Creando Conciencia Crítica

De qué viven los partidos políticos

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Tue, 8 Nov 2011 17:41:00 -0300

Por Sebastián Rivas (Que Pasa)

Donaciones, venta de inmuebles, fondos de inversiones y aportes del bolsillo de los propios militantes. Ésas son las fórmulas que ocupan las colectividades políticas chilenas para financiarse, en algunos casos con dificultades. Revisamos balances y hablamos con los encargados. Ésta es la radiografía del actual sistema.

Fue un momento simbólico. Hace tres semanas, Jorge Jorrat, el presidente de la Comisión Patrimonio del PS, hizo entrega del cargo que ocupó por ocho años a su sucesor, el ex director de Presupuestos Alberto Arenas. Junto con ello, le traspasó la responsabilidad de administrar el "tesoro" socialista: $6.600 millones invertidos en instrumentos financieros -US$13 millones-, que lo hacen ser hoy el partido con el mayor patrimonio del país.

El PS es la excepción en un escenario lleno de dificultades para conseguir financiamiento. Sus compañeros de coalición -la DC, el PPD y el PR- han enfrentado problemas económicos en los últimos años, y si bien RN y la UDI cuentan con mayores recursos provenientes de donaciones, el esquema actual genera una inquietud transversal.

Todos reconocen que es un tema que pocos quieren tocar. Y uno muy impopular entre los electores. Pero en las colectividades coinciden que, tarde o temprano, se deberá abordar el financiamiento público para los partidos, algo que hoy sólo existe para las campañas políticas. De hecho, el tema está sobre la mesa para el conjunto de reformas a la Ley de Partidos Políticos que enviará el gobierno.

Pero hay un amplio desconocimiento sobre cómo se manejan las finanzas. Los detalles muestran una mezcla entre donaciones de empresas, aportes de militantes e incluso fondos de inversión de las propias colectividades.

RN, el "partido favorito"

$2.075 millones ($2.075.315.036) por parte de Axxion S.A. $127 millones de Cencosud S.A. Y $32 millones de Quiñenco S.A. Ésas fueron las tres principales empresas que donaron fondos a Renovación Nacional durante el año 2010, según el balance entregado por el propio partido al Servel, con un total recaudado de $2.236 millones.

La cifra supera en varias veces a su más cercano competidor, la UDI, que declaró en ese mismo lapso aportes reservados por $133 millones. Ninguno de los partidos de la Concertación ni el PC dieron cuenta de ingresos por esa vía.

Hay otro elemento interesante: todos los aportes al partido del cual proviene el presidente Sebastián Piñera fueron hechos de forma pública, a diferencia de la UDI, en que -de acuerdo a lo establecido por la ley- sus donantes se acogieron a un formato que les permite mantenerse anónimos.

Mediante una solicitud hecha a través de la Ley de Transparencia, Qué Pasa accedió a la copia de los balances presentados por los partidos ante el Servel. Ahí, se desglosan los aportes hechos por las tres firmas. En el caso de Cencosud, controlada por Horst Paulmann, el aporte fue hecho a través de una sola donación, el 12 de mayo de 2010. En tanto, Quiñenco, consorcio que forma parte del Grupo Luksic, hizo dos aportes: uno el 17 de junio de ese año, por $16 millones, y otro el 28 de julio, por $16.966.692.

Y en el caso de Axxion, sus aportes se extendieron entre julio y diciembre de 2010: en total, fueron nueve donaciones, la mayor por $455.229.118, el 26 de agosto de 2010, y la menor por $ 57.033.308, el 14 de septiembre.

Axxion es una firma con historia. Hasta marzo de 2010, su controlador era el presidente Piñera, a través de Inversiones Santa Cecilia. Pero con la operación de venta de LAN, el mandatario se deshizo de su participación en la empresa -que tenía el 19,3% de la aerolínea-, que fue adquirida por el grupo Bethia, el holding de la familia Solari, dirigido por Carlos Heller. De hecho, todos los aportes a RN se hicieron bajo su administración.

Osvaldo Carvajal, quien es desde hace una década el encargado de las finanzas de RN, señala que él fue quien hizo directamente las gestiones para el tema, y que su labor tuvo un añadido: convencer a los donantes para que lo hicieran a "rostro descubierto", algo que todavía es poco habitual. "Yo pienso que, por principio, todas las donaciones deberían ser públicas. Las personas tienen que hacerse responsables de lo que efectivamente financian y participan, y hacerlo a la luz del día. Eso es sano".

Las donaciones a los partidos son poco usuales. El investigador de la UAI Claudio Agostini, quien realizó un estudio sobre los aportes en la campaña electoral de 2009, señala que por lo general los donantes prefieren ayudar directamente a los candidatos: "La gente dona para las campañas y a los candidatos. A los partidos, muy poco".

La receta socialista

La situación económica del PS es objeto de estudio entre sus pares. Con sus cuentas completamente saneadas, su secreto ha sido un meticuloso orden de casi una década, que incluyó una fórmula que al comienzo generó polémica al interior del propio partido: invertir los montos recibidos de las indemnizaciones por restitución de bienes enajenados durante el gobierno militar, con una lógica que no tiene nada que envidiarle a la mejor firma privada.

En 2003, el Comité Central del PS creó la Comisión Patrimonio para que administrara dichos fondos. El grupo de siete miembros tiene varias particularidades: sus decisiones son completamente autónomas del partido, cualquier desembolso debs ser visados por ellos y sus integrantes tienen la obligación de resguardar que sólo se ocupen los intereses y las ganancias de la inversión de los fondos.

Jorge Ayala, secretario de finanzas del partido, afirma que tanto el trabajo de los militantes para identificar más de 20 bienes a ser indemnizados como la decisión política de no gastar esos dineros son la clave: desde su creación, el fondo ha entregado más de $2.600 millones en ganancias al PS y ha permitido la compra de sedes en Antofagasta, Rancagua, Talca, Valdivia y Puerto Montt. "Esto no fue la actividad de un grupo de intelectuales o economistas, que tenemos hartos y muy buenos. Esto fue una actividad de la militancia del PS", asegura.

La decisión es no invertir en instrumentos volátiles, como acciones, sino sólo en renta fija en bonos de empresas, letras hipotecarias y depósitos a plazo con calificaciones de riesgo iguales o superiores a AA, en un esquema similar al del fondo E de las AFP.

Dentro de ese grupo, el 80% del fondo está invertido en Chile, en alrededor de 50 firmas, y el 20% en 15 instrumentos en el extranjero, entre los que se incluyen bonos de siete empresas chilenas. Todo con el afán de tener bajo el mayor control posible a los fondos.

El PS trabaja directamente con BC¡I Asset Management, que les envía un informe mensual con la rentabilidad de sus fondos. Además, semestralmente se encarga una auditoría externa para verificar la cartera y los movimientos. En el balance enviado al Servel, que incluye las transacciones hechas durante 2010, se aprecia que algunos de los fondos están invertidos en bonos de firmas como ENAP, Endesa, Iansa, AES Gener, Petrobras, CAP y Cencosud, así como instrumentos soberanos de Brasil, Colombia y Rusia. Con todo, los movimientos son siempre en cantidades pequeñas, que no superan los $10 millones.

El éxito de la "receta PS" ha validado el modelo de administración financiera del partido. El Partido Comunista ha seguido un esquema parecido: en su balance ante el Servel se incluyen tres fondos accionarios administrados por el BancoEstado, por un total de $1.100 millones. E incluso a comienzos de este año Ayala fue invitado al Partido Radical por su vicepresidente, Patricio Tombolini, para exponer sobre el manejo financiero de los socialistas.

Las dificultades en la Concertación

Justamente los radicales son el caso opuesto al PS: pese a que también recibieron indemnizaciones, hoy el partido tiene un patrimonio escaso y vive aprietos económicos. Incluso, en 2010 el presidente del partido, José Antonio Gómez, debió aportar con $10 millones propios.

Pero el emblema es la histórica sede de calle Miraflores: aunque se había llegado a un acuerdo para venderla por cerca de $650 millones -entre los interesados estaban los dueños de los bares Liguria y The Clinic-, las críticas al interior de la colectividad frenaron el proceso.

Las dificultades no son exclusivas del PR. La DC vendió a comienzos de año por cerca de $750 millones una emblemática sede en Concepción, lo que le permitió saldar sus compromisos pendientes. Y el PPD es el único de todos los partidos "grandes" que no tiene una sede propia, e incluso a mediados de año sufrieron un retraso en el pago del arriendo de Santo Domingo 1828.

La importancia del tema se notó en un detalle que pasó casi inadvertido. El 5 de octubre, cuando la Concertación dio a conocer el documento en que planteaba su "refundación", uno de los pocos puntos que se explicitaron fue que la coalición lucharía por una reforma al sistema de financiamiento político.

Militantes con bajos aportes

31 pesos al año, en promedio, aporta cada uno de los 86 mil militantes del Partido Radical en cotizaciones para su partido. La cifra es el mejor ejemplo de una de las principales críticas que existe al actual modelo: la baja capacidad de las colectividades para conseguir financiamiento de sus propios adherentes.

El resto de los partidos no lo hace mejor. Todos oscilan entre los 300 y los 1.000 pesos al año por militante, con la sola excepción de la UDI, cuyo aporte promedio es de 5.753 pesos. El 2010 reunió $445 millones gracias a ese ítem. Entre quienes son aportantes regulares, según se reconoce en el partido, hay empresarios con una larga tradición en la colectividad, como José Yuraszeck, Juan Antonio Guzmán, Domingo Arteaga y Manfredo Mayol.

Pero el sistema es débil y precario. La única norma fija -y que se aplica transversalmente- son los aportes de los parlamentarios: oscilan entre $150 mil y $400 mil mensuales. Pero los pagos estables suelen ser, en el mejor de los casos, de entre 100 a 200 personas. Algo que complica la supervivencia de los partidos: los más grandes necesitan entre 300 a 500 millones de pesos al año para sus operaciones básicas.

Giorgio Martelli, administrador electoral de la campaña de Michelle Bachelet y editor del libro Dinero y política, una tensa relación, señala que éste es un punto débil de las colectividades. "Hay un déficit en la cobranza de las cuotas, por ejemplo. Y en países desarrollados sí existe esto. Doctrinariamente, debiera ser la base", señala.

El tema del financiamiento de los partidos ha estado entre los tópicos de los encuentros coordinados por el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, con los distintos partidos para sondear posiciones de cara a una reforma a la Ley de Partidos Políticos. "Específicamente en materia de financiamiento, donde hay un nivel alto de coincidencias es en permitir que los partidos políticos puedan costear fundamentalmente actividades que apunten en la dirección de promover la educación cívica en el país, la participación electoral de todos los sectores", comenta.

Con todo, ninguna de las realidades de los partidos "grandes" se compara a la del Partido Ecologista Verde, el más pequeño del país, cuyo presupuesto total del año pasado fue de $1.100.000. Alejandro San Martín, su presidente, cuenta que se las ingenian para sobrevivir: por ejemplo, hacen sus reuniones vía Skype para ahorrar costos. San Martín reconoce que el dinero es algo que pesa. "Es un tema absolutamente impopular. Pero es bastante desleal cuando un partido busca mostrar sus postulados versus los otros partidos que manejan cientos de millones de pesos".

Extraido de Que Pasa

Donaciones a universidades: El sistema que favorece a las instituciones que educan a la elite

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Sun, 6 Nov 2011 00:27:00 -0300

por Verónica Torres (CIPER Chile)

De las 10 universidades que recibieron más aportes de privados en 2010, sólo una es estatal. La mayoría son instituciones conservadoras en lo valórico, liberales en lo económico y con una matrícula compuesta por alumnos de estratos altos. Las empresas donantes descuentan esos dineros de sus impuestos, en virtud de una norma promulgada por el gobierno militar, apoyando proyectos que les son afines ideológicamente con dinero que debieron haber pagado al Fisco. Conozca la nómina completa de las donaciones a universidades hechas en 2009 y 2010, entregada por el Ministerio de Educación a CIPER.

En la entrada de la biblioteca de la Universidad de Los Andes, en el campus San Carlos de Apoquindo, hay una placa de agradecimiento. Tiene inscritos algunos de los apellidos de las familias que donaron dinero para su construcción: Izquierdo, Lecaros, Fernández y Garcés. El edificio de tres pisos, construido en 12.400 metros cuadrados y diseñado por arquitectos norteamericanos, fue pensado para transformarse en una de las bibliotecas más grandes y modernas de Sudamérica. El espacio tiene el sello del Opus Dei, la Prelatura fundada por José María Escrivá y conocida como el reducto católico preferido por la élite económica del país, que sigue su máxima: “buscar la santificación a través del trabajo diario”.

En la Universidad de Los Andes varios de los profesores y autoridades son miembros de la obra de Escrivá. Uno de ellos es Joaquín García-Huidobro, abogado y docente de la Escuela de Derecho, quien en el documental de Marcela Said “Opus Dei: una cruzada silenciosa” recorre los pasillos de la misma biblioteca, diciendo:

-Acá podemos notar el sello del Opus Dei en varias cosas. Lo primero y lo más importante es que la biblioteca está limpia… A ver, ¿qué más?… Que los materiales que se utilizan están destinados a durar.

Uno de los grandes propósitos de la Universidad de Los Andes es convertirse en una institución de tradición que dure cientos de años y para eso ha diseñado una estrategia de búsqueda de donaciones que la ha llevado a liderar -según la información del Ministerio de Educación para 2009 y 2010- el ranking de las instituciones de educación superior que recibieron más aportes de privados.

En 2009 las donaciones a esta universidad alcanzaron los $3.732 millones, mientras que en 2010 subieron a $4.551 millones. La siguió de cerca la Pontificia Universidad Católica (PUC), con $3.433 millones (2009) y $4.374 millones (2010). Mientras que en el tercer y cuarto lugar están: la Universidad de Chile, con $2.529 millones (2009) y $ 2.511 (2010), y la Universidad del Desarrollo (UDD), con $ 1. 205 millones (2009) y $ 1.214 millones (2010).

De acuerdo con esta información, dentro de las cuatro universidades que reciben más aportes de privados sólo hay una estatal -la Universidad de Chile- y cuatro de ellas representan proyectos conservadores en lo valórico y liberales en lo económico, ambos paradigmas de la derecha gremialista. (Vea el ranking de las universidades que reciben más donaciones y la nómina completa de las donaciones hechas a universidades en 2009 y 2010).

De las 60 universidades que operan en el país, de acuerdo con los datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), un total de 49 planteles recibieron aportes del sector privado en 2009 y la misma cifra se repitió en 2010. Así se desprende de la información proporcionada a CIPER por el Ministerio de Educación acerca de las donaciones hechas a universidades en 2009 y 2010, en respuesta a una solicitud de acceso a información por Ley de Transparencia.

En 2009 las donaciones sumaron un monto global de $14.749 millones, pero de esa cifra más de $8.370 millones se dividieron entre las universidades de Los Andes, PUC, y UDD. Y el año pasado el total de las donaciones escaló hasta $16.353 millones, de los cuales $10.139 se repartieron en el mismo trío de planteles. El sistema, en los hechos, favorece a instituciones conservadoras en lo valórico y liberales en lo económico, todas con una matrícula mayoritariamente proveniente de estratos acomodados, con las que las grandes empresas privadas tienen más afinidad ideológica.

LOS ANDES: EL VALOR DE LA ORACIÓN

El motor de las donaciones que recibe la Universidad de Los Andes es su Asociación de Amigos, la que tiene un directorio integrado por 12 personas, la mayoría empresarios de renombre, como el supernumerario del Opus Dei y fundador de la universidad, Eduardo Fernández León, accionista de Banmédica S.A, Inmobiliaria FFV, ENTEL y Pucobre, entre otras compañías. También participa José Antonio Garcés, accionista de Embotelladora Andina, y Gonzalo Ibáñez Langlois, miembro de los directorios de Banmédica S.A y Molibdenos y Metales S.A (Molymet).

Francisco Lavín, director ejecutivo de la asociación y hermano del ex ministro de Educación y actual ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, explicó a CIPER que la asociación sesiona cada dos meses: “La rectoría determina un proyecto a financiar y el directorio revisa el proyecto y ve quién podría tener afinidad y quién del directorio tiene llegada con esas personas o empresas para hacer la campaña”.

Gracias a estos contactos, la universidad pasó de funcionar en los ‘90 en una pequeña casa cerca del Parque Bustamante a tener hoy un campus propio en San Carlos de Apoquindo. “El terreno del campus y los edificios de las facultades de Humanidades y Ciencias fueron producto de las donaciones. Mientras que la biblioteca fue mitad donación y mitad crédito”, señala Lavín.

La Universidad de los Andes es una de las pocas instituciones que recibe grandes sumas de dinero de personas naturales. La donación más alta que recibió el 2009 fueron mil millones de pesos aportados por Carmen Izquierdo Menéndez, hermana de Matías Izquierdo Menéndez, uno de los fundadores de la universidad y miembro del directorio de su Asociación de Amigos. Mientras que el empresario Eduardo Fernández León aportó a título personal $549.536.886 y su esposa Valerie Mc Auliffe otros $338.931.053. El 2010, en tanto, quien lideró las donaciones fue José Antonio Garcés con $877.045.800, seguido de Elina Gianoli, quien donó $850 millones. Esta última es una mujer de negocios -según Lavín- que vive en Uruguay y tiene importantes inversiones en empresas chilenas, como Molymet.

- Elina Gianoli hizo un aporte muy importante para la biblioteca -dice el hermano del ministro y explica que el contacto con ella se hizo a través de Gonzalo Ibáñez Langlois, miembro del directorio de Molymet y de la Asociación de Amigos.

Hoy todos los aportes están concentrados en otro proyecto ambicioso: la clínica de la universidad, que empezó a construirse en mayo pasado y que contará con 55 mil metros cuadrados que estarán listos durante el primer semestre del 2013.

El dinero de las donaciones no sólo va a infraestructura, sino también a investigaciones y becas. Lavín explica que hace un tiempo la universidad decidió abrir tres fondos de inversión para capitalizar las donaciones recibidas en estas tres líneas “y empezamos a vivir de los intereses, concretamente para efectos de becas y de investigación. El tema de infraestructura es tan grande que se lo come todo”.

Hace un año y medio, dos empresas se adjudicaron -vía licitación- la administración de estos fondos: IM Trust, uno de cuyos socios principales es Guillermo Tagle Quiroz, ex directivo del Consejo Parroquial de la Iglesia El Bosque bajo la tutela de Karadima; y Larraín Vial, esta última además es otro de sus donantes. Esta empresa donó, a través de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, $253.050.820 en 2009 y otros $214.260.600 en 2010. A esto se suman los aportes realizados por Larraín Vial Servicios Profesionales Ltda., que aportó $167.299.380 en 2009 y $214.260.600 en 2010.

Además de estas cuantiosas cifras hay otras que corresponden a las donaciones en UF que mensualmente aportan las más de 350 personas que integran la Asociación de Amigos. Estos miembros tienen derecho a una credencial con beneficios -que les otorga la Asociación luego de seis meses de aportes- como acceso a préstamos de libros en la biblioteca, 20% de descuento en postgrados, postítulos y diplomados, 10% de descuento en Chocolates Bozzo, rebajas en la suscripción anual de la revistas Capital, Hacer Familia y ED, además de un precio especial para alojar en la cadena hotelera Holiday Inn Express a lo largo de todo Chile y Buenos Aires, entre otros incentivos.

Sin las donaciones, Lavín reconoce que la universidad podría mantenerse, perfectamente con los aranceles y matrículas. Sin embargo, lo que se perdería sería “la posibilidad de crecer”, dice, y crear proyectos ambiciosos, como la clínica y la biblioteca. Es por eso que en un futuro la universidad apuesta a aumentar sus donaciones ocupando la fórmula de Harvard, cuyos egresados aportan con dinero a la universidad y mueven sus contactos laborales para conseguir recursos.

Pese a que Lavín sabe que muchas de las donaciones se deben al entusiasmo que genera la universidad entre los empresarios, pues, según dice, la ven como un espacio donde se formarán “sus futuros ejecutivos”, a su juicio hay otro componente, uno más importante, que propicia las donaciones:

-Rezamos mucho. Yo rezo todos los días por esta cuestión. Porque aquí hay algo que al final mueve a la gente a dar. Acá hay un efecto divino porque esta cosa no es tan solo económica, también es del corazón y quien remueve los corazones para nosotros es Dios.

ESCONDIDA: MECENAS DE LA UNIVERSIDAD TRADICIONAL

En la detallada nómina que el Ministerio de Educación entregó a CIPER con todas las donaciones recibidas por universidades en 2009 y 2010, aparecen aportes a la Universidad de Chile tan elevados como los que registra la Universidad de Los Andes. Pero esa es la única universidad estatal que se ubica entre las diez instituciones que recibieron más aportes de empresas privadas el 2010.

En efecto, en 2009 el plantel laico recibió de parte de Minera Escondida -la cuprífera de capitales australianos que controla BHP Billinton- cuatro aportes que alcanzaron los $1.167 millones. El 2010, en tanto, la misma empresa donó otros cuatro montos a la Casa de Bello que completaron los $1.224 millones. A través de su departamento de prensa, Escondida señaló que estas donaciones se hacen desde 2007 al proyecto académico Magíster en Gestión para la Globalización el que fue “gestado entre la compañía y el Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile”.

A la fecha, más de 200 alumnos han sido becados por Minera Escondida para seguir el programa de magíster que incluye un semestre de estudios en la Universidad de Chile, dos semestres de preparación en negocios en el extranjero y una gira de estudios para visitar empresas en China, India y Australia. Según la minera, el objetivo del proyecto es potenciar la “meritocracia”. De ahí que cerca del 80% de los seleccionados provenga de colegios subvencionados y municipalizados, los cuales en un 60% son de regiones.

Pero las donaciones de Minera Escondida son aún más abultadas, ya que en 2009 y 2010 incluyeron otros aportes -que van desde los $2 millones a los $150 millones- destinados siempre a universidades tradicionales: Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la Universidad de Santiago.

De acuerdo con la nómina entregada por el Ministerio de Educación, otras compañías del rubro minero hacen aportes millonarios. Entre éstas se cuentan la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), cuyo accionista controlador es Julio Ponce Lerou, que donó $219.021.140 a la Universidad del Desarrollo en 2009, mientras que Minera Pelambres desembolsó la mayor donación que recibió la PUC ese año: $421.599.626.

El receptor final del dinero de Pelambres en la PUC fue la Facultad de Ingeniería. El vicerrector económico de la universidad, Patricio Donoso, indicó que será destinado a la construcción de un edificio subterráneo en el campus San Joaquín, que tendrá la forma de una mina de cobre. A partir del próximo año, el Centro de Minería de la PUC estará instalado ahí y el edificio llevará el nombre de Andrónico Luksic, fundador de la compañía donante.

LA AMPLIA CARTERA DEL SANTANDER

En el caso de la PUC, Donoso explica que los aportes en donaciones representan menos del 2% de los ingresos de la universidad, a pesar de que ocupa el segundo lugar en el ranking de recepción de aportes. Además de las donaciones destinadas a infraestructura, también reciben dineros del Banco Santander para becas. El banco del empresario español Emilio Botín, que en 2009 se adjudicó la licitación para ser uno de los tres bancos que administró el Crédito con Aval del Estado (CAE) durante 2010, es una de las empresas que más aparece en el listado de las donaciones del Ministerio de Educación.

En 2009 el Banco Santander donó $237.764.655 a la PUC y $215.308.019 a la Universidad Andrés Bello. Entre los otros planteles beneficiadas ese año por el banco, se cuentan la Universidad Austral de Valdivia, la U. de Concepción, la U. Tecnológica Metropolitana (UTEM), la U. Gabriela Mistral, la U. de Viña del Mar y la U. de Los Lagos, entre otras instituciones. Mientras que en 2010 la donación de $103.949.496 que hizo el banco a la Universidad Adolfo Ibáñez, ubicó a esta casa de estudios en el sexto lugar dentro de las diez universidades más beneficiadas por las donaciones de ese año.

Sobre estos aportes la empresa dijo a CIPER que existe un compromiso global del Grupo Santander con las universidades, a partir de su programa de responsabilidad social empresarial. El banco colabora con más de 900 instituciones en 15 países del mundo y los motivos los ilustra el propio Botín, quien ha dicho: “Las Universidades son los pilares básicos en el progreso económico y social de un país. El compromiso institucional con la universidad constituye una de las señas de identidad del Santander”.

DESCONTANDO IMPUESTOS

Tanto el Banco Santander como Minera Escondida, Minera Los Pelambres y las empresas amigas del Opus Dei, entre otros donantes de universidades, están descontando impuestos mediante estos aportes. Aquél es el incentivo que la Ley 18.681, herencia de la dictadura, entrega a los empresarios para que donen a institutos profesionales y universidades, incluyendo las privadas. Además, los libera del impuesto que se debe pagar por hacer la donación. Así lo estipula el artículo 69 de la ley:

-Los contribuyentes que otorguen donaciones a las instituciones de Educación Superior acogidas a este artículo podrán descontar de los impuestos señalados en el inciso primero hasta un 50% de dichas donaciones. No obstante lo anterior, cada contribuyente podrá descontar de sus impuestos 14.000 UTM como máximo cada año.

Según explica Boris Santander, profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile, a través de esta ley la empresa alcanza “un doble beneficio, porque en la práctica se reconoce la mitad de la donación como crédito contra el impuesto de primera categoría y la otra mitad, la ley permite rebajarla como gasto”. Es decir, en un escenario sin donación la empresa que tiene mil millones de utilidades debe pagar 200 millones de impuesto a la renta (el 20% estipulado por ley). En tanto, en un escenario con donación, la empresa puede donar, de esos 200 millones que debería pagar al Fisco, 100 millones a la universidad que ella escoja. Mientras que de los otros 100 millones -que aún debe pagar como impuesto- la Ley 18.681 le permite descontar el 20%. Al final, en vez de pagar 200 millones de impuestos, la empresa desembolsa 180 millones: 100 millones los entrega a la universidad que ella escoja y 80 millones los paga al Fisco.

Esa reducción tributaria es clave porque en vez de que el Estado decida qué hacer con el dinero que recauda para todos los chilenos -los 100 millones que en el ejemplo anterior se destinan a una universidad-, es la empresa privada la que decide qué hacer con ese dinero según el criterio de sus dueños. Y lo que ocurre es que esos fondos terminan fortaleciendo universidades con la misma línea valórica y política de esos empresarios. Así lo explica el abogado del Banco Santander:

-Eso es lo que está ocurriendo con esta ley y uno podría criticarlo, pero por otro lado, hay muchos que piensan con buenas razones que es positivo que los que pagan impuestos decidan a qué destinarlos. Mi punto frente a este argumento es doble: en primer lugar, puede ser bueno, pero si es así, discutámoslo, porque la sociedad no lo ha discutido. Y segundo, si lo discutimos, entonces pongamos atención y seamos honestos, porque cuando revisemos lo que está pasando nos vamos a dar cuenta de que esas donaciones van a parar, generalmente, a las mismas universidades. (Vea el ranking de las empresas que más donan a las diez universidades que reciben mayores aportes particulares)

PENTA Y LA U. DEL DESARROLLO

El año pasado, sin ir más lejos, sólo una universidad estatal (la Universidad de Chile) y otras tres universidades tradicionales (PUC, U. de Concepción y U. Católica del Norte) estuvieron dentro del ranking de las diez instituciones que recibieron más donaciones por parte de privados. La U. de Concepción obtuvo $213.304.715 y la Católica del Norte sumó $375.185.542. Las otras seis universidades que tuvieron más aportes son privadas: Universidad de los Andes, U. del Desarrollo, U. Alberto Hurtado, U. Adolfo Ibáñez, U. de Ciencias de la Informática (UCINF) y la Universidad Finis Terrae. De ellas, sólo la jesuita Alberto Hurtado, imparte formación de inspiración progresista, aunque religiosa.

En síntesis, de las diez universidades que reciben más donaciones de particulares, sólo tres se apartan de idearios más próximos al pensamiento de derecha o liberal: U. de Chile, U. de Concepción y U. Alberto Hurtado. Además, las donaciones favorecen principalmente a universidades que reciben a alumnos de los estratos socioeconómicos más acomodados. Según los datos informados por las propias universidades al Consejo Nacional de Educación (CNED), la mayoría de los estudiantes que se matricularon por primera vez durante 2010 en la U. Adolfo Ibáñez, U. del Desarrollo y U. de los Andes, provenían de colegios particulares. En esta última de los 1.299 alumnos matriculados sólo 49 estudiaron en colegios municipales y 81 en colegios subvencionados.

Hace ya un tiempo que estas tres universidades han recibido diferentes críticas por su carácter elitista. Sin embargo, fue en 2009 cuando la columna del jesuita Felipe Berríos (Ver Anexo 2) en la revista El Sábado (de El Mercurio) levantó más polvo. En ella el sacerdote narró la visita que hizo a una de estas universidades de la “cota mil” y describió el silencio de sus pasillos como el de un “cementerio”, además del mar de autos apostados en sus amplios estacionamientos, similares a los de un mall. El sacerdote puso de manifiesto la “burbuja” en que viven estos estudiantes y se preguntó:

“¿Qué visión del país tendrá el profesional que salga de esa universidad?, ¿qué vida universitaria tendrá quien tal vez estudió en un colegio de la zona, donde probablemente quede también su casa y entra a esa universidad?, ¿qué diferencia hay entre una universidad así y un colegio particular?”.

Planteamientos como los de Berríos apuntan a que muchas de estas donaciones terminan en instituciones que entusiasman al empresariado porque sigue sus líneas valóricas y políticas. Un ejemplo claro es la Universidad del Desarrollo (UDD), una fundación creada en los 90 por un grupo de empresarios cercanos a la UDI entre los que estaban el ex ministro de Educación y actual ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, además de los ingenieros Federico Valdés Fontaine, Alfredo Valdés Herrera y el fallecido miembro del Grupo Penta, Ernesto Silva Bafalluy.

Durante los años 2009 y 2010 la UDD ha permanecido en el cuarto lugar de las universidades que captan más donaciones, recibiendo aportes que se empinan por sobre los mil millones de pesos. La mayoría de ellos han sido donados por las empresas del Grupo Penta, uno de los holdings empresariales más importantes del país en el área de las inversiones y cuyos accionistas mayoritarios son los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

No es casual que las empresas del Grupo Penta se interesen en este proyecto. Sus accionistas tienen un estrecho vínculo con la universidad. Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano son miembros del Consejo Directivo de la UDD desde sus inicios y participan actualmente como miembros de la fundación que le dio origen, según señala el gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal.

El campus de la Universidad del Desarrollo en San Carlos de Apoquindo (Av. La Plaza 686) fue vendido -según consta en la inscripción del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 8 de junio de 2009- por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. a la Inmobiliaria Ainavillo S.A. el 4 de mayo de ese mismo año. Hoy es esta inmobiliaria la dueña del terreno, cuyo avalúo fiscal asciende a los $1.473 millones de pesos. Ambos socios, Lavín y Délano, según confirma Tocornal, poseen “un porcentaje minoritario en la Inmobiliaria Ainavillo”.

Durante 2009 el Grupo Penta donó $560 millones a la UDD. De sus empresas, fue AFP Cuprum la que más aportó: $430 millones. El resto lo sumaron Penta Vida Compañía de Seguros, con $60 millones; Isapre Vida Tres S.A., con $ 50 millones y Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. con $20 millones. En 2010, en tanto, el grupo hizo crecer su aporte a $675.404.191. Penta Vida Compañía de Seguros fue la que más desembolsó el año pasado: $450 millones de pesos. La siguió Isapre Vida Tres S.A., con $92.500.000; la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., con $50 millones; Clínica Santa María S.A., con $45.404.191, e Isapre Banmédica S.A, que aportó $37.500.000.

EL CONTROL DEL MINISTERIO

CIPER consultó a la UDD sobre los proyectos específicos que realizó con estas donaciones del Grupo Penta. Sin embargo, en la universidad informaron que por estar en medio del proceso de reacreditación institucional no podían responder. En todo caso, sobre este punto el artículo 69 de la Ley 18.681 es claro: “Las donaciones que reciban las instituciones de Educación Superior deberán ser destinadas a financiar la adquisición de bienes inmuebles y de equipamiento”. Y agrega: “Además, las donaciones podrán ser empleadas para financiar proyectos de investigación de las instituciones de Educación Superior”.

Antes de recibir cualquier donación, las universidades deben presentar al Ministerio de Educación el proyecto a realizar con esos dineros. La cartera cumple con visar las propuestas para evitar -en áreas como la de investigaciones- que los dineros donados por las empresas terminen siendo consultorías que se entregan a las mismas compañías. Recién en el gobierno de Ricardo Lagos, en agosto de 2003, se promulgó la Ley 19.885 que norma el buen uso de todas las donaciones que dan origen a beneficios tributarios, sancionando a quienes intenten conseguir contraprestaciones o beneficios a través de sus aportes.

Benito Barros, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la División de Educación Superior, explica que el ministerio, en caso de considerarlo pertinente, puede rechazar el proyecto presentado por la universidad, pero una vez que se aprueba sólo de forma ocasional “y aleatoria” se visitan algunas universidades y se verifica que la donación esté cumpliendo su objetivo inicial (infraestructura, becas o investigaciones). En caso de encontrar alguna irregularidad, Barros señala que el paso a seguir es “informar al Servicio de Impuestos Internos”. Sobre si han existido o no irregularidades, el funcionario es escueto: “En mi período, al menos, no”. Barros asumió recién en febrero de este año.

ANEXO 1.

Gerente General Corporativo de Empresas Penta sobre aporte a la UDD: “No ha habido un fin de beneficiarse en términos económicos”

Manuel Antonio Tocornal, gerente general corporativo de Empresas Penta, no entregó montos exactos sobre los impuestos descontados a través del uso que han hecho de la ley de donaciones a las universidades, pero sí aceptó explicitar su interpretación de la ley:

-No es que la donación tú la hagas para abaratar impuestos. Con esta ley al final te sale más barato lo que donas. Si yo decido donar siempre me va a costar, pero a través del descuento del impuesto me cuesta menos. Como que el Fisco me ayuda y me dice “te voy a rebajar parte de lo que donaste”. Entonces, si donó 100 a la universidad, al final me cuesta 50 y no más porque me lo rebajan del impuesto.

-En ese caso, el empresario es el que decide en qué se usa la plata de los impuestos, que es del Estado.

Esos 50 que me pasó a mí, el Fisco podría haberlos gastado en cualquier otra cosa, exacto. Y, efectivamente, el Fisco también se pone, pero Chile ganó 50 más, porque yo puse 50 y si no hubiera hecho eso el Fisco habría tenido 50, pero no 100. Tienes el doble de recursos. Esa es la gracia.

-Pero para gastarlos en proyectos que van en la línea de la empresa y que no tienen por qué ser coincidentes con los intereses de la mayoría de los chilenos.

Decir que hay cosas mejores que hacer siempre es opinable, argumentable, válido. Podría haber una ley completamente distinta, pero ésta ha cumplido. Ha sido una buena causa y más aún en el caso de la universidad porque nosotros no recibimos ni un peso ni tampoco Carlos Lavín y Carlos Délano lo reciben por fuera. No hay un negocio. Yo les he preguntado a ellos y me dicen: “De acá no sacamos nada. La universidad ha sido gastar y gastar”.

-Eso es lo que hoy está en entredicho, porque no hay forma de fiscalizar que sea así. Joaquín Lavín, cuando era ministro de Educación, dijo que había vendido su parte en la UDD y recuperó la inversión. No especificó cuándo, cuánto o cómo. Por eso, cuando hay esta sincronía de las Empresas Penta donando, mientras sus accionistas son parte de la entidad beneficiada, la fundación de la UDD, alguien podría preguntarse: ¿se están donando a sí mismos?

Sí, podría ser una pregunta.

-¿Y cuál es la respuesta?

Que no, porque todo se ha invertido en la universidad para que crezca. Y se ha invertido en cosas específicas de la universidad, como becas para los estudiantes, edificios, un laboratorio. Ha ido todo transformándose en un bolo que crece y cada vez demanda más. Y bueno, los directorios de nuestras empresas en muchos casos son mixtos y les ha parecido bien, han aprobado las donaciones a la UDD dado los resultados que ha tenido y la buena causa. Acá no ha habido un fin de beneficiarse en términos económicos. No hay ninguna información o antecedente en ese sentido.

-Pero como se genera la duda porque no están los mecanismos para fiscalizar que se cumpla con la ley que establece que las universidades sean sin fines de lucro, se requiere la creación de una superintendencia. ¿Usted qué opina?

Sería muy bueno que hubiera total transparencia para decir “mira, acá esta mi scanner”, y que haya una superintendencia y de esa manera exista total tranquilidad. Yo creo que todos estos ruidos son muy negativos para todos.

ANEXO 2.

Extranjero en su país

Sábado 3 de Enero de 2009, El Mercurio

Me pregunté ¿qué visión del país tendrá el profesional que salga de esa universidad?, ¿qué vida universitaria tendrá quien tal vez estudió en un colegio de la zona, donde probablemente quede también su casa y entra a esa universidad?

FELIPE BERRIOS S.J.

Me invitaron a exponer en un programa de posgrado de una universidad que queda cerca de la cota mil de la cordillera santiaguina. Acepté de inmediato, pues era una novedad ser invitado a esa universidad y tenía ganas de conocerla. Además, para ese día estaba anunciada una protesta estudiantil en varias ciudades del país así que probablemente la actividad laboral sería poca.

Un universitario voluntario en un campamento, y que conocía el lugar adonde iba, me ayudó dibujándome un improvisado mapa para llegar. Siguiendo las indicaciones al pie de la letra tuve que atravesar el centro como me lo señalaba el dibujo para tomar una autopista expedita que atravesaba la ciudad.

Entonces me vi en medio de la revuelta estudiantil que ya se esparcía por todo el centro de la capital donde se concentran varias universidades formando verdaderos barrios universitarios. El tránsito era constantemente interrumpido y desviado tratando de capear los carros policiales que arrojaban agua y gases lacrimógenos destinados a los estudiantes pero que alcanzaban a todos. Era una verdadera batalla campal.

Abrirse paso en medio del caos fue una odisea de mucha tensión. Los lienzos y pancartas que aún estaban en pie en un lenguaje no muy académico denunciaban lo que los universitarios exigían. Los jóvenes pedían garantías para que a los estudiantes de más bajos recursos económicos no se les pusieran obstáculos monetarios para poder seguir estudiando. El torrente de autos que dificultosamente se abría paso entre piedras, agua, gritos y jóvenes corriendo en estampida me condujo milagrosamente a quedar detrás de un camión tolva. Protegido por este gigante que me servía de escudo logré alcanzar la autopista.

La excelente carretera y el certero plano me condujeron en unos veinte minutos al destino. A llegar allí, sin embargo, parecía que me había salido del país. Ni las anchas avenidas rodeadas de verde, ni las grandes playas de estacionamiento podían contener el mar de automóviles que rodeaban la universidad como un centro comercial en vísperas de Navidad.

Entrar a esa universidad era como entrar en otro mundo. No había jóvenes gritando, ni gas lacrimógeno, ni agua, ni carabineros, ni menos pancartas. Sólo un silencio de cementerio que un amable señor que me esperaba interrumpió para conducirme al lugar de la reunión. Mientras caminábamos, a través de los ventanales, se veían grupos dispersos de estudiantes que alegremente conversaban en unos cuidados jardines. Me sentía extranjero en mi propio país pues parecía que la efervescencia estudiantil que había vivido hace poco había sucedido en un lugar muy lejano.

Me pregunté ¿qué visión del país tendrá el profesional que salga de esa universidad?, ¿qué vida universitaria tendrá quien tal vez estudió en un colegio de la zona, donde probablemente quede también su casa y entra a esa universidad?, ¿qué diferencia hay entre una universidad así y un colegio particular?, ¿bastará mirar la ciudad desde lo alto y luego enterarse de lo sucedido en ella por las noticias?, ¿será ese el lugar más adecuado para que se forme un universitario?, ¿cómo se llegará a una universidad así sin automóvil?

Si se incluyeran estas preguntas en la PSU tal vez los puntajes nacionales serían distintos.

Extraido de CIPER Chile

Futuro de la Universidad Pública

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Thu, 27 Oct 2011 21:21:00 -0300

via Pensamiento Critico En Colombia

Persiguiendo a la justicia encapuchada

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Wed, 26 Oct 2011 14:37:00 -0300

"El aborto terapéutico es ético": Entrevista al sacerdote jesuita colombiano Carlos Novoa

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Wed, 26 Oct 2011 10:42:00 -0300

por Cecilia Orozco Tascón (El Espectador)

El sacerdote jesuita Carlos Novoa analiza como religioso y como científico la propuesta de prohibir en cualquier circunstancia el aborto en Colombia. El padre Carlos Novoa es licenciado en Teología y en Filosofía, con maestría y doctorado en Ética. Se especializó en ética sexual y en ética económica-política. Es profesor investigador en las facultades de Teología, Economía, Arquitectura y en el doctorado de Derecho. Ha publicado 13 libros y 50 artículos especializados.

A continuación un extracto de la entrevista :

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Los deberes éticos que nacen de la teología se le pueden imponer a una sociedad entera?

Padre Carlos Novoa- No, de ninguna manera. El Concilio Vaticano II, del cual vamos a celebrar en 2012 los 50 años de su iniciación, mencionó expresamente la libertad religiosa. En la declaración Dignitatis humanae (Dignidad humana) el santo Concilio dice, acerca de la libertad religiosa, que a ninguna persona se le puede imponer una religión. Dicho de otra manera, a nadie se le puede violentar su conciencia, mucho menos en materia de asuntos religiosos. Adicionalmente, la Constitución del 91 que estableció que Colombia es un Estado Social de Derecho, también declaró que es un Estado no confesional. Estos son los marcos de la discusión sobre el aborto.

C.O.T.- ¿Se puede violentar la conciencia de otros con el argumento de que priman las creencias religiosas del grupo más numeroso o el más poderoso?

P.C.N.- Jamás se puede violentar la conciencia del otro.

C.O.T.- ¿Usted está de acuerdo con el proyecto primero legislativo, y en el futuro mediante referendo, que pretende hacer aprobar la prohibición absoluta de la práctica del aborto en contravía de una decisión de la Corte Constitucional?

P.C.N.- Evidentemente la sociedad civil tiene derecho a debatir todos sus puntos de vista y a los católicos también nos asiste el derecho de intervenir, aunque no con argumentaciones religiosas. Pese a que como dice el gran maestro de la ética contemporánea Jürgen Habermas, hay que oír las religiones, esta discusión debe ser secular. Como sacerdote y al mismo tiempo como hombre de ciencia, resumiría la situación del debate sobre el aborto diciendo que estamos cargando las tintas donde no hay que cargarlas…

C.O.T.- ¿Por qué?

P.C.N.- Porque el problema del aborto no se soluciona con la prohibición ni encarcelando a nadie. No podemos manejar de cualquier manera lo que implica ese drama, ni podemos asimilarlo a un homicidio que se comete con premeditación y alevosía. Ese planteamiento no tiene presentación desde la óptica de la ética teológica, de la ética filosófica o de la jurisprudencia, porque en la mayoría absoluta de los casos el aborto es un drama que se presenta cuando las mujeres se quedan sin otra alternativa.

C.O.T.- Esa afirmación en labios de un sacerdote católico suena fuerte. ¿Es su opinión personal o tiene un fundamento teórico que lo sustente?

P.C.N.- Claro que sí: de nadie más ni nadie menos que Juan Pablo II. En su encíclica Evangelium vitae (Evangelio de vida, N° 17) dice textualmente: “Las opciones contra la vida —entre ellas el aborto, añado yo— proceden, a veces, de situaciones difíciles o incluso dramáticas de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, depresión y de angustia por el futuro. Estas circunstancias pueden atenuar incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad de quienes hacen estas opciones en sí mismas moralmente malas”. Así que desde la concepción de Juan Pablo II no se puede ver el drama del aborto simplemente con soluciones de cárcel, de penalización o de castigo.

C.O.T.- Cuando usted dice que “se están cargando las tintas” en donde no hay que hacerlo, ¿se refiere a la “atenuación de la responsabilidad” de la que habla Juan Pablo II en la cita que menciona?

P.C.N.- Exactamente. No conozco a la primera mujer a la que le encante abortar. Creo que todos estamos de acuerdo en que el aborto no es ideal. Pero hay que comprender humanamente “las situaciones difíciles o incluso dramáticas y de profundo sufrimiento” que enfrenta una mujer angustiada y sola.

...

C.O.T.- ¿Cree que los prohibicionistas están buscando limpiar su imagen ante la población creyente del país?

P.C.N.- Claro que lo creo. Esos políticos quieren lavarse la cara y aparecer como muy católicos y cristianos para recoger votos a costa del dolor de muchas mujeres.

C.O.T.- Los extremismos de cualquier creencia, ¿promueven o le hacen daño a la religión?

P.C.N.- Les hacen daño no sólo a las religiones, sino también a la sociedad.

...

C.O.T.- ¿Cuál de las posiciones sobre el momento en que hay vida humana asume usted?

P.C.N.- La de la Iglesia, que dice que hay vida desde la fusión del óvulo y el espermatozoide, que es, al mismo tiempo, una postura científica seria dentro de muchas otras. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el aborto y eso debe quedar claro. Pero al mismo tiempo, tampoco estoy de acuerdo con el encarcelamiento y castigo para las mujeres que abortan.

...

C.O.T.- ¿Un tema con tantas implicaciones científicas y de salud pública puede decidirse en un referendo popular?

P.C.N.- Esa respuesta no se puede dar en sentido general, sino que es necesario ubicarse en el momento cultural colombiano. Si hubiera educación sexual integral de la población en sus tres niveles, es decir, el psicológico, el fisiológico y el espiritual, la gente sería capaz de decidir con pleno conocimiento del tema. Lamentablemente la situación en Colombia no es la ideal para plantear ese tipo de problemas en las urnas.

C.O.T.- La Corte ha dicho, y se mantiene vigente su orden, que es posible abortar en tres casos específicos…

P.C.N.- Hay que afinar el argumento que algunos tergiversan: la Corte lo que ha hecho es despenalizar el aborto en tres situaciones extremas: violación, malformación y pocas posibilidades de vida del feto, o peligro para la vida de la madre. No es cierto que haya dicho que el aborto es legal.

C.O.T.- ¿Usted está de acuerdo con esa sentencia de la Corte?

P.C.N.- Es una pregunta muy compleja. A la comunidad católica no le resulta clara esa sentencia de la Corte Constitucional. Como sacerdote tengo que decir que no estoy de acuerdo, pero como ciudadano pienso que es respetable.

C.O.T.- ¿Cómo se resuelve el dilema desde el punto de vista de la ética teológica: la vida de la madre o la vida del hijo? ¿Es preferible que ella muera para que viva el hijo?

P.C.N.- Técnicamente hablando, usted está refiriéndose al aborto terapéutico que es el que se practica por razones médicas. Por ejemplo, un embarazo extrauterino, o sea el que se desarrolla en las trompas de Falopio, pone en riesgo la vida de la mujer. Pero del otro lado allí hay vida humana, según corrientes muy serias de la biología, la genética y la medicina. Su pregunta entra, entonces, en un campo muy delicado de la ética que tiene que ver con el bien moral más valioso, el de la vida humana que hay que proteger de manera especial. No obstante, ese bien no es un absoluto. Por eso se puede decir que el aborto terapéutico es ético.

C.O.T.- ¿Cómo así que la vida humana no es un bien absoluto?

P.C.N.- Un absoluto ético es aquel horizonte contra el cual yo no puedo actuar jamás. Los absolutos éticos en el consenso mínimo universal son la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Personales y Sociales de 1948: la dignidad de la persona humana y la solidaridad. Nadie puede actuar en contra de esos absolutos. En cuanto a la vida humana, debo protegerla, pero hay ciertos momentos en que puedo actuar contra ella. Por ejemplo, en legítima defensa personal. O en el ejercicio del monopolio de las fuerzas por parte del Estado, aunque ajustado, claro está, al Derecho Internacional Humanitario. O por una causa superior, como la de Jesucristo, que puso en peligro su propia vida por la humanidad. En esos momentos surge un paradigma ético que consiste en la ponderación de los bienes morales, en este caso, el de la vida del cigoto y el de la vida de la madre. Prima el de la madre.

C.O.T.- ¿Es éticamente aceptable que una mujer violada quiera abortar?

P.C.N.- En ese caso nos encontramos con las situaciones límite de que nos habla Juan Pablo II. Yo la invitaría, la comprendería y le pondría terapia psicológica para que se quede con la vida. Le proporcionaría soluciones de última instancia, como la adopción. Pero en última instancia es ella quien tiene que decidir en conciencia lo que va a hacer. Lo dice el Concilio y lo dice la Constitución de Colombia.

C.O.T.- Un médico católico común y corriente, que trabaja en un hospital público, ¿cómo debe actuar cuando llega una mujer para que le practique un aborto?

P.C.N.- Debe examinar, oír a su conciencia y decidir.

C.O.T.- ¿Cómo se decide en conciencia?

P.C.N.- Cuando yo respeto la dignidad humana y cuando soy sinceramente solidario, todos mis comportamientos se orientan a las opciones que se toman en conciencia. Evidentemente si el médico es católico no va a creer que el aborto es el camino ideal, pero podrá evaluar si está ante una mujer que —parafraseando a Juan Pablo II— se encuentra en “una situación difícil o incluso dramática, de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, de presión y de angustia por el futuro”. Esas circunstancias pueden atenuar “incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad” del médico frente a esa tragedia terrible que es el aborto.

Aborto, un tema para el campo constitucional

C.O.T.- ¿Los lectores no creyentes pueden interesarse en sus respuestas?

P.C.N.- De una parte soy un hombre de ciencia y, de la otra, un sacerdote. No me puedo abstraer de lo uno o de lo otro, pero sí sé cuidar bien las diferencias.

C.O.T.- ¿Un teólogo estudia la ética desde el punto de vista de los creyentes?

P.C.N.- Esta ciencia tiene dos vertientes: una teológica, que evidentemente es para los creyentes, y una filosófica. Ambas son autónomas. He estudiado las dos y por eso sé que desde la ética teológica se les pueden hacer propuestas a los no creyentes. Éstos se mueven en la esfera de la ética filosófica.

C.O.T.- ¿Cuál de esas dos es pertinente para discutir el intrincado tema del aborto?

P.C.N.- En ese debate, que tenemos que resolver dentro del consenso constitucional, la única ética que cabe es la filosófica.

"Aman tanto la moral que tienen dos"

C.O.T.- Los políticos ultraconservadores que posan de religiosos, ¿representan a los católicos?

P.C.N.- Van a contrapelo del núcleo del catolicismo que es el Evangelio. No me parece católica alguien dedicado al robo del erario o al narcoparamilitarismo. El Evangelio dice: “No he venido a buscar la muerte del pecador, sino a que se convierta y viva”. La perspectiva católica auténtica no consiste en castigar a las personas que están en dificultades. Usted no se imagina cuántas mujeres nos buscan a los sacerdotes para confiarnos el drama que viven. Y encima proponemos meterlas a la cárcel. Esa actitud no tiene nada de cristiana.

C.O.T.- De todas maneras, ellos se tomaron las banderas del catolicismo…

P.C.N.- Como dice Daniel Samper Ospina, esos personajes aman tanto la moral que tienen dos. ¿Por qué en vez de promover proyectos punitivos no le metemos una plata a un gran programa nacional de educación sexual? O, ¿no destinamos esfuerzos y recursos a disminuir una de las grandes causas del aborto que es la pobreza? ¿Por qué no atacamos las causas sociales que provocan, según cifras del Ministerio de la Protección Social, 300 mil abortos clandestinos al año, 70 decesos anuales y 132 mil víctimas de traumas físicos?

Entrevista Completa de El Espectador

Via Miles Chile (facebook)

Nada es gratis

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Tue, 25 Oct 2011 13:40:00 -0300

Detrás de la capucha, la desesperanza

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Mon, 24 Oct 2011 12:35:00 -0300

por Patricia Santa Lucía (Blog personal)

Nuestro Ministro del Interior, fiel a su formación militar, imagina que matando a un par de jóvenes encapuchados se terminarán los desórdenes y los daños a la propiedad. Olvida que ese tipo de política sólo conduce a guerras eternas y que también hay una versión humanista de la consigna “se mata la perra, se acaba la leva”.

Ésta es, que atacando las causas de un fenómeno se superan sus síntomas.

Pero ningún líder gubernamental analiza las causas de lo que ocurre hoy en Chile. Inspirados en Villegas, se conforman con la simpleza de pensar que los jóvenes quieren saquear y protestar por el gusto de hacerlo. Por no haber sido bien criados por sus padres.

Pero los padres de los actuales adolescentes se formaron en una sociedad donde dominaba la violencia. Donde el Estado ejercía la tortura y el asesinato como método de resolución de conflictos, donde todo era legítimo para impedir el triunfo del comunismo. Los guardianes de la ley podían degollar o secuestrar a los discrepantes. Los encargados de los interrogatorios no sólo poseían instrumentos de tortura, comprados con recursos fiscales, en casas habilitadas para ello, sino que, como botín de guerra, les era permitido violar a las “jóvenes subversivas”.

Los padres de los jóvenes encapuchados vieron cómo unos pocos se tomaban el país recibiendo las empresas del Estado, los inmuebles de los muertos, los predios que se había entregado de manera transitoria a campesinos. Si la muerte no era importante para los líderes que en 1989 contaban con el 45% del electorado, si aún hoy los que defendieron y apoyaron la liquidación de humanoides a través de todas las vías posibles, en 2010 tuvieron el apoyo de más del 50% de la población. Si se bombardeó La Moneda para expresar el repudio a un Gobierno elegido constitucionalmente, ¿Por qué no se puede romper los semáforos o quemar los buses que han sembrado la desesperación entre la mayor parte de las familias santiaguinas? ¿Por qué no se puede manifestar con piedras una discrepancia?

Tras cada capucha existe la convicción de que no son los adolescentes los que construyen las armas, los que declaran las guerras, los que purifican cocaína, los que se hacen millonarios con el comercio internacional de drogas, los que buscan prostitutas infantiles, los que han recreado la actual forma de hacer política, los que cobran intereses usureros y que como los ejecutivos de La Polar ni siquiera pasan cerca de la famosa puerta giratoria.

Los jóvenes que se cubren con una capucha, no quieren mirar nunca más la sociedad que los adultos hemos construido para ellos. No tienen en quién confiar y claman por ayuda. ¿Los pueden ayudar curas pedófilos, profesores amargados, padres ausentes, golpeadores o alcoholizados, madres abandonadas, sostenedores y dueños de universidades que no tienen nociones elementales de educación?¿Pueden confiar en líderes políticos que disponen personalmente de recursos fiscales, porque ganan sueldos “miserables” o “reguleques”. ¿De Alcaldes que se roban sus exiguas arcas? ¿De gobernantes que les dan un voucher, por un subsidio, para que sus padres reconstruyan sus casas y sus vidas? ¿De un Estado que les niega una salud y educación de una mínima calidad?

La TV, su principal medio educativo, les enseña diariamente que para opinar o figurar, para ser invitado a programas o discoteques, hay que insultar y hablar golpeado. Al mismo tiempo les muestra la belleza, los balnearios brillantes, las rubias sin grasa, las musculaturas envidiadas, el éxito de los footballistas que lo consiguieron.

La mayoría nunca tendrá acceso a esa belleza. Imposible con sus nombres, sus barrios, la precariedad de sus trabajos, la pobreza de sus salarios o propinas. Nunca con una educación que no educa, que no sirve para encontrar trabajo, que los endeuda de por vida. Que les ofrece títulos inexistentes con publicidad engañosa.

Tras la capucha se esconde la desesperanza.

Desesperanza que se encuentra cruda y pavorosa en cifras del Ministerio de Salud. El suicidio aumenta sistemática y aceleradamente entre los jóvenes chilenos. En "Tendencia al suicidio 2010" , se informa que el 76% de los jóvenes chilenos entre 18 y 28 años admite que ha pensado alguna vez en quitarse la vida y que el 71% ve su futuro con pesimismo. El 81% se ha sentido inútil, el 82% fracasado y con ganas de "abandonarlo todo"; el 75% "a veces nota que podría perder el control sobre sí mismo"; el 73% tiene poco interés en relacionarse con gente y el 71% considera que quitarse la vida es una opción frente a una situación desesperada. La causa inmediata al momento del suicidio sería esta sensación de desaliento o una depresión no tratada, porque la mayoría de los suicidas se encuentra entre los jóvenes de menores ingresos, es decir en aquéllos que no tienen acceso a atención siquiátrica.

Está claro, entonces, que a muchos jóvenes encapuchados no les importa morir. No quieren ser viejos pobres. El hambre de lo que no tienen, o del dinero para obtenerlo, los domina. Es por eso que cada vez se embarcan en operaciones delictivas de mayor riesgo, o se entregan con furia a las drogas y el alcohol. Es otra forma de morir. Lo saben y no les importa.

Por lo tanto, la amenaza de muerte, o los deseos de cadena perpetua de los líderes de opinión, no puede asustarlos. No acabará la leva. Y los adultos nos quedaremos con la vergüenza de haber construido un país con una juventud que no quiere vivir.

Extraido de Blog de Patricia Santa Lucia

Título Original: "Detrás de la capucha"

Sin Innovación, Chile crece sin pensarse

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Fri, 14 Oct 2011 12:04:00 -0300

por Andrés Zahler Torres (Ciper Chile)

En los últimos 15 años, la canasta exportadora de Chile se ha renovado en 295 productos. Parece una buena noticia. Hasta que surge otro dato: que de todos esos productos, solo dos NO SON materias primas o recursos naturales. Esta es una muestra de lo poco que ha avanzado el país a la hora de emprender y sorprender al mundo. La conclusión no es tan extraña si se considera que educación e innovación van de la mano. En esta columna, Andrés Zahler acusa al actual gobierno de “desmantelar” la política de clusters propuesta por el Consejo de Innovación y de avanzar sin pensar en el Chile del futuro.

Recientemente el World Economic Forum sacó la versión 2011-2012 del índice de competitividad global, situando a Chile en el lugar 31 de 142 países. Según el informe, el país aparece localizado en una zona de “transición” desde una economía desarrollada a través “de la eficiencia”, a otra desarrollada a través “de la innovación”. A pesar de que este índice no está muy relacionado con resultados económicos reales, es interesante destacar que desde hace ya mucho tiempo el país muestra una falta de avance relativo, principalmente debido dos áreas serias de debilidad que hacen muy difícil -a mi juicio- el salto para transformar a Chile en una economía basada en el conocimiento: la calidad de la educación y de la innovación.

Nuestra debilidad en el primer ámbito es notoria (lugar 87, en calidad del sistema educacional; 123 ¡!, en calidad de educación primaria y 124, en resultados en matemáticas y ciencia). Sobre este punto, la calidad de la educación, ya se ha escrito y discutido mucho y por fin se ha transformado en la principal preocupación de la población, según la última encuesta CERC. Y todo apunta a que, finalmente, será objeto de política pública en los próximos meses, ojalá con avances sustantivos.

Por esta razón, me quiero centrar en el segundo pilar: la innovación. El informe cita explícitamente nuestra debilidad en esta área: baja inversión privada en I+D (60); capacidad de innovación (66); calidad de las instituciones que realizan investigación científica, (55) y colaboración universidad-industria, (44). Estos resultados están claramente relacionados con nuestro bajo gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB (0.5%-0.6%, con una muy baja participación del sector privado). Y también, con que la productividad (como medida macroeconómica) lleva estancada ya casi más de una década.

Otro factor que incide en esta debilidad en innovación, es el bajo porcentaje de firmas que innovan y hacen I+D, cifra que ha ido cayendo (como lo muestran las últimas encuestas de innovación e I+D del país). Y esto se expresa también en que, por ejemplo, en los últimos 25 años Chile ha sido incapaz de diversificar su canasta exportadora, comenzando a exportar sólo 295 productos nuevos medibles entre 1991 y 2006, de los cuales sólo 19 han alcanzado más de un millón de dólares; y donde sólo dos son productos que escapan al ámbito de materias primas o recursos naturales(1).

Lamentablemente, hoy la política que promueve la innovación es incluso más débil de lo que era hace algunos años. Lo que más se echa de menos es una orientación de largo plazo y objetivos medibles. En particular, habría que destacar la importancia de contar e implementar una política de desarrollo de largo plazo basada en la innovación. Los esfuerzos en este sentido venían bien encaminados a través de la conformación del Consejo Nacional de Innovación y la elaboración del Libro Blanco de la Innovación y una Política de largo plazo en el tema.

Este Consejo, que tiene una representatividad diversa, tanto en términos políticos como de conocimiento, busca generar una política de Estado, de largo plazo, que integre los esfuerzos públicos y privados en la forma más sinérgica posible. Entre sus propuestas, ha buscando reestructurar la institucionalidad pública de apoyo a la innovación, simplificándola y haciéndola más accesible, además de orientar parte de los escasos recursos disponibles a la innovación para potenciar las áreas en que Chile abiertamente ha mostrado ventajas competitivas.

Bastaba, de partida, con continuar y profundizar las propuestas y políticas propuestas por el Consejo bajo el nuevo gobierno. Sin embargo, el actual gobierno ha ignorado varias de ellas, desmantelando en forma importante la política de “clusters” propuesta por el Consejo, adoptada durante la administración anterior, con una visión simplista de antítesis entre Estado y mercado, entendiendo que sólo el segundo puede guiar la innovación. El objetivo más general del gobierno, de crecer sin pensar en hacia dónde ni en cómo, tienden a confirmar esta visión. Esta preocupación ha sido además planteada en forma pública por el Consejo a propósito de la discusión presupuestaria este año.

Estas decisiones se han adoptado, no obstante que prácticamente todos los países que han realizado saltos de desarrollo significativos en los últimos 60 años, han sabido superar esta visión y han logrado construir espacios de colaboración público-privada atendiendo las múltiples fallas de mercado que tiene la innovación, y la escasez de recursos que hace imposible el desarrollo de nuevos sectores competitivos con políticas 100 por ciento horizontales, que no orienten el gasto hacia objetivos estratégicos de largo plazo.

En todos estos países, nómbreme el que quiera -Corea, Singapur, Malasia, Irlanda, Nueva Zelandia, Finlandia, Australia, Israel, China-, el Estado ha jugado un rol, por un lado colaborador del sector privado, participando activamente en el proceso innovador, incluso como co-propietario; y por otro, con una política estratégica de largo plazo para orientar los esfuerzos de innovación.

Para lograr orientar nuestra economía hacia la innovación no basta con promover el emprendimiento y simplificar trámites (que sin duda son políticas necesarias, pero no suficientes), sino que de partida pasa por hacernos cargo de esta debilidad y, con una visión de Estado, fortalecer y seguir la políticas propuesta por el Consejo de Innovación, implementando una política de largo plazo de desarrollo. Se requiere además, fortalecer las instituciones que permitieron traer y testear nuevos productos cuando el sector privado no lo hacía, como Fundación Chile. Y entender que el Estado es un socio fundamental del sector privado en esta dinámica y riesgosa dimensión del desarrollo.

Notas:

1) Esta información tiene como fuente la investigación y los datos usados en “New Exports from Emerging Markets: Do Followers Learn from Pioneers?”, de Rodrigo Wagner y Andrés Zahler.

Extraido de Ciper Chile

Título Original: Chile crece sin pensarse

Conquistador: ¡Traemos Cultura, Educación, Progreso!

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Wed, 12 Oct 2011 21:06:00 -0300

La Esperanza Racista de Chile: Telenovela y Xenofobia en TV chilena

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Wed, 12 Oct 2011 14:38:00 -0300

Ricardo Jimenez(*) (El Quinto)

Es imposible recorrer las principales avenidas o calles de Santiago Centro y no ver la concentración de peruanos, proliferación de sus restaurantes y negocios de telefonía; o ir a una fiesta con los amigos y no escuchar a Américo, cantante chileno, cuyo repertorio son reinterpretaciones de todas las canciones del grupo peruano de cumbia, Grupo 5. Al igual que es poco probable vivir en Santiago y no conocer la procesión del Señor de los Milagros, una de las expresiones más importantes de la religiosidad peruana que desde hace algunos años recorre las principales calles del centro de Santiago todos los octubres congregando a peruanos y a los propios chilenos, enriqueciendo con sus colores la ciudad. Como en ningún otro tiempo, Chile vive la mayor concentración de inmigrantes en su historia, 370 mil extranjeros residiendo en su suelo. Sin duda alguna la comunidad más grande es la peruana, con el 37% de la población inmigrante, y la más visible culturalmente.

Obviamente tanto para el imaginario de la población chilena como de la peruana, este no es cualquier encuentro. Se trata de dos pueblos que hace menos de de 150 años fueron arrastrados a una guerra de agresión y saqueo por parte de Chile, cuya élite dirigente debió justificarla con el manoseado pretexto "civilizador", un pueblo moderno y pujante que "lleva la modernidad", por medio de las armas y la violencia, a un pueblo atrasado, "cholos" e "indios" que necesitan la invasión para ingresar al mundo organizado y moderno. Pretexto que pocos años después de la agresión a los pueblos de Perú y Bolivia será invocado para justificar similares crímenes contra el pueblo Mapuche.

Es el cinismo histórico de la élite y clases dirigentes chilenas, que además de ser por definición anti populares, como las de Perú y las demás repúblicas oligárquicas y excluyentes latinoamericanas, mantiene pretensiones hegemónicas con los países andinos y vecinos. Cinismo cuyo camino permanente puede rastrearse desde el derrocamiento del primer gobernante independiente de Chile, Bernardo O´Higgins, a quien acusan de "autoritario" por atacar sus privilegios, reconocer el Estado Mapuche y ser radicalmente latinoamericanista (justamente acogido en Perú), hasta el actual diferendo marítimo en la Corte Internacional de la Haya, cuya competencia los representantes de la elite chilena han aceptado pero dejando siempre la puerta abierta en sus declaraciones públicas de que, de no serles favorable el fallo de la Corte, no lo cumplirían. Ni sinceridad en no aceptar la competencia de la Corte, ni sinceridad para aceptar cabalmente sus resultados una vez aceptada la competencia. Es lo que el habla popular llama "a la chilena", es decir, cínicamente.

Una esperanza racista

Pero toda élite oligárquica necesita que las mayorías, incluso los sectores "progresistas" (ahí está el curioso caso de las declaraciones públicas contra Perú de Guillermo Tiellier, dirigente comunista que más parece "chovinista") hagan suyos estos intereses y este cinismo. Y para eso están los medios masivos de comunicación. Ya hace unos años se realizó una telenovela sobre la Guerra del Pacífico, pero fue un fracaso de audiencia porque sus mensajes y contenidos abiertamente chovinistas resultaron burdos hasta el ridículo para la gente. Ahora, un intento más sutil, más cínico, más "a la chilena", sí ha logrado el éxito de audiencia. Se trata, nada menos, que del canal de televisión nacional, estatal, TVN, que a la frivolidad y superficialidad que caracteriza la TV en Chile viene a agregar ahora este culebrón "Esperanza" que difunde masivamente, con total irresponsabilidad, los prejuicios y estereotipos discriminatorios contra el pueblo peruano en las mayorías chilenas.

Cínicamente, "a la chilena", se presenta como "una denuncia de la discriminación". Una vez más, se agrede, ahora con las armas simbólicas de la cultura, al pueblo peruano "por su bien". La trama es sencilla: una joven peruana, "Esperanza", llega a Chile a trabajar de empleada doméstica ("nana" en el habla popular chilena), para enviar dinero a su pequeño hijo en Perú. ¿Pero qué mensajes exactamente trasmite esta telenovela a millones de chilenos, y a través del cable a millones de personas en otros países? Se puede ver en Perú mismo, por ejemplo.

Otra "nana" de la casa, chilena, la odia a muerte "por venir a quitar trabajo a los chilenos". Todos los personajes peruanos son pobres, con poca educación, e incluyen a un traficante de niños, es decir, representan todo lo negativo, lo amenazante. El personaje central y todos los demás peruanos son interpretados por actores chilenos que desconocen por completo los modos, modismos y entonaciones de los peruanos, hablando una mezcla que ya no es chilena, ni peruana y ya no se sabe qué es. Con expresiones recurrentes que jamás usan los peruanos y que más recuerdan a los campesinos mexicanos, como"Espereme un tantito..." y muchas otras similares. Sus actitudes son sumisas, buscando agradar todo el tiempo, y comprensivas con las agresiones e insultos de los chilenos, que incluyen perlitas como que el "tacu tacu es comida para perros". En dos palabras, son inferiores y dependientes. Se trata en suma de la fabricación sutil de una caricatura, un estereotipo que refuerza todos los prejuicios racistas y xenófobos en la población como si fueran "verdad". Claro, como todas las caricaturas y estereotipos, se alimenta de la ignorancia y el desconocimiento real de quien se caricaturiza, por eso resulta necesario y coherente la pésima preparación por parte del equipo director y de los actores sobre la real cultura peruana.

Por otro lado y complementariamente, el imaginario de Chile y los chilenos que nos muestra la telenovela es de modernidad, civilización y acogida al "buen salvaje" peruano. En el primer capítulo inicial de la telenovela, al cruzar la protagonista la frontera de Chacalluta (donde el maltrato y la devolución arbitraria de peruanos es evidente cada día), el funcionario chileno le sella el pasaporte rápidamente y le dice sonriendo: "bienvenida a Chile", la cámara hace un primer plano a la bandera chilena flameando en cielo radiante. "Esperanza" llega retrasada a su trabajo el primer día, pero le explica a una comprensiva patrona chilena, que es porque "en esta ciudad tan grande con tantos carros cuesta entender cómo moverse". Santiago, la ciudad "tan grande" tiene 3.5 millones de habitantes, Lima en Perú, 9 millones.

Responsabilidades compartidas

Ciertamente, las responsabilidades son compartidas, aunque sean mucho mayores las de la elite y el Estado chileno, cuyo canal estatal, nada menos, envenena a la población con el racismo y la xenofobia de esta "Esperanza". No olvidemos que son oficiales militares peruanos quienes se prestan, bajo órdenes chilenas, a destruir la Confederación Perú Boliviana, último intento de la generación independentista de reconstruir el ideal de integración, que por otro lado un chileno, Bernardo O´Higgins, apoyó resueltamente en contra de los designios fragmentadores de la oligarquía chilena. Que otro "presidente" peruano, Alberto Fujimori, favoreció con privatizaciones fraudulentas entre otros capitales a los de Chile, cuyas racionalizaciones generaron el alto desempleo y precariedad del empleo que llevó a muchos de los afectados a buscar ese empleo justamente en Chile. Que otro presidente peruano, Alan García, firmó un Tratado de Libre Comercio, bajo el eufemismo de ACE, en que se permite a capitales chilenos toda libertad en Perú pero se prohíbe a capitales peruanos abrir bancos en Chile. Y, por último, que varios medios masivos de comunicación peruanos se han prestado para coberturas que "celebran" la telenovela chilena repitiendo el cinismo de que busca "denunciar la xenofobia y buscar la integración".

Como se ve, frente a la "Esperanza" racista de TVN de Chile, nuestra esperanza de una integración regional fuerte y fraterna, es decir con justicia, tiene, como decía el gran César Vallejo, todavía "mucho que hacer", al otro lado de la frontera del poder y las élites, tanto en Chile como en Perú.

(*) Sociólogo chileno

Extraido de El Quinto

El Juego de Piñera

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Tue, 11 Oct 2011 23:17:00 -0300

Propuesta de Fundación Terram sobre Educación Pública y Gratuita

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Tue, 11 Oct 2011 14:44:00 -0300

“Educación 2013” es el nombre de la propuesta elaborada por Fundación Terram, que tiene como principal objetivo implementar un sistema de educación pública en Chile, económicamente viable y sustentado en el principio de que es un derecho social y por ello tiene que ser una prioridad de Estado.

Después de dos meses de investigación sobre el tema, y consensuar el diagnóstico, los profesionales convocados por Terram presentan a la ciudadanía una propuesta concreta y aplicable para el 2013. La propuesta contempla las áreas más importantes como la educación escolar, universitaria, técnica, la vinculación con el aparato productivo, el sistema de financiamiento, los sistemas de representación de los estudiantes, entre otros.

Educacion 2013 terram

Ver más publicaciones de Creando Conciencia Crítica.

Extraido de Fundación Terram

Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Thu, 6 Oct 2011 10:25:00 -0300

Por Verónica Torres, Juan Andrés Guzmán y Gregorio Riquelme (CIPER Chile)

El año 2010 fue polémico para la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo público encargado de velar por la calidad de la educación superior. Ese año TODAS las instituciones que se sometieron a su análisis resultaron acreditadas: 16 universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales. Desde el más precario instituto hasta la más antigua institución que se presentó, todas se fueron al menos con un año de acreditación bajo el brazo. Los casos que más llaman la atención son los de las universidades Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Del Mar, Arcis y Pedro de Valdivia, todas ellas nunca habían logrado antes pasar esta prueba (Vea el cuadro con las instituciones acreditadas en 2010).

Ante esta ola de resultados positivos, Emilio Rodríguez, rector de la Universidad Tarapacá y ex presidente de la misma CNA, reflexiona: “Si todas las instituciones que postularon en 2010 fueron acreditadas, o estamos ante una mejoría notable en las instituciones de educación terciaria en Chile o, simplemente, los niveles de exigencia han caído a niveles lamentables”.

Una de las últimas instituciones que acreditó la CNA fue la Universidad Pedro de Valdivia (UPV). Y lo hizo en una fecha extrema: en la sesión del 29 de diciembre de 2010, a dos días del cambio de año.

La UPV tiene 5.400 alumnos y buena parte de ellos viene de familias de sectores medios bajos. Según datos de la CNA, en los últimos años ha tenido una elevada deserción de estudiantes la cual “se produce por motivos económicos y laborales, no por casusas académicas”. La UPV fue creada en 1987 con el nombre de Universidad Mariano Egaña. Pero en 2006, los propietarios del preuniversitario Pedro de Valdivia -que también tienen una cadena de colegios y otros centros de formación técnica- compraron la universidad, la rebautizaron e iniciaron un proceso de expansión.

Los principales socios son Ángel Maulén y Enrique Rodríguez Villa. El primero, tiene múltiples inversiones y fue subsecretario de Economía en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (siendo ministro Álvaro García); el segundo, es un empresario con inversiones en el sector transporte e inmobiliario, aparte de la educación.

Consolidar esta universidad no les ha sido fácil. Desde 2007 venían intentando acreditarla, pero se toparon con los informes y dictámenes de la CNA. El más duro de ellos -la negativa de 2007-, detectó en la UPV “falencias significativas” tanto en la “definición y actualización de programas académicos”, como “en el número y dedicación horaria del cuerpo académico” y “en equipamiento e infraestructura” para ofrecer carreras. En las apelaciones sucesivas la autoridad pública llegó a afirmar que la UPV tenía un “incipiente sistema de aseguramiento de la calidad y escasos mecanismos de autorregulación”.

El último rechazo fue el 22 de diciembre de 2010, siete días antes de la acreditación. Allí la CNA objetó: “la situación financiera de la institución entre 2007 y 2009 ha sido precaria, presentando pérdidas y patrimonio negativo”. Y concluyó que la UPV está basando su sustentabilidad en el crecimiento de la matrícula, sin embargo, “este crecimiento implica necesidades de inversión mayores a las definidas por la institución, lo cual pone en duda la sustentabilidad del proyecto institucional”.

En los siguientes siete días, la UPV informó que los reparos habían sido subsanados y la CNA votó nuevamente y la acreditó. Fuentes consultadas por CIPER dicen que la sesión fue tensa. El acta da cuenta de una situación inusual: si bien la acreditación se aprobó por mayoría, un consejero dejó por escrito su oposición: “La señora María Elena González deja constancia de su disidencia, quien está por no acoger el recurso de reposición”. González es académica de la Universidad de la Frontera. Consultada por CIPER, explicó escuetamente: “Me parecía que ni en gestión ni en docencia de pre grado ellos alcanzaban el mínimo aceptable para la acreditación”.

En las decenas de actas que revisó CIPER nunca apareció la constancia de un voto de minoría. Pero al tener acceso a ellas por Ley de Transparencia, surgió el voto disidente de María Elena González. La comisión le otorgó el mínimo período de acreditación: un año. Igual que a la UTEM. En estas semanas ambas instituciones están intentando acreditarse de nuevo.

Hasta ese momento, tanto la UPV como la UTEM nunca habían logrado la acreditación. La “Metropolitana” había sido duramente rechazada en 2006 y en 2007. En el informe de ese último año se critica un convenio con la empresa CELTA S.A., el cual “afecta negativamente el cumplimiento de la misión institucional, ya que se transfiere la gestión académica y financiera de servicios universitarios a una empresa con fines de lucro, bajo la compensación de un 30% de los ingresos generados”. Al respecto, la CNA sostuvo que “la generación de bienes públicos es una de las tareas relevantes para una institución del Estado de Chile, y la externalización de servicios académicos es disonante con la misión institucional y con el aseguramiento de la calidad”.

En 2010 también lograron acreditarse por primera vez las universidades UCINF (4.400 alumnos), Del Mar (19.500 alumnos) y Arcis (3.900 alumnos). Esta última, había sido objetada en 2008 por la CNA por su “debilidad financiera”, su “déficit de capital de trabajo” y su falta de “apropiada infraestructura”.

A la Universidad Del Mar en tanto, se le negó la acreditación, entre otros motivos, porque había levantado gran cantidad de sedes y carecía de mecanismos que permitieran asegurar que la formación en todas ellas era equivalente. La rechazaron en 2005, 2007 y 2008. En la ola del 2010 consiguió que la acreditaran por dos años.

EL ROL CLAVE DEL CREDITO CON AVAL DEL ESTADO

No está claro qué ocurrió en la CNA en 2010 para que acreditaran a todas las entidades. Algunos responsabilizan -en parte- a que durante todo ese año el gobierno no designó al presidente de ese organismo, quien está facultado para dirimir en las situaciones en que se produce empate entre los 15 consejeros. Ese año, el cargo lo asumió interinamente Eugenio Díaz Corvalán, un abogado vinculado a la Concertación (el gobierno de Ricardo Lagos lo nombró a cargo de un fondo destinado a proyectos sindicales) y que algunos identifican como un operador político.

Según académicos que conocieron los detalles de algunas votaciones complejas de la CNA, Díaz habría usado su súper voto para dirimir en favor de algunas de las universidades que por primera vez lograron acreditarse.

-Cuando algunos nos oponíamos a una acreditación, Díaz nos acusaba de que desconfiábamos de las universidades privadas -dice una fuente que presenció las discusiones y que pide reserva.

Consultado al respecto, Díaz Corvalán señaló: “La verdad es que no me acuerdo, tendría que ver las actas”.

Lamentablemente las actas no aclaran nada pues según el reglamento interno de la CNA, “los juicios de acreditación adoptados expresarán el resultado final de la votación y no la opción individual de cada comisionado”. Es decir, no hay registro de cómo votó ni de los argumentos que dieron Eugenio Díaz y Adolfo Arata (designados por las universidades privadas); Rodrigo Alarcón (por los Centros de Formación Técnica); Roberto Careaga (por los Institutos Profesionales); Mario Letelier, María Elena González y Enrique Montenegro (designados por el Consejo de Rectores); Sergio Martinic y Luis Horacio Rojas (designados por Conicyt); Pedro Corona Bozzo (por los miembros de la Comisión como figura destacada) y Juan José Ugarte (jefe de la División Educación Superior del Mineduc).

Más allá del rol que haya jugado Díaz, y para entender el cuadro completo, hay que reparar en un punto clave: para la UPV era capital conseguir el aval de la CNA, no por prestigio académico, sino por dinero. Con el sello de “universidad acreditada” los alumnos de la UPV pueden hoy solicitar el Crédito con Aval del Estado, el famoso y cuestionado CAE: un préstamo bancario con un 6 % de interés, que cuenta con garantía estatal, de modo que si los alumnos tropiezan con las cuotas el Estado se hace cargo. Y los bancos no pierden dinero.

El CAE transforma a los alumnos de estratos medio bajos -como los que estudian en la UPV- en jóvenes solventes. Sin el CAE, sus clientes vuelven a ser pobres, un grave contratiempo para esta universidad que, según la CNA, busca hacer solvente su proyecto aumentando la matrícula. De ahí la premura de la UPV por lograr su acreditación los últimos días de diciembre de 2010. Los alumnos que postularon a esa universidad en marzo de 2011 y los que ya estudiaban ahí, pudieron endeudarse para pagarle a sus dueños.

Para las universidades grandes, en tanto, el CAE pude representar la mitad de sus ingresos. Un ejemplo es la Universidad de Las Américas, que tiene más de 25 mil alumnos. De acuerdo con los documentos contables a los que accedió CIPER, en 2010 Las Américas recibió $ 48 mil millones por concepto de mensualidad de sus alumnos, de los cuales $19 mil millones estaban vinculados al CAE. (Ver reportaje: Como lucran las universidades que no pueden lucrar). En los hechos, “acreditación” y “CAE” están tan ligados que forman parte de un mismo engranaje.

-Digamos las cosas por su nombre: la Concertación tuvo que dar el CAE para conseguir que las universidades participaran en la acreditación -afirma Carlos Lorca Auger, ex secretario ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas -CRUCH- y actual director de la agencia privada de acreditación, Akredita QA.

Para María José Lemaitre, ex secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación, la masiva acreditación de la CNA es el resultado de la presión que realizan las universidades. La vinculación entre dinero y acreditación, sostiene Lemaitre, “ha provocado algo perverso pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE. Entonces, la acreditan por un año, que es lo mismo que no acreditar. Creo que la única que no ha sido acreditada por la CNA es la UTEM (que finalmente fue acreditada por un año). Salvo eso, todo está acreditado, incluso algunas cosas siniestras. Porque la presión sobre la CNA es muy fuerte. Imagínate, llega el rector a decir “si usted no me acredita, no voy a tener alumnos, no van a tener acceso al crédito, ¡qué va a pasar! Un drama, lloran y los acreditan por un año”.

Varios ex miembros de la CNA corroboran a CIPER las presiones de los rectores en ese y otros planos. Pero reparan en que estas presiones muchas veces no son necesarias ya que, por la forma de elección de sus miembros, la CNA es en parte un organismo gremial. De sus 15 miembros, 7 son elegidos por las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Es decir, la mitad de la CNA proviene de las instituciones a las que la CNA debe fiscalizar.

Desde esa perspectiva, más que una entidad fiscalizadora, la CNA resultó un organismo que independizó el mercado de las universidades. Esta situación indigna a muchos especialistas, entre ellos a Mario Waissbtluth (Educación 2020): “No tengo nada en contra de la iniciativa privada, pero no conozco otra industria en el mundo con tan poca regulación. El mercado lleva 20 años sin arreglarla. Hoy tenemos una industria de venta de cartones espurios. Enarbolar la libertad de mercado para mantener la atrocidad actual me parece grotesco”.

Sobre este cuestionado ente regulador, hay otros interesantes datos. Aunque está compuesto por 16 integrantes -de los cuales 15 votan-, rara vez las acreditaciones se aprueban con más de 8 consejeros presentes. En la acreditación de Las Américas, por ejemplo, había 8 miembros presentes, pero dos de ellos se inhabilitaron: Eugenio Díaz Corvalán y Luis Horacio Rojas, que trabajaban en la Universidad Andrés Bello, la que al igual que Las Américas pertenece al grupo internacional Laureate. Las Américas recibió tres años de acreditación gracias al voto unánime de 6 consejeros (VER NOTA SOBRE PROCESO DE ACREDITACION DE LAS AMERICAS en Anexo 1). Similar situación ocurrió al votarse la acreditación del instituto AIEP (que también pertenece a Laureate), con el voto de 7 consejeros presentes, de los cuales dos se inhabilitaron. La acreditación se otorgó con 5 votos.

En la acreditación de la Universidad Del Mar y de la UTEM, votaron 9; mientras que en la sesión que se aprobó la UCINF, había 8 consejeros. Esta marcada tendencia a la inasistencia fue un problema destacado por la Contraloría (VER INFORME) en la fiscalización que hizo a la CNA en 2009. Allí se objeta que los consejeros con reiteradas inasistencias igual recibían el tope máximo de la dieta fijada por ley: 25 UTM ($921.000 a la fecha) ( VER ANEXO 2)

LLUVIA DE PROFESORES

El sistema que vela por la calidad de la educación superior en Chile tiene otros problemas casi tan graves como los descritos. Estos involucran a la misma CNA pero ahora en su rol de fiscalizadora de una serie de agencias privadas, cuyo negocio es acreditar carreras universitarias.

Ocurre que junto a la acreditación de las universidades que realiza la CNA, existe otro proceso a través del cual se acreditan las carreras. Esta acreditación es voluntaria salvo en dos disciplinas en función de su relevancia social: médico cirujano y profesor (básica, media, educación diferencial y educadora de párvulos). La ley señala que si estas dos carreras no están acreditadas, los alumnos que postulen a ellas “no podrán acceder a ningún tipo de recursos otorgados directamente por el Estado o que cuenten con su garantía, para el financiamiento de los estudios de sus nuevos alumnos.” Es decir, la acreditación es obligatoria para las universidades que quieren que sus alumnos accedan al CAE.

Dada la importancia del CAE para cada universidad, la presión para acreditar las Pedagogías es muy fuerte. Quienes administran esta presión son agencias privadas, formadas por todo tipo de inversionistas, pues igual como ocurre con los colegios, para tener una agencia acreditadora la ley no exige nada. Por la acreditación de cada carrera suelen cobrar $ 8 millones. Y son muchas carreras.

Para hacerse una idea, hay que considerar que en la actualidad hay más de 60 universidades e institutos que cuentan con plena libertad para formar profesores. Entre ellas lanzan anualmente 10 mil nuevos docentes al mercado. Debido a eso entre 1996 y 2008 la matrícula de estudiantes de Pedagogía se triplicó: pasó de 26.000 a 92.000 en 12 años. Especialistas como Cristián Cox, director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica (CEPPE), han alertado sobre este fenómeno:

-Es una locura, estamos comprometiendo la educación de Chile por los próximos 30 años. Lo que aquí tenemos es cero regulación sobre un recurso humano estratégico para el país. Nadie en el mundo hace eso.

La situación se ve más grave cuando se considera que en la Prueba INICIA 2010, que rinden voluntariamente los egresados de Pedagogía, solo el 1% de los egresados responde bien más del 75% de la prueba “conocimientos pedagógicos”.

Pero lo que puede parecer un grave problema para los especialistas, para las agencias es una oportunidad de trabajo. Si todos los miles de estudiantes quieren acceder al CAE, deben ir a una universidad acreditada. Y para eso están ellos.

Según información de la CNA, la agencia AcreditAcción, la más grande de ellas, ha aprobado 181 carreras y rechazado ocho desde que empezó a operar en junio de 2008. Del total de los procesos llevados adelante con universidades, 156 han sido carreras del área de la Educación: el 82%. Según reconocen sus socios, durante estos cuatro años han tenido ingresos por $1.800 millones.

Similar situación ocurre con otra de las agencias grandes: Akredita QA. De acuerdo a los datos de la CNA, ha acreditado 178 carreras. El 67% de los programas procesados por esta agencia son del área de Educación, 11% corresponden al área de Salud. Al 51% de las carreras las ha acreditado por tres años o menos. Y sólo han rechazado dos.

Toda esta maquinaria de acreditación exhibe un problema grave: no logra entregar indicadores reales de calidad de cada una de las universidades a los postulantes. Así lo detectó recientemente una investigación realizada por los investigadores del citado CEPPE, Martín Bascopé, Macarena Domínguez y Lorena Meckes. Ella deja en evidencia que cuando un alumno cree que una Pedagogía acreditada por cinco años es mejor que una no acreditada, puede estar equivocado.

El CEPPE llegó a esta paradoja al cruzar los años de acreditación que daban estas agencias con los resultados obtenidos en la citada prueba: simplemente no había ninguna correlación. Universidades con cinco años de acreditación (que remarcaban ese hecho en su publicidad), tenían en promedio alumnos de más bajo desempeño en INICIA que aquellas que no habían logrado acreditarse.

Las agencias explican que ellas miden un proceso, una coherencia entre lo que la carrera quiere ser y los medios con que cuenta para realizarla. No miden calidad. Y nadie lo hace. A pesar de que, como lo explican los investigadores del CEPPE, hoy la calidad es cada vez más relevante frente a las carencias que han quedado en evidencia en la discusión pública. De hecho, el Estado está haciendo esfuerzos importantes para que alumnos de mejores puntajes de la PSU se sientan atraídos por estudiar Pedagogía. Para ello, se instauró la beca “Vocación de profesor”, que financia los estudios de alumnos con alto puntaje en la PSU. ¿En base a qué criterio deben elegir estos estudiantes para no frustrar su vocación y no desaprovechar los recursos fiscales?: la respuesta es que al menos el sistema de acreditación no ofrece ese criterio.

LA MUERTE DEL FISCALIZADOR

Pero las agencias tienen otro gran defecto: sus dueños y funcionarios pasan con demasiada frecuencia del rol de fiscalizador al de fiscalizado.

Durante 2010, por ejemplo, la agencia AcreditAcción, de propiedad de Moisés Silva y José Miguel Rodríguez, entre otros socios, acreditó cuatro carreras de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB): Educación Musical, Educación Física y un programa especial en Enseñanza Media para Licenciados. La última carrera acreditada fue la de Contador Auditor, el 18 de noviembre de ese año. Tres meses y medio después, en marzo de 2011, tanto Silva como Rodríguez fueron contratados por la UNAB: el primero es el actual vicerrector de Aseguramiento de la Calidad en la UNAB y José Miguel Rodríguez su segundo. Ambos siguen siendo socios de AcreditAcción, empresa líder en el negocio de la acreditación de carreras tanto de universidades como de institutos de educación superior.

Eugenio Díaz Corvalán provee un ejemplo más delicado con la misma UNAB. Durante todo 2010 fue asesor de esa universidad en el área de aseguramiento de la calidad y a la vez, presidente interino de la Comisión Nacional de Acreditación, el ente público encargado de velar por la calidad de las universidades. Ninguna ley le prohibió cumplir ese doble rol a pesar de que Díaz Corvalán asesoró a la UNAB en el mismo período en que ésta acreditó cuatro carreras a través de la agencia AcreditAcción. Y como presidente de la CNA, Díaz Corvalán debía supervigilar precisamente el trabajo de esa agencia.

No es la única vez que Díaz Corvalán ha estado en ese doble rol. Díaz era presidente de la CNA cuando se acreditó a la Universidad del Mar por un año. Nueve meses después, a comienzos de septiembre de este año, Díaz dictó un taller a los directivos de esa universidad titulado el “Proceso de Reacreditación Institucional”, donde se analizó el Acuerdo 120 que le otorgó la acreditación institucional. En 2012, será él, esta vez como consejero de la CNA, uno de los votos que podrá, como decía el seminario, “reacreditar institucionalmente” a la universidad.

Las manifiestas irregularidades de la CNA fueron detectadas por la Contraloría, entidad que puso el acento también en el doble rol de otro funcionario de esa repartición: Carlos Lorca Auger, secretario ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que pasó a ser miembro del directorio de la agencia Akredita QA. (Ver El duro informe de la Contraloría sobre la CNA). La Contraloría objetó las posibles influencias que podría ejercer Lorca en ambos puestos ya que el CRUCH designa a tres integrantes de la CNA y ésta debe fiscalizar a Akredita QA, donde Lorca también trabaja.

En su dictamen final del 19 de noviembre de 2010, la Contraloría señaló: “Si bien el vínculo no es directo, puede afectar su independencia en los procesos donde se deban adoptar decisiones derivadas de la supervisión y seguimiento que le corresponde efectuar a la Comisión y que involucren a la referida Agencia”.

Esta situación, agregó: “Evidencia las debilidades que presenta el actual sistema de supervisión y seguimiento, a fin de garantizar por parte de la CNA el adecuado funcionamiento de las 7 instituciones de acreditación existentes”.

Uno de los dueños de la agencia Akredita QA es el economista, ex candidato presidencial y ex rector de la Universidad Austral, Manfred Max Neef. En agosto de 2009, siendo director del Instituto de Economía de esa universidad, su agencia certificó la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Austral por cuatro años.

Akredita QA es conocida como “la agencia de los rectores”, pues además de Max Neef, son socios Luis Riveros (ex rector de la Chile), Jaime Pozo (de La Serena) y Ubaldo Zúñiga (de la Usach). Este último estuvo formalizado por fraude al fisco en 2009 por las irregularidades en la licitación de la plataforma informática del Registro Civil.

También forman parte de la propiedad de Akredita el ex diputado de Renovación Nacional, Maximiano Errázuriz, quien fue formalizado por fraude al fisco en el uso de las asignaciones parlamentarias, por lo que su partido le quitó su cupo; e Iván Navarro, fundador de la Universidad Blas Cañas (actualmente, Universidad Católica Silva Henríquez). Navarro, a través de la sociedad Lago Vichuquén SpA, es socio de Inversiones Norte Sur, sociedad anónima que maneja nueve colegios y un Centro de Formación Técnica, y que recientemente estuvo a punto de tomar el control de la Universidad Central, con la oposición mayoritaria de alumnos y profesores.

Luis Riveros explica que no hay incompatibilidades en los casos descritos. Y prefiere poner el acento en los temas de fondo: “Hemos fallado en crear una cultura de calidad, de modo que ésta sea algo inherente a la educación. Sólo hemos logrado establecer un sistema de acreditación que le da formalidad al sistema”.

Para Moisés Silva, socio de AcreditAcción, tampoco hay nada de irregular ni de extraño en que él y su socio hayan saltado de la agencia acreditadora a la universidad acreditada en pocos meses: “No veo cual es el conflicto”, dice. Y argumenta: “Los que evaluamos a las instituciones somos gente integrada y activa en la academia. No se aceptaría si no fuese así. Obviamente la gente de la academia se mueve dentro de la academia. Y eso es legítimo porque está buscando mejores opciones laborales. Eso es parte del juego”.

LOS “MERCENARIOS”

Tal vez lo más paradójico de esta historia es que el sistema actual de acreditación es el resultado de un intento por resolver algo peor, que empezó a ocurrir en la enseñanza superior en la década de los ‘90. La frase, “es peor el remedio que la enfermedad” parece haber sido creada para describir procesos como éste.

Según los datos recopilados por CIPER, la primera gran crisis de calidad del sistema educativo ocurrió a comienzos de esa década, cuando un grupo de universidades logró ser declarada “Autónoma”.

La autonomía la otorgaba el Consejo Superior de Educación (CSE) después de un período de observación y análisis. La universidad postulante tenía que mostrar sus balances, explicar sus métodos, develar en detalle cómo funcionaba, tener una buena planta de profesores contratados, bibliotecas de calidad, etc. El CSE tenía que convencerse de que la institución podía autorregularse y dotar de calidad a su proyecto educativo.

Una vez que se conseguía la autonomía, la universidad era libre. Nadie podía decirle qué hacer. Un ex directivo del Mineduc asegura que eso provocó un desbande:

-Cuando consiguieron la autonomía, muchas universidades pudieron abrir todas las carreras y todas las sedes que quisieron sin consultarle ni al Ministerio ni a nadie. Como la oportunidad de negocio era enorme, la universidad que había sido de buena calidad los primeros años, tenía el incentivo para transformarse en mercenaria. Si era autónoma, ahora podía abrir la carrera de Medicina; si impartía Periodismo en Santiago, ahora podía abrir la carrera en Arica. Además, podía despedir a los profesores contratados y reemplazarlos por “profesores taxis” que hacen clases por hora.

La autonomía aumentó exponencialmente las sedes y carreras. Uno de los primeros en acusar el golpe fue la Asociación Chilena de Facultades de Medicina (Asofamech), cuyos directivos llegaron al CSE exigiendo un mecanismo que velara por la calidad de la oferta de las carreras del área de Salud. Pero aumentar las sedes no era el único problema.

Así lo recuerda Gonzalo Zapata, sociólogo de la Facultad de Educación de la Universidad Católica: “En los ‘90 la explosión de carreras fue extraordinaria: se pasó de tres mil a siete mil en todo el sistema de educación superior. Recuerdo casos de instituciones que al día siguiente de obtener su autonomía reducían su planta de docentes. El Ministerio de Educación hizo una consulta nacional en las universidades manifestándoles que venía un problema muy complejo en el que se entregarían autonomías sin regulación. Los privados respondieron que no querían regulación”.

Como algo había que hacer, el Ejecutivo empezó a diseñar un sistema de acreditación que, sin tocar la autonomía de las universidades, pudiera controlar lo que estaba ocurriendo. Se creó así, en 1997, el Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), una institución extremadamente cuidadosa. Sólo podían hacer pública la información sobre aquellas universidades que obtenían la acreditación: es decir, no podía alejar a los alumnos de las universidades malas. Bajo estos parámetros, la CNAP acreditó alrededor de 500 carreras y 60 instituciones, la mayoría estatales.

Como el problema continuaba, en 2003 el gobierno de Ricardo Lagos decidió discutir en el Congreso un sistema de acreditación. En el mundo hay diversos modelos y amplios debates sobre cuál es el que mejor garantiza la calidad de la educación; pero lo que es claro es que el proyecto del Ejecutivo y la posterior discusión en el Parlamento no recogieron lo mejor de la experiencia internacional.

La propuesta del gobierno mantuvo la total autonomía de las universidades y propuso un proceso de acreditación voluntario. Diversas fuentes concuerdan con Carlos Lorca, director de Akredita QA, respecto de que la Concertación terminó diseñando el Crédito con Aval del Estado (CAE) para conseguir que las universidades participaran. Es decir, se les ofreció dinero. ¿De quién? El dinero de los estudiantes. Y si ellos no pagan, el dinero del Estado.

Tal vez la parte más estricta del proyecto era la composición de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación. Se proponía una designación presidencial casi completa. La derecha se opuso tajantemente. Uno de los más enconados opositores de ese acápite fue el diputado (UDI) José Antonio Kast junto a (RN) Germán Becker y (RN) Rosauro Martínez.

-No creemos que por el hecho de que el Estado diga que es garante las cosas van a andar mucho mejor. Es cosa de ver qué pasó en todos los países de la órbita socialista. Todos han fracasado. Sé que no es comparable el tema de los vehículos con el de la educación universitaria, pero si uno hiciera una comparación tan sencilla y preguntara a un ciudadano cualquiera qué auto le gustaría que le regalaran: ¿un Lada, chequeado, supervigilado y revisado quince veces por los fiscalizadores en su época; o un Mercedes Benz?, les aseguro que preferirían el Mercedes Benz -argumentó Kast en uno de los debates en sala. (Ver historial de la ley, página 240)

Las observaciones de los diputados fueron acogidas por el gobierno que modificó el proyecto. Hoy el único miembro designado por el Presidente es quien preside la CNA. El resto, en su mayoría responde a los intereses de las de universidades, CFT e IP.

No fue el único cambio. El proyecto recibió casi 800 indicaciones, lo que es inusual. Todas apuntaron a favorecer la autonomía de las universidades. Se estableció, por ejemplo, que éstas en conjunto con la CNA podían escoger a los evaluadores de su funcionamiento. Y si una universidad no estaba conforme con los profesionales que le habían tocado, podía impugnarlos hasta tres veces. Si el fallo sobre la acreditación institucional resultaba desfavorable, una casa de estudios podía apelar ante la misma CNA y luego, si volvía a perder, podía recurrir al Consejo Superior de Educación. Respecto a la acreditación de carreras, la universidad escoge con qué agencia quiere acreditarse y paga alrededor de $8 millones por el proceso, estableciendo una relación de cliente – empresa, en vez de regulador – regulado.

-Ellos son los clientes, ponen las condiciones y también pueden rechazar a un evaluador -dice Carlos Lorca.

Para terminar, se estableció un confuso sistema de evaluación, con ocho opciones (del 0 al 7), de difícil comprensión incluso para los mismos evaluadores. ¿Qué diferencia real hay entre una universidad acreditada por tres años y otra por cuatro años? Lo que sí es indudable es que el sistema ayuda a que prácticamente todas las instituciones se acrediten, bajo la idea de que ninguna puede ser tan mala como para sacarse un 1.

Y hay nuevos elementos que convierten a la CNA en una mera oficina de partes: la universidad que no logra superar las pruebas, no recibe ninguna sanción y puede seguir funcionando y publicitándose con la frase “en proceso de acreditación” y formando a los jóvenes que paguen su arancel.

Tras las sucesivas enmiendas la ley quedó como es ahora. Para muchos especialistas la parte más compleja es la composición del CNA, que de ser un organismo independiente de las universidades, se transformó en una mesa donde los intereses de los evaluados están representados. Con ese cambio el sistema de educación superior se quedó sin un ente fiscalizador. Peor aún, la confusión de roles de la CNA empezó a derramar hacia las agencias, transformándose en una práctica común.

Lo más grave es que el aparato público hoy es incapaz de decirle a un estudiante si la institución en la que decide estudiar, haciendo un gran esfuerzo financiero, es de calidad. El diputado (PS) Carlos Montes, que votó a favor de la ley, dice: “Yo insistí en que esto fuera con una lógica pública, pero el criterio de autorregulación primó. Ahora cada cual se evalúa a sí mismo sin importar el efecto que tenga ante la sociedad”.

Montes acusa que fue el entonces ministro de Educación Sergio Bitar quien “concedió estas cosas y después nos trataba de convencer de que, por cuestiones constitucionales y de votos en el Senado, no quedaba más que replegarse”.

El aludido se defiende con pragmatismo: “Siempre uno enfrenta el dilema de no tener nada, a tener un avance. Y con la postura cerrada de la derecha era imposible hacer la acreditación obligatoria”.

Cuando estos argumentos fueron enarbolados durante la discusión en la Cámara, el diputado Kast enrostró a la Concertación que si su problema era contar con herramientas para cerrar universidades malas, ya las tenía. Y aclaró que lo que le faltaba a la Concertación no eran leyes, sino valor:

-En la actualidad el Ministerio tiene la facultad para cerrar universidades. ¿Por qué no la ejerce? Aquí se dice que las universidades de Playa Ancha, Arturo Prat, de Los Lagos y Arcis -lo han dicho otros colegas- lo hacen mal. ¡Ciérrenlas! ¡Tienen la facultad para ello! No se atreven, porque no están dispuestos a pagar el costo político de cerrar una universidad. Prefieren, en cambio, poder cerrar primero una carrera, luego una sede, y así ir eliminando a los que piensan distinto lentamente. Con eso se acaba la libertad de enseñanza. Por eso es tan grave cerrar sedes y carreras, y no la universidad, para lo cual hay que tener fundamentos claros y concretos y pagar un costo político que no están dispuestos a asumir –afirmó Kast.

Es probable que la experiencia vivida en acreditación se tenga en cuenta en estos momentos en que se legisla sobre sociedades espejo, lucro, calidad y otros temas que hoy son de exclusiva decisión de cada universidad en virtud de su autonomía.

ANEXO 1: LAS AMÉRICAS

Si bien la acreditación nunca ha gozado de buena salud, su caída ha tenido hitos notorios. Tal vez el primero y más grave ocurrió en 2008 con la acreditación de la Universidad de Las Américas. Entonces era Emilio Rodríguez -actual rector de la Universidad de Tarapacá- el presidente de la CNA y Eugenio Díaz su vicepresidente. La Comisión le rechazó la acreditación institucional como consta en el Acuerdo Nº6, donde se mencionan la alta tasa de deserción de alumnos, la inexistencia de un plan de crecimiento cuantificable y evaluable; la falta de profesores de jornada completa y con formación de postgrado, la insuficiencia en materia bibliográfica, la inexistencia de criterios de selección en el proceso de admisión, la ausencia de políticas claras en la apertura de sedes y carreras y la inexistencia de investigación docente. “En resumen, tanto en materia de gestión institucional como docencia conducente a título, existen falencias muy significativas que no permiten la acreditación de la institución en el presente período”, fue la conclusión.

El 23 de enero de 2008 la Universidad de Las Américas quiso revocar la decisión de la CNA mediante un recurso de reposición que no fue acogido. La universidad rebatió varios de los puntos, entre ellos, el de la deserción, diciendo que aquél problema “constituye un fenómeno complejo, que va mucho más allá de lo que corresponde en forma estricta a la actividad académica y en el que inciden distintas variables”. Y argumentó que el tipo de proyecto educativo que desarrolla “se orienta a incorporar a la educación superior a estudiantes que han obtenido bajos puntajes en la prueba de selección universitaria o que no la han rendido previamente y que, en una gran proporción, son adultos que, por motivos laborales, muchas veces se ven obligados a abandonar la institución”.

Sobre la inexistencia de un plan de crecimiento cuantificable y evaluable, la Universidad de Las Américas respondió que aquél existía y era periódicamente revisado por Sylvan International. “No obstante, hace presente que éste tiene un carácter confidencial, al incluir información reservada acerca de cómo la institución se plantea en el sistema de educación superior. Por ello, habría que optar por mantener en reserva algunos aspectos específicos de carácter financiero y contable”.

La CNA rechazó el recurso de apelación y Las Américas elevó la apelación a la última instancia, el Consejo Superior de Educación (CSE). En sesión ordinaria del 3 de abril, el CSE revisó todos los antecedentes relativos a la apelación, escuchó al presidente y secretario ejecutivo de la CNA, así como también al presidente de la junta directiva de la UDLA, Herman Chadwick y al entonces rector Jorge Yutronic Fernández. Por unanimidad el CSE discrepó de la CNA y consideró “que la institución ha logrado avances en varios ámbitos observados”, como en el aumento de la planta académica y crecimiento de los volúmenes de biblioteca. También discrepó respecto de las tasas de deserción que la CNA puso en relieve: “Se trata de un fenómeno multicasual y, por tanto, refleja sólo en parte la existencia y eficacia de los mecanismos para enfrentarla”. (IR A DOCUMENTO)

Fue esa la primera vez que el CSE acogió la apelación de una universidad otorgándole la acreditación institucional. El preciado aval fue firmado por Paulina Dittborn, vicepresidenta del CSE, quien inmediatamente después de la acreditación asumió como pro-rectora de Las Américas. En el voto que concedió la acreditación participó también Julio Castro, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc y miembro de la CNA. Después, Castro fue nombrado rector de la Universidad de Viña del Mar, otra de las instituciones de Laureate International Universities, la empresa norteamericana que es dueña de Las Américas.

ANEXO 2: CNA: EL DURO INFORME DE LA CONTRALORIA

El 19 de noviembre del 2010 la Contraloría dio a conocer la primera auditoría realizada a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). El Informe N° 35 incluyó los gastos auditados de 2009, en los cuales detectó una serie de irregularidades: pagos de dietas a los integrantes de la CNA sin completar asistencia del 100%, gastos en catering (comida) no contemplados además de $45 millones sin depositar que fueron mantenidos por la CNA en caja fuerte sin justificación, entre otros.

Uno de los cuestionamientos más graves son los $120.540.276 que la CNA pagó en dietas a los comisionados durante 2009. En el artículo 7 de la Ley 20.129 se especifica que la dieta percibida por los miembros de la CNA debe fluctuar al mes entre 4 UTM ($147 mil) y 25 UTM ($921 mil) mensuales por sesión asistida. La CNA pagó el monto máximo de 25 UTM a todos sus comisionados a pesar de que -como especifica la Controlaría en el Informe- en el mes de diciembre sólo dos de ellos asistieron al total de las 17 sesiones.

Dice el Informe: “Conforme a lo señalado en el propio reglamento, los comisionados deben sesionar el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes, vale decir, 3 veces, sin embargo, y dado que fraccionan las sesiones, han llegado a realizar y contabilizar dentro de un mismo día hasta 5 sesiones, modalidad que no se encuentra contemplada en el reglamento interno ni en la ley que creó la Comisión”.

Además, Contraloría determinó que se pagaron $17 millones por servicio de catering a la Comisión, gasto que no se encuentra contemplado en la ley. Durante 2009 la CNA suscribió contratos mediante licitación por prestaciones gastronómicas con Hotelera San Francisco S.A. y Sociedad Hotelera e Inmobiliaria Pacífico Austral Limitada.

Otro de los aspectos importantes es la incongruencia entre el leve aumento en los ingresos de la CNA en 2009, que fue del 27% en relación a 2008, en comparación con el aumento de los gastos que en el mismo período alcanzó al 56%. El análisis de las cuentas que hizo la Contraloría determinó un aumento de 3.521% en el ítem “Arriendo de salones”, 1.830% en “Estudios e Investigación” y 109% en “Alimentos y Bebidas”, “desembolsos que no se condicen con el fin último de la Comisión”, señala el informe. La CNA replicó que hubo una normal utilización de recursos y que el gasto en cado uno de estos conceptos fue destinado a las actividades de los procesos de acreditación como la ley encomienda. (Ir a Informe Completo)

En las próximas semanas, según confirmó la Contraloría a CIPER, se dará a conocer un Informe de Seguimiento de las observaciones del 19 de noviembre pasado, lo cual podría conducir a sumarios administrativos y nuevas investigaciones en los casos que corresponda.

Extraido de CIPER Chile

Gabriel Salazar: “Si la crisis se resuelve con una negociación entre Piñera y el movimiento, el modelo neoliberal seguirá intacto”

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Wed, 28 Sep 2011 23:33:00 -0300

Por Romina Reyes (Revista Bello Público)

La secretaria advierte que el profesor se demora. Día a día son varios los estudiantes que se sientan a esperarlo afuera de la pequeña oficina que tiene en el departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, pero esta vez fue la excepción. Gabriel Salazar entra raudo por la puerta cargando un maletín. Se dirige a su oficina donde su vecino de escritorio, el profesor Pablo Artaza le anuncia que alguien lo espera.

“Ah, usted fue la que me escribió”, dice. Le confirmo mi identidad y sin más vuelve donde su secretaría a pedirle las llaves de una sala donde podremos conversar tranquilos. El llavero tiene una decena de llaves, por lo que hace falta probarlas todas antes de entrar a las oficinas que en otros días, se encuentran más pobladas. No podemos olvidar que la Facultad de Filosofía se encuentra en paro hace más de 3 meses. Y eso, de alguna manera, se hace sentir.

Una vez adentro, la secretaría aparece pidiéndole las llaves. Gabriel le pide que se las deje, que luego tendrá una reunión con unos alumnos. Al poco rato, ellos se asoman y se sientan afuera a esperar al profesor. El tiempo que Gabriel Salazar dispone es poco, por eso entramos de lleno a la conversación.

Actualmente, el conflicto estudiantil se ha dado en un contexto donde la clase política ha sido fuertemente cuestionada. ¿Es correcto hablar de una crisis representatividad política?

Estamos viviendo una profunda crisis de representación política, proceso que se viene dando de forma creciente yo diría desde mas o menos los finales del gobierno de Eduardo Frei Ruíz-Tagle, y ha venido acrecentándose, porque en términos puramente estadísticos la confiabilidad y credibilidad que tiene la ciudadanía en las instituciones políticas y en los políticos ha venido cayendo en picada con mucha fuerza ya a partir del 2005, con el término del gobierno de Ricardo Lagos y el inicio del gobierno de Bachelet.

Pero esto va más allá de la aprobación a un presidente…

El Congreso Nacional, por ejemplo, en todas las encuestas que se han hecho a partir del 2005 apenas tiene un 15, 16% de confiabilidad y credibilidad ante a la ciudadanía. Entonces el Congreso tienen una representatividad promedio del 17%, que es un porcentaje muy bajo. El poder judicial tiene menos, 11 ó 12 %; los partidos políticos 8 ó 9% y los políticos 4 ó 5%. Estamos hablando de que no sólo los políticos, sino las instituciones del Estado y el Estado mismo están pasando por una crisis de pérdida de confiabilidad y credibilidad por parte de la ciudadanía. Entonces es una crisis de representación, pero suficientemente profunda para pensar al mismo tiempo que hay otras crisis también dentro del sistema que son tal vez más profundas aún, porque si uno deja de creer en algo no es sólo por un aspecto externo, sino por cuestiones más de fondo.

Sin embargo, aún cuando diagnosticamos una crisis, no hay inestabilidad democrática.

Es que hay que ser muy fino en el análisis, porque las crisis de los partidos políticos, incluso las crisis terminales nunca aparecen con el autoderrumbe del sistema. El sistema se defiende, y los que son beneficiados por el sistema -en este caso la clase política civil y la clase política militar- de una u otra manera nunca van a reconocer que hay crisis. Para defenderse de la crítica y de la acción corrosiva que les lanza encima la sociedad civil, ellos tiene aparatos de defensa que son las leyes que defienden la estabilidad, y defienden de los eventuales cambios que le introduzcan al sistema. Son las leyes de defensa permanente de la democracia: la Ley de Seguridad del Estado o la Ley Antiterrorista, que son todas leyes que procuran impedir que la crisis produzca el colapso. Por eso las crisis de los sistemas se pueden alargar al infinito, de ahí que el tema de la crisis en ultima instancia hay que referirlo al otro actor de la crisis. En la crisis hay dos actores: un sistema que se corroe, se corrompe y entra en crisis objetiva y por otro lado, el único poder capaz de darle fin a ese Estado que esta en crisis. Y ese poder es la ciudadanía.

MOVIMIENTO CIUDADANO

Hoy estamos viviendo un movimiento social muy fuerte, pero se considera que aún el movimiento no penetra por completo a la sociedad, ya que es una lucha de la clase media. ¿Cómo ve eso?

Hay varios problemas que se cruzan. Hay que tomar en cuenta que cuando surgen movimientos sociales frente a una crisis y estos movimientos se plantean cambiar el sistema en su totalidad, normalmente lo que ha ocurrido es que el sistema reacciona, reprime el movimiento y lo aplasta. Más encima construye un discurso post-mortem, donde los vencedores explican el por qué de su triunfo y lo establece como verdad oficial, historia oficial y queda en los textos escolares. Entonces fueron los subversivos, fueron los anarquistas, fueron los antisociales, los desquisiadores del sistema. Eso ha ocurrido siempre. Cada vez que la ciudadanía ha intentado cambiar un sistema porque le parece que está agotado ha sido reprimida. No tenemos memoria ni experiencia ni sabiduría para cambiar un sistema enfermo. Por eso no sabemos exactamente qué hacer; y cuando esto está ocurriendo, por un lado pasa un largo periodo en que estás descontento con el sistema, y lo criticas, pero no haces nada. Y cuando llevamos 40 años ya con esto, te comienzas a organizar, pero lo normal es que la ciudadanía, como no tiene experiencia en cambiar al Estado, reacciona sólo como un movimiento de masa. Desfila por las calles, protesta, levanta el puño, saca carteles grita, cacerolea. Pero eso es movimiento de masa y la masa siempre sale a protestar, a pedir, a exigir. Y en el mejor de los casos para forzar al gobierno o negociar con ellos. Pero un movimiento de masa no es lo mismo que un movimiento ciudadano.

¿Cuál es la diferencia?

Un movimiento ciudadano ejerce soberanía, porque ahí está la soberanía. La soberanía no radica en el Estado, no radica en la ley, no en la justicia, menos en los partidos políticos. Radica en la ciudadanía, pero lo que pasa es que en Chile la ciudadanía no ha aprendido a ser soberana. Le enseñaron a ser solo masa que pide y patalea en las calles y protesta y rompe cosas. Por eso que este movimiento actual se caracteriza porque tiene aún restos de movimiento de masa: marchas, concentraciones que han sido bastante importantes, etc. Lo diferente está que en las masas por ejemplo que nos movilizamos en los ’50, ’60 y ‘70 se movieron porque fueron dirigidas, vanguardizadas por caudillos, por partidos políticos, por presidentes o por el Estado. Pero hoy no. Este no es solo movimiento de masa, porque no está siguiendo a una vanguardia de partidos políticos ni nada. Se automueve sola y esta pidiendo cosas, proponiendo cambios importantes en el sistema pero a la vez hay un proceso que es muy importante, un proceso de deliberación. La masa no delibera. La masa social está en la calle, saltando, brincando. Le tiran discursos encima, le dan instrucciones, pero no delibera. En cambio, estos movimientos sí. Sobre todo los estudiantes que tienen sus asambleas de base y ahí deliberan. Y tienen sólo voceros, sobre todo los estudiantes.

¿Entonces es como una mezcla de movimiento ciudadano y movimiento de masa?

Este movimiento tiene de ciudadano el hecho de que delibere, de que no tenga conducción político-partidista y que esté pidiendo cosas pero a la vez deliberando y proponiendo. La ciudadanía propone e impone, porque es soberana, por eso este movimiento ciudadano tiene dos caras: la vieja cara de las masas que peticionan, dialogan y negocian; y el de la masa que sólo reclama. El movimiento estudiantil, junto al movimiento de pobladores, está deliberando y esta proponiendo cambios profundos. Pero no sólo en educación, también con otros problemas. Entonces en ese sentido hay un movimiento ciudadano que está apuntando más lejos. Estamos dentro de un movimiento mixto, medio híbrido.

Hace algún tiempo, el analista político Patricio Navia opinó que el movimiento social actual no pedía cambios profundos en el sistema, sino que sólo mayor participación. ¿Qué opina usted?

Esto tiene que ver con qué tipo de cultura social se ha desarrollado en Chile en los últimos 40 años. La cuestión fundamental que hay aquí es que lo que hizo Pinochet fue destruir el Estado populista. Lo des-socializó, lo despopularizó y lo redujo al mínimo. Quedó convertido en un Estado estrictamente neoliberal que es un Estado prácticamente pilucho, absolutamente reducido casi sin poder real de nada que no sea el poder militar. Entonces como quien dice todo el Estado lo alejó, lo metió en la globalización y ahí lo diluyó. Y por el otro lado nos dejó solos, a la ciudadanía y a la clase popular. O sea, sin Estado, sin Estado protector, sin Estado social benefactor. Metió al medio el mercado, y ni siquiera el mercado nacional, el mercado global. Entonces la ciudadanía desde el ‘73 ha tenido que arreglárselas sola, con un Estado que no la proteje ni la ayuda y un mercado que trata de integrarla pero en las condiciones usureras que le pone el mercado. O sea, no es amigo, no tiene nada de populista.

Pero al parecer, la organización ciudadana está de regreso.

Cuando son 40 años que se va acumulando una cultura de este tipo lo que aprende la ciudadanía -sobre todo las mujeres de población y los jóvenes de ahora- es a participar activamente en resolver los problemas localmente. Por eso que se han formado estas asambleas territoriales, ha habido huelgas de ciudades enteras y de regiones enteras. Eso es es un fenómeno mundial. Qué quiero decir con eso: es cierto. La gente quiere participar, pero no es que este participando a la cola de grandes políticas nacionales. Está participando en proyectos que ella misma elabora, lo local desafiando cada vez más lo global, porque el conflicto no es de una clase social o entre una comunidad y el Estado nacional, es entre las comunidades locales versus la globalización.

¿De qué manera puede entonces la ciudadanía acceder a mayor participación?

Hay que perder de vista un poco el tema de que el Estado coincide con la acción. Ese concepto está poco a poco deteriorándose por la disolución del Estado nacional en la globalización. En casos de Estados liberales como el chileno -o bien en términos de que el Estado se entiende a sí mismo como Estado liberal- no responde a una población que se ha empoderado a un nivel en que casi no necesita del Estado. Por ejemplo, el movimiento de los Sin Tierra: ellos no necesitan el Estado. Negocian con ellos, lo chantajean y lo friccionan, porque ellos ya son autosuficientes. Por eso que teóricamente hay que ajustar un poco las ideas a esta nueva realidad y por eso los movimientos sociales caminan un poco en esa dirección y en Chile también.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

¿Cree que el actual movimiento estudiantil podría derivar en un partidos politicos o algo similar?

Los partidos políticos, cuando se habla en plural, como partidos políticos, suponemos que hay un mercado de partidos políticos que compiten entre si no y eso es propio y exclusivo del estado liberal. El Estado liberal se caracteriza porque admite corrientes de opinión y competencias dentro de sí. Para eso esta el Congreso nacional, ahí todos parlotean, cada uno pa’ su santo. Pero en las asambleas de estudiantes no tienen sentido los partidos. Están todos cara a cara discutiendo un problema, entonces ahí el consejo, la asamblea, la local, la regional y de ahí pa’ arriba, reemplaza al partido.

¿Cómo vislumbra la salida al conflicto estudiantil?

Si la crisis se resuelve -por ejemplo- con una negociación donde Piñera cede un 40%, el movimiento otro 40%, el modelo neoliberal seguirá intacto. En ese caso los partidos también y este movimiento va a tener que acomodarse entre los partidos existentes o intentar inventar algún otro al margen, como ME-O quien lo ha intentado sin éxito. Eso ha ocurrido, pero el modelo sigue igual, ganó la pelea. Yo diría que el destino del movimiento estudiantil si va a triunfar en esta crisis, su destino consiste en aliarse con otros actores sociales para en conjunto imponer una solución soberana a través de una asamblea constituyente o algo por el estilo. Y ese proyecto significa que la vigencia de los partidos se suspende por mucho tiempo, porque el acuerdo de los actores sociales entre sí, una coordinadora, una asamblea, cualquiera que sea la organización no requiere de partidos, porque cada movimiento se basa en asambleas y arriba se unen todos en otra asamblea y ahí pueden hacer muchas cosas y no requieren partido.

¿La educación podría ser, entonces, la punta de lanza de muchas otras demandas?

Yo creo que si el movimiento estudiantil -que no es sólo uno, son dos: universitarios y secundarios-, se une con los trabajadores, profesores, empleados públicos y pobladores, pueden armar un poderoso movimiento de actores sociales que nadie va a tener ánimo de pararlo, porque es la mayoría de la población.

Extraido de Revista Bello Público

¿A quien admira Labbe?

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Tue, 27 Sep 2011 12:01:00 -0300

de cuatroletras.cl

Historias no contadas del alcalde Boina Negra Labbé

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Tue, 27 Sep 2011 11:54:00 -0300

Por Pablo Villagra P. y Víctor Gómez (The Clinic)

A comienzos del 2004, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, tenía el alma en un hilo. El 22 de diciembre del 2003 debió declarar en la causa que lleva adelante el ministro Alejandro Solís y donde se investiga la muerte de 15 personas ocurrida en octubre de 1973 en Liquiñe, en las cercanías de Valdivia. Los asesinados eran simples campesinos que trabajaban en el complejo maderero Panguipulli. Sus familiares afirman que la noche del 11 de octubre de 1973 los 15 fueron fusilados y sus cuerpos, arrojados al río Toltén. En los días siguientes, lugareños vieron los restos corriente abajo. Según sus testimonios, los cadáveres estaban amarrados de pies y manos. Algunos iban al interior de sacos. Otros, incluso, presentaban la amputación de sus cabezas.

El alcalde de Providencia Labbé figura en este siniestro expediente por un motivo: fue nombrado por el teniente coronel (r) Arturo Antonio Bosch González como parte de la comitiva militar que operó en la zona cuando ocurrieron los hechos (ver recuadro).

Liquiñe, sin embargo, no es la única historia que reclama a Labbé desde el pasado. El ex oficial que se retiró con el rango de coronel de Ejército, también es mencionado en otra causa que sustancia el ministro Alejando Solís. Se trata de la investigación por los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas, ocurridos en Tejas Verdes, en la V región. En esta causa, el ex conscripto Samuel Enrique Fuenzalida Devia identifica al alcalde Labbé como uno de los instructores que tuvo la misión de entrenar al personal que luego formó la DINA.

El 31 de marzo pasado Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), solicitó que Labbé fuera careado con Fuenzalida. La respuesta del tribunal fue que la petición se resolverá en su momento.

Las elecciones municipales se aproximan y muchos dan por seguro que Labbé será candidato de la UDI para el cargo de alcalde de Providencia. Los testimonios de estos procesos no le hacen nada de bien a sus aspiraciones. Motivos de sobra tiene para tener el alma en un hilo.

La otra caravana de la muerte

Para las organizaciones de Derechos Humanos, las muertes de Liquiñe no son un caso aislado. Por el contrario, formarían parte de un extenso operativo llevado adelante entre septiembre y octubre de 1973 y que afectó a poblados al sur de Temuco. José Araya, secretario ejecutivo del CODEPU de Valdivia, va más lejos y afirma que las muertes de Liquiñe forman parte de “otra caravana de la muerte, similar a la que operó en el norte”. Tras su paso, más de 70 personas fueron ejecutadas y muchas de ellas permanecen desaparecidas.

Para Araya, aunque en estas muertes participaron militares y carabineros de la zona, un grupo venido desde Santiago jugó un rol central en los hechos: se trata de comandos paracaidistas de Peldehue, más conocidos como “boinas negras”. Cerca de 200 efectivos de ese selecto grupo de combate aparecen hoy vinculados en los distintos procesos por las ejecuciones ocurridas de Temuco al sur.

José Araya afirma que la presencia de este cuerpo de elite se debía a un motivo específico.

-Los militares creían que los bosques de la región estaban llenos de guerrilleros cubanos. Durante meses operaron hasta con helicópteros artillados y bombardearon los montes. Todavía se pueden ver los cráteres que dejaron- afirma Araya.

Un relato de ese extenso operativo quedó registrado en la edición del 18 de noviembre de 1973 de El Mercurio. Allí, bajo el título de “Operativos de limpieza de grupos extremistas armados”, se informa la actuación de una “Brigada Especial Contra Guerrillas” que, bajo las órdenes del general Nilo Floody Buxton y del comandante Carlos Medina Lois, operó en Neltume, Arquilhue, Lago Ranco y, por cierto, en Liquiñe.

La nota describe la preparación de esta brigada anti guerrilla. “Está integrada por profesionales graduados en el extranjero, con lugares de honor. Han estado en cursos efectuados en Francia, Panamá, Estados Unidos. Han sobrevivido en plena selva con indígenas, precisamente con el objeto de especializarse en este tipo de combate y para la lucha contra las guerrillas”.

Los hechos demuestran hoy que la guerrilla cubana con la que decían luchar los hombres de Floody, nunca existió. Esta fuerza de elite simplemente cayó a sesgo sobre campesinos desarmados.

La mala memoria

Durante la investigación de las muertes de Liquiñe, un escollo central ha sido identificar a los oficiales que efectivamente estuvieron en la zona.

Fuentes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, que han participado directamente en este proceso aseguraron a The Clinic que “los oficiales de mayor graduación, no recuerdan los nombres ni cargos de sus subalternos, o declaran fechas que no concuerdan con los hechos probados”.

Sin embargo, lentamente el círculo de protección se ha ido resquebrajando y “los militares de menor graduación al momento de los hechos, están colaborando”, afirma la fuente.

Debido a esto ya estaría probado que en esta comitiva participó, con su dotación casi completa, la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, unidad en la cual Cristián Labbé se desempeñaba con el grado de oficial.

-Ahora, el juez tiene que delimitar las fechas y la participación de cada oficial- concluyó la fuente.

El nombre de Labbé apareció en esta lenta entrega de datos recién el 18 de diciembre del año pasado. Ese día, el teniente coronel (r) Arturo Bosch González reveló al juez Solís los nombres de los oficiales que actuaron en la zona de Valdivia. En la lista, Labbé figuraba como un oficial que “ejercía mando”.

Bosch afirmó que el contingente, compuesto de entre 200 y 300 personas llegó a la zona a principios de octubre “manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de navidad”. Afirma que la zona quedó dividida en franjas a cargo de diferentes oficiales, aunque hoy no puede ligar nombres con territorios. Cree, sin embargo, que Liquiñe pudo haber quedado bajo el control del general “Nilo Floody o de personal a cargo del oficial Saldes, o personal de la Escuela de Montaña”.

El alcalde Labbé compareció ante el ministro dos días después de que lo hizo Bosch. En su declaración, a la que The Clinic tuvo acceso exclusivo, Labbé admitió haber formado parte de la brigada que comandó el general Floody. Admitió, también, que el contingente estaba formado por cerca de 200 personas y que si estaba bajo el mando de un general era “porque se trataba de una unidad operativa importante”.

Cuando se le preguntó por los objetivos de esta comitiva, declaró:

“Se pensaba que en el Complejo Maderero Panguipulli podía existir una guerrilla rural; se tenía la idea que podía haber un foco de este tipo de agrupación. La idea era conformar esta brigada para barrer estos focos. Y en el caso que se produjere un enfrentamiento, además, de barrer el lugar, abrir fuego”.

Más adelante, Labbé también reconoció haber participado en la operación contraguerrillera. Pero –y aquí comienzan las contradicciones- argumenta que sólo estuvo a cargo de la tropa de reserva. “Me desplacé junto a la unidad de reserva a Panguipulli”, declaró. Luego insistió en ese punto cuando se le preguntó por los sucesos de Liquiñe: “No tuve intervención en el operativo porque yo estaba a cargo de la tropa de reserva, la cual se despliega en casos extremos, a los cuales no se llegó en esa oportunidad”, dijo.

La afirmación llama la atención. Ninguno de los oficiales que ya han declarado, mencionan la participación de reservistas en estas operaciones. Sólo se habla de personal de planta y conscriptos. Por otra parte, un militar en retiro de la misma graduación de Labbé y que fue exonerado después del golpe militar, dijo a The Clinic que en un comando de boinas negras no existe la reserva.

-Los boinas negras son una fuerza de elite, con personal altamente capacitado y de planta. Además, para una misión de esa envergadura no iban a llevar a reservistas- afirmó el ex uniformado a condición de permanecer en el anonimato.

Como Bosch, Labbé tampoco no pudo precisar qué oficiales actuaron en cada zona y según sus recuerdos, casi ningún boina negra marchó al sur. En su caso afirma que sólo estuvo en la zona dos semanas, a fines de noviembre, cuando las muertes de Liquiñe ya habían ocurrido.

Sin embargo, comete errores. En el tribunal, por ejemplo, le consultaron por una anotación hecha por el general Medina en la hoja de vida del oficial Patricio Landaeta. La anotación está fechada el 30 septiembre de 1973 y da cuenta de que el grupo enfrentó “fuego enemigo”.

-Ignoro a qué se refiere con la expresión “fuego enemigo”, porque del 21 al 30 de septiembre de 1974, yo no me encontraba en la Escuela de Paracaidistas”, declara Labbé.

Si no notó el error del alcalde, lea la frase de nuevo. A Labbé le preguntan por un hecho de 1973 y él contesta sobre 1974.

A la larga, Labbé sólo tiene claro que no es responsable de las muertes investigadas, que durante el periodo en cuestión fue destinado a custodiar la casa de Pinochet y sólo tuvo a su cargo instruir a funcionarios de reserva.

Y lo cierto es que no hay ninguna prueba de que Labbé haya participado en los crímenes de Liquiñe o en las matanzas efectuadas en toda la zona.

Pero el hecho de que sea mencionado por Bosch, lo hace un testigo relevante para ayudar a aclarar las muertes y sobre todo, responsables.

Respecto de esto Alejandra Arriaza, abogada de CODEPU, no tiene dudas. “Todos los antecedentes confirman la participación de Labbé. Sólo falta precisar su responsabilidad específica en los hechos”, dijo a The Clinic.

Instructor de gimnasia

No sólo Liquiñe le complica hoy la vida al edil de Providencia. También lo hace su paso por el centro de detención que operó en el exclusivo balneario de las Rocas de Santo Domingo: Tejas Verdes. La investigación sobre este centro la lleva adelante el mismo ministro Solís y persigue los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas. En esta investigación, el nombre de Labbé saltó de la declaración judicial de Samuel Enrique Fuenzalida Devia, un ex conscripto que el 30 de octubre de 2000 identificó a Labbé como uno de los instructores de ese campo de tortura.

“Durante mi permanencia en las Rocas de Santo Domingo, lugar que funcionaba como escuela de inteligencia de la DINA, recibimos instrucción en materias de acondicionamiento físico y diversos cursos que tenían relación con inteligencia y seguimiento de personas. En ese lugar tuvimos como instructores a César Manríquez Bravo, profesor del curso de inteligencia; Cristian Labbé, preparador físico y actual alcalde de Providencia; Miguel Krassnoff Marchenko, a cargo de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, guerrilla urbana y suburbana”, dijo Fuenzalida.

El ex soldado ha declarado en varias causas de derechos humanos entregando información relevante sobre el origen y la operatividad de la DINA, organismo que por años lideró el general (r) Manuel Contreras.

Ante el ministro Solís, Fuenzalida relató que entre diciembre del 73 y enero del 74 fue trasladado al balneario de Santo Domingo, junto a militares de otras reparticiones del país. El grupo fue recibido por el propio Contreras quien les informó “que habíamos sido escogidos entre las fuerzas armadas para integrar un grupo selecto de personas para conformar la DINA, entidad que estaba a su mando”.

La declaración de Fuenzalida tiene una relevancia especial. Fija la hora cero en que Manuel Contreras comenzó a preparar a los agentes que luego participaron en el periodo más sanguinario de la dictadura de Pinochet. Fuenzalida sostiene que Labbé Galilea fue instructor de aproximadamente 600 militares, que meses más tarde fueron los primeros funcionarios de la DINA.

Los datos disponibles hoy indican que en esos años Tejas Verdes fue una suerte de academia de contrainsurgencia donde los futuros agentes no sólo recibieron instrucción teórica sino que también pudieron ejercitar sus conocimientos con las personas detenidas ahí. De acuerdo al Informe Rettig, este recinto comenzó a funcionar como centro de detención desde el mismo 11 de septiembre, existiendo testimonios de su uso sistemático hasta 1975. De acuerdo a quienes sobrevivieron a ese infierno hubo períodos en los que Tejas Verdes llegó a tener más de 100 prisioneros. La mayoría fue brutalmente torturado. Algunos desaparecieron.

Ninguno de los sobrevivientes acusa a Labbé de haber participado en torturas. Tampoco lo hace Fuenzalida. Pero todos quienes conocen de esta investigación creen que si el alcalde de Providencia fue instructor, como señala el ex soldado, podría aportar información relevante sobre lo que allí ocurrió.

Sobre todo, porque el testimonio de Fuenzalida no es lo único que vincula a Labbé con la DINA. Hay también un oficio reservado en que el propio Contreras menciona a Labbé como un agente de su organismo. Se trata del oficio 4380/19, fechado en diciembre de 1974 donde Contreras pide “la extensión de pasaporte diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. Cristian Labbé Galilea, Sr. Carlos Marín Castro, Sr. José Riquelme Villagra, Sr. Rolf Esser Muller”.

Contreras afirma que “el mencionado personal cumplirá una determinada comisión de servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. Por tratarse de una urgente comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento”.

Según la abogada Arriaza, Labbé es un militar de peso en la DINA, no un simple instructor de gimnasia.

-Él ayudó a crear ese organismo, luego viaja fuera del país, en un procedimiento irregular. Todo esto es ilegal, él debe aclarar su responsabilidad en los hechos que se investigan- dijo la abogada a The Clinic.

La lista de Bosch

Extracto de la declaración judicial del teniente coronel (r) Arturo Bosch González.

(18 de diciembre de 2003)

“Debo señalar que la brigada partió desde Santiago en dirección al sur a fines del mes de septiembre de 1973 o a principios del mes de octubre de ese año, manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de la navidad, no recuerdo la fecha exacta de regreso.

“En esa brigada, según recuerdo, ejercía mando, además de Patricio Larraín Landaeta, el capitán Sergio Candia Muñoz, quien era oficial de la Escuela de Paracaidistas, Hernán Saldes, Carlos Rafael Parera Silva, Fernando Martínez González, Patricio Acevedo Trujillo, Emilio Timmermann Undurraga, Armando Hormazábal Marré, Hyram Eduardo Díaz, Hugo Jaque Valenzuela, Manuel Pérez Santillana, Alfredo Román Herrera, Juan Delmás Ramírez, Cristian Labbé Galilea. No estoy seguro si concurrió al sur el oficial Alfredo Vicuña Oyazún.

El desmemoriado

Extracto de la declaración de Labbé ante el ministro Alejandro Solís.

22 de diciembre de 2003.

“Respecto a los oficiales que se indica: Patricio Larraín Landaeta era oficial de la escuela, pero no recuerdo si fue al sur, lo mismo para Sergio Candia; en el caso de Hernán Saldes, estuvo en el sur; Carlos Parera no me acuerdo si fue o no al sur en esa ocasión; Fernando Martínez González, no lo recuerdo en el operativo, al igual que Patricio Acevedo Trujillo; Emilio Timmermann, lo asocio con la escuela, no sé si fue al sur; Armando Hormazábal, no me parece que hubiere ido; Hyram Díaz, me acuerdo que era oficial de la escuela pero no al operativo, al igual que Hugo Jaque; a Manuel Pérez no lo recuerdo en el operativo; Alfredo Román Herrera, según tengo entendido falleció antes de que tuviera lugar el operativo; no recuerdo a Juan Delmás; Alfredo Vicuña Oyarzún era un subteniente de la escuela; Arturo Bosch, lo recuerdo de la escuela pero antes de que yo me fuera de esta unidad para hacer el curso en Brasil”.

Palabra de Mamo

Extracto del oficio reservado en que se menciona a Labbé como “personal de la DINA”. 2 de diciembre de 1974

1.- Me permito solicitar la extensión de Pasaporte Diplomático al siguiente personal de DINA:
Sr. CRISTIAN LABBE GALILEA
Sr.. CARLOS MARIN CASTRO
Sr. JOSE RIQUELME VILLAGRAN
Sr. ROLF ESSER MULLER

2.- El mencionado personal cumplirá una determinada Comisión de Servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo.
En el pasaporte que se les otorgue se ruega incluir la excensión (sic) del impuesto correspondiente.
Por tratarse de una urgente Comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento.

Extraido de The Clinic

Los Wachilucros

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Fri, 23 Sep 2011 15:45:00 -0300

via Anonymous chile

Una Parada Militar Peculiar

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Fri, 23 Sep 2011 13:46:00 -0300

1800 dibujos por la Educación

Por que no quiero tener que mostrarlo para pagarme los estudios

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Tue, 20 Sep 2011 16:52:00 -0300

por Angy : Lorena Casanova para 1800 dibujos por la Educación

La nobleza de perder el año

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Tue, 20 Sep 2011 10:55:00 -0300

por Juan Ignacio Piña (El Post)

A pocos pueden caber dudas de que el movimiento estudiantil ya ha conseguido sentar las bases de un mejoramiento real de la educación en Chile. De hecho, y a pesar de las acusaciones cruzadas de intransigencia que se formulen, probablemente el tiempo hará que todos reconozcan que hubo un antes y un después de este movimiento y que el futuro de la educación será tributario de la enérgica lucha que hemos presenciado.

Que ha estado cargada de ideología, sí. Que ha tenido dosis muy relevantes de irresponsabilidad, también. Pero probablemente los cambios sociales relevantes requieren de todos esos ingredientes, requieren irritar, incomodar, transformar a la sociedad en un entorno hostil para que el sistema se tenga que adaptar y alcance su homeostasis. Así es la evolución social: indómita y no dirigida, una deriva de adaptaciones.

Todo esto está muy bien desde la perspectiva teórica, pero implica una serie de costos en la práctica. Y son costos que, a estas alturas, se deben asumir porque son el efecto natural del quiebre, del punto de inflexión. Son lo que marca la diferencia entre la estrategia cómoda y el arrojo valiente. Este es el momento en que los próceres muestran de qué están hechos, a qué están dispuestos. En esta dialéctica desatada, productiva y tan hegeliana como la que más, el punto de no retorno se llama perder el año escolar. Y aquí no se pierda nadie, no hay lugar para las medias tintas.

Los profesores nos vemos expuestos muchas veces a buenas razones para pasar estudiantes de curso. Desde un accidente involuntario o una enfermedad que le impidió tener la asistencia suficiente o rendir los exámenes correspondientes, hasta nobles tareas emprendidas por jóvenes idealistas. Imagine que una serie de estudiantes hubiera decidido no asistir a clases para trabajar durante todo un semestre en la reconstrucción post terremoto. Ello sería admirable y daría cuenta de su compromiso social y su generosidad. Pero a vuelta de semestre, a nadie le habría parecido razonable que los profesores les aprobaran los ramos no cursados en atención a esas reconocibles virtudes. Cuando un profesor firma un acta de aprobación hace una declaración: declara que el alumno sabe los contenidos mínimos para aprobar. Y hay que cuidarse mucho de no mentir en ese instrumento. En términos muy sencillos, apunto al hueso: el año académico, si se dan los supuestos, DEBE PERDERSE. Desvístalo de venganza, revancha o chantaje. No va por ahí la cosa. Es un deber y además una obligación de respeto para los propios estudiantes, para los profesores e incluso para sus acongojados padres.

Pasarlos por decreto, ordenanza o ley es un engaño para todos. No se ha cursado el año, no se han pasado los contenidos, no han aprendido lo que debían aprender. Han aprendido muchas otras cosas, sí. Probablemente sean mejores después de todos los sacrificios, también. Igual que si hubieran dado el semestre por la reconstrucción o por la noble causa que hubieran elegido. Eso es tratarlos honorablemente, reconociendo su arrojo y decisión y permitiéndoles gozar de él en toda su extensión, asumiendo todas las consecuencias con la misma templanza con la que han soportado las tomas y las marchas, con la misma decisión con que han intentado excluir a los violentos de las manifestaciones y con la misma nobleza con la que han resarcido los perjuicios de esos actos violentos a algunas de las víctimas.

Entonces algunos dirán, ¿pero por qué tienen que soportar esa pérdida los padres o el resto de los alumnos que no querían estar en paro? Y la respuesta es: porque así son las cosas en el despiadado mundo fuera de las aulas. Cuando las juventudes tienen que ir a la guerra justa y perder la vida, los padres tienen que soportarlo, apretar los dientes hasta el chirrido y asumirlo como el costo de la libertad. Y cuando se recluta a los conscriptos tampoco se les pregunta si están o no de acuerdo con la causa. Es la lucha que les tocó librar. El peor mensaje que como sociedad podríamos mandar, es decirles a estos jóvenes idealistas que las cosas en el mundo real no son así. Pues así son, llenas de sacrificios y sudores. Por eso pasarlos de año sería, paradójicamente, el peor mensaje educativo imaginable.

Extraido de El Post

La otra inequidad: Los privilegios que mantienen las Fuerzas Armadas

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Wed, 14 Sep 2011 15:57:00 -0300

por Juan Pablo Cárdenas (Radio Universidad de Chile)

Con una ínfima parte de lo que gastan en aparatos y combustible se podría dotar satisfactoriamente a la Corporación Nacional Forestal para hacer frente a los incendios de bosques y pastizales que año a año afectan nuestro patrimonio natural.

En el país de las inequidades, resultan bochornosos los privilegios que mantienen las Fuerzas Armadas mientras la clase política en su conjunto sigue de brazos cruzados después de 21 años de post pinochetismo. Mientras se regatean los recursos a la educación y a la salud, el presupuesto fiscal es particularmente generoso con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para financiar las remuneraciones, su propio sistema de previsión, los hospitales institucionales y, desde luego, los más millonarios gastos para la adquisición de armas en América Latina. Además de las partidas fijadas por la Ley de Presupuesto, ninguno de los últimos gobiernos ha logrado suprimirles todavía esa escandalosa contribución que Codelco debe asignarles por el 10 por ciento de todas las ventas (no utilidades) de cobre en el mundo, privilegio que en los últimos años resulta todavía más desmedido cuando el precio del metal ha alcanzado niveles espectaculares.
Cuando se movilizan los estudiantes demandando que el acceso a la educación pública sea gratuito por cierto que saben que con este royalty que va a parar a los cuarteles demás podría garantizarse que todos los niños y jóvenes chilenos accedan a planteles de enseñanza de calidad. Asimismo como las enormes carencias de los policlínicos y otros centros médicos del Estado podrían resolverse fácilmente con sólo parte de los recursos destinados a comprar mortíferos aviones de guerra que se malogran uno por uno en las pirotecnias militares. Con los dineros destinados a tanques, buques y otros que, además de onerosos, resultan completamente inútiles, se obsoletan rápidamente en un dispendio que hace caso omiso del avance de diplomacia y la legislación internacional para enfrentar las eventuales controversias entre las naciones.

Con cargo al erario nacional, es decir al bolsillo de todos los chilenos, los militares gozan de pensiones muy por encima de lo que logra la inmensa mayoría de los trabajadores que corrientemente deben extender sus años de trabajo porque los montos de sus pensiones son de una precariedad extrema. Mientras que las atenciones sanitarias de quienes están en el servicio activo o pasivo les garantizan una calidad de vida excepcional si se lo compara con la de quienes han trabajado una vida entera en el sector productivo, es decir generando bienes y riqueza para el conjunto de la población.

En lo que se refiere a la alta oficialidad, evidente resulta también el contraste de sus prerrogativas en comparación a otros altos funcionarios del Estado, a no ser que sean los propios “legisladores” de la República. Aludimos a los viáticos, medios de transporte, centros vacacionales, acceso a placenteras y lujosas viviendas fiscales en función de sus cargos y el peso de sus charreteras. Por reconocimientos, además, que por más de un siglo nada tienen que ver guerras o batallas a no ser las bregadas contra su propio pueblo. Como aquel cobarde bombardeo al Palacio Presidencial, la llamada “Pacificación” de la Araucanía y tantos episodios contra el espíritu republicano.

Mientras la aeronáutica civil debe cumplir con protocolos estrictos de seguridad, la Fuerza Aérea tiene sus propias reglas y sus pilotos usan a su antojo los aviones de guerra para funciones que no son las propias de su actividad, como muchas veces se los ve trasportar a sus propios familiares y amigos a lo largo de Chile. Con una ínfima parte de lo que gastan en aparatos y combustible se podría dotar satisfactoriamente a la Corporación Nacional Forestal para hacer frente a los incendios de bosques y pastizales que año a año afectan nuestro patrimonio natural. Hasta Carabineros podría tener más recursos en este aspecto para satisfacer las necesidades de tantos chilenos pobres e indigentes aislados que a veces requieren trasladarse con urgencia ante los cataclismos o la enfermedad.

Los privilegios militares que escupen la conciencia y dignidad nacional se explican, desde luego, en una clase política abyecta que nos se les atreve por lo manotazos que los uniformados suelen darle a la institucionalidad, así como por la información recabada por los servicios secretos castrenses en relación a sus propios despropósitos. Vigilados como todos solemos estar por las escuchas telefónicas, seguimientos o amedrentamientos ejercidos por esos agentes encubiertos en todas las actividades del país y que a los grandes oficiales les facilita, también, las operaciones e impunidad respecto de sus operaciones fraudulentas de compra y venta de armas al exterior. Episodios que, cuando llegan a los medios de comunicación, rara vez logran ser resueltos por la Justicia, porque curiosamente su tramitación procesal suele perpetuarse indefinidamente.

Tampoco los últimos gobiernos han podido recuperar la autoridad civil sobre lo militar. Varios episodios nos demuestran la imposibilidad de las autoridades para exigirle a las entidades castrenses colaborar con el esclarecimiento de las violaciones contra los Derechos Humanos e imponer la erradicación de estas instituciones de quienes cometieron delitos de hecho, complicidad u omisión en aquella tragedia que todavía enluta a la nación. En este sentido, nos aparece como un desparpajo que una de las principales naves de la Armada haya sido bautizada con el nombre de José Toribio Merino, el deschavetado Almirante que organizó el Golpe Militar de 1973, así como todavía una importante avenida santiaguina le rinda honores a la más trágica y vergonzosa efeméride de nuestra historia republicana.

Sinceramente, pensamos que un gobierno de derecha, de quienes históricamente se han servido de los militares, pudiera haber ejercido un gesto republicano acotando los recursos y privilegios castrenses que irritan la “razón” apelada por nuestro escudo patrio. Pero nos equivocamos: se ve que la “fuerza” es la que se impone dramáticamente en nuestra trayectoria. Y que los ministros de defensa de éste y de los gobiernos anteriores rápidamente adquieren el semblante, el lenguaje y las franquicias de los uniformados.

Extraido de Radio Universidad de Chile

¿Qué notas son éstas?

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Wed, 14 Sep 2011 09:23:00 -0300

Aporte de Laura

Las reveladoras cifras de la crisis de representatividad de los parlamentarios

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Mon, 12 Sep 2011 21:41:00 -0300

Por Juan Pablo Figueroa y Pedro Ramírez (CIPER Chile)

CIPER cruzó las estadísticas poblacionales del INE y el registro del Servel para dimensionar la falta de representatividad del sistema político y electoral. El análisis arrojó que 5,5 millones de personas prefirieron no votar por un candidato en las últimas elecciones de diputados, lo que representa el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. En los distritos más populosos el porcentaje de compatriotas que opta por no elegir parlamentarios se empina hasta un dramático 70%. Hay diputados que sólo representan al 7% u 8% del total de mayores de edad que residen en sus distritos.

Vea la representatividad real de los parlamentarios de su distrito

Vea el cuadro con la representatividad real distrito por distrito

Vea el cuadro con la representatividad real a nivel nacional

Elizabeth Oliva (40 años) es auxiliar paramédico de odontología, vive en Pudahuel, es casada y tiene un hijo. Nunca se inscribió en los registros electorales y jamás ha puesto una raya junto al nombre de un candidato en una papeleta. Ella es parte de los 5,5 millones de chilenos que en la última elección parlamentaria, de acuerdo con la investigación desarrollada por CIPER, optaron por no elegir un representante al Congreso. Pero no se engañe, Elizabeth Oliva tiene opinión política. Una opinión crítica y preñada de descontento, especialmente con el manejo económico de las cúpulas gobernantes:

-Los políticos se preocupan más de los indigentes y no de la clase media. Nos tienen descuidados. Y esto viene de años, ya que ningún gobierno ha establecido reformas para corregir las desigualdades -dice Elizabeth, quien cuenta que le quedan nueve años para saldar su préstamo hipotecario, por el que paga $ 58 mil mensuales, que debe $700 mil a una caja de compensación y otros $600 mil en multitiendas.

Admite que la única vez que sintió deseos de votar fue en la última presidencial: “Quise participar en el cambio del gobierno de la Concertación al de la derecha. Pero el cambio prometido no ha sido tan así, porque lo que se prometió no se cumplió”.

Elizabeth Oliva no es anarquista ni bolchevique. Ni ecologista ni hippie. Tampoco ha salido a marchar con los estudiantes. Es una mujer de clase media, con estudios, empleada y endeudada, como la mayoría de los chilenos que han decidido permanecer al margen del sistema político y electoral. Un grupo que de continuar la tendencia actual, será mayoritario al cabo de unos diez años. Hoy, según la investigación de CIPER, suman el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. En 1988 eran sólo el 17,9%, pero subieron a 29,1% en 1999 y a 38,5% en 2005. De continuar la tendencia y si no hay reformas que impulsen la participación electoral, al 2021 superarán con comodidad el 50%.

Errázuriz, Platovsky y los estudiantes

-Los partidos no tienen conexión con el ciudadano y está agotado el sistema (político) que tenemos. Es muy bueno que se analice el cambio del sistema binominal y la renovación de los políticos, porque en 20 años hemos creado una casta. De senador pasan a ministro y luego volverán a ser senador o presidente de partido (…). La población se ha dado cuenta de que estos señores que son profesionales de la política no los representan.

Estas palabras, que retratan con acierto a quienes comparten la posición de Elizabeth Oliva, resonaron en un salón universitario sólo un día después de la marcha del 9 de agosto que congregó a más de 100 mil manifestantes. Pero no las pronunció un dirigente estudiantil ante una asamblea. Fueron dichas en las aulas de la conservadora Universidad Finis Terrae. Para mayor precisión, en el encuentro mensual del Club Monetario de esa casa de estudios. Y su autor fue nada menos que el principal “gurú” de los inversionistas chilenos, el hombre cuyas decisiones iluminan el mercado y señalan el camino a quienes buscan el lucro: Jorge Errázuriz Grez, presidente de Celfin Corredores de Bolsa y miembro del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El “hombre fuerte” del mercado chileno debía hablar sobre los riesgos de la crisis económica internacional, pero -según la versión de La Segunda- sacudió a la audiencia indicando que los problemas de Chile no están en las ruedas bursátiles: “Están en la calle y son mucho más serios (…). El interlocutor del gobierno no es la oposición, sino dirigentes estudiantiles. Y la democracia republicana que tenemos, no sabe cómo reaccionar”.

En esos días el gobierno se esforzaba por radicar el quemante conflicto estudiantil en el Congreso Nacional y los presidentes de las dos cámaras legislativas se apuraban a ofrecer el Parlamento para albergar las negociaciones. La respuesta de los jóvenes fue un “no” rotundo. Entre las razones que esgrimieron, señalaron que el Congreso ya no es representativo de la sociedad chilena y que sus integrantes surgen de un sistema electoral excluyente.

Si ya resultaba curiosa la sintonía de Errázuriz y los líderes estudiantiles en sus diagnósticos sobre el agotamiento del sistema político y electoral, se les sumó el empresario Daniel Platovsky, amigo del Presidente Sebastián Piñera y militante de Renovación Nacional:

-El que se exija más calidad en la educación demuestra que tenemos una ciudadanía ilustrada, que se da cuenta de que no hay igualdad de oportunidades (…). Al inicio de la transición se produjo un acuerdo de actores políticos, que le dio estabilidad al país (…). Hoy la realidad es diametralmente distinta, por lo que la gente exige un nuevo pacto social, donde todos se sientan integrados –dijo en La Tercera del 22 de agosto.

¿Cuán divorciado está el sistema político de las demandas de la ciudadanía? ¿Cuán profunda es la falta de representatividad del Congreso Nacional? CIPER intentó responder estas preguntas y revisó, distrito por distrito, los resultados de la última elección de diputados, comparando el número de chilenos que dieron su voto a un candidato y la cifra de compatriotas que optó por no elegir representante. Las conclusiones son decidoras (vea la representatividad real de los parlamentarios de su distrito).

¿Jubilados o estudiantes?

El 45,68% del universo total de chilenos mayores de 18 años prefirió no elegir un candidato a diputado en las votaciones de 2009. Sólo el 54,32 % de la población que cumple con el requisito de ser mayor de edad efectivamente eligió un postulante. Y apenas el 32,54% de todos los mayores de 18 años está representado en el Congreso por el candidato al que le dio su voto. Más alarmante aún es que en el hemiciclo hay diputados que se sientan en sus escaños aunque sólo obtuvieron el respaldo del 7 u 8 por ciento del total de mayores de edad que residen en sus distritos.

La falta de representatividad se agrava en los distritos más populosos, como lo son San Bernardo-Buin, Maipú-Estación Central y La Pintana-Puente Alto (vea los cuadros de representatividad distrito por distrito y a nivel nacional).

Los especialistas en materia electoral señalan que en Chile cerca del 60% de las personas con derecho a voto están inscritas en el registro electoral. Un porcentaje aceptable en comparación a otras democracias consolidadas, tales como Alemania (64,6%) y Reino Unido (61%). Y francamente superior al de Francia (43%) y Estados Unidos (38,46%).

No obstante, la representatividad del sistema político chileno es bastante más baja de lo que indican estas cifras. En primer lugar, porque hay más de 1,6 millón de chilenos que estando inscrito, no vota o lo hace en blanco o nulo. Y en segundo término, porque a diferencia de lo que ocurre en sistemas como los de Francia y Estados Unidos, donde el padrón es bajo pero representa equitativamente los diversos grupos sociales, en Chile el registro electoral no es una “foto” fiel de la ciudadanía: es más “viejo” que el país real.

Así se dio la paradoja de que en la elección presidencial de 2005 el principal tema de campaña de los candidatos Bachelet, Piñera y Lavín fue la reforma al sistema de pensiones, pero a tres meses de iniciado el nuevo gobierno se produjo una revuelta estudiantil que puso en agenda un tema que nunca estuvo en los cálculos de las cúpulas -la reforma educacional- y que cinco años después sigue siendo el mayor foco de conflicto social.

Los que no eligen: 5,5 millones

Las multitudinarias marchas de las últimas semanas han dejado en evidencia que existe un amplio grupo de chilenos interesados en las políticas públicas, pero que no están inscritos en los registros electorales, no votan ni se sienten representados en el Parlamento. De hecho, el Presidente Piñera sorprendió al mundo político este martes 6 al anunciar que su gobierno está estudiando una reforma al sistema electoral: “Llegó el momento de reaccionar y no simplemente quedarnos indiferentes ante estos signos y gritos que la ciudadanía está dando, con mucha fuerza y claridad”.

Un día antes se había conocido la encuesta Adimark, uno de los oráculos más esperados por los políticos, que indicó que el 66% de los consultados desaprueba al bloque oficialista, el 71% a la Concertación, el 64 % a la Cámara de Diputados, el 69% al Senado, el 68% al Presidente Piñera y el 70% al gobierno. La representatividad del sistema político está en crisis y el director de Adimark, Roberto Méndez, tras conocer las cifras de la investigación de CIPER, señaló que “con los datos que ustedes plantean queda claro que el sistema se agotó” (vea la entrevista a Méndez).

CIPER tomó las proyecciones de población para el 2009 hechas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en cada comuna del país y las cruzó con las cifras de la elección parlamentaria de ese mismo año consignadas por el Servicio Electoral (Servel). La investigación arrojó una extensa base de datos que indica que en 2009 había 12.180.403 chilenos que cumplían con el requisito que exige la ley para votar: ser mayor de 18 años. De ellos, más de 5,5 millones prefirieron no votar por un candidato en la elección de diputados de 2009.

En los registros electorales hay 8.285.186 inscritos. Es decir, cerca de 3,9 millones de chilenos no están en el padrón. A éstos últimos, en la elección de diputados de 2009 se sumaron 1.021.649 personas que no concurrieron a votar, aunque estaban inscritas. Y se les agregaron también aquellos que fueron a sufragar, pero no manifestaron preferencia por alguno de los candidatos, es decir, los que votaron nulo o blanco (442.161 y 205.520, respectivamente).

En total, en la última elección de diputados, 5.564.547 chilenos no marcaron una preferencia para elegir un representante en el Parlamento. En contraste, sí votaron por una de las candidaturas en competencia un total de 6.615.856 personas (54,32% de todos los mayores de 18 años).

Los ciudadanos que votaron por un postulante que resultó electo y que son los únicos que con toda propiedad pueden sentirse representados en el Congreso Nacional, sumaron 3.963.651 electores, que corresponden sólo a un 32,54% del total de chilenos mayores de 18 años.

La subrepresentación se agrava en los distritos más populosos. En La Pintana-Puente Alto, por ejemplo, había 649.010 mayores de 18 años en 2009, pero los que no votaron por un candidato alcanzaron al 71,56% de esa cifra. Aunque los datos del Servicio Electoral (descontados los votos blancos y nulos, que se contabilizan dentro de quienes no eligieron candidato) indican que los diputados Osvaldo Andrade (PS) y Leopoldo Pérez (RN) fueron electos con un 26,34% y 21,71% de los sufragios, esos porcentajes se diluyen si se comparan con la población total de mayores de edad del distrito: la votación que obtuvo Andrade sólo representa el 8,5% de ese universo y la de Pérez, el 7,1%.

En San Bernardo-Buin, los que no votaron por un postulante suman el 64,99% de los 319.120 mayores de edad que hay en el distrito. Ahí los diputados Ramón Farías (PPD) y José Antonio Kast (UDI), representan el 9,19% y el 16,74%, respectivamente, de la población total que podría votar.

Y en Maipú-Estación Central, los que optaron por no elegir representante en el Parlamento alcanzan al 64,8% de los 686.395 mayores de edad que residen en el distrito. En esa zona, los votos que obtuvo el diputado Pepe Auth (PPD) corresponden al 7,28% del total de los mayores de edad y los que consiguió la diputada Mónica Zalaquett (UDI) suman el 8,18% de ese mismo universo.

El perfil de los desencantados

Diversos son los estudios que demuestran que el padrón electoral chileno está envejeciendo. En 1988 los inscritos que tenían entre 18 y 29 años correspondían al 36% de los votantes, constituyendo el grupo etário con mayor representación. Hoy sólo conforman el 8,1% del padrón.

En contrapartida, el grupo de “70 años y más” representaba el 5,4% del total de inscritos en 1988, pero ahora se empina sobre el 11,8%. Las estadísticas indican que hace 15 años el 50% de los inscritos tenían menos de 40 años y ahora sólo un 27% corresponde a ese rango de edad.

Circunscribir el fenómeno de los no votantes a una caricatura de jóvenes rebeldes y anarquistas o personas sin educación, es un grave error. Entre quienes hoy optan por no elegir a las autoridades, va aumentando paulatinamente el perfil de personas que superan los 30 años de edad, de clase media, con mayor escolaridad. Son jefes de familia, empleados, endeudados y críticos de un sistema electoral que no genera incertidumbre sobre sus resultados, pues dicen que siempre ganan los mismos -Concertación o Alianza-, sectores con los que no se sienten representados.

Con dos hijos y separada, Paulina Parada (36 años) es una jefa de hogar de Cerro Navia, trabaja en una carnicería, tiene deudas por $600 mil en ABC y Líder. No está inscrita y dice que los políticos la decepcionaron: “Yo me separé y estaba súper mal. Un político me prometió una mediagua si me inscribía en los registros electorales. Eran puras mentiras”. La única vez que tuvo ganas de votar, cuenta, fue en la elección presidencial de 2005. “Sentía simpatía por la Bachelet y por ella habría votado”.

José Pérez (44 años) es un desencantado. Se inscribió en 1988, pero después dejó de votar. Trabaja en la construcción, vive en La Florida, es casado, tiene dos hijos y está endeudado por los estudios universitarios de su hija mayor: “Ya no voto porque me decepcionó la política. Está muy lejos de la gente. Mira lo que ocurre con los estudiantes. Y la gente de clase media es la que más se da cuenta de esto, porque ha estudiado más. A las clases populares les cuesta comprender eso. Solamente voté para el Sí y el No. Ahora no me motiva ninguno de los sectores”.

“Si no estás en el padrón, no existes”

En el distrito Nº 20, donde Mónica Zalaquett (UDI) compitió para representar a las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú, en 2009 sólo votó por algunas de las listas el 35,18% de todos los mayores de 18 años. Ella obtuvo el 20,99% de los votos, lo que equivale a una representación efectiva en la Cámara de sólo un 8,19%. Si se suma el porcentaje que obtuvo el diputado Pepe Auth (PPD), entre los dos hacen un 15,47%: ese es el porcentaje de chilenos de ese distrito que tiene representación en el Parlamento.

Zalaquett recibió a CIPER en su oficina del Congreso. Allí tiene una vista privilegiada al puerto de Valparaíso, una foto de su hermano Pablo y otra de Jaime Guzmán. De entrada, aseguró que está conciente de la falta de representatividad en el Parlamento. Calculó que tres de cada diez personas votan. Según ella, fue precisamente por eso que compitió.

Después de ver las cifras del estudio de CIPER, Zalaquett dijo que la representatividad debe medirse en relación a la masa votante y no a la población mayor de 18 años. A su juicio, sólo habría que considerar a los que están inscritos y cumplen con su deber cívico: “Muchos alegan por sus derechos, pero no están conscientes de sus deberes”.

Mientras hablaba recibió un llamado. Dijo que debía bajar a votar y que al rato seguiría con la entrevista. La diputada bajó a votar el proyecto sobre el plebiscito que exigen los estudiantes. Antes de que esa propuesta se rechazara por 52 votos contra 48, el diputado Edmundo Eluchans, del mismo partido de Zalaquett, argumentó que los plebiscitos no correspondían porque el país tiene representación en el Congreso para esos temas. Tras la votación, el presidente de la Cámara, Patricio Melero, también UDI, dijo: “Este mayoritario rechazo deja en evidencia que la democracia representativa y la aprobación de distintos proyectos de ley son los caminos por los cuales se deben generar las modificaciones al sistema educacional”.

Zalaquett volvió a su oficina. Uno de los votos en contra del plebiscito fue el suyo. Consultada por qué se sumó a su partido bajo el argumento de que la representación política está en el Congreso, si recién había reconocido que había una crisis de representatividad en el Parlamento, respondió que aunque la poca participación electoral podría poner en peligro la democracia, el Congreso es la institución representativa del país. Y soltó una máxima dramática: “Si se quiere plebiscitar todo, que se acabe con el Congreso, pero mientras yo esté aquí no lo voy a permitir”.

El diputado Leopoldo Pérez (RN) revisó las cifras del estudio de CIPER y reconoció que su representación es bajísima: 7,01% de los mayores de edad que hay en La Pintana-Puente Alto:

-Claro que es bajo, pero esas son las reglas del juego. Por eso no creo que exista una crisis de representatividad. Guste o no, es el sistema que hay (…). La única forma de manifestarse es dentro del sistema. Si no estás dentro, no existes, no eres un voto. Si no estás en el padrón, no cuentas.

Uno de los chilenos que a juicio de Pérez no cuenta es Marcelo Arriagada (34 años), quien trabaja en Saxoline, vive en Santiago, estudia Administración de Empresas en la Universidad de las Américas y tiene una deuda por un año de estudios que cursó en la Universidad de Chile. Nunca se inscribió y para él, todos los parlamentarios tampoco cuentan: “Para mí, la política es un montón de tipos sentados en el Senado haciendo nada. Las revueltas sociales son reflejo del malestar popular”.

El diputado Pérez intenta explicar la baja participación electoral de su distrito con dos argumentos: que los jóvenes de esas comunas tienen poco interés en los temas públicos, ya que el 40% provienen de hogares vulnerables carentes de uno de los jefes del hogar; y que su distrito se ha poblado con erradicaciones de familias que vienen de otras comunas, por lo que sus habitantes votan en sus lugares de origen.

Efectivamente, hay comunas donde residen muchos ciudadanos que están inscritos en otros distritos. Por eso la investigación de CIPER hizo también el cálculo a nivel nacional, para corregir esas distorsiones. Se dan casos, por ejemplo, de comunas rurales donde hay más inscritos que residentes mayores de edad, porque muchas personas se sumaron al padrón antes de independizarse de sus familias y mudarse a otros lugares. También hay casos, como en Santiago, donde hay más inscritos que residentes en edad de votar porque muchas personas se inscriben en su lugar de trabajo.

La reforma en el clóset

Pepe Auth (PPD), diputado por Maipú al igual que Mónica Zalaquett, representa al 7,28% de los mayores de 18 años de su distrito. Pero a diferencia de sus colegas, sí cree que hay una profunda crisis en el sistema y la divide en dos áreas: participación y representación.

-La crisis de participación es porque el padrón ha ido envejeciendo y el país electoral cada vez se corresponde menos con el país real, que es más joven. Entonces, la oferta de los candidatos se centra en los temas que interesan a las personas de más edad -dice Auth, quien paradójicamente llegó exhausto a la cita con CIPER después de bailar en Estación Central con una centena de veteranas que celebraban haber pasado agosto.

“Y la crisis de representación se refleja en que lo que está en el Parlamento no representa a toda la sociedad. Y con cada elección que pasa, el Congreso representa a un sector menor”, agrega.

A juicio de Auth, el principal escollo para mejorar la participación es el sistema electoral binominal: “El problema del binominal es doble. En primer lugar, la mayoría empata con la minoría y no puede generar cambios de fondo. Y el segundo problema es que excluye a todo aquel que no es de la primera o segunda mayoría. Uno puede constituir una fuerza del 20% o 25% y no existir. El binominal es un sistema proporcional distorsionado, porque proporciona entre los dos actores más fuertes y excluye al resto”.

Para Auth, la corrección pasa, en primer lugar, porque se cumpla con la reforma constitucional aprobada en 2009 que ya consagró la inscripción automática de los mayores de edad y el voto voluntario, un cambio que no se ha concretado porque el gobierno y los parlamentarios no han hecho las modificaciones a la ley orgánica que regula las votaciones:

-Cada día que pasa aumenta la deuda del sistema político con el país, porque la Constitución ya asegura el voto voluntario para todos los mayores de 18 años y alguien podría, incluso, acusar a las autoridades de notable abandono de deberes por negarle ese derecho constitucional- dice Auth.

De materializarse esa reforma, se ampliaría automáticamente el padrón a casi cuatro millones de nuevos electores. Y eso, dice Auth, aterroriza a algunos partidos y parlamentarios que temen perder sus escaños si hay más competencia: “Entre la derecha y una parte de la DC han bloqueado el cambio. El voto voluntario para millones de electores nuevos obligará a los candidatos a plantear temas de interés real para la gente, que pueden ser incómodos en algunos partidos. La próxima campaña podría enfrentar, por ejemplo, a los que están por el lucro y los que estamos en contra”.

Libertad y Desarrollo, por el cambio

Pero, a pesar de lo que sostiene Auth, no toda la derecha se opone a los cambios. José Francisco García y Álvaro Bellolio, expertos del Instituto Libertad y Desarrollo, que presta asesoría legislativa a las bancadas oficialistas, trabajan actualmente en un texto con propuestas para activar la participación electoral, las que no excluyen eventuales cambios al binominal (vea la columna que ambos prepararon para CIPER).

Bellolio plantea que factores como la inscripción automática, voto voluntario, voto de chilenos en el extranjero, límite a la reelección, mayor financiamiento para candidatos que “desafían” a los autoridades que intentan reelegirse y primarias reguladas por el Servel, “podrían tener un impacto a corto plazo, al generar mayor representatividad y darle un aire fresco al padrón”. Otra opción, dice, es el redistritaje y/o aumentar el número de parlamentarios.

Ambos indican que para hacer modificaciones al sistema electoral debe consensuarse primero, cuál es el objetivo: más gobernabilidad o más proporcionalidad. El binominal privilegia la gobernabilidad. “Si el diagnóstico es que nuestro sistema adolece de niveles de proporcionalidad que son atentatorios contra principios de igualdad básicos, podrían darse perfeccionamientos”, dicen. Uno de ellos podría ser asignar un número de diputados “a las coaliciones que obtengan más del 5%, 6% ó 7% de la votación a nivel nacional”

-El sistema binominal está empantanado porque se están reforzando sus atributos de gobernabilidad. Aquello que uno querría que tuviera un sistema electoral, que es una competencia muy robusta, está frenado. Y las directivas de los partidos estarían teniendo demasiado poder (para designar candidatos con el triunfo casi asegurado) cuando uno querría un sistema más competitivo -acota García.

El poder de los partidos, en contraposición al principio de representatividad, llega al extremo cuando se trata de reemplazar a un parlamentario. En esos casos las directivas eligen sencillamente “a dedo”. A continuación, los tres casos que se han dado en la actual Cámara de Diputados, para que juzgue usted:

1. Gonzalo Uriarte fue designado senador en reemplazo de Evelyn Matthei, luego de que ésta asumiera como ministra del Trabajo, en enero de 2011. El cupo que dejó en la Cámara ahora lo ocupa el diputado Cristian Letelier, quien perdió con el 1,67% de los votos cuando en 2009 compitió en la Tercera Circunscripción Senatorial.

2. El diputado Alejandro García-Huidobro remplazó a principios de agosto a Andrés Chadwick en el Senado, luego de que éste asumiera la vocería del gobierno. García-Huidobro fue reemplazado en la Cámara por el historiador Issa Kort, ex seremi de Cultura de la VI Región. Kort nunca ha participado en una elección.

3. En abril de este año, el diputado Juan Lobos falleció en un accidente vehicular. En su reemplazo asumió a principios de mayo Joel Rosales. Éste último, al menos, había sido electo alcalde de Los Ángeles en 2008 con 33.739 votos.

Extraido de CIPER Chile

Karl Marx tenía razón

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Mon, 12 Sep 2011 14:42:00 -0300

por John Gray, filósofo (BBC Mundo)

Karl Marx pudo haberse equivocado con el comunismo pero, en lo que se refiere al capitalismo, mucho de lo que dijo resultó ser correcto, como señala el filósofo John Gray, quien escribió este artículo para la BBC.

Como efecto secundario de la crisis financiera, más y más gente está dándose cuenta de que Karl Marx estaba en lo cierto.

El gran filósofo alemán del siglo XIX, economista y revolucionario, pensaba que el capitalismo era radicalmente inestable.

Tenía incorporada la tendencia de producir auges y colapsos cada vez más grandes y profundos y, a largo plazo, estaba destinado a destruirse a sí mismo.

A Marx le complacía esa característica: estaba seguro de que habría una revolución popular, la cual engendraría un sistema comunista que sería más productivo y mucho más humano.

Marx erró en lo que se refiere al comunismo. Pero su percepción de la revolución del capitalismo fue proféticamente acertada.

No fue sólo sobre el hecho de que en ese sistema la inestabilidad era endémica, aunque en ese respecto fue más perspicaz que la mayoría de los economistas de su época y de la actualidad.

A un nivel más profundo, Marx entendió cómo el capitalismo destruye su propia base social: la forma de vida de la clase media.

La terminología marxista de burgueses y proletariado suena arcaica.

Pero cuando argumentó que el capitalismo hundiría a la clase media en algo parecido a la existencia precaria de los angustiados trabajadores de su época, Marx anticipó un cambio en la manera en la que vivimos que apenas ahora estamos teniendo que afrontar.

Destrucción creativa

Para Marx, el capitalismo era la teoría económica más revolucionaria de la historia, y no hay duda que difiere radicalmente de los sistemas previos.

Las culturas de los cazadores-recolectores persistieron con su forma de vida por miles de años, las esclavistas por casi el mismo tiempo y las feudales por muchos siglos. En contraste, el capitalismo transforma todo lo que toca.

No son sólo las marcas las que cambian constantemente. Compañías e industrias se crean y se destruyen en una corriente incesante de innovación, mientras que las relaciones humanas se disuelven y reinventan en formas novedosas.

El capitalismo ha sido descrito como un proceso de destrucción creativa, y nadie puede negar que ha sido prodigiosamente productivo.

Prácticamente todos los que viven en países como el Reino Unido hoy en día reciben ingresos reales más altos de los que habrían recibido si el capitalismo no hubiera existido nunca.

El problema es que entre las cosas que se han destruido en el proceso está la forma de vida de la que, en el pasado, había dependido el capitalismo.

La promesa...

Los defensores del capitalismo argumentan que le ofrece a todos los beneficios que en la época de Marx sólo tenían los burgueses, la clase media asentada que poseía capital y tenía un nivel razonable de seguridad y libertad durante su vida.

En el capitalismo del siglo XIX, la mayoría de la gente no tenía nada. Vivían de vender su labor y cuando los mercados se debilitaban, enfrentaban dificultades.

Pero a medida que el capitalismo evolucionó -dicen sus defensores-, un número mayor de personas se beneficiaron.

Carreras satisfactorias dejaron de ser la prerrogativa de unos pocos. La gente dejó de tener dificultades todos los meses por vivir de un salario inseguro. Las personas estaban protegidas por sus ahorros, la casa que poseían y una pensión decente, así que podían planear sus vidas sin temor.

Con la expansión de la democracia y la riqueza, nadie se iba a quedar sin una vida burguesa. Todos podían ser clase media.

La realidad

De hecho, en el Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países desarrollados, durante los últimos 20 a 30 años ha ocurrido lo opuesto.

No existe la seguridad laboral, muchas de las profesiones y oficios del pasado desaparecieron y carreras que duran toda la vida no son mucho más que un recuerdo.

Si la gente posee alguna riqueza, está en sus casas, pero los precios de la propiedad raíz no siempre aumentan. Cuando el crédito es restringido, como ahora, pueden quedarse estancados por años. Una menguante minoría puede seguir contando con una pensión con la cual vivir cómodamente y pocos cuentan con ahorros significativos.

Más y más gente vive al día, con muy poca idea sobre qué traerá el futuro.

La clase media solía pensar que sus vidas se desenvolverían en una progresión ordenada, pero ya no es posible considerar a la vida como una sucesión de niveles en los que cada escalón está más arriba que el anterior.

En el proceso de creación destructiva, la escalera desapareció y para cada vez más personas, ser de clase media ya no es siquiera una aspiración.

Ganancia negativa

A medida que el capitalismo ha ido avanzado, ha llevado a la mayoría de la gente a una nueva versión de la precaria existencia del proletariado del que hablaba Marx.

Los salarios son más altos y, en algunos lugares, en cierto grado hay un colchón contra los sacudones gracias a lo que queda del Estado de bienestar.

Pero tenemos poco control efectivo sobre el curso de nuestras vidas y las medidas tomadas para lidiar con la crisis financiera han profundizado la incertidumbre en la que tenemos que vivir.

Tasas de interés del 0% conjugadas con el alza de precios implica que uno recibe beneficios negativos por su dinero y produce la erosión del capital.

La situación para muchos jóvenes es aún peor. Para poder adquirir las habilidades indispensables para conseguir empleo, hay que endeudarse. Y como en cierto momento hay que volverse a entrenar, hay que ahorrar, pero si uno empieza endeudado, eso es lo último que podrá hacer.

Cualquiera que sea la edad, la perspectiva de la mayoría de la gente hoy en día es una vida entera de inseguridad.

Quienes se arriesgan

Al mismo tiempo que ha despojado a la gente de la seguridad de la vida burguesa, el capitalismo volvió obsoleto al tipo de persona que disfrutaba de la vida burguesa.

En los '80s se habló mucho de los valores victorianos, y los promotores del mercado libre solían asegurar que éste reviviría las virtudes del pasado.

Pero el hecho es que el mercado libre socava las virtudes que mantienen el estilo de vida burgués.

Cuando los ahorros se están desvaneciendo, ser cauteloso puede llevar a la ruina. Es la persona que pide grandes prestamos y que no le tiene miedo a declararse en bancarrota la que sobrevive y prospera.

Cuando el mercado laboral es volátil, no son aquellos que cumplen cabalmente con las obligaciones de su trabajo quienes tienen éxito, sino los que siempre están listos a intentar algo nuevo que aparenta ser más prometedor.

En una sociedad que está siendo transformada continuamente por las fuerzas del mercado, los valores tradicionales son disfuncionales y quien quiera vivir de acuerdo a ellos está en riesgo de terminar en la caneca de la basura.

Se desvaneció en el aire

Examinando un futuro en el que el mercado permea todas las esquinas de la vida, Marx escribió en el Manifiesto Comunista: "todo lo que es sólido se desvanece en el aire". Para alguien que vivió en la Inglaterra victoriana temprana -el Manifiesto fue publicado en 1848- era una observación asombrosamente visionaria

En esa época, nada parecía más sólido que la sociedad en cuyos márgenes vivía Marx.

Un siglo y medio más tarde, vivimos en el mundo que él anticipó, en el cual la vida de todos es experimental y provisional, y la ruina súbita puede llegar en cualquier momento.

Unos pequeño puñado de gente ha acumulado vastas riquezas pero incluso eso tiene una cualidad de evanescente, casi fantasmal.

En los tiempos victorianos, los verdaderamente ricos podían darse el lujo de relajarse, si eran conservadores a la hora de invertir su dinero. Cuando los héroes de las novelas de Dickens finalmente reciben su herencia, no vuelven a hacer nada jamás.

Hoy en día, no existe un remanso de seguridad. Los giros del mercado son tales que nadie puede saber qué mantendrá su valor, ni siquiera dentro de unos pocos años.

No fue el mayordomo

Este estado de alteración perpetua es la revolución permanente del capitalismo y yo pienso que nos acompañará en cualquier futuro imaginable realísticamente.

Estamos apenas a mitad de camino de una crisis financiera que pondrá muchas cosas de cabeza.

Monedas y gobiernos probablemente caerán, junto con partes del sistema financiero que creíamos seguro.

No se ha lidiado con los riesgos que amenazaban con congelar a la economía mundial hace apenas tres años. Lo único que se ha hecho es obligar a los Estados a asumirlos.

No importa qué digan los políticos sobre la necesidad de frenar el déficit, deudas de la magnitud de las que se han incurrido no pueden ser pagadas. Es casi seguro que lo que harán es manejarlas recurriendo a la inflación, un proceso que está abocado a ser muy doloroso y empobrecedor para muchos.

El resultado sólo puede ser más agitación política, a una escala aún mayor.

Pero no será el final del mundo, ni siquiera del capitalismo. Pase lo que pase, vamos a seguir teniendo que aprender a vivir con la energía errática que el mercado emanó.

El capitalismo llevó a una revolución pero no la que Marx esperaba. El exaltado pensador alemán odiaba la vida burguesa y pensó en el comunismo para destruirla.

Tal como predijo, el mundo burgués ha sido destruido.

Pero no fue el comunismo el que cometió el acto.

Fue el capitalismo el que mató a la burguesía.

Extraido de BBC Mundo

Aportado por Rigo

Lo triste de no gobernar

noreply@blogger.com (creaconcritica) — Mon, 12 Sep 2011 10:34:00 -0300