Carbó & Martínez Abogados

EL FISCAL PEDRO HORRACH

2014-06-30T08:55:00.001-07:00

La publicación la pasada semana del Auto de imputación del caso Noos y el subsiguiente recurso presentado por el Ministerio Fiscal obligan a una necesaria reflexión.

En primer lugar, el estudio de una resolución judicial requiere tiempo y atención, máxime si la misma se plasma en 250 folios. Que el recurso al Auto, documento extenso y prolijo en datos, estuviese preparado de antemano dice poco a favor de quien lo suscribe. Sólo parece querer pregonar una gran indiferencia por el contenido literal de la resolución recurrida. No hace falta agotar el plazo legal establecido, pero el hecho de que el recurso haya sido presentado al día siguiente de notificarse el Auto no admite otra explicación.

En segundo lugar, es de notar la extensión del recurso del Ministerio Fiscal, generalmente parco en sus manifestaciones. En veinticinco años de profesión nunca he recibido traslado de un recurso del fiscal de más de cinco folios.

En tercer lugar, cabe destacar la vehemencia mostrada por el Ministerio Fiscal en su escrito. Trasciende las fórmulas habituales para confundirse en un mero interés de parte.

Finalmente, llama la atención las formas empleadas y la descalificación personal del Juez emisor del Auto. Si hubiese sido un abogado quien así se expresase seguro que merecería la reprobación de su Colegio profesional y quién sabe si también una sanción disciplinaria.

Valencia, 30 de junio de 2014

Elecciones al Parlamento Europeo 2014

2014-05-21T02:22:00.000-07:00

Elecciones al Parlamento Europeo 2014.

El domingo día 25 de mayo se celebran las elecciones para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Desde 1987 seis han sido las veces que los españoles hemos sido llamados a votar y la participación ha ido menguando de manera inexorable. En las primeras se registró una participación del 68,9 % de la ciudadanía, mientras que en las de 2009 sólo se alcanzó el 44,9 %.

La séptima llamada a las urnas está convocada para el próximo domingo con la incógnita de saber cuál será la respuesta de los españoles en el actual clima de desencanto con la clase política.

Sin duda un gran número de ciudadanos cumplirá con su deber cívico de acudir a votar, pero si la participación sigue descendiendo por debajo del porcentaje de anteriores comicios, habrá que preguntarse a quien representarán los elegidos.

Si la explicación se deja en manos de los políticos, seguro que, tras felicitarse por los resultados, encuentran la justificación en la lejanía de las instituciones europeas o en el desconocimiento por los votantes de las importantes decisiones que allí se adoptan.

Una explicación alternativa es que en las elecciones se vota a políticos y la clase política, en general y con todas las excepciones que se desee, ha dejado de estar bien vista por los ciudadanos de a pie. Basta echar un vistazo a las últimas encuestas del CIS para constatar que la corrupción y el fraude; y los políticos, son los problemas que más preocupan a los españoles, sólo por detrás del paro y de la situación económica que lo provoca.

No parece congruente dejar en manos de los políticos la solución al problema que ellos mismos transmiten a la ciudadanía. Casos de corrupción que nunca se resuelven, juicios que se eternizan y ausencia de dimisiones (en España no dimite nadie), no ayudan a disipar el sentimiento de desconfianza.

Urge una regeneración de las instituciones que aporte mayor transparencia y que motive a la población a participar de manera activa.

Aunque no exista una receta infalible sí que contribuiría a mejorar la situación que los partidos políticos se comportasen con mayor claridad en su funcionamiento interno, que convocasen elecciones primarias para elegir a sus candidatos. Que las listas electorales fuesen abiertas y no cerradas, de tal modo que un ciudadano pudiese elegir votar a un partido pero no a un determinado candidato, o candidatos de distintos partidos si así lo desea. Que se suprima el sistema d' Hondt en el cómputo de los votos que sólo beneficia a los dos partidos mayoritarios y fomenta el bipartidismo. Y, finalmente, que se elimine el mínimo del 5% de los votos para el acceso a la representación parlamentaria, pues con ello se ningunea el voto de miles y miles de ciudadanos que, con justo motivo, no se sienten representados en los resultados de las elecciones.

La Prescripción de los Delitos

2014-02-19T04:54:00.000-08:00

La prescripción de los delitos.

Hace unos días leí la novela del autor suizo Joël Dicker, La verdad sobre el caso Harry Quebert, que mereció el Premio Goncourt des Lycéens, el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y Premio Lire a la mejor novela en lengua francesa. Libro apasionante y de lectura recomendable.

En la trama se plantea la investigación de un asesinato ocurrido 33 años antes y que acarrea la detención de un famoso escritor. La acción se desarrolla en New Hampshire, en la costa este de los Estados Unidos.

Me llamó la atención que, si la acción hubiese transcurrido en España, el presunto delito habría prescrito mucho antes del hallazgo del cadáver.

En el ordenamiento jurídico español el Código Penal establece, en su artículo 131, que los delitos más graves prescriben a los 20 años. Sólo quedan fuera de este plazo genérico de prescripción los delitos de terrorismo, de lesa humanidad, de genocidio y los producidos en conflictos armados.

En los Estados Unidos de Norteamérica también se contempla la figura jurídica de la prescripción pero depende de cada estado y el Tribunal Supremo ha evitado pronunciarse en la fijación de un plazo concreto. Así se han podido seguir en la prensa recientes episodios como la solicitud de extradición del director de cine Roman Polanski por hechos acaecidos hace más de treinta años.

La institución jurídica de la prescripción encuentra su fundamento en el principio de seguridad jurídica, bajo una construcción civilista del Derecho. Pero la justicia penal resulta improrrogable y las dudas, respecto de la prescripción, se plantean principalmente en el caso de delitos que no fuesen conocidos o en los que no se tuviese constancia de los autores.

La justificación de la prescripción de los delitos en base al principio de seguridad jurídica se plantea como un postulado correcto, pero insuficiente.

Juan Manuel Carbó.

Abogado

La tasacion del inmueble en la Ley 1/2013.

2013-10-16T03:14:00.001-07:00

La tasación del inmueble en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La Ley 1/2013, que entró en vigor el día 15 de mayo, establece una importante novedad: El valor en que los interesados tasen la finca para que sirva de tipo de subasta no podrá ser, en ningún caso, inferior al 75% del valor señalado en la tasación realizada por entidad homologada conforme a lo previsto en la ley 2/1981.

Este requisito legal conlleva como consecuencia que, para suscribir cualquier hipoteca, ya sea bancaria o particular, para la compra de una vivienda o posterior, inicial o de ampliación y aunque sea de un importe reducido, … se haga necesario practicar una tasación por entidad homologada, a la que se deberá hacer referencia en la escritura de constitución de hipoteca.

Por otra parte, el valor a efectos de subasta no podrá ser el que libremente pacten las partes intervinientes, pues en ningún caso podrá ser inferior al 75 % del valor que resulte de la tasación practicada.

Con ello se pretende un encarecimiento del valor de subasta del inmueble en caso de ejecución, que coarte el inicio del procedimiento judicial o que, llegado el caso, permita cancelar gran parte de la deuda.

Por el contrario no se incluye ninguna medida que facilite la enajenación del inmueble en el caso de que el prestatario no pueda satisfacer el importe del préstamo. Se mantienen las mismas normas obsoletas que obligan a pujar en subasta sin conocer el estado real del inmueble. Una vez satisfecho el importe de la licitación en su totalidad, no se obtiene la posesión del inmueble, sino que deberá iniciarse un nuevo trámite que, en el mejor de los casos, durará meses, si no años. Con ello no se fomenta el mercado hipotecario pues el prestamista, ya sea particular o entidad financiera, deberá valorar estos condicionantes antes de conceder el préstamo solicitado.

Juan Manuel Carbó.

Abogado.

Comentarios a la Ley 1/2013 de 14 de mayo

2013-07-10T04:41:00.000-07:00

Comentarios a la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La Ley 1/2013 es una medida que se adopta con carácter urgente, si no improvisado, para hacer frente a la gran alarma social generada por los desahucios. En lugar de ir dirigida a paliar los devastadores efectos de una política inmobiliaria descontrolada, intenta ofrecer una nueva regulación de los préstamos hipotecarios.

Sin embargo, los problemas generados no los resuelve la aplicación de la nueva Ley. La génesis de la actual situación reside principalmente en dos motivos:

1.- El primero, la inflación desmedida de los precios de las viviendas que se experimentó durante varios años, sin ninguna reacción por parte de las Administraciones Públicas. La economía de libre mercado, llevada a sus últimas consecuencias, puede producir situaciones de distorsión en los precios de consecuencias irreparables. La prueba irrefutable es que cualquier tasación inmobiliaria emitida entre los años 2001 y 2007 no vale ni el papel en el que está escrita. Si se desea conocer el valor real de un inmueble (con independencia de que exista o no un mercado para el mismo) requiere acudir a otros parámetros de valoración. Una alternativa consiste en medir el precio de una vivienda en mensualidades netas del salario de un trabajador. Si en los años 80 y 90 se podía adquirir una vivienda digna por unas 60 mensualidades netas de nómina, bien se puede trasladar la ecuación a salarios de 2013. Otra alternativa es recurrir a la tasación fiable de un inmueble de similares características expedida con anterioridad a la burbuja inmobiliaria y actualizarla mediante la aplicación del I.P.C.

2.- El segundo, consecuencia directa del anterior, es el encarecimiento del recibo de la hipoteca. Aunque los intereses se mantengan en un perfil bajo (hay que recordar que en los años 80 oscilaban entre un 10% y un 17% y el plazo máximo estaba entre 15 y 20 años), al tener que hacer frente a grandes importes, provocan abultadas mensualidades que se prorrogan hasta 30 ó 35 años. El gasto hipotecario de una familia nunca debería superar el 30% de sus ingresos netos. Sin embargo, en los préstamos concedidos durante la burbuja inmobiliaria esta proporción no se cumple.

Con ello el problema real reside en que una familia que haya adquirido su vivienda en plena burbuja inmobiliaria ni puede hacer frente a la mensualidad de la hipoteca, ni puede vender el inmueble para desprenderse del problema, ni puede entregar la vivienda al banco en pago de la hipoteca.

Esta situación es la que provoca el drama familiar que la nueva ley no resuelve.

En cuanto al contenido de la norma hay que destacar los siguientes aspectos relevantes:

1.- En cuanto a la suspensión de los lanzamientos y en cuanto a la impugnación de cláusulas abusivas, sólo se refiere a los préstamos concedidos para la compra de la vivienda habitual. Si se trata de hipotecas posteriores, que en ocasiones son las más gravosas, quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma. Créditos concedidos por financieras y prestamistas en segundas hipotecas no gozan del amparo de la nueva ley.

2.- Como en la actualidad casi todas las subastas resultan desiertas y la vivienda termina adjudicándosela la entidad financiera se pretende facilitar el acceso a los postores. Para ello se ha rebajado al 5% del valor de tasación el importe de la consignación o del aval a presentar para poder participar en la subasta. Esta medida, aún siendo bienvenida, puede fomentar la figura de la quiebra de la subasta.

La quiebra de la subasta se produce cuando el mejor postor, adjudicatario de la subasta, nunca llegar a abonar el valor del remate. Supongamos que el deudor pretende suspender la subasta (cuyo señalamiento cuesta mucho tiempo y medios) contra la entrega de una pequeña cantidad a cuenta de la deuda y el acreedor se opone. La treta consiste en que un tercero consigna el 5% del valor de tasación para licitar. El día de la subasta ofrece una cantidad superior a la de cualquier otro postor. Luego nunca satisfará el resto del precio del remate. Perderá lo consignado que será aplicado al principal de la deuda, con lo que el deudor habrá conseguido la suspensión de la subasta contra la entrega de la cantidad que el acreedor no quiso aceptar. Con esta sencilla maniobra y contando los plazos legales habrá ganado al memos un año.

3.- También se fomenta la participación de postores en las subastas facilitando la inspección del inmueble a posibles interesados. Sin embargo, la regulación no contempla supuestos de deudores en ignorado paradero, ausentes o viviendas vacías. Se apunta el problema pero no se aborda su solución, que pasaría por sacar las subastas de los juzgados y encomendarlas a una agencia estatal especializada.

Además, se debería introducir una reforma sustancial en la normativa que permitiese entregar la posesión al adjudicatario al mimo tiempo que se transfiere la titularidad. De otro modo, ¿quién puede estar interesado en la adquisición de un inmueble que no va a poder adquirir hasta un año o dos después de haberlo pagado por completo? Y eso sin conocer el estado real en que se encuentra…

Facilitar la venta pública de los inmuebles objeto de ejecución hipotecaria de manera rápida, eficaz y por el valor más alto posible, no sólo va en interés del acreedor, sino que también opera en beneficio del deudor, pues se disminuirían los intereses de demora, al acortar los plazos de ejecución, y se obtendría un producto mayor para aplicar al pago de la deuda.

Juan Manuel Carbó.

Abogado.

Como retrasar la subasta y el desahucio de su vivienda

2013-04-12T04:07:00.001-07:00

A la espera de la anunciada reforma de la ejecución hipotecaria, aquí siguen algunos consejos sobre actuaciones dilatorias que han cumplido con el objetivo de retasar eldesahucio de la vivienda.

En primer lugar hay que tener en cuenta si la ejecución proviene de:

1.- Créditos con Entidades Financieras.

2.- Deudas con Administraciones Públicas

3.- Deudas de capital privado.

1.- Créditos con Entidades Financieras. La particularidad de este tipo de ejecuciones estriba en el hecho de que el préstamo va asociado a una cuenta en la entidad financiera. Además, en cada pago se amortiza parte de principal e intereses. En estos casos habrá que estar atentos al cierre de la cuenta, a la fórmula empleada para el cómputo de los intereses y a la certificación de la deuda por fedatario público.

Los pagos efectuados en cuenta del crédito con posterioridad al cierre de la misma pueden suponer una causa de oposición a la demanda ejecutiva.

También conviene estar atento al requerimiento de pago, preceptivo según la Ley de Enjuiciamiento Civil, para ver si está efectuado correctamente.

En estos tiempos donde la fusión, escisión o absorción de entidades de crédito está a la orden del día, habrá que tener en cuenta la posible subrogación en la posición acreedora de la entidad ejecutante y comprobar que esté legalmente inscrita en el Registro. Puede constituir una causa de oposición que suspenda la ejecución.

Finalmente, se podrá solicitar el amparo previsto en el Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, para suspender el lanzamiento.

2.- Deudas con Administraciones Públicas. En estos casos la posición acreedora la ostenta, en la mayor parte de los casos, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o entidades locales como ayuntamientos o diputaciones. En estos casos habrá que prestar especial atención al expediente administrativo incoado. A la correcta notificación de la deuda en período voluntario y a la efectiva delegación de firma del funcionario que suscriba la Providencia de Apremio.

También habrá que atender a la validez de las notificaciones. Reiterada jurisprudencia mantiene que no es suficiente la publicación de la notificación del acto administrativo a través de diarios oficiales, si la Administración pudo conocer el domicilio del deudor. En muchas ocasiones al venir devuelta la notificación sin éxito, la Administración se limita a publicarla en los diarios oficiales, sin tener en cuenta que el nuevo domicilio del deudor puede figurar en otro expediente.

Se deberá tener en cuenta el importe por el que se expidió el mandamiento de embargo, pues en ocasiones no coincide con la deuda actual y la Administración no ha formulado ampliación del embargo.

Un abogado especialista en la materia puede encontrar los posibles defectos del expediente administrativo.

3.- Deudas de Capital Privado. Las deudas contraídas con prestamistas o con empresas de dudosa legalidad son las que pueden dar más juego a la hora de interponer recursos en la ejecución.

En primer lugar habrá que ver si la empresa o el particular están inscritos en el Registro Estatal de Empresa previsto en la Ley 2/2009 de 31 de marzo, dependiente de Instituto Nacional de Consumo, como condición previa para la intermediación en créditos de capital privado.

En segundo lugar habrá que hacer revisar toda la documentación por un abogado especializado en derecho hipotecario. Si la hipoteca ya está siendo objeto de ejecución judicial se puede solicitar la designación de abogado del Turno de Oficio, si se reúnen los requisitos necesarios.

No hay que descartar que en la demanda se haya producido una pluspetición, por estar reclamando mayor importe que el realmente percibido en el préstamo o que los intereses pactados contravengan la Ley de Represión de la Usura (conocida como Ley Azcárate y que, aunque data de 1908, continua vigente en el ordenamiento jurídico español).

Además, si se han firmado documentos en blanco o se consigna en el préstamo una cantidad superior a la efectivamente percibida, los hechos podrían ser constitutivos de ilícito penal y dar lugar a la interposición de una denuncia o querella.

La prevalencia de la Jurisdicción Penal sobre la Civil supone, en la práctica, la suspensión del procedimiento de ejecución Civil hasta que se tramite y concluya el proceso penal que, en algunos casos, puede prolongarse durante meses o años.

Por último siempre se puede invocar el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y, llegado el caso, obtener la suspensión del desahucio.

Valencia, 12 de abril de 2013.

Juan Manuel Carbó.

Abogado.

Prevención del Blanqueo de Capitales

2013-04-10T01:03:00.002-07:00

La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía, el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y un catálogo de operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales, y que, por sus especiales características, han de ser objeto de un examen especial y cuidadoso.

En el ejercicio profesional de la abogacía habrá que prestar especial atención a los supuestos en los que el abogado pueda incurrir en responsabilidad derivada del asesoramiento que pueda prestar a determinados clientes.

Es conveniente consultar el listado de preguntas frecuentes que puede ayudar a afianzar la posición del abogado frente a la comisión de un posible delito.

Se puede consultar en la dirección: http://www.abogacia.es/2012/06/14/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-2/

Participaciones Preferentes

2013-03-25T11:26:00.000-07:00

PARTICIPACIONES PREFERENTES POSIBLE ESTAFA

La denominación de participaciones preferentes no es en absoluto gratuita. Se apellidan preferentes pues hacen referencia a la especial consideración que merece el cliente al que van dirigidas. Sin embargo, el destinatario potencial de este producto no es un gran inversor ni un especulador bursátil. En la mayor parte de las ocasiones se trata de un trabajador o pensionista que no pretende otra cosa más que obtener una cierta rentabilidad a sus ahorros. Por ello resulta particularmente sangrante que este segmento de la población pueda perder el fruto de años de trabajo y el seguro de su vejez.

Con el término preferentes la entidad financiera colocaba un producto de alto riesgo, tremendamente volátil y que cotizaba en el mercado secundario, entre su clientela más confiada y fiel. No resulta aventurado afirmar que la colocación de estos activos tóxicos estuviese cimentada en la relación de confianza entablada por el cliente con el personal de la sucursal bancaria.

Una buena parte de los contratos suscritos para la adquisición de participaciones preferentes puede ser objeto de anulación, bien por la vía civil, por haberse otorgado con error en el objeto, o bien por la vía penal, si se entiende que ha mediado engaño bastante.

En nuestro despacho se presta consejo y asesoramiento a los clientes afectados por la suscripción de participaciones preferentes y otros productos análogos.

Record en Morosología

2013-02-18T10:41:00.001-08:00

El término morosología, acuñado por Pere J. Brachfield, hace referencia al estudio de la morosidad y, en particular, de la figura del moroso.

Existe el moroso circunstancial o sobrevenido, pero también se da el caso del moroso profesional o recalcitrante, es el que de antemano sabe que no va a hacer frente a sus obligaciones, incluso antes de asumirlas.

Un caso paradigmático de moroso curtido y avezado lo constituye viene ilustrado en el siguiente caso real. Se trata de un individuo que estuvo viviendo 19 años en una casa sin haber pagado nunca ni una peseta, de las de entonces, ni un euro de los de ahora. La secuencia es la que sigue

I.- En el año 1991 nuestro sujeto concertó un contrato de arrendamiento, con opción de compra, sobre una vivienda en una localidad de la provincia de Castellón. Los arrendadores eran un matrimonio de jubilados que residía en la capital y que la usaban, como segunda residencia, principalmente para veranear. Cuando los hijos se hicieron mayores la dejaron de usar y de ahí que la arrendasen con opción de compra.

Instalado en su nueva vivienda, el arrendatario no llegó a satisfacer ni una mensualidad del alquiler, ni los gastos comunes, ni los impuestos sobre los bienes de naturaleza urbana.

Al principio los propietarios intentaron amistosamente reclamar el pago de la deuda, pero sólo obtuvieron evasivas, aplazamientos y mentiras. Por lo que, transcurrido un tiempo más que prudente, e incluso generoso, terminaron por poner el caso en manos de un abogado. El profesional interpuso una demanda de desahucio por impago de las rentas como, en principio, parecía lógico proceder.

II.- La representación procesal del demandado se opuso a la pretensión alegando que su cliente no satisfacía las rentas porque no ocupaba la vivienda en calidad de arrendatario, sino como optante a su compra, en virtud del contrato suscrito y que, como en el documento no se explicitaba el precio, pues éste hacía referencia al número de las mensualidades satisfechas hasta el momento de ejercitarse la opción y al importe al que ascendieran las mismas en aquella fecha, no se trataba de una cantidad líquida que su cliente pudiera satisfacer. Es decir que su patrocinado siempre había tenido buena fe y voluntad de compra pero no podía pagar un precio cuyo importe desconocía.

El proceso transitó por los correspondientes recursos y oposiciones hasta que alcanzó una resolución firme, en la que se fijaba un precio concreto y un plazo máximo para efectuar el pago y otorgar la pertinente escritura de compra. Hay que señalar que el precio marcado por el juez, al hacer referencia a la merced arrendaticia inicial, resultó alcanzar, únicamente, el 20% del valor real del inmueble.

III.- En el año 2004, a punto de agotar el plazo conferido, apenas unos días antes de su vencimiento, el arrendatario, ahora convertido en comprador, contactó con una empresa de intermediación financiera para que le tramitara urgentemente la concesión de un crédito para la adquisición de la vivienda. En su solicitud adujo que, con la premura de tiempo, no tenía opción de acceder a la banca convencional para tramitar un préstamo hipotecario. Además, como el importe de la compra era muy reducido, incluyó en la petición no sólo el precio del inmueble, sino la minuta de su propio abogado, los gastos de otorgamiento de la escritura de compra, los impuestos, la gestoría, la inscripción registral y los gastos de la operación de crédito, que se instrumentó en letras de cambio.

Llegado el vencimiento citó al acreedor en una notaría para otorgar la cancelación, pues había encontrado una entidad financiera que le concedía el crédito. Hasta ahí todo correcto y normal.

IV.- En la notaría, a la que acudió solo, se hizo leer por el notario la escritura del nuevo crédito en todas sus líneas y con todas las palabras. Alegó que no lo había entendido bien y que se la volviera a repetir entera (30 folios). El Sr. Notario se excusó para ir al lavabo un minuto, circunstancia que aprovechó el deudor para levantarse tranquilamente, acercarse a la silla que había ocupado el notario, tomar las letras y romperlas. En principio nadie se alteró demasiado porque, a fin de cuentas, iba a acabar rompiéndolas el propio notario. La sorpresa llegó cuando, un par de minutos después, al regresar el notario, el deudor dijo que no tenía claro el nuevo préstamo y que no firmaba la escritura, con lo que no procedía la cancelación de las letras.

Tras fingir burdamente un infarto de miocardio el deudor acabó esposado y en la Comisaría. Este tipo de delitos provocan escasa alarma social por lo que el detenido durmió esa noche en su casa, bueno, en la casa que adquirió sin haber desembolsado un céntimo hasta ese momento.

Se incoaron diligencias previas pero, como el notario otorgó un acta de subsanación de las letras destruidas incorporando los pedazos, el fiscal consideró que los títulos de crédito no se encontraban perjudicados, por lo que solicitó el archivo de la actuaciones.

V.- A continuación se interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente demanda de Ejecución Hipotecaria por impago del préstamo a su vencimiento.

En es procedimiento de ejecución fue asistido por el mismo abogado al que se había satisfecho la minuta el día de formalizar la compra de la vivienda.

Al solicitar el señalamiento de fecha para subasta alegó que la demanda pecaba de pluspetición, por entender que se le reclamaba más importe de lo adeudado. En ningún momento concretó a cuanto ascendía esa pluspetición o cuál era el importe realmente adeudado. Sin embargo, dio lugar a una vista oral, con práctica de prueba, declaración de testigos, etc. La desestimación de su pretensión, por insostenible, fue recurrida hasta sus últimas consecuencias. Con ello consiguió dilatar el proceso casi un año más.

VI.- Cuando finalmente fue señalada una segunda fecha de subasta, la representación procesal del deudor interpuso una querella por supuesta estafa. Alegaba ahora que le reclamaban más dinero del que había costado la vivienda, según constaba en escritura.

Sin embargo, por la inercia con que actúan los Juzgados y Tribunales españoles, la querella fue admitida a trámite y se propuso la práctica de una ingente cantidad de pruebas, documentales, testificales, testimonio de parte y demás. Todo para concluir, tras muchos meses, en el archivo de las actuaciones.

Resultaba chocante que el mismo abogado presente en la firma de la escritura de compra del inmueble y del subsiguiente préstamo, el mismo abogado que puso la mano para cobrar sus honorarios con el producto del préstamo, el mismo que lo asesoró en la operación, fuese ahora el que suscribía la querella por considerar que su cliente había sido estafado. Esto no fue óbice para que se agotaran los recursos en todas las actuaciones procesales, llegando a repetir incluso el mismo escrito en más de una ocasión para provocar una nueva resolución de recurso.

VII.- Cuando el archivo de la querella resultó firme el Juzgado de Instancia señaló, de nuevo, fecha de subasta. Dos días antes del señalado para la venta pública el deudor solicitó la suspensión de la misma por prevalencia de la jurisdicción penal, pues había un nuevo Juzgado de Instrucción incoando actuaciones. La subasta fue suspendida.

Resultó que el deudor había interpuesto la misma denuncia pero en otro Juzgado. Su abogado alegó no saber nada del asunto, pues el hecho incurría en el tipo penal de denuncia falsa al haber sido archivada la primera querella.

Para evitar una condena el deudor se aprestó a retirar la denuncia, pero ya había conseguido suspender por tercera vez la subasta de su vivienda.

VIII.- Finalmente el inmueble fue subastado y, en ausencia de otros postores, adjudicado al acreedor. La pega ahora era que, en el ínterin, el deudor había vendido la vivienda, con la carga incluida, a una sociedad de la que él era el único socio y administrador, reservando en su favor, como persona física, el derecho de habitación del inmueble.

La maniobra no por burda dejó de ser efectiva pues, a pesar de que el Registro de la Propiedad purgó todas las cargas anotadas con posterioridad a la hipoteca ejecutada, le permitió oponerse al lanzamiento alegando su derecho de habitación y poner, de nuevo, la pelota en juego para recurrir hasta el infinito cualquier resolución.

IX.- Lo cierto es que el deudor estuvo disfrutando de la vivienda desde 1991 hasta 2009 sin desembolsar cantidad alguna. Puede tratarse de un record mundial...

De la Legalidad, la Ética y la Estética

2013-02-18T08:59:00.002-08:00

Existe una tendencia generalizada a confundir lo que es legal con lo que es justo o con lo que socialmente está bien visto. Son conceptos distintos y no deberían confundirse.

Así, por ejemplo, estos días saltaba la noticia de un joyero que repelía la agresión e intento de robo de dos atracadores serbios. La actuación del joyero no ha creado alarma social, ni ha suscitado la reprobación popular. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en libertad con cargos y, sin duda, terminará por ser procesado. Una actuación que socialmente no esté mal vista no tiene porqué ser legal.

En el extremo opuesto se puede colocar el caso de una señora mayor, inquilina de una vivienda de renta antigua, que satisface un exiguo alquiler mensual. El propietario decide transmitir el inmueble a la inquilina por una contraprestación simbólica. Como la inquilina es una persona mayor solicita que la propiedad se inscriba a nombre de una sobrina que, el día de mañana, será su heredera. Argumenta que así se ahorrará el impuesto de sucesiones entre tía y sobrina. Al poco de consumarse la operación la sobrina plantea el desahucio de su tía alegando la necesidad de la vivienda. Una actuación que, aún siendo legal, no es ética y es merecedora de la reprobación social.

Cuando un imputado resulta absuelto no significa, necesariamente, que sea inocente de los hechos que se le imputan y que merezca el respaldo social. Así, por ejemplo, en los casos de prescripción del delito, la actuación queda impune, pero los hechos son igualmente reprobables.

Sucede del mismo modo en aquellos casos en los que la prueba resulte imposible o no tenga la entidad suficiente como para motivar una sentencia condenatoria. No significa que los hechos no hayan ocurrido o que no sean acreedores del reproche social.

Todo esto viene a cuenta de quienes se quejan de los juicios paralelos en los medios de comunicación o de quienes invocan que se debe esperar a que las resoluciones judiciales sean firmes.

El ciudadano tiene derecho a formarse una opinión y a manifestar un juicio de valor sobre la realidad que le afecta.

Si el político de turno alega que le ha tocado varias veces el primer premio de la lotería el ciudadano tiene derecho a no creérselo, aunque no exista ninguna sentencia condenatoria.

Si a otro le encuentran 22 millones de euros en una cuenta en Suiza puede alegar que los ha ganado en una especulación bursátil, pero el ciudadano es libre de pensar que miente y que, además, no se encuentra sólo en la operación.

Si en el consejo de administración de un instituto hay cinco miembros se pude argumentar que sólo dos eran los que llevaban la voz cantante, pero el ciudadano tiene derecho a pensar que los cinco son igualmente responsables.

Quienes ostentan la representación de la ciudadanía no sólo tienen que ser honrados, sino que además tienen que parecerlo. Para ser honrado puede bastar la ausencia de una sentencia firme condenatoria. Para parecerlo se necesita algo más.

Para parecer honrado se requiere de un comportamiento ejemplar, no sólo libre de toda condena, sino también libre de toda sospecha.

Para recuperar la confianza de la ciudadanía la clase política debe emprender una regeneración urgente que sólo podrán encabezar quienes se encuentren libres de toda sospecha.

España un país de corrupción

2013-02-17T01:20:00.000-08:00

ESPAÑA UN PAIS DE CORRUPCION

No sé si el título resultará algo excesivo pero, si se conecta cualquier canal de televisión o se hojea cualquier diario, es la impresión que se percibe. No se puede atribuir a casos aislado o a comportamiento individuales.

Los que pretenden atribuir la culpa a las personas físicas dejando al margen a las instituciones, olvidan que éstas no son entes abstractos, sino que vienen definidas por las personas que las integran.

En la actual vorágine de zozobra ¿qué institución en España conserva la suficiente calidad moral para servir de guía en la salida del pozo de corrupción en el que nos encontramos sumidos? Ni los partidos políticos, ni la Monarquía, ni la Judicatura, ni la Fiscalía, ni siquiera la Iglesia pueden enarbolar la bandera de la integridad y dirigir una cruzada de saneamiento institucional.

Los únicos partidos políticos que se encuentran al margen de las corruptelas son los que no han desempeñado cargos de poder. La estrategia de los portavoces de los principales partidos consistente en el : ...y tú más.. No puede tranquilizar a la ciudadanía. No se transmite tranquilidad y normalidad democrática si para distraer la atención de un caso de corrupción se destapa otro mayor.

Los órganos encargados de velar por la justicia y la integridad acaban teniendo, en la cima de su pirámide jerárquica, puestos designados por los propios partidos políticos que deben ser investigados. ¿Qué cabe esperar? ¿Se conoce del caso de algún cargo público que esté pagando con cárcel por los casos de corrupción?

Sólo queda el pueblo.

El Pueblo, con mayúscula, libre y soberano, que debe recuperar la voz para hacerse oír. No se trata de invocar la revolución, sino de exigir una regeneración moral que no pueden encabezar los actuales representantes electos.

Mientras los partidos políticos se postulen con listas cerradas, endogámicas y elegidas por sus propios dirigentes, listas donde tienen cabida sospechosos e incluso imputados formales, no podrán reivindicar la representación del pueblo, ni mucho menos erigirse como líderes de la regeneración.

Operación Emperador

2012-11-28T04:35:00.001-08:00

LA NOTICIA DETRÁS DE LA NOTICIA

En muchas ocasiones la verdadera noticia no se encuentra en el titular de los diarios sino que se tiene que leer entre líneas.

Hace unos días saltaba a la primera plana de todos los medios de comunicación el resultado de la operación Emperador que suponía un importante golpe a la mafia china de blanqueo de capitales que opera en nuestro país. En el curso de la misma se producía la detención de decenas de personas, la aprehensión de importantes bienes y la incautación de, aproximadamente, 12 millones de euros de dinero en efectivo, que se encontraba guardado en distintas cajas de caudales ocultas en naves industriales. Tras el recuento, que duró más de 8 horas y motivó que se quemase una de las máquinas empleadas para contar, el dinero fue conducido en varios furgones blindados hasta una entidad bancaria, donde quedó consignado en la cuenta de la Audiencia Nacional que instruye la causa. Y hasta aquí la noticia oficial.

La noticia que se oculta detrás de ésta es que el dinero en efectivo que se incauta en cualquier operación policial se ingresa en la misma entidad bancaria. En este caso Banesto, que es quien tiene la concesión del servicio.

Al contrario que los bienes muebles, que deben ser objeto de custodia en las dependencias habilitadas a tal efecto, el dinero se ingresa en cuenta. No se identifican los billetes sino que, al tratarse de moneda de curso legal, es tratada como tal. El dinero es dinero.

El destino que finalmente deba darse al dinero incautado se verá en la resolución que ponga fin al procedimiento. Esto es, a ojo de buen cubero, dentro de unos 10 años. En efecto, si se tiene en cuenta el tiempo que durará la instrucción, la preparación del juicio, la vista oral, la declaración de los testigos y peritos, el fallo de la sentencia y los subsiguientes recursos que, de seguro, se interpondrán; el cálculo me parece ajustado.

Durante este tiempo el dinero se encuentra ingresado en las arcas de la entidad financiera, pero no en una caja de seguridad individualizada, sino confundido con el resto de activos del banco. Por cierto, sin producir ningún tipo de interés.

Cuando la resolución judicial que ponga fin al procedimiento sea firme y no quepa recurso alguno se dará al dinero el destino que se contenga en el texto de la misma. Sea su ingreso en las arcas públicas o su devolución a los imputados si resultaran absueltos.

Ya conocemos al menos una entidad financiera que no va a precisar de rescate institucional, pues acaba de recibir una importante inyección de efectivo que se añade a las que a diario recibe por otros muchos procedimientos judiciales. Imposiciones a plazo que no devengan interés.

Ley de Tasas Judiciales

2012-11-28T02:40:00.003-08:00

LAS TASAS JUDICIALES

Según las últimas cifras, al menos en un 30% de los procedimientos judiciales está implicada, de una manera u otra, la Administración del Estado. No necesariamente como demandada, como pueda resultarlo en procedimientos relativos a prestaciones, incapacidades, Fondo de Garantía Salarial, etc. Sino como simple responsable civil subsidiaria, o en recursos frente a sus actuaciones: resoluciones, multas, actas...

No existe ningún procedimiento judicial que se entable a instancias de la Administración del Estado, pues dispone de los mecanismos para ejecutar extrajudicialmente sus propias resoluciones. Así, por ejemplo, si se adeudan impuestos municipales será la propia Administración Local la que ponga en funcionamiento sus mecanismos de recaudación o, si se trata de cuotas a la Seguridad Social, será la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social la trabará y ejecutará los bienes del deudor.

En definitiva, de un procedimiento judicial en el que esté involucrada, de un modo u otro, la Administración del Estado sólo puede esperar un resolución condenatoria, ya que no precisa del mecanismo jurisdiccional para ejercer su propio derecho.

Con este punto de partida ¿qué interés puede tener el Estado en una Administración de Justicia rápida, eficaz y al alcance de todos?

Como muestra basta con reseñar que, en una demanda de reconocimiento de invalidez permanente, el señalamiento para el juicio tendrá lugar aproximadamente un año después de la interposición de la demanda. Se hace necesario manejar agendas plurianuales para poder consignar las fechas de juicio.

Con la Ley 10/2012, conocida como Ley de Tasas, el Gobierno da una vuelta de tuerca en la misma dirección. Ahora, además de una justicia lenta tendremos una justicia cara y discriminatoria.

Con la nueva Ley se establecen tres segmentos en la sociedad: una minoría que podrá optar al beneficio de justicia gratuita (sólo para aquellos casos en los que resulte preceptiva la intervención de abogado y procurador), otra minoría a la que le resultará irrelevante la imposición de tasas porque pasarán a formar parte de los presupuestos de las grandes corporaciones y una mayoría, la sufridora clase media, que tendrá que pensárselo dos veces antes de solicitar el auxilio de la justicia.

El apartado a) del artículo 2 de la Ley 10/2012 establece la imposición de tasas a la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos...

La demanda deja de tener un efecto coactivo sólo para el deudor. Ahora el acreedor padecerá un injusto efecto disuasorio en hacer valer su derecho. Tendrá que ponderar si va a ser peor el remedio que la enfermedad.

Necesariamente se resentirá la actividad económica y comercial pues, al suscribir cualquier tipo de contrato, habrá que considerar cuánto nos puede costar hacer que se cumplan las obligaciones contraídas. Las empresas tendrán que dotar partidas presupuestarias para el pago de las tasas judiciales que inevitablemente repercutirán sobre los consumidores.

El lema de los Registros: Prior tempore, potior in iure; que se traduce como: Primero en el tiempo, mejor en el Derecho, podrá ser sustituido por otro no menos acertado: EL PRIMERO EN RIQUEZA, MEJOR EN DERECHO....

Desahucios

2012-11-27T03:25:00.000-08:00

A PROPOSITO DE LOS DESAHUCIOS

Muchas familias españolas han dejado de hacer frente al pago de las hipotecas de sus viviendas. En algunos casos se debe a que los ingresos de la unidad familiar han disminuido porque alguno de sus miembros ha perdido el puesto de trabajo y se encuentra en el paro. Pero también influye que el valor actual de la vivienda no tenga nada que ver con el que en su día le atribuyó la entidad financiera cuando les concedió la hipoteca. Cunde el desánimo al tener que afrontar el pago de algo que no vale lo que cuesta.

En esas circunstancias la venta del inmueble no alcanza para liquidar el importe pendiente de la hipoteca, lo que deja el problema sin solución: no puedo pagar lo que debo, no puedo devolver lo comprado, ni puedo vender para cancelar la deuda...

Si la entidad financiera opta por la ejecución hipotecaria del crédito para hacerse con la titularidad de la vivienda y, posteriormente, proceder al desahucio de sus ocupantes, nunca podrá volverla a vender por el valor que en su día le atribuyó cuando concedió la hipoteca. Si a ello le añadimos los costes de ejecución y los gastos para poner la vivienda en el mercado, nos encontramos con un negocio ruinoso. Un negocio que sólo puede tener un destinatario: el coloquialmente denominado banco malo.

Una vez que la vivienda ha pasado a ser titularidad de la entidad financiera nos encontramos con un problema doble: por un lado encontrar un comprador para ese inmueble y, por otro, facilitar una vivienda social a la familia que ha sido desalojada y que necesita un sitio donde vivir.

Mientras se resuelve el primer problema la entidad bancaria necesita de la ayuda del Estado, por la vía del rescate o de la subvención, mientras que para resolver el segundo también se va a requerir la intervención estatal a través de las distintas administraciones públicas, para proporcionar vivienda.

Una posible solución pasaría por el tratamiento conjunto de los dos problemas: Si la entidad bancaria va a tener que ejecutar la hipoteca para, tras el desahucio y los gastos, encontrar un comprador al que se la pueda vender al valor actual del mercado, ¿por qué no renegociar el importe, plazos y cuota de la hipoteca con el prestatario? Se podría solicitar la ayuda del Estado para que asumiera, por la vía de la subvención, una parte de la rebaja de la hipoteca, de la carencia necesaria o de la minoración de los intereses, si resultara procedente.

En conclusión la entidad financiera habría encontrado comprador para la vivienda al precio de mercado, sin necesidad de la ejecución judicial, del consiguiente desahucio y de los gastos inherentes, evitándose, además, el drama del desahucio.

¿R.E.T.A. o Mutualidad de la Abogacía?

2011-05-16T09:18:00.000-07:00

Llega un momento en que casi todos los abogados se plantean entre mantener su adscripción a la Mutualidad de la Abogacía o darse de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Se plantea así y no al revés porque la mayoría, al colegiarse, opta inicialmente por la Mutualidad de la abogacía. Varios son los motivos, pero el principal es que la Mutualidad resulta más barata que el R.E.T.A., al menos al principio. Más adelante, si el abogado continua ejerciendo, su nivel económico mejora y surgen responsabilidades familiares, es cuando se suscita la duda.

La revista de la Mutualidad de la Abogacía, en su número del mes de abril, publica un dossier ilustrativo de las prestaciones a las que dan derecho las cotizaciones en una y otro. La conclusión es simple: a igualdad de cotizaciones las prestaciones de la Mutualidad de la Abogacía son de superior importe a las que otorga el R.E.T.A.

Hay que señalar que muchos licenciados en Derecho cuando causan alta en el Colegio de Abogados no tienen decidida su orientación profesional. Algunos se dan de alta a la espera de la convocatoria de oposiciones, otros para generar la antigüedad necesaria para acceder al Turno de Oficio y alguno más a la espera de otra oferta laboral más interesante. Es una circunstancia que no se produce en otros colectivos profesionales.

Los criterios para tomar una decisión acertada deberán valorar:

A favor de la Mutualidad de la Abogacía:

1.- La cuota mínima en la Mutualidad de la Abogacía es más económica que la del R.E.T.A.

2.- A igualdad de cotizaciones las prestaciones de la Mutualidad de la Abogacía son de superior importe a las que se percibirían del R.E.T.A.

3.- Las cuotas abonadas a la Mutualidad pertenecen al mutualista con lo que no se pierden si no se alcanza determinada carencia.

4.- En la Mutualidad hay mayor flexibilidad a la hora de designar beneficiarios de las prestaciones.

5.- Las prestaciones de la Mutualidad de la Abogacía son compatibles con cualquier otra prestación.

A favor del R.E.T.A. de la Seguridad Social:

1.- La afiliación al R.E.T.A. lleva aparejada, de forma automática, la asistencia sanitaria.

2.- En el R.E.T.A. los familiares directos son beneficiarios de la asistencia sanitaria sin incremento de la cuota mensual, no importa cuantos.

3.- La afiliación al R.E.T.A. permite el cómputo recíproco de cotizaciones respecto de cualquier otro de los distintos Regímenes de la Seguridad Social (Régimen General, Régimen Especial Agrario, etc.)

4.- La afiliación al R.E.T.A. es única, por lo que, en el caso de ejercicio de distintas actividades compatibles con la abogacía, como por ejemplo asesorías, administradores de fincas, corredores de seguros, etc. Si un abogado mutualista es, además, administrador de fincas debe pagar la cuota a la Mutualidad por su condición de abogado pero no se libra de darse de alta en el R.E.T.A. por su condición de administrador de fincas.

5.- Las pensiones del R.E.T.A., como todas las derivadas de la Seguridad social, tienen garantía de mínimos, tanto para la jubilación, como para la viudedad o la Incapacidad Permanente, además de contar con el respaldo de los Presupuestos Generales del Estado.

Secreto de Sumario

2011-04-12T10:38:00.000-07:00

Días atrás se celebró en Valencia un juicio de gran repercusión mediática, más por sus connotaciones políticas que por la alarma social provocada por los hechos que se enjuiciaban. Es el error propio de una sociedad que adolece de la cultura jurídica necesaria para mostrar sensibilidad hacia la protección de determinados valores del Estado de Derecho.

Los programas llamados del corazón, junto con los reportajes de la prensa amarilla, han contribuido a que el ciudadano medio ya no se asombre ante la divulgación de la vida privada y las intimidades de los personajes protagonistas de la vida pública. La revelación de secretos ha dejado de escandalizar a la opinión pública.

En el juicio celebrado el pasado martes en el TSJ el bien jurídico protegido ha quedado eclipsado por los ríos de tinta vertidos con opiniones diversas y por el desfile de los políticos por el estrado.

Por ello y en defensa del ordenamiento jurídico hay que precisar que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral”. Es decir que, por definición, todas las diligencias son secretas. Se penaliza expresamente al abogado o procurador que revelare indebidamente el secreto del sumario.

El artículo 302 de la misma Ley prevé medidas aún más drásticas cuando las circunstancias lo requieran. Así, mediante Auto, podrá decretarse el secreto, total o parcial, de las diligencias del sumario incluso para las partes personadas. Es lo que en lenguaje coloquial se conoce como decretar el secreto del sumario. Medida restrictiva de carácter excepcional y limitada en el tiempo. Que era la situación procesal en la que se encontraban las actuaciones que motivaron el juicio del pasado día 5.

Como corolario se puede aseverar que las diligencias de un sumario son siempre secretas. Y, excepcionalmente, incluso se puede extender el secreto a las partes personadas. Tanto en un caso como en otro está penada la revelación.

A propósito de Bancos...

2011-02-01T09:25:00.001-08:00

Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.

Si alguna vez, ve saltar por la ventana a un banquero suizo, salte detrás. Seguro que hay algo que ganar.

Del arte de escribir

2011-02-01T08:56:00.001-08:00

Plinio el Viejo,

"Nulla dies sine linea"

(Ningún día sin una línea)

Decálogo del Abogado

2011-02-01T08:48:00.000-08:00

El célebre ius procesalista uruguayo Eduardo Juan Couture Etcheverry (1904-1956) escribió el siguiente decálogo, que se ha convertido en un clásico no sólo de la profesión de abogado, sino del mundo del Derecho.


1.- ESTUDIA	El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.
2.- PIENSA	El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
3.- TRABAJA	La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas.
4.- PROCURA LA JUSTICIA	Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.
5.- SE LEAL	Leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas.
6.- TOLERA	Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.
7.-TEN PACIENCIA	En el derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
8.- TEN FE	Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz.
9.- OLVIDA	La abogacía no es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.
10.- AMA TU PROFESION	Trata de considerar la abogacía de tal manera, que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti, proponerle que se haga abogado.

Pensión de Viudedad

2011-02-01T04:46:00.000-08:00

Importante Sentencia en materia de Pensión de Viudedad, posterior a la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre vino a introducir notables modificaciones para garantizar el sistema de la Seguridad Social en materia de prestaciones. La principal novedad consiste en la introducción de una prestación temporal de viudedad y en el establecimiento de requisitos excepcionales en el supuesto de que el fallecimiento del causante sea consecuencia de enfermedad común.

En el fondo se trata de evitar situaciones de fraude o el uso indebido de la Ley para la obtención de una pensión vitalicia de viudedad.

Se ha detectando frecuentes casos de matrimonio contraído por un anciano, generalmente viudo, o de un enfermo, con la persona que se venía ocupando de su cuidado. La idea era dejar un legado de gratitud a quien había compartido, de algún modo, sus últimos meses de vida. Contribuía la perspectiva de que, si no se contraía el matrimonio, el devengo de la pensión de viudedad se perdería, sin que fuera posible transmitir otro derecho total o parcial a un tercero. Estableciendo las disposiciones oportunas tampoco se producía menoscabo de las perspectivas hereditarias de otros causahabientes. Con lo que nadie saldría perjudicado, ... nadie a excepción de las arcas de la Seguridad Social, que deberían hacer frente al pago de pensiones vitalicias de viudedad, la mayoría a favor de personas jóvenes, en supuestos que en otro tiempo resultaban improbables por no decir imposibles.

Paradigmático resultó el caso de un anciano, enfermo terminal, que contrajo matrimonio con la novia de su hijo para, de ese modo, dejarles como herencia una pensión vitalicia de viudedad.

Para prevenir esta contingencia la Ley 40/2007 establece como requisito para el acceso a la pensión vitalicia de viudedad, consecuencia de enfermedad común, que se verifique alguno de los supuestos siguientes:

1.- Que el matrimonio se haya celebrado con al menos un año de antelación a la fecha del hecho causante; 2.- Que existan hijos comunes ó 3.- Que el período de convivencia, junto con el de duración del matrimonio, supere los dos años, acreditándose la convivencia mediante certificado de empadronamiento en el mismo domicilio.

Este último punto es objeto de controversia pues limita los medios de prueba a uno sólo: certificación de empadronamiento. Resulta más riguroso que si se tratara de una prueba Iuris et de Iure pues, además de no admitir prueba en contrario, nunca se podría obtener el empadronamiento con efecto retroactivo.

Se produciría la transmutación del requisito objetivo exigido, que pasaría de ser el hecho de la convivencia a la expedición del certificado de empadronamiento.

El Juzgado de lo Social nº 7 de Valencia en su sentencia 278/09, de 9 de julio fue pionero al entrar a valorar otros medios de prueba más allá del mero empadronamiento, emitiendo fallo en favor de la solicitante que había acreditado una larga convivencia con el causante mediante diversa prueba documental y testifical, que no pudo ser discutida ni rebatida.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia 697/2010, de 26 de octubre vino a ratificar el fallo invocando recientes pronunciamientos de la misma Sala avalados por la STS de 14 de julio de 2010.

Hay que poner de manifiesto el valor de las sentencias reseñadas habida cuenta de la falta de jurisprudencia vinculante dado el carácter novedoso de la cuestión que se plantea. Y que, a buen seguro, no dejará de ser objeto de debate.

Billetes tintados y otras estafas imposibles

2011-01-27T10:50:00.000-08:00

BILLETES TINTADOS y OTRAS ESTAFAS IMPOSIBLES

La Audiencia Provincial de Valencia acaba de absolver a dos ciudadanos cameruneses que estaban acusados del timo de los billetes tintados. El Tribunal considera que “es imposible engañar a nadie” con ese timo ya que “no se lo habría creído ni el más ingenuo”. Tildando, además, al empresario supuestamente estafado de “panoli”.

La sociedad ha evolucionado y la misma artimaña que pudo constituir engaño en el siglo XX, en el actual deviene incapaz de confundir a nadie... A nadie que no sea un panoli...

Sin embargo, como la necesidad agudiza el ingenio y los tiempos corren que es una barbaridad, otras tretas y engañifas han venido navegando por el proceloso océano de internet a la búsqueda de nuevos incautos.

Un novedoso intento de timo consiste en lo siguiente:

Supongamos una persona que pone a la venta un inmueble en cualquiera de las numerosas páginas de internet dedicadas a tal fin (si la vivienda es lujosa y el precio elevado tanto mejor). Al poco el vendedor recibe un mensaje de correo electrónico de alguien que se interesa en la compra.

Resulta ser un ciudadano de nacionalidad sub-sahariana que se muestra muy interesado en establecerse en Europa, preferiblemente en un país como España por el clima templado y la tolerancia con otras culturas.

El presunto comprador propone el pago al contado sin regatear un céntimo en precio de venta y anuncia su próximo viaje a España para formalizar la adquisición solicitando que se prevean todos los trámites, incluso la reserva de hora en oficina notarial para la firma de la escritura.

Con el fin de garantizar la compra, dado que va a emprender un largo y costoso viaje con esa única finalidad, propone un anticipo de parte del precio o, incluso, el pago de la totalidad. Para ello solicita que le faciliten un número de cuenta donde efectuar una transferencia.

A los pocos días el vendedor recibe un correo electrónico al que se adjunta el justificante de una transferencia bancaria a su cuenta desde una entidad financiera de reconocido prestigio. A continuación recibe otro correo, supuestamente expedido por la Administración de Aduanas del país de origen de la transferencia, donde se señala que, para que el dinero se haga efectivo en su cuenta, se precisa el pago de las tasas por el tráfico de divisas, consistente en el 1% del importe transferido. Se facilitan los códigos de cuenta para una transferencia internacional.

El honrado vendedor imprime los documentos recibidos y se dirige a su banco para contrastar la información. En su entidad, con todas la reservas, le dicen que todo parece correcto aunque, en realidad, no están familiarizados con los documentos de tráfico internacional de aquel país. Se brindan a efectuar la transferencia por las supuestas tasas aduaneras a la cuenta facilitada.

Y ahí es donde reside el engaño. Bajo la apariencia de un negocio perfectamente legal y con el único objeto de percibir una parte del precio, fuerzan a que el vendedor emita una transferencia a una cuenta desconocida, por un importe modesto, en comparación con la cifra de venta. Es una maniobra de distracción pues generan la expectativa de obtener una cantidad importante con el único requisito de transferir previamente el 1%.

La probabilidad de que fructifique la estafa es remota pero la ventaja es que no requiere de ninguna inversión. Sólo se precisa de una conexión a internet y de un programa que permíta la emisión de correos electrónicos masivos en el idioma del país de destino. Se pueden enviar miles de correos diarios contestando a todos los anuncios de venta de inmuebles que se publican.

Los indicios para la detección del fraude son simples: correos vagos que no hacen referencia a los datos concretos del inmueble cuya adquisición se pretende (ni dirección, ni precio); propuesta de pago al contado; ausencia de regateo en el precio de venta y, siempre, la voluntad de anticipar de una cantidad elevada.

Aviso a los navegantes...

Seguridad Jurídica

2011-01-24T09:30:00.000-08:00

Seguridad Jurídica

Acabo de recibir un Auto de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que me deja perplejo. Y es un mérito que le reconozco, porque con más de veinte años de ejercicio profesional y otros diez, anteriores, de espectador del escenario judicial, la capacidad de sorpresa es francamente muy limitada.

Vale que la ciencia jurídica no sea una ciencia exacta y que se debe admitir más opiniones y discrepancias que en cualquier otra disciplina. Vale que en ocasiones la apreciación de una prueba o su desestimación pueda conducir a resultados antagónicos. Pero lo de Gipuzkoa es otra cosa.

Se trata de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Un proceso gris donde los haya que no permite grandes expresiones de talento.

El juez admite a trámite la demanda dando traslado al demandado para pueda alegar lo que a su derecho convenga. Precluido el plazo sin que se formule oposición se fija la fecha de subasta del inmueble.

En este punto aparece un acreedor posterior que se persona en el procedimiento y formula oposición como si del deudor se tratase. El Juzgado, ignorando las normas del procedimiento tasado, admite a trámite el escrito y termina por despachar un auto en el que declara no haber lugar a la ejecución hipotecaria. Es decir, el mismo órgano revoca su propia actuación anterior.

Se abre plazo de recurso que se sustancia e interpone ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Y aquí es donde se termina de erigir el monumento a la confusión: Tras casi año y medio de deliberación, sin ninguna prueba que valorar, el órgano colegiado dicta un controvertido auto que precisa de la adición de un voto particular.

Mientras que dos de los magistrados determinan que no ha lugar a la ejecución hipotecaria y condenan en costas a la parte recurrente, el tercero en su voto particular decreta que sí procede la ejecución pretendida y condena en costas a la parte recurrida.

Y entonces es cuando uno se plantea: si el procedimiento de ejecución hipotecaria se encuentra perfectamente articulado y desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico y no hay prueba que valorar, circunstancia que siempre se presta a la interpretación subjetiva, ¿cómo es posible que tres personas con idéntica formación y méritos similares puedan emitir veredictos tan dispares?

Para quien resulte profano en la materia valga la comparación con un jurado de gimnasia en el que unos jueces valoren un ejercicio con un 10, mientras que otros se inclinen por un cero.

La libertad en la formación del criterio de los órganos colegiados tiene como limitación el respeto al ordenamiento jurídico y al derecho positivo. En salvaguardia del principio de seguridad jurídica no puede darse un pronunciamiento tan divergente como el emitido por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

Por cierto, el auto es firme ya que no puede ser objeto de recurso.

Como decía el profesor Jiménez de Parga la Justicia es el fiel reflejo del estado general de la sociedad...

Conferencia Manuel Jiménez de Parga

2011-01-24T07:50:00.000-08:00

Conferencia Manuel Jiménez de Parga

(Valencia, 13 de enero de 2011)

La Asociación Profesional de Abogados y Juristas organizó el pasado 13 de enero una conferencia a cargo del jurista granadino D. Manuel Jiménez de Parga, que fuera catedrático de Derecho Constitucional, Ministro de Trabajo y Presidente del Tribunal Constitucional, además de reconocido abogado.

En su disertación que llevaba por título: “Una tarea muy difícil: dar a cada uno lo suyo” Jiménez de Parga criticó la reforma llevada a cabo en 1985 para el nombramiento de Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Tras la reforma el nombramiento de los vocales del CGPJ se produce por elección del Congreso y el Senado, lo que supone una designación política en la que no interviene la carrera judicial.

Criticó, además, el funcionamiento de los partidos políticos que adolecen de una absoluta falta de democracia interna. Sólo subsisten quienes son fieles a la corriente dominante, mientras que, quienes sostienen opiniones divergentes desaparecen del panorama político.

Calificó la Justicia española de lenta y cara y la acusó de servirse de procedimientos más propios del Siglo XIX. Justificó, sin embargo, los problemas de la Justicia como reflejo de los problemas propios de la sociedad española a los que no se había dado solución. La Justicia es el reflejo del ambiente económico, social y de convivencia de la sociedad española.

Tuvo también palabras críticas con la vigente legislación electoral que premia a los partidos con fuerte implantación en pequeñas parcelas del territorio y que, con su representación, son capaces de influir directamente en la política nacional.

Afirmó que la cita de Ortega y Gasset: “España es el problema y Europa es la solución” había perdido vigencia, porque actualmente existen problemas para los que Europa ya no supone una solución y recordó situaciones como las que viven Italia, con su Presidente Berlusconi, sólo entendibles por los Italianos que viven en Italia; o como la que atraviesa Bélgica, que lleva meses sin poder formar Gobierno.

Por último, también se mostró muy crítico con la clasificación de los vocales del CGPJ que efectúan los medios de comunicación, encasillándolos en “conservadores” o “progresistas”, dependiendo únicamente del partido político por el que hayan sido propuestos.

Artículo para TFI

2010-12-15T04:46:00.000-08:00

SEGURIDAD DE LA INVERSIÓN

EN PRESTAMOS DE CAPITAL PRIVADO

Según el modelo Keynesiano de la economía, si en una época de recesión todos los ciudadanos tratan de ahorrar más, se producirá un descenso del consumo y, por lo tanto, de la demanda agregada, lo que lleva a que la sociedad, en su conjunto, ahorrará menos. Conviene pues incentivar el ahorro pero sin mermar el consumo.

No hay que confundir el ahorro, propiamente dicho, con la inversión. Mientras que el primero se refiere a la diferencia entre lo ingresado y lo consumido, la segunda supone afectar un capital a la obtención de un beneficio económico.

En la actual coyuntura la banca convencional dispone en cartera de productos atractivos para fomentar el ahorro: planes de pensiones o de jubilación, fondos, etc. Productos que priman la seguridad a largo plazo frente a la rentabilidad económica.

Sin embargo, las entidades financieras carecen, en estos momentos, de un producto lo suficientemente atractivo para motivar la inversión de capital con alta rentabilidad. Desinflada la burbuja inmobiliaria, promotoras y constructoras ya no suponen la varita mágica capaz de convertir el ladrillo en oro.

Ante la volatilidad del mercado bursátil, la demanda exige un producto que combine la alta rentabilidad con una garantía a toda prueba. La alternativa, sin duda, es la inversión en créditos de capital privado.

Se trata de contratos de préstamo, con garantía hipotecaria, concertados entre particulares. Créditos que las entidades financieras no están en condiciones de asumir, ya sea por política interna, por falta de liquidez inversora o por la urgencia que se precisa en la tramitación.

Este mercado, que se gestiona al margen de las entidades financieras convencionales, adolecía por completo de regulación. Esta ausencia de marco legal propició situaciones de confusión que en ocasiones alcanzaron el abuso. Operaciones de crédito concertadas por una variedad de intermediarios con empresas sin las suficientes garantías para ni para cliente ni para el inversor.

La Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito (B.O.E. del 1 de abril), vino a dotar de la cobertura legal necesaria en la actividad de gestión de créditos de capital privado.

Por mandato de esta Ley las empresas del sector se deben de inscribir en un registro público y asumir obligaciones que garantizan su transparencia. Precisan de la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil y tanto sus comunicaciones como su publicidad están reglamentadas.

La empresa Técnicas Financieras e Inversiones, T.F.I., lleva más de 10 años operando en el sector con plena satisfacción tanto de los clientes como de sus inversores. En este período ha resuelto los problemas económicos de más de 2.000 familias repartidas por toda la Comunidad Valenciana y no ha recibido, hasta la fecha, ni una sola queja ante los servicios de defensa de los consumidores.

Se trata de una empresa pionera en la concertación de créditos de capital privado que ofrece solución a familias con falta de liquidez económica a corto plazo, donde su banco no alcanza, a la vez que garantiza un beneficio inversor a quienes le han confiado la gestión de sus ahorros.

Valencia, 3 de noviembre de 2009.

Inversiones

2010-12-15T04:43:00.001-08:00

INVERTIR EN PRESTAMOS DE CAPITAL PRIVADO

Actualmente la banca convencional no es capaz de ofrecer un producto lo suficientemente atractivo para incentivar el ahorro y la inversión de capital. Un producto que combine la alta rentabilidad con una garantía a toda prueba, a salvo de las vicisitudes del mercado bursátil. Una posibilidad es buscar otros productos fuera del circuito financiero.

Frente a la escasa rentabilidad de planes de pensiones y fondos de inversión o la volatilidad del parque accionarial una alternativa es la inversión en créditos de capital privado.

Se trata de contratos de préstamo, con garantía hipotecaria, concertados entre particulares. Créditos que las entidades financieras no están en condiciones de asumir, ya sea por política interna, por falta de liquidez inversora, por la urgencia que se precise o por otros motivos diversos.

Es el momento de abrir la puerta a las empresas que gestionan préstamos de capital privado, con idénticas garantías que las exigidas por la banca convencional, pero con más elevada rentabilidad.