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Para que la inversión se justifique, los beneficios de este tipo de eventos deberían ir más allá del sentimiento de orgullo nacional que siembran entre la población. Lo habitual es argumentar que ser sede sirve para detonar actividad económica y para acelerar la construcción de infraestructura. Sin embargo, la evidencia muestra que aún tras contabilizar estos beneficios el saldo neto no siempre es positivo, sobre todo al utilizar horizontes más largos de tiempo. Según ha documentado Andrew Zimbalist, autor del International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events y de una decena de libros sobre la economía del deporte profesional, la competencia por ganar la sede olímpica es capturada habitualmente por intereses privados que llevan a prometer mucho más de lo que las ciudades pueden y deben costear. Según sostiene Zimbalist, hay suficientes razones para concluir que ser sede de unos juegos olímpicos representa una “estrategia perdedora”.

Para enfrentar esta crítica, los organizadores de estos eventos deben entender y evaluar estas oportunidades como un instrumento y no como un fin en si mismos. Dado que durante una breve ventana de tiempo confluyen intereses privados y voluntad política suficientes para hacer grandes transformaciones en la ciudad sede, es preciso hacer un esfuerzo concertado por orientar parte significativa de esta energía hacia proyectos que trasciendan lo eminentemente deportivo.

Creo que Londres así lo entendió. No es casual que Ricky Burdett, Consejero de Desarrollo Urbano del Comité Organizador de Londres 2012, sostenga desde hace varios años que el objetivo esencial de estos Juegos Olímpicos es

“construir un pedazo de ciudad”.

(Por cierto, acá hay una entrevista de Burdett en Español)

El Plan puesto en marcha efectivamente va en esa dirección. Mirenlo ustedes mismos. El sitio seleccionado para las competencias está en una zona subutilizada y socialmente segregada del este de Londres, cuya revitalización sería lenta y quizás imposible sin un evento focalizador como los Juegos Olímpicos. Tras el evento, este distrito contará con un parque de 226 hectáreas y acceso directo a la extensa red de metro de la ciudad. Para minimizar el síndrome del “elefante blanco”, serán retirados 20,000 asientos del Estadio Olímpico, y podrían retirarse más si no fructifican los esfuerzos en marcha para encontrarle inquilino permanente. Otras instalaciones deportivas, como el centro acuático, serán transformadas en escuelas, bibliotecas y centros para artes. Este proceso es conducido por la “Corporación para el Desarrollo del Legado de Londres 2012”, un organismo público establecido por el alcalde, cuyos planes incluyen la construcción de cinco nuevos barrios en la zona, con capacidad para 11,000 viviendas y 91,000 metros cuadrados para desarrollo comercial.

Según Burdett, la intención es

“detonar algo tan fuerte que dentro de treinta años podamos mirar hacia atrás y concluir que sin los Juegos del 2012, no habría tanta gente viviendo en esta parte de Londres”.

En otras palabras, la promesa de los organizadores trasciende al éxito deportivo. Las medallas no estorban, pero el verdadero reto explícitamente planteado es utilizar los Juegos como excusa útil para dejar un Londres más habitable, más bello, más verde y menos segregado. Solo el tiempo dirá si la apuesta fue efectiva, pero el comentario es relevante pues establece una nueva métrica para evaluar la organización de justas deportivas internacionales.

¿Cómo cambió Guadalajara, por ejemplo, tras más de $5,500 millones de pesos invertidos por el gobierno mexicano en la organización de los Juegos Panamericanos 2011? ¿Cuál es la oferta para los tapatíos asociada con la postulación de su ciudad para organizar los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018? ¿Cuál será el “legado” urbano de las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016?

(Por cierto, la promesa olímpica de Río no pinta mal…)

Una posible lección de Londres es que el éxito de estos eventos no puede medirse solo por el glamour de las inauguraciones, por el número de medallas obtenidas por atletas locales, o por una lista de inversiones inconexas en infraestructura. Para que el esfuerzo realmente valga la pena, es preciso demostrar que la organización del evento permite generar consensos y atraer recursos necesarios para dejar una mejor ciudad… aún cuando el pebetero se extinga y el mundo encuentre nuevas distracciones.

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Twitter: @oneflores

El gobierno solo se entera de esto cuando ya sucedió. Algunos creen que existe una oficina llena de expertos que planifica y gobierna el sistema, y que los planes y normas que produce simplemente se cumplen. Ocurre lo contrario. En la mayoría de las ciudades de México el sistema de transporte público crece y se desarrolla de forma orgánica, y la intervención del gobierno se limita a buscar ajustes marginales.

En teoría la autoridad vigila que sus estándares se cumplan, pero en realidad buena parte del sistema se auto-regula. Cuando una ruta extiende sus recorridos, detona conflictos con las rutas vecinas. Cuando un chofer canibaliza el pasaje ajeno, incita pleitos con sus compañeros. La autoridad entra solamente como arbitro de última instancia. Primero se pelea la tropa y después platican los líderes. Solo cuando no llegan a un acuerdo el gobierno interviene para dirimir el conflicto.

Nuestros gobiernos no planifican el sistema de transporte público, simplemente evitan que la explotación del servicio se convierta en una zona de guerra.  Basta ver el perfil de quienes trabajan en las secretarías de transporte o en los departamentos de servicios concesionados de los estados y municipios. Hay más políticos que técnicos, más negociadores que ingenieros. Los aspectos más relevantes se resuelven con amenazas de paros y con “mesas de negociación” y no con sofisticados modelos de generación y distribución de viajes.

Esta forma de operar beneficia a los líderes del transporte que encuentran como maximizar sus utilidades. Sin embargo el sistema que resulta no protege los intereses de los usuarios y de la ciudadanía. Cuando circulan demasiadas unidades, las utilidades bajan y los concesionarios invierten menos en mantenimiento. Cuando los derroteros se definen orgánicamente, el usuario sufre recorridos tortuosos que incrementan sus tiempos de viaje. Una parte de la congestión urbana es producto de los cientos de autobuses empalmados en los recorridos más rentables. Igualmente, la falta de servicio en las zonas más alejadas o en los horarios nocturnos tiene que ver con la reticencia de los concesionarios a incrementar las oferta de autobuses donde hay menor demanda.

El gobierno no sabe con exactitud cuanto pasaje levanta cada ruta, cuántos vehículos están circulando o cuanto cuesta operar y mantener cada camión. En el mejor de los casos tiene estimaciones, que solo actualiza ocasionalmente. Tampoco sabe quien exactamente está tras el volante, o si las unidades cuentan con pólizas de seguros vigentes y mantenimientos actualizados. Tiene padrones y bitácoras proporcionadas por los concesionarios, pero poca capacidad para validarlos.

Por sistema, el concesionario tiene información más certera y oportuna que las autoridades. ¿Adivinen quien cuenta con mejores argumentos cada vez que hay una negociación sobre la tarifa o algún plan para hacer cambios al sistema?

Hace algunas semanas ocurrió un trágico accidente que resume lo anterior. Un microbús chocó en la Ciudad de México, causando la muerte de siete pasajeros. La investigación reveló que la unidad no tenía seguro, que no recibía mantenimiento, y que el chofer no estaba registrado ni capacitado. Pasaron varios días antes de que las autoridades supieran quien era el concesionario responsable. Tras el escándalo, el gobierno optó por cancelar la concesión, una decisión dura, atípica y muy positiva. Sin embargo ahí está, reflejado en todo su esplendor, lo más que podemos esperar un gobierno condenado a actuar reactivamente.

Fuente: Reforma

Para mejorar el transporte público debemos cerrar gradualmente esta asimetría de información. Solo podemos evaluar lo que medimos, y solo podemos mejorar lo que evaluamos. La próxima vez que nos anuncien una reforma al sistema de transporte público, debemos mirar más allá de los camiones nuevos y de los logotipos bonitos. Al final lo que importa es que el esquema propuesto fortalezca a la autoridad y al usuario frente al concesionario.

Curiosamente, ni el problema ni la solución típicamente planteada por el automovilista-víctima reconoce que cada automovilista es también victimario. Particularmente quienes viajan solos son más culpables que los inevitables peatones, que los intransigentes ciclistas, que los tercos usuarios del transporte público, y que los odiados microbuseros… y sin embargo su discurso es de víctimas: “Arreglen SU desastre, para que YO pueda disfrutar la ciudad SIN modificar MI comportamiento”.  

Lo cierto es que, lamentablemente, la única manera de reducir el creciente nivel de congestión en nuestras ciudades es utilizar menos el coche. Piénsenlo. Actualmente tenemos aproximadamente 300-400 automóviles por cada mil habitantes, y nuestras calles están saturadas, o próximas a estarlo. ¿Qué pasará en un par de décadas, cuando seguramente llegaremos a niveles que aproximen los 600-700 autos por 1000 habitantes? ¿Qué pasará si somos exitosos, y alcanzamos el nivel de desarrollo de las grandes economías, que ya tienen 900 autos/mil habitantes? El ingreso per cápita va creciendo, los precios de los autos siguen bajando, continuamos subsidiando el auto (ahem… tenencia, ahem… gasolina) y estamos todavía muy lejos del fenómeno conocido como “peak car” (¿cúspide automotriz?). ¿En serio estamos dispuestos a triplicar nuestra infraestructura vial solo para mantener el nivel de congestión que sufrimos hoy?

La discusión sobre este tema es complicada, pues requiere pensar en horizontes de más largo plazo, y considerar alternativas todavía inimaginables por ser notoriamente inferiores.  ¿Caminar con estas banquetas, entre toda esta inseguridad? ¿Subirse a uno de esos camiones que nunca pasan, y que cuando pasan pasan llenos? Pffft. Hoy por hoy, lo racional es esconderse en una burbuja con llantas, encender el radio y mentar madres hasta tu destino. Para lograr que un número importante de citadinos reduzca su dependencia en el automóvil hace falta una combinación de fuertes inversiones públicas y nuevas reglas, que hagan mucho mucho más cómodo, confiable y seguro el transporte público (y la movilidad no motorizada) y que comuniquen (vía precio) el tremendo costo social del uso privado del automóvil.

Lograr el respaldo político necesario para avanzar esta agenda, en una democracia competitiva, requiere de un SERIO esfuerzo de evangelización. Hay que convencer con argumentos, con ejemplos, con paciencia. Hay que convencer a los vecinos, y también a los comunicadores y políticos que habitualmente viajan en coche, que este problema no puede resolverse a partir de la perspectiva del automovilista-víctima. Esa perspectiva atrae simpatía, y quizá votos. Pero transformada en política pública NO resuelve mucho.

Creo que esta entrevista de Juan Carlos Muñoz, Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del centro en el que colaboro, es un extraordinario ejemplo de como cambiar los términos del debate. Vean como el entrevistador, durante el primer minuto, plantea el problema desde la perspectiva del automovilista-víctima. El mundo conspira en su contra para que el llegue tarde. Así es como comienzan las pláticas de café, las discusiones en los medios, y los debates entre futuros gobernantes. Aceptar esta premisa como eje de la discusión implica condenarnos a una hoja de ruta que no hará sino profundizar el problema. El reto de los especialistas, activistas y políticos progresistas es lograr (como creo que logra Juan Carlos) que quienes asumen un rol de víctimas comiencen a reconocer que también juegan un rol como victimarios.

Vean la entrevista completa. Igual y los convence.

“Lo que quiero es que tú, cuando estés en el auto, mires el bus y digas… ‘el bus es más rápido’, y no que digas ‘el bus no solamente va a la misma velocidad que yo, sino que además para a cada rato y está lleno’. ¿Cómo se hace esto? Priorizando el transporte público para que sea atractivo para los automovilistas.” (min 6:20)

“Es importante que el automovilista sienta y vea, cuando tiene que elegir la diferencia entre viajar en bus o viajar en automóvil, el costo que tiene viajar en automóvil, y el costo que le representa a los demás. Cuando usted dice, ‘oye, estoy en un taco (embotellamiento)’, uno debiera decir ‘SOY el taco’. Porque el automovilista no ESTA en el taco, sino que ES el taco. Es el quien está causando que toda la gente que viene atrás llegue más tarde a su destino.” (min 14:20)

— @oneflores

En Septiembre de 2011 el Gobernador y los acreedores del Estado de Coahuila acordaron el refinanciamiento de la deuda pública de la entidad. Al final, una deuda de $33,700 millones de pesos, incluida la contratada sin debida autorización del Congreso, quedó consolidada en 23 nuevos créditos obtenidos de 9 bancos. Tanto el entonces Gobernador como el Presidente de la Asociación de Bancos de México se congratularon por el resultado, declarando que la negociación “fue acorde a las expectativas e intereses de cada una de las partes”.

Desde entonces el debate sobre la deuda de Coahuila se ha normalizado. Con esto quiero decir que al menos para los funcionarios públicos coahuilenses, el tema ya no es más que parte del paisaje. Debemos mucho, sí, pero “la deuda es legal” (aunque solo sea legal porque fue legalizada). Hay funcionarios prófugos por la contratación de algunos de los créditos originales, pero “ese tema atañe a los individuos involucrados y no a las instituciones”. Aún desconocemos en que se gastó el dinero, pero ya es tiempo de “darle la vuelta a la página”. Tras meses de escándalo, el discurso oficial sobre la mega-deuda en Coahuila se reduce a lo siguiente: Los diputados locales autorizaron la renegociación, los bancos accedieron, y tenemos para pagar. Todo lo demás es intrascendente.

Aparentemente para demostrar que no hay nada que esconder (o confiando en que el hecho pasaría desapercibido), la Secretaría de Finanzas publicó hace un par de semanas los 23 contratos de crédito en su página de internet. Estos contratos permiten conocer por fin los compromisos de política fiscal asumidos por la entidad, así como los plazos, intereses y comisiones acordadas. Algunos de estos documentos hacen referencia a los honorarios pagados a los asesores legales y financieros, y a las penalizaciones debidas a los bancos por el “rompimiento” de compromisos previamente pactados.

Esta información es indispensable para dimensionar la situación financiera de un estado que apenas despierta de un sexenio de excesos y descontrol. Tras considerar amortizaciones de capital, intereses, comisiones, honorarios y penalizaciones, los coahuilenses pagaremos aproximadamente $61,800 millones de pesos por los $33,700 millones que nos prestaron. Es decir, al término de veinte años, habremos pagado $1.83 por cada peso refinanciado. Tan solo en el 2014, primer año después de vencido el periodo de gracia, Coahuila deberá dedicar un aproximado de $4300 millones de pesos al servicio de su deuda, monto superior al costo de todos los puentes y pasos a desnivel construidos en Saltillo durante el sexenio de Humberto Moreira.

(Si están interesados en saber como saqué estos cálculos, pueden revisar este archivo de excel).

Solamente en comisiones bancarias, el Gobierno de Coahuila se comprometió a pagar $1,027 millones de pesos. La mayor parte de estas comisiones fueron para Multiva, que cobró $280 millones de pesos (el 5.7% de lo que le prestó a Coahuila) “por estructuración”, además de una importante anualidad sobre saldos insolutos. En 2012, la anualidad pagada a Multiva representó $62 millones de pesos, y en caso de que este crédito no se liquide anticipadamente, Coahuila terminará pagando a este banco un total de $638 millones de pesos en comisiones por “anualidades”.

Contrato de Crédito con Multiva, pg 15.

Otro banco, Interacciones, cobró $848 millones de pesos por el “rompimiento” de compromisos previamente pactados, ¡más de lo que Coahuila presupuestó en 2012 para los sueldos de su personal dedicado a la seguridad pública!

Cuéntenle los ceros al pago por "rompimiento de fondeo"...

Además del costo del refinanciamiento, destacan en los contratos una serie de compromisos que limitan seriamente el margen de acción del Estado. A pesar de lo declarado previamente por el Secretario de Finanzas, el Gobierno del Estado ya no puede eliminar o bajar la tasa del Impuesto sobre Nómina, ni incrementar más allá del mínimo legal las transferencias de recursos federales a los municipios. Hoy Coahuila no puede renunciar al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y requiere autorización de sus acreedores para adquirir nuevos financiamientos. Si el Estado vende o bursatiliza alguno de sus activos, debe dedicar 30% de los ingresos recibidos a pagar la deuda. Y si alguna autoridad retira, suspende, modifica o deshecha cualquier autorización necesaria para el cumplimiento de los compromisos, el total del crédito se vuelve inmediatamente exigible.

Los bancos legislaron por contrato, y quedaron vacunados contra cualquier supuesto que pudiera afectarles. Para muestra esta cláusula (click para agrandar):

En cambio, la salud financiera del Estado se sostiene con alfileres. Si decrecen las participaciones federales, si incrementan las tasas de interés, o si aumentan los compromisos de gasto (por ejemplo, ante una nueva catástrofe natural), el Gobierno de Coahuila enfrentará una severa contingencia financiera. De hecho, aún bajo las condiciones actuales, el Gobierno difícilmente podrá soportar los compromisos adquiridos sin recurrir pronto a una nueva renegociación.

Los contratos narran una historia de profunda desconfianza de los banqueros hacia nuestras autoridades, seguramente informada por años de mentiras y desorden. Pintan de cuerpo entero a un Gobierno minimizado y francamente arrinconado por acreedores dispuestos a vender caro su amor. Si la deuda fue contratada de forma responsable y con el interés del Estado en mente, ¿por qué hubo que refinanciar apenas un par de años después con tanta urgencia, a un costo tan alto y aceptando condiciones tan desfavorables? Si el refinanciamiento cumplió “con las expectativas e intereses de cada una de las partes”, ¿por qué queda un sabor de boca tan terrible al leer con detenimiento los contratos?

Pocos en Coahuila conocen las respuestas… y curiosamente son los mismos que le piden a la ciudadanía olvidar y dar vuelta a la página.

– @oneflores

Actualización:

Al terminar de escribir este artículo, alguien me alertó por twitter que los contratos ya no están disponibles al público. Ahora solo aparece la siguiente nota:

Chale. Ya le dieron vuelta a la página.

El Gobierno de Oaxaca gastó el año pasado $164 millones de pesos en publicidad oficial. $71 millones fueron pagados a 27 periódicos, incluidos $10 mdp para el “Noticias”, principal diario de su ciudad capital. Los oaxaqueños pagaron $47 millones a 8 canales de televisión, incluidos $26 mdp a Televisa y $12 mdp a TV Azteca. $40.5 millones de pesos fueron repartidos entre 26 estaciones de radio, y el resto alcanzó para cubrir los servicios de 30 portales de Internet y 6 empresas de publicidad exterior. La noticia circuló a nivel nacional. ¡Qué irresponsable administración! ¡Qué egocéntrico gobernador!

Los adjetivos podrán ser merecidos, pero repetirlos no es el punto de este artículo. El hecho es que un ciudadano presentó vía Internet una solicitud de información y semanas después el Gobierno del Estado la entregó. Aquí pueden consultar la respuesta completa (en pdf). A pesar de lo mucho que han legislado los estados en materia de acceso a la información, lo cierto es que pocos gobiernos locales habrían hecho lo mismo.  Hoy los oaxaqueños pueden debatir informadamente si su gobierno gasta mucho o poco, bien o mal en este rubro, y comenzar a entender por qué algunos medios ignoran o minimizan algunos sucesos mientras aplauden o sobredimensionan otros.

Cuando leí la nota pensé en mi estado. ¿Cuánto habrá gastado el Gobierno de Coahuila durante el sexenio anterior para asegurarse un trato condescendiente en las salas de redacción y en las juntas editoriales? ¿Cuántas veces habrá utilizado su calidad de gran anunciante para presionar, amenazar, “sugerir” y reclamar por el trabajo de reporteros, editorialistas y editores? Si bien el gobierno y los medios comparten interés en evitar discusiones sobre este tema, las señales del uso político del presupuesto oficial en estados como Coahuila abundan. Valgan algunos ejemplos:

Grupo Reforma cerró en 2008 el Periódico Palabra, su filial en Coahuila,  argumentando entre las causas presiones que “garantizaban éxito económico a cambio de una línea editorial más cómoda”. Otros medios resistieron sin duda embates similares, buscando equilibrios que permitieran navegar esta época de contracción económica y transformación tecnológica sin sucumbir al canto de las sirenas. Supongo sin embargo que muchos otros lo encontraron imposible, y simplemente se adaptaron a las nuevas reglas del juego: Si quieren que aplauda aplaudo, si quieren que golpee golpeo.

Allá por el 2009, cuando el ex Secretario de Finanzas Javier Villarreal comenzaba a cucharear las cuentas públicas y a endeudar al estado sin mediar autorización del Congreso, un diario de Saltillo cabeceaba a ocho columnas: “Los Moreira son Otro Rollo”. En 2010, cuando el hoy prófugo hermano del ex Fiscal Torres Charles controlaba las policías del Estado, una televisora insistía que Humberto Moreira era el mejor gobernador de la historia, y otro periódico censuraba columnas críticas de editorialistas nacionales. Si bien tuvimos un Gobernador que nos bailó a todos, no olvidemos que alguien ponía la música, amenizando la fiesta en lugar de sonar las alarmas.

El reportero dejó de hacer preguntas incómodas, el editor dejó de buscar ángulos críticos y el empresario comenzó a competir por ser el vocero consentido. La fórmula era tan clara como tentadora: Me pegas y te cierro la llave. Me ayudas y no te faltará nada.

Entiendo que los medios de comunicación son negocios privados que deben producir retornos a sus inversionistas, como entiendo que todo gobierno necesita influir en el ciclo noticioso para ser efectivo. Me queda claro que los periodistas son ciudadanos libres que tienen intereses y agendas personales, como comprendo que el ciudadano es libre de buscar alternativas para informarse. Sin embargo los lectores, radioescuchas, internautas y televidentes merecemos respeto. El dinero es público, por lo que no sería necesario ningún otro argumento. Pero además, los medios forman opinión pública, ingrediente esencial en la democracia. ¿Cómo podemos contextualizar lo que publican, si no sabemos si responden a un interés comercial o periodístico? ¿Y como podemos evaluar al gobierno, si no sabemos siquiera como y donde gasta nuestros impuestos?

¿Qué compra el gobierno, un espacio para anunciar sus programas o un trato editorial a modo para proteger y catapultar a sus líderes?

Una y otra vez los gobiernos locales burlan con tecnicismos las Leyes de Acceso a la Información que supuestamente habrían de obligarlos a transparentar información como esta. Solamente en Coahuila, entre 2008 y 2012, encontré siete casos en los que diversos ciudadanos solicitaron a la Secretaría de Finanzas o a la Coordinación General de Comunicación Social el listado de empresas que brindaron servicios de publicidad, el contenido de los convenios suscritos con ellas y el monto que han cobrado. Las respuestas rayan en lo ridículo, se contradicen unas a otras y revelan un esfuerzo sistemático por ocultar esta información a la ciudadanía. Juzguen ustedes mismos (los pdfs con los documentos originales están en los hipervínculos):

Los funcionarios coahuilenses responden que la información no existe (lean aquí), que no se encuentra en sus archivos (lean acá), que “no está sistematizada” (es en serio, lean aquí), o que “está en la cuenta pública” (como acá). Otras veces ni siquiera se tomaron la molestia de responder (como aquí o acá). En una ocasión, la Coordinación General de Comunicación Social contestó a un ciudadano que no podía responderle porque la información solicitada compete a la Secretaría de Finanzas. Sorprendentemente, la Secretaría de Finanzas había respondido previamente en una solicitud idéntica que esa información competía a la Coordinación General de Comunicación Social. Mía, tuya, te la presto. Goooooool!  Ahogado entre tanta incompetencia, el ciudadano queda, como siempre, sin información (si, ya se, Kafkiano. Lean el pdf).

Traducción: Se les cruzaron los cables...

Un último caso, más reciente, que vale la pena detallar. Las organizaciones Fundar y Artículo 19 solicitaron la siguiente información a cada entidad federativa:

“los documentos que contienen el gasto total ejercido por el Gobierno del Estado XX, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos así como la campaña y el mensaje difundido”

Los resultados de este estudio están disponibles en www.publicidadoficial.com.mx, y Coahuila aparece reprobado, junto con otras 17 entidades que no aportaron ningún dato relevante en sus respuestas. A riesgo de saturarlos, creo que el viacrucis seguido por Fundar y Artículo 19 en Coahuila ejemplifica fielmente como los gobiernos justifican de diversas maneras lo que aparentemente deciden de inmediato: No transparentar nada.

En su respuesta original a esta solicitud, el 6 de septiembre de 2011, el Gobierno de Coahuila contestó que la información no existe en “la manera que fue solicitada”, y refirió a los interesados a la cuenta pública, donde no es posible encontrar más de un par de renglones generales sobre el tema. Los especialistas de Fundar y Artículo 19 interpusieron un recurso de inconformidad ante el ICAI, obligando al gobierno coahuilense a defender su respuesta (lo que ocurrió el 10 de noviembre). Ahí, entre líneas, concretamente en la página 6 de este documento, el Gobierno modificó su argumento, señalando que la información solicitada “está considerada como confidencial”, porque “al permitir el acceso a dicha información se vulneraría el derecho a la intimidad de las personas”.

Es decir, los funcionarios involucrados concedieron que lo que días antes consideraban inexistente siempre sí existe, pero aclararon que todo aquello que existe es confidencial. Como diría el sabio Gil Gamés: Aiwei. La creatividad burocrática para negar información al ciudadano no tiene límites.

Pero ahí no acaba la cosa. Los alegatos presentados no fueron convincentes (fiú), y el 28 de noviembre el Consejo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información resolvió revocar la respuesta del gobierno, ordenando una nueva  “búsqueda exhaustiva” de la información solicitada, y otorgando un plazo de diez díaz hábiles para que el Gobierno de Coahuila presente una nueva respuesta a la solicitud de información (pdf aquí).

En esta ocasión, los funcionarios no se complicaron mucho. Entre el 16 de diciembre y el 4 de enero, la Subsecretaría de Ingresos, la Coordinación General de Administración, la Coordinación General de Entidades Paraestatales, y la Subsecretaría de Egresos realizaron la mencionada búsqueda exhaustiva en sus archivos. Llamémosle Operación Guadalupe-Reyes por la Transparencia. Y aparentemente, quizá porque andaban pensando en las posadas, o quizá porque ya habían coordinado su respuesta, no encontraron absolutamente nada.

En virtud de lo infructuoso que resultó esta gesta navideña, el 10 de enero ¡declararon inexistente la información solicitada! Aquí pueden ver un pdf con la declaratoria de inexistencia y el intercambio de oficios correspondiente. En español, esa declaratoria significa que no hay NINGUN soporte documental en TODA la Secretaría de Finanzas que respalde transferencia financiera ALGUNA entre el Gobierno y algún medio de comunicación entre 2005 y 2010. Increíble, pero lo pusieron por escrito.

Mmmm….

¿Quieres que te de un Norte? Pregúntale a Ernesto Laguardia y a todos los medios que proyectaron su imagen si trabajaron gratis.

En un lapso de seis meses hubo una solicitud, una respuesta, un recurso de inconformidad, una admisión del recurso, alegatos de ambas partes y resolución del recurso a favor del solicitante. Además hubo un nuevo requerimiento a la Secretaría que presumiblemente guarda las facturas, y “búsquedas exhaustivas” en al menos cuatro subsecretarías y coordinaciones. El solicitante cumplió con todos los requerimientos de ley, llevó el proceso con paciencia franciscana, y en todo momento le dieron la razón.  ¡Pero el Gobierno sigue encontrando maneras de no transparentar nada!

¿Qué sigue? ¿Intentar todo de nuevo, ahora preguntando a la Coordinación General de Comunicación Social? Les adelanto un paso: Hace un mes yo metí una solicitud y esto es lo que me contestaron antier:

AAAAAAAAAAARRRRRRRGGGGGGGHHHHHHHH!!!!!!!!

Si alguien gusta ayudarme a preparar el recurso de inconformidad, se aceptan voluntarios, pero no guardo muchas esperanzas.

Digamos lo evidente: Pedir información pública en estados como Coahuila es una carrera de resistencia, cuesta arriba, con el viento en contra, descalzos y con el gobierno burlándose desde la loma.

Quizá la única solución sea que los medios publiquen voluntariamente los montos que reciben del gobierno. No es su obligación, y seguramente pocos estarán dispuestos a hacerlo. Sin embargo creo que los medios que se coloquen del lado de los ciudadanos ganarán credibilidad, dignificarán el oficio, obtendrán una ventaja competitiva y elevarán significativamente el costo político del chantaje gubernamental.

Supongo que se vale soñar.

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Los interesados en este tema pueden descargar el reporte completo de Fundar y Artículo 19, leer el artículo de Diego de la Mora (@diegodelam) en Animal Político, revisar la crónica de  Omar Rábago (@rabanovengador) sobre el cúmulo de esfuerzos por obtener información similar del Gobierno de Veracruz, o revisar la denuncia que presentó hace días el Diario de Ciudad Juárez ante un aparente boycott publicitario gubernamental.

También pueden seguir en twitter el hashtag #publicidadoficial.

– @oneflores.

Según entiendo, al usuario que sacó la bici número 100 millones le brincó encima una turba de japoneses… quienes le entregaron una Velib dorada, discretona, para recordar el evento.

Supongo que el equivalente sería que un mariachi te recibiera en la estación con una Ecobici color rosa mexicano.

El caso es que Ecobici, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, cumple hoy su segundo aniversario, y creo que hay que felicitarlos. Si bien es una lástima que las estadísticas del sistema no estén a disposición del público (como sucede en otros sitios, como Washington, DC), pocos podrían afirmar que el sistema no es un éxito. Las membresías están agotadas, hay gran cantidad de ecobicis en las calles y muchos esperan con emoción una importante ampliación que duplicará la red actual.

Ecobici no tiene ni de cerca cien millones de viajes (de hecho, lleva poco más de 3 millones, je), pero al menos ya está encaminado hacia metas cada vez más significativas. En su primer año alcanzaron el millón de viajes. En su segundo año completaron dos millones más. Tras la expansión que está prevista en el 2012, es posible que en número anual de viajes llegue a 4 millones. Y esto es solamente el número de viajes con bicis del sistema. Para medir el efecto de Ecobici habría que sumar también el número de viajes realizados en bicicletas privadas. Creo firmemente que la presencia de tantas bicicletas públicas en las calles sirve para educar a los automovilistas a respetar al ciclista y para convencer a la población en general de que pedalear no es arriesgar el pellejo. Es decir, Ecobici motiva a la gente a sacar sus propias bicis.

No fueron pocos los escépticos que predijeron un fracaso rotundo. Juraron que los capitalinos se robarían las bicicletas. Argumentaron que pocos estarían dispuestos a utilizar sus tarjetas de crédito. Sugirieron que el modelo de negocio obliga a la ciudad a soportar niveles insostenibles de subsidio. Afirmaron que quienes viven o trabajan cerca de las estaciones seguirían prefiriendo el coche. Y gritaban que andar en bici en las calles de la Ciudad de México era una operación suicida. Todos estos temores estaban (¿están?) parcialmente justificados, pero ninguno ha demostrado ser lo suficientemente grave como para descarrilar lo que hoy es uno de los programas estrella del Gobierno de la Ciudad de México.

Yatta, Ecobici. Yatta Ebrard. Felicidades.

(Por cierto, la celebración en el DF no incluye japoneses bailando, pero si habrá un par de conferencias el sábado y un rally ciclista el domingo. Aquí pueden ver el programa).

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Nota: Recibí algunos comentarios en Twitter y Facebook respecto a este post, diciendo por un lado que “Ecobici tiene muchas fallas”, y por el otro que el programa solo pretende “lavarle la cara” al GDF por pésimas decisiones como la Supervía. Coincido con ambos puntos. Ecobici podría ser MUCHO mejor (cuando tenga un poco más tiempo escribiré una entrada sobre como el régimen contractual con Clear Channel deja mucho que desear). Y es cierto que su adopción refleja, en el mejor de los casos, una especie de esquizofrenia urbana característica del Gobierno de Ebrard: El Jefe de Gobierno promueve las movilidad no motorizada por la mañana, y por la tarde inaugura y defiende obras que hacen menos conveniente viajar sin coche.

Pero en fin. Ecobici cumple años y creo que lo menos que podemos hacer es felicitarlos por un gran trabajo. Además, creo que no es mala idea demostrarle a políticos pragmáticos como Ebrard que invertirle a la movilidad no motorizada no es solo una gesta de Quijotes, sino que también puede representar réditos políticos.

Tal concentración de poder no es excepcional. De hecho, un interesante análisis de Victor Reynoso, publicado en Nexos, muestra que en 22 entidades federativas el partido del Gobernador tiene mayoría, y que en 13 entidades dicha mayoría es absoluta (más del 50% de los escaños). Ser electo gobernador debe ser bonito, pero ser electo emperador debe serlo mucho más.

(Por cierto, hablando de emperadores, me acordé de este artículo que escribí en Octubre del 2008, cuando el PRI en Coahuila ganó 20 de 20 distritos electorales locales. Así nos fue).

Pero aún asumiendo que los Congresos locales pudieran y quisieran actuar con independencia, los gobernadores van de gane. Tienen acceso casi irrestricto a los micrófonos para colocar temas en la agenda. Tienen bajo su mando una amplia estructura burocrática, que sirve tanto para generar e implementar proyectos como para acomodar aliados y premiar a quienes ayudan a destrabar conflictos políticos. Sus proyectos tienen seis años para madurar, más tiempo que ningún otro funcionario local electo. Y sobre todo, tienen dinero, mismo que incluso durante la mas astringente coyuntura económica pueden canalizar casi discrecionalmente a los proyectos de su preferencia.

Los alcaldes, en cambio, son rehenes de su circunstancia. No existe la reelección, por lo que el futuro profesional del Presidente Municipal depende de la buena relación que logre cultivar con el Gobernador. Los regidores, salvo contadas excepciones, deben su cargo al partido y al Gobernador y no a la ciudadanía y al Alcalde. El personal del Ayuntamiento vive inundado por demandas ciudadanas, y por lo mismo pasa más tiempo apagando incendios que planificando el futuro de la ciudad. Y los presupuestos municipales están prácticamente comprometidos para pagar nóminas y servicios, por lo que existe poco margen financiero para obras y proyectos estratégicos.

Por estas razones, el municipio libre es tan real como un unicornio. Más allá de lo que digan nuestras leyes, la autonomía municipal está acotada por limitantes políticas, técnicas y financieras.

Artículo 115 Constitucional procesado y enlatado

Estas son las reglas del juego. Los políticos que aspiran a las alcaldías lo saben y modifican su comportamiento en consecuencia. Trabajan para ganar popularidad, pero trabajan mucho más para ganarse la simpatía del Gobernador. No son tontos. Saben que lo único más difícil que ser electos sin apoyo del Gobernador es ejercer el cargo “por la libre”, definiendo sus prioridades de manera independiente. Por ejemplo, los alcaldes de mi estado han visto como el Gobernador puede financiarse con recursos municipales (como sucedió con los recursos del Programa Hábitat que le corresponden a Torreón), forzar decisiones que le corresponden al Alcalde y a su Cabildo (como sucedió en Saltillo con la autopista urbana o en Torreón con la Gran Plaza), absorber proyectos municipales (como pasó con el Bosque Urbano en Saltillo), ordenar cambios a los reglamentos del Ayuntamiento (como acaba de ocurrir con los horarios de venta de alcohol), o de plano condenar a la inactividad a los municipios dispuestos a defender su autonomía (como sucedió en Torreón durante la gestión panista de José Ángel Pérez).

Quizá por ello es común que los proyectos que anuncia un alcalde sean recibidos con escepticismo. ¿Tendrá el dinero? ¿Podrá convencer a los opositores? ¿Acabará a tiempo? Y, si es tan importante, ¿por qué no lo ha respaldado el Gobernador? En cambio, los anuncios de obras de infraestructura urbana de los gobernadores parecen verdaderamente mágicos. Zim-zalabim: ¡Otro paso de desnivel para aquella ciudad! Abracadabra: ¡Una boulevard para la capital! Supercalifragilístico: ¡Chorromil millones en obra pública para chorromil obras en chorromil municipios!

Todos los astros se alinean con una sugerencia del Gobernador. No ha terminado de leer su discurso, y todos asumen que el Congreso autorizó el presupuesto, que los Cabildos modificarán sus planes de desarrollo urbano y otorgarán los permisos de construcción, que los Alcaldes consideran que la obra es más importante que las alternativas disponibles y que los ciudadanos nos daremos por consultados. No son pocos los estados en los que basta un anuncio del Gobernador para que nadie cuestione la relevancia, oportunidad y conveniencia de estos proyectos. Vamos, muchos estados tienen una democracia tan pero tan eficiente, que los consensos nacen en cuanto el Gobernador decide.

Valga un ejemplo. En mi ciudad, el anterior Gobernador invirtió $3,000 millones de pesos en aproximadamente 30 puentes y pasos a desnivel. Impresionante, ¿no? Pero resulta que el Alcalde tiene atorada la construcción de un importante biblioparque, y sus proyectos de modernización del transporte público, de cambio de luminarias y de expansión del drenaje no parecen avanzar. Las barreras son una mezcla de obstáculos políticos y financieros que nunca afectaron a los proyectos estatales. Las obras del Gobernador se movieron como gacelas (aunque resultaron ser gacelas con esteroides), mientras que los proyectos del Alcalde caminan a paso de tortuga. Y parece que nada ha cambiado. El nuevo Gobernador acaba de decidir de forma absolutamente discrecional que el puente número 31 merece más respaldo técnico, político y financiero que todos los proyectos del Presidente Municipal (que ni siquiera puede quejarse).

Aún sin entrar a valorar cual proyecto es mejor para la ciudad, me parece que hay una discusión de fondo en la mesa. ¿Será de verdad eficiente y adecuado que sean los gobernadores y no los alcaldes y sus cabildos quienes tomen las decisiones más importantes de infraestructura en los municipios de México? ¿En serio deben los Gobiernos Estatales decidir sobre plazas, banquetas y avenidas, proyectos de transporte urbano, reservas territoriales y políticas de desarrollo urbano? ¿Por qué no incrementar las transferencias financieras a los municipios en lugar de hacer las inversiones de forma directa? ¿O por qué no al menos establecer fondos de infraestructura, con reglas de operación claras y transparentes, accesibles a los Ayuntamientos?

Supongo que hay diversos argumentos en contra. Dirán que los gobiernos estatales sean más profesionales. Dirán que en ese nivel de gobierno existen mejores instrumentos de rendición de cuentas. Dirán que los estados están mejor posicionados para impulsar proyectos en zonas metropolitanas.  Y dirán que los alcaldes son capturados más facilmente por grupos de intereses locales, como los terratenientes y los constructores. Cada una de estas amenazas existe, por supuesto, pero todas podrían mitigarse.

Me parece que lo importante es el principio. No me parece congruente que los gobernadores sean paladines del federalismo cuando negocian con el Gobierno Federal, y verdaderos virreyes cuando tratan con los municipios.

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Imagen: Marc Guerrien

En un par de años, mi ciudad se ha llenado de bardas y de rejas. Ahí están las que hoy rodean a los edificios del Congreso y del Tribunal Superior, a la Universidad Autónoma de Coahuila, al Restaurante La Canasta y a la entrada del Kinder del Colegio Ignacio Zaragoza. ¡Hasta la Delegación de la Fiscalía de Coahuila tuvo que amurallarse! Supongo que esta tendencia es todavía más evidente en Torreón, una ciudad que promedió más de dos homicidios diarios en el 2011. Y esta metamorfosis no es exclusiva de comercios, escuelas y oficinas públicas. Tanto en Saltillo como en Torreón las viviendas ubicadas en colonias tradicionales tienden a depreciarse, pues la gente corre hacia la supuesta seguridad que brindan los fraccionamientos cerrados.
La receta parece obvia: “Nosotros adentro, los criminales afuera”. Dado que la calle, la plaza, el parque y la banqueta son irremediablemente peligrosos, concluimos que hay que evitarlos a toda costa. En lugar de pasear en un parque, vamos al centro comercial. En lugar vivir en un barrio, buscamos desarrollos amurallados y con acceso controlado. Alguna vez nos enseñaron a evitar hablar con extraños. A nuestros hijos no les damos ni siquiera la oportunidad.

Consideramos que nuestra seguridad depende de que nuestros destinos sean impenetrables y nuestros trayectos rápidos y sin escalas. Por ello quienes instalan cámaras y alarmas están haciendo el negocio de sus vidas. Por eso quienes levantan bardas no se dan abasto. La ciudad podrá incendiarse, pero no importa, pues nos hemos resignado a que lo que está afuera de nuestro perímetro privado ya no es “nuestro”. Mientras los invasores avanzan y conquistan, nosotros nos atrincheramos en un refugio.
Ya no hay niños jugando en las calles, pedaleando bicicletas y explorando callejones. Ya no existen mecedoras en las puertas de las casas, donde los viejos intercambiaban historias y tomaban el fresco. Muchos no conocemos a nuestros vecinos. Quizás ni siquiera los hemos visto. La incapacidad de nuestras autoridades nos ha convencido de que estar en la calle es estar en peligro. Por ello, antes de salir, verificamos si hay “código rojo”. Por ello viajamos pegados al retrovisor, preocupados de encontrar camionetas sospechosas. Por ello ya no respondemos a un cerrón con gritos y claxonazos. Hasta eso, el miedo nos ha vuelto civilizados. Aprendimos a vivir como presas en un mundo de predadores.
Este texto peca de nostálgico. Si las autoridades están desbordadas, lo racional es modificar nuestros patrones de vida. Sin embargo vale la pena preguntarnos, ¿será cierto que vivir encerrados equivale a vivir más seguros? ¿No sería más efectivo, como sugirió hace tanto Jane Jacobs, multiplicar los ojos en las calles y cuidarnos los unos a los otros?
Curiosamente, las balaceras, persecuciones y arrestos de alto nivel ocurren más frecuentemente en las grandes avenidas y en exclusivos fraccionamientos. La velocidad de las autopistas, y la privacidad y seguridad que ofrecen las altas bardas benefician también a los maleantes. No hay estadística plenamente confiable, pero de 51 balaceras documentadas por los medios impresos en Saltillo, solo un par ha tocado las zonas más céntricas de la ciudad. Mientras tanto, al menos 17 se han concentrado cerca del Boulevard Colosio y de la Carretera a Los González, avenidas flanqueadas por interminables bardas. Compruébelo usted mismo, visitando el sitio www.balaceras.crowdmap.com

¿Donde estaremos más seguros?

¿Aquí?

¿O acá?

Llegamos así a la segunda noticia que captó mi atención recientemente. Resulta que un operativo de la SEDENA, la Policía Federal y la Fiscalía del Estado demostró que las paredes más resguardadas del Estado son más porosas que un queso Gruyere. Fue necesario movilizar a 435 agentes para catear el penal de Saltillo, a pesar de que supuestamente está bajo control de las autoridades. Aún no sabemos que es lo que buscaban, pero sin duda comprobaron el ingreso cotidiano de drogas, alcohol, muebles de lujo y armamento. En otras palabras, si a pesar de bardas, cámaras y guardias los delincuentes meten (¿y sacan?) lo que quieren de la cárcel, ¿que tanta protección ofrecen unas paredes para nuestras escuelas y casas?

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Quizá el estilo de vida mostrado en este video podría escapar pronto de los dibujos animados y convertirse en parte del paisaje diario en la Ciudad:

(Visto en CityFix)

Si bien esta posibilidad es real, lo cierto es que falta mucho para sacar al ciclismo urbano del doble nicho -geográfico y social- en que se encuentra. Vivir sin coche en una ciudad como el DF implica una de dos decisiones:  O limitas tu vida a una zona geográfica reducida (escogiendo estratégicamente la ubicación de tu vivienda, escuela y trabajo, y rezando para que nada cambie), o asumes los costos que implica vivir multi-modalmente.

(Pueden leer el resto del artículo pinchando aquí).

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Distinguido Señor Gobernador,

Darle la bienvenida al Palacio Rosa sería pecar de ingenuidad. Cualquiera que siga la política del Coahuila, sabe bien que usted gobierna desde hace mucho tiempo. Sin embargo vale la pena resaltar que hoy arranca formalmente su sexenio, pues esta fecha tiene implicaciones que trascienden al ritual. A partir de hoy, usted ya no tiene que compartir aplausos con su hermano ni puede responsabilizar de sus decisiones a quien cubrió el interinato. Hoy termina el interludio que permitió al Gobierno Estatal renegociar una deuda mantenida en secreto, validar créditos contratados ilegalmente, incrementar significativamente los impuestos y recortar burocracia y programas sociales sin que usted o su hermano carguen con el costo político. Si bien puede argumentarse que estas medidas fueron necesarias, también fueron inconsistentes con la oferta política que tanto usted como el PRI pusieron a consideración de la ciudadanía.

¿Se acuerda? En el 2009 el PRI-Coahuila (que usted presidía), ofreció en su Plataforma Electoral “fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de los servidores públicos, para evitar la discrecionalidad y el desvío de recursos” (p. 6). En esa misma Plataforma, los candidatos a diputado del PRI se comprometieron a “fortalecer las finanzas estatales con recursos propios sin afectar a la población con más gravámenes” (pg. 58). Hasta el militante más convencido tiene que aceptar que ambas promesas resultaron huecas. No debemos $8 mil millones como registraba Hacienda en Abril, ni $20 mil millones como afirmaban los panistas durante la campaña, ni $34 mil millones considerados en el decreto aprobado por el Congreso en Agosto. El monto real es mayor, todavía se mantiene en secreto, y aún nadie explica de manera contundente a donde fueron a parar los recursos. Y lo que es peor, nuestros Legisladores tuvieron que faltar a su palabra de no incrementar impuestos.

Cuando usted era diputado federal, reaccionó vigorosamente ante una discrepancia similar. En 2010 el Presidente Calderón negoció con el PRI-nacional un incremento al IVA, “para cubrir un boquete fiscal”, y en lugar de aceptarlo usted encabezó una legítima insurrección de legisladores. Lo vimos indignado dando entrevistas, escribiendo artículos, organizando marchas y usando la tribuna para recordarle a prominentes miembros del partido que las promesas de campaña deben cumplirse.

Dado que usted es desde hace tiempo el líder máximo del PRI en Coahuila, ¿por qué no ha mostrado indignación ante la renegociación de la deuda, ante los aumentos de impuestos, ante los recortes a los presupuestos y sobre todo ante la violación de la plataforma del partido? Es difícil imaginar que estas decisiones no le hayan sido consultadas. De hecho, su complacencia sugiere que fueron adoptadas con su beneplácito, y que usted ha podido deslindarse de ellas aprovechando que aún no comenzaba su sexenio.

Afortunadamente ese argumento deja de tener validez el día de hoy.

Usted llega al poder con 700,000 votos, y con una mayoría abrumadora en el Congreso Local. Podríamos afirmar que usted será coronado rey por aclamación, y resignarnos a que el único sistema formal de pesos y contrapesos en el Estado sea el aportado por su consciencia y vocación democrática. Algo similar ocurrió tras la elección de su hermano Humberto hace seis años, quien lamentablemente se dejó llevar por el canto de las sirenas. Sin temor a ser fiscalizados o a perder una elección, los miembros de su equipo relajaron los controles y se arrogaron el derecho a jugar a ser el Rey Midas. Hoy vemos las consecuencias. Si usted es diferente, anticipará este riesgo, y recordará que 440,000 coahuilenses votaron por otras alternativas, aún antes de conocer los detalles de la deuda. A pesar de que estas voces no tendrán debida representación en el Congreso, son una minoría política que merece respeto y atención.

Si usted tiene estatura de estadista, reconocerá que las críticas de quienes hoy se declaran indignados no necesariamente son malintencionadas ni producto de sesudas conspiraciones. Al contrario, representan el incipiente resurgimiento de una ciudadanía que durante demasiado tiempo vivió aletargada por la apatía y la propaganda. Su decepción y molestia es cuando menos entendible.  Ignorar a quienes se manifiestan en las calles, perseguir a quienes han pedido respuestas y expulsar a los militantes que se han atrevido a disentir puede parecer una manera atractiva para demostrar autoridad, pero no disipará las dudas que aún persisten sobre la legitimidad de su llegada a la Gubernatura. ¿Qué recibirá prioridad en su sexenio, Señor Moreira? ¿Proteger el buen nombre de su antecesor, o servir a los coahuilenses que demandan respuestas?

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No puede decirse que lo recaudado por está vía será utilizado para pagar el mantenimiento de los parques y museos. A diferencia de la GRAN mayoría de los organismos del Gobierno de Coahuila, ni el Instituto de Cultura (que administra los museos) ni el Instituto del Deporte (que administra los parques) sufrieron un recorte significativo en el nuevo presupuesto. Pueden verificarlo en este comparativo. Los recursos que tenían el año pasado ya eran suficientes para el mantenimiento de sus instalaciones. Es decir, con este nuevo cobro, los usuarios de los parques y de los museos estarán subsidiando otras actividades del gobierno.

¿Alguna idea de cuales?

Vaya despedida del “Gobierno de la Gente”. Mil veces sería preferible cobrar cuota para que la gente que tiene coche use los puentes que cobrar cuota para que la gente (que quiza no tiene coche) use los parques. La cuestión, al final del día, es ideológica. Ya he escrito sobre este tema antes. Si bien nos gustaría subisdiar todas las cosas todo el tiempo, hacerlo es financieramente imposible. ¿Por qué les parece a los diputados más justo y legítimo cobrar por acceder a un parque que por utilizar los puentes? ¿Por qué es la sociedad entera y no solo los usuarios quienes subsidian el uso de estas infraestructuras viales, y por qué tienen que ser solo los usuarios y no la sociedad entera la que paga por mantener nuestros parques?

Hay mucho que criticar respecto al manejo financiero del Gobierno del Estado de Coahuila. La opacidad, la falta de claridad respecto al destino de los recursos, la posible falsificación de documentos, la docilidad del Congreso, etc. Son tantos temas, que el que aquí discuto parece menor. No lo es.

Bueno, el caso es que Salvador Camarena (@salcamarena), vio alguno de estos tweets, y me invitó a participar en su programa tras el Informe. Aquí pueden escuchar el resultado:

Esto no es un ataque personal, sino una crítica respetuosa. No pretendo insultar, sino poner en la mesa una discusión que buena falta hace sobre la fragilidad de la división de poderes en Coahuila. Y es que tengo que ser claro. Esta Legislatura será recordada como la más dócil y cuestionable de nuestra historia moderna.

Los últimos meses fueron de escándalo. Las campañas electorales y la llegada de Humberto Moreira a la política nacional pusieron a Coahuila bajo la lupa. Semana a semana afloran nuevos detalles, evidenciando lo que muchos suponíamos: Las finanzas del Estado fueron devastadas por el exceso y el descontrol. No solo confirmamos que el monto de la deuda creció exponencialmente durante este sexenio, sino además que el Gobierno Estatal nos mintió sistemáticamente sobre su manejo y tamaño.

Resulta que hay deuda por fuera de los libros, que hay deuda contratada con autorizaciones falsificadas y que hay deuda cuyo destino y propósito no está claro. Hubo muchas obras, pero ni de cerca tantas como para justificar más de 140 mil millones recibidos como presupuesto ordinario en el sexenio, más 33 mil millones adicionales en deuda pública. Resulta que hay que cancelar súbitamente programas sociales, desocupar burócratas, subir impuestos y llegar a acuerdos urgentes y poco transparentes con los bancos.

¿Cómo pudo suceder esto? El culpable favorito es Javier Villarreal, el funcionario que hoy nadie defiende. Lo tildan de maldito, de desleal, de irresponsable. Será el diablo mismo, pero parece ridículo pensar que Villarreal actuó solo, como si trabajara desde la estratósfera, sin jefe, sin pares, sin auditores. En todas las democracias existen contrapesos diseñados para evitar o al menos para detectar a tiempo los errores y excesos. Para encontrar que pasó, debemos preguntarnos por qué fallaron estos mecanismos.

¿Quiénes autorizan los presupuestos? ¿Quiénes estiman los ingresos y fijan el destino del gasto? ¿Quiénes reciben, auditan y aprueban las cuentas públicas del gobierno? ¿Quiénes tienen la facultad constitucional de autorizar los endeudamientos del estado? ¿Quiénes deben velar por el cumplimiento de las leyes? ¿Quiénes realizan la glosa de los informes de gobierno? ¿Quiénes cuestionan a los funcionarios del gabinete? ¿Quiénes crearon el SATEC, el súper-ministerio que dirigió Javier Villarreal?

Ustedes, señores diputados. Nuestras leyes les otorgan atribuciones suficientes para prevenir, identificar o detener problemas. El Congreso existe precisamente para evitar que el Ejecutivo se desboque, pero ustedes jamás jalaron las riendas. ¿Por qué no lo hicieron?

Quizá estaban engañados. Como bien declaró el Presidente del Congreso apenas el 5 de agosto, la deuda autorizada formalmente por ustedes ascendía solo a 7,700 millones. ¿Pero que hicieron al descubrir, en fechas recientes, que existen compromisos por 25 mil millones adicionales? No los vi gritar, ni exigir cuentas, ni siquiera plantear preguntas. Se limitaron a aprobar un decreto urgente (pdf), un cheque en blanco que no solo permitió al gobierno negociar un salvavidas de los bancos, sino que además legitimó retroactivamente todos los compromisos adquiridos a espaldas de ustedes mismos. Si en algún momento fueron víctimas, hoy son cómplices.

Diputado Fernando de las Fuentes, Presidente del Congreso (foto: Vanguardia)

Nunca había visto un decreto tan importante ser aprobado con tanta celeridad. ¿Por qué decir “si” antes de conocer montos, plazos, tasas, garantías y consecuencias de los pagos de la deuda? El gobierno firmó un acuerdo con la banca casi al día siguiente de que ustedes aprobaron su decreto. ¿Pero acaso conocieron oportunamente el costo y las condiciones del refinanciamiento? ¿Discutieron los funcionarios alguna opción con ustedes? Aún ahora, ¿tienen copia del acuerdo que comprometerá las finanzas coahuilenses por 20 años?

En las democracias los grandes planes y sus financiamientos son aprobados por el Legislativo antes de que el Ejecutivo se aventure a gastar un centavo. Acá el gobierno gastó por la libre, involucró al Congreso solo para legitimar y tapar los hoyos, y hasta el final negoció con la banca, ya con la soga en el cuello. El orden de los factores si afecta al resultado.

Me indigna su falta de indignación. Entiendo que algunos de ustedes miden cada paso, cuidando no caer de la gracia de sus jefes políticos. Pero no se equivoquen. Están en el Congreso para representarnos a nosotros.

Solo falta una cosa: la opinión de los ciudadanos.

Este tipo de eventos distan de ser la panacea, pero representan un mínimo indispensable. No solo obligan a las autoridades a refinar y clarificar sus argumentos, sino que también funcionan como una invaluable fuente de ideas. “¿Ya consideraron el efecto en las calles vecinas?”, “aquí falta un cruce peatonal”, “¿cuánto cuesta hacer un túnel?”, ¡Podemos construir un parque en el espacio que se recupere!”.

Nunca falta algún asistente que descalifique todo o algún aspecto del proyecto. La sesión ofrece no solo la oportunidad de ventilar estos puntos de vista, sino que permite entender mejor a los intereses que se consideran afectados. Bien manejada, la ocasión puede transformarse en una rara oportunidad de deliberación, detonando una búsqueda conjunta de ajustes y soluciones. Por supuesto que no siempre se puede darle gusto a todos, pero si podría hacerse un esfuerzo honesto y razonable.

La diferencia es que la conversación pública obliga a la justificación mutua. Quién esté a favor o en contra de alguna alternativa debe presentar argumentos que puedan plantearse y defenderse ante los demás. No puedes pararte ahí y decir que el proyecto beneficia a tu compadre o afecta a la empresa de quien contribuyó a tu campaña. Como mínimo, el gobierno debe explicar claramente que se gana y que se pierde con cada opción, y los ciudadanos explican que elementos les gustan, que les disgusta y con que intensidad. Eso ya representa un avance, pues la construcción de consensos es más factible cuando discutimos y planteamos alternativas que cuando anunciamos hechos consumados.

En este caso particular, existen al menos dos grupos de interés. Estarán quienes usan la autopista solo para regresar a sus hogares después de trabajar. Seguramente pedirán mantener una vía de alta velocidad, preferentemente a desnivel, que minimice cruces y semáforos. También estarán los vecinos, cansados de las barreras físicas que generan las estructuras de concreto y molestos porque no pueden cruzar la calle sin largos rodeos. Exigirán que se bajen los límites de velocidad, que haya más accesos locales en la avenida, y que el segundo piso sea sustituido por un boulevard arbolado.

Ambas son preocupaciones legítimas, que ciertamente se contraponen. Dicha tensión puede llevar al abuso (una se impone, sin considerar la otra) o a la parálisis (una riñe tanto con la otra, que no decidimos nada). Sin embargo, este tipo de reuniones puede ayudar para atemperar estos riesgos. Funcionan de manera opuesta a los mítines políticos, donde todos asistentes están previamente de acuerdo. Al contar con la presencia del “otro”, no son los discursos más radicales los que sobresalen, sino aquellos que proponen ajustes o mecanismos de compensación que nos permiten avanzar.

Por supuesto que es posible manipular estas sesiones. Además, no todos tienen los mismos incentivos o recursos para participar, ni la misma elocuencia, ni la misma calidad de información. Sin embargo, incluir el análisis público de alternativas en el proceso de toma de decisiones urbanas ayuda a mejorar la dinámica. No es lo mismo despertar una mañana y encontrar bulldozers trabajando frente a tu puerta, que haber tenido oportunidad de conocer las opciones e incidir en la decisión. De hecho, esa diferencia distingue claramente a las democracias de los regimenes autoritarios.

La sesión que describo se realizó hace días en el área metropolitana de Boston, donde curso mi postgrado. Me hizo pensar en el Aeropuerto de Texcoco, en la supervía en el DF, en la Vía Express en Guadalajara y en el nuevo estadio de los Rayados en Monterrey. Pensé también en los $1,400 millones de pesos gastados en el Megadistribuidor Vial de Saltillo, sin que nunca hayamos discutido públicamente las alternativas. En todos estos casos la cerrazón y la ausencia de diálogo han sido la norma. El gobernante, que tiene todas las respuestas, decide y después nos avisa. Hacerlo puede ser “eficiente”, pero solo si analizamos el tema de forma superficial. Sin deliberación pública perdemos buenas ideas, tiempo, dinero, legitimidad, transparencia y la oportunidad de construir ciudadanía.

Creo que es un buen tema para los politólogos. Tendremos mucho IFE, y elecciones limpias. Pero si juzgamos la transición democrática mexicana a partir de la manera en que nuestros gobiernos deciden el futuro de nuestras ciudades estamos jodidos.

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En esa ciudad los espacios son más pequeños, pero todo queda más cerca. La arquitectura privilegia los detalles, esos que solo pueden apreciarse a bajas velocidades. Tomar el camión no es indicador de clase social, y moverse en bicicleta no implica arriesgar el pellejo. Los autos no requieren ir a 80 kilómetros por hora, y sus conductores entienden poco a poco que deben adaptarse a la ciudad en lugar de esperar a que la ciudad se adapte a ellos.

Como es una ciudad diseñada para compartirse, los espacios públicos llevan prioridad sobre los privados. Construir altas bardas para proteger las viviendas no resulta indispensable, pues la constante presencia de vecinos y transeúntes representa un mejor disuasivo contra robos y asaltos. Salimos a esas calles a vivir la vida diaria, no solo viajando de un destino a otro, sino además paseando, conviviendo, y disfrutando de las imágenes y sonidos que nos brinda la ciudad.

Por el otro lado está la visión de la ciudad “moderna”. Quienes la defienden aspiran a reproducir aquí las grandes autopistas de Houston, y han declarado con gusto una guerra sin cuartel contra los semáforos. En esa ciudad la modernidad se mide en minutos de viaje, pues de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo y del trabajo a la casa no hay más que desagradables minutos de cemento y asfalto que buscamos minimizar a toda costa.

La razón es que la ciudad “moderna”, así entendida, no es más que un conjunto de burbujas. El parque está adentro de la burbuja de mi fraccionamiento. El restaurante adentro de la burbuja de mi centro comercial. Igual pasa con la escuela o el trabajo. Dentro de estos espacios privados nos sentimos cómodos, seguros, felices. Fuera de ellos existe un espacio físico -la ciudad- que ocupamos pero que no sentimos nuestro. Quizá por ello, para movernos de una burbuja a otra, preferimos utilizar el automóvil, que finalmente es otra burbuja.

Quién aspira a la ciudad “moderna” busca principalmente evitar que las burbujas ajenas se encimen sobre las suyas. El Estado que compra este discurso transforma aquel objetivo en programa de gobierno: Promueve la urbanización de las periferias, levanta vías de alta velocidad y garantiza una sobreoferta de estacionamientos. Pronto tenemos espacios más amplios, pero ubicados más y más lejos, en sitios que nos vuelven dependientes en la movilidad privada.

Son dos ciudades distintas las que resultan de estas visiones contradictorias, como distintas son las políticas públicas necesarias para implementar cualquiera de ellas. Independientemente del tipo de ciudad que prefiramos de manera individual, lo cierto es que promover las dos visiones de manera simultánea es cuando menos problemático, pues las acciones tomadas en un sentido tienden a hacer menos efectivas a las acciones tomadas en contrario.

Hay pasos peatonales, ¿pero cuantos de ustedes cruzarían por gusto a pie una avenida como el Periférico del DF? ¿Cuántos estudiantes recorrerán en bicicleta los 13 kilómetros que separan a Saltillo de la nueva Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, a pesar de la nueva ciclovía? ¿Cuántos de ustedes pasean con sus hijos en sus colonias, no durante la notable excepcionalidad de las “Rutas Recreativas” que organizan algunas ciudades el domingo, sino de manera cotidiana?

En efecto, en muchas de nuestras urbes hace falta una discusión abierta y plural sobre el tipo de ciudad que desean sus habitantes. Es indispensable alinear la política urbana de los Gobiernos Estatales, que frecuentemente tienen el presupuesto y el control fáctico de la agenda, con la de los Municipios, que no solo tienen la responsabilidad sobre la ciudad, sino también el contacto más cercano con los sueños y aspiraciones de los vecinos. Impulsar dos proyectos contradictorios de desarrollo de forma simultánea no es más que cultivar la esquizofrenia urbana, un camino claro para que los mejores proyectos den resultados desalentadores.

Twitter: @oneflores

(Una versión de este artículo, ajustada para Saltillo, apareció publicada en el Periódico Vanguardia)

Terminó la bacanal. La música ya no suena, no queda vino en las botellas y la mayoría de las mujeres y hombres que participaron han perdido su vigor. Exhaustos, los selectos invitados comienzan a despertar del trance. Lo que sucedió a puerta cerrada, durante casi seis años, fue una verdadera orgía, en la que todo se permitió. Los invitados pudieron gritar, bailar, beber y amar sin límite. Tomaron para sí mismos todo aquello que desearon, y mientras lo hicieron, recibieron tantos vítores y aplausos que quedaron convencidos de que el placer era parte de su destino manifiesto.

Muchos de los invitados a la fiesta eran hombres buenos. Los hemos visto, y platicado con ellos. Algunos son ciudadanos comprometidos con nuestras ciudades,  seguramente con futuros promisorios. Pero un día recibieron la invitación para formar parte del círculo rojo. Cruzaron la puerta y lentamente se quitaron la venda. Quizá se sorprendieron, pues el gran proyecto social que defendían no corresponde a la orgía que pudieron atestiguar. Tomaron una copa, pensando que hacer, y luego tomaron dos. Algunos de ellos concluyeron que podrían limpiar la casa por dentro, que podrían convencer al resto de que la degeneración de la pachanga traería un costo para todos. Pero no pudieron -o no quisieron- navegar contra la corriente. Quizá tomaron una tercera copa, y les gustó la música. O quizá calcularon que el costo de salir a la calle y hablar fuerte sobre lo que sucedía adentro de la casa sería demasiado alto.

El caso es que flotaron con el resto. Asumieron que las cosas así son, que la moral es un árbol que da moras, y que quien pierde la vergüenza no sabe lo que gana.  Probablemente concluyeron que solo un loco dejaría pasar la oportunidad de participar en la fiesta del siglo. Algunos hicieron negocios, otros conquistaron puestos públicos. Mejor adentro que afuera, mejor protegido que en la intemperie, mejor violador que violado. Se sintieron intocables, y al menos durante los últimos seis años lo han sido.

Pero poco a poco despiertan y miran a su alrededor. La bacanal ha terminado. Muebles rotos, ventanas quebradas, cuerpos cubiertos de vomito ajeno. Desde afuera les piden cuentas, pues el secreto de la orgía se ha hecho público. La pasión con la que defendían el proyecto del anfitrión es cada vez menos vigorosa, y quizá solo sostenida por el miedo a que los señalen como cómplices. Lo cierto es que muchos tomaron del vino y comieron del banquete que les pusieron enfrente. Hoy les palpita la cabeza, les duele el cuerpo entero, sienten la garganta seca.

Se encuentran ante una encrucijada. Aceptar que sucedió la orgía es validar a los críticos, diciendo que en efecto fueron desordenados, opacos, irresponsables, cínicos o timoratos. Por eso ahora tratan de limpiar la casa con el mayor sigilo. Su esperanza es que la gente mire hacia otro lado, olvidando el episodio. Hoy recortan el gasto, reorganizan la contabilidad, renegocian las deudas. Han seleccionado un par de chivos expiatorios, y parecen listos para crucificarlos en caso necesario.

Unos sonríen como si hubiesen olvidado todo, como si no hubieran visto nada. Otros disparan argumentos simplones a la menor provocación: “se hicieron muchas cosas buenas”, “el jefe es un hombre sensible”, “el gobierno federal anda peor”, “es un perverso ataque”, “las obras están a la vista”.

Pero los vecinos sabemos lo que pasó. Aquí hubo una fiesta, y una fiesta en grande. Algunos ya revisamos las cuentas, y hemos comprobado que los números no cuadran. Basta revisar los informes de gobierno para verificar que la deuda que contrajeron a nombre de nuestros hijos y de nuestros nietos es mucho mayor al costo de todas las cosas buenas que hicieron en los últimos años. Que nadie lo dude: Nos endeudaron para pagar su borrachera.

Me pregunto que más tendría que suceder para que los miembros de mi generación de priístas coahuilenses tomen distancia y cuestionen seriamente a nuestros líderes. ¿Dónde están las voces críticas en ese partido supuestamente democrático? ¿Qué dicen los diputados y los jóvenes funcionarios de la evidente bacanal? ¿En qué momento hipotecaron su libertad, su capacidad crítica, su idealismo y sus valores? ¿Cuándo se volvieron tan ambiciosos que dejaron de distinguir entre lealtad y complicidad? ¿Son víctimas que apenas se dan cuenta del desastre que facilitaron, o colaboradores concientes de que para avanzar sus carreras políticas y empresariales había que someterse y callar?

No lo sé. Lo único claro es que la bacanal ha terminado, y que tanto los funcionarios que entregan como los que reciben tendrán mucho que explicar.

Coahuila no sabe a cuanto asciende su deuda pública. Hacienda dice que debemos $32 mil millones. El titular del SATEC reconoce $22 mil. Las calificadoras Fitch y Standard and Poors prendieron los focos rojos hace meses, estimando la deuda pública del Estado en $14 mil millones y cuestionando la opacidad de su manejo. El Presidente del Congreso, aquel órgano encargado de autorizar el presupuesto y vigilar las cuentas, conoce solamente de $8 mil, mientras que los panistas denunciaron que créditos por al menos $3 mil millones adicionales fueron contratados por el Gobierno con documentos falsos.

Mientras tanto el Gobernador interino, que antes fue Tesorero, no ha validado una cifra específica. En sus declaraciones se ha limitado a explicar que el monto del endeudamiento es “correctamente manejable”. Quizá así sea, pero no podemos estar seguros porque nadie ha clarificado con exactitud y contundencia cuanto debe Coahuila. Por lo pronto, lo único que sabemos es que debemos mucho y que nunca habíamos debido tanto.

Los efectos se perciben cada vez con mayor fuerza. Hay proveedores que no han logrado cobrar sus servicios al Gobierno. Los bancos están nerviosos. Existen rumores crecientes de recortes en la nómina gubernamental. Los programas estrella del Gobierno en turno están siendo acotados o condicionados -como sucedió con el programa de los “uniformes de la gente”-, o de plano cancelados -como pasó con las “tarjetas del hogar”. Y algunos otros compromisos quedan en el aire, como la entrega de las 100,000 computadoras personales que el entonces Gobernador Moreira prometió -sin nunca cumplirles- a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y a los profesores del SNTE.

Dado el manejo atípico de la contabilidad gubernamental en este sexenio, transformar al “Gobierno de la Gente” en el “Gobierno del Orden” será una tarea complicada y dolorosa. De no ser por la identidad partidista pero sobre todo por la cercanía filial que une a Rubén con Humberto la entrega sería políticamente sangrienta. ¿Quién en su sano juicio recibiría la Secretaría de Finanzas sin chistar? ¿Cuántos asuntos, cuantos problemas, que seguramente rayarán en la línea de lo que no es ético y no es legal tendrán que resolverse lejos de la luz pública para no afectar el legado de quienes entregan?

Hace apenas seis años, la entrega de las finanzas gubernamentales detonó un importante debate público. El entonces Gobernador Enrique Martínez presumió haber dejado la casa en orden, y con deuda cero. No pasaron muchos días después del cambio de administración para que el Moreirismo disputara esos números. El encabezado a ocho columnas del Periódico Vanguardia el día 13 de diciembre de 2005 fue implacable: “Destapan deuda de EMM”. La nota describe como Jorge Torres, recién designado por Humberto Moreira como Tesorero, presentó un informe al Congreso en el que desmentía la existencia de la “deuda cero”. Resulta que al llegar encontró $523 millones de pesos pendientes de pago a proveedores. ¡Qué barbaridad!

Allá en 2005, cuando deber millones era más escandaloso que deber miles de millones

¿Qué habría dicho Jorge Torres en el 2005 si al recibir su oficina hubiese encontrado adeudos por $32,000 millones de pesos en lugar de cuentas por pagar por solo $523 mdp? ¿Habría dicho, como dice ahora, que tal nivel de deuda es “correctamente manejable”? ¿Y por qué ahora que es Gobernador no instruye a su Tesorero acudir al Congreso a presentar un informe igual al que el mismo presentó en el 2005?

Si el Gobernador Interino estuviese comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas podría hacerlo, pues existen argumentos para defender el endeudamiento del sexenio que termina. Podría dar un número concreto y detallar que obras se hicieron con los recursos, cuál será la afectación al margen de acción del próximo gobierno y que providencias “correctas” se están tomando para “manejar” el adeudo.

Al no hacerlo, el Gobernador está permitiendo que crezca la suspicacia. Si no da un número, creeremos que los $32,000 millones es la cifra correcta y si no detalla puntualmente el destino de los recursos, nos obliga a hacer cálculos de servilleta en los que el Gobierno no queda bien parado. Por ejemplo, los puentes en Saltillo, incluyendo el “Mega Distribuidor Vial”, representan una inversión total aproximada de $4,000 millones de pesos. Asumiendo que cada una de las cinco regiones del estado tuvieron una inyección de recursos similar, ¿dónde quedó el resto?

Jorge Torres pasó en seis años de ser el funcionario que “destapó la deuda de Enrique Martínez” a ser quien “tapó la deuda de Humberto Moreira”. Supongo que alguien deberá premiarle su lealtad. Ojala no lo castiguen regresándolo a Finanzas.

Esa tensión suele llevar a estrategias que generan resultados malos por limitados. Hay por ejemplo quien le apuesta a la “gran visión”, dedicando su tiempo en generar bellos documentos llenos de mapas a colores condenados a coleccionar polvo en algún escritorio. Pienso en ciudades que invierten en grandes “planes de movilidad sustentable”, técnicamente inmaculados, pero que por una causa u otra nunca se implementan. Por el otro lado, hay quien le apuesta al “pragmatismo”, impulsando proyectos pequeños, bien definidos y de alta visibilidad, pero que frecuentemente no hacen más que generar algunos islotes de orden y belleza en un mar de desmadre urbano absoluto. Pienso por ejemplo en el Ecobici del DF, una chulada… si vives o trabajas en la Condesa.

Ambas estrategias tienen grandes puntos a favor, pero creo que cuando la balanza se inclina por una de ellas en detrimento de la otra, el planificador urbano hace solo la mitad de su trabajo. Supongo que lo que quiero decir es que uno de los retos que enfrentan quienes practican esta disciplina es balancear el soñar con el hacer, el idealismo con el pragmatismo y el plan con el programa. Concentrarse en uno solo de los lados de esta ecuación lleva frecuentemente a planes que no pueden implementarse, o a proyectos que no pueden escalarse.

Pienso que muchos, por querer posicionarse como “estadistas” que piensan “en el largo plazo” y que pretenden poner “lo técnico por encima de lo político”, terminan como grandes ineficaces. Y pienso que otros, por concentrarse en “dar resultados” con “soluciones concretas”, terminan frecuentemente profundizando las disparidades que en teoría quieren combatir.

¿Cómo balancear las recomendaciones del visionario Daniel Burnham, que recomendaba “no hacer planes pequeños”, con las del pragmático Jaime Lerner, quien sugiere hacer “acupuntura urbana”? ¿Bajo qué condiciones tiene sentido invertir en salvar el árbol, y bajo cuales es práctico más bien pensar en el bosque completo?

Creo que para impactar realmente en la ciudad, las acciones de acupuntura urbana requieren de un plan que les permita expandirse o multiplicarse, aunque sea de forma gradual. Igualmente creo que para que las grandes visiones escapen del escritorio requieren diseñarse pensando -desde el inicio- en como van a implementarse.

Visión y acción. El urbanismo no es sobre escoger entre una y la otra, sino sobre como balancear las dos.

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El anuncio de este nuevo programa fue todo menos intrascendente. Con aquella primera tarjeta, el Gobernador daba el banderazo a una ambiciosa política local, que prometía extender el derecho a la salud a los ciudadanos que no alcanzan cobertura del ISSSTE o del IMSS. La mecánica descrita era tan simple como escueta. El Gobierno entregaría un millón de estas tarjetas, y sus portadores podrían usarlas para acceder a una larga lista de servicios médicos, que incluía rayos x, hospitalización, consultas, partos y cesáreas, trasplantes de médula, cirugías de cataratas, implantes cocleares y traslados interurbanos en ambulancias equipadas.

(Acá pueden descargar un pdf con el texto del discurso de HMV. La parte relevante está en la página 2)

Sin duda, la Tarjeta representa el programa social más ambicioso que se ha planteado a los coahuilenses en la historia moderna, y precisamente por ello merece escrutinio cuidadoso. No ha pasado un año, y la semblanza del Profesor Humberto Moreira, disponible en la página web del Gobierno del Estado, ya lo califica como un éxito rotundo, afirmando llanamente que la creación de la Tarjeta de la Salud

“dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”.

Suena re-bien, ¿habrá sido así? Me encantaría compartir el optimismo, pero la escasa información disponible solo permite concluir que este programa ha sido transparente.

Transparentemente obscuro.

Sus reglas de operación no están publicadas, no hay un funcionario o una oficina pública claramente responsable, no existe un presupuesto aprobado ni se ha ventilado una sola evaluación. No sabemos con claridad cuantos servicios se han dado, quienes son los beneficiarios, bajo que criterios los seleccionaron o cuanto ha invertido el Gobierno en el programa. Vamos, el programa no registra ni una sola mención en el motor de búsqueda de la página web de la Secretaría de Salud, y no aparece mencionado ni una sola vez en el texto oficial del Quinto Informe de Gobierno.

Solo gracias a declaraciones esporádicas sabemos que el programa existe, mientras los detalles más básicos de su operación se mantienen bajo tinieblas. Puedo afirmarlo pues ya solicité, vía el sistema dispuesto por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, algunos datos básicos del programa tales como:

1. Las reglas de operación del programa.
2. El número de “tarjetas de la salud” que se han entregado desde el anuncio el programa, desagregado por municipio.
3. El número de tarjetahabientes que se han presentado a solicitar un servicio, desagregando por municipio el número de cada uno de los servicios que mencionó el entonces Gobernador en su discurso.
4. El número y tipo de servicios que efectivamente se han ofrecido a los tarjetahabientes, desagregado por unidad de atención y municipio.
5. El costo total que ha representado para el estado este programa, desagregado por concepto de gasto.

La respuesta del Gobierno del Estado fue kafkiana.

Mi primer intento fue en la Secretaría de Salud (solicitud número 00226211), donde me contestaron que

“El programa de “Tarjetas de Salud” no es administrado por la Secretaría de Salud. Se le sugiere realizar su cuestionamiento a la Secretaría de Desarrollo Social.”

Obediente, solicité la información a SEDESOL (solicitud número 00226311), donde me remiten a esta liga que no tiene nada que ver con el programa, aclarando que dicha dependencia

“no opera programas vinculados en el rubro de salud”.

Dos solicitudes, un mes, y el Gobierno aún no podía clarificar ni siquiera quien opera el programa.

Pregunté entonces a la Procuraduría Social (solicitud 00260711), una dependencia adscrita al Despacho del Ejecutivo, “creada para conocer, atender y tramitar todas las peticiones dirigidas al Gobernador del Estado”. Lo hice pues aunque la operación de un programa como la Tarjeta de la Salud no corresponde a las atribuciones de esa oficina, recordé que ahí operaron el “Monedero de la Gente”.

¿Se acuerdan del Monedero? Era un programa también basado en tarjetas repartidas a ciudadanos, que tuvo que cancelarse cuando el Gobernador reconoció la existencia de padrones de beneficiarios duplicados. Pues piensa mal y acertarás. Resulta que la misma dependencia que manejaba mal el reparto de monederos es ahora la encargada de operar la principal política de salud del Estado de Coahuila.

Esto me respondieron, por primera vez vía un oficio:

La respuesta dice mucho por lo que dice. Por ejemplo, menciona que se han entregado 363,811 tarjetas, una cantidad que no solo es inferior al millón prometido por el Gobernador, sino que me tiene preguntándome como hace sus cálculos el Secretario de Salud. Por supuesto que hay muchas explicaciones razonables del rezago, ¿pero entonces por qué la semblanza oficial del Profesor Moreira dice que la Tarjeta dio servicios gratuitos a TODA la población? Es como decir que somos campeones del mundo por haber acudido al Mundial, ¿no?

En todo caso, la respuesta de la Procuraduría Social dice mucho más por lo que NO dice. Por ejemplo, notarán que en el segundo párrafo admite de que quien se encarga de repartir las tarjetas no tiene las reglas de operación del programa. ¿Debemos entender entonces que desconocen los criterios establecidos para seleccionar a los beneficiarios? ¿Cómo y bajo que criterios determinan a quien le toca tarjeta y a quien no? ¿Cómo y bajo que criterios determinan cuantas tarjetas repartir en cada municipio? ¿A ojo de buen cubero? ¿Será que cada tarjeta implica una aventura burocrática como esta que relata en su queja un cuidadano? ¿O será que hay que conocer a la persona correcta, como le sucedió a Martiniano?

La respuesta de la Procuraduría Social concede además que no cuenta con información sobre la cantidad, tipo y ubicación de los servicios que han solicitado los beneficiarios. Es decir, Salud no sabe quienes son los beneficiarios y la Procuraduría Social no sabe cuales han sido los beneficios. Poniendo el rompecabezas junto, nadie en el Gobierno parece saber cuanto cuesta la Tarjeta de la Salud, ni cuanto ha mejorado la salud de los coahuilenses como consecuencia del programa.

No podemos descartar la posibilidad de que los funcionarios que respondieron estas solicitudes son incompetentes. Sin embargo, hablamos de tres dependencias distintas y de un programa clave para la administración. La hipótesis de incompetencia colectiva requiere demasiadas coincidencias, y siento demasiado respeto por nuestros servidores públicos como para creerla posible. Aventuro entonces una alternativa. En su ánimo por posicionarse como aquel que “dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”, el entonces Gobernador condenó a sus subalternos a ser descaradamente opacos.

¿Ustedes como lo ven?

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Dice el Gobernador Electo que el suyo será “el gobierno del orden”. Enhorabuena. Hay mucho que ordenar.