El vicepresidente del Partido Socialista, Sergio Aguiló, manifestó su rechazo a que se otorguen posibles beneficios a militares condenados por casos de derechos humanos, a propósito de los cambios anunciados por el gobierno a la Ley Antiterrorista con motivo de la huelga de hambre que mantienen comuneros mapuches.

A juicio del diputado PS, la idea planteada por los parlamentarios de la Alianza Alberto Cardemil (RN), María Angélica Cristi (RN), Hernán Larraín (UDI), Iván Moreira (UDI) y Jorge Ulloa (UDI) “nos parece altamente reñida con la ética y la historia republicana de nuestro país”.

“La verdad es que estos señores están proponiendo un canje de prisioneros de guerra, como si los militares que violaron los derechos humanos hubiesen sido detenidos injustamente por la Concertación y los mapuches fueran presos políticos de la derecha… Esto implica un desconocimiento absoluto del Estado de derecho y de las instituciones democráticas. Esta gente cree que aún estamos a fines de los ´70 e inicios de los ´80, cuando mandaba Pinochet sin Dios ni ley”, agregó.

Finalmente, Aguiló señaló que tras esta idea “se ve claramente la mano de la UDI” y sostuvo que espera que tanto el Presidente Sebastián Piñera como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “no tomen en serio” las ideas de los parlamentarios.

Cámara de diputados-Los diputados Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez y Hugo Gutiérrez dijeron que el Estado tiene la responsabilidad de acercarse a la comunidad mapuche para detener la huelga de hambre que desde hace 57 días mantienen 34 comuneros.

Pese a valorar que se ponga fin a la jurisdicción de los tribunales militares en el ámbito civil, los diputados de Oposición Sergio Aguiló (PS), Hugo Gutiérrez (PC) y Tucapel Jiménez calificaron como “insuficientes” las modificaciones a la Ley Antiterrorista anunciadas hoy por el Presidente Sebastián Piñera, como una fórmula para poner fin a la huelga de hambre que desde hace 57 días mantienen 34 comuneros mapuches.

Asimismo, los parlamentarios cuestionaron duramente que se obviara la demanda de los voceros del movimiento que exigían la instalación de una Mesa de Diálogo con el Ejecutivo. De modo que emplazaron al Gobierno a instalar ahora esta instancia.

“Consideramos que las modificaciones a la Ley Antiterrorista son claramente insuficientes. Esta es una ley que en general -de acuerdo a todos los tratadistas en derecho internacional- no pasa los test democráticos en ninguna parte del mundo”, dijo el diputado Aguiló.

Aguiló dijo que es altamente preocupante que la iniciativa del Gobierno no considere la instalación de una mesa de trabajo con la coordinadora de familiares de los comuneros mapuches, puesto que el Estado tiene la responsabilidad de acercarse a una comunidad como ésta, que se siente afectada a tal punto que 34 de sus miembros mantienen una huelga de hambre por más de 57 días, arriesgando gravemente su salud.

“Además el Gobierno tiene la obligación jurídica internacional de hacerlo. El acuerdo de la OIT, numero 169, obliga a los suscriptores de dicho acuerdo -y Chile lo es- a consultar a la comunidad indígena afectada cualquier modificación legal que se proponga”, dijo el diputado PS.

En tanto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Hugo Gutiérrez indicó que “hoy hay una exigencia que recae sobre el Gobierno de la República de Chile y sobre el señor Piñera que es quien debe iniciar las conversaciones con los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre y no traspasar a las Iglesias o cualquier otra institución el deber ineludible de terminar con esta huelga”.

“Él tiene la obligación y el deber de cumplir con el convenio 169 de la OIT que los obliga a crear todas las instancias necesarias para prevenir conflictos o dictar alguna legislación”, enfatizó el diputado, quien señaló que el Gobierno rechazó la ayuda de ellos como parlamentarios pues nos “ofrecimos para buscar una rápida solución a la huelga que mantienen los 32 comuneros y en base a eso pretendíamos trabajar”.

Por su parte, el diputado PPD, Tucapel Jiménez, sostuvo que “hay que dejar bien en claro que el proyecto de ley que modifica la Justicia Militar no surge del Gobierno, sino que es un requisito de los comuneros mapuches para terminar con la huelga de hambre. Me imagino que el segundo proyecto, sobre el perfeccionamiento de la Ley Antiterrorista quedó pendiente, ya que no hay consenso en el Gobierno al respecto”.

“Sin embargo, le pedimos al Gobierno que se apure, que envíe lo que tenga, porque cada día que pasa, se agrava el estado de salud de los comuneros mapuches en huelga de hambre, y no sabemos cuánto tiempo más puedan seguir esperando”, indicó Jiménez.

El parlamentario agregó que “creemos que Chile no necesita una ley antiterrorista, sin embargo, en vista de lo que está ocurriendo actualmente, nos hemos abierto a que se modifique a la brevedad dicha legislación”.

El Mostrador-La primera vez que se aplicó la Ley Antiterrorista a un mapuche fue por el delito de “amenaza terrorista” y se hizo en contra de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, quienes fueron condenados a cinco años y un día. Personalmente conozco al segundo de ellos. La última vez que estuve con el Longko Aniceto Norín fue hace un par de meses. ¿Qué conversamos con este supuesto terrorista? Su preocupación por vacunar a los animales de la comunidad para que no se enfermaran en el invierno, los problemas que tenían en la Escuela Rural del sector de Didaico y que el camión de la Municipalidad de Traiguén no daba abasto para la entrega de agua a las casas del sector.

¿Por qué se generó esta condena por delito “terrorista”? Por un problema de tierras que lleva décadas entre los comuneros mapuche del sector y los dueños del fundo Nancahue de la Comuna de Traiguén. Mi opinión personal, Aniceto Norín cometió un delito que debe ser sancionado, pero para ser sinceros y si lo conocieran personalmente, se darían cuenta de que está lejos de la imagen que uno podría tener de un terrorista.

Las demandas territoriales y la protesta social por parte de las comunidades mapuche de la Araucanía ha sido una constante en nuestra historia. Desde el fin del proceso de Radicación de Indígenas por los años 30’, estas demandas se han canalizado por distintas vías, muchas veces pacificas y otras veces de manera violenta.

A principios de los años 90’, se hizo un esfuerzo importante para solucionar estas demandas, pero la violencia continuó en torno a grupos minoritarios. Es así como el Gobierno de Patricio Aylwin terminó acusando a 144 mapuches por asociación ilícita y usurpación a través de la legislación común.

Sin embargo, en 1997 son atacados tres camiones forestales en la Comuna de Lumaco, con lo que cambia radicalmente la manera de ver la conflictividad en la zona. Se comienzan a escuchar las primeras voces de “conflicto mapuche” y “terrorismo”.

Con hechos violentos en aumento, durante el gobierno de Eduardo Frei se interpusieron denuncias por delitos tipificados en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero la violencia no se detenía y los éxitos policiales para dar con los responsables eran muy escasos.

En dicho contexto, el primer presidente socialista desde el regreso de la democracia, don Ricardo Lagos Escobar, inaugura la aplicación de la Ley Antiterrorista a comuneros Mapuche.

La misma senda seguiría la ex Presidente Michel Bachelet. En ambos casos y según lo señalara el propio Subsecretario del Interior de la época, Correa Sutil, su utilización se justificó más por las ventajas para la investigación que daba esta legislación, que por la connotación de “terrorista” de todos los hechos investigados.

Fue así, como los Gobiernos de Lagos y Bachelet terminaron aplicando en forma indiscriminada la Ley Antiterrorista, sin distinguir un aspecto que resulta esencial a la luz de la historia de la conflictividad en la Araucanía: la diferencia entre delitos “ideológicos” y delitos por “demandas territoriales”. Estos últimos han existido siempre en la Araucanía y nunca se les había aplicado una norma tan excepcional como la Ley Antiterrorista, bastando siempre la legislación común para contener este tipo de reivindicaciones cuando revestían el carácter de delitos.

En el caso de los “delitos ideológicos”, estos deben tener sin duda una consideración especial, porque delitos sin “reivindicación territorial directa o concreta” dicen poca relación con lo que ha sido la histórica protesta social de las comunidades mapuche en la Araucanía y por tanto, están más vinculados a “nuevas demandas” surgidas de grupos más ideologizados en la causa mapuche y que en muchos casos ni siquiera son compartidas por la mayoría de las comunidades de la Araucanía.

Sin embargo, la Ley 18.314 no realiza estas distinciones y los delitos de carácter terrorista se caracterizan por incluir un elemento subjetivo muy amplio “que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie”, y presumiendo tal finalidad en caso de utilizarse elementos “incendiarios” sin establecer mayores elementos objetivos que permitan una mejor precisión en la hora de su aplicación y poder así, hacer la distinción que hemos señalado entre “delitos ideológicos” y “delitos por demandas territoriales”.

Esta amplitud en la definición de nuestra Ley Antiterrorista ha sido constantemente cuestionada por numerosos organismos internacionales en momentos que la tendencia mundial tiende a limitar el elemento subjetivo en la definición de delito terrorista. Así, el uso indiscriminado de la Ley Antiterrorista como se ha estado produciendo en la Araucanía, al final termina debilitando la legitimidad propia de nuestro Estado de Derecho.

Es por ello que resulta indispensable modificar nuestra Ley Antiterrorista para hacerla más precisa y centrada en forma preferente en los hechos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad física de las personas, limitando a su vez, la competencia de la justicia militar para procesar y condenar a civiles. Con estas medidas creo que gana y se fortalece el Estado de Derecho y se impide que grupos minoritarios que no representan al pueblo Mapuche, se arroguen una representatividad que no tienen y de la cual pueden usufructuar desde el momento que el Estado considere a todos los Mapuche como un solo grupo “terrorista”.

La Tercera-Dos meses de huelga de hambre y varios años de persecución bajo la ley antiterrorista. Cerca de 50 comuneros en prisión preventiva y ningún responsable de las muertes de jóvenes mapuches cumpliendo condena. Tal es la situación que exhibe el país en relación con el pueblo originario más saliente de Chile.

Quienes han optado por la huelga de hambre acusan al Estado -el mismo que en los albores de la república exaltó el coraje araucano para luego justificar su “pacificación” en aras del progreso- de no atender las demandas de los pueblos indígenas: devolución de tierras ancestrales, reconocimiento constitucional y una agenda de protección de derechos, entre ellas. Y ante la falta de voluntad estatal para escuchar esos reclamos, miembros del pueblo mapuche llaman la atención por vías irregulares y hechos de fuerza, que en algunos casos constituyen delitos.

Los gobiernos de la Concertación, que prometieron receptividad a estas demandas, mantuvieron una actitud hermética, que no logró superar la noción de que el “problema indígena” es esencialmente de pobreza. Sólo en la última administración la idea de reconocimiento asomó en el horizonte de las políticas públicas, pero quedó oscurecida por la decisión de criminalizar la protesta indígena.

Fue la Subsecretaría del Interior del gobierno de Ricardo Lagos la que, en contra de los postulados de un régimen democrático que concibe la herramienta penal como ultima ratio, se entusiasmó con operaciones de inteligencia para frenar el “terrorismo indígena”. Mientras en el extranjero se derribaban edificios causando la muerte de miles de personas, los terroristas chilenos quemaban maquinaria, bloqueaban caminos y dañaban la propiedad, sin provocar una sola fatalidad. En lugar de buscar caminos de entendimiento, por medio del diálogo, y quitar así el piso a las reivindicaciones violentas, el Estado respondió con una legislación extrema que vulnera garantías básicas del debido proceso.

Se selló así la suerte del mal llamado “conflicto mapuche”, haciendo caso omiso a los informes domésticos e internacionales que impugnan el uso de la estrategia antiterrorista y recomiendan la aplicación de la herramienta penal común, reconociendo así la comisión de delitos, pero asegurando la proporcionalidad de la persecución estatal.

Entonces se cobraron las primeras víctimas fatales de este conflicto, todas ellas vinculadas al pueblo mapuche. Y como los causantes pertenecían a las fuerzas de seguridad, han sido los cuestionados tribunales militares los que han conocido de los casos. ¿El resultado? Los pocos responsables cumplen condena en el medio libre, mientras los huelguistas están en prisión preventiva.

En este sentido, el anuncio del gobierno de modificar la ley antiterrorista y reducir la competencia de la justicia militar va en la dirección correcta. Si a esto se suma una política indígena basada en el reconocimiento de los derechos de dichos pueblos, no sólo se podría poner fin a la protesta de los comuneros, sino que, además, el Ejecutivo enviaría una señal de compromiso con los derechos humanos y la utilización proporcional de las herramientas de persecución penal.

Cámara de Diputados-Parlamentarios hicieron el anuncio durante un seminario realizado en la Biblioteca del Congreso Nacional, donde también participaron el vicepresidente de Cenda, Manuel Riesco, y dirigentes del Colegio de Profesores, de la ANEF y del INP.

En el marco de un seminario denominado “Cómo las AFP Discriminan a las Mujeres”, realizado en la Biblioteca del Congreso Nacional, los diputados PPD, Enrique Accorsi, Cristina Girardi, Adriana Muñoz, Rodrigo González y Tucapel Jiménez, además de la Presidenta de la Cámara, Alejandra Sepúlveda, anunciaron la presentación de un proyecto de ley con un artículo único para establecer una tabla igualitaria o única de cálculo de pensiones. Asimismo, llamaron al Gobierno a patrocinar un proyecto de este tipo.

El diputado Accorsi indicó que tal como ocurre con las Isapres, las AFP discriminan abusivamente a las mujeres chilenas. “Muchos creyeron que con la reforma previsional se habían solucionado todos los problemas, pero dejó asuntos pendientes e importantes como éste”, indicó.

Por su parte, Cristina Girardi explicó que esta discriminación se basa en los criterios utilizados por el sistema privado para calcular la jubilación.

“A la remuneración y la cantidad de años que contribuiste al sistema, se suma la esperanza de vida, y cómo las mujeres vivimos alrededor de cinco años más que los hombres, nos castigan y nos dan una pensión inferior a los hombres”, explicó.

Según la parlamentaria este punto de vista no tiene ningún sentido, “ya que por ejemplo la esperanza de vida de la gente de Las Condes es casi 9 años mayor que la de Osorno. Es decir, que bajo este criterio la gente de Las Condes debiera recibir menos que la gente de Osorno”.

“Los fundamentos son arbitrarios y la discriminación se produce por el hecho de ser mujeres. Lo que cabe en este caso es demandar a las AFP porque incluso están faltando a las convenciones que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos y de igualdad entre hombres y mujeres, o derechamente presentar un proyecto de ley”, sostuvo.

Por último, Girardi manifestó que hay que tener en cuenta que el Estado es cómplice de esta discriminación, “y no sólo hablo de este Gobierno sino que también de los gobiernos pasados”.

Gloria Faúndes

En la mañana de ayer, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, recibió una carta suscrita por los parlamentarios Alejandro Navarro (MAS), Isabel Allende (PS), Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber, éstos últimos PPD.

En la misiva, los senadores exteriorizaron su intención de retirar sus firmas del proyecto que busca modificar el Código Civil para permitir legalizar las uniones de las personas del mismo sexo.

El lobby que terminó por restar respaldo a la iniciativa fue encabezado por el senador Navarro y se activó a inicios de semana.
Fue entonces que el parlamentario por la VIII Región tomó contacto con sus pares -con quienes suscribió a principios de agosto el proyecto- para pedirles el retiro de sus rúbricas y abortar la iniciativa.
¿La razón? Algunos de los contactados afirmaron que Navarro les advirtió de una ofensiva de los representantes de la Iglesia Evangélica en su contra.

“Hemos tenido la posibilidad de intercambiar puntos de vista con actores sociales relevantes, como las iglesias y pastores del mundo evangélico, a nivel nacional y regional, quienes nos han manifestado su oposición a dicha propuesta y nos han hecho ver lo conveniente que hubiera sido que antes de presentarla hubieran existido espacios de interlocución suficientes que posibilitaran una mirada jurídica y valórica más amplia”, se explica en la carta a Pizarro.

Las gestiones de Navarro, sin embargo, no lograron paralizar la tramitación del proyecto. Ello, debido a la negativa del senador Fulvio Rossi, uno de sus autores, quien al no dar la unanimidad entre los patrocinadores mantiene vigente la iniciativa.

Sin viabilidad

El traspié del proyecto desató un áspero debate entre los senadores, en especial porque Girardi, Lagos Weber, Navarro y Allende apuntaron a la escasa viabilidad legislativa de su iniciativa y entregaron su respaldo al Acuerdo de Vida en Común, promovido por Andrés Allamand (RN).
A diferencia del proyecto de los PS y PPD, el texto de Allamand sólo promueve la regulación de los aspectos patrimoniales de una pareja, sea gay o heterosexual.

“Tengo la convicción absoluta de que esta legislación no va a avanzar y necesitamos legislar inmediatamente. Ya declaramos nuestras convicciones y ahora creemos que es mejor apoyar la idea de Allamand”, sostuvo la senadora Allende.

“Tengo convicciones y no me amilanan las amenazas explícitas o veladas. Un senador no debe amedrentarse, éste es un hecho grave que debilita la democracia y daña la imagen del progresismo”, replicó Rossi.

Tanto el legislador de RN como el obispo Emiliano Soto -quien encabeza la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas- celebraron la nueva postura de los senadores del MAS, PS y PPD.

“Me parece muy positivo que se vaya generando una mayoría sólida para regular las convivencias entre parejas de distinto sexo y las del mismo sexo. El Acuerdo de Vida en Común es una buena base para avanzar en esa dirección, y me parece muy positivo que diversos parlamentarios vayan convergiendo en torno al proyecto”, afirmó Allamand.

El obispo Soto, en tanto, sostuvo que “nos parece relevante que, en parte por nuestra insistencia, se respete la relación de matrimonio entre un hombre y una mujer y un principio bíblico, ya que el matrimonio es un concepto sagrado”.

Soto anunció que la próxima semana sostendrá encuentros con las bancadas de la DC y de RN para impulsar una modificación constitucional que consagre en la Carta Fundamental expresamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

”Hubo una legítima preocupación de representantes de las iglesias evangélicas sobre este proyecto”.
ALEJANDRO NAVARRO, SENADOR MAS

”Estaba disponible para seguir adelante, pero dado que genera conflictos habrá que discutirlo más adelante”.
GUIDO GIRARDI, SENADOR PPD

‘‘Aquí no se trata de amedrentamientos, sino de la oportunidad que ofrece parte de la derecha para sacar la iniciativa que regula las uniones de hecho”.
RICARDO LAGOS WEBER, SENADOR PPD

”Funciono por convicciones, y no me amilanan amenazas explícitas o veladas. Este es un hecho grave que debilita a la democracia y daña la imagen del progresismo”.
FULVIO ROSSI, SENADOR PS

Ya en mayo de 2007 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había expresado su preocupación ante la definición de terrorismo establecida en la legislación chilena, señalando que “podría resultar demasiado amplia” y que “ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social”. En ese momento advertía que las garantías procesales se veían limitadas por la aplicación de dicha normativa y que ésta podía prestarse para actos discriminatorios puesto que sólo se estaba aplicando a mapuches.

Esta vez Amnistía Internacional dio la voz de alerta a través de una carta enviada al Presidente Piñera en que expresó su preocupación por la salud de los ayunantes, mientras instaba a considerar las “arbitrariedades” de la normativa que tipifica las conductas terroristas y cuestionaba el procesamiento de civiles en tribunales militares. Al organismo humanitario se sumaron distintas voces a nivel nacional: entidades de derechos humanos, personeros de la Iglesia Católica y parlamentarios que ven con creciente inquietud la voluntad de los huelguistas de seguir con su ayuno aún a riesgo de dañar sus vidas, mientras el resto del país se prepara para celebrar el bicentenario.

En un ambiente de creciente tensión, el senador Patricio Walker recalcó que “a los mapuches que están en huelga de hambre en algunos casos se les está pidiendo más de 100 años de cárcel, a pesar de que no hay delitos de sangre y no hay ninguna muerte”, mientras señaló que en el caso del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo “el carabinero procesado fue condenado a 3 años de cárcel y se le dio la libertad”.

El gobierno, a través del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamó a los comuneros mapuches a dialogar, a deponer su movimiento y a renunciar a la vía de la violencia para conseguir sus objetivos, junto con anunciar el envío al Congreso de una reforma a la justicia militar y a la Ley Antiterrorista. “Es verdad que tenemos un sistema en que la justicia militar a veces actúa con mayor amplitud que la propia de un sistema democrático”, afirmó el jefe de gabinete quien señaló que se promovería un diálogo para perfeccionar los tipos penales definidos en la normativa que sanciona las conductas terroristas.

El doble de penas

La Ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad data de 1984, fue objeto de sucesivas modificaciones en los años 90 y luego en 2002, 2003 y 2005. Un punto crucial es que la aplicación de esta normativa deriva en una mayor pena para los inculpados. Así en un caso de incendio una pena de cinco años puede elevarse a diez con la ley antiterrorista y, además, los condenados por delitos tipificados como conductas terroristas tienen más dificultades para acceder a beneficios carcelarios.

Según el ex director de Conadi, Domingo Namuncura, “se ha cometido un grave error de apreciación legal de los hechos de violencia ocurridos en el sur del país y quienes identifican o califican la demanda territorial indígena como un hecho terrorista equivocan los caminos de la justicia. Algunos de los huelguistas llevan más de un año en prisión preventiva y es necesario cambiar esto”. A su juicio bastaría con acotar el artículo 2º para determinar que “sólo constituirán delitos terroristas aquellos que afecten la vida, la integridad física, la libertad y la salud pública”, eliminando el tipo penal que se refiere a “incendios y estragos”. Recordó que ya en 2006, cuando se produjo la huelga de hambre de casi 100 días de Patricia Troncoso, la “Chepa”, el gobierno de Bachelet envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley Antiterrorista que terminó archivado porque no contó con el alto apoyo parlamentario -quórum calificado- que una materia de este tipo requiere.

Sin embargo, Namuncura dijo que los cambios legales aunque pueden parecer urgentes para obtener el fin de la huelga de hambre no terminarán con el problema, porque también hay que “desmilitarizar las zonas de conflicto, hacer una tregua y un compromiso de retiro progresivo de fuerzas policiales que desconocen la cosmovisión propia de este pueblo” y no reducir el asunto a medida para superar la pobreza en las comunidades, sino lograr un reconocimiento pleno a sus derechos según el convenio 169 de la OIT (ver recuadro).

El abogado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, quien recibió a los voceros de los huelguistas esta semana, presentó una moción que también busca restringir el ámbito de aplicación de la Ley Antiterrorista sólo a los casos que afecten la vida, la integridad y la salud de las personas, excluyendo los ataques a la propiedad. “Entre los delitos que hoy se imputan a los comuneros mapuches no hay ninguno contra las personas, sino que afectan a bienes y a eso se le ha dado erróneamente el carácter de terrorismo”, afirmó Gutiérrez.

En este punto, argumentó que esta normativa “ha posibilitado el encausamiento y condena como terroristas de comuneros mapuches por hechos de protesta social, expresados en atentados en contra de la propiedad en los que sólo está involucrado este bien jurídico” y donde, tratándose de un conflicto social, “sólo se han producido muertes o lesiones precisamente de comuneros mapuches”.

Simetría con sistema penal civil

Para el director del Programa Justicia del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau, hay que distinguir entre las modificaciones a la justicia militar y eventuales cambios a la Ley Antiterrorista que puedan modificar la lógica que subyace en ella.

El investigador coincide en que la competencia de los tribunales militares en Chile es “excesivamente amplia” y debe reducirse, porque “si a una persona le roban una billetera en un recinto militar eso es un delito de hurto, un delito común y no un delito militar, aunque haya sido cometido en un recinto militar”. También cree que debiera establecerse un ministerio público militar para “crear simetría” respecto del sistema procesal penal que tienen los civiles, con separación de las funciones de investigar y juzgar.

A juicio del investigador, el no avanzar en la modificación de la justicia militar podría constituir un obstáculo a la hora de pedir la extradición de alguien que haya cometido un delito tipificado aquí como de competencia de la justicia militar. “Si esa persona se arranca y se desea extraditarla, el otro país va a poder alegar que el afectado será juzgado por tribunales militares que no ofrecen suficiente garantía”, recalcó el experto de Libertad y Desarrollo.

Otra cosa muy distinta, señala Delaveau, es la Ley Antiterrorista que requiere un amplio consenso social entre los distintos sectores para ser modificada. “Se trata de delitos comunes, pero muy graves como el incendio, las bombas, secuestro, homicidio, donde lo que se persigue es exigir resoluciones de la autoridad o infundir temor en la población o en un grupo de ella. Modificar este esquema no es fácil, es complejo y requiere mucho estudio”.

Tampoco está de acuerdo con eliminar de la Ley Antiterrorista los delitos contra la propiedad. “Cuando se lanza una bomba incendiaria a una casa puede suceder que de pura suerte no haya nadie en ese momento y hay que preguntarse si esa bomba se tiró con el fin de arrancar alguna resolución a la autoridad, imponer exigencias o infundir temor, porque esos no son métodos de manifestarse en la vida democrática de un país. Uno puede sentir desprecio hacia la sociedad y sus instituciones, pero no puede manifestar su disconformidad así”, concluyó.

Delaveau estimó que se pueden revisar las penas o aspectos procesales como reducir el plazo de cinco días, ampliable a diez, que existe en al actualidad para poner al detenido a disposición de un juez “puesto que hoy, cuando el plazo normal para cualquier delito es de 48 horas, no se justifica que para los delitos terroristas las personas estén tanto tiempo privadas del control del juez”.

El debate seguirá esta semana cuando, según lo anunciado por el ministro Hinzpeter, el Ejecutivo envíe al Congreso con urgencia los proyectos para abordar estas materias. LND

“Tema indígena es máxima prioridad”

Chile acaba de entregar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe que en 150 páginas da cuenta del cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas, que a juicio del asesor gubernamental en esta materia Sebastián Donoso es positivo puesto que a partir de la Ley Indígena de 1993 el país ha desarrollado una serie de acciones que se ajustan a este convenio.

Sin embargo, a propósito de la huelga de los comuneros mapuches se han formulado críticas por la falta de explicitación de una política indígena en la actual administración y algunos sectores han advertido que Chile podría ser sancionado por la OIT.

Sebastián Donoso descarta de plano las críticas asegurando que “el tema indígena es máxima prioridad” para el gobierno y que se trabajará para cambiar la “visión negativa” que hay en algunos sectores del país a raíz de los conflictos en el sur. Cambiar la institucionalidad y revisar el proceso de asignación de tierras son algunos de los puntos relevantes. Donoso explicó que existe consenso en que la Conadi tiene una “mezcla de funciones” en materia de diseño de políticas, ejecución de éstas y representación indígena que deberían reasignarse.

En cuanto a la entrega de tierras “nuestro diagnóstico es que los recursos que llegan a la Conadi cada vez permiten beneficiar a menos familias, porque los precios se han ido al cielo, ha habido problemas de corrupción y de gestión y los procesos son engorrosos”. En este punto, señaló que la idea es potenciar un mecanismo de subsidio para la adquisición de tierras con reglas claras y conocidas para las comunidades, con mayor transparencia y acompañado por un convenio de apoyo productivo.

Al mismo tiempo se revisarán los procesos de compra de tierras que ya estaban en curso en marzo de este año.

Donoso recalcó que también se estimulará la participación a través de consultas, el desarrollo integral con iniciativas como el Plan Araucanía anunciado recientemente, se puso suma urgencia al proyecto de ley que da reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y está ya en marcha un instructivo presidencial que ordena considerar a las autoridades indígenas en todos los actos que se realicen.

Más información sobre el mandato y actividades de la Relatoría, está disponible en:

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/trafficking/index.htm

El senador de la UDI, Jovino Novoa, admitió este domingo estar a favor de realizar una rebaja de las penas que contempla la Ley Antiterrorista, bajo las que serían condenados los 32 mapuches que permanecen en huelga de hambre desde hacer 56 días.

Novoa dijo que es “razonable” realizar esta modificación a la ley, a pesar que durante la semana pidió al gobierno mantener cautela al gobierno al momento de cambiarla.

Durante su participación en el programa de TVN “Estado Nacional”, el senador gremialista precisó que “la ley antiterrorista toma delitos del código penal y les agrava la pena. En el caso del delito de incendio que tiene una pena muy alta en el código penal, es demasiado alta en la ley antiterrorista, entonces uno puede perfectamente decir que tenga la misma pena que tiene el código penal”.

Y a reglón seguido sostuvo que “cuando hay una huelga de hambre hay que hacer todos los esfuerzos para evitar que se llegue a las últimas consecuencias y una persona muera”.

Agregó que la ley antiterrorista es “perfectible, porque puede ser que algunas penas sean excesivas, decir que esta es una legislación que no cumple con los estándares internacionales o que es una legislación que no se debe aplicar al pueblo mapuche, creo que es harina de otro costal”.