogado por otros seis (6) meses, por resolución fundada. Si vencido el plazo o agotada la prórroga el Tribunal no se hubiese pronunciado sobre el caso constituirá falta grave y deberá ser comunicado a la Suprema Corte de Justicia.
El recurso será resuelto por los dos (2) jueces de la Sala interviniente. En caso de disidencia, corresponderá la intervención de un tercer miembro."

Artículo 4.- Las disposiciones de la presente Ley comenzarán a regir en forma simultánea a la puesta en
funcionamiento de cualquiera de las sedes nuevas a las que hace referencia el artículo 1.- Hasta tanto se
pongan en funcionamiento la totalidad de las sedes, la Salas de sede capital conservarán toda la competencia
territorial no asignada a la/s que se encuentre/n en funcionamiento.
Las Salas de las sedes nuevas recibirán todos los recursos correspondientes a su competencia territorial
interpuestos contra sentencias o resoluciones dictadas con posterioridad a su puesta en funcionamiento.

Artículo 5.- La integración de las Salas en su nueva composición por parte de los actuales miembros del
Tribunal, conforme lo previsto por el artículo 1º, será dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Dentro del plazo de treinta (30) días de promulgada la presente, los miembros del Tribunal podrán manifestar
ante el Poder Ejecutivo su intención de pasar a prestar funciones en alguna de las sedes del interior de la
Provincia.
Quienes resulten asignados a una nueva sede, permanecerán en funciones en la Sede Capital, hasta tanto
asuman la nueva competencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 4°.
De igual modo se procederá respecto de los actuales Fiscales Adjuntos y Defensores Adjuntos del Tribunal de Casación.

Artículo 6.- Créanse doce (12) cargos de Juez de Tribunal de Casación, seis (6) de Fiscal Adjunto de Casación y seis (6) cargos de Defensor Adjunto de Casación.

Artículo 7.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La
Plata, a los cuatro días del mes de agosto de dos mil once.
___________________________________

Fuente: Microjuris
Cita: LEG38968

Informe de la Comisión Interamericana sobre Justicia Juvenil

2011-09-14T11:33:00.005-03:00

Preocupación por los sistemas de Justicia juvenil
Fuente: Diario Judicial

La CIDH elaboró un informe sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos". En él sostienen su “preocupación” por la situación regional donde “se caracteriza la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un informe en el que evalúa la situación regional en lo referente a la Justicia Juvenil y los Derechos Humanos. Allí sostiene “su preocupación” por las “debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes acusados de haber infringido la ley penal en la región”.

El informe sostiene que con “excepción de algunos pocos ejemplos” los sistemas de justicia juvenil del continente “se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad”.

Para la realización del informe la CIDH llevó a cabo visitas a diversos y se consultaron fuentes gubernamentales, no gubernamentales y académicas. Asimismo la Comisión exhortó a los estados a “abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes”.

En cuanto a nuestro país el informe detalla que “aunque el Decreto 22.278 establezca que un niño, niña o adolescente menor de 16 años no pueda ser considerado responsable por infringir leyes penales, la Comisión observa que dicha norma permite un tratamiento igual al de los adultos a personas que cometieron algunos delitos entre los 16 y los 18 años”.

En este sentido sostuvieron que “si bien la autoridad judicial se encuentra facultada para no imponer una sanción penal, o para reducirla al grado de tentativa, la norma permite, a discreción del juez, la imposición de las sanciones previstas en la normativa penal ordinaria”, lo que también sucede con el régimen de ejecución de sentencia.

Tratamiento no diferenciado que para el organismo internacional “puede resultar incompatible con el principio de proporcionalidad de la pena y con el juicio de reproche del menor que debe subyacer a toda conducta cometida por un o una adolescente conforme al interés superior del niño”.

Aunque también se destacó el hecho de que en el país “los Tribunales hayan adoptado importantes decisiones jurisprudenciales dirigidas a la efectividad del derecho a ser oído y a participar en el proceso”, citando el ejemplo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que “ha señalado que corresponde anular de oficio las sentencias si el requisito de oír al niño no se ha cumplido por el Tribunal, cualquiera sea su edad”.

Lo que para la Comisión resulta una “preocupación” puesto que “a la luz de estas normas, niños que fueron responsabilizados por infringir las leyes penales antes de cumplir la mayoría de edad, han sido tratados como adultos y sometidos a penas de prisión perpetua incompatibles con los fines de las sanciones en la justicia juvenil”.

Asimismo se precisa que “el límite de edad más elevado en la región ha sido establecido en Argentina, donde la edad mínima de responsabilidad para infringir leyes penales es de 16 años y únicamente con respecto a delitos que no sean de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.

Otros Estados como por ejemplo, en Dominica, Santa Lucía, Jamaica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela la edad mínima para infringir leyes penales es de 12 años. Mientras que en Haití, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay se ha establecido como edad mínima de responsabilidad por infringir las leyes penales los 13 años y en Chile, Colombia, y Paraguay los niños son responsables a partir de los 14 años.

Nueva ley sobre educación obligatoria en el sistema penitenciario

2011-09-01T18:25:00.000-03:00

La educación a los dos lados de los barrotes

Se promulgó la Ley que establece la educación obligatoria para los presos. La norma plantea “estímulos educacionales” para los internos que estudien que podrán acumular hasta 20 meses en “los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario”.

Aprobada en julio pasado por el Congreso de la Nación, este lunes se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.695 que modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad con el objetivo de garantizar el “derecho a la educación pública” de todas los detenidos.

La norma promulgada consigna Que el Estado nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen “la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad” a los detenidos, “garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho”.

Para ello, asimila los derechos de acceso a la educación asimilando las políticas educativas respecto de las personas privadas de su libertad consignando que las mismas “son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educación Nacional”.

Estipulando además que “todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria fijada en la ley”, siendo deberes de los alumnos “estudiar y participar en todas las actividades formativas y complementarias, respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa”.

Asimismo se aclara que el acceso a la educación “no admitirá limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto”.

A fines de julio, este diario dio cuenta de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en el que autorizaba a un interno, sin condena firme, a realizar salidas transitorias para rendir exámenes parciales y finales en una universidad.

La autoridades administrativas habían rechazado la posibilidad de salir a rendir pero el máximo tribunal provincial sostuvo que “la ontología y razón de ser de asignar beneficios a los internos en el transcurso de su tiempo existencial durante el régimen penitenciario, implica que pueden ser usufructuados como derechos, independientemente de la nominación de los internos en cuanto a ser procesado sin condena firme o condenado con sentencia firme, porque la situación de los internos, es siempre estructuralmente idéntica”.

Por ello los reclusos “se encuentran jurisdiccionalmente privados de su libertad ambulatoria, pero no de otros derechos”.

En este sentido, la reciente promulgada ley consigna que “desde el momento mismo del ingreso se asegurará al interno su derecho a la educación, y se adoptarán las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción”. Así se establece que cada vez que ingrese un detenido a un establecimiento “las autoridades educativas y penitenciarias deberán certificar su nivel de instrucción dejando constancia en el legajo personal y en los registros pertinentes”.

Asimismo se consigna un “estimulo educativo” para los privados de su libertad, puesto que les traerá beneficios con respecto a “los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario”. Ello de acuerdo a que los internos “completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes”.

La implementación del programa estará a cargo del Ministerio de Educación y el de Justicia y Derechos Humanos, y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario”.

Texto Ley 26.695

Fuente: Diario Judicial

Resolución Nº 742 del Ministerio de Seguridad sobre Trata de personas

2011-08-29T19:43:00.001-03:00

Voces: TRATA DE PERSONAS - DERECHOS HUMANOS - VÍCTIMA DEL DELITO - VÍCTIMA MENOR DE EDAD - VÍCTIMA MAYOR DE EDAD - PROTECCIÓN DE PERSONAS - DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL - PROMOCIÓN O FACILITACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN
_______________________________________

RESOLUCIÓN N° 742/2011 - Trata de Personas. Rescate de Víctimas de Trata de Personas. Funciones.
Protocolo de Actuación. Aprobación.
Tipo: RESOLUCIÓN
Número: 742
Emisor: Ministerio de Seguridad
Fecha B.O.: 24-ago-2011
Localización: NACIONAL
Cita: LEG38607 - Microjuris
_______________________________________

Visto el Expediente N° 18264/11 del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Leyes Nros. 26.364 , 24.059, y el Decreto N° 1993 del 14 de diciembre de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios -modificada por el Decreto N° 1993/10- establece que el MINISTERIO DE
SEGURIDAD tiene entre sus competencias, entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna
y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales,
así como entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales.
Que asimismo, la norma mencionada precedentemente dispone que el MINISTERIO DE SEGURIDAD, supervisará el accionar individual o conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior.
Que en este sentido, el citado plexo normativo atribuye a esta Cartera de Estado, la facultad de entender en
la determinación de la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como
para la prevención del delito.
Que es necesario prestar especial atención al delito de trata de personas, implementando medidas destinadas
a prevenir y sancionarla, asistiendo y protegiendo a sus víctimas.
Que a los fines de la actuación de las Fuerzas Federales para el rescate de víctimas de trata de personas,
debe formularse un protocolo de actuación para establecer principios rectores en la materia, coadyuvando a
cumplimentar con lo dispuesto por la Ley N° 26.364.
Que dicho protocolo resulta esencial para asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera

apropiada y no corran riesgo alguno.
Que a tales fines es necesario establecer los recaudos legales y técnicos que las Fuerzas Federales deben
observar frente a la planificación del procedimiento que será oportunamente dispuesto por el Juez/Fiscal
interviniente.
Que los resultados de los procedimientos realizados por la Fuerza Federal respectiva, serán comunicados a la
SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERATIVA de este Ministerio. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.
Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios (T.O. 1992).

Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese como Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales Para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas, el que se acompaña como ANEXO I a la presente.

Artículo 2.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Nilda C. Garré.

ANEXO I
PROTOCOLO DE ACTUACION DE LAS FUERZAS FEDERALES PARA EL RESCATE DE VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS
1.- AMBITO DE APLICACION
Este protocolo se aplicará sólo para los casos de rescate de víctimas del delito de trata de personas durante
el curso de una investigación, conforme los alcances de la Ley 26.364 ; es decir, en cumplimiento de
órdenes judiciales y con apoyo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, o de las oficinas provinciales que realicen el rescate de las víctimas.
En los procedimientos donde se presuma la posibilidad de encontrar a víctimas extranjeras, se procurará
poner en conocimiento de esta situación, además del magistrado interviniente, a la Dirección Nacional de
Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.
A los fines del rescate, y siempre que sea posible, se asignará para dicha función a Fuerzas Federales con
formación especializada en el delito de trata de personas y con conocimiento sobre los derechos de las
víctimas, privilegiando a los miembros de las divisiones especiales de las fuerzas federales y al personal
femenino.
Para el caso de constatar un hecho de trata de personas en flagrancia, se procurará dar cumplimiento en la
mayor medida posible a este protocolo, sin perjuicio de dar inmediata intervención a la autoridad judicial.
2.- OBLIGACION DE LAS FUERZAS FEDERALES
Las Fuerzas Federales tienen la obligación de asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de
manera apropiada y no corran el riesgo de ser consideradas delincuentes ni revictimizadas respecto de delitos
en los que puedan haber incurrido como consecuencia de su situación como víctimas de la trata de personas.
También se le dará prioridad a la atención inmediata de la víctima en materia sanitaria, psicológica, asistencia
migratoria, legal, entre otras que pudieran corresponder.
En ningún caso podrá anteponerse el interés de la investigación y de la recolección de la prueba por encima
de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad personal y psíquica de la víctima de trata de
personas.
3.- PROHIBICION
En caso de haberse identificado a la persona como víctima de trata de personas, en ningún caso podrá
disponerse su detención como sospechosa, ya que esto equivale a una criminalización y revictimización,
afectando principios y garantías fundamentales. La violación de este deber de cuidado constituye mal
ejercicio en las funciones del funcionario público, por tanto resulta pasible de sanción administrativa.
4.- DEFINICIONES UTILIZADAS EN ESTE PROTOCOLO
a. Trata de personas: la Ley 26.364 define el delito de trata de personas como la acción de captar,
transportar, trasladar -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- acoger o recibir personas con fines
de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude,
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
Se entiende por trata de menores, el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado, la acogida o la
recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.
Existe trata de menores de dieciocho años aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o
cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima.
Las formas de explotación incluyen, pero no se limitan, a la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.
b. Víctimas: la víctima de este delito debe ser considerada una víctima especial por su vulnerabilidad
preexistente y el tratamiento que cabe asignarle como testigo víctima debe ser consecuente con tal
condición, privilegiando que la recepción de su testimonio sea conforme lo establecido por los arts. 250 bis
y ter del Código Procesal Penal de la Nación.
5.- PRINCIPIOS DE INTERVENCION
a. Emergencia: el concepto de emergencia debe primar desde el comienzo del operativo, ya que las víctimas
de trata de personas deben ser consideradas como víctimas de delitos graves.
Para ello, se privilegiará la mayor celeridad para articular el procedimiento de la Fuerza Federal interviniente
con el procedimiento judicial, y la asistencia psicológica, médica, jurídica y material.
b. Accesibilidad y respeto: la obligación de los agentes de las Fuerzas Federales es tratar a la víctima, los
testigos y los imputados con absoluto respeto por sus derechos y garantías constitucionales y legales,
otorgando especial atención a las víctimas debido a la situación de sensibilidad y vulnerabilidad por la que
atraviesan.
c. Seguridad: la seguridad de la víctima y su familia -en caso de que la misma se encuentre en el
procedimiento- merece la consideración suprema en todo momento, siendo esto responsabilidad directa de
los efectivos de las Fuerzas Federales que intervengan por orden del magistrado.
d. Evaluación continua de riesgo: los funcionarios que intervienen en el procedimiento tienen la obligación de
evaluar de manera inmediata y continua el riesgo en lo que atañe a la seguridad y bienestar de las víctimas y
de sus familias durante el procedimiento, acatando las órdenes emanadas de la autoridad judicial.
Debe realizarse con la mayor celeridad posible después de la detección de las personas damnificadas,
debiendo ser éste un proceso continuo.
La evaluación del riesgo debe incluir el existente y el potencial.
f. Respeto por el interés superior del/a niño/a: en el caso de que las víctimas de trata de personas sean
menores de 18 años, el vector de actuación de las Fuerzas Federales debe respetar siempre el interés
superior del/a niño/a.
Por interés superior del niño/a se entenderá al conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un
desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir
plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
g. Prevención de la revictimización: en el tratamiento de las víctimas, debe evitarse cualquier conducta o
actitud que tienda a la revictimización de las mismas.
El riesgo de revictimizar a una persona tiene lugar cuando a los daños causados por los hechos de los que fue víctima, se le suman daños generados por el proceso legal. En ese sentido, es fundamental no estigmatizar o criminalizar a la víctima. Como correlato de esto, no se debe juzgar y/o inferir algún grado de responsabilidad por parte de la misma. Es decir, a los daños causados a la víctima por los delitos de los que fue objeto, no se le debe sumar el maltrato institucional.
h. Respeto por la confidencialidad y privacidad: en todo momento, debe respetarse la privacidad de la víctima, no pudiendo dar publicidad de sus circunstancias personales, declaraciones y/o fotografías.
i. Derecho de protección: en el momento del rescate, las Fuerzas Federales no podrán privar de la libertad a
las víctimas de trata. En ningún caso se alojará a las víctimas en establecimientos penitenciarios, policiales o
cualquier otro destinado a alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.
j. Derecho a la asistencia médica, legal, psicológica y material: las víctimas tienen derecho a recibir asistencia médica, legal, psicológica y material, así como también alojamiento, alimentación suficiente e higiene personal adecuados, desde el primer momento en que son identificadas como tales, quedando esta actividad y coordinación bajo responsabilidad de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia provincial equivalente.
k. Derecho a un intérprete: cuando la víctima no hable ni comprenda el idioma local, desde el primer
momento en que se la rescata debe brindársele un intérprete que traduzca en su idioma todas las
actuaciones.
6.- PLANIFICACION DEL PROCEDIMIENTO
La planificación del procedimiento debe seguir las indicaciones del fiscal o juez interviniente, informando de
manera continua al Departamento/ División Antitrata de la Fuerza Federal respectiva, quien a su vez será la
encargada de comunicar a la Secretaría de Seguridad Operativa, dependiente del Ministerio de Seguridad, el
resultado del procedimiento.
La planificación del procedimiento deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
a. Determinación de la cantidad y características del personal interviniente, con y sin utilización de uniforme,
privilegiando la incorporación de personal femenino. Se recomienda, en la medida de las posibilidades, no
recurrir a personal policial con actuación territorial en la zona de intervención.
b. Producción de la inteligencia pertinente y relevante para la investigación de los hechos.
c. Planeamiento de la operación a desarrollar. Para ello, se partirá del análisis de la inteligencia producida, incluyendo croquis de lugar, fotografías y/o filmaciones que se hayan realizado, ubicación de entradas y salidas, etc.
Asimismo, el Jefe del Operativo deberá informar de manera clara y completa la misión a cumplir, el concepto
general que orientará la operación, las órdenes específicas para cada una de las personas intervinientes, las
medidas de coordinación, las previsiones logísticas y las comunicaciones que se emplearán antes, durante y
después de finalizado el procedimiento.
d. Elaboración del perfil de las posibles víctimas de trata de personas que se encontrarían en el lugar del
procedimiento con el objeto de poner a conocimiento del personal de la Oficina de Rescate y
Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia similar de rescate de la provincia, inmediatamente antes de realizar el operativo, la situación de vulnerabilidad en que se encontrarían a fin de que dichas circunstancias puedan ser especialmente consideradas al momento de
realizar las entrevistas con las posibles víctimas.
e. Búsqueda anticipada de testigos para suscribir actas y presenciar todos los eventos derivados del
procedimiento, como secuestros, cacheos, detenciones, levantamiento de pruebas, huellas y rastros, etc.
f. Conocimiento de la jurisdicción en donde se realizará el operativo y la existencia de organizaciones del
estado nacional o provincial, y no gubernamentales, que brinden los servicios de apoyo y tratamiento a las
víctimas, y consulados.
7.- PAUTAS PARA EL PROCEDIMIENTO
a. Arribo al lugar: el sitio indicado para la realización del procedimiento debe mantenerse en reserva hasta el
momento del operativo.
b. Ingreso: el ingreso al lugar debe ser acompañado con un despliegue de personal en los alrededores a fin de
interceptar posibles fugas.
En el momento del rescate, las Fuerzas Federales serán las que primero ingresen al lugar donde se encuentren
alojadas las posibles víctimas de trata de personas, dando estricto cumplimiento a la orden de allanamiento, y
en comunicación permanente con la autoridad judicial correspondiente.
c. Uso racional de la fuerza: el personal actuante deberá respetar los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", y el "Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", haciendo un uso racional de la fuerza en la medida de las necesidades y acorde a las circunstancias del momento, teniendo como vector los principios de legalidad, oportunidad, y proporcionalidad.
Por uso racional de la fuerza se entiende a las acciones de las Fuerzas Federales que prioricen las técnicas
disuasivas y preventivas, antes que represivas, así como el uso de la fuerza de forma gradual.
El uso de la fuerza sólo se dispondrá ante circunstancias excepcionales y como último recurso.
d. Control de situación: se inspeccionarán los espacios que conformen el lugar, diferenciando en cada caso
los roles de los presentes. Se dispondrán lugares diferenciados dentro del mismo a fin de proceder a trasladar
a los implicados (presuntos imputados, clientes y víctimas). Estas acciones se realizarán junto a los
funcionarios judiciales, cuando se encuentren presentes, y bajo las órdenes que éstos dispongan. En caso
que los mismos no se encuentren presentes, se seguirán las instrucciones que imparta el Jefe del Operativo.
En todo momento, las Fuerzas Federales dispondrán lo necesario para evitar el contacto físico y visual entre
las presuntas víctimas y el resto de los presentes, sean éstos posibles responsables o testigos circunstanciales.
e. Prohibición de comunicación entre presentes: las Fuerzas Federales deben evitar, al momento del rescate,
la comunicación entre las personas que se encuentren en el lugar.
f. Abordaje de las víctimas: en la medida de lo posible, las Fuerzas Federales se abstendrán de abordar a las
posibles víctimas de trata de personas, procurando que sean entrevistadas por la Oficina de Rescate y
Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia similar de rescate de la provincia.
Sin perjuicio de esto, se adoptarán todas las medidas necesarias, ordenadas por el magistrado interviniente,
para sustraerlas inmediatamente del daño y reubicarlas temporalmente en un lugar seguro.
g. Abordaje de las víctimas menores de 18 años: en el caso de encontrar víctimas menores de 18 años, además de las medidas dispuestas en el punto c y d), las Fuerzas Federales informarán al magistrado interviniente la presencia de las mismas, quien dispondrá las medidas particulares al respecto.
No obstante, mientras esto se produce, junto al personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las
Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o su equivalente provincial, se adoptarán todas las medidas necesarias para sustraerlas inmediatamente del daño y reubicarlas temporalmente en un lugar seguro, siempre respetando su interés superior.
En el caso de duda acerca de la edad de la víctima, se considerará que la misma es menor de 18 años.
h. Identificación y declaración de testigos: en el procedimiento de rescate, las Fuerzas Federales separarán a
los posibles testigos del hecho, recibiéndoles la correspondiente declaración cuando el fiscal o juez así lo
dispongan.
Si en el acto de allanamiento se identifican presuntos imputados, las Fuerzas Federales intervinientes los
separarán de las presuntas víctimas, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
i. Requisa del lugar: en el momento de rescate, las Fuerzas Federales secuestrarán todo elemento, sustancia,
material, objeto y documentación que haya autorizado u ordenado la autoridad judicial, prestando especial atención a todo aquello que indique, de manera directa o indirecta, que en el lugar allanado se estaba
produciendo el delito de trata de personas, o que hubiesen personas que estaban siendo objeto de
explotación sexual o laboral.
El secuestro deberá realizarse teniendo en cuenta estrictas normas de seguridad para los medios de prueba
colectados, como para la salud de las personas presentes en el lugar y las Fuerzas Federales que realizan el
procedimiento.
j. Testigos: Los testigos del procedimiento deben ser convocados desde el inicio de la actividad
procedimental, debiendo presenciar la totalidad de la pesquisa. Cuando por existir evidente riesgo para la
seguridad de los mismos fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará
constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.
k. Inspección ocular: la inspección ocular deberá ser documentada, siempre que sea posible, mediante
croquis, fotografías, filmaciones, etc.
Se podrán efectuar tomas fotográficas o registros fílmicos de las potenciales víctimas de trata, con el único
objetivo de registrar las condiciones en que las mismas han sido halladas. En caso de efectuar dichas
imágenes, se prohíbe de manera absoluta la difusión pública de las mismas.
l. Aseguramiento del lugar del hecho y repliegue: finalizado el procedimiento, las Fuerzas Federales
intervinientes asegurarán el lugar del hecho por el tiempo que determine la autoridad judicial.
Una vez asegurado el escenario del procedimiento, y siempre que las condiciones de seguridad así lo
permitan, las Fuerzas Federales deberán replegarse, siendo su función asegurar el perímetro exterior e
interior del lugar y de las personas que allí se encuentran, permitiendo que el personal civil prosiga con las
diligencias y demás pesquisas.
8.- REGISTRO Y COMUNICACION DE ESTADISTICAS
a. Los agentes intervinientes en el operativo deberán confeccionar el registro del procedimiento siguiendo las
pautas indicadas en el anexo de este Protocolo, conforme los lineamientos y modificaciones que desde el
Ministerio de Seguridad pudiesen formularse, y remitir, con carácter bimensual, la información producida al
funcionario a cargo del área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad.
b. Sobre esta base, el área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad confeccionará informes
estadísticos periódicos relativos a la persecución penal y el rescate de víctimas de trata de personas.
c. Tales informes serán puestos a disposición de los órganos competentes con el objeto de evaluar, planificar
y desarrollar políticas públicas en materia de lucha contra la trata de personas.
APARTADO CONTENIDOS MINIMOS DEL REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO
* Juzgado, Fiscalía y Secretaría interviniente.
* Carátula de las actuaciones judiciales y número de expediente judicial (en caso de conocerse esa
información).
* Fuerza policial/de seguridad y dependencia interviniente.
* Tipo de procedimiento realizado:
a) allanamientos;
b) actividades de inteligencia;
c) otras tareas (indicar cuáles); indicando cuántos procedimientos (de cada tipo) fueron efectuados.
* Si se realizaron tareas conjuntas o complementarias con alguna de las restantes fuerzas federales o locales;
en caso afirmativo, especificar qué tareas y con qué institución.
* Si habían sido realizadas investigaciones anteriores por otra fuerza.
* Intervención de otros organismos en el procedimiento, por ejemplo: AFIP, Ministerio de Desarrollo Social,* Intervención de otros organismos en el procedimiento, por ejemplo: AFIP, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Migraciones, otros.
* Tipo de explotación (laboral, sexual, tráfico de órgano, reducción a la servidumbre) detectada.
* Si se detectó la posible comisión de otros delitos (como por ejemplo: infracción a la ley de profilaxis nro.
12.331 , a la ley de estupefacientes nro. 23.737 , tenencia ilegal de armas u otros delitos del Titulo III del
CP "Delitos contra la integridad sexual", etc.)
* Cantidad total de presuntas víctimas.
* Cantidad de presuntas víctimas menores de dieciocho años de edad.
* Cantidad total de presuntas víctimas por delitos conexos a la trata de personas (Ley 12.331; arts. 125, 125bis, 126, 127 y 128 Código Penal; 119 y 121 de Ley 25.871).
* Cantidad de presuntos autores.
* Cantidad de personas detenidas.
* Cantidad de testigos.
* Localización del lugar allanado (indicando: dirección, ciudad y provincia).
* Si se encontraba habilitado el lugar de explotación, especificar por qué autoridad municipal se encontraba
habilitado.
* Si el lugar de explotación o los posibles autores habían sido infraccion ados previamente, especificar por qué autoridad y la sanción impuesta (ej.: clausura)
* Características del lugar de explotación, por ejemplo:
a) Whiskería/pool/pub;
b) Privado;
c) Centro de Masajes;
d) Explotación callejera;
e) Obra en construcción;
f) Fábrica;
g) Taller textil;
h) Campo agrícola;
i) Otros (precisar).
* Nombre comercial (de fantasía) del lugar de explotación.
* Condiciones en las que fueron halladas las víctimas:
a) Hacinamiento;
b) Falta de alimentación adecuada;
c) Falta de condiciones para procurarse higiene básica;
d) Falta de descanso adecuado d) Falta de descanso adecuado
e) Otros (precisar).
* Restricciones a la libertad ambulatoria, modalidad utilizada para impedir que la víctima pueda abandonar el
lugar de explotación, por ejemplo:
a) Alambradas de púas;
b) Cámaras de Seguridad;
c) Rejas;
d) Candados/cerraduras;
e) Presencia de guardianes armados;
f) Salidas Controladas;
g) Otras modalidades (precisar).
* Si se secuestraron elementos, tales como: vehículos, objetos electrónicos (por ejemplo: computadoras,
celulares), armas, estupefacientes, libros contables, libretas sanitarias, máquinas, otros (precisar).
Información sobre las posibles víctimas del delito de Trata de Personas
* Edad
* Sexo
* Género
* Nacionalidad (en caso de que sea argentina, indicar provincia de origen)
* Lugar de captación
* Lugar de explotación/destino Información sobre los imputados
* Edad
* Sexo
* Género
* Nacionalidad (en caso de que sea argentina, indicar provincia de origen)
* Idioma
* Rol que desempeñaba en la red de trata
* Ocupación/Oficio.
INDICADORES PRELIMINARES PARA LA PRIMERA IDENTIFICACION DE PRESUNTAS VICTIMAS DE TRATA
Estos indicadores sólo orientan la función policial de separación de las presuntas víctimas de trata del grupo
presente en el sitio allanado donde también se encontraran responsables del delito y posibles testigos.
- La persona es menor de 18 años de edad.
- La persona es extranjera o migrante (provenía de otra provincia).
- La persona no habla el idioma nacional o sólo sabe decir muy pocas palabras.
- La persona tiene un contacto limitado con sus familiares.
- La persona se encontraba privada de su libertad o tenía una capacidad muy limitada de movimientos.
- La persona no sabe en qué ciudad se encuentra.
- La persona tiene lesiones visibles.
- La persona se nota atemorizada.
- La persona vivía en el mismo lugar físico donde trabaja y difícilmente podía abandonar esas instalaciones.
- La persona está o estaba embarazada y era obligada a trabajar igual.
- En el lugar del operativo no hay líneas telefónicas o las personas que están dentro de él no tienen o tienen acceso limitado a teléfonos celulares.
- En el lugar hay indicios de que a las personas se les aplicaba multas o se les cobraba, por ejemplo, por el
uso de preservativos, por higienizarse, o por los controles médicos realizados.
- La persona no posee dinero consigo.
- La persona no tiene en su poder sus documentos de identidad (DNI, pasaporte u otros documentos)
- La persona tiene documentos de identidad o de viaje falsos.

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Fuente: Microjuris
Citar: LEG38607

I JORNADA PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y POLITICA CRIMINAL

2011-08-25T22:23:00.000-03:00

Nuestros elogios para un brillante comienzo

Queremos felicitar al Instituto amigo de Derecho Penal y Política Criminal, que dirije el Dr. Fabián Ramón Gonzalez, por la brillante organización y contenido de la Primer Jornada provincial sobre Seguridad y Política Criminal, realizada en la Universidad de Morón.

Las dos jornadas fueron una muestra cabal que se pueden aportar ideas y no sólo críticas cuando se tratan temas tan delicados como la seguridad. No vamos a referirnos en lo particular a la calidad de los disertantes, ya que la mención de ellos en el programa hablan por sí solos de su capacidad profesional y compromiso con la actividad que a cada uno le ocupa en sus funciones.

Pocas veces se puede experimentar que un evento de estas características pase de ser el lucimiento personal de los disertantes, a una generosa contribución profesional y personal, desde la práctica de la función pública y académica, hacia el auditorio.

La concurrencia que colmó las expectativas de los organizadores, seguía con atención lo variado del panel que aportaba ideas, y a su vez también defendía sus posiciones. A los fines de no ser injustos con ellos, voy a omitir mencionar nombres propios, pero sí es de destacar que disparadores como el del estudio y diseño de una persecución criminal estratégica desde los estamentos del Estado para combatir cada delito en su especialidad, ha sido uno de los tantos aportes que nos dejó esta primera jornada, para estudiar esta álgida problemática de la seguridad.

Sin estrategias, sin profesionalidad, no puede existir una política seria y eficaz en materia de seguridad y criminalidad, dado que a falta de aquella, caemos en el facilismo de plantearnos soluciones efectistas y meramente coyunturales, soluciones que no atienden las verdaderas causas de fondo.

Cuando éstas son analizadas y estudiadas desde todo el espectro interdisciplinario que incumbe a la materia, tal como en estas jornadas ha quedado clara y científicamente expuesto, en el marco de una adecuada gestión de los medios tecnológicos y humanos disponibles, los resultados no se hacen esperar, sea cual fuere el nivel de ejecución de las políticas públicas diseñadas e implementadas.

Una tópico importante a destacar de estas jornadas, ha sido que no se ha caído en el facilismo de pontificar sobre penas más altas o modificaciones a los códigos, ni el lugar común del paradigma del orden, que siempre concluye en restablecerlo a cualquier costo.

Lo importante ha sido reflexionar sobre el diseño de una política de seguridad seria, orientada a la persecución penal estratégica del delito, administrar los conflictos (no los expedientes) terminar con la ideología del trámite, tomarse la eficacia en serio, propender a una planificación adecuada de la inclusión social (la justicia no es igual a venganza); contar con una información cuantitativa confiable; trabajar sobre la creación de métodos alternativos de solución de conflictos, buscando el cambio de horizonte de la respuesta penal.

Sin dudarlo, debe existir un adecuado complemento entre la Nación, las provincias y los municipios, estudiando la problemática criminal por regiones y por tipo de delito. He de concluir según mi parecer, que todos estos elementos deben articularse de manera tal que la eficacia no se convierta en un menoscabo de las garantías del justiciable.

Gracias Fabián por habernos permitido participar y enriquecernos en esta convocatoria, cuyos expositores, colaboradores y concurrentes, nos hemos comprometido a su continuidad.

Juan Antonio Navarro
Director

2011-08-08T09:04:00.000-03:00

I JORNADA PROVINCIAL DE

SEGURIDAD Y POLITICA CRIMINAL

El nuevo Ministerio Público de la Acusación en la Provincia de Santa Fe

2011-07-02T08:09:00.003-03:00

Nota publicada en elLitoral.com

El nuevo Ministerio Público de la Acusación
Ricardo J. Mendaña (*)

Si bien los orígenes del Ministerio Público Fiscal están ligados a la idea de romper con el modelo inquisitivo y su instauración responde a la necesidad de transferir la persecución penal de los delitos y la investigación criminal a un órgano diferente de los jueces, este objetivo todavía representa una asignatura pendiente en la Argentina, pues en buena parte de su geografía todavía constituye una figura “ambigua” o, para decirlo con palabras de Alberto Binder, una “institución ausente”.

El actual Ministerio Público Fiscal de Santa Fe responde al diseño más tradicional, y por esa razón no ocupa un papel relevante en la arquitectura política del Estado, ni goza de reconocimiento social o confianza de la ciudadanía. Tampoco ha mostrado vocación ni capacidad de asumir la persecución de la criminalidad o la dirección funcional de la investigación criminal.

Estas circunstancias lo erigen como un instrumento absolutamente funcional al modelo inquisitivo, pues ha
dejado que la persecución de los delitos quede en manos de la Policía y los jueces de Instrucción y ha
procurado asimilarse en su organización y prácticas a las que son propias de las judicaturas más conservadoras. Que el procurador integre la Corte representa una de las notas paradigmáticas de esa
simbiosis y resulta inconciliable con un funcionamiento realmente autónomo de la organización fiscal.

No existe ninguna posibilidad de instalación efectiva del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la provincia de Santa Fe sin el alumbramiento de un “nuevo” Ministerio Público Fiscal que “rompa las cadenas” que lo
sujetan a la organización tradicional y lo atan como apéndice de la organización de los tribunales. Sólo así
puede pensarse que podrá llevar adelante una política de persecución penal eficaz y explícita, orientada a la tutela de los intereses de las víctimas y respetuosa de los principios de un derecho penal democrático.

El Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación busca estructurar la nueva
organización sobre la base de los siguientes pilares: autonomía funcional, autarquía económica, unidad de
actuación, precisión en la misión y función institucional, orientación a las víctimas y flexibilidad
organizacional.

Estas condiciones son fundamentales para conferir visibilidad y densidad política a la institución, facilitar
capacidad de gestión de los conflictos penales y también para lograr mejores respuestas a las víctimas y la
confianza de la ciudadanía. La mayor claridad en la misión y funciones, junto con la flexibilidad
organizacional, alimenta razonables expectativas de que se diseñe y ejecute una persecución penal
estratégica o inteligente, donde se prioricen los delitos que provocan mayor daño social y se logren mejores resultados frente a la criminalidad organizada.

El proyecto busca cortar definitivamente el “cordón umbilical” del Ministerio Fiscal, separando política,
económica, administrativa y funcionalmente a la organización de los fiscales de la que es propia de los
jueces y defensores. En esa línea erige una jefatura independiente para la nueva institución y deja al actual
procurador en el ámbito que le fija la Constitución Provincial.

Otro aporte valioso en términos republicanos aparece con la obligación de rendir cuentas que se contempla en el proyecto tanto para el fiscal general como para los fiscales regionales, pues de esta manera se rompe con el censurable apego de las organizaciones del sistema judicial a no explicar, justificar ni mostrar los resultados de su gestión o el uso de los recursos públicos empleados. Es deseable que se inaugure una fase de mayor responsabilidad del Ministerio Público frente a la ciudadanía.

Pero quizás una de las notas más singulares y elogiables del proyecto, en términos políticos, es el principio de descentralización del gobierno y la dirección estratégica de la institución, pues su ejercicio no aparece concentrado en una sola persona u órgano (el fiscal general), sino fraccionado entre él y cinco fiscales regionales, lo cual instala un muy interesante sistema de contrapesos que morigera el sistema jerárquico.

Esto, sumado a la temporalidad de estos cargos (6 años para el fiscal general y el mismo período, con
posibilidad de renovación por un segundo lapso, para los fiscales regionales), creemos que ayuda a prevenir las patologías que son propias de la concentración y permanencia en estos espacios de poder.

En el plano técnico, es francamente innovador el formato de su estructura organizacional con una separación de los órganos fiscales (fiscal general, fiscales regionales, fiscales y fiscales adjuntos), de los órganos de apoyo a la gestión (secretaría general, junta de fiscales, consejos asesores regionales, administración general, auditoria general, escuela del MPA y el organismo de investigación) y de los órganos disciplinarios (tribunal de disciplina). Cada uno de ellos ha recibido un tratamiento particularizado y también se ha regulado el sistema de carrera dentro del Ministerio Público de la acusación, sobre la base de los siguientes principios: acceso igualitario y por concurso público de oposición y antecedentes; evaluación objetiva de las condiciones y los méritos y formación continua. Evidentemente, se trata de una organización mucho más compleja que las que son propias de un Ministerio Público “ausente”, pero que resulta indispensable para instalar un actor institucional que es clave para asegurar la plena vigencia del modelo acusatorio que progresivamente se implementa en la provincia de Santa Fe.

Por último, la propuesta legislativa que comentamos plantea un conjunto de condiciones que llevan a pensar en una nueva generación de fiscales, con una misión más clara y con más sensibilidad por los intereses y problemas de las víctimas. Otros fiscales, distintos de aquellos que Calamadrei definió magistralmente como “jueces sin objetividad” y “abogados sin pasión”.

(*) Director Ejecutivo Inecip, profesor de Derecho Procesal Penal (Univ. Nac. del Comahue).

Fuente: elLitoral.com

Nulidad de la Interceptación de mensajes de texto por el Fiscal

2011-06-30T11:08:00.002-03:00

Nota publicada en DiarioJudicial

Un fiscal no puede revisar los SMS de un imputado si el juez no lo avala

La Cámara del Crimen dispuso la nulidad de la revisión de los mensajes de texto de un hombre imputado en una causa puesto que “la medida no luce refrendada por el magistrado”.

La sala IV de la Cámara del Crimen, integrada por Alberto Seijas, Carlos González y Julio Lucini, revocó una sentencia de grado que había rechazado un planteo de nulidad interpuesto contra “la interceptación de los mensajes de texto del teléfono celular del imputado horas después de ser detenido”.

En la causa “B, G s/nulidad” se dispuso acceder a los mensajes de texto enviados y recibidos en el teléfono celular secuestrado al detenido y proceder a su transcripción. Ante ello, la defensa presentó el planteo de nulidad que fue rechazado por el juez de primera instancia.

Por su parte los camaristas sostuvieron que “la orden impartida… no luce refrendada por el magistrado a
cargo de la investigación en ningún momento, ni el juez ha brindado los fundamentos de la invasión a la esfera de intimidad del imputado B. Tal extremo constituye una inobservancia de las normas establecidas para la validez de las diligencias tendientes a conocer las comunicaciones del imputado”.

“Algunas decisiones, como la analizada, requieren ciertas formalidades que no se han cumplido en este sumario, cuales son las contenidas en el artículo 236 segundo párrafo del CPPN que, con remisión al párrafo primero, exige que la obtención de los registros existentes de las comunicaciones del imputado o de quienes se comunicaran con él, sea dispuesta por el juez mediante auto fundado” explicaron.

“El silencio guardado por el magistrado con posterioridad al desempeño de la actuaria da por tierra con la posibilidad de atribuirle dicha actividad”, consigna el fallo.

Por otra parte, el fiscal entre sus argumentos sostenía que se trataba de un “supuesto distinto al acceso al tráfico de llamadas que regula el artículo 236 del CPPN, por lo que no sería aplicable la jurisprudencia citada por la defensa”.

Con respecto a ello, los magistrados dijeron que “si al fiscal que tiene delegada la investigación le está vedado requerir el listado de llamadas entrantes y salientes a una línea telefónica, menos aún es posible validar la orden de un funcionario, no refrendada por el juez, para acceder al contenido de las comunicaciones mantenidas por el imputado con terceros, ello por aplicación del mismo razonamiento que inspira la previsión del citado artículo 236, en tanto se trata de una injerencia de mayor entidad aún y que merece análoga protección”.

Por todo ellos decidieron revocar la sentencia y dispusieron la nulidad de la revisión y trascripción de los mensajes del imputado.

Fuente: DiarioJudicial

Simulacro de juicio oral en el marco del Curso de iniciación profesional

2011-06-11T12:29:00.001-03:00

A pedido de los concurrentes, y ante lo productivo que resultó la jornada del 24 de mayo de 2011 relacionada con la práctica de cómo se desarrolla un juicio oral, el próximo día martes 14 de Junio a las 14:30 hs. continuaremos con el simulacro luego del "cuarto intermedio" dispuesto por el tribunal.

En tal ocasión se procurará destacar qué cuestiones principales deben tener en cuenta los matriculados, nos dividiremos al igual que en la primer
jornada en grupos de trabajo, donde se prepararán los argumentos de la defensa, de la fiscalía, el modo de interrogar a los testigos, los distintos tipos de preguntas posibles.

Vale recordar que en la primer jornada, los grupos tuvieron como coordinadores a los Sres. Jueces de Tribunal de juicio, los Dres. Diego Bonano y Pedro Rodríguez, al Sr. Fiscal de Juicio Dr.. Patricio Pagani, y por la Defensa Particular, la experiencia del Dr. Daniel Cavo, donde además del estudio del caso práctico, se dio comienzo al Debate, con uno de los magistrados actuando como imputado, y quien suscribe como secretario del Tribunal, explicándose en cada caso el desarrollo de cada diligencia en particular.

Por falta de tiempo el "debate" pasó a un cuarto intermedio, por lo que se reanudará el mismo el día 14 de junio a las 14:30 hs., quedando pendiente el interrogatorio de testigos a cargo del fiscal y la defensa, lo alegatos finales y el veredicto, Jornada que se llevará a cabo en la Sede del Colegio. Quedan por este acto debidamente notificadas las partes, e invitados todos los matriculados que deseen participar.

Dr. Juan Antonio Navarro
Director del Instituto de Derecho Procesal Penal

Clase final y cierre del Curso de Iniciación profesional 2011

2011-06-05T04:24:00.001-03:00

ÚLTIMA JORNADA: REPRODUCCION DE UN DEBATE ORAL

La última jornada del curso de Iniciación Profesional 2011 sobre Derecho Procesal Penal contó con la presencia de los Dres. Pedro Rodriguez, Diego Bonano, Patricio Pagani y Daniel Cavo, junto a quienes los asistentes intervinieron en un simulacro de juicio oral por un caso práctico traido por el Dr. Pedro Rodriguez.

El Dr. Daniel Cavo en su rol de abogado defensor desarrolló estrategias y explicó a los asistentes cuales son las diferentes tareas del abogado defensor a la hora de realizar la defensa técnica de un asistido, subrayando la noción de que el trabajo del abogado defensor no se circunscribe solo al estudio jurídico y la procuración, ya que se debe realizar una investigación de los hechos, concurrir al lugar donde sucedieron los hechos que se le imputan a nuestro asistido –en la medida de lo posible-, entrevistar testigos, etc. Tareas por demás sabidas que realiza el Fiscal, sosteniendo que la labor profesional del defensor técnico en materia penal se debe equiparar a la del acusador.

Por su parte el Dr. Patricio Pagani siguiendo en su papel de Fiscal de juicio, junto a otro grupo de asistentes al curso, desarrolló su estrategia y explicó acabadamente cual es el papel de la fiscalia y qué es lo que busca cuando acusa y de qué manera se puede sostener la acusación durante el debate oral.

Además se formó un Tribunal a cargo del Dr. Juan Navarro Gonzalez y el Dr. Pedro Rodriguez, siendo que el Dr. Diego Bonano participó del simulacro en calidad de imputado, trabajando con la defensa cuáles son las preguntas a las que se debe apuntar a la hora de interrogar a nuestro defendido y señalando a través de su experiencia como magistrado, cuáles son las impresiones que se lleva un juez en el debate si el imputado se expresa o no de tal manera.

El simulacro de juicio se llevó adelante con las formalidades de un debate real, denotando diferencias prácticas dependiendo de que jurisdicción nos toque trabajar; El imputado –Dr. Diego Bonano- declaró sometiéndose a las preguntas tanto de la fiscalía como a las preguntas de la defensa, momento en el cual se trató de explicar de qué manera preguntar si uno es defensor o si se encuentra en el papel de acusador en el caso de presentarse como querellante.

También declaró un testigo de cargo –un asistente tomó ese papel- declaración que contradijo notablemente los dichos del imputado (situación que sucede generalmente en la realidad de los juicios).
A la hora del interrogatorio la fiscalía pudo realizar su tarea, pero por razones de tiempo quedaron pendientes de realizar las preguntas de la defensa, la participación de un testigo de la defensa y los alegatos finales para el próximo encuentro que se realizará el día 14 de junio a las 14:30 hs.

Esperamos contar con la asistencia de los matriculados para la última reunión señalada, ocasión que será de suma utilidad para la comprensión de las instancias finales del debate, donde apreciaremos la importancia de la planificación de la teoría del caso elegida, cuyo producto resultante es la alegación final dirigida al tribunal que va a juzgar los hechos.

Los esperamos

Tercera clase del Curso de Iniciación profesional del año 2011

2011-05-23T17:39:00.001-03:00

Continuando con el ciclo correspondiente al Curso de Iniciación Profesional en Derecho Procesal Penal, el día martes 17 de Mayo pasado, tuvimos la ocasión de concretar la tercera clase programada, a los fines de tratar el tema nulidades y los recursos.

Previo a ello, y tal como fue anticipado, se completó el tema correspondiente de la "teoría del caso", a cargo del Dr. Alejandro Alvarito, quien en la primer parte del encuentro esbozó los lineamientos generales de la preparación de la hipótesis de trabajo, el manejo de la hipótesis fáctica como ladrillo fundamental de la construcción de todo plan estratégico, todo ello en el marco de la teoría jurídica elegida para el caso y el diseño de la actividad probatoria tendiente a demostrar la versión durante el juicio. Con el apoyo de filminas y presentación en power point, se destacó en cada ejemplo el valor del correcto uso de las proposiciones a utilizar, para el mejor desempeño discursivo en las audiencias y una mejor planificación de la investigación, del acopio de evidencias, y finalmente del ofrecimiento, defensa y argumentación de la prueba rendida.

A su turno tuvo la palabra el Dr. Daniel Vazquez Seoane, quien se explayó sobre el tema relativo a nulidades dentro del proceso penal, abordando tópicos esenciales del instituto en cuestión, como ser la diferenciación entre nulidad e inexistencia del acto, la clasificación general dada en materia penal a las nulidades reguladas tanto en el código formal como las que provienen del derecho común. También el Dr. Vazquez en apretada síntesis debido a los tiempos disponibles, abordó el tema de la referencia legal de cada tipo de las nulidades reguladas, plazos, forma y condiciones de articulación.

Finalmente llegó el broche de oro de la jornada, con la destacada exposición de nuestro querido amigo y colega, el profesor Dr. Luis del Valle Moreno, quien con suma destreza y en muy poco tiempo nos graficó una serie de cuadros sinópticos sobre los distintos tipos de recursos a utilizar durante en el proceso, abordando en cada caso los presupuestos básicos de procedencia, los tiempos y formas de interposición. Con cita de los precedentes más usados, Moreno abordó asimismo en forma breve pero concisa, los principios que deben ser respetados en toda sentencia, objeto de nuestro ataque crítico, entre ellos el que obliga al magistrado a dar razón suficiente en sus fundamentaciones, respetando los principios que hacen a la logicidad de toda argumentación: el principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluído. También en forma somera, el Dr. Moreno nos refirió acerca de la doctrina de la arbitrariedad y el absurdo a tener en cuenta a la hora de fundar los motivos de agravio en los recursos de casación y los extraordinarios.

Los invitamos a seguir participando del curso, cuya última clase a realizarse el martes 24 de Mayo próximo, será la que abarque el tema del juicio oral propiamente dicho. En tal ocasión contaremos con la presencia de Magistrados y funcionarios del Ministerio Público, oportunidad en que intentaremos si los tiempos lo permiten, la dramatización de una típica jornada de debate con las partes y el tribunal en pleno.

Los esperamos