La reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2026 (rec. 4782/2023) insiste en el criterio jurisprudencial más garantista de la tutela judicial efectiva, conjurando que los calores de agosto provoquen zafarranchos y prisas jurídicamente injustificados. Ya abordé con extensión esta problemática.

Pues bien, en tales casos el día de inicio del cómputo del plazo será el 1 de septiembre. Nada de recortar el plazo de dos meses para acudir a la jurisdicción contenciosa restándole el plazo residual del mes de agosto, tras la notificación.

Y en consecuencia se fija la siguiente doctrina casacional:

Declarar que el inicio del cómputo del plazo de dos meses establecido en el artículo 46 de la LJCA, respecto de la impugnación de resoluciones administrativas notificadas durante el mes de agosto, se inicia a partir del 1 de septiembre, con la única excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.

Y con esto el blog se despide hasta septiembre, deseando a los lectores el mejor de los descansos. P.d. Yo me he comido el bocadillo antes del recreo, pues ya he agotado mis vacaciones en Italia, con aquello del dolce far niente.

¡Buen descanso de mente y cuerpo, con alma alerta!

Me refiero al reglamento de regularización extraordinaria aprobado por R.D.316/2026, de 14 de abril, que está cargado de cuestiones litigiosas que pueden aflorar con virulencia argumental en litigios, tales como serían: fronteras entre materia reglamentaria y reserva de ley; ajuste al derecho europeo; impugnación directa e indirecta del reglamento o de sus estipulaciones singulares; cobertura de lagunas y superación de contradicciones; juego de plazos preclusivos; fuerza de precedentes administrativos; valor de los criterios de gestión e interpretativos; medios de prueba de hechos determinantes de los requisitos; juego de la carga de la prueba en situaciones de difícil accesibilidad por el interesado; problemática variopinta de subsanaciones, desistimientos, firmezas y similares; validez de actuaciones por personal no funcionario;  peso de la dignidad de la persona y consideraciones humanitarias; armonización de procedimientos ordinarios abiertos y de los extraordinarios y en particular el impacto sobre los expedientes de expulsión, etcétera.

 Por supuesto, sin olvidar que una vez traspasado el umbral de la jurisdicción contencioso-administrativa aguarda la problemática procesal: apoderamientos, plazos, pruebas, cautelares y ejecuciones, recursos y nulidades, etcétera.

En la idea de una primera piedra de aportación sencilla, la Revista o Boletín «Jueces y Juezas para la Democracia», núm.104, Julio 2026 ha tenido la gentileza de publicarmi artículo titulado «La regularización migratoria extraordinaria ante la jurisdicción contencioso-administrativa», págs,14 a 20, en que de forma sintética y con pinceladas impresionistas expongo algunas claves del campo minado en que se ha convertido esa regulación extraordinaria.

Aqui está disponible. Un avistamiento de la problemática…

De ahí que la reciente sentencia de la sala tercera de 14 de julio de 2026 (rec. 4640/2023) avanza en la tutela medioambiental de forma indirecta, con doctrina de gran impacto sobre las licencias urbanísticas.

En el caso planteado se trataba sustancialmente de una empresa generadora de energía eléctrica que pretendía obtener por silencio positivo la licencia para ejecución de una línea eléctrica.

La sentencia de la sala tercera fija doctrina casacional en relación al caso planteado, pero con validez y utilidad general, pues aplica la receta del silencio negativo para aquellos casos en que la ejecución de las licencias (al margen de las cuestiones de viabilidad jurídica de fondo) puede dañar el medio ambiente.

La doctrina casacional sentada es doblemente interesante, y admite aplicación extensiva. Veámosla con atención.

 Por un lado,

a la pregunta de «si resulta de aplicación el régimen sectorial específico establecido en la legislación del suelo, o si, por el contrario, pudiera resultar de aplicación el previsto, con carácter general, en la legislación reguladora del procedimiento administrativo», debemos responder que ambos son aplicables y, por consiguiente, a los supuestos de silencio negativo que contemplan los artículos 11.3 y 4 TRLSRU deben añadirse los del párrafo segundo del artículo 24.1 LPACAP, en particular el relativo a que la actividad para la que se solicita autorización pueda dañar el medio ambiente.

O sea, no puede postularse el silencio positivo si la licencia se ajusta a las normas urbanísticas, y orillar la cuestión de su impacto ambiental.

Por otro lado, sobre el sentido del silencio administrativo, parte la sentencia de la sala tercera de recordar que “El citado artículo 11.3 TRLSRU establece el sentido negativo del silencio administrativo para la adquisición de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. También, según el apartado b) del número 4 del mismo artículo, a las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta, supuesto de silencio negativo que, en interpretación de la STC 143/2017, es constitucional «solamente cuando las actividades y usos urbanísticos cuya autorización se solicita se lleven a cabo en suelo rural cuya transformación urbanística no esté prevista o permitida» (FJ 23).”

Consideraba la sentencia de la sala territorial recurrida que no operaba el silencio negativo porque no había daño ambiental desde el momento que constaba que la instalación contaba con expresa autorización ambiental autonómica.  Sin embargo, la Sala tercera del Tribunal Supremo rechaza esta alegación por anteponer “el carro a los caballos” ya que

De acuerdo con el artículo 24.1 LPACAP, el silencio negativo es de aplicación general a todas las actividades potencialmente lesivas para el medio ambiente, al margen de que su impacto pueda ser corregido, minimizado o compensado de alguna forma. En consecuencia, dilucidar si dicha norma es aplicable no requiere en la inmensa mayoría de los casos sino atender al contenido de la autorización solicitada en cuanto a la índole de la actividad a desarrollar y las condiciones del espacio físico que ha de soportarla. Una cuestión es el examen de legalidad de la licencia, que implica valorar su acomodación a las normas del planeamiento urbanístico, que en este caso no podía apreciarse desde un primer momento al depender del informe favorable de la Consejería, y otra distinta la mera posibilidad de que se originen daños al medio natural, hecho que podría apreciarse desde el primer momento en función de la obra que exige la implantación de la línea eléctrica y las reconocidas condiciones ambientales del suelo afectado.

Y en consecuencia fija la siguiente doctrina casacional:

Así pues, la cuestión casacional que se nos planteaba en primer lugar debe resolverse diciendo que una solicitud de licencia para extender una línea eléctrica en terrenos en situación de suelo rural especialmente protegido implica autorizar una actividad susceptible de provocar daños en el medio ambiente y, por eso, el sentido del silencio debe ser negativo aunque se ajuste a las disposiciones urbanísticas.

Subrayaremos la novedad de perspectiva de esta importante sentencia.

La sala tercera del Tribunal Supremo hace pivotar el juego del silencio negativo sobre el dato empírico, fáctico o jurídico: la existencia o no de objetiva potencialidad de daños medioambientales. No debe analizarse para verificar si se ha producido o no el silencio negativo, el si jurídicamente se había contado con informes o autorizaciones, pues cuando se enjuicia el valor del silencio la única referencia idónea es la apreciación fáctica del impacto de la licencia, y no si cuenta o no con sus requisitos jurídicos.

Tomemos nota los administrativistas y especialmente los entes locales.

Es el caso zanjado por la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2026 (rec. 1823/2024) que afronta un interesantísimo caso desde una perspectiva novedosa.

La sentencia resume el alegato del demandante:

En primera instancia, el representante de los propietarios alegó que de la expropiación resultaba beneficiaria una entidad privada con ánimo de lucro, que ostenta el monopolio de la distribución eléctrica en la zona, y no una Administración Pública cuyo objeto es dar servicio al administrado. Por esa razón consideró que la cuantificación del justiprecio acudiendo a las normas generales de valoración sin tener en cuenta la naturaleza privada, lucrativa y dominante de la beneficiaria, puede suponer una ayuda pública y vulnerar las normas europeas sobre competencia y mercado.

Ese planteamiento lo aderezaba jurídicamente exponiendo que la legislación de expropiación forzosa de 1954 resulta anacrónica al contemplar tales servidumbres en favor de empresas eléctricas, pues no contemplaba la situación actual en que se trata de un mercado liberalizado, en que se trata de empresas con ánimo de lucro y en que la expropiación comporta la fijación de un precio  “sin ningún procedimiento competitivo y al margen del valor de mercado o de los beneficios de la entidad privada beneficiaria, lo que constituye de hecho una forma de fijación indirecta del precio de compra. También vulnera el artículo 102 TFUE porque implica el abuso de posición dominante, pues la expropiación constituye una transacción impuesta en condiciones no equitativas”, además de colocar a la empresa eléctrica como beneficiara de una “ventaja económica selectiva otorgada por el Estado, lo que la convierte en una ayuda incompatible con el mercado interior”.

La oposición de la Administración se centró en que,  siendo las empreas de suministro eléctrico, gestores de servicio de interés económico general, el procedimiento y fijación de justiprecio eran ajustados a la Constitución y al derecho comunitario, sin que la valoración expropiatoria pueda considerarse ayuda del Estado pues quien paga es la beneficiaria, la empresa eléctrica.

Veamos la solución jurisdiccional. Enfrentada a la cuestión de interés casacional, la citada sentencia de la sala tercera, se apoya de forma razonada y congruente con el contexto europeo, en que el servicio de suministro eléctrico es un servicio de interés general, recordando que sobre tales empresas recaen obligaciones de servico público y que el pago del suministro se ajusta a criteros de sostenbilidad económica y financiera del sector eléctrico, no a pautas de mercado, pues:

En resumen, sobre las empresas distribuidoras recaen puras obligaciones de servicio público como las de prestar el suministro de electricidad y preservar la continuidad y calidad del servicio, y, por otra parte, su retribución no obedece a criterios de mercado, sino que se establece de forma objetiva por el expresado órgano regulador. Estas condiciones justifican para el legislador nacional, y europeo, la existencia de monopolio.

Sobre la valoración económica de la servidumbre aérea, la sentencia advierte que “el sistema de valoración se estructura sobre el bien expropiado, no sobre la identidad del beneficiario ni la finalidad de la expropiación.”

Finalmente rechaza que se trate de una ayuda de Estado pues “La ventaja que supone la constitución de la servidumbre a su favor y la fijación del justiprecio expropiatorio no representa una ventaja frente a otras competidoras por el simple motivo de que el servicio de interés general de distribución eléctrica se presta con carácter de monopolio”.

Concluye resumiendo que “no consideramos que el monopolio natural de la actividad de distribución eléctrica constituya una vulneración de la competencia ni tampoco que el método para establecer el justiprecio sea una ayuda del Estado que distorsione el libre mercado”.

En consecuencia, fija la siguiente doctrina casacional:

Es conforme a la normativa europea la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa y demás normas concordantes para establecer el justiprecio de las expropiaciones de bienes y derechos reales en favor de entidades privadas distribuidoras de energía eléctrica.

Una sentencia bien razonada y congruente con el marco europeo y el modelo expropiatorio (tampoco plantea cuestión prejudicial ante el TJUE). Es lo que hay en buena técnica jurídica. Pero también ofrece un vivo ejemplo de como la realidad o la justicia material a veces discurre paralela a la Ley vigente.

Ello porque ciertamente  sorprende al común de los ciudadanos que la colocación de unas torres eléctricas en la finca, con servidumbres y limitaciones de la propiedad, ocasiona un gravísimo perjuicio al uso y disfrute, que no se ve compensado por “unos doblones míseros” de indemnización, cuando el expropiado contempla como la empresa eléctrica multiplica los panes y los peces de sus beneficios a costa de estas sangrías en la propiedad privada.

Es cierto que no es misión de la sala tercera del Tribunal Supremo recordar, invitar o advertir al poder legislativo de la necesidad de cambiar la legislación insatisfactoria en términos de justicia. Su misión es aplicar el derecho positivo y crear jurisprudencia en clave constitucional.

También debemos agradecer que abogados o particulares den la voz de alarma planteando judicialmente cuestiones de justicia material, arriesgando tiempo, dinero y energía, aunque reciban un portazo jurisdiccional.

Pero también es cierto que debería el Ejecutivo o el parlamento tomar buena nota de que la Ley de Expropiación Forzosa data de 1954 (72 añitos de edad, casi nada), con algún puntual parcheo. Debemos admitir que ha sido un ley espléndida, técnicamente valiosa y con jurisprudencia clarificadora (le agradecemos los servicios prestados).

También sabemos que, cuando algo entra en el Parlamento,  entre tecnicismos, lo políticamente correcto y  las enmiendas de transacción, puede salir cualquier engendro en el Boletín Oficial. Pero ese riesgo  no impide la necesaria voluntad de acometer una modificación sustancial en ámbitos donde el expropiado ni entiende ni comparte la ridícula valoración, o en que sufre procedimientos acelerados so pretexto de urgencias eternas.

Es cierto que las cosas no deben tener el valor o precio en función de la riqueza del que las compra, pero también es humanamente comprensible que, cuando se impone a un particular un sacrificio de su modesta propiedad en sectores empresariales de notorio oligopolio y desproporcionado enriquecimiento, bien podía el legislador tomar en cuenta una bonificación del precio en favor del expropiado a costa del expropiante beneficiario. Alguna vez el Estado debería comportarse como Robin Hood y ayudar a Pepe Isbert.

¿Quién no recuerda la película de  «Erin Brockovich» (2000)?. La protagonizaba Julia Roberts, y cuenta la historia real de una multinacional energética que contamina el agua de un pueblo y utiliza tácticas de intimidación para comprar las propiedades de los vecinos a precios de miseria, encubriendo un desastre sanitario. No estamos ante una práctica  tan miserable, pero sí nos demuestra que no está bien que el tiburón se zampe a la sardina, y que si Poseidón no lo remedia, habrá que acudir a los tribunales…

En estas estamos, cuando llega la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026 (rec. 8330/2024) que convierte la doctrina sobre el “silencio administrativo” en una diana móvil, donde me temo que ya los agentes jurídicos no saben a qué atenerse. O sí, saben que deben atenerse a que el silencio administrativo se ha convertido en un foso que impide el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa, y que retornamos a las cavernas.

Veamos el caso, tal y como lo sintetiza la propia sentencia comentada.

La Sala de instancia consideró que la inadmisión del recurso interpuesto contra una desestimación presunta resultaba contraria al principio de buena administración y al derecho a la tutela judicial efectiva, porque la Administración no puede obtener un beneficio del incumplimiento de su obligación de resolver en plazo. El agotamiento de la vía administrativa, con la interposición de una reclamación económico-administrativa, solo es exigible en los casos en que se notifique resolución expresa del recurso de reposición antes de la interposición del recurso contencioso. Apoya su razonamiento en la jurisprudencia recogida en las SSTS de 7 de marzo de 2023 RC 3069/2021 y de 3 de mayo de 2023, RC/4792/2021″

La administración recurrente acudió al Tribunal Supremo frente a esa sentencia territorial:

Interesa que se fije como doctrina que, cuando el acto administrativo impugnado incluye información sobre la necesidad de agotar la vía económico-administrativa, la impugnación directa en vía contenciosa frente a la desestimación presunta del recurso de reposición debe conducir a la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por falta de agotamiento de la vía previa, conforme a los artículos 25.1 y 69 LJCA.

La sala tercera razona del siguiente modo:

Es cierto que la Administración no resolvió en plazo el recurso de reposición que el interesado dedujo contra la liquidación, incumplimiento solo reprochable su mala práctica.

No obstante, insistimos que Saint Gobain Cristalería, S.L. era conocedora de que podía interponer un recurso de reposición, como así hizo, pero también de que el siguiente paso, a pesar de la falta de respuesta expresa de quien sí debió darla y para poder agotar la vía administrativa dejando expedita la jurisdiccional, era deducir la preceptiva reclamación económico-administrativa.

En este caso, el silencio frente al recurso de reposición, además de la ficción de considerarlo desestimado conforme al artículo 225.5 de la LGT, solo le abría la puerta para la interposición de la reclamación económico-administrativa, impugnación necesaria y previa al recurso contencioso-administrativo con arreglo a lo establecido con el artículo 249 de la LGT en relación con el artículo 10.1. de la LJCA. En definitiva, en el supuesto que ahora enjuiciamos y en contra de lo que sí ocurrió en otros recursos vistos por esta Sala, la reprochable inactividad de la Administración no le generó una indefensión por desconocimiento de los recursos que podía y debía interponer contra el acuerdo de liquidación. La falta de agotamiento de la vía económico-administrativa, previa a la formulación del recurso contencioso-administrativo, y a pesar de la ausencia de respuesta de la Administración, fue debido única y exclusivamente a su decisión».

Y se fija la siguiente doctrina:

En situaciones como la que hemos detallado ampliamente en el anterior razonamiento, resulta inadmisible un recurso contencioso-administrativo, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, conforme a lo declarado en los artículos 69.c), en relación con el 25.1 LJCA, en aquellos casos en los que, a pesar de la falta de respuesta expresa o desestimación presunta imputable a la Administración de un recurso de reposición de carácter potestativo, la notificación del acto expreso objeto de aquel recurso si informó clara y taxativamente al contribuyente de los medios de impugnación procedentes.

Nada que objetar a una doctrina en cuanto fije criterio claro para el futuro, y que merece todo el respeto por la autoridad de la que dimana (y aunque no la cite, podría apoyarse en la alicorta STC 14/2006), pero personalmente me resulta cuestionable el rigor de su fundamentación, pues brota la perplejidad a borbotones:

• Existe un incumplimiento de la obligación de resolver de la Administración, que tiene un recurso de reposición sobre la mesa, y con obligación legal de resolverlo en el plazo de un mes, y no lo hace. O sea, incumplimiento de una carga legal por la Administración que no puede perjudicar a terceros (particulares).
• Estamos en el ámbito tributario en que existe una cadena de varios eslabones de posibilidades de reclamar: primero, recurso de reposición potestativo, y segundo, frente a su desestimación, expresa o presunta, sigue una reclamación económico-administrativa. ¿Es razonable imponer la carga al ciudadano de tener que aporrear dos veces la puerta de la administración para que le conteste?
• El sentido y efecto útil de una reclamación económico-administrativa frente a la resolución de un recurso de reposición, es poder combatir los argumentos de éste. Por tanto, si hay silencio en el recurso de reposición, y nada se añade a la liquidación original impugnada, ¿tendrá el particular que “cortar y pegar” su recurso para volver a insistir en que se dignen responderle?
• Es cierto que la primera liquidación indicaba en su notificación al contribuyente que, frente a la misma podría “interponerse recurso de reposición potestativo y que frente a su desestimación expresa o presunta cabría reclamación económico-administrativa”. De ahí deriva la sentencia comentada que, como la administración “advirtió al particular del camino a seguir” se siente por el contribuyente, pues no puede tomar atajos, y tiene que soportar como «el coronel no tiene quien le escriba». Vamos a ver….Ya el propio legislador en letra publicada en boletines oficiales indica a la administración y al particular los recursos y reclamaciones posibles, pero también machaconamente advierte que tiene que resolverlos. A partir de ahora la Administración sabe que con espetar un rótulo al final de la resolución, con letra pequeña y estilo farragoso, indicando la cadena de reclamaciones y recursos, podrá no contestar y echarse a dormir. La paradoja consiste en que el recurso de reposición era un derecho en favor del particular y se ha convertido en un privilegio y escudo de la administración, en una carga formal porque puede desatenderse y no contestarlo jamás. La coartada de la administración para no resolver expresamente el recurso es conocida: “Ya parará la pelota el Tribunal Económico-administrativo”; “No hay que resolver los recursos de reposición, no vaya a ser que seamos prisioneros de la respuesta”; “En vez de resolver recursos mejor seguimos liquidando que eso sí que aumenta la recaudación”; “Mejor no estimar el recurso de reposición, porque probablemente se canse el contribuyente y no siga reclamando en vía económico-administrativa, que cuesta tiempo y dinero”.
• ¿Acaso no deja de ser abusivo que una Administración no resuelve un simple recurso de reposición, pero cuando el particular acude frente a la desestimación presunta a lo contencioso-administrativo, entonces despierta y alega la inadmisibilidad, y sigue sosteniéndolo en sala territorial y ante el Tribunal Supremo, sin escatimar tiempo y recursos humanos?, ¿no hubiera sido más rápido y justo, haber resuelto el manido recurso de reposición con una simple resolución desestimatoria y así el particular poder embarcarse en lo económico-administrativo?
• Es curioso que, si la Ley le dice a la Administración que debe resolver expresamente, ésta puede no hacerlo, pero si la administración le “informa” al particular del sendero de recursos a seguir, el particular ya no puede apartarse del camino largo y tortuoso de más recursos administrativos inútiles.
• ¿No es absurdo ignorar la eficacia de la propia Ley que ya indica la cadena de recursos a seguir, y cuyo conocimiento se presume, y en cambio, primar la eficacia de la lapidaria indicación de recursos en las liquidaciones, como actuación determinante del necesario conocimiento por el particular de lo que hacer y que bloquea el acceso a la jurisdicción?
• ¿Dónde queda el principio pro actione y la tutela judicial efectiva, cuando el Tribunal Constitucional impone la interpretación más favorable para la efectividad del derecho?
• ¿Dónde queda el acceso a la tutela judicial sin dilaciones indebidas?
• ¿Dónde queda la «penalización» del incumplimiento de resolver de la administración, que ahora se estimula con esta doctrina?
• ¿Dónde queda el principio de buena administración si la “mala administración” es bonificada con impedir al particular acudir a la justicia administrativa, posponiéndolo?

Es curioso que el Tribunal Constitucional (por todas STC 52/2014) haya sentado que cuando se impugna una desestimación presunta no opera el plazo legal tasado e inequívoco de seis meses para impugnarla fijado por el art.46 de la Ley Reguladora de lo Contencioso-administrativo, pero en cambio debamos aceptar que pese a impugnarse una desestimación presunta de un recurso, por haber estampillado el pie de recursos la administración, se mantenga la carga de seguir reclamando en vía económico-administrativa. Hay algo aquí que chirria por incongruente.

En fin, tenía la ingenua idea de que la justicia administrativa estaba para luchar contra las inmunidades de la administración, para interpretar restrictivamente sus privilegios frente a la posición procesal del particular y para abrir las puertas de la Justicia administrativa cuando ya se llamó infructuosamente a las de la administración.

Creía que había que luchar contra lo más cómodo, contra la aplicación de las inadmisibilidades a rajatabla, y no primar la vía administrativa sobre la judicial; y creía que, el reto del juez administrativo, aunque fuere más laborioso y más creativo, era interpretar en clave constitucional. Pero se ve que estaba equivocado. Para este viaje casacional no hacen falta alforjas de gran sensibilidad jurídica ni razonamientos de altura, pues bastaba con mirar por el retrovisor a la vieja doctrina preconstitucional. Ahora, en vez de la «doctrina del tiro único», nos quda la «doctrina del camino único: el silencio sale gratis para la administración».

Pero nada, a seguir remando. Ahora me voy a bañar al lago de Garda, en esta preciosa Italia, que estoy de vacaciones y quiero ahogar las penas.

Personalmente añadiré que, asistir a la victoria de España desde un hotel de Italia me ha resultado especialmente placentero y me ha hecho sentir un pequeño embajador que disfruta en la lejanía de la magia del vínculo de la nacionalidad.

Dicho esto, con la consiguiente felicitación al equipo español y a las numerosas personas que de forma directa o indirecta han contribuido a ello, al realizar mi crónica en este veterano blog jurídico, me ha venido a la mente la cuestión de si podría existir una especie de “Campeonato mundial del Derecho”, esto es, un campeonato de salud jurídica de los Estados del mundo (unos 195 Estados soberanos).

De entrada, como requisito de participación, el “juego limpio” impondría que solo participasen aquéllos países que contasen con Estado de Derecho real, esto es, con los cuatro pilares clásicos: imperio de la Ley (no de autocracias ni oligarquías), la ley como expresión de la voluntad general (democracia), derechos fundamentales y libertades reconocidas y garantizadas (estándar mínimo de respeto a la dignidad) e independencia judicial (o sea, tribunales libres de presiones ajenas a la fuerza de la Ley).

La segunda cuestión sería determinar el órgano, Jurado o Tribunal encargado de adjudicar el honor de ser el Estado campeón del Derecho. Ahí tendría que entrar en juego el consenso o la participación de organizaciones internacionales relevantes. Y quizá articularse un Jurado de composición mixta para impulsar la competición (perfil técnico a cargo de altísimos juristas de prestigio, y perfil institucional a cargo de  representantes de organizaciones intergubernamentales). Eso sí, en ambos grupos debería hacerse entrar algún tipo de sorteo para evitar presiones. No sería fácil.

El gran reto sería determinar los criterios de decisión. Aquí podría introducirse una especie de baremo en que se tomasen en cuenta indicadores de salud jurídica como los siguientes:

• Adhesión del Estado a convenios internacionales multilaterales y naturaleza de las reservas del Estado a sus estipulaciones (Convenciones de Ginebra, Declaraciones y convenios auspiciados por Naciones Unidas, Estatuto de la Corte Penal Internacional, Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera).
• Número de litigiosidad interna en tribunales (ponderándose el dato cuantitativo en relación con la población del país, y asimismo la naturaleza civil o penal de las controversias).
• Calidad del acceso a la justicia (accesibilidad, recursos tecnológicos, duración, cadena sostenible de recursos, etcétera).
• Número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial en relación con los servicios públicos (ponderándose el dato en relación con la población y/o presupuesto del país).
• Índice de rotación y cambio de normas y/o jurisprudencia (a mayor estabilidad, mayor seguridad jurídica).
• Uso o abuso de instrumentos excepcionales (decretos leyes, estados anómalos, o figuras de efecto equivalente).
• Niveles de corrupción (ponderándose según su entidad y los ámbitos contaminados: parlamentario, ejecutivo o judicial).
• Espacios de discrecionalidad del poder (a mayor discrecionalidad del ejecutivo menor territorio de garantías jurídicas).
• Intensidad y extensión de la formación educativa ciudadana en civismo y derecho, en todos los niveles.
• Existencia de cuerpo doctrinal jurídico prestigioso, respetado y referente en la forja de buen derecho y justicia.

Ciertamente son muchos los factores o síntomas del estado de salud jurídica de un país, y resulta difícil afinar el peso de uno u otro. Sin embargo, bueno sería que cada ciudadano realizase un ejercicio de pensamiento crítico sobre el estado de salud jurídica de su respectivo país, y no estaría de más que le ayudase a formar criterio, el desarrollo de una competición bienal transfronteriza entre Estados para demostrar cual es el mejor en términos de garantías jurídicas. Una competición transparente y promovida por alguna institución, organización internacional, oenegé o similar. Una competición en que las candidaturas contasen con la propuesta de un número reducido de otros Estados,  y en que hubiese un trámite de defensa por cada Estado de su estado real de salud jurídica, con una «final» en que abiertamente contrastasen los datos en sana discusión. Eso sí, sin que el poder económico o político «ponga sus sucias manos» sobre ello.

Al menos, se conseguiría estimular buenas prácticas por algunos países, y se alimentaría la confianza y respeto por el Derecho en la conciencia ciudadana. Y si de paso, se promueve el jolgorio, la alegría, el optimismo jurídico, y sano sentimiento de comunidad con buen derecho, pues mejor.

En tiempos en que parece que el Derecho se devalúa, en que vivimos en la burbuja jurídica de nuestro respectivo Estado, quizá sea bueno una mirada comparada hacia otros Estados, y que alguien legitimado puede orientar con una sana competición, sobre si se va en la dirección equivocada o no.

De momento dejaré que los sueños, sigan siéndolo, y nos quedaremos con las competiciones deportivas y con felicitar a nuestros campeones, que hoy por hoy, han conseguido fortalecer el sentimiento de identidad de grupo de nuestro país, y sin olvidar que también se produce ese estímulo en los restantes equipos partícipes, por el solo hecho de embarcarse en una iniciativa común, ordenada, seria y estimulante de emociones (de hecho, tuve ocasión de asistir en la noche de Marrakech a la celebración de la victoria de su equipo sobre Canadá y era un auténtico derroche de emociones y alegría, que demostraba que no están tan lejanas las civilizaciones como se piensa). La condición humana no solo comporta un estándar de dignidad, sino que nos hace compartir sueños, alegrías y penas, al margen de la condición social, religiosa o étnica.

Estando de vacaciones en Verona, al acudir al concesionario de suministro local de agua, me informaron que el alta o ámbito de titularidad se haría en menos de cinco días laborables o naturales; me explicaron que, si exceden dicho plazo, en la primera factura se indemnizará, al usuario con 50 euros, cifra que se duplicará o triplicará según la demora supere el doble o triple de lo previsto. 

Caramba, nada de dulces compliance, ni Cartas de Servicio… aquí han acabado con el clásico de Larra, del “Vuelva usted mañana”.

Esta sutil garantía de la actuación pública con celeridad, parece ser que se debe, según me informa un funcionario italiano, a una normativa aprobada por la Autoridad independiente (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), y me planteé cómo es posible que en España, -con 48 años de vigencia constitucional proclamando una administración legal, eficaz y eficiente-, se mantenga el instituto del silencio administrativo en las licencias urbanísticas. Mas aún, que con más 8000 ayuntamientos ninguno se haya planteado en sus ordenanzas la devolución o bonificación de tasas, si un servicio administrativo (autorización, certificación, inspección, etcétera) no se prestaba con la debida celeridad (es cierto que algunas escasísimas sociedades gestoras de servicios públicos lo incluyen en sus Cartas de Servicios con fórmulas más voluntaristas que automáticas y realistas). 

Pero ahora quiero ir más allá de estos servicios de agua y energía. No hablo de la comunicación previa, ni de la declaración responsable, sino de las licencias urbanísticas que subsisten como tales (obra mayor o edificación, cambio de uso, movimiento de tierras, etcétera). Veamos con detalle el problema y las posibles soluciones.

Personalmente solicité una licencia para una obra de pequeño cerramiento presupuestado en 9.000 euros (encajaría plenamente en “declaración responsable”, pero mal comienzo sería discutir o litigar con el ayuntamiento) así que tras aportar proyecto de arquitecto, garantizar supervisión por aparejador, y pagar la elevada tasa en los primeros días tras solicitar la licencia, se produjo un apagón público de cinco meses hasta que se otorgó la licencia. Final feliz, pero con tres meses de demora sobre la duración máxima. Es cierto que existe silencio positivo.. a los dos meses …¿pero quién se atreve a iniciar una obra sin licencia otorgada bajo la espada de Damocles de que “solo se adquiere por silencio lo que se ajusta a planeamiento?.

No olvidemos que el silencio positivo que como regla general proclamó el legislador ha sido recortado a golpe jurisprudencial, primando legalidad sobre las consecuencias de la pasividad administrativa.

He consultado a varios amigos sobre su experiencia con licencias urbanísticas. Uno me dice que su ampliación del garaje de su chalé en Castro-Urdiales (Cantabria) va esperando licencia por dos años; otro que la piscina proyectada hace tres en Ponferrada (Castilla y León) ya está funcionando sin licencia (la licencia ni está, ni se la espera) y el más llamativo, un funcionario de Formentera (Baleares) cuya licencia para edificar en la finca heredada de su abuelo la espera obtener este .. ¡sexto año!

   Visto lo visto, de nada sirve el consuelo de un silencio positivo que nada garantiza (salvo el riesgo de saltarse un semáforo en ámbar); además, como me confesaba un policía local de un municipio gallego:»Solemos visitar el lugar de las obras cuya licencia se ha solicitado antes de otorgar la licencia con una lista, como zorros que se asoman a los gallineros por si hay algún hueco o gallina audaz… y vaya si las hay».

Tampoco consuela al impaciente solicitante, la impugnación de la desestimación presunta porque la justicia administrativa y sus recursos embarcan en un largo e incierto proceso hacia la desesperación.

Por eso, sugiero algo tan sencillo como lo siguiente, a la italiana:

Aprobar una «Ley de eficiencia temporal de la expedición de licencias urbanísticas» (norma básica, bajo los títulos competenciales del procedimiento común y de régimen local) que dijese algo así:

Primero.El agotamiento del plazo máximo para notificar la resolución de un procedimiento de solicitud de licencias urbanísticas (obra o apertura) comportará la exención total de las tasas devengadas por tal expedición (cuando se produzca) o si ya fuese un supuesto exento, el pago al solicitante en cuantía equivalente a la tasa de los obligados.

Segundo. Semestralmente el interventor general emitirá informe sobre las consecuencias presupuestarias de tal medida y deberá el pleno adoptar medidas para corregir o evitar su aplicación, ya sean presupuestarias, dotación de plantillas, normas o incluso minoración de complemento específico de los puestos de trabajo que no están a la altura de sus responsabilidades.

Tercero. El inicio de obras al amparo del silencio positivo, si se calificasen de ilegales pero siempre que se ajustasen al proyecto presentado, no comportará sanción alguna por falta de culpabilidad, sin perjuicio de la restitución del estado anterior. 

En fin, las vacaciones y el calor me hacen ser inocente y creer que el legislador público prima la eficacia de gestión sobre la eficacia recaudatoria. ¿A quién le importa solucionar el problema? Mejor seguir jugando a la papiroflexia de la calidad, de lo electrónico, de sinergias e impactos, de Memorias y sostenibilidades… mientras el ciudadano actual sigue emulando a Larra: “Vuelva usted mañana a entrar en la sede electrónica del ente local a ver si hay algo para usted”.

Afortunadamente, al margen de su acierto o error de fondo,  la mayoría de las sentencias están razonadas y se entienden, lo que es mucho, sin necesidad de que el lector tenga que acudir a la piedra Rosetta, ni releerla o tomar atajos.

Esta reflexión viene al caso ante la recientísima sentencia de la sala tercera de 29 de junio de 2026 (rec. 5343/2024), que sale al paso de la motivación por remisión, no en el ámbito de las resoluciones administrativas, sino en el de las sentencias judiciales, cuando optan por asumir ciegamente lo alegado por una de las partes, sin aportar nada de cosecha propia.

Se trata de una valiosísima sentencia de la sala tercera, dictada en un caso de perfiles insólitos que impactan al lector.

Se impugnaba de fondo la resolución de adjudicación del contrato de servicio de «Asistencia o defensa letrada, representación procesal y asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pájara (Fuerteventura).

I. La cuestión casacional a resolver consistía en:

Determinar si satisface la exigencia constitucional de motivación de la sentencia, derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, acoger pura y simplemente, como motivación propia del Tribunal, la reproducción íntegra del escrito de alegaciones de una de las partes procesales (en este caso, el escrito de conclusiones de la parte demandante).

II. Pero veamos los literales términos de la motivación de la sentencia de la sala territorial canaria para estimar el recurso de la empresa de servicios de consultoría y/o abogacía, y declarar el derecho de la parte recurrente a ser adjudicataria del contrato de servicio de «Asistencia o defensa letrada, representación procesal y asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pájara». Dice la sentencia con una visible honradez intelectual, aunque con patente sombra de familiaridad y complacencia: «ante la brillantez claridad y solidez de qué hace gala el escrito de conclusiones habiendo llegado a la convicción firme sin vacilación ni titubeo alguno de que para explicar por qué ha de ser estimado el recurso en su integridad lo mejor es que nos limitemos a hacer explícitamente nuestras las consideraciones efectuadas en el escrito de referencia pues además difícilmente podríamos exponer de modo tan sencillo las pegas y obstáculos que hacen legalmente inviable sostener la validez de la decisión que no sin cierto atrevimiento adoptó en su día el Ayuntamiento de Pájara. Así pues, sirvan aquí tales impecables consideraciones como instrumento mediante el que queda colmado a cabalidad el deber de motivación que sobre nosotros pesa.»

III. Examinemos las posiciones de cada parte:

La parte recurrente aduce: «el recurrente en casación sostiene que la sentencia impugnada vulnera el deber constitucional de motivación, en la medida en que, para fundamentar la estimación del recurso, se limita a reproducir el contenido del escrito de conclusiones de una de las partes, sin incorporar una auténtica elaboración jurisdiccional propia».

La tesis de la demandada oponiéndose al recurso de casación pasa por afirmar que “sostiene que no se produce indefensión alguna, en tanto las razones de la decisión resultan plenamente cognoscibles y exteriorizadas, aunque ello se articule mediante la asunción de los argumentos previamente formulados por una de las partes”.

IV. En este escenario, en que la parte recurrente tiene que jugar a las adivinanzas de la razón de la estimación del recurso y la parte recurrida insiste en que se conocen por la adhesión del juez a su posición escrita, la Sala tercera coge el toro de la motivación de sentencias por los cuernos.

Primero, la sala tercera expone con detalle las exigencias constitucionales de motivación de sentencias y concluye resumiéndolas así:

En síntesis, la doctrina jurisprudencial consolida un canon flexible pero suficiente de congruencia y motivación, cuyo núcleo reside en que la resolución judicial: (a) responda a las pretensiones deducidas sin desviaciones sustanciales; (b) exteriorice los fundamentos esenciales de su decisión; y (c) permita excluir la arbitrariedad y posibilitar el control jurisdiccional. Todo ello sin exigir exhaustividad argumental, bastando una motivación que, aun sucinta, resulte comprensible, coherente y jurídicamente fundada.

Segundo, fija los límites de la “motivación por remisión”, pues:

De este modo, la motivación por remisión solo es constitucionalmente admisible cuando preserva una auténtica exteriorización del juicio jurisdiccional, lo que excluye su utilización como fórmula de simple adhesión acrítica a planteamientos de parte.No resulta suficiente, por tanto, una mera adhesión formal o acrítica a la argumentación sostenida por una de las partes del proceso. Antes, al contrario, el deber de motivación exige que el órgano jurisdiccional lleve a cabo una auténtica asunción crítica de tales razonamientos, integrándolos en su propio discurso decisorio y exteriorizándolos como expresión de un juicio jurisdiccional propio. Ello comporta no solo explicitar las razones por las que dichos argumentos se consideran jurídicamente correctos y adecuados para la resolución de la controversia, sino también justificar de manera expresa el rechazo de las tesis sostenidas por la parte contraria.

Con estas pautas concluye la sala tercera del Tribunal Supremo del siguiente modo:

La ausencia de una verdadera labor de ponderación y elaboración judicial determina que el fallo carezca de una justificación autónoma en Derecho, lo que no solo compromete el cumplimiento del deber de motivación impuesto por los artículos 120.3 CE y 218 LEC, sino que proyecta dudas sobre la apariencia de imparcialidad del Juez, en la medida en que la resolución se presenta como una simple traslación de la posición de parte y no como el resultado de un proceso intelectivo propio, objetivo y jurídicamente fundamentado.

En consecuencia, cuando la resolución judicial se limita a reproducir, de forma literal, los argumentos de una de las partes sin llevar a cabo una auténtica labor de valoración, depuración y selección de los elementos jurídicamente relevantes del litigio, no satisface el canon de motivación suficiente exigido por los artículos 120.3 CE y 218 LEC. En tales supuestos, la motivación deviene meramente aparente, en cuanto no constituye la exteriorización de un juicio jurisdiccional propio, sino la simple traslación de una posición procesal ajena, desprovista de la necesaria asunción crítica y de la imprescindible ponderación de las tesis en conflicto.

Esta insuficiencia no solo impide identificar con claridad la ratio decidendi de la resolución, sino que compromete las funciones esenciales de la motivación –garantizar la interdicción de la arbitrariedad, permitir el control mediante los recursos, ofrecer a las partes una respuesta fundada en Derecho y afecta a la apariencia de imparcialidad del Juez-. generando una clara indefensión con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 del texto constitucional.

Y formula el deber positivo del juez en los siguientes términos:

Recapitulando, el deber de motivación de la sentencia exige que el órgano judicial fundamente su decisión en razones propias, sin que pueda erigir en único soporte argumental las alegaciones de una de las partes. Cuando las asuma, ha de explicitar las razones por las que las considera acertadas y, correlativamente, justificar por qué rechaza las de la parte contraria. La mera trascripción o reproducción de tales alegaciones resulta insuficiente para satisfacer dicha exigencia y compromete la apariencia de imparcialidad, en la medida en que denota una adhesión acrítica a una de las posiciones en litigio sin exteriorizar una valoración ponderada de los argumentos contrapuestos. Es, precisamente, la formulación de ese juicio crítico, tras el examen de las pretensiones y alegaciones de las partes, lo que constituye la esencia misma de la función jurisdiccional.

V.La respuesta a la primera cuestión casacional es que:

No se satisface la exigencia constitucional de motivación de la sentencia, derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, acoger pura y simplemente, como motivación propia del Tribunal, la reproducción íntegra del escrito de alegaciones de una de las partes procesales.

VI. A título personalísimo, creo que con concreto proceder de la sentencia territorial anulada, en que se remitía claramente a lo alegado por la parte, lo que era conocido por todos los personados, no se ocasionaba ninguna indefensión al lector de la sentencia, pues no olvidemos que hablamos de abogados que han asistido a todo el proceso y que saben «leer» una sentencia, de manera que si asume las alegaciones de una parte, está claro que esas alegaciones forman parte de la fundamentación de la sentencia, y todos las conocen y pueden cuestionarlas. De ahí que entiendo, que pese al exceso retórico de la sentencia, a todas luces inofensivo, la sentencia cumplía con la mínima exigencia de motivación y no debía ser revocada.

Sin embargo, comparto el razonamiento general de la sentencia de la sala tercera, y su doctrina casacional, pues me parece que fija en sus justos términos algo tan esencial para la tutela judicial efectiva como lo que debe ser una motivación de sentencias que merezca tal nombre.

VII. Por tanto, estamos ante una valiosa sentencia con IMPORTANTES CONSECUENCIAS, porque establece que la motivación de la sentencia debe ir más allá de la recepción mecánica, si carece de una mínima valoración jurisdiccional de lo que una de las partes ha alegado:

1. La carga de este deber recae sobre jueces y magistrados, sin cómoda inercia y parasitismo de lo que dice y cómo lo dice una parte. Se impone una carga artesanal y personal en la labor del juez en cada caso.
2. Si no se hace así, será defecto de invalidez de la sentencia.
3. El proceder contrario (por ejemplo: “asumimos íntegramente lo dicho por la parte, sin necesidad de mayores precisiones”) afecta o alza sombras de PARCIALIDAD, y de ARBITRARIEDAD.
4. Esto deber de razonar singularmente circunstanciado debe predicarse no solo de las SENTENCIAS, sino de los AUTOS (cautelares, prueba, ejecución, etcétera).
5. Evidentemente, la carga de “motivación singular y personalizada” no prohíbe que se califique positivamente o elogie, el escrito de la parte (por su solvencia y rigor, etcétera), como tampoco impide que pueda la sentencia asumir y citar doctrina académica en que sostener su decisión.

Solamente, cabe preguntarse, si la sala tercera antes de dictar sentencia podía y debía haber exigido que la parte promotora del recurso hubiese planteado algún remedio procesal ágil, como pudieran ser, según procediese, con el fin de incorporar las precisiones sobre la motivación exigidas: (i) el escrito de corrección de errores; (ii) escrito de aclaración; y (iii) complemento de sentencia del art. 215 LEC. Creo que deben agotarse los cauces sencillos y rápidos que puedan evitar un largo, costoso e incierto recurso de casación, como el del caso analizado, que se ultima con una sentencia casacional dictada en 2026 cuyo contenido de estimación dispone la retroacción de actuaciones para completarse la sentencia dictada en 2022 con motivación.

En fin, saliendo del territorio de la motivación de las sentencias contencioso-administrativas, no puedo dejar de preguntarme lo exigentes que nos ponemos con su motivación y lo relajados que somos cuando se trata de exigir motivación de los autos de inadmisión de recurso de casación o de las providencias que despachan con un portazo los recursos de amparo. Parece que hay dos varas de medir…

NOTA.- Lo expuesto lo hago desde la distancia personal y física, pues estoy escribiendo desde Bussolengo (Italia) donde acabo de empezar mis vacaciones, e incumpliendo el mandato bíblico de descansar y alejarse del trabajo, me he lanzado a escribir esto, tras una dura negociación familiar para poder retomar por un ratito esta adicción al blog. Salud…

Se ha hecho público el rechazo de la cuestión prejudicial comunitaria solicitada a la Sala tercera, que se limitó a brindar audiencia a las partes, para finalmente descartar la paralización. Esta decisión de la sala tercera es congruente con las poderosas razones expuestas (el criterio precedente de la misma sala rechazando la suspensión cautelar de la reglamentación; el criterio restrictivo de la suspensión reglamentaria; la inaudita paralización del proceso por una cuestión prejudicial en el marco cautelar; la ponderación realista de los intereses en juego: el amplio margen de potestad gobernativa interna para fijar tales criterios sin perturbar el marco europeo; etcétera).

Y así, la sala resuelve, en la parte literal que se ha divulgado, que «no resulta pertinente en este momento procesal». Leamos entre líneas TRES ENSEÑANZAS:

PRIMERA.- No debe confundirse jamás la admisión a trámite o la concesión de alegaciones con la resolución de fondo (por eso, las alarmas mediáticas generadas con la apertura de alegaciones era infundadas).

SEGUNDA.- Decir la sala tercera que no es pertinente «en este momento procesal» puede suponer excluir su adopción en el marco del incidente cautelar (ciertamente sería insólito que en el marco de la «ponderación de intereses», la Sala examinase el fondo jurídico, y quizá no quiere pronunciarse la sala tercera de forma prematura, sin tener a la vista demanda y contestación).

Ahora bien, puede que la sala se reserve el as de la cuestión prejudicial europea, para jugarlo al tiempo inmediatamente anterior a dictar sentencia, esto es, tras demanda, contestación y conclusiones. Puede ser. Hasta el rabo, todo es toro. Pero claro, a nadie se le escapa que para cuando llegue ese momento, ya habrá pasado un año de vigencia y aplicación del reglamento y poco objeto o impacto práctico tendrá la suspensión del reglamento que ha agotado su vigencia aplicativa práctica, con menor impacto aún sobre actos firmes.

TERCERA.- Por supuesto, no conviene desorbitar esta resolución judicial, pues el sendero impugnatorio sigue su hoja de ruta. Ni ha confirmado la legalidad del reglamento ni la ha rechazado: sencillamente descarta plantear la «potestativa» cuestión prejudicial, y la sentencia sigue teniendo que afrontar el reto de resolver todas y cada una de las alegaciones de la demanda.

La respuesta la ofrece con detalle la reciente sentencia de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2026 ( rec. 7385/2024), que alza una suerte de «principio de cualificación solvente y funcionarial del informante» en los siguientes términos:

La emisión de informes técnicos (técnico-urbanístico y técnico jurídico) en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística que sean determinantes de la resolución administrativa final deben verificarse por personal funcionario y sin que los mismos puedan ser emitidos por personal funcionario del Grupo C2 en virtud de una habilitación administrativa para el ejercicio de tales funciones diferentes y superiores a las del cuerpo o escala de su pertenencia, todo ello con incidencia en la validez del acto administrativo adoptado con base en tales informes.

Veamos como se fundamenta y qué implicaciones interesantes ofrece esta doctrina casacional.

Importa mucho la piedra de toque de la necesidad de adecuado informante, que ofrece el siguiente razonamiento:

Y es que la intervención vía informe en el contexto del procedimiento en que nos encontramos (reiteramos: procedimiento de restauración de la legalidad urbanística) supone una especial, intensa, determinante y directa trascendencia para la situación jurídica del administrado, (pues puede, como es el caso, determinar la demolición de una vivienda) y por ello son relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia lo que determina su ejercicio por personal funcionario (como sostenía como fundamento y justificación de ello nuestra STS de 7 de octubre 2020 Rcas 5429/2019 en el ámbito del procedimiento sancionador y apuntaba con carácter general nuestra STS de 19 octubre de 2005 (Rcas 6033/1999) en la línea de la doctrina de las STC 99/1987, de 11 de junio, y 37/2002, de 14 de febrero).

Y además descarta que por no tratarse de un procedimiento sancionador pueda informarse por personal no funcionario o sin el grado suficiente pues:

«De cualquier modo, aunque no nos encontramos ente un procedimiento sancionador, en el presente caso nos encontramos ante un procedimiento coactivo que se integra en el ámbito de la disciplina urbanística (junto con el procedimiento sancionador).Es cierto que estos procedimientos (el de restauración y el sancionador) tienen una naturaleza distinta, como ha señalado la jurisprudencia, y son procedimientos diferentes, autónomos, con finalidades distintas (la restauración persigue eliminar la situación ilegal; el sancionador castigar al responsable por una conducta infractora) y que pueden coexistir o no, siendo plenamente compatibles. Pero no es menos cierto que ambos nacen como consecuencia de la constatación, prima facie,de una actuación ilegal en materia urbanística, que ambos se integran en el ámbito de la disciplina urbanística de tipo coactivo (compartiendo como fundamento general la protección de la legalidad urbanística) y que ambos constituyen el ejercicio de una potestad administrativa de intervención de cualificada intensidad que producen, a los efectos que nos ocupan, una especial, intensa, determinante y directa trascendencia para la situación jurídica del administrado. Y esta caracterización del procedimiento unido a la intensidad de la intervención del personal es lo que exige su ejercicio por personal funcionario, como garantía de objetividad, imparcialidad e independencia y cuya infracción, por ende, determina la nulidad de los actos administrativos».

De ahí derivan varias conclusiones:

PRIMERA.- Los informes determinantes en los procedimientos de restauración de legalidad urbanística, y por extensión los de procedimientos sancionadores o de restauración de la legalidad de cualquier otro ámbito, o de fuerte gravamen, deben ser emitidos necesariamente por funcionarios y además con el grado de especialización que les habilita para ello.

SEGUNDA.- Es indiferente que tales informes sean o no vinculantes, pues lo que importa es que  “las actuaciones administrativas desarrolladas en su seno que por su intensidad supongan ejercicio directo o indirecto de potestades públicas o ejercicio de autoridad en los términos expuestos, sean ejercidas por personal funcionario”. O sea, que sean determinantes de lo decidido. Como fundamento de los resuelto.

TERCERA.- Lógicamente, de ahí debe inferirse que tampoco cabe sortear esa exigencia depositando tales “informes técnicos” determinantes de actos de gravamen, en entes instrumentales, sociedades o fundaciones públicas, para su realización por personal laboral.

CUARTA.-También dimana un impacto procesal reflejo, pues al margen de los recientes criterios de valoración de informes de la administración, tras esta sentencia resulta evidente que la fuerza pericial de los informes determinantes de sanciones o actos gravosos, emitidos por personal laboral o personal funcionario sin la cualificación debida, deberían ver su fuerza probatoria altamente debilitada, frente a los emitidos por funcionarios.

Eso sí, curiosamente la sentencia deja abierto un portillo a lo puntual, accesorio y excepcional, que conociendo a las administraciones, será la gatera por donde se intentarán colarán las excepciones que interesen:

En la línea jurisprudencial de nuestras sentencias antes reseñadas, sería posible admitir, en atención a las concretas circunstancias y con sujeción a requisitos estrictos (entre otros, el de la competencia y cualificación técnica), la intervención de funcionarios de distinta categoría para el desempeño de otras funciones que no son propias de su puesto de trabajo en casos justificados y con carácter ocasional o puntual, pero ello en intervenciones de mero auxilio o asistencia y conforme a la normativa de aplicación; sin embargo no puede admitirse en una intervención de tal intensidad como la que nos ocupa y en virtud de una habilitación administrativa no puntual sino con carácter general y de permanencia o continuidad en su ejercicio.

En fin, ojo al dato. Es hora de que las Administraciones apliquen el principio de prudencia, y aprovechen para: (i) Examinar si el personal que en sus procedimientos emite informes determinantes de resoluciones que gravan con intensidad a los ciudadanos tiene la condición de funcionario, y por añadido, si lo fuere, verificar si el mismo reviste la cualificación exigida para tan relevante e intensa labor; (ii) Revisar las habilitaciones generales (suplencias, delegaciones indefinidas, «en funciones», etcétera, que pudieran amparar la labor de quien emite tales informes determinantes, porque de no hacerlo, puede que la espada de Damocles de un futuro recurso se desprenda sobre sus cabezas; (iii) Consecuentemente, revisar en su caso, las Relaciones de Puestos de Trabajo y acometer con urgencia convocatorias de acceso y/o provisión para acomodar plantillas a esta exigencia;: (iv) Buscar si fuere necesario, fórmulas de prestación de tal servicio mediante Convenios o a través de Consorcios /o Mancomunidades o institutos similares que cuenten con personal adecuado para garantizar este principio de cualificación del informante; (v) Revisar de oficio o acometer la lesividad de aquellos actos que descansen sobre tales anomalías (aunque me temo que normalmente la Administración prefiere esperar a que se lo «recuerde» un juez.

Conviene hacer estos ejercicios de salud jurídica, especialmente porque estamos en las fiestas de San Fermín, y  malo sería que a la administración la empitone un toro judicial fuera de las fiestas.

Se han disparado alarmas, ruido mediático y un zafarrancho de opiniones. Me limitaré desde la función académica de este blog, a señalar que creo que la sala tercera se ha limitado a impulsar tal eventualidad, mediante la humilde providencia que concede alegaciones a las partes, por un cruce de razones procesales y de cortesía (mejor escuchar que inadmitir de plano).

Podemos leer aquí la providencia litigiosa, pero no hace falta perderse en el laberinto de sus argumentos (como la Medina de Fez, que visité ayer) pues creo que la sala finalmente deliberará con el sosiego y buen hacer que le corresponde, y hallará respuestas cabales  a preguntas del siguiente tenor:

¿Acaso las piezas de medidas cautelares no son un ámbito limitado a determinar si se suspende o no una actuación administrativa atendiendo exclusivamente al peso de los intereses en liza, y prescindiendo del análisis jurídico que es cuestión de fondo?

¿No es cierto que las cuestiones jurídicas en piezas cautelares solo pueden sopesarse si concurre un fumus boni iuris, esto es, una apariencia jurídica de buen derecho manifiesta, lo que es difícil que pueda afirmarse si fue dictaminado favorablemente nada menos que por el Consejo de Estado?

¿Puede a la hora de adentrarse un tribunal a levantar la alfombra y examinar las cuestiones jurídicas, hacerlo teniendo a la vista el escrito de interposición, y sin contar con la demanda, contestación y el imprescindible expediente?

¿Debe un tribunal al valorar los intereses en liza cuando se trata de suspender un reglamento considerar un dato puramente mediático y de conjetura como es el número de beneficiarios o su conducta una vez admitida la solicitud?

¿Están las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo para resolver la compatibilidad de una normativa interna con el Derecho europeo, o para efectuar peticiones al oráculo de Delfos por ver que vaticina?, ¿si tan clara es la incompatibilidad acaso la jurisprudencia europea no permite la inaplicación directa sin consulta, y si no es tan clara la vulneración, para qué elevar la simple duda?

¿Tiene encaje en una posible vulneración de derecho europeo nada menos que cinco ángulos expuestos prolijamente en la providencia, y anclados en conjeturas interpretativas y aplicativas, cuando es sabido que el Tribunal Europeo no ilegaliza nada sino que se limita a fijar la interpretación conforme con el derecho europeo, y si existe alguna se mantiene la fuerza de la reglamentación?

¿No es cierto que la suspensión cautelar de reglamentos ha sido acogida por la jurisprudencia con notoria aplicación restrictiva y excepcional, a diferencia del criterio de los simples actos administrativos?

¿No es chocante que la misma sala tercera ha denegado la suspensión cautelar del mismo reglamento por la impugnación de otros demandantes, y que ahora se lo replantee por la vía indirecta de plantear una cuestión prejudicial?; si se iba a denegar la suspensión cautelar del reglamento, ¿no sería inútil dar un rodeo para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo?

¿Tiene sentido plantear una cuestión prejudicial cuya resolución puede llevar dos años, mientras se suspende un reglamento, cuyos actos firmes dictados bajo su amparo continuarán su vida administrativa?

¿Cómo quedaría aquello del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas?

¿Cabe quejarse de que una reforma carezca de rango legal, cuando el reglamento no ha tocado el núcleo limitadísimo de la reserva de ley orgánica, y se trata de un reglamento que afecta a requisitos y procedimiento, que siempre han tenido naturaleza reglamentaria?

¿No es cierto que si el contenido de tal reglamento fuese contrario al derecho europeo, igual daría que fuese amparado por una Ley formal, pues debería igualmente plantearse la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo?

Y finalmente, descendiendo al terreno de la realidad, pues insisto en que hablamos de una medida cautelar que debe limitarse a ponderar los intereses de las partes,

¿si pusiésemos en una balanza el interés de los gobiernos de Valencia y Aragón en suspender el reglamento, y en el otro platillo, el interés del gobierno de la nación y el interés de esos 800.000 extranjeros en regularizarse, así como el interés de toda la ciudadanía en que las situaciones sangrantes de ilegalidad terminen, de qué lado se inclinaría la balanza?

En suma, me inclino a pensar que la sala tercera del Tribunal Supremo tendrá respuesta a ese puñado de preguntas, y como buenos administrativistas sabrán denegar el planteamiento de la cuestión prejudicial, pues serán conscientes de que para ese viaje al Tribunal Europeo no hacen falta tan solemnes alforjas.

Y si se plantea tal cuestión habrá que respetar su decisión y dejar a la doctrina que la valore y al tribunal europeo que resuelva lo que tenga que resolver. Me temo que la tramitación del recurso sería como mi paseo en camello por las dunas del desierto de Erfoud: salida para retornar igual al mismo sitio, salvo un viaje caluroso y con el trasero dolorido.

Sin embargo, no siempre la justicia administrativa se muestra benévola y compasiva con formas, plazos y requisitos procesales, asestando un portazo  fulminante, y dejando al demandante sumido en la desesperación de haber sufrido una derrota por razones procesales, y tocarle explicar a su cliente que la batalla se ha perdido sin haber podido llegar siquiera al frente para batirse con el enemigo.

Es por ello que, cuando leo la reciente sentencia de la sala tercera de 10 de junio de 2026 (rec.4672/2024) que afronta la cuestión de si el plazo impugnatorio de una ordenanza urbanística o plan, arranca desde la publicación oficial, o desde la ulterior y adicional notificación personal, me resulta refrescante confirmar que el principio pro actione sigue vigente, y es útil recordar la doctrina casacional que sienta, y tener en cuenta que la misma será aplicable «mutatis, mutandis» a otros escenarios de buena fe del particular.

Esta es la doctrina casacional que encierra la valiosa fundamentación:

el criterio de inicio del cómputo del plazo para interponer recurso contencioso- administrativo desde la fecha de publicación de una disposición de carácter general es el que debe aplicarse en el caso de que no se haya producido ningún acto de notificación personal. Ahora bien, si, pese a no tener la condición de interesado quien formuló alegaciones, se le notificó posteriormente el acuerdo desestimatorio de tales alegaciones y la aprobación de la ordenanza o plan urbanístico, con indicación de recursos, será a la fecha de la notificación a la que habrá que referir el inicio del cómputo del plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo. Este criterio responde al principio de seguridad jurídica, pues se trata de establecer una pauta uniforme cuando se producen ambos actos, el de notificación personal y el de la publicación. Y, fundamentalmente, se garantiza con esta doctrina el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, manifestado, en su vertiente de acceso a los recursos en el principio  pro actione,  de tal modo que, como se razona en la  sentencia de 9 de septiembre de 2025, la interpretación de las normas relativas a los plazos para la formulación de los recursos debe ser favorable, en la medida de lo posible, al acceso a la jurisdicción, sin que la dicción literal del  artículo 46.1 de la LJCA  sea un obstáculo para ello cuando la propia Administración ha considerado procedente notificar personalmente la disposición general.

Nótese que no solo plasma la seguridad jurídica, sino la fuerza del acto propio de la administración que lo notifica adicionalmente y brinda pie de recursos. En suma, aunque la sentencia no lo diga, están presentes discretamente dos principios nucleares: el principio de buena administración y el principio de buena jurisdicción, palabras sencillas que encierran grandes y complejas cosas.

 En su día me ocupé, con cita jurisprudencial, de la que califiqué, como «La reina del proceso:el principio pro actione», y bueno será para todos que nunca se baje del trono, ni abdique en favor de la malvada eficacia, economía o pereza.

En la admisión de recursos debería recordarse el viejo consejo dado por don Quijote a Sancho para su actuación como gobernador de la ínsula:

Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.

Ninguna esquela ni obituario es capaz de encerrar sus grandes y buenas dimensiones.

Federico era una gran persona. Grande en humanidad. Grande en erudición. Vasco en el sentido rotundo de la palabra. Afable y divertido como pocos.

Le conocí cuando ambos compartimos la promoción de magistrados de lo contencioso-administrativo del año 2000. El procedía de su condición de habilitado nacional y yo desde la de letrado público. Ambos fuimos destinados a sendos Juzgados de lo contencioso-administrativo de Oviedo, y como estaba a centenares de kilómetros de su familia, encerrado a poner sentencias, nació la amistad entre nosotros. Eran tiempos de enorme sobrecarga judicial, y pese a su solvencia técnica y hondura ética, ironizaba diciendo que era tanto el papel que debíamos resolver que parecíamos “gallinas ponedoras”, pero confesabas a renglón seguido que el juez no debía ser un mecánico que acometía actos técnicos, sino un artesano responsable de realizar actos humanos con «arte», y «sano».

Posteriormente Federico pasó por la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una breve etapa como letrado del Tribunal Constitucional, y “cansado del duro bregar” y estimulado por el incentivo de torear en la gran plaza madrileña, accedió a la condición de secretario general del pleno del Ayuntamiento, cargo en el que le ha sorprendido el alevoso infarto.

He coincido con Federico (“Fede”) en  infinidad de ocasiones, eventos y compartido publicaciones. Siempre he respetado su criterio, fundado y razonado, y me ha encantado su talento natural para afrontar los mayores problemas jurídicos y humanos. Un hombre elegante en el vestir y elegante en el razonar. Sabio al hablar y sabio al callar. Con el don de resolver con claridad lo que otros complican. Un caballero con toga y sin toga: a tiempo completo.

Nos dejas solos, Fede. A los habilitados nacionales, cuerpo funcionarial de prestigio en que siempre brillaste y al que te enorgullecías de pertenecer. A los magistrados de lo contencioso-administrativo, pues tus sentencias dan cuenta de tu saber hacer en derecho, siempre preocupado por hacer justicia de verdad y dejarse de zarandajas. Y nos dejas solos a los que  te hemos acompañado en tu aventura pilotando la Revista «El Consultor» y otras publicaciones. Me queda el recuerdo de infinidad de ágapes y mesas redondas compartidas, imperando una sincera complicidad entre nosotros y nuestros amigos comunes.

No será igual volver al País Vasco y no llamarte o verte. Ni ir a Madrid y no poder compartir contigo esos paseos en que me ilustrabas de las cosas de la casa consistorial madrileña.

Y desde luego, Fede, que todos hemos sido testigos de tu tremenda capacidad de improvisación con éxito y gracejo en tus ponencias. Sé que muchas no las preparabas, pero como los sabios, salías airoso y provocando risas en el foro.

Finalmente, dejo constancia que siempre que hablábamos cambiábamos cromos de nuestras familias respectivas, siempre preocupado por tu adorada Elena y tus dos hijos. Vaya para ellos mi más reconfortante abrazo… si es que algo puede reconfortar de tan gran y súbita pérdida.

Descansa en paz, querido amigo.

Nadie cuestiona la vieja regla de “dejar libre a un culpable antes de condenar a un inocente”. En cambio, si se condena a un inocente se debilita la regla de «el que rompe, paga», pasando a excepción, el que  “el Estado que condena a un inocente, paga”.

Viene al caso por la reciente sentencia de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2026 (rec.4112/2025) que reconoció la indemnización de 2,5 millones de euros a Ahmed Tommouhi, ciudadano marroquí que llego a España en 1991, con 40 años y  pasó 15 años en prisión al ser confundido con un violador (condenado por diez violaciones que no cometió). Una versión trágica «El Conde de Montecristo», mezclado con  “El proceso” de Kafka, y que deja cortos los telefilmes americanos sobre inocentes en prisión que luchan por su inocencia.

Veamos el caso, via crucis y consecuencias. Pasen y tiemblen…

I.EL ERROR. Hay casos de condenas a inocentes en que nuestra conciencia se calla ante la denegación de indemnización por el encarcelamiento injusto, cuando nos convencemos de que la Justicia hizo lo que pudo, con los métodos disponibles, y si todo apuntaba razonablemente a una culpabilidad en aplicación del derecho vigente.

No es el caso de Tommouhi, pues la condena indebida que generó la indemnización fue anulada tras demostrarse científicamente con pruebas biológicas que era ajeno a los hechos delictivos (el análisis de ADN demostraría que el semen hallado en la víctima pertenecía a otro individuo, condenado posteriormente por agresiones sexuales de similar operativa y con enorme parecido físico con Tommouhi). En aquél contexto de investigación de agresiones sexuales, acumuló 26 causas, que derivaron en condenas, todas finalmente anuladas. Su compatriota Abderrazak Mouni, también inocente y condenado compañero de viaje del error judicial, falleció en la cárcel.

En el camino por desvelar el error estuvo la propia guardia civil (el criminalista de la guardia civil, Reyes Benítez, a quien no le cuadraba su culpabilidad y no cejó en sacrificar energías para demostrar su inocencia).

II. EL LARGO CAMINO HACIA LA REPARACIÓN. Sentado ese error de la justicia penal, el infortunado inició el viaje en el ámbito administrativo para que le compensasen. El expreso de medianoche en versión hispana.

No era admisible que inicialmente el aparato del Estado  rechazase esa indemnización en casos como el examinado:

• Cuando se cometen torpezas investigadores y errores procesales manifiestos. La condena penal en cuestión fue fruto del reconocimiento en rueda por parte de las víctimas y se ignoró el resultado exculpatorio de la prueba de ADN.
• Cuando se produjo un error en cadena: que el Ministerio de Justicia no aprecie motivos para indemnizar al injustamente condenado y que la Audiencia Nacional tampoco los aprecie.Ello sobre la base de que el error en valorar la prueba no supone un fallo judicial evidente y no existió declaración judicial de error.
• Cuando reconocer ese error llevó 36 años, desde que el afectado proclamó su inocencia. La condena penal por delito de violación tuvo lugar en 1992 y la sala penal del Supremo lo absolvió en 2023.

Finalmente la reciente sentencia de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2026 aprecia un grave error en la condena penal dictada por la Audiencia Nacional pues se omitió una prueba pericial “objetiva, relevante y válidamente incorporada al proceso”, que acreditaba que el semen hallado en la ropa de la víctima no era del acusado; la valoración unívoca de tal  prueba era “incompatible” con la culpabilidad atribuida Tommouhi. Por tanto, la decisión de obviar esa evidencia fue “determinante” para condenarle; la decisión fue errada, y propició un errado “proceso lógico de formación de la convicción judicial, determinante de responsabilidad indemnizatoria”.

Por tanto, la sala aprecia la concurrencia de los requisitos del art.293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, valorando la prolongada privación de libertad. Finalmente valora el conjunto de prejuicios (pérdida de libertad, pérdida de oportunidades, impacto en su personalidad, alejamiento familiar ,etcétera) y fija una indemnización para compensarle en 2.5 millones de euros (la demanda pretendía 3,645 millones de euros).

Hemos de señalar que la denegación de indemnización por la Audiencia Nacional estaba razonada formalmente pues señalaba que no concurría la expresa y previa declaración de error judicial que impone el art.293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como condición para que medie condena a indemnizar («La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca»). Sin embargo, el tribunal Supremo obvia formalismos y toma el atajo de la razón y la justicia, pues  de forma pionera la sala tercera interpreta que excepcionalmente puede obviarse ese requisito si se evidencia un elemento probatorio esencial incorporado al proceso y determinante del fallo. O sea, estamos ante una válvula de seguridad, para casos donde entra en juego la equidad y donde el tiempo importa.

La doctrina casacional sentada es doble:

Por un lado, la sentencia de revisión no genera de forma automática y por sí misma el derecho a indemnización por error judicial. Por otro, existe la posibilidad cualificada de constituir título suficiente cuando de la fundamentación de la sentencia resulte inequívocamente la existencia de un error judicial en los términos exigidos por la jurisprudencia».

III. LA REFLEXIÓN. Estremecen algunas frases proferidas por este hombre en el Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), donde reside con la vida agotada y que se desplaza en silla de ruedas tras habérsele mutilado una pierna; la justicia le mutiló parte de la vida:

«Es muy difícil ir a la cárcel sabiéndote inocente y he estado 36 años gritando que era un error, pero la Justicia parece que no me quería oír (…)El dinero no me devolverá mi juventud, me han quitado 35 años. Mi hijo mayor tenía 12 años cuando entré en prisión y ahora tiene casi 50. No solo he sufrido yo. También mi familia».

El Derecho no es un sistema perfecto. Tiene incertidumbres y la justicia penal, al moverse en el plano de la investigación retroactiva y bajo principios rigurosos de prueba de tipicidad y culpabilidad, con lógicas garantías procesales, no es infalible (puede derivar en absolver a un culpable o culpar a un inocente). Ahora bien, lo de culpar a un inocente, como suele decirse “hay que hacérselo mirar”, y que en el ámbito de la justicia supone, si no es posible evitar el error, al menos afinar la regulación de indemnización por sus consecuencias.

Una primera vuelta de tuerca se dio al reformarse el recurso de revisión penal en 2015 eludiendo la absurda carga de la prueba de inocencia como condición para la anulación de la condena y abrir las puertas a la indemnización.

Una segunda vuelta de tuerca ofreció la Sentencia del Tribunal Constitucional recaía en  2019 (STC 85/2019) al sentar el derecho a indemnización de los presos preventivos si son absueltos.

La tercera vuelta de tuerca, que debe venir de la mano de valiente jurisprudencia casacional futura, será suavizar la rigurosa exigencia jurisprudencial de que para que tales errores sean indemnizables, que impere «un error craso, patente e injustificado», pues esta exigencia superlativa y restrictiva, lejana del criterio derivado del derecho internacional, provoca la injusticia material de no compensar los errores no cualificados, o sea, no solo impunidad para quien lo comete sino no se compensa al que lo sufre.

Y la cuarta vuelta en que estamos inmersos, consiste en robustecer la figura del juez resistente a sesgos, prejuicios, inercias y formalismos, que laten en muchos errores, lo que pone el acento en cómo piensan los jueces al decidir para no apartarse de lo justo.

El sentir cívico lleva a considerar tan coherente es anular una condena penal como reconocerle indemnización por ello. Quizá puede modularse esta indemnización en atención a las singularidades, contexto probatorio, estado de la ciencia y técnica para probar los hechos, dudas razonables, etcétera. Pero una cosa es modular y otra denegar lisa y llanamente la indemnización, máxime cuando existe un panorama clamoroso de injusticia.

Basta con una mínima empatía para ponerse en lugar del infortunado, y nos brotará del corazón, primero, la indignación contra el sistema; y luego, el aplauso porque el propio portaviones de la justicia ha conseguido corregir el rumbo en este caso y reconocer la indemnización. Y eso pese a que las indemnizaciones son económicas y pocos pueden ponerle precio justo a la libertad o la vida, porque estar encerrado en una cárcel 15 años de la juventud y madurez, no es vida, es ser enterrado en vida. No digamos si además sabes que eres inocente y nadie te escucha y a nadie le importas. Solo le importas a un puñado de familiares que creen en ti, y cuya compañía le ha sido privada.

Esta sentencia dará lugar a abundante doctrina, criticando su prudencia o exceso, según se mire, existiendo ya un espléndido comentario ilustrado doctrinalmente en el blog de Diego Gómez. Fuera del planeta juridico, y de momento hay un libro que es la crónica de una atrocidad anunciada, “Justicia poética”(Ed.Peninsula, 2025) de Braulio García Jaén, periodista el País y otros medios. Posiblemente dará lugar a una película o documental de Netflix. Pero lo que no se producirá es devolver lo realmente perdido al infortunado. En “Matar a un ruiseñor”(1962), un buen abogado conjura los prejuicios; en la vida real, los prejuicios y los errores que comportan se resisten, aunque en este caso se ha rectificado gracias a  la tenacidad y buen hacer de la abogada Celia Carbonell unido a la sensibilidad de la sala tercera del Tribunal Supremo (como dice la canción de Sabina, «Cuando menos te lo esperas, a veces el diablo se pone de tu parte»).

Pasada página al caso de Tommouhi, algo habrá que hacer para que no se repitan similares errores (error al condenar y error al resistirse a indemnizar).

NOTA.- Debo señalar que la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), siempre defensora de la Justicia con su voz alta y clara, otorgó el Premio Puñetas Periféricas en la XIII edición (2024), a Ahmed Tommouhi, entregándose en una entrañable ceremonia bajo la batuta de los grandes periodistas Patricia Rosety, y Francisco Muro. Fue  un acto emotivo con presencia de familiares del desdichado, donde los que acudimos quedamos estremecidos por la dureza del caso, la entereza de los afectados y la sensación de impotencia de los juristas de bien.

Tengo el honor de haber obtenido el Premio Puñetas periféricas en la IX Edición (2019) así que se incrementa la gratitud al permitirme compartir tal distinción con la víctima de la justicia, don Ahmed Tommouhi,  pues  tuve la oportunidad de estrechar la mano del infortunado, acompañado de su nieta, para decirles que les comprendía y en nombre de mi pequeña parcela de la justicia les expresé las más encendidas disculpas (momento que plasma la fotografía inferior).

En ese juego del gato vencido y el ratón que se aferra a la sentencia estimatoria, puede que el gato se defienda panza arriba, pero la mala noticia para el felino es que cuando existe una sentencia estimatoria la misma debe ejecutarse en sus términos y no puede considerarse la administración habilitada para ir más allá, revisar lo que no estaba anulado o si la sentencia comporta la retroacción del procedimiento, aprovecharlo para recargar la escopeta y dispara a discreción.

En este punto, hemos de recordar que procesalmente, los autos judiciales dictados en ejecución de la sentencia, serán contrarios al ordenamiento jurídico, si resuelven cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla, pues  además, contradicen los términos del fallo que se ejecuta.

Con esos mimbres jurídicos, dos recientes sentencias de la sala tercera del Tribunal Supremo, valientes y razonadas, han precisado el margen de ejecución de la administración en sus justos términos, fijando doctrina que tiene alcance general y que no debe perder de vista la administración (para contenerse al ejecutar una sentencia) ni el particular. vencedor (para luchar por la recta ejecución de la sentencia). Veamos las aportaciones de tan importante jurisprudencia, que refleja una cabal lectura del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de ejecución de sentencias.

Dichas sentencias se dictaron al hilo de la anulación de la ponencia de valores que determinaba el valor catastral de los bienes. La Administración aprobó una nueva ponencia y se aferró al art.393 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) para aplicar el nuevo criterio de forma retroactiva a los afectados. Recordemos que el art.39.2 LPAC dispone literalmente: «3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas».

La Sala tercera en la reciente sentencia de 2 de junio de 2026 (rec. 4380/2024), seguida fielmente por la sentencia de 8 de junio de 2026 (rec. 2833/2024) vierte hermosas perlas sobre el limitado alcance de la ejecución de sentencias, que coloca a la Administración en una suerte de “libertad vigilada”:

Primero, recuerda que el fallo debe ejecutarse en lo que dice, y no presumir que habilita a la administración para lo que no dice:

En otras palabras, ante el silencio del fallo, no cabe concluir otra cosa que la de que el acto de la Administración aprobatorio de la nueva ponencia de valores se extralimitó de lo ordenado en el fallo, obrando de forma exclusiva, por su cuenta y en perjuicio de la parte demandante…

Segundo, coloca a la Administración que va más allá del fallo en una suerte de “via de hecho”, sin título competencial para actuar así:

… lo que, además, permite considerar que, en lugar de actuar la Administración foral en su limitado papel de cumplidor delegado o mandatario del Tribunal de instancia (vid art. 118 CE, en relación con los arts. 104 y concordantes de la LJCA), en realidad actuó en ejercicio de un supuesta potestad propia, sin habilitación de la sentencia,…”

Tercero, recuerda que el art. 39.3 LPAC es un precepto regulador del procedimiento administrativo y no un precepto procesal ni que extienda su “longa manu” hacia cómo debe ejecutarse una sentencia, y así la actuación de la administración:

solo encontraba un posible y precario anclaje lejos del contenido del fallo, en preceptos positivos habilitantes de una potestad administrativa, como lo es el art. 39.3 LPAC, que es precepto inidóneo para decidir si la Administración ha cumplido o no la sentencia, esto es, en palabras del art. 104.1 LJCA, si se ha llevado «a puro y debido efecto y practicado lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo».

Pero es más, aunque fuese llamado a aplicarse ese art. 39.3 LPAC, el mismo es sumamente restrictivo en su proyección apliacativa, pues:

Al margen de que fuera o no aplicable ese precepto desde un punto de vista sustantivo, esto es, con independencia de que se haya otorgado por la Administración rebasando el acotado ámbito de la ejecución, lo cierto es que se trata de una norma excepcional y, así:

• Debe ser de necesaria aplicación restrictiva.
• Debe someterse a un especial rigor en la motivación, que aquí faltó por completo, a fin de esclarecer cual es la excepcionalidad concurrente al caso.
•  Además, el artículo 39.3 LPAC no es una disposición de naturaleza tributaria, sino general. Sin embargo, la regla general es la irretroactividad de los actos administrativos, salvo en lo favorable ( art. 10 LGT y

Cuarto, añade un argumento ingenioso pero convincente en buena técnica procesal: «A la hora de precisar el alcance del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la ejecución de la sentencia favorable en sus propios términos (art. 24 CE), puede advertirse además que, con el proceder que hemos examinado, la parte recurrente en casación se ha podido ver perjudicada en el trato dispensado por la Administración ejecutante -y por los Tribunales que avalan ese exceso-, si se pone en relación el contenido explícito del fallo realmente dictado con otro en el que se hubiera podido declarar, de manera expresa, la autorización a la Administración para dotar de eficacia retroactiva a la nueva ponencia de valores que esta debía elaborar, de suerte que esta quedara autorizada al efecto. En tal caso, a diferencia de lo aquí sucedido, la parte recurrente podía haber conocido perfectamente, con la lectura del fallo, el alcance de éste -de ser así, probablemente, su sentido habría sido solo parcialmente estimatorio- y, lo fundamental, podría haberse impugnado la sentencia en relación con esta decisión.»

Finalmente, establece la siguiente jurisprudencia:

1) Las sentencias judiciales deben cumplirse en sus propios términos (arts. 118 CE y 103 y concordantes LJCA), de suerte que la Administración no puede, con ocasión de su ejecución, introducir decisiones, cargas u obligaciones al vencedor del proceso para el que no hubiera sido habilitada expresamente en el fallo y que empeoren la situación jurídica del favorecido por él.

2) Anulada en sentencia judicial firme la ponencia de valores de un BICE -en este caso, el Puerto de Bilbao- y los valores individualizados notificados en su aplicación, la Administración carece de facultad propia y, por tanto, no puede, en modo alguno, en ejecución de dicha sentencia y con sustento en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aprobar una nueva ponencia y notificar nuevos valores individualizados otorgándoles efectos retroactivos desde la fecha de aprobación de la ponencia inicial anulada.

Ello determina que el recurso deba ser estimado, y los autos dictados en ejecución de sentencia, hayan de ser correlativamente casados y anulados, porque la ejecución del fallo no ha respetado los términos de este, por la Administración foral recurrida, y así debió declararlo la Sala de instancia (art. 87.1.c) LJCA).

Así que, ojo con las sentencias estimatorias, pues deben saber las partes que eso marca el territorio de ejecución, por lo que bien estará promover el incidente de aclaración y/o complemento de sentencia, para precisar al máximo su alcance, pues en el incidente de ejecución puede ser tarde.

Hasta ahí parece claro el juego de la concurrencia de ambas jurisdicciones y su impacto en los plazos de prescripción. Sin embargo, la realidad es mas rica que la imaginación del legislador (y de la jurisprudencia) y se ha planteado ante la sala tercera la siguiente cuestión casacional sobre interpretación del artículo 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dicho articulo dispone: “Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.» De ahí deriva el demandante que interrumpe la prescripción la iniciación de un procedimiento sancionador, y como no se refiere al ámbito penal, considera que éste interrumpe la prescripción solamente si existiese un procedimiento sancionador.

En interpretación justamente literal el demandante postulaba que “solo cuando se ha iniciado el procedimiento sancionador, las actuaciones penales podrán suspender el plazo de prescripción, pero siempre que previamente se haya iniciado el procedimiento sancionado”. Por tanto, considera que si no hay abierto un procedimiento sancionador, el que exista una actuación penal paralela por los mismos hechos y sujeto, no interrumpiría la prescripción de la acción para sancionar administrativamente pues no existiría ningún procedimiento inicado.

Este planteamiento literal e imaginativo, no convence a la sala tercera. Veamos la reciente sentencia de la sala tercera de 5 de junio de 2026 (rec. 6729/2023) se apoya en una doble argumentación, teórica y empírica.

Desde un punto de vista dogmático expone que:

Ahora bien, esa exclusión de la sanción administrativa en favor de la del orden penal, constituye el efecto material del non bis in idem; pero existe también un efecto formal, constituido, de una parte, en que los hechos declarados probados por la jurisdicción penal, vincula a la Administración, para el caso de que el proceso penal concluya con la absolución del delito imputado por hechos también tipificados como infracción administrativa; de otra parte, que mientras esté actuando el Orden penal, debe abstenerse de toda actuación la Administración por unos mismos hechos. Es decir, el non bis idem comporta la proscripción del doble enjuiciamiento, porque no es admisible, bajo la óptica del principio de la legalidad de las infracciones y sanciones, que se someta a un mismo sujeto por unos mismos hechos y una misma fundamentación, a defenderse en dos frentes procedimentales, el penal y el sancionador administrativo.

Y con argumentación lúcidamente práctica señala que:

De llevarse a sus últimas consecuencias la interpretación que se sostiene en el recurso, se llegaría a la paradójica situación de que si los hechos denunciados tiene apariencia de delito y se inician actuaciones penales que concluyen con el archivo de dichas actuaciones preferentes, difícilmente podrían sancionarse los hechos, si son susceptibles de tipificarse como infracción administrativa porque, en la mayoría de los supuestos la no suspensión de la prescripción de tales infracciones por el previo y preferente proceso penal habrá permitido ganar la prescripción administrativa. Y dando un paso más, debe destacarse el carácter meramente formal y de excesivo rigorismo, sin beneficio alguno, que comporta dicha interpretación, porque si la Administración tienen conocimiento de que unos hechos, que pueden ser, además de constitutivos de delito, de infracción administrativa, están siendo enjuiciados en un proceso penal, se vería obligada a iniciar un procedimiento sancionador, con notificación al interesado, para inmediatamente suspenderlo porque no se niega que en ese caso si tiene efectos suspensivos. Pero es que esa solución, ciertamente rigorista, olvida que el inicio del procedimiento sancionador administrativo está proscrito por el derecho fundamental, como ya vimos, y, en definitiva, inicio de procedimiento hay.

En consecuencia fija la siguiente doctrina casacional:

la existencia de un procedimiento penal por unos mismos hechos, contra unas mismas personas, en el caso de que tales hechos pudieran ser constitutivos de infracción administrativa con un mismo fundamento, suspende el plazo de prescripción de la infracción administrativa, para el caso de que las actuaciones penales fueran archivadas sin sanción penal, aun cuando el procedimiento administrativo no se hubiese iniciado, quedando suspendido el plazo de prescripción de la eventual infracción administrativa desde el inicio del previo proceso penal, hasta su conclusión.

De ahí debemos recordar que no toda interpretación literal es aceptable con sus consecuencias, si no supera el test de congruencia y racionalidad. O sea, la interpretación que conduce al absurdo debe ser descartada,

Y si hay un poder “usurpado” del legislativo, ese es el reglamentario (que como es sabido responde a residuos históricos del poder absoluto y a razones técnicas para regulación de detalle). Lo cierto es que la Constitución atribuye la potestad reglamentaria al ejecutivo, sea gobierno de la nación o gobiernos autonómicos o gobiernos locales (e incluso existe una reglamentación interna de segundo grado, eminentemente organizativa, en manos de los entes públicos).

Pues bien, el gran problema es cómo poner bridas a tan indómito jamelgo. Las garantías del procedimiento a seguir están claras y su inobservancia está penalizada por la vía de la nulidad de pleno derecho. Además, el legislador mantiene a los reglamentos en una especie de “libertad vigilada” pues podrán ser impugnados directamente tras su publicación, o bien en un futuro incierto, mediante la impugnación indirecta de actos singulares de aplicación.

El gran problema radica en si tal ejercicio de potestad gubernativa precisa motivación, y si es así, cómo es adecuada y cuanta es suficiente. O sea la dosimetría motivadora que debe imponerse al reglamento.

A esta importantísima cuestión responde la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2026 (rec.86/2025) al hilo de la impugnación de la Ordenanza reguladora de protección contra la contaminación acústica en Valencia. Sentencia que no tiene desperdicio. Pasen y vean…

La sentencia encuadra didácticamente la singularidad de la motivación exigible a los reglamentos.

Primero, precisa que no existe fundamento normativo expreso de la exigencia de motivación de las disposiciones generales:

“5.2.-Sobre la necesidad de motivación y justificación de las disposiciones generales se ha pronunciado reiteradamente esta Sala estableciendo una doctrina general que puede sintetizarse en los siguientes parámetros:
a) La exigencia de motivación suficiente del ejercicio de la potestad reglamentaria no viene recogida de forma expresa el título VI de la LPA 39/2015, ni tampoco el artículo 49 de la LRBRL. Por su parte, el artículo 4.1 de la Ley de LRJSP alude a la necesidad de la motivación de las medidas administrativas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad; en concreto, deberá justificarse «su necesidad para la protección del interés público», así como «su adecuación para lograr los fines que se persiguen».

Segundo, advierte que la exigencia de motivación es consecuencia de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos (art.9.3 CE):

b) Dicho esto, lo cierto es que la exigencia de motivación de las propuestas normativas se deriva del carácter discrecional que ostenta la potestad reglamentaria y que sirve de elemento clave para su control judicial. La falta de motivación suficiente puede ser constitutiva de arbitrariedad ( art. 9.3 CE) y puede acarrear la nulidad de la norma reglamentaria. En este sentido nos hemos expresado en STS 1372/2023, de 2 de noviembre, al decir: «[…] Es decir, el debate se suscita, no en sede de procedimiento, sino en el ejercicio de la potestad reglamentaria y la obligada exigencia de motivación en su ejercicio que, para no incurrir en arbitrariedad, debe aparecer suficientemente motivada, lo cual es posible mediante la obtención de todos los elementos determinantes afectados por dicha potestad […]»

 

Y. añade los imperativos de congruencia con lo regulado, esto es, de adecuación del contenido reglamentario con la realidad regulada, o sea, el control desde la perspectiva de los hechos determinantes:

Esta exigencia de motivación del proyecto normativo no es gratuita sino que responde a la necesidad de evitar que su contenido sea incongruente con la realidad que se pretende regular, con la propia naturaleza de las cosas, o que, en definitiva y con carácter principal, el sentido de la decisión no tenga una «motivación respetable, sino -pura y simplemente- la conocida sit pro ratione voluntas o la que ofrece lo es tal que escudriñando su entraña, denota, a poco esfuerzo de constatación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad. Como añadía nuestra STS 404/2019, de 25 de marzo «la motivación por la que se hace explícita las razones de la ordenación, es garantía de la propia legalidad, ya que, incluso, la razonabilidad, al menos como marco o límite externo a la decisión administrativa válida, sirve de parámetro para el enjuiciamiento del Tribunal y puede justificar, en su caso, la anulación de la norma reglamentaria».»( STS de 25 de marzo de 2019 ECLI:ES:TS:2019:940 y STS de 2 de noviembre de 2023 ECLI:ES:TS:2023:4853).

Tercero, señala en qué consiste esa motivación exigible y dónde debe encontrarse (informes en el expediente):

d) La motivación debe expresar los argumentos que justifican de forma razonable y razonada el contenido de la norma lo que exige un análisis siquiera sea mínimo pero suficiente en relación con el contenido de la regulación. La motivación y justificación debe contenerse en las memorias, estudios, informes y dictámenes que conforman el expediente, e incluso en el propio preámbulo de la disposición en su caso.
El expediente es el soporte documental de la tramitación y motivación de la norma proyectada, que permite su control por los tribunales, y es que el ejercicio de una potestad discrecional no está exenta de justificación y motivación ni del posterior control judicial de tales extremos para evitar así la arbitrariedad, antes al contrario ( SSTS de 3 de noviembre de 2010, de 27 de octubre de 2015, STS de 21 de enero de 2022 y de 4 de abril de 2022 ECLI:ES:TS:2022:172).
Hemos expresado reiteradamente que el control judicial debe realizarse «sobre la suficiencia de la documentación del expediente, de modo que la ausencia u omisión de trámites sustanciales o el cumplimiento defectuoso de los mismos de forma trascendente para el cumplimiento de su finalidad, arrastra la nulidad de la disposición que se dicte» (SSTS 12 de diciembre de 2016 -Rec. 903/2014-, 15 de marzo de 2019 -Rec. 618/2017- y 29 de junio de 2020 -Rec. 113/2019-).

En cuarto lugar, precisa que no toda motivación es igual sino que depende de la beligerancia de cada reglamento, pues postula una mayor carga motivadora cuanto mayor sea el impacto o nivel de intervención:

e) Sentada la necesidad de suficiente motivación y justificación de su contendido en el expediente se plantea cuál deba ser la intensidad en la exigencia de tales extremos.
Pues bien, su intensidad dependerá de su contenido e impactos de todo tipo (económico, social, territorial, medioambiental, estructural o estratégico, etc.); por lo tanto, deberá ser más intensa cuando la regulación sea restrictiva de derechos o imponga requisitos para el ejercicio de actividades (art. 4.1 LRSJP) – STS 1372/2023, de 2 de noviembre-, y en definitiva suponga mayores impactos, que cuando se trate de una norma organizativa sin efectos ad extra o con escaso impacto económico y/o presupuestario, es decir, una norma reglamentaria con impactos más limitados.
Se trata de una importante doctrina general, pero a modo de ejemplo, resuelve el caso concreto en que se enjuiciaba la motivación de a implantación de la Ordenanza local que fijaba distancias mínimas entre establecimientos públicos para evitar la acumulación de ruidos puede suponer una restricción al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en relación con el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, lo que exige que la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria justifique y motive la necesidad y proporcionalidad de las concretas medidas adoptadas.

Examinando el expediente se encuentra con algo más habitual de lo que creemos, esto es, con Ordenanzas locales que cuentan por toda motivación por una prolija referencia a preceptos legales y un informe jurídico favorable, apoyo que para la Sala resulta insuficiente:

Pero esta referencia general (lo mismo cabe decir de la referencia del preámbulo) sirve para fundamentar legalmente la habilitación para ejercicio de la potestad discrecional en base a un interés general que tienen amparo especifico en la Ley (Ley 7/2002) pero no puede servir de justificación y motivación mínima del concreto contenido de las medidas restrictivas aquí impugnadas, pues no existe a lo largo del expediente una mínima justificación técnica mediante un análisis de los distintos aspectos que confluyen en la decisión (vgr: tipos de calle, cantidad y calidad del ruido a evitar, afluencia estadística de personas, estacionalidad, otras medidas adoptadas o por adoptar subsidiarias, supletorias complementarias o adicionales si las hubiere, o cualesquiera otros aspectos) que permitan al Ayuntamiento motivar y justificar mínimamente la medida adoptada desde el punto de vista del principio de necesidad y proporcionalidad; y los que se señalan lo son a título de ejemplo, pues no corresponde a este Tribunal Supremo establecer los parámetros y criterios técnicos que deben sustentar la potestad discrecional de la Administración pero sí controlar este ejercicio discrecional a través de la suficiente motivación y justificación de su concreto contenido.
Asimismo, el informe de la asesoría jurídica tampoco puede servir de mínima justificación y motivación de las medidas restrictivas adoptadas pues es un informe de legalidad que solo hace referencia con carácter genérico a la finalidad de la regulación y la referencia a la cobertura normativa que el régimen de distancias tiene.
e) Como señala la sentencia de instancia, no existe en el expediente una mínima justificación y motivación de las medidas restrictivas adoptadas más allá de generales referencias legales, lo que supone una infracción del deber de justificar la necesidad y proporcionalidad de las medidas impugnadas.

En definitiva, esta sentencia es sumamente importante para el mundo local ( y no local, también para autonómico y estatal):

1º Porque obliga a contar con informes, no solo jurídicos, sino de naturaleza técnica sobre el impacto del reglamento en los diversos sectores potencialmente afectados (económico, medioambiental, etcétera.). Se trata de exigir una motivación de “mínimos”, no de “máximos”.
2º Porque tales informes técnicos no deben ser genéricos, con pinceladas generales, sino que deben ser analíticos y por referencia a la regulación concreta. Se trata de exigir motivación “específica”, no “genérica”.
3º Con ese amparo justificativo, el reglamento estará blindado ante posibles impugnaciones so pretexto de discrecionalidad, salvo que, ojo, el demandante aporte contraprueba pericial idónea que haga tambalear la eficacia de tales informes. O mas bien, no basta que haga tambalear los cimientos de motivación del reglamento, sino que debe derribarlos, porque al tratarse de potestad reglamentaria con amplio margen de discrecionalidad, solo la evidencia de error manifiesto y grave de motivación podrá acarrear la invalidez del reglamento y/o Ordenanza.

Tomemos buena nota…si no queremos que la nota que ponga el Tribunal al reglamento cuya validez sostenemos…sea de suspenso.

• Medidas cautelares que pivotan sobre cuestiones jurídicas. Error, pues deberían centrarse en exponer, o bien que los intereses privados avalan la suspensión o bien que los intereses públicos no padecen con ella (o ambas vertientes fundidas: que pesa más el perjuicio privado que lo que el interés publico padece, si se concede la cautelar), pero excluyéndose consideraciones jurídicas, pues el fumus boni iuris tiene juego escaso y restringido a casos tasados por el Tribunal Supremo (actos dictados por reglamentos nulos, actos reiteración de otros anulados, o actos dictados con infracción manifiesta y grave que sea evidente).
• Medidas cautelares que alegan intereses, pero no adjuntan ninguna prueba documental o de otra índole. Error: se desploman por falta de prueba. La medida cautelar se tramita en una pieza separada y ahí hay que volcar alegaciones y pruebas en unidad de acto (cuando se pide).
• Medidas cautelares positivas (o sea, se pretende que el juez imponga un “acto administrativo positivo” -licencia, autorización, exención, concesión, etcétera). Error: son teóricamente posibles, pero claramente excepcionales en su estimación.
• Medidas cautelares de suspensión de actos distintos del impugnado. Error: son teóricamente posibles, pero excepcionales pues esos otros actos tienen su propia dinámica impugnatoria.
• Medidas cautelares que se plantean en segunda instancia o en casación, ante el tribunal que conoce de los mismos. Error: deben plantearse necesariamente ante el tribunal de instancia y no ante la que se encuentren los autos en trance de revisión.
• Medidas cautelares que se plantean a última hora del viernes esperando que el juez o sala deje todo para resolverla. Error: no hay precepto alguno que imponga al juez alterar el orden de resolución de sus asuntos según la materia, por lo que posiblemente le tocará el lunes.
• Medidas cautelares que se plantean porque entiende el solicitante  que han cambiado las circunstancias que se valoraron para una anterior solicitud de cautelar, o porque se han hecho avances clarificadores a su favor en el  curso del proceso. Error: lo prohíbe el art. 132.2 LJCA.
• Medidas cautelarísimas sin alegar nada sobre la urgencia que lo justifica (art. 135 LJCA). Error: tiene la carga de justificarlo el promotor. Las cautelarísimas requieren precisión y justificación.
• Medidas cautelares que se solicitan con la petición al juez de que lo comunique a la administración para que ésta suspenda su actividad hasta que se resuelva el incidente cautelar. Error: no es misión del juez comunicarlo a la administración, sino del letrado que formuló la solicitud.

En definitiva, bien estaría tener en cuenta que un incidente cautelar parte de una solicitud por otrosí en demanda (salvo que se impugne una vía de hecho o inactividad, supuesto en que caben “medidas cautelares previas”a la interposición, art. 136.2 LJCA), –a veces se obtienen con efecto demoledor– o cuando se impugna un reglamento (aquí solo cabe plantearlo en el escrito de interposición o en demanda).

En suma, las medidas cautelares están envueltas en aroma de misterio y realidad. De hecho siempre hay casuística insólita.

La reciente sentencia de sala tercera de 19 de mayo de 2026 (rec. 5493/2024) fija en sus justos términos que y cómo debe resolver el juez al afrontar una cautelar:

Por razón de la imposibilidad de instaurar reglas generales para graduar la importancia de los intereses públicos, y privados, confrontados en un determinado momento, el artículo 130.1.1º LJCA exige para resolver sobre la pretensión cautelar la valoración de los intereses en juego de manera «circunstanciada», que, según el Diccionario de la Real Academia, significa «referido o explicado con toda menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o particularidad». Por si no fuera suficiente, el término es reiterado en el mismo artículo en su número 2 al exigir también una ponderación «en forma circunstanciada» de los intereses generales o de tercero, tanto los públicos como los particulares (SSTS de 18 de junio de 2010, rec. 2972/2008; 9 de diciembre de 2014, rec. 989/2013; núm. 780/2017, de 9 de mayo, rec. 1924/2016; 1499/2018, de 11 de octubre, rec. 2501/2016, y 1238/2018, de 17 de julio, rec. 1808/2017, entre otras muchas).

A esta idea obedece el ATS de 25 de junio de 1997 en que se apoya la recurrente, puesto que recuerda la necesidad de ponderar en el caso concreto la entidad de los intereses enfrentados, por eso dice: «Y así, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución en su caso».

A veces incluso el Tribunal Supremo, con sencillez, resuelve conceder la cautelar sobre la base de la moderada duración del litigio, que demuestra que aunque la administración posponga la ejecución de lo que dice, nada peligra por unos meses de debate procesal (como en este célebre caso).

En fin, bien está solicitar algo, pero mejor hacerlo bien. A nadie le pueden exigir que garantice la estimación de la cautelar solicitada pero sí que la plantee en tiempo, modo y términos jurídicamente adecuados.

Pues bien, la reciente sentencia de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2026 (rec. 5122/2024) fija interesante doctrina sobre la suspensión de actos administrativos.

Así, dicha sentencia sienta que cuando se recurre administrativamente un acto administrativo invocando la suspensión del art. 117.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, aunque transcurra el plazo de un mes sin respuesta de la administración, no opera el silencio administrativo cuando se da la circunstancia de ser un mero acto de trámite no cualificado y en estos casos no nos encontramos ante un acto recurrible de forma autónoma (al excluirlo el art. 112 LPA), lo que impide que se produzca la suspensión por aplicación del art. 117.3.

En el caso se trataba de un recurso frente a la calificación ambiental de una actividad, pero la doctrina tiene carácter general con lógica expansiva para todos los casos en que se recurra indebidamente un acto de trámite pues le faltaría el presupuesto de impugnabilidad objetiva.

De ahí que si se recurre en reposición o alzada un acto de trámite (requerimiento, informe o dictamen, etcétera) ese vicio original de falta de impugnabilidad, impide que opere la suspensión del mismo.

Ahora bien, ello no prohíbe:

• Que con ocasión del recurso administrativo frente al acto definitivo se solicite la suspensión del acto de trámite antecedente o fundante.
• Que con ocasión del recurso contencioso-administrativo frente al acto definitivo se solicite como “medida cautelar” la suspensión de cualquier acto de trámite asociado o presupuesto de aquél acto definitivo

La  moraleja de esta sentencia recuerda un viejo anuncio de la década de los noventa, que algunos recordaran:«Pezqueñines, no gracias». Y es que los actos de trámite todavia «no han crecido suficiente» para que merezcan caer en las brasas del enjuiciamiento de su legalidad.

Si obtiene finalmente la razón en sentencia y se dispone la retroacción del procedimiento selectivo que culmina con su nombramiento, lo normal y adecuado por el principio de indemnidad es que se reconozcan los efectos administrativos y económicos retroactivamente, y en cuanto a estos últimos velando por la prohibición de enriquecimiento injusto (evitando duplicidad de pago).

El problema se plantea cuando ese viaje en el tiempo al pasado para reconocerle los servicios administrativos retroactivamente en la plaza finalmente obtenida, tropieza con que de hacerlo (si ha estado ese tiempo trabajando en otra categoría y/o administración), se estaría generando la ficción de admitir una situación de incompatibilidad: la prestación real de servicios en otra administración y la prestación ficticia de servicios retroactivos en otra diferente, respecto de la misma persona y respecto del mismo período temporal.

En esa tesitura, un particular sufrió la negativa de la administración a reconocerle esa retroactividad optando por considerar que esos períodos críticos debían reputarse prestados en situación de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público (pues es sabido que el legislador resuelve que una persona no puede estar en dos puestos públicos a la vez, y que debe optar, quedando en el otro en excedencia, por aplicación de la Ley de Incompatibilidades).

La posición de la administración fue confirmada por la sala valencia, pero la sala tercera del Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 25 de mayo de 2026 (rec. 1006/2024) sale al paso reconociendo el derecho a la plena y exacta retroactividad sin aplicación de la situación de excedencia voluntaria,

Así pues, el Tribunal Supremo fijó lo que tenía que resolver en los siguientes términos: “Esto es, si la interpretación que hizo la Administración recurrida de la retroacción de efectos administrativos al 5 de mayo de 2008 -fecha de ingreso de los aprobados en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido el recurrente-, pero excluyendo el periodo entre el 22 de marzo de 2010 y el 29 de enero de 2019, en que el recurrente prestó servicios como funcionario interino y posteriormente de carrera de la Universidad Politécnica de Valencia, declarándole en situación de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público, cabe entenderla como adecuada a la resolución judicial ejecutada, y a la jurisprudencia de esta Sala en supuestos como el examinado.”

Frente a ello, la Sala argumenta y razona:

En primer lugar, porque no se puede aplicar el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos a quien no tenía una vinculación estatutaria con la Administración. No sólo porque no le eran exigibles al interesado unas obligaciones frente a una Administración que carecía de potestad para exigirlas, sino también porque ello resulta contrario a la finalidad de este tipo de figura jurídica. Con el establecimiento legal de unos supuestos de incompatibilidad de los servidores públicos se pretende que los afectados ejerzan las funciones públicas que les correspondan con independencia, ausencia de influencias externas y plena dedicación. Carece de sentido, por tanto, aplicar este régimen a quien no forma parte de una administración ni ejerce funciones públicas.

6.- Hay otros argumentos adicionales que refuerzan este criterio. Así, si admitiéramos a efectos dialécticos que en un supuesto como el aquí considerado la reconstrucción de la vida estatutaria del funcionario debe extenderse al régimen de incompatibilidades, el resultado nos llevaría al absurdo de tener que exigirle que durante el tiempo en el que no formaba parte de la Administración no pudiera realizar actividades retribuidas que fueran incompatibles con dicho régimen.

Además, obligaría a que en estos casos la Administración, antes de extender retroactivamente los efectos administrativos del nombramiento del nuevo funcionario, recabara del interesado los datos sobre las actividades realizadas durante ese periodo, para verificar si incurrían en incompatibilidad y, en consecuencia, descontarlo de los efectos retroactivos que debía aplicar.

7.- Por otra parte, no pueden acogerse los argumentos aducidos por la representación de la Administración demandada, puesto que lo que se cuestiona con ellos es la eficacia retroactiva acordada en sede judicial. Es obvio que esos efectos retroactivos suponen una ficción ya que el interesado no pudo prestar servicios a la Administración antes de su toma de posesión. Pero la razón de ser de esa ficción es una actuación administrativa declarada ilegal por una resolución judicial firme, que obliga a resarcir los perjuicios causados a los afectados, extendiendo los efectos administrativos en aspectos como la antigüedad y la carrera a la fecha en que podrían haberse incorporado. Por ello, en ese periodo no resulta de aplicación la normativa sobre régimen de incompatibilidades, ni tampoco la relativa a la carrera administrativa.

Y concluye: «Por estos motivos, entendemos que la limitación de la retroactividad de los efectos administrativos de la toma de posesión, hecha por la Administración recurrida, excluyendo el periodo en que prestó servicios en otra Administración, por considerar que esa actividad era contraria al régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos, no resulta conforme con nuestro ordenamiento jurídico, puesto que llevó a cabo una interpretación restrictiva de lo acordado en una sentencia judicial sin fundamento en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, aplicando un régimen jurídico como el de incompatibilidades a quien no estaba sujeto al mismo por no formar parte de la Administración afectada, y proporcionando por ello al recurrente un trato discriminatorio contrario al artículo 14 de la Constitución.»

La doctrina casacional fijada sería:

la Administración, tras una sentencia que ha ordenado la retroacción de un proceso selectivo y la repetición de algún ejercicio para algún aspirante que, finalmente, lo supera, no puede, en ejecución de la resolución judicial que ordena que se reconozcan a este aspirante los efectos administrativos desde la fecha de toma de posesión de los primeros aprobados, no considerar como tiempo de servicio activo aquellos períodos de tiempo en los que el aspirante, antes de adquirir su condición funcionarial, estuvo trabajando, pasándole de oficio a una situación administrativa distinta de aquella».

Sentencia importante (aunque cuenta con un razonado voto particular discrepante), pues en definitiva, no debe perderse de vista que quien ocasionó el perjuicio y la situación ilegal es la Administración y «nadie debe obtener beneficio de la propia torpeza», ni «nadie debe provocar perjuicio al inocente».