La anulación de resoluciones de convocatorias generales en selección de efectivos o contratos públicos sin que exista impugnación previa de las cláusulas o prescripciones cuya nulidad se alega.

Te propongo otro título;

1.-Régimen jurídico de la responsabilidad personal de funcionarios y autoridades por retrasar expedientes a posta.

Por otro lado,´y aunque estoy de acuerdo con lo que dices, hoy en día la proliferación de libros y artículos es tan abundante que es preciso ser muy selectivo con lo que se lee. En muchos casos te encuentras con trabajos que lo único que hacen es reproducir lo que dice la Ley sin profundizar los más mínimo en la casuística, que es lo que nos toca ver día sí y día también.

Por eso hace tiempo que cada 2 o 3 años, me leo con detalle el García de Enterría, actualizado, cosa que recomiendo y así al menos, se robustece el tronco para luego no perderme por las ramas.

Saludos y enhorabuena por tu esfuerzo diario

“Crónica del muy inaudito y sin igual legajo, que fuera hallado ordenado, informado, paginado, indexado y resuelto en debido plazo”

No se le dio el nihil obstant y a su autor se le exigió, bajo amenaza de excomunión, el silencio perpetuo.

Supongo que entre los abogados del estado que forman parte de la comisión no está el que consideró el concurso como un elemento que obstaculizaba “la penetración administrativa de la opción política legitimada democráticamente” y como generador de “mandarinatos” dentro de la administración (STC 235/2000, de 5 de octubre).

¿No sería mejor y más barato (más eficiente) que los funcionarios que informan los recursos tuvieran las garantías de inamovilidad en el puesto que se considera deseables para los miembros de las comisiones independientes de recursos administrativos?

¿No sería mejor y más barato dotar de recursos al Tribunal de Cuentas?

¿No sería mejor y más barato dar instrumentos legales a los funcionarios que tienen encomendado el control interno, al menos de los actos de contenido económico, para que ese control sea efectivo?

Por último, no puedo creerme que se estimen el 46,8 por ciento de los recursos. En mi ayuntamiento estamos en el 26.7 (media de los años 2009, 2010, 2011 y 2012) . Sigue siendo alto, pero está muy cerca del porcentaje de acierto de los jueces, por lo que no creo que haga falta un tribunal administrativo independiente para resolvernos los recursos.

Un saludo

Las Comisiones Administrativas Independientes habrá que ver su régimen de funcionamiento, si el recurso es potestativo o no antes de acudir a la jurisdicción…, quién los compone etc…. El mayor miedo es que se conviertan en un tapón dilatorio que añada meses o años a la resolución de la litis sin aportar mayores garantías.

Aparte lo menos malo o incluso positivo de este Anteproyecto:

Las modificaciones, ampliando las posibilidades del recurso de casación estatal, a priori es buena noticia, aunque de alcance limitado por lo que parece. Ante la ausencia de TC para el ciudadado medio, que ni está ni se le espera, al menos en abstracto cabe la posibilidad de acudir a esta vía, ya que hasta ahora la casación en interés de ley sólo podía interponerla la Administración.
Supresión del plazo de rehabilitación, salvo en demanda y contestación, un avance para no esperar sine die por algunos.
Competencia de las Salas de TSJ y AN respecto del nacimiento o extinción de la condición de funcionario, de justicia, se homologa el tratamiento de estos supuestos ya en primera instancia, y cabe recurso de casación ordinario en todo caso, algo que no ocurría por ejemplo con los funcionarios de administración local.
Costas, no se incluye al codemandado voluntario, como regla general me parece razonable (salvo temeridad o mala fe) para evitar supuestos desproporcionados o ver como los codemandados son dirigidos por trescientos letrados distintos en base a un mismo escrito con firma de cada uno de los intervinientes.

De todas formas todo es susceptible de empeorar en estos tiempos con lo que ya veremos como acaba.
Saludos