Ante esa reclamación de mayor luz o transparencia en el quehacer de la Administración, se da un nuevo paso adelante con la reciente sentencia de la sala tercera de 10 de septiembre de 2026 (rec.8659/2024) que confirma la jurisprudencia aperturista previa sobre los datos que pueden reclamar los representantes de los empleados públicos.
Es sabido el pulso incesante que durante más de veinte años lleva manteniendo la Agencia Tributaria con los sindicatos para que aquélla faciite los datos de percepción de complemento de productividad, beneficiarios y cuantías, lo que ha provocado un goteo de sentencias en línea favorable, pero frente a las que la administración se defiende como gato panza arriba.

Esta sentencia se ofrece extensa, y con tono cansino (como diciendo a la Administración: «¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?»). Recuerda de forma detallada la jurisprudencia previa favorable sobre la materia.

parte advirtiendo que el acceso a información pública sobre relaciones de puestos de trabajo comprende datos personales de los funcionarios que los desempeñan, y ello sin necesidad de ofrecer trámite de audiencia previa al funcionario afectado:

En relación con el acceso de las Juntas de Personal de las Administraciones públicas sobre el catálogo o relación de puestos de trabajo y otros aspectos ligados a dichos puestos, entre los que se encontraban los datos personales de los funcionarios que los desempeñaban, nuestra jurisprudencia se ha pronunciado en sentido favorable a tal acceso, declarando lo siguiente: «los datos identificativos recabados sobre las personas que desempeñan el puesto de trabajo en la Administración Pública se encuentran directamente relacionados con la organización y funcionamiento de un organismo público, esto es, son datos asociados al desempeño de una labor o actividad pública de la Agencia Estatal, en el que concurre un interés público relevante y tiene como finalidad suministrar una información a la Junta de Personal que representa a quienes ocupan los puestos de trabajo» [STS 1338/2020, de 15 de octubre (Rec. 3846/2019 )].

Luego precisó que se extiende al conocimiento de las percepciones de productividad:

El acceso a información sobre la distribución de la parte variable de productividad de los funcionarios de una delegación de la Administración tributaria, fue reconocido por nuestra Sentencia núm. 748/2020 de 11 de junio (Rec. 577/2019 ), al amparo de lo previsto en la LTAIBG, tras concluir que no había quedado justificado que la información solicitada dificultara o impidiera la represión de ilícitos tributarios o las funciones de inspección, vigilancia y control de la Agencia Tributaria, y afirmando que «En definitiva, la transparencia y publicidad tanto los objetivos perseguidos por un ente público y su grado de cumplimiento como de los criterios de distribución de los fondos públicos, en este caso relacionados con el reparto de la retribución por productividad entre los empleados, tiene especial importancia para la ley», sin olvidar que forma parte de la información activa los aspectos económicos y presupuestarios de la actividad de las Administraciones Públicas.

Y también se extiende a los datos sobre los requisitos y condiciones de titulación que poseen quienes ocupan puestos de trabajo pues según la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2023 (Rec. 628/2022 ),

Los datos referidos a su organigrama, plantilla y los funcionarios que prestan servicios en ella están sujetos a una obligación general de transparencia en su estructura y funcionamiento que abarca no solo una publicidad activa sino también la sujeción al deber de proporcionar información solicitada en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

El acceso a la información referida la retribución y la titulación exigida para ocupar los cargos de las Administraciones públicas o de organismos y entidades del sector público debe ser, en principio, la regla general, y no solo opera respecto de los cargos de confianza y libre designación sino también respecto del personal técnico que los integran, pues el acceso dichos puestos con la titulación necesaria y el respeto al régimen retributivo previsto forma parte del control de los entes públicos y, por tanto, tiene un destacado interés público.»

Recuerda la vigencia del artículo 23.3.c) de la LMRFP por la fuerza del apartado 2 de la disposición adicional cuarta se adentra a exponer la prevalencia del derecho de información sobre la protección de los datos personales, enarbolando principios constitucionales y lógicos:

cabe afirmar que el principio de transparencia retributiva comprende los criterios de distribución de las retribuciones complementarias y de las cantidades percibidas por los empleados públicos en tal concepto, y que opera con mayor intensidad cuando afecta a complementos de productividad o gratificaciones extraordinarias, al tratarse de conceptos expuestos a mayor riesgo de arbitrariedad o desviación de poder.

En fin, la transparencia retributiva constituye una manifestación más del principio de buena administración y un eficaz instrumento de control sobre el gasto público al servicio de la ciudadanía, ínsito en el control democrático de la Administración, que impone la publicidad de información relevante para el ejercicio del control social sobre el funcionamiento de los poderes públicos, inherente a los sistemas políticos democráticos, en general, y a nuestro Estado Democrático de Derecho, proclamado en el artículo 1 de la Constitución , en particular.

En resumen, el principio de transparencia retributiva en el empleo público constituye una manifestación del principio democrático de rendición de cuentas, en la medida que permite a la ciudadanía y los representantes de los empleados públicos el control democrático del gasto público, verificando que los recursos destinados a las retribuciones del personal se asignan con arreglo a la legalidad, bajo el principio de igualdad y respetando criterios objetivos de mérito y capacidad, así como que se gestionan con la eficiencia que demanda una buena administración. Consecuentemente, este principio sirve al control ciudadano sobre el gasto público y favorece la confianza ciudadana en las instituciones.

En consecuencia fija la siguiente doctrina casacional:

1.- El derecho de acceso a la información pública trasciende a su posición ordinamental como principio objetivo rector de la actuación de las Administraciones públicas, para constituir un derecho constitucional ejercitable, como derecho subjetivo, frente a las Administraciones públicas, derivado de exigencias de democracia y transparencia, e inseparablemente vinculado a los postulados informadores del Estado democrático y de Derecho.

2.- El principio de transparencia retributiva en el empleo público constituye una manifestación del principio democrático de rendición de cuentas, en la medida que permite a la ciudadanía y a los representantes de los empleados públicos el control democrático del gasto público, verificando que los recursos destinados a las retribuciones del personal se asignan con arreglo a la legalidad, bajo el principio de igualdad y respetando criterios objetivos de mérito y capacidad, así como que se gestionan con la eficiencia que demanda una buena administración.

3.- La condición de empleado público limita el ámbito de privacidad respecto de los datos de carácter profesional vinculados al puesto de trabajo y la organización administrativa en la que sirve, en particular, sus datos de identidad, especialmente, cuando se pretende el acceso a información individualizada de carácter retributivo, como ocurre con las retribuciones por productividad y gratificaciones extraordinarias.

Por ello, el acceso a tal información debe ser, en principio, la regla general, prevaleciendo el interés público que encarna sobre la posible afectación indirecta de la esfera de datos personales de los titulares de los puestos de trabajo, asociados al desempeño de una labor o actividad pública en la Administración.

4.- Los representantes sindicales tienen derecho a acceder a la información pública relativa a las cantidades que perciba cada funcionario en concepto de complemento de productividad.

A partir de ahora solo cabe aplicar el consejo bíblico: «el que tenga oídos para oír, que oiga».

NOTA.- Por aquella deformación profesional de advertir los plazos, hasta el jueves 1 de octubre, están disponibles en libre descarga y a precio increíble mi penúltima y última obra, respectivamente.

Viene al caso, porque ante el caos editorial que provoca la Inteligencia artificial y las facilidades de las plataformas digitales, me entero de una posibilidad de hacer accesible algo sugestivo sobre el mundo jurídico.

Se trata del regalo de mi penúltima obra, «Juristas con servilleta. Gastronomía y humor» (2026), que afrontó una recopilación comentada de anécdotas y sucedidos de juristas en torno al mantel, unas que presencié directamente y otras que me refirieron solventes protagonistas; por ahí desfilan sucedidos de Melquíades Álvarez, Clara Campoamor, Fraga Iribarne, Eugenio d’Ors, Ramón Martín Mateo, García de Enterría, Gallego Anabitarte, Mariano Barbero, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Broseta, Carnelutti, Aurelio Menéndez y más de un centenar de juristas más (magistrados incluidos). Se trata de esos momentos mágicos en la mesa que regalan una perla en boca de una autoridad jurídica y no hay otro notario que la memoria de los asistentes. Momentos inolvidables (reseña).

La buena noticia es que durante tres días, desde hoy martes 29 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre, «Juristas con servilleta» se puede DESCARGAR GRATIS en Kindle (se lee también en el móvil o el ordenador con la aplicación gratuita de Kindle, desde cualquier tienda de Amazon).

Y para que no todo sea yantar ni frivolidad, mi último ensayo de 500 páginas palpitantes, «Ciencia, Conciencia y Justicia. Para saber Derecho no basta saber leyes», se ofrece a 5,99 € en eBook, y gratis para los suscriptores de Kindle Unlimited (reseña).

Así que os animo a que le deis una oportunidad a su lectura, que puede hacerse sin orden y de forma aleatoria, pues siempre aportará algo. Eso sí, agradecería que si alguno de mis libros os ha servido o entretenido, coloquéis una valoración en Amazon, aunque sea de una línea, pues ayudará muchísimo a que otros lectores lo encuentren y me facilitará siguientes ediciones.

Al fin y al cabo, mis obras no son para enriquecerme económicamente pero me dan la satisfacción de ser útil y provocar algún momento agradable o reflexión a los demás. Eso tienen en común los libros, el dinero y el estiércol: si no se esparcen, de nada sirven. Aquí están los enlaces directos para valorar «Juristas con servilleta» y «Ciencia, Conciencia y Justicia».

Y si no tenéis tiempo ni ganas de leerlos, pues tan amigos, que la vida es libertad y el tiempo limitado, y no me enfadaré por ello.

Sobre este derecho a conocer lo que la Administración pretende hacer, se ha dictado la reciente sentencia de la sala tercera de 14 de septiembre de 2026 (rec. 9333/2024) que, en relación con el específico derecho a respuesta frente a consulta urbanística en el marco de la ordenanza madrileña, introduce criterios generales altamente relevantes y susceptibles de extensión general. Son los siguientes:

Primero. Reprocha que exista un procedimiento de tramitación de consultas urbanísticas sin que la Ordenanza fije un plazo para resolverlas pues es inadmisible esperar indefinidamente una respuesta pública:

La dimensión temporal del procedimiento administrativo es esencial. Liberar a uno de ellos de la sujeción a todo plazo afecta negativamente a principios esenciales del Derecho Administrativo y a los derechos del administrado. Por un lado, conculca el principio de eficacia del artículo 103 CE y 3.1 LRJSP, en cuanto este principio impone que los trámites y la duración del procedimiento administrativo sean los estrictamente necesarios para llegar al fin a que se encamina, sin demoras ni actuaciones superfluas o dilatorias. Ante una norma que emancipa de todo plazo a un procedimiento, el interesado se ve impedido de comprobar el cumplimiento de dicho principio y reaccionar mediante los recursos legales que procedan en caso de considerarlo vulnerado.

Y por otro lado, la supresión de plazo infringe los principios de celeridad o agilidad de los procedimientos del párrafo d) del citado artículo 3.1. Eximir al órgano administrativo de límite temporal admite indirectamente que dilate a su conveniencia la resolución.”

 Además trae a colación el socorrido principio de buena administración:

Desde una perspectiva diferente, la solución adoptada en la Ordenanza también se opone al principio de buena administración. El artículo 41.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de toda persona a que las autoridades públicas traten sus asuntos imparcial y equitativamente y «dentro de un plazo razonable». La fijación y cumplimiento del plazo se ha vinculado por el TJUE en numerosas sentencias con el principio de buena administración (SSTJUE de 28 de julio de 2011, asuntos acumulados C-471/09 P a C-473/09 P; 12 de mayo de 2022, asunto C-430/20 P; 22 de septiembre de 2022, C-159/21, y recientemente en sentencia de 15 de enero de 2026, asunto C-588/24).

Para nuestra jurisprudencia, la existencia de dicho principio puede inferirse de los artículos 9.3 y 103 CE y, ahora especialmente, del artículo 3.1 LRJSP. La STS 1909/2017, de 5 de diciembre (rec. 1727/2016 ), puso de manifiesto: «Del derecho a una buena Administración pública derivan una serie de derechos de los ciudadanos con plasmación efectiva, no es una mera fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones públicas de suerte que a dichos derechos sigue un correlativo elenco de deberes a estas exigibles, entre los que se encuentran, desde luego, el derecho a la tutela administrativa efectiva y, en lo que ahora interesa sobre todo, a una resolución administrativa en plazo razonable». Esta doctrina ha sido reiterada en las SSTS 1853/2019, de 18 de diciembre (rec. 4442/2018), 1194/2020, de 22 de septiembre (rec. 5825/2018), 1309/2020, de 15 de octubre (rec. 1652/2019), 1312/2021, de 4 de noviembre (rec. 8325/2019), 1390/2023, de 3 de noviembre (rec. 1266/2022), y 458/2024, de 14 de marzo (rec. 3050/2022), entre otras.

Con evidencia, sustraer de todo plazo a un procedimiento administrativo, aun de carácter técnico y en cierta medida dialogado con el particular, no es coherente con los indicados principios.

Finalmente sobrevuela la idea de que una consulta urbanística, merece una respuesta, de lo que se puede derivar en buena lógica que la ausencia de la contestación, o la respuesta insatisfactoria (errada, incompleta o incongruente) sería una actuación impugnable (no un mero acto informativo o inimpugnable, como hasta ahora parecía apuntar alguna jurisprudencia formalista, ojo):

Lograr una sentencia que obligue al Ayuntamiento a pronunciarse sobre la consulta es un recurso del interesado que ha sido minusvalorado en la sentencia de instancia. Esta Sala considera que conocer el criterio técnico del Ayuntamiento puede ser muy relevante, si no concluyente, para tomar determinadas decisiones en relación con el proyecto para el que luego se solicita la licencia. En ello se fundamenta precisamente la existencia de las consultas urbanísticas. Por tanto, el ejercicio de una acción judicial con esta sola finalidad no es superfluo.

Estamos ante buena sentencia que, sólidamente argumentada, impondrá que a Administración, ante el legítimo interés del particular en conocer lo que esta pretende para el futuro, y poder obrar en consecuencia, resuelva en plazo y si no lo hace, que puede obligarse en sentencia a que la Administración conteste al particular.

Es cierto que la fuerza de este derecho se detendrá: (i) ante las puertas de la discrecionalidad de la Administración y (ii) ante las poderosas circunstancias sobrevenidas que pueden autorizar la desvinculación de la orientación inicial; pero al menos se da un paso adelante en el derecho del particular a una respuesta. Buena cosa.

Mas allá de su sobresaliente papel en las alturas jurisdiccionales, primero como magistrado del Tribunal Constitucional y luego como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me gustaría resaltar su papel como juez de la trinchera contencioso-administrativa, ámbito en que se inició siendo magistrado especialista desde 1974 y magistrado de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo desde 1986.

Magistrado excepcional y jurista brillante, no sé si calificarlo como juez con alma de académico, o académico con alma de juez, pues su curiosidad intelectual, sus dotes didácticas y fuerza carismática se manifestaban en sentencias primorosas y artículos iluminadores.

Siempre sostuvo la primacía de los principios sobre la letra de la norma, la prevalencia de los valores sobre la fría disposición administrativa, y como no, se alzó como embajador de lujo de la tutela judicial efectiva, pues siempre sostuvo la superación de la jurisdicción revisora, servil con una administración poderosa, en favor de un auténtico control jurisdiccional. Es aquí donde luchó con su palabra, pluma y obras para recortar la discrecionalidad administrativa desde su castillo de inmunidad usando el lazo de los principios generales de derecho.

No es extraño que el Libro homenaje a Javier Delgado Barrio con motivo de su jubilación, se titulase “El juez del derecho administrativo” (Marcial Pons, 2015), o sea, referido al juez por excelencia que sobresale de la masa de los indeterminados. No un juez cualquiera, sino «el juez», modelo a imitar y fuente de sabiduría.

Quede aquí constancia del texto leído por tan gran personaje, con ocasión de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Isabel I, el 8 de Septiembre de 2022 en Burgos (acto en que recibió la merecida merecida laudatio), significativamente titulado “Los principios generales del Derecho en la práctica jurisdiccional” (RAP, nm.219,11-20) que tiene por eje sus dos primordiales preocupaciones: la dignidad de la persona y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, desembocando su trabajo en recordar la necesaria y valiente función del juez para escudriñar la solución justa, de manera que «cuando al llegar al momento de la sentencia exista ya una única solución justa, como la discrecionalidad ya ha desaparecido el juez habrá de pronunciarla, pues de no hacerlo así quedaría claramente burlado el principio de efectividad procesal. Por el contrario, si al llegar ese momento existen todavía varias soluciones jurídicamente posibles, como el control jurisdiccional de la actuación administrativa es de legalidad y no de oportunidad, el juez no podrá sustituir la decisión anulada». Sirva como una valiosa perla más que se suma a sus anteriores artículos, y que debería llevar todo juez contencioso engarzada en su mentalidad.

Lamento no haberlo conocido personalmente, pero sus obras (publicaciones, discursos y sentencias) nos hablan de un juez sensible, sensato y erudito. No es frecuente.

Ahora este gran juez, tras una vida cuajada de coraje, misterios, éxitos y riesgos, en su compromiso con la causa de la justicia administrativa, ha llegado a la tranquila Ítaca. Como recuerda el poeta Konstantino Kavafis, en el poema del mismo nombre, diríase que su vida ha sido un largo y hermoso viaje lleno de peripecias y descubrimientos, pues “alto es tu pensamiento y refinada la emoción que embellece tu espíritu y tu cuerpo”. Descanse en paz.

RESEÑAS IN MEMORIAM

• Javier Delgado Barrio, la grandeza de una excelente persona. El Confidencial 25/09/2026
• Javier Delgado: un buen juez y un juez bueno. Enrique Arnaldo Alcubilla. ABC.
• Javier Delgado Barrio: el ejemplo de un buen juez. Pablo Lucas. El Español

Veamos el caso con mayor detalle y con la respuesta jurídica final.

El art. 384 del Código Penal condena a “El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.”

Es sabido que el derecho penal se inspira en el “principio de intervención mínima”, para las más graves reproches de conductas antisociales o lesivas de bienes jurídicos esenciales, de manera que el derecho administrativo suele quedarse con las zonas de penumbra o conductas ambiguas, de manera que la red sancionadora administrativa se encarga de castigar al infractor. Esa regla se completa con el “non bis in idem” que impide que por unos mismos hechos se impongan dos puniciones, administrativa y penal ( o dos administrativas o penales).

El problema se plantea con las conductas que pudieran tener encaje tanto en leyes administrativas como penales y en que no existe un resultado que permita objetivar la gravedad de la actuación. Viene al caso por una de las infracciones desgraciadamente más frecuentes hoy día, el conducir un vehículo sin permiso, o tras haber perdido el total de los puntos.

Es una conducta que encaja tanto en la Ley de Seguridad Vial como en el art.384 del Código Penal. Hace años algunos abogados avispados en vía administrativa o contencioso-administrativainvocaban la preferencia del derecho penal y solicitaban que se suspendiese el procedimiento administrativo o jurisdiccional solicitando se remitiese el asunto y diese cuenta a la jurisdicción penal (sabían que no solo ganaban tiempo, sino que la “manga ancha” de la justicia penal por la intervención mínima, podía paradójicamente garantizarles la absolución).

Mas allá de estrategias procesales poco edificantes, la reciente sentencia de la sala penal del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2026, se enfrenta al caso de un individuo que una vez más había sido encontrado conduciendo sin permiso de conducir (con cinco condenas penales previas dictadas por el Juzgado de lo Penal, con condenas en cascada: 16 meses de multa, sin cumplir; 60 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, sin cumplir; 5 meses de prisión; 5 meses de prisión; multa de 20 meses); además acarreaba otras dos condenas cumplidas por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El recurrente, frente a la nueva condena de la Audiencia Provincial por delito de conducción sin licencia con agravante de multirreincidencia (confirmando la pena de doce meses de prisión) invocaba que no habiéndose creado riesgo concreto alguno, ni daño, sino simplemente conducir sin permiso, condenarle penalmente  “supone en la práctica confundir la responsabilidad administrativa con la responsabilidad penal sin distinguir una u otra y facultando a ambas administraciones a sancionar por los mismos hechos con penas distintas sin diferencia de gravedad entre una y otra».

La Sentencia rechaza este planteamiento insistiendo en que el Código Penal:

Tipifica un delito de peligro abstracto, en el que se considera que la mera actividad de conducir sin la autorización administrativa acreditativa de los conocimientos y habilidades para ello, supone un riesgo o peligro grave para los bienes jurídicos protegidos (vida e integridad física de las personas y seguridad vial), por lo que dicha conducta, aun cuando no se produzca un resultado lesivo concreto es merecedora de sanción penal».  Este criterio también se confirma, entre otros precedentes, en las  SSTS 385/2019, 23 de julio  y  105/2022, 9 de febrero .

–  Se trata, en definitiva, de incriminar el riesgo presunto que el conductor genera en el normal desarrollo de la circulación de vehículos de motor, sin necesidad de que el conductor haya creado un riesgo concreto mediante maniobras imprudentes o arriesgadas. Tanto quien conduce sin haber estado nunca habilitado para ello como quien lo hace después de haber sido privado de la licencia habilitante, infringe una decisión preventiva, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, que expulsa temporalmente al conductor de la circulación rodada. El juicio de peligrosidad se anticipa formalmente mediante una declaración judicial o administrativa que, a su vez, condiciona el juicio de tipicidad. El control preventivo de los agentes de policía que interceptaron la marcha del acusado permitió constatar que su sola presencia circulando por las calles de Vigo implicaba una reactivación del riesgo que las condenas anteriores habían intentado neutralizar. En definitiva, la aptitud técnica para conducir se hace irrelevante, en la medida en que el  art. 384 del CP  sanciona la falta de habilitación jurídica que, por sí sola, genera un riesgo, no la capacidad física para conducir.

A continuación añade el dato decisivo, que cualifica el riesgo:

Se ampara la defensa en la difusa línea que separa la infracción administrativa prevista en la Ley de Seguridad Vial y el delito castigado en el  art. 384 del CP . Sin embargo, en el presente caso, el historial de Eleuterio, condenado con anterioridad en nueve ocasiones diferentes por el mismo delito, es la mejor muestra del fracaso, desde la perspectiva de la prevención especial asociada a toda pena, de la respuesta del Estado para excluir temporalmente al recurrente de la normalidad que debería ser propia de la circulación rodada.

Lógicamente desestima el recurso. En esa situación constato que la Justicia ha funcionado ante casos de contumacia y desprecio de valores que afectan a la seguridad del tráfico de terceros de forma sangrante, pero me pregunto:

¿No debería el legislador perfilar mejor el delito para evitar la burla práctica que supone que el malvado o pícaro, además de carné por puntos, parece tener una “condena penal por puntos”?

Y fuera del marco jurídico:

¿Qué falla en nuestra sociedad en cuanto a educación cívica cuando hay personas que desprecian la integridad y vida ajena, y que se aprovechan de las holguras del sistema de garantías para columpiarse una y otra vez en la ilegalidad?

Parece que el Derecho lucha contra el villano con espada de florete y cortesía de esgrima, mientras que sus rivales usanpuñales y traición. Así debe ser, el Estado no debe ponerse a la altura del villano, pero algo habrá que reflexionar para que el derecho sea eficaz.

Sin embargo, me he sentido en el deber de ofrecer el fruto de mis reflexiones en un ensayo atemporal, resistente a la creación algorítmica y con pretensiones de amenidad ilustrada. Se trata de mi último libro titulado: «Ciencia, Conciencia y Justicia» (Ed. Amicus Certus, 2026), y subtitulado significativamente: Para Saber Derecho no basta con saber Leyes.

El ÍNDICE es elocuente del trípode sobre el que se alza todo jurista: La Ciencia, la Conciencia y la Justicia.

La Ciencia nos rodea y el jurista no puede permanecer atrincherado en sus códigos. Del Big Bang a la ley de Moore, pasando por Newton, Kepler, Einstein, Darwin, Freud o Gödel, este ensayo toma prestadas las grandes ideas de la ciencia para mirar con ojos nuevos el mundo del Derecho: leyes que cambian, jueces que deciden bajo incertidumbre y la eterna e inacabada búsqueda de la Justicia.

En ese contexto de ciencia galopante, no puede el jurista limitarse al mundo de las normas. “Saber leyes no es saber Derecho”, es una frase atribuida originalmente al pensador y abogado argentino Juan Bautista Alberdi (1810-1884) en su «Fragmento preliminar al estudio del derecho» (1837), mostrando que quien recuerda y cita leyes y bibliografía cual papagayo, o que sabe cosechar alegatos o informes con habilidad de la inteligencia artificial, no sabe Derecho.

No hay cosa más triste que un abogado, profesor o juez que solo sabe hablar de normas jurídicas, que no bromea porque no se le ocurre o no sabe, que sonríe poco y que se siente perdido en cualquier conversación en que se habla de lo cotidiano, de la ciencia natural o de humanidades (arte, literatura o filosofía). La toga no da sabiduría, la da la curiosidad y el afán de formarse, actualizarse y reflexionar.

La ciencia llena las cabezas, pero “ciencia sin conciencia es ruina del alma” (Francois Rabelais), por lo que esta obra se adentra también en la Conciencia: los imperativos morales, los espejismos y desviaciones de lo correcto, el conflicto entre norma positiva y valores.

Finalmente aborda con coraje el viaje en busca de la Justicia, mostrando sus mitos y realidades, los prejuicios y los sueños de sus protagonistas; hablando claro de lo que muchos ven oscuro.

Facilita la lectura de la obra, el torrente de referencias históricas, literarias, cinematográficas y anecdóticas, apuntaladas con el dato normativo o jurisprudencial. Todo para demostrar que quien pretenda etiquetarse de jurista tiene que estar imbuido de ciencia con conciencia, y colocar la dignidad humana como epicentro del ordenamiento jurídico.

En suma, la cosecha de enseñanzas de toda mi vida profesional, centrada en pensar el Derecho más allá de los códigos, porque para saber Derecho no basta con saber leyes. Hace falta sentido común, sensibilidad y formación humanística. Y si se tiene sentido del humor, mucho mejor.

Este libro está disponible en Amazon.es, 521 páginas únicas por un precio único; en eBook Kindle, 7,99 €; en formato papel tapa blanda, 19,99 €; y en tapa dura, 34,95 €. También puede adquirirse en la web de Amicus Certus.

Creo que la lectura de esta obra dará varios años de ventaja a quien pretenda iniciarse en el ruedo jurídico, y permitirá actualizarse a los veteranos. E incluso mostrar que el Derecho puede ser divertido y fascinante. Un libro que equivale a muchos libros. Escrito para quienes merecen recuperar el juvenil placer de leer con ansiedad…

Siempre se aprende de los reporteros de guerra, y por eso me atrevo a compartir lo que he aprendido por las batallas vividas desde los primeros doce años como abogado, letrado público y profesor universitario, y sobre todo, de los últimos veintiséis años como magistrado de lo contencioso-administrativo.

Buena ocasión resulta obtener al precio de un menú del día el acceso a una obra para toda la vida, bien descargándola de inmediato o recibiéndola en papel en 72 horas. No se diga que el derecho no está accesible… Ni que los secretos de la Justicia se ocultan….

Y si lo lees y te sirve, una valoración en la ficha de Amazon ayuda a que otros juristas lo encuentren. Se agradece.

En la primera fase, la justicia administrativa en la mayoría de los casos actuaba con benevolencia, constataba los excesos de los escritos de demanda y/o contestación (o conclusiones) y perdonaba la ligereza so pretexto de la tutela judicial efectiva. Hacía como que no se había enterado y “tenía por no puesto” lo que le resultaba manifiestamente sospechoso de artificioso, por tratarse de citas de jurisprudencia inexistente o alegatos absurdos desconectados absolutamente del litigio.

En la segunda fase, que es en la que estamos, de avalancha de la implantación de programas de IA (¿boca a boca, publicidad, gratuidad?) y de su uso por los letrados en el proceso, nos encontramos con dos situaciones.

La de la mayoría que la usa de forma racional, como herramienta de auxilio para desbrozar jurisprudencia o leyes y marcar rumbos de estudio, y cuyo resultado somete a verificación personal y/o artesanal (o sea, la “funesta manía de reflexionar”). En estos casos, el resultado del apoyo en la IA en escritos procesales “vuela bajo radar” pues va envuelto en creatividad del abogado, y es un uso legítimo.

La de una minoría que usa con alegre frivolidad la IA (comodidad, ignorancia, malicia…¿quién sabe?), y se limita a preguntar al programa de IA sin gran precisión para focalizar la singularidad del caso, y a cosechar lo que el programa contesta, para finalmente volcarlo casi literalmente en el escrito procesal, con una coartada mental (“Con esto salgo del paso”, “No pierdo nada con ponerlo y puedo ganar mucho”, “Por lo que paga el cliente, va servido”, “Tengo prioridades: a otra cosa, mariposa”).

Ante tamaña ligereza, la justicia administrativa se incomoda. El ejemplo de la tónica de prudente respuesta es la ofrecida, por ejemplo, por la reciente sentencia de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 17 de julio de 2026 (rec. 248/2025), que plasma lo que empieza a expandirse en la praxis jurisdiccional ante el uso procesal de la Inteligencia Artificial. En este caso, el escrito de conclusiones se expande más allá del debate y vuelca sentencias de “mundos paralelos”, que la Sala detecta:

el apartado III del escrito indica las referencias de cinco sentencias y, sin solución de continuidad, prescindiendo de citas literales, parafrasea su contenido e indica a esta Sala que todas ellas abordaron problemáticas similares a la que ahora nos ocupa, sobre la deducción por reinversión en vivienda habitual. Estas citas han sido revisadas por la Sala con los medios que tenemos a nuestra disposición y hemos constatado que son inexactas.

a) Las tres primeras sentencias, de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña, abordan recursos relativos, precisamente, al motivo de impugnación con el que se ha mostrado conformidad, sobre la aplicación del mínimo por descendientes. Nada refieren sobre la deducción por inversión en vivienda habitual, ni siquiera por remisión a lo aludido por las partes.

b) La sentencia referenciada de esta misma Sala no existe. Existe una sentencia dictada en el PO 247/2018 pero abordó un recurso en materia de subvenciones. De las que dictamos con fecha 28 de noviembre de 2019 ninguna versa sobre materia tributaria.

c) La sentencia de la Sección 2ª de la Sala Tercera con número de recurso 4134/2014 trata del Impuesto sobre Sociedades. Y de las dictadas por la misma sección con fecha 3 de febrero de 2016, no encontramos ninguna que verse sobre la deducción controvertida del IRPF”.

Como han “pillado al letrado con el carrito del helado”, la Sala concluye:

A la vista de lo expuesto, el autor del escrito habría omitido la mínima diligencia exigible al tratar de convencer a la Sala de que las sentencias recogían el contenido que dicho autor les atribuía: o bien no existen las sentencias, o bien tratan sobre cuestiones ajenas a la materia en cuestión. Puesto que algunas de las sentencias sí que existen, no podemos concluir si este aparente descuido es un error involuntario, y si este obedece a las alucinaciones de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Por este motivo y por la intrascendencia para el resultado del recurso, la Sala, al igual que hicimos en Sentencia 10/2026, de 19 de enero (recurso 196/2024), no va a abrir pieza separada para depurar si estamos ante una actuación profesional contraria a la buena fe procesal; no obstante, advertimos a la parte de que una reiteración en su proceder, oportunamente advertida y comprobada por la Sala, conducirá a la apertura de la pieza correspondiente, la imposición de sanción y demás consecuencias que procedan conforme a Derecho.

Y finalmente, la tercera etapa se abrirá paso, en que tras este informal “período de gracia”, la imposición de multas por vulneración de la buena fe procesal será lo normal. Es el caso del pionero auto de la Sala social del TSJ de Galicia que multó con 1.800 a un abogado por incluir 24 citas falsas en un proceso social, calificándolo “de libérrima creatividad jurídica”, resaltando que la conducta supone una vulneración de los deberes deontológicos más elementales que el ejercicio de la abogacía impone”. Además, incide en su triple base ilegítima:

(i) vulnera los deberes deontológicos de la abogacía;
(ii) “traiciona la confianza que su cliente ha depositado en él”,
(iii) “supone una falta de respeto” al TSXG. Y añado una cuarta: supone convertir en juego algo serio que pagamos todos: la Justicia.

En definitiva, todo jurista que interviene en el proceso (sea abogado, fiscal o juez) tiene el deber moral y jurídico de aportar su labor personalizada, estar a la altura de su exigencia profesional, y tomarse en serio el campo jurisdiccional. Confiemos en que el letrado que lea este artículo no tenga «encuentros en la tercera fase»… O desencuentros.

NOTA SOCIAL.- Para abordar de forma fresca y viva estas cuestiones del PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en contexto de INTELIGENCIA ARTIFICIAL, participaré dialogando abiertamente con José Maria Baño León, en un webinar de libre acceso, el próximo miércoles, 23 de septiembre. de 2026, a las 17:00 horas, con previa inscripción gratuita on line aquí.

Será la antesala del Curso Avanzado en Litigación Contencioso-Administrativa. En ese dialogo del miércoles estaremos con libertad y franqueza, un magistrado y un catedrático que todavía creemos en el Derecho Administrativo como garantía y en el sentido común como escudo. A ver si entre todos, intercambiando ideas ante el tsunami de la IA, en ese ágora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, conseguimos avanzar en las brumas de la IA aplicada al proceso, sus virtudes y riesgos.

BIENVENIDOS.

La piedra de toque para verificar si un reglamento puede imponer ese cauce electrónico lo ofrece el art.14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común cuando dispone que “Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otras razones, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.» 

Esta reciente y relevante sentencia precisa las condiciones de validez y consiguiente eficacia de tales habilitaciones reglamentarias:

Ambos preceptos imponen, por tanto, una obligación de motivación específica al titular de la potestad reglamentaria cuando establece la relación electrónica obligatoria para personas físicas: debe acreditar, en la propia norma o en su proceso de elaboración, que el colectivo afectado cuenta efectivamente con los medios y la capacidad necesarios para relacionarse electrónicamente. Esa obligación de motivación no es meramente formal: responde a la necesidad de garantizar que la imposición de la vía electrónica no se convierte en una barrera de acceso efectivo al procedimiento que menoscabe el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración.

Además impone que la motivación ha de ser específica y ajustada a las condiciones de capacidad de las personas físicas adoptadas, pues consciente de que los trabajadores extranjeros poseen una situación económica y nivel de alfabetización heterogéneo advierte que :

Esa heterogeneidad requería, como mínimo, una justificación diferenciada por categorías que la norma no contiene, y que la Abogacía del Estado no ha podido aportar de forma global.

A idéntica conclusión conduce el punto de vista del principio de proporcionalidad pues:

El  artículo 129.3 de la Ley 39/2015  exige que toda iniciativa normativa evite cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalice la gestión de los recursos públicos. El  artículo 103.1 de la Constitución  proclama los principios de eficacia y sometimiento pleno a la  ley y al Derecho como criterios rectores de la actuación de las Administraciones Públicas. Ambos preceptos imponían al titular de la potestad reglamentaria el deber de verificar que la imposición exclusiva de la vía electrónica para los procedimientos enumerados en el artículo 197.2  no generaba cargas desproporcionadas para sus destinatarios en relación con la finalidad de eficiencia administrativa perseguida.

Esa verificación no consta en el expediente de elaboración del RLOEX. La norma no analiza si existen medidas alternativas menos restrictivas que alcancen el mismo objetivo de eficiencia -por ejemplo, prever la vía electrónica como preferente pero no exclusiva-, ni si el coste de exclusividad de la vía electrónica para los colectivos más vulnerables de los enumerados -trabajadores temporeros, solicitantes de primera autorización por cuenta ajena con escasa alfabetización digital- resulta proporcionado respecto de los beneficios de eficiencia administrativa que la medida persigue.

Incluso refuerza la carga motivadora, la perspectiva del derecho de igualdad:

El  artículo 14 de la Constitución Española , en relación con el  artículo 9.2 de la misma norma  -que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva-, impide que las normas administrativas de organización del procedimiento generen barreras de acceso que, siendo formalmente neutras, produzcan en la práctica una desventaja relevante para determinados colectivos sin justificación objetiva y proporcional. La obligación de relación electrónica exclusiva para los procedimientos del  artículo 197.2, impuesta sin verificación previa de las capacidades digitales de los destinatarios y sin previsión de medidas de acompañamiento o de alternativas accesibles para quienes no dispongan de esa capacidad, puede producir ese efecto de exclusión indirecta que el    artículo 14 de la Constitución , en su vertiente de prohibición de la discriminación indirecta, proscribe.

En consecuencia se estima la pretensión de nulidad del precepto reglamentario y nos deja a los juristas tres enseñanzas que debería todo gobierno colocar con letras de neón para iluminar su actividad reglamentaria:

Primera.- Hay que tomarse en serio la imposición de la obligación de relación electrónica pues su expansión indiscriminada, sin motivación o a colectivos con riesgo de no usarla con soltura, provocaría: (i) la expulsión o bloqueo del acceso al procedimiento administrativo y sus garantías del colectivo afectado; (ii) una indefensión brutal o inadmisible para el particular y una renuncia a la eficacia para la administración actuante.

Segunda.- La clave que separa la arbitrariedad reglamentaria de la oportunidad racional, es la existencia de motivación expresa, razonada y congruente.

Tercera.- La comodidad del ejecutivo (o eficacia mal entendida), aprovechando que «pasa el Pisuerga por Valladolid» sube de matute en el reglamento la obligación de relacionarse electrónicamente, no puede prevalecer sobre los cautelosos imperativos de la Ley para asegurar que la relación electrónica sea usada solo por quienes están en condiciones objetivas de comprenderla y usarla.

De no existir estas sentencias marcando el camino correcto a la Administración, en breve nos encontraríamos con que la excepción de la obligada relación electrónica se habría convertido en la regla. Y no es eso lo que quiere el legislador, ni los llamados «inmigrantes digitales», ni los que nos gusta la «relación con papel, parsimonia y con algún rostro al otro lado» (nunca pensé que añoraría la anacrónica «ventanilla» del funcionario).

 Además para defender un interés o derecho frente a la actuación arbitraria o ilegal de la Administración, frente a la via de hecho o inactividad, hay que moverse bien en el dédalo del proceso contencioso-administrativo.

La Ley Reguladora del Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 es un puñado de artículos que: (i) admiten distintas lecturas o interpretaciones, según principios o valores, destacando la brújula de la tutela judicial efectiva; (ii) precisan el complemento no siempre preciso de la Ley de Enjuiciamiento Civil; (iii) sufren el terremoto de la jurisprudencia casacional sobre su interpretación o aplicación, y ocasionalmente el impacto de los meteoritos de las sentencias del Tribunal Constitucional, y alguna que otra glaciación debida a jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo.

Además esa olla procesal la remueve la Inteligencia Artificial provocando nuevos sabores y texturas jurídicas.

O sea, la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo, como el Quijote en el famoso cuento de Borges («Pierre Menard, autor del Quijote»), sufre cambios con su lectura según el lector y contexto, enriqueciendo el texto y revitalizándolo. Señalaba Borges en relación con los libros, pero vale para los textos legales, que la verdadera interpretación reside en la relectura serena, pues el lector libre de la curiosidad del argumento, conecta los símbolos, simetrías y significados ocultos de la obra.

Por ello, el Curso Avanzado en Litigación Contencioso-administrativa, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y dirigido por el gran Jose María Baño León, que se extiende del 15 de octubre de 2026 al 11 de febrero de 2027, constituye una magnífica ocasión para contemplar el proceso contencioso-administrativo en todas sus fases y momentos, desde la perspectiva práctica de su realidad.

Un curso para sacar el máximo provecho de las reglas procesales y aprender a sortear el campo de minas en que se ha convertido el proceso contencioso-administrativo, donde acechan las inadmisibilidades, las preclusiones, la desviación procesal, la tensión entre ejecutividad y tutela cautelar, la rica problemática probatoria, las resistencias de la ejecución de sentencias, e incidentes de variado pelaje.

 Contar con la palabra directa sobre tales cuestiones de un grupo de catedráticos, magistrados, abogados del Estado y letrados, supone asomarse a la jungla contencioso-administrativa con la ayuda de curtidos guías de supervivencia procesal.

El curso admite la doble modalidad, presencial y Streaming, con horario normalmente compatible con otros quehaceres, los jueves de 17:00 a 20:00 horas, comenzando el 15/10/2026 y finalizando el 11/02/2027.

Aquí está la información detallada para los interesados. Si París bien valía una misma, ganar los pleitos bien vale un buen Curso.

NOTA SOCIAL.- Para abordar de forma fresca y viva estas cuestiones del PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en contexto de INTELIGENCIA ARTIFICIAL, participaré dialogando abiertamente con José Maria Baño León, en un webinar de libre acceso, el próximo  miércoles, 23 de septiembre, a las 17:00 horas, con previa inscripción gratuita on line aquí.

La antesala del Curso Avanzado en Litigación Contencioso-Administrativa. Ahi estaremos, un magistrado y un catedrático  que todavía creemos en el Derecho Administrativo como garantía y en el sentido común como escudo. A ver si entre todos, intercambiando ideas ante el tsunami de la IA, en ese ágora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, conseguimos avanzar en las brumas de la IA aplicada al proceso, sus virtudes y riesgos.

El problema con lo que ofrece internet, y con lo que exponen las librerías en papel, es elegir. El tiempo es limitado y no todo lo que se publica o difunde es bueno y útil.

Admito que para juzgar obras jurídicas hay que haberlas leído, o al menos, haberlas “catado” (pero mi escaso tiempo y mi gusto por lecturas más terrenales lo impiden), así como tener una autoridad reconocida (lo que tampoco me adorna, pues como decía Borges, “soy aprendiz de todos, maestro de nadie”).

Para ayudar a la comunidad de juristas, en su día tuve el atrevimiento de recomendar algunas obras: Libros de derecho administrativo para salvar de la quema, o indicar las Claves para forjarse gratuitamente como experto en derecho administrativo (2024)

Ahora, al amparo de la libertad de expresión y crítica, y por solidaridad con los que llevamos el derecho administrativo en las venas,  recomendaré, con las limitaciones de quien lo hace, la lectura de algunas obras que me han dejado huella, y lo más importante, obras que siendo actuales, merecerán la calificación de clásico en el sentido del citado Borges, que despiertan un “previo fervor y misteriosa lealtad”.

Por supuesto que aquí cuento con la huella inolvidable del «Curso de Derecho Administrativo», de los profesores García de Enterría y Tomás Ramon Fernández, que creo va por la 22 edición (2026), mi “biblia administrativa”.

Y dando un salto de pértiga entre muchas obras mediocres y buenas, me tropiezo con una obra mejor, excelente en cuanto participa a mi juicio de “excelsa”.

Se trata de los tres tomos del «Tratado de Régimen Jurídico del Sector Público y del Procedimiento Administrativo Común», dirigida por Eduardo Gamero Casado y coordinada por Severiano Fernández Ramos junto con Julián Valero Torrijos. Tres espadas que aseguran la necesidad, armonía, utilidad, actualidad y rigor de los 71 trabajos que integran la obra, y debido en su mayoría a otros tantos prestigiosos autores (la inmensa mayoría profesores de la disciplina).

Advertiré que no se trata de un palimpsesto sobre la obra del mismo título que brotó en 2017, como respuesta de urgencia a la vigencia de ambas leyes. Ahora se trata de una obra más ambiciosa, extendida a otras dimensiones y enriquecida con más colaboradores, que toma en cuenta las precisiones, orientaciones y resultados de toda una década, fruto del cincel de la doctrina y jurisprudencia sobre el texto legal inicialmente publicado.

Tampoco es el habitual collage de artículos dispersos, de desigual factura y fortuna, propio de los típicos libros de homenaje con artículos de compromiso y urgencia. No. Es una obra vertebrada en torno a las leyes básicas del derecho administrativo, los pilares del lenguaje de la disciplina que alzaron las que califiqué de “leyes siamesas” de la misma fecha, la Ley 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, y que ya han superado los diez años de vigencia. El primer tomo se ocupa de los Principios, Organización, Ciudadanía y Medios Auxiliares; el segundo, del Procedimiento Administrativo Común General; y el tercero, de ámbitos específicos y procedimientos comunes especiales o singulares (elaboración de reglamentos, transparencia,sancionador, responsabilidad patrimonial y subvenciones).

Cada uno de los 71 trabajos cuenta con una exposición clara, rigurosa, con referencia bibliográfica y actual jurisprudencia, con el positivo rasgo de la amenidad, interesantes en lo que dicen y como lo dicen, y lo más importante, aplican el sano escepticismo propio del médico responsable que se asoma al paciente y no le tiembla la razón ni el pulso para actuar como debe y decir lo que debe decir.

En fin, el ÍNDICE habla por sí mismo. Sería agotador e injusto intentar resumirlo. Creo que el noventa por ciento de los conflictos jurídico-administrativos podrán encontrar respuestas en sus líneas. No las respuestas frías, artificiales y con peligrosas alucinaciones propias de la inteligencia artificial, sino respuestas claras, rigurosas y autorizadas.

Por eso, pese a que soy reacio a incrementar mi biblioteca de papel con más volúmenes, estos tres tomos pasarán con honor a la exclusiva galería de obras maestras de mi casa, a la vista y cerca de la mano, para poder consultarla con presteza y gratitud. Una obra altamente recomendable, y para cuya adquisición debe recordarse aquello de Machado: «Solo el necio confunde valor y precio». Esta obra vale lo que pesa, y pesa mucho, y es una magnífica inversión en «fondo editorial y cognitivo».

NOTA SOCIAL.- Este miércoles, día 16 de septiembre de 2026, a las 19:30 tendrá lugar un Coloquio sobre «La Salud Mental en el Trabajo» en el Club Prensa Asturiana de Oviedo, C/ Leopoldo Calvo Sotelo, 7, y en que tendré el honor de presentar y comentar el libro «Psicosociología Aplicada a la Prevención», de Javier Llaneza, con la cálida intervención de dos expertos: Miryan Hernandez, directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRI) e Ignacio Pérez-Villamil, abogado laboralista.. Una ocasión única, en acto abierto al público, para asomarse al vidrioso mundo de la salud mental, la prevención de riesgos laborales, la intervención de la inspección de Trabajo….y la alargada sombra de los tribunales. Bienvenidos.

Así pues, si existe un solo expediente y una sola resolución con triple contenido dispositivo, se plantea la cuestión de la cuantía económica en juego, pues no es lo mismo si se suman los conceptos que si se desagregan, pues ello puede determinar el procedimiento jurisdiccional a seguir y lo más importante, si la sentencia que se dicte tiene o no apelación (pues recordemos que solo son apelables las sentencias sobre asuntos de cuantía superior a 30.000 €).

   Tradicionalmente, la Justicia administrativa ante estos casos actuaba como Jack el Destripador: “Vayamos por partes” y analizaba por separado cada efecto de la resolución, considerando de forma autónoma la cuantía y sin sumarlas. Eso comportaba como en el caso resuelto por la reciente sentencia de la sala tercera de 27 de julio de 2026 (rec.6927/2023) que la sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo que confirmaba la sanción portuaria de multa de 4.800 €, e indemnización de 30.558,7 € no admitiese apelación ante la Sala.

  Pero planteado recurso de casación por la abogacía del Estado, se dictó esta importante sentencia, que de forma clara opta por quitarse las antiparras formalistas y examinar las cosas como son, con la entidad real que supone lo que está en juego. O sea, parafraseando la conocida frase bíblica, «que lo que la resolución administrativa ha unido que no la separe el proceso».

 Así, vierte razonamientos generales de sentido común:

Existe, por tanto, una evidente relación de accesoriedad entre la obligación de indemnizar y la sanción, de manera que la anulación de la sanción arrastraría la de la obligación accesoria. Si consideramos que, por razón de la cuantía, la apelación es admisible solo respecto de la obligación accesoria pero no de la principal, entonces adquiriría fuerza de cosa juzgada la anulación de la sanción por lo que necesariamente se extinguiría la obligación de reparar, careciendo de objeto el recurso. De este modo, la inadmisión también afectaría a la pretensión que sí es apelable por su cuantía.

Aparte de esta consecuencia práctica, la conexión entre sanción e indemnización origina la unicidad de la pretensión anulatoria que articuló en primera instancia la recurrente. Sanción e indemnización no son individualizables ni poseen plena autonomía. No es posible separarlas y recurrirlas en dos procesos diferentes.

A este planteamiento debemos añadir que es reiterado el criterio de la Sala de que las prevenciones legales en materia de cuantía han de ser aplicadas en función de la real entidad material de la cuestión litigiosa,,  como destacó la STS de 26 de junio de 2015 (rec. 3059/2013). Por ello, una jurisprudencia más reciente ha cuestionado en determinados contextos lo que han denominado «desagregación de pretensiones», a efectos de determinar la cuantía cuando las pretensiones deducidas son inescindibles. Así, las SSTS 1107/2024, de 24 de junio (rec. 6833/2021) y 451/2025, de 10 de abril (rec. 8034/2021), sobre reclamación del precio de los servicios prestados a una Administración Pública cuando son de la misma naturaleza y se deben a una causa única, y la STS 574/2025, de 9 de mayo (rec. 1801/2022), en materia de ejecución de sentencia.

 Y concluye:

En definitiva, resultaría extremadamente riguroso declarar admisible la apelación exclusivamente en cuanto a la obligación de reparación. Una interpretación ajustada a la efectividad del derecho de las partes a utilizar los recursos previstos por el ordenamiento jurídico y al efecto útil de las normas sobre determinación de la cuantía, impide acudir en nuestro caso a la desagregación de pretensiones..

Por consiguiente, debe primar una interpretación literal del Así pues, queda sentada la siguiente doctrina casacional:

En los recursos en que se ejercite la pretensión anulatoria de un acto sancionador que, además de la sanción, imponga al infractor la obligación de reparar el daño, la determinación de la cuantía para acceder a apelación no debe basarse únicamente en el importe de la sanción. Cuando la sanción y la obligación se encuentren en una relación de accesoriedad que impida su desagregación procesal, la cuantía del recurso es la resultante de la suma de ambas, con independencia de cuál de ellas sea superior.

Esta doctrina llevará a examinar si sanción e indemnización (y añadimos, aunque no es objeto de la sentencia casacional, pero estaría bajo identidad de razón,  la obligación de restauración de la realidad perturbada) están en relación de recíproca interdependencia o íntima conexión que resultaría absurdo su examen separado, debiendo estarse a la presunción procesal de acumulación de cuantía a efectos de apelación, cuando se combaten las consecuencias jurídicas de una misma infracción y se canalizan por el mismo procedimiento con la misma resolución final.

O sea, a partir de ahora se abren más las puertas de la jurisdicción… otra cosa son los que en el pasado al recurrir estas resoluciones bífidas (sanción + indemnización) han sufrido la inadmisión del recurso de apelación pese a que su suma excedía el umbral de los 30.000 €. Pero eso es lo que tiene la Justicia administrativa, va avanzando, y la cosa juzgada actúa como la cola del león que borra sus huellas.

]]> https://delajusticia.com/2026/09/14/el-supremo-abre-la-apelacion-lo-que-la-resolucion-sancionadora-ha-unido-no-lo-separara-el-proceso/feed/ 1 standard 1085976 https://delajusticia.com/2026/09/11/la-palabreria-generica-de-la-administracion-no-interrumpe-la-prescripcion-en-favor-del-contribuyente/ https://delajusticia.com/2026/09/11/la-palabreria-generica-de-la-administracion-no-interrumpe-la-prescripcion-en-favor-del-contribuyente/#comments Fri, 11 Sep 2026 07:42:45 +0000 https://delajusticia.com/?p=1085921 Seguir leyendo]]> La prescripción de la acción para exigir el débito es el arma silenciosa que permite defenderse a quienes posiblemente no tienen razón de fondo. En el ámbito tributario, es frecuentísimo que el infortunado contribuyente alegue que han pasado los plazos para que la administración les investigue, encuentre, sancione y cobre.

Afortunadamente la legislación tributaria, consciente de que es enorme el poder recaudatorio de una Agencia tributaria “con licencia para matar rentas y patrimonio”, impone unos rigurosos procedimientos para que pueda actuar.

Viene al caso por la doctrina casacional sentada por la reciente sentencia  de la sala tercera del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2026 (rec.1671/2024) que fija interesantísima doctrina sobre las condiciones para que el inicio de actuaciones de investigación surtan eficacia de interrumpir la prescripción, doctrina que además admite su extrapolación matizada a otros ámbitos distintos del tributario.

 En síntesis, la administración sostenía que el acuerdo de iniciación de actuaciones de comprobación o inspección que tenía por objeto literalmente “Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ejercicio 2010” era ineficaz para interrumpir la prescripción por falta de concreción, pues la Sala tercera confirma la sentencia de instancia dictada por la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideraba vacíos e imprecisos tales términos pues:

Reconocer eficacia interruptiva a un documento que contiene como concepto «Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados», que no concreta ni el tributo, al comprender dos, TPO y AJD, así como que se refiere al ejercicio, «2010», cuando estos tributos no tienen ejercicio sino devengo, implicaría reconocer que dicho documento así generado, interrumpía la prescripción para el examen de cualquier operación realizada por el obligado tributario en el 2010 y para estos Impuestos. Aunque sobre este singular caso no se ha citado Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina que se desprende de otras sentencias permite concluir que no se corresponde tal interpretación (el que un inicio genérico de inspección interrumpe la prescripción para todas las operaciones realizadas en un periodo) con las mismas. Así con la doctrina consistente en que la interrupción de la prescripción es para un concepto tributario específico y no para un impuesto diferente, de manera que las actuaciones de liquidación dirigidas a un tributo no tienen eficacia interruptiva para otro, salvo el supuesto del art. 68.1.a) in fine, Sentencia de fecha 27 de enero de 2016, recurso número 3625/2014 […]».

La Sala tercera del Tribunal Supremo confirma esta argumentación, exponiendo que:

No existe, por tanto, un periodo temporal que pueda identificar la obligación tributaria, sino un acto de transmisión que se produce en un momento temporal específico. La referencia a «ITP-AJD, ejercicio 2010» que contiene la comunicación del inicio de procedimiento no identifica ninguna obligación jurídicamente existente ni permite determinarla por su contenido, de modo que la comunicación de inicio carece de la conexión necesaria con una concreta deuda tributaria cuya prescripción pudiera interrumpirse. Admitir lo contrario supondría, como razona la sentencia recurrida, reconocer efectos interruptivos de carácter expansivo e indeterminado, incompatibles con la naturaleza de la prescripción como garantía del contribuyente. Como bien argumenta la sentencia recurrida, el art. 68.1.a) LGT exige la identificación suficiente de la obligación tributaria a que se contrae la actuación de la Administración tributaria, al requerir que sea realizada con conocimiento formal del obligado tributario, y conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, que deberá quedar correctamente identificada en los términos del art. 87.3.b) del RGAT, y sin excepcionar otro supuesto que aquel en que la acción se haya dirigido inicialmente a una obligación tributaria distinta precisamente como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario. En este sentido se pronunció nuestra Sala en la STS de 27 de enero de 2016 (rec. cas. unificación de doctrina 3625/2014).

Y en consecuencia fija doctrina:

Por tanto, establecemos como criterio interpretativo que en los tributos de devengo instantáneo, como es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que cada operación genera una obligación tributaria autónoma, el acuerdo de inicio de actuaciones de comprobación o inspección que se limita a acotar un periodo temporal en lugar de una operación individualizada carece de eficacia interruptiva de la prescripción, conforme al artículo 68.1.a) LGT.

La sentencia es correcta e impecable y plenamente congruente con una Administración leal con el contribuyente, que no se escuda en “pesca por arrastre”(esto es, enarbolando ámbitos genéricos de control), y aunque no lo diga, es evidente que tal criterio interpretativo se impondría bajo consideraciones derivadas de tan importantes principios como el principio de confianza legítima y seguridad jurídica (el contribuyente se fía de lo que se le dice que se va a investigar) o el de buena administración (la Administración tiene la carga de explicar, motivar y no sorprender al ciudadano).

En fin, tomemos nota de que las actuaciones de la Administración en ejercicio de potestades sancionadoras, de gravamen o policía, para que interrumpan la prescripción, esto es, el curso del plazo para “desenfundar y disparar”, tiene que ser precisas en su objeto, sin resultar genéricas ni ambiguas. No todo el monte recaudatorio es océano…para que la Administración navegue al gusto… No. La Administración debe motivar, avisar y explicitar. Eso es servicio público. No lo es sorprender al ciudadano ni jugar al gato y al ratón. Bastante que cuenta con legislación a la medida, medios tecnológicos poderosos y recursos humanos expertos, así que no es mucho pedir que “afine el lápiz” y hable claro con el contribuyente.

]]> https://delajusticia.com/2026/09/11/la-palabreria-generica-de-la-administracion-no-interrumpe-la-prescripcion-en-favor-del-contribuyente/feed/ 1 standard 1085921 https://delajusticia.com/2026/09/09/plazo-para-recurrir-las-desestimaciones-presuntas-algunos-no-se-enteran/ https://delajusticia.com/2026/09/09/plazo-para-recurrir-las-desestimaciones-presuntas-algunos-no-se-enteran/#comments Wed, 09 Sep 2026 07:12:36 +0000 https://delajusticia.com/?p=1085744 Seguir leyendo]]> Posiblemente los administrativistas que siguen este blog saben sobradamente que, pese a la literalidad del art.46.1 de la Ley Reguladora de lo contencioso-administrativo fija un «plazo de seis meses» para recurrir desde que se opera la desestimación, la jurisprudencia constitucional ha aplicado la palanca de la tutela judicial efectiva para señalar que NO OPERA DICHO PLAZO. Ni puede la administración confiar en oponer acto consentido si transcurre, ni puede el juez apreciar la inadmisibilidad del recurso.

En cambio, algunos abogados especializados en otros órdenes jurisdiccionales a los que su cliente acude para impugnar una desestimación presunta,– de buena fe pero con ligereza–, al leer el art.46.1 LJCA, le dirán que  «han pasado los plazos», «no hay nada que hacer». El cliente se irá pesaroso aunque en el fondo considere que ha hecho bien consultando al abogado. Lo que digo no es ciencia ficción, puesto que se ha dictado la reciente sentencia de la sala tercera de 21 de julio de 2026 (rec.5003/2023) que vuelve a recordar lo ya sentado por la propia sala («La administración que no resuelve expresamente, se la lleva la corriente») como doctrina casacional, esto es, que la desestimación presunta puede impugnarse indefinidamente:

Es claro el presente caso versa sobre el conocido tema de si hay plazo para recurrir frente al silencio administrativo. El inciso final del artEste precepto legal nunca ha sido formalmente declarado inconstitucional, por incompatible con las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, es bien sabido que existe abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada hace más de veinticinco años, en el sentido de que no hay limitación de plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo mientras la Administración no haya resuelto expresamente. Recuérdese que, con arreglo alratione temporis,a falta de resolución expresa o de notificación de la misma determina que no corra el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo; y ello porque, de lo contrario, el plazo le podría ser opuesto a quien no tenía conocimiento del acto administrativo que afecta a sus derechos o intereses legítimos y que, por ello mismo, no estaba en condiciones de combatirlo. El resultado sería incompatible con el art.STC 52/2014.

Es interesante que dicha sentencia considera que el recurso contencioso-administrativo interpuesto casi diez años después de la solicitud sin habérsele notificado la resolución, no podía tacharse de extemporáneo, pues pese a que se dictó una resolución expresa en 2009, la misma no contó con una notificación válida y eficaz.

Lo comento porque basta con que algunos  despistados no se hubiesen enterado, para que merezca la pena recordarlo, y también para aquellos avispados que seguramente al leer entre líneas la sentencia, se percatarán de que si existió una notificación expresa y han pasado los dos meses para recurrirla, para conjurar lo de acto firme y consentido, tendrán que mirar con lupa la forma y contenido de la notificación, pues si tienen la fortuna de encontrar una anomalía o deficiencia, arrastrará la ineficacia de la notificación y ello «resucitará» el plazo eterno para recurrir.

NOTA.- Tampoco deben desorbitarse las consecuencias perjudiciales para la Administración anudadas a su incumplimiento de resolver expresamente. Por un lado, la desestimación presunta de la solicitud no autoriza a eludir el recurso administrativo o reclamación económico-administrativa frente a aquélla, como comenté recientemente bajo la rúbrica «Vuelta a la edad de piedra en la impugnación de las desestimaciones presuntas».

Por otro lado, la impugnación de una desestimación presunta, una vez embarcado en la vía contencioso-administrativa, no impide que la Administración dicte y el juez la sopese e incluso la acepte, una resolución expresa declarando la inadmisibilidad por la razón que sea. Lo comenté bajo el título: El silencio negativo no impide la inadmisibilidad por extemporaneidad.

]]> https://delajusticia.com/2026/09/09/plazo-para-recurrir-las-desestimaciones-presuntas-algunos-no-se-enteran/feed/ 6 standard 1085744 https://delajusticia.com/2026/09/07/el-silencio-positivo-obtenido-en-via-de-recurso-administrativo-fortaleza-y-debilidad/ https://delajusticia.com/2026/09/07/el-silencio-positivo-obtenido-en-via-de-recurso-administrativo-fortaleza-y-debilidad/#comments Mon, 07 Sep 2026 09:54:48 +0000 https://delajusticia.com/?p=1085930 Seguir leyendo]]> Los parques eólicos, los tanatorios, los centros hospitalarios, los mataderos, las salas de fiestas, entre otras actividades, son percibidas por los vecinos, o por grupos de intereses, como establecimientos que mejor no se instalen, lo que provoca recursos en vía administrativa y contencioso-administrativa encaminados a luchar contra el promotor de la actividad por varias vías: (i) Con recursos administrativos; (ii) Con medidas cautelarísimas y cautelares solicitando la paralización de procedimiento o de la eficacia de la autorización en el marco del recurso contencioso-administrativo; (iii) Con el recurso ordinario contencioso-administrativo; (iv) denunciando ante el Defensor del Pueblo o equivalente autonómico.

 Pues bien, en esos notorios escenarios de zafarrancho bélico, la primera línea de batalla suele ser el recurso de reposición o alzada frente al acto autorizatorio o permisivo, al que hábilmente acompañan la solicitud de suspensión de aquél al amparo del art.117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común que dispone:” El citado precepto dispone: «3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley».

 Suele tolerarse o propiciarse la generación de ese silencio positivo, por varias razones: a) A veces razones burocráticas pues son recursos administrativos de gran calado, que requieren traslado a los interesados y plantean cuestiones de hecho de difícil verificación probatoria, lo que provoca lentitud en la resolución del recurso; b) A veces son razones políticas, pues puede que la propia Administración que concedió la autorización, ante el recurso popular o de grupos afines a la ideología del gobierno de turno, se sienta cómoda con la suspensión de la autorización, por lo que ladinamente no resuelve expresamente el recurso para provocar el silencio positivo.

 Pues bien, dado que se trata de un silencio positivo por ministerio de la Ley se plantean dos cuestiones. La primera, si es posible su impugnación al no tratarse de un acto administrativo dimanante de la Administración sino de su pasividad. La segunda, hasta cuando mantiene su eficacia dicha estimación presunta.

 A ambas cuestiones da respuesta un humilde auto de la sala tercera del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2026 (rec.191/2026) cuando establece:

La aplicación de la previsión contenida en el art. 117.3 de la LPAC genera un acto, así lo dispone el art. 24.2 de la Ley 39/2015 dispone que «la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento». Este acto tiene como contenido la suspensión automática de unas autorizaciones previamente concedidas, generando consecuencias jurídicas positivas (para los peticionarios de la suspensión) y negativas (para los beneficiarios de las autorizaciones administrativas que ven suspendidas la ejecutividad de sus autorizaciones).

Se trata, por tanto, de una modalidad de silencio positivo por el transcurso del plazo marcado en la ley. La especialidad radica en que el acto generado- la suspensión de las autorizaciones recurridas en vía administrativa- implica la adopción de una medida cautelar automática sin ponderación alguna de las circunstancias concurrentes que se prolonga en el tiempo por la inactividad administrativa.

Sin embargo la Sala advierte que siempre puede la Administración manipular la eficacia de ese acto presunto:

 Pero, a diferencia de otros supuestos de actos generados por silencio positivo, las medidas cautelares son por naturaleza modificables. Así lo dispone el artículo 56 apartado 5 de la Ley 39/2015 al disponer que «Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción». De modo que esa suspensión, surgida de la aplicación automática de una previsión legal, no impide que la Administración adopte una resolución expresa posterior en la que pondere las circunstancias concurrentes y el interés público implicado. Ello no solo es posible, sino que además es deseable porque en la suspensión generada por el transcurso del plazo penaliza la inactividad administrativa, pero sin ponderar las circunstancias concurrentes para adoptar la medida cautelar que finalmente se acuerda. Y a tal efecto debe tomarse en consideración que una de las manifestaciones del principio de buena administración que ha de guiar el actuar administrativo es la diligencia y la actividad temporánea que permita además una decisión que pondere los intereses públicos concurrentes.

Sobre la extensión temporal y vigencia de tal silencio positivo aclara:

Otra de las especialidades que conlleva la adopción de una medida cautelar automática en aplicación de la previsión del art. 117.3 de la LPAC es que la suspensión cautelar es provisional porque se extingue cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente, según dispone el artículo 56 apartado 5 de la Ley 39/2015.

Y finalmente deja claro que esa actuación presunta siempre es impugnable directamente ante lo contencioso-administrativo:

Ahora bien, en tanto la administración no dicte una resolución expresa posterior que modifique la medida cautelar de suspensión generada por silencio positivo, existe un acto administrativo que produce efectos, positivos y negativos para los interesados.

Este acto es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Tanto la Ley jurisdiccional (arts. 25 y 46) como la jurisprudencia admiten la posibilidad de impugnar en sede contencioso-administrativa no solo los actos expresos sino también o los actos presuntos generados por la aplicación de una previsión legal y el transcurso del plazo establecido para resolver.

Lo contrario implicaría situar a la parte a la que afecta de forma negativa esta suspensión en una situación de absoluta indefensión.

La posibilidad de impugnar los actos generados por silencio en aplicación de una ley es una garantía para los administrativos para poder defenderse de una consecuencia jurídica que le es perjudicial con el fin de evitar que la aplicación automática de una previsión legal genere perjuicios que se prolonguen en el tiempo y frente a la que carece de mecanismos de defensa.

Tómese buena nota de lo dicho.  Solamente añadiremos que si existe una impugnación del acto presunto que provoca un proceso contencioso-administrativo, si en el curso del mismo, la Administración sale de su letargo e inactividad, y dicta resolución expresa sobre el recurso administrativo, se producirá la ineficacia de tal silencio, y con ello se apresurará el interesado en poner fin al litigio, en aportarla a los autos para solicitar la terminación por pérdida de objeto ( 222 LEC, figura presente en lo contencioso) que será normal estimarla, salvo que se demuestre por el recurrente que la eventual sentencia estimatoria tendría efectos autónomos y sensibles distintos, al abrir por ejemplo, la puerta a una eventual indemnización, pero eso es otra historia).

Por último, si alguien desea extender información sobre el auto comentado, se ocupa en extenso y con su habitual rigor didáctico, el blog de Diego Gómez, aqui.

Por nuestra parte seguiremos despegando y cobrando velocidad de crucero en el blog pese a que el derecho administrativo siempre está cuajado de turbulencias….

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Es verdad que solemos fijar el acta de nacimiento en la revolución francesa con su secuela inmediata de la división de poderes, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano y la consideración de los jueces como “la boca muda de la Ley”.
Pero olvidamos que tras el telón del teatro del derecho administrativo están sus actores, personajes que creían en el control del poder público, y bien nos viene conocer en trazo grueso, tanto por curiosidad profesional como por tributo de admiración, a los artífices de una disciplina que ha cambiado la vida de pueblos y personas y puesto bridas al poder. En el ámbito del derecho administrativo bien puede asumirse la conocida frase de Newton, escrita en una carta dirigida a Robert Hooke en 1675 : «Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes».

En esta mirada curiosa hacia el pasado, me he tropezado con la espléndida. semblanza de uno de los abuelos del derecho administrativo francés, y con ello del español, que efectúa el catedrático de derecho administrativo, Ricardo Rivero Ortega, en “El Cronista del Estado social y democrático de Derecho”, nº 124, mayo 2026, titulado “El primer profesor de Derecho administrativo: Josep-Marie de Gérando”. Este nombre poco dirá al que lo lee o escucha, pero mucho nos evocará a  los que leímos el estupendo artículo, pues nos informa con rigor y amenidad, y nos provoca admiración, respeto y agradecimiento hacia la figura de Gérando, además de cierta ternura hacia quien fue administrativista, antropólogo y filántropo.
En efecto, en trazo grueso,  el tal Joseph-Marie de Gérando (1772-1842), fue el primer catedrático de derecho administrativo, en París (aunque no era doctor, lo que compensaba con sus muchos otros méritos).
Pero mas allá de este mérito propio del Güinness jurídico, es digno de admiración:

• Por armonizar la experiencia empírica en el gobierno francés, pues no solo fue exitoso gobernador de Cataluña y de la Toscana por cuenta del Imperio napoleónico, sino que formó parte del Consejo de Estado francés, lo que acreditaba su experiencia en asuntos de Estado, llegando al punto que nos informa Rivero que “Tan portentosas capacidades le granjearon la confianza de Napoleon, que no firmaba nada sin que Gérando lo repasara”.
• Por ser filántropo jurídico, ya que promovió desde el gobierno la educación y los servicios sociales, redactando de su puño y letra las ordenanzas.
• Por la autoría de una primera “Historia comparada de los Sistemas de Filosofía “(1804) y de un tratado jurídico denso y sistemático, titulado:”Instituciones de Derecho Administrativo Frances o Elementos del Código Administrativo” (1829) con firme apuesta por la codificación y la racionalización de los institutos jurídicos, ocupándose de sentar los principios de derecho administrativo, y deslindando la disciplina del derecho constitucional.

Ricardo Rivero nos desvela la razón del práctico anonimato público de tamaña figura (el artículo hace fiel inventario de los trabajos doctrinales, españoles y extranjeros, que se ocupan del mismo, con discreto goteo o incluso furtivas referencias). La razón radica para el profesor Rivero, en algo muy propio de la condición humana, pues fue eclipsado por la interposición del gran jurista francés Maurice Hauriou.

Me resultó llamativo percatarme que Gérando fuese Secretario General del Ministerio del interior, cuando lo desempeñaba el ambicioso y maquiavélico José Fouché, cuya biografía traza magistralmente Stefan Zweig), formando el que supongo sería binomio formidable: el jurista intelectual y honesto junto al conspirador pragmático y amoral (inevitable pensar en el paralelismo con el recto Tomás Moro en su papel de consejero de Enrique VIII, o de Eduard Coke marcando el territorio jurídico al rey Jacobo I).

En suma, recomiendo vivamente la lectura del artículo, bellamente expresado, salpicado de comentarios oportunos, y además valiente en salirse de la ortodoxia de los homenajes académicos “endogámicos” pues el profesor de la Universidad de Salamanca extiende el manto del respeto hacia los profesionales que supieron unir teoría y práctica, el dicho y el hecho, el análisis del poder y la fijación de sus límites, con laboriosidad y humildad.

Como bien apunta Rivero, no somos nadie sin nuestros antecesores y bien está valorar la obra de un intelectual completo, adornado del conjunto de eso tan extraño en el ecosistema juridico y politico, como es la probidad personal, la filantropía social, la responsabilidad de hacer un mundo mejor, y prestar un servicio público sin tacha. Si París bien valía una misa, me temo que Gérando bien merece una lectura…y un aplauso.

 

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Frente a esta discrepancia entre las partes litigantes de orden material o fáctico, constamos la imposibilidad material de localizar el documento en el expediente digital remitido, que carece de una ordenada exposición, un índice o un árbol de búsqueda que permita, entre los cientos de documentos que lo componen, que el juzgador pueda acceder al PDF correspondiente para comprobarlo. En todo caso, bien estemos ante una deficiente remisión, ante una incompleta configuración, o ante la mera incapacidad del sistema habilitado para que el juzgador pueda acceder de manera ordenada al expediente administrativo digital, esta deficiencia solo es imputable a la Administración tanto como responsable de la remisión del expediente, como encargada del suministro y soporte de los medios informáticos, por lo que nunca podría interpretarse en perjuicio del administrado».

He aquí un fragmento realmente valioso, que puede servir de ariete en numerosos litigios donde la Administración apabullla con volcado de datos digitales, expedientes en pdf, u otras deficiencias. Si la Administración no se ayuda a sí mismo presentado un expediente debidamente digitalizado y ordenado y no ayuda al juez a localizar el documento de su interés, éste no lo tomará en cuenta y le perjudicará.  A tomar nota…

Ah, y no se olvide que en la antesala del proceso, cuando debe remitirse el expediente, debe imperar la diligencia como recordé la comentar la didáctica sentencia del Tribunal Supremo 26 de octubre de 2023 (rec.1026/2022) bajo la rubrica de «Serio riesgo de excomunión procesal si no se envía un expediente digital en formato idóneo» .

Y para profundizar nada mejor que los Retos inexcusables e inaplazables del expediente electrónico.

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Ahora bien, ante la excepcionalmente desastrosa actuación del abogado de oficio en un juicio penal, que propició la sentencia condenatoria de su cliente, la sala penal del Tribunal Supremo estableció en su sentencia de 29 de julio de 2026 (rec.132/2924), el amplio margen de error de estrategia que tolera la tutela judicial efectiva, en los siguientes términos elocuentes, de la sabia palabra de Antonio del Moral García, uno de los magistrados más sobresalientes de la sala penal del Tribunal Supremo:

«No se fija ningún canon para la comprobación de la calidad de la defensa. Persiste la orfandad regulatoria de este aspecto. Serán de aplicación los principios proclamados por esa balbuciente jurisprudencia. No toda hipotética o supuesta estrategia defensiva discutible o déficits no nucleares, justifican la intromisión de los tribunales en la noble función de defensa que han de ejercitar los profesionales con independencia y libertad. Hay que partir de una cierta deferencia a la labor de los letrados y de una general confianza en su desempeño. Opera la presunción de que la conducta del abogado se ajusta al estándar objetivo.

  Los órganos judiciales han de velar por la efectividad del derecho a un juicio justo, pero no pueden ni deben supervisar, ni mucho menos, sustituir, la actuación de los profesionales del derecho (STC 91/1994, de 21 de marzo) por equivocada que pudiera parecerles. La libertad del abogado defensor para diseñar su estrategia se encuentra en juego, y ésta no puede ser revisada por el órgano jurisdiccional, salvo bajo parámetros de deficiencia manifiesta y ostensible.

     Expresiva es la imagen de un juez norteamericano:  «un juicio penal no es un juego en el que se espera que los participantes entren en el cuadrilátero con habilidades parecidas pero tampoco es un sacrificio de prisioneros inermes a manos de gladiadores».  No caben precipitados apriorismos, ni gruesas descalificaciones formadas desde una atalaya distante y desconocedora de todos los matices y entresijos de la relación abogado-defendido. Se requiere una exploración para obtener una mínima base que permita ese juicio de ponderación necesario para concluir que el acusado no estuvo razonablemente defendido; defendido, no ya de manera eficaz, lo que exigiría otros módulos de análisis vinculados al necesario respeto a la libertad y garantía de la función defensiva, sino de manera efectiva.

             No basta un nombramiento formal de abogado (de oficio). Éste debe llevar a cabo un desempeño razonablemente efectivo. Pero, al tiempo, la deficiencia en la defensa ha de resultar manifiesta para justificar una reacción del Tribunal.»

         Con ello, queda claro que la elección o asignación por el turno de oficio de un abogado comporta la asunción del riesgo de su buena o mala actuación. El equilibrio entre el desarrollo del proceso y sus garantías con la justicia final, llega solamente a corregir los supuestos de errores manifiestos de la defensa que no están a altura del mínimo estándar exigible.

O sea, el ordenamiento jurídico admite la existencia de una sentencia condenatoria materialmente injusta al haber pivotado la decisión sobre la torpeza o error de su letrado, salvo que tal defensa sea tan manifiestamente calamitosa que no merezca tal nombre de «defensa». Un ejemplo en que la sala penal tomó cartas en el asunto y anuló por torpeza la designación del abogado de oficio fue ya comentado y objeto de reflexión:«Cuando el abogado de oficio no sabe el oficio».

En el argot taurino…¡Que Dios reparta suerte!

NOTA.– Lo que le cuesta a los jueces elogiar a los abogados...es otra historia

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La reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2026 (rec. 4782/2023) insiste en el criterio jurisprudencial más garantista de la tutela judicial efectiva, conjurando que los calores de agosto provoquen zafarranchos y prisas jurídicamente injustificados. Ya abordé con extensión esta problemática.

Pues bien, en tales casos el día de inicio del cómputo del plazo será el 1 de septiembre. Nada de recortar el plazo de dos meses para acudir a la jurisdicción contenciosa restándole el plazo residual del mes de agosto, tras la notificación.

Y en consecuencia se fija la siguiente doctrina casacional:

Declarar que el inicio del cómputo del plazo de dos meses establecido en el artículo 46 de la LJCA, respecto de la impugnación de resoluciones administrativas notificadas durante el mes de agosto, se inicia a partir del 1 de septiembre, con la única excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.

Y con esto el blog se despide hasta septiembre, deseando a los lectores el mejor de los descansos. P.d. Yo me he comido el bocadillo antes del recreo, pues ya he agotado mis vacaciones en Italia, con aquello del dolce far niente.

¡Buen descanso de mente y cuerpo, con alma alerta!

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Me refiero al reglamento de regularización extraordinaria aprobado por R.D.316/2026, de 14 de abril, que está cargado de cuestiones litigiosas que pueden aflorar con virulencia argumental en litigios, tales como serían: fronteras entre materia reglamentaria y reserva de ley; ajuste al derecho europeo; impugnación directa e indirecta del reglamento o de sus estipulaciones singulares; cobertura de lagunas y superación de contradicciones; juego de plazos preclusivos; fuerza de precedentes administrativos; valor de los criterios de gestión e interpretativos; medios de prueba de hechos determinantes de los requisitos; juego de la carga de la prueba en situaciones de difícil accesibilidad por el interesado; problemática variopinta de subsanaciones, desistimientos, firmezas y similares; validez de actuaciones por personal no funcionario;  peso de la dignidad de la persona y consideraciones humanitarias; armonización de procedimientos ordinarios abiertos y de los extraordinarios y en particular el impacto sobre los expedientes de expulsión, etcétera.

 Por supuesto, sin olvidar que una vez traspasado el umbral de la jurisdicción contencioso-administrativa aguarda la problemática procesal: apoderamientos, plazos, pruebas, cautelares y ejecuciones, recursos y nulidades, etcétera.

En la idea de una primera piedra de aportación sencilla, la Revista o Boletín «Jueces y Juezas para la Democracia», núm.104, Julio 2026 ha tenido la gentileza de publicarmi artículo titulado «La regularización migratoria extraordinaria ante la jurisdicción contencioso-administrativa», págs,14 a 20, en que de forma sintética y con pinceladas impresionistas expongo algunas claves del campo minado en que se ha convertido esa regulación extraordinaria.

Aqui está disponible. Un avistamiento de la problemática…

]]> https://delajusticia.com/2026/07/29/cuestiones-litigiosas-de-la-regularizacion-migratoria-extraordinaria/feed/ 4 standard 1078661 https://delajusticia.com/2026/07/27/supremo-impulso-al-silencio-negativo-en-las-licencias-que-pueden-danar-al-medio-ambiente/ https://delajusticia.com/2026/07/27/supremo-impulso-al-silencio-negativo-en-las-licencias-que-pueden-danar-al-medio-ambiente/#comments Mon, 27 Jul 2026 07:22:05 +0000 https://delajusticia.com/?p=1078292 Seguir leyendo]]> La tutela del medio ambiente no solo es acuciante ante las recientes catástrofes naturales e incendios, sino porque el planeta y cada país en su ámbito competencial tiene la misión de actuar localmente para conseguir la eficacia universal.

De ahí que la reciente sentencia de la sala tercera de 14 de julio de 2026 (rec. 4640/2023) avanza en la tutela medioambiental de forma indirecta, con doctrina de gran impacto sobre las licencias urbanísticas.

En el caso planteado se trataba sustancialmente de una empresa generadora de energía eléctrica que pretendía obtener por silencio positivo la licencia para ejecución de una línea eléctrica.

La sentencia de la sala tercera fija doctrina casacional en relación al caso planteado, pero con validez y utilidad general, pues aplica la receta del silencio negativo para aquellos casos en que la ejecución de las licencias (al margen de las cuestiones de viabilidad jurídica de fondo) puede dañar el medio ambiente.

La doctrina casacional sentada es doblemente interesante, y admite aplicación extensiva. Veámosla con atención.

 Por un lado,

a la pregunta de «si resulta de aplicación el régimen sectorial específico establecido en la legislación del suelo, o si, por el contrario, pudiera resultar de aplicación el previsto, con carácter general, en la legislación reguladora del procedimiento administrativo», debemos responder que ambos son aplicables y, por consiguiente, a los supuestos de silencio negativo que contemplan los artículos 11.3 y 4 TRLSRU deben añadirse los del párrafo segundo del artículo 24.1 LPACAP, en particular el relativo a que la actividad para la que se solicita autorización pueda dañar el medio ambiente.

O sea, no puede postularse el silencio positivo si la licencia se ajusta a las normas urbanísticas, y orillar la cuestión de su impacto ambiental.

Por otro lado, sobre el sentido del silencio administrativo, parte la sentencia de la sala tercera de recordar que “El citado artículo 11.3 TRLSRU establece el sentido negativo del silencio administrativo para la adquisición de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. También, según el apartado b) del número 4 del mismo artículo, a las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta, supuesto de silencio negativo que, en interpretación de la STC 143/2017, es constitucional «solamente cuando las actividades y usos urbanísticos cuya autorización se solicita se lleven a cabo en suelo rural cuya transformación urbanística no esté prevista o permitida» (FJ 23).”

Consideraba la sentencia de la sala territorial recurrida que no operaba el silencio negativo porque no había daño ambiental desde el momento que constaba que la instalación contaba con expresa autorización ambiental autonómica.  Sin embargo, la Sala tercera del Tribunal Supremo rechaza esta alegación por anteponer “el carro a los caballos” ya que

De acuerdo con el artículo 24.1 LPACAP, el silencio negativo es de aplicación general a todas las actividades potencialmente lesivas para el medio ambiente, al margen de que su impacto pueda ser corregido, minimizado o compensado de alguna forma. En consecuencia, dilucidar si dicha norma es aplicable no requiere en la inmensa mayoría de los casos sino atender al contenido de la autorización solicitada en cuanto a la índole de la actividad a desarrollar y las condiciones del espacio físico que ha de soportarla. Una cuestión es el examen de legalidad de la licencia, que implica valorar su acomodación a las normas del planeamiento urbanístico, que en este caso no podía apreciarse desde un primer momento al depender del informe favorable de la Consejería, y otra distinta la mera posibilidad de que se originen daños al medio natural, hecho que podría apreciarse desde el primer momento en función de la obra que exige la implantación de la línea eléctrica y las reconocidas condiciones ambientales del suelo afectado.

Y en consecuencia fija la siguiente doctrina casacional:

Así pues, la cuestión casacional que se nos planteaba en primer lugar debe resolverse diciendo que una solicitud de licencia para extender una línea eléctrica en terrenos en situación de suelo rural especialmente protegido implica autorizar una actividad susceptible de provocar daños en el medio ambiente y, por eso, el sentido del silencio debe ser negativo aunque se ajuste a las disposiciones urbanísticas.

Subrayaremos la novedad de perspectiva de esta importante sentencia.

La sala tercera del Tribunal Supremo hace pivotar el juego del silencio negativo sobre el dato empírico, fáctico o jurídico: la existencia o no de objetiva potencialidad de daños medioambientales. No debe analizarse para verificar si se ha producido o no el silencio negativo, el si jurídicamente se había contado con informes o autorizaciones, pues cuando se enjuicia el valor del silencio la única referencia idónea es la apreciación fáctica del impacto de la licencia, y no si cuenta o no con sus requisitos jurídicos.

Tomemos nota los administrativistas y especialmente los entes locales.

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