CORRUPCION EN BOLIVIA

Los pagos llegaron a casi 17 millones de dólares

2012-01-27T20:25:00.000-08:00

Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete

Según un informe oficial , Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, instruyó pagos en favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems por 13,21 millones de dólares y a la compañía Uniservice por 3,30 millones de dólares. En la actualidad, la petrolera estatal espera el resarcimiento de esos 16,51 millones de dólares.

Para realizar los pagos del contrato entre YPFB y Catler Uniservice, se abrió una carta de crédito en el Banco Unión.

Las investigaciones revelaron que la sociedad accidental Catler-Uniservice se constituyó apenas tres días antes de la firma del contrato con YPFB, el 14 de julio, efectuada con bombos y platillos en Río Grande.

Según el informe de una comisión gubernamental que investigó el caso, la apertura de la carta de crédito por 35 millones de dólares, a cuenta de la asociación accidental Catler Uniservice, para beneficiar a la empresa Gulsby Process Systems LLP Texas-USA, con recursos del fideicomiso (de 45 millones de dólares), permite establecer que el entonces presidente ejecutivo de YPFB había adjudicado el contrato a una asociación accidental, Catler Uniservice, que no tenía la capacidad financiera para emprender el proyecto.

De acuerdo con ese informe, los adjudicatarios del proyecto para la instalación de la planta extractora no asumieron riesgo alguno; el Estado fue el que, durante la operación irregular, asumió todo el riesgo de la operación con Gulsby.

Develada la trama de corrupción en YPFB, se congelaron las cuentas del contrato, de tal modo que algunos de los involucrados no pudieran cobrar cheques incluso firmados por el asesinado Jorge O’Connor D’Arlach.

Un asesinato develó trama de corrupción en la estatal YPFB

2012-01-27T18:22:00.000-08:00

Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete
El trágico suceso, aquel 27 de enero de 2009, se desarrolló en cuestión de segundos.

A eso de las 10:20, la vagoneta Mitsubishi en la que iban los primos Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina se estacionó a unos metros de la esquina formada por la avenida Tejada Sorzano y calle Monje; los familiares de la que fuera esposa del entonces presidente de YPFB habían guiado a los cuatro ocupantes de una Cherokee negra hasta el domicilio del abogado Gonzalo Aramayo, situado en el segundo piso de un edificio de esa populosa zona.

Los que iban en las dos vagonetas querían cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450 mil dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, por haber usado su poder discrecional en la adjudicación de la planta separadora a la sociedad accidental Catler-Uniservice.

Pero, según las investigaciones, otro grupo, que seguía los pasos de los primeros y que había planificado todo hasta el mínimo detalle, estaba en ese sector de la ciudad para realizar un “volteo” (robo).

La Cherokee negra transportaba a los hermanos Jorge y Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y a sus dos colaboradores, Fernando Córdova Santiváñez y Mario Cossío McGalem. El grupo que los esperaba para ejecutar el “volteo” estaba liderizado por el prontuariado Rufino Rodríguez, alias El Rufo, quien, según lo que declaró el 28 de febrero de 2009, tras ser aprehendido en Cochabamba, había sido convocado a La Paz por Ernesto Córdova Santiváñez, hermano del empleado de los O’Connor D’Arlach, aunque posteriormente se retractó de estas declaraciones.

Navía y Aramayo descendieron de la Mitsubishi con el objetivo de abrir la puerta de calle del edificio y casi simultáneamente también bajaron de la Cherokee Jorge O’Connor D’Arlach, con un maletín con 300 mil dólares y una laptop, y Mario Cossío MacGalem, con otro de 150 mil dólares. Antes de que ingresaran al domicilio de Aramayo, fueron interceptados por Rufino y un cómplice, que los habían seguido desde el banco en una moto, y por Ariel y Yerko, que salieron como fantasmas de un Toyota Caldina verde, estacionado a unos metros del lugar.

Según las investigaciones policiales, los delincuentes inmovilizaron a Aramayo al aprisionarlo con la puerta del domicilio, en tanto que Rufino exigía a gritos que O’Connor soltara el maletín, pero el ejecutivo se resistía a cumplir la intimidante orden, por lo cual el cabecilla de la banda dice que “disparó directamente al cuerpo y él se cayó al suelo soltando el dinero”; Cossío, al presenciar el hecho de sangre, tiró el segundo maletín al piso y escapó, despavorido, por la vecina calle Monje; se tropezó, rodó algunos metros, pero después se levantó, para alejarse rápidamente de la escena del crimen.

Ya con los dos maletines en su poder, los delincuentes también huyeron del lugar: Rufino se fue en la Toyota Caldina y su cómplice en la moto Honda.

Atónitos, los que fueron testigos del homicidio tuvieron que reaccionar rápidamente, porque Jorge O’Connor D’Arlach, pese al disparo recibido en el cuello, según certificaría después un informe forense, seguía con vida; su hermano Miguel y Fernando Córdova lo trasladaron en la Cherokee al cercano Hospital Arco Iris, situado a unas cuatro cuadras del domicilio de Aramayo, pero el esfuerzo no fue suficiente, debido al daño interno que había causado ya el proyectil del revólver calibre 38 de Rufino Rodríguez. Jorge O’Connor murió en ese hospital.

Se vinculó el homicidio de Jorge O’Connor D’Arlach con una coima para Santos Ramírez.

Texto basado en Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de Marco Zelaya y Daniela Espinoza.

Corrupción y “volteo”
Coima El 27 de enero de 2009 Jorge O’Connor D’Arlach murió de un disparo cuando intentaba entregar una presunta coima para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.

MontoAquel día un grupo de delincuentes se llevó 450 mil dólares tras el “volteo” a los hermanos O’Connor D’Arlach y a los familiares de la esposa del ahora condenado a 12 años Santos Ramírez.

Catler Uniservice nunca edificó la planta separadora de Río Grande

2012-01-27T17:20:00.000-08:00

Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete

Cuando el entonces presidente de YPFB Santos Ramírez justificó la instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande, con los argumentos a los cuales apelaba cuando era senador, durante la discusión de la actual Ley de Hidrocarburos 3058, dijo que el país precisaba industrializar el gas natural.

Ramírez se había destacado, en mayo de 2005 y en los meses previos, como un tenaz partidario de la imposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota del 50 por ciento a la producción de hidrocarburos; la posición del entonces político respondía a todo el debate previo a la promulgación de esta norma, en el que el MAS había posicionado la idea de que el Estado sólo percibía un 18 por ciento sobre la producción, en tanto que las transnacionales petroleras se embolsaban el 82 por ciento.

¿Para qué instalar, en la población cruceña de Río Grande, una planta extractora de gas licuado de petróleo (GLP)?

En invierno y en las fiestas de fin de año es frecuente que se registre una escasez de GLP, ya sea por el contrabando a Perú o Brasil, la especulación o bien por el aumento del consumo (el transporte público usa garrafas y no gas natural vehicular); la falta de este producto tiene un elevado costo político para los gobiernos, porque es de consumo masivo, y también en metálico, puesto que debe importarlo de países vecinos.

Lo paradójico, sin embargo, es que Bolivia exporta a Brasil un gas rico en los componentes esenciales del GLP, el propano y el butano, y en gasolina natural -también llamada gasolina blanca-, que se podrían extraer si se contara con las plantas necesarias para tal cometido; la necesidad de restar estos elementos ricos del gas natural, que se van en la corriente de exportación, se convirtió en uno de los ejes del programa petrolero del MAS.

De acuerdo con las especificaciones de la licitación que se adjudicó el consorcio accidental Catler Uniservice, la nueva planta extractora, que será instalada en Río Grande -el punto desde el que se exporta el gas a Brasil-, debía contar con una capacidad de producción de 360 toneladas métricas diarias de GLP, que equivalen a 36.000 garrafas de 10 kg por día, y hasta 600 barriles de gasolina natural; la empresa estatal había estimado, para la planta, un precio aproximado de 90 millones de dólares.

Catler Uniservice ganó la licitación en julio de 2008 al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares, por una unidad industrial con capacidad de 260 toneladas de GLP -26.000 garrafas de 10 kg al día- y 450 barriles de gasolina natural, que debía ser entregada llave en mano en 340 días.

El plazo revela la premura con la que YPFB proyectaba ejecutar todas sus obras. Pero tal planta, como se sabe, nunca se edificó.

La planta costaba $us 90 millones
Se estimó un precio de 90 millones de dólares para la obra -que serían pagados con fondos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)- que Catler se adjudicó al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares.

De acuerdo con el libro Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de los periodistas Marco Zelaya y Daniela Espinoza, fuentes del sector petrolero aseguraron que una planta con esas características no costaba más de 50 millones de dólares, por lo cual se habría adjudicado la licitación con un sobreprecio de hasta 30 millones de dólares.

La empresa adjudicataria, que se haría cargo de la instalación de la planta, contrató a su vez firmas proveedoras; entre las empresas figuraban, inicialmente, Catler, Gulsby, Uniservice SRL, ARCAN Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL. El contrato, sin embargo, sólo fue firmado por Catler y Uniservice.

En el Senado se atribuyó a este consorcio la misma experiencia que la estadounidense Gulsby, que construyó 95 separadoras en el mundo.

Poder casi ilimitado
Norma El Decreto Supremo 29506, del 9 de abril de 2008, otorgó facultades al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, para contratar y comprar directamente “con precalificación de potenciales proponentes”.

PoderSe argumentó que se precisaba acelerar la instalación de la planta, mediante el referido decreto, pero en realidad la norma abrió paso a la discrecionalidad.

CorrupciónEse poder amplio derivó en el caso por el que Ramírez fue condenado.

Un decreto facilitó las contrataciones y compras directas

2012-01-27T15:15:00.000-08:00

Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en PAgina Siete

Experimentado político, Santos Ramírez conocía que el principal obstáculo de sus predecesores en YPFB fue la lentitud del aparato estatal en lo que respecta a las contrataciones y compras de bienes o servicios. Ramírez exigió como condición para asumir la presidencia de la petrolera que le facilitaran los medios adecuados.

El principal instrumento del que se le dotó fue el Decreto Supremo 29506, promulgado el 9 de abril de 2008 -un mes después de su nombramiento-, mediante el cual YPFB obtuvo la autorización de realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, “así como establecer las condiciones que regulan el proceso de contratación de bienes, obras y servicios con precalificación de potenciales proponentes”, en el marco de las leyes SAFCO y de Hidrocarburos.

Con la promulgación de esta norma, tenía, en adelante, carta blanca para efectivizar todas las contrataciones directas necesarias en exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y, finalmente, distribución de gas natural por redes. Ninguno de los anteriores presidentes de la empresa había logrado un poder tan omnímodo sobre toda la cadena de los hidrocarburos.

Sólo restaba, por tanto, ejecutar las acciones necesarias para transformar a la compañía estatal en una corporación, mediante sociedades con otras empresas petroleras, para lo cual Ramírez contaba también con otro decreto supremo que definía la nueva estrategia corporativa.

Ambas normas transformaron a Santos Ramírez en uno de los funcionarios más poderosos del país, pues contaba con la facultad, casi ilimitada, de realizar adquisiciones de bienes y servicios.

La intención respondía, en concordancia con lo planificado para el sector público de los hidrocarburos, al deseo de acelerar los procesos para consolidar el dominio estatal sobre esa estratégica cadena productiva.

Sin embargo, se pasó por alto que la eliminación de tales resguardos legales, cuyo cumplimiento era obligatorio en el Estado, también puede llevar a la discrecionalidad, si se considera que ya no regían los procedimientos para compras.

SAntos Ramirez Ascenso y caída de un hombre fuerte

2012-01-27T14:06:00.000-08:00

Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete

Si Santos Ramírez se convirtió en un personaje público fue porque defendió con tozudez, cuando aún solo era un parlamentario del opositor MAS, los artículos de una nueva ley petrolera que creaba una nueva distribución de la renta petrolera en el país.

En efecto, la nueva norma instituyó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que es el responsable de la mayor recaudación por el negocio petrolero en el país -es mucho más importante que la nacionalización, por ejemplo-, pero paradójicamente no asigna recursos a la estatal YPFB. Fue en una oficina del sexto piso del edificio de esa empresa donde Santos Ramírez confrontaría acaso los que fueron los peores momentos de su vida.

Antes de que fuera destituido de YPFB y posteriormente aprehendido, este político, que en los referidos debates parlamentarios se había convertido en la voz autorizada en hidrocarburos en el MAS -siempre acompañado por su escudero, el técnico en computación Guillermo Aruquipa-, había batallado en la arena política hasta convertirse, como se dijo en su momento, en el segundo hombre más poderoso en el entorno palaciego, porque gozaba de la irrestricta confianza del presidente Evo Morales.

Poco antes de que cayera en desgracia, se aseguraba que este profesor rural potosino, nacido en Caiza D el 15 de agosto de 1962, era el seguro acompañante de fórmula de Evo para las elecciones generales de diciembre de 2009.

En esa condición era, pues, uno de los hombres fuertes del partido oficialista, pero que, a diferencia de otros del llamado “círculo íntimo”, no había llegado al Palacio Quemado como un advenedizo, sino como un político provinciano de cepa que se había ganado a pulso su lugar y predicamento en el partido.

Pero su bautizo en las lides políticas se registró en Potosí, donde se fogueó como concejal. Llegó al órgano deliberante como munícipe por el Eje Pachakuti y, como buscaba una mayor proyección, hizo una fuerte apuesta y se vio en la vorágine de la campaña de unas justas locales en las cuales había rivalizado con el, en ese entonces, imbatible y ahora destituido René Joaquino, aunque perdió. Pero la tenacidad que había demostrado, hasta egresar de derecho, lo condujo a abrirse un espacio en el naciente MAS, que comenzaba a articular un discurso nacionalista en el que la lucha contra las petroleras era uno de los ejes.

Dotado de una retórica de medianos recursos, en la cual se notaban las muletillas de abogado, pero que deslumbraba en un grupo en el que no había precisamente grandes oradores, Santos Ramírez llegó a ser senador por Potosí en las elecciones de diciembre de 2005 e inmediatamente después presidente del Senado, en 2006, es decir, el tercer hombre en importancia del país.

Pero como si lo persiguiera cierta fatalidad para pasarle factura por sus éxitos en la política, ese mismo año saltó a los medios el caso de un supuesto asesor suyo que fue aprehendido cuando trataba de traficar droga y que, con la idea de sacarse de encima su responsabilidad penal, exhibió una carta de recomendación del Presidente del Senado; también se destapó el episodio de las visas chinas en el cual lo involucraron, aunque fue más difundido el escándalo de los avales políticos, unas misivas que Santos presuntamente vendía como salvoconducto a una pega en la administración pública.

Como ha sucedido otras veces, el ex político parece sumirse en el silencio ante las adversidades, lo cual, sin embargo, no pudo lograr en el momento en el que un juez leyó la sentencia mediante la cual lo condenaron a 12 años de cárcel. Pudo, eso sí, garabatear una página en la cual se veían líneas algo retorcidas.

Inicios Comenzó como concejal por el Eje Pachakuti en Potosí.

Senador Fue elegido para la Cámara Alta en 2005 y como presidente del Senado en 2006.

Casos Fue involucrado, antes del caso Catler, en los escándalos de las visas chinas, de los avales políticos y de un narcoasesor.

El fugaz matrimonio y el divorcio de Santos Ramírez
Después del estallido del caso Catler-Uniservice, el ex presidente de YPFB y del Senado presentó una demanda de divorcio contra Geovanna Navía Doria Medina, cuyos familiares están involucrados en el caso del “volteo” de los 450 mil dólares al fallecido empresario Jorge O’Connor. La ex esposa ha recibido una condena de nueve años de cárcel.

En la demanda de divorcio, Ramírez argumentó que, a partir de los hechos del 27 de enero, sufrió “malos tratos de orden psicológico, un hostigamiento paulatino progresivo por los medios de comunicación, por la relación con mis cuñados. Puedo afirmar que mi vida en común es intolerable, por lo que he asumido la posición de buscar por la vía del divorcio la ruptura de mi vínculo matrimonial'”.

El matrimonio duró apenas 33 días.

Y durante los momentos más difíciles la ahora ex esposa informó que estaba esperando, según las ecografías a las cuales supuestamente se había sometido, gemelos del ex líder masista.

Santos Ramírez y Geovanna Navía Doria Medina, diputada suplente por el MAS, se habían conocido en 2007 y se habían casado el 6 de enero de 2009 en Caiza D, Potosí, en una boda en la que echaron la casa por la ventana. Antes, Ramírez estuvo casado por 27 años con María Olmos, su paisana y colega -profesora-, con quien tiene tres hijos.

La defensa de Ramírez y de Córdoba apelará el fallo

2012-01-27T13:04:00.001-08:00

Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete

Los abogados de Santos Ramírez y de Luis Fernando Córdoba anunciaron que apelarán el fallo de sentencia que los condena a 12 y seis años de prisión respectivamente porque lo calificaron como injusto e inverosímil.

José Luis Paredes, defensor del ex presidente de la estatal petrolera, consideró los 12 años de prisión para su cliente como una determinación sin argumentos.

“Nosotros hemos presentado las suficientes pruebas que eximen al señor Santos Ramírez de culpa por los delitos que se le acusan; sin embargo, los jueces no han valorado ninguna de ellas”, manifestó el jurista tras la audiencia de sentencia condenatoria.

Asimismo, anunció que apelará la sentencia en los próximos 15 días, aunque señaló que no tiene muchas esperanzas de que el fallo sea revertido por los jueces.

Manifestó la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo de Justicia con un recurso de casación y si se ratifica la condena, acudirán a instancias internacionales para que Ramírez sea escuchado y presente sus pruebas.

Por su parte, el defensor de Luis Fernando Córdoba, William Sánchez Peña, manifestó que la resolución final es inverosímil y consideró injustos los seis años de prisión para su cliente comparados con los tres años del ex gerente de Planificación de YPFB, Misael Gemio, que se encuentra prófugo y era parte activa de la estatal.

Evo dice que corruptos amenazan a la ministra Nardi Suxo

2012-01-27T07:06:00.001-08:00

Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en El Sol

El presidente Evo Morales denunció este jueves que personas investigadas por actos de corrupción amenazan y hacen llorar a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, como represalia a la labor que cumple esta alta funcionaria de Estado, cuyas amenazas afectan a su familia.

Morales destacó que Bolivia ya no sea catalogado como un país corrupto, como sucedía en el pasado, debido a las políticas que realiza su gobierno para sancionar a los malos funcionarios públicos que habrían causado daño económico al Estado.

"A nuestra ministra le hacen llorar los maleantes, los delincuentes, ella quería renunciar pero yo no le he permitido que renuncie, claro porque cuando se afectan sus intereses económicos, la plata que han robado, amenazan no solamente a nuestra ministra inclusive a su familia, la ministra sigue luchando contra la corrupción, aunque llorando, pero no importa está trabajando muy bien", manifestó Morales en el 42 aniversario del municipio de Incahuasi.

Asimismo, el mandatario recordó que la imagen de los legisladores cambio en los últimos años, pues cuando él era diputado (1997-2005), consideraba que el extinto Congreso Nacional era la "primera mafia" del Estado". "Porque en su interior se encontraban diputados y senadores del MNR, MIR y ADN, a quienes calificó de "corruptos".

Condenan a Santos Ramírez a 12 años de prisión por corrupción en YPFB

2012-01-26T14:35:00.000-08:00

Noticia publicada el 26 de Enero de 2012 en ERBOL

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, presidida por el juez José Luis Rivera, condenó hoy a 12 años de prisión al exhombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, después de haberse comprobado su participación, junto a otras personas, en actos de corrupción en el contrato suscrito entre la estatal petrolera y la empresa Catler-Uniservice, para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

Los delitos por los que fue condenado Ramírez son: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, conducta antiecónmica, cohecho activo y pasivo.

Junto a Ramírez fueron sentenciados su exesposa Giovanna Navia Doria Medina (a 9 años), Esther Carmona Morales (9 años), Javier Navia Doria Medina (6 años), Fernando Córdoba Santibañez (6 años), Marco Antonio Vega del Carpio (9 años), Misael Gemio Jordán (3 años), Agustín Tomás Melano (6 años) y Mauricio Ochoa Urioste (9 años), estos tres últimos están prófugos de la justicia.

De acuerdo a la determinación del Tribunal Primero de Sentencia, todos los varones deben cumplir su pena en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz y las dos mujeres condenadas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes

Fueron absueltos de toda culpa, por no haberse encontrado indicios en el acto de corrupción en el contrato entre YPFB y Catler-Uniservice, Julio Anagua Chumacero, Miguel O’Connor D’Arlach y David Álvarez Gantier.

Anuncian que sentencia contra Santos Ramírez se dictará hoy

2012-01-26T08:53:00.000-08:00

Noticia publicada el 26 de Enero de 2012 en Opinion

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz anunció que hoy dictará sentencia contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, acusado por los contratos irregulares rubricados entre la estatal petrolera y Catler para la construcción de una refinería en la localidad cruceña de Río Grande, valuada en 86 millones de dólares.

La fecha del dictamen coincide con el asesinato del ejecutivo de Catler Uniservice, el empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, que destapó el escándalo en YPFB.

O’Connor fue asesinado el 27 de enero de 2009, en la avenida Tejada Sorzano de La Paz, cuando transportaba $us 450.000 aparentemente para una coima destinada al expresidente de YPFB.

ANTICORRUPCIÓN presentó más de 160 denuncias

2011-12-26T21:50:00.001-08:00

Noticia publicada el 26 de Diciembre de 2012 en Cambio

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción presentó en el último tiempo más de 160 denuncias ante el Ministerio Público por casos de corrupción, de los cuales 120 son en contra de ex funcionarios y autoridades de anteriores Gobiernos, informó la máxima autoridad de esa cartera de Estado, Nardi Suxo.

La Ministra recordó que están visitando todos los municipios del país y una de las principales falencias que se pudo observar es la baja ejecución presupuestaria por temor a sufrir represalias de la ley anticorrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Tenemos presentadas 162 denuncias ante el Ministerio Público. Son 120 de ex gobiernos”, afirmó la Ministra en una entrevista con Erbol.

También informó que 44 denuncias son en contra de ex ministros, ex viceministros, servidores públicos del servicio exterior, funcionarios de YPFB, superintendentes, ex funcionarios de salud, ex funcionarios de varios ministerios, de aduanas, de Comibol, Ecobol, ABT e incluso diputados.

Durante un informe presentado en el Segundo Conversatorio sobre la Ética Pública, en noviembre, Suxo afirmó que el Ministerio de Transparencia recuperó $us 94 millones para el Estado por casos de corrupción y se realizaron dos sentencias contra un servidor que negó el acceso a la información pública.

“Antes, la impunidad reinaba, bastaba ser Ministro, Viceministro, Diputado, Alcalde o Cacique de algún departamento para que queden en impunidad los hechos de corrupción (…) Hoy en día ya no, eso ya no puede ser”, aclaró la Ministra.

Baja ejecución presupuestaria

Suxo señaló que el Ministerio de Transparencia tiene como desafío ir a todos los municipios de Bolivia para verificar los informes de los alcaldes respecto de su gestión.

En ese trabajo, la Ministra explicó que se pudo verificar que la mayoría de los municipios no ejecutan su presupuesto y se amparan en que la ley de lucha contra la corrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz, es muy dura, por lo cual no quieren verse involucrados en hechos que puedan resultar en denuncias.

“La ley sólo recoge las leyes que ya existían en el código penal. Ése es un gran problema. Es una de las razones por las que nos hemos comprometido en ir Municipio por Municipio. Escuchamos al rendición pública del Alcalde y escuchamos también al pueblo”, señaló.

Abogado: Costas quiere victimizarse

El proceso judicial que afronta el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es un caso “estrictamente ordinario” entre él y el fiscal Marcelo Sosa, aseguró el abogado defensor de la autoridad judicial, Moisés Ponce de León.

“Lamentablemente el ciudadano Rubén Costas pretende que se lo victimice, y quiere hacer de éste un caso político y no es así”, agregó el jurista.

Costas debe someterse a la justicia por la comisión del delito de desacato contra el Fiscal que lleva adelante el caso Terrorismo, a quién llamó públicamente “bufón del Gobierno”, según ABI.

Ante esta situación, Soza presentó una querella formal contra Costas, porque éste habría puesto en entredicho el nombre del representante del Ministerio Público al verter ese tipo de calificativos.

Sin embargo, el Gobernador cruceño aseguró que el inicio del proceso es parte una persecución política por ser uno de los principales opositores del actual Gobierno.

La denuncia contra Costas fue formulada el 13 de julio de 2010 por los delitos de calumnia y difamación, investigación que actualmente se encuentra en su etapa conclusiva.

No obstante, la autoridad departamental no se presentó a la audiencia final y tampoco ofreció un justificativo válido para su inasistencia.

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Base de datos para la lucha anticorrupción

2011-12-15T11:25:00.001-08:00

Noticia publicada el 15 de Diciembre de 2011 en La Razon

La cumbre social acordó la aprobación de leyes para incorporar agentes encubiertos en la lucha contra la corrupción y construir una base de datos para investigar a funcionarios antiguos de la administración pública, comprometidos con hechos de corrupción.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Héctor Arce, informó de que priorizarán el tratamiento de las sugerencias legislativas. “La propuesta es interesante. Tenemos que dar con aquellos funcionarios que dañaron el patrimonio del Estado, característico de gobiernos neoliberales”, sostuvo el legislador.

La mesa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la cumbre sugirió la aprobación de las leyes de Creación de Bases de Datos para Investigación de Personas que hayan afectado el Patrimonio del Estado y la de Incursión de Agentes Encubiertos en la Lucha contra la Corrupción.

El presidente Evo Morales identificó el lunes, en la inauguración del encuentro, a la corrupción como una de las debilidades de su gobierno. Además abrió la posibilidad de tratar el mecanismo de los agentes encubiertos para combatir este mal social.

La viceministra de Justicia Indígena Originario Campesina, Isabel Ortega, calificó como interesante la iniciativa de los agentes encubiertos. “Es una buena idea que seguro puede traer buenos resultados. Habrá que ver cómo se aplica y con qué recursos”, sostuvo.

La Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz establece la imprescriptibilidad del delito. “Los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”, refiere parte de la norma.

Arce afirmó que priorizarán el debate de las iniciativas legislativas emergentes de la cumbre. La ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, señaló el 5 de diciembre que recuperaron 95 millones de dólares de la corrupción. Un total de 53 casos tienen sentencia, de los que 99 personas están privadas de libertad, entre ellos alcaldes del Movimiento Al Socialismo, dijo.

Gobierno convoca a los indígenas a Cochabamba

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, convocó a los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) participar de la cumbre de enero. Los indígenas sostienen una reunión en Santa Cruz. “Los invitamos a que se sumen a este encuentro. Podemos debatir juntos”, planteó la autoridad.

Los indígenas tienen un encuentro en Santa Cruz para perfilar una agenda que priorice aspectos como tierra y defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El dirigente de los indígenas, Adolfo Chávez, propuso ayer convocar a un referéndum para definir la presencia o no de coca en el Chapare.

Los resultados de la cita serán llevados hoy a un cabildo, en el que también definirán la convocatoria a una cumbre para 2012. El cónclave convocado por el Gobierno tomará decisiones en enero.

Los delegados en la cumbre llegaron a 650

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, informó de que el Primer Encuentro Plurinacional para Fortalecer el Cambio culminó ayer con la presencia y el aporte de 650 delegados. El lunes, en el inicio de la cita, indicaron que estaban inscritos 420 representantes de 47 organizaciones.

“El Gobierno básicamente se ha restringido a organizar y levantar y recoger esas propuestas para poder orientar con lineamientos el debate en los departamentos y las regiones, que va a ser muy significante en enero del próximo año”, explicó el ministro a la gubernamental ABI.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, calificó al evento de “muy positivo” por el nivel de participación de organizaciones sociales y su encuentro con autoridades del Gobierno, empresarios y los sectores de intelectuales y académicos. “Hemos debatido y discutido temas que nos interesan a todos, por lo tanto es un salto cualitativo e importante”.

La cumbre fue inaugurada el lunes. Ese día señalaron que fueron registrados 420 delegados de 47 organizaciones sociales e instituciones. Romero sostuvo ayer que el número de delegados llegó a 650. “El solo hecho de haber realizado el evento ya es un éxito. Un éxito porque marca el avance cualitativo de la democracia boliviana, que ha dejado de monopolizar las decisiones de los políticos y ha trasladado la consulta a la población”, destacó el ministro.

Las propuestas recogidas serán socializadas en las regiones. En enero se definirán conclusiones.

Paquete de leyes

En la comisión legislativa de la cumbre social priorizaron la aprobación de un paquete de 51 proyectos de ley para apoyar las conclusiones del encuentro nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, el masista Héctor Arce, anunció que el Legislativo estudiará cómo efectivizar las normas. “Entre el 9 y 11 de enero estaremos en la cumbre de conclusiones para informarles los mecanismos para efectivizar las leyes”, afirmó. Estas son algunas de las normas presentadas en Cochabamba:

Ley del Seguro Universal de Salud

Ley de Medicamentos

Ley de Medicinas Tradicionales

Ley de Saneamiento de la Propiedad Urbana

Ley de Inversiones

Ley Mypes

Ley General del Trabajo

Ley Tributaria

Código de Comercio

Ley de Defensa al Consumidor

Ley de Regulación de la Competencia

Ley de Exportaciones

Ley de Defensa Pública

Ley de Electricidad

Ley de Telecomunicaciones

Ley de Sociedades Corporativas

Ley de Protección Tributaria

Ley de Participación y Control Social

Ley de Protección a Denunciantes

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley de la Creación de Bases de Datos para Investigación de Personas que hayan afectado el Patrimonio del Estado

Ley de Incursión de Agentes Encubiertos en la Lucha contra la Corrupción

Ley del Trabajador Asalariado Rural

Ley de Minería

Ley de Medio Ambiente

Ley de Comunicación

Ley de Seguro de Vida para los Trabajadores de la Prensa

Ley de Límites

Ley de Sistemas de Planificación Integral

Ley Safco

Ley de Protección a la Propiedad Urbana

Ley de Aguas y Recursos Hídricos

Ley de Mancomunidades

Ley de Tratados

Ley de Control de Seguridad de Fronteras

Resoluciones de las 10 mesas de diálogo

Legislación

Presentaron al menos 51 proyectos de ley para apoyar e implementar los acuerdos de la cumbre social en áreas de economía, inversión, producción y diferentes aspectos sociales, entre ellos salud. No establecieron plazos para la aprobación de las normas.

Autonomías

Acordaron la necesidad de establecer plazos para que las asambleas legislativas departamentales concluyan la redacción y aprobación de los estatutos autonómicos. Similar decisión se tomó respecto a la aprobación de las cartas orgánicas.

Comunicación

Presentaron propuestas para democratizar la información en el país y el acceso de la población a los medios de comunicación. También sugieren redactar una ley de medios o de comunicación y crear un Consejo Plurinacional de Comunicación.

Pol. internacional

Respaldaron la demanda marítima que Bolivia presentará contra Chile ante cortes internacionales. Plantean la redacción de una Ley de Tratados y una evaluación al cuerpo diplomático y consular boliviano en el exterior.

Transparencia

Debatieron y acordaron trabajar en diferentes políticas para mejorar la lucha contra la corrupción en la cosa pública. Entre los planteamientos principales figura la incorporación de agentes encubiertos para detectar y revelar actos de corrupción.

La corrupción, vista con ojos de estudiante

2011-12-08T20:47:00.001-08:00

Noticia publicada el 8 de Diciembre de 2011 en La Prensa

406 jóvenes de 40 colegios participaron en un concurso.

En conmemoración del Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, la Unidad de Transparencia de la Alcaldía de La Paz premiará a 12 estudiantes de colegio que resultaron ganadores del primer concurso de dibujo “Yo también lucho contra la corrupción”, que fue lanzado el 1 de noviembre pasado.
El acto se realizará mañana en el Palacio Consistorial, donde, además, se realizará una feria informativa, en la que participarán todas las unidades del gobierno municipal, según informó el director de esa repartición edil, Martín Fabri.
Masiva participación. Fabri dijo que la recepción de los dibujos concluyó el 1 de diciembre. “406 jóvenes de 40 colegios presentaron sus dibujos llenos de colorido y mensajes de concienciación. Para nosotros, es un número alto porque la convocatoria sólo duró un mes”.
Indicó que para seleccionar a los 12 dibujos ganadores se realizó una serie de evaluaciones. “Los dibujos, de acuerdo con la convocatoria, debían cumplir cuatro puntos esenciales que son el mensaje, el esmero, la creatividad y la composición, aspectos que fueron tomados en cuenta por el jurado”.
Con respecto a los premios, el Director de Transparencia dijo que de los 12 alumnos, tres serán reconocidos: el primero será parte de la imagen institucional de la Unidad, el segundo participará en las ferias que se realizarán en 2012 y el tercero recibirá un PlayStation. El resto recibirá un canastón y certificados de participación.
Una feria. Fabri destacó que este viernes 9 se conmemorará el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción y, por ello, se realizará una feria informativa, cuyo objeto es presentar los resultados y actividades del gobierno municipal a través de cuatro pilares: el primero es el acceso a la información; el segundo, la ética pública; el tercero, la participación ciudadana, y el quinto, la rendición de cuentas, que están englobados en la Unidad de Transparencia de la comuna.

Las actividades en conmemoración del Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción se iniciarán hoy con la premiación del servidor público del año, que fue elegido por todos los funcionarios de la Alcaldía, según informó Martín Fabri. Añadió que en este mismo acto se firmarán acuerdos interinstitucionales con los municipios interesados en contar con una Unidad de Transparencia para tener un trabajo más fluido.

Las frases

“Este concurso estuvo dirigido a los jóvenes para crear conciencia”.

Martín Fabri / TRANSPARENCIA

“El concurso es bueno porque nos ayuda a seguir con nuestros sueños”.

Iber Flores / PARTICIPANTE

Ministerio de corrupción Gobierno recuperó $us 95 millones

2011-12-05T21:39:00.000-08:00

Noticia publicada el 5 de Diciembre en el Dia

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que se recuperó 95 millones de dólares de casos de corrupción registrados en municipios, entidades públicas, entre otras instancias, durante tres años de trabajo.

Además, explicó que se cuenta con 53 casos de sentencias por hechos de corrupción; de los cuales 99 personas están privadas de libertada, entre quienes se encuentran burgomaestres del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Fuimos avanzando no como hubiésemos querido, pero hemos dado pasos muy importantes y sobre todo ahora la gente denuncia los casos de corrupción“, destacó la autoridad en entrevista con Erbol.

Según la autoridad deben invertirse en favor del Estado.

Bolivia mantiene altos índices de corrupción

2011-12-02T16:43:00.000-08:00

Noticia publicada el 2 de Diciembre 2011 en Opinion
Chile y Uruguay son los líderes en transparencia de América Latina, mientras que Venezuela y Paraguay son percibidos como los más corruptos, según un informe publicado ayer por la organización alemana Transparencia Internacional (TI). Bolivia mantiene una puntuación de 2,8 y sigue siendo el cuarto país más corrupto en América Latina.

En la edición 2011 de su ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), tan sólo tres de los veinte países del área latinoamericana aprueban en transparencia percibida de su sector público.

“Chile marca la línea y el resto de países de América Latina le siguen poco a poco. Esto es una felicitación para Chile, pero también una recomendación, para que se impongan barreras más altas”, aseguró en declaraciones a Efe el director para las Américas de TI, Alejandro Salas.

A su juicio, la mayoría de países latinoamericanos que puntúan bajo en la tabla sufren de una “institucionalidad débil”, donde el Gobierno o actor político principal -“independientemente de que sea de izquierdas o derechas”- es "muy fuerte", por lo que "no hay balance de poder".

En una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (muy transparente), Chile (7,2) ocupa el puesto 22 de los 183 países analizados, Uruguay (7,9) el 25 y Puerto Rico (5,6) el 39, mientras que Nicaragua (2,5), Paraguay (2,2) y Venezuela (1,9) ocuparon el vagón de cola, en los puestos 134, 154 y 172, respectivamente.

Próximos al aprobado se posicionaron Costa Rica (4,8) y Cuba (4,2), seguidos por Brasil (3,8) -por encima de China-, Colombia (3,4), El Salvador (3,4), Perú (3,4) y Panamá (3,3).

Argentina y México se quedan en el 3,0 sobre diez -al nivel de Malawi e Indonesia-, y a continuación en el ránking logran situarse Bolivia (2,8), Ecuador (2,7), Guatemala (2,7), República Dominicana (2,6) y Honduras (2,6).

VARIACIONES MÍNIMAS En comparación con el año pasado, la mayoría de países de América Latina analizados experimentan variaciones mínimas, con las excepciones positivas de Cuba y El Salvador, que registran subidas sustantivas, y del descenso de Costa Rica.

Cuba remonta ocho posiciones y cinco décimas, del puesto 69 al 61 y de los 3,7 a los 4,2 puntos; El Salvador salta 47 posiciones y nueve décimas con respecto al informe de TI de 2010; y Costa Rica cede, por su parte, cinco décimas y nueve puestos.

Salas considera que las reformas del presidente cubano, Raúl Castro, han ayudado a la percepción de su país, que el jefe de Estado salvadoreño, Mauricio Funes, está trabajando a favor de una mayor transparencia a nivel nacional y regional, y que la imagen de Costa Rica se ha visto afectada por algunos escándalos de los últimos años y por haber empezado a ser parte de "la ruta del narcotráfico".

A escala global, Somalia (1,0), Corea del Norte (1,0) y Myanmar (Birmania) (1,5) son los países más corruptos según el CPI, y Nueva Zelanda (9,5), Dinamarca (9,4) y Finlandia (9,4) los menos azotados por este tipo de prácticas.

El país se encuentra en el puesto 118 del ranking de corrupción

2011-12-02T15:40:00.000-08:00

Noticia publicada el 2 de Diciembre de 2011 en opinion

La cumbre "masista", convocada por el presidente Evo Morales, que en realidad tiene el objetivo de configurar un escenario de apoyo a la devaluada gestión del Gobierno, debiera comenzar considerando el nivel de corrupción del país, que según datos recientemente publicados por Transparencia Internacional (TI), refieren que Bolivia continúa siendo el cuarto Estado más corrupto en Sudamérica, manifestó el asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco.

Transparencia Internacional (TI), es una Organización No Gubernamental (ONG) a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia alianza global.

"La anunciada cumbre que está convocada por el presidente Morales para los próximos días, debería iniciar sus deliberaciones haciendo una profunda autocritica de lo que han hecho en estos últimos años. Por supuesto, sin duda alguna, el tema de corrupción debiera ser uno de los puntos fundamentales, tomando en cuenta que en este último periodo, antes que reducir los niveles, (de corrupción) se han incrementado", sostuvo el legislador.

Datos recientes emitidos por Transparencia Internacional (IT) señalan que Bolivia se sitúa en el puesto 118 del ranking mundial de corrupción, de un total de 183 países observados, con una puntuación de 2.8, habiendo subido 8 puestos con relación al 2010.

Asimismo, el informe establece que Bolivia continúa siendo el cuarto país más corrupto de Suramérica, sólo detrás de Ecuador (120), Paraguay (154) y Venezuela (172). En el caso específico de Venezuela, socia de Bolivia, se encuentra situado entre los 10 países más corruptos del mundo, sólo comparable a Somalia (183), Corea del Norte (182), Afganistán (180), Sudan (177) e Iraq (175).

En contrapartida, los datos de Transparencia Internacional, indica que Chile es el país menos corrupto de la región, situado en el ranking en el puesto 22 de mundo y seguido por Uruguay en el puesto 25. En relación a otros países del continente, este informe refiere que Brasil está situado en el puesto 73, Perú y Colombia en el puesto 80 y Argentina en el 100.

En relación a los países menos corruptos a nivel mundial, el informe de Transparencia Internacional identifica a Nueva Zelandia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Singapur; Canadá y Australia.

En este sentido Eduardo Campos, manifestó que los datos presentados también señalan que el IPC (Índice de Percepción de Corrupción) del 2011, muestra que la corrupción continúa afectando de manera profunda a muchos países en el mundo, misma que está relacionada a la inestabilidad económica y a la poca transparencia de los gobiernos en el manejo de los recursos públicos. El IPC recoge una visión panorámica y clasifica a 183 países del mundo, según su nivel de corrupción en función de la percepción de los propios ciudadanos. La puntuación, utiliza una escala de 10 a 0, en la que los índices cercanos a 10, resultan siendo los menos corruptos y los cercanos a 0 son los más corruptos.

Luego de este análisis, el asambleísta departamental, sostuvo que la cumbre convocada por el presidente Evo Morales, no abordará problemas centrales que atraviesa el país, como por ejemplo la seguridad ciudadana, o políticas económicas, por el contrario servirá para generar una corriente de respaldo a la malograda gestión e imagen del Primer Dignatario de Estado, adelantando que antes que análisis, se producirán votos resolutivos de apoyo y amenazas a los sectores que cuestionan lo que hace el Gobierno.

"Son varios los temas que no serán abordados y resueltos eficientemente por este Gobierno y menos en la famosa cumbre que está convocada. Bolivia, como bien se sabe, tiene problemas estructurales no resueltos, como la pobreza, la desigualdad, la baja producción y productividad y su excesiva lejanía de los circuitos económicos comerciales del mundo; aspectos que no pueden ser resueltos de manera separada e inconexa, motivo por el cual, todos los esfuerzos que se hacen por mejorar los niveles de democratización e inclusión, no acaban en resultados concretos que modifiquen los niveles de vida de los bolivianos", argumentó Eduardo Campos.

Transparecia dice que Bolivia es el cuarto país más corrupto de Sudamérica

2011-12-01T11:55:00.000-08:00

Noticia publicada el 1 de Diciembre de 2011 en Opinion

Este jueves, Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2011, que sitúa a Bolivia en el puesto 118 con una puntuación de 2.8, que es igual a la de 2010; aunque en esa oportunidad se situó al país en el puesto 110.

Con estos resultados, Bolivia continúa siendo el cuarto país más corrupto de América del Sur, detrás de Ecuador (120), Paraguay (154) y Venezuela (172); este último es el décimo país más corrupto del mundo.

En contraparte, Chile es el país menos corrupto de Sudamérica, ocupando el puesto 22, seguido de Uruguay (25) Brasil (73), Perú y Colombia (80) y Argentina (100).

A nivel mundial, los países menos corruptos son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Singapur; mientras que los más corruptos son Somalia, Corea del Norte, Myanmar, Afganistán y Uzbekistán.

Con estos resultados, Transparencia Internacional destaca que la corrupción continúa afectando de manera profunda a “demasiados” países del mundo y advierten que las manifestaciones a nivel global, relacionadas en muchos casos a la corrupción e inestabilidad económica, serían una muestra clara de que los ciudadanos no están contentos con la transparencia de sus gobernantes.

“Este año hemos visto referencias a la corrupción en los reclamos de los manifestantes, tanto de origen rico como pobre. En una Europa golpeada por la crisis de la deuda, y en un mundo árabe que se asoma a una nueva era política, los líderes deben tener en cuenta las reclamaciones que exigen un gobierno más efectivo”, dijo la Presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle.

El IPC recoge una visión panorámica y clasificación de 183 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales.

La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público, esto según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).

Somalia es el país más corrupto del mundo; Nueva Zelanda el que menos

2011-12-01T10:54:00.000-08:00

Noticia publicada el 1 de Diciembre de 2011 en Opinion

Somalia, Corea del Norte y Myanmar (Birmania) son los países más corruptos del mundo y Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia los menos, según un informe difundido hoy por la organización alemanaTransparencia Internacional (TI).

En la edición 2011 de su ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), TI advierte de que sólo 49 de los 183 países estudiados aprueban en transparencia percibida de su sector público este año, a pesar de que el clamor ciudadano contra estas prácticas ha ganado impulso en todo el mundo.

A juicio de esa ONG, referencia global en cuestión de transparencia, "la corrupción continua afectando a demasiados países en todo el mundo". "Este año hemos visto denuncias contra la corrupción en las manifestaciones de ricos y pobres. Tanto en la Europa de la crisis de la deuda como en el mundo árabe, los líderes deben atender las demandas de un mejor gobierno", afirmó en un comunicado la presidenta de TI, Huguette Labelle.

En este sentido, el director regional para las Américas de TI, Alejandro Salas, agregó que "en todas las protestas estuvo presente el tema de la corrupción en mayor o menor medida".

"Ese es el factor que marca el Índice de este año", agregó Salas, que resaltó las denuncias contra la corrupción en las protestas de los manifestantes pro democracia del mundo árabe, de los "indignados" en España y del movimiento estadounidense "Occupy Wall Street".

España, un puesto menos corrupta

En una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (muy transparente), dondeSomalia repite como el peor clasificado (1,0) y Nueva Zelanda alcanza el liderato (9,5), España cae una posición respecto a 2010, hasta el puesto trigésimo primero, aunque obtiene un 6,2, una décima más de la puntuación que alcanzó el año pasado.

El informe argumenta que los países de la eurozona con mayores problemas financieros, "en parte por el fracaso de las autoridades públicas atajando el cohecho y la evasión fiscal", son los que peor puntúan dentro de Europa.

Irlanda (7,5) se situó en este ránking en el puesto 19, frente al lugar 32 de Portugal (6,1), el 69 que ocupa Italia (3.9) -inmediatamente por debajo de Ghana- y el 80 de Grecia (3,4) -junto a Marruecos y Tailandia.

TRANSPARENCIA investiga diez casos de corrupción

2011-11-29T12:34:00.000-08:00

Noticia publicada el 29 de Noviembre en Cambio

La Dirección de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea) investiga diez presuntos casos de corrupción que causaron una pérdida económica al erario municipal.

René Quispe, director de Transparencia del Gamea, precisó que de estos casos, identificados entre enero y noviembre de este año, cinco se encuentran en investigación en la Fiscalía de Distrito de El Alto y las otras en un proceso de evaluación para luego formalizar la denuncia.

Quispe, en entrevista con radio Atipiri, indicó, sin dar nombres, que en estos presuntos actos están involucrados algunos presidentes de juntas vecinales, funcionarios ediles, ex funcionarios, ex presidentes de juntas vecinales y ex sub alcaldes.

Los presuntos cargos que aparecen son delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, falsificación de sellos y otros tipos penales sancionados por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Sin embargo, aún no se sancionó a ninguno de los denunciados por estos hechos.

“En algunos casos ya está para realizarse la imputación formal y en otros casos estamos todavía en proceso de investigación, estamos recolectando las declaraciones testificales y acumulación de informes para dar solución al hecho”, indicó Quispe.

Los casos siguen los plazos legales y la Dirección de Transparencia aguarda que en los siguientes meses la Fiscalía se pronuncie al respecto.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Transparencia del Gamea, estos diez presuntos actos de corrupción provocaron daños económicos por más de 200 mil bolivianos e incluso más de 500 mil bolivianos.

LUCHA anticorrupción recupera más de 90 millones de dólares

2011-11-29T11:33:00.001-08:00

Noticia publicada el 29 de Noviembre de 2011 en Cambio

“Bolivia pasó de ser un país del oscurantismo a país de transparencia, y varios Estados, como Ecuador, Perú, Paraguay, están buscando replicar el trabajo como mecanismo de garantizar la transparencia”, dijo Suxo.

50 sentencias condenatorias se emitieron en la lucha contra la corrupción, entre las cuales hay de 10 a 12 casos de masistas.

SUCRE

Cambio

El trabajo de lucha contra la corrupción en el país posibilitó la recuperación de más de 90 millones de dólares de los recursos del Estado boliviano, informó ayer la ministra de Transparencia, Nardi Suxo.

La autoridad estatal brindó esta información durante el lanzamiento del Diplomado en Lucha Contra la Corrupción, que se realiza en coordinación con el Ministerio Público y la Universidad Andina Simón Bolívar.

“Hemos logrado, cumpliendo el mandato del presidente Evo Morales de cero tolerancia a la corrupción, la recuperación de más de 90 millones de dólares que ya están en el Tesoro General del Estado”, explicó.

En criterio de Suxo, se trata de avances muy significativos en la lucha contra la corrupción, si se toma en cuenta que esta tarea no es nada sencilla porque “la corrupción no deja huellas”.

La titular de la cartera de Transparencia informó además que se logaron casi 50 sentencias condenatorias por hechos de corrupción, de las cuales entre 10 a 12 corresponden a alcaldes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Cuando hablan de que estamos haciendo persecución política, viendo estos resultados significa que estamos haciendo persecución política a los nuestros, y si es así, bienvenida la persecución”, mencionó Suxo.

La Ministra anticorrupción anunció también que para la primera semana de diciembre aguarda la sentencia en el caso que involucra al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, juicio que demoró mucho tiempo.

La recuperación de recursos del Estado y las sentencias condenatorias alcanzadas, agregó Suxo, son una muestra clara de la política firme del Gobierno del presidente Evo Morales en la lucha contra la corrupción.

“Para nosotros, son avances significativos, puede que para otros que todavía no entienden la magnitud de la lucha contra la corrupción sea poco”, agregó.

Asimismo, sostuvo que otros países que cuentan con alta tecnología no han llegado ni al 2 por ciento de lo alcanzado en Bolivia.

Academia regional

El Estado Plurinacional de Bolivia está disputando la sede regional de la Academia Internacional de Lucha Contra la Corrupción.

La ministra Suxo manifestó que Chile, Perú y Colombia quieren la sede de la entidad, pero Bolivia saca ventaja porque ya cuenta con un Ministerio en este ramo, y además ya logró sentencias condenatorias.

El Gobierno boliviano, en materia de lucha contra la corrupción, recibió felicitaciones de organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.

DATOS

• El mandato del presidente Evo Morales Ayma es cero tolerancia a la corrupción en el país.

• El trabajo es complicado porque la corrupción no deja huellas ni facturas, afirmó la ministra Nardi Suxo.

• El seguimiento a las declaraciones juradas se realiza desde el Ministerio de Transparencia Institucional.

• Un diplomado para fiscales en materia de Lucha Contra la Corrupción fue iniciado ayer en la ciudad de Sucre.

La lucha anticorrupción se quedó en el discurso

2011-08-29T09:37:00.001-07:00

Noticia publicada el 29 de Agosto de 2011 en Los tiempos

“El discurso contra la corrupción que fue bandera electoral y política del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está quedando en el mero discurso. La población siente que en su vida cotidiana eso no está funcionado, no hay una efectiva lucha contra la corrupción”, dijo la socióloga y analista política Marité Zegada al ser consultada sobre los resultados de la encuesta que ayer publicó Los Tiempos.

Uno de los resultados de la encuesta, elaborada por Instituto de Investigaciones de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es que solamente el 10 por ciento de los cochabambinos cree que se controló la corrupción.

Otra conclusión de la encuesta es que cuatro de cada 10 ciudadanos reconocen haber participado en algún momento en actos de corrupción.

Para fundamentar su interpretación, Zegada citó un Informe del Latinobarómetro con relación al tema de corrupción, donde se señala que la percepción sobre este tema en Bolivia va subiendo.

“En 2004 la percepción de que hay mucha corrupción en Bolivia era del 20 por ciento; en 2006 se sube al 49 por ciento y el punto más alto es el 2007 que sube a 52 por ciento”, dijo la analista.

“La gente ve que el Gobierno habla todos los días contra la corrupción, aprueba leyes contra la corrupción y en la práctica la corrupción permanece”, aseguró Zegada. Otros dato que es preocupante para la analista es la admisión del 40 por ciento de cochabambinos de participar directamente en actos de corrupción.

“Hay una especie de aquiescencia de la gente de ser parte de esta estructura de corrupción, como aceptando que es la única manera que el Estado puede funcionar. Eso es muy complejo, prácticas como la coima se han convertido en una forma de ser del ciudadano, una manera de relacionarse del Estado con la sociedad a través de este tipo de mecanismos que son muy nefastos”, concluyó la analista.

Funcionarios temen a la ley

El Asesor General de la Gobernación, Freddy San Millán, dijo ayer que habría que ver cómo se ha hecho la pregunta de la encuesta.

Aseguró que si bien respeta la opinión de la población, admite también que desde la Gobernación no se está realizando una eficiente labor informativa sobre los planes anticorrupción que han emprendido.

“En la época de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, se hacía la licitación y se pagaba por adelantado, sólo con la finalidad de que aparezca en el POA una buena ejecución.

Ahora, con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz esas prácticas están penalizadas, pero antes solían hacerse con normalidad.

“Creo que hay esfuerzo del Gobierno departamental y de los funcionarios de adecuar sus conductas a la ley”, dijo San Millán.

Desde 2006 se recibieron 1.140 denuncias de corrupción en la justicia

2011-08-28T22:38:00.001-07:00

Noticia publicada el 28 de Agosto de 2011 en Cambio

Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

La elección de autoridades judiciales mediante el voto, el 16 de octubre, contribuirá a mejorar el Órgano Judicial “en la medida en que los magistrados electos tengan un compromiso de cumplimiento con la ley”.

“Los que están promoviendo (el voto nulo) son personas que tiene que rendir cuentas con el Estado...”.

“Logramos hasta ahora más de 41 sentencias; hemos recuperado recursos para el Estado (por) $us 94 millones”.

Melina Valencia - Cambio

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, destaca las elecciones judiciales del 16 de octubre como una oportunidad de la población boliviana que contribuirá a mejorar la justicia en el país, lejos de influencias de partidos políticos.

Suxo da ejemplos de la complicada tarea que significa dar curso a las denuncias contra operadores de justicia —a veces acusados por delitos por prevaricato e incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones— debido a que algunos jueces, fiscales, se ayudan entre sí.

También existen casos de jueces que favorecen a personas que tiene cuentas con el Estado, según contó en la siguiente entrevista concedida a Cambio.

—¿Cuántas denuncias de corrupción en la justicia registra el Ministerio de Transparencia?

—Tenemos 662 denuncias que involucran a personeros del órgano jurisdiccional, 15 de las cuales están en el Ministerio Público. Hay 478 denuncias cerradas. En total se recibieron 1.140 denuncias desde 2006 a la fecha.

Tenemos todavía 662 en procesamiento en el Ministerio, la mayoría de los hechos por los cuales se procesa es por incumplimiento de deberes y prevaricato, también por obstrucción a la justicia. Ahora, la información que nosotros requerimos para llevar adelante estos procesos nos las tiene que brindar el propio órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura; ahí encontramos una traba muy seria.

Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura hemos presentado (denuncias) incluso de manera pública a autoridades del órgano judicial y hemos recibido el compromiso del Consejo de que van a procesar y que agilizarán los procesos para sancionar, pero esos casos se quedaron allá. Ésa es una gran dificultad.

Las denuncias que hacemos ante el Ministerio Público después pasan al órgano jurisdiccional, allí es donde nosotros encontramos el favorecimiento que realizan algunos jueces en favor de gente que tiene (que) rendir cuentas con el Estado. De allí que nosotros presentamos denuncias contra estas personas.

—¿Contra quienes son las 15 denuncias que están en el Ministerio Público?

—Las denuncias son contra los Ministros del Órgano Judicial, los casos están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque es allí donde tiene que llevarse adelante la investigación y proceso. Siete (de las 15) denuncias contra vocales, por ejemplo, son dos en Sucre, (contra la vocal de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca) Elena Lowental y el vocal (Oswaldo) Fong, que permitieron que ‘Chito’ Valle (Luis Alberto Valle) pueda gozar de libertad y después se fuera al Perú. Después lo pudimos traer, pero eso causó un daño económico al Estado y retardación de justicia. Lo curioso es que estos dos vocales, que tienen mucho poder dentro del distrito judicial de Chuquisaca, lograron incluso que se observe la imputación formal que ya tenían y con esta (acción) están pidiendo al Consejo de la Magistratura su reincorporación.

También tenemos denuncias contra vocales de Oruro, Cochabamba y de La Paz. En total son siete vocales y cinco denuncias contra jueces por diferentes temas que tienen que ver con hechos de corrupción.

Aquí llamamos la atención de que pese a la denuncia y todo ello lo único que se ha (logrado), en el caso de un juez que ahora sigue ejerciendo en el departamento de La Paz, es que se de una suspensión de un año, pero con goce de haberes. Ya pasó un año y retornó el juez, ha ganado de no trabajar; a nosotros nos llama la atención.

—¿En qué estado se encuentran las denuncias en el Ministerio Público?

—Nueve están en etapa preliminar, tres en etapa preparatoria y tres con acusación formal. Esperemos que muy pronto se puedan constituir los tribunales de juicio para que estas autoridades jurisdiccionales puedan ser procesadas como corresponde.

Ahora lo que sí se debe decir es que cuando se trata de denuncias de magistrados, de vocales o jueces, la tarea se hace mucho más complicada porque ellos están muy bien relacionados con jueces y con fiscales.

Incluso tuvimos un par de casos que fueron a pedir a la encargada de plataforma de denuncias que los casos que nosotros hemos presentado como denuncias lleguen a fiscales conocidos de ellos. Es un gran problema, y más cuando está en la etapa de juicio, es mucho más complicado. (Las autoridades judiciales) son colegas (entre sí); es muy complicado el procesamiento.

—¿Qué acusaciones tienen los denunciados de corrupción en la justicia?

—El mayor número por los cuales se han realizado las denuncias es por incumplimiento de deberes, prevaricato (delito que se le atribuye a un juez u otro funcionario público porque dicta una resolución arbitraria con el conocimiento de que es injusta), uso indebido de influencias, y también hay denuncias por favorecimiento de manera totalmente ilegal a que se libere a gente acusada que ha cometido un daño económico al Estado.

—¿(En ese marco) qué espera de las próximas Elecciones Judiciales?

—Nosotros como Ministerio somos los más esperanzados en la elección del 16 de Octubre, porque esperamos tener autoridades en el Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agroambiental, en el Tribunal Constitucional, que realmente sean autoridades totalmente independientes y que cumplan la ley y no le deban su cargo a ningún partido político, y ojalá tengamos un gran número de mujeres en estos cargos. Esta elección es clave e importante.

—¿Cómo contribuirán las elecciones judiciales para mejorar la justicia en el país?

—Yo creo que contribuirá en la medida en que los magistrados electos tengan un compromiso de cumplimiento con la ley, no los conozco, pero creo que están ante un gran reto, porque por primera vez habrá una elección (judicial) en el país.

Ellos (los candidatos al Órgano Judicial) tienen el gran reto de mostrar que este proceso de elección es la mejor manera de elegir a los magistrados de la justicia, confiamos en que esos profesionales sea gente comprometida con su trabajo, con la noble labor de administrar justicia, y cumplan un rol que está demandando la ciudadanía de una justicia oportuna, una justicia con transparencia, una justicia en la cual sólo valga la ley y no otras influencias.

—¿Qué opina de los que promueven el voto nulo?

—Los que están promoviendo el voto nulo tienen temor de los cambios que se darán en la justicia, porque si la prensa investiga podrá ver que todos los que se oponen a la elección judicial, los que están liderizando esta postura antidemocrática, son personas que tiene que rendir cuentas con el Estado, o los jefes de sus partidos de estos personajes que promueven el voto nulo tienen cuentas pendientes con el Estado.

Pues tienen temor porque son parte y resabios del cuoteo político que hubo antes, no todos, no se puede generalizar, pero es la gran mayoría.

Por ejemplo, una denuncia que teníamos por el caso Vergel, una urbanización en Cochabamba, el fiscal de ese distrito, en ese entonces el doctor Cartagena —que ya no está— me decía: “Usted tiene la razón, todas las pruebas están claras, pero yo le debo mi cargo a Manfred Reyes Villa”. Y lo mismo nos pasaba en Beni con los fiscales.

Yo creo que el temor que tienen ahora es que la gente ya no se calla, la gente denuncia sabiendo que va a tener una respuesta, no es una denuncia que va ser archivada, negociada o encajonada, la gente denuncia porque sabe que va a tener una respuesta no sólo del Ministerio de Transparencia, también de los fiscales anticorrupción y de algunos jueces que van a actuar con lo que manda la ley.

—¿Cuáles son los problemas (más frecuentes) de la gente, como usuaria de la administración de la justicia?

—Toda la ciudadanía se queja de la justicia, cualquiera de nosotros que tiene que hacer un trámite por una autorización de viaje para un niño tiene que ir al juzgado, para hacer una declaratoria de herederos tiene que ir al juzgado, para pedir asistencia familiar tiene que ir al juzgado, para pedir inscripción de su partida de nacimiento o por cualquier razón tiene que ir al juzgado, y esa gente es la más perjudicada.

Normalmente hablamos de los casos en materia penal, de los juicios de la gente que está en la cárcel, pero la gran mayoría de los que son usuarios de la administración de la justicia es gente que tiene procesos voluntarios (por) pedir su declaratoria de herederos, pedir la rectificación de su apellido, o pedir simplemente una autorización de viaje para su hijo.

Este tipo de situaciones son las que marcan todos los días ante la gente, sin mencionar de los procesos laborales, que normalmente siempre se apelan y se recurre hasta el Tribunal Supremo (de Justicia), y pueden pasar años sin que el trabajador pueda recibir sus beneficios sociales.

—¿La corrupción en la justicia es sólo de las personas que la administran?

—Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que no pueden resolver sus problemas ofreciendo coimas, 10, 20 bolivianos, a veces mucho más, porque eso lleva a poner precios. Yo recuerdo, hace años una fiscal que tenía un tarifario de las coimas que recibí. Las fiscales, por ejemplo, que asistían a los procesos de adopción cobraban 500 dólares para estar presentes en una audiencia donde no pronunciaban palabra, la ley exigía que esté el representante del Ministerio Público. La fiscal decía: “perfecto, voy, pero son 500 dólares”. Entonces la gente desesperada por su trámite de adopción pagaba y había incluso tarifarios.

La corrupción no sólo está en los abogados, no se olvide que el órgano jurisdiccional trabaja con apoyo de médicos, con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el apoyo de peritos y de los investigadores de la Policía Nacional, es un tema que poco a poco debe cambiar. Nosotros como Ministerio ya empezamos todo el trabajo desde las escuelas, ya está en el nuevo currículo educativo el tema de valores y la ética que esperemos vayan sembrando la semillita.

—¿Cuál es la responsabilidad que le toca a la población para contribuir a cambiar la justicia?

—Es la gente que tiene que cambiar y empezar a exigir sus derechos, dejar en claro que la administración de justicia es gratuita.

Nosotros, como Ministerio, hemos visto que un tema muy importante es el hecho de informar, por ejemplo, si una persona hará un trámite corriente ante un juzgado tiene que exponerse los requisitos y cuánto va a costar, si es que tienen un costo; el tiempo que va a tardar, todos los requisitos estén a la vista. Realizamos esta experiencia con Identificación y Tránsito, los comandantes de ese momento (2006) estaban felices, hicimos unos banners (letreros) gigantes pero sólo estuvieron dos días y después de los días los sacaron porque no les convenía.

—¿Qué avances hay en la lucha contra la corrupción?

—Hemos avanzado de manera muy importante (...) hasta 2006 no había sentencias por hechos de corrupción, pero a partir de ese año, cuando nosotros empezamos a trabajar, logramos hasta ahora más de 41 sentencias; hemos recuperado recursos para el Estado boliviano por 94 millones de dólares.

La gran mayoría son ex alcaldes, luego sentencias para ex personeros, incluso de la Caja Nacional de Salud, para gente de la Policía Nacional. (...) (Hay) mucha resistencia al trabajo que nosotros hacemos de parte de fiscales y de jueces, pese a eso hemos logrado tener un número importante de sentencias.

Bolivia se postula para acoger centro evento de lucha anticorrupción

2011-08-22T12:28:00.000-07:00

Noticia publicada el 22 de Agosto en Opinion

Bolivia se ha postulado para acoger un centro regional de la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) y considera que La Paz cumple con todas las condiciones necesarias para ello, según declaró a Efe hoy en Viena Nardi Suxo, ministra boliviana de Transparencia. 

 La IACA, con sede en Laxenburg, una población cerca de la capital austríaca, se inauguró en 2010 por iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 

 Su objetivo es formar a profesionales especializados en luchar contra la corrupción, difundir buenas prácticas y fomentar la investigación, la cooperación y la asistencia técnica en este campo. 

 "Bolivia tiene todas las condiciones para tener una instancia a nivel regional de la academia", dijo a Efe la ministra boliviana de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que asiste en Viena a una reunión de Naciones Unidas sobre la materia. 

 "Nosotros fuimos de los primeros que firmamos la constitución de la academia. Creemos que tenemos todas las condiciones para tener la sede regional ya que no hay otro ministerio en todo el mundo sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción", resaltó Suxo. 

 La responsable boliviana aseguró que en su país se han hecho grandes avances en ese campo, como la aprobación de una ley que recoge las recomendaciones internacionales y que ha posibilitado que haya 42 sentencias y el Estado recuperase 94 millones de dólares. 

 También destacó los programas de prevención que se aplican en la educación de los jóvenes para hacerles conscientes de una lacra que según la ONU supone una pérdida de entre 1 y 2 billones de dólares anuales en todo el mundo. 

 La ministra, que mañana regresará a La Paz, también destacó la necesidad de avanzar en la cooperación regional en América Latina.  

"Esperamos que todos los países se sumen a una verdadera colaboración en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente muchas de las personas denunciadas y procesadas por corrupción en Bolivia han buscado refugio en países vecinos y en países del norte", explicó. 

 "Cuando hablamos de una verdadera cooperación no podemos permitir que esas personas que tienen cuentas con un Estado busquen refugio en otros estados que tienen también la voluntad de luchar contra la corrupción", concluyó. 

 El pasado julio, Yuri Fedótov, director ejecutivo de la ONUDD, elogió en un comunicado "el rol de Bolivia a escala internacional en la lucha contra la corrupción". 

 El responsable de la ONU subrayó que "Bolivia es un ejemplo de un país que está realizando esfuerzos vigorosos para adaptar sus leyes e instituciones a los estándares de la Convención" de la ONU contra la corrupción. 

 Fedótov firmó en junio pasado un convenio con Panamá para establecer en ese país la academia regional anticorrupción para Centroamérica y el Caribe.EFE

Fiscalía desconoce permiso otorgado a Santos Ramírez para salir del penal

2011-08-17T10:21:00.000-07:00

El fiscal Aldo Ortiz aseguró hoy que no fue notificado sobre el permiso otorgado al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, para salir el pasado fin de semana del penal de San Pedro, presuntamente a una visita médica.

Ortiz indicó que el Tribunal de Sentencia Primero autorizó la salida de Ramírez para un análisis de laboratorio en la calle Otero de la Vega, luego en la Ballivián y otro en la zona Achumani.

“Estas atenciones o circunstancias no fueron notificadas al Ministerio Público, además su solicitud es del día 10 (de agosto) y salió el 13, por tanto, estamos solicitando un informe al Recinto Penitenciario para determinar su recorrido y custodio, porque fue visto en sitios donde no fue autorizado”, dijo Ortiz.

Señaló que esta información servirá para corroborar la denuncia conocida por medios de comunicación, que refiere que Ramírez fue visto de paseo por el centro paceño sin custodia policial.

El memorial para que nos informen el Director del Penal de San Pedro y el custodio ya hemos presentado al Tribunal de Sentencia Primero”, apuntó.

El abogado defensor de Ramírez, José Luis Paredes, indicó que su cliente fue favorecido con la salida “legal” por la orden del juez donde radica el proceso en el que se lo acusa por el caso Catler-Uniservice y la conformación irregular de la empresa de servicios Sipsa.

Gobierno admite que dio permiso a Santos Ramírez para salir de San Pedro

2011-08-16T14:01:00.000-07:00

Noticia publicada el 16 de Agosto en LA Prensa

El gobierno admite que otorgó permiso a Santo Ramírez, ex presidente de la estatal petrolera recluido en San Pedro preventivamente para que pueda hacer vistas médicas. Régimen Penitenciario asegura que Santos Ramírez salió del penal con orden judicial y escolta de civil.

El director de Régimen Penitenciario, José Antonio Suerio, admitió que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos acusado de un “volteo” en el caso Catler Uniservice salió del penal con un escolta policial vestido de civil y una orden judicial.

“Efectivamente, Santos Ramírez, salió el día sábado alas las 7:30 de la mañana hasta las 17 horas, e hizo tres visitas medicas, con escolta vestido de civil y tenía su orden judicial”, afirmó Suerio

Sin embargo la autoridad de estado no aclaró de qué tipo de problemas de salud padece la ex autoridad de yacimientos. La denuncia a surgió a raíz a que este pasado sábado se observó Santos Ramírez, caminando por las céntricas arterias de la sede de gobierno.

Potosí "Hay cadenas de corrupción en consultoras y ejecutoras. me dan ganas de llorar': gobernador potosino Félix Gonzales

2011-08-11T11:19:00.000-07:00

Noticia publicada el 11 de Agosto de 2011 en El Dia

El gobernador potosino, Félix Gonzales, militante del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), angustiado y a punto de derramar lágrimas, tras brindar su informe semestral de gestión, dijo sentirse arrepentido de haber asumido el cargo y que la corrupción es uno de los males difíciles de combatir.

explicó que hay cadenas de corrupción desde las consultoras hasta las empresas ejecutoras que trabajan con sobreprecios.

Mencionó Gonzales, en la construcción de las carreteras los costos varían desde que un kilómetro que cuesta $us 96 mil, en otro caso seis metros valen $us 54 mil ; $us 60 mil y hasta $us 20 mil.

Argumentó que hay organizaciones que consideran a la Gobernación como una instancia de corrupción que intentan sacar dinero.