Brújula Pública

Liberan salario

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 22 Nov 2015 16:16:00 +0000

La Cámara de Diputados aprobó retirar de la Constitución, como referencia y unidad de medida, al salario mínimo. Es una medida positiva, por cuanto se podría comenzar a liberar el salario y que el patrón pueda comenzar a aumentar su dotación.

Hasta ahora hay empresarios que han encontrado en el salario mínimo, la excusa para no aumentar el costo del trabajo de un empleado, argumentando que al hacerlo, se carece de competitividad. Lo cierto es que hay empresarios que omiten un aumento al salario, con tal de ver incrementado sus propios ingresos, en vez de ponerse un sueldo base.

Durante la discusión de este tema en la Cámara Baja, sobraron los que quisieron adjudicarse la paternidad de esta iniciativa, y en contraste, nadie quiso hacerse cargo del costo político de haberlo implementado, desde hace casi 40 años, con las repercusiones que ello ha implicado.

Sin embargo y como próximamente será las negociaciones para establecer el salario mínimo para 2016, es posible que el aumento al salario signifique sólo unos cuantos pesos en contraste con los aumentos generalizados en los precios de los bienes y productos de consumo de primera necesidad.

El salario mínimo se asocia con el pago de pensiones que ha existido en nuestro país desde siempre. Es decir, mientras que unos trabajan para obtener el sustento diario, en el otro caso son legados por actos patrióticos. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1953, el Congreso de la Unión aprobó el pago de una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido fusilado.

El 9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II, cuya erogación fue implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma”.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.

A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.

El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.

Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.

Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar sueldos estratosféricos que rayan en la ofensa para la inteligencia de cualquier ciudadano, como los de algunos servidores públicos. No se critica el derecho a devengar un emolumento, pero “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala": dicho por Benito Juárez.

El buen fin del sexenio

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 19 Nov 2015 23:00:00 +0000

Como usted sabe, de unos años a la fecha se ha instituido un fin de semana en el que presuntamente los establecimientos comerciales ofrecen sus productos a un precio inferior.

Esta medida ha demostrado una ineficacia, cuando con anticipación suben precios para ofrecerlos a un precio inferior, a manera de oferta.

Pero mire usted, parece que hay quien no tiene un buen fin, sino un buen sexenio, porque existen personajes que la suerte ronda su vida política y como el rey midas, hacen oro todo lo que tocan.

Mientras que la ciudadanía le agravia y debe de vivir muy frecuentemente o quizás diario, entre la pobreza, la corrupción, el desempleo, el fracaso educativo, la desigualdad, los fraudes, la impunidad, la delincuencia, la injusticia, la violencia, la partidocracia, las mentiras, los moches, el despilfarro y la opacidad, entre otros temas, a la clase política le agravia la crítica, el señalamiento, la transparencia y la denuncia pública.

Un estudio hecho por el CIDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “México:Anatomía de la corrupción” incorpora una gráfica de la comparación de corrupción de gobernadores de México y Estados Unidos, de 2000 a 2013.

La gráfica indica que mientras en Estados Unidos en ese periodo hubo nueve gobernadores acusados, con los mismos casos investigados y con las mismas detenciones, en México hubo 41 gobernadores acusados, 16 de ellos investigados y sólo 4 detenidos, exponiendo lo deficiente del sistema anti impunidad mexicano. Eso, es tener un buen sexenio, en el que la impunidad es patente para ejercer el poder.

Un solo ejemplo que quizás sea representativo del agravio ciudadano lo constituye, la injusta distribución de la riqueza, que podría generar o coincidir en factores de corrupción, por la vía del régimen de consolidación fiscal.

Dicho régimen se aplica para las grandes empresas y consiste en la deducción de perdidas contra ganancias acumuladas por impuestos, mediante la adquisición premeditada de una empresa con pérdidas y mantenerla de esa manera, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades. Este parte del modelo bajo el que funciona los corporativos que para deducir impuestos, crean una fundación filantrópica o una asociación, como el Teletón México, que ha sido seriamente cuestionado por Naciones Unidas.

Otro ejemplo son las facilidades fiscales a grandes corporativos. Entre el 2000 y el 2005 los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), en promedio.

Aquí es muy probable que en el anterior supuesto se encuentren las empresas del próspero empresario recipiendario de la medalla Belisario Domínguez, y que “El Palacio de Hierro” pudiera haber pagado la módica cantidad de 67 pesos de IVA, entre 2000 y 2005. Esto podría explicar la gratitud al recibir el galardón del Senado, cuyo espíritu ha quedado lejos del honor de Estado, bajo los más nobles principios enarbolados por los grandes hitos de este país, en lo que parece que el poder político hace reverencia al poder económico.

Bien. Este sistema hacendario funciona porque existe una estructura fiscal diseñada para omitir información y generar canonjías a discreción. La percepción del agravio en materia tributaria también es palpable e incide en el ánimo de la ciudadanía.

Para el campo político, si no hay perdón para ciudadanos que pagan impuestos, tampoco lo debe haber para servidores públicos deshonestos, que hayan abusado de sus funciones, para quienes parece que el buen fin se transforma en buen sexenio.

No sólo eso. En la administración pública se enquista una camada de personajes, herederos de los beneficios del buen sexenio. Se trata de mirreyes o ladys que ocupan cargos públicos de responsabilidad, y que los problemas de política pública que conocen se circunscriben a los de su círculo de vida en Lomas o Tecamachalco en la ciudad de México; Cumbres o San Jerónimo en Monterrey, N.L. o Colinas de San Javier o Valle Real en Guadalajara, en las que desconocen que hay vida afuera de estas colonias, despreciando todo aquello que tenga que ver con lo social.

En este nicho podrían encontrarse directores de área, secretarios particulares, asesores o consultores, algunos de ellos pubertos maleducados, recién egresados de alguna facultad, quienes a falta de talento político lo substituyen con dosis de desinterés, descortesía y hasta majadería, cuyo única preocupación es elegir el próximo destino en sus vacaciones, ya sea de playa o de ciudad, exótico o conservador.

Algún país de Europa o Asia posiblemente será el mejor refugio para descansar de unas duras jornadas de trabajo, luego de la extenuante tarea de atender al público. No conocen límites y en el mejor de los casos, podrían ser promovidos para algún cargo de elección, porque no se les da convivir con la ciudadanía, motivo para devengar su salario.

Para ellos, un buen fin de semana es el cambio de las tortillas, por supuesto.

Entre el debate social y político

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 08 Nov 2015 22:54:00 +0000

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitió en un polémico debate, que cuatro personas puedan consumir mariguana para uso recreativo.

Cabe dentro de lo polémico, porque el Código Penal Federal señala penas de 10 a 25 años de cárcel, a quien produzca, trafique o recete sin licencia, algún narcótico. Lo aprobado por la SCJN no incluye venta, distribución ni suministro. Sólo el consumo por el cual se ampararon.

Además en el debate sobre su apertura han participado intelectuales, académicos y políticos, quienes han opinado sobre la conveniencia o lo perjudicial de la medida en la sociedad.

El texto del dictamen en la SCJN argumentaba que el consumo lúdico de la droga “debe ser autorizado para respetar el régimen de libertades personales”, de quienes promovieron el amparo de la justicia federal.

Lo cierto es que la apertura del tema ha causado todo un revuelo en la opinión pública, de tal forma, que hay quien considera que se trata de una apertura en la política de drogas del gobierno mexicano, cundo en realidad, está lejos de ser una politica.

La aprobación se encuentra entre las políticas de seguridad y combate a la delincuencia, porque hay voces que expresan su preocupación en este sentido.

Se dice que al liberalizar la venta de mariguana, tendrá un efecto como en la economía, de tal forma que su venta al detalle terminaría con los expendios y vendedores clandestinos en calles de distintas localidades. Este burdo modelo de economía de la droga ha observado un retroceso del mercado ilegal de mariguana en Uruguay.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se ha incorporado al debate, para señalar que no es verdad que una eventual legalización total del consumo pueda frenar el narcotráfico a gran escala. El éxito en el ejemplo de Uruguay en contraste con el posicionamiento de la UNPF, dependen de factores políticos, económicos y sociales para su éxito.

Hay quien señala también que su libre comercio podría generar una nueva ventana de oportunidad para la delincuencia, quien encontraría en esta política, la oportunidad para legalizar su venta, con ganancias millonarias.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) refleja que el 60% de los presos en las cárceles mexicanas, tienen sentencias por delitos contra la salud, en su mayoría, con el transporte de droga. Esto arroja como consecuencia que la política de drogas esté enfocada a la detención de traficantes menores y consumidores, lo que implica una carga al deficiente sistema penitenciario mexicano.

Mientras que el debate social y político se ha centrado en la ilegalidad de su consumo, en lo que parece que se ha olvidado de lo dañino que puede resultar el exceso en su consumo, con algunas excepciones.

Hay un caso de excepción, en el que un juez en Monterrey aprobó el uso de la mariguana para combatir el síndrome de lennox-gastaut en una niña de ochos años de nombre Graciela, cuya enfermedad estaba caracterizada por las constantes convulsiones que padecía la menor, hasta 400 crisis en un día. En este caso parece que el éxito consistió en importar un aceite hecho a base de mariguana, que no tiene efectos psicoactivos.

No hay certeza de los efectos económicos generados en torno a su legalización. Lo cierto es que México carece de políticas integrales de primer mundo en políticas sociales o económicas, que le permitan implementar una liberalización y consumo regulado, como en Estados Unidos y Holanda en Europa.

Además de la cantidad en el consumo, se encuentra el impacto que cada organismo resienta por su consumo, que se traduce en efectos psicotrópicos que alteran la psiquis del individuo, causantes de delitos.

El derecho en el consumo que exigieron cuatro personas a la

SCJN, ha abierto una gran polémica social y política.

Un frente de crisis en la ciberdelincuencia

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 02 Nov 2015 22:52:00 +0000

La elaboración de una iniciativa de Ley es un proceso que lleva una exhaustiva investigación, para conocer el estado real del asunto que desea reformarse.

Pero además, tratándose de materia penal, debe incorporarse nuevas hipótesis jurídicas para que el juzgador tenga elementos en los cuales, su juicio pueda basarse en una tipología que el legislador le señala, de otra forma, puede incurrirse en el principio de “donde el legislador no precisa, el juzgador no distingue”, y con ello podría desvirtuarse el espíritu de la norma.

No solo esto. Por la trascendencia de la norma valdría la pena convocar a estudiosos de diversas materias u organizaciones no gubernamentales, a efecto de escuchar su opinión, respecto de la iniciativa que pretende aprobarse, para que vaya lo más consensuada posible con ámbitos académicos o civiles.

Parece que tal fue el caso de la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos que fue presentada en sesión del 27 de octubre pasado por el senador Omar Fayad, y que hasta el momento se tiene registradas unas 25 mil firmas en el portal change.org a efecto de que sea retirada.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales considera que es delito usar la computadora y tirarla a la basura, utilizar códigos y hasta arrobar en la red social twitter a una persona o figura pública.

Por ejemplo, el artículo 17 de dicha iniciativa, señala que “A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente”.

Este grupo afirma que el anterior artículo se incluiría actualizar el software, bajar un programa o aplicación, usar la computadora de cualquier forma –que es en esencia-, una alteración del funcionamiento de un sistema informático.

Otro artículo polémico se encuentra en el numeral 21 de la citada iniciativa, y que señala que “A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.

El anterior artículo podría interpretarse como que quien arrobe en Twitter o se refiera en Facebook podría cometer el delito de “intimidación” e ir a la cárcel. Incluye la crítica a servidores públicos.

Desde luego, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y toda la furia de aficionados a redes sociales, se volcaron con el hashtag #LeyFayad para criticar, ridiculizar con memes y denostar un ejemplo de mala consulta a la ciudadanía.

El mismo Fayad salió a medios, para señalar que si es necesario, él mismo “corregiría, quemaría o quitaría” (sic), la iniciativa que fue señalada como de la autoría del PRI.

Luego entonces y ajeno a combatir lo que podría ser la ciberdelincuencia, se produjo un frente de crisis por un deficiente manejo en el lenguaje técnico, que podría arrojar como consecuencia, la pérdida de la candidatura a la gubernatura de Hidalgo para Fayad por su partido.

Las crisis del huracán

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 02 Nov 2015 04:00:00 +0000

Como usted sabe, el viernes pasado el Gobierno Federal y el de los estados e Jalisco, Colima y Nayarit, principalmente, tocaron las alarmas ante la presencia del mega huracán “Patricia” que auguraba grandes destrozos y pérdidas, por el primero con categoría de 5, y si hubiera, superior a la escala en que se miden estos fenómenos.

De inmediato se activaron las medidas y protocolos de protección civil, y se abrieron refugios temporales para dar albergue a alrededor de 7 mil personas, cuya vulnerabilidad requirió de darles protección.

El mundo observaba las previsiones que tomaba nuestro país, e incluso, envió científicos de diversos países, a analizar el fenómeno poco visto en el mundo.

Conforme transcurría el viernes, la angustia por conocer el desenlace de esta historia se vertía en los preparativos de la ciudadanía, para volcarse en ayuda para los afectados.

Afortunadamente, las condiciones geográficas y geológicas de nuestro país, fueron suficiente para que encontrara una resistencia natural, en la Sierra Madre, y rápidamente desvanecer la furia que pronosticaba una tragedia.

La geología de la Sierra Madre fue una barrera de contención natural y por tal motivo, todos los daños que se habían previsto, se redujeron a daños materiales que pueden ser sustituibles.

Pero ante el arrastre informativo que produjo el fenómeno hidrometeorológico y los temas coyunturales, hubo quien aprovechó el momento para tratar de desvirtuar la información, y con ello, a la opinión pública.

La desinformación llegó a extremos, de señalar que en su intento por escapar de una nueva recaptura, Joaquín Guzmán “El Chapo” había caído al vacío y podría haber muerto.

Otra desinformación señalaba que la Cámara de Diputados había aprobado un aumento a las gasolinas, de 4.56 pesos por litro, para provocar el descontento hacia la clase política.

Una más señalaba la extensión del plazo en el apagón analógico, previsto para el 31 de diciembre próximo.

Y así, circularon teorías de conspiración, hipótesis de robo y corrupción, entre otras más.

Las teorías más audaces señalaban que el Gobierno provocó esta tragedia informativa, para utilizarla como distractor y ocultar uno de los datos señalados o quizás algo mayor.

No hubo especulaciones sobre víctimas del huracán. Fue respetado.

Por tal motivo, el valor de la información se instituye como un bien el dominio público para el servicio de la ciudadanía.

Del valor correcto que se le otorgue a la información, es posible que dependa la seguridad de las personas o de una nación.

Mientras tanto, la certeza que se tiene es que el Gobierno Federal y los de las Entidades Federativas trabajaron de manera coordinada para prevenir los daños del huracán más poderoso del que se haya tenido registro.

Las crisis que trataron de insertar en la opinión pública, no prosperaron.

Complemento de la seguridad nacional

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 26 Oct 2015 01:20:00 +0000

Al hablar de seguridad nacional nos referimos a las acciones destinadas de manera inmediata y directa, a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, mediante –entre otras cosas, el uso de diversas herramientas, como las tecnológicas.

Con este tipo de herramientas es posible que las diversas instancias de seguridad nacional puedan estar en condiciones de realizar una serie de acciones encaminadas a detectar riesgos y amenazas que pueda enfrentar nuestro país.

Un ejemplo de estas herramientas lo constituye, las tecnologías de información, la robótica, las plataformas satelitales y sus sistemas de propulsión, temas de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), creada en julio de 2010, para el desarrollo mexicano de las ciencias aeroespaciales.

Actualmente la AEM está enfocada para temas de educación y del sector de telecomunicaciones. No obstante, guarda un potencial inexplotado en diversas áreas del conocimiento humano, como geoespacialidad, la misma seguridad nacional o como centro de innovación espacial.

En los próximos cuatro años la AEM deberá marcar la ruta a 50 años en torno a 15 directrices para permear beneficios sociales, al impulsar la inversión y la innovación en la materia, que detonen soluciones aprovechando sistemas espaciales.

Dadas las condiciones actuales de México debería implementarse una planeación, fundada en cinco valores esenciales para el éxito: confiabilidad, creatividad, inteligencia, perseverancia, y productividad, que permita darle un toque de experiencia y juventud en programas y misiones espaciales robusteciendo resultados, bajo una implementación por fases.

El trabajo realizado hasta ahora por el doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, debe ser capaz de que la AEM siga siendo utilizada para que la ciencia y la tecnología espacial pueda atender las necesidades de la población mexicana, y estar en condiciones de generar empleos de alto valor agregado e impulsar la innovación y el desarrollo del sector espacial.

La propuesta que reemplace a Mendieta Jiménez, quien próximamente será relevado del cargo, debe contar con la visión a largo plazo, que lleve a la AEM a horizontes que incorporen y sirvan a la seguridad nacional mexicana, en temas diversos y de acuerdo al potencial mexicano para explotar el espacio.

Esta visión debería ser encabezada por Alejandro Chávarri Rodríguez, quien por su trayectoria, ha encabezado proyectos en instituciones como NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Oficina del Espacio Exterior de la ONU (UNOOSA), Federación Internacional de Astronáutica, Space Foundation, CANIETI, FEMIA, UNAM, el IPN, la UIA, el ITESM, UAM y la Fundación México-EEUU para la Ciencia fomentando las actividades espaciales en México.

Chávarri es ingeniero mecánico, maestro en ciencias en administración y Profesional en Dirección de Proyectos (PMP) de formación; con experiencia directiva en la iniciativa privada y la administración pública enfocada a dirección de proyectos y planeación estratégica.

El talento sobresale, -por ejemplo-, uno de los mejores cartografistas del mundo, es mexicano y colaboró en la operación Gerónimo que diseñó e implementó la estrategia que dio muerte al lider de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y que además, capacita en reconocimiento de imágenes satelitales a personal del Pentágono, en la especialidad que Chávarri merece una oportunidad.

Con toda seguridad, Chávarri le inyectaría audacia y determinación a la AEM, cuyo potencial no puede esperar más a dar resultados.

Pobre soledad

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Oct 2015 14:00:00 +0000

El martes de esta semana, la Presidencia de la República publicó un video para contrarrestar las críticas y justificar los cuestionamientos a las reformas estructurales, que es protagonizado por 2 carpinteros, en el que uno crítica y otro justifica dichas reformas, utilizando la frase “Ya Chole con tus quejas”.

De inmediato las redes sociales criticaron el contenido y la insenbilidad que proyectaba, usando la etiqueta #YaCholeConTusQuejas y seguramente sus estrategas no tuvieron más opción que retirarlo de su transmisión.

Nadie en su sano juicio podría apostar a que le vaya mal al gobierno o a este país, por tanto, el razonamiento de los estrategas que diseñaron el contenido de ese video es erróneo, ya que fue interpretado de otra manera.

Parece que los estrategas de esta campaña están lo más alejado posible de la realidad en que se encuentra la ciudadanía. El mensaje que proyectan es que la mayoría de la ciudadanía cree que son un fracaso las reformas estructurales, cuando es distinto.

La etiqueta #YaCholeConTusQuejas no se refiere al éxito o al fracaso de las reformas estructurales que defiende el video. Va más allá.

Es el desconcierto que causa en el ciudadano, la falta de acción o complicidad en casos de corrupción; se trata de la angustia del que ha sufrido la inseguridad o de aquel familiar de algún desaparecido.

Es una forma en el que la ciudadanía protesta y le dice a su gobierno su inconformidad por la corrupción, impunidad e injusticia, y que por cualquier problema, no lo lamente.

Es la manera sarcástica de expresar a sus autoridades el sentir, lejano en algunos servidores públicos. Le muestro algunos ejemplos.

¿Que murieron 49 niños en la Guarderia ABC de Hermosillo en Sonora y ningún servidor público involucrado está en la cárcel? #YaCholeConTusQuejas

¿Que aumentaron el salario mínimo de 67 a 70 pesos diarios en el país? #YaCholeConTusQuejas

¿Que entre 2000 y el 2005 los 50 grandes contribuyentes pagaron 74 pesos de ISR y 67 pesos de IVA y usted quizás pagó miles de pesos? #YaCholeConTusQuejas

¿Que hay 2 millones más de pobres en México, como lo dijo la CONEVAL? #YaCholeConTusQuejas

¿Que la Secretaría de Hacienda y el SAT devolvieron 3,000 mdp de sus impuestos a Televisa? #YaCholeConTusQuejas

¿Qué hay responsables menores por la fuga de “El Chapo” o por la “verdad histórica” de la PGR en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? #YaCholeConTusQuejas

¿Qué nombraron subsecretario a Arturo Escobar y Vega sin mérito en la seguridad y con amplios y notabes antecedentes de corrupción? #YaCholeConTusQuejas

¿Que el Senado designó Ministro de la Corte a Eduardo Medina Mora con 150 mil firmas en contra de ello? #YaCholeConTusQuejas

¿Que el Instituto Nacional Electoral (INE) se va a construir un nuevo pero innecesario edificio de más de 1,000 millones de pesos, en época de austeridad económica? #YaCholeConTusQuejas

En síntesis, una sensación de soledad.

Satisfacción simulada

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 11 Oct 2015 06:00:00 +0000

El jueves pasado compareció en el Senado, la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno.

Quizás lo mediáticamente más importante dicho por la funcionaria fue, la revelación que en las indagatorias sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se detuvo al piloto aviador que llevó al capo a otro lugar. De ahí nada nuevo bajo el sol.

Confirmó que las investigaciones por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no se ha cerrado, pero omitió hablar de la responsabilidad política y legal de su antecesor, cuando la PGR a su cargo realizará una segunda investigación, que viene a descalificar la verdad histórica, producto de la primera investigación a cargo del exprocurador Murillo Karam.

La procuradora explicó los temas de Tlatlaya, Tanhuato, el informe del Grupo de Especialistas Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y no podía faltar, los escándalos inmobiliarios, como la Casa Blanca y Malinalco.

Llaman la atención tres temas sobre la comparecencia de la Procuradora. El primero, que tiene que ver con la coyuntura en las declaraciones del secretario de defensa, Salvador Cienfuegos, que parece que la procuración de justicia en México está politizada y no protege a los militares, y que podría haber sido un mensaje de inconformidad o protesta del sector militar dirigido a la clase política.

El segundo que podría ser el más delicado, es la indiferencia y naturalidad con que la clase política ve la violación de derechos humanos en México, cuya actitud pareciera contradecir el carácter multifactorial de la política de seguridad nacional mexicana, al omitir la seguridad humana.

Aquí parece que sólo la comunidad internacional y los organismos internacionales, como la OEA y Naciones Unidas, se dan cuenta que las políticas públicas de protección a la personalidad humana, son de pobre calidad y han sido superadas por la cultura de la omisión, por la cultura de la impunidad y de la corrupción.

El último tema, es la parsimonía en los grupos parlamentarios en reclamar con firmeza, -no a gritos ni sombrerazos-, la política de procuración de justicia; como si un alto funcionario de una televisora hubiera dirigido una campaña para minimizar las críticas de la clase política en dicha comparecencia.

No aparecieron los cuestionamientos a la vulnerabilidad en las instituciones de seguridad en Guerrero o Michoacán; ni tampoco el papel del CISEN en los hechos en Ayotzinapa o Tlatlaya, que parece que fue de un bajo perfil.

Hubo ausencia de curiosidad por saber cuál fue el resultado de la visita de la Comisión de Diputados alemanes que estuvo en México en octubre pasado, para verificar el convenio en el marco de venta de armas de ese país a México.

Nadie preguntó si agencias de inteligencia y seguridad norteamericanas, como la DEA, el FBI o la CIA proporcionaron información en los temas sensibles que abordó la procuradora, como más de alguna vez lo han hecho, ni el sentido o contenido de ésta.

Que se haya operado una contención de la opinión pública o un adelantado control de daños, no significa que se haya erradicado la percepción ciudadana de un pacto de impunidad que pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para ocultar lo penoso del estado que guarda los derechos humanos en México. Aquí subyace la percepción de la CIDH y de Naciones Unidas.

Estas instituciones internacionales ven la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad. Quizás tenga razón el subsecretario Roberto Campa Cifrián, al señalar que no todo en el país se encuentra como lo señala el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas; porque efectivamente son en lugares muy bien focalizados.

Lo que sí tiene razón el organismo de Naciones Unidas, es que la mayoría de las instituciones de seguridad tienen insertado en la cultura de operación en seguridad, la violación de derechos humanos como una práctica que no es combatida. Vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación política de la ley.

Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión y permisibilidad de servidores públicos con la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno, en nuestro perjuicio.

Problemas de los partidos y de los independientes

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 09 Oct 2015 13:48:00 +0000

Los problemas de la administración pública no sólo se ciñen a los políticos impulsados a un cargo de elección por los partidos políticos. También los gobernantes independientes los tienen.

Con una deuda pública de más de 90 mil millones de pesos (mdp), la semana pasada asumió como gobernador de Nuevo León (NL), Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien venció en las elecciones pasadas a la candidata del PRI en ese estado, Ivonne Álvarez.

El gobernador Rodríguez Calderón tendrá que negociar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pago de la deuda pública, por una parte, y pondrá en tela de juicio a la administración de su antecesor, en medio de fuertes señalamientos de corrupción.

Una gran mayoría de las demandas ciudadanas se centra en el rubro de la seguridad, en el que Nuevo León puso su confianza en un modelo basado en la profesionalización de su seguridad pública así como el establecimiento de una unidad antisecuestros y de acuerdo a la Procuraduría de NL, de 2,003 secuestros en 2011 la cifra se redujo a sólo 719 en 2013.

El reto del gobernador de NL es conservar y aminorar los índices delictivos, así como devolver la confianza a la ciudadanía en las instituciones de gobierno. De su desempeño podría ser determinante para su postulación como candidato ciudadano a la Presidencia de la República.

En la misma situación se encuentra el recién ungido presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien en una rueda de prensa señaló que del estado de fuerza de la Policía de Guadalajara, consistente en unos 2,000 elementos, alrededor de 600 de ellos se encontraban comisionados en actividades diversas, como escoltas de personalidades, sin precisar de quién se trataba.

Pero además, Guadalajara es el municipio más endeudado del país, con un cálculo de unos 3,700 mdp cuyas atribuciones para endeudarse le fueron aprobadas en 2005 por el Congreso de Jalisco.

Alfaro Ramírez señaló también que deberán reactivarse los módulos de seguridad público, y que muchos de ellos, se encuentran en el abandono.

No sólo en seguridad y en finanzas públicas. La pasada administración de Guadalajara se vio enmarcada en escándalos de corrupción y de ineficiencia gubernamental, que capitalizó electoralmente Movimiento Ciudadano, no sólo en este municipio, sino en los principales municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado.

Nuevamente y del éxito que tenga la administración de Enrique Alfaro, dependerá el éxito en las siguientes elecciones que lo podrían colocar, como el candidato de su partido a la Gubernatura de Jalisco.

Sobra decir que en ambos casos, en NL y en Guadalajara, hay damnificados de la clase política que luchan por su subsistencia política.

Al final, sólo en los ejemplos de la hacienda pública y en seguridad, los gobernantes emanados de los partidos políticos salen reprobados en las urnas por sus electores, y con esto, el avance de los candidatos más identificados con las causas ciudadanas, y que en alguna ocasión de su vida política, los institutos a los que pertenecieron olvidaron impulsar la agenda con temas ciudadanos.

Ayotzinapa, más dudas que certidumbres

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 03 Oct 2015 02:00:00 +0000

A propósito del primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normar Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa en Guerrero, van algunas reflexiones que siguen vigentes.

Se trata de una crisis en la seguridad nacional mexicana, que confrontaría a los ciudadanos y la clase política; los primeros en reclamar a los segundos la responsabilidad política del exgobernador Ángel Aguirre y del exprocurador Jesús Murillo Karam; y por su parte, la clase política en aminorar los efectos generados por las graves violaciones de derechos humanos, como consecuencia de la impunidad y de la corrupción, que trascendieron fronteras como el problema mismo, y enmarcarse en el derecho internacional.

Nuevamente la protesta del sábado pasado en diversas ciudades de México y en el extranjero no debe ser desestimada o subestimada por la autoridad, de lo contrario, generaría condiciones para iniciar otro movimiento subversivo.

Derivado de dichos acontecimientos se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político, social y de seguridad.

Del área política, esta crisis evidenció la permisibilidad y tolerancia de las actividades de los militantes y sus élites al interior de los partidos políticos. Esto muestra la necesidad de implementar la Comisión Nacional Anticorrupción, como un organismo autónomo para evitar prácticas ajenas e ilegales a las del servicio público.

Cuando en un principio el presidente del PRD, Carlos Navarrete, defendió al gobernador Aguirre, ahora ni es mencionado en pláticas de café. En su momento, es probable que en el cálculo político haya considerado que Guerrero sería una plaza perdida para su partido.

Esta crisis del área política trajo consigo la percepción ciudadana, de un silencioso pacto de impunidad que pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para ocultarse de corruptelas de sus integrantes. Aquí subyace la percepción de que el exgobernador Aguirre dejara la gubernatura, a cambio de inmunidad política.

En el campo de seguridad, vino a demostrar la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad en estados y municipios. Vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación política de la ley. El ejemplo más palpable: la liberación de Florence Cassez, de Rafael Caro Quintero, o por supuesto, la liberación de Raúl Salinas de Gortari y la devolución de su millonario patrimonio, que poco faltó para que la PGR le pidiera perdón.

Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno, en nuestro perjuicio.

Demostró el estado decadente en el que se encuentran los derechos humanos en México. Tema en el que nuestro país ha salido con una pobre calificación por organizaciones internacionales de la materia, como consecuencia de una política deficiente en la defensa de los derechos humanos.

Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, pero más aún, las cuentas pendientes que se derivaron, como consecuencia de la presentación del informe del Grupo de Especialistas Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las que se generaron más dudas que certidumbres.

El modelo ideal de seguridad

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Oct 2015 02:33:00 +0000

La seguridad pública es un bien intangible que se sustenta en un modelo basado en operativos, técnicas, tácticas, doctrina, inteligencia y juntas hacen políticas de seguridad.

Un modelo de seguridad pública que se precie de servir a la ciuadanía en la que se va aplicar, debe considerar en su configuración elementos del poder, como por ejemplo, de análisis de los campos político, económico y social, en el que se trata de una representación en micro, del modelo de seguridad nacional en el país.

Se tuvo la oportunidad de conocer el modelo de seguridad del entonces candidato Enrique Alfaro, en el que arroja elementos de diagnóstico de los campos citados, que vienen a fortalecer las políticas de seguridad.

El nuevo director de seguridad pública debe tener presente el resultado que arroje el diagnóstico organizacional, de donde se desprenderá entre otras cosas, el estado de fuerza, la capacidad operativa, la capacidad de fuego, entre otros elementos, que serán los que apliquen el modelo de seguridad con sus integrantes arriba citados.

El Director de Seguridad Pública, Salvador Caro Cabrera ha reconocido los tres principales problemas de seguridad de Guadalajara, señalados por Felipe de Jesús Garibay, académico de nuestra máxima Casa de Estudios y que son, los conejeros, las narcotienditas y el establecimiento de organizaciones criminales. El exedil tapatío recibió el beneplácito de mandos federales para la encomienda que se le ha asignado.

Sin duda, el reto es mayúsculo, como lo es también el compromiso y seriedad de la nueva administración para llevar a mejores niveles de seguridad a la ciudad de Guadalajara.

Va desde este espacio mi apoyo como profesional de la seguridad a Salvador Caro.

Hostil incidente

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 28 Sep 2015 02:00:00 +0000

En una acción eminentemente hostil, el ejército de Egipto abrió fuego contra turistas, en su mayoría mexicanos, que recorrían los áridos caminos de ese país.

A bordo de vehículos todo terreno, los mexicanos trataron de refugiarse de las ráfagas de material bélico que los atacaban, matando a seis de ellos. De inmediato, el gobierno egipcio dijo que fue un lamentable error, al confundir a los turistas con yihadistas que se encontraban en la zona.

Esta misma reacción la tuvo el embajador de ese país en México, quien en conferencia de prensa confirmó los lamentables hechos.

De inmediato la Cancillería mexicana protestó por los acontecimientos y un avión partió de México para traer de regreso a los paisanos heridos, al tiempo de pedir explicaciones, mediante diversas notas diplomáticas.

El gobierno mexicano debe protestar por estos hechos, cuando los protocolos del uso de la fuerza armada pudieran señalar que del uso de dispositivos de detección, -como radares-, se haya interpretado que se trataba de personas armadas, cuyas actividades pudieran poner en riesgo a las fuerzas de seguridad y militares de ese país, pero resultó que se trataba de civiles y desarmados.

Además suponiendo sin conceder que se tratara del avance de potenciales enemigos, hubo un exceso en el uso de la fuerza para atacar y someter a nuestros connacionales, al abrir fuego en diversas ocasiones por un lapso de tiempo en varias horas de duración sin recibir fuego a cambio.

Estos hechos ponen en alerta a la comunidad internacional, al advertir la presencia de la yihad, y por tanto, del avance del Estado Islámico en África.

En la ciudad de El Cairo, la novel canciller Claudia Ruíz Massieu se topó con las explicaciones egipcias, quienes devolvieron la furia mexicana, cuando su ministro de relaciones exteriores dijo que “En México mucha gente muere. El gobierno egipcio les recuerda que hay asuntos pendientes en su suelo nacional. ¿Les suena Ayotzinapa? Tal vez esperaremos a aclarar lo ocurrido con sus ciudadanos en Egipto hasta que el gobierno del señor Peña Nieto dé una explicación satisfactoria de la tragedia en Guerrero“.

Aunque se trata de dos asuntos distintos, en el fondo las autoridades egipcias hicieron uso de las vulnerabilidades del gobierno mexicano, para aminorar la lluvia de reclamos del gobierno mexicano.

El argumento de Egipto para evadir su responsabilidad es, desafortunado, porque se trata de una acción deliberada, toda vez que fue una acción planeada y deliberada contra civiles desarmados, en cuyas declaraciones de los sobrevivientes, afirman que fuerzas de ese país los atacaron en varias ocasiones por cinco horas, sin que hubiera agresión de por medio.

Mientras tanto, el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, entidad federativa de donde son la mayoría de los lesionados y víctimas mortales, pidió romper relaciones diplomáticas con Egipto, en una idea desafortunada que sólo evidencia ignorancia de sus asesores y que provocó la burla en redes sociales.

Nuestros paisanos han retornado a su país, con la esperanza del gobierno mexicano de apoyarlos en indemnizarlos justamente, por haber sufrido un ataque, sin deberla ni temerla y en días próximos serán repatriados los restos de los connacionales que fallecieron.

Ahora lo que México puede hacer es que en el marco del derecho internacional es posible que esta acción pueda elevarse a la consideración y protesta de organismos multilaterales, -como Naciones Unidas-, en el que la próxima semana el Ejecutivo Federal participará en el marco de la Asamblea General, que podría ser el momento idóneo para presentar una protesta por los acontecimientos.

Pesimismo ciudadano

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 15 Sep 2015 01:58:00 +0000

En un mensaje a quienes no reconocen los avances de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto retó a los pesimistas a quienes les quiere demostrar y acreditar que vamos (sic) por la ruta correcta y hay cifras alentadoras.

El viernes pasado y durante un acto en el Estado de México, presumió que la tasa de inflación es la más baja de la historia, equivalente al 2.59% anual, no vista desde hace 40 años; que se han generado 1.5 millones de empleos en lo que va del sexenio, entre otras cifras.

Pero es probable que el pesimismo al que se refiera el Primer Mandatario lo sea, la falta de reconocimiento ciudadano en el impacto de las once reformas derivadas del Pacto por México, celebrado con todas las fuerzas políticas del país, a principios de su mandato.

Desde luego que se esperaba mucho más de la reforma energética, de la fiscal y de la hacendaria, como ejes rectores de la política económica del país, pero que por factores externos o quizás por proyecciones mal calculadas, sus efectos no puedan notarse al corto plazo.

Respecto de la energética, el precio del barril del petróleo y la paridad del peso frente al dólar, fueron los causantes del desplome de las expectativas en el ingreso petrolero; sobre las reformas fiscal y hacendaria, comienza a resaltar que un mal cálculo pudo haber sido el causante del malestar en la ciudadanía y el empresariado mexicano.

Pudiera tener razón el Ejecutivo Federal, cuando en el juicio aludido sólo toma en cuenta los subsistemas económicos, como las reformas citadas, para señalar que hay pesimistas por las cifras de su último Informe de Gobierno, y que pueden ser motivo de largas charlas entre monetaristas o keynesianos, o entre liberales y conservadores.

El pesimismo ciudadano bien podría ceñirse sobre los niveles de impunidad y corrupción, que hacen que los esfuerzos realizados en diseñar e implementar las once reformas, -entre las que se encuentran la energética, la fiscal o hacendaria-, no tengan el impacto deseado en el ingreso, cuando no se tomó en cuenta la impunidad que produce la corrupción de algunos personajes.

Comienza cuando en un tibio esfuerzo, el gobierno no combate la impunidad, sino que parece que administra la corrupción. Prueba de ello son los esfuerzos del pueblo y gobierno de Guatemala, al permitir la creación de una comisión internacional para combatir la corrupción, que permitió llevar a la cárcel a su presidente.

El mensaje que se envía con la exoneración que hizo el titular de la Función Pública, sobre los señalamientos de corrupción que pesaban sobre el Presidente de la República y su esposa, es que no habrá la voluntad política suficiente, para combatir la corrupción e impunidad, no por lo menos en esta administración.

Por otra parte y cuando para el siguiente ejercicio presupuestal hay recortes en personal y en programas gubernamentales, no parece que exista en el ánimo del gobierno como entidad, la reducción de sueldos de la burocracia de primer nivel, en el que parece que las funciones sustantivas de sus cargos son más importante que mantener una austeridad.

Por todo esto, y más, el pesimismo no es por los resultados en las políticas públicas o en los programas de gobierno, sino en la corrupción y en la sensación de impunidad que prevalece en el ánimo ciudadano.

Desacredita informe investigaciones de la PGR

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 08 Sep 2015 01:56:00 +0000

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las conclusiones del informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero.

La llamada “verdad histórica” por el exprocurador general Jesús Murillo Karam a finales de 2014, señala que los estudiantes habrían sido calcinados en el basurero de Cocula en Guerrero, cuya versión fue puesta en entredicho al señalar el informe de expertos de la CIDH, que se hubieran requerido 30 toneladas de madera y 13 toneladas de llantas, ardiendo durante 60 horas para que los cuerpos hubieran quedado calcinados.

El informe del GIEI afirma que hay inconsistencias de tiempo, modo y lugar, como la inacción o pasividad de agentes federales y militares que tenían conocimiento de lo que sucedía y no intervinieron; la no concordancia entre declaraciones de detenidos, así como el supuesto incendio del basurero.

Como se sabe, en los primeros informes que se dieron al presidente, la única preocupación lo fue, la opinión pública; luego, la tardía respuesta durante semanas de Los Pinos obedeció a que subestimó el asunto, argumentando que “era un asunto de Guerrero”. Pero además, el exjefe de la oficina de la Presidencia y ahora secretario de educación, Aurelio Nuño, en un desafortunado que pasa como frívolo comentario dado en Diciembre pasado, señaló que “Ayotzinapa se olvidará”.

En redes sociales, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe incorporar a esas investigaciones, el informe de la GIEI, pero al hacerlo de esa manera, tendría que admitir que su ex procurador Murillo Karam mintió, por lo que la Unión Europea y organizaciones internacionales de derechos humanos deben cuestionar el nombramiento de Murillo Karam, como embajador mexicano en Portugal.

Además, en una conferencia de prensa que dejó más dudas que certidumbres, la procuradora Arely Gómez González, dijo que en lo sucesivo la SEIDO será quien tome las riendas de las investigaciones, substituyendo a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, cuyo director Tomás Zerón, debería ser separado e investigado.

Los que saben de derecho podrían despejarnos la duda, si el exprocurador Murillo Karam y Zerón podrían llevar responsabilidades en el desempeño de sus encargos.

Pero el informe de los especialistas del GIEI de la CIDH no aporta nuevas pruebas, sino que cuestiona y contradice las investigaciones del exprocurador Murillo Karam y los de la actual titular. Omitió deliberadamente dar a conocer la participación de militares y de un elemento de la Policía Federal; la PGR se negó a atraer en dos ocasiones, el proceso contra el ex alcalde de Iguala; podría ser falsa la evidencia mostrada por el exprocurador Murillo Karam dando por muertos a los estudiantes en el basurero de Cocula, entre otros.

Dicho informe señala también, las deficiencias en el trabajo de inteligencia a cargo del CISEN y otras joyas más.

Mientras no hubo culpables en el escándalo de corrupción de la Casa Blanca y Malinalco, aquí transita del “Ya me cansé” del exprocurador Murillo Karam, al “Ya Supérenlo” del presidente Peña Nieto y de la “verdad histórica” al descrédito y descalificación de la PGR.

De Informe de gobierno a problema de Estado

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 01 Sep 2015 01:46:00 +0000

En el marco de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, que abarca a ambas Cámaras, el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación, presentará el informe de la administración a su cargo, correspondiente al tercer año de Gobierno.

El informe contiene las acciones derivadas del Plan Nacional de Desarrollo, como documento rector y generador de políticas públicas, que se auxilia de los Programas Sectoriales de cada Secretaría de Estado, que articulan estas las políticas que son impulsadas por el Presupuesto de Egresos.

Pasada la expectativa política previa al nombramiento de nuevos titulares en siete Secretarías de Estado y tres áreas sustantivas de la administración pública federal, las circunstancias económicas, -principalmente-, quizás no permitan visualizar el impacto de las once reformas estructurales, sobre todo en lo que concierne a la reforma energética, en cuyo análisis se colocaron altas expectativas para la captación de ingresos y estar en mejores condiciones en la paridad peso - dólar así como el precio del barril de petróleo.

No creo que haya algún servidor público en el Gobierno Federal que tenga deseos que le vaya mal al país y que no ponga sus mejores esfuerzos en producir mejores resultados, sobre todo en política económica y social, que es donde es posible medir su impacto con los documentos rectores arriba citados.

El Índice Democrático de los Gobiernos en América Latina que presenta el rotativo The Economist Intelligence Unit coloca a México en el séptimo lugar de un total de veinte, en el que señala algunas vulnerabilidades en libertades políticas y civiles.

No obstante lo anterior, la numeralia que presenta el Informe de Gobierno pudiera verse opacada por los escándalos que trascienden y es necesario colocarlos en un plano de crítico, preferentemente de autocrítica por la clase política del país.

Trasciende cuando se trata de libertades políticas y civiles a que se refiere el informe de The Economist, persisten casos que comprometen seriamente la violación de derechos humanos en México, como Tlatlaya, Ayotzinapa, o Tanhuato, en el que se ven involucrados elementos de alguna corporación de seguridad o de las fuerzas armadas o que hay complicidad en la autoridad para no investigar.

Va más allá cuando en países de primer mundo, -a los que aspiramos en los discursos políticos-, nos tienen en un concepto de salvajes, por el grado de crueldad y sanguinario con el que se cometen delitos del alto impacto, sin que el Estado retome las riendas de la seguridad en el país. Prueba de ello son los casi 25 mil muertos en lo que va del sexenio.

Molesta cuando no hay un ejercicio de autocrítica y de reconocimiento a un proceder a todas luces incorrecto o inmoral, como por ejemplo, la licitación del tren México – Querétaro, la Casa Blanca y Malinalco, la fuga del Chapo, la exoneración del PVEM, los audios de OHL, reporte CONEVAL y los dos millones de personas en pobreza, la impopular designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, corrupción en PEMEX y CFE, los Congresos de Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California que aprobaron leyes antibronco que violan libertades políticas y civiles, etcétera.

El fondo del conflicto de interés

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 25 Aug 2015 01:43:00 +0000

En una conferencia de prensa de poco más de dos horas, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Virgilio Andrade, trató de explicar a la opinión pública, que el Presidente de la República, su esposa, y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, no incurrieron en el señalado conflicto de interés, en la adquisición de la casa blanca y de la casa de Malinalco.

El principal argumento que ofreció Andrade, consistió en señalar que los bienes se adquirieron con anterioridad, a que Peña Nieto asumiera la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, cuando fue Gobernador del Estado de México. Por cuanto a Luis Videgaray, dijo que se trataba de un crédito hipotecario.

Aún cuando el marco normativo anticorrupción es deficiente, las fracciones XI y XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señalan el conflicto de interés y la abstención de aceptar bienes muebles o inmuebles.

El titular de la Función Pública debió de dispensar su participación, en virtud a la relación laboral y profesional, que sostiene con el titular del Poder Ejecutivo y del Secretario de Hacienda y por la insuficiente legislación en la materia.

El también exconsejero del IFE debió de informarlo a su superior para efecto de abstenerse en la atención de este asunto, y por tanto, el dictamen presentado por Andrade pudiera ser inválido, cuando su superior jerárquico es el sujeto de investigación.

Por cuanto a la actriz Angélica Rivera, el razonamiento que funda la sospecha de una investigación sesgada y parcial, -consiste entre otras cosas-, en cuestionar cómo es que una actriz de mediana trascendencia, acumula en 6 años una riqueza muy superior al mejor artista mexicano, de Hollywood o de Cannes, para adquirir una residencia de un precio que oscila los 7 millones de dólares.

La presunta investigación de la SFP adoleció de formas y fondo. El portal de la Función Pública no señaló la metodología en la que se basó para realizar la investigación, se presentaron dichos en base a búsquedas de internet, y Andrade no contestó a la pregunta expresa si interrogó a Juan Armando Hinojosa, propietario de la casa blanca.

Además en una rápida estrategia de control de daños, el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió disculpas a nombre propio y de su esposa, por las interpretaciones que dejaban entrever la posibilidad de un conflicto de intereses, al que le siguió el titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso.

El momento político para presentar estas disculpas no eran los mejores, toda vez que fueron ofrecidos en los momentos más álgidos en los que la opinión pública volcaba su crítica en redes sociales. No sólo esto, sino que en ese mismo día el nuevo presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, llamaba a su militancia a la autocrítica y que no concordaba con el contenido de la información dada a conocer por Virgilio Andrade.

Por otra parte y mientras que en países de América Latina con más carencias sociales que México, persiguen la corrupción y detienen a sus autoridades, en lo que Virgilio Andrade exoneraba al Presidente de México, en Guatemala la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, era arrestada por su presunta vinculación con el caso de corrupción en las aduanas, en la crisis que afronta el presidente Otto Pérez Molina de ese país.

En México, parece que el único conflicto de interés, es el que el Gobierno tiene con sus gobernados.

Condenan 31 años de cárcel por desaparición forzada

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 19 Aug 2015 01:51:00 +0000

El artículo 215-B del Código Penal Federal es el que tipifica el delito de desaparición forzada en nuestro país, pudiendo el juzgador imponer una pena máxima de cuarenta años de prisión.

Sin embargo, en el caso del subteniente del Ejército Mexicano que el juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León le dictó auto de formal prisión por 31 años, dice que quedó demostrado que la víctima fue privada, y sigue en calidad de desaparecido, por el procesado.

La desaparición forzada es un delito que por su complejidad, supone la violación de varios derechos humanos y que se convierte en un delito de lesa humanidad.

Este tipo de delito se encuentra prescrito en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y comprende una serie de conductas tipificadas, como lo son tortura, violación, prostitución, cárcel o persecución por motivos políticos, asesinato y otros más.

Es un delito que por cuyas características puede acumularse y concursar con otros delitos y que puede comprometer al Estado, como garante del bien jurídico tutelado transgredido como es, el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de opinión, entre otros.

Es llamado de lesa humanidad porque en su materialización concurre la violencia en sus diferentes modalidades en cuyas formas y naturaleza ofende y agravia a la sociedad por el grado de materialización y de odio impreso.

El caso del Subteniente del Ejército Mexicano abre la posibilidad de afirmar que en México, se cometen graves violaciones a los derechos humanos, cuyas características se ajustan a la desaparición forzada, como un delito de lesa humanidad.

En esta situación se encuentra los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, próximo a un año de su desaparición; los hechos de Tlatlaya en el estado de México, así como los cadáveres encontrados en el rancho “El Sol” en el municipio de Tanhuato en Michoacán, en cuyos hechos se cierne la sospecha de un delito lesa humanidad, no por la desaparición, sino por la posibilidad de haberse realizado ejecuciones sumarias.

Si bien es cierto que la sentencia del Juez Primero en Nuevo León deslindó a la Secretaría de la Defensa Nacional de los hechos, no puede evadir como una generalidad, e incorporarlo en una posible responsabilidad del Estado Mexicano, ya que el elemento castrense pertenece a un cuerpo de fuerza armada que defiende los intereses del Estado, quien se encuentra sometido a leyes y tratados internacionales, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su actuación y por tanto podría ser sujeto de sanciones internacionales.

En el tema de Ayotzinapa, la cancillería mexicana realizó intensos cabildeos ante organismos internacionales para minimizar la responsabilidad del Estado Mexicano. Aquí cobra relevancia la participación de ONG´s y de defensores de los derechos humanos, quienes por su conducto presionaron a organismos de derechos humanos para deslindar responsabilidades.

Por su impacto en la sociedad y sus modos de ejecución que violan un catálogo de derechos humanos, la desaparición forzada se trata de un asunto de seguridad nacional, que compromete los objetivos nacionales del Estado Mexicano que se encuentran intrínsecos en la serie de derechos integrados a la parte dogmática de la Constitución.

En ciencia política, es un problema que involucra a uno de los elementos tradicionales del Estado: el gobierno, ya que de él depende el monopolio de la violencia, -tesis principal de Max Weber para atribuirle al Estado la función de seguridad, cuyos beneficiarios son el ciudadano y la sociedad.

Por lo que respecta al gobierno en su más amplia expresión, significa que no sólo se involucra al titular de las funciones ejecutivas, sino a quienes ejerzan las funciones legislativa y judicial, integrados al estado de derecho. En otras palabras, le compete al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, como integrantes del Supremo Gobierno y a su vez en los Estados, ejercer lo que el derecho les atribuye para garantizar que el monopolio de la violencia sirva, de manera regulada, para dotar de seguridad al ciudadano y la sociedad a la cual se encuentra integrada.

La falta de legalidad es lo que impidió investigar los hechos de desapariciones forzada de la guerra sucia de la década de los 70’s cuyo cálculo de desaparecidos se desconoce a ciencia cierta. Por eso en 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia sobre la desaparición forzada, -cuyo delito no prescribe-, en tanto la víctima no sea hallada. Esta histórica sentencia está relacionada con la desaparición de Jesús Piedra Ibarra en 1975 y que genera jurisprudencia para los cientos de casos producidos con motivo de la guerra sucia en México.

Una estadística más reciente afirma que entre 2006 y 2013, la PGR y las Procuradurías o Fiscalías de los Estados registraron 291 averiguaciones por el delito de desaparición forzada, de las cuáles, sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria.

Ahora bien, el Código de Justicia Militar se reformó recientemente para que los militares que hayan cometido algún delito en el ejercicio de sus funciones, compurguen una pena en cárceles castrenses. Esto no asegura que la punibilidad sea un factor determinante para que inhibir el delito entre los militares. Lo mejor sería que militares y marinos fueran paulatinamente retirados de las calles, y en su lugar, las fuerzas de seguridad de las Entidades asuman el control de la seguridad pública, pero como sabemos que algunas fueron penetradas por el brazo corruptor de la delincuencia, es que se justifica la participación de las fuerzas militares en la seguridad pública. Todo un círculo vicioso.

Esta sentencia podría ser el momento propicio para dar un golpe de timón y rediseñar la política de seguridad y de derechos humanos, para aminorar los efectos de la desaparición forzada en México, aunque la clase política cierre los ojos o voltee a ver a otro lado.

Calificados y descalificados

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 18 Aug 2015 01:40:00 +0000

El fin de semana pasado tuvo lugar la elección interna para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo vencedor resultó el queretano Ricardo Anaya Cortés, frente al senador con licencia, Javier Corral Jurado, que posiciona al grupo político de su expresidente, Gustavo Madero Muñóz, y quien seguramente será el coordinador de los diputados federales panistas en la conformación de la LXIII Legislatura de la Cámara baja.

Mientras tanto, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se registraron como candidatos únicos, Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy, en lo que se ha denominado como un triunfo de la militancia priísta, frente al primer priísta del país y su grupo compacto político.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD), su actual dirigente, Carlos Navarrete Ruíz, ha pedido a su Consejo Nacional que designen a una nueva dirigencia y ya hay varios interesados en ocupar las diversas carteras.

Ellos, Anaya, Beltrones y el que resulte electo en el PRD, serán los que dirijan los destinos de sus partidos, con miras a las elecciones para renovar gobernador en las elecciones locales de 2016 en los estados de Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Pero es posible que la autoridad electoral no tenga la autoridad, -moral por supuesto-, que se requiere para organizar los procesos electorales en estas 12 Entidades Federativas, ya que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la serie de ilegalidades preelectorales, electorales y poselectorales, suficientes para retirarle el registro.

El principal argumento para desistir de dicha pena, provino de un desafortunado comentario del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien dijo que por los actos del PVEM “no puso en riesgo la democracia…”. Sin embargo, si consideramos a la democracia integrada al estado de derecho, el PVEM violó todo lo posible para obtener un beneficio, y por tanto, el razonamiento de Córdova Vianello es absurdo.

Además, el Presidente del INE dijo que sancionar al PVEM con 600 millones de pesos opacaba los señalamientos de impunidad y falta de castigo. Dijo que la pérdida del registro sería equiparable a la nulidad de la elección, como si todo ese dinero fuera suficiente para borrar las ilegalidades.

Por su parte y en abono a lo dicho por Córdova, la consejera Adriana Fabela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, reiteró que las ilegalidades cometidas por el Verde “no son de gravedad extrema que conduzca a su desaparición…”.

Este Consejo General no se ha caracterizado por ser organizado o previsor, ya que desde enero de este año rumbo a la jornada electoral del 7 de junio pasado, los sistemas de cómputo presentaron deficiencias en los sistemas de nómina, de captura de ciudadanos, en la primera insaculación e incluso, advirtiendo de la probabilidad en fallar el PREP al consejero Ciro Murayama con tiempo suficiente, quien minimizó y subestimó el dicho.

La democracia no sólo comprende los actos preparatorios y el de la jornada electoral, como algunos ignorantemente usan como argumento para desviar el tema. En su más amplia expresión compromete una serie de valores políticos, económicos y sociales, en un sistema cuyo campo social se encuentra vulnerado y cuyos actos de dicha autoridad vienen a enrarecer el ambiente político a favor de los partidos políticos.

Perdonan al PVEM

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2015 01:53:00 +0000

En sesión del miércoles pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la serie de ilegalidades preelectorales, electorales y poselectorales, suficientes para retirarle el registro.

La petición de retiro de registro vino de poco más de 150 mil ciudadanos encabezados por los catedráticos Sergio Aguayo y Denise Dresser, así como el ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim, que demandaron a los Consejeros del INE imponer la máxima pena, prevista en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, cuyas conductas incurrieron en prácticas graves y sistemáticas al desarrollo del proceso electoral, sin embargo y en una votación dividida, 7 de los Consejeros votaron a favor del dictamen que dejaba de imponer dichas sanciones y 4 de ellos en contra.

En un desafortunado comentario, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, dijo que los actos del PVEM “no puso en riesgo la democracia…”. Sin embargo, si consideramos a la democracia integrada al estado de derecho, el PVEM violó todo lo posible para obtener un beneficio, y por tanto, el razonamiento de Córdova Vianello es obsoleto y sin argumento.

Por su parte, la consejera Adriana Fabela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, reiteró que las ilegalidades cometidas por el Verde “no son de gravedad extrema que conduzca a su desaparición…”.

Por lo que respecta al Consejero Presidente, no es la primera vez que presenta un desvarío en público. En mayo pasado, previo a la jornada electoral, Córdova Vianello dijo una serie de improperios maleducados respecto de los indigenas en México, lo que le valió una serie de críticas.

Además, dijo que sancionar al PVEM con 600 millones de pesos opacaba los señalamientos de impunidad y falta de castigo. Dijo que la pérdida del registro sería equiparable a la nulidad de la elección.

Este Consejo General no se ha caracterizado por ser organizado o previsor. Desde enero de este año, Consejeros Distritales advirtieron a las autoridades de oficinas centrales, que los sistemas de cómputo presentaban fallas constantes, en los sistemas de nómina, de captura de ciudadanos, primera insaculación e incluso, advirtiendo de la probabilidad en fallar el PREP presentando fallas en la jornada electoral al alterar cifras en un 100.50% , no obstante lo anterior, y avisado que fue el consejero Ciro Murayama con tiempo suficiente, minimizó y subestimó lo dicho por los Consejeros.

No sólo eso. Recientemente el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña ha sido señalado de hostigamiento sexual por una académica excolaboradora del servidor público del citado Consejo General, aún cuando el sentido de su voto fue rechazando los términos del dictamen.

Qué terribles conductas y mensajes han enviado. Por una parte, los dichos menospreciando a los indígenas, por otra parte el hostigamiento sexual de uno de sus integrantes y por último, la sumisión a un partido político que en coalición con el partido gobernante, llegará moralmente descalificado a integrar la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Lo más grave de este tema, son los apotegmas pronunciados por los Consejeros y que se encuadran en diversos temas. Por ejemplo, lo dicho por la Consejera Fabela, en el sentido que las faltas del PVEM “no son de gravedad...”, pues entonces que nos explique qué es la gravedad y cuál es su concepto de ello.

El PVEM incurrió en colocación de propaganda en lugares prohibidos, obsequio de boletos para funciones de cine, mensajes promocionales en salas cinematográficas, infomerciales de sus candidatos, mensajes por tuiter de artistas y deportistas, entre otras muchas más faltas, una y otra vez, a lo largo y ancho de todo el país.

El escándalo más reciente de los deportistas lo protagonizó, Miguel Herrera “El Piojo” exdirector técnico de la selección mexicana de futbol, quien fue citado a declarar por la Sala Regional del TRIFE, por haber enviado un tuit el día de la jornada electoral, con un mensaje evidentemente político partidista a favor del PVEM.

La democracia no sólo comprende los actos preparatorios y el de la jornada electoral, como algunos ignorantemente usan como argumento para desviar el tema. En su más amplia expresión compromete una serie de valores políticos, económicos y sociales, en un sistema cuyo campo social se encuentra vulnerado por la impunidad con el que se conducen personajes políticos que sin recato, menos vergüenza, cometen cualquier ilegalidad o delito.

Consecuencias de la fuga del Chapo Guzmán

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 11 Aug 2015 01:38:00 +0000

El pasado 11 de julio se cumplirá el primer mes de la nueva fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de una cárcel mexicana de máxima seguridad, con un sin fin de hipótesis sobre la forma, que van desde la complicidad de las autoridades, así como una serie de hipótesis tácticas operativas, que lograron su cometido.

Hasta el momento hay siete custodios del penal consignados y sospechosamente ningún mando medio o superior, cuando es notorio que tuvo que haber participado la corrupción en distintos niveles del sistema carcelario mexicano. Sólo el ex Jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Pequeño García, fue removido de ese cargo y, -a manera de burla para la ciudadanía-, colocado como director de la policía científica de la misma dependencia federal, en una simulación mediática.

Parece que las investigaciones no se han extendido más que al primer círculo de custodia del capo, omitiendo por cualquier motivo, seguir la cadena de autoridad.

No sólo es esto. En el plano de la política exterior, se le han generado varios frentes de crisis al gobierno mexicano. En primer lugar, por la ausencia de embajador mexicano en Washington que de las explicaciones necesarias a las agencias de seguridad norteamericanas, cuyo espacio se encuentra vacante desde hace meses, luego de la designación de Eduardo Medina Mora, como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente hay un rumor que señala a Miguel Basañez, como próximo embajador y que fue colaborador de Alfredo Del Mazo, ex gobernador del Estado de México.

Luego, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pérez Verdía, afirmó inocentemente que la fuga del capo no afectaría la relación con el vecino país del norte.

En segundo lugar, se ha ventilado a la opinión pública, la remoción del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido Garcia. Los nombres mencionados para sustituirlo son Renato Sales, Roberto Campa y Enrique Galindo.

En tercer lugar, la PGR ha girado directriz para negar solicitudes de información relativas al tema de tráfico de armas, en reciprocidad a la negativa que el Gobierno mexicano ha recibido de la Oficina del gobierno norteamericano para Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos e interrogar detenidos en ese país.

Por último, en 2009 los cables Wikileaks señalaban que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) “carece de la capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como la SSPF […] La incapacidad del CISEN para funcionar hasta ahora como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”.

No es un tema de buena relación ni de amistad. Es un tema de confianza mutua, en el que las autoridades mexicanas parece que no ponen lo que corresponde a su parte, para establecer niveles de seguridad.

Prueba de ello es que un par de semanas después de fugarse, es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la PGR hayan comenzado a participar con sus oficios por ley, para menoscabar la capacidad financiera o inmobiliaria, ésta última a través de la figura conocida como extinción de dominio, que merme seriamente la capacidad económica de la organización de Guzmán Loera. Quizás esta sea una de las razones que hayan causado molestia en las agencias norteamericanas.

Así que: “El que tenga oídos para oír, que oiga y el que tenga ojos para ver, que vea” la evidente reacción de Washington a la fuga de Guzmán Loera, y que seguramente las agencias norteamericanas aprovecharán los errores cometidos para generar condiciones a su favor, que se conviertan en una reconfiguración de la seguridad mexicana.

La batalla por los secretos

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 04 Aug 2015 01:36:00 +0000

Parece que los cables de Wikileaks en 2009 cobran nuevamente vigencia, al señalar que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) “carece de la capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como la SSPF […] La incapacidad del CISEN para funcionar hasta ahora como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”.

El modelo institucional que esta administración implementó para las funciones del CISEN incluye, reincorporarse a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por la vía de la Comisión Nacional de Seguridad, es decir, una concentración de poderes al eliminar la Secretaría de Seguridad Pública, invocada recientemente con motivo de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La recopilación de información y su procesamiento, a fin de aportar análisis y diagnósticos a los tomadores de decisiones, son funciones del CISEN, pero distintas de las funciones policiales a cuya naturaleza pertenece la Policía Federal.

Al CISEN le asignaron la tarea de vigilar los centros penitenciarios, desplazando al ejército de estas funciones, y por tanto, el poder civil se encontraba vulnerado a la corrupción.

A pesar del anuncio al inicio de este sexenio que hizo Manuel Mondragón, ex Comisionado Nacional de Seguridad, Plataforma México no se desmanteló del todo. Diseñada como una gran base de datos criminal para desplegar en tiempo real información proveniente de los C-4 de las policías de los Estados, Plataforma México siguió informando al siguiente nivel de autoridad, sobre los movimientos de los criminales.

A lo anterior debe sumársele la nula experiencia del titular del CISEN, Eugenio Imaz, quien parece que no ha sabido estar a la altura para sostener un sistema de inteligencia y contrainteligencia civil, capaz de generar información para ser consumida por las instancias de seguridad nacional que la Ley establece: Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, Hacienda y la misma SEGOB.

Quizás Imaz no sea el responsable del malogrado estado en que se encuentre la inteligencia en México, cuyos consumidores de información parece que no confían en los productos generados por el CISEN, pero debería informarle al presidente, el verdadero estado en que se encuentra la inteligencia mexicana.

Ejemplos sobran. La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) producida por el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, debió prever escenarios políticos y sociales, como Tlatlaya, Ayotzinapa u Ostula, para evitar su realización o aminorar sus consecuencias a la mínima expresión. Esta ANR es el documento que identifica riegos y amenazas a la seguridad nacional.

La corrupción, como lo advirtió el Secretario de Defensa al señalarlo como problema de seguridad nacional, no debió permear en mandos medios o superiores que relajaron la disciplina y consintieron el escape de Guzmán Loera. Es más, ni siquiera el CISEN debió de hacerse cargo, ya que se desvió la naturaleza de sus funciones.

Luego entonces, si en la ANR no están contemplados con base al análisis de la información, los eventos que puedan generar crisis, políticas, económicas o sociales, es que alguien en la cadena de consumo de información no hizo bien su trabajo, y por omisión, no se advirtió del riesgo que representaba el contenido de la información, o bien, fue subestimada como si se tratara de una reunión de amigos de preparatoria, y por tanto, solamente se le dio un valor por la conveniencia política de divulgarla.

Aquí se incluye al Poder Legislativo, como corresponsable por Ley del consumo de esta información.

La parte proporcional de la pobreza

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 28 Jul 2015 01:22:00 +0000

El artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social señala los nueve indicadores sobre los cuales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mide la pobreza en dos grandes rubros. El primero, el ingreso; y el segundo, una serie de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por último pero no menos importante, el grado de cohesión social.

A propósito del reciente informe de la CONEVAL de medición de la pobreza en el 2014 en México, no hay buenas noticias cuando de 2012 a 2014 el número de personas en pobreza es de 55.4 millones de mexicanos, con una diferencia de 2 millones entre 2012 y 2014.

Tanto el ingreso, como las carencias sociales señaladas, son objetivos nacionales previstos en la Carta magna, vistos desde el punto de vista de la seguridad nacional mexicana.

Por lo que se refiere al ingreso, este quizá puede ser considerado el principal responsable de la pobreza en la que no estamos bien. Por ejemplo, un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que en 2012, el salario mínimo en México era de 101.3 dólares al mes, por arriba de República Dominicana con 97.2 dólares mensuales y por debajo de Bolivia con 153.6 Chile con 132.3 o Nicaragua con 191.2 dólares, respectivamente.

Respecto al segundo grupo, -el de las carencias sociales con 8 indicadores-, no toma por sorpresa el rezago educativo, cuando la reforma educativa de este sexenio no ha sido materializada del todo, en parte por la responsabilidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus métodos de presión sobre el gobierno de Oaxaca y del Federal, para acceder a sus peticiones que no se les examine a los docentes para subir de nivel.

Sobre los servicios de salud, seguridad social, alimentación, vivienda y cohesion social, es el indicador para afirmar que no son las políticas indicadas las que se implementan en estos rubros, cuando el 58.5 % no tiene seguridad social, 23.4% sin acceso a alimentación, 18.2% sin servicios de salud, 21.2% sin servicios básicos de vivienda. Aquí, interviene la responsabilidad de los Gobernadores de las Entidades Federativas, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que los mayores desvíos de recursos se encuentran en los rubros presupuestales de salud, educación y seguridad.

Pero no sólo estos dos grandes rubros a los que la Ley se refiere son los de pobreza en el país y que serían considerados en los derechos de segunda generación. Para ampliar la evaluación y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la vida digna, entre otros.

Como ejemplos de esta necesidad, es que México ocupa el tercer lugar en ciberdelitos, sólo superado por China y Sudáfrica y ha sido reprobado en derechos humanos o por organismos internacionales y cuestionado en métodos y procedimientos de acceso a la información, como el abuso para calificar como asunto de seguridad nacional algunos temas y así evitar su divulgación.

Si la ciudadanía pudiera ejercer a plenitud el derecho a la información y la clase política se comprometa con la aplicación del estado de derecho, podría avanzarse mucho en el combate a la corrupción y a la impunidad, como principales factores de la existencia de una burocracia no profesional, politizada y sometida a márgenes de corrupción que generan escándalos como El Chapo, Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, Ostula, Casa Blanca, Grupo HIGA, OHL, Ronda Uno, los departamentos de José Murat, la corrupción de los Moreira, etcétera.

Nada se resolverá si nos enojamos

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 21 Jul 2015 01:19:00 +0000

Estas fueron las palabras aludidas por el Presidente de la República, para señalar a quienes nos llenamos de indignación por la corrupción e impunidad alrededor de la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Porque detrás de una decisión mediática está proteger a un servidor público como lo es, la remoción del director inteligencia de la Policía Federal, para trasladarlo a la división científica de la misma dependencia, según el portal de Ana María Salazar, entonces, ¿En qué consiste la traslación de un mando a otra área de igual responsabilidad sin que sea sancionado por la fuga de “El Chapo”?

Porque en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014 – 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2014, el diagnóstico ahí señalado es, que el Sistema Penitenciario Nacional -conformado por los centros penitenciarios del ámbito federal y local-, ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo.

Porque el mismo Programa afirma que, entre otros problemas, hay sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, carencia de manuales de procedimientos para el uso de la fuerza y falta de control de personal, que garantice la seguridad y evitar fugas, como las que por tácticas y operaciones, el Presidente de la República pide a la ciudadanía que con enojo e ira no se resuelva este problema.

Por supuesto que no puede resolverse con enojo, cuando en 2013 la sobrepoblación en Centros Penitenciarios es casi de una cuarta parte de su población normal y a un año de entrar en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal (oral) y cuando en todo el país se producen 22 millones de delitos y solamente 22 mil de ellos causan sentencia. Terrible.

Ni tampoco puede responsabilizarse a la institución de la Secretaría de Marina, lo que conforme a derecho le corresponde a la Procuraduría General de la República, como lo es, la investigación y recaptura de delincuentes, como “El Chapo”.

No podemos decirnos sorprendidos y ahora enojarnos, cuando fueron llamados a ejercer cargos públicos relacionados con la operación de los centros penitenciarios, a personajes con dudosa y corrupta reputación en cargos de similar equivalía. La responsabilidad es del nivel de autoridad que los convocó y les permitió ejercer una función cuando eran conocidos sus antecedentes.

Los ciudadanos no debemos sentirnos enojados o iracundos, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la PGR le hayan permitido a la organización delictiva de Guzmán Loera, seguir conservando cuentas bancarias y bienes materiales para mantenerse vigente y contar con los recursos económicos necesarios para pagar personal y material para la excavación del túnel por donde se fugó el capo.

No podemos llamarnos enojados, cuando es un asunto de Estado y no de partidos políticos en el poder, toda vez que es la segunda ocasión que escapa “El Chapo” de compurgar una pena en cárceles mexicanas, cuya clase política prefiere voltear a otro lado, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró y se enquistó en los subsistemas de seguridad y político, que para donde apunten los señalamientos de las investigaciones, se abre alguna rendija o puerta, por donde escurren y escurren intereses ajenos al servicio público integrados a la corrupción, dañina para el país.

No. La verdadera razón no es el enojo ni la ira que provoca el escape, sino la burla de que fue objeto el gobierno, aquí y en el extranjero.

El punto más bajo del sexenio

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 17 Jul 2015 01:28:00 +0000

Cuando cayó la noche del sábado 11 de julio pasado y mientras comenzaba la gira de Estado por Francia, el titular del Ejecutivo Federal era informado por el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, de la nueva fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, que cayo como balde de agua fría en su primer círculo de colaboradores.

Así y durante toda la semana en que el Presidente de la República ha estado en visita oficial, columnistas de todos los medios han descrito las condiciones tácticas operativas y de inteligencia de los subsistemas del campo de seguridad, cuyas condiciones rodearon la fuga del capo.

Otro más han realizado mapas mentales con las responsabilidades de los servidores públicos de primer, segundo y tercer nivel.

Lo cierto es que se vulneraron los sistemas penitenciarios, de seguridad y se omitió cortar el flujo de financiamiento hacia la organización de Guzmán Loera, que le permitió a su equipo en el exterior del penal del Altiplano, contratar el personal y recusos necesarios para construir el túnel, así como para generar una capacidad de soborno al interior de dicha prisión, es decir, hubo un trabajo coordinado al interior y exterior de la cárcel.

De igual manera durante toda la semana en redes sociales, la ciudadanía volcó su burla contra el gobierno federal, ante su incapacidad y corrupción en los subsistemas de seguridad y político. El gobierno federal ofreció 60 millones de pesos por datos para facilitar su nueva captura.

Así, el Secretario de Gobernación, la Procuradora General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad y el director del CISEN fueron citados a comparecer ante los legisladores, diputados y senadores, integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para que explicaran lo sucedido en ese penal, mismos funcionarios que son presionados ante la opinión pública por la oposición para que renuncien a sus cargos.

Por su parte, en Washington la DEA para ocultar su molestia, manifestó su disposición a colaborar, -nuevamente-, en la búsqueda y recaptura del narcotraficante, incorporándose la Interpol mediante una alerta internacional.

Editoriales y las ocho columnas los diarios internacionales, daban cuenta de la burla y humillación de la que había sido objeto el gobierno mexicano

En el plano político , el PRI y el PAN encabezaron durante la sesión de la Comisión Permanente, una guerra de acusaciones mutuas, cuando el PRI señalaba que en la administración del expresidente Vicente Fox Quesada había escapado Guzmán Loera; por su parte, el PAN le recriminaba al PRI lo mismo.

Un par de días ante y en lo que pareciera un alejamiento político del PRI hacia el Presidente, el CEN emitió un comunicado con desafortunadas afirmaciones: “No tienen autoridad moral quienes iniciaron esta guerra cruenta y absurda contra el crimen organizado”.

Prosigue el comunicado, señalando: “Durante sus gobiernos no sólo se evadió el mismo criminal, con la omisión y la connivencia de los suyos; el "Chapo" pasó de ser el criminal más buscado de México al más poderoso del mundo”.

Es desafortunada, porque parece que en el PRI la solución a este y quizás a muchos problemas del país lo sea, culpar al pasado, señalar con el dedo flamígero a las administraciones anteriores panistas.

Es como si el PRI no hubiera participado desde el 2000 hasta el 2012, en la construcción del país que ahora tenemos. Como si el PRI no hubiera controlado el Congreso y la intención de legislar la presencia del ejército en las calles y que ahora se les está volteando.

Un partido que ante su peor crisis de seguridad nacional de tiempo atrás, sus legisladores le niegan el derecho a la ciudadanía de conocer la verdad, por más cruda y ruín que esta parezca.

Un instituto político integrado a un sistema de partidos, cuya clase política prefiere voltear a otro lado, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró y se enquistó en los subsistemas de seguridad y político, que para donde apunten los señalamientos de las investigaciones, se abre alguna rendija o puerta, por donde escurren y escurren intereses ajenos al servicio público integrados a la corrupción, dañina para el país.

El comunicado del PRI es como escupir hacia arriba; es como dejar de reconocer que los relojes de medio millón de pesos, que las casas blancas y las de Malinalco y los departamentos en Manhattan en Nueva York no existen y cuya naturaleza es el verdadero causante de la fuga del capo en El Altiplano.

Mientras tanto en este momento, seguramente el Primer Mandatario ya debió haber analizado qué hacer con los servdiores públicos señalados, o como dijo Brozo: “¿Qué tiene que pasar en este país para que alguien renuncie?”.

Imperdonable, la fuga de “El Chapo”

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 14 Jul 2015 01:17:00 +0000

La noche del lunes 13 de julio, el Secretario de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, ampliaba la información a la incrédula opinión pública, sobre la nueva fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” ocurrida del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Antes como usted recuerda, en un operativo en Mazatlán, Sin. en febrero de 2014, elementos de la Armada de México detuvieron al “El Chapo”, luego de haberse fugado hace 13 años del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, en el que se sabe que fueron esenciales para la captura, los datos aportados por la geolocalización, rastreo de llamadas y escucha de un teléfono celular que portaba.

Mientras tanto, no se dejaron esperar las reacciones en redes sociales, con memes y comentarios sobre la forma y la debilidad del sistema penitenciario mexicano que permitió, una vez más, que el capo se diera a la fuga, mientras el Presidente de la República se encuentra fuera del país, en Francia, acudiendo a los festejos por la Toma de La Bastilla.

Las consecuencias de esto no podrían hacer esperar. En lo que “El Chapo” escapa, México no ha nombrado Embajador en Washington a quien la DEA o la Casa Blanca llame en este momento, para pedir explicaciones de la fuga y del porqué en su momento, el exprocurador Murillo Karam se negó a extraditar al capo, argumentando que no existía el riesgo.

Abre una crisis de la clase política mexicana con el sector militar mexicano, quien a través de la Armada de México y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos le han cargado la mano en la lucha contra el crimen organizado, y que lejos del esfuerzo castrense, se ve cómo el poder corruptor de la delincuencia genera un nuevo frente en el poder político y en sus estructuras de seguridad, que le permitieron escaparse.

Resulta inconcebible y hasta burlesco, que mientras se descubra la adquisición de un software informático producido por la compañía Hacking Team, que interviene a control remoto dispositivos móviles y que extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan, que es usado por el Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y gobiernos de 11 Entidades Federativas, como Jalisco, Puebla, el Distrito Federal y algunas más, no orienten el uso de esta tecnología para perseguir o mantener delincuentes recluidos en la cárcel, sino que sea usado para obtener información con uso político.

El responsable de los centros penitenciarios federales que hay en el país es la Secretaría de Gobernación, mediante su titular Miguel Ángel Osorio Chong, quien ante esta grave y delicada situación, se menciona su remoción de tal encargo y que políticamente podría ser substituido por el Diputado Manlio Fabio Beltrones, dada la coyuntura de fin de legislatura.

Retomando, la fuga del capo abre la necesidad de reorientar los esfuerzos anticorrupción, de cuestionar la formación de la seguridad pública de los Estados, el sistema penitenciario y su corrompibilidad y la permanencia de las fuerzas armadas en la calle en un desgaste innecesario; todos incorporados al modelo de seguridad mexicano de la presente administración.

Además es posible que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no haya desmantelado la red financiera de “El Chapo” y con ello, facilitar su escape.

Mientras haya personajes de la vida política que presuntamente tengan relaciones de poder o subordinación con delincuentes, no será posible controlar la inseguridad que aqueja en el país.