La propuesta del presidente Uribe de vincular a mil estudiantes de Medellín como informantes de la Fuerza Pública y pagarles 100.000 pesos mensuales, como parte de una estrategia para combatir la violencia que ha desbordado la capacidad de las autoridades —los homicidios aumentaron 64 por ciento el año pasado—, me parece irresponsable y peligrosa, además de improvisada y torpe.

Un as que Uribe se sacó de la manga para salirle al paso a una situación de violencia que indica que la política de seguridad democrática que ha reducido la intensidad del conflicto en el campo, disminuido los secuestros, las tomas de pueblos y los atentados contra la infraestructura, en Medellín —y otras grandes ciudades— ha tenido un impacto mínimo y no pasa de ser un eslogan. La inseguridad urbana es el talón de Aquiles de una política concebida básicamente para aniquilar a las Farc, y no como estrategia integral de convivencia y seguridad ciudadanas con participación de alcaldes y gobernadores para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.

El Gobierno, de pensamiento único y primario, y con una visión estrecha y miope de la realidad, carece de una estrategia integral para enfrentar un fenómeno de tan graves dimensiones, implicaciones y consecuencias como el narcoparamilitarismo. Porque de eso es de lo que se trata la violencia en Medellín. Tanto Ideas para la Paz, como la Corporación Arco Iris, el programa ‘Medelín cómo vamos’ y las mismas autoridades de Policía, coinciden en que el aumento de la tasa de homicidios se debe, sobre todo, a la intensificación de actividades relacionadas con el narcotráfico, a ajustes de cuentas, al reacomodo de las estructuras que quedaron después de la desmovilización de las Auc y al surgimiento de nuevas bandas.

Según el más reciente informe de Ideas para la Paz (¿Para dónde va el paramilitarismo en Colombia?), la apuesta del Gobierno a la desmovilización de las Auc ayudó a identificar el poder paramilitar y a hacer visibles a las redes de narcotraficantes que lo apoyaban, pero no desarrolló un plan paralelo para desmontar esas mafias, que quedaron intactas y siguieron delinquiendo sobre todo en zonas urbanas, y eso favoreció, además, el surgimiento de nuevos grupos. El cálculo es que en Medellín operan 145 bandas que controlan por lo menos 60 barrios donde imponen su ley: la del más fuerte y la del silencio.

Esas comunidades viven bajo el régimen del terror y para ellas la Policía es solo un actor armado más. No hay confianza en las autoridades, ni en la Justicia porque no llega ni siquiera cojeando. En este complejo escenario, la propuesta de los estudiantes-‘sapos’ es un despropósito: los desvía de lo que debe ser su prioridad —estudiar—, y los involucra en el conflicto, los convierte en carne de cañón. Las funciones de Inteligencia corresponden al Estado, a funcionarios entrenados y especializados, no a estudiantes necesitados y vulnerables, susceptibles de presiones, extorsiones y chantajes. Más grave aun, la propuesta contradice una sentencia de la Corte Constitucional (C-251 de 2002) según la cual es posible incluir a los civiles en las actividades de seguridad y defensa, siempre y cuando no los convierta en “espías al servicio del Estado, o en sucedáneos de la fuerza pública”.

¿Prosperará la desatinada idea presidencial? Es posible. Pero si ni siquiera las autoridades han sido capaces de mantener a raya a los criminales, y si medidas como el toque de queda para menores, restricciones a los parrilleros de motos, el desarme y la militarización de las comunas han logrado frenar la ola de homicidios, convertir a los estudiantes en espías pagados, lejos de contribuir a la solución, lo que hace es echarle más leña al fuego.

Un comentario final: sabemos dónde empezaron las tristemente célebres Convivir que Uribe impulsó en la Gobernación (1995-1997) y también sabemos dónde terminaron: convertidas en instrumento del proyecto paramilitar. ¿Acaso no hemos aprendido la lección? Increíble, ni siquiera la letra con sangre entra.

Me da envidia de la buena lo que acaba de suceder en Chile y no por el timonazo a la derecha, sino por la forma en que se produjo. No había terminado el recuento de votos —iba en el 60 por ciento—, cuando el candidato de la Concertación, el ex presidente Eduardo Frei, reconoció la derrota y en actitud democrática y por demás caballerosa acudió a la sede del ganador Sebastián Piñera para reconocerle el triunfo.

Y cabe destacar también el ejemplo que dio la presidenta Bachelet al rechazar cualquier intento de modificar la Constitución para hacer posible su reelección, pese a que su 81 por ciento de popularidad le habría servido para allanar el camino para apoltronarse en el poder. Pero no, ella conoce, y muy bien, los riesgos que implican los gobiernos que, por las buenas o por las malas, se prolongan más allá de lo conveniente. Chile aprendió con la sangre y las lágrimas que le significaron los 17 años de la dictadura de Pinochet, el enorme valor de la democracia, según Churchill “el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás”.

Me da envidia de la buena el mutuo respeto que mostraron los candidatos y la reacción de los voceros de la Concertación que hizo la difícil transición a la democracia hace 20 años. Pese a la derrota, la presidenta Bachelet puede salir con la cabeza en alto y a Frei, que tuvo que liderar una alianza desgastada y fragmentada, los chilenos le reconocen que gracias a su tenacidad —y al empujón de última hora del Gobierno— logró recortar la amplia ventaja que le llevaba Piñera para conseguir más del 48 por ciento de los votos, lo cual, sin duda, disminuye significativamente el impacto político de la derrota. Vendrán después las cuentas de cobro e incluso existe la posibilidad de que la coalición se desbarate. Pero esa es otra historia.

Algunos analistas aseguran que el triunfo de Piñera debe verse como resultado de una lección aprendida por la derecha, que entendió las negativas consecuencias de despreciar y subvalorar el papel de los partidos, y de buscar apoyo en personalidades carismáticas, como fue el caso de Jorge Alessandri en 1958, que hasta la del domingo pasado fue la última gran victoria electoral de la derecha. Sostienen, además, que tras la dictadura de Pinochet y restablecida la democracia, los partidos de derecha tuvieron que aprender a competir, pues como eran más de opinión que de clientela muchas veces privilegiaron en exceso sus propios proyectos en detrimento de la colaboración, error que les costó dos elecciones presidenciales.

El cambio significa para unos y otros nuevos retos. La nueva coalición gobernante, de centro-derecha, debe entender que no puede darse el lujo de arriesgar su unidad por pugnas menores, y que debe hacer hasta lo imposible para mantener el espíritu de inclusión de la campaña. De eso parece estar consciente Piñera, que se declaró partidario del diálogo y de los grandes acuerdos, necesarios para enfrentar problemas no superados —pobreza, delincuencia y educación—, y quien anunció que su gobierno será de unidad nacional. Por su parte, la Concertación, de centro-izquierda, deberá resistirse a la tentación de girar en exceso hacia la izquierda si no quiere comprometer sus éxitos del pasado y si aspira, como es lógico, a recuperar el poder dentro de cuatro años.

El desafío no es menor y por lo pronto cabe destacar que el triunfo de Piñera es la reafirmación de un principio central de la democracia: la alternancia en el poder. Que la popularidad de los gobernantes no es endosable y que las democracias modernas se juegan en torno al centro. Me da envidia de la buena la gran lección que acaban de darnos los chilenos.

“Los políticos de fuste generalmente son psicópatas por una sencilla razón: el psicópata ama el poder”. Lo dice el psiquiatra Hugo Marietán, miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatría y reconocido especialista en psicopatía y personalidades atípicas. Advierte, sin embargo, que no todos los líderes políticos son psicópatas, ni todos los psicópatas enfermos mentales del tipo de Hannibal Lecter, el perturbado psiquiatra de El silencio de los inocentes.

Es decir, que no todos los psicópatas deberían estar aislados y bajo tratamiento, porque la psicopatía admite grados o intensidades. Los de intensidad muy alta son, por ejemplo, los asesinos en serie y los violadores. Los de baja intensidad, aunque tienen rasgos básicos similares de personalidad a los de alta intensidad, son los que Marietán llama psicópatas cotidianos. ¿Cómo distinguir un político psicópata del que no lo es? Fácil: por el afán desmedido de poder y de protagonismo; porque no le gusta delegar; porque tiene muy baja tolerancia a la frustración y al fracaso; porque tiene una lógica diferente y se mueve por códigos propios, distintos a los que maneja la sociedad en general; porque a diferencia de un político normal que sabe que su función tiene un límite y cumplida su misión se va, el psicópata, una vez instalado en el poder, quiere quedarse, repetir una, dos, tres veces... Se niega a soltar la sartén.

También figuran entre sus características utilizar siempre una bandera suprapersonal —apela a la Patria, a un proyecto nacionalista, de liberación del yugo imperial, a la raza superior, al hombre nuevo...—, y creer que todo tiene que estar a su servicio, incluso las personas mismas. Ellas son solo un instrumento de sus ambiciones y como ser muy convincente es otro de sus rasgos distintivos, logra reunir a su alrededor a áulicos y obsecuentes, que bajo su efecto persuasivo son capaces de hacer cosas que de otro modo no harían. En este sentido, el clientelismo les sirve a los políticos psicópatas para intercambiar favores útiles con el fin de construir o consolidar su poder.

El político psicópata trabaja para sí mismo, aunque en su discurso diga todo lo contrario. Carece de la habilidad emocional de la empatía —la capacidad de ponerse en el pellejo de los otros— pero finge sensibilidad. Y como no se adapta a la tranquilidad, no tiene papel en la paz. Necesita la inestabilidad, el conflicto, los sobresaltos, la hecatombe y por eso busca siempre un enemigo para aglutinar y erigirse en salvador.

Su talón de Aquiles es la frustración de sus planes. Cuando le apuestan a un proyecto ponen todas sus energías en él y si las cosas no salen como quieren y la gente empieza a perder confianza, pueden tener actitudes muy torpes y cometen errores. Controladores por naturaleza, se desorganizan y no pueden aprender de sus errores. No cambian porque la psicopatía es una estructura que no cambia.

Un estudio realizado en Estados Unidos sostiene la tesis de que políticos de este tipo y criminales comparten el mismo perfil psicológico: seguridad, incapacidad para el arrepentimiento, anteponer el fin a los medios, ausencia de remordimiento, osadía, arrogancia y una capacidad de decisión que no admite duda ni reflexión.

Para sacarlos del poder hacen falta muchos líderes comunes, normales, o un psicópata de su talla que les haga frente. Sin embargo, lo mejor es aprender a no elegirlos. Si entendiéramos los mecanismos de la personalidad psicótica, deberíamos votar por otros líderes, también carismáticos, pero no obsesionados por el poder. Porque la obsesión por el poder no solo corrompe, sino que envilece. El deseo de dominar, la mayor de las pasiones humanas, convierte a este tipo de líderes en un problema de marca mayor. La Historia está llena de ejemplos: Mao, Stalin, Hitler, Franco, Musolini, Pol Pot, Castro, Somoza, Pinochet, Chávez… Siguen más nombres de aquí y de ahora, de ayer y de siempre.

El año nuevo despunta con el fantasma de la reelección y un enfrentamiento no resuelto entre el Presidente y la Corte Suprema. Con una estela de escándalos de corrupción y un sistema de salud en cuidados intensivos porque al ministro Palacio le quedó grande el cargo y como cancerbero del Gobierno se dedicó a defenderlo —y a defenderse— del escándalo de las notarías antes que a poner orden en la casa. Con el desempleo por las nubes, la inseguridad en las ciudades desbordada, y la proliferación de bandas de narcos y paramilitares de nuevo cuño. Con un rezago imperdonable en infraestructura porque al ministro Gallego se le da mejor el ministerio de Dios que el de Transporte. Con las relaciones con Venezuela en el peor momento de su historia y con cientos de miles de desplazados y un largo etcétera de problemas, entre los cuales la guerrilla parece el menos grave.

Pese a esto y a que sienten el peso de la crisis en sus bolsillos, los colombianos se muestran optimistas. O por lo menos es lo que indica la encuesta de Invamer-Gallup publicada la semana pasada: 43 por ciento cree que las cosas están mejorando. Es bueno no ver el futuro negro pero tiendo a pensar que los piticos y tambores de las festividades navideñas contribuyen al buen ánimo pero distorsionan la realidad.

Analizada la encuesta, sorprende la disociación que hacen los encuestados entre la gestión del Presidente —73 por ciento de aprobación— y factores que deberían reflejarla pero que están empeorando según los encuestados. Por ejemplo, el desempleo: el 70 por ciento cree que va mal, frente al 62 por ciento del año pasado; en inseguridad, el 53 por ciento dice que está empeorando en comparación con el 45 por ciento de 2008. Y lo mismo pasa en salud, 39 por ciento vs. 34 por ciento; apoyo al agro, 38 por ciento vs. 29 por ciento; relaciones internacionales, 46 por ciento vs. 26 por ciento; corrupción, 53 por ciento vs. 49 por ciento.

La disociación es aun más curiosa si se tiene en cuenta el estilo de gobernar de Uribe, que es el de la microgerencia, el de meterse en todo, concentrar y centralizar el poder, invadir todas las instancias... La gente no le pasa cuenta de cobro por lo que va mal y eso que lo rajan en manejo del desempleo, el costo de vida y la corrupción.

Francamente, no entiendo, y con la venia de los psicólogos invado sus terrenos. Me parece que la situación podría asimilarse a lo que ellos llaman codependencia: la adicción de Uribe al poder tendría como correlato la codependencia de sus adoradores que creen que sin él, la hecatombe: el Caguán. Opinión simplista, alimentada por adicciones ideológicas que siguen influyendo pese a que la lección del despeje es una lección aprendida, y a que no hay uno solo de los candidatos que haya dicho, ni remotamente, que repetiría esa experiencia.

Para completar el cuadro clínico de un país que se me antoja esquizofrénico, basta mirar otros resultados de la encuesta: mientras el 60 por ciento dice estar de acuerdo con que el Presidente pueda presentarse a las elecciones de 2010, el 58 por ciento cree que el diálogo es la mejor opción para solucionar el problema con la guerrilla. Todo lo contrario a la propuesta uribista.

Sin ánimo de aguar las fiestas pero a sabiendas de que después viene el guayabo, ¿no hay ya muchas señales de peligro como para querer más de lo mismo? ¿No son cada vez más extendidas las señales de corrupción —mal disimuladas en los altos niveles— y de resquebrajamiento institucional? ¿No hay ya muchas y muy importantes voces amigas y de la comunidad internacional que advierten sobre los riesgos de la perpetuación en el poder como para hacer oídos sordos?

Hay solidaridad con la política de seguridad pero también hay otros programas de Gobierno con mejores perspectivas de éxito. No hay que destruir nada porque lo que no sirve se va cayendo por su propio peso y lo que sirve nadie es tan idiota como para destruirlo. ¿No será posible que la sabiduría reemplace a la necedad? Como dice la novena navideña, “Ven Divino Niño, ven para enseñarnos, la prudencia que hace verdaderos sabios”. ¡Felices fiestas!

¿A cuál candidato le confiaría el cuidado de sus hijos?, pregunta la revista Credencial en su última edición mediante una encuesta de Ipsos-Napoleón Franco. El interrogante me quedó sonando y tras largas consultas nocturnas con la almohada llegué a las siguientes conclusiones.

Debo confesar que me daría mucha pereza confiarle mis hijos a Noemí Sanín porque carece por completo de sentido del humor y se toma demasiado en serio (“Espejito, espejito, ¿quién le sirve mejor a la Patria?”). Me la imagino dándoles lora y llevándoselos de gira para que conozcan la realidad nacional. Dejarlos con Gustavo Petro me parecería un castigo innecesario y no por las razones que parecerían obvias: su pasado guerrillero. Petro ha honrado su palabra de jugar con las reglas democráticas. La razón es más simple: por aburrido y en exceso serio. Sería como condenarlos a un tedioso toque de queda.

Con reservas se los dejaría a Germán Vargas Lleras. Digno nieto de su abuelo, es de malas pulgas y arrogante. Sin embargo, creo que gozarían con su negro sentido del humor y que para no aburrirlos los llevaría a bucear. Reservas similares me despierta Juan Manuel Santos pero, reservas aparte, creo que les armaría planes ‘superguau’ aunque, claro está, no el de montar en helicóptero oficial porque perdió los privilegios que le daba el Ministerio. Eso sí, le pediría el favor de que no les enseñara a jugar póquer.

Si los dejara con Sergio Fajardo o con Antanas Mockus tendrían menos aventuras que con Santos o con Vargas, pero les pondrían a funcionar el coco con juegos y acertijos. Y siempre es bueno que la diversión no sea siempre sinónimo de sobredosis de adrenalina. Pero a Mockus le rogaría que se abstuviera de llevarlos a donde su mamá: es muy brava y como vive entre la chatarra de sus esculturas, los niños podrían cortarse y habría que vacunarlos contra el tétanos.

A Rafael Pardo le entregaría la custodia de mis hijos sin dudar. Pese a evidencias en contrario, es divertido y tiene un fino sentido del humor, muy bogotano como el de Vargas Lleras. Como es papá todoterreno, cómplice de sus hijas y de buen genio, les haría la segunda en todo e incluso si no jugara Santa Fe, lo llevaría a fútbol.

A Andrés Felipe Arias, por el contrario, no se los dejaría ni en situación de calamidad doméstica. Muy agresivo, muy sobradito, muy sabihondito. Muy “mamón”. En fin, ¿para qué seguir? Mis hijos nunca me lo perdonarían.

¿Y al presidente Uribe? El 27 por ciento de los encuestados por Credencial dicen que le dejarían sus hijos. Yo, ¡ni loca! No les daría tregua, los obligaría a levantarse al alba y a bañarse en agua fría para templar el alma y mantener a raya las pasiones para aplazar el ‘gustico’. Goticas de la doctora Elsa Lucía para el autocontrol, rosarios hincados de rodillas y meditación yoga patas- arriba. Luego una hora de trote y desayuno frugal: arepita de Montenevado y café negro. Ni en domingo los dejaría hacer ‘locha’.

¿Lecturas? Nada de perder el tiempo con novelas, cuentos o ensayos. Solo el suplemento de ‘Tierras y Ganados’ de El Tiempo, los libros sobre la ‘doctrina uribista’ del “tanque de pensamiento agresivo” de José Obdulio, y El arte de la guerra, de Sun Tzu. De cine, ni hablar. Si acaso videos sobre cómo inseminar vacas o entrenar caballos de paso fino o sobre sistemas eficientes de recolección de basuras. Nada de ocio, puro negocio.

No los dejaría invitar a sus amigos gay y si alguno llegara a colarse por el sótano en la Casa de Nari…(“¡Le doy en la cara, m…!) Nada de las manos bajo la ruana para ver televisión con las amigas en los gélidos salones de Palacio. Nada que alborote las hormonas. Y, por si las moscas, un cursito de flagelo y cilicio con César Mauricio Velásquez para que los adoctrine y los conduzca por el tortuoso y torturado camino que

lleva al Opus Dei. Solo con una condición los dejaría en manos de Uribe: que el Ejército se los acepte como servicio militar.

La cumbre sobre cambio climático de Copenhague se da en medio del anuncio de la Organización Mundial de Meteorología de que la década 2000-2009 ha sido la más caliente desde 1850, y 2009 el quinto año más cálido. En Bogotá damos fe del fenómeno pues hemos vivido días de hasta 24 grados. Algo hay que hacer, y pronto, porque está en juego no la supervivencia del planeta —que durará por los siglos de los siglos— sino la de los seres humanos y de la naturaleza tal como la conocemos. No es poca cosa aunque hay escépticos, realistas, pesimistas…, que creen que no vale la pena conservar una especie que, pese a que supuestamente se diferencia de los animales por la razón, ha demostrado límites inauditos de irracionalidad y barbarie, y ha sido incapaz de construir un mundo sin hambre, sin injusticias, sin discriminaciones, sin guerras.

Pero como todo indica que el interés es evitar la extinción de esa especie que no ahorra esfuerzos en su propia destrucción, la Cumbre es en buena parte responsable de su destino, de todas maneras incierto. Dos de los interrogantes clave han gravitado en ese cónclave climático en el que participan 192 países: la oferta en materia de reducción de gases de efecto invernadero de las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y si saldrá de ella un convenio que comprometa a los participantes con metas concretas para evitar la catástrofe que se derivaría si no se pone freno al calentamiento global. Las del Protocolo de Kioto —no firmado por Estados Unidos— solo se aplican a un pequeño grupo de países y expiran en 2012. De ahí la necesidad de un nuevo tratado más ambicioso, ampliado y más exigente.

China, el que genera más emisiones de CO2, ya criticó por insuficientes las propuestas de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, muy por debajo de los porcentajes que el panel de expertos de la ONU considera adecuados: entre 20 y 40 por ciento en los próximos 10 años, si de verdad el propósito es evitar una catástrofe. Sin embargo, todo indica que más que reducir las emisiones en porcentajes significativos, el compromiso será más bien frenar su crecimiento. De todas maneras, un acuerdo en este sentido implica reducir el uso de combustibles fósiles —petróleo y carbón— la fuente más barata de energía, lo cual aumentaría el empleo de energías alternativas que son más costosas.

¿Cuánto vale introducir los cambios necesarios en la forma en que vivimos, en la forma en que producimos lo que consumimos? Trillones de dólares, aseguran los expertos. Por ejemplo, en solo infraestructura energética, la Agencia Internacional de Energía calcula que la transformación costaría más de tres trillones de dólares en inversión adicional en los próximos 20 años. Una suma relativamente baja en relación con la producción económica mundial, e insignificante si se analiza en el horizonte de las consecuencias de la inacción.

Los países en desarrollo exigen responsabilidades diferenciadas. El que la hace, la paga: el mundo industrializado es el mayor causante del problema, que pague para ayudar a resolverlo. Por lo pronto, los ricos han ofrecido 10.000 millones de dólares para ayudar a los más pobres a reducir sus emisiones, pero la suma es baja si la meta es contribuir al desarrollo sostenible de esos países y a su adaptación al cambio climático. Varios estudios, incluido uno del Banco Mundial, indican que serían necesarios cerca de 100.000 millones adicionales por año para ayudar a los países más pobres.

Un acuerdo global exitoso tendría que imponerse como meta impedir que la temperatura supere los 2°C en 20 años, pero es poco probable que los países más contaminadores se comprometan con los porcentajes necesarios de reducción de CO2, y si a eso se suma la incertidumbre sobre la forma como la atmósfera y los océanos responden al aumento de las emisiones y a que todo debe ser por consenso, difícilmente podría lograrse la meta. ¿Quién podrá salvarnos?

“Idiotas útiles” nos llama a los periodistas de CAMBIO el ex ministro Juan Manuel Santos, candidato en ciernes de La U, por haber publicado un resumen del informe de la Fundación Nuevo Arco Iris escrito por su director León Valencia —también columnista de El Tiempo y colaborador habitual nuestro—, sobre el estado actual del conflicto y cuya conclusión es que la política de seguridad democrática llegó al techo en lo militar y es necesario hacerle reingeniería. Olvida el ex Ministro sus tiempos de periodista y hace caso omiso de que el informe, basado en información oficial y de Inteligencia militar, la prensa regional y estudios de otros centros de investigación, fue difundido por diferentes medios, no solo por CAMBIO.

A nombre del Gobierno reaccionó el ministro de Defensa Gabriel Silva, que si bien fue más ponderado y reconoció que falta camino por recorrer, acudió al fácil expediente de la descalificación porque supuestamente oculta intereses políticos. Y, como era de esperarse, también se vino lanza en ristre el ex asesor José Obdulio Gaviria, con su gastada estrategia de señalar sin argumentos a quienes piensan distinto a él como amigos de las Farc o de Chávez. El caso es que ninguno parece haber leído el informe completo y por eso ni se enteraron de que reconoce los logros de la política, que disminuyó en forma significativa el número de homicidios, secuestros, extorsiones, atentados, tomas de poblaciones…, y destaca los esfuerzos del Estado y del sector privado que permitieron al Gobierno aumentar en más del 70 por ciento los efectivos de la Fuerza Pública y el gasto en defensa.

Advierte, sin embargo, que las acciones de las Farc han aumentado este año con respecto al pasado y que se han multiplicado las bandas criminales —el Gobierno las bautizó con nombre de antibiótico: Bacrim—, que son el recicle de desmovilizados y no desmovilizados, y que compiten por el negocio del narcotráfico y siembran el terror en algunas regiones. Y llama la atención sobre los dramáticos índices de inseguridad en las ciudades, algo en lo que coincide el programa ‘Cómo Vamos’ promovido por El Tiempo en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

El sesgo antiguerrilla de la política de seguridad democrática, derivado del conflicto —amenaza terrorista lo llama el Gobierno—, explica por qué la mayoría de los recursos han sidos destinados a combatirla. El problema es que no fue formulada como una política integral de convivencia y seguridad para enfrentar también las diferentes formas de violencia en las ciudades, y que involucra a los militares y no a los gobernadores y alcaldes. Y un país donde el 70 por ciento de la población vive en las ciudades, reclama atención a sus crecientes problemas de inseguridad en las calles, en las casas, en los lugares de diversión: robos, atracos a mano armada, sicariato, ajustes de cuentas… No es un invento de la oposición, simples percepciones subjetivas o paranoia de la gente. Basta leer la prensa, ver los noticieros de TV y oír la radio todos los días.

Que se necesita más y no menos seguridad democrática, dice el ministro Silva. El informe no sostiene lo contrario, sugiere la necesidad de revisar y reorientar la política para responder a los nuevos desafíos entre los cuales figura, además, el de su sostenibilidad hacia el futuro. Plantear un reajuste de la política no convierte a los investigadores ni en idiotas útiles de la guerrilla, ni en agentes de intereses políticos oscuros.

Creo que la reacción, los epítetos, la descalificación del informe no solo son una muestra más de la intolerancia del uribismo recalcitrante a la crítica y a lo que no sea aplauso, elogio o adhesión incondicional, sino que obedecen, ellos sí, a los intereses políticos en juego. Creen que discutir esa política, lo cual es posible en cualquier democracia seria, debilita las posibilidades de reelección y la suerte de las candidaturas uribistas. Ese es el problema de una política con nombre propio, personalizada: que no logra institucionalizarse como debiera. Y lo cierto es que se ha frenado y deteriorado en las propias manos del Presidente.

Tan lamentables como el silencio cómplice de Unasur y el cómodo e hipócrita mutismo de los Estados Unidos frente a las permanentes agresiones del presidente Chávez que empezaron a pasar del dicho al hecho, son las declaraciones y la diplomacia paralela de Ernesto Samper. Por su doble condición de ex presidente y de miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se esperaba de él una posición más cautelosa en la que primaran los intereses nacionales sobre la ideología, las diferencias personales, el afán de protagonismo político, sospechosos intereses privados o clavos por sacarse, en especial con Washington que en la nefanda época del Proceso 8.000 le quitó la visa.

Si bien Samper puede tener razón en muchas de las críticas que hace —y el Gobierno está pagando por sus propios errores y por negarse a considerar la óptica internacional de los vecinos—, estaba obligado a moverse como gato entre cristales en una coyuntura tan difícil y peligrosa como la que vive Colombia con su belicoso vecino el presidente Chávez, la más compleja después del incidente de la corbeta Caldas en 1987. Flaco favor hace Samper legitimando a Chávez.

Resulta un despropósito afirmar que el acuerdo de las bases es el peor error que haya cometido Colombia desde la pérdida de Panamá. Si se trata de soberanía, la de Panamá es la pérdida del activo geoestratégico más importante que tenía el país y no es comparable con el permiso de utilizar bases colombianas por personal militar gringo. Por otra parte, al ex presidente se le olvida —o lo omite por conveniencia— que durante su administración suscribió un acuerdo con Estados Unidos que permitía el ingreso de buques de la Armada en aguas territoriales colombianas, firmado por la entonces canciller María Emma Mejía, que no era sustancialmente diferente al de las bases y que tampoco fue llevado al Congreso con el mismo argumento que adujo el actual Gobierno. Es decir, que no es un acuerdo nuevo, sino una profundización de la cooperación.

Sorprende que quien debe conocer la geopolítica regional apoye las teorías y los delirios paranoicos de Chávez. Una cosa era Bush y otra Obama. Creer que este podría lanzar una invasión a Venezuela desde Colombia es desconocer las prioridades de su agenda externa. Como dijo hace unos días El País de Madrid, aun si Colombia “le suplicara a Washington de rodillas atacar a Venezuela, no lo haría ni por todo el oro del mundo”. Sería una aventura suicida.

Samper asegura que la crisis social en la frontera se debe a la inactividad del Gobierno colombiano, interesado en escalar el conflicto político atendiendo intereses como el de la reelección. Ni una palabra sobre el interés de Chávez de alimentar el miedo por una eventual invasión para distraer la atención de los problemas internos. Ni pío sobre la falta de cooperación de Venezuela para combatir a la guerrilla y al narcotráfico, o sobre las agresiones de la Guardia Venezolana contra los colombianos en la frontera. Ni una observación sobre los acuerdos del vecino con Rusia para armarse hasta los dientes, ni sobre el apoyo a Irán y a sus planes nucleares. Ni una palabra contra la política de cerrar las fronteras al comercio colombiano…

Contrasta la actitud de Samper con la que asumió el ex presidente César Gaviria a raíz de la crisis desatada por el ataque al campamento de ‘Raúl Reyes’. Tan crítico del Gobierno como Samper, Gaviria hizo a un lado las diferencias y ayudó a coordinar la estrategia para enfrentar el lío que se armó con Ecuador y que azuzó Venezuela. Y si cuestionó al Presidente por despreciar las vías diplomáticas, no lo hizo a los cuatro vientos sino en la reserva de la Comisión Asesora. Como debe ser. Samper, por el contrario, ha aprovechado la tribuna de algunos medios para lanzar mandobles contra el manejo de la política exterior y el acuerdo de cooperación militar, y así justificar la posición venezolana. Como quien dice, mucho mejor canciller de Chávez el ex presidente Samper que Nicolás Maduro.

Si algo polariza tanto como la política, son los asuntos que involucran convicciones religiosas y valores morales: el aborto, la eutanasia, la experimentación con células madre, el celibato sacerdotal, la adopción por parte de parejas homosexuales… Así lo demuestra la controversia que desató la decisión del juez que ordenó al ICBF tramitar la adopción de una niña por una pareja de lesbianas, cuya unión está formalizada en notaría y uno de cuyos miembros es la madre biológica. El argumento: la adopción le garantiza a la pequeña protección y el cumplimiento de todos sus derechos. El ICBF respondió que impugnará la sentencia porque las leyes establecen que familia es solo la que forman la unión de un hombre y una mujer.

Me alineo con la pareja por valiente y porque creo que su intención de legalizar la adopción de la niña es garantizarle sus derechos e impedir dejarla en condiciones legales muy riesgosas hacia el futuro. La niña merece la seguridad de dos padres legalmente reconocidos. Esa que no dan esos papás que, al divorciarse, se insolventan para negarle sustento a su familia, o aquellos que abandonan a sus hijos sin más.

Es difícil abordar la cuestión con cabeza fría. Los prejuicios enturbian la mente. El más fuerte es creer que el homosexualismo es una desviación, una perversión que, incluso, podría ser contagiosa. Numerosos estudios demuestran que factores biológicos y genéticos juegan papel importante en la sexualidad, incluyendo la orientación hacia uno u otro sexo. La persona no escoge ser homosexual o heterosexual.

La sociedad colombiana empieza a aceptar, no sin reservas, los derechos de los homosexuales —a heredar, a la seguridad social…— pero falta mucho para que la homosexualidad pase de ser apenas tolerada a plenamente aceptada. De ahí la urticaria que produce en los sectores más conservadores —con la Iglesia a la cabeza— el solo hecho de planear la posibilidad de la adopción y el matrimonio de parejas del mismo sexo. Lo miran desde lo moral y religioso, no a la luz de la Constitución y las leyes.

El ideal es que un niño tenga un padre y una madre porque necesita los modelos femenino y masculino para su identificación sexual y de género, y para la maduración de su personalidad, pero mucho va del deber ser a la realidad. Y la realidad es que en Colombia el 30 por ciento de los niños crece solo con la madre, el 3 por ciento solo con el padre y el 8 por ciento no vive con ninguno de los dos (Encuesta Nacional de Demografía y Salud).

Millones de niños son criados y educados sin un hombre a la vera, y numerosas investigaciones indican que los hogares a cargo de una madre sola son más propicios para una socialización sana de los hijos, que la convivencia en una familia formalmente completa pero en la que el padre no se involucra en el cuidado de los niños e incluso los maltrata. Y otras muestran que en familias compuestas por lesbianas con hijos de anteriores relaciones heterosexuales, gays con hijos adoptados, y parejas del mismo sexo con hijos no adoptados legalmente, los niños están integrados a la sociedad y su desarrollo psicológico y su vida son semejantes a los del resto de compañeros.

La dinámica social obliga a ampliar el concepto de familia y en este sentido parece que el legislador va más rápido que la sociedad misma. A la hora de la verdad lo importante de un hogar no es su estructura —hombre y mujer, mujer sola, hombre solo, madre y abuela, madre y tía, padre y abuelo, “mujer con mujer, hombre con hombre o todo lo contrario”, como diría la reina—. Lo fundamental es que aporte buenas dosis de afecto y comunicación, relaciones armónicas, protección y una vida estable con normas razonables. Es decir, calidad de vida.

Heterosexuales y homosexuales pueden ser o no ser elegibles para adoptar pero no necesariamente por su condición sexual. ¿No podría crecer mejor un niño en un hogar formado por una pareja estable de homosexuales, mentalmente equilibrados, que en uno donde el padre no da afecto sino rejo? ¿Por qué negarles la oportunidad a parejas del mismo sexo que se quieren y viven en armonía, de adoptar un niño para el cual esa puede ser la única oportunidad de tener un hogar? El debate está abierto.

No sé si significa un punto de quiebre definitivo pero los resultados de la reciente encuesta Invamer-Gallup indican un deterioro de la imagen del presidente Uribe y una pérdida de apoyo a su gestión, la más baja de los siete años de Gobierno. Un descenso de 21 puntos, lento pero sostenido, que viene registrándose desde la ‘Operación Jaque’ y en el que algún peso deben haber tenido asuntos tan graves como la ‘parapolítica’, la ‘Yidispolítica’, las ‘chuzadas’ del DAS, las ejecuciones extrajudiciales, la inseguridad urbana desbordada, el desempleo, la crisis de la salud, el enfrentamiento con la Corte Suprema y, sobre todo, la corrupción y la politiquería, asociadas principalmente -y por su cercanía en el tiempo en que se hizo la encuesta- con el escándalo de los subsidios de Agro Ingreso Seguro.

Que haya aumentado el número de personas que cree que las cosas van por mal camino (61 por ciento) y que solo uno de cada dos colombianos apoye una segunda reelección, parecen demostrar que el efecto acumulado de todos esos problemas de alguna manera han empezado a tocar al Presidente. De ahí la mella en su popularidad que, si bien se mantiene muy alta, acusa una tendencia descendente. ¿Un síntoma de que las mayorías uribistas que registran las encuestas empiezan a reaccionar y a darse cuenta de que la Colombia de Uribe no es necesariamente el paraíso recobrado? ¿Un indicio de que, por fin, empiezan a darse cuenta de las graves consecuencias institucionales de la reelección?

No importa cuántos logros puedan atribuírsele al presidente Uribe, tiene sobre sus espaldas un pecado mortal que la historia, implacable, le cobrará tarde o temprano: el desprecio por la institucionalidad. Por los partidos, a los que contribuyó a debilitar más de lo que estaban; por el Congreso, al que aportó su cuota para profundizar su desprestigio; por las cortes, a las que ha querido someter a sus designios; por la Presidencia, a la que convirtió en gerencia de micro-intereses, en oficina de quejas y reclamos y de negociación al menudeo, y por la Constitución, cuyo cambio propició acudiendo a las más vergonzosas y descaradas maniobras para alterar las reglas de juego de la sana alternancia en el poder en beneficio propio.

El gran aporte uribista a la teoría política moderna, el Estado de opinión como fase superior del Estado de Derecho, es el adefesio para disfrazar el proceso de deslegitimación de nuestra aún precaria democracia. Un proceso que hoy, en medio del peligroso pulso de poder entre el Presidente y la Corte Suprema, y con la espada de Damocles de una segunda reelección pendiendo sobre nuestras cabezas, pone al país al borde de la debacle institucional.

La historia está repleta de situaciones parecidas, unas más impúdicas que otras, y de ellas hay muestras en el vecindario. Resulta demasiado arriesgado y peligroso seguir secundando una aventura que afecta la normal marcha de los poderes públicos, que altera el sistema de pesos y contrapesos y alimenta la tentación de la presidencia imperial. Conviene mirar hacia Chile y Brasil para aprender de sus presidentes, Michele Bachelet y ‘Lula’ da Silva, ambos exitosos, ambos tentados para seguir en el poder. Una y otro se han negado a cualquier tipo de reforma en nombre propio. Ha primado en ellos la sensatez y el buen juicio. Saben que no hay éxito, por grande que sea, que justifique alterar los normales cauces institucionales. Como dirían las monjitas, que Dios ilumine a las mayorías uribistas para que no caigan en la tentación de perdonarle a Uribe lo que le condenan a Chávez.