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La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast estuvo marcada por la seguridad, la migración y el crecimiento económico. Durante más de dos horas se habló de delincuencia, fronteras, inversión y orden público. En contraste, las referencias a las mujeres y a las desigualdades que enfrentamos aparecieron de manera escasa y fragmentada.

No se trata de contar cuántas veces fuimos nombradas ni de exigir menciones simbólicas. La pregunta es ¿qué problemas son considerados prioritarios cuando se piensa el país y cuáles quedan fuera de la conversación pública?

Las mujeres aparecimos principalmente en nuestros roles de madres, cuidadoras o trabajadoras, es decir, vinculadas al cuidado de otras personas o a nuestro aporte al desarrollo económico. Sin embargo, las mujeres como sujetas de derechos, como ciudadanas que enfrentamos formas específicas de violencia, discriminación y desigualdad, estuvimos prácticamente ausentes.

Las omisiones fueron evidentes, no hubo anuncios relevantes en materia de violencia de género, femicidios, derechos sexuales y reproductivos o fortalecimiento de políticas de igualdad. En el ámbito de los cuidados, se reconocieron problemas como la baja participación laboral femenina y las dificultades para compatibilizar trabajo y crianza, pero la principal respuesta anunciada fue el impulso a Sala Cuna Universal. Abordando las consecuencias de la desigualdad sin hacerse cargo de sus causas estructurales.

Cuando una agenda política deja de mirar estas dimensiones corre el riesgo de presentar como universales experiencias que no lo son. La seguridad se entiende desde el delito y no desde el miedo cotidiano que muchas mujeres experimentan en espacios públicos y privados. La crisis demográfica se analiza desde la caída de los nacimientos y las decisiones individuales, sin considerar  las condiciones materiales que dificultan la maternidad y la crianza. El empleo se aborda desde la productividad, sin incorporar  la desigual distribución de los cuidados y las persistentes brechas  salariales.

La consecuencia de esta mirada no es solo la ausencia de determinados anuncios. Es que ciertos problemas dejan de ser percibidos como asuntos públicos y pasan a considerarse preocupaciones particulares de las mujeres. Y cuando eso ocurre, la desigualdad se vuelve más difícil de combatir, deja de ser una responsabilidad colectiva y una obligación del Estado para transformarse en un problema individual.

Las mujeres representamos más de la mitad de la población chilena. Nuestras experiencias no constituyen una agenda sectorial ni un interés específico. Hablar de violencia de género, de cuidados, de autonomía económica o de participación política no significa hablar de un grupo particular sino que significa hablar de democracia, de ciudadanía y de las condiciones que permiten ejercer derechos en igualdad.

Por eso, la principal señal que deja esta Cuenta Pública no es lo que se dijo sobre las mujeres, sino lo que no se dijo. Las ausencias en un discurso presidencial no son simples olvidos, también expresan prioridades políticas y cuando la mitad de la población ocupa un lugar tan marginal en el relato sobre el presente y el futuro del país, resulta legítimo preguntarse quiénes están siendo considerados en este proyecto de sociedad y quienes vuelven a quedar fuera.

Por Javiera Ramírez, socióloga y Mistral Ensignia, abogada de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, el 08 de junio, 2026

Desde la promulgación en Chile de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2017, Corporación Humanas ha monitoreado su implementación. Este seguimiento ha enfrentado obstáculos para acceder a información sobre objeción de conciencia lo que obligó a solicitar antecedentes directamente a hospitales públicos y recurrir al Consejo para la Transparencia, que acogió un amparo presentado por la organización. Que haya sido necesario acudir a esta instancia para obtener información sobre el cumplimiento de una política pública da cuenta de un problema que va más allá de los datos: la transparencia es una condición básica para fiscalizar el cumplimiento de la Ley IVE. Los antecedentes obtenidos muestran que la objeción de conciencia continúa siendo una barrera significativa para el acceso al aborto en tres causales.

De acuerdo con nuestro Informe de Objeción de Conciencia (2025), entre junio de 2024 y junio de 2025, el 100% de las niñas menores de 14 años y el 77% de las adolescentes entre 14 y 17 años que accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo lo hicieron por la causal de violación. Del total de 439 casos de aborto por violación, 98 corresponden a niñas y adolescentes. La violencia sexual se configura, así, como la principal razón por la que este grupo accede a la Ley IVE en Chile.

A nivel nacional, el 40,4% de las y los médicos obstetras se declara objetor en la causal violación; el 20% en inviabilidad fetal; el 13,7% en la causal de riesgo de vida de la mujer. Este último dato resulta especialmente relevante, ya que durante la tramitación de la ley se argumentó que no era necesario regular esta causal, bajo el supuesto de que el deber médico garantizaría la atención. Los datos muestran lo contrario.

A nivel territorial, la situación es aún más compleja. Existen tres servicios de salud con porcentajes críticos de profesionales obstetras objetores de conciencia en la causal violación: de Araucanía Norte (82,4%), del Maule (63,5%) y de O’Higgins (63,3%). En la práctica, esto significa que el acceso a la ley no depende solo de su promulgación sino del lugar donde se vive.

A nivel hospitalario, el escenario es aún más crítico. En 34 hospitales públicos del país, el 40% o más del personal médico obstétrico se declara objetor de conciencia en la causal violación. En casos extremos, como el Hospital de Cauquenes, la totalidad del equipo (100%) se declara objetor. A esto se suman establecimientos como el Hospital Sótero del Río, Hospital de Victoria, Hospital de Santa Cruz, el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz y Hospital El Pino, donde la objeción supera el 80%. Estas cifras indican que existen zonas donde el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra seriamente comprometido.

El alto porcentaje de objeción en la causal de violación se vincula con la persistencia de desconfianza hacia los relatos de víctimas de violencia sexual y con la reproducción de prejuicios en el sistema de salud. Esto resulta especialmente preocupante, ya que expone a niñas, adolescentes y mujeres a dinámicas de revictimización. En lugar de garantizar una atención oportuna y basada en derechos, estas prácticas trasladan juicios morales al ámbito sanitario, debilitando la credibilidad de las víctimas y obstaculizando el acceso efectivo a la prestación.

Los efectos de la objeción de conciencia no se limitan a la negativa de realizar el procedimiento. También se expresan en la denegación de información sobre los derechos consagrados en la Ley IVE, en la obstaculización para constituir una causal e incluso en la criminalización de mujeres y niñas a partir del cuestionamiento de sus relatos. En este sentido, la implementación del nuevo reglamento publicado en mayo de 2025 abre una oportunidad para revertir estas prácticas, fortalecer la transparencia en la atención y resguardar la autonomía de quienes enfrentan decisiones en contextos de alta vulnerabilidad.

Hoy es evidente que las convicciones personales priman por sobre los derechos de niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, evidenciando una deuda institucional profunda. No basta con consagrar derechos en la ley si su ejercicio sigue condicionado por prejuicios y barreras estructurales. Fortalecer el rol fiscalizador en el cumplimiento de la Ley IVE, asegurar la contratación de personal médico no objetor en hospitales públicos y avanzar en la formación y capacitación a futuros profesionales de la salud no son medidas opcionales: son condiciones mínimas e imprescindibles para garantizar una atención basada en el respeto, la autonomía y la libertad reproductiva.

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La llamada “mega reforma fiscal” impulsada por el gobierno ha sido presentada como una modernización tributaria orientada al crecimiento económico. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y de las promesas de dinamismo económico, lo que emerge es un proyecto profundamente ideológico: reducir deliberadamente la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y trasladar crecientemente los costos de la protección social a las familias y al mercado.

La discusión no es abstracta. En un país donde las mujeres siguen sosteniendo de manera desproporcionada las tareas de cuidado, donde la pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres y donde amplios territorios dependen de servicios públicos debilitados, las rebajas tributarias al gran capital no son neutras. Cada punto menos de recaudación implica menos capacidad estatal para financiar salud, educación, pensiones, sistemas de cuidados, prevención de violencia y políticas sociales esenciales. Cuando el Estado retrocede, son las mujeres quienes absorben primero el impacto: cuidando más, trabajando más y sosteniendo en silencio aquello que deja de garantizar lo público.

La reforma propone reducir impuestos corporativos, ampliar exenciones tributarias y disminuir ingresos permanentes del Estado en un contexto de creciente presión fiscal. Sus defensores sostienen que menores impuestos generarían inversión y crecimiento económico. Pero esta lógica revive una vieja promesa que Chile ya conoce: la teoría del “chorreo”, según la cual favorecer primero al gran capital terminaría beneficiando indirectamente al resto de la sociedad. La evidencia reciente demuestra lo contrario. Durante décadas, Chile combinó crecimiento económico con profundas desigualdades estructurales, concentración de riqueza y una débil protección social.

El problema no es únicamente distributivo. También es fiscal. El propio Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la reforma podría generar riesgos relevantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pudiendo aumentar el déficit estructural y la deuda del país en los próximos años. Las rebajas tributarias tienen efectos inmediatos sobre la recaudación, mientras los supuestos beneficios en crecimiento son inciertos, difíciles de proyectar y de largo plazo. En otras palabras: los costos son concretos; las ganancias, hipotéticas.

Esto ocurre en un escenario internacional marcado por alta volatilidad económica, desaceleración global y crecientes demandas sociales internas. Debilitar deliberadamente la capacidad recaudatoria del Estado en este contexto no parece una apuesta técnica responsable, sino una decisión política orientada a redefinir el rol de lo público. Lo que está en juego no es solo una reforma tributaria, sino una determinada concepción de sociedad.

Las señales son claras. Mientras se promueven beneficios tributarios atractivos electoralmente, incluyendo exenciones amplias y rebajas sin focalización, se legitiman simultáneamente recortes en políticas sociales, investigación científica y gasto público. El mecanismo es conocido: primero se reducen los ingresos fiscales y luego se argumenta que “no hay recursos” para sostener derechos y programas esenciales.

Presentar esta discusión como un simple debate económico oculta su dimensión más profunda. La pregunta de fondo es quién financia la vida colectiva y quién asume sus costos. En sociedades altamente desiguales, los impuestos no son solo herramientas recaudatorias; son instrumentos de cohesión democrática. Debilitar al Estado en nombre de la eficiencia económica no elimina las necesidades sociales: simplemente las desplaza hacia los hogares, los territorios y, especialmente, hacia las mujeres.

Por eso, la “mega reforma fiscal” no puede analizarse únicamente desde indicadores macroeconómicos. También debe evaluarse desde sus efectos democráticos y sociales. Porque cuando el Estado pierde capacidad para garantizar derechos, la desigualdad deja de ser una consecuencia y se transforma en un modelo de organización social.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera, el 15 de mayo del 2026.-

Hay declaraciones que invitan a reaccionar de inmediato. Otras, en cambio, exigen algo más difícil: pensar. Las recientes declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser sobre eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y reemplazarlo por una lógica “neutral” o por un eventual ministerio “de los hombres”, pertenece a este segundo grupo. No porque sean irrelevantes, sino precisamente porque tocan un punto estructural del debate público: cómo entendemos la desigualdad real entre hombres y mujeres.

Quizás convenga recordar aquí a Sor Juana Inés de la Cruz, quien escribió: “No estudio para saber más, sino para ignorar menos”. En tiempos de respuestas instantáneas, detenerse a pensar no es debilidad: es responsabilidad.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no surge como un privilegio sectorial, sino como una herramienta institucional para enfrentar desigualdades persistentes. Su propia creación responde a una constatación histórica: las mujeres han enfrentado barreras sistemáticas en el acceso a derechos, participación y seguridad. No es una hipótesis ideológica, sino un hecho documentado y sostenido en políticas públicas.

La ley que crea este ministerio establece que su función es diseñar, coordinar y evaluar políticas destinadas a promover la equidad de género y eliminar la discriminación arbitraria. No se trata de un órgano simbólico, sino de uno articulador, encargado de transversalizar un enfoque que, de otro modo, tiende a diluirse en la estructura del Estado. Cabe suponer que una senadora de la República conoce esta normativa. Primero, porque la ley se presume conocida por todas y todos; y segundo, por la responsabilidad inherente a su cargo.

Plantear que debería existir un ministerio de los hombres como contrapeso ignora precisamente esa asimetría. No se trata de que los hombres no enfrenten problemas, por supuesto que los enfrentan, sino de que esos problemas no derivan de una posición estructural de desventaja por su condición de género. Equiparar ambas situaciones puede sonar equilibrado, pero en la práctica invisibiliza la desigualdad que se busca corregir.

El feminismo, entendido como un campo político y social, ha contribuido precisamente a identificar estas diferencias como parte de un sistema más amplio de organización social. Desde ahí, la institucionalidad no es un capricho, sino una respuesta acumulada a décadas de evidencia, movilización y construcción democrática.

Eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género bajo el argumento de una supuesta neutralidad no elimina la desigualdad; simplemente la deja sin una institucionalidad que la aborde de manera específica. Y la historia muestra que, cuando los problemas estructurales se tratan como si fueran individuales o neutros, tienden a perpetuarse.

Por eso, más que apresurarse en desmontar instituciones, el desafío es evaluarlas, mejorarlas y exigirles resultados. La discusión relevante no es si debe existir, sino cómo cumple mejor su función.

Responder tarde, entonces, no es esquivar el debate. Es asumirlo con la seriedad que merece. Porque, cuando se trata de igualdad, las simplificaciones suelen ser cómodas, pero rara vez son justas.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en El Mostrador el 22 de abril, 2026.- 

Cada vez que el debate sobre gestación subrogada aparece en la esfera pública, la conversación parece empujarnos a una falsa elección: o mercado irrestricto o prohibición total. Entre ambos extremos, sin embargo, quedan fuera las preguntas más difíciles.

En los próximos días, la Comisión de Familia discutirá un proyecto de ley que busca prohibir la gestación por subrogación vía creación de un nuevo tipo penal. La relevancia de este debate excede con creces la técnica legislativa: estamos ante una decisión política que revela cómo entendemos la autonomía de las mujeres, los límites del mercado y —sobre todo— hasta dónde está dispuesto el Estado a intervenir cuando la desigualdad estructura las decisiones.

La discusión no es nueva, pero sí urgente. En Chile no existe una regulación integral sobre técnicas de reproducción asistida y la gestación por subrogación se ha desarrollado en un vacío normativo que expone a todas las partes involucradas, especialmente a las mujeres gestantes y a niños y niñas nacidos mediante esta práctica. Sin embargo, lo que hoy se propone no es llenar ese vacío, sino responder a él exclusivamente desde la prohibición penal. El problema de fondo es que el debate se ha instalado en una lógica binaria que simplifica una realidad mucho más compleja: o mercado irrestricto o prohibición total. Esa dicotomía deja fuera preguntas fundamentales sobre autonomía reproductiva, infertilidad biológica y estructural, nuevas formas de familia, protección ante formas de explotación y trata, determinación de la filiación, entre otras dimensiones.

Como se ha advertido en el debate público reciente, esta polarización impide distinguir entre modelos de subrogación, invisibiliza las condiciones en que ocurre y bloquea alternativas intermedias que podrían ofrecer mayores niveles de protección y de sensibilidad con la realidad.

La discusión pública suele reducirse rápidamente a identificar si alguien está “a favor” o “en contra”. Ese encuadre no sólo empobrece el debate, sino que dificulta la posibilidad de habitar los matices, de discutir los grises, de escuchar argumentos complejos. Nos empuja a caricaturas y en ese tránsito se pierden las preguntas relevantes.

No es lo mismo una subrogación comercial mediada por agencias internacionales que una planteada en términos altruistas, ni es irrelevante si existe o no regulación estatal que establezca límites claros. Tampoco es indiferente el contexto social en que se toma la decisión. Sin embargo, el proyecto en discusión opta por borrar esas diferencias. Y al hacerlo, renuncia a la posibilidad de intervenir allí donde realmente se producen los abusos.

Hay, además, una cuestión previa que no es menor. Buena parte de la historia del feminismo ha consistido precisamente en sacar experiencias vinculadas al cuerpo, la reproducción y la sexualidad del ámbito privado para llevarlas a la esfera pública, política y académica. No para clausurar las discusiones sino para complejizarlas, disputar sentidos y visibilizar las relaciones de poder que las atraviesan.

Por eso resulta problemático que, frente a un debate como el de la gestación subrogada, las posiciones tienden rápidamente a simplificarse en respuestas cerradas que dificultan una deliberación más profunda. La autonomía de las mujeres ocupa un lugar central en el debate. Quienes defienden la gestación por subrogación suelen hacerlo en nombre de la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Las posiciones críticas, en cambio, advierten que en contextos patriarcales y marcados por profundas desigualdades sociales y económicas, la noción de autonomía no puede analizarse al margen de las condiciones materiales en que las decisiones se producen.

Quizás la pregunta es previa: ¿de qué autonomía estamos hablando? Porque la autonomía no se ejerce en el vacío, sino en estructuras sociales que distribuyen desigualmente las oportunidades y las cargas. En sociedades atravesadas por desigualdades de género y económicas, la libertad de decidir no puede evaluarse sin considerar el contexto en que esa decisión se toma.

Asumir que toda decisión es plenamente autónoma es desconocer cómo operan las restricciones materiales y simbólicas. Pero negar toda capacidad de agencia a las mujeres resulta problemático, porque reemplaza una forma de tutela por otra. El desafío no es elegir entre autonomía o protección, sino comprender que sin condiciones materiales mínimas la autonomía puede convertirse en una ficción jurídica.

En ese sentido, si la respuesta del Estado es simplemente prohibir, lo que se hace no es evitar la explotación de las mujeres, sino invisibilizar las condiciones en que ocurre. La alternativa es más compleja y más exigente: diseñar una regulación que impida que los cuerpos de las mujeres sean tratados como recursos disponibles, estableciendo límites claros, garantías efectivas y condiciones que resguarden su dignidad. Esto podría implicar excluir la intermediación lucrativa, reforzar el consentimiento informado y asegurar que la decisión de gestar no esté mediada por situaciones de extrema vulnerabilidad.

La discusión legislativa que se abre no debería reducirse a un dilema entre permitir o prohibir. Se trata de decidir si el Estado va a asumir un rol regulador frente a una práctica que ya existe o si optará por la salida más sencilla: declarar ilegítima una realidad que, en los hechos, seguirá ocurriendo.

La evidencia comparada y el propio debate feminista muestran que no existen soluciones simples para problemas complejos. Pero sí hay una certeza: legislar desde la polarización, sin hacerse cargo de las relaciones de poder que atraviesa la gestación por subrogación, no es neutral. Porque cuando el Estado renuncia a regular materias complejas, las desigualdades no desaparecen; simplemente quedan fuera de discusión.

La seguridad se ha instalado como la principal preocupación de la ciudadanía durante el último tiempo, y justamente este nuevo ciclo político ha comenzado con la promesa de reducir la inseguridad. Sin embargo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad?

Los resultados de la Encuesta de Percepciones de las Mujeres sobre sus Condiciones de Vida y el País 2025, realizada por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad ofrecen una radiografía clave del país para ampliar esta discusión desde la experiencia de las mujeres.