El blog de César Vásquez Bazán - PERÚ: Política, Economía, Historia

Macartismo declarado: Haya de la Torre denunció la presencia de siete candidatos comunistas entre los postulantes al Congreso por Acción Popular en las elecciones de 1962.- Según Haya, los socialistas deberían ser prohibidos de ser candidatos

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 08 Jun 2026 01:59:28 +0000

Mayo 15, 2026

ELECCIÓN EN PERÚ DISPUTADA ACERCA DE LOS ROJOS
El comunismo es el tema principal en la carrera presidencial

Aviso electoral anticomunista del Partido Aprista publicado en los diarios de Lima en junio de 1962

Por JUAN DE ONIS Especial para The New York Times.

LIMA, Perú, 3 de junio — El comunismo es el tema principal en la campaña para la elección presidencial del próximo domingo.

El Dr. Víctor Raúl Haya de la Torre, candidato de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), ha convertido “la lucha democrática contra el comunismo” en el tema central de su campaña. “APRA sí, comunismo no”, es su lema. Se ve en carteles en las paredes y se escucha por altavoces.

El Dr. Haya de la Torre, exmilitante marxista pero ahora un socialista moderado, acusa a su principal oponente, Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular, de consentir a los comunistas entre sus seguidores y de evadir el tema en público.

El Partido Aprista publicó hoy un anuncio a toda página en los periódicos locales en el que afirma que la lista de candidatos al Congreso de Acción Popular incluye a siete comunistas conocidos. Se publicaron los nombres de dichos candidatos.

La verdad sobre la nacionalidad japonesa de 藤森恵子 (Fujimori Keiko).- Candidata nipona reconoce crímenes cometidos por la dictadura de su padre.- El verdadero nombre y nacionalidad de la hija del dictador nipón Fujimori Ken’ya.- Ilegal postulante a la presidencia renunció a la nacionalidad peruana para asumir la japonesa

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 06 Jun 2026 01:43:15 +0000

Escribe: César Vásquez Bazán
http://goo.gl/8AjJfl
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Lea también:

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La verdad sobre el virrey Alfredo Barnechea

La ilegal candidata a la presidencia del Perú, ciudadana japonesa 藤森恵子 (Fujimori Keiko) debería ser juzgada por complicidad en los crímenes cometidos por la dictadura que presidió su padre.

La corrupción fujimorista resumida magistralmente por Heduardo en su tinta, revista Caretas, No. 1562, 8 de abril de 1999

Apropiación de las donaciones japonesas

Escribe: Lupe Muñoz

La República, 4 de octubre de 2014

La Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Lima dispuso reiniciar el proceso contra tres hermanos y un cuñado del expresidente Fujimori Ken’ya por la apropiación ilícita de fondos donados por ciudadanos japoneses en el periodo 1990-2000. Además, ratificó la orden de captura internacional para todos ellos.

Se trata de Rosa, Juana y Pedro Fujimori Fujimori, además del exembajador peruano en Japón Víctor Aritomi Shinto. Después de un largo proceso, finalmente la Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria citó a los imputados el 25 de setiembre de 2014. Ninguno apareció. Ni siquiera acreditaron un abogado defensor.

Al notar que se trataba de una burla, el Tribunal, presidido por el magistrado Aldo Figueroa Navarro e integrado por sus colegas Liliana Placencia Rubiños y Segismundo León Velasco, ratificó la orden de captura internacional de los acusados. Rosa Fujimori y su esposo Víctor Aritomi, así como Juana Fujimori, se ocultan en Japón valiéndose de la adopción de la nacionalidad nipona. Pedro Fujimori reside en Estados Unidos y el Poder Judicial tramita su extradición. Por orden del Tribunal se ha reactivado el procedimiento para traer a Pedro Fujimori al país.

Reos contumaces

El titular de la Segunda Fiscalía Superior, Hugo Turriate Loayza, acusa a los familiares de Alberto Fujimori de los delitos de peculado doloso y asociación ilícita para delinquir.

Víctor Aritomi y su cónyuge Rosa Fujimori, desde Japón, y Juana Fujimori y Rosa Fujimori, desde Perú, recibían de instituciones y ciudadanos nipones aportaciones en dinero como donación para los niños pobres. El dinero era captado por Apenkai, una organización no gubernamental de la familia Fujimori, que simuló la construcción de colegios para justificar el uso de los recursos donados. El exsecretario del despacho presidencial José Kamiya Teruya es otro de los acusados. A diferencia de los demás, acreditó su defensa.

Según la investigación de las autoridades judiciales, alrededor de veinte millones de dólares que aportaron los japoneses durante el gobierno de Fujimori terminaron en las cuentas personales de los acusados y sus familiares, en particular en el desaparecido NBK Bank, que en Lima era representante del Bank of Tokyo.

Durante las indagaciones se descubrió que el exembajador Víctor Aritomi transfirió a Alberto Fujimori 225 mil 123 dólares a una cuenta del Banco de la Nación que tenía en el Swiss Bank Corporation. Luego el Banco de la Nación entregó a Fujimori un cheque de gerencia por la mencionada suma, el 25 de junio de 1993. El dinero correspondía a las donaciones japonesas que captaba el exembajador Aritomi, el hombre que manejaba las finanzas del expresidente Alberto Fujimori.

De acuerdo con la acusación fiscal, "por disposición del ex presidente Alberto Fujimori, en complicidad con el exembajador Víctor Aritomi, y el exsecretario del despacho presidencial, José Kamiya Teruya, manejaron dineros provenientes de donaciones japonesas realizadas al despacho para fines de asistencia social, de las que no existen reportes sobre el destino final de las mismas".

La fiscalía identificó varias transferencias de donaciones japonesas a cuentas que controlaba Fujimori. Por ejemplo, la donación de un millón de dólares del empresario japonés Shosaku Nagase; de un millón 2 mil 890 dólares que entregó el diario nipón Shankei Shimbum; de un millón de dólares de la compañía Mitsubishi; y 664 mil 120 mil dólares que proporcionaron distintas personas japonesas de buena fe; todos estos fondos terminaron en una cuenta del Banco de Crédito del Perú (Nº 191.10552716-1-08), que José Kamiya administraba bajo órdenes de Alberto Fujimori.

En este tipo de operaciones, el que recibía las donaciones era el exembajador en Japón Víctor Aritomi (1990-2000), quien usaba sucursales de bancos extranjeros en Tokio para transferir los montos a cuentas que Rosa, Juana y Pedro, e incluso su suegra, Mutsue Inomoto de Fujimori, tenían en el NBK Bank, en Lima. Luego depositaban los fondos en cuentas a plazos, ganaban intereses, lo retiraban en efectivo y lo sacaban del país o depositaban a nombre de testaferros, por lo general de la comunidad nisei.

El juicio por el caso de la apropiación ilegal de las donaciones japonesas es emblemático. En 1992, la entonces primera dama Susana Higuchi denunció a sus cuñadas Rosa y Juana por el destino indebido de la ropa donada por ciudadanos japoneses.

Fujimori Ken’ya con su hermana Rosa Fujimori de Aritomi y el esposo de ésta, Víctor Aritomi Shinto, acusados de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir. Aritomi y Rosa Fujimori se encuentran prófugos y viven en Japón, al amparo del gobierno nipón.

Ciudadana japonesa Juana Fujimori de Kagami, tía de la súbdita japonesa 藤森恵子 (Fujimori Keiko), acusada de apropiarse de donaciones hechas al Gobierno del Perú. La Fujimori se encuentra prófuga, al amparo del Japón.

Súbdito japonés Pedro Fujimori, tío de la ciudadana japonesa 藤森恵子 (Fujimori Keiko), prófugo al amparo del Japón

En lugar de cobrar la renta parasitaria que percibe como congresista, la nipona debería estar tras las rejas en la Cárcel de Mujeres de Chorrillos. Basamos nuestras afirmaciones en el vídeo de una entrevista poco difundida en el Perú, en el que la mencionada Fujimori Keiko reconoce su participación en los actos de la dictadura fujimorista.

En el primer vídeo que adjuntamos, se aprecia a la ciudadana japonesa Fujimori Keiko reconociendo que su padre, el también súbdito nipón y exdictador Fujimori Ken’ya, “ordenó eliminar terroristas y que no era loco para estarlo diciendo públicamente”.

Con la concha y el cinismo que la caracterizan, la hija del socio de Montesinos se niega a entender que tales eliminaciones constituyen, precisamente, los crímenes por los cuales se sentenció a su padre.

La entrevista es en inglés y en ella la hija nipona del dictador nipón reconoce entre otras cosas:

1.- Que vivió y “trabajó” con su padre, en especial cuando ambos residieron en las instalaciones del centro criminal llamado Servicio de Inteligencia Nacional. Durante la dictadura fujimorista, desde el SIN se dirigió los escuadrones de la muerte. En el SIN también se torturó y cremó a detenidos políticos.

2.- Que es testigo directo de lo que ella llamó “los trabajos y logros” de su padre, el dictador Fujimori Ken’ya. En otras palabras, la súbdita japonesa Fujimori Keiko aceptó que fue parte del grupo que gobernó dictatorialmente el país entre 1990 y el año 2000 y que es testigo de las decisiones que condujeron a la ejecución de los crímenes cometidos por dicho régimen.

3.- Que durante la dictadura de su padre “se eliminaba terroristas”. Con una sonrisa oriental en los labios, explica que de acuerdo a la versión de su papi “no se eliminaba a sospechosos sino a terroristas”. Dándose cuenta que estaba reconociendo la ejecución de peruanos que no habían sido sometidos a juicio, la Fujimori intentó corregir lo dicho indicando que usa la palabra “eliminación” en su acepción militar. Sólo consigue hundirse en su propio vómito, puesto que en jerga castrense “eliminación” significa destrucción y aniquilamiento. En tono de arrogante confidencia, la hija del dictador termina esta parte de la entrevista explicando que eso “no podía decirse en público”.

4.- Su conocimiento previo de las acciones criminales del SIN fujimorista. Nótese en especial que la hoy ilegal candidata a la presidencia usa la expresión “nosotros” para referirse a los asesinatos y vejaciones cometidos por el régimen fujimorista. Hipócritamente, la súbdita nipona solicita excusas por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta y por los crímenes de los sicarios militares organizados por su padre y Montesinos en el denominado Grupo Colina. No percibe que además del pedido de disculpas se requiere la acción correctiva de la justicia.

Así, pues, no sólo por ser ciudadana extranjera sino por haber conocido con antelación los crímenes y delitos de la dictadura fujimorista y estar de acuerdo con ellos, los electores no deben votar por la nipona Fujimori Keiko.

Otrosídigo: Una futura Constitución debe asegurar que los gobernantes de nuestro país sean no sólo peruanos de nacimiento, sino que jamás hayan renunciado a la ciudadanía peruana y carezcan de segundas o terceras nacionalidades que puedan comprometer su lealtad a la patria, como es el caso de los miembros de la familia del dictador Fujimori.

A continuación presentamos la versión en inglés y la traducción al castellano de las respuestas de la ciudadana japonesa Fujimori Higuchi Keiko en la entrevista que condujera Mariana Sánchez Aizcorbe para Al-Jazeera el 7 de abril de 2009.

Respuestas traducidas al castellano de la súbdita japonesa 藤森恵子 (Fujimori Keiko)

(Tiempos de la entrevista incluidos entre paréntesis)

Entrevistadora Mariana Sánchez-Aizcorbe: “Usted siempre ha mantenido la inocencia de su padre. ¿Por qué?” (0:01 - 0:04)

Fujimori Keiko: “Viví y trabajé con mi padre cuando él fue presidente. Soy testigo directo de su trabajo y sus logros.” (0:04 - 0:15) ...

Entrevistadora: “La doctrina que su padre implementó incluyó la eliminación de sospechosos.” (1:02 - 1:06)

Fujimori Keiko: “No. Ellos dijeron… la eliminación de terroristas. Eliminación de terroristas no significa –y él no lo iba a decir en público (sic)– que iba a matar gente. Obviamente. Quiero decir, sólo alguien que esté loco haría eso. Ésta es una palabra que es usada en términos militares.” (1:06 - 1:26)

Entrevistadora: “No es un secreto que se libraba una guerra sangrienta y que se peleaba una guerra sucia.” (1:26 - 1:31)

Fujimori Keiko: “No podemos negar que murió gente en los Barrios Altos y en La Cantuta. No podemos negar que el Grupo Colina existió. Sí existió. Esas matanzas sucedieron y nos arrepentimos de ello. Nos sentimos muy apesadumbrados por sus familias…” (1:31 - 1:45)

Respuestas en idioma inglés de la súbdita japonesa 藤森恵子 (Fujimori Keiko)

Entrevistadora Mariana Sánchez-Aizcorbe: “You have always maintained the innocence of your father. Why?” (0:01 - 0:04)

Fujimori Keiko: “I have lived and worked with my father when he was president. I am a direct witness of his work and his accomplishments.” (0:04 - 0:15) ...

Entrevistadora: “The doctrine that your father implemented included the elimination of suspects.” (1:02 - 1:06)

Fujimori Keiko: “No. They said… the elimination of terrorists. Elimination of terrorists doesn’t mean –and he is not gonna say it in public– that he was to kill people. Obviously. I mean, only somebody crazy will do that. This is a word that is used on militar terms.” (1:06 - 1:26)

Entrevistadora: “It is not a secret that there was a bloody war going on and that a dirty war was being fought.” (1:26 - 1:31)

Fujimori Keiko: “We cannot deny that people die in Barrios Altos and La Cantuta. We cannot deny that Colina Group existed. It did exist. These killings did happen and we regret for this. We feel very sorry for their families…” (1:31 - 1:45)

La ilegal candidata japonesa a la presidencia del Perú Fujimori Keiko y su familia convivían con el cómplice de su padre, Vladimiro Montesinos, en el edificio del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Este vídeo debe refrescar la memoria de los peruanos.

Súbdita nipona Fujimori Keiko explica su plan de gobierno. Consiste en sacar de la cárcel a su padre, el criminal japonés Fujimori Ken’ya. ¿Cómo es posible que un país que se precia de ser república pueda tener candidatos extranjeros a la presidencia, peor aún que aspiren a liberar a delincuentes extranjeros convictos y confesos como Fujimori Ken’ya?

El estadounidense Pedro-Pablo Kuczynski con la japonesa-estadounidense Fujimori Keiko

Una caricatura para no olvidar: Dos de los candidatos extranjeros de la derecha dando a conocer su cercanía política y económica en Lima, el 13 de abril de 2011.

藤森恵子: El verdadero nombre de la japonesa Fujimori Keiko

藤森恵子 (Fujimori Keiko) oculta a la opinión pública peruana que antes de cumplir veintidós años de edad, renunció a la nacionalidad peruana para asumir la nacionalidad japonesa. Su renuncia fue similar a la abjuración de la nacionalidad peruana hecha por el pendejo transnacional Pedro-Pablo Kuczynski con el fin de adquirir la ciudadanía estadounidense. Para las leyes niponas Fujimori Keiko no sólo es japonesa sino, más aún, es japonesa de nacimiento.

¿Es cierto que 藤森恵子 (Fujimori Keiko) es japonesa de nacimiento?

Sí, es cierto. Conforme a la legislación nipona, Fujimori Keiko es considerada japonesa de nacimiento.

De acuerdo con el artículo 2, inciso 1 de la Ley de Nacionalidad del Japón, un recién nacido adquiere la nacionalidad nipona cuando su padre, o su madre, o ambos tienen la nacionalidad japonesa. Ése es el caso de Fujimori Keiko, hija de padre y madre japoneses.

¿Por haber nacido en el Perú perdió 藤森恵子 (Fujimori Keiko) la nacionalidad japonesa?

No, no perdió la nacionalidad japonesa.

Según las leyes del país del Sol Naciente, si bien Fujimori Keiko nació en el Perú, por ser hija de padres nipones ostenta y mantiene la nacionalidad japonesa.

Así lo prescribe el artículo 11 de la Ley de Nacionalidad del Japón. El japonés sólo pierde su nacionalidad cuando adquiere la nacionalidad extranjera por propia voluntad.

Por consiguiente, Fujimori Keiko no dejó de ser japonesa por haber nacido en el Perú.

Obviamente, ella no pudo determinar su lugar de su nacimiento por voluntad propia.

¿Renunció 藤森恵子 (Fujimori Keiko) a la nacionalidad peruana?

Sí, renunció a la nacionalidad peruana para conservar la nacionalidad japonesa.

Inicialmente, por haber nacido en el Perú, Fujimori Keiko tuvo dos nacionalidades: la peruana por haber nacido en el territorio de nuestro país, y la japonesa por ser hija de padre y madre nipones.

En estos casos, Japón aplica el artículo 14 de la Ley de Nacionalidad que prescribe que antes de cumplir los veintidós años de edad la persona con doble nacionalidad debe escoger una de ellas.

De acuerdo con el inciso 2 del mencionado artículo, la decisión de Fujimori Keiko de asumir la nacionalidad japonesa, se formalizó en la Declaración Jurada de Elección de Nacionalidad. Fujimori Keiko, por voluntad propia, asumió la nacionalidad japonesa y renunció a la nacionalidad peruana. Su declaración quedó asentada en el registro familiar (koseki) de la familia Fujimori.

¿Puede un peruano confiar la presidencia de la nación a un renunciante a la nacionalidad peruana como 藤森恵子 (Fujimori Keiko)?

De ninguna manera. La ilegal candidata a la presidencia peruana señaló desde hace años su preferencia por Japón en materia de nacionalidad. Al igual que el extranjero Kuczynski, que abjuró la nacionalidad peruana para obtener su actual ciudadanía norteamericana, Fujimori Keiko oculta desde hace años su renuncia a ser peruana.

El caso de la nacionalidad japonesa de Fujimori Keiko, es una experiencia que deberíamos tener presente al elegir a las nuevas autoridades políticas.

Al haber abjurado la nacionalidad peruana, Fujimori Keiko es indigna de recibir la confianza de ningún peruano para ocupar un cargo público en el Gobierno del Perú.

Notas sobre la determinación de la nacionalidad en el Japón

¿Cuáles son las leyes que rigen la determinación de la nacionalidad en Japón?

La legislación existente en el Japón para la determinación de la nacionalidad está constituida por la Ley de Nacionalidad del Japón, Ley No. 147 de 1950. Esta ley fue enmendada por la Ley No. 268 de 1952, la Ley No. 45 de 1984, la Ley No. 89 de 1993, Ley No. 147 del año 2004 y la Ley No. 88 del año 2008.

Los interesados pueden leer la versión en inglés de esta legislación en el sitio oficial en Internet del Ministerio de Justicia del Japón. Para ello deben hacer clic aquí.

¿Qué es el koseki?

El koseki es el sistema de registro familiar que rige en el Japón. Es el documento oficial en el que se registran los nacimientos, fallecimientos, matrimonios y divorcios de los japoneses. Las oficinas públicas niponas reciben y mantienen esta información que constituye una especie de registro nacional de identidad de los japoneses.

El koseki de cada japonés es el mismo durante toda su vida. Cuando los japoneses se casan, divorcian, o tienen descendencia deben actualizarlo. Para ello notifican a la municipalidad donde se mantiene dicho registro.

El koseki está normado por la Ley No. 224 de 1947, conocida como la Ley del Registro Familiar o Ley del Koseki.

¿Cuál es el texto en inglés de la Ley de Nacionalidad del Japón?

El texto es el siguiente:

The Nationality Law
(Law No. 147 of 1950, as amended by Law No. 268 of 1952, Law No. 45 of 1984, Law No. 89 of 1993, Law No. 147 of 2004, and Law No. 88 of 2008)

Purpose of this Law

Article 1.- The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by the provisions of this Law.

Acquisition of nationality by birth

Article 2.- A child shall, in any of the following cases, be a Japanese national:
(1) When, at the time of its birth, the father or the mother is a Japanese national;
(2) When the father who died prior to the birth of the child was a Japanese national at the time of his death;
(3) When both parents are unknown or have no nationality in a case where the child is born in Japan.

Acquisition of nationality by an Acknowledged Child

Article 3.- A child (excluding a child who was once a Japanese national) under twenty years of age whose father or mother has acknowledged paternity or maternity respectively, may acquire Japanese nationality through a notification to the Minister of Justice, if the father or mother who made the acknowledgement was a Japanese national at the time of the child's birth, and such father or mother is presently a Japanese national or was a Japanese national at the time of his or her death.

2. A child who makes notification in accordance with the preceding paragraph shall acquire Japanese nationality at the time of the notification.

Naturalization

Article 4.- A person who is not a Japanese national (hereinafter referred to as “an alien”) may acquire Japanese nationality by naturalization.

2. The permission of the Minister of Justice shall be obtained for naturalization.

Article 5.- The Minister of Justice shall not permit the naturalization of an alien unless he or she fulfills all of the following conditions:
(1) that he or she has domiciled in Japan for five years or more consecutively;

(2) that he or she is twenty years of age or more and of full capacity to act according to the law of his or her home country;

(3) that he or she is of upright conduct;

(4) that he or she is able to secure a livelihood by one's own property or ability, or those of one's spouse or other relatives with whom one lives on common living expenses;

(5) that he or she has no nationality, or the acquisition of Japanese nationality will result in the loss of foreign nationality;

(6) that he or she has never plotted or advocated, or formed or belonged to a political party or other organization which has plotted or advocated the overthrow of the Constitution of Japan or the Government existing thereunder, since the enforcement of the Constitution of Japan.

2. When an alien is, regardless of his or her intention, unable to deprive himself or herself of his or her current nationality, the Minister of Justice may permit the naturalization of the alien, notwithstanding that the alien does not fulfill the conditions set forth in item (5) of the preceding paragraph, if the Minister of Justice finds exceptional circumstances in his or her family relationship with a Japanese national, or other circumstances.

Article 6.- The Minister of Justice may permit the naturalization of an alien notwithstanding that the alien does not fulfill the condition set forth in item (1) of paragraph 1 of the last preceding Article, provided that the said alien falls under any one of the following items, and is presently domiciled in Japan:

(1) One who has had a domicile or residence in Japan for three consecutive years or more and who is the child of a person who was a Japanese national (excluding a child by adoption);

(2) One who was born in Japan and who has had a domicile or residence in Japan for three consecutive years or more, or whose father or mother (excluding father and mother by adoption) was born in Japan;

(3) One who has had a residence in Japan for ten consecutive years or more.

Article 7.- The Minister of Justice may permit the naturalization of an alien who is the spouse of a Japanese national notwithstanding that the said alien does not fulfill the conditions set forth in items (1) and (2) of paragraph 1 of Article 5, if the said alien has had a domicile or residence in Japan for three consecutive years or more and is presently domiciled in Japan. The same rule shall apply in the case where an alien who is the spouse of a Japanese national has been married with the Japanese national for three years or more and has had a domicile in Japan for one consecutive year or more.

Article 8.- The Minister of Justice may permit the naturalization of an alien notwithstanding that the alien does not fulfill the conditions set forth in items (1), (2) and (4) of paragraph 1 of Article 5, provided that the alien falls under any one of the following items:

(1) One who is a child (excluding a child by adoption) of a Japanese national and has a domicile in Japan;

(2) One who is a child by adoption of a Japanese national and has had a domicile in Japan for one consecutive year or more and was a minor according to the law of its native country at the time of the adoption;

(3) One who has lost Japanese nationality (excluding one who has lost Japanese nationality after naturalization in Japan) and has a domicile in Japan;

(4) One who was born in Japan and has had no nationality since the time of birth, and has had a domicile in Japan for three consecutive years or more since then.

Article 9.- With respect to an alien who has rendered especially meritorious service to Japan, the Minister of Justice may, notwithstanding the provision of Article 5, paragraph 1, permit the naturalization of the alien with the approval of the Diet.

Article 10.- The Minister of Justice shall, when permitting naturalization, make an announcement to that effect by public notice in the Official Gazette.

2. The naturalization shall come into effect as from the date of the public notice under the preceding paragraph.

Loss of nationality

Article 11.- A Japanese national shall lose Japanese nationality when he or she acquires a foreign nationality by his or her own choice.

2. A Japanese national having a foreign nationality shall lose Japanese nationality if he or she chooses the foreign nationality in accordance with the laws of the foreign country concerned.

Article 12.- A Japanese national who was born in a foreign country and has acquired a foreign nationality by birth shall lose Japanese nationality retroactively as from the time of birth, unless the Japanese national clearly indicates his or her volition to reserve Japanese nationality according to the provisions of the Family Registration Law (Law No. 224 of 1947).

Article 13.- A Japanese national having a foreign nationality may renounce Japanese nationality by making notification to the Minister of Justice.

2. The person who made notification in accordance with the preceding paragraph shall lose Japanese nationality at the time of the notification.

Choice of nationalities

Article 14.- A Japanese national having a foreign nationality shall choose either of the nationalities before he or she reaches twenty two years of age if he or she has acquired both nationalities on and before the day when he or she reaches twenty years of age or, within two years after the day when he or she acquired the second nationality if he or she acquired such nationality after the day when he or she reached twenty years of age.

2. Choice of Japanese nationality shall be made either by depriving himself or herself of the foreign nationality or by the declaration provided for in the Family Registration Law in which he or she swears that he or she chooses to be a Japanese national and that he or she renounces the foreign nationality (hereinafter referred to as “declaration of choice ”).

Article 15.- The Minister of Justice may, by written notice, require a Japanese national having a foreign nationality who fails to choose Japanese nationality within the period prescribed in paragraph 1 of the last preceding Article to choose one of the nationalities he or she possesses.

2. The notice provided for in the preceding paragraph may be made by means of announcement thereof in the Official Gazette, in the case where the person who is to receive the notice is missing or in any other circumstances where it is impossible to send the notice to the person concerned. In this case, the notice shall be deemed to reach the person concerned on the day following the day when the announcement is made in the Official Gazette.

3. The person to whom the notice has been sent in accordance with the preceding two paragraphs shall lose Japanese nationality at the expiration of one month after the day he or she receives the notice, unless he or she chooses Japanese nationality within such period. This shall not, however, apply in the case where the person concerned is unable to choose Japanese nationality within such period due to a natural calamity or any other cause not imputable to him or her and he or she has made such choice within two weeks after he or she has become able to do so.

Article 16.- A Japanese national who has made the declaration of choice shall endeavour to deprive himself or herself of the foreign nationality.

2. In the case where a Japanese national who has made the declaration of choice but still possesses a foreign nationality has voluntarily taken public office in the foreign country (excluding an office which a person not having the nationality of such country is able to take), the Minister of Justice may declare that he or she shall lose Japanese nationality if the Minister finds that taking such public office would substantially contradict his or her choice of Japanese nationality.

3. The hearing concerning the declaration under the last preceding paragraph shall be conducted publicly.

4. The declaration provided for in paragraph 2 of this Article shall be made by public notice in the Official Gazette.

5. The person against whom the declaration has been made under paragraph 2 of this Article shall lose Japanese nationality on the day of the public notice under the last preceding paragraph.

Reacquisition of nationality

Article 17.- A person under twenty years of age who has lost Japanese nationality in accordance with Article 12 may reacquire Japanese nationality by making notification to the Minister of Justice if he or she has a domicile in Japan.

2. A person who has received a notice under paragraph 2 of Article 15 and has lost Japanese nationality under paragraph 3 of the said Article may reacquire Japanese nationality by making notification to the Minister of Justice within one year after he or she has become aware of the fact that he or she has lost Japanese nationality, if he or she fulfills the condition set forth in item (5) of paragraph 1 of Article 5. However, in the case where he or she is unable to make notification within the period due to natural calamity or any other cause not imputable to him or her, such period shall be one month after he or she becomes able to do so.

3. The person who has made notification in accordance with the preceding two paragraphs shall acquire Japanese nationality at the time of the notification.

Notification, etc., by legal representative

Article 18.- In the case where the person who intends to acquire, choose or renounce nationality is under fifteen years of age, notification of the acquisition of nationality under Article 3, paragraph 1 or Article 17, paragraph 1, the application for naturalization permission, the declaration of choice or the notification of renunciation of nationality shall be made by the person's legal representative on his or her behalf.

Ministerial ordinance

Article 19.- Except as provided for in this Law, the procedures concerning the acquisition or renunciation of nationality as well as other rules necessary to enforce this Law shall be prescribed in the Ordinance of the Ministry of Justice.

Penal provisions

Article 20.- Any person who has made a false notification when filing a notification pursuant to the provision of Article 3, paragraph 1 shall be punished by imprisonment with work for not more than one year or a fine of not more than 200,000 yen.

2. The crime set forth in the preceding paragraph shall be governed by the provision of Article 2 of the Penal Code (Act No. 45 of 1907).

Penoso espectáculo de la asiática 藤森恵子 (Fujimori Keiko) en CNN.- La mejor ley en el Congreso de la semi-analfabeta candidata del Partido Japonés

La candidata del Partido Japonés a la presidencia del Perú, 藤森恵子 (Fujimori Keiko), hija del exdictador 藤森謙也 (Fujimori Ken’ya), sigue haciendo público el pobre nivel de preparación intelectual y política que la caracteriza.

En una entrevista transmitida por CNN en Español, la súbdita asiática informó que su “ley más importante” como congresista en el período 2006-2011 fue la signada con el número 29168.

Este dispositivo eliminó el impuesto municipal a los espectáculos públicos no deportivos, que gravaba con una tasa del 15% el valor de la entrada a los “conciertos” de música. Además, la ley rebajó del 30% al 15% la tasa del impuesto a la renta aplicable a dichos espectáculos.

La candidata japonesa 藤森恵子 (Fujimori Keiko) afirmó que por ese motivo se pudieron realizar “mayor cantidad de eventos” en el país: 60 megaconciertos en el año 2008 y un número similar en el año 2009.

Como lo demuestra su respuesta a CNN, la desubicada candidata del Sol Naciente no tiene la más mínima idea de cuáles son los problemas fundamentales del Perú. Para ella, su acción más importante en el Congreso ha sido la de eliminar el impuesto municipal que grava los conciertos de rock.

¡Qué reforma de la salud, o de la educación, o del Estado! ¡Que mejora en el régimen laboral y en el trato a los trabajadores! Cojudeces, mis estimados televidentes, cojudeces... Para 藤森恵子 (Fujimori Keiko) la cosa es más directa y más sencilla. El Perú progresará si se desgrava de impuestos municipales los conciertos de rock. Tal la “mejor ley” de esta semi-analfabeta política en el Congreso 2006-2011.

Los peruanos conscientes nos preguntamos: Si una persona tan limitada de raciocinio como la ciudadana nipona 藤森恵子 (Fujimori Keiko) llega a ocupar la presidencia del Perú, ¿quiénes serían los verdaderos gobernantes de nuestro país? ¿Qué intereses representaría este poder oculto?

Abril 16, 2011
Marzo 20, 2016

Escritora y poetisa aprista Magda Portal sacó a luz pública el abandono dirigencial de las tesis originales del PAP y su práctica de la política de “doble faz” (conocida como “la escopeta de dos cañones”)

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 05 Jun 2026 18:03:31 +0000

https://bit.ly/3MZnyGB

Diciembre 6, 2009

Magda Portal escribió ¿Quiénes traicionaron al pueblo?, folleto de treinta páginas publicado en Lima, en abril de 1950, por la Empresa Editora Salas e Hijos.

En el documento, la fundadora del Partido Aprista Peruano sostuvo que las elecciones generales de 1945 fueron afrontadas por Haya de la Torre y la dirección del PAP mediante el desmantelamiento ideológico y programático del Partido Aprista, formalizado mediante su conversión en un incoloro “Partido del Pueblo”.

Sin mencionar explícitamente una sola vez a Haya de la Torre, Magda Portal responsabilizó de la crisis del gobierno del Frente Democrático Nacional a quienes ella llamó “los líderes del alto comando” del Partido del Pueblo. En su opinión, fueron ellos los responsables de la aplicación de políticas y estrategias incorrectas. En el folleto, Portal llega a acusar a dicho grupo de haber traicionado el levantamiento armado del 3 de octubre de 1948.

Debe reconocerse que en ¿Quiénes traicionaron al pueblo? Magda Portal puso al descubierto la política de “doble faz” practicada por la dirección del PAP y comúnmente conocida como “la escopeta de dos cañones”. La autora explicó que dicha estrategia fue aplicada por Haya inclusive al interior del Partido Aprista en ocasión de su II Congreso Nacional. Al respecto, debe tenerse presente que “la escopeta de dos cañones” es una práctica generalizada entre los políticos tradicionales del mundo. Por ejemplo, los políticos imperiales Nixon y Kissinger aplicaron la política de “doble faz” –los famosos Track I y Track II– con el fin de desestabilizar al gobierno socialista de Salvador Allende en Chile.

En su denuncia de los virajes de la alta dirección aprista, Magda Portal se adelantó a otros importantes miembros del PAP como Manuel Seoane, Luis Felipe de las Casas y Luis de la Puente Uceda, quienes formularon similares apreciaciones a raíz de la convivencia con Prado y la superconvivencia con Odría. Las críticas mencionadas se manifestaron mayormente entre 1958 y 1963.

Lima, abril de 1950

A los apristas de todo el Perú:

En previsión de erróneas interpretaciones, reafirmando la actitud asumida por mí ante el Tribunal de Guerra que acaba de juzgar el fracasado movimiento revolucionario del 3 de Octubre de 1948, quiero hacer esta declaración para dejar a salvo mi indeclinable fe y mi sincera convicción en el triunfo de los ideales democráticos y de redención social del pueblo peruano.

He dicho en mi alegato ante el Tribunal del Potao que al momento del pronunciamiento revolucionario del 3 de Octubre, yo me hallaba distanciada del Partido del Pueblo –vale decir, de sus altos dirigentes– por serias discrepancias ideológicas, las mismas que precisé en forma sintética, manifestando que a mi regreso del exilio el año de 1945 –después de casi siete años de forzada ausencia– encontré ya formado el Partido del Pueblo y que éste no era lo que el viejo y revolucionario Partido Aprista Peruano.

En efecto, la nueva fisonomía del flamante Partido del Pueblo difería en mucho de la doctrina que inspiró al Partido Aprista y cuyos fundamentos descansan en la acción antiimperialista, en la reivindicación de los derechos del pueblo, en la realización de una nueva democracia con libertad y con justicia social.

El Partido del Pueblo para conquistar su legalidad y formar alianza con otras agrupaciones de derecha y de centro –fuertes por su categoría económica, mas no por su volumen partidario– debió camuflarse, disfrazándose de “partido de orden”, mesurado, morigerado, incapaz de lesionar en sus viejos y abusivos privilegios a la oligarquía feudal del Perú con la que en 1945 se dio la mano.

Desgraciadamente el mendaz disfraz vino a convertirse en traje normal y obligatorio para los dirigentes apristas, y a los brazos tendidos en señal de perdón y olvido de mayo de 1945 –de los que la reacción se burló olímpicamente– sucedió la nueva cuanto capciosa frase que venía a sustituir postulados de reivindicación campesina y obrera inalienables: “no venimos a quitarle riquezas al que la tiene, sino a crear riqueza para el que no la tiene...” (¿Cómo?) Quedaba así a salvo el gran latifundio, extorsionador de la economía nacional, la extensa e inútil tierra sin trabajar, negada a la producción, en poder del gamonalismo; quedaba la riqueza mal habida en manos de sus detentadores, en perjuicio de la nación y del pueblo. Quedaba la negra, dolorosa miseria del indio (1).

Para cohonestar tan singular teoría se inventó la doctrina del Espacio-Tiempo Histórico, en cuyas abstractas profundidades se perdía la masa respetuosa, sin llegar a descifrar sus enigmas. El relativismo de la concepción espacial justificaba, explicándolo, el estado de atraso, abandono, ignorancia y explotación del pueblo peruano.

El aprismo de nuevo cuño llegó en su afán dialéctico de negaciones –¡negar en dialéctica no es decir que no! (Engels)– a negar la existencia del imperialismo capitalista –base de la doctrina aprista– llamándolo “complejo de inferioridad indoamericano”, como si el gesto de buena voluntad de un solo hombre, deseoso de crear un clima de amistad entre los altos dirigentes del continente americano –en este caso el Presidente Roosevelt y su doctrina de la Buena Vecindad– pudiera detener la evolución de un proceso económico universalmente reconocido como la etapa más avanzada del sistema capitalista. (En Indoamérica, la primera etapa y la más peligrosa). Y esto no lo ignoraban los “líderes” del Partido del Pueblo. Pero se trataba de limar toda arista que pudiera lastimar la reciente amistad de los “líderes” con prominentes hombres del Perú y del extranjero.

Cansados de los afanes de una prolongada clandestinidad –en la cual debieron mantener la “línea combativa” para alentar a las masas–, los jefes apristas en el otoño de su vigor político aspiraban disfrutar de una cómoda cuanto burguesa situación personal; para eso se vistieron con la piel del cordero, cuya naturaleza terminaron por asimilar.

El Partido del Pueblo, negando la doctrina que le diera vida –interpretación económica de la historia indoamericana y peruana, teoría y táctica para la solución de los problemas político-sociales del continente indoamericano– no venía, pues, a cumplir su destino histórico como liquidador de una etapa superada ya en otros pueblos de América, la etapa semifeudal de tan acusados perfiles que todavía engrilleta el progreso social y económico del Perú. El Partido del Pueblo, en su nueva expresión, venía a sumarse a la profusa y amorfa lista de “partidos electoreros” con algunos marbetes efectistas –la larga historia de sus persecuciones y sus mártires, y sus slogans admonitivos– pero no traía una palabra o modalidad nuevas que demostraran su origen revolucionario y su permanente adhesión a los postulados que inspiraron la fundación del Partido Aprista Peruano.

No puedo olvidar de citar aquí un folleto de propaganda oficial del Partido del Pueblo –40 preguntas y 40 respuestas– en el cual en forma ambigua se trata de demostrar como bueno todo aquello que repudió el Partido Aprista, justamente por encontrarlo atentatorio de los derechos de las grandes mayorías nacionales.

Hay una serie de hechos en el transcurso de los tres años de legalidad del Partido del Pueblo que señalan cómo la teoría y la táctica fueron consecuentes al desfigurar la doctrina del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, pues no sólo se tendió las manos a los antiguos e irreductibles adversarios de ayer –que nada hicieron para merecerlo– sino que se silenció cuanto de inmoral, antipatriótico y lesivo del patrimonio nacional hubo en los regímenes anteriores y que fueron objeto de implacable ataque por los “líderes” durante toda la clandestinidad.

La política de concordia nacional, propugnada por el Partido del Pueblo, con notorio sacrificio de sus principios y bajo el festivo slogan de “El 95 sin balas…” fue el comienzo de la serie de transacciones, claudicaciones y por último, traiciones a la doctrina y a la esperanza del pueblo, que deberían ser en el espacio de tres años como el plano inclinado por el cual se precipitó el Partido al abismo.

Los “líderes” del Partido del Pueblo no fueron leales ni con la masa aprista ni con sus nuevos aliados. A la masa la engañaron aprovechándola en su fe y en su volumen con fines exclusivamente electorales y de respaldo de su política. A los aliados de centro y de derecha creyeron engañarlos también usándolos para el fortalecimiento de sus posiciones en los altos puestos gubernamentales, desde los cuales era posible el control del poder; intención que les resultó fallida, porque la vieja oligarquía peruana sabe muchísimo más que los señores apristas en cuestiones de política criolla y de este modo antes de un año el civilismo había descubierto la infantil maniobra de los “genios políticos del Partido del Pueblo” y como consecuencia, planteado al país uno de sus más serios problemas políticos: la huelga parlamentaria.

Pero detengámonos brevemente en los tiempos iniciales en que el Partido del Pueblo –sus dirigentes– alardeaba de su gran triunfo democrático al restablecer las libertades públicas en el país; triunfo que de otro lado no les correspondía, sino en la medida en que les favorecieron las circunstancias por la feliz coincidencia de haber terminado la Guerra Mundial con el triunfo de las Naciones Democráticas. El mundo entero vivía en una especie de euforia democrática, en especial los países que en una u otra forma habían participado en el triunfo contra el totalitarismo. Al acercarse la fecha del proceso electoral en el Perú, era absurdo suponer que la dictadura de Prado no ofreciera al país las garantías necesarias para que éste pudiese desarrollarse normalmente.

El pueblo del Perú, seguro de que una larga historia de sacrificios y de martirios, patrimonio de miles de hombres y de mujeres humildes, no podía ser negociado por un plato de lentejas, acudió en masa a las filas del nuevo Partido, porque era el único en el cual podía confiar para que realizase las viejas y siempre postergadas aspiraciones de este desengañado pueblo peruano. Además, se afirmó en todos los tonos que el Partido del Pueblo era el Partido Aprista Peruano y que sólo la necesidad le había hecho cambiar de nombre, pero que venía a resultar así como “el nombre y el apellido de una misma persona…”

Sin embargo, ni la célula parlamentaria aprista con su mayoría prepotente, ni las juntas municipales transitorias –con personal en su mayoría apristas o simpatizantes–, ni los prohombres del Partido colocados en altos puestos gubernamentales –prefecturas, subprefecturas, gobernaciones, universidades, etc., etc.— ni el alto comando aprista con su indiscutible influencia en el gobierno –por lo menos en los primeros tiempos– hicieron nada que valiera la pena ser mencionado como auténtica conquista social.

Ningún problema básico fue afrontado con valor. Siendo el Partido del Pueblo el mayor elector y por ende, partido de gobierno, debió ser el poderoso respaldo del régimen que se inició con tan promisores auspicios, y el que le marcara rumbos políticos; pero todo lo contrario, actuó siempre mediatizado, incoloro, demostrando cuando no ineptitud, complejo de inferioridad y falta de fuerza política, tal si hubiera sido un partido minoritario.

Sí se pronunciaron vibrantes discursos, llenos de vacua demagogia, que todo lo que consiguieron fue disgustar a los condescendientes señores de la derecha, a los que fuera del Congreso, se trataba de apaciguar con melosas y obsecuentes actitudes.

Las pocas leyes de procedencia aprista que llegaron a dictarse son tan intrascendentes que no vale la pena referirse a ellas. Sólo he de citar la desdichada Ley de Imprenta, instrumento absurdo, ineficaz e inoperante y que por llamarse tal, tuvo la virtud de concitarle al Partido reputación de fascista, no sólo en el Perú sino en el continente.

Todo hacía pensar que el Partido del Pueblo guardaba su oportunidad para actuar... Desgraciadamente, ésta no llegó nunca.

III

La llamada “alta política” del famoso Buró Político del Partido, se manifestó en toda su ineficacia al ser lanzado el Partido a la oposición, con la huelga de los parlamentarios “independientes”.

De una en una el partido había sido arrojado de sus posiciones –gabinete ministerial, prefecturas y subprefecturas, altos puestos públicos– como reacción del presidente ya en franca alianza con los enemigos del Partido del Pueblo y a raíz del sonado crimen Graña, del cual se hacía culpable al Comando de Defensa aprista.

Los altos dirigentes apristas usaron entonces la llamada “política de doble faz”, que ha sido uno de los más funestos errores de que puede sentirse culpable el alto comando aprista.

Consistía esta genial invención del Buró Político en tener siempre en acción dos tácticas opuestas entre sí; si fallaba una, se recurría a la otra… De un lado, la propaganda oral y escrita de los “líderes” era de franco ataque a los huelguistas y al Gobierno –discursos incendiarios, artículos subversivos, frases agitadoras, como aquella de “a la boliviana” y “los chicharrones gigantes”– creando en el ambiente popular, en las bases mismas del Partido, el sentimiento de protesta contra los que así burlaban al pueblo que los había elegido. Del otro lado, los personeros del alto comando movían todos los resortes para arribar a un acuerdo amistoso con los huelguistas, y hacían largas y humillantes antesalas en los despachos o domicilios privados de los parlamentarios en receso, cediendo y prometiendo cuanto ellos exigían –liquidación de las juntas transitorias, destitución de funcionarios públicos, presidencia y control de las dos cámaras, etc., etc.– sin lograr satisfacerlos jamás, pues la intención de los huelguistas no era volver ellos al Congreso, sino expulsar del Congreso a los apristas, ¡intención que no vieron nunca los señores delegados del alto comando!

De estas idas y venidas, prolongadas a través de más de un año de bochornosas negociaciones, no sabía poco ni mucho la masa aprista, a la que se seguía alimentando con frases efectistas; y los Secretarios Nacionales que captábamos el peligro deduciéndolo de los prolongados conciliábulos del alto comando, cuando intentábamos averiguarlo y saber a qué atenernos, recibíamos la airada respuesta de que “quienes supieron llevar al partido al triunfo de 1945 (¡!) sabrían sacarlo ahora con éxito del atolladero en que estaba metido”. No lo sacaron, sin embargo.

El “tino y la sagacidad” de los miembros del alto comando o Buró Político del partido, fueron impotentes ante la terca actitud de los huelguistas que ya habían descubierto los puntos flacos del “poderoso partido”. De nada valieron las amenazas ni las promesas. La reacción conocía que al gran volumen de afiliados no correspondía una auténtica y férrea organización interna. Y éste era uno de los puntos flacos del partido, quizá el más serio de todos. No había organización, pese a las estruendosas asambleas verticales. No había efectivo control de masas, en sus bases, en sus sindicatos, en sus agrupaciones gremiales.

¿Cómo, si el Partido del Pueblo poseía el 80% del electorado –trabajadores de todas las industrias, manuales e intelectuales, clase media y obreros y además, el vasto sector no elector de hombres y de mujeres que formaban sus apretadas filas– no pudo oponerle a la huelga parlamentaria un paro general de 48 horas?

Cuando se insinuó está medida salvadora –demostrativa de la fuerza aprista– se argumentó en medias palabras que los sindicatos estaban influenciados por los comunistas y no responderían. Pero esto no era exacto. La verdad es que el partido en los primeros tiempos de coqueteos con la reacción –y hasta en los últimos– frenó repetidas veces las huelgas más justas de diversos sindicatos, a exigencias del Gobierno y de las empresas capitalistas, y las organizaciones obreras no estaban sin duda dispuestas a ser utilizadas con fines exclusivamente políticos, cuando se vio que fracasaba todo intento de conciliación con los huelguistas parlamentarios. La clase obrera desconfiaba. Sobre todo, no había autoridad sobre ella.

De ahí que a la desembozada campaña de desprestigio de la extrema derecha contra el partido y sus líderes, éstos no pudieron oponerle otra cosa que unos gaseosos editoriales de La Tribuna con citas de todos los artículos de la Constitución que había que respetar –¿por quién?– y una que otra manifestación de masas, en las que un pueblo dolorido por todos los ataques e intuyendo la traición, procuraba llevar en alto la bandera de su fe sin otra arma que sus manos inermes.

“No pasarán” era el grito enfervorizado, y pasaron. “Correrán ríos de sangre antes de que vuelva a entronizarse otra dictadura”, no corrieron y Bustamante se hizo dictador. “Pasarán sobre nuestros cadáveres antes de que el partido vuelva a la ilegalidad…” y el Partido fue de nuevo lanzado a la ilegalidad sobre los cadáveres, no de los “líderes”, sino de un puñado de humildes hijos del pueblo.

“De los errores que tengamos ahora sólo daremos cuenta al pueblo y a la juventud, a cuyo fallo nos sometemos”. Esto se decía en soberbio ademán, cuando los “descontentos” exigíamos cambio de táctica; sin embargo, todavía ahora se persiste en defender el error y a los directos responsables de la caída del Partido.

Frases como éstas vinieron a constituir los puntales del edificio del partido. Sobre ellas se construyó la infalibilidad de los “líderes”, su maquiavelismo político, su tacto y sagacidad excepcionales.

La soberbia y la prepotencia desdichadamente alentadas por el coro de incondicionales, creó la atmósfera de suficiencia y de seguridad en que navegaba el alto comando que no admitía ni críticas ni consejos y no fue capaz de avizorar los síntomas de tempestad que se avecinaban.

Esta necia y temeraria actitud, rubricada por la frívola conducta personal de los “líderes”, prevaleció aun cuando ya el partido soportaba los más duros ataques de la reacción que hacían bambolear su equilibrio. Y continuó con más fuerza cuando se realizó el II Congreso del partido, de 27 de mayo al 3 de junio de 1948.

El mar de fondo del Partido del Pueblo hervía de inquietud ante los repetidos fracasos de la política seguida por el alto comando. No sólo fueron incapaces de aprovechar los momentos propicios para obtener conquistas sociales inaplazables, no sólo no supieron apuntalar con hierro los muros del partido, para hacerlo invulnerable a los ataques, sino que no supieron ni advertir ni prever la catástrofe final. La prensa enemiga del partido proclamaba a todo grito la necesidad de liquidar a los apristas, y los altos dirigentes no realizaron un solo acto para impedirlo.

Con pasos acelerados hacia atrás, el partido había desandado todo el camino que lo separaba de los primeros meses de 1945. Sólo faltaba que fuera declarado ilegal. Y esto lo pedían todos los días, con variados argumentos, los enemigos del partido dentro del propio Gobierno.

El malestar interno, hizo crisis con la actitud de crítica asumida por los parlamentarios cusqueños y enseguida con la renuncia del secretario del Interior. Fue la campaña de alerta que despertó a los confiados dirigentes del Partido del Pueblo. Al fin accedieron a la realización del postergadísimo II Congreso Nacional del Partido, que debía estudiar sobre el tapete las fallas que habían llevado al partido al estado de peligroso resquebrajamiento en que se hallaba.

Pero una vez más fueron más fuertes que la dolorosa realidad, la soberbia y la prepotencia de los “líderes” del Partido del Pueblo. El II Congreso no revisó la errónea política del alto comando, ni rectificó los equivocados rumbos del partido, ni siquiera intentó la solución de la honda y ya irremediable crisis interna.

Se limitó a ratificar, a reelegir y a aplaudir en ampulosos y kilométricos discursos, a sus insustituibles mentores y conductores. ¡Su mayor éxito fue el acuerdo de construir un gran cenotafio para los mártires –varones– del partido!...

Los cientos de delegados venidos de todos los rincones de la república, escucharon individualmente las “razones” de los “líderes” y recibieron las consiguientes consignas: no se podía demostrar debilidad ante el enemigo, ni resquebrajamientos internos, ni discusiones que pudieran señalar discrepancias, ni críticas de ninguna índole. El partido se hallaba en su época más difícil, atacado por sus cuatro costados. Había que reapuntalar su unidad. Si se rectificaba la política o se separaba de sus cargos de confianza a los miembros del alto comando o Buró Político, la reacción advertiría síntomas de descomposición interna y aumentaría sus ataques. Había que ratificar sin discutir y pasar como sobre ascuas aquellos aspectos de mayor dificultad. ¡No! ¡Los delegados de provincias no querían que el gran partido afrontara un peligro más! Y por eso se silenciaron todas las críticas que venían en las carteras de los delegados, y los equivocados y funestos rumbos de la política seguida por los líderes ¡fueron ratificados!

El II Congreso debía, asimismo, como una de sus funciones soberanas, dictar el estatuto del partido y su correspondiente ideario, –ratificando o rectificando el aprobado en el I Congreso Nacional del Partido, realizado en 1931– para los cuales existía abundante material y toda una historia de acción política. A última hora supimos de la existencia de un Estatuto e Ideario confeccionados exprofeso para poder inscribir al Partido del Pueblo en los registros del Jurado Nacional de Elecciones.

Por la destrucción de estos dos instrumentos apócrifos sostuvimos acaloradas discusiones en el seno de la comisión de Estatutos, obteniendo la formal afirmación de que no serían ni siquiera discutidos en sesión plenaria, pues el Ideario del Partido era el de 1930, con el que se fundara y sus Estatutos y debían contener los resultados de todas las Asambleas Verticales o funcionales realizadas, para lo cual se nombraría una nueva Comisión... que debería dar cuenta de su gestión a un próximo congreso del partido. Sin embargo, –y usando la táctica de la doble faz que igual se ponía en práctica para los enemigos que para los miembros del partido– al día siguiente circulaba profusamente impreso en mimeógrafo y luego se publicaba en La Tribuna, el texto íntegro del Ideario y del Estatuto apócrifo y en la noche, en sesión plenaria, se daba por aprobado, sin discusión de ninguno de sus artículos.

Sospechando la maniobra, de un lado la juventud aprista y del otro, líderes obreros y el comando femenino, habían preparado ponencias rectificatorias; pero un reglamento ad hoc del congreso guillotinaba toda discusión y como los delegados de provincias habían sido ya aleccionados convenientemente –“el Estatuto y el Ideario actual eran la única garantía de que el partido no fuese lanzado a la ilegalidad”– sólo una que otra débil protesta, prontamente acallada, se alzó en la vasta sala de la asamblea, ante el requerimiento de que se leyesen sus más reaccionarios artículos (2).

Entre las muchas aberraciones doctrinarias del Estatuto y del Ideario, que negaban –dialécticamente, ¡ay! según los “líderes”– los principios sobre los que se fundó el Partido Aprista, y que no he de puntualizar aquí porque son capítulos de historia, figuraba lo que yo considero la mayor deslealtad para la mujer aprista, negándole el derecho de ser miembro del Partido “mientras no tuviera derechos políticos”, y recortándole éstos para el futuro, ya que en el Estatuto fijaban la edad de la mujer para disfrutar el derecho de voto político a los 25 años y el hombre a los 18 años. De este modo el Partido del Pueblo recompensaba más de veinte años de leal adhesión de la mujer que no hizo diferencias de edad ni sexo para luchar por la conquista de la libertad, de la justicia y de la democracia para todos los peruanos; que sufrió privaciones de toda índole, prisiones y persecuciones al igual que el hombre y soportó con estoico valor, los largos años de miseria y de abandono en que la sumió la lucha aprista.

Esta actitud del Partido del Pueblo –de sus “líderes”– fue una prueba más de que el partido, con sus francos perfiles totalitarios –infalibilidad de los “jefes”, disciplina militar, ausencia absoluta de democracia en su organización interna– se colocaba entre los partidos filo-fascistas, en los cuales la mujer no tiene existencia cívica alguna.

Como un medio de acallar las murmuraciones que salían al exterior y que se referían a mi actitud discrepante con los “líderes” del partido, éstos hicieron que el II Congreso me eligiera –elección de lista cerrada, confeccionada en la jefatura, como todos los cargos– para una subsecretaría general del partido, cargo accesitario, pero que me incluía siempre entre la plana mayor de los dirigentes apristas, y por cuyo nombramiento me he visto incoada en el proceso por la rebelión del 3 de octubre. Pero es público y notorio que ni juré ni desempeñé jamás dicho cargo, pues desde junio de 1948 acentué mi actitud de discrepancia y mi retiro de las filas apristas, tratando de no producir escándalo, ya que el pueblo y la juventud confiaba aún en el partido y teniendo en cuenta que una renuncia mía podía irrogarles serio daño.

Con la aprobación de los graves errores de los “líderes” y del reaccionario Estatuto y no menos inocuo y sospechoso Ideario, el Partido del Pueblo recibía en el que creímos salvador II Congreso, su golpe de muerte. Por su lado, los “líderes” respiraron con cierta satisfacción, ya que no se habían planteado cuestiones trascendentales, y la inminencia de la crisis interna parecía haberse postergado.

Pero ya no estaban tan ciegos como antes para no observar que la tempestad no había sido dominada sino en mínima parte. Las críticas internas continuaron y el mar de fondo siguió hirviendo. De ahí al 3 de octubre no había sino un paso. Y éste, lo dieron los desesperados y los rebeldes que en un esfuerzo supremo intentaron el remedio drástico que pudo salvar al partido de su derrota total.

No he de enjuiciar aquí el movimiento revolucionario del 3 de octubre, intentado contra un régimen que había defraudado las esperanzas del pueblo, con su torpe y maliciosa conducta pública, que no hacía sino continuar los viejos y culpables errores de la casta oligárquica peruana a la que el Perú le debe su estado de atraso actual; régimen sin ambición de realizaciones y sin visión de porvenir que pudo y debió cumplir un ciclo de historial progresista. Y no enjuicio el dicho movimiento, porque a pesar de haber conocido posteriormente sus detalles y tenerlos en apuntes, preciso antes verificarlos en toda su grave trascendencia. Todo ello forma parte de la historia del aprismo que alguien escribirá en día no lejano.

Precisa sí puntualizar lo que no es un secreto para nadie y que corrió de boca en boca al día siguiente de la rendición de la escuadra, la actitud de ciega cobardía asumida por los “jefes” apristas al abandonar a los rebeldes en plena acción y más aún, dictar medidas de tal índole que fueron una franca delación para que el iniciado movimiento fuera copado por la policía. A esto los llevó el afán de librarse de responsabilidades ulteriores, y el miedo ante la perspectiva de tener que dar cuenta a un pueblo y a una juventud que tal vez iban a exigirla muy estrecha.

“En momentos decisivos la acción enérgica de un solo hombre puede cambiar el rumbo de la historia”. No lo comprendieron así los “jefes" apristas que continuando en su peligrosa táctica de la doble faz, prefirieron destrozar el movimiento del 3 de octubre, llegando en su insania a acusarlo como dirigido ¡contra el propio partido!

Esta lápida de vergüenza les cubre desde entonces y se ha hecho más pesada al proclamar su pretendida inocencia ante los tribunales que ha juzgado a un grupo de ellos.

Los resquebrajamientos internos del partido se hicieron heridas profundas desde el 3 de octubre de 1948, y la división fue corolario de su liquidación como partido legal. El pueblo había sido burlado, negado, abandonado, traicionado. La muerte y la prisión rubricaron la hazaña de los que se movían en la sombra, creyéndose a salvo. Pero la duda primero, la sospecha en seguida, y la certeza luego de que el alto comando había tenido mucho qué hacer en la derrota, y consiguientemente, en la caída catastrófica del partido, hicieron presa en el ánimo de miles de apristas, determinando la serie de escisiones y actitudes individualistas, que son del dominio público y que demuestran más que todas las medidas policiales, la destrucción del efímero Partido del Pueblo.

Los fracasados “líderes” no tienen, pues, ningún derecho para autollamarse dirigentes del pueblo, como todavía lo hacen. En medio del caos, es posible discriminar cómo de un lado están los titulados “líderes" y sus escasos incondicionales, y del otro, la masa aprista con sus destrozadas banderas.

Desde el 3 de octubre de 1948 el título de “líder” resulta ofensivo y sospechoso. Muertos están los viejos lemas admonitivos: “Fe, unión, disciplina y acción”... “En la lucha, hermanos, en el dolor, hermanos, ¿en la victoria...?” Frases como éstas suenan a burla, cuando está todavía fresca la conducta de los “jefes” y sus adláteres durante la etapa de la “victoria” aprista, y en la cual se hizo saber a los cientos y miles de apristas “de la vieja guardia” –hambreados con dignidad, sin empleos, pero irreductibles– que ni el partido ni las grandes dependencias estatales controladas por los “líderes” eran “sociedades de beneficencia”... salvo que se tratara de los amigos personales de los dirigentes o de los “nuevos apristas”.

Como una cinta cinematográfica el pueblo recorre ahora la breve historia del Partido del Pueblo y ata cabos... Por eso la proclamación de que no había viejos ni nuevos apristas; por eso la apertura de nuevos registros para dar cabida, sin discriminaciones, a los recién llegados; por eso los privilegios y honores a los “hombres corcho” que se encumbraron con el naciente Partido del Pueblo y lo negaron y lo abandonaron en el primer momento de su derrota.

El llamado “Comando de Acción” sabe que trajina en ruinas, y que sólo una minoría, por obcecación o por ignorancia, puede secundarlo todavía en sus maniobras negativas, que ya cuentan vidas inútilmente sacrificadas y que nada podrán hacer para devolverle el vigor a lo que ha caducado para siempre.

De nuevo se adopta el desacreditado expediente del martirio, la persecución y la clandestinidad. La postura de víctimas parece ser lo que mejor sienta a los señores apristas, tanto a los perseguidos como a los presos y deportados.

Mientras tanto ante la cansada atención del Perú y de la América, continúan alzando su coro de lamentaciones, añadiendo nombres a la lista de sus mártires –todos obreros, ningún “líder”– y provocando el que se les aplique la cáustica frase de la madre del último rey moro ante los muros de la perdida Granada: “Lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre...”

VII

Por mi parte creo un deber para con el pueblo aprista y no aprista y para conmigo misma, hacer esta pública declaración, para que se sepa de una vez por todas por qué asumí la actitud que es de todos conocida ante el tribunal del Potao; me impulsó la impostergable necesidad de declarar mi posición frente al partido, salvar mi responsabilidad ante el pueblo, descorrer el velo que cubría aún los ojos de muchos y hacerles ver el cúmulo de traiciones ejecutadas fríamente y sin piedad por los “líderes”. Es preciso que los apristas de verdad, la juventud y las mujeres sepan mi absoluto rechazo por quienes no estuvieron jamás a la altura de su misión histórica, como leales conductores de las masas peruanas y fueron incapaces de realizar la esperanza del pueblo, en los justos momentos en que pudieron hacerlo sin violencias ni derramamientos de sangre.

A los que sentimental o fanáticamente hablen de que he traicionado, debo decirles que los únicos traidores son aquellos que se autoerigieron “líderes” del pueblo y después de más de veinte años de cruentos sacrificios –del pueblo más que de los “líderes”– burlaron sus anhelos y se convirtieron en serviles aduladores de la oligarquía civilista, que habían combatido demagógicamente en los primeros tiempos. Traidores ellos que olvidaron el origen popular y democrático del aprismo y crearon una organización filo-fascista, con jerarquías escalonadas y “jefes” inabordables, a espaldas de los sentimientos del pueblo. Traidores y cobardes que a la hora undécima abandonaron y negaron –¡Judas del pueblo!– a los que brava y románticamente intentaron más de una trágica aventura –San Lorenzo, Huaraz, Cajamarca, Loreto, Trujillo, Huancavelica, Callao– para darle el poder a su partido y cumplir con los postulados de justicia social que se habían inscrito en sus banderas de lucha. Traidores aún ahora que después del derrumbe del partido, continúan engañando al pueblo y lanzándolo a temerarias aventuras que sólo redundan en perjuicio de los que las ejecutan, mas no de sus irresponsables dirigentes.

Y a los que hablen de que me he vendido debo adelantarme en decirles que en más de veinte años de lucha sin tregua ni me enriquecí como muchos, ni recibí privilegios ni prebendas de ninguna clase por ser aprista, menos he de recibir ahora por no serlo.

Y a los que digan que no era el momento de enjuiciar y señalar a los culpables como lo hago yo ahora, también debo decirles que me sentiría doblemente en falta si con mi silencio propiciara la continuación del engaño, el fraude y la traición en que siguen empeñados los falsos líderes del liquidado Partido del Pueblo. Yo sí creo que es el momento para que los que todavía dudan, se decidan a adoptar una nueva conducta que los salve en su dignidad y en su conciencia, devolviéndoles la libertad de acción, ya que el porvenir político de un pueblo no puede estar a merced de mendaces traficantes de su esperanza.

Sigo teniendo fe en el pueblo y en la juventud, capaz de acciones generosas y limpias por no tener compromisos con el pasado vergonzante. Sigo creyendo que los tremendos impactos de estas épocas cruciales les dan a las masas sentido histórico y conciencia social, elementos indispensables para que, con hombres surgidos de su propia entraña, no con “jefes” superiores o providenciales, creen su fuerza y su unidad, y lleguen al fin a conquistar su futuro destino de pueblo civilizado, con libertad, con democracia, con justicia.

Magda Portal

(1) La Junta Militar de Gobierno ha dictado el Decreto Ley No. 11061 (11 de julio de 1949) que afronta valientemente la solución del problema agrario, restituyendo al Estado las tierras sin trabajar para que éste las ceda a los campesinos que las necesitan y que las harán producir.

(2) La asamblea es testigo de mi actitud de protesta asumida en aquella ocasión, al abandonar la sala en plena sesión plenaria, seguida por un grupo de mujeres que se solidarizaron valientemente conmigo.

Carta de renuncia al Partido Aprista de la dirigente del CEN Hilda Gadea Acosta.- Denunció el abandono de los principios doctrinarios primigenios del aprismo.- Manifestó su completo desacuerdo con la línea política nacional e internacional del PAP.- Señaló los graves errores cometidos por la dirección partidaria.- Hilda Gadea renunció el 29 de diciembre de 1959

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 03 Jun 2026 13:32:42 +0000

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Mayo 19, 2026

Hilda Gadea Acosta, retratada en 1955

Secretaria de Estadística del CEN

Partido Aprista Peruano

Fuente: Comité Aprista Rebelde. 1960. Voz aprista. Año I, No. 4, Lima, primero de enero de 1960. páginas 1 y 8.

¿A qué llama Bati Bazán “macartismo criollo” en Facebook?

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 02 Jun 2026 05:32:16 +0000

https://bit.ly/4olRIT7

Junio 1, 2026

Escribe: Grok

Macartismo criollo en redes sociales. Propaganda probablemente pagada por agencias extranjeras de espionaje

Bati Bazán usa el término macartismo criollo para referirse a un anticomunismo extremo, fanático e irracional en el contexto peruano/latinoamericano.

Específicamente, macartismo criollo (o específicamente alanismo-macartismo) se refiere a una versión local peruana de persecución política, traición ideológica y caza de brujas dentro de la izquierda y particularmente dentro del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana).

Para Bati Bazán se trata de un anticomunismo enfermizo e ignorante, que se convierte en la única ideología de ciertas personas o grupos. Lo asocia especialmente con apristas que traicionaron los ideales originales del Partido (más de izquierda y pro-trabajadores) y se volvieron puramente anticomunistas después de 1950. En una de sus publicaciones recientes dice textualmente que esos apristas formarían el Partido Macartista Criollo (PMC), cuya única bandera es ese anticomunismo visceral.

¿Qué significa en sus publicaciones?

El macartista criollo acusa de comunista a todo el que piense distinto, especialmente si es de izquierda. Es un fanático que acusa de forma exagerada, sin matices y muchas veces como excusa para no debatir la historia zigzagueante del APRA, la claudicación en sus ideas originales, o para justificar posiciones conservadoras.

Es la degeneración o traición del APRA auténtica (el APRA original, más de izquierda y revolucionaria) hacia un ala autoritaria, anticomunista o traidora representada por Alan García y sus seguidores (el alanismo).

Lo describe como la negación del APRA original y la enfermedad de senectud que llevó al Partido Aprista a su declive electoral actual (hasta el 0%).

Implica acusaciones internas, purgas, exclusiones o ataques desleales contra compañeros o sectores más radicales del Partido Aprista, similar a cómo McCarthy acusaba sin pruebas de comunismo en EE.UU. en los años cincuenta.

En resumen, para Bati Bazán, el macartismo criollo es el anticomunismo o persecución ideológica made in Peru dentro de la izquierda aprista: un ala del APRA que, según él, traicionó sus raíces socialistas de defensa de los trabajadores y se dedicó a purgas internas, pactos con la derecha o ataques a disidentes, degenerando el Partido.

Es un término que usa para criticar esa evolución traidora del alanismo frente al APRA rebelde o histórica que él defiende.

Esto encaja con el uso general de macartismo criollo en América Latina: una caza de brujas adaptada al contexto local, pero en su caso es muy específico al drama interno del APRA peruano.

En resumen: para Bati Bazán, macartismo criollo es un término peyorativo que usa para criticar a la derecha o al antiizquierdismo radical peruano.

Homenaje a los Mártires de la Masacre de Pomalca del 20 de enero de 1962.- Las fuerzas represivas del gobierno pradista aliado con el PAP incluyeron a la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército Peruano y la policía

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 01 Jun 2026 23:34:33 +0000

https://bit.ly/4dHi3XX

Fuente: Pomalca, historia y dulce tradición: https://bit.ly/4v2Kmq9

Enero 19, 2012

Presentación

M. Elmer Fernández Gastelo

Todo pueblo tiene el sagrado deber de inmortalizar a sus héroes, mártires y personajes destacados para seguir construyendo historia para las nuevas generaciones. Al cumplirse cincuenta años de la Masacre ocurrida el 20 de enero del año 1962 a los obreros de la hacienda Pomalca los pomalqueños hacemos un merecido homenaje a aquellos trabajadores que con su vida pagaron el precio a sus justos derechos que el hacendado no quiso reconocer. Estoy seguro de compartir con todos mis coterráneos en este día histórico, el pedido de declaración formal por parte del Gobierno Local de Mártires de Pomalca a aquellos cinco obreros y dos víctimas que Pomalca nunca ha olvidado.

La lucha por la dignidad

Después de recoger información de parte de los protagonistas de estos sucesos ocurridos el 20 de enero del año 1962, considero que podríamos referirnos a este acontecimiento como el punto de quiebre en la relación laboral entre los hacendados y la masa trabajadora de Pomalca compuesta especialmente por obreros y campesinos en la férrea defensa de sus derechos. Entonces diremos que hubo un antes y un después muy marcados por este trágico suceso. La sangre derramada y el pago con sus propias vidas de cinco obreros, así como también de dos inocentes víctimas, producto de la desmedida ambición de riqueza de la familia De la Piedra. Y, por otra parte, por la resistencia a la vil explotación y la lucha por la defensa de sus derechos, llevó a la familia De la Piedra a perpetuar a los mártires que en esta fecha histórica recordamos los pomalqueños.

Si nos ubicamos en el contexto histórico de la época de la hacienda, comprenderemos en su verdadera dimensión que esta lucha no solo fue en contra del poder económico de los hacendados, sino también del poder político que ejercían estos señores hacendados, ya que entre ellos existían diputados y senadores y no solo de la hacienda Pomalca sino también de otras haciendas azucareras.

Así también, el sistema de contratas o enganches de campesinos no permitía identificarlos plenamente a todos como para organizar un sindicato sólidamente formado. La totalidad de dirigentes sindicales apenas contaban con los primeros grados de educación primaria. Aún así, consiguieron grandes logros de las mismas dimensiones que la conseguida por lo mártires de Chicago por las ocho horas de trabajo y el derecho a vacaciones. Nos dice don José T. Solís Tesén que luego del triunfo sindical, les parecía un sueño leer sus nombres en la lista que publicaba por primera vez el derecho a sus vacaciones.

Situación social antes del año 1962

La vida social en la época de la hacienda fue muy particular, en ella predominaba el paternalismo, las libertades individuales estaban bastante limitadas; diríamos que los obreros estaban aquí por un solo motivo que era el trabajo y con una jornada laboral de sol a sol en la que sus necesidades básicas mínimas las cubría directamente el patrón o hacendado, quién en una célebre triste frase decía: “Serrano al machete y cholo a la palana”. De esta manera era visto y clasificado el obrero, y en la mayoría de casos, su esposa y sus menores hijos estaban también al servicio de estos terratenientes.

Los obreros de las contratas, que en su mayoría llegaban de las serranías de Cajamarca y Piura eran alojados en grandes salones llamados “Canchones” donde pernoctaban durante toda su estadía. Otros lo hacían en la misma zona de labores, allí preparaban sus provisionales ramadas hasta cuando por razones de cambio de lugar de trabajo tenían que volver a mudarse a nuevos lugares.

Los obreros de fábrica eran los que residían en “la ranchería” y en cierto modo eran “los estables”. Sus viviendas carecían de las mínimas condiciones de salubridad, sin servicios de agua y desagüe. Todos los bacines eran arrojados a la calle, y estos eran lugares pestilentes e intransitables.

No existía el servicio de alumbrado público y el domiciliario era privilegio de los empleados. En esta época aquí no se gozaba de las garantías ciudadanas y por ello era el anhelo convertirse en distrito

Situación económica

Los salarios antes de los sucesos del veinte de enero eran tan míseros que apenas permitían subsistir a las familias que aquí residían y que vivían sin expectativas de superación para sus hijos.

La única propiedad privada en Pomalca era la del hacendado. Si algún campesino llegaba a tener un número de animales que el patrón consideraba “mucho”, era obligado a venderlo al hacendado al precio que éste disponía. Esta situación también afectó en mayor dimensión a los pequeños propietarios de tierras que colindaban con esta hacienda, ya que bajo presión de cualquier tipo los obligaban a venderles sus tierras, ya sea poniéndoles obstáculos para el riego o anegando sus cultivos, u ofreciéndoles grandes préstamos que luego no podían pagar. El Estado había otorgado leyes a favor de todos los obreros del país, sin embargo los señores De La Piedra no querían cumplir en su hacienda.

Situación laboral

La gran masa trabajadora estaba conformada por las contratas. Estos eran obreros traídos mayormente de la sierra por los enganchadores bajo el ofrecimiento de “socorrerlos” con dinero que necesitaban para sus sembríos o para la compra de medicinas para sus familiares. Toda esta masa laboral estaba destinada a las labores de siembra y cosecha de caña. Su jornada laboral era prácticamente durante todo el día.

Los obreros por turno tenían una jornada laboral de doce horas y los de por día de diez horas diarias

Un reducido grupo de empleados eran los que ayudaban a la administración de la hacienda y por lo tanto eran la gente de confianza de los hacendados de la Piedra. Ellos no formaron parte de de esta lucha sindical.

La primera dirigencia sindical de Pomalca y Anexos

Un sincero homenaje a sus fundadores

Lic. Luis Alberto Paico Torres

El movimiento sindical surgió y se desarrolló en nuestro país en la primera década del siglo XX y su finalidad siempre fue conquistar un conjunto de derechos para la clase trabajadora, los que se lograron en un proceso de luchas reivindicativas con diversa intensidad. Sin embargo fue en tierras norteñas donde estas se iniciaron antes que las producidas en la capital. Así se registra en 1913 las luchas de Cayaltí y en 1917 en Pomalca cuando la hacienda pertenecía a la familia Gutiérrez.

En tierra pomalqueña, los protagonistas del movimiento sindical fueron los obreros, mujeres trabajadoras y amas de casa quienes en conjunto fueron logrando una serie de beneficios para la población. Es indudable que en estos acontecimientos tengan relevancia los primeros líderes, quienes enfrentaron los momentos más difíciles por ser los representantes directos de los trabajadores y sobre quienes recaería toda la represión de la patronal y del Estado, controlado por la oligarquía.

Se recuerda entonces que para la formación del sindicato de Pomalca y Anexos, los gestores fueron don Humberto Ramos López como secretario General; don Neptalí Muñoz Velásquez como secretario de Asistencia Social; don Manuel Vitón Díaz, como secretario de Actas y Archivos, y don Juan de Dios Pomares Arbulú, como Secretario de Defensa, entre otros.

Fue a partir de la década del sesenta que los trabajadores de Pomalca van interiorizando los mensajes del sindicalismo a través de los representantes de otro sindicatos que ya se habían formado en otras haciendas azucareras de La Libertad, entre quienes se recuerda a don Gonzalo Bazán y don Leonidas Quiroz. La intención fue conformar movimientos sindicales en toda la zona norte dada la situación similar que tenía en común la clase trabajadora.

Habían tomado conciencia de sus derechos laborales y teniendo conocimiento de ciertas leyes que el Estado había otorgado a favor de los obreros, algunos trabajadores que después se convertirían en los primeros dirigentes de este gremio, se reunían a escondidas en diferentes campos de sembrío por temor a las represalias o a la traición de sus mismos compañeros. Hasta que deciden formar el Sindicato de Pomalca y anexos, el 6 de enero de 1961 y un año después con mucho esfuerzo y venciendo el temor, al haber recolectado las firmas que exigía la Zona de Trabajo, se dio el reconocimiento legal el 6 de enero de 1962.

En cada generación de pomalqueños existieron hombres y mujeres comprometidas con sus ideales y que arriesgando su vida y la integridad de su familia, continuaron venciendo toda adversidad como ejemplos de responsabilidad y perseverancia. Los primeros dirigentes como es el caso de don Juan Pomares Arbulú enfrentó a prisión en el Sepa, reducto selvático de la región de Ucayali, donde eran encarcelados la mayoría de los presos sindicalistas, presos políticos y delincuentes de alta peligrosidad.

La historia como ciencia, no es la que solamente narra los hechos del pasado, sino que permite analizar y reflexionar sobre las acciones positivas y negativas que cada sociedad desarrolló, con la intención de servir como lecciones que la vida misma nos da, par no repetir errores pero si para afianzar los aciertos.

Nuestro especial agradecimiento a los señores Juan de Dios Pomares Arbulú y José Teodoro Solís Tesén por la entrevista concedida la cual ha servido para la redacción del presente artículo.

Reseña de la Masacre en Pomalca

1962-2012

José T. Solís Tesén

Los sucesos históricos sociales que surgen de las relaciones obrero - patronales tienen denominadores comunes vinculantes. En esta dialéctica, la Masacre del 20 de enero de 1962 en la ex-Empresa Pomalca tuvo sus causas motivadoras que despertaron la conciencia colectiva de la clase trabajadora, adormecida por muchos años bajo el yugo de la explotación de unos patrones poderosos, insensibles y abusivos.

Frente a la explotación de la Empresa “Viuda de Piedra e Hijos” surge una conciencia de clase organizada para arrancarle históricas conquistas sociales con un altísimo costo social, que el patrón nunca perdonó.

Hasta la década del año 1960 se trabajaba en jornadas arbitrarias y abusivas; en turnos de doce horas y por día horas diarias. Las tareas de corte de caña y de palana se medían con varas de cuatro metros de largo; las tareas superaban las diez horas diarias o las veinte toneladas de caña cortada.

El personal de corte de caña y palana, mayormente era “golondrino” de temporada, sin relación laboral directa con el patrón; se contrataban por medio del enganche en la sierra de Chota y Cajamarca para cortar caña y de Piura y Tumbes para la palana. Estos grupos eran traídos por contratistas particulares y vivían en canchones, aislados entre si.

Se le pagaba según el avance “controlado” por el enganchador; ingresaban a las 5.a.m. y salían a las 4 o 5 de la tarde. Los jornales eran impuestos por el patrón, de los cuales ganaba su comisión el enganchador.

No se respetaba la jornada legal de ocho horas, no se gozaba de vacaciones anuales; no se tenía derecho a la salud, a la educación para los hijos, especialmente para el área de campo.

No existía libertad de reunión; las reuniones familiares eran autorizadas por el gobernador y controladas por vigilantes ¡No deberían de pasar de las doce de la noche!

Todo el perímetro de la población estaba amurallado y colindante con áreas de caña de azúcar; existía una sola entrada y salida controlada por vigilantes permanentes para supervisar la entrada y salida en forma rigurosa.

Al trabajador se le exigía obligaciones. Las leyes a favor del obrero no se cumplían. Existía colusión entre el patrón y las autoridades políticas, judiciales y civiles. No existía amparo ni protección para la clase trabajadora.

En estas condiciones extremas se trabajaba en la empresa hasta mediados de 1960, cuando los obreros fueron adquiriendo una nueva conciencia de clase que se hizo clamor colectivo.

A comienzos del año 1960, se tuvo contacto con líderes azucareros del Valle de Chicama organizados en la Federación de Trabajadores Azucarareros con sede en Trujillo. Se conformó en secreto un comisión de obreros y fábrica para organizar y formar el sindicato en Pomalca con el asesoramiento de la Federación de Azucareros. Esta misión no fue nada fácil con una msa laboral dispersa entre permanente y eventuales golondrinos.

Finalmente se logró el objetivo, aunque se perdieron algunos líderes valiosos en esta tarea cuando el dueño de la empresa se enteró del plan por delación de alguien. Algunos organizadores fueron despedidos sin piedad.

En la fundación del sindicato no participó el sector empleado por decisión de sus organizadores que nos abandonaron.

El 6 de enero de 1961, se funda la organización sindical de Pomalca con la directiva provisional liderada por el c. Humberto Ramos López como su Secretario General y el c. Juan Pomares Arbulú como Secretario de Defensa ,con amplios poderes para gestionar el reconocimiento ante el ministerio de Trabajo y la presentación del pliego de reclamos a los patrones con el asesoramiento de la Federación y sus profesionales.

La directiva sindical elaboró el pliego de reclamos y lo presentaron a la empresa conforme a ley, aunque en primera instancia se negó a recibirlo sin ningún sustento legal. El sindicato nombró la comisión para discutir el pliego de reclamos, y en mayo de 1961 se reunieron las partes en la oficina de la Autoridad de Trabajo.

Las conquistas sociales en el pacto colectivo fueron:

1. La jornada de ocho horas de trabajo, considerándose el jornal que se percibe en las diez y doce horas que se trabajaba.

2. Derecho al goce de treinta días de vacaciones anuales y al pago de las remuneraciones conforme a ley.

3. Licencia con goce de haber para el secretario general y el secretario de defensa.

4. Protección al dirigente sindical contra el despido arbitrario.

5. Derecho a la salud y educación por la empresa para la esposa y los menores hijos, dependientes directos del trabajador, según censo poblacional de la empresa.

6. Aumento de las remuneraciones del personal por día y por tarea.

7. Cese inmediato de las hostilidades al trabajador en los centros de trabajo.

8. Otorgamiento de herramientas y movilidad para los trabajadores de campo.

9. La duración del convenio olectivo será de un año.

En la aplicación del convenio surgieron discrepancias que originaron los primeros conflictos sociales obrero- patronales por la interpretación de algunas cláusulas del convenio por la patronal.

En diciembre de 1961 se hicieron frecuentes los conflictos por el incumplimiento de algunas conquistas del convenio y abusos en los centros de trabajo con los delegados del área del Sindicato dando lugar a una demanda a la empresa en la Autoridad de Trabajo con paralización de labores en protesta en el campo. Luego se dio un plazo de ley para que se cumpliesen con lo pactado y para el cese de las hostilidades a los trabajadores. Las relaciones con la empresa se hicieron tensas que obligaron a los trabajadores a exigir medidas drásticas, dándose un plazo legal de 48 horas para que la empresa cediera y como lo hizo en asamblea pública por unanimidad, se acordó entrar en huelga general indefinida hasta lograr el objetivo a fines de diciembre de 1961. Fue un paro total en Pomalca y anexos.

Se formó un comité general de huelga y comités de lucha por áreas de trabajo, ubicados en turnos en sitios estratégicos de acceso a la fábrica y oficinas. El paradero de ingreso, las esquinas de las calles “24 de Junio”, “San Martín”, “Jorge Chávez” y “Ramón Castilla” fueron ocupadas por el comité de lucha para impedir el rompimiento de la huelga.

Los patrones alarmados denunciaron ante las autoridades que los trabajadores íbamos a tomar la fábrica, las oficinas y las casas de los patrones para arderlas y para eso enviaron a sus familias a la capital para protegerlos, según ellos, de una muerte segura. De inmediato se envió un contingente de la policía de asalto al mando del mayor Patiño y un capitán Blancas.

Seguidamente llegó a la empresa una sección de soldados del Ejército Peruano para proteger la casa hacienda del ataque denunciado; días antes del 20 de enero volaban aviones de la Fuerza Aérea del Perú sobre Pomalca a baja altura. Todo estaba preparado para agredir y reprimir a los trabajadores.

En estas condiciones, el 18 de enero de 1962 el comité central de huelga convocó a los trabajadores de anexos, Saltur, Sipán Pacherrez y Pampagrande a la asamblea general. De inmediato la policía bloqueo el puente Chero y las trancas de salida en dichos anexos para que estos compañeros no pudieran llegar a Pomalca. Era una fuerza laboral de 1,200 trabajadores.

El día 19 de enero nos bloquearon el ingreso a Chiclayo a la altura de la FAP. Se cortó toda comunicación con el exterior, aún así se resistió con hidalguía.

El 19 de enero la policía tomó posesión de del “Paradero” y de las esquinas de ingreso a la población que ocupaban los comités de lucha, obligándonos a retroceder, se presentaron los primeros signos de violencia y agresiones. La policía de asalto estaba comandada por el mayor Patiño y dirigía el ataque el capitán Blancas (años después de esta Masacre, Patiño fue abatido por las guerrillas de Hugo Blanco en Púcuta y Mesa Pelada, departamento del Cusco).

El 19 de enero, previo a la Masacre, la situación era extremadamente tensa, todo hacía prever un desenlace fatal. Aviones de la FAP volaban a baja altura en la población; el ingreso a Chiclayo y las vías de acceso a los anexos estaban bloqueadas; los policías armados con fusiles y bombas lacrimógenas listos para la acción; frente a frente con los piquetes de huelga.

El 20 de enero a las 9 a.m., mas o menos, de un grupo alguien lanzó una piedra cerca a la policía. De inmediato empezó un ataque brutal con varas y bombas contra la masa trabajadora indefensa; pronto el humo de las bombas inundó el ambiente cerca al mercado y calles adyacentes. Los trabajadores nos replegamos dos cuadras atrás, dentro de los jardines nos protegimos, sacábamos ladrillos y piedras para defendernos de la carnicería humana.

Cuando observamos varios heridos por los golpes, arremetimos con todas las fuerzas, es cuando la policía hizo uso de sus fusiles, primero disparando al aire, después disparos al cuerpo con un saldo de siete muertos: 5cincotrabajadores, un niño y una ama de casa de visita en Pomalca.

Once del día: las comisiones de huelga y familiares recogían los muertos y los trasladábamos a la casa del c. Humberto Ramos donde se hizo el velatorio; los heridos fueron llevados al hospital de Las Mercedes y los que eran de gravedad se los llevaron a Lima en avión. Las labores de rescate y evacuación de heridos ofrecían un cuadro dantesco y doloroso jamás visto en Pomalca. Finalmente la policía se replegó cumplida su misión criminal. Era pasado el mediodía.

En la tarde del 20 de enero todo era desolación, sangre y lágrimas de impotencia ante un cuadro doloroso. Era el precio cobrado por los patrones a la osadía de formar la organización sindical y arrancarles con luchas heroicas, conquistas sociales inalienables en una confrontación histórica. La sangre de nuestros hermanos caídos escribieron las páginas mas hermosas de esta historia que nos llena de orgullo porque combatimos a pie firme junto a ellos.

Los días 20 y 21 de enero hicimos guardia y vigilia en el velatorio de nuestros Mártires acompañados de una impresionante multitud de hombres, mujeres y niños.

En la mañana del 22 de enero partimos de la casa del velatorio en Pomalca, con los féretros al hombro. Luego del recorrido por las calles de Pomalca, rumbo a Chiclayo a pie firme y en olor a multitud jamás vista en Pomalca, llegamos a Chiclayo en recorrido por las principales calles a la Plaza de Armas y partimos al cementerio “El Carmen” para sepultarlos en la cripta, donde descansan. Pero la verdadera tumba siempre será “El Universo Entero” (Pericles).

Fue este desdichado episodio de sangre con pérdidas de tantas vidas y heridos de bala, con el que se logró pleno cumplimiento a las conquistas sociales a favor de los trabajadores: jornada de ocho horas de trabajo con el salario que se percibía en las diez y doce horas que se laboraban; treinta días de goce vacacional anual con pago de remuneraciones; protección a los dirigentes sindicales contra el despido y el hostigamiento; licencia sindical con goce de haberes; cese de las hostilidades en el centro del trabajo, etc.

La clase trabajadora de Pomalca y anexos le debemos a nuestros mártires y heridos de gravedad, el reconocimiento eterno porque entregaron sus vidas y su sangre dignamente antes que caer de rodillas. “El hombre que se arrastra como gusano, no tiene derecho a protestar si se le pisotea” (José Ingenieros, “El hombre mediocre”).

Gloria a nuestros Mártires: Aurelio Ballena Zarpán, Pablo Medina, Antenor Clavo Julón, Gilberto Díaz Rubio, Benerando Ochoa. Además el niño Octavio Campos Otoleas y la ama de casa señora Josefa Popuche que estuvo de visita en Pomalca.

Saludos a los trabajadores en este histórico día.

La Masacre de Pomalca

M. Elmer Fernández Gastelo

Hace 49 años tiñeron de rojo a Pomalca. Esta frase fue la noticia y el editorial de muchos diarios y revistas como el caso de la revista Huerequeque que nos narra los sucesos trágicos ocurridos a las 10. 45 de la mañana del sábado 20 de enero del año 1962.

Siete muertos y más de treinta heridos de bala fue el saldo en contra de esta justa demanda de los obreros pomalqueños que junto a sus mujeres, tras 26 días de huelga exigían a los señores hacendados De la Piedra un mejor salario y un buen trato que les permitiera vivir con dignidad y con posibilidades de la educación de sus hijos.

El Estado había otorgado leyes a favor de los obreros de todo el país. Sin embargo los señores de la Piedra no querían cumplirlas en su hacienda. Aquí no se gozaba de las garantías ciudadanas y por ello en aquel entonces era un gran anhelo convertirse en distrito.

En entrevista realizada a los protagonistas de esta lucha sindical nos relatan que a escondidas, en medio de los cuarteles de cañas, por temor a las represalias o a la traición de sus mismos compañeros, ellos se reunían clandestinamente para formar su sindicato, y con mucho esfuerzo lo lograron el 6 de enero del año 1961.

En la navidad del mismo año, el 25 de diciembre de 1961, en asamblea general, los obreros acuerdan iniciar la huelga general indefinida exigiendo la solución al pliego de reclamos, al mismo tiempo que exigían a la Zona de trabajo el reconocimiento oficial del sindicato, con mucho esfuerzo y venciendo el temor a los hacendados así como a la indiferencia de las autoridades políticas, que entorpecían su organización, lograron recolectar las firmas necesarias, logrando ser reconocidos legalmente el 6 de enero del año 1962. Esta primera dirigencia sindical estaba formada por don Humberto Ramos López quien era el secretario General, Neptalí Muñoz Velásquez que era el secretario de asistencia social, Manuel Vitón Díaz que ocupaba el cargo de secretario de actas, don Juan de Dios Pomares Arbulú que desempeñaba el cargo de secretario de defensa.

El 20 de enero de 1962, a primeras horas de la mañana, los dirigentes se dirigieron a la Zona de Trabajo, a la ciudad de Chiclayo, con la finalidad de pedir la intervención y mediación en el conflicto, mientras acá en Pomalca los obreros y sus esposas salían a la calle para exigir sus derechos. Las masas se encontraban por la calle San Vicente (hoy 24 de junio) frente al mercado, dirigiéndose a la casa hacienda en busca de los hacendados, pero estos ya habían huido a la ciudad de Chiclayo.

Justo a las 10. 45 de la mañana un contingente policial al mando del mayor Horacio Patiño les sale al encuentro y da la orden de atacar. Bombas lacrimógenas y luego una feroz balacera termina con la vida de cinco obreros: Aurelio Ballena Zarpán , Juan Pablo Medina Delgado, Antenor Clavo Julón, Demerando Ochoa Delgado y Gilberto Díaz Rubio, además dos inocentes víctimas cayeron por balas perdidas: el niño Octavio Campos Otoleas y la señora Josefina Pupuche que estaba de visita aquel trágico día.

Los protagonistas de estos sucesos nos relatan que aquel día fue terrible, la incertidumbre se apoderó de muchos que no sabían que hacer. Lo primero que acordaron fue no llevar a sus muertos al templo, ya que este se ubicaba a un costado de la casa hacienda. El resentimiento fue muy grande y los muertos fueron velados en la casa del secretario general del sindicato don Humberto Ramos para luego ser llevados en hombros hasta Chiclayo a enterrarlos en el cementerio El Carmen, donde hasta ahora descansan.

Todos los medios de comunicación calificaron de cínico el comunicado del gobierno que ni siquiera menciona a los muertos.

La huelga se prolongó por diez días tras el cual se firmó el acta del levantamiento de la misma, así como también se formó una comisión investigadora de los sucesos que terminó con la renuncia del obispo. No se castigó a los responsables y los hacendados se vieron obligados a reconocer los beneficios a sus obreros.

Logros importantes de esta lucha fueron la jornada de ocho horas de trabajo, el goce de vacaciones, la estabilidad laboral, acceso a la educación de los hijos de los trabajadores e incentivos a la producción. Esta Masacre fue una de las últimas que registra la historia de Pomalca y de la que aún hay testigos y un importante número de fotografías que fueron captadas antes, durante y después de este trágico suceso.

Es oportuno también recordar un suceso escrito en nuestra historia lambayecana que poco se ha conocido y que por tratarse de nuestro querido Pomalca no debemos olvidarlo. En el mes de julio del año 1917 sucedió una primera masacre en contra de obreros que exigían su pago en metálico y no en vales, que por ese entonces el patrón daba para ser canjeados en los tambos de la hacienda, en los que los productos eran de mayor costo y en los que se promovía el consumo de alcohol, coca y tabaco. Esta brutal represión también terminó con la vida de siete obreros. Los nombres de estas personas no han sido registrados en la historia.

En esta fecha merecidamente rendimos un homenaje a los obreros de la época de la hacienda, que con su esfuerzo hicieron grande esta nuestra dulce tierra azucarera de Pomalca que endulzó durante cuatro siglos de existencia no solo a nuestro país sino también a gran parte de América y en muchos casos nuestros obreros, que fueros nuestros padres y abuelos, lo hicieron con la mas amarga forma de existencia del ser humano: la explotación.

Entrevista a Martín Olivos Rodríguez, testigo de este suceso

M. Elmer Fernández Gastelo

En una de las tantas visitas que le hacía a don Martín Olivos Rodríguez con el propósito de recoger información histórica de Pomalca, yo ya me había acostumbrado a su jovial temperamento y a su rostro siempre sonriente. Pero en esta ocasión lo sorprendí con la pregunta: ¿Qué recuerda Ud. de los sucesos del 20 de enero del año 1962?

Su rostro sonriente, como de costumbre, de pronto cambia, fija la mirada en el horizonte, su semblante cambia profundamente, da un profundo suspiro y forzando un poco una serenidad me dice: Oiga Ud., de ese día no quiero ni acordarme... Se toma unos instantes y luego de reponerse empieza diciendo: Ese día casi matan a toda mi familia, todos iban a morir quemados por los huelguistas y yo muerto a pedradas.

Yo como de costumbre en los días de huelga había salido muy temprano a Chiclayo a conseguir comida para mi familia y salía a ganarme los frijoles haciendo cualquier trabajo. Aquí en la hacienda la ayuda que brindaba el sindicato era insuficiente para mantener a toda mi familia. Había que formar largas colas para recibir una pequeña ración de comida, mis trece hijos aún eran pequeños y no nos alcanzaba, así que tenía que salir a Pimentel o a Santa Rosa a trabajar y traer comida. Así que al regresar casi a las once de la mañana, al bajar del carro cerca del estadio, un amigo me dijo ¡Oye, anda rápido a tu casa que hay problemas. La policía ha matado harta gente y luego ha ido a esconderse a tu casa. Así que yo rápidamente he corrido en dirección hacia mi casa y, estando cerca, a una cuadra antes, me acorralan los huelguistas con piedras, palos y machetes y todos amenazándome con lanzarme piedras y a querer matarme.

De pronto apareció don Vicente Paredes y la señora Yolanda Guerrero Paredes y salieron en mi defensa gritándoles a los furibundos huelguistas, ¡Dejen al hombre, no le hagan daño, el no sabe lo que está pasando, ni es culpable de nada. Luego alguien de la multitud me grita ¿Por qué estás protegiendo a los guardias de asalto? Yo me sorprendo por la acusación que me hacen y miro a mi casa y me doy cuenta que todos los guardias que habían asesinado y herido a los obreros, al terminárseles las balas, todos habían corrido a defenderse en el callejón de la calle San Agustín (hoy Santos Chocano) y habían ingresado a mi casa a esconderse y defenderse de los huelguistas. Los obreros habían empezado a regar gasolina en la puerta de mi casa y estaban por los techos para prenderle fuego a toda la casa. Felizmente el guardia Segundo Paz había escapado por el techo hacia la casa de su padre don Eusebio Paz que vivía en la calle Chivato (hoy Pasaje Antonio Raimondi). Yo entré a mi casa y agarrando mi arma amenacé a los guardias que salieran. Ellos por los techos escaparon. A mis hijos los encontré escondidos debajo de la cama en medio de los gases de las bombas lacrimógenas que los mismos guardias habían tirado para defenderse de los huelguistas.

Enero 19, 2012

¿Por qué se fue del Partido Aprista Rómulo Meneses, Secretario Nacional de Campesinado del PAP? - La Matanza de Pomalca del 20 de enero de 1962 y la censura de Haya de la Torre a la enérgica denuncia que efectuó Rómulo Meneses por la Masacre.- Gobernaba el Perú la alianza entre la oligarquía, representada por Manuel Prado y el Partido Aprista

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 01 Jun 2026 17:06:14 +0000

https://bit.ly/3QgqRLk

Junio 1, 2026

La Matanza de Pomalca, 20 de enero de 1962

(Foto de M. Elmer Fernández Gastelo, Pomalca, Chiclayo, Perú)

La Matanza de Pomalca fue uno de los episodios más trágicos de la historia laboral y sindical de Pomalca y de toda la costa norte del Perú. Ocurrió el 20 de enero de 1962 en la gran hacienda azucarera Pomalca, ubicada en la provincia de Chiclayo, Lambayeque. Fue el resultado de la brutal represión policial contra los obreros azucareros en huelga, que dejó siete personas asesinadas y más de treinta heridos. La masacre es recordada como un símbolo de la lucha sindical en Pomalca por los derechos laborales y agrarios y como una muestra de la brutal represión que sufrieron los trabajadores azucareros peruanos durante la era de las grandes haciendas oligárquicas.

Pomalca era propiedad de los De la Piedra, una de las familias cuyos miembros eran conocidos como los barones del azúcar. Como muchas haciendas de la época, se caracterizaba por condiciones laborales muy duras: jornadas de diez a doce horas, salarios miserables (muchas veces pagados en vales o fichas), falta de derechos laborales básicos y un trato abusivo por parte de los hacendados.

En enero de 1961 se había fundado el Sindicato de Obreros de Pomalca y los trabajadores venían organizándose para exigir mejoras. En diciembre de 1961, estallaron conflictos debido a los abusos laborales y al incumplimiento de acuerdos y mejoras salariales por parte de la familia De la Piedra. Los trabajadores agrupados en el sindicato exigieron el cumplimiento de sus convenios laborales, paralizando las labores en los campos de cultivo. A finales de diciembre de 1961 los trabajadores iniciaron una huelga general que ya llevaba alrededor de 25 días al momento de los hechos.

Los sucesos del 20 de enero de 1962

El sábado 20 de enero de 1962 el conflicto explotó cuando los De la Piedra se negaron a ceder a las demandas de los trabajadores. Hombres, mujeres y niños se concentraron en una manifestación pacífica cerca del mercado y en las calles adyacentes de Pomalca, exigiendo mejores salarios, la vigencia de la jornada de ocho horas y respeto a sus derechos.

Entre las 9:45 y 10:45 de la mañana intervino un contingente policial al mando del mayor Horacio Patiño. Según testimonios de los sobrevivientes, alguien del grupo lanzó una piedra contra la policía, desconociéndose si fue un provocador o un manifestante. La policía respondió lanzando bombas lacrimógenas y golpes con varas. Ante la reacción de defensa de los trabajadores, los policías abrieron fuego con fusiles, primero al aire y luego directamente contra las personas.

El saldo del enfrentamiento incluyó a siete personas asesinadas por la guardia civil. Los fallecidos fueron cinco trabajadores: Aurelio Ballena Zarpán, Juan Pablo Medina Delgado, Antenor Clavo Julón, Benerando (o Demerando) Ochoa Delgado y Gilberto Díaz Rubio; el menor de 12 años Octavio Campos Otoleas, asesinado por la policía mientras transitaba por la zona, y Josefa (o Josefina) Pupuche Torres, ama de casa que estaba de visita en Pomalca. Se contaron más de treinta heridos de bala.

Los cuerpos de los mártires fueron velados en la casa de Humberto Ramos, secretario general del sindicato y luego trasladados en hombros hasta el cementerio El Carmen de Chiclayo, porque los trabajadores se negaron a llevarlos a la capilla cercana a la casa hacienda.

Hasta el día de hoy, cada 20 de enero se realizan homenajes a los Mártires de Pomalca en dicha localidad.

En cuanto a la policía represora, debe mencionarse que tres años después, alrededor del 9 de julio de 1965, el mayor Horacio Patiño, verdugo y asesino de Pomalca, fue muerto cuando perseguía a la guerrilla del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), liderados por Guillermo Lobatón y Máximo Velando.

Las siete víctimas de la Masacre de Pomalca en dirección al Cementerio de Chiclayo en enero de 1962

(Foto de José T. Solís Tesén, Pomalca, Chiclayo, Perú)

La denuncia de la Masacre de Pomalca por Rómulo Meneses

Rómulo Meneses fue uno de los fundadores históricos del APRA desde la formación del aprismo en los años veinte y treinta. Siempre destacó por su línea radical en defensa del campesinado y los trabajadores rurales.

Rómulo Meneses era el Secretario Nacional de Campesinado del Partido Aprista Peruano en el momento de la Masacre de Pomalca el 20 de enero de 1962. Condenó directa y enérgicamente la represión policial en una declaración que envió para ser publicada por La Tribuna. Señaló la brutalidad de la intervención de la guardia civil, el uso desproporcionado de la fuerza –incluyendo disparos contra una manifestación mayoritariamente pacífica– y responsabilizó por la Masacre a las autoridades locales y al gobierno de Manuel Prado.

La dirección de La Tribuna consultó el pedido de Meneses con Haya de la Torre, quien decidió censurar la denuncia prefiriendo no confrontar con los hacendados ni con el gobierno de Manuel Prado, con quienes estaba aliado en ese momento. La censura de Haya fue entendida por Meneses como una clara señal de que el partido priorizaba su alianza política con sectores oligárquicos y su estrategia electoral, en un año de elecciones presidenciales, por encima de la defensa consecuente de los trabajadores y campesinos.

La decisión de Haya de la Torre causó una profunda decepción en Rómulo Meneses, más aún cuando el gobierno convivencial de la alianza Prado-PAP masacraba campesinos constantemente. En noviembre de 196o las matanzas fueron denunciadas por el APRA Rebelde en su órgano Voz Aprista. El abandono de la defensa de los trabajadores por Haya de la Torre fue la gota que rebalsó el vaso de su paciencia y motivó su retiro del Partido Aprista ese mismo año 1962. Lo hizo de forma silenciosa, a diferencia de los militantes que conformaron el APRA Rebelde. La censura de Víctor Raúl determinó el distanciamiento definitivo de un fundador del APRA que había dedicado décadas a la lucha social.

Rómulo Meneses

Secretario Nacional de Campesinado del Partido Aprista Peruano en 1962

Todos los derechos reservados
Junio 1, 2026

En 1952, el Presidente Constitucional de Guatemala coronel Jacobo Árbenz, electo con el 65% de los votos válidos, reformó la propiedad agraria afectando los latifundios no cultivados de la United Fruit Company (UFCO, “La Compañía Frutera”).- El gobierno desarrollista de Árbenz comenzó a modernizar la economía guatemalteca.- El presidente Eisenhower lo derrocó en 1954 mediante un golpe de Estado administrado por la CIA.- Haya de la Torre guardó silencio frente a la intervención foránea y llamó a Árbenz “cobarde”, “agente de Moscú”, “dictador militar” y “miserable mercenario”

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 01 Jun 2026 02:53:26 +0000

https://bit.ly/3Q3X1K0

Mayo 27, 2026

Discurso de renuncia del presidente constitucional de Guatemala, Jacobo Árbenz Guzmán, el 27 de junio de 1954

Coronel Jacobo Árbenz Guzmán

Presidente constitucional de Guatemala 1951-1954

Cartel guatemalteco anunciando Tierra y libertad con la reforma agraria

El 15 de marzo de 1951, Jacobo Árbenz Guzmán asumió la presidencia constitucional de Guatemala. Fue el candidato vencedor de las elecciones de noviembre de 1950, en las que recibió 266,778 votos válidos, los que representaron al 65.44% del electorado del país.

Al jurar el cargo en una nación como Guatemala, habitada por seres humanos en la miseria, Árbenz prometió legislar en favor de los campesinos sin tierra, modernizar la economía y reducir el poder de los grandes terratenientes. Dijo Árbenz en esa oportunidad:

“Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales siguientes: a convertir a nuestro país, de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente; a convertir a Guatemala, de un país atrasado y de economía predominantemente feudal en un país moderno y capitalista, y a hacer porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo.

Para alcanzar nuestros fines debemos entonces llegar a producir en la mayor proporción posible los alimentos, la ropa, los materiales de construcción, los artículos domésticos y los medicamentos que consume la gran mayoría de la población. Pero no queremos quedarnos ahí; ambicionamos patrióticamente llegar a producir la mayor proporción posible de los artículos que actualmente importamos y a sentar las bases de una producción futura de combustible, energía eléctrica, productos metalúrgicos y herramientas. Esta política económica, pues, se orientará como es fácilmente apreciable, a producir lo que consumimos, a exportar los excedentes y buscar nuevas fuentes de divisas, a ampliar y diversificar la producción y a traer a Guatemala la maquinaria, equipo y herramienta necesarios para impulsar nuestro desarrollo en las mejores condiciones posibles a efecto de que los ingresos de la gran mayoría del pueblo no dependan de las actividades relacionadas con nuestro comercio exterior, sino de aquellas que tienen por objeto predominante satisfacer las necesidades del consumo interno.”

En cumplimiento de sus ofrecimientos electorales, el 17 de junio de 1952 Árbenz promulgó la ley de reforma agraria (Decreto 900) que buscaba redistribuir a campesinos pobres las tierras ociosas sin cultivar. En Guatemala, solo 12 % de la tierra arable estaba cultivada en tanto que el 2% de la población controlaba el 72% de la tierra cultivable. La reforma agraria afectó directamente los intereses de los grandes terratenientes y, sobre todo, a la compañía estadounidense United Fruit Company (UFCO), que poseía enormes latifundios sin cultivar en Guatemala.

La principal razón por la que Washington a través de la intervención de la CIA derrocó al gobierno reformista y desarrollista de Árbenz fue el temor que se tenía que el ejemplo de las políticas de Árbenz desestabilizaran a los demás países de América Central, en especial Honduras y El Salvador. El ejemplo de las reformas económicas y sociales del gobierno de Árbenz ponía en peligro el dominio de las clases gobernantes y de las empresas extranjeras en América Central, propietarias de grandes latifundios.

Diego Rivera pintó el cuadro Gloriosa Victoria sobre el derrocamiento en 1954 del gobierno constitucional de Jacobo Árbenz en Guatemala.

El coronel golpista Carlos Castillo Armas estrecha la mano del secretario de Estado de EE. UU. John Foster Dulles, quien sostiene una bomba con el rostro del presidente Eisenhower. El artefacto explosivo se ubica en el medio de los cadáveres de inocentes guatemaltecos asesinados durante el golpe de la CIA. En la pintura, a la derecha de John Foster Dulles, aparece el embajador estadounidense en Guatemala, John Peurifoy, rodeado de militares leales a Castillo Armas. Más a la derecha se encuentra el arzobispo de Guatemala, Mariano Rossell Arellano, quien bendice el acto. A la izquierda se coloca el director de la CIA Allen W. Dulles, hermano de John Foster Dulles, que susurra al oído de su hermano. Al fondo, a la izquierda, los explotados cargadores guatemaltecos llevan sobre sus espaldas los plátanos y a la derecha otros trabajadores protestan contra el golpe de Estado. Presiden la escena varias plantas de bananas.

(Fuente: Zinn Education Project)

La posición de Haya de la Torre sobre Guatemala

Víctor Raúl no denunció la intervención de Estados Unidos en Guatemala ni tampoco el derrocamiento del gobierno reformista de Árbenz. En una carta fechada el 11 de enero de 1955 y dirigida a Serafino Romualdi, agente laboral estadounidense que mantenía contacto con Víctor Raúl, Haya le informó acerca de los comentarios que hiciera sobre el golpe en Guatemala durante una reciente visita al Uruguay. Escribió Víctor Raúl: “Arbenz y [el golpista] Castillo Armas, el uno agente de Moscú y el otro de Washington, no eran más que miserables mercenarios militares, como todos los dictadores militares en nuestros países. Ataqué la cobardía de Árbenz que debió haber peleado y muerto como un soldado luchando contra la intervención norteamericana” (Schwartzberg 2003, 120).

La crítica de Haya de la Torre al presidente constitucional Árbenz

(Schwartzberg 2003, 120)

Trabajadores bananeros explotados por la United Fruit Company (UFCO) en Guatemala

Fuentes consultadas

Schwartzberg, Steven. 2003. Democracy and U.S. Policy in Latin America during the Truman Years

. 2003.

Gainesville

University Press of Florida, página 120.

Zinn Education Project. 2026. Cuadro Gloriosa Victoria, obra de Diego Rivera.

Los cinco puntos del Programa Máximo, afeitado por Ramiro desde 1956.- Con la verdad no ofendo ni temo

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 31 May 2026 15:47:30 +0000

https://bit.ly/4o9sx5V

Mayo 31, 2026

P.M. es la abreviación de Programa Máximo del APRA

Mayo 31, 2026

Vida, tortura y asesinato del líder nacionalista africano Patrice Lumumba, primer Primer Ministro de la República Democrática del Congo.- Vídeo y texto de “Voces Africanas”

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 30 May 2026 14:19:33 +0000

https://bit.ly/4dgXelT

Mayo 17, 2026

Patrice Lumumba: El líder africano que impactó al mundo

Vídeo y texto de Voces Africanas

Patrice Lumumba: El líder africano que impactó al mundo

El Congo Belga

Su nombre era Patrice Lumumba y las palabras que estaba por pronunciar lo convertirían en leyenda, pero también firmarían su sentencia de muerte en menos de siete meses. Ese discurso desató conspiraciones que involucraron a la CIA, el MI6 británico, el gobierno belga y las corporaciones mineras más poderosas del mundo. Causó su tortura, su ejecución y la disolución de su cuerpo en ácido. Pero también encendió revoluciones en diecisiete países africanos. Si quieres descubrir como siete minutos de verdad destruyeron imperios coloniales, desataron el golpe de estado más brutal del siglo XX y crearon el mártir más poderoso de África, quédate hasta el final de este video.

Patrice Lumumba

Para entender por qué ese discurso fue tan peligroso, necesitas saber qué era realmente el Congo belga. Y te advierto, lo que vas a escuchar desafía toda humanidad. Durante setenta y cinco años, el Congo fue la colonia más brutal que el mundo haya conocido. No estamos hablando de explotación ordinaria, estamos hablando de un genocidio sistemático que dejó diez millones de muertos. Diez millones. Déjame repetirlo. Una de cada dos personas en el Congo fue asesinada, mutilada o murió de hambre bajo el dominio del rey Leopoldo II de Bélgica. Las manos cortadas no eran excepciones, eran política oficial. Los soldados belgas tenían que presentar manos cortadas para probar que habían usado sus balas matando rebeldes y no desperdiciándolas en cacería. Cestas llenas de manos, manos de niños, manos de ancianos. Manos ahumadas para preservarlas durante el viaje.

Leopoldo II, el rey belga responsable del genocidio de diez millones de congoleños y de las peores atrocidades del colonialismo europeo en el Congo

Congoleños con las manos amputadas, uno de los castigos preferidos de los colonizadores belgas contra la población nativa

¿Y por qué tanto horror? Caucho, marfil. Y después algo mucho más valioso, uranio, cobalto, diamantes. El uranio de las bombas de Hiroshima y Nagasaki salió del Congo. La riqueza era incalculable, el sufrimiento inimaginable. Pero aquí está lo importante. En 1960, Bélgica no había cambiado nada. Seguían controlando las minas, seguían sacando billones, solo necesitaban un gobierno congoleño que sonriera y obedeciera. Y entonces apareció Patrice Lumumba.

Nacido en 1925 en una aldea remota, Lumumba no venía de la élite. Era hijo de campesinos, autodidacta obsesivo. Leía a Rousseau, a Voltaire, a los filósofos que hablaban de libertad mientras trabajaba como empleado postal ganando centavos. Vendía cerveza para sobrevivir. Escribía poesía en sus noches. Soñaba con un Congo libre. Los belgas lo consideraban inofensivo, un nativo educado, útil para relaciones públicas. Pero Lumumba era peligroso precisamente porque entendía el juego mejor que nadie. Hablaba francés perfectamente, conocía la retórica europea de derechos humanos y estaba por usarla como un arma contra ellos mismos.

En 1958 algo cambió. Lumumba viajó a la Conferencia de Estados Independientes Africanos en Accra, Ghana. Conoció a Kwame Nkrumah. Conoció a líderes que ya habían expulsado a los colonizadores. Vio que la independencia real era posible. Regresó transformado. Ya no pedía reformas. Exigía independencia inmediata, total, sin condiciones. Fundó el Movimiento Nacional Congoleño (MNC). Miles se unieron en semanas. Los belgas empezaron a preocuparse. Este empleado postal estaba unificando tribus que llevaban siglos divididas. Estaba creando algo que los aterrorizaba. Nacionalismo congoleño real. En octubre de 1959, el gobierno colonial lo arrestó. La acusación era ridícula, incitar disturbios. Pero los disturbios ya estaban fuera de control. Sesenta y nueve congoleños murieron en protestas ese mes. El Congo ardía y entonces los belgas cometieron su primer error. Creyeron que podían controlar la situación con elecciones falsas. Convocarían elecciones, instalarían a un títere y mantendrían el control real de las minas. Liberaron a Lumumba en junio de 1960, justo antes de las elecciones. Pensaban que llegaría demasiado tarde para organizar una campaña. Se equivocaron catastróficamente.

Manifestación del Movimiento Nacional Congoleño (MNC)

En menos de un mes, Lumumba arrasó. Su partido ganó más escaños que cualquier otro. Era imparable. El 24 de junio de 1960 fue nombrado primer ministro del Congo independiente. Los belgas sonrieron para las fotos. Organizaron la gran ceremonia, pero ya habían activado el plan B porque sabían algo que Lumumba aún no comprendía. Nunca planearon darle poder real. Las compañías mineras seguían controladas por Bruselas. El ejército seguía comandado por oficiales belgas. La provincia de Katanga, donde estaban las minas más ricas del mundo, ya tenía órdenes de separarse del Congo el día después de la independencia. Era una independencia de papel, un engaño elaborado. Y el 30 de junio de 1960, durante la ceremonia oficial, todos estaban listos para mantener la farsa.

El rey Balduino dio su discurso. Elogió a su tío abuelo, el rey Leopoldo II. Sí, el genocida de diez millones. Lo llamó visionario, civilizador, héroe. El presidente Kasa-Vubu respondió con agradecimientos, sumiso, agradecido, exactamente el discurso que Bruselas había escrito para él. Y entonces Patrice Lumumba se levantó. Nadie lo había invitado a hablar, no estaba en el programa. Tomó el micrófono. Lo que sucedió en los siguientes siete minutos cambió África para siempre. Ya hemos conocido el trabajo extenuante exigido a cambio de salarios, que no nos permitían comer lo suficiente para alejar el hambre, ni vestirnos, ni alojarnos decentemente, ni criar a nuestros hijos como seres queridos. Los rostros belgas se paralizan. Esto no estaba en el guión. Hemos conocido las ironías, los insultos, los golpes que teníamos que soportar mañana, tarde y noche, porque éramos negros.

Joseph Kasa-Vubu, primer presidente de la República del Congo, Patrice Lumumba primer Primer Ministro, y el rey Balduino de Bélgica

El rey Balduino se mueve. Su sonrisa se congela. Los diplomáticos empiezan a mirar sus zapatos. Pero Lumumba apenas está comenzando. Hemos visto nuestras tierras despojadas en nombre de textos legales que solo reconocían el derecho del más fuerte. Hemos visto que la ley no era la misma para un blanco que para un negro. Acomodaticia para los primeros, cruel e inhumana para los segundos. Siete minutos. Setenta y cinco años de humillación condensados en siete minutos de verdad pura. Menciona las prisiones, las torturas, los trabajos forzados, las ejecuciones sumarias. Todo lo que Bruselas había intentado ocultar durante décadas termina con una promesa. Vamos a mostrar al mundo lo que pueden hacer los negros cuando trabajan en libertad. Ovación atronadora de los congoleños presentes. Silencio gélido de los europeos. El rey Balduino abandona la sala sin despedirse. Un insulto diplomático sin precedentes. En ese momento, Patrice Lumumba se convierte en el hombre más peligroso de África. No porque tenga un ejército, no porque tenga dinero, sino porque dijo en voz alta lo que millones pensaban en silencio. Y los poderosos del mundo acababan de decidir su sentencia.

Esa misma noche en Bruselas se convoca una reunión de emergencia. Presentes ministros belgas, ejecutivos de la Union Minière du Haut-Katanga (UMHK), la empresa que controlaba las minas del Congo y representantes del soplonaje (inteligencia) militar. La decisión es unánime. Lumumba debe ser neutralizado. Al día siguiente, el primero de julio de 1960, la CIA abre un expediente sobre Patrice Lumumba. Código: Amenaza comunista. Traducción real: Amenaza para los intereses empresariales estadounidenses.

Porque aquí está la verdad que nadie quería admitir. El Congo no era importante por patriotismo belga. Era importante porque contenía el 80% del uranio del mundo occidental. Cobalto esencial para tecnología militar, diamantes industriales, cobre, oro. Perder el Congo significaba perder billones de dólares. Y Lumumba hablaba de nacionalizar las minas, de usar la riqueza del Congo para los congoleños. Eso era imperdonable.

Pero Lumumba todavía no entiende el peligro. Cree que la independencia es real, que puede construir una nación, que la comunidad internacional respetará la soberanía del Congo. Está por descubrir cuán equivocado está. El cinco de julio de 1960, apenas cinco días después de la independencia, el ejército congoleño se amotina. Los soldados congoleños siguen siendo comandados por oficiales belgas que los tratan como esclavos. Cuando piden que oficiales congoleños sean promovidos, los belgas se niegan. Estalla el caos. Soldados atacan a civiles belgas. Hay saqueos. Violencia. Los belgas lo llaman anarquía, pero fue provocado deliberadamente.

Lumumba intenta calmar la situación, destituye al comandante belga, promueve a soldados congoleños, parece funcionar. Pero entonces, el once de julio sucede lo que los belgas habían planeado desde el principio. Moïse Tshombe, gobernador de Katanga, la provincia más rica, declara la independencia con apoyo militar belga. No es coincidencia. Tshombe está en la nómina, en la planilla, de la Union Minière du Haut-Katanga (UMHK). La compañía literalmente le paga un salario y Bélgica envía paracaidistas para proteger la secesión de Katanga. El Congo se desintegra en once días, once días después de la independencia.

Moïse Tshombe, gobernador de Katanga

Lumumba está desesperado. Pide ayuda a las Naciones Unidas (ONU). El secretario general Dag Hammarskjöld envía tropas, pero con órdenes de no atacar a los secesionistas belgas. Solo mantener el orden es una trampa. Las tropas de la ONU previenen que Lumumba use su propio ejército para reunificar el país. Entonces, Lumumba comete lo que Occidente llamará su primera transgresión. Pide ayuda a la Unión Soviética, no porque sea comunista. Es pragmático, necesita transporte aéreo, necesita armas, necesita asesores militares y la ONU está bloqueando todo. La respuesta soviética es inmediata. cien camiones militares, veinte y nueve aviones de transporte Ilyushin, doscientos técnicos, equipamiento para reabastecer al ejército congoleño.

Allen Dulles, director de la CIA

Dr. Sidney Gottlieb, División de Servicios Técnicos de la CIA

En Washington esto confirma todas las paranoias de la Guerra Fría. El presidente Eisenhauer convoca al Consejo de Seguridad Nacional. La discusión es breve. El 18 de agosto de 1960, Allen Dulles, director de la CIA, recibe autorización presidencial directa: eliminar a Patrice Lumumba por cualquier medio necesario. Cualquier medio. La CIA envía a su principal experto en asesinatos, el doctor Sidney Gottlieb, a Leopoldville, capital del Congo. Lleva consigo veneno letal, toxina botulínica diseñada para parecer enfermedad natural. El plan es contaminar el cepillo de dientes de Lumumba. Mientras tanto, los belgas activan su propio plan. Financian a Joseph Mobutu, jefe de personal del ejército congoleño. Un hombre sin ideología, sin principios, solo ambición y lealtad al mejor postor. Le prometen dinero, poder, respaldo internacional. Todo lo que tiene que hacer es traicionar a Lumumba. Pero Lumumba aún lucha. En septiembre de 1960 lanza una ofensiva militar para recuperar Katanga. Sus tropas avanzan, los excesionistas retroceden. Por un momento parece que podría ganar y entonces Mobutu hace su movimiento. El 14 de septiembre de 1960, apenas setenta y seis días después del discurso que lo hizo famoso, Joseph Mobutu da un golpe de estado, arresta al gabinete, declara que el ejército toma el control temporalmente.

Joseph-Désirée Mobutu, jefe de personal del ejército congoleño

Lumumba es confinado en su residencia, rodeado por soldados de la ONU que dicen estar protegiéndolo. Pero las puertas están cerradas desde afuera. El cazador se ha convertido en presa y las cosas están por empeorar de manera inimaginable. Mobutu controla las calles, los belgas controlan a Mobutu, la CIA espera su oportunidad y Lumumba, el hombre que desafió a reyes, está reducido a prisionero en su propia capital. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea devastadora. Lumumba todavía cree en el sistema, cree en la ONU, cree en el derecho internacional, cree que la verdad lo protegerá. Está por descubrir que la verdad es precisamente lo que lo ha condenado.

Durante ocho semanas, Lumumba permanece confinado. Intenta comunicarse con el mundo exterior, escribe cartas, da entrevistas por teléfono, denuncia el golpe, pide que la comunidad internacional intervenga. Nadie hace nada. Estados Unidos bloquea toda resolución en la ONU. Los soviéticos protestan, pero no actúan. Los países africanos están divididos. Lumumba está completamente solo y entonces toma la decisión que sellará su destino. El veinte y siete de noviembre de 1960, a las diez de la noche, Lumumba escapa, soborna a dos guardias, salta el muro de su residencia. Un carro lo espera. Su esposa Pauline y su hijo de tres años van con él.

El plan es desesperado, pero simple. Llegar a Stanleyville a dieciocho kilómetros de distancia, donde sus seguidores controlan la provincia. Desde allí reorganizar la resistencia es un error fatal. Y fue en ese momento, en esa decisión de huir en lugar de esperar, cuando Patrice Lumumba cometió el error que lo destruiría. Creyó que podía escapar de una conspiración que involucraba a las dos superpotencias del mundo. Nunca hubo un cálculo tan equivocado en la historia de África. La CIA detecta el movimiento en menos de una hora. Agentes belgas rastrean su ruta. Mobutu envía soldados a perseguirlo. La trampa se cierra. Lumumba viaja de noche por caminos de tierra. Cruza ríos, evita pueblos grandes. Durante dos días parece que lo logrará. Está a solo doscientos kilómetros de Stanleyville, de la seguridad, de la posibilidad de contraatacar. Pero el primero de diciembre de 1960, en un puesto de control cerca del río Sancuru, soldados de Mobutu lo reconocen, lo capturan junto con su esposa, junto con su hijo pequeño.

Las fotos de su captura circulan por el mundo. Lumumba con las manos atadas, soldados jalándole el cabello golpeándolo frente a las cámaras. Su rostro sangra, su camisa está rota, pero sus ojos siguen desafiantes. Lo llevan de regreso a Leopoldville en un avión militar. Durante el vuelo, los soldados lo torturan, le rompen las costillas, le arrancan mechones de cabello, le escupen, todo filmado. Como advertencia, Lumumba llega a la capital molido a golpes. Lo encierran en el campo militar de Thysville, pero ni siquiera allí está seguro. Los soldados que lo custodian son leales a Mobutu y Mobutu recibe órdenes de Bruselas.

Durante semanas, el mundo debate qué hacer con Lumumba. La ONU exige un juicio justo. Los soviéticos amenazan con intervención. Los países africanos protestan, pero los belgas ya tomaron la decisión. Lumumba sabe demasiado. Ha visto los documentos, conoce los nombres, sabe quién financió la secesión, quién dio el golpe, quién ordenó su asesinato. Vivo, es demasiado peligroso. Muerto puede convertirse en mártir, pero es un riesgo que están dispuestos a correr. El diecisiete de enero de 1961, a las cinco de la tarde, Lumumba y dos de sus colaboradores son sacados de su celda. Les dicen que serán transferidos. Nadie especifica a dónde. Los suben a un avión DC4. Destino Elizabethville, capital de Katanga. El territorio controlado por Tshombe, el títere de los belgas. El hombre que Lumumba intentó derrocar.

Durante el vuelo de tres horas los torturan sin parar. Oficiales belgas presentes. Katangueños leales a Tshombe, golpes con culatas de rifle. Quemaduras de cigarrillo. Le rompen los dientes. Lumumba no grita, no suplica, solo pregunta una cosa. ¿Van a matarme? Nadie responde.

Aterrizan en Elizabethville a las ocho de la noche. Hay una camioneta esperando. Los suben. Los llevan a una casa aislada a cincuenta kilómetros de la ciudad, Villa Browes. Allí, bajo la luz de la luna africana, en un claro rodeado de árboles, lo que sucede desafía a toda humanidad. Lumumba es forzado a acabar su propia tumba con las manos atadas, con las costillas rotas, mientras oficiales belgas beben cerveza y observan tres pelotones de fusilamiento, uno para cada prisionero. A las 9:43 pm, las balas perforan la noche. Patrice Lumumba cae, el hombre que desafió a imperios, el hombre que dijo la verdad cuando todos mentían. Muere a los treinta y cinco años, seis meses y dieciocho días después de pronunciar el discurso que lo condenó.

Pero la brutalidad no termina ahí. Los belgas tienen un problema, un cuerpo, evidencia física, algo que puede inspirar peregrinaciones, veneración, revolución. Así que el comisario belga Gérard Soete recibe una orden explícita, eliminar toda evidencia. Durante dos días completos. Soete y sus hombres cortan los cuerpos en pedazos, los disuelven en ácido sulfúrico, queman los huesos restantes, pulverizan las cenizas. Soete guardará un solo diente como trofeo. No será devuelto a la familia de Lumumba hasta 2022, sesenta y un años después. El trece de febrero de 1961, Radio Katanga anuncia que Lumumba escapó y fue asesinado por aldeanos enojados.

Comisario belga Gérard Soete, participante en el asesinato de Lumumba

Nadie cree la historia, pero nadie puede probarla porque no hay cuerpo, no hay tumba. Patrice Lumumba fue literalmente borrado de la existencia física. Los asesinos pensaron que habían ganado. No tenían idea de lo que acababan de desatar. Creen que han apagado la llama. En realidad, acaban de encender un incendio continental. La noticia de su muerte llega a Accra Ghana. Miles salen a las calles. En el Cairo, estudiantes queman la embajada belga. En Moscú multitudes marchan con su foto. En toda África el grito es unánime. Han asesinado a nuestro líder. Che Guevara lo llama el más grande líder negro de nuestro tiempo. Malcolm X dice que su muerte es el mayor crimen del siglo XX. Hasta Jean Paul Sartre escribe: “Lumumba tenía razón, por eso lo mataron.” La ironía es devastadora. Los belgas lo disolvieron en ácido para borrarlo de la historia. Lograron exactamente lo contrario.

Ese discurso de siete minutos se convierte en el manifiesto anticolonial más poderoso jamás pronunciado. Sus palabras se estudian en universidades, se citan en protestas, se graban en monumentos. Hemos conocido el trabajo extenuante se convierte en el grito de batalla de todo un continente. En los siguientes cinco años, 1diecisiete países africanos expulsan a sus colonizadores, cada uno citando a Lumumba, cada uno inspirado por su sacrificio. La descolonización que los europeos querían controlar durante décadas explota en media década, pero el Congo paga el precio más alto. Joseph Mobutu, el traidor que entregó a Lumumba, gobierna durante treinta y dos años con respaldo total de Estados Unidos, con billones en ayuda militar, mientras roba entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares del tesoro nacional. El Congo, el país más rico de África en recursos naturales, se convierte en uno de los más pobres del mundo. La esperanza de vida cae a cuarenta y seis años. El analfabetismo explota, la infraestructura colapsa, todo porque un hombre dijo la verdad durante siete minutos.

Moïse Tshombe, el títere que supervisó la ejecución, tiene un final poético. En 1969, su avión es secuestrado y forzado a aterrizar en Argelia. Pasa dos años en prisión argelina. Muere en 1969, oficialmente de ataque cardíaco. Extraoficialmente, muchos creen que fue envenenado. El cazador se volvió presa. Gérard Soete, el belga que disolvió el cuerpo de Lumumba en ácido, vive hasta el año 2000. En una entrevista de 1999, admite todo. Describe cómo cortaron los cuerpos, cómo prepararon el ácido. Muestra el diente que guardó como trofeo. No expresa remordimiento, solo dice, seguía órdenes. Ese diente no será devuelto a la familia hasta junio de 2022. En una ceremonia en Bruselas, el primer ministro belga Alexander De Croo admite: “Bélgica tiene responsabilidad moral en el asesinato de Patrice Lumumba.” Sesenta y un años después. Una disculpa que llega seis décadas tarde. La familia de Lumumba entierra el diente en Kinshasa.

Miles asisten. Es lo único físico que queda del hombre que desafió imperios, un solo diente. Pero su legado es inconmensurable. Hoy, cada diecisiete de enero, el día de su asesinato, se celebra en todo el Congo como día de los mártires. Escuelas llevan su nombre, plazas tienen su estatua, niños memorizan su discurso. La Universidad de Kinshasa tiene su archivo completo, sus cartas, sus discursos, sus poemas, todo lo que los belgas intentaron destruir, preservado y estudiado. En 2002, Bélgica finalmente admite que ciertos miembros del gobierno belga y otros actores belgas tienen responsabilidad en su muerte. Una admisión parcial, cobarde, pero admisión al fin. La verdad que Lumumba pronunció en siete minutos tardó cuarenta y dos años en ser oficialmente reconocida. Y aquí está la lección final, la que hace que esta historia trascienda el Congo. Lumumba vivió treinta y cinco años. Gobernó setenta y siete días, habló durante siete minutos, pero esos siete minutos llevan sesenta y cinco años resonando. Han inspirado revoluciones en cuatro continentes, han cambiado constituciones. Han educado a millones sobre las verdaderas atrocidades del colonialismo. Los poderosos invirtieron billones en silenciarlo. Fracasaron completamente.

La historia nos enseña algo brutal pero necesario. Decir la verdad al poder tiene un precio. Lumumba pagó con su vida. Su familia pagó con décadas de exilio. Su país pagó con generaciones de dictadura. Pero el silencio tiene un precio mucho mayor. Si Lumumba hubiera dado el discurso que los belgas escribieron para él, si hubiera agradecido al rey, si hubiera sonreído y obedecido, quizás habría vivido más. Quizás habría muerto en la comodidad, en la riqueza, en la irrelevancia. En cambio, eligió siete minutos de verdad y ganó la inmortalidad. Hoy nadie recuerda el nombre del presidente Kasa-Vubu, el que dio el discurso sumiso. Nadie cita al rey Balduino con admiración. Mobutu es recordado solo como ladrón y traidor, pero Patrice Lumumba es una leyenda, un símbolo, una inspiración perpetua de que la verdad, aunque te cueste todo, siempre sobrevive más que la mentira.

¿Quién ganó realmente? Ésta es una de las historias que cambiaron África y que el mundo intentó ocultar. Y recuerda esto, los imperios caen, los dictadores mueren, las corporaciones colapsan, pero las palabras de verdad, pronunciadas con valentía en el momento correcto, son eternas. Patrice Lumumba lo probó en solo siete minutos.

El discurso del Primer Ministro del Congo Patrice Lumumba el 30 de junio de 1960

El líder nacionalista Patrice Lumumba y su histórico mensaje en la ceremonia de proclamación de la independencia de la República Democrática del Congo el 30 de junio de 1960.- El discurso de siete minutos que le costó la vida al líder de treinta y cinco años que fue el primer Primer Ministro del Congo

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 30 May 2026 14:02:09 +0000

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Mayo 17, 2026

El histórico discurso del Primer Ministro del Congo Patrice Lumumba el 30 de junio de 1960

El histórico discurso del Primer Ministro del Congo Patrice Lumumba el 30 de junio de 1960

Hombres y mujeres del Congo,

Victoriosos luchadores de la independencia:

Los saludo en nombre del gobierno congolés.

Les pido a todos ustedes, amigos míos, quienes pelearon incansablemente en nuestras filas, marcar este 30 de junio de 1960, como una fecha ilustre que quedara por siempre grabada en sus corazones, una fecha cuyo significado le explicarán orgullosamente a sus hijos, para que ellos en su momento les puedan contar a sus nietos y bisnietos la gloriosa historia de nuestra lucha por la libertad.

Aunque esta independencia del Congo está siendo proclamada hoy en acuerdo con Bélgica, un país amistoso, con el que estamos en igualdad de términos, ningún congolés olvidará que la independencia se ganó en lucha, una lucha perseverante e inspirada que ocurrió en el día a día, una lucha, en la que no nos intimidamos por la privación o el sufrimiento y no escatimamos fuerza o sangre.

Estuvo llena de lágrimas, fuego y sangre. Estamos profundamente orgullosos de nuestra lucha, porque era justa y noble e indispensable para poner fin a la humillante esclavitud que nos fue impuesta.

Esa fue nuestra suerte durante los ochenta años de dominio colonial y nuestras heridas están muy frescas y son demasiado dolorosas para ser olvidadas.

Hemos experimentado trabajo forzoso a cambio de una paga que no nos permitía satisfacer nuestra hambre, vestirnos, tener alojamiento decente o criar a nuestros hijos como seres amados.

Mañana, tarde y noche éramos sometidos a burlas, insultos y golpes porque éramos “negros”. ¿Quién podrá olvidar que el negro era tratado como “tú”, no porque fuera un amigo, sino porque el respetuoso “usted” estaba reservado para el hombre blanco?

Hemos visto nuestras tierras confiscadas en nombre de leyes aparentemente justas, que daban reconocimiento sólo al derecho de la fuerza.

No hemos olvidado que la ley nunca fue la misma para el blanco y para el negro, que era indulgente para unos, y cruel e inhumana para los otros.

Hemos experimentado sufrimientos atroces, hemos sido perseguidos por convicciones políticas y creencias religiosas, y exiliados de nuestra tierra natal: nuestra suerte fue peor que la muerte misma.

No hemos olvidado que en las ciudades las mansiones eran para los blancos y las chozas en ruinas para los negros; que un negro no era admitido en los cines, restaurantes y tiendas reservadas para los “europeos”; que un negro viajaba en el compartimento, bajo los pies de los blancos en sus cabinas de lujo.

¿Quién podrá olvidar los tiroteos que mataron a tantos de nuestros hermanos, o las celdas en las que eran arrojados sin piedad aquéllos que no estaban dispuestos a someterse por más tiempo al régimen de injusticia, opresión y explotación usado por los colonialistas como herramienta de su dominación?

Todo eso, hermanos míos, nos trajo un sufrimiento indecible.

Pero nosotros, que fuimos elegidos por los votos de sus representantes, representantes del pueblo, para guiar a nuestra tierra natal, nosotros, que hemos sufrido en cuerpo y alma la opresión colonial, nosotros les decimos que de ahora en adelante todo eso está terminado.

La República del Congo ha sido proclamada y el futuro de nuestro amado país está ahora en las manos de su propio pueblo.

Hermanos, comencemos juntos una nueva lucha, una lucha sublime que llevará a nuestro país hacia la paz, prosperidad y grandeza.

Juntos estableceremos justicia social y aseguraremos para cada hombre una remuneración justa por su trabajo.

Le mostraremos al mundo lo que el hombre negro puede hacer cuando trabaja en libertad, y haremos del Congo el orgullo de África.

Vigilaremos que las tierras de nuestro país nativo realmente beneficien a sus hijos.

Revisaremos todas las viejas leyes y las convertiremos en unas nuevas que sean justas y nobles.

Detendremos la persecución del libre pensamiento. Vigilaremos que todos los ciudadanos disfruten en toda su extensión las libertades básicas previstas por la Declaración de Derechos Humanos.

Erradicaremos toda discriminación, cualquiera que sea su origen, y aseguraremos para todos un paso por la vida adecuado a su dignidad humana y que corresponda a su trabajo y su lealtad con el país.

Instituiremos en el país una paz basada no en las armas y las bayonetas sino en la concordia y la buena voluntad.

Y en todo esto, mis queridos compatriotas, podemos confiar no solo en nuestras propias enormes fuerzas y riqueza inmensa, sino también en la asistencia de los numerosos estados extranjeros, cuya cooperación aceptaremos cuando no esté encaminada a imponernos una política foránea, sino sea dada en un espíritu de amistad.

Incluso Bélgica, que finalmente ha entendido la lección de la Historia y no necesita oponerse más a nuestra independencia, está preparada para darnos su ayuda y amistad; para ese fin un acuerdo acaba de ser firmado entre nuestros países iguales e independientes. Estoy seguro que esta cooperación beneficiará a ambos países. Por nuestra parte, trataremos, mientras permanecemos vigilantes, de observar los compromisos que hemos hecho libremente.

Así, tanto en la esfera interna como externa, el nuevo Congo siendo creado por mi gobierno será rico, libre y próspero. Pero para alcanzar nuestro objetivo sin demora, les pido a todos ustedes, legisladores y ciudadanos del Congo, darnos toda la ayuda que puedan.

Les pido a todos que entierren sus riñas tribales: nos debilitan y pueden hacer que nos desprecien en el exterior.

Les pido a todos que no retrocedan ante cualquier sacrificio por el bien de asegurar el éxito de nuestra gran empresa.

Finalmente, les pido incondicionalmente que respeten la vida y propiedad de los ciudadanos y extranjeros que se han asentado en nuestro país; si la conducta de estos extranjeros deja mucho que desear, nuestra justicia los expulsará pronto del territorio de la república; si, por el contrario, su conducta es buena, deben ser dejados en paz, pues ellos, también, están trabajando por la prosperidad de nuestro país

La independencia del Congo es un paso decisivo hacia la liberación del continente africano entero.

Nuestro gobierno, un gobierno de unidad nacional y popular, servirá a su país.

Hago un llamado a todos los ciudadanos congoleños, hombres, mujeres y niños, para que adopten con resolución la tarea de crear una economía nacional y asegurar nuestra independencia económica.

¡Gloria eterna a los luchadores de la liberación nacional!

¡Viva la independencia y la unidad africana!

¡Viva el Congo independiente y soberano!

La rehabilitación de Jacobo Árbenz en Guatemala.- Una disculpa que tardó más de medio siglo

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 30 May 2026 00:10:36 +0000

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20 octubre 2011

BBC Mundo

Jacobo Árbenz murió en el exilio en 1971

(Archivo de la Familia Árbenz)

Tuvieron que pasar 57 años, el desgarre de una larga guerra civil, las dificultades de la pacificación y la reconciliación y una intensa disputa legal para que Guatemala diera el paso que dará este jueves.

Hoy el gobierno que dirige el presidente Álvaro Colom pedirá oficialmente perdón a la familia de Jacobo Árbenz Guzmán, el mandatario que en 1954 fue derrocado en un golpe de Estado que se convertiría en uno de los momentos clave de la Guerra Fría en América Latina, cuando Estados Unidos intentaba contener lo que percibía como la “amenaza del comunismo soviético” en el continente.

El gesto es parte del acuerdo al que llegó el gobierno guatemalteco con la familia Árbenz en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo pasado, cuando el Estado reconoció que incumplió su obligación de proteger los derechos humanos de los miembros de esa familia.

Y aunque es una disculpa privada para los Árbenz, algunos piensan que será un símbolo en el proceso de reconciliación del país centroamericano, que todavía se ve afectado por los efectos residuales de la violencia política que tuvo su génesis en el derrocamiento de Árbenz.

CIA y bananas

Jacobo Árbenz Vilanova, uno de los hijos del depuesto presidente, tenía siete años cuando su padre se vio forzado a renunciar a la presidencia, perdió sus propiedades y comenzó un exilio por varios países.

Hoy, a los 64 años, aseguró en entrevista a BBC Mundo que lleva buena parte de su carrera como político tratando de que se reconozca el legado de su padre y luchando “por Guatemala, por la justicia y por la historia”.

La historia a la que se refiere es la del gobierno de su padre, que intentó poner en marcha propuestas que en su momento fueron consideradas, por críticos y simpatizantes por igual, como revolucionarias: el mayor control del Estado de las riquezas guatemaltecas y, sobre todo, la reforma agraria.

Pero como queda evidenciado en documentos desclasificados por el gobierno estadounidense en la década de los noventa, las medidas no cayeron bien en Washington, donde se empezaba a sospechar que Árbenz tenía inclinaciones comunistas.

Tampoco fueron del agrado de empresas como la poderosa United Fruit Company (UFCO) –hoy conocida como Chiquita–, que vio cómo sus miles de hectáreas en Guatemala y su monopolio comercial bananero podrían estar en peligro.

El modelo guatemalteco de Árbenz, consideraban, podría sentar un peligroso precedente en otros países de la región donde la UFCO tenía operaciones importantes.

Así, en junio de 1954, en un plan que contó con la participación de la Agencia de Inteligencia estadounidense, CIA, Jacobo Árbenz fue desplazado del poder, luego de se produjera la invasión encabezada por Carlos Castillo Armas y apoyada por la CIA.

Los militares guatemaltecos retiraron el apoyo a Árbenz y este se vió forzado a dejar el poder en manos de Castillo Armas, quien rápidamente suspendió las reformas de su antecesor e inició un estilo de gobierno más afín a Washington.

“Punto culminante de la Guerra Fría”

En mayo, Claudia Árbenz (derecha) y su familia firmaron un acuerdo con el gobierno de Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con el beneficio de la visión retrospectiva, a cinco décadas de aquellos eventos, parece claro que la caída de Árbenz fue mucho más que uno de los tantos golpes de Estado que ocurrieron en la región.

“Fue uno de los puntos culminantes de la Guerra Fría en América Latina”, dijo a BBC Mundo Arturo Taracena, quien trabajó en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, la instancia creada por los Acuerdos de Oslo de 1994 para investigar los abusos de derechos humanos cometidos por ambos lados a lo largo de la guerra civil.

“Fue la primera intervención que Estados Unidos organizó en América Latina sin una participación directa de sus fuerzas, sino por medio de un ejército mercenario”, afirmó Taracena.

La salida de Árbenz marcó el comienzo de un largo y sangriento conflicto en Guatemala, como sostiene Nick Cullather, autor de Secret History: The CIA's Classified Account of its Operations in Guatemala, 1952-1954, un recuento de las actividades de la oficina de inteligencia en el país centroamericano.

“EE.UU. reemplazó un gobierno democrático relativamente popular con un dictador muy impopular (...) Eso desencadenó una ola masiva de represión”.

Y aunque la guerra civil no empezaría oficialmente hasta 1960, muchos consideran que la semilla de la violencia política guatemalteca está en la abrupta interrupción del mandato de Árbenz.

“Sin duda desencadenó toda una serie de eventos que llevaron a crear una sociedad violenta en Guatemala y que todavía continúa hoy en día... ”, aseguró Cullather.

Perdón y reconciliación

Claudia Árbenz, la hija de Árbenz Vilanova y nieta del depuesto presidente, afirma que la casa de su abuela, la misma que hoy es la de su padre, parece un "museo santuario” dedicado a la figura del expresidente.

“Hay una bandera gigante, hay recortes de la época, cartas de la gente, hay pinturas, hay condecoraciones, hay más de 1,500 fotos”, describió a BBC Mundo.

Ese inventario aumentará cuando se le añada el documento oficial donde queda consignada la disculpa del Estado.

La que algunos consideran que aún es necesaria es un gesto similar proveniente de Washington.

En 1999 el entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton, lamentó la indebida injerencia de la Casa Blanca en el proceso político guatemalteco, pero muchos esperan una declaración formal.

Los documentos que han logrado ser desclasificados en EE.UU. mediante la Ley de Libertad de Información han dejado en evidencia la participación de Washington en el golpe de Árbenz y en más de tres décadas y media de guerra civil.

Justicia póstuma

Según varios analistas, el conflicto político de Guatemala comenzó con el derrocamiento de Árbenz.

Pero la disculpa que presenta ahora Guatemala a los Árbenz, más allá de una pieza adicional para la colección familiar, es también un símbolo de perdón y reconciliación para Guatemala.

Ruth del Valle Cobar, la directora de la oficina presidencial de Guatemala encargada de los derechos humanos (Copredeh) y representante del gobierno en el acuerdo con los Árbenz, resalta que el acuerdo beneficia a toda la sociedad.

“El resarcimiento es útil para la familia, pero también para las otras víctimas de violaciones a los derechos humanos y la sociedad en general. Es un reconocimiento de lo que ha pasado en el país y de la necesidad de que haya una garantía de no repetición”.

Por eso, además del acto oficial, los libros escolares de texto serán revisados para incluir el legado de Árbenz, se bautizará con su nombre una de las principales carreteras del país y que él mismo mandó construir y se emitirá una serie de sellos postales con su imagen.

También se reescribirá su biografía, se hará una exposición fotográfica en su honor y se crearán cursos para sensibilizar a la burocracia sobre las necesidades de campesinos e indígenas.

Jacobo Árbenz hijo califica el gesto como “necesario para Guatemala”

Su hija Claudia cita a su abuelo: “Como él (el presidente Árbenz) dijo en su discurso de renuncia, 'la posterioridad nos hará justicia'”.

“La CIA derrocó a mi padre [Jacobo Árbenz Guzmán] en el primer golpe de Estado financiado por EE.UU. en América Latina”.- En entrevista con la BBC News Mundo, en junio de 2019, Jacobo Árbenz Vilanova, hijo del depuesto presidente, explicó como la CIA derrocó a su padre.- Haya de la Torre no se pronunció frente al golpe de Estado. Tampoco expresó su solidaridad con los pueblos y clases oprimidas de Guatemala

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 May 2026 22:46:18 +0000

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Mayo 29, 2026

La emocionante recepción del gobierno de Árbenz a Haya de la Torre en abril de 1954.- El canciller Toriello y Miguel Ángel Asturias, futuro Premio Nobel de Literatura y ardoroso defensor de las reformas sociales y nacionalistas del gobierno arbencista, recibieron a Víctor Raúl en el aeropuerto.- Nueve meses después, Haya de la Torre llamaría a Árbenz “agente de Moscú”, “cobarde”, “dictador militar” y “miserable mercenario”

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 May 2026 18:45:18 +0000

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Mayo 29, 2026

El 7 de abril de 1954, tras haber salido de la embajada de Colombia, Haya de la Torre llegó a Guatemala, de paso a México. El historiador aprista Roy Soto Rivera escribió sobre la recepción en el aeropuerto:

“El vuelo continuó hasta Guatemala donde lo esperaba una emocionante recepción. El canciller, Guillermo Toriello, de destacada actuación en la X Conferencia Interamericana de Caracas, estuvo presente en el saludo junto con representantes de los partidos democráticos, dirigentes sindicales y desterrados apristas. Tuvo la grata satisfacción de estrecharse en un abrazo fraterno con el célebre novelista Miguel Ángel Asturias. El autor de El Señor Presidente y Hombre de Maíz, Premio Nobel de Literatura [en 1967], había formado parte de la juvenil Célula Aprista de París en la década de los 20. Lo saludó con bellas frases poco antes de que reanudara el vuelo en medio de pañuelos blancos que se agitaban al viento para despedirlo” (Soto Rivera, II, 660-661).

Dos meses después del paso de Haya de la Torre por Guatemala se produjo el golpe de Estado contra Árbenz. Cabe preguntarse, ¿qué sucedió con Toriello y Asturias, sostenedores del gobierno reformista derrocado?

Guillermo Toriello

El canciller de Guatemala, Guillermo Toriello Garrido, fue uno de los aliados más cercanos y defensores del gobierno del presidente Jacobo Árbenz. Como figura clave de la Revolución de Octubre de 1944, y como lo menciona Roy Soto, Toriello defendió férreamente la soberanía guatemalteca frente a la intervención estadounidense y los intereses de la United Fruit Company. En 1954 presidió la delegación de Guatemala en la X Conferencia Interamericana en Caracas, donde denunció y se opuso a las directrices injerencistas de Estados Unidos. Trabajó incansablemente para buscar apoyo regional y evitar el golpe de Estado. Hasta último momento buscó encontrar una salida política que evitara más derramamiento de sangre. Sostuvo sin éxito conversaciones con el embajador estadounidense John Peurifoy pocas horas antes de la caída del gobierno.

Toriello no fue capturado inmediatamente después del golpe y se convirtió en uno de los principales objetivos de la represión contra los colaboradores del gobierno derrocado. Ante el peligro de arresto se refugió en la embajada de México en Ciudad de Guatemala, donde solicitó asilo político. México le concedió asilo y, después de dos meses de negociaciones para obtener un salvoconducto pudo abandonar Guatemala. Llegó a México en agosto de 1954.

Miguel Ángel Asturias

En cuanto a Miguel Ángel Asturias, el golpista Castillo Armas ordenó que se le despojara de su nacionalidad guatemalteca y se le expulsara del país por su apoyo al gobierno de Árbenz. Durante los siguientes ocho años, hasta 1962, Asturias vivió exiliado en Buenos Aires y Chile.

Obras consultadas

Soto Rivera, Roy. 2002. Víctor Raúl. El hombre del siglo XX. Lima: Instituto “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Volumen II, páginas 660-661.

Mayo 29, 2026

Asilado en la Embajada de Colombia en Lima, Víctor Raúl encontró inspiración para su propuesta de cinco mil voluntarios apristas para la guerra contra Corea.- La idea provino de la decisión del ultraderechista gobierno colombiano de Laureano Gómez de movilizar cinco mil soldados a Corea

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 28 May 2026 13:02:26 +0000

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Mayo 26, 2026

Ing. Laureano Gómez

Presidente de Colombia

7 de agosto de 1950 - 13 de junio de 1953

(En 1951 dejó el poder por enfermedad.)

El ultracatólico presidente Laureano Gómez representó en Colombia una corriente de extrema derecha, autoritaria y fuertemente anticomunista, cercana ideológicamente al franquismo español y opuesta tanto al liberalismo colombiano como a las corrientes de izquierda.

El envío de tropas de Colombia a la guerra contra Corea

Colombia fue el único país de América Latina que remitió soldados a pelear en la guerra contra Corea. La decisión de movilizar las tropas fue adoptada por el gobierno del presidente Laureano Gómez. En septiembre de 1950 el gobierno de Gómez anunció que enviaría tropas a pelear en Corea.

El traslado de los contingentes colombianos buscaba mostrar la alineación del régimen conservador con la política anticomunista de Washington y fortalecer las relaciones con el Departamento de Estado.

Los primeros efectivos militares salieron de Colombia en mayo de 1951 y llegaron a Corea al mes siguiente. Entre esa fecha y 1953 el número de las tropas ascendió rotativamente a cinco mil efectivos. Más de ciento cincuenta soldados murieron. Además, el contingente colombiano sufrió centenares de heridos y decenas de prisioneros de guerra.

La movilización a Corea de las tropas colombianas habría inspirado a Haya de la Torre

En diciembre de 1950, fecha en la que redactó la carta a Cossío del Pomar informando sobre la propuesta de los cinco mil voluntarios apristas para Corea, Víctor Raúl ya llevaba un año y once meses asilado en la embajada de Colombia en Lima. También habían transcurrido tres meses desde el anuncio del gobierno colombiano en cuanto al despliegue de sus tropas en Corea. Sin duda, Haya de la Torre tuvo ocasión de sostener largas conversaciones con los embajadores y agregados militares colombianos que se sucedieron a partir de 1949. Puede colegirse que uno de los temas de conversación preferidos debió haber sido el desplazamiento y la actuación de las tropas colombianas en Corea. Haya entendió que al igual que el gobierno ultraderechista de Colombia, él podría mejorar sus relaciones con Estados Unidos, demostrar su alineación con la política anticomunista de Washington y fortalecer relaciones con el Departamento de Estado si movilizaba cinco mil voluntarios apristas para pelear en Corea.

Por los antecedentes mencionados, me inclino a pensar que la oferta de Víctor Raúl de cinco mil voluntarios apristas para combatir en la guerra contra Corea se inspiró en el ejemplo del gobierno de Colombia despachando cinco mil soldados con el mismo objetivo.

Salvo mejor parecer...

El Programa Máximo (afeitado) del APRA conviviente.- Ramiro Prialé informó en 1956 sobre los cambios en el Programa Máximo del APRA para adaptarse a los requerimientos de la “Convivencia” con las clases gobernantes.- Fue en entrevista con la revista “Time”, edición para América Latina, del 30 de julio de 1956

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 27 May 2026 16:48:00 +0000

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Mayo 26, 2026

Ramiro Prialé, Secretario General del Partido Aprista Peruano en 1956

Ramiro Prialé, Secretario General del Partido Aprista Peruano, sostuvo una entrevista con la revista Time, que fue publicada en la edición para América Latina del 30 de julio de 1956. En dicha conversación, Prialé informó al auditorio estadounidense, latinoamericano y peruano –con acceso a dicha revista– sobre un conjunto de cambios en el Programa Máximo del APRA que no fueron decididos democráticamente en ningún congreso partidario y que simplemente provenían de la decisión del Jefe del Partido y del propio Prialé, dirigente de la total confianza de Víctor Raúl en los años cincuenta y sesenta.

El mensaje transmitido por Ramiro se centraba en presentar al APRA, por un lado, con una orientación menos radical, menos antiimperialista y menos antioligárquica y, por el otro, como un partido más pragmático, electoral y conciliador. Evidentemente, lo que se buscaba era adaptar al Partido Aprista a los requerimientos de la nueva política de Convivencia con las clases gobernantes y de aceptación de las orientaciones provenientes del Departamento de Estado y de acompañamiento a la política exterior de Estados Unidos.

En referencia al primer punto del Programa Máximo, usualmente presentado como acción contra el imperialismo yanqui, Prialé informó que el APRA entendía ahora que el Perú necesitaba el capital y las inversiones de Estados Unidos y que sólo rechazaba el imperialismo político representado por la explotación capitalista. Usando la terminología de Haya de la época, aceptaba el imperialismo económico pero rechazaba el imperialismo político. En la práctica, el primer punto fue reformulado en el espíritu del interamericanismo democrático sim imperio recomendado por Víctor Raúl desde los años cuarenta.

En relación al segundo punto del Programa Máximo, que planteaba luchar por la unidad política de América Latina, Prialé indicó que el APRA consideraba una utopía aspirar a dicha unidad y que sólo debería pensarse en la unidad económica de Indoamérica.

En cuanto al tercer punto del Programa Máximo que postulaba la nacionalización de tierras e industrias, Ramiro declaró que de efectuarse nacionalizaciones, éstas se limitarían exclusivamente a los servicios públicos.

Con respecto al cuarto punto referente a la internacionalización del Canal de Panamá, Prialé explicó que el Partido había descartado desde hacía tiempo dicho planteamiento.

El único punto que quedaba sin cambios era el quinto, es decir la declaración de solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.

¿Cómo calificaría Ud. los cambios al Programa Máximo del APRA anunciados por Ramiro Prialé en 1956?

1. Evolución ideológica?

2. Reorientación ideológica?

3. Revisionismo ideológico?

4. Moderación política?

5. Pragmatismo político?

6. Maduración política?

7. Derechización?

8. Viraje político?

9. Transfuguismo político?

10. Aburguesamiento político?

11. Renuncia a los ideales originales?

12. Involución ideológica?

13. Claudicación ideológica?

14. Traición ideológica?

Mayo 26, 2026

Haya de la Torre en el “New York Times” del 8 de abril de 1958 acogió con beneplácito el “imperialismo” económico, pero no el imperialismo político.- Izquierdista peruano celebra el rol de Estados Unidos

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 27 May 2026 01:37:01 +0000

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Mayo 14, 2026

Por Tad Szulc Especial para The New York Times

LIMA, Perú, 3 de abril de 1958 — El líder del grupo político más poderoso de Perú declaró en una entrevista aquí que daba la bienvenida al “imperialismo económico” de Estados Unidos.

“Estamos completamente a favor de su ‘imperialismo económico’ porque nos beneficia”, dijo. “Los comunistas afirman que el imperialismo económico es la última fase del capitalismo. No estamos de acuerdo con esto, como no estamos de acuerdo con toda la doctrina comunista”.

Quien hablaba era Víctor Raúl Haya de la Torre, un hombre bajo de 61 años, fundador y líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (conocida como APRA por sus siglas en español). Se trata del partido más poderoso del Perú.

El señor Haya de la Torre se inclinó hacia adelante en la pesada silla de madera de su estudio y se apoyó en el borde de una mesa de conferencias cubierta de libros, papeles y jarrones con flores.

Critica el imperialismo político

“No debemos confundir el imperialismo económico de Estados Unidos, del cual aprobamos, con el imperialismo político, al que nos oponemos”, añadió. “Un país subdesarrollado como Perú necesita desesperadamente inversiones e industria extranjeras, siempre que tengan sentido económico”.

Se recostó en la oscura silla ornamental. En reposo momentáneo, su rostro ancho con pómulos altos —que revelaban su sangre indígena— estaba todo sonrisas. Durante casi dos horas había estado explicando con un torrente de palabras la posición, la ideología y la historia de su partido. Tanto el hombre como el partido son legendarios en la política latinoamericana.

Fundado en 1931, el Partido Aprista Peruano ha sido declarado ilegal por sucesivos gobiernos conservadores que temían sus ideas izquierdistas y “populares”.

Entre ellas figuraban el control interamericano del Canal de Panamá. Otras eran ideas sobre legislación social y educación que hoy se han vuelto comunes en el mundo occidental.

Definición de izquierdista

Pero lo que preocupaba a los militares peruanos y a las administraciones de derecha era el poder del APRA como partido organizado de las masas. El señor Haya de la Torre fue exiliado por primera vez en 1924 y, desde entonces, ha pasado considerablemente más tiempo en el extranjero que en el Perú.

Ahora el señor Haya de la Torre es el principal sostén del régimen elegido democráticamente del presidente Manuel Prado y Ugarteche. Los apristas votaron por el presidente Prado en las elecciones de junio de 1956 porque prometió legalizar el partido.

En el Congreso, el APRA controla un bloque decisivo de votos sin el cual el régimen de Prado, de otro modo políticamente débil, no podría aprobar legislación.

Hombre del pasado y del presente del Perú, el señor Haya de la Torre se prepara activamente para el futuro.

A fines de 1950, Haya de la Torre ofreció al gobierno de Estados Unidos cinco mil militantes apristas para combatir en la guerra de esa potencia contra Corea.- Víctor Raúl confirmó la oferta en carta a su biógrafo Felipe Cossío del Pomar.- Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane y Luis Barrios Llona llamaron la atención a Haya por tan singular declaración

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 26 May 2026 14:26:37 +0000

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Mayo 23, 2026

A fines de 1950, en entrevista periodística durante su asilo de casi dos años en la embajada de Colombia, Haya de la Torre ofreció al gobierno de Estados Unidos proporcionar de tres a cinco mil militantes apristas para combatir en la guerra de esa potencia contra Corea. También ofreció el concurso de mujeres apristas que pedían ser incorporadas como enfermeras voluntarias en el ejército de Estados Unidos que luchaba contra Corea.

En una carta enviada por Haya de la Torre a su biógrafo Felipe Cossío del Pomar desde la embajada de Colombia en Lima, en la Navidad de 1950, Víctor Raúl pidió a Cossío del Pomar que divulgue en el extranjero la noticia de que se habían presentado de dos a tres mil apristas en la embajada de Estados Unidos en Lima pidiendo su incorporación en las tropas que luchaban contra Corea. Haya también comunicó a Cossío del Pomar que Antenor Orrego, secretario general del Partido Aprista, había enviado cartas a Harold W. Titmann, embajador de EE.UU. en el Perú, transmitiendo el deseo de tres a cinco mil apristas que deseaban enrolarse como voluntarios en las fuerzas de Estados Unidos, además de las mujeres apristas que deseaban servir como enfermeras (Haya de la Torre 2010, 16).

Luis Alberto Sánchez, en carta a Haya de la Torre, le llamó la atención por el ofrecimiento de 5,000 voluntarios apristas para ir a pelear en la guerra de EE.UU. contra Corea. Escribió Sánchez: “Encuentro francamente desmesurada, increíble y contraproducente la oferta de 5,000 para Corea. Ha caído pésimo en todos lados. Además, los norteamericanos no estiman eso… El ofrecimiento viola un acuerdo del Congreso Postal [de Desterrados Apristas] aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).” (Haya de la Torre y Sánchez. 1982, 462).

Desde Santiago de Chile, Manuel Seoane Corrales, Secretario General, y Luis Barrios Llona, Secretario del Exterior del Comité Coordinador de Desterrados Apristas, expresaron a Haya de la Torre su disconformidad con el ofrecimiento de los cinco mil voluntarios para la guerra de Corea y recordaron que en su momento desautorizaron dicha declaración. El 11 de junio de 1954, tres años y medio después de la comprometedora oferta de Víctor Raúl, Seoane y Barrios dirigieron una carta en nombre del Comité Coordinador en la que precisaron:

“Ya una vez, hace años, se difundió la especie no confirmada de que el Partido ofrecía 5,000 jóvenes apristas para que fueran a combatir a Corea. Este Comité Coordinador desautorizó tal versión, con el apoyo unánime de todos los compañeros (incluso un voto singular del compañero Sánchez) no sólo porque nunca fue oficialmente confirmada, sino porque ella contrariaba las íntimas inclinaciones del aprismo. Nuestra juventud podrá arriesgar la vida en una revolución peruana de tendencia social, o una epopeya de unidad indoamericana, pero jamás se brindará en holocausto para que Estados Unidos, en Corea, alce su peto protector en el Lejano Oriente.” (Comité Coordinador de Desterrados Apristas en Víctor Villanueva 1973, 211).

La carta de Haya de la Torre sobre su oferta de 5,000 voluntarios apristas para la guerra contra Corea fue publicada en las páginas 14 a 18 del libro El aprismo es un acierto y una profecía. Correspondencia Víctor Raúl Haya de la Torre - Felipe Cossío del Pomar 1948-1975. El libro fue editado por Luis Alva Castro en 2010.

Conclusiones

1. Es un hecho comprobado con la carta de Haya de la Torre a Cossío del Pomar, en diciembre de 1950, que Víctor Raúl ofreció al embajador de Estados Unidos en Lima, a través de Antenor Orrego, Secretario General del PAP, una fuerza de tres a cinco mil voluntarios apristas para que vayan a luchar en la guerra contra Corea.

2. Haya también ofreció el concurso de “numerosas mujeres apristas” que servirían como enfermeras en Corea.

3. Es un hecho comprobado que Luis Alberto Sánchez escribió una carta a Haya de la Torre en que calificó como “desmesurada, increíble y contraproducente la oferta de 5,000 para Corea”.

4. Es un hecho comprobado que en la misma carta, Luis Alberto Sánchez comunicó a Haya de la Torre que su “ofrecimiento viola un acuerdo del Congreso Postal [de Desterrados Apristas] aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional.”

5. Es un hecho comprobado que el Comité Coordinador de Desterrados Apristas con sede en Santiago de Chile desautorizó la declaración de Haya de la Torre sobre los cinco mil voluntarios para Corea.

6. La oferta de los cinco mil para Corea no fue aprobada ni previamente ni a posteriori por el Comité Ejecutivo Nacional o el Comité Coordinador de Desterrados Apristas. No fue una decisión institucional del PAP sino una iniciativa personal de alto contenido político basada en el alineamiento anticomunista internacional de Víctor Raúl.

7. Desde el punto de vista jurídico, el APRA en tanto partido político, no podía enviar voluntarios a la guerra contra Corea. Sólo pudo haberlo hecho el Estado peruano, gobernado por Odría, pero no lo hizo.

8. Debe notarse que en ningún momento Haya de la Torre llamó a los cinco mil voluntarios apristas para levantarse y derrocar a la dictadura de Odría.

9. Haya de la Torre no volvió a tocar el asunto de la oferta de los cinco mil voluntarios para la guerra contra Corea tras constatar la falta de respaldo orgánico comunicadas por Luis Alberto Sánchez y el Comité Coordinador de Desterrados Apristas.

10. El incidente de los cinco mil voluntarios para la guerra contra Corea sugiere un par de importantes conclusiones para la vida del PAP. La primera de ellas es la necesidad de practicar en todo momento la democracia interna. Decisiones estrictamente personales de cualquier líder del PAP en temas trascendentales comprometen a la institución partidaria en su conjunto y son susceptibles de error al no haberse discutido y evaluado en el colectivo de dirección las distintas alternativas existentes. Eso pasó con Haya y el incidente de los voluntarios para Corea, en 1950.

11. La segunda conclusión es que en materia política no existe ser humano infalible, ni Haya de la Torre, ni Prialé, ni Seoane, ni Sánchez, ni de la Puente Uceda, ni de las Casas, ni Villanueva, ni Townsend, ni García Pérez. Parecería ser un consejo de fácil aceptación, pero no lo es en un partido que históricamente se ha distinguido por la ausencia de debate interno, por la aceptación de la voz de orden “¡disciplina, compañeros!” y por la represión de aquellos involucrados en el intercambio de ideas acusándolos de disidencia o traición. El problema se agrava cuando se recuerda que el Partido Aprista renunció a la formación ideológica de sus militantes en el último medio siglo, proceso al que denominé desideologización en mi libro de 1987 La propuesta olvidada: El APRA de la Gran Transformación.

Felipe Cossío del Pomar y Víctor Raúl Haya de la Torre en la ciudad de México en 1954

Obras citadas

Alva Castro, Luis (editor). 2010. El aprismo es un acierto y una profecía. Correspondencia Víctor Raúl Haya de la Torre - Felipe Cossío del Pomar 1948-1975. Lima: Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre. Segunda edición, página 16.

Comité Coordinador de Desterrados Apristas en Víctor Villanueva. 1973. La sublevación aprista del 48. Tragedia de un pueblo y de un partido. Lima: Editorial Milla Batres, página 211.

Haya de la Torre, Víctor Raúl y Luis Alberto Sánchez. 1982. Correspondencia. Lima: Mosca Azul Editores, volumen 1, página 462.

Javier Valle Riestra explicó en julio de 1961 quiénes eran los apristas rebeldes.- "Somos un Partido Revolucionario y Socialista"

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 25 May 2026 04:15:06 +0000

https://bit.ly/4dvw7Ug

Mayo 24, 2026

Fuente: Voz Aprista Rebelde, Órgano del APRA Rebelde, Año II, No. 22, 11 de julio de 1961, páginas 2 y 6.

El Estado Antiimperialista.- El proyecto aprista para la Gran Transformación

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 22 May 2026 22:01:12 +0000

PDF: https://bit.ly/4csOZmx

Escribe: César Vásquez Bazán

Julio 14, 2012

Vásquez Bazán, César. 2020. El Estado Antiimperialista. Lima: Ediciones Aparicio Pomares.

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El Estado Antiimperialista: rasgos constitutivos de la gran transformación postulada por el proyecto aprista original

“Ese Estado que llame Antiimperialista es el que el aprismo propone para Indoamérica. El que exige una nueva y completa estructura jurídica concorde con la nueva estructura económica; o sea el Estado Democrático de los Cuatro Poderes llamado a realizar la obra de desfeudalización y unionismo indoamericano y a representar a la democracia funcional o económica”
Víctor Raúl Haya de la Torre (30AA, 323).

De acuerdo con la teoría aprista, el poder político arrebatado por el frente único a las clases dominantes debería dar paso a la construcción de un nuevo tipo de estado. Haya de la Torre lo denominó Estado Antiimperialista: “No vamos a obtener victoria posible sobre el imperialismo sin capturar el poder político, hoy instrumento de opresión, convertible por el APRA en arma de liberación” (AA, 107).

Dicho Estado Antiimperialista se caracterizará por constituir un estado verdaderamente nacional, que lleva adelante la guerra defensiva económica contra el imperialismo (AA, 169). Es una institución de la etapa de transición hacia el socialismo, “siempre en progreso” (AA, 180).

En las propias palabras de Víctor Raúl, el Estado Antiimperialista es estado de defensa (AA, 168) y fortaleza defensiva (AA, 179) de las clases explotadas del país que se independiza del imperialismo. Es el baluarte sostenedor de la victoria (AA, 168) e instrumento de liberación de la opresión del imperialismo y del latifundio (CA, 23): “EI estado deviene, así, el instrumento de lucha, bien o mal usado, de esas tres clases contra el enemigo imperialista que pugna por impedir la consumación revolucionaria. El estado es, pues, fundamentalmente un instrumento de defensa de las clases campesinas, obrera y media unidas, contra el imperialismo que las amenaza” (AA, 166).

Además, el Estado Antiimperialista debe ser estado de transición. Debe oponer “al sistema capitalista que determina el imperialismo, un sistema nuevo, distinto, propio, que tienda a proscribir el antiguo régimen opresor” (AA, 168). Su tarea consistirá en enrumbar el tránsito de la sociedad hacia ese nuevo sistema.

Finalmente, por desplazar del poder a las antiguas clases dominantes –minoritarias y, por ende, no representativas de la nacionalidad– el régimen político del frente de clases oprimidas por el imperialismo adquiere la calidad de estado nacional: “El estado aprista, nacionalista o Antiimperialista es la expresión o el organismo de educación, de defensa y de gobierno de las tres clases sociales mayoritarias que el aprismo organiza, vale decir, de la nación. El estado aprista dejará de ser el estado feudal, instrumento de las clases terratenientes o gamonales que rige desde la Independencia, convertido más tarde en instrumento total o parcial de los imperialismos económicos extranjeros. El estado aprista que no será ya de tipo retrógrado y extranjerizante, deviene estado nacional, social y económicamente representativo de las clases que forman la mayoría de la nación” (TyM, 289).

¿Cómo erigir esta organización política de guerra defensiva económica contra el imperialismo? ¿De qué manera iniciar la progresión hacia el nuevo sistema social y asegurar la condición de Estado verdaderamente nacional? Haya de la Torre respondería que habría necesidad de crear un sistema de economía nacional planificada; modelar una forma clasista de democracia funcional basada en las categorías del trabajo y definir una nueva estructuración del Estado, a partir de la existencia de un poder central –distinto al anterior– y poderes regionales y gobiernos locales descentralizados.

Nueva economía

La definición del sistema económico del Estado Antiimperialista se afirma en la aceptación inicial de dos supuestos.

El primero de ellos entiende que el sistema capitalista es una etapa necesaria e inevitable del progreso de la humanidad: “El sistema capitalista, del que el imperialismo es máxima expresión de plenitud, representa un modo de producción y un grado de organización económicos superiores a todos los que el mundo ha conocido anteriormente… Por tanto, la forma capitalista es paso necesario, periodo inevitable en el proceso de la civilización contemporánea. No ha de ser un sistema eterno– porque lleva en sí mismo contradicciones esenciales entre sus métodos antitéticos de producción y apropiación–, pero tampoco puede faltar en la completa evolución de alguna sociedad moderna (AA, 18).

El segundo supuesto reconoce que siendo una región atrasada, América Latina tendrá que atravesar necesariamente por el capitalismo: “La etapa capitalista debe, pues, cumplirse en nuestros países bajo la égida del Estado Antiimperialista” (AA, 188).

Frente a estas exigencias, Haya de la Torre explicó que la modalidad específica de sistema económico que deberían adoptar nuestros países sería el capitalismo de estado. De acuerdo con Víctor Raúl, la nueva forma de estructuración permitiría afrontar tanto el cumplimiento de la etapa capitalista de desarrollo como la “transición hacia una nueva organización social” (AA, 170). El capitalismo de estado propuesto, a diferencia del experimentado en los países europeos avanzados, se constituirá en instrumento de lucha contra el imperialismo; acabará con las bases económicas de su dominio; liberará a las clases trabajadoras e impulsará el desenvolvimiento de una economía verdaderamente nacional.

Sin embargo, dentro de las tareas del capitalismo de Estado, la fundamental consistiría en sentar las bases económicas del socialismo del futuro, a fin de eliminar la posibilidad de dependencia del extranjero y suprimir las raíces de la explotación interna. Como decía Víctor Raúl, “la nacionalización de la tierra y de la industria y la organización de nuestra economía sobre las bases socialistas de la producción es nuestra única alternativa. Del otro lado está el camino del coloniaje político y de la brutal esclavitud económica” (AA, 79).

En resumen, “una organización independiente de la producción de nuestros países sobre la base del capitalismo de estado, señala el camino de resistencia económica al imperialismo y no entorpece nuestra evolución autónoma impidiendo que a la caída de los actuales imperialistas surjan otros y pueda aparecer un nuevo sistema económico de socialización de la producción” (PCPA, 456).

El nuevo sistema se distinguirá por requerir la dirección estatal de la economía. Llevará adelante la transformación de las relaciones de propiedad; industrializará el país y suprimirá la expoliación humana.

Papel director del Estado

El primer rasgo característico de la nueva economía es el papel director que corresponde al Estado Antiimperialista. De conformidad con la tesis del capitalismo de estado, esta institución “debe dirigir la economía nacional” (AA, 169) y “centralizar, hasta donde se pueda, el gobierno económico nacional” (AA, 156). A estos efectos, el nuevo sistema económico deberá ser “científicamente planeado” (AA, 168); de esta manera se eliminaría el empirismo, como forma de gobierno. El aprismo siempre pensó que la economía planificada “es la que siguen los partidos y gobiernos con sentido económico en nuestros días” (Sánchez 1934, 26). La planificación, como modalidad de determinación de los objetivos y metas a lograr en el proceso económico y como método de asignación de recursos, “combate la anarquía de la producción, a fin de evitar las crisis y producir con mayor justicia” (Sánchez 1934, 27).

Transformación de las relaciones de propiedad

La puesta en marcha del capitalismo de estado implicará alterar drásticamente las antiguas relaciones de propiedad. La socialización de la riqueza y la producción es necesaria en un doble sentido: como medida antiimperialista de defensa de la soberanía nacional y como mecanismo garantizador de la consecución de la justicia social.

El cambio de la estructura de propiedad debe realizarse mediante la nacionalización progresiva de tierras e industrias. Es ésta, justamente, la primera base socialista de la producción.

Concepto de nacionalización

Víctor Raúl reconoció que, por lo menos, existen dos significados que se le pueden atribuir al vocablo nacionalización.

El primero de ellos, nacionalización en sentido amplio o genérico, se refiere a la acción de afectar el carácter extranjero de la propiedad. Entender la nacionalización de esta manera supone aceptar la posibilidad de nacionalizaciones burguesas, es decir que la propiedad de una empresa extranjera pueda pasar a manos de grupos privados nacionales. En otras palabras, según Haya, no toda nacionalización conduciría a la socialización de la riqueza: “Ante todo nacionalizar –un vocablo que sin duda se presta a más de una interpretación– no es siempre sinónimo de socializar. Hay nacionalizaciones socialistas, o meramente socializaciones, pero las hay que no afectan a la institución de la propiedad privada sino al carácter extranjero o no nacional, de la propiedad” (30AA, 339).

La segunda acepción, nacionalización en el sentido específico que la entiende el aprismo, se basa en la abolición gradual de la propiedad privada de los medios de producción y circulación de la riqueza y su socialización, es decir su transformación en propiedad de toda la sociedad. Este proceso de afectación de la propiedad privada –nacional o extranjera– y transferencia a los sectores populares es lo que Haya de la Torre denominó “contralor progresivo de la producción y circulación de la riqueza” (AA, 169, 171). Al respecto, El antimperialismo y el APRA prescribe que “la producción debe socializarse” (AA, 78). También en Treinta años de aprismo se afirmó que “no se trata de rescatar aquellas empresas de manos extranjeras, sino de socializarlas, es decir, de expropiarlas y entregarlas a la nación representada por el estado” (30AA, 339).

La ansiada socialización de los medios de producción y circulación de la riqueza se lograría a través de medidas de estatización, por un lado, y cooperativización por el otro, previstas en distintos capítulos de El antimperialismo y el APRA. Así, en el capítulo tercero de esta obra, Haya estableció la necesidad de la “nacionalización socialista de la producción” (IAA, 157): “La primera actitud defensiva de nuestros pueblos tiene que ser la nacionalización de la riqueza arrebatándola a las garras del imperialismo. Luego, la entrega de esa riqueza a quienes la trabajen y la aumenten para el bien colectivo: su socialización progresiva bajo el contralor del Estado Defensa y por el camino de un vasto cooperativismo... He ahí el ideal” (AA, 110).

Asimismo, Víctor Raúl reiteró en el capítulo sexto: “El cooperativismo, la nacionalización de la tierra y de toda la industria que sea posible nacionalizar... He ahí las primeras tareas en el orden interno para los apristas de cada país” (AA, 156).

El Cuadro 3 trata de resumir el concepto aprista de nacionalización. Su lógica fue confirmada por Víctor Raúl en Treinta años de aprismo: “La nacionalización aprista se inclina a la estatización a través de corporaciones de fomento –de acuerdo con el mecanismo del Estado Democrático de los Cuatro Poderes– y del estímulo del cooperativismo agrícola e industrial, pero respeta y garantiza la propiedad privada, como en México” (30AA, 342).

Sectores de propiedad

De acuerdo con la doctrina aprista, el nuevo sistema de economía nacional se estructuraría a partir del reconocimiento de dos grandes sectores de propiedad: el socializado y el privado.

Propiedad socializada

Ésta es el área prioritaria de propiedad dentro del nuevo Estado. En su ámbito se pueden distinguir dos sub-sectores: el estatal y el cooperativo.

Propiedad estatal

El primero de ellos se refiere al establecimiento de la propiedad capitalista de Estado como una de las consecuencias de la “nacionalización progresiva de la riqueza”. En Treinta años de aprismo, Víctor Raúl explicó con precisión: “La nacionalización progresiva de la riqueza puede entenderse como el dominio, el condominio, o el contralor y vigilancia estatal, según los casos, de ciertas fuentes de riqueza; en especial aquellas que al ser poseídas por empresas extranjeras resultan a través de éstas, en manos de los gobiernos a cuyas nacionalidades aquellas empresas pertenecen” (30AA, 342).

¿Qué ramas económicas abarcaría esta primera modalidad de propiedad socializada? Víctor Raúl no contestó esta pregunta en forma directa; lo hizo en forma indirecta al tratar el sistema jurídico de defensa del Estado Antiimperialista. Utilizó para el efecto “ciertas palabras interesantes” de Trotsky: “Un estado que tiene en sus manos una industria nacionalizada, un monopolio del comercio exterior y un monopolio de la aceptación de capitales extranjeros, por un campo de la economía o por otro, por este solo hecho, controla ya una rica fuente de recursos cuya combinación puede hacer más rápida su evolución económica” (AA, 192-193).

El Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo de 1931 fue mucho más explícito. En principio, “la industria nacionalizada en manos del estado” sería la industria extractiva: “Orientaremos nuestra política, en forma de alcanzar en un futuro próximo, la nacionalización de la industria extractiva” (PA, 19).

Asimismo, dentro del plan aprista de reforma agraria (PA, 73) el estado podría socializar la propiedad de la tierra, sea que esté en manos extranjeras o nacionales: “Expropiaremos, pagando su valor justipreciado, a aquellos fundos que el estado estime conveniente, sea por excesiva extensión, explotación indirecta, hipotecas no redimibles, ubicación inmediata a los grandes centros de consumo, etc., y los dedicaremos preferentemente a la producción de los artículos que reclame el mercado interno” (PA, 18).

También serían de propiedad estatal industrias estratégicas –“organizaremos industrias de carácter básico por el Estado” (PA, 17)–, instituciones bancarias –“fundaremos un Banco de la Nación, con filiales industrial, minera y agrícola, que atenderá preferentemente al pequeño productor nacional” (PA, 17)–, empresas de seguros, –“nacionalizaremos progresivamente el seguro” (PA, 17)–, y los medios de transporte: “nacionalizaremos progresivamente los medios de transporte” (PA, 17).

Propiedad cooperativa

La edificación del nuevo sistema de economía nacional implicaría la promoción de un vasto cooperativismo: “El capitalismo de estado es una solución a la que debemos tender y una de sus formas de aplicación más factible es el cooperativismo integral, de producción y de consumo... Dentro de un plan económico nacional, organizado por el estado y orientado hacia la mayor elevación de la productividad dentro del país, el cooperativismo constituye un efectivo auxiliar. En la agricultura, en la industria, en el comercio, el cooperativismo es un factor de gran fuerza. No sólo porque impulsa decisivamente el sistema económico del país, sino porque educa económicamente al pueblo” (PCPA, 467).

Tal como se planteó en El Antimperialismo y el APRA, “ha de ser indispensable en el nuevo tipo de estado la vasta y científica organización de un sistema cooperativo nacionalizado” (AA, 171).

La cooperativización de la producción –fórmula de inspiración marxista– fue propuesta por el APRA como alternativa frente al capitalismo. Marx entendió que ése debería ser el rol del sistema cooperativo. Al respecto escribió: “Ahora bien, si la producción cooperativa ha de ser algo más que una impostura y un engaño; si ha de sustituir el sistema capitalista; si las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción nacional con arreglo a un plan común, tomándola bajo su control y poniendo fin a la constante anarquía y a las convulsiones periódicas, consecuencias inevitables de la producción capitalista, ¿qué será eso entonces, caballeros, más que comunismo, comunismo realizable?... Las fábricas cooperativas de los obreros mismos son, dentro de la forma tradicional, la primera brecha abierta en ella, a pesar de que, donde quiera que existen, su organización efectiva presenta, naturalmente, y no puede por menos de presentar, todos los defectos del sistema existente. Pero dentro de estas fábricas aparece abolido el antagonismo entre el capital y el trabajo, aunque, por el momento, solamente bajo una forma en que los obreros asociados son sus propios capitalistas, es decir, emplean los medios de producción para valorizar su propio trabajo. Estas fábricas demuestran cómo al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas materiales producidas y de las formas sociales de producción adecuadas a ellas, del seno de un régimen de producción surge y se desarrolla naturalmente otro nuevo. Sin el sistema fabril derivado del régimen capitalista de producción no se hubieran podido desarrollar las fábricas cooperativas, y mucho menos sin el sistema de crédito, fruto del mismo régimen de producción (Marx s/f, 301-302; Marx 1975, 418-419).

En el plan aprista, las cooperativas se ubicarían en la agricultura –“Fomentaremos la pequeña propiedad y la creación de haciendas colectivas y cooperativas agrarias, con el reglamentado apoyo técnico y económico del Estado” (PA, 18)–; minería –“Estableceremos el cooperativismo minero con la implantación de centrales de beneficio y oficina central de consignación de minerales” (PA, 20)–; construcción –“Fomentaremos la creación de una o varias compañías de base cooperativa con participación del estado, las cuales mediante la licitación de las obras públicas, se encarguen de su realización” (PA, 26) y en las esferas del crédito, producción y consumo: “Fomentaremos las cooperativas de crédito, de producción y de consumo” (PA, 17).

Propiedad privada

Desde el momento que el aprismo reconoce la necesidad de cumplir la etapa capitalista, tiene que aceptar la supervivencia –por tiempo no precisado– de la propiedad privada. Víctor Raúl explicó sobre el particular: “El programa del aprismo, aprobado por el primer Congreso Nacional del Partido en 1931, antes de las elecciones, también establece: a) respeto al derecho de propiedad; b) reconocimiento de la necesidad de capitales extranjeros para el desarrollo del país. Aboga por una distinción entre capital extranjero e imperialismo extranjero y señala que mientras el primero es indispensable para el progreso del país, el segundo es una amenaza para su soberanía” (YDGQ, 200).

Empero, si bien perdurará, el sector privado, nacional o extranjero, será sometido a permanente e intensa fiscalización estatal. De acuerdo con el Programa Mínimo de 1931, incluido en Política aprista (PA, 16), el estado, entre otras acciones, controlaría las condiciones de producción, precios de venta y utilidades de las empresas; reprimiría las maniobras especulativas de monopolios y oligopolios; supervigilaría las actividades de la industria y el comercio; reformaría la legislación bancaria; revisaría las tarifas de los servicios públicos y privados; reglamentaría los alquileres y garantizaría a los trabajadores un régimen justiciero de salarios y condiciones de empleo (PA, 11-29).

Desde este punto de vista tienen total razón aquellos que afirman que el APRA es controlista. No cabe duda alguna: el sector privado existirá mucho tiempo más bajo la fiscalización del Estado Antiimperialista.

Propiedad privada nacional

La empresa privada nacional gozará de la promoción técnica, instrumental y económica del estado a cambio de hacer partícipe a éste de una fracción de su capital accionario y del mantenimiento de adecuadas relaciones laborales: “La agricultura, la minería, la industria y el comercio nacionales gozarán de la cooperación del estado, si ella es necesaria, en el orden técnico, instrumental y económico, a cambio de pagar esa contribución en acciones y garantizar un régimen justiciero de jornales y jornadas a los empleados y obreros” (PA, 15).

Propiedad privada extranjera

Según El antimperialismo y el APRA, existirá dentro de la estructura de propiedad de la sociedad de transición un sub-sector de propiedad extranjera, supervigilado por el Estado Antiimperialista: “La síntesis aprista enuncia que mientras subsista el presente orden económico en el mundo, hay capitales [extranjeros] necesarios y buenos y otros innecesarios y peligrosos. Que es el estado y sólo él –el Estado Antiimperialista–, el que debe controlar las inversiones de capitales bajo estrictas condiciones afirmadas en la necesidad que obliga al capital excedente de los grandes centros industriales a emigrar” (AA, 188).

En otras palabras, no se trata de prescindir del capital extranjero. Más bien, lo que se busca es utilizarlo en provecho del desarrollo nacional y subordinado al sistema de transición del capitalismo de estado: “Lo que el aprismo considera ruinoso para el Perú es que en nombre de nuestra necesidad de capitales extranjeros, el país se convierta en un esclavo de ellos, y en vez de servirse del capital extranjero para su progreso no sea sino su servidor... Un país sin economía propia y sujeto únicamente a la dependencia del capital extranjero, no es más que una colonia” (PCPA, 466).

Dotando de contenido efectivo a la elaboración ideológica, el Plan de Acción Inmediata de 1931 estableció un conjunto de medidas programáticas para someter al capital extranjero a las condiciones de contratación del Estado Antiimperialista. Entre estos puntos, puede señalarse el dictado de legislación especial sobre inversiones y rentas del capital extranjero, el control y restricción de la exportación de capitales, la gestión de condiciones menos onerosas para el servicio de los empréstitos que pesan sobre la economía, el reajuste de la deuda externa, y la anulación de los monopolios concedidos a particulares y de aquellos contratos lesivos para la soberanía nacional (PA, 16-17).

Industrialización

La segunda base socialista de la producción se establece por la vía de la industrialización y la producción mecanizada en todas las ramas y sectores de la economía nacional. Víctor Raúl fue explícito al afirmar que “el socialismo no puede imponerse mientras el industrialismo no haya cumplido su gran etapa histórica” (IAA, 157). Con posterioridad, Haya de la Torre precisó: “Superar nuestro retraso; liquidar la etapa feudal; tecnificar al máximo nuestra producción; establecer industrias que ayuden a levantar nuestro nivel de vida y las condiciones de trabajo del pueblo trabajador hasta poner término a nuestra inferioridad social y a nuestro colonialismo económico, son los eminentes objetivos del aprismo” (PA, 40).

El requisito de la industrialización –con el consecuente crecimiento y afirmación de la clase obrera– es el que obliga al país a cumplir la etapa capitalista de desarrollo: “Si Indoamérica vive aún las primeras etapas del industrialismo que debe continuar necesariamente su proceso; si no tenemos aún definitivamente formada la clase proletaria que impondría un nuevo orden social y si debemos liberarnos de la dominación subyugante del imperialismo, ¿por qué no construir en nuestra propia realidad, tal cual ella es, las bases de una nueva organización económica y política que cumpla la tarea educadora y constructiva del industrialismo, liberada de sus aspectos cruentos de explotación humana y de sujeción nacional?” (AA, 22-23).

Supresión de la explotación humana

La tercera y última base socialista de la producción es la supresión progresiva de la explotación del hombre por el hombre. Como recordaba Víctor Raúl, “no hay tratadista jurídico que no reconozca que la explotación del hombre por el hombre es una injusticia” (PHT, 294).

En un párrafo de la célebre Carta a Mendoza, Víctor Raúl señaló el esencial rasgo explotador del capitalismo, al cual el APRA se oponía radicalmente: “El imperialismo es el capitalismo en su forma más moderna y el capitalismo es la explotación en su forma más refinada, y si nosotros no combatimos al imperialismo, entonces no combatimos al capitalismo, y si no combatimos al capitalismo, entonces no luchamos contra la explotación, y si no luchamos contra la explotación no tenemos derecho de llamarnos ni socialistas, ni comunistas, ni revolucionarios. El APRA es antiimperialista porque es anticapitalista” (PHT, 261).

El Estado Antiimperialista suprimirá la explotación humana llevando adelante tres acciones simultáneas: la socialización de la riqueza por la implantación del capitalismo de Estado; la dignificación del trabajo productivo por el mejoramiento material de la fuerza laboral y la difusión de la educación popular.

A fin de llenar el primer requisito, dado que en el Estado Antiimperialista se produce la socialización de tierras e industrias, desaparece paulatinamente la propiedad privada sobre los medios de producción y, por ende, la explotación del hombre por el hombre. De ahí que Manuel Seoane señalara que en el estado del futuro “no se va a permitir la existencia de clases parasitarias” (Congreso Constituyente de 1931, I: 352).

En referencia a la segunda estipulación, el Programa Mínimo de 1931 defendió la necesidad de elevar la calidad de vida de los trabajadores: “Fijaremos como finalidades del estado, garantizar la vida, salud, bienestar moral y material de las clases trabajadoras, procurando abolir, según lo permitan las circunstancias y de una manera gradual y paulatina, la explotación del hombre por el hombre” (PA, 12).

Haya de la Torre siempre tuvo presente la anterior exigencia: “El trabajador necesita nutrición, habitación y vestido, buenos, sanos y tantos como los exija su necesidad. El brazo bien nutrido produce mejor. La emancipación material y espiritual del trabajador son cuestiones que interesan, pues, a la humanidad y por eso, luchar por ella, es luchar por el progreso humano. Sí la riqueza es en primer término producción, ¿cómo abandonar y oprimir al productor?” (PCPA, 458).

En 1945, Haya insistiría nuevamente en la necesidad de mejorar las condiciones materiales de vida de la población: “volvemos, claro está, al postulado aristotélico: primero, comer, vestirse, alojarse y educarse, que forma el ABC, desde hace dos mil quinientos años, de toda formulación de buen gobierno” (DI, 381).

En esta prédica, Víctor Raúl nunca olvidaría la dura realidad del campesino peruano. Frente a lo que en ese tiempo se llamó el problema del indio expresó: “Creo que el problema fundamental en el Perú, por ejemplo, reside en la humanización, digamos así, de cuatro millones de hombres, aproximadamente, bestializados por un sistema económico criminal” (PEAL, 85).

En otra oportunidad, Haya utilizó la didáctica sencillez de una afirmación periodística para recordar sus intenciones: “Un periodista norteamericano me preguntó: ‘Dígame en seis palabras qué quiere el aprismo, para ponerlo como slogan en un diario de New York’. Le contesté: ‘Diga usted esto: Nosotros aspiramos a ponerle zapatos y medias a seis millones de peruanos” (TyM, 358).

Asimismo, ya con setenta y nueve años a cuestas y celebrando el Día de la Fraternidad de 1974, Víctor Raúl persistiría en reivindicar el gran ideal igualitario: “No dividamos al país entre los que no saben porque no pueden pagar escuelas, colegios y universidades y los que saben porque tienen el privilegio de las condiciones económicas que les permiten conseguir esos beneficios; nosotros queremos una democracia que iguale a los hombres en sus puntos de partida, que iguale a los hombres en sus derechos esenciales a la vida, nutrición, educación, capacitación… (D, 7: 428-429).

El tercer requisito es el de difundir la educación popular y elevar el nivel de preparación cultural y técnica de los trabajadores. Recuérdese que Haya de la Torre siempre se enorgulleció de haber sido maestro antes que político: “¿Creerá usted que el principio de mi definición revolucionaria devino de mi campaña por la educación popular?” (CA, 76).

Víctor Raúl entendió que el Estado Antiimperialista deberá instituirse en un verdadero organismo de educación integral para los grupos desposeídos. El nuevo estado debería ser “un estado-educador, un estado-escuela, un estado-docente y reivindicador que supera la etapa del estado-patriarca gobernado como un latifundio, o la del estado-militar gobernado como un cuartel” (TyM, 289).

No podría edificarse el Estado Antiimperialista de no cumplirse previamente esta tarea. Por eso, Haya de la Torre recordaba que “el aprismo quiere cumplir la etapa democrática, organizar constructivamente el estado, educar, mejorar capacitar y defender a las clases productoras del país” (PCPA, 449). De ahí que “la educación de los pueblos, es una de las imposiciones más evidentes de la nueva economía” (PCPA, 479).

Para implantar esta base socialista de la producción sería menester ejecutar una amplia revolución educativa: “No hay desarrollo posible si no hay también paralelamente la revolución educativa” (D, 7: 345). Los objetivos de dicha transformación serían básicamente económicos: “En el orden educacional, el aprismo plantea la educación para el trabajo y por el trabajo, libre, gratuita y general, laicalizándola y tomando el estado su monopolio” (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).

En Política aprista Víctor Raúl anotó: “Tenemos que orientar nuestra educación de acuerdo con nuestra economía. Tenemos que preparar los hombres para el trabajo y por el trabajo. Tenemos que establecer formas de educación práctica, de un carácter técnico, de un carácter actual, de un carácter moderno, de un carácter integral. Una educación pública formada en la escuela única, que acabe con las diferencias que hoy existen establecidas por las escuelas primarias privadas y las escuelas primarias del Estado. La escuela única del Estado es, sin duda, una medida conducente a la formación de la conciencia nacional y a la formación de un buen concepto de la política y del trabajo en el país” (PA, 76).

A estos altos fines contribuiría la gratuidad de la enseñanza: “La gratuidad de la enseñanza es una reivindicación económico-social tan poderosa y tan decisiva como la de mejorar las condiciones materiales del hombre. Porque quien cambia su situación por obra de la educación, cambia también su posición y su nivel social” (D, 7: 398).

Sin embargo, esto no bastaría. Si se aspira llevar adelante esa revolución –reforma integral de la educación decía el Programa Mínimo de 1931– tendrían que superarse las condiciones de miseria popular generadas por el capitalismo dependiente: “Todos sabemos que los esfuerzos del más generoso educador moderno, lleno de nuevas ideas, se estrellarán contra la realidad de un sistema que divide a los hombres en dos grandes clases de vida. Una educación integral no puede conseguirse sin ciertas condiciones materiales, no sólo en las escuelas, sino en los hogares” (CA, 74).

Víctor Raúl recordaría que “El problema técnico de la pedagogía, tiene un límite: el límite de las condiciones económicas del actual sistema social. La pedagogía que proclame un método de educación integral, tendrá que proclamar también su rebelión contra las condiciones económicas actuales. Si estamos de acuerdo en que la pedagogía se cumple a medias entre el hogar y la escuela, el niño no podrá ser educado en una escuela magnífica, levantada por cualquier Estado capitalista y poderoso, al mismo tiempo que su hogar es triste, miserable e insalubre... El pedagogo mejor será aquel que luche por derribar este sistema económico establecido por el capitalismo, en nombre del derecho de los niños” (CA, 74-75).

Por eso, “la educación moderna tiene que ser, pues, el resultado de una sociedad moderna, de una moderna organización” (CA, 76).

Nueva democracia

En el Estado Antiimperialista regiría a cabalidad una nueva democracia. Haya de la Torre formuló serios reparos a la democracia formal y planteó la necesidad de implantar una república de trabajadores cuyo régimen político sería el de una forma clasista de democracia funcional.

Crítica a la democracia formal

Desde sus orígenes, el APRA expresó insatisfacción respecto a la democracia formal –aquella limitada a un sentido estrictamente jurídico– a la que calificó como inefectiva y deficiente. El Partido Aprista así lo afirmó en su Manifiesto de febrero de 1932: “La democracia pura, liberal, exclusivamente política, es la que caracteriza a los erstados en los que solamente se vela por la igualdad nominal de los hombres ante la ley, movidos por un gaseoso ideal de la libertad individual y nacional” (PA, 43).

Sin embargo, la constatación fue más allá, al reconocer el aprovechamiento que de tal democracia hacían las clases explotadoras: “Una tesis tan absurda como la del sufragio universal, tal como se practica en la mayor parte de nuestros pueblos... resulta siempre en beneficio único para la clase y grupos oligárquicos dominantes” (AA, 189).

Manuel Seoane complementó la aseveración, haciendo explícitas algunas de las causales que viciaban no tanto la forma sino, más bien, el fondo de los procesos electorales. El Cachorro, con su aguda expresividad, las llamó “factores y resortes”: “La democracia cuantitativa, que se apoya en el individuo tomándolo como cifra, permite la presencia y el ejercicio de una serie de resortes que tienden a constreñir la acción de las clases trabajadoras. En efecto, se moviliza por los conservadores y en su favor el peso de la cultura, llámese hábito o tradición; el peso de la prensa que está generalmente en manos del gran capitalismo y el dinero, que se reparte a manos llenas en las campañas electorales aunque después se esconda en el fondo de los bolsillos. Todos son factores y resortes que inclinan casi siempre la victoria electoral cuantitativa en contra de los intereses de las clases trabajadoras, a pesar de que éstas son mayoría” (Seoane 1984, 121).

Empero, debe notarse que la crítica desarrollada a la democracia formal no llevó al APRA a rechazar el sistema democrático. Manuel Seoane, nuevamente, abordaría el problema: “No ha fracasado precisamente la democracia. Lo que ha fracasado, según lo prueba la experiencia universal, es el sistema representativo utilizado actualmente por la mayor parte de las democracias” (Seoane 1984, 121).

Adicionalmente, en textos como La verdad del aprismo (1940) y en los discursos en los Días de la Fraternidad de 1974 y 1976, Haya de la Torre calificó a la democracia practicada en el Perú como democracia “burguesa”, “clasista de tipo británico o francés”, “decimonónica”, “de número”, “oligárquica”, “civilista”, “clásica”, “falsificada”, “burlada” y “comerciada” (TyM, 279; D, 7: 428, 467).

De acuerdo al pensamiento de Víctor Raúl, las razones del fracaso de la democracia tradicional radican en que la teórica igualdad de los hombres ante la ley no ha bastado para superar la inequidad social, consecuencia de las diferencias de los hombres ante la economía. De ahí la exigencia de construir la nueva democracia funcional: “Constituimos la expresión política de las clases trabajadoras integradas en un partido. Estas clases consideran que sus propósitos reivindicatorios de carácter económico no han podido ser canalizados a través de la democracia actual” (Seoane 1984, 121).

República de trabajadores

En aplicación del materialismo histórico, la doctrina aprista entiende que la superestructura política se apoya en la base económica y ésta, a su vez, se funda en el trabajo. Por tal razón, el régimen político del Estado Antiimperialista deberá ser el de una república de trabajadores, representativa del frente único de las clases productoras y medias: “Hacia la reorganización científica del estado por la democracia funcional, hacia la victoria de la justicia social por la afirmación de la república de los trabajadores manuales e intelectuales” (PA, 146).

Guardando coherencia con esta declaración de principios, la Célula Parlamentaria Aprista sustentó la tesis de la república de trabajadores en el debate constitucional de 1931. La redacción propuesta por el APRA fue la siguiente: “El Perú es una república de trabajadores, democrática y descentralizada. El poder del estado emana y reside en el pueblo organizado funcionalmente y se ejerce por los funcionarios que lo representan con las limitaciones que la Constitución y las leyes establecen. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno” (Congreso Constituyente de 1931, I: 346).

La propuesta de norma constitucional contiene algunos rasgos que deben ser ponderados en su importancia.

El primero de ellos se refiere a la definición del Perú como una república de trabajadores, asentando así la primacía del trabajo humano en la nueva estructuración política que el aprismo impulsaría para el país. En otras palabras, al ser república de trabajadores, el estado aprista no sería un estado clasista democrático-burgués, de corte europeo o norteamericano: “Un Estado Antiimperialista no puede ser un estado capitalista o burgués del tipo del de Francia, Inglaterra o los Estados Unidos” (AA, 167-168).

Aclarando más estos conceptos, Víctor Raúl afirmaría: “Si el Estado Antiimperialista no se apartara del sistema clásico del capitalismo y alentara la formación de una clase burguesa nacional, estimulando la explotación individualista e insaciable –amparada en los enunciados clásicos del demoliberalismo–, caería pronto en el engranaje imperialista del que ningún organismo nacional burgués puede escapar” (AA, 170-171).

Sin embargo, el Estado Antiimperialista tampoco sería el estado clasista proletario o el estado “ídolo” del totalitarismo fascista. El Estado Antiimperialista, simplemente, sería el estado de participación del frente único de trabajadores manuales e intelectuales: “Nosotros los apristas propiciamos un nuevo tipo de estado, basado no sólo en el ciudadano como cantidad sino en el ciudadano como calidad. Por eso nuestro estado tenderá a ser un estado de participación de todos aquellos que en una forma o en otra contribuyan con trabajo, es decir, a la formación de la riqueza nacional” (PA, 68).

El segundo atributo que merece destacarse es la calidad democrático-funcional de la república de trabajadores, coherente con la elaboración ideológica aprista. Al respecto, Haya de la Torre afirmó: “El aprismo es democrático pero con un criterio cualitativo económico y por eso, aceptando la gran inspiración libertaria de la democracia, preconiza una democracia funcional, económica y social, de tipo nuevo y característicamente indoamericanas” (TyM, 279).

Finalmente, téngase en cuenta el carácter descentralizado que tendría el régimen político del futuro. Abordaremos esta temática más adelante.

Democracia funcional

Dentro de la concepción aprista se entiende que todo proceso de cambio social verdadero exige el insoslayable requisito de la intervención de las masas en la gestión de los asuntos vitales de la nación. Éste es, justamente, uno de los indicadores más diáfanos del carácter revolucionario del esfuerzo de transformación.

A fin de viabilizar esa participación, el aprismo postuló la tesis de la democracia funcional; ella debería regir el devenir del Estado Antiimperialista. Categoría básica de su propuesta política, “piedra angular de la vida del estado” (PCPA, 469), la democracia funcional fue diseñada teniendo como referentes la visión materialista de la historia; la crítica a la democracia formal y la defensa del ideal de la república de trabajadores. En la terminología aprista fue llamada de distintas maneras. Entre ellas se pueden señalar las de “forma clasista de democracia funcional o económica” (AA, 177); “democracia funcional basada en las categorías del trabajo” (AA, 171); “democracia económica” (PA, 43); “democracia social o funcional de izquierda” (PA, 44) y “democracia verdadera” (PA, 43).

La democracia funcional se define como el régimen de participación política del nuevo estado en el cual el poder será detentado por las clases explotadas, es decir los trabajadores manuales e intelectuales. El objetivo de la democracia funcional es el de alcanzar la justicia social con libertad –conceptos inseparables para el aprismo– asegurando la participación del trabajador en la vida del estado de acuerdo a su función personal y colectiva en la economía nacional.

Haya de la Torre reiteraría permanentemente estas ideas. Por ejemplo, en el Día de la Fraternidad de 1974 afirmaría: “Por eso es que nosotros queremos democracia y queremos que la democracia se reforme también, queremos darle a la democracia un sentido nuevo, sacarla del estatismo tradicional de democracia clasista u oligárquica, civilista como la llamamos nosotros desde que el partido se fundó. Nosotros queremos una democracia funcional, económica, social, política, representativa y cooperativa, queremos una democracia de acción porque la democracia es, originariamente, un movimiento de los pobres, un movimiento de los desposeídos para conseguir por medios legales todos los derechos a los cuales tienen la posibilidad de alcanzar, por los caminos de la justicia” (D, 7: 428).

Y en el Día de la Fraternidad de 1976 recordó que los apristas “queremos al mismo tiempo, –y es voluntad del Partido–, que se considere como derecho fundamental del pueblo, que se establezca una verdadera democracia, no la que ellos [el gobierno militar] tildan de tradicional, sino la que nosotros propusimos desde 1931; una democracia activa, dinámica y de veras revolucionaria que es la democracia de los trabajadores manuales e intelectuales con pleno derecho a expresar su opinión y su voto” (D, 7: 467).

Organización funcional

De acuerdo con Haya de la Torre, la estructura del nuevo estado debería sustentarse en la organización funcional de la sociedad: “La base de un estado que oriente su acción a la defensa, organización y progreso de la economía nacional, tiene que basarse en lo que económicamente hemos de llamar las fuerzas vivas del país. No creo que podamos hallar forma de organización política mejor para tal fin que la democracia funcional. Vale decir... la representación dentro del estado de todas las fuerzas sociales que forman la base de la economía nacional, teniendo en cuenta su aporte económico dentro de la colectividad. La representación funcional resulta así nuestro corolario político. Sobre esa base... se erige el programa de gobierno que es ante todo, plan económico, tarea organizada” (La Noche, 10-11).

A su vez, la democracia funcional reconocería como basamento cualitativo las distintas categorías del trabajo humano, es decir, los roles diferenciados que asumen los hombres en la producción: “Una democracia basada en el trabajo, implica la previa clasificación de éste, partiendo de su división fundamental en manual e intelectual y continuando en su estricta especificación de acuerdo con la realidad económica y social de la nación en que el sistema se establece” (PA, 103).

Muchos años después, Haya seguiría insistiendo en la idea. Así, en el discurso por el Día de la Fraternidad de 1976, Víctor Raúl recordaría: “Tenemos que reivindicar a la democracia auténtica, no a la falsificada, a la burlada, a la comerciada; que esos son vicios y faltas de la oligarquía. Tenemos que restaurar una democracia tal como nosotros la hemos propuesto: Democracia de hombres según su categoría de trabajo. Democracia que se institucionalice en una nueva forma de entidades representativas que tengan como expresión fundamental el Congreso Económico Nacional” (D, 7: 467).

Si se desea entender el concepto de categorías del trabajo manejado por Víctor Raúl debe examinarse los siguientes textos en los que se aplica la tesis de la democracia funcional a la organización del partido antiimperialista: “El aprismo es un partido de fuerzas económicas, productoras y distribuidoras... Su organización descansa en los sindicatos apristas, como expresión de las fuerzas organizadas políticamente... El aprismo tiene una organización vertical sindical que es opuesta también a la organización sindical horizontal y corporativista del fascismo y al horizontalismo cuantitativo de la democracia clásica. El aprismo organiza sus fuerzas sociales por ramas económicas y de acuerdo con lo que aquellas aportan a la economía nacional (producción, circulación, distribución y consumo de la riqueza)” (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4; TyM, 286-287).

Se puede deducir, entonces, que las categorías del trabajo en la democracia funcional se establecerán de acuerdo a las diferentes ramas y esferas de intervención en la economía nacional. Obviamente, se entiende que el aprismo reconoce todas las ocupaciones y facetas del trabajo humano como importantes y necesarias para la vida del estado. Algo más. Nótese que la democracia funcional no se basa en una corporación (inexistente) de patrones y trabajadores. Por el contrario, el régimen aprista se sustenta en el sindicato de trabajadores; es por definición, un régimen de democracia de trabajadores.

Ciudadano-trabajador

De acuerdo con la tesis de la democracia funcional, son indesligables el carácter del hombre como ciudadano y su función como trabajador manual o intelectual. Por este motivo, las personas dentro del nuevo estado deberían tener derechos y deberes políticos en tanto ciudadanos y derechos y deberes económicos, emanados de su participación en el desenvolvimiento de la economía.

En tanto ciudadano, el ser humano deberá gozar de los derechos políticos (libertades democráticas e igualdad ante la Ley, fundamentalmente) y en tanto trabajador, deberá gozar de los derechos económicos (derecho al trabajo y al descanso posterior; a la asistencia en la vejez o en la incapacidad; al bienestar, al progreso y a la educación; a ser dueño social de la riqueza que produce; a estar libre de hambre, miseria, injusticia y opresión y a participar en el proceso de planificación, dirección y control de la economía nacional).

El ejercicio de los anteriores derechos políticos y económicos, implica el cumplimiento de los respectivos deberes políticos (observancia de las leyes; participación en la defensa nacional; respeto a la vida, salud e integridad ajenas, etc.) y obligaciones económicas (el deber de trabajar, de contribuir al sostenimiento de la sociedad, etc.). La conjugación armónica y equilibrada de derechos y deberes –políticos y económicos– contribuirá a evitar situaciones de anarquía o tiranía, factibles cuando prevalecen únicamente los derechos, en el primer caso, o los deberes, en el segundo.

Predominio real de las mayorías

La democracia funcional se afirma en el predominio de las mayorías trabajadoras y de sus intereses en la vida política de la nación. Desde sus primeros pronunciamientos, el PAP así lo determinó: “El Partido Aprista Peruano implantará la verdadera democracia, porque su triunfo será el comienzo de una nueva era en la que las mayorías, hoy pospuestas y marginadas de los negocios públicos, asumirán su papel director” (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).

El principio quedó registrado como punto programático del Plan de Acción Inmediata de 1931: “Consideraremos que en todo conflicto que se presente entre el derecho individual y la apremiante necesidad de la colectividad, serán privilegiados el derecho a la necesidad de las mayorías” (PA, 12).

Delinear un nuevo tipo de estado que hiciere respetar la primacía de los intereses de las mayorías populares, obligaría al aprismo a replantear el carácter de la democracia. Por eso Seoane recordaba que la razón de ser de la democracia funcional era, precisamente, superar la incompetencia de la democracia formal para reflejar la real voluntad de las masas trabajadoras: “Y entonces es que ha surgido esta otra teoría de no consultar políticamente a los individuos como unidades, porque entonces es fácil dominarlos y torcer la expresión de su voluntad, sino consultarlos en cuanto integran actividades económicas homogéneas, específicas, es decir de función. Los partidos de clase, que se fundamentan en el trabajo y, por consiguiente, en la economía, tienen que preferir esta representación de tipo funcional. La representación que mediante este sistema se alcanza es una representación auténtica, específica y los intereses de la clase trabajadora se encuentran entonces garantizados por la presencia de un personero surgido de ellos mismos, personero que no sólo tiene la voluntad genuina de sus mandantes, sino que conoce técnicamente su función” (Seoane 1984, 122).

Limitación del derecho individual

La democracia funcional reconoce el imperativo de subordinar el interés individual al colectivo y, por ende, acepta que ciertas libertades económicas puedan verse limitadas por razones de justicia social, para que no se ejerciten en beneficio de las antiguas clases dominantes ni del imperialismo. En su obra capital, Víctor Raúl enunció: “En el Estado Antiimperialista, estado de guerra defensiva económica, es indispensable también la limitación de la iniciativa privada... El Estado Antiimperialista que debe dirigir la economía nacional, tendrá que negar derechos individuales o colectivos de orden económico cuyo uso implique un peligro imperialista. Es imposible conciliar –y he aquí el concepto normativo del Estado Antiimperialista– la libertad absoluta individual en materia económica con la lucha contra el imperialismo” (AA, 169-170).

Con convicción, Haya de la Torre planteó que “el uso de la libertad económica debe ser limitado para que no se ejercite en beneficio del imperialismo” (AA, 168).

En una clara demostración que la hegemonía política dentro del Estado Antiimperialista sería detentada por los productores, se especificó que las libertades económicas a limitar serían las de las clases explotadoras y medias: “El Estado Antiimperialista limitará, pues, el ejercicio de uso y abuso –jus utendi, jus abutendi– individuales, coartará la libertad económica de las clases explotadoras y medias” (AA, 170). Por esta razón, Víctor Raúl afirmaría que “el Estado Antiimperialista exige una nueva y completa estructura jurídica concorde con la nueva estructura económica” (AA, 189).

Sin embargo, Haya advirtió que a pesar de estas limitaciones, las clases medias contarían con mayor libertad que bajo la dominación imperialista: “Mientras se realiza la evolución al total capitalismo de estado –el Estado Antiimperialista es un Estado de transición siempre en progreso–, las clases medias, aún bajo el contralor estatal, han de contar con más seguridad y libertad efectivas, que bajo la presión imperialista que las sacrifica inexorablemente como condición para su crecimiento incesante y monopolizador” (AA, 180).

La nueva arquitectura legal impediría a nacionales o residentes en el país contratar la entrada de capital extranjero que no se ajuste a las condiciones del Estado Antiimperialista: “El derecho individual debe ser limitado por las necesidades de la colectividad. Un libre contrato de concesión o de venta entre un ciudadano indoamericano y un capitalista yanqui no es un negocio privado. Repitámoslo mil veces: en esa libertad de contratación... radica en gran parte el problema de la soberanía de nuestros países” (AA, 188).

Debe precisarse que la negación del ejercicio de algunos derechos económicos mal usados no afectará la vigencia de los derechos políticos inherentes al ser humano (libertad de expresión, de reunión, de prensa, de asociación, etc.).

Tecnificación del Estado

La reorganización del estado sobre la base de la democracia funcional contribuirá a su tecnificación, al asegurar que cada ciudadano-trabajador se desempeñe y participe en el ámbito de actividad para el que se encuentra mejor preparado. Como pensaba Víctor Raúl, “por la democracia funcional el estado deviene regido por los expertos en cada una de las actividades que integran la vida de la nación” (PCPA, 469).

Ahora bien, como Haya de la Torre siempre tuviera presente que “no hay buen gobierno posible si no se basa en la organización de la economía nacional” (PCPA, 483) surge “la necesidad de políticos capaces, de gobernantes expertos para la América Latina. No basta ser orador ni ser honrado. Es necesario saber. Y saber gobernar supone ante todo saber organizar la economía del país que se gobierna. El gobernante moderno, conservador o liberal, socialista o comunista, tiene el deber ineludible de saber economía” (PCPA, 457).

Sin embargo, el líder aprista reconocería la dificultad de encontrar economistas comprometidos con el cambio social trabajando en los gobiernos latinoamericanos: “Como los economistas todavía no han tomado los puestos de generales y políticos profesionales, en los gobiernos, el proceso puede ser lento” (ADVI, 320).

Por esta razón, la democracia funcional aseguraría la participación de los economistas y, en general, de los técnicos necesarios para el gobierno científico del país. Se superarían así situaciones de improvisación muy propias de la política peruana: “Por la democracia funcional quedará abolido el confusionismo técnico que padece nuestra política. Por el camino que vamos, no será raro que algún día el ingeniero sea director de hospitales; el abogado, jefe de regimiento; el agricultor, capitán de barco; el médico, vocal de la corte y así sucesivamente. Vivimos en plena usurpación técnica de funciones y cada vez más lejos de la formación del experto. El estado une a su propia inconsistencia la debilidad de los que pretenden conducirlo” (PCPA, 469).

Y se evitaría caer en graves errores: “No repetiríamos, así, el absurdo de llamar a un perito en finanzas antes que tratar de resolver el problema económico en sí, ni creeríamos que la sabiduría de un ministro de hacienda consiste en reducir el presupuesto” (La Prensa, 1).

En cuanto a la actividad parlamentaria, la democracia funcional daría rápidamente sus frutos: “El empirismo nocivo, el oportunismo confusionista, la fantasía y el afán de aplicar al país lo inadaptable –características de nuestro sistema de legislación actual– se corregirían progresivamente, desapareciendo de las prácticas parlamentarias” (PA, 115). De esta manera, “la legislación en todos sus aspectos, sería la obra jurídico-política de un cuerpo funcional en el que primaria el criterio técnico. La dirección exclusivamente política de todo plan legislativo quedará subordinada a las necesidades de la realidad técnicamente interpretadas” (PA, 115).

Regionalismo económico

Desde la juventud, como consecuencia de sus viajes y de la lectura de González Prada, Haya de la Torre percibió el cáncer centralista del país. En efecto, ya hacia 1923, Víctor Raúl recordaba que “el Perú provinciano y sobre todo el Perú serrano –el Perú verdadero–, es, prácticamente, otro país y permanece alejado y desconocido por los hombres metropolitanos que lo usufructúan” (PEAL, 28).

Con posterioridad, en 1925, Haya reiteraría que “el desprecio por la sierra es absoluto” (PEAL, 66). Y en 1930 enunciaría que “el estado, centralista y unitario en su forma de gobierno, no logra representar en el Perú sino aparentemente y en grado muy relativo, las fuerzas sociales y económicas, por ende políticas, que integran una nación de tan típica estructura” (ADVI, 215).

La crítica al centralismo y al abandono del interior del país condujo al aprismo a levantar la bandera del regionalismo económico: “El regionalismo tiene aún un sentido económico más profundo. Supone región, medio, realidad y supone gobierno apropiado (rexis etimológico, regirum, gobierno en alemán) de acuerdo con ese medio, con esa realidad. El regionalismo corresponde, pues, al problema de las intensidades y en países en que los hay varias es imprescindible para la organización del estado y del gobierno” (PCPA, 456-457).

En forma sintética y comparativa, Víctor Raúl precisaría: “Conviene advertir que los apristas peruanos somos regionalistas y anticentralistas como somos nacionalistas y democráticos: no sólo política sino económicamente” (PCPA, 464).

Empero, Haya de la Torre reconoció la existencia de dos tipos de regionalismo, distintos y antagónicos: el regionalismo propugnado por las clases dominantes y el regionalismo económico reivindicado por las clases productoras. El regionalismo de los explotadores, de cuño feudal –“localista, terruñista, forma elemental del patriotismo enardecido”– fue empleado por el gamonal para influir sobre un campesinado sentimental y supersticioso, asentado en pequeñas regiones, al que pudo dominar sin mayores contratiempos. Haya rechazó esta clase de regionalismo al que consideró manifestación del feudalismo supérstite. El regionalismo de los explotados, por el contrario, debería convertirse en instrumento de progreso y cooperación entre las distintas circunscripciones económicas del país. Al respecto, Víctor Raúl exigiría: “rechazar el regionalismo de los explotadores; rechazar al mismo tiempo el sometimiento de una región económica a otra (ejemplo: el actual centralismo de Lima sobre las provincias) y afirmar el paralelismo de las regiones económicas de producción es adoptar un regionalismo revolucionario y constructivo, vale decir, es adoptar el regionalismo de los explotados y con el regionalismo de los explotados estamos los apristas” (PHT, 265).

Por otro lado, debe precisarse que de acuerdo con el pensamiento de Víctor Raúl, el regionalismo económico sería un concepto más amplio que el descentralismo: “Este regionalismo económico envuelve, pues, el llamado descentralismo, es decir lo implica, lo supone, va más allá que él porque lo garantiza mejor y no lo presenta como un fin, siendo el descentralismo en sí un medio. De modo, pues, que la región económica es nuestra forma de acción descentralista, y dicho sea de paso, el aprismo que ha sido desde su fundación descentralista, es y será descentralista” (PA, 75).

Nueva estructura del estado

El tercer rasgo distintivo del Estado Antiimperialista es su nueva estructura política. De acuerdo con Haya de la Torre, “la revolución antifeudal y antiimperialista triunfante no puede utilizar tampoco el viejo aparato del Estado para hacerlo servir a sus propósitos. Al producirse el movimiento antiimperialista que captura de las clases dominantes el Estado –instrumento de opresión del imperialismo–, aquél debe transformarse” (AA, 167).

La organización estatal de la república de trabajadores deberá erigirse sobre la base de dos principios programáticos apristas: la democracia funcional y el regionalismo económico. Es por esta razón que su estructura se afirmará en la existencia de un poder central –el parlamento funcional unicameral– al que se encontrarán subordinados poderes regionales y gobiernos locales. Los distintos órganos del nuevo estado se integrarán clasistamente de manera funcional y gozarán de autonomía diferenciada.

Poder central: parlamento funcional unicameral

El poder central del Estado Antiimperialista estará conformado por el parlamento funcional unicameral, órgano superior y “primer poder del estado” (D, 5: 490).

Crítica al parlamento tradicional

En su propuesta de parlamento funcional, el aprismo partió de la realización de una severa crítica al ineficaz y verbalista papel jugado por los parlamentos tradicionales, importados de otras latitudes. Haya de la Torre explicó: “En un congreso de ciudadanos de distintas profesiones y especialmente abogados, se discute a veces muy bellamente, pero no siempre con sentido de eficiencia. En nuestro país, todo el mundo dice que las leyes son buenas, pero lo que importa es que se cumplan. Y no se cumplen, en la mayoría de los casos, porque son leyes teóricas que no responden a los verdaderos problemas que pretenden resolver” (La Prensa, 1).

Para Víctor Raúl, resultaba de vital importancia evitar que el parlamento se convirtiera en un congreso del tipo de los anteriores, incompletamente documentado, remedo de concurso de mala oratoria, inflada y estruendosa: “Corremos el peligro de tener un congreso del tipo de los anteriores en el que abunden los pomposos discursos y un poeta hable de milicia mientras un sacerdote perore sobre higiene o un hacendado de azúcar sobre los problemas de la democracia… Es cierto que, con elecciones legales, la mayoría sería la aprista y todos los miembros de nuestro partido saben que la política científica es la política del técnico. Pero, basta uno de esos señores que se llaman sin partido, vocero del pueblo, tribuno, etc., para que la asamblea legislativa se convierta en un concurso de mala oratoria castelariana, inflada y estruendosa, sin contenido eficaz. Sabido es que la mayor parte de los anales parlamentarios de los países tropicales son una maravilla de retórica tórrida. Empero, los problemas vitales del país exigen deliberaciones más concretas y, sobre todo, más concretamente económicas” (La Prensa, 1).

Debe señalarse, de paso, la poca confianza y simpatía demostrada por los fundadores del aprismo hacia los abogados. Si bien Haya de la Torre reconoció que “hay hombres de toga, los menos es verdad, que amparan la protesta de los pueblos y que saben estremecerse ante la inmolación de estudiantes” (CA, 79), también afirmó, sin temor, que “abogados fueron los mejores cómplices de Leguía que, ya como jueces, ya como apoderados jurídicos, ya como políticos en actividad, contribuyeron a justificar lo injustificable. Y abogados fueron después los que contribuyeron a erigir en el Perú la nueva autocracia del comandante a quien llamaron libertador, hombre de Estado, gobernante de cultura jurídica y otras cosas más –sólo cito palabras del abogado director, de El Comercio, de Lima, y de los abogados exrectores de la Universidad Mayor de San Marcos–, siendo el comandante así elogiado quien más sangre ha hecho correr en el Perú en menos tiempo de mando” (CA, 79).

Haya enfatizó que “si el déspota de sable es odioso, el déspota y el cómplice de toga son repugnantes. El de sable es siempre un primitivo brutal y en muchos casos de camisa de fuerza, o si el procedimiento es modernamente anticientífico, de un asilo ventilado y seguro. Pero el de toga, que ampara el pro y el contra con citas en latín y con artículos de código, que es Pilatos de todas crucifixiones, sin recurrir siquiera al lavabo, ese el homo homini lupus –a Plauto no suelen citarlo mucho los abogados– que hace de la piel de cordero su balandrán siniestro” (CA, 79-80).

Y, sobre todo, criticó la actitud entreguista de muchos abogados: “Cuán responsables [son] los hombres de toga de muchos de los crímenes que los de sable perpetran en nuestros países Y entre los crímenes aludía yo a los dos mayores de todas las tiranías latinoamericanas: la entrega de la riqueza de nuestros pueblos al dominador extranjero y el atropello de los derechos elementales de esos mismos pueblos en aras –y muy de veras, aras– de las autocracias que se venden y venden” (CA, 78).

Tal censura fue reiterada en diversas oportunidades: “Abogados fueron también los que ayudaron a entregar la riqueza del Perú a las empresas norteamericanas y los que ayudaron a las empresas a verificar la compra” (CA, 79).

Seoane, por su lado, añadiría: “Si los abogados viven de los clientes que tienen capital, lo lógico es que en su gran mayoría se pongan a servir a los capitalistas nacionales o extranjeros y que no se pongan al frente de los reclamos de carácter popular” (Seoane 1984, 130).

Colofón de esta aversión hacia los abogados bien podría ser la opinión de Haya de la Torre sobre el poder del estado con el que tratan: “El poder judicial, en el Perú, es lo más corrompido que puede darse” (PEAL, 68).

Composición funcional

Por las anteriores razones, los criterios de representatividad del parlamento deberían modificarse a efectos que respondan a los postulados de la democracia funcional. Al respecto, el Partido Aprista estableció en el Programa Mínimo de 1931 que propiciaría “la organización funcional del parlamento y las municipalidades” (PA, 11). Previamente, a través del Llamamiento a la Nación del primero de enero de 1931, había expresado que: “El parlamento sería la expresión nacional sujeta la misma organización funcional de todas las municipalidades. Por este medio quedaría asegurada la descentralización automática en el orden económico, político y administrativo. Económicamente, la descentralización supone una verdadera federación; la demarcación política seguirá, en consecuencia, a la realidad económica de cada región” (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).

En el Manifiesto de febrero de 1932 el PAP confirmaría: “Así como el municipio funcional representaría el gobierno real inmediato de una región económica, o de una parte de ella, el parlamento funcional representaría el total de las regiones económicas, o sea la Nación. Ya el regionalismo económico es punto de partida para la representación funcional en el parlamento, desde el momento en que la división territorial se haría de acuerdo con la realidad del trabajo productivo actual o posible de cada región” (PA, 115).

Como se podrá deducir por la lectura de los anteriores textos, la institución municipal y la parlamentaria son indesligables. Resulta extraordinaria la analogía con el caso de la ex-Unión Soviética, en donde el soviet –compuesto inicialmente por obreros y soldados– era el ente de gobierno local y el Soviet Supremo era el órgano superior de poder político de la U.R.S.S. Ésta es una evidente muestra de la aplicación creativa de las teorías leninistas a la realidad latinoamericana hecha por Haya de la Torre. El primero que se percató de esta adaptación fue Víctor Andrés Belaúnde: “La representación funcional integral es sencillamente utópica si no queremos seguir el camino del fascismo o del Soviet” (Belaúnde 1966, 106).

Finalmente, adviértase que la organización funcional posibilitaría la presencia genuina y masiva de las clases productoras en el parlamento, hecho que no se puede lograr en el marco de la democracia formal. En el debate constitucional de 1931, Carlos Manuel Cox defendió ese punto de vista: “Lo que nosotros queremos son hechos y realidades, los que deben salir no de un parlamento organizado como el actual sino de un congreso en el que estén representados los hombres que trabajan, los hombres que producen la riqueza” (Congreso Constituyente de 1931, volumen II, 1073).

Por su lado, Víctor Raúl añadiría: “En el parlamento funcional propugnado por el Partido Aprista, no sólo deberán estar representados todos los sectores de la producción y los organismos de circulación de la riqueza nacional. También deberán estar representadas las entidades profesionales y técnicas dependientes o no del estado y los grandes centros oficiales de cultura” (PA, 115).

Unicameralidad

Dentro del Estado Antiimperialista, el parlamento funcional será unicameral. Ésa fue la tesis defendida por Manuel Seoane y Luis Alberto Sánchez en el debate constitucional de 1931. Seoane afirmó: “Nosotros somos partidarios de la democracia funcional, de la unicameralidad funcional” (Congreso Constituyente de 1931, II: 1136). Y Sánchez no se quedó atrás cuando añadió: “Hemos sostenido que debe establecerse una sola cámara en el Perú y que esta cámara debe ser funcional” (Congreso Constituyente de 1931, II: 1096).

Poderes regionales

El segundo componente de la estructura del nuevo estado viene dado por la creación y puesta en marcha de los poderes regionales en aplicación del principio del regionalismo económico. En tal virtud, se introducirán “modificaciones en la demarcación política del territorio de la república con criterio fundamentalmente económico” y se concederá “autonomía administrativa y económica a las regiones en que se divida al país” (PA, 11). Para Víctor Raúl, la región sería una jurisdicción política más científica que la actual y, a base de ella, tendría que determinarse las modalidades de aplicación de los principios de la reorganización económica de la nación.

En la perspectiva aprista, el proceso de regionalización comprenderá el establecimiento de poderes regionales –entiéndase gobiernos regionales– y la correspondiente descentralización administrativa y económica: “Por la descentralización administrativa, cada uno de los poderes regionales, organizados funcionalmente, asumirá las facultades administrativas que actualmente ejerce el [poder] ejecutivo, en los asuntos que atañen exclusivamente a la circunscripción que representan. Decidirán las cuestiones administrativas sin que el poder central revise sus actos y designarán su personal burocrático. El poder central conservará la facultad de decidir en los asuntos que interesan a dos o más regiones y en los que atañen a todo el país” (PA, 11).

La descentralización defendida por el aprismo incluiría la dirección regional de las fuerzas policiales: “El poder coercitivo será ejercitado por las autoridades políticas de la circunscripción, como delegados del Ejecutivo Central y sus actos serán revisados en los casos que las leyes determinen” (PA, 11-12).

Por otro lado, Haya de la Torre no olvidaría precisar que “para la descentralización económica la ley fijará las rentas que corresponda recaudar y percibir a las regiones y las que correspondan al Poder Central” (PA, 11). Obviamente, como consecuencia de las anteriores acciones, se producirán alteraciones estratégicas en la ocupación del territorio peruano.

Poder municipal

La célula básica de poder dentro del nuevo estado es el municipio funcional. Así lo estableció el Partido Aprista a través del Llamamiento a la Nación del primero de enero de 1931: “La base de la organización política del país deben ser las municipalidades o ayuntamientos, expresión primaria de la soberanía popular” (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4). A su turno, Arturo Sabroso expresaría en el Congreso Constituyente de 1931 que habría que “establecer que la democracia funcional parte del municipio organizado a base funcional” (Congreso Constituyente de 1931, volumen II, 1061).

En el Manifiesto de febrero de 1932 Víctor Raúl confirmaría esta tesis: “El municipio sería la verdadera célula del organismo estatal y la mejor escuela práctica de gobierno” (PA, 114). Muchos años después, en su discurso por el cuadragésimo segundo aniversario del Partido Aprista, Víctor Raúl recordaría esta aspiración: “El poder municipal ha sido para el APRA siempre concebido como el poder esencial de un país democrático” (D, 7: 387).

Para que el poder municipal llegue a ser tal, deberían operarse dos cambios significativos respecto a los antiguos municipios. El primero de ellos se refiere a la potenciación y fortalecimiento de su autoridad: “La ampliación del radio de acción de los municipios y su elevación a un rango superior de autoridad es condición esencial para la efectiva descentralización política y administrativa que la necesidad de progreso de la Nación reclama” (PA, 114).

Haya de la Torre reiteró este planteamiento en 1972: “El poder municipal debe ser exaltado, robustecido, vigorizado y prestigiado. Siquiera podría acercarse a lo que es el poder municipal en México, En México no hay prefectos ni subprefectos, pero hay presidentes municipales elegidos por los pueblos, que tienen, además de funciones edilicias, funciones políticas y a veces, judiciales” (D, 7: 388).

La segunda alteración está vinculada a la conformación funcional del municipio: “Su constitución sería el resultado de la representación elegida de todas las fuerzas vivas de cada localidad, sindicalmente organizadas” (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).

Las dos anteriores modificaciones traerían consigo efectos anti-centralistas: “Dando mayor poder –político, económico y administrativo– a los municipios e integrándolos con representaciones sindicales y técnicas de cada distrito o provincia, el centralismo gubernamental perdería la fuerza excesiva que hoy tiene” (PA, 114).

De igual manera, contribuiría a su tecnificación: “Organizados los municipios funcionalmente, conservando el derecho legal que hoy tienen los extranjeros para integrarlos, serian entidades técnicas de gobierno local, con conocimiento inmediato de la región en que desenvuelven su actividad y con autonomía suficiente para actuar con eficacia” (PA, 114).

Dichos cambios contribuirían a que la municipalidad adquiera carácter de verdadero gobierno local: “La municipalidad se elevará así a la categoría de gobierno local en el que estarán representadas no sus fuerzas ciudadanas en sí sino como expresión de las distintas actividades del trabajo que ellas desempeñan dentro de la colectividad” (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).

Finalmente, debe indicarse que, a manera de resumen, se presenta el Cuadro 5 permite apreciar las principales diferencias entre los modelos aprista, capitalista y comunista.

Referencias

Haya de la Torre, Víctor Raúl

Los textos de Víctor Raúl Haya de la Torre citados en el presente capítulo están incluidos en la segunda edición de sus Obras Completas, en siete volúmenes, publicadas por la Librería-Editorial Juan Mejía Baca (Lima, 1984). Se ha utilizado la clave siguiente para identificarlos con mayor facilidad, indicándose a continuación el volumen de las Obras Completas en el cual se incluyen:

AA El antimperialismo y el APRA, volumen 4.

ADVI ¿A dónde va Indoamérica?, volumen 2.

CA Construyendo el aprismo, volumen 2.

D Discursos, volúmenes 5 y 7

IAA Ideario y acción aprista, volumen 1.

IIIRS Impresiones de la Inglaterra imperialista y la Rusia soviética, volumen 2

PA Política aprista, volumen 5.

PEAL Por la emancipación de América Latina, volumen 1.

PCPA Pensamientos de crítica, polémica y acción, volumen 2.

PHT El proceso Haya de la Torre, volumen 5.
TyM Testimonios y mensajes, volumen 1.

YDGQ Y después de la guerra ¿qué?, volumen 6
30AA Treinta años de aprismo, volumen 6.

Declaraciones periodísticas

La Noche (Lima). 3 de enero de 1931.

La Prensa (Lima). 18 de abril de 1931.

Otros autores

Belaúnde, Víctor Andrés. 1966. El debate constitucional. Lima: Talleres Gráficos P. L. Villanueva, S. A.

Congreso Constituyente de 1931. Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1931. Volumen I. Lima: Empresa Editora La Opinión.

Congreso Constituyente de 1931. Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1931. Volumen II. Lima: Empresa Editora La Opinión.

Marx, Carlos. s/f. La guerra civil en Francia. En Obras escogidas, Carlos Marx y Federico Engels. Moscú: Editorial Progreso.

Marx, Carlos. 1975. El Capital. Volumen III. México: Fondo de Cultura Económica.

Partido Aprista Peruano. 1931. Llamamiento a la Nación. La Noche (Lima), 1º de enero de 1931.

Sánchez, Luis Alberto. 1934. Principios de Economía Política aplicada al Perú. Lima: Editorial Librería Peruana.

Seoane, Manuel. 1984. Izquierda aprista. Lima: Okura Editores, S. A.

LA PROPUESTA OLVIDADA
El APRA de la gran transformación

Índice
De los editores
Introducción

I. La teoría aprista como interpretación marxista de la realidad latinoamericana

II. El Estado Antiimperialista
III. Congreso Económico Nacional
IV. Aprismo y fascismo

V. Aprismo y gobierno

Julio 14, 2012

¿Qué es el APRA? - Víctor Raúl Haya de la Torre explica qué es la Alianza Popular Revolucionaria Americana

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Enero 7, 2005

Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)

¿Qué es el APRA? apareció originalmente en idioma inglés en la revista londinense The Labour Monthly: A Magazine of International Labour (diciembre de 1926, volumen 8, número 12, páginas 756 a 759).

Si existe un texto seminal en el desarrollo de la teoría aprista, ése es el artículo de Haya de la Torre ¿Qué es el A.P.R.A.? Con el título de What is the A.P.R.A.?, el documento apareció originalmente en idioma inglés, en el volumen 8, número 12 (diciembre de 1926) de The Labour Monthly: A Magazine of International Labour, revista londinense conocida por su identificación con las luchas de los trabajadores y el cambio social.

Diversas son las razones que sustentan la importancia de ¿Qué es el A.P.R.A.? En principio, el artículo logra resumir en sólo mil trescientas palabras los principios ideológicos, programáticos y organizativos del aprismo. Encontramos en él claramente enfocado el problema imperialista que enfrentan nuestros países y que sin duda para Haya de la Torre constituye el fenómeno central al que deben responder las fuerzas políticas que luchen por la justicia social en América Latina. Ante la necesidad de enfrentar el peligro imperial, Víctor Raúl ofrece el proyecto revolucionario aprista como fórmula nacida de la realidad de nuestro continente. ¿Qué es el A.P.R.A.? explica el programa máximo en sus primeros cuatro puntos generales, que el autor recuerda son la acción contra el imperialismo estadounidense, la unión política de América Latina, la nacionalización de tierras e industrias, y la internacionalización del Canal de Panamá. Además, sin olvidar que tan importante como el programa es la necesidad de la acción directa y efectiva, Haya sustenta la necesidad de un frente político revolucionario que una a las dispersas fuerzas antiimperialistas y que las integre en un bloque único, para asegurar el éxito del esfuerzo contra la dominación imperial.

Encontramos en Haya de la Torre claras indicaciones de cómo valoraba la importancia de ¿Qué es el A.P.R.A.? En 1927, al año siguiente de su aparición en The Labour Monthly, la traducción del artículo al español, en versión ligeramente corregida y aumentada, aparecería en Por la emancipación de América Latina (M. Gleizer Editor, Buenos Aires). Los sectores comunistas también entenderían la importancia del artículo y sería el cubano Julio Antonio Mella, en 1928, quien cuestionaría la significación política del aprismo a través del opúsculo ¿Qué es el Arpa? En 1936 Haya de la Torre respondería los ataques de Mella en El antimperialismo y el APRA, el cual según la Editorial Ercilla de Santiago de Chile también podría denominarse ¿Qué es el A.P.R.A.? debido a que la versión revisada del artículo de 1926 constituyó el primer capítulo de la obra máxima del aprismo y además sirvió de guía en su estructura conceptual.

La versión original de ¿Qué es el A.P.R.A.? presenta también algunos aspectos sugestivos en el desarrollo de la ideología aprista. Puede señalarse, por ejemplo, el énfasis de Haya de la Torre en el frente unido que deviene frente único en la lucha contra el imperialismo, la influencia de Gonzales Prada en el papel de los jóvenes en la organización, la mención a París, ciudad en la que se escribe el artículo, como sede de una de las secciones más importantes del APRA, la existencia de un comité ejecutivo central que “dirige la acción de todas las secciones”, la nueva concepción económica del peligro que significa el imperialismo estadounidense, y la afirmación en el sentido que terratenientes, clase media y comerciantes integran las clases gobernantes de los países latinoamericanos. Con respecto a éste último punto, las ediciones posteriores de ¿Qué es el A.P.R.A.? no adoptarían una posición tan drástica, inclinándose más bien a señalar a los grandes terratenientes y grandes comerciantes como miembros de las clases gobernantes, desapareciendo la mención a la clase media, la que es reemplazada por la noción de “incipientes burguesías nacionales”.

La publicación de ¿Qué es el A.P.R.A.? integra el documento original aparecido en The Labour Monthly así como su traducción al español. Como ya se ha indicado las versiones hasta hoy conocidas de ¿Qué es el A.P.R.A.? son revisiones del artículo de 1926, por lo que resultará atrayente para el interesado realizar un análisis comparativo de la edición original y de las versiones posteriores. Por considerarlo de interés incluimos como apéndice el texto de la enmienda Platt a la constitución de Cuba, instrumento legal impuesto a esa república y que es mencionado en What is the A.P.R.A.? como un ejemplo de pérdida de la soberanía nacional por acción del imperialismo.

Queda sólo por decir que es un honor presentar la nueva edición de la versión original de ¿Qué es el A.P.R.A.? Lo hacemos en homenaje a los jóvenes apristas del siglo XXI, vanguardia y reserva de nuestro movimiento y esperanza de realización del proyecto revolucionario que Haya de la Torre se atrevió a soñar, allá por 1926.

Edición original en inglés

Traducción al español

¿QUÉ ES EL A.P.R.A.?
Por Haya de la Torre

(Líder del Partido Antimperialista de América Latina “Frente Unido”)

La lucha organizada en América Latina contra el imperialismo yanqui, por medio de un frente unido internacional de trabajadores manuales e intelectuales con un programa de acción común, eso es el A.P.R.A., las cuatro letras iniciales de las siguientes palabras: Alianza Popular Revolucionaria Americana.

Su programa

El programa de acción internacional del A.P.R.A. consta de cinco puntos generales que sirven de base para las secciones nacionales:

(1) Acción de los países de América Latina contra el imperialismo yanqui.

(2) La unidad política de América Latina.

(3) La nacionalización de la tierra y la industria.

(4) La internacionalización del Canal de Panamá.

(5) La solidaridad de todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.

Su organización

El A.P.R.A. es una organización joven formada por los jóvenes de la nueva generación de trabajadores manuales e intelectuales de América Latina. Fue fundada en 1924 y ha organizado secciones en varios países de América Latina y también en Europa, donde la cantidad de estudiantes antimperialistas latinoamericanos es bastante numerosa. En el presente instante las principales secciones del A.P.R.A. están trabajando en México, Buenos Aires, América Central, París y otros lugares en los que por razones políticas la acción de estas secciones no se permite públicamente. Un Comité Ejecutivo Central dirige la acción de todas las secciones.

El frente unido

El A.P.R.A. organiza el gran frente unido antimperialista latinoamericano y trabaja para incluir en sus filas a todos aquellos que, de una manera u otra, han luchado o están aún luchando contra el peligro norteamericano en América Latina. Hasta 1923 este peligro fue interpretado como una posible lucha de razas –las razas sajona y latina– como un “conflicto de culturas” o como una cuestión de nacionalismo. De las Universidades Populares “González Prada” del Perú ha surgido una nueva concepción del problema: la concepción económica. En 1924 se formó en México la Primera Liga Antimperialista Panamericana y también la Unión Latinoamericana en Buenos Aires. Las Ligas Antimperialistas fueron el primer intento del frente unido internacional de trabajadores, campesinos y estudiantes contra el imperialismo yanqui. La Unión Latinoamericana se fundó como el Frente Único antimperialista de los intelectuales. En realidad, las Ligas Antimperialistas no tienen programa político fijo sino sólo uno de resistencia al imperialismo, y la Unión Latinoamericana cumple simplemente actividad intelectual. El A.P.R.A. se fundó en 1924, con un programa de acción política y revolucionaria e invita a todas las fuerzas dispersas a integrarse en un gran frente único.

La lucha de clases contra el imperialismo

La historia de las relaciones políticas y económicas entre América Latina y Estados Unidos, especialmente la experiencia de la Revolución Mexicana, conduce a las siguientes conclusiones:

(1) Las clases gobernantes de los países latinoamericanos −terratenientes, clase media o comerciantes− son aliadas del imperialismo norteamericano.

(2) Estas clases detentan el poder político en nuestros países a cambio de una política de concesiones, empréstitos y grandes operaciones que ellos −los capitalistas, latifundistas o comerciantes y los políticos de las clases dominantes latinoamericanas− comparten con el imperialismo.

(3) Como un resultado de esta alianza, los recursos naturales que constituyen las riquezas de nuestros países son hipotecados o vendidos, y las clases trabajadoras y agrícolas son sometidas a la más brutal servidumbre. Repetidamente, esta alianza produce eventos políticos que resultan en la pérdida de la soberanía nacional; Panamá, Nicaragua, Cuba, Santo Domingo, son verdaderos protectorados de Estados Unidos.

La lucha internacional contra el imperialismo

Como el problema es común a todos los países latinoamericanos en los que las clases dominantes son aliadas del imperialismo y explotan unidas a las clases trabajadoras, no se trata de una cuestión aislada o nacional, sino que es internacional para las veinte repúblicas latinoamericanas. Sin embargo, las clases gobernantes promueven divisiones entre estas repúblicas, ayudando al plan imperialista que teme la unidad latinoamericana (que incluiría ocho millones de millas cuadradas y cerca de noventa millones de habitantes). Las clases gobernantes avivan el sentimiento nacional y los conflictos nacionales, como en el caso de Perú contra Chile, Brasil contra Argentina, Ecuador y Colombia contra Perú, etc. Cada vez que Estados Unidos interviene como “amigable mediador”, arregla los asuntos a propósito de forma que no se llegue a un arreglo definitivo que pueda producir un principio de unificación. La reciente cuestión de Tacna y Arica entre Perú y Chile es la demostración más clara de esta política del imperialismo.

El imperialismo no puede ser derrocado sin la unidad política de América Latina

La experiencia de la historia, especialmente la de México, muestra que el inmenso poder del imperialismo americano no puede ser derrocado sin la unidad de los países latinoamericanos. Contra esta unidad se alinean las clases dominantes nacionales, la clase media, terratenientes, etc., cuyo poder político es casi siempre sostenido por la agitación del nacionalismo o patriotismo de países hostiles a sus vecinos. Consecuentemente, es indispensable el derrocamiento de las clases gobernantes; el poder político debe ser capturado por los trabajadores y América Latina debe unirse en una Federación de Estados. Éste es uno de los grandes objetivos políticos del A.P.R.A.

La nacionalización de la tierra y de las industrias como el único medio de combatir el imperialismo

Dentro del sistema capitalista y de acuerdo con la dialéctica de su proceso histórico, América Latina devendrá en forma infalible una colonia norteamericana. La siguiente tabla (The New York Times, junio 27, 1926) muestra las tenencias de valores de Estados Unidos en el mundo, excluidas las deudas de guerra:

Tenencias de Estados Unidos en Asia:

$ 1,000,000,000

Tenencias de Estados Unidos en Europa:

$ 2,000,000,000

Tenencias de Estados Unidos en Australia:

$ 1,000,000,000

Tenencias de Estados Unidos en Canadá:

$ 2,500,000,000

Tenencias de Estados Unidos en América Latina:

$ 4,100,000,000

Esta introducción de capital en América Latina crece casi diariamente. De junio a octubre el imperialismo ha invertido más de $ 50,000,000. El conflicto entre Estados Unidos y México nos muestra que México no ha sido capaz de nacionalizar la industria del petróleo que el día de hoy todavía está dominada por la amenaza de una invasión norteamericana en defensa de los intereses de la Standard Oil Company (el capital norteamericano en el petróleo de México es de $ 614,487,263). La enmienda Platt de la constitución cubana y los casos de Santo Domingo, Panamá, Nicaragua, Honduras y Haití nos prueban que la autoridad nacional se pierde en proporción a la aceptación de inversiones por el imperialismo. La nacionalización de la tierra y de la industria bajo la dirección de las clases productoras es el único medio de mantener el poder del país y es la política correcta para las naciones de América Latina.

La unidad política latinoamericana presupone la internacionalización del Canal de Panamá

El Canal de Panamá en poder del gobierno de Estados Unidos es un peligro más para la soberanía de América Latina. El programa del A.P.R.A. proclama francamente la “internacionalización de Panamá”. El doctor Alberto Ulloa, profesor de derecho internacional de la Universidad de San Marcos, de Lima, Perú, escribe, en apoyo de esta tesis: “El Canal de Panamá debe ser internacionalizado… No es posible permitir a Estados Unidos el ejercicio del gobierno supremo en Panamá”. (Carta abierta al Presidente de la Federación de Estudiantes de Panamá, junio, 1926).

Conclusión

El A.P.R.A. representa, consecuentemente, una organización política en lucha contra el imperialismo y contra las clases gobernantes nacionales, que son sus auxiliares y sus aliadas en América Latina. El A.P.R.A. es el frente unido de las esforzadas clases trabajadoras (trabajadores, campesinos, indígenas) unidos con los estudiantes, revolucionarios intelectuales, etc. El A.P.R.A. es un movimiento autónomo, completamente latinoamericano, sin intervenciones ni influencias extranjeras. Es el resultado de un movimiento espontáneo en defensa de nuestros países, vistas las experiencias de México, América Central, Panamá y las Antillas, y la presente posición del Perú, Bolivia y Venezuela, donde la política de “penetración” del imperialismo ya se deja sentir agudamente. Por ello nuestra palabra de orden será la siguiente: “Contra el imperialismo yanqui, por la unidad de los pueblos de América Latina, para la realización de la justicia social.”

(París, octubre, 1926)

Enmienda Platt a la constitución de Cuba

Enmienda adoptada el 27 de febrero de 1901 por el senado de Estados Unidos e incorporada el 12 de junio de 1901 a la constitución de Cuba del 21 de febrero de 1901.

Que en cumplimiento de la declaración contenida en la resolución conjunta aprobada en 20 de abril de mil ochocientos noventa y ocho, intitulada “Para el reconocimiento de la independencia del pueblo cubano”, exigiendo que el gobierno de España renuncie a su autoridad y gobierno en la isla de Cuba, y retire sus fuerzas terrestres y marítimas de Cuba y de las aguas de Cuba y ordenando al presidente de Estados Unidos que haga uso de las fuerzas de tierra y mar de Estados Unidos para llevar a efecto estas resoluciones, el presidente por la presente, queda autorizado para dejar el gobierno y control de dicha isla a su pueblo, tan pronto como se haya establecido en esa isla un gobierno bajo una constitución, en la cual, como parte de la misma, o en una ordenanza agregada a ella se definan las futuras relaciones entre Cuba y Estados Unidos sustancialmente, como sigue:

Que el gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún poder o poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permita a ningún poder o poderes extranjeros, obtener por colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha isla.

Que dicho gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva después de cubiertos los gastos corrientes del gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios.

III

Que el gobierno de Cuba consiente que Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba.

Que todos los actos realizados por Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar, sean tenidos por válidos, ratificados y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos, sean mantenidos y protegidos.

Que el gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los planes ya hechos y otros que mutuamente se convengan para el saneamiento de las poblaciones de la Isla, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciosas, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que al comercio y al pueblo de los puertos del sur de Estados Unidos.

Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos por la constitución, dejándose para un futuro arreglo por tratado la propiedad de la misma.

VII

Que para poner en condiciones a Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de Estados Unidos.

VIII

Que para mayor seguridad en el futuro el gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un tratado permanente con Estados Unidos.

Obras citadas

Haya de la Torre, Víctor Raúl. 1926. What is the A.P.R.A.? En The Labour Monthly: A Magazine of International Labour, vol. 8, núm. 12 (diciembre). Londres.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. 1984. El antimperialismo y el APRA (Capítulo I). En Obras Completas. Volumen 4. Lima: Editorial Juan Mejía Baca.

Enero 7, 2005

APRA REBELDE - Voz Aprista No. 5 - Apristas hacen la autopsia del "Estado de Derecho"

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 21 May 2026 13:22:27 +0000

https://bit.ly/4dpFk0k

Mayo 21, 2026

APRA REBELDE - Voz Aprista No. 4 - El primero de enero de 1960 el Comité Aprista Rebelde proclamó que el pueblo debería impedir el retorno del dictador Odría

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 20 May 2026 16:06:04 +0000

https://bit.ly/4eYMxpk

Mayo 20, 2026

Programa Máximo del APRA y Programa Mínimo del Partido Aprista Peruano (o Plan de Acción Inmediata)

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 20 May 2026 15:50:01 +0000

Septiembre 26, 2006

https://bit.ly/4dwN0wv

https://goo.gl/NJUngc

Recopilación: César Vásquez Bazán

Programa Máximo de la Alianza Popular

Revolucionaria Americana (APRA)
(Haya de la Torre 1984a, 4: 73-74)

El Programa Máximo internacional del APRA consta de cinco puntos generales que sirven de base para los programas de las secciones nacionales de cada país latinoamericano. Los cinco puntos generales son los siguientes:

1º – Acción contra el imperialismo yanqui (*).

2º – Por la unidad política de la América Latina.

3º – Por la nacionalización de tierras e industrias.

4º – Por la internacionalización del Canal de Panamá.

5º – Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.

Nota de Haya de la Torre:

(*) Este postulado ha quedado convertido en sólo “Acción contra el imperialismo” entendiéndose que el APRA combate contra todos los imperialismos.

Vale advertir que el texto de este postulado no implica que la lucha antiimperialista del APRA esté circunscrita a combatir el imperialismo yanqui y no a otros imperialismos como el británico, por ejemplo. Ocurre que habiéndose formulado los cinco lemas del APRA por primera vez en México en 1924, su inmediata propagación se inicia en el sector de pueblos indoamericanos del Caribe, en los que predomina agresivamente el imperialismo de los Estados Unidos. Por eso se agregó para mayor objetividad el vocablo “yanqui” al primero de los postulados apristas. Así se mantuvo el lema por algún tiempo, pero como los comunistas criollos se prendieran de él para afirmar que la palabra “yanqui” era, en el programa aprista, cábala siniestra de misteriosas concomitancias del APRA con el imperialismo británico, hice muchas veces la aclaración, y en todos mis libros –especialmente en Impresiones de la Inglaterra Imperialista y de la Rusia Soviética (Buenos Aires, 1932)–, la posición aprista queda bien esclarecida. Además, para la mayoría de nuestros pueblos, “el imperialismo yanqui” es el imperialismo capitalista moderno por antonomasia. Porque no sólo es el que hegemoniza y amenaza cada día más en Indoamérica, sino también el que ha hecho del “monroísmo” su doctrina y del “panamericanismo” su política. Por ende, es el imperialismo en su más típica y completa expresión contemporánea. Pero el APRA tiene bien planteada su posición de beligerancia antiimperialista sin distinciones.

Unas palabras sobre el Plan de Acción Inmediata o
Programa Mínimo del Partido Aprista Peruano

Escribe: César Vásquez Bazán

El jueves 20 de agosto de 1931 se inauguró en el Teatro Lima de la capital peruana el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano (PAP), al cual asistieron delegaciones de los comités departamentales y provinciales y de los sindicatos de trabajadores manuales e intelectuales identificados con el movimiento fundado por Haya de la Torre. El Primer Congreso Nacional fue precedido por congresos provinciales, departamentales y regionales.

Como suprema autoridad partidaria, el Primer Congreso Nacional Aprista debatió y formuló el programa de gobierno del PAP, al que se denominó Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo. El Plan representó una verdadera obra de ingeniería política, cuya redacción estuvo a cargo de una comisión central nombrada por el Primer Congreso para integrar y armonizar las diversas alternativas. Al trabajo de esta comisión contribuyeron decisivamente los compañeros Manuel Seoane Corrales y Manuel Rospigliosi Gómez Sánchez, éste último uno de los militantes más valiosos de la etapa inicial del movimiento aprista. Debe anotarse también que Haya de la Torre no participó en la elaboración del Plan por encontrarse cumpliendo una extensa gira nacional como candidato presidencial del aprismo para las elecciones del 11 de octubre de 1931.

Las conclusiones del Primer Congreso fueron expuestas por los compañeros Manuel Seoane y Luis Alberto Sánchez en la demostración pública que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Lima (Plaza de Acho), el 20 de setiembre de 1931. En aquella oportunidad, el Plan de Acción Inmediata fue glosado y leído. En forma paralela, el Programa también fue hecho público en Loreto, en una manifestación proselitista presidida por Haya de la Torre.

Semanas después, el 9 de octubre de 1931, el Comité Ejecutivo Nacional del PAP entregó formalmente el Programa Mínimo a Haya de la Torre, ante una asamblea de más de ochenta mil apristas reunidos en la Plaza San Martín de Lima. Fue aquella la primera vez en el Perú que un partido definió el plan de gobierno que debería guiar las decisiones ejecutivas de su candidato presidencial.

El Plan de Acción Inmediata no es una relación de promesas fáciles ni tampoco constituye una lista de lavandería. Por el contrario, es un programa orgánico extenso: incluye catorce secciones y un total de ciento noventa puntos programáticos. Como recuerda Jorge Basadre en sus Notas sobre la crisis política, económica y social de 1930-1933, “hay allí tarea para varias generaciones”. Justamente porque su cumplimiento implica un esfuerzo de largo aliento, que debe inspirar la acción de gobierno del PAP en el siglo XXI, presentamos la edición electrónica del Programa Mínimo y la dedicamos a los Mártires de la Revolución de Trujillo de 1932, humildes y desinteresados militantes que emprendieron el viaje sin retorno soñando con llevar a la práctica este Primer Plan del Aprismo, paso inicial en el largo camino de la Gran Transformación.

Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo
del Partido Aprista Peruano (PAP)
Aprobado por el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano
el 23 de agosto de 1931

(Haya de la Torre 1984b, 5: 7-29)

I. Estructura económico-político-social del Estado

1. Investigaremos la realidad económica del país, mediante un nuevo censo general de la república, la creación de un Departamento Nacional de Estadística y la celebración de un Congreso Nacional de Economía, con el concurso de todos los productores de la riqueza.

2. Introduciremos modificaciones en la demarcación política del territorio de la república, con criterio fundamentalmente económico.

3. Propiciaremos la organización funcional del parlamento y las municipalidades.

4. Daremos autonomía administrativa y económica a las regiones en que se divide el país. Por la descentralización administrativa, cada uno de los poderes regionales, organizados funcionalmente, asumirá las facultades administrativas que actualmente ejerce el ejecutivo, en los asuntos que atañen exclusivamente a la circunscripción que representan. Decidirán las cuestiones administrativas sin que el poder central revise sus actos y designarán su personal burocrático. El poder central conservará la facultad de decidir en los asuntos que interesan a dos o más regiones y en los que atañen a todo el país. Para la descentralización económica la ley fijará las rentas que corresponda recaudar y percibir a las regiones y las que correspondan al poder central. El poder coercitivo será ejercitado por las autoridades políticas de la circunscripción, como delegados del ejecutivo central, y sus actos serán revisados en los casos que las leyes determinen.

5. Declararemos el derecho de todo individuo a ser educado gratuitamente por el Estado hasta el límite que marquen sus capacidades.

6. Consideraremos que en todo conflicto que se presente entre el derecho individual y la apremiante necesidad de la colectividad, serán privilegiados el derecho a la necesidad de las mayorías.

7. Fijaremos como finalidades del Estado, garantizar la vida, salud, bienestar moral y material, la educación, la libertad y la emancipación económica de las clases trabajadoras, procurando abolir, según lo permitan las circunstancias y de una manera gradual y paulatina, la explotación del hombre por el hombre.

8. Organizaremos el seguro social para amparar a todo ciudadano que vive de su esfuerzo personal, contra las vicisitudes que le impidan cumplir sus fines individuales y de familia; y haremos gratuito el seguro para quienes sólo perciben salario o sueldo mínimo.

9. Consideraremos como atentado punible contra la solidaridad social, la utilización de servicios personales que no se paguen conforme a la ley y la contravención de las leyes que protejan o beneficien a los indígenas, menores y mujeres.

10. Reconoceremos los derechos políticos a la mujer y su facultad para desempeñar todos los cargos públicos obtenibles por elección o nombramiento.

11. Estableceremos la independencia de la mujer, en el ejercicio de los derechos civiles dentro del matrimonio.

12. Estableceremos la igualdad ante la ley de toda clase de hijos.

13. Crearemos los siguientes ministerios: 1) Trabajo e Industria; 2) Agricultura, Minería y Obras Públicas; 3) Educación; 4) Higiene y Asistencia Social. Al actual Ministerio de Hacienda lo denominaremos de Economía y Finanzas y anexaremos el Ramo de Justicia al de Relaciones Exteriores, desapareciendo el Ministerio de Fomento, cuyas direcciones actuales se repartirán en la nueva organización. En cada uno de los ministerios que deben tratar las cuestiones indígenas crearemos oficinas especiales con este objeto.

14. Separaremos la iglesia del Estado y garantizaremos la neutralidad del Estado en materia religiosa.

15. Fijaremos para la adquisición de la ciudadanía la edad de dieciocho años.

16. Mantendremos la conquista popular del voto secreto.

II. El Perú ante América y el mundo

17. Procuraremos una estrecha vinculación económica e intelectual entre los pueblos de América Latina por medio de la celebración de tratados de comercio y congresos destinados a unificar los principios básicos de la legislación económica y civil; la creación de una institución de unión latinoamericana que auspicie la realización de conferencias y congresos de economía, pedagogía, etc., con sede rotativa en los pueblos componentes de la unión; el intercambio bibliográfico, de maestros y alumnos, creando becas para éstos; auspiciando el hogar universitario latinoamericano para los estudiantes becados y para los maestros y alumnos visitantes.

18. Defenderemos la ciudadanía peruana declarando que ésta no se pierde por naturalización en el extranjero; y propugnaremos la ciudadanía latinoamericana.

19. Solucionaremos la cuestión de límites pendientes con el Ecuador sobre bases de equidad y justicia nacionales.

20. Solucionaremos los problemas creados al oriente peruano por el tratado de límites con Colombia.

21. Celebraremos un pacto con los pueblos latinoamericanos para la defensa de cualquier peligro imperialista.

22. Propondremos la formación de un tribunal de arbitraje latinoamericano.

23. Mantendremos relaciones amistosas con todos los países del mundo.

III. Administración pública

24. Fijaremos por la ley las normas básicas que deben regir la administración regional y central.

25. Proveeremos por concurso y serán inamovibles los cargos públicos que tengan como función la presentación de opinión por escrito, en los expedientes administrativos.

26. Proveeremos por concurso y serán inamovibles todos los cargos públicos de carácter técnico, y reglamentaremos el ascenso en los mismos, creando el escalafón de empleados públicos.

27. Organizaremos la carrera diplomática y consular, suprimiendo todos los gastos superfluos.

28. Consideraremos en los concursos para proveer cargos públicos, el tiempo de servicios prestados en el ramo administrativo cuya plaza se trate de proveer, como factor para ser apreciado junto con los demás que las leyes determinen.

29. Preferiremos, en iguales condiciones de aptitud, para ocupar los cargos públicos, a las personas que carecen de rentas u otros medios de vida distintos del trabajo personal.

30. Estableceremos como requisito previo para el desempeño de un cargo público, obtenido por elección o nombramiento, la declaración y constatación por escritura pública, del monto exacto y detallado de los bienes que posee el nombrado o elegido, declaraciones que se renovarán al cesar en el cargo o ser promovido a otro; y se publicarán en el órgano oficial del Estado.

31. Fijaremos el período de tiempo que deberá permanecer en el país toda persona que haya desempeñado un cargo público, a fin de que puedan producirse las denuncias a que diera lugar su actuación.

32. Dictaremos leyes especiales que garanticen sanción severa, rápida y eficaz para los que delincan en el desempeño de un cargo público.

33. Estableceremos sobresueldos para los empleados públicos que perciban haberes bajos, en relación con el número de hijos que tengan bajo su patria potestad.

34. Daremos al órgano oficial del Estado, la exclusiva de la publicación de todos los avisos oficiales, sin excepción alguna, diario que tendrá una tendencia educativa, no política.

35. Organizaremos los cuerpos consultivos de la administración, sobre bases que garanticen la emisión de opinión técnica e independiente.

IV. Economía y finanzas

36. La investigación de la realidad económica del país permitirá que el Estado apoye decidida y conscientemente el desenvolvimiento de la economía nacional. La agricultura, la minería, la industria y el comercio nacionales gozarán de la cooperación del Estado, si ella es necesaria, en el orden técnico, instrumental y económico, a cambio de pagar esa contribución en acciones y garantizar un régimen justiciero de jornales y jornadas a los empleados y obreros. Esta intensificación científica de la producción, además de las otras obras que el Estado emprenda, significará la curación radical y permanente del grave problema de los desocupados.

37. Reformaremos integralmente la legislación tributaria, con tendencia a la supresión de los impuestos indirectos que encarecen los consumos del pueblo, tales como los que pesan sobre los artículos de primera necesidad, arbitrios municipales de las ferias y mercados, los que gravan el pequeño comercio, las profesiones y las aplicaciones útiles del capital no trustificado [no asociado en monopolios], reemplazando el actual rendimiento de éstos por los impuestos directos sobre las herencias, donaciones, legados y el mayor valor del suelo rural y urbano y la renta sin excepciones, salvo sueldos y salarios bajos.

38. Estableceremos las escalas de los impuestos progresivos sobre la renta en relación con la procedencia de esta y su destino, legislando sobre el ausentismo.

39. Gravaremos fuertemente los artículos de lujo.

40. Gravaremos progresivamente el capital inerte.

41. Reglamentaremos los alquileres, condicionando la merced conductiva al valor de los inmuebles.

42. Revisaremos las tarifas de los servicios públicos y privados.

43. Reformaremos las tarifas de los servicios públicos y privados.

44. Reformaremos la legislación aduanera y crearemos un organismo integrado en forma funcional, con determinadas facultades de reglamentación, en lo relativo a aduanas y aranceles.

45. Organizaremos la recaudación directa por el Estado, de sus rentas.

46. Estableceremos organismos integrados en forma funcional para el control tutelar de las actividades del comercio y de la industria, con revisión de las pautas legales que norman su desenvolvimiento.

47. Fomentaremos la industrialización del país, por medio de aranceles proteccionistas, coordinados con el control de la producción, precios de venta y utilidades.

48. Dictaremos una legislación represiva para las maniobras y especulaciones de los trusts [monopolios].

49. Anularemos los monopolios concedidos a los particulares y los contratos lesivos para la soberanía nacional.

50. Gestionaremos condiciones menos onerosas para el servicio de los empréstitos que pesan sobre nuestra economía y procuraremos el reajuste de nuestra deuda externa.

51. Depuraremos la deuda flotante.

52. Fomentaremos las cooperativas de crédito, de producción y de consumo.

53. Organizaremos industrias de carácter básico por el Estado.

54. Nacionalizaremos progresivamente los medios de transporte.

55. Nacionalizaremos progresivamente el seguro.

56. Mantendremos una moneda sana y estable.

57. Fundaremos un Banco de la Nación, con filiales industrial, minera y agrícola, que atenderá preferentemente al pequeño productor nacional.

58. Estudiaremos la reforma que requiera la legislación bancaria.

59. Controlaremos y restringiremos la exportación de capitales.

60. Convertiremos en municipales las casas de préstamo.

61. Fomentaremos el ahorro en la clase proletaria, mediante la creación de una institución apropiada.

62. Dictaremos legislación especial sobre inversiones y rentas del capital extranjero.

63. Reformaremos la organización consular.

64. Dictaremos un presupuesto científico, con fijación obligada de un porcentaje destinado a fomentar la explotación de la riqueza nacional.

V. Cuestiones agrarias

65. Prestaremos preferente atención a nuestros problemas agrarios por ser básicos en nuestra economía.

66. Apoyaremos a la producción agraria nacional, en todas sus categorías, mediante el servicio informativo que creará el Estado respecto a los mercados de producción y consumo, nacionales e internacionales, el suministro gratuito de elementos técnicos de información y aun el apoyo instrumental y económico si fuere necesario, a cambio de una correspondiente participación del Estado.

67. Expropiaremos, pagando su valor justipreciado, a aquellos fundos que el Estado estime conveniente, sea por excesiva extensión, explotación indirecta, hipotecas no redimibles, ubicación inmediata a los grandes centros de consumo, etc., y los dedicaremos preferentemente, a la producción de los artículos que reclame el mercado interno.

68. Fomentaremos la pequeña propiedad y la creación de haciendas colectivas y cooperativas agrarias, con el reglamentado apoyo técnico y económico del Estado.

69. Reglamentaremos los pactos celebrados entre los propietarios de los fundos con los yanaconas, subarrendatarios o copartícipes, dando intervención al Estado en dichos pactos.

70. Contemplaremos la conveniencia de obligar a los propietarios de fundos de gran extensión, a arrendar un porcentaje de sus tierras a pequeños agricultores.

71. Fijaremos la merced conductiva que deben abonar los pequeños agricultores por las tierras.

72. Estableceremos la obligación de recabar del Ministerio de Agricultura, autorización para celebrar contratos de compraventa de tierras y capitales de la extensión que se señale.

73. Estableceremos la obligación de los agricultores de tierras de cierta magnitud, de llevar la contabilidad debidamente legalizada.

74. Estableceremos el derecho del Estado a inspeccionar en cualquier momento los negocios agrícolas y ganaderos.

75. Gravaremos las tierras de cultivo que permanezcan ociosas y se contemplará la forma de permitir su adquisición por denuncio.

76. Revisaremos el régimen de distribución de las aguas de regadío.

77. Daremos inmediata y preferente atención a las obras de irrigación que tengan por objeto regularizar la descarga de agua de los ríos de régimen discontinuo.

78. Estudiaremos las posibilidades de las tierras de montaña.

79. Declararemos al paludismo enfermedad profesional en las zonas de cultivo que hayan sido saneadas.

80. Agruparemos y ordenaremos las disposiciones legales de las tierras y de las aguas, en un código de agricultura.

81. Crearemos un cuerpo consultivo para el Ministerio de Agricultura.

82. Fomentaremos las estaciones de experimentación y extensión agrícola y ganadera.

83. Organizaremos el seguro agrícola integral.

VI. Minería

84. Orientaremos nuestra política en forma de alcanzar, en un futuro próximo, la nacionalización de la industria extractiva.

85. Protegeremos a la minería nacional en todas sus categorías, mediante el servicio informativo del Estado respecto a los mercados de producción y de consumo, nacionales e internacionales; el suministro gratuito de elementos técnicos de información; y aun el apoyo económico e instrumental del Estado, si fuese necesario, a cambio de su correspondiente participación.

86. Estableceremos la obligación de que un porcentaje de las utilidades de las empresas mineras sea invertido en la creación de nuevas industrias nacionales o en acciones del Banco de la Nación.

87. Procuraremos la inmediata nacionalización de la industria de algunos metales, tales como el vanadio y el oro, comenzando por la reserva de las zonas que los contienen.

88. Estudiaremos la practicabilidad [viabilidad] del establecimiento de una planta de afinado de la plata y el aprovechamiento industrial de este metal.

89. Reservaremos los yacimientos de las sustancias no metálicas cuya explotación no se haya emprendido en el Perú; iniciaremos el estudio inmediato de los yacimientos para su posible utilización industrial.

90. Estableceremos el cooperativismo minero con la implantación de centrales de beneficio y oficina central de consignación de minerales.

91. Obligaremos a los concesionarios de fuerza hidráulica de gran capacidad para usos mineros, a vender un porcentaje de la fuerza generada; y a los concesionarios de haciendas de beneficio, a tratar los minerales de los pequeños mineros, según las tarifas aprobadas por el Estado.

92. Enfocaremos el desarrollo de la explotación del carbón, construyendo preferentemente las vías de comunicación que faculten su consumo.

93. Limitaremos el tiempo de goce de las concesiones mineras.

94. Gestionaremos la revisión de la cuestión Brea y Pariñas.

95. Solucionaremos la cuestión de los humos de La Oroya y fijaremos normas que impidan la repetición del caso.

96. Estudiaremos el establecimiento de una refinería con el fin de abaratar los derivados del petróleo.

VII. Trabajo

97. Estableceremos la efectividad de la jornada máxima de ocho horas para todos los ramos de la actividad humana, con las excepciones que se detallan: la duración del trabajo de dieciséis horas para las labores que por su índole exijan la permanencia del obrero por más de ocho horas consecutivas; la reglamentación del trabajo a destajo; el descanso obligatorio de un día, después de seis días de actividades; las vacaciones anuales de siete a quince días de duración, con goce de salario o sueldo; la jornada máxima de seis horas para los trabajadores menores de dieciséis años de edad; la duración máxima del trabajo nocturno de siete horas; la jornada máxima de siete horas para el trabajo del subsuelo y las industrias nocivas; la prohibición de trabajar de noche o en labores peligrosas o insalubres a los menores de dieciséis años y a los mayores que no gocen de completa salud.

98. Estableceremos el salario y sueldo mínimos según las condiciones de cada región, que serán fijados por comisiones en que intervengan el Estado, los trabajadores y los patrones.

99. Obligaremos al más exacto cumplimiento de las leyes que amparan los derechos de los hombres de trabajo y garantizaremos su efectividad para los habitantes de todas las regiones del país designadas por sus propios sindicatos.

100. Obligaremos a las empresas industriales, agrícolas, mineras y de transporte interurbano a proporcionar a sus trabajadores la habitación mínima, escuelas, servicios sanitarios, enfermerías, que fijen los organismos técnicos del Estado.

101. Estableceremos que nadie podrá jubilarse en condiciones de poder seguir trabajando, sin perjuicio para su salud. El monto de la pensión de jubilación que garantice el seguro social tendrá límites mínimo y máximo. El límite mínimo asegurará lo suficiente para la vida, variando según el estado civil y los deberes que como jefe de familia tenga cada ciudadano. El límite máximo no podrá sobrepasar la cantidad necesaria para hacer una vida cómoda.

102. Crearemos un instituto de orientación profesional que considere las aptitudes físicas, las condiciones psicológicas y la vocación de todo hombre para orientarlo en la lucha por la vida, de modo que cada ciudadano rinda a la sociedad sin perjuicio de su salud, lo mejor y más que sea posible.

103. Garantizaremos el derecho de la mujer a ganar el mismo salario o sueldo que el varón, en análogas labores.

104. Ampliaremos la protección a la madre que trabaja dándole el derecho a descanso con goce de sueldo o salario, antes y después del parto.

105. Crearemos las bolsas municipales de trabajo.

106. Defenderemos al trabajador doméstico.

107. Fijaremos la obligación de los patronos de pagar a los servidores nacionales el ochenta por ciento del monto de sus planillas de personal de empleados.

108. Garantizaremos las leyes que amparan y benefician a los empleados.

VIII. Educación

109. Estudiaremos la reforma integral de la educación, con tendencia a la escuela unificada desde el kindergarten a la universidad, a base de los postulados de la Primera Convención Internacional de Maestros reunida en Buenos Aires, el 8 de enero de 1928.

110. Fomentaremos el mutualismo escolar.

111. Estableceremos tarifas especiales en los servicios de transporte que utilicen los estudiantes para concurrir a la escuela.

112. Mejoraremos la condición económica de los maestros.

113. Crearemos granjas-escuelas, institutos de comercio e industrias, universidades populares, escuelas nocturnas y dominicales, editoriales pedagógicas, bibliotecas populares fijas y ambulantes; misiones ambulantes para la difusión de los conocimientos elementales de agricultura.

114. Sistematizaremos científicamente la edificación escolar.

115. Atenderemos al incremento de los medios educacionales del Instituto Pedagógico Nacional, con el objeto de que cumpla los fines de su creación.

116. Crearemos en las diversas regiones del país institutos de enseñanza superior, acordes con sus necesidades específicas.

117. Fomentaremos la cultura física del estudiantado.

118. Estudiaremos el plan integral de reforma de la enseñanza agrícola, atendiendo a la especialización que exige nuestra realidad nacional.

119. Crearemos centros de enseñanza agrícola secundaria y estableceremos el estudio de ciertos cursos teórico-prácticos sobre agricultura en las escuelas primarias.

120. Conservaremos la autonomía de las universidades y escuelas técnicas superiores.

121. Mantendremos los principios de la reforma universitaria iniciada por el alumnado.

122. Gestionaremos la validez de los títulos profesionales otorgados por nuestras universidades y escuelas en todos los países latinoamericanos.

123. Dedicaremos a la educación un alto porcentaje de los ingresos nacionales.

IX. Redención del indio

124. Incorporaremos al indio a la vida del país.

125. Legislaremos en pro de la conservación y modernización de la comunidad indígena.

126. Protegeremos también a la pequeña propiedad.

127. Fomentaremos las pequeñas industrias indígenas.

128. Fomentaremos el arte indígena.

129. Estableceremos las causales específicas que determinan la revisión de los pactos y contratos celebrados por los indígenas y los terratenientes.

130. Respetaremos las peculiaridades de cada región indígena, dentro del plan general y rumbo unificador de la educación.

131. Formaremos maestros indígenas.

132. Estableceremos la escuela rural indígena.

133. Educaremos al indio usando su propio idioma, además del castellano.

134. Introduciremos el cooperativismo agrario entre los propietarios indígenas de tierras.

135. Emprenderemos una enérgica campaña contra el abuso del alcohol y de la coca.

136. Crearemos el hogar agrícola indígena.

X. Justicia

137. Reorganizaremos el poder judicial dándole autonomía orgánica y económica.

138. Fijaremos una remuneración adecuada para todos los funcionarios y empleados del poder judicial.

139. Extenderemos progresivamente a todo el país la institución de los juzgados de paz letrados.

140. Estableceremos cortes de policía que actúen con criterio jurídico.

141. Reduciremos los gastos que origina la consecución de la justicia.

142. Comisionaremos a los letrados especialistas para el estudio de la reforma de los códigos y codificación de las leyes.

143. Dictaremos medidas enérgicas para obtener la abreviación de los trámites judiciales.

XI. Higiene y asistencia social

144. Crearemos un instituto endemo-epidemiológico, con dependencias regionales, para la lucha contra las epidemias y endemias que azotan nuestro suelo y para el estudio de dichas enfermedades y su investigación.

145. Intensificaremos y reorganizaremos la lucha contra el paludismo, la tuberculosis, la sífilis, enfermedades venéreas, lepra, cáncer, verruga, etc., mediante organismos adecuados por personal eficiente.

146. Crearemos hospitales regionales, casas de salud, dispensarios y sanatorios.

147. Organizaremos la lucha contra el alcoholismo, las toxicomanías y crearemos centros regionales de profilaxis mental.

148. Ampliaremos y crearemos las dependencias del Ministerio de Higiene para aplicar debidamente los modernos postulados de la higiene escolar.

149. Protegeremos al niño en todas sus edades.

150. Sanearemos todas las poblaciones del país.

151. Contribuiremos a la formación de la conciencia sanitaria en el país.

152. Incorporaremos las sociedades de beneficencia pública al Estado, conservando el actual personal técnico administrativo de esas sociedades, que el servicio exija, dentro del Ministerio de Higiene y Asistencia Social.

153. Ampliaremos el cuerpo médico del Estado para que llegue a las más apartadas localidades los beneficios de la ciencia.

154. Crearemos la carrera sanitaria.

155. Fomentaremos el deporte.

156. Reorganizaremos las instituciones deportivas sobre bases democráticas y descentralizadoras, auspiciando que esta actividad se desenvuelva en completa autonomía con la representación directa de los clubes o instituciones que lo practiquen.

157. Intensificaremos la asistencia dental por el Estado.

158. Estableceremos la codificación farmacéutica y elaboraremos la farmacopea peruana con intervención del gremio de farmacéuticos.

159. Controlaremos directamente por el Estado la venta de narcóticos.

XII. Obras públicas

160. Estableceremos que el estudio técnico y el planeamiento de las obras públicas, se hará exclusivamente en las oficinas del Estado. Las concesiones y explotaciones de obras públicas se harán sobre la base de recuperación de capitales invertidos y previa licitación pública.

161. Crearemos juntas técnicas regionales que controlen científica y económicamente la construcción, conservación y administración de las obras públicas.

162. Fomentaremos la creación de una o varias compañías de base cooperativa con participación del Estado, las cuales mediante la licitación de las obras públicas, se encarguen de su realización.

163. Revisaremos las tarifas de los ferrocarriles y las de peaje de los caminos a fin de establecerlas sobre bases económicas justificadas, y en moneda nacional, no sujeta a las fluctuaciones del cambio.

164. Estudiaremos un doble plan caminero que satisfaga las necesidades locales, uno; y el otro, destinado a servir las de las regiones económicas del país.

165. Construiremos muchos caminos baratos, susceptibles de ser mejorados, y no pocos [caminos] irreprochables pero excesivamente costosos. No toleraremos la explotación comercial de las vías de comunicación.

166. Construiremos obras de agua potable y desagüe, que estén de acuerdo con las necesidades locales del presente y de un futuro próximo.

167. Daremos leyes de urbanismo que sirvan de norma general para el desarrollo de nuestras ciudades.

168. Declararemos público todo camino existente en el territorio nacional.

169. Realizaremos todas las reformas y proyectos de obras públicas de carácter regional y local, aprobadas por los congresos departamentales del Partido, que no estén en desacuerdo con el presente programa nacional.

XIII. Inmigración

170. Estudiaremos un plan científico de colonización de montaña, investigando la realidad de nuestro oriente.

171. Impediremos la entrada de inmigrantes, con destino a la costa y la sierra, mientras se organiza un plan de inmigración, atendiendo a las cualidades culturales y afinidades con nuestros pobladores y se encauce la reconstrucción económica del país.

XIV. Ejército, armada, policía y aviación

172. Garantizaremos el apartamiento del ejército, la armada, la policía y la aviación de la política y de la política en sus institutos.

173. Defenderemos el criterio ampliamente democrático del servicio militar obligatorio general, reduciendo su actual plazo y asegurándole una duración variable, según el grado de preparación anterior al reclutamiento del individuo.

174. Prepararemos y orientaremos la defensa nacional de acuerdo con un plan elaborado por un consejo de defensa y una junta superior que sirvan de asesores al ejecutivo en lo que se relaciona con la política y técnica militares y que resuelvan lo referente a los ascensos, sin intervención de ninguna autoridad extraña a los institutos armados, de acuerdo con las leyes y los reglamentos orgánicos.

175. Construiremos cuarteles cómodos e higiénicos.

176. Estableceremos escuelas elementales en los cuarteles, atendidas por pedagogos.

177. Fomentaremos colonias militares en la montaña a base de personal militar rotativo y con el concurso de maestros, ingenieros agrónomos e industriales.

178. Estableceremos una prima de licenciamiento, que deberá ser, cuando menos, de cien soles por cada año de servicio.

179. Conservaremos e incrementaremos la eficiencia de la institución policial, asegurando su respetabilidad mediante ascensos por mérito.

180. Estableceremos un puerto militar que sirva de base a la armada, dotado de defensas técnicas completas, diques, almacenes, talleres apropiados para llenar las necesidades de la marina de guerra y mercante.

181. Organizaremos eficientemente la marina mercante, el servicio hidrográfico y el practicaje en la costa y en los ríos navegables.

182. Estudiaremos la reforma de la ley orgánica de la armada.

183. Repararemos y modernizaremos los elementos de la escuadra.

184. Atenderemos a la especialización de los oficiales y del personal subalterno del ejército, armada, aviación y policía.

185. Sostendremos un pensionado en el extranjero para el perfeccionamiento técnico del personal sobresaliente en méritos del ejército, armada, policía y aviación.

186. Extenderemos los beneficios del seguro social al ejército, la armada, aviación y policía.

187. Daremos la ley orgánica del cuerpo de aviación, garantizando su independencia institucional y contemplando sus dos actividades, como elemento de defensa y como elemento comercial.

188. Cooperaremos a la formación de pilotos civiles.

189. Reglamentaremos con carácter nacionalista las actividades de las compañías extranjeras de aviación.

190. Propenderemos a la ampliación de las líneas aéreas en actual servicio y a la implantación de otras nuevas, en forma que paulatinamente todas las regiones del país perciban los beneficios que ellas llevan consigo.

RESOLUCIONES DE LA PRIMERA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE MAESTROS

Buenos Aires, Argentina, 7-17 de enero de 1928

La Primera Convención Internacional de Maestros fue promovida y auspiciada por la Asociación General de Profesores de Chile. Estuvieron representados en la Convención los siguientes países: Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, Francia (Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza), Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Asistió como observador un representante de la Oficina Internacional de Educación en Ginebra.

La Convención adoptó resoluciones relativas a los derechos del niño y finalidades de la nueva educación; unidad del proceso educativo en todos los grados; relaciones de la escuela con el Estado; contribución del magisterio en favor de la paz y de la justicia social (orientación de la enseñanza hada el principio de la fraternidad humana, basada en una más justa distribución de la riqueza, etc.); organización nacional e internacional del magisterio (creación de la Internacional del Magisterio Americano, conveniencia de establecer una organización mundial, etc.; alianza de los trabajadores manuales e intelectuales; actitud de los maestros ante el fenómeno del imperialismo y las dictaduras actuales; mensaje de protesta contra el imperialismo yanqui y de solidaridad con Nicaragua; etc.

Obras citadas

Centro de Estudiantes y Colegio de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. 1928. Resoluciones de la Primera Convención Internacional de Maestros. Año XVI, Serie II, Nos. 80-81, marzo - abril. Buenos Aires.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. 1984a. El Antimperialismo y el APRA. En Obras Completas, Volumen 4. Lima: Librería- Editorial Juan Mejía Baca.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. 1984b. Política Aprista. En Obras Completas, Volumen 5. Lima: Librería- Editorial Juan Mejía Baca.

Septiembre 26, 2006

APRA REBELDE - Voz Aprista No. 3 - Los apristas (verdaderos) luchan por las reivindicaciones obreras y campesinas

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Mayo 19, 2026