Algunos de sus dardos:

Sobre el Modelo de desarrollo:

…no estamos leyendo en profundidad lo que está pasando en el mundo y en Chile. Seguimos mirando los grandes parámetros macroeconómicos. Y los vemos todos sanos. ¡Pero veamos los indicadores de desarrollo humano del PNUD! ¡Ahí la cosa cambia! Se ve que existe a nivel de la población chilena una enorme sensación de inseguridad, un malestar interior: no sé si podré asegurar mi salud cuando esté viejo, no sé si podré educar a mis hijos, no sé si puedo estar en mi casa tranquilo sin que me asalten… Pura inseguridad.

Sobre Piñera y el populismo de su gobierno:

… en estricto rigor éste es el gobierno de los empresarios, pero no puede ser sólo el gobierno de los empresarios: tiene que mostrar una cara populista.Piñera no puede gobernar exitosamente con lógica neoliberal, porque el modelo tocó techo. Para mantenerse en el gobierno tiene que ser populista, no tiene otra, porque la mayoría de Chile está con este “malestar interior”. Y como no hay izquierda, el voto popular se puso mutante…

Sobre el Bicentenario:

O bien celebramos un cumpleaños o bien hacemos un balance de vida. Son dos cosas distintas. Podemos celebrar el cumpleaños 200 de la Independencia, que es probablemente lo que predominará. Pero otra cosa es un balance de lo que hemos hecho o dejado de hacer y que nos tiene con este malestar interior. Esa evaluación no se está haciendo.

Sobre MEO:

Lo escuché mucho en la campaña y me pareció un tipo que no tenía claras sus ideas, que tenía una confusión total. Lo que pasa es que es joven, hijo de Miguel Enríquez, un poco patudo, un poco farandulero… de todo un poco. Encarnó la expectativa del voto mutante, porque la política se expresa a través de la imagen: la imagen de simpatía de la Bachelet, la imagen del cambio de este otro… él era la imagen de la juventud, de la gente nueva, pero ME-O en sí no tiene peso: no sabe dónde está parado.

Sobre los partidos políticos de centro e “izquierda”:

El PS, el PPD y la DC son de hecho neoliberales. Incluso en el discurso: no recuerdan para nada su pasado socialistón. Ni se acuerdan de los mapuches, de los pingüinos ni de los subcontratados. El Partido Comunista luchó para estar en el Parlamento. Y ahora lo logró: está ahí. Entró a la misma lógica del Estado pinochetista, igual que la Concertación. ¡Y ahora están planeando hasta un candidato único el 2014! No hay ninguna alternativa…

Ve, eso es un intelectual crítico de izquierda. Salud y larga vida al profesor Salazar!

La heroica gesta de los 33 mineros atrapados en la mina San José ha logrado unir y conmover a un país que, a las puertas de su Bicentenario, expresa una serie de conflictos (desde la movilización ambiental a la lucha de los trabajadores estatales; pasando por la movilización de los secundarios y la resistencia de los presos políticos mapuches) que han abierto un espacio para que muchos ciudadanos retomen la práctica de la protesta y la movilización.

Sin embargo, más allá de los incipientes debates sobre las condiciones de trabajo en la mediana minería y algún proyecto de ley para retocar los estatutos sobre seguridad laboral, la cuestión del trabajo, el empleo y las relaciones laborales sigue siendo una deuda histórica.

El retraso en legislación laboral, donde principios tan fundamentales como la negociación colectiva son ignorados, es un proceso persistente que se ha sostenido sobre un discurso que a la vez que proclama la celosa y celada -aunque falaz- escisión entre Estado y mercado; mientras en su práctica reproduce con enorme efectividad y fuerza de un circuito extrainstitucional del poder, que en base a la amenaza empresarial del estancamiento del crecimiento, el desempleo y la pérdida de competitividad, ha corrido un tupido velo en uno los factores centrales que generan los actuales y vergonzosos niveles de desigualdad.

La precarización de toda la estructura de relaciones laborales es uno de los principales factores que, como señala el sociólogo francés Robert Castel,  procesos políticos han tendido a convertir tanto la pérdida de certezas como el aumento de la sensación de inseguridad en elementos centrales y definitorios del orden social.

Esta creciente pérdida de certezas va acompañada de un proceso de empobrecimiento de los sectores populares, en tanto los salarios se mantiene bajos, mientras se alienta el consumo mediante la capacidad de endeudamiento, generado así más consumo en base a más deuda (como referencia el quintil más bajo de ingresos, de acuerdo a la encuesta Casen, está dedicando más del 60% de sus ingresos a servicios de deudas), y un “desafiliamiento” de las capas medias que ven un deterioro en esas relaciones (educación, trabajo, cultura), discursos y significaciones que los definían como un actor “distinto”. Todo debido a las transformaciones en las relacione laborales y las estructuras productivas, y de esa ambigua movilidad social descendente que se camufla en la capacidad de endeudamiento.

La precarización y la incertidumbre se encuentran en el seno de las actuales relaciones laborales en Chile. Terreno fértil para la competencia indiscriminada y la flexibilización laboral. Un sistema socio-laboral con pocas certezas y garantías, y regido por el discurso de las capacidades personales, ha implicado una profundización de la individualización, tendiendo a  dejar de lado toda opción colectiva de seguridad que se expresa, por ejemplo, en que la tasa de sindicalización llega apenas al 11% del total de los trabajadores.

Si no queremos que el caso de los mineros se convierta un mero “reality del dolor”, volviéndolo un mero “suceso”, y minimizando así lo que podría ser un punto de inflexión en el debate laboral en Chile, se hace necesario tanto recuperar un discurso sobre la dimensión  política del trabajo -hasta ahora apropiado por economistas y técnicos- que implique tanto la demanda de generación de garantías para el mundo del trabajo, como la ampliación de las capacidades y cobertura de la protección social.

En un gobierno en que la lógica del Estado alcanza un grado mayor de fusión con la lógica de empresa, y donde podríamos pensar que ya no habría circuito extrainstitucional (que habría expresado el antagonismos entre “razón progresista” y “razón empresaria”), sino institucionalización en el aparato del Estado de la lógica y las prácticas del poder empresario, la lucha por los derechos sociales, y especialmente los del trabajo, pueden volver a dar consistencia política al progresismo.

Esta sumatoria de factores ha devenido en una creciente inseguridad social, marcada por los temores de la vulnerabilidad social y económica.  Es por eso que se hace indispensable luchar por el trabajo (al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, etc.), sin perder de vista las transformaciones que han tenido la economía y la producción. No sólo una lucha contra la precarización de la calidad de vida, sino que abriendo el espacio para complejizar la lectura política sobre otras dimensiones como la ambiental, que implica no solo una queja por la insustentabilidad de las políticas energéticas, sino además un descontento respecto a la mercantilización del medio ambiente como bien público.

Lo que estamos haciendo es una locura, hemos, en los últimos 10 años, básicamente crecido en nuestras fuentes de energía en base a carbón. Yo me voy a oponer a todas las plantas termoeléctricas que atenten gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de vida.(…) Yo voy a promover las energías limpias y voy a ser muy riguroso, muy exigente, con proyectos termoeléctricos contaminantes como han habido ya más de la cuenta en nuestro país.

Hoy, 15 de sus representantes directos en la COREMA de la Región de Coquimbo votaron a favor del proyecto Barrancones de la multinacional energética Suez, ¿cómo saldrá de esta Presidente?.
Audio acá:

Audio PIÑERA CONTRA TERMOELECTRICAS by icheuquelaf

Vaya nuestro homenaje al saber obrero de los mineros quienes con la astucia que sólo da la experiencia y la vida al interior de la mina supieron contarles al mundo que seguían vivos, aguantando, resistiendo, homenaje que ya escribió Simone Weil en 1932:

“Se puede imaginar que en esas tinieblas, donde la luz no es más que un instrumento de trabajo, debe despertarse una conciencia más lúcida que en otras partes de la condición del trabajador, de su fuerza, de su dignidad ignorada, de la fraternidad que une a los trabajadores frente a todo lo que beneficia el trabajo; se puede imaginar que debe florecer ahí una camaradería heroica, nacida de la solidaridad ante el esfuerzo y el riesgo. Existe grandeza en todos los sufrimientos que tienen la mina por escenario.” (Simone Weil, Tras la visita a una mina. Escritos históricos y políticos. 2007. Ed. Trotta p. 67).

Sin embargo, quisiera sugerir que la sentencia debiera ser objeto de una valoración matizada que tome en cuenta el rol que los tribunales deben tener en el proceso político, tanto en términos de guiar el proceso como en cuanto a su capacidad de definir los términos de la discusión. Por esto, debiéramos valorar la entrega de la determinación de las tablas de riesgo al proceso legislativo; así como debiéramos valorar la declaración por parte del Tribunal Constitucional de unos derechos sociales que hasta el 5 de agosto no formaban parte del discurso constitucional chileno.

El primer aspecto a considerar es la entrega del Tribunal de la determinación de los límites legales de las tablas de riesgo al legislador, en lugar de haber resuelto por sí mismo el asunto. El Tribunal determinó en su sentencia que “la determinación de la estructura de las tablas de factores y la fijación de los factores de cada una de ellas deberán ajustarse a lo que establezcan, en uso de sus facultades, los órganos colegisladores para dar cumplimiento a lo resuelto en este fallo” (Considerando 163º).

Con esto, el Tribunal optó por no resolver el asunto sino abrir paso al proceso deliberativo y democrático expresado en la tramitación de un proyecto de ley. Esta estrategia es consistente con aquellas teorías constitucionales que observan el déficit democrático o dificultad contra-mayoritaria de la toma de importantes decisiones de política pública por parte de tribunales carentes de legitimidad democrática; o de una composición representativa de las diversas sensibilidades políticas de una sociedad. En ese sentido, la decisión del Tribunal corresponde a lo que Cass Sunstein ha denominado minimalismo; es decir, la capacidad de decidir lo menos posible, dejando el máximo para el proceso político.

Esto no significa que el Tribunal renuncie con ello a intervenir en el proceso. Es más, quizás le permita influir de una manera más efectiva al darle la posibilidad de definir los términos de la discusión y las preguntas que el proceso político deberá responder.

Es por esto que se vuelve de sumo interés el hecho de que esta decisión constituye el primer proceso significativo de adjudicación constitucional en que el gobierno de Sebastián Piñera ha tomado parte. Según la Constitución, las leyes que regulen el ejercicio del derecho a la seguridad social serán de quórum calificado; su tramitación sólo podrá iniciarse mediante la presentación de un proyecto por parte del Presidente; y no podrán ser objeto de delegación para que el Ejecutivo las reglamente a través de Decretos con Fuerza de Ley. En otras palabras, la iniciativa corresponde al Presidente, pero éste no podrá saltarse la participación del Congreso y además deberá obtener una mayoría de lo senadores y diputados en ejercicio para legislar al respecto.

¿Qué podemos esperar por parte del eventual proyecto de ley del Ejecutivo? La propia participación de la Presidencia en el proceso de adjudicación constitucional en discusión nos permite saber qué perspectiva adoptará. Según la sentencia del Tribunal, en esta instancia el Ejecutivo afirmó que “buscar una igualdad absoluta, independientemente del sexo o de la edad de las personas, sería prudente sólo respecto de materias como la dignidad o dentro de lo que el mismo Presidente de la República denomina como un ‘mínimo ético común’.” En una “sociedad democrática fundada en la iniciativa individual y en un Estado subsidiario”, afirmó la Presidencia, sería imposible desconocer “las particularidades de cada individuo, las cuales, sin duda, pueden surgir de su sexo o de su edad”. Estas afirmaciones, ciertamente, son preocupantes para quienes adopten la perspectiva de la expansión de garantías sociales a como una forma de crear una sociedad más igualitaria y digna y debieran alertar a los parlamentarios que se identifiquen con esta visión.

La mención del Estado subsidiario por parte de la Presidencia nos remite al segundo aspecto en cuestión: la reformulación de la discusión sobre derechos en el plano del discurso constitucional chileno. Tras tres décadas en que aquel ha hablado de la subsidiariedad del Estado como una clave para hablar de la disminución del Estado, el Tribunal Constitucional por primera vez ha introducido en la discusión la noción de derechos sociales.

Es necesario contextualizar este asunto para apreciar en toda su magnitud la novedad de esta declaración. El Considerando 90º de la sentencia invoca una serie de clasificaciones de los derechos contenidos en la Constitución (igualdades y libertades; garantías y derechos; derechos políticos, económicos, sociales, y culturales; derechos subjetivos y derechos integrantes del orden constitucional objetivo; derechos fundamentales y derechos patrimoniales), sin mencionar la única clasificación de la cual se puede decir que efectivamente estructura la arquitectura de derechos constitucionales contenida en el Artículo 19 de la Constitución. Me refiero a la distinción que Jaime Guzmán hacía entre derechos propiamente tales y derechos por extensión o por analogía (es decir, derechos y no-derechos).

Según Guzmán, tal como podemos leer en los apuntes de sus clases publicados por Gonzalo Rojas, los derechos propiamente tales son aquellos cuya vigencia depende de la remoción de un obstáculo por parte del juez, mientras que los derechos por extensión o analogía dependen del desembolso de recursos por parte del Estado. Así, el derecho de propiedad o la libertad de empresa corresponden a los primeros, mientras que el derecho al trabajo y el derecho a la educación –es decir, los llamados derechos sociales– corresponden a los segundos. Esta distinción está recogida en el Artículo 20 de la Constitución, que entrega la protección del recurso de protección a la primera categoría de derechos mientras que se la niega a los segundos.

No diré que esta distinción es falsa (porque, mal que mal, ¿quién es uno para andar por ahí diciendo cuáles cosas son falsas y cuáles no?). Pero sí al menos que es fácilmente deconstruible desde el momento que la vigencia efectiva del más individualista derecho de propiedad, como nos lo recordaron los saqueos post-terremoto, dependen de la presencia del aparato estatal y por lo tanto de un despliegue de sus recursos. La distinción de Guzmán apunta más bien a otra cosa: a reducir el tamaño del Estado-Administración, el cual el constitucionalismo chileno considera, junto con Reagan, parte del problema antes que de la solución. Expresión de esto ha sido la noción de la subsidiariedad del Estado, extraída de la filosofía católica y que Guzmán y sus seguidores han reinterpretado como una afirmación de la primacía casi insuperable de la sociedad civil –esto es, de las fuerzas del mercado– por sobre toda acción reguladora o directamente interventora del Estado.

En lugar de este discurso de derechos por extensión y del Estado subsidiario, el Tribunal invocó repetidamente en su sentencia la noción de “los principales derechos sociales que la Constitución asegura a todas las personas”, los cuales reciben su configuración “a partir de la posibilidad de acceder a una determinada prestación” (Considerando 114º). El Tribunal nos recuerda que para garantizar “el acceso a dichas prestaciones”, la Constitución le asigna “roles al Estado y a los particulares”, cosa que el constitucionalismo de raíz guzmaniana tiende a olvidar constantemente. Aún más, el Tribunal declaró que “de la vigencia de los números 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 ter citado, se desprende una situación contraria a los principios de solidaridad y de equidad que informan no sólo la seguridad social, sino todo el conjunto de derechos fundamentales sociales garantizados en nuestra Constitución, lo que exige de esta Magistratura declararlos como contrarios a ella” (Considerando 161º).

Lo cierto es que, hasta la publicación de esta sentencia, habría sido muy difícil hablar con propiedad del “conjunto de derechos fundamentales sociales garantizados en nuestra Constitución” ya que caben serias dudas de si nuestra Constitución garantiza algún conjunto de derechos fundamentales sociales. El Tribunal, desde luego, tiene la autoridad interpretativa para hacer realidad esta interpretación operando no sólo sobre la interpretación constitucional, sino también sobre el discurso público. Esto crea la oportunidad para los sectores progresistas de estructurar el debate público y la discusión legislativa a la luz de esta declaración del Tribunal Constitucional. Si bien es de esperar que el Ejecutivo insista en apelar al Estado subsidiario, depende de los sectores progresistas no dejar pasar la oportunidad discursiva y por lo tanto política que el Tribunal les ha abierto.

En esta sentencia el Tribunal se apartó del sentido con que había usado su potestad para declarar preceptos legales inconstitucionales, eliminándolos del sistema jurídico. Sólo en tres ocasiones había ejercido esta atribución, en una de ellas a petición de diversos contribuyentes para eliminar los jueces tributarios de primera instancia dependientes del Servicio de Impuestos Internos; y en otra, a petición del Colegio de Abogados para librar a los abogados de la obligación de entregar atención profesional gratuita a quienes no pudieran contratar un abogado. El sentido de “clase” de estos pronunciamientos del Tribunal parecieran confirmar la tesis enarbolada por Eduardo Novoa en los años 60’ en el sentido de que la administración de justicia en Chile favorece únicamente a los sectores más acomodados.

En esta oportunidad, sin embargo, el Tribunal cuestionó un asunto –la tabla de riesgo– que perjudica directamente a los sectores más vulnerables económicamente de entre los contribuyentes de las Isapres, lo cual merece al menos una mínima valoración por nuestra parte.

En resumidas cuentas, el Tribunal Constitucional no le solucionó los problemas a los usuarios del sistema de Isapres. Sin embargo, no es ése su rol. Y si el Tribunal entendiera que su papel es zanjar los problemas públicos mediante sus sentencias, minaría su propio prestigio y por lo tanto su capacidad de influenciar. El Tribunal sí dio inicio a un debate político y legislativo, y le dio como marco la noción de derechos fundamentales sociales; dos contribuciones que debieran ser bienvenidas por quienes creen al mismo tiempo en la importancia del proceso político democrático y en la necesidad de avanzar hacia una sociedad de garantías, más igualitaria y digna.

Mas allá de los entreveros sobre las causas y cuestiones de la pobreza que han resonado estos días, o las acertadas declaraciones de Michelle Bachelet acerca de priorizar de la vulnerabilidad social y la promoción del empleo en los sectores postergados como tarea primordial, fenómenos tan dispares como la radicalización de las posiciones más proclives a la represión respecto al conflicto mapuche, la propuesta de reforma del período post-natal “flexible y renunciable”, y los datos reveladores de la CASEN, nos muestran no sólo las fallas estructurales (del modelo) de un “país líder” profundamente injusto, que no ha logrado (siquiera Concertación mediante) ni frenar la pobreza ni promover la igualdad; sino que -y sobre todo- pueden estar expresándose como síntoma de una creciente banalización de la precarización de nuestras vidas como ciudadanos.

La banalización de la precarización ocurre cuando los procesos de reducción de derechos, criminalización, exclusión y desigualdad que sostienen un modelo de crecimiento y distribución de la riqueza empiezan a operar de forma sostenida en el tiempo, de forma tal que sus efectos y sus resultados se tornan irrelevantes o tolerables. Así también cuando estos procesos se tienden a constituir como parte central del discurso y la práctica de un determinado orden social.  Produciendo un estado de inseguridad e incertidumbre sostenida, que empieza a parecer cada vez menos problemática, menos política y menos discutible. En algunos casos es planteada como inevitable; en otros, los peores, como irrelevante.

La generación de situaciones de precariedad ya no se limita entonces a explicar las situaciones y problemáticas de determinados sectores socioeconómicos, o a  “estados de excepción” como pueden ser en nuestra historia inmediata el terremoto de febrero; sino que estos procesos se enquistan en la lógica misma de la producción de lo social. Así, la lógica de la precariedad ya no opera en ámbitos específicos (como la pobreza) ni sobre relaciones determinadas (como el trabajo), sino que tiende cada vez más a sistematizar y definir la totalidad de las relaciones sociales concretas y cotidianas.

Es preocupante el hecho de que muchas de las cuestiones relacionadas con estos procesos hayan tendido a ser obviadas en los debates políticos y ámbitos de decisión, tornándolas en lamentables -aunque inquebrantables- reglas del sistema, desproblematizando sus resultados, naturalizándolos, volviendo así banales las violentas y trágicas consecuencias que conllevan. O, peor aún, considerándolas como una más de las variables de ajuste de la implementación de la gestión pública.

Quizás el punto de inflexión para lograr politizar estas cuestiones sean los debates que se podrían abrir a partir de un análisis abierto y en profundidad de los complejos resultados de la CASEN, y con vistas al panorama político planteado en la última encuesta CEP.

Si bien la CASEN es una instrumento para medir el nivel de “pobreza de ingresos”, dejando fuera  un enorme número de dimensiones que refieren a la precarización de las condiciones de vida, es innegable que  las cifras que aparecieron esta semana generaron un nuevo escenario político. Uno donde la pobreza aumentó del 13,7 % el 2006 al 15,1% el 2009, revelando la insuficiencia de los sistemas de seguridad y protección social; y la desigual relación entre crecimiento,  generación de empleos y  mejoras salariales. Se expuso una vez más las falacias y limitaciones de la utopía liberal, que tanto permeo la discursiva progresista, sobre la superación de la pobreza en base a la redistribución sobre el crecimiento económico y la fuerzas del mercado.

¿Cuánta potencia democrática se desataría si la cuestión sobre la relación entre estado, mercado y pobreza se comprendiera como una lucha contra la precarización de la vida? ¿Cuántas demandas populares podrían organizarse como una enorme usina política capaz ya no solo de plantear la cuestión del rol del Estado, sino realizando una profunda critica al modelo socioeconómico? Es un desafío central poner estas cuestiones en el programa político progresista, así como también es un desafío inmediato generar las fuerzas y voluntades desde la oposición para defender las conquistas en lo referente a protección y seguridad social que realizó al Concertación.

Quizás a partir de estas cifras, y comprendiendo la magnitud de las consecuencias humanas que implican, se abra la posibilidad de poner abiertamente en cuestión estas prácticas que, atravesando todo el espectro de las prácticas sociales, ponen de manifiesto la necesidad estructural de justicia social que requiere el actual modelo socioeconómico.

Me alegró ver que Urriola trajo también a colación la oposición a vender remedios que no requieren receta médica en supermercados. Dada la actitud… digamos…  gangsteril, por usar una palabra, que han demostrado las farmacias, parece bien insólito tomar partido por ellas en este tema. Esta claro que la pérdida de un oligopolio – las farmacias – va en beneficio de otro – los supermercados. Pero hasta ahora no he visto ningún argumento convincente que contradiga la idea de que la competencia de los supermercados beneficiará a los consumidores. A menos que uno sea suficientemente ingenuo como para pensar que el químico farmacéutico de la farmacia, y cuyo sueldo depende de su volumen de venta, tiene los mejores intereses económicos o la salud del cliente en mente.

Pero Urriola también identifica un tema que parece importante:

El Presidente anuncia que se redujo de 360.000 a 180.000 la lista de espera Auge. Esto podría ser una muy buena noticia y da cuenta de que el AUGE puede cumplirse. Lo que no queda claro es cómo se hizo este “milagro administrativo”. Con justa razón varios voceros del consolidado y masivo Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública sospecharon de este logro. Las razones son varias. Una, en la página web del Fonasa ayer 5 de agosto se comunicaba que “Uriarte dio a conocer que al 30 de junio el stock de garantías retrasadas desde el 1 de julio de 2005 era de 246.742 casos”. Como puede verse las cifras del Presidente y las del Director de Fonasa difieren con creces.

¿Puede ser cierto esto? Si es así,  esto implica que el Presidente mintió o se equivoco en su anuncio, o que el director de Fonasa no parece tener muy claras las cosa en el servicio que dirige. Este parece un trabajo para un periodista con buen instinto de investigador. Y no parece demasiado complicado de averigüar.

Vamos, prensa, que se puede.