• Asimismo, se debería impulsar el debate de propuestas legislativas para eliminar las sanciones penales y permitir la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias.

A impulsar el debate legislativo de proyectos sobre derechos humanos y profundización democrática comprometidos por el Presidente de la República en el Programa de Gobierno y en Cuentas Públicas anteriores, llamó al Ejecutivo Corporación Humanas y el Observatorio Parlamentario, previo al último Discurso del 21 de mayo de la administración del Presidente Sebastián Piñera.

La abogada de Corporación Humanas y Coordinadora del Observatorio Parlamentario, Camila Maturana, recordó que el Presidente Piñera durante su campaña presidencial se comprometió a proteger los derechos de las distintas familias que existen en el país y de la diversidad sexual. Sin embargo, a menos de un año del término de su mandato, el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) presentado ante el Senado en agosto del 2011, no ha cumplido ninguna etapa de tramitación legislativa y el Gobierno no le ha asignado urgencia a su discusión.

“Cabe esperar que en la cuarta Cuenta Pública, el Presidente de la República señale que impulsará el debate legislativo de la propuesta sobre AVP mediante las urgencias legislativas correspondientes y que se corregirán las limitaciones que la iniciativa presenta, en particular para reconocer el carácter de familia de dichas uniones, incluyendo el estado civil”, señaló la abogada.

En materia de institucionalidad de Derechos Humanos, el Observatorio Parlamentario espera que en la cuarta Cuenta Pública el Presidente de la República anuncie la complementación del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos -con funciones y atribuciones para la defensa y garantía de los derechos, así como en materia de reparación a las violaciones de los derechos humanos- y que ponga urgencia legislativa para su pronta aprobación.

Camila Maturana recordó el compromiso presidencial con el derecho a voto de chilenos en el exterior, señalando que no puede condicionarse a requisitos adicionales como su presencia en el país en determinados períodos. Por ello, el Observatorio Parlamentario espera el anuncio de una nueva propuesta del Gobierno que garantice derechos políticos plenos a quienes viven fuera del país, sin condiciones ni requisitos adicionales.

Asimismo, se requiere reformar la Justicia Militar, limitándola únicamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo, de modo que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de tribunales penales militares y garantizar el debido proceso, en cumplimiento a las obligaciones internacionales que mantiene pendientes. Y se derogue el Decreto Ley de Amnistía, consagrando que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar son imprescriptibles y que no proceden indultos ni amnistías.

Además, se espera que el Ejecutivo anuncie modificaciones sustantivas a la propuesta de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, incorporando mecanismos de consulta y participación en el debate legislativo de ésta y cualquier iniciativa que los afecte directamente.

La reciente presentación de una propuesta de ley sobre protección de derechos de niños, niñas y adolescentes debe ser complementada con los aportes de las organizaciones de la sociedad civil y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales pendientes.

Derechos de las mujeres
Sobre reformas políticas, la abogada de Corporación Humanas estima que el Ejecutivo debiese impulsar una reforma al sistema electoral que resguarde, entre otros objetivos, la adecuada representación de las diversas fuerzas políticas y la participación paritaria entre hombres y mujeres.

“Se requiere impulsar la participación política paritaria entre hombres y mujeres como una dimensión fundamental del sistema política político nacional, garantizando no sólo la obligatoriedad de la incorporación de mujeres en las listas de candidaturas a cargos de elección popular (parlamentarias, regionales y locales) sino también el financiamiento especial a la participación política de las mujeres y sus campañas electorales”, sentenció la abogada de Humanas.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, Corporación Humanas y el Observatorio Parlamentario abogan por la despenalización del aborto en determinadas circunstancias.

“Esperamos conocer el compromiso del Gobierno con los derechos humanos de las mujeres, garantizados por tratados internacionales, y que favorecerá el debate de propuestas legislativas para eliminar las sanciones penales y permitir la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias como riesgo para su vida o salud, violación e inviabilidad fetal”, dijo Camila Maturana.-

Inicialmente la pareja acudió al Servicio de Registro Civil e Identificación con un comprobante de parto, para que la madre que no dio a luz a los niños fuera reconocida como tal. Allí ese derecho le fue negado. Ante ello, presentaron un Recurso de Protección –medida cautelar para garantizar los derechos vulnerados– ante una Corte de Apelaciones, que también fue rechazado.

No es primera vez que el Poder Judicial chileno mantiene decisiones discriminatorias en esta materia. Por sentencia del 24 de febrero de 2012 (Atala Riffo y Niñas Vs. Chile) la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por violar el derecho a la igualdad y no discriminación de la demandante al quitarle en 2004 la custodia de sus hijas con base en su orientación sexual.

El Tribunal de la OEA hizo recomendaciones al Estado chileno para reparar el daño causado a la familia y evitar la repetición de situaciones similares en el futuro, cautelando el “derecho a vivir libre de discriminación”. El texto señala la conveniencia de “adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”. Sin embargo, la situación parece haber cambiado poco.

Este año la Corporación Humanas, que representa a Atala ante la CorteIDH, hará sus observaciones respecto de los avances del Estado en el cumplimiento de la sentencia. También exigirá garantías para evitar nuevos casos como el de Gallo y Benado, a quienes también representa. Las madres, ambas de 36 años de edad, comenzaron su vida familiar hace 6 años y desde hace 3 cuidan a sus hijos.

Pese a que Chile cuenta con una ley Antidiscriminación, aprobada en 2012 luego del brutal asesinato de Daniel Zamudio, su efecto es limitado frente a violaciones de derechos como esta. La misma ha sido criticada por no definir medidas concretas en materia de igualdad y no discriminación, por ser flexible con el Estado al respecto, así como por permitir que se justifiquen acciones discriminatorias cuando la parte denunciada haya actuado en “ejercicio legítimo” de los derechos fundamentales. De ahí que muchos consideren que se trata apenas de una medida testimonial.

A esto se suma la solicitud de un grupo de parlamentarios del partido de derecha UDI para reformar el artículo primero de la Constitución y establecer que los/as hijos/as tengan derecho sólo a una madre y un padre, negando con esto la posibilidad de que dos personas del mismo sexo sean reconocidas como padres. Las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati, quien afirmó “tener dos mamás ¿qué cosa significa eso?”, también se encaminan en esa dirección.

La falta de un marco legal que regule los tratamientos de fertilidad también hace compleja esta situación. Actualmente, cada clínica fija los criterios que considere convenientes para la realización de estos procedimientos. En dos clínicas privadas, Las Condes y Clínica Alemana, se señala de forma expresa que los tratamientos son exclusivos para parejas heterosexuales. Otras clínicas, como Las Nieves, no exigen como requisito que la mujer deba estar casada, por lo que cada vez son más frecuentes los casos de mujeres solteras cercanas a los 40 años que acuden a ella. El sistema público de salud no ha regulado este aspecto.

En entrevista con el CLAM, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas y representante de la pareja, detalla los alcances del fallo y las dificultades para garantizar el derecho a la maternidad de las parejas de mujeres y de sus hijos.

-¿Qué derechos fueron vulnerados con esta decisión judicial?, ¿cuál es el tema de fondo?
-En el ordenamiento jurídico chileno, los máximos derechos son las garantías contempladas por el artículo 19 de la Constitución. Algunas de estas garantías están salvaguardadas por el recurso de protección en caso de que sean vulneradas por acción, omisión arbitraria o ilegal de un órgano público o actor privado. La Corte de Apelaciones tiene amplísimas facultades para adoptar todas las medidas que permitan reestablecer el imperio del derecho.

El artículo 1º de la Constitución señala que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En este caso se está vulnerando el derecho a la igualdad, por ello presentamos un recurso de protección.

Por otra parte, el inciso segundo establece que “la familia es el núcleo de la sociedad”, pero no especifica qué tipo de familia. La Constitución no señala preferencia alguna por la familia heterosexual, como les gustaría a algunos actores eclesiásticos o de la clase política chilena conservadora. Eso es muy importante en este caso.

Asimismo, la Constitución protege la igualdad, la no discriminación, la familia, los derechos de los niños y la integridad psíquica, que son derechos vulnerados por esta decisión y a los que referimos en el recurso de protección. La integridad psíquica, por ejemplo, se vulnera por el sufrimiento y la angustia de las madres al no saber en qué situación pueden resguardar legítimamente los derechos de sus hijos, como puede hacerlo cualquier otra madre o padre.

El derecho a la identidad es reconocido por el Estado como la persona que soy con los vínculos familiares que tengo. Si estos niños tienen dos madres y el Estado les dice “no, ustedes tienen sólo una madre”, no está protegiendo su derecho a la identidad. A pesar de que en su medio social, familiar y en los jardines educativos los niños son tratados como hijos de ambas madres, el Estado y las instituciones públicas no reconocen estos vínculos familiares.

Además hay un conjunto de derechos consagrados en los tratados internacionales que, de acuerdo con el artículo 5, inciso 2 de la Constitución Política, son parte de los derechos fundamentales y es deber de los órganos del Estado promover y proteger.

¿Fue una sorpresa para ustedes el fallo adverso?

Sí, totalmente. La Corte dijo que este recurso era inadmisible porque no señalaba la falta de legalidad en la que habría incurrido el Registro Civil. Sin embargo, la admisibilidad es un pronunciamiento formal en el que únicamente se considera si el recurso está en el plazo o no y si se está invocando posibles vulneraciones de derechos. Ambas condiciones se cumplen en este caso.

Debido a la arbitrariedad con que actuó el Registro Civil, interpusimos este recurso de protección. Nunca hablamos de la legalidad o ilegalidad de su actuación, ni señalamos normas legales de filiación o de regulación del Registro Civil. La Corte está poniendo un requisito adicional que es inconstitucional para interponer el recurso de protección. Nos parece que la Corte de Apelaciones se excedió en su pronunciamiento de admisibilidad.

Ante la resolución de inadmisibilidad interpusimos un recurso de reposición. Es decir que pedimos que los tribunales de justicia se pronuncien sobre el tema de fondo, sobre las vulneraciones de derecho que alegamos, para reconocerlas y proteger a estas familias. La Corte tenía la obligación de pronunciarse al respecto, esperábamos que para proteger los derechos de esta familia. Sin embargo, rechazó también el recurso de reposición.

- ¿Qué señal da la justicia chilena con decisiones como ésta?
- Que puede darle la espalda a las madres que buscan justicia para ellas y sus hijos. Si el recurso de protección no es efectivo, ¿qué pueden hacer las personas en Chile cuando sus derechos son vulnerados? ¿A dónde pueden acudir?

Los tribunales de Justicia están diciendo que en Chile existen familias de primera categoría y otras de segunda categoría que no merecen protección, que no merecen ser reconocidas como tales, ni siquiera cuando acuden a los tribunales de justicia a exigir sus derechos. Los tribunales de justicia están diciendo que las madres lesbianas no tienen derecho a la maternidad ni a que su familia sea protegida. Y eso es tremendamente grave.

La sentencia en el caso Atala es otro caso de discriminación cometido por el poder judicial. Esperábamos que casi 10 años después –la denuncia fue realizada en 2004–, este poder no tomara de nuevo decisiones judiciales discriminatorias con base en la orientación sexual de las personas, cuando además había recibido una sanción.

Con el caso Atala, la Corte Interamericana sentó un precedente aplicable tanto a Chile como al resto de países de la región, al señalar que la orientación sexual y la identidad de género no pueden ser motivo para que una ley o una política, un programa o una norma administrativa prive de derechos a las personas por su orientación sexual. Los Estados tienen obligaciones especiales de protección. Este fallo de la Corte está siendo desconocido en este caso.

- ¿Cuáles son las consecuencias legales de esta desprotección?
- La realidad familiar de estos niños no tiene ningún reconocimiento o protección jurídica. No tienen la posibilidad de exigir sus derechos derivados de la relación familiar y patrimonial con una de sus madres.

Más allá de los vínculos de amor, de cuidado, de cariño, de protección y apego, existen relaciones legales y jurídicas entre las personas, relaciones de filiación, que están reguladas en el Código Civil. Esto tiene dos dimensiones: una dimensión personal que involucra el derecho del individuo a ser cuidado, educado y criado por su familia; y otra dimensión referida a la relación patrimonial, es decir, a los derechos hereditarios, alimentación, patria potestad de los padres sobre los bienes de sus hijos, entre otros.

A diferencia del resto de niños chilenos, que tienen derecho a exigir cuidado, educación y crianza, en palabras del Código Civil, por parte de su madre; estos niños no. Esta situación genera preocupación en las dos madres, porque los niños van creciendo. Sus hijos tampoco pueden exigir derechos patrimoniales o hereditarios respecto de una de ellas. Esta situación contempla otros aspectos como los previsionales, los seguros, la autorización requerida para salir del país, etcétera.

Cabe preguntarse entonces: ¿Qué pasa con estas madres si un día rompen la relación?, ¿qué derecho tiene la madre que no dio a luz respecto de los niños?, ¿qué derechos pueden exigir ellos a su madre que no los dio a luz en caso de rompimiento familiar?

- ¿De qué modo está regulado en Chile el uso de tecnologías de fertilización asistida y de gestación por sustitución? ¿Qué dificultades ha encontrado esta discusión en el país?
- En Chile se protege y ampara la constitución familiar que requiere el apoyo de técnicas de fertilización asistida. El Estado protege a las personas que se someten a estos procedimientos para tener hijos.

Pero cuando se trata de dos madres lesbianas, no se reconocen los hijos, no se protege la filiación y al no estar reconocida una de las madre de los niños, ningún derecho derivado de esta relación se puede hacer efectivo.

Evidentemente hay un sesgo económico en términos de quiénes pueden acceder a estas técnicas. Sin embargo, este derecho, que hace parte de los derechos sexuales y reproductivos, no está suficientemente resguardado.

Este debate se centra en la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan ser padres o madres, algo que parece cada vez más lejano en Chile si consideramos el proyecto de ley que busca determinar que los niños sólo puedan tener una madre y un padre. Lesbianas y gays plantean la demanda legítima a que las leyes les reconozcan el mismo derecho que las parejas heterosexuales a adoptar, y que eso sea regulado con el matrimonio igualitario o la unión civil. La fertilización asistida también debe regularse.

Afortunadamente el mundo va cambiando y en los países que han aprobado el matrimonio igualitario se ha avanzado de forma paralela respecto a la adopción para parejas de un mismo sexo. Si regulas el matrimonio, también lo haces con la adopción. Lamentablemente en Chile estos cambios son más lentos, nuestra élite política es más resistente que otras a adoptar aquellos marcos normativos que protegen los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.

Pero es importante aclarar que en este caso no pedimos adopción, sino reconocimiento jurídico de la madre que no dio a luz.

- Desde la perspectiva legal, ¿cuál es el camino a seguir para modificar esta decisión judicial?
- Presentamos un recurso de queja contra los ministros de la Corte de Apelaciones que fallaron así. La queja es una acción disciplinaria que busca decir: “aquí hubo mal comportamiento judicial”. No puede ser que de este modo se cierre la puerta a la única acción judicial que era procedente en este caso. Estamos a la espera de la resolución de la Corte y si declara inadmisible el recurso de queja, no hay nada más qué hacer en la justicia chilena.

De ser así, evidentemente habría una complicación al no haber funcionado la justicia nacional. De todos modos, modificar una situación jurídica requiere mucho más que la aplicación de una estrategia judicial; por eso estamos evaluando las acciones a seguir.

- ¿Cómo se pueden abordar los prejuicios que a menudo imposibilitan el reconocimiento jurídico de diversos tipos de familia?
- La matriz conservadora que está instalada en las esferas de decisión política está entorpeciendo el avance de la sociedad chilena. Al menos a la luz de las encuestas, hay demandas crecientes de la ciudadanía por reformas legales que protejan los derechos de las personas y que terminen con la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans.

Hablamos de cambios culturales que requieren tiempo y acciones en esa línea. Aspectos como qué son las relaciones entre hombres y mujeres, qué es la familia, están siendo cuestionados. Buscamos marcos normativos igualitarios para que los derechos de las personas sean protegidos por igual. Este es un año clave porque hay elecciones parlamentarias y presidenciales, así que quienes aspiren a conducir el país en el Ejecutivo y Legislativo tienen que asumir compromisos concretos con la protección de derechos fundamentales de todas las personas.-

Radio Universidad de Chile_Ser mamá es una de las experiencias más gratificantes que una mujer puede tener, pero en Chile esa decisión no está exenta de dificultades. Los altos costos de la salud, el acceso al trabajo y la compatibilidad con los tiempos de la familia evidencian la necesidad de avanzar en políticas públicas que permitan a las mujeres vivir su maternidad y no morir en el intento.

Hoy, Chile y otros países del mundo conmemoran el día de la madre, ocasión para celebrar a las mujeres que ejercen su derecho a la maternidad.

Pero más allá de los “te quiero”, las flores y los chocolates que enmarcarán esta jornada, en nuestro país existen numerosas dificultades para el ejercicio de ese derecho. Los altos costos de la salud y el parto, la discriminación de las isapres, la difícil inserción de la mujer en el mundo del trabajo y cómo compatibilizar el mismo con el hecho de ser madre son las principales trabas con las que se encuentran las mujeres que optan por la maternidad, las que según especialistas incidirían en las bajas tasas de natalidad en Chile.

Para la presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera, el principal desafío de las madres que trabajan es la compatibilidad entre aquella labor y las tareas domésticas. “En Chile no existe corresponsabilidad y por tanto las mujeres que trabajan cumplen una doble jornada, es decir, trabajan fuera del hogar remuneradamente pero eso no les quita el trabajo no remunerado que les toca hacer en forma paralela y que recae todo sobre ellas en sus hogares”.

“Además está el tema del cuidado infantil, los horarios de los jardines infantiles y los colegios, y cómo ello repercute en la posibilidad de acceder al mercado laboral y poder dedicar el tiempo que se requiere al trabajo sin tener la preocupación continua de estar preocupada de su segundo trabajo, que es la casa”, precisa Carrera.

Efectivamente, el “Estudio sobre las principales preocupaciones y anhelos de las madres de hoy en Chile”, realizado por el Sernam en 2012, revela que en el 63,2% de los casos, el encargado de llevar y traer a los hijos del colegio o jardín infantil es la misma madre que trabaja, seguido por los hijos con un 17% y su pareja o marido con un 16.5%.

Cantidad v/s calidad
Según la Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el INE, la tasa de participación femenina en el mercado laboral es de un 47.6% durante el primer trimestre de 2013, mientras los hombres alcanzan un 72,1%. Pese a la diferencia de género, hace tres años la participación de las mujeres era de un 41,9%, lo que demuestra que están insertándose cada vez con más fuerza en el mundo laboral.

Sin embargo, lo cuestionable son las condiciones en las que lo están haciendo. La mayoría de las mujeres que trabajan lo hacen sujetas a la subcontratación, lo que les impide el goce de los derechos en los que ha avanzado la ley.

Uno de ellos es el pre y el post natal, el cual es considerado un avance significativo para el bienestar de la madre y el recién nacido. No obstante, con él “se reforzó la concepción de que la maternidad es tema de la mujer y punto, porque solo si la mujer y su pareja quieren se puede procesar el permiso para el padre y eso tiene consecuencias negativas. Del total de cientos de miles de permisos que se han otorgado, solo 130 o 140 son para hombres que lo han pedido. Es algo que es muy importante cuando se podría compartir, pero no se está compartiendo”, advierte Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio Género y Equidad.

“En general comparándolo con los hombres, la inserción laboral femenina es más precaria, tanto en términos de que cerca del 27% de las mujeres ingresan ya sea por trabajo por cuenta propia, personal de servicio doméstico o familiar no remunerado, lo cual está relacionado con empleos con alta probabilidad de ser desprotegidos e inestables. Es decir, sumando a la carga de trabajo que ya tienen en el hogar, ingresando al mercado laboral lo hacen en trabajos más inestables”, evidencia Alexander Páez, investigador de la Fundación Sol.

Páez también hace hincapié en la desigualdad que persigue a las mujeres en el trabajo, donde siguen ganando mucho menos que los hombres por desempeñar la misma labor, incluso pese a que en promedio tienen mayores niveles de educación. “Hay una discriminación asociada al hecho de ser mujer. La condición de ser mujer implica de por sí ganar menos salarios y trabajar más que los hombres”, expresa.

Desigualdad de género
Pero esa distinción no se expresa solo en el ámbito laboral. Para los expertos, las desigualdades de Chile en general se evidencian con mayor intensidad en las mujeres que son madres. En ese sentido, Teresa Valdés apunta a la discriminación que sufren las mujeres en los planes de las isapres.

“Tener hijos no es un aporte a la sociedad sino que es un riesgo para el negocio de los señores de las isapres, debido a lo cual a las mujeres les cobran más por los planes porque se presume que tienen una probabilidad de estar embarazadas y eso tiene una serie de costos asociados para las aseguradoras. Entonces el producto les sale más caro, es un contrasentido, de verdad esto es absolutamente contra la maternidad”, manifiesta Valdés.

Y si hasta el momento la situación para las madres ya es difícil, hay quienes están en aun peor posición, ya que “no tienen igualdad de derechos”, explicita Carolina Carrera. “Estamos hablando de las mujeres lesbianas que son madres, que son un tipo de familia. Ambas son madres y ambas este domingo van a celebrar su maternidad, pero ahí también tenemos un tremendo problema, que da cuenta de graves desigualdades y nos parece muy complejo hoy día”, señala.

Pese a que los especialistas reconocen que Chile ha avanzado en asegurar la salud materna, bajando drásticamente la mortalidad tanto de las madres como de los bebés recién nacidos, coinciden en la necesidad de impulsar políticas públicas que aseguren condiciones de seguridad e igualdad para todas las mujeres que decidan ser llamadas “mamá”.

Camara.cl_Los diputados lideran en el Parlamento en la presentación de proyectos de ley en comparación con las acciones efectuadas en la misma línea por senadores y por el Gobierno, según determinó un estudio realizado por el Observatorio Parlamentario de la Corporación Humanas.

Ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, instancia que preside la diputada Ximena Vidal (PPD), la coordinadora del Observatorio, Camila Maturana, presentó las conclusiones del estudio “Balance al Poder Legislativo año 2012“, publicado recientemente por esa organización.

Según destalló, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 fueron presentados 626 proyectos de ley, lo que da cuenta de la preocupación de los parlamentarios y del Ejecutivo por el debate de variados asuntos. Precisó que, como en años anteriores, mayoritariamente las iniciativas de ley son ingresadas a trámite por diputados/as (62%), en comparación con las mociones presentadas por senadores (24%) y por las iniciativas originadas por el Gobierno (14%).

La coordinadora indicó que, en ambas Corporaciones, destaca la formulación conjunta de mociones parlamentarias, es decir, la presentación de propuestas por parte de legisladores de distintas colectividades políticas, tanto del oficialismo, como de oposición e independientes. En este ámbito se encuentran el 52% de las mociones presentadas en la Cámara de Diputados y el 42% de las iniciativas ingresadas en el Senado. Del remanente, se identificó que la Coalición por el Cambio presentó el 37% de los proyectos en la Cámara y el 31% en el Senado; el pacto Concertación y Juntos Podemos por Más Democracia se originó un 11% de las iniciativas de la Cámara y un 23% del Senado; y senadores fuera de pacto presentaron en dicha institución un 4% de las propuestas.

“No obstante, en el trabajo legislativo desarrollado por el Parlamento en 2012, mayor importancia se asigna al debate de las propuestas gubernamentales que a las mociones de congresistas. De los 85 mensajes presidenciales presentados en el año, el 31% terminó su tramitación legislativa ante el Congreso Nacional antes del 31 de diciembre, mientras que el 37% alcanzó algún grado de avance en el proceso de discusión parlamentaria y 27 propuestas no cumplieron ninguna etapa de tramitación. En cambio, de los proyectos presentados por congresistas en el año, solo cuatro mociones fueron aprobadas (1% de las iniciativas de diputados/as), mientras el 4% de los proyectos de diputados/as y el 2% de las mociones de senadores/as pasó a segundo trámite constitucional. El 93% de las iniciativas parlamentarias no cumplió ninguna etapa de tramitación legislativa ante la Cámara de Diputados, como tampoco el 92% de las mociones presentadas ante el Senado”, concluyó el estudio.

Se aclaró que durante el año informado se aprobaron 91 leyes, mayoritariamente propuestas por el Ejecutivo (65%). El 76% de las iniciativas presidenciales aprobadas fue presentado por el Presidente Sebastián Piñera, el 22% por la ex Presidenta Michelle Bachelet en su momento y un mensaje había sido propuesto por el ex Presidente Ricardo Lagos. En tanto, 18 leyes dictadas en 2012 fueron planteadas por diputados/as y 14 por senadores/as.

Se informó que casi la mitad de las leyes sancionadas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012 tardó menos de un año en el proceso de discusión legislativa (47%), incluyendo cinco iniciativas despachadas en menos de un mes. El 34% fue aprobado luego de uno o dos años de tramitación, el 8% al cabo de tres o cuatro años y el 11% tras cinco o más años de tramitación.

Sin embargo, sentencia la evaluación, solo una quinta parte de las leyes sancionadas refiere a alguna dimensión de reconocimiento o protección de derechos humanos (22%) y dos leyes abordan algún aspecto de la profundización de la democracia.

“Si bien en algunas materias se han emprendido reformas normativas y se ha procurado adoptar disposiciones y estándares internacionales sobre derechos humanos, se observa que un amplio conjunto de obligaciones internacionales todavía permanecen pendientes de cumplimiento y que el Poder Legislativo no llega a abordar con la celeridad requerida el debate de numerosas y significativas iniciativas”, se criticó.

Se resaltó que la dictación de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, constituye uno de los principales avances legislativos del año 2012. “Aprobada tras siete años de debate, representa un hito en el reconocimiento y protección de la diversidad sexual en tanto dicha normativa prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género -entre otras causales- e instaura un mecanismo judicial. Sin embargo, se trata de una legislación limitada en cuanto a sus objetivos y alcance, que no representa el cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de prevención, sanción, erradicación y reparación de la discriminación”, precisó el informe.

En el ámbito de la institucionalidad para la protección de los derechos humanos, se valoró la presentación y debate de la propuesta presidencial sobre una Subsecretaría de Derechos Humanos para la coordinación de las políticas públicas en la materia, iniciativa que se encuentra en primer trámite legislativo en el Senado. En todo caso, se recalcó que la futura creación de esta entidad gubernamental no resta la necesidad de contar en el país con una Defensoría de las Personas para la protección y defensa de los derechos humanos, frente a actuaciones de órganos públicos y privados.

Del mismo modo, se apreció el avance legislativo de la reforma a la sociedad conyugal que busca poner fin a la discriminación normativa que priva a las mujeres de la administración de los bienes sociales y de sus bienes propios.

Sin embargo, junto a los avances observados, se advirtió un amplio conjunto de normas jurídicas sobre derechos humanos pendientes de dictación o reforma por parte del Poder Legislativo, pese a tratarse de obligaciones asumidas por el Estado de Chile. Al respecto se observó lo siguiente:

1. Necesidad de reforma a la Justicia Militar, para limitarla solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo, de forma que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares y garantizar el debido proceso.
2. Cumplir con la supresión del Decreto Ley de Amnistía y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
3. Abordar el debate de la adecuada conceptualización de la tortura.
4. Avanzar en la discusión sobre matrimonio igualitario y acuerdo de vida en pareja propuesto por el Presidente Sebastián Piñera.
5. Debatir respecto de normas legales que expresamente discriminan a las personas por su orientación sexual e identidad de género.
6. Reforma al sistema electoral binominal y para garantizar la participación política paritaria entre hombres y mujeres.
7. Avanzar en despenalización del aborto en determinadas circunstancias, como el aborto terapéutico o para casos de violación y malformaciones graves del feto.
8. Retraso en el debate legislativo sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.
9. Falta de avance en el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
10. Incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos de personas migrantes.

“La adecuada representación de los intereses de la ciudadanía por parte de las autoridades requiere un mayor compromiso de éstas con la protección de los derechos humanos. Por ello, el Poder Legislativo debe priorizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que el Estado de Chile mantiene pendientes y abordar con mayor celeridad el debate de un conjunto de iniciativas de ley a las que no se les ha prestado la debida atención”, finaliza el documento presentado por la coordinadora

Por María Paz Cuevas.
La mujer era dominicana. Estaba aterrada y confundida. Así la encontró Carabineros el 25 de mayo de 2011: aterrada, confundida, encerrada con candado y completamente sola en una pieza en la que solo había una cama, en el club nocturno El Sol en San Antonio.
Estaba muy delgada y desorientada. Apenas vio al policía que entró, en un gesto automático, se desabotonó la blusa: creyó que se trataba de un cliente más que había pagado por sus servicios sexuales.

Dos meses antes, mientras hacía una fila en Extranjería en Chile, M.P.F. había conocido a una compatriota, Gregoria Manzueta, quien se le había acercado y le había dado una tarjeta. Al hacerlo, le había dicho que ayudaba a otras dominicanas a encontrar trabajo en Chile y le ofreció un empleo bien pagado como garzona en un café. M.P.F., que a sus 34 años era viuda, tenía cuatro hijos en su país y una situación económica difícil, vio ahí una posibilidad para mejorar su vida y la de su familia. Y aceptó. Sin saberlo, había caído en una red de trata de personas que captaba a dominicanas ofreciéndoles trabajar también como cocineras o asesoras del hogar en Santiago.

Los organizadores de la red mantuvieron a M.P.F. encerrada de día y de noche en una pieza en la que la obligaron a prostituirse con más de 100 hombres en 60 días. “Nadie me dijo que tenía que prostituirme. Pero a los pocos días en San Antonio, tuve que hacerlo. Me obligaron. No me quedó otra, me amenazaron mucho. Me sentí asquerosa“, dijo la mujer después de su liberación en su declaración judicial. M.P.F jamás se había prostituido antes y tras su liberación cayó en una profunda depresión.

La policía logró capturar a gran parte de esa red. El 31 de agosto de 2012, la justicia condenó a Gregoria Manzueta, Orquídea Ubiera-ambas dominicanas-y a las chilenas Alba Arancibia y Mariana Fuenzalida por los delitos de asociación ilícita y trata de personas a un total de 31 años de cárcel.

Fue la primera condena que hubo en Chile por la nueva ley de abril de 2011, que tipifica y sanciona el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Un delito que según las Naciones Unidas constituye el tercer negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y de drogas. El 80 por ciento de los casos corresponde a explotación sexual y el 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas.

Chile no es ajeno al problema. El delito de trata de personas ha ido aumentando poco a poco. Aunque no hay cifras sistematizadas al respecto, sí hay señales de este crecimiento: según el Ministerio del Interior, entre 2007 y 2011 hubo 113 denuncias relacionadas con trata de personas que involucran a 220 víctimas. La Defensoría Penal Pública reportó 10 imputados por delito de trata con fines de prostitución entre 2009 y 2011, y la fiscalía, 10 condenas de 103 investigaciones entre 2007 y 2012.

-Estamos frente a una de las expresiones más brutales de violencia en contra de las mujeres. Son susceptibles a ser atrapadas en estas redes que les prometen el oro y el moro porque las mujeres aún estamos en una situación de desigualdad en términos de posibilidades de trabajo e ingreso -dice Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Es una realidad aún mal conocida en Chile. Pero poco a poco, a través de la prensa, se han revelado algunos casos. Como el que se dio en 2007 en Antofagasta, donde un hombre llamado José Castro publicaba avisos en diarios ofreciendo trabajo de mesera en un restaurante de la ciudad y facilitaba la entrada de peruanas al país. Luego, una vez que estaban en Chile, las hacía usar ropa interior transparente, bailar y tomar alcohol en su local. Veintidós peruanas terminaron prostituyéndose en el negocio y la investigación llevó a que se lo condenara a él a tres años y un día de cárcel.

-Antes se pensaba que en Chile se daban focos aislados de trata. Que Chile solo era país de tránsito. Pero los casos han ido aumentando y ahora no podemos desconocer que el país es lugar de destino, tránsito y origen de trata -explica Carolina Carrera, la directora de la Corporación Humanas, que promueve los derechos de género.

En los últimos años, se han hecho cambios legislativos favorables para las víctimas que también han llevado a una mayor conciencia del problema. Si bien hace años ya que el OS9 de Carabineros investiga la trata de personas en Chile, desde abril de 2011, cuenta con una facilidad más.

-Antes en la trata de personas solo estaba tipificado el delito para fines de explotación sexual. Con la nueva ley tenemos más atribuciones para investigar: agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, seguimientos – explica el capitán César Figueroa.

Fue después de eso que surgieron algunos de los casos más emblemáticos, como la denuncia por explotación laboral que hicieron tres paraguayos -dos mujeres y un hombre- en contra del empresario chileno Francisco Javier Errázuriz en 2011. El caso destapó que había más de cincuenta paraguayos trabajando junto con otros compatriotas en condiciones miserables y Errázuriz fue multado por tráfico.

De la misma manera, en febrero de 2012, la policía descubrió a un grupo de más de treinta peruanos trabajando en un fundo de Santa Cruz de la Sociedad Agrícola Vitivinícola Millahue. Estaban incomunicados, hacinados. Les pagaban mucho menos que el sueldo mínimo.

La trata de personas, el comercio de seres humanos para explotarlos laboral o sexualmente, tiene muchas aristas: operan organizaciones internacionales que captan principalmente a mujeres en condiciones económicas, sociales, y psicológicas vulnerables. Les ofrecen una supuesta oportunidad de mejorar su vida y la de sus familiares más cercanos. Pero cuando ellas aceptan y se vienen a Chile, los tratantes cambian las condiciones y las obligan, psicológica o físicamente, a trabajar en un círculo de esclavitud del que difícilmente pueden escapar.

Carolina Carrera, de Humanas, explica:
-Muchas personas no entienden por qué no pueden escapar. Pero las amenazas son brutales: que van a hacerles daño o matar a sus familias de origen, que van a contarles a sus parientes que se vinieron a prostituir. Entonces a ellas las invade la vergüenza, también les retienen sus documentos.

La casa es antigua y amplia. Tiene una cocina grande, un comedor, un par de baños y cuatro habitaciones con dos camas cada una. Puede albergar a diez personas. Por fuera, parece una casa común y silvestre. Pero no lo es. Es la primera y única casa de acogida que el Sernam, junto con el Instituto Católico Chileno para la Migración, Incami, tienen para mujeres víctimas de trata en Chile. Además de la nueva ley, la creación de esta casa de acogida es otro de los avances que ha habido en el país con respecto al tema. Actualmente viven ahí cinco mujeres, todas extranjeras, todas víctimas de trata.

La gran mayoría son víctimas de explotación sexual. Llegaron a Chile con la oferta de trabajar como meseras, asesoras del hogar o cocineras, pero terminaron siendo engañadas y obligadas a prostituirse y pagar un porcentaje de sus ganancias a sus tratantes. Las obligaron a trabajar sin descanso, a veces sin pagarles nada. Recibían clientes en departamentos, en la calle o en piezas de clubes nocturnos, y lo hacían en condiciones inhumanas. Hay casos ahí de mujeres que pasaron varios días sin comer porque con lo poco que tenían apenas alcanzaban a costear su alimentación o simplemente porque sus explotadores no les daban comida. Sus tratantes les decían: “En este país no vales nada”. “Nadie te va a creer si hablas”. Cuando tenían un minuto libre, eran perseguidas y vigiladas por gente que trabajaba para la red.

La directora de la casa de acogida -cuyo nombre no puede ser revelado por razones de seguridad- fue seleccionada para el cargo por su larga experiencia trabajando con mujeres víctimas de violencia doméstica. Desde la apertura del centro, en mayo de 2012, le ha tocado ver a numerosas víctimas. Cuenta que las mujeres llegan afectadas, pero no llorando ni pidiendo ayuda. Son introvertidas. La gran mayoría son silenciosas, herméticas, a veces, impenetrables. No creen en nada. Están a la defensiva. Se resguardan en el silencio presas aún del miedo y del estado de shock en el que están. Cuando llegan a la casa, están aterradas. Su autoestima está por el suelo.

-Se necesitan años de terapia para que procesen y sanen lo que vivieron. Acá solo superan el trauma inicial -dice.
Paula (nombre ficticio) fue reclutada en República Dominicana. Allí, un compatriota conocido le ofreció trabajar en turismo en Chile. Ella tenía estudios en esa área. Y la propuesta era difícil de rechazar: el hombre le prometía 1.500 dólares al mes. Al poco tiempo, Paula viajó a Chile. El mismo día en que llegó, en marzo de 2011, la mujer que la esperaba la llevó a una oficina en el centro, en calle Teatinos y le pasó un cuchillo: “Acá tienes que andar con esto. Así se trabaja en prostitución”.

La mujer le dijo que debía captar a clientes en la calle San Antonio. Paula se negó. “¡No vine para esto! ¡No me voy a prostituir!”. Al día siguiente, la llevaron bajo amenazas hasta un burdel en Concepción. “La única manera de que ganes plata y se la mandes a tu familia en tu país es prostituyéndote”, le contestó Alba Arancibia, la regente del lugar. “Jamás pensé que iba a terminar en eso”, relató Paula en el juicio. Aún no le ha contado a su familia el horror que vivió en Chile.

Por la casa de acogida han pasado colombianas, argentinas, ecuatorianas, bolivianas y dominicanas. Aunque no ha habido chilenas, algunas ONG sospechan que en Chile también están apareciendo casos de trata interna. También se habla de chilenas que son trasladadas al extranjero, principalmente a Asia, para ser traficadas. La casa funciona como un hogar donde se distribuyen las tareas de cocina y aseo. Cuesta que sus integrantes se entiendan: sus costumbres son muy distintas y todas han vivido un trauma del que prefieren no hablar. La directora de la casa de acogida dice que, a pesar de su hermetismo, sabe que sienten vergüenza de lo que vivieron. Algunas se culpan por haber sido suficientemente ingenuas como para haber creído en el engaño. Le dicen: “Cómo fui tan estúpida de creer en ellos”. “Me siento humillada”.
-Es un balde de agua fría cuando te das cuenta de que te engañaron para usarte de esa forma -dice.

Los casos más dramáticos son los de mujeres que llegaron a este centro de acogida con hijos nacidos en Chile y considerados “transeúntes” porque no tienen derecho a la nacionalidad. En las ONG dicen que incluso se han conocido casos de abortos forzados.
-Este es el machismo en toda su brutalidad: acá las víctimas también ven expuestas su integridad física, les dan poco de comer o nada y hay casos en las que los tratantes las hacen abortar cuando quedan embarazadas producto de la prostitución. Son tratadas como un objeto -dice Carolina Carrera. Y agrega:
-Cuesta mucho que denuncien porque están aterradas.

Por las escasas opciones que existen de que las víctimas denuncien, la trata es un delito difícil de investigar. Carabineros del OS9 explican que llegan a los casos a través de pistas que surgen de otras investigaciones o, a veces, de manera muy indirecta, como denuncias de vecinos por ruidos molestos en edificios, o porque ven mucha circulación de extranjeras en algunos departamentos. En mayo de 2012, el OS9 desbarató una red de trata que obligaba a paraguayas a ejercer el comercio sexual en una casa en Las Condes. Carabineros logró dar con la primera pista gracias a una llamada de la fiscalía paraguaya que había detectado el traslado de una menor de edad de Paraguay a Chile a través del Paso Los Libertadores.

El 2012 también se descubrió otro caso de trata con fines de explotación laboral: una mujer ecuatoriana, indígena, había sido traída al país con la promesa de un trabajo bien remunerado en Chile. Pero, al llegar acá, su tratante le quitó el pasaporte. La trasladaron durante siete meses por distintos pueblos del sur para vender en un puesto de feria artesanal.

Le daban solo una comida al día y la mujer era forzada a dormir debajo del puesto que tenía en la feria, sobre el suelo. No recibió ni un peso en esos siete meses. En un minuto que tuvo libre, la mujer pudo entrar a un cibercafé, encontrar por Facebook a una antigua empleadora, también ecuatoriana, que vivía en Chile y contarle la situación en la que estaba. “Ayúdeme. No me pagan. Me obligan a dormir en el piso, No tengo mi pasaporte”, escribió. Ella le ofreció protección. “Tómate un bus inmediatamente hasta mi casa”, le respondió. Por mientras, la ex empleadora se contactó con la organización Humanas para pedirles ayuda.

Hoy la Corporación ampara a la víctima mientras su caso está en un proceso de investigación que ha sido largo: el crimen de trata, además, es complejo de acreditar. La fiscal Carolina Suazo de la Fiscalía Centro Norte es quien más experiencia tiene en este tipo de delitos. Explica que, actualmente, hay veinte investigaciones en curso por trata. Dice:

-Lo complejo es que hay que acreditar que existía una red: alguien que acogió, recibió y trasladó a mujeres y que hubo un aprovechamiento de la vulnerabilidad de la situación de las víctimas. Hay muchos prejuicios relacionados: que estas cosas no pasan en Chile y corresponden a otra realidad, la creencia errada de que las víctimas se lo buscaron o que pudieron haber dicho que no o que para ser víctimas poco menos había que estar encerrada con grilletes. Además, todo el peso de la prueba recae en las víctimas. Y que declaren es muy difícil.

La directora de Humanas agrega:
-Incluso ha sido difícil instalar en la cabeza de los jueces el tipo de delito: lo conocen, pero al final siempre está la duda: pero ella quería, sabía a lo que venía, en qué más te van a pagar tanta plata, se prostituyó, podría haber arrancado o pedido ayuda. Cuando trabajas con las víctimas, te das cuenta de que eso era imposible. Hay que hacer también un trabajo con los operadores de justicia para que conozcan bien el fenómeno.

Todos concuerdan en que la deuda pendiente es la desprotección en la que se encuentran las víctimas. Lamentan que no existan más casas de acogidas en las distintas regiones de Chile ni tampoco una política coordinada del Estado para proteger a estas personas.

-Ellas no tienen reparación. Hasta ahora solo se busca castigo a los perpetradores, pero las víctimas aún están muy desamparadas. Les cuesta mucho sacar visas temporales, no tienen residencia y eso les impide encontrar un trabajo. Tampoco hay una política destinada a la prevención. Antes la casa de acogida para víctimas de trata recibía sólo a mujeres que hubieran denunciado. Por cada víctima que denuncia, hay muchas mujeres más que no se atreven a hacerlo: una casa es insuficiente -dice la directora de Humanas, Carolina Carrera.

Actualmente existe una mesa de trabajo sobre el tema de trata y tráfico de personas en la que intervienen distintas instituciones: el Sernam, Ministerio Público, distintas ONG, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la PDI y Carabineros. Y ha habido ciertos avances: hoy la casa de acogida recibe a víctimas derivadas del Ministerio Público cuando han realizado alguna denuncia, pero también cuando se han acercado a una ONG u otra persona pide ayuda por ellas mientras las víctimas siguen inmovilizadas por la amenaza y el miedo.

-Sería ideal avanzar en la reparación. Por ejemplo que los bienes incautados a estas redes sean destinados a comprar los pasajes de las víctimas para que regresen a sus países si lo quieren o para reparación psicológica. Pero una respuesta del sistema judicial ayuda en parte a la reparación. Las ayuda a decir: “Estuve en esto, salí, hubo una sanción y me siento reivindicada en mi dignidad como persona” – dice la fiscal Carolina Suazo.

En promedio, las mujeres víctimas de trata permanecen entre cinco y seis meses en la casa de acogida. Se van cuando se sienten en mejor pie para mantenerse por sí mismas. Cuando encuentran otro trabajo y están en condiciones de enviar remesas a sus familias.

-Superan el trauma inicial en la casa, aunque una reparación emocional profunda es muy larga. Pero, para ellas, ese no es tema. Su mayor interés es la subsistencia, más que apoyo emocional: ellas vinieron a eso a este país, a mejorar su calidad de vida, a trabajar y eso lo tienen siempre muy presente -dice la directora de la casa.

Por eso, aunque hay algunas víctimas que prefieren regresar de inmediato a su país de origen, la mayoría permanece en Chile para trabajar, reunir dinero para sus familias y regresar en un mejor pie económico. La directora de la casa de acogida dice que lo que más admira de ellas es su resiliencia.

-Tienen una fortaleza interna enorme, la esperanza de que las cosas pueden ser mejores a pesar de todo lo que pasaron -dice-. Asumen los costos y siguen adelante.

Por María Paz Cuevas

Cinco senadores/as ingresarán el proyecto de ley creado por la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD) para que el Estado reconozca la identidad de género de las personas Trans, estableciendo que toda persona tiene derecho a modificar su nombre y sexo legal por el sólo hecho de solicitarlo ante un tribunal de familia.

La abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, acompañó a OTD, Fundación Iguales y otras organizaciones de la diversidad sexual en la presentación del proyecto, asegurando que “Chile debe contar con una ley que asegure a todas las personas su derecho irrestricto a ser quien se es y ser reconocido y tratado como tal”.

Camila valoró que en los últimos años la sociedad chilena haya evolucionado y se haya avanzado en reconocer la diversidad sexual. Se ha dictado una ley contra la discriminación, que expresamente proscribe, entre otras, la discriminación por orientación sexual e identidad de género; el parlamento debate sobre las relaciones familiares; y en ello ha sido clave el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Pero reconoció que aún es bastante lo que queda pendiente por hacer a fin de dar cumplimiento pleno a las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido en materia de igualdad de derechos y no discriminación. Esto es, prevención, educación, capacitación, campañas, institucionalidad pública, medidas de acción afirmativa, y principalmente, marcos normativos igualitarios y políticas públicas que garanticen en plenitud los derechos humanos de todas las personas.

“Las personas trans, lamentablemente, como sabemos, son unas de las más discriminadas en el ejercicio de sus derechos humanos. Frecuentemente son estigmatizadas y violentadas de las mas diversas formas y queremos decir basta. Basta a la invisibilidad, basta a la exclusión, basta a la discriminación y basta a la violencia”.

Aseguró que “el proyecto de ley de identidad de género que hoy se presenta a debate parlamentario representa un primer paso fundamental para reconocer un derecho humano básico que es la identidad personal”.

Explicó que el proyecto es una iniciativa muy simple, pero fundamental para que el nombre y sexo de las personas que consta en el Registro Civil y en cualquier documento de identificación corresponda a la realidad de esa persona, a su identidad de género.

El proyecto fue ingresado por los diputados de la DC, el PPD y el PS, Gabriel Silber, Adriana Muñoz, María Antonieta Saa y Juan Luis Castro, quienes explicaron que la iniciativa tiene por objeto mejorar la actual situación de las mujeres chilenas, a quienes se les castiga penalmente por interrumpir su embarazo por razones terapéuticas.

La diputada del PPD, María Antonieta Saa, afirmó que lo más importante de la partida es que promueve las causales para acceder al aborto terapéutico: se trata de las patologías relevantes de una mujer que hagan peligrar su vida, por malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida extrauterina y por agresión sexual.

Mientras, el diputado de la DC, Gabriel Silber, llamó a los parlamentarios a explicitar sus posiciones para llenar los vacíos de carácter legal existentes y legislar por los derechos reproductivos y sexuales.

La misma apreciación compartió la presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera. Este proyecto, en tanto, fue presentado en conjunto con la ONG “Movimiento Ciudadano por la Interrupción Legal del Embarazo”. Su presidenta, Claudia Dibes, afirmó que al menos su organización votará en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales por los candidatos que promuevan el aborto terapéutico.

La diputada del PPD, Adriana Muñoz, afirmó que el parlamento debe poner en tabla este proyecto en la comisión de salud, al recordar que esta iniciativa fue contemplada en el reglamento sanitario de salud, donde se establecía el aborto terapéutico en favor de la madre. Sin embargo, en los últimos años de la dictadura fue eliminado.

Radio Universidad de Chile_ Se acerca un nuevo día del trabajo, y la fuerza laboral femenina, tiene demandas específicas en torno a derechos laborales. En 10 años, la participación laboral femenina aumentó desde un 34% a un 43% (Censo 2012) y si bien las cifras son positivas, es importante avanzar en materia de derechos laborales y sociales.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, se muestran felices en torno al ingreso de las mujeres en el mundo del trabajo. Viviana Paredes, subsecretaria del organismo, señala que uno de los grandes desafíos es lograr una mayor incorporación femenina en rubros “masculinizados”.

En este sentido, la secretaria de Estado señaló que “como Gobierno y por especial encargo del Presidente Piñera el foco que hemos puesto en las mujeres ha sido fundamental y así podemos decir con bastante satisfacción que ha aumentado el ingreso de las mujeres al trabajo de los últimos empleos que se han creado en nuestro Gobierno, más del 50 por ciento ha sido para mujeres, hemos alcanzado una tasa histórica de participación femenina”.

La Central Unitaria de Trabajadores, destacó las cifras femeninas de inserción al trabajo. Sin embargo, la presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, hizo un llamado a no detenerse ahí y avanzar en los desafíos pendientes en derechos laborales femeninos.

En esa línea, la dirigente de la multisindical indicó que “también le impone mayores desafíos a las materias laborales o a las reformas laborales, atendiendo no sólo aquellos aspectos que tienen que ver con condiciones laborales, calidad de empleo, sino que también respecto de demandas que nos son más propias o particulares, como por ejemplo, el cumplimiento de la Ley de Igualdad Salarial, que pese haber sido aprobada y estar hoy en ejercicio, no es respetada, ni implementada por gran parte de los empresarios y por otro lado también todo aquello que tiene que ver con el resguardo del cuidado infantil y la protección a la maternidad”.

La Corporación Humanas, también alzó la voz respecto a las condiciones laborales de las mujeres. Para Carolina Carrera, presidente de la organización, lo más grave de las actuales formas de trabajo, es la desigualdad en materia de salarios y legislación. Seguir siendo consideradas como “segundo sueldo” y las pocas normativas regulatorias en materia de seguridad social, nos acercan a una “feminización de la pobreza” que preocupa.

Por esto, la especialista dijo que “en la baja incorporación de mujeres al mercado del trabajo, la mantención de una brecha significativa de los sueldos entre hombres y mujeres tiene un impacto en la vida cotidiana de las mujeres que las lleva a una pobreza, que estamos viendo y lo peor es que la estamos viendo hoy en la tercera edad y eso nos parece muy complicado”.

María Paz Becerra, encargada del programa de Apoyo a Organizaciones de Fondo Alquimia, comentó que las mejoras debieran centrarse en población femenina vulnerable. Para la institución, es fundamental lograr la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, situación que permitiría a las trabajadoras de casa particular estar bajo el amparo legal.

En esa perspectiva, la experta en temas de mujeres señaló que “puede haber una mayor representación de las mujeres en la fuerza laboral, pero el tipo de trabajo, sobre todo, para las mujeres con menor educación y que tal vez tienen que cumplir además con las tareas domésticas, por lo tanto, no pueden estar mucho tiempo trabajando, como el caso de las trabajadoras textiles en su domicilio que optan por estar en la casa, entonces el tipo de trabajo sigue siendo un trabajo de mala calidad”.

En torno a los cuestionamientos por el lento avance de la ratificación, la subsecretaria del Sernam, explicó que el principal obstáculo es la “dificultad de negociación colectiva que presenta el gremio de las trabajadoras domésticas”, señalando que es un “anhelo”, una materia pendiente sobre la que se debe trabajar.

Es así como, ad portas de una nueva conmemoración del día internacional del trabajo, las demandas laborales femeninas se centran en alcanzar una real igualdad salarial, mejorar los sistemas de protección al cuidado infantil, conseguir reformas en los sistemas previsionales y de salud –que permitan equiparar desigualdades sociales- , además de lograr la ratificación del Convenio 189 de la OIT, medida que beneficiaría a un 11,5% del universo de mujeres ocupadas, que según cifras de la Fundación Sol, corresponden a trabajadoras de casa particular.

Con la llegada de la ex Directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet a Chile, su confirmación para ser candidata presidencial y su reciente proclamación realizada por el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS), la contienda electoral tomó un ritmo distinto.

Los candidatos al sillón de La Moneda, que han recorrido el país y dejado entrever algunas de sus propuestas de Gobierno, tendrán que enfrentarse a una elección primaria –que busca elegir a un candidato/a único del oficialismo, la oposición y/o independiente- el próximo 30 de junio.

Y si bien se ha tratado de mantener el fair play entre todos/a los presidenciables, en el juego político todo cabe. Los presidentes de la UDI y Renovación Nacional, Patricio Melero y Carlos Larraín, respectivamente, hicieron presente su malestar por el “tratamiento especial” que recibió la abanderada del PPS-PPD, Michelle Bachelet, en su primera entrevista televisiva realizada por un programa de TVN. Presiones que fueron rechazadas por el Colegio de Periodistas.

La aprobación de la acusación constitucional contra el ex Ministro Harald Beyer, adelantó el clima político que marcará el escenario de aquí a las elecciones de noviembre próximo. Una vez más hablo el timonel de RN afirmando que “la guerra está declarada”. No obstante, más allá de las declaraciones de uno y otro sector, lo que se pone de relieve es el trabajo que el movimiento estudiantil ha puesto desde la calle. Se entiende así que Chile no es el mismo y que la/os candidatos presidenciales deben recoger este llamado de atención.

Por otra parte, la directiva de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), pidió al Gobierno que el Presidente Sebastián Piñera ejerza un veto sobre la franja televisiva obligatoria para las primarias presidenciales que fue aprobada en el Congreso Nacional.

Lo anterior resulta curioso, porque entendemos que la televisión chilena debe ser un actor facilitador y promotor del debate público y político. Más aún, si comprendemos que los canales de televisión explotan la concesión de un bien público que el Estado les otorga por muchos años.

Más allá de lo resuelto por ANATEL y el veto del Gobierno frente a la iniciativa -impulsada por el senador y presidenciable José Antonio Gómez- que permite a todas las candidaturas a La Moneda, inscritas para participar en las primarias, emitir un mensaje electoral en los canales de televisión, es importante contar con una ciudadanía informada.

La importancia de participar en este proceso de primarias no es menor, ya que no sólo definirá las candidaturas a la futura primera autoridad del país, sino que también contribuirá a renovar el Parlamento, imprimiendo nuevos sellos.

En ese sentido, el Observatorio de Género y Equidad contribuye a ser un puente para las propuestas que surgen desde la sociedad civil y las organizaciones de mujeres, apostando por mayores espacios de representación y una mejor calidad de la democracia. Creemos que se deben construir programas de Gobierno inclusivos y que acojan las demandas de la ciudadanía organizada.

Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas.
1.- ¿Cuáles deberían ser las tres ideas que debería incluir cualquier programa de Gobierno en la próxima elección presidencial?
- En las próximas elecciones, Chile requiere apostar por una nueva carta de navegación, la Constitución, que siente las bases de un Chile inclusivo, diverso, que reconozca a los pueblos originarios.

En relación a las mujeres, Chile necesita una Nueva Constitución que establezca paridad, igualdad, no discriminación, una vida libre de violencia, corresponsabilidad, ciudadanía activa de las mujeres y el pleno ejercicio y goce de los derechos económicos, sociales y culturales.

Se requieren reformas políticas y electorales que permitan la competencia real, la inclusión y la paridad. Esto pasa por poner fin al sistema electoral binominal, reformar la ley de partidos políticos, el financiamiento electoral público y las elecciones primarias. Necesitamos partidos políticos democráticos, transparentes y paritarios, así como financiamiento público preferencial a campañas de mujeres.

2.- En ese sentido ¿Qué rol jugaría su organización para llevar adelante dichas propuestas?
- Seremos activas fiscalizadoras de los programas de Gobierno, para que incluyan la agenda de las mujeres chilenas y sus demandas. Con las campañas Más Mujeres a Poder y Más Mujeres al Parlamento, estimularemos la incorporación de más mujeres en cargos de decisión pública y representación popular, a través de la participación de más mujeres como candidatas al Congreso Nacional.

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Al comenzar el debate en Actualidad Central, la Presidenta de Corporación Humanas, Carolina Carrera, afirmó que los tratados internacionales sostienen que el sujeto de derecho es la persona nacida y aseguró que debatir sobre el tema del aborto implica abordar la maternidad voluntaria de las mujeres. Aseguró que el aborto no es un método de anticoncepción, sino una decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos.

La Presidenta de Corporación Humanas recordó que el 2012 una comisionada del Comité Cedaw sostuvo que Chile parecía un país fundamentalista por la penalización total del aborto y que la CEDAW ha recomendado al Estado de Chile revisar su legislación sobre aborto, con miras a la despenalización en caso violación, incesto o riesgo de vida de la madre.

Agregó que según la Encuesta Humanas, sobre el 70% de las mujeres están de acuerdo en que se despenalice el aborto en tres causales: por aborto terapéutico, malformaciones congénitas o violación.
Por ello, la Presidenta de Corporación Humanas hizo un llamado a los/a candidatos/a presidenciales a saldar esta deuda con las mujeres.