El problema se plantea cuando alguien solicita que se expropie su terreno (expropiación por ministerio de la Ley), al ver congelado su aprovechamiento por la calificación urbanística del plan y ser usado gratuitamente por todos los vecinos; es comprensible que al particular se le agote la paciencia y se vea obligado a solicitar que se le expropie para que se fije un precio y al menos, se le pague por el terreno.

Y digo que el problema se plantea cuando el plan estaba vigente al tiempo de solicitar tal expropiación, pero posteriormente tiene lugar la invalidez del plan (invalidez ajena a la propiedad que se limita a solicitar que se cumpla la Ley y que el Ayuntamiento le expropie porque lleva más de veinte años sin hacerlo).

En este caso, estaba consolidada la jurisprudencia que decía que si se anulaba el Plan que legitimaba la expropiación, pues sus determinaciones comportaban la declaración de utilidad pública, se producía el efecto dominó de llevarse por delante todos los procedimientos expropiatorios iniciados pues según la STS de 29 de enero de 2013 (rec. 2789/2010) entre otras: «deja sin efecto ni valor alguno las declaraciones de utilidad pública y necesidad de ocupación, desapareciendo la causa expropiandi y, acarreando todo ello la nulidad del procedimiento expropiatorio, incluida la determinación del justiprecio”.

Y en esta situación la reciente sentencia de la sala tercera de 11 de mayo de 2026 (rec. 2292/2024) sienta la siguiente doctrina casacional:

«Un procedimiento de expropiación forzosa por ministerio de la ley, cuyo inicio se solicita con base en un determinado Plan General que lo legitima, queda anulado tras ser declarado nulo dicho planeamiento urbanístico por sentencia judicial firme, lo que conlleva la pérdida sobrevenida del objeto del proceso».

La sentencia sigue fielmente la construcción dogmática propia de derecho administrativo como un mecano de institutos jurídicos.

Sin embargo, algo chirria en la justicia de fondo, si vemos los antecedentes del caso en dos cuestiones:

• Primera. Que el plan llevaba 22 años sin darle otro destino que arbolado y aceras.
• Segunda. Que el planeamiento que revive y recobra vigencia a causa de la nulidad del vigente a la fecha del requerimiento expropiatorio, contiene la misma ordenación del suelo afectado, pues esta fue asumida por el PGOU anulado y por tanto con idéntica calificación de dotacional.

He aquí la singularidad del caso que quizá requería afinar la doctrina casacional, por ambos hechos determinantes que colocan al particular en la perplejidad y frente al rodillo de la justicia.

En efecto, por mucho que la nulidad del plan comporte la ineficacia de la declaración de utilidad pública, si la resurrección (reviviscencia) del plan anterior contenía idéntica calificación del suelo como dotacional (que soportaba la misma causa expropiandi), si existía una pasividad de la administración durante largo tiempo (22 años) dejando que el terreno del particular sirviese a la colectividad, sin pagar por ello el Ayuntamiento y sin poder darle ningún aprovechamiento el propietario, es patente que se imponía una interpretación pro cives, o bajo el principio de buena administración, o de tutela judicial efectiva (art. 24 CE), que sencillamente añadiese a la doctrina así fijada lo siguiente: …conlleva la pérdida sobrevenida del objeto del proceso. “Ello salvo el excepcional y justificado supuesto de pasividad expropiatoria injustificada y concurrencia de estricta identidad en la calificación urbanística que amparó la expropiación, en el planeamiento que recobra vigencia”.

Con ello, se salvaguardaría la justicia material, pues los propietarios sencillamente querían que se pagase por su terreno cuando la administración no hacía sus deberes y sencillamente se aprovechaba de ello.

Sin olvidar que el Ayuntamiento es el responsable de la nulidad del propio plan, por su torpeza al tramitarlo y aprobarse, lo que nos recuerda el viejo principio de que “nadie debe obtener beneficio de su propia torpeza”.

Poco consuelo le queda a los particulares con este portazo en las narices, sin culpa de que el maldito plan se declarase inválido veinte años después, por mucho que se les diga que pueden ejercer acciones de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento… Vamos, pocas ganas les quedarán, y el nuevo proceso llevará tiempo, y me temo que el proceso encaminado a esta responsabilidad sería desestimatorio o con indemnización pírrica… o por decirlo en términos lúdicos… Este procedimiento sería tan largo que perdería… sujeto (salvo herederos).

Triste criterio, que me recuerda aquello de “Fiat iustitia, et pereat mundus”.

Es inmensa porque el poder público toca todo y todo lo regula, de manera que sus hijos se han convertido en disciplinas emancipadas (como el Derecho tributario) o con cierta autonomía (contratación, urbanismo, expropiación forzosa, extranjería, dominio público, etcétera) a lo que se añaden los fenómenos emergentes vinculados a nuevos modelos de gestión (eclosión de administraciones independientes) o el impacto de nuevas tecnologías e inteligencia artificial (nuevas ventajas y nuevos problemas).

Es intensa porque la regulación aplicable contempla toda la escala de normas y jurisprudencias.

Y es ondulante, porque son regulaciones que van fluctuando y variando según gobiernos y contexto.

Diríase que la vieja Catedral del Derecho administrativo se ha convertido en una enorme Centro Comercial, donde impera una enorme oferta, dinamismo, espacios de libertad y actuación y una configuración cuasilaberíntica.

Con afán de reflexión y claridad, en el año 2000 abordé la pretensión de ofrecer un “Derecho Administrativo Mínimo” (Ed. Amarante) como manual que combinase lo esencial en cuanto a normativa y jurisprudencia, con lenguaje y sistemática sencillos, tarea que me desbordó pues al final se convirtió en un libro de casi 800 páginas que recibió una calurosa acogida.

Reflexionando sobre la actualización de la obra, que me han solicitado generosos lectores, se me ocurrió adaptar la obra a los nuevos tiempos. Recordé que las grandes novelas, o los tebeos de mi infancia (Capitán Trueno o Jabato) los recibía con regocijo cada fin de semana, o incluso las grandes obras literarias se publicaban por entregas (caso por ejemplo, de “El Conde de Montecristo” –Dumas– o del “Ulisses” –James Joyce–, pues tal modelo dosificaba la lectura y atención.

Además, soy consciente de que hoy día los manuales y tratados suelen ser demasiado extensos e intensos para el jurista actual, preocupado por la economía de tiempos y energías. A ello se añade, que hoy día queremos la parte que nos interesa y no el todo, como el turista que solo quiere saber de los monumentos y ruta de su breve estancia, pero no ahonda en la historia, geografía y cultura del país que visitará.

De ahí que siguiendo el lema de la Real Academia Española, “limpia, fija y da esplendor”, he procedido a acometer la revisión de los temas del Derecho Administrativo Mínimo, bajo las siguientes premisas:

• Dividirlo en tomos que comprendan entre tres y cinco temas, con unidad de materia, y con un número de páginas digerible, entre 80 y 100 páginas.
• Actualizar el contenido con referencias normativas y jurisprudenciales.
• Mantener la línea sustancial de exposición, bajo orden y claridad.
• Acompañar cada tomo de una bibliografía de mínimos.
• Encabezar cada tema una cita significativa de la mejor doctrina administrativista.
• Ofertarlo urbi et orbe, con el sello editorial AMICUS CERTUS, en Amazon, formato Kindle (sumamente económico) y además en papel a quien lo solicite, y lo recibirá con pasmosa rapidez y primorosamente editado.
• Cada entrega de cada Tomo, procuraré ofertarla bimensualmente. Y así el interesado podrá adquirir solamente el “tomo y tema” que le interese.

El proceso se abre con este primer Tomo, titulado: «Génesis, Evolución y Desafíos del Derecho Administrativo» (85 páginas), con precio en formato digital, versión Kindle de 8,99 € y precio en papel tapa blanda de 10,39 €.

Su contenido se anuncia en los siguientes términos:

¿De dónde viene el poder público y adónde se dirige? Este primer volumen de la colección Derecho Administrativo Mínimo responde a esa pregunta con rigor y claridad, trazando el arco completo de una disciplina que interviene en nuestras vidas más que ninguna otra rama del derecho.

Desde las primeras formas de organización del poder en el Egipto faraónico, la China imperial, Grecia y Roma, hasta la irrupción de la inteligencia artificial y la administración digital del siglo XXI, el autor recorre la génesis y evolución del derecho administrativo con una prosa despojada de erudición gratuita y abierta a cualquier lector curioso.

El libro examina los grandes modelos comparados —el rule of law anglosajón frente al régime administratif continental—, analiza el impacto de la Revolución francesa, el surgimiento del Estado social y los desafíos que plantea la digitalización a los derechos de los ciudadanos.

Un mapa esencial para quien quiera entender cómo funciona el poder, por qué tiene límites y hacia dónde evoluciona.

He aquí el Índice de los Temas y Epígrafes que comprende este primer volumen.

A su disposición. Pasen y vean…

Seguiremos leyendo y escribiendo… mientras el cuerpo y la mente aguanten.

]]> https://delajusticia.com/2026/05/26/genesis-evolucion-y-desafios-del-derecho-administrativo-alto-y-claro/feed/ 2 standard 1057423 https://delajusticia.com/2026/05/25/el-guadiana-contencioso-de-las-cuestiones-prejudiciales-homogeneas-suspensivas/ https://delajusticia.com/2026/05/25/el-guadiana-contencioso-de-las-cuestiones-prejudiciales-homogeneas-suspensivas/#comments Mon, 25 May 2026 08:11:55 +0000 https://delajusticia.com/?p=1057196 Seguir leyendo]]> Es sabido que el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo que tenía noticia del desarrollo por otro órgano jurisdiccional del mismo orden, de cuestión previa y/o determinante de lo que debía resolver aquél, se encontraba atado por la doctrina sentada por el pleno de 28 de junio de 2005 (rec. 6/2004) que comentamos oportunamente. En consecuencia teóricamente no podía suspender su propio procedimiento, a sabiendas de que había una cuestión pendiente relevante en otro órgano jurisdiccional de la misma tribu («Cuestión prejudicial homogénea»). La paradoja provocada consistía, por ejemplo, en que un Juzgado que enjuiciaba una sanción administrativa, y que supiese que el reglamento sancionador que la amparaba estaba siendo enjuiciado por la sala del Tribunal Superior de Justicia, tuviera que seguir su hoja de ruta dictando sentencia (pese a que quizá posteriormente anulase el reglamento la sala).

En la práctica, por aquello de desterrar las consecuencias absurdas («Fiat iustitia, et pereat mundus») algunos órganos jurisdiccionales se desmarcaban de la doctrina así sentada interpretando que tal doctrina se refería exclusivamente a lo allí resuelto (improcedencia de suspensión si el litigio pendiente era sobre una «ordenanza» pero no sobre otras cuestiones prejudiciales administrativas distintas, referidas a actos o reglamentos de distinta naturaleza (esta es una interpretación forzada pero práctica y congruente bajo la tutela judicial efectiva).

Pues bien, el reciente auto de la sala tercera de lo contencioso-administrativo de 14 de mayo de 2026 (rec. 30/2025), con naturalidad y sin otra justificación que apreciar la vinculación entre dos recursos contencioso-administrativos en tramitación ante distinto órgano jurisdiccional (ante la sala tercera del Tribunal Supremo, y ante la sección sexta de la Audiencia Nacional) establece:

Así las cosas, coincidimos en considerar que existe una clara vinculación entre el objeto del presente recurso y el resultado de la sentencia que recaiga en el PO 167/2025, concurriendo prejudicialidad prevista en el artículo 43 de la LEC, aplicable supletoriamente a este orden jurisdiccional, en virtud de lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 29/1998, por lo que estimamos procedente la suspensión de la tramitación del presente procedimiento en tanto se resuelva de forma definitiva mediante sentencia firme el PO 167/2025 sustanciado ante la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dado el evidente efecto prejudicial que éste produce a fin de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias o mutuamente excluyentes.

Y en consecuencia acuerda:

Decretar la suspensión del curso de las presentes actuaciones, en el estado en que se hallan, hasta que se resuelva de forma definitiva mediante sentencia firme el PO 167/2025 sustanciado ante la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo preceptuado en el art. 43 de la LEC.

 No es doctrina casacional, ciertamente, pero es criterio adoptado por la Sala tercera del Tribunal Supremo en única instancia, y respetable.

Por tanto, no es ningún disparate e incluso conveniente suspender un proceso contencioso-administrativo si existe otro en curso ante otro órgano del mismo orden jurisdiccional, siempre que con arreglo al prudente y razonado criterio del juez u órgano jurisdiccional que conoce del asunto sobre el que pende el efecto reflejo, carambola o determinante del otro, aprecie que decidir sin suspender el procedimiento produciría una situación absurda: tener que resolver sin bases firmes por no ser de su competencia lo que está pendiente de resolver otro órgano jurisdiccional.

En suma, si este criterio de recuperar la plena supletoriedad del art. 43 LEC para el ámbito contencioso-administrativo será la regla dominante, la justicia administrativa ganará en coherencia. Al fin y al cabo es el criterio que inspira en el ámbito de la pendencia de los recursos de casación al novedoso art. 56.5 LJCA (del Real Decreto-ley 5/2023): «si el juzgado o tribunal apreciase una identidad jurídica sustancial y que la resolución que se dicte en casación puede resultar relevante para resolver el procedimiento, acordará la suspensión hasta que se dicte resolución firme en el recurso de casación».

Y es que si el propio Tribunal Constitucional sentó la doctrina de que “unos mismos hechos no pueden ser y dejar de ser ante órganos del Estado”… debería sentarse la doctrina de que “unas mismas cuestiones no deben juzgarse sin armonía de criterio entre quienes deben resolver”, lo que impone el castizo consejo de “no poner el carro delante de los bueyes…”

Tomemos nota, porque dicho auto puede revestir utilidad tanto para que los jueces (de oficio) o los abogados (solicitándolo) pueda promoverse la suspensión de un litigio administrativo hasta que sea firme otro pendiente y determinante. Eso sí, como todo, son potestades que afectan al «derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas» y debe ejercerse con prudencia y bajo la casuística.

Hace unos días, aprovechando el incomparable marco histórico del Colegio Arzobispo Fonseca en Salamanca, nos plantearon el siguiente reto:

¿Podríamos hacer una entrevista a Ricardo Rivero como catedrático y a José Ramón Chaves como juez contencioso, sobre la respectiva vertiente del impacto tecnológico en el procedimiento y en el proceso?

La respuesta de ambos fue positiva, pues nos entusiasman los experimentos didácticos. Así que, cargados de espontaneidad y sonrisas, Ricardo dio respuesta a las preguntas del estado de la cuestión tecnológica e IA sobre el procedimiento administrativo (y la Administración), y yo sobre el estado de la cuestión tecnológica e IA sobre el proceso contencioso (y la Justicia).

El resultado es una entrevista doble y sucesiva de gran frescor. Nada de tecnicismos ni rodeos o cautelas. Hablamos alto y claro.

Y de postre al término de la entrevista, nos grabaron como escena post-créditos, una conversación de ambos en el claustro o corredor abierto del Fonseca, cuyos cinco minutos provocarán sonrisas.

Aquí está a su disposición. Ideal para un viernes.

El problema de esta interpretación es que ignora que la propia Ley básica excluye expresamente esa doble oportunidad, pues ningún sentido tiene volver a poner la mejilla ante la administración cuando se te han acabado las mejillas (la denegación en vía administrativa y la desestimación del recurso administrativo), lo que explica la clara literalidad del art.122.3: “Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo”, en línea con el art.124.3 :”Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso».
Sin embargo, han pasado diez años largos desde la vigencia de la ley básica (que seguía el criterio de su antecesora) y sigue planteándose el recurso de reposición frente a la desestimación del recurso de alzada, por parte de algún letrado que actúa con prisas o descuido (o lo mas frecuente, un letrado de especialidad distinta de lo contencioso-administrativo, «si no sabes Espinete, para qué te metes»).

Lo comento, dirigiéndome no a la legión de letrados que pensará al leer esto, “ya lo sabía”, sino a los pocos que pensarán, “caramba, menos mal que me entero ahora”, porque mas vale enterarse por un blog que por una sentencia que confirme la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo por andar enredado en la vía administrativa.

    Para ejemplo, no tiene desperdicio la reciente sentencia de la sala tercera de 6 de mayo de 2026 (rec.227/2025), que reacciona de forma cansina contra el demandante que insiste en la viabilidad de ese recurso administrativo frente a la desestimación del recurso administrativo, y lo hace citando una anterior sentencia de la sala en estos duros términos:

(…) resulta de una claridad meridiana los términos del art. 122.3 de la LPAC, contra la resolución del recurso de alzada no cabe interponer recurso administrativo alguno, no es posible otra interpretación más que la que surge de su tenor literal, fácilmente comprensible y que no necesita explicación alguna más que prestarle atención a lo que impone. Cosa distinta es que la parte recurrente ignore dicho precepto, no atienda al píe de recurso que la resolución del recurso de alzada le indicaba, y pretenda hacerse un procedimiento a voluntad y conveniencia, interponiendo un recurso de todo punto improcedente, cuando las normas procedimentales son ius cogens indisponibles para las partes y sin que pueda tener amparo jurídico la conducta de quien consciente y voluntariamente se aparta de las normas de obligada observancia pretendiendo acomodar los trámites procedimentales a su conveniencia. No puede alegar indefensión quien por su torpe actuar se coloca en dicha posición».

En fin, no está de más tomar nota… por si acaso se cruza un mal día, las prisas o las trampas de la memoria…

Eso sí, no olvidemos que el planeta tributario actúa bajo otras claves de su regulación especial, de manera que en ese ámbito se admite que los actos de la Administración Tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa puedan ser objeto, con carácter previo, de recurso potestativo de reposición. Pero bueno, ya saben que la administración tributaria sería como el planeta Venus respecto del tranquilo planeta tierra del derecho administrativo general… Venus no es el planeta más cercano al sol (de la justicia), cuenta con una atmósfera densa con dióxido de carbono que resulta tóxica para el ser humano (legislación propia), con lluvia ácida y ejerciendo sobre cualquier humano allí presente una presión mortal (¿a que se les ocurre alguna analogía jurídica?).

Por eso me propuse adentrarme en el campo inédito pero interesante, que une gastronomía y humor, cuando los juristas se sientan a la mesa.

Además, me propuse hacerlo exponiendo sucedidos, anécdotas, confesiones y ocurrencias planteados en ágapes y almuerzos con juristas.
(i) En unos casos se trata del fruto de mis indagaciones sobre esta vertiente de juristas célebres;
(ii) en otros de la confidencia que me hizo algún comensal que estuvo presente; y
(iii) la mayoría son anécdotas que presencié personalmente en la mesa.

De hecho, hay citados más de trescientos juristas (incluso el contexto del ágape, restaurante y los manjares), y creo que entre ellos quizá esté usted, querido lector, si ha compartido mantel y sonrisas conmigo. Siempre he dicho que hay vida más allá del Derecho y esos buenos momentos lo demuestran.

El resultado es mi último ensayo titulado «Juristas con servilleta: Gastronomía y Humor» (Amicus Certus, 2026). Están disponibles sus casi trescientas paginas, en Amazon, en tres formatos:

• formato Kindle, digital, 5,99 € –o incluído en kindle unlimited– con fotos en color:
• formato tapa blanda en papel (en blanco y negro con fotos en blanco y negro, 15,59 €);
• formato tapa dura, en papel, (incorpora fotografías en color 40,56 €).

Este original ÍNDICE revela su contenido. Y si lo solicita desde la web de Amazon.es (o sea,desde la web para España, -no desde amazon.com- lo descargará de inmediato en digital, o lo recibirá en papel en pocos días). Basta entrar en Amazon.es con su cuenta, y buscar libros con las palabras: Juristas con servilleta…, elegir formato… y ¡Voilá!

Como podrá percibirse, no se trata de un libro jurídico sino de la vertiente lúdica y gastronómica de los juristas. He intentado ofrecer una obra atrayente, entrañable y divertida… Y además rendir homenaje a tantos amigos juristas que me han acompañado en tan gratos momentos. ¡Y además barata!, pues por menos de seis euros se tendrá en descarga digital y con fotografías en color.

No me haré rico con esta publicación pero he disfrutado de lo lindo escribiéndola y más feliz seré si provoco sonrisas comprensivas en los lectores. Con ello cubro la laguna investigadora de estos encuentros olvidados de todo estudio, y lo dedico al gerente de “Las Caballerizas de Salamanca”, restaurante entrañable donde si las paredes hablasen o si lo hiciese Unamuno, la princesa Leticia o Joaquín Sabina, temblarían algunos. Se lo dedico al gerente por su jubilación, que casualmente lo conocemos como “Antonio Arias, el bueno”, para diferenciarlo de mi otro amigo asturiano, “Antonio Arias, el malo”, por más señas.

Y cómo no todo va a ser comer… ahí tienen algo para leer…

Es el caso de la reciente sentencia de la sala tercera de 6 de mayo de 2026 (rec. 2814/2024) que efectúa una doblemente valiosa aportación. Una sobre el régimen jurídico sustantivo y otra sobre el régimen procesal.

 Pasen, vean y tomen buena nota.

PRIMERA VERTIENTE CASACIONAL. En cuanto al régimen jurídico-administrativo, sienta el derecho del contratista que presta una obra o suministro sin contrato, a percibir el precio, a título de enriquecimiento injusto prohibido, y por tanto, la determinación del precio no debe hacerse aplicando los criterios de la legislación de contratos. Así, argumenta la sentencia que

Así, cuando la Administración actúa al margen de la normativa contractual para, sin embargo, hacer encargos de suministro y recibirlos de conformidad, no puede luego pretender cuantificarlos acudiendo a la normativa contractual, sino que deberá hacerlo conforme a precios objetivos de mercado y en función de la prueba existente en el procedimiento administrativo. Evidentemente, cuando en fase jurisdiccional se cuestiona la cuantía fijada por la Administración, deberá tomarse en consideración la prueba obrante en autos.

Y en consecuencia recordando que si la Administración optó por salirse del sendero del contrato, no puede luego intentar ajustar a criterios contractuales la contienda sobre el precio de lo prestado, de manera que confirma la doctrina casacional recientemente fijada:

en Sentencia de 24 de febrero de 2025 (recurso de casación n.º 6295/2021), se contesta a la cuestión de interés casacional declarando que: «como regla general, la realización de obras no previstas en el contrato y sin que haya mediado la aprobación de modificado alguno sitúa a aquellas obras fuera del ámbito de la normativa reguladora de los contratos administrativos; de manera que, sin perjuicio de que se formulen reclamaciones relativas a su retribución y al eventual devengo de intereses de demora, a fin de evitar el inaceptable resultado de un enriquecimiento injusto, tales reclamaciones no han de encontrar amparo ni cobertura en la legislación de contratos públicos, normativa esta que los propios intervinientes, contratista y Administración, habían eludido e incumplido.».

SEGUNDA VERTIENTE CASACIONAL. Asimismo la sentencia de la sala tercera se pronuncia con claridad sobre el derecho de prueba de las partes, de manera que si el tribunal deniega una prueba por considerarla inútil, no puede luego desestimar el recurso por considerar que el demandante no lo ha probado (malamente puede reprocharse “no hacer”, lo que el tribunal no le permitió hacer).

Ya el Tribunal Constitucional y la Sala tercera habían sentado esta doctrina, pero en este caso, la sala tercera acompaña una significativa reflexión y anuda una importante consecuencia.

No nos cabe duda de que la prueba propuesta era pertinente, en la medida que se trataba de una pericia que guardaba conexión directa con aquello que se quería acreditar. Es más, la pertinencia de la prueba resultó, si se quiere, más realzada con los argumentos que la mercantil TRC en su empleó en su recurso de reposición.

Tampoco la tenemos en cuanto a que la decisión de la Sala Territorial no contenía una verdadera motivación, ello por lo siguiente: 1º) la decisión inicial del auto de 17 de mayo de 2022 consistió, simplemente, en afirmar que la prueba era «inútil», lo que según el diccionario de la lengua de la RAE significa «que no sirve o no cumple su función». Es evidente que para que una prueba se califique de esa manera es necesario decir el por qué, pero la resolución judicial nada dijo sobre ello. 2º) el auto dictado el 1 de julio de 2022 para resolver el recurso de reposición incurre en el mismo error. No otra cosa cabe concluir si reparamos en la improcedencia de los dos argumentos que emplea para desestimar el recurso: a) el de atribuir un carácter preferente a la prueba pericial de parte aportada con la demanda sobre la pericial judicial solicitada en caso de imposibilidad de hacerlo, lo que no puede mantenerse con la redacción actual del artículo 339 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, introducida por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y que impone al órgano judicial la misma respuesta: «procederá» a admitirla.; b) el de negar absolutamente la imposibilidad de realización en función del tiempo trascurrido, ello porque esa tal respuesta, además de carecer de todo apoyo objetivo, representa un juicio de valor anticipado que invade el ámbito de la decisión del perito».

La sentencia añade dos consideraciones muy relevantes. Primero, recuerda que no cabe que “después de no haber sido practicada, la sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto sosteniendo la falta de prueba”. Segundo, advierte que no cabe reprochar la falta de propuesta de otras pruebas distintas por el demandante que se esforzó en aportar una pericial pues “Es más, ese irregular vació probatorio causado por la propia Sala sentenciadora no puede ser llenado con el argumento que la propia Sala quiere emplear para sustituirlo o llenarlo: el hecho de la parte hubiera podido proponer otras pruebas como el interrogatorio de los ingenieros que realizaron aquel informe pericial, para ponerlo en cuestión, que era el objeto de la prueba denegada”.

Y finalmente fija la siguiente doctrina casacional:

El derecho a la prueba, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva, amparan a la parte que propuso en tiempo y forma una prueba pericial técnica justificando la necesidad de su práctica, siendo denegada sin motivación, pese al recurso de reposición interpuesto y sin que tampoco haya sido practicada como diligencia final por el órgano judicial, cuando la posterior sentencia desestimatoria del recurso ponga de manifiesto la relevancia de aquella prueba no practicada con la afirmación de que la carga de la prueba incumbía a la parte actora.»

Una sentencia sumamente valiosa como piedra de toque de la admisión de pruebas, pues deriva telegráficamente lo siguiente:

• Si la Administración se apoya en sus propios informes, debe garantizarse el correlativo derecho a que el particular que discrepe, pueda aportar sus propios informes. No cabe otorgar una presunción de los informes técnicos preexistentes “inmune” a pruebas posteriores.
• Si la Administración se apoya en sus informes y el particular propone la pericial judicial, esta debe admitirse por el órgano jurisdiccional.
• Si el órgano jurisdiccional considera que una prueba es “inútil” debe explicar la razón de esta inutilidad y no despacharla lapidariamente.
• Si el órgano jurisdiccional deniega una prueba pertinente y útil del particular, no puede luego fundamentar el fallo en la falta de diligencia probatoria de la parte perjudicada por la sentencia.
• Si el órgano jurisdiccional rechazó indebidamente una prueba por impertinente o inútil, deberá aceptar la diligencia final si la parte lo solicita para practicar la prueba sobre los hechos controvertidos.

Con ello queda patente la enorme relevancia de conocer el marco procesal de todo litigio contencioso-administrativo (tanto por abogados como por jueces, pues los fallos de unos u otros, los paga la Justicia), y en particular del juego de las pericias de parte, informes del expediente y pericias judiciales, cuando la controversia no es jurídica sino sobre hechos. Sobre estas cuestiones tuve oportunidad de efectuar un compendio claro de criterios jurisprudenciales en «La prueba pericial contencioso-administrativa: proposición, práctica y valoración» (Aranzadi, 2026)

Se han prodigado notorias Declaraciones en situaciones de solemnidad o crisis: Declaración de independencia de Estados Unidos, 1776; Declaración de Derechos del Hombre y el ciudadano–revolución francesa, 1789; Declaración Universal de Derechos humanos en París (ONU, 1948); Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente (ONU, 1972),etcétera. O en el ámbito jurídico, la célebre Declaración Institucional del Colegio de Abogados de Madrid «En defensa del Estado de Derecho» adoptada en noviembre de 2023.

En suma, las Declaraciones son la expresión colectiva de una preocupación frente a un suceso o deriva inquietante. En términos de la tercera ley de Newton, son la reacción frente a una acción.

En el ámbito del derecho público se ha asistido a una evolución progresiva de la organización del Estado hacia la feliz fórmula, acogida constitucionalmente en los países avanzados o con imperio de la razón, de “Estado de Derecho” y/o Estado democrático”. En unos casos dicha rúbrica tiene rango constitucional o formal, como en el caso del pórtico de la Constitución española: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” (art. 1),  y en otros  no tiene recepción constitucional expresa pero se incluyen valores y garantías de funcionalidad equivalente, o en defecto de cobertura constitucional, es frecuente que el bloque legislativo ampare tales garantías.

Si bien la consecución de tal modelo de Estado responde a las fuerzas políticas, su establecimiento, desarrollo y garantía precisa de un armazón técnico y fuerzas críticas objetivas, que ofrecen desde su marco disciplinar, con principios y metodología jurídicas, los profesores de derecho administrativo.

En suma, considero que

El derecho administrativo constituye el lenguaje del poder ejecutivo, la brújula racional del poder legislativo, y la correa de transmisión del poder judicial.

Dada la existencia de un mínimo denominador común a todos los ordenamientos jurídicos consistente en la organización y gestión del poder ejecutivo, se fue alzando de forma acelerada en tiempos recientes, la existencia de instituciones, institutos y técnicas comunes a Estados de diverso sistema cultural y tradición.

En particular, la comunicación y simbiosis se hizo especialmente sentida y enriquecedora en el ámbito de los sistemas de derecho administrativo occidental (de inspiración francesa, más o menos intensa) frente a los sistemas de derecho administrativo sajones (de corte inglés).

Es así, que la inquietud común de la órbita académica cristalizó el 9 de diciembre de 2016 en la creación del “Instituto Internacional de Derecho Administrativo” (IIDA), con sede en Madrid, para agrupar expertos administrativistas de todo el mundo, con el fin de investigar, debatir y difundir el derecho administrativo en el plano internacional, generando cooperación y mejora conjunta.

Los tiempos de tumulto y vértigo actuales derivados de excesos políticos que zarandean bases democráticas o el pilar de la división de poderes, unido al impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, con la irrupción de nuevos prismas de control (transparencia, buena administración, sostenibilidad, etcétera), acrecentaron la conveniencia de urgente debate constructivo y puesta en común del esfuerzo de administrativistas.

En este contexto, tuvo lugar la oportunísima celebración de las III Jornadas internacionales de derecho administrativo, bajo la rubrica «Estado de derecho, democracia y derecho administrativo», que se celebró los días 14 y 15 de mayo de 2026 en el Aula Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca con un sugestivo Programa.

Como discreto maestro de ceremonias actuó con la serenidad, acierto y buen hacer de un director de orquesta, Ricardo Rivero Ortega, catedrático de derecho administrativo y flamante presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo (con la inestimable colaboración de sus colegas Marcos M. Fernando Pablo, Zulima Palmira Sánchez Sánchez y María Josefa García Cirac).

Se contó con la presencia de administrativistas de 19 países, y con la ponencia de apertura a cargo de Libardo Rodríguez Rodriguez (Presidente del Consejo Honorario del IIDA, y administrativista colombiano) y con la de cierre por Santiago Muñoz Machado (Director de la Real Academia Española y catedrático de derecho administrativo).

Entre ambas intervenciones tuvieron ocasión de participar con breves pero sugerentes ponencias prestigiosos administrativistas: William Zambrano, Carlos E. Del Piazzo, Alejandro Pérez Hualde, Rodrigo Ferrés y Danilo Roja; Rafael Valim, Augusto Durán, Graciela Ruocco, Javier Barnés, José Luis Villegas, José Eduardo Cardozo y Ana Pedreira; Giuseppe Franco Ferrari; Christian Pielow, Pablo Schiavi y Analia Antik.

Añadiré que disfruté del enorme privilegio de participar desde mi prevalente alma académica encerrado en cuerpo de magistrado.

Cada bloque contó con moderadores de lujo: el gran maestro de entrañable talante, Juan Carlos Cassagne (Argentina), y el reconocido administrativista Jaime Rodríguez Arana (España).

Y cómo no, numerosos asistentes, prestos a atender, intervenir y saludar, entre los que no puedo dejar de citar a mis admirados catedráticos, Francisco Sosa Wagner, Mercedes Fuertes López y Vicente Álvarez Garcia.

Las ponencias y debate alumbraron escenarios de tensiones en algunos ordenamientos jurídicos que zarandean los cimientos del deseable Estado democrático y de Derecho. Brotaron voces de alarma, por parte de quienes, desde el conocimiento y el sentimiento, alientan la lucha por el Derecho en el sendero marcado por Ihering. En el marco de la altura de las reflexiones, acierto de las intervenciones y armonía entre tanta carga de erudición se forjó con el calor de la reflexión y el martillo de la sana crítica, la Declaración de Salamanca 2026, e invitando a adherirse a la misma a instituciones y órganos (pudiendo comunicarlas al Instituto).

He aquí el texto definitivo:

DECLARACIÓN DE SALAMANCA SOBRE LA DEMOCRACIA, EL ESTADO DE DERECHO Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO (Salamanca, 15 de mayo de 2026).

PRIMERO.- Expresan su irrestricto respaldo al estado constitucional de derecho basado en la democracia con la convicción de que se trata del instrumento más valioso para garantizar los derechos fundamentales de las personas en los diferentes sectores de la sociedad. así como para definir los límites del poder y las reglas de convivencia social.

SEGUNDO.- Manifiestan igualmente su convencimiento de que los principios básicos del estado de derecho, la representación y participación de los miembros de la comunidad y la elaboración de las normas que debe regir la vida de la sociedad, la legalidad, la separación de poderes, la temporalidad en el ejercicio de los poderes públicos junto al control de las actividades desarrolladas con las autoridades por parte de un poder judicial independiente, son los pilares esenciales en toda democracia.

TERCERO.- Dejan constancia de la preocupación que produce la tendencia que se advierte en algunos sectores diferentes países de desconocer la importancia y vigencia de los principios democráticos o lo que es aún más peligroso de utilizar los instrumentos y principios propios de la democracia para pretender descubrir su esencia y reemplazarla por instituciones y reglas ajenas a esos principios.

CUARTO.- Hacer énfasis en la importancia que ha tenido el desarrollo de los derechos constitucional y administrativo en la consolidación del Estado constitucional de derecho. Por lo cual resulta fundamental promover su permanente evolución y fortaleza como instrumentos para la consolidación de la democracia y sus principios rectores.

QUINTO.- Advierten, por último, sobre la necesidad de enfrentar los males causantes de las crisis periódicas que afectan los procesos democráticos actualmente. En particular, la corrupción de los gobernantes y funcionarios, así como el populismo radicalizador.

En suma, al sabio decir de Luther King, J.R. lo que más debe preocuparnos no es la gente mala sino el silencio de los buenos, y por eso me complace que los administrativistas de bien, pertrechados de razón y derecho, alcen la voz crítica y razonada para plasmar la solemne y oportuna exigencia de defensa de la democracia y el Estado de Derecho frente a los asedios innobles, sean de cuño partidista, populista o gremial.

Mi cálida enhorabuena por esta feliz iniciativa del Instituto Internacional de Derecho Administrativo.

Aquí está la Declaración 2026 en libre y accesible descarga.

 La reciente sentencia de la sala tercera de 20 de abril de 2026 (rec.2290/2023) sale al paso de aclarar si los actos de la administración en que se da por enterada de la Comunicación previa o de la Declaración Responsable para el inicio de actividad, son o no recurribles directamente ante lo contencioso-administrativo, previo recurso de reposición potestativo en su caso.

 La sala razona del siguiente modo, siguiendo el criterio sentado por la anterior sentencia de la sala tercera de de 8 de marzo de 2023  ( rec.8658/2021), de 17 de octubre de 2022  (rec.3837/2020) y  de 20 de septiembre de 2022  (rec. 7031/2021); esta última apuntaba que  «no existe ya, propiamente, un procedimiento sometido al régimen de autorización (esto es, un procedimiento que deba iniciarse con una solicitud del interesado y deba finalizar con una resolución favorable de la Administración), por haber sido sustituido normativamente por el régimen de la declaración responsable y la comunicación previa”, y por tanto rechazaba que operase el silencio administrativo.

Ahora la sentencia va un paso más allá y afirma:

No son actos administrativos, pues a través de ellos no se expresa ninguna voluntad de la Administración, ni positiva ni negativa, en cuanto al ejercicio de la actividad que se declara o comunica, ni tampoco puede presumirse dicha voluntad. Tampoco el despliegue de efectos consistente en la realización de la actividad declarada o comunicada se puede considerar amparado por una decisión administrativa. La posición de la Administración es de mera receptora del escrito correspondiente, sin que esa recepción suponga autorización implícita.

           Tampoco la presentación de esos escritos se puede considerar como actos de inicio de un procedimiento administrativo, puesto que su eficacia, en cuanto al desarrollo de la actividad, se despliega desde el mismo momento de la presentación, sin que sea necesaria la realización de ninguna actividad adicional. En realidad, la presentación de estos escritos ni siquiera se puede considerar un procedimiento, entendido como una concatenación de actos conducentes a un resultado. El propio Tribunal Constitucional lo destaca en la sentencia antes citada. Y al no tener la Administración la obligación de resolver puesto que no hay ninguna solicitud no opera el instituto del silencio administrativo.

             Si la comunicación previa y la declaración responsable no son actos administrativos, ni expresan voluntad alguna de la Administración, es claro que no se puede interponer frente a ellos recurso alguno, ni administrativo ni jurisdiccional, sin perjuicio, claro está, de que si la Administración, en el ejercicio de sus potestades de comprobación, control e inspección, dicta determinados actos estos si tendrán la naturaleza de actos administrativos y ,en consecuencia, si se dan los requisitos para ello, podrá ser objeto de impugnación.”

Para desterrar la idea de indefensión añade como premio de consolación al particular que asiste al inicio de la actividad próxima:

siempre se podrá acudir a la Administración para que ejerza sus potestades de control, comprobación o inspección, y, en el caso de que ésta se mantenga inactiva ante tales peticiones, siempre se podrá reaccionar frente a su silencio, que en este caso sí puede constituir un acto administrativo presunto”.

Pues habrá que tomar buena nota en el ámbito local de este criterio. Ahora bien, aunque yo esté equivocado, nada me impide que desde una perspectiva de sana crítica doctrinal me resulta discutible:

1. En primer lugar, porque nada consuela al tercero interesado, el poder denunciar la actividad por razones de seguridad, salubridad o similares, porque eso supone (i) desplazar al particular la carga de comprobación para que se tome la molestia de detectar y acreditar el fundamento de su denuncia; (ii) iniciar un procedimiento de denuncia que lleva su largo tiempo, comprobación local y resolución final, mientras la actividad se desarrolla sin estorbo, “con ruido y furia”.
2. En segundo lugar,  es claro que no hay un acto administrativo expreso, pero el acto dictado e imputable a la administración local consistente en la toma de razón, registro y conocimiento de la comunicación o declaración responsable, produce efectos jurídicos implícitos pues habilita al particular para iniciar la actividad desde ya. Y eso debe facultar para poder reaccionar ante un ACTO ADMINISTRATIVO TÁCITO (El darse por informada la Administración) con efectos sensibles en la ciudadanía.
3. Y en tercer lugar, porque cabe que el particular quiera cuestionar la premisa de tal actividad iniciada por tan simple método, esto es, que entienda que la misma no está sujeta a comunicación, ni a declaración responsable, sino a previa LICENCIA, y para ello no tiene que sufrir la carga de denunciar, sino promover la directa comprobación jurídica (no inspectora) de tal presupuesto por la administración, y poder discutirlo en sede jurisdiccional, p.ej. se comunica que se abre una fábrica de pirotécnica o un tanatorio, y el vecino tiene que denunciar y esperar a que se compruebe y reaccionar en su caso frente a la inactividad, cuando lo sencillo sería ante el recurso, sin visita de inspección, declarar su clausura previa audiencia, por estar sometido a licencia.
4. Por último, resulta paradójicoque existiendo una INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, ante la comunicación o declaración responsable, la solución es que se ACTIVE la denuncia del particular para volver a luchar si no hay respuesta contra la INACTIVIDAD.

No deja de ser chocante  que el legislador establezca la voluntad de la acción pública en materia de urbanismo, lo que revela el interés en tutelar los usos y actividades, y en cambio, se opte por una interpretación extensiva de la inadmisibilidad de los recursos, que además sería contraria al principio pro actione. No entiendo que ante la opción de interpretar que puede impugnarse directamente, o que puede impugnarse por tortuoso rodeo, se opte judicialmente por esta segunda vía.

Como decía Ortega y Gasset: “No es esto, no es esto”. En efecto, no es esto lo que se quería liberalizando las actividades, ni lo que se quería alzando una justicia administrativa realmente protectora.

En fin, que las comunicaciones previas y las declaraciones responsables VUELAN BAJO EL RADAR del control por recursos administrativos y jurisdiccionales (que no se admiten), y debiendo el infortunado vecino peregrinar suplicando al ente local que actúe… y mientras el ruido, los olores o el peligro subsisten… pero bueno, basta con consolarle diciéndole que denuncie, o que pida medidas provisionales, y llegado el caso, será hora de decirle al denunciante que carece de interés legítimo o de que las medidas provisionales son discrecionales, o que su denuncia se verá en su día… He ahí un bonito ejemplo que nos hace recordar lo del “proceso” kafkiano… y eso me duele. Pero bueno, «van leyes, do quieren jueces..»,¿o no es así?

.

Es aquí donde se plantea la cuestión de la impugnabilidad de los actos de trámite, pues, al fin y al cabo, una consulta no deja de ser un juicio de valor o criterio anticipado, que arroja luz (radiante o mortecina, según se ajuste o no a las expectativas del consultante), pero que se dicta antes de iniciarse el procedimiento encaminado a resolver de forma definitiva la cuestión.

Ahora bien, reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2026 (rec.2405/2024) examina si es admisible el recurso contencioso-administrativo frente a una consultas sobre actuación en carreteras. Concretamente se trataba de la consulta a la Dirección General de Carreteras para verificar si el proyecto para implantar una gasolinera en la margen de la carretera era viable. La sentencia citada establece una interesante y bien argumentada doctrina casacional. Veamos.

Se trata de una consulta previa a la iniciación del procedimiento administrativo y al margen del mismo, para conocer la viabilidad del proyecto. La respuesta a esta consulta tiene carácter vinculante para la Administración y se emite por el mismo órgano -la Dirección General de Carreteras- encargado de resolver las solicitudes de autorización.(…) . Y, aunque la consulta es potestativa, lo cierto es que, una vez realizada, la decisión adoptada resulta vinculante para la Administración, siempre que el solicitante mantenga en su solicitud posterior las mismas características técnicas; y la decisión sobre la consulta se adopta por el mismo órgano administrativo que ha de resolver las autorizaciones que se presenten por el procedimiento ordinario.

      Ahora viene el argumento de sentido común, colocándose el ponente en lugar del consultante:

Este carácter vinculante determina que el particular al que se informa de que la instalación no será autorizada en los términos planteados sabe que la Administración le denegará la autorización si finalmente optase por plantearla formalmente en los mismos términos. De modo que la respuesta a la consulta condiciona directamente la posterior decisión administrativa y en esa medida no puede considerarse ni un mero acto de tramite irrelevante ni una actuación administrativa carente de trascendencia para la esfera jurídica del administrado.

 Por tanto concluye la sentencia :

En definitiva, tanto la dicción literal del  artículo 25.1 de la Ley de la Jurisdicción , como la doctrina constitucional y la jurisprudencia citadas, piden la admisión a trámite del recurso Contencioso-Administrativo, pues aquel dispone que los actos de trámite son impugnables si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, y las segundas advierten que la aplicación razonada de las causas de inadmisión debe responder a una interpretación de las normas procesales acorde con la  Constitución y realizada siempre en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental que consagra el artículo 24.1  de la misma, huyendo, pues, de toda apreciación de inadmisibilidad que pueda calificarse de rigorista, o de excesivamente formalista, o que implique una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican».

De lo expuesto se distanciará:

-Las consultas vinculantes en el ámbito tributario. Y ello, porque aquí media un precepto legal expreso que rechaza su impugnabilidad autónoma, pues el el  art 89 LGT  vigente sobre efectos de la contestación a consultas tributarias escritas, dispone en su nº4:                “La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en la contestación».

-Las consultas no vinculantes. Así, por ejemplo las comunicaciones de criterios no vinculantes, emitidos por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (STS de 27 de abril de 2026, rec.8527/2023). En este caso, la sala considera que “no cabe calificar como acto de trámite cualificado susceptible de revisión jurisdiccional de forma separada y autónoma, al no reunir ninguna de las condiciones que se establecen en el inciso final del  artículo 25.1 de la LRJCA , pues no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento y no producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, que podrían hacerse valer en la eventual impugnación de la Orden retributiva que pone fin al procedimiento, invocando los vicios de ilegalidad reprochables a aquel acto de trámite”.

   En suma, bueno resulta antes de embarcarse en un litigio, comprobar si el acto es o no definitivo, o si es de trámite cualificado ( y con cierta desconfianza del pie de recursos que ofrezca tal acto de trámite, porque por alguna razón inconfesable pero fácil de intuir, la administración en estos casos, suele avisar que su consulta es un acto de trámite no recurrible).

Sentencia relevante porque fija el “non plus ultra” del control jurisdiccional y su efecto expansivo hacia otras áreas administrativas.

Veamos esta importante sentencia, que sin duda es tributaria de un hercúleo esfuerzo del letrado recurrente en casación que ha obtenido fruto estimatorio.

La sentencia inicial del Juzgado valorando los informes técnicos y la pericia judicial, afirmaba en definitiva que

«Con estas conclusiones se debe alcanzar un pronunciamiento que pese a las imitaciones de que un órgano jurisdiccional revise y revoque la decisión de un órgano calificador es este supuesto, y a la vista de la prueba desplegada procede sin género de dudas revocar y dejar sin efecto las decisiones adoptadas por la mesa de contratación el 13 de marzo de 2019 y consecuencia de dejar sin efecto la exclusión por temeraria, de la oferta de TECVASA anular y dejar sin efecto los acuerdos de 29 de marzo y 5 de junio de 2019, siendo este último el que resuelve la licitación en favor de FACSA.

En cuanto al último aspecto de la adjudicación, la exclusión de TECVASA rompió las reglas del juego en la contratación, al infringirse los principios de igualdad y libre concurrencia, por mor de los informes emitidos por la auditoria contratada para asesorar a la mesa de contratación que contenían errores relevantes y manifiestos que implicaron la exclusión de la oferta por temeraria, cuando no lo era, y que además de haber sido puntuada de igual modo que se puntuó a las restantes tenía la mejor puntuación. La recurrente en su carga probatoria ha demostrado que el informe en el que se apoyan los actos administrativos impugnados es erróneo, subjetivo y arbitrario, y por tanto dichos acuerdos incurren en el mismo defecto, en la adjudicación del concurso concurren criterios técnicos y de conveniencia pero en este supuesto se ha demostrado que los criterios técnicos se justifican en unos informes que deben recibir en calificativo de arbitrarios.

Lo anterior implica que el recurso formulado debe ser estimado íntegramente y por tanto debe resolverse en favor de reconocer como situación jurídica individualizada el derecho de la recurrente a resultar adjudicataria del Contrato, al haber obtenido la mayor puntuación en el cuadro de calificación de ofertas, ordenando para ello la retroacción de actuaciones al momento anterior de la exclusión de la oferta de TECVASA.»

Recurrieron el Ayuntamiento y la adjudicataria inicial por considerar que la sentencia vulneraba los artículos 71.2 de la Ley jurisdiccional 29/1998 (LJCA) y 151.2 y 155.2 del TRLCSP, por sustituir al órgano de contratación en la función de adjudicación. Además, consideraban que el informe pericial judicial había seguido una metodología incorrecta.

La Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia desestimó el recurso, pues consideró infundadas las criticas a la pericial judicial y señaló que que la sentencia de instancia no sustituyó al órgano de contratación sino que se limitó a verificar y aplicar los puntos ya asignados por la Mesa de contratación.

La Sala tercera del Tribunal Supremo revoca las sentencias y recorta las posibilidades de pronunciamiento jurisdiccional, acotando lo que es su misión y el marco de discrecionalidad de la administración cuando actúa a través de Mesas de contratación:

la sentencia impugnada ratificó la decisión de la de instancia y adjudicó el contrato a quien presentó la oferta más ventajosa y en función del orden de clasificación de ofertas, en lugar de anular la adjudicación y devolver las actuaciones administrativas al momento de la decisión de adjudicación del contrato para que el órgano de contratación, con la inclusión ya de la oferta de TECVASA (AQLARA), decidiese con plenitud de facultades sobre la resolución del proceso contractual con el abanico de posibilidades que le otorgaban los artículos 152 y 155 del TRLCSP (adjudicación, renuncia a la celebración del contrato, y desistimiento del procedimiento de adjudicación).

La Sala hace hincapié en una distinción, entre  de  que nos atrevemos a calificar de “acto reglado ultimado”, esto es, el que puede dictarse en ejecución de la sentencia por obrar en autos todos  los elementos de juicio, y lo que serían “actos reglados imperfectos”, esto es, los que para su plena eficacia precisan de ulteriores actuaciones administrativas de trámite o de fondo, que no puede suplir el pronunciamiento directo de los tribunales, pues:

Es más, situados ya en el caso de que la opción fuese la adjudicación, privó al órgano de contratación de la facultad de requerimiento de documentación regulado en el artículo 151.2 del TRLCSP al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa y a efectos de que ésta aportase la triple documentación justificativa (i) de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, (ii) de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y (iii) de haber constituido la garantía definitiva. Esto último, obviando el relevante efecto que a esa falta de justificación otorga el último párrafo del propio artículo 151.2 cuando dispone “De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas”.

Y concluye la sentencia de la sala tercera:

Con esta forma de actuar se contrarió el régimen legal aplicable y se privó al órgano de contratación del ejercicio de sus potestades pues sólo a él compete, las facultades que le otorgan los artículos 151.2 y 155.2 del TRLCSP y, por supuesto, la decisión sobre la adjudicación del contrato. En resumen, la retroacción de las actuaciones administrativas al momento anterior a la exclusión tras declarar que la propuesta de TECVASA era la más ventajosa económicamente debió acordarse para que la Administración pudiera decidir de nuevo en ejercicio de las facultades que la ley otorga al órgano de contratación, lo cual es incompatible con el hecho de que se reconozca judicialmente una situación jurídica que representa otorgar judicialmente la condición de adjudicataria a otro postor. En otras palabras, anular la decisión de adjudicación, retrotrayendo los efectos de esa nulidad a un momento anterior a la resolución del procedimiento de licitación, implica que la Administración ha de volver a pronunciarse sobre la posible adjudicación.

A continuación, constatado un intangible margen de decisión residual en manos de la Administración, se trae a colación el marco jurisdiccional:

Del mismo modo, la sentencia recurrida vulnera el artículo 72.1 de la LJCA a cuyo tenor «…los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados…».

Y que lo efectuado por la Sala Territorial, confirmando el criterio del órgano de instancia, es contrario a nuestra doctrina resulta patente solo con tomar en consideración lo dicho en sentencia 1116/2016 (recurso de casación «La razón de ser de la limitación que impone a la labor jurisdiccional el citado artículo 71.2 de la LJCA -de ahí que el cauce empleado en casación para dar curso a tal reproche acostumbra ser el de la letra a) del artículo 88.1, como aquí acontece, en tanto su transgresión puede suponer un verdadero exceso de jurisdicción- reside en el hecho de que, por mandato constitucional – art. 106.1 CE – «…1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican…» , función institucional que debe ser plena e íntegra a la hora de llevar a término la fiscalización de los actos y disposiciones de la Administración, confrontándola con el ordenamiento jurídico, incluido el control sobre su sometimiento a los fines propios y específicos que la ley le encomienda. Tal potestad judicial exclusiva (art. 117 CE), no obstante, debe detenerse ante el núcleo mismo de la discrecionalidad, como este Tribunal Supremo ha declarado constante y reiteradamente, de suerte que no es admisible, con ocasión del control judicial de los actos de la Administración, sustituir finalmente a ésta en la toma de decisiones que le corresponden legítimamente, en el ejercicio de las potestades discrecionales que la ley le otorga. En otras palabras, el artículo 71.2 de la LJCA establece dos límites extrínsecos a la función de enjuiciamiento, pues rebasarían la potestad judicial para adentrarse ilícitamente en el campo de las potestades administrativas: así, los órganos jurisdiccionales no podrán: 1) determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen; 2) tampoco podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados. Ambas son manifestaciones de una misma prohibición de sustraer a la Administración sus potestades propias, siendo la primera una norma especial sobre la más genéricamente enunciada en segundo lugar.»

Y una pincelada general sobre los límites frente a la “discrecionalidad técnica” cuando median juicios de valor:

A todo lo anterior hay que añadir que es conocida también la jurisprudencia sobre el alcance de la discrecionalidad técnica en supuestos de actividad administrativas consistente en emisión de juicios de valor, y que puede ser traslada a la contratación administrativa. Así, hay recordar que, según refiere el mismo Tribunal Constitucional, el único control que pueden ejercer los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es el jurídico, «salvo que el recurrente acredite desviación de poder, carencia de cualquier justificación, arbitrariedad o error patente» por parte de los órganos técnicos administrativos (Sentencias 353/1993, de 29 de noviembre, o 40/1999, de 22 de marzo, citadas).

Así pues fija la siguiente doctrina casacional:

declarando que existe vulneración de la discrecionalidad técnica de la Administración para adjudicar un contrato administrativo, si quedando acreditado que existió puntuación por parte de la mesa de contratación a cada uno de los licitadores, el órgano judicial declara adjudicado el contrato al licitador que dispone de un mayor número de puntos, sin que la Administración haya tenido la oportunidad de ejercer las facultades que le atribuye el ordenamiento jurídico, entre ellas las reguladas en el artículo 151.2 y 155.2 del texto TRLCSP.

En consecuencia, sobre el caso concreto, dispone que se proceda a la retroacción del procedimiento de contratación, admitiendo la oferta de la empresa indebidamente excluida, pero dejando en manos del órgano de contratación que resuelva definitivamente sobre la adjudicación.

En suma, se trata de una sentencia clarificadora, bien razonada y afinando doctrina, aunque a mi juicio y lege ferenda, opta por una actitud procesal de contención, con ecos de la vieja jurisdicción revisora, pues al fin y al cabo, lo que dice es que no debía la Sala privar a la administración de pronunciarse en vía administrativa sobre las facultades de los arts.151.2 y 155.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos, o sea, de la facultad de requerir al licitador propuesto para que acreditase la cumplimentación de documentación (seguridad social, medios disponibles y fianza) y si lo considerase oportuno, poder la administración desistir o renunciar al procedimiento.

Lo digo, porque poniendo los pies en la tierra empírica; A) Quedó en el proceso inequívocamente claro y no se discute que sea la proposición económicamente más ventajosa, la del demandante; B) Lo de aportar la documentación adicional, se trata de trámites que la inmensa mayoría de las licitadoras cumplimentan (nadie se embarca en una licitación así sin contar con ello), pero lo más importante, es que durante el proceso seguido ante el juzgado o Sala, debía la Administración no limitarse a luchar por garantizar una futura potestad  de confines reglados (pedir documentación y verificar) sino oponerse o cuestionar su existencia en la contestación (de manera que pudiera el demandante hacer uso de la facultad del art. 56.4 y 60.2   de la Ley Reguladora de lo Contencioso-administrativo, para aportar prueba al respecto –SS, medios y fianza), y de este modo zanjarse toda la cuestión de una vez en el proceso sin retroacciones inútiles hacia la vía administrativa, o para intentar la administración que nada cambie; C)Por otra parte, es curioso que se tutele la potestad de la administración de desistir o renunciar de un contrato, cuando precisamente en el litigio ha sostenido y luchado por la adjudicación del mismo a otro licitador.

En suma, es como si una sentencia reconoce en un procedimiento selectivo que un aspirante fue indebidamente excluido del tercer y último ejercicio tipo test, y aprecia que examinando el cuestionario del aprobado y del recurrente, éste tiene más puntuación.¿Debería la Sala reconocer el mejor derecho al aprobado directamente en sentencia, o debería no reconocerlo para dejar que la administración ejerza sus potestades de requerirle la documentación previa a la toma de posesión, por si acaso no la aporta, o para garantizar que la Administración pueda renunciar o desistir del procedimiento selectivo?

Por ello, creo sinceramente (aunque es opinión personal, pues estaré equivocado o gritando en el desierto) que lo que garantiza la plena tutela judicial efectiva, la economía procesal y potestades administrativas sería la fijación del siguiente criterio casacional:

*Adjudicar en sentencia directamente el contrato al adjudicatario como consecuencia de la pura y automática verificación de puntuación, como hizo juzgado y sala territorial (actuar reglado) y añadir un segundo pronunciamiento referido a que “tal adjudicación se somete a la condición resolutoria o fórmula equivalente- sin perjuicio de…:(i) de justificar esa debida documentación ante la administración en el plazo de 15 días tras la firmeza de la sentencia,  (ii) de que la administración ejerza su potestad motivada de renuncia o desistimiento”(de manera que  la eventual discordancia sobre estas cuestiones quedaría para el incidente de ejecución de sentencia, y podría controlarse con rapidez si son actos que pretenden burlar el fallo). O sea, la habitual estimación de un derecho a subvención o licencia en sentencia que va acompañada en el fallo (o fundamentos) de la prevención: …»siempre que se cumplan los restantes requisitos generales distintos de los aquí zanjados».

En cambio, la solución jurisdiccional de esta sentencia de la sala tercera, que además insiste en que es un criterio general, no solo para el ámbito de la contratación, me temo que es un paso atrás en la lucha por sustituir la discrecionalidad técnica, dejando la oportunidad de la administracion de jugar con los tiempos y el fondo en su campo de la vía administrativa, en supuestos del siguiente tenor, (i) allí donde  hay discrecionalidad cero en las actuaciones subsiguientes;(ii) allí donde la administración ha tenido oportunidad de sostener en el proceso vivamente la existencia de un reducto imprejuzgado que necesitase previa decisión contradictoria en vía administrativa (esos trámites documentales adicionales), cuando pese a esa oportunidad procesal, la administración la ha desaprovechado. Y es que lo que resulta realmente, es que al final del proceso, no es que la sala jurisdiccional no tenga elementos de juicio para adjudicar directamente, lo que no tiene son elementos de juicio para no hacerlo.

Pero bueno, creo que me estoy anticipando unos cinco años a la doctrina jurisprudencial que imperará finalmente.

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Son preguntas de difícil respuesta, pero si la hay, mejor que la ofrezcan los expertos de verdad. Y además en formato presencial, oral y ágil.

Ese es el formato elegido para la Jornada de inscripción gratuita que se celebrará durante la mañana (de 10:00 a 14:00 horas) el próximo 19 de junio de 2026 en la Universidad de Salamanca, organizada por la Fundación General de la Universidad de Salamanca,  bajo el rótulo » JORNADA SOBRE URGENCIA Y REALIDAD DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN» y con este programa de lujo:

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Las tres dimensiones de la Administración publica en contexto digital: sociológica, jurídica e institucional.

Una inmersión directa, clarificadora y precisa sobre el problema que acucia a gerentes, funcionarios y letrados públicos.

Una magnífica ocasión para cambiar impresiones, escuchar y reflexionar…

Y nada de hablar del mundo digital en plataformas digitales: en vivo y directo. Ponentes de carne y hueso frente a asistentes con presencia física.

Allí estaré en primera línea y serán bienvenidos los interesados.

Quizá si fuese abogado y la sentencia fuese desestimatoria, clamaría al estilo de Galileo Galilei («Y sin embargo, se mueve») aquello de ¡Vencereis, pero no convenceréis!

Y si la cosa juzgada pusiese fin a toda discusión, se iría mediando sobre el sentimiento trágico de la vida.

Posiblemente ejercería la abogacía como muchísimos abogados actualmente,  o sea, predicando la justicia pero sin creer mucho en ella, al estilo de San Manuel Bueno Mártir (quien no creía en dios pero se lo hacía creer a los feligreses para que fueran felices).

Pero no fue abogado. Al menos de los de toga y estrados. Fue Rector, intelectual, escritor y filósofo. O sea, abogado de los hombres de bien, defensor de la razón frente a la barbarie, y letrado de todo lo que podía ponerse con buena letra. Y humano, demasiado humano, pues no se vio libre de soportar litigios, no como abogado, sino como denunciado, demandado o acusado.

Eso no lo cuenta don Miguel en sus obras, aunque siempre tuvo la lengua y la pluma activa para juzgar sus propios juicios.

Nos lo contó con amenidad y rigurosa investigación, el catedrático –  exjuez y abogado– Fernando Gómez de Liaño en su monumental libro “Los pleitos de Unamuno” (2023) que glosé en su día, (Un Quijotesco ladrador, poco mordedor),  pues forjo una deliciosa lectura y viaje al pasado litigioso que ocupó y preocupó a tan gran figura.

Lo comento porque tendré el honor de presentar la conferencia que nos ofrecerá el gran Fernando Gómez de Liaño el próximo miércoles 6 de mayo de 2026 (miércoles) a las siete y media de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Oviedo, c/Schulz, 5, en acto organizado por la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.

El acto es de acceso libre y será una magnífica ocasión para viajar a una época cercana, unos tiempos importantes y una figura portentosa, al hilo de los juicios en que se vio envuelto don Miguel. Y es que la Justicia, como nos enseña el célebre aria de la opera Rigoletto (Verdi)  se mueve como una pluma al viento, cambia de acento y de pensamientos (La donna è mobile qual piuma al vento,Muta d’accento e di pensiero)…

Bienvenidos al acto… no les defraudará…Prometo que mi introducción será brevísima para dejar espacio a don Fernando relatándonos las jugosas anécdotas, vivas reflexiones y reflejos del viejo león enfrentado a la Némesis… al fin y al cabo, don Miguel era catedrático de griego y siempre estuvo en el Olimpo, donde habitan dioses y héroes.

El problema se plantea desde el momento que el Preámbulo reviste valor interpretativo según el Código Civil que impone tomar en cuenta “los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Es innegable que la justificación puede iluminar sobre la finalidad de la norma y por ello ofrece una pauta interpretativa de enorme valor pues se trata de una “atípica interpretación auténtica”, ya que la propia Ley lo incorpora como antecedente inmediato (SSTC 36/1981, 23/2005).

Así las cosas, se ha planteado la cuestión de si es recurrible un Preámbulo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por parte de quienes constatan que vierte consideraciones que les perjudican, o son ilegales, o que pueden fundamentar interpretaciones de la norma que no son deseables.

La reciente sentencia de la sala tercera de 9 de abril de 2026 (rec. 218/2025) sale al paso de la impugnación de un reglamento por un sindicato al alarmarse por exponer criterios representativos en el Preámbulo que vulneran la legislación sindical.

Dado que se focaliza el recurso en determinados pasajes del Preámbulo, la sala tercera parte de la doctrina del Tribunal Constitucional (ATC 7 octubre de 2021) afirma que “declarada la inconstitucionalidad y nulidad de un algún extremo del articulado de una ley, esta declaración priva de valor interpretativo a aquel pasaje del preámbulo que glose el precepto anulado”( pero no a la inversa, no cabe impugnar el preámbulo confiando en que su anulación arrastre la invalidez de preceptos correlativos).

Y resuelve explicando que:

No se trata solo de la inexistencia de valor normativo de los preámbulos sino de que tampoco cabe apreciar la hipotética proyección normativa invocada por la parte actora. (…) este recurso no puede convertirse en un instrumento preventivo de hipotéticas interpretaciones futuras que pudiera hacer la Administración contra el tenor literal del nuevo artículo (….) De suceder así, el sindicato recurrente dispone de los medios procesales adecuados para su impugnación en ese momento.

Estamos ante una sentencia que precisa el alcance de la impugnación directa de reglamentos excluyendo los preámbulos de su impugnación autónoma, lo cual se ajusta plenamente a la dogmática pero supone admitir y dejar en el limbo de la impunidad cualquier exceso que incluyan los Preámbulos. Algo así, mutatis mutandis, como las Instrucciones o Circulares de la propia Administración, que tampoco admiten la impugnación directa.

El precio de este criterio es el riesgo real de que el agente o funcionario público, cuando aplica el Reglamento, siempre tendrá en cuenta el Preámbulo, por la majestad de la Ley, y consiguientemente se podrán dar flujos de actos administrativos que tendrán que ser objeto de impugnación autónoma por los interesados. Y es que la economía procesal a corto plazo (inadmitir recursos prematuros frente a preámbulos, por ejemplo) suele traer indigestiones procesales a largo plazo.

 Pues bien, la reciente sentencia de la sala tercera de 16 de abril de 2026 (rec.464/2026) insiste en una doctrina casacional sobre la necesidad de que los tribunales calificadores de oposiciones incorporen las calificaciones individuales de los aspirantes al expediente. Y lo hace fijando doctrina que hablar por sí misma, aunque parece que no la escuchan muchas administraciones:

A los efectos del contenido de la motivación para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos, cuando en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación de cada miembro del tribunal de selección, es necesario incorporar esas calificaciones individuales al expediente del proceso selectivo. Ello conduce a estimar los recursos de casación y de apelación, así como a estimar en parte el recurso contencioso-administrativo con retroacción al momento correspondiente de la vía administrativa.

Hemos de leer con detenimiento y entre lineas esta doctrina, con sus consecuencias prácticas. Veamos:

Primero. No dice que todo procedimiento selectivo debe incorporar actas o documentos que reflejen la puntuación de cada aspirante en cada ejercicio, sino que se supedita a que “en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación”.

Eso no quiere decir que quede indefenso el aspirante si las bases callan al respecto, pues siempre quedará la invocación de la exigencia de motivación y prohibición de arbitrariedad, aunque eso sí, muy debilitadas pues la discrecionalidad de calificación estará libre de las bridas de una puntuación individualizada.

Segundo. La estimación en estos casos no conduce a declarar aprobado al aspirante que se quejó de que otros aprobasen sin explicar la razón de la puntuación asignada a aquéllos o al recurrente. Se limita a declarar la retroacción del procedimiento para que se incorporen al expediente las calificaciones individualizadas. Y ello, con el alcance que determina la STS de 27 de mayo de 2025 (rec.385/2023) , que asume la sentencia comentada, esto es “el criterio mantenido reiteradamente por nuestra jurisprudencia en orden a que las calificaciones asignadas por los tribunales u órganos administrativos que resuelven los procesos selectivos a los aspirantes han de ser motivadas, más allá de la expresión de la puntuación numérica atribuida, y que esa motivación ha de consistir en la explicación de los pasos dados para establecerla en aplicación de las bases reguladoras de la convocatoria, siendo esta la única manera de garantizar el control de la discrecionalidad del órgano de selección”.  O sea, no basta la calificación numérica individualizada sino que debe acompañarse del fundamento.

Tercero.- La retroacción del procedimiento, al no ir acompañado en sentencia, de la estimación de retroacción a los efectos de motivar solamente el ejercicio del aspirante recurrente, comporta la ineficacia de los nombramientos del proceso selectivo. Ello no impide que dispuesta en ejecución de sentencia la retroacción del procedimiento, y la formulación de calificaciones individuales con la plasmación de los criterios que la sustentan, pueda dictarse por la administración que ejecuta la sentencia un acto que disponga la lista final de aprobados que, podrán ser o no coincidentes  con los iniciales. Lo cierto es que estadísticamente el resultado vuelve a ser el mismo, pero motivado, o sea, ya está lanzada la flecha y solo hay que pintar el círculo (y digo estadísticamente, pues no seré yo quien ponga en entredicho la presunción de buen hacer de los tribunales calificadores).

Bien está tomar buena nota de estos criterios, de los que ya di cuenta de su soporte jurisprudencial en el Vademécum de Control Jurisdiccional de Oposiciones y Concursos (El Consultor, 2025). Y es que el mundo de las oposiciones, consolidaciones, funcionarizaciones, integraciones y otras puertas de acceso al empleo público, esta cuajado de trámites, derechos y contiendas. La casuística es inmensa, aunque existen afortunadamente unas líneas maestras, y entre ellas la expuesta por la sentencia comentada.

En el caso planteado, se trataba de resolver si había operado el silencio positivo por doble silencio (en vía administrativa y en recurso de alzada) en relación con la solicitud por empresa de sector eléctrico de cierre de las plantas de ciclo combinado. La materia es gris y el caso muy sectorializado pero sienta dos perlas generales de extremo interés, además de provocar un interesante efecto colateral en el derecho administrativo. Veamos.

Primero, la excepción al silencio positivo determinada por solicitudes que afectan al “servicio público” no se extiende ni comprende a los “servicios de interés general”.

Así, afirma la sentencia:

En primer término, por cuanto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC  ), se establece una excepción a una regla general del efecto positivo del silencio, que no puede ser interpretada en términos amplios o extensivos. Y lo que este artículo LPAC excluye de la regla general son los supuestos que impliquen la «transferencia de facultades relativas al servicio público».

(…) De modo que no cabe considerar -como indica el representante de la Administración- que nos hallemos ante la excepción del  artículo 24.1 LPAC , ante un supuesto de «transferencia de facultades inherentes al servicio público», por las razones antes apuntadas. Por cuanto no nos encontramos ante una actividad que se encuentra definida como un servicio público, sino ante el concepto autónomo y diferenciado de servicio de interés económico general, en el que el operador parte del derecho a ejercer su libertad empresarial, si bien sometido a las potestades públicas.

Por tanto, debemos tomar nota del criterio, pues de ahora en adelante, allí donde infinidad de leyes administrativas y no administrativas utilizan la locución «servicio público» habrá que entender que está excluido por ser cosa distinta y sin forzar su integración o analogía, eso de los Servicios de interés económico general.

En segundo termino, intenta poner fin a la pendulante doctrina jurisprudencial sobre si existiendo acto presunto, si el mismo fuere contrario a la Ley, si hay que revisar de oficio para poder enervarlo. Y ello pese a la reciente paletada jurisprudencial que entierra prácticamente el silencio positivo, pues ahora afirma:

Además de lo anterior, y a mayor abundamiento sobre esta alegación, cabe añadir que la misma es contraria al criterio jurisprudencial de esta Sala que considera que, una vez operado el silencio administrativo por concurrir los presupuestos necesarios para ello, no cabe un examen sobre la legalidad del acto presunto al margen de los procedimientos de revisión establecidos legalmente.     La sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2011 (recurso 3347/2009 ) decía al respecto lo siguiente:   «Ahora bien, una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar como realiza el Tribunal de instancia, un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el      artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992      son nulos de pleno derecho los actos presuntos «contrarios» al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto, según declaramos, entre otras, en      nuestra sentencia de uno de abril de dos mil cuatro, recaída en el recurso de casación 1602/2000 , que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecido por el artículo 102, o instar la declaración de lesividad».

Estos hallazgos que suscitarán muchas preguntas al administrativista atento.

            De entrada,  buena parte de los lectores se plantearán que, pese que los servicios de interés económico general, nacidos como concepto europeo para abrir el portillo a la liberalización,  no son servicios públicos en sentido estricto, sí están fuertemente regulados. Ante esta hipotética objeción, la sentencia se adentra en reflexiones académicas, y como si se tratase de un tema de oposición a exponer, se carga de razón en varios cargados y cenicientos argumentos, lo que resulta sorprendente y revelador, pues los juristas veteranos sabemos lo que demuestra una explicación profusa, (i) supone asestar clavos al tejido mal cosido; (ii) oculta inseguridad vestida de gentileza; (iii) recuerda la vieja locución: «Excusatio non petita, accusatio manifesta».

 Vemos la clase magisjurisprudencial, que nos brinda la sentencia comentada:

                   «El concepto de servicio público es, ciertamente difuso y poco estable. En la  STC 127/1994, de 5 de mayo , el Tribunal Constitucional pone de manifiesto que la idea de servicio público no constituye una noción unívoca y si un concepto muy debatido por la doctrina científica sujeto a distintas elaboraciones y utilizado en diversos momentos históricos con finalidades también distintas.

                  En esta misma línea,  este Tribunal Supremo (STS de 23 de mayo de 1997 ) hace referencia a la ambigüedad del concepto de servicio público.

                  Y es que, ciertamente, la idea de servicio público presenta un contenido propio que durante mucho tiempo se vinculó con la reserva de la titularidad del Estado de una determinada actividad o servicio, como sucedía en las precedentes leyes del sector eléctrico. Pero, como hemos expuesto, la actividad en este tipo de servicios ha experimentado una importante evolución al amparo del Derecho de la Unión Europea, de modo que se prescinde y se relega la noción clásica de servicio público que es reemplazada por otra diferente, la de servicio de interés económico general. En este nuevo entendimiento y a diferencia de la anterior regulación intervienen los particulares en régimen de competencia, si bien con reserva por parte del Estado de importantes potestades de intervención y control, como es la posibilidad de imposición de obligaciones de servicio público en aras al interés económico general para garantizar la seguridad del suministro (Directivas 2003/54/CE y 2009/72/CE).

                   Se puede afirmar así que, a pesar de que existen ciertas similitudes entre los dos conceptos, sí se advierten diferencias o desemejanzas entre el concepto de servicio público que incluye el  artículo 24 LPAC  y la idea de Servicio de Interés Económico General (SIEG) que se recoge en la vigente Ley del Sector Eléctrico. Y esta disparidad o diferencia a los efectos aquí debatidos no puede salvarse a través de una interpretación extensiva del concepto de servicio público, ni por el hecho de que la Administración mantenga relevantes facultades o potestades sobre la actividad de suministro eléctrico, pues, aun siendo así, tal circunstancia no permite concluir que son términos legalmente equiparables o asimilables entre sí.

                     El servicio público se ha venido considerando como una forma de intervención de los poderes públicos que se caracteriza porque éstos asumen la titularidad de una actividad, siendo una nota característica de esta noción en su versión estricta (o subjetiva) que la Administración Pública es titular de la actividad. La liberalización de los sectores económicos derivada de las normas de la Unión Europea y la necesidad de los poderes públicos de satisfacer las necesidades indispensables en la vida colectiva determinan que se acuñe el nuevo concepto de Servicio de Interés Económico General, que tiene en mayor consideración el objeto o a la prestación del servicio y sus condiciones, que justifica el poder de supervisión o control de los Estados del funcionamiento de los mercados. Se trata de dos diferentes conceptos que ponen el acento en uno u otro aspecto y que, si bien están interrelacionados y presentan un cierto paralelismo y notas comunes, su significado y alcance son distintos, pudiendo advertirse una evolución del concepto de los SIEG como un concepto autónomo desvinculado del de servicio público.

                     La evolución del concepto de servicio público al de servicio de interés económico general no ha tenido, no obstante, reflejo en la legislación procesal, a pesar de sucesivas reformas, (la actual Ley 39/2015, publicada en el año 2015) mantiene el término de servicio público en la excepción del doble silencio administrativo. La literalidad del  artículo 24.1 LPAC  se refiere en exclusiva a los servicios públicos y a las facultades inherentes al mismo y no cabe interpretar que sea homologable al de servicios de interés económico general, con características definitorias propias, no siendo términos equivalentes ni intercambiables. Estos últimos, los SIEG, no presentan la naturaleza ni las características propias de un servicio público, desde un punto de vista subjetivo, al no concurrir, la nota de la titularidad pública propiamente definitoria de estos últimos. Ni tampoco desde una perspectiva más objetiva, puede afirmarse que nos encontremos ante obligaciones de servicio público estrictamente considerada, como por ejemplo pudiera ser el bono social, en la que se define el carácter obligatorio de la prestación para quien realiza el servicio.

                   Aunque es evidente que existen potestades públicas de diferente intensidad en las distintas actividades del sector eléctrico, de producción, comercialización y operación del sistema, operación del mercado, transporte y distribución, es cierto que, en lo que aquí interesa, la entrada y salida en la actividad de producción están sujetas a un control previo de la Administración, como indica el  artículo 21.1 LSE , al que hemos hecho mención.

                   La autorización es una técnica de intervención administrativa sobre actividades y servicios de interés económico general, que implica un pronunciamiento previo y expreso por parte de la autoridad competente que realiza una verificación preventiva de los riesgos de la solicitud. Y, que una vez obtenida, habilita al operador a materializar la actividad, o, en este caso, la clausura de ciertas instalaciones de producción. Esto es, es necesaria la obtención de un título jurídico que habilite al titular al cierre de las instalaciones. Se trata, en fin, de una potestad pública, una actividad de limitación que incide en la libertad del operador, siendo el título legitimador de la intervención de la Administración el de la seguridad o garantía de suministro. Y la exigencia de autorización previa determina una limitación a la libertad del operador, de modo que es una restricción que puede demorar o suspender la decisión empresarial del operador hasta que se emita la correspondiente autorización».

      Tan razonada explicación no oculta que al final, todo el litigio descansa en la interpretación del límite a la conquista del silencio positivo que el legislador sitúa expresamente en «el servicio público», y se trata sencillamente de optar por la interpretación literal (en cuyo caso, se excluyen los «servicios de interés económico general») o por la interpretación finalista (en cuyo caso se incluyen en la prohibición, los servicios que comportan intensa tutela pública). Como es sabido, el art.3 del código civil no establece una primacía de la interpretación literal («sentido propio de las palabras») sobre la finalística («atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas»).Ademas quizá sería bueno tener presente “los antecedentes historicos y legislativos”, pues debemos recordar que el artículo sometido a interpretacion, el art.24.1 Ley 39/12015 tiene por antecedente literal el art.43.1 de la vieja Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En 1996 se publicará la Comunicación de la Comisión : «Los Servicios e interés general, y nace como categoría jurídica los “servicios económicos de interés general”.», lo que impone pensar que el legislador autor de la redacción original del precepto que se interpreta nunca la tuvo a la vista.

 O sea, digámoslo claro: tanto se podía sostener un criterio como el contrario, pero siendo fijada doctrina casacional, ya ha quedado establecido uno solo.

Así y todo, la extensa explicación de la sentencia (que curiosamente no dicta fuentes doctrinales, siguiendo la tónica ibérica de no citar autores en sentencias)  me recuerda la famosa frase de Oscar Wilde, referida al ámbito social pero aplicable, mutatis mutandis, a las prolijas explicaciones en términos jurídicos:

No vivas dando tantas explicaciones: tus amigos no las necesitan; tus enemigos no te creerán; y los estúpidos no las comprenderán.

En estos casos, algún fundamento hay que exponer en la demanda y hay que ayudar al juez para brindarle el anclaje de una posible estimación, pues una demanda sin apoyo jurídico es una pistola de fogeo. No basta invocar el consabido derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (24 CE), pues tiene funcionalidad autónoma para vencer resistencias procesales, pero de nada sirve para sostener el derecho sustantivo que se pretende.

Es ahí, donde mas allá de los numerosos principios generales del derecho (“si no sirve uno, siempre hay otros”) están disponibles tres valiosos institutos que actúan como el séptimo de caballería acuden en favor del demandante para proporcionarle argumentos con amparo jurídico.

El principio de buena administración. Es el perejil para todas las salsas del demandante. El alfa y omega del derecho administrativo. Dice mucho al no decir nada, y cuenta, eso es importante, con amparo sólido en la jurisprudencia comunitaria así como con feliz acogida por la jurisprudencia de la sala tercera del Tribunal Supremo, que se derrama en cascada sobre salas y juzgados de lo contencioso-adminnistrativo.

Lo recibe con honores la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2025 (rec. 1100/2022):

Los principios generales del derecho informan el ordenamiento jurídico administrativo, operando como parámetros de la legalidad de la actuación administrativa, y a los que también han de ajustarse los particulares en sus relaciones con la Administración. (…) «Como se desprende de lo dicho por el Tribunal Supremo STS de 4 de noviembre de 2021, rec. 8325/2019– el principio de buena administración tiene una base constitucional y legal indiscutible. Podemos distinguir dos manifestaciones del mismo, por un lado constituye un deber y exigencia a la propia Administración que debe guiar su actuación bajo los parámetros referidos, entre los que se encuentra la diligencia y la actividad temporánea; por otro, un derecho del administrado, que como tal puede hacerse valer ante la Administración en defensa de sus intereses y que respecto de la falta de diligencia o inactividad administrativa se refleja no ya sólo en la interdicción de la inactividad que se deriva de la legislación nacional, arts. 9 y 103 de la CE y 3 de la Ley 39/2015, -aunque expresamente no se mencione este principio de buena administración-, sino de forma expresa y categórica en el art. 41 de la CEDH, cierto es, que, art. 51 de la Carta, no estamos aplicando Derecho de la UE, pero cabe recordar que este Tribunal ya advirtió en sentencia de 11 de julio de 2014 -a la que se remitió la de 20 de noviembre de 2015, rec. cas. 1203/2014-, que «(…) dicha persona tiene derecho a obtener una respuesta de aquélla y a que por tanto la Administración se pronuncie sobre su solicitud (artículo 42 LRJAP-PAC), sin que pueda consiguientemente permanecer inactiva durante tiempo indefinido, como si no se hubiese planteado ante ella la solicitud antes indicada.»

El principio de proporcionalidad. Vela por la adecuación entre hechos probados y consecuencias jurídicas, entre la realidad y la respuesta del derecho. Es un principio que pretende dulcificar el impacto de la fría norma y evitar “matar pájaros a cañonazos” (Jellinek).

Un didáctico ejemplo, lo ofrece la recientisima STS de 6 de abril de 2026 (rec. 4327/2023).

“La STS nº 559/2023, de 8 de mayo (casación 6094/2021) vino a recordar que el principio de proporcionalidad constituye un principio general del derecho que informa todas las actuaciones de la Administración, y que implica no imponer medidas innecesarias, estableciéndose un justo equilibrio o valoración entre la restricción, su gravedad y la finalidad de la misma.

Dijimos entonces que el principio de proporcionalidad ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como una consecuencia natural, entre otros, del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.3 de la Constitución, que obliga a intervenir cuando la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo implique un sacrificio excesivo e innecesario de derechos constitucionales (STC nº 155/1996, de 9 de octubre). Fuera del ámbito de los derechos fundamentales del conocimiento del TC, el principio de proporcionalidad ha sido aplicado con frecuencia también en la jurisdicción contencioso-administrativa. Y, si bien tradicionalmente se ha circunscrito al derecho administrativo sancionador, la tendencia de la jurisprudencia ha sido a expandir su ámbito de aplicación a otros supuestos del derecho administrativo, como a la regulación del sector eléctrico o al ámbito de las ayudas públicas.

Y finalmente, la equidad, como regla que pretende ajustar la fuerza de la norma a la singularidad del caso concreto. El derecho es general y la vida es particular. La norma es ciega pero no debe olvidarse “la importancia infinita del caso singular” (Buero Vallejo, El Tragaluz).

Como señala la pionera sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013 (rec. 1240/2012) fijando la noble funcionalidad del principio de equidad, puespretende humanizar y flexibilizar la aplicación individualizada de las normas jurídicas cuando el resultado de su estricta observancia, en el contexto de las singulares circunstancias concurrentes, pueda resultar contrario a otros principios o valores del ordenamiento jurídico.»

En fin, una vez vertidos estos principios en la demanda, solo cabe que el juez o sala los aprecie. Es tal la importancia de estos portillos a la sensatez y la justicia, que vuelan bajo el radar del derecho positivo clásico, que me ocupé de estudiar y exponer la escasa jurisprudencia que los consideraba en mi obra “Sentido y sensibilidad del derecho administrativo buena fe, actos propios, abuso de derecho, proporcionalidad, equidad (Aranzadi, 2024) Quizá una obra atemporal como lo son los principios recogidos.

En fin, como confesé en alguna charla:

Llega un momento en el que conocer de forma actualizada el dédalo de las normas jurídico-administrativas resulta un esfuerzo inútil e incluso contraproducente para la Justicia del caso, enterrada en enredados tecnicismos jurídicos. Es entonces cuando el jurista veterano se percata que el mayor aliado de la Justicia real son un puñado de principios manejados diestramente por una mente racional, razonable y sensible.

En el caso concreto, mediaba una sentencia firme desestimatoria de 1989 frente al acto de adjudicación de una concesión de uso privativo de monte público para enseñanza de esquí, en cuya decisión fue determinante el criterio de “arraigo territorial” (esto es, la contratación de personal de la localidad que ofrecía la oferta de contrato).

Posteriormente, otra entidad constituida en 2019, ante la existencia de jurisprudencia europea que consideraba que dicho criterio de arraigo territorial era contrario al principio de igualdad y derecho europeo, solicitó la revisión de oficio del acto de concesión original, y frente la desestimación presunta, recurrió ante el Juzgado contencioso-administrativo que lo inadmitió, y en apelación la sala en cuanto al fondo desestimó la solicitud por apreciar cosa juzgada. Será esta sentencia de la Sala, frente a la que se preparará recurso de casación que será admitido para fijar doctrina sobre la siguiente cuestión:« determinar si la cosa juzgada (concretamente su efecto positivo) impide la revisión de oficio de un acto administrativo firme judicialmente (en el caso suscitado, una concesión), al entenderse que la sentencia recaída -con carácter firme- ya entró a resolver sobre la conformidad a derecho del acto cuya revisión de oficio se pretende, y ello con independencia de que se plantee la vulneración de la jurisprudencia del TJUE sobrevenida con posterioridad a la sentencia firme que lo avaló.»

Veamos en rápida mirada la sentencia de la sala tercera y la doctrina que alza.

Se parte de la configuración de la “cosa juzgada” en la LEC, aplicable supletoriamente a lo contencioso-administrativo:

Con base en dicho precepto se ha formulado la doctrina sobre los requisitos que deben concurrir para que la cosa juzgada material despliegue su eficacia, señalando que debe existir una triple identidad: subjetiva (mismas partes), objetiva (mismo objeto) y de causa de pedir (mismo fundamento).

           Esta doctrina ha diferenciado entre dos efectos de la cosa juzgada, que nace de las sentencias firmes, tendentes ambos a garantizar la efectividad del principio de seguridad jurídica: el efecto negativo, que evita el doble enjuiciamiento al impedir que se vuelva a juzgar un asunto idéntico (con las mismas partes, objeto y causa); y el efecto positivo, que vincula en el futuro al mismo tribunal o a otros a respetar lo ya resuelto en casos anteriores, evitando así la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias.

Luego sienta la especialidad de lo contencioso-administrativo:

Pero, conviene precisar que el objeto de enjuiciamiento en la jurisdicción contencioso-administrativa no resulta exactamente coincidente con el de la jurisdicción civil, lo que justifica -entre otras razones- que en aquélla la LEC se aplique de forma supletoria y en ésta de manera preferente.

                    Por eso, con carácter general consideramos razonable que, en el ámbito contencioso-administrativo, ante la posibilidad de que aparezcan a lo largo del tiempo una pluralidad de sujetos afectados en sus intereses legítimos por un acto administrativo (como puede ser el de adjudicación de una concesión por cincuenta años), se refuerce el principio de seguridad jurídica (  artículo 9.3 CE  ) y, en consecuencia, se limite adecuadamente la posibilidad de que aquel acto, cuya conformidad a Derecho fue declarada en su momento mediante sentencia firme dictada en un recurso contencioso-administrativo, pueda volver a ser impugnado y revisado por la sola voluntad de quienes en el futuro pudieran aparecer como nuevos interesados en dicha revisión o por quienes, habiendo ya intervenido en la impugnación anterior, pretendan impugnar de nuevo con argumentos distintos a los empleados en la primera ocasión.

En el caso planteado, el problema se plantea porque con posterioridad a la sentencia firma que confirmaba la licitud de la adjudicación, se dicta sentencia Europa que considera que vulnera el derecho comunitario un criterio de valoración que resultó determinante. Y la sala tercera recuerda:

    Del tenor literal del referido artículo cabe inferir sin dificultad que el legislador ha querido acotar los supuestos de revisión de sentencias firmes a casos tasados y verdaderamente excepcionales, por lo que la interpretación de este precepto debe hacerse de manera estricta y no extensiva.

     Esta conclusión se refuerza si atendemos al hecho de que el legislador (en virtud de la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015) sí ha incluido expresamente entre los supuestos de revisión de sentencias firmes el de aquellas sentencias respecto de las cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que han sido dictadas en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos (en determinadas condiciones); de tal manera que, cabe colegir que si el legislador hubiera querido que una inclusión semejante se produjese respecto de las sentencias que vulnerasen el Derecho de la UE, así lo habría hecho y, sin embargo, esto no ha ocurrido.

Y examinando el caso concreto, precisa que:

Por otra parte, como hemos dicho, en este caso la contravención invocada -referida a la quiebra del principio de igualdad- fue objeto de análisis y pronunciamiento expreso por parte de la Sala del Tribunal Superior de Aragón en su sentencia firme de 1989 (véase el apartado 2 del Fundamento Primero de esta sentencia), por lo que, a este respecto, puede considerarse que existe identidad sustancial entre la causa de nulidad analizada y rechazada en aquella sentencia firme y la causa de nulidad ahora invocada en la solicitud de revisión de oficio (aunque el derecho a la igualdad y la consecuente prohibición de la cláusula de territorialidad se invoquen ahora desde la perspectiva comunitaria).

                   En consecuencia, si, a la vista de las peculiares circunstancias de este caso, admitiéramos ahora la posibilidad de revisar de oficio los actos administrativos que fueron declarados ajustados a Derecho por sentencia firme estaríamos quebrantando el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva de la entidad que obtuvo en su día la concesión y, por tanto, estaríamos transgrediendo los límites que para la revisión de oficio establece el  artículo 110 de la Ley 39/2015  que, al efecto, dispone: «Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes».

Así que tras recordar que la delimitación de la “cosa juzgada” es asunto interno, ajeno a la uniformidad europea, concluye fijando doctrina casacional:

                  1) En el ámbito contencioso-administrativo del ordenamiento jurídico español el efecto positivo de la cosa juzgada impide la revisión de un acto administrativo declarado ajustado a Derecho en sentencia judicial firme dictada por un tribunal nacional cuando la causa de nulidad invocada como fundamento de dicha revisión -en este caso la quiebra del principio de igualdad motivada por la inclusión de una cláusula de arraigo territorial en la concesión- coincida con la que fue analizada y rechazada en aquella sentencia firme.

                   2) La invocación por un tercero que no participó en el litigio inicial de la existencia de sentencias del TJUE, de fecha posterior a la sentencia judicial firme del tribunal nacional, que resulten contradictorias con lo decidido en ésta, sólo podrá determinar la revisión de ésta cuando concurra alguna de las causas de revisión de sentencias firmes previstas en la ley (actualmente, en el  artículo 102 LJCA )».

NOTA.- Para ampliar.

• Sobre la vinculación de hechos probados en un procedimiento administrativo y/o judicial hacia otros futuros (STS de 15 de septiembre de 2025 (rec.3465/20222).
• El Tribunal Supremo precisa las condiciones procesales para apreciar la cosa juzgada (STS de 22 de marzo de 2022 (rec. 1588/2020)
• Cabe revisar de oficio los actos administrativos confirmados por sentencia firme, si no entró en el fondo (STS de 4 de julio de 2023,rec.6486/2021)

Trasteando con la Inteligencia Artificial me he quedado gratamente sorprendido porque  mis dos documentos lineales en pdf, se han convertido en dos podcast en formato de sorprendente diálogo interactivo entre dos personas, con exclamaciones, asombros, preguntas ingeniosas y respuestas.

Es asombroso. Los dejo aquí. Por supuesto, son gratuitos, y creo que escucharlos garantiza cierta sorpresa a los juristas que nos sentimos en un mundo donde la formación en derecho y humanidades está inmersa en revolución desbocada.

Aquí el podcast titulado: “La Justicia con voz alta y clara”.

Y aquí el podcast titulado: “Ramón y Cajal, abogado de lo justo”.

En efecto, la vigente redacción  del art.60.1 establece «1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan».

Como suelo  explicar gráficamente, toda demanda o contestación en relación a la prueba, impone a las partes  la carga de “focalizarla”, esto es, de precisar en el suplico, los “puntos de hecho”(diana a la que se pretende acertar) y los “medios de prueba”(flechas que se usarán).

Pues bien,la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2026 (rec.1019/2023) tiene el valor de pronunciarse sobre el alcance de la exigencia de indicación y precisión de tales “puntos de hecho” y las consecuencias de no hacerlo debidamente.

En el caso planteado cuestionaba el recurrente que la administración hubiese aportado documentos sin ir acompañado en el escrito de la contestación de la debida proposición de prueba, esto es, identificación de los “puntos de hecho” y a renglón seguido, identificar los “medios de prueba”. Veamos la respuesta de la sala tercera.

La sentencia sale al paso de la cuestión en los siguientes términos:

Finalmente y además, la alegada omisión de la relación de hechos que se pretenden acreditar con la prueba ex artículo 60.1 LJCA ha sido interpretado reiteradamente por la Jurisprudencia a la luz de la tutela judicial efectiva. Y es que a la omisión de este requisito no puede dársele una trascendencia tal que venga a restringir, de forma no proporcionada, el derecho a la prueba. Por consiguiente, habrá que diferenciar aquellos supuestos en que la petición de recibimiento a prueba se ve desprovista absolutamente de cualquier concreción acerca de los hechos sobre los que se va a solicitar la prueba, de aquellos otros en que, a pesar de no venir tales hechos especificados, sin embargo, resultan apreciables por el órgano jurisdiccional sin gran dificultad, por desprenderse o reducirse de la redacción dada al escrito donde se efectúa aquella solicitud. Se trata, por tanto, de no sujetar el derecho a la prueba a límites que, si bien no son meramente formales -ya que, como en el presente caso, la expresión de esos puntos de hecho va a poder permitir apreciar al juez o tribunal tanto su trascendencia en orden a la resolución del litigio (art. 60.3 LJCA) como la pertinencia de los medios probatorios propuestos- no deben, empero, ser exigidos de forma absoluta, de manera que cuando el requisito se halle materialmente cumplido, pese a no estarlo formalmente, ha de surtir su oportuno efecto como modo, en razón del principio de proporcionalidad, de ver respetado el derecho constitucional a la prueba.

En suma, se impone la flexibilidad en la carga de la identificación de” los puntos de hecho”  que se quiere probar, de manera que no podrá denegarse la admisión de los medios de prueba en los casos en que se omitan pero “resulten apreciables…sin dificultad”, o sea, que se deriven del cuerpo del escrito de demanda o contestación, sin un esfuerzo de exégesis o indagación por parte del juez, pues supondría suplantar a las partes en lo que realmente les preocupa.

Pero en todo caso el buen abogado sabe que más vale prevenir que lamentar, o sea que no debe jugarse a la ruleta del antiformalismo; lo mejor es que, ya se trate de demanda o contestación, emplear unos minutos en preguntarse: primero, ¿qué diantres debo probar en este litigio? y segundo, ¿qué medios tengo para demostrarlos?. Y luego ponerlos en el suplico en dos apartados distintos, sabiendo que si se olvida de consignarlo (y si no tiene la suerte de que el cuerpo del escrito los desvele con claridad y precisión) puede que la mejor demanda o contestación del mundo, se quede sin prueba, y se desplome como los grandes árboles en el bosque cuando tienen raíces débiles.