A principios de esta semana, el Gobierno del Reino Unido prohibió el ingreso al país de los comentaristas políticos de izquierda Hasan Piker y Cenk Uygur, quienes tenían varios eventos programados allí. El Ministerio del Interior dijo que sus permisos de viaje habían sido cancelados “por considerarse que su presencia en el Reino Unido podría no ser favorable para el bien público”. Piker y Uygur, quienes son parientes, son abiertamente críticos hacia Israel. Y, si bien el Gobierno no dio un motivo concreto para prohibirles el ingreso, algunos legisladores y grupos pro-israelíes los habían acusado de promover el antisemitismo, algo que ellos niegan.

“Considero que lo que hizo el Gobierno del Reino Unido es objetable. Me parece repugnante. También me parece aterrador”, afirma Piker. “Creo que es una señal de que […] el mundo occidental está yendo por un camino muy diferente; me atrevo a decir, fascista”.

Además, Piker habla de su reciente participación en una misión humanitaria a Cuba, por la que estaría siendo investigado por el Gobierno de Trump, y de su apoyo a las candidaturas progresistas y antibelicistas en las elecciones de mitad de período de este año: “No tenemos mucho tiempo. El fascismo está aquí”, enfatiza.

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Hablamos con el Dr. Adam Hamawy, el excirujano del Ejército de Estados Unidos que acaba de ganar la candidatura del Partido Demócrata para el escaño del 12º distrito congresual de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ahora es el gran favorito para ganar la representación de este distrito de tendencia demócrata en las elecciones de noviembre. De ser elegido, se convertiría en el primer miembro musulmán de Nueva Jersey que llega al Congreso. Hamawy defiende abiertamente los derechos del pueblo palestino y, durante la ofensiva genocida de Israel contra Gaza, viajó al territorio como médico voluntario. En su campaña, contó con el respaldo de destacadas figuras progresistas como el senador Bernie Sanders y la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez, así como de la senadora de Illinois Tammy Duckworth, quien atribuye a Hamawy el haberle salvado la vida cuando su helicóptero fue derribado en Irak en 2004.

“Mi campaña se basó en algo muy simple: que deberíamos invertir en atención médica, no en bombas”, dice Hamawy, quien reafirma sus críticas al presupuesto de un billón de dólares que tiene el Pentágono. “Necesitamos invertir algo de ese dinero aquí en casa para restaurar nuestro país, para financiar políticas de atención médica universal como Medicare para Todos, para financiar la universidad pública gratuita, para reconstruir nuestras carreteras y puentes, para abordar la crisis de vivienda”.

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Hace cinco meses, el Gobierno de Trump lanzó un bloqueo energético contra Cuba, que se suma al bloqueo económico vigente hace más de seis décadas, el más largo en la historia de Estados Unidos. La ampliación de las sanciones impuestas por Estados Unidos ha exacerbado la crisis económica que se vive en la isla y ha obligado a la población cubana a lidiar con cortes de luz, inflación y escasez de productos básicos.

“La situación allí es grave”, dice la historiadora cubana estadounidense Ada Ferrer. “Ha sido grave durante bastante tiempo y en los últimos cinco meses ha ido empeorando cada vez más”.

Si bien reconoce los efectos devastadores provocados por el bloqueo estadounidense en la isla, Ferrer señala que la prioridad del Gobierno cubano “no es el bienestar del pueblo cubano”. En ese sentido, señala que a pesar del deterioro actual del turismo, Cuba continúa invirtiendo en ese sector, e “ignora otros rubros de la economía, como la agricultura, la educación y la salud, que están en un terrible declive”.

Ferrer también habla sobre su nuevo libro, titulado “Keeper of My Kin: Memoir of an Immigrant Daughter” (Guardiana de mi estirpe. Memorias de una hija de inmigrantes).

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El exjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Gregory Bovino estuvo a cargo de los operativos represivos militarizados de control migratorio que el Gobierno de Trump llevó a cabo en Chicago, Los Ángeles y Mineápolis. Bovino fue destituido de su cargo en enero de 2026 tras la muerte del enfermero Axel Pretti en Mineápolis a manos de agentes de inmigración que estaban bajo su mando.

Nos acompaña Amanda Moore, reportera especializada en extremismo de ultraderecha y violencia ejercida desde el Estado. Moore pasó meses siguiendo a Bovino y cubriendo sus operativos represivos de control migratorio en Estados Unidos para la revista Mother Jones y otros medios. “[La Patrulla Fronteriza] nos disparaba con balas de goma desde los tejados cercanos a los centros de detención”, cuenta Moore.

También hablamos del tema con el periodista Charles R. Davis, quien reflexiona sobre otras figuras de derecha del Gobierno de Trump.

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El sábado 30 de mayo, cientos de activistas de extrema derecha se congregaron en Portugal para la “Cumbre de Remigración”, un evento anual que aboga por la deportación masiva de inmigrantes. El exdirector de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Gregory Bovino y el líder del nacionalismo blanco estadounidense Jared Taylor participaron de la cumbre como invitados VIP junto a funcionarios elegidos democráticamente de los partidos de extrema derecha de Alemania y España. En una entrevista previa al evento, Bovino citó al principal general de la Alemania nazi Erwin Rommel como una figura inspiradora.

“La remigración es básicamente una medida política que surge como respuesta a la teoría conspirativa del 'gran reemplazo'”, sostiene el periodista Charles R. Davis, quien se comunica con Democracy Now! desde Viena, Austria. Davis explica que la teoría del “gran reemplazo” dice que existe un “complot de una élite global, generalmente impulsada por los judíos”, para reemplazar a la gente blanca de Europa y América del Norte con inmigrantes. “Es un argumento para promover las deportaciones masivas”, no solo de inmigrantes recién llegados, sino de “aquellos a quienes se les permitió entrar en los últimos cien años y que no eran realmente, como ellos lo ven, europeos o estadounidenses”, señala Davis. “Básicamente, es algo que surge de la ideología nazi”.

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En Newark, Nueva Jersey, cientos de inmigrantes detenidos en la cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conocida como Delaney Hall sostienen una huelga de hambre y de trabajo hace casi dos semanas. Están protestando contra las condiciones en las que se encuentran recluidos, que incluyen hacinamiento, atención médica inadecuada y comida en mal estado, a veces con gusanos. Además, los detenidos se ven forzados a trabajar por alrededor de un dólar por día. Según se informa, los guardias de Delaney Hall habrían golpeado a huelguistas y suspendido las visitas familiares temporalmente como represalia contra la protesta. La principal demanda de los detenidos es ser liberados de la cárcel del ICE y que se dé prioridad en la liberación a las personas más vulnerables.

Familiares de los detenidos junto con defensores de los derechos migratorios y activistas contra el accionar represivo del ICE, vienen realizando manifestaciones afuera de Delaney Hall desde que comenzó la huelga de hambre. María Taracena de Democracy Now! estuvo el martes 2 de junio afuera de este centro de detención y habló con un detenido que acababa de ser liberado, una dirigente comunitaria, una abogado y familiares que estaban esperando para visitar a sus seres queridos que se encuentran dentro de la cárcel del ICE.

La policía ha levantado barricadas alrededor de Delaney Hall a casi un kilómetro de la entrada de la cárcel, “lo que hace cada vez más difícil visitar a quienes están en huelga de trabajo y de hambre”, dice Natalie, una organizadora de asistencia mutua de Eyes on ICE. “Estaba tratando de ver a mi padre. Lo ingresaron recientemente”, cuenta la hija de un hombre que está detenido en Delaney Hall y añade que le está resultando difícil encontrar apoyo jurídico para su padre. “No merece ser llevado a otro país cuando pertenece a este”.

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Continuamos con nuestra cobertura de las consecuencias de la desestimación de la imputación federal contra “los 6 de Broadview”. Se trata de seis personas que, en septiembre de 2025, participaron de una manifestación frente a la cárcel para inmigrantes de Broadview en Chicago y luego fueron acusadas de conspirar para obstaculizar el trabajo de un agente federal, a pesar de que gran parte del grupo no se conocía entre sí antes de comparecer ante el tribunal. “No me enteré de que estaba imputada hasta un mes después de que sucediera”, cuenta Kat Abughazaleh, quien no fue arrestada en la manifestación sino semanas después, cuando se postulaba para un escaño en el Congreso de Estados Unidos. Por su parte, Michael Rabbitt, miembro en representación del Partido Demócrata en un comité de distrito de Chicago, dice que cuando recibió un mensaje de texto que le informaba que tenía una orden de arresto, “en realidad pensé que era una estafa. Honestamente, no pensé que fuera real”.

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Crecen los pedidos de renuncia para el fiscal federal interino del distrito de Chicago, Andrew Boutros, por el modo en que manejó el caso de “los 6 de Broadview”, en el que seis personas fueron imputadas con delitos federales por protestar frente a la cárcel de Broadview del ICE en Chicago, en septiembre de 2025. Recientemente, tras el derrumbe del caso en el tribunal debido a la mala praxis generalizada de la fiscalía, se desestimaron los cargos contra los cuatro activistas de “los 6 de Broadview” que aún estaban imputados. “Este Departamento de Justicia ha corrompido completamente el funcionamiento del gran jurado”, señala el abogado Chris Parente, quien representó a uno de “los 6 de Broadview. “Cuando deciden que quieren obtener una imputación que sirva a sus intereses políticos, harán lo que sea necesario, incluso si implica actuar de una manera poco ética”.

Parente, quien también se ha desempeñado en el pasado como fiscal federal, dice que éste fue un juicio tergiversado en gran medida por los fiscales federales, que forzaron una imputación a pesar de que, inicialmente, el gran jurado había votado en contra. Y añade que “peor aún” fue el posterior encubrimiento por parte del fiscal federal del distrito de Chicago de la conducta de los fiscales a su cargo, ya que se negó durante meses a publicar las transcripciones del gran jurado y luego hubo páginas completas que entregó editadas o no entregó a la jueza hasta que, finalmente, ella ordenó que las entregaran completas. “Como ex fiscal federal puedo decir que su trabajo no es ganar ningún caso. Es hacer lo correcto. Y nunca he visto un caso como este, donde desde el inicio hicieron lo incorrecto en cada paso”.

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El presidente Donald Trump ha realizado “otro nombramiento profundamente alarmante” al designar a Bill Pulte, uno de sus grandes donantes de campaña, como reemplazante de la excongresista Tulsi Gabbard en la dirección de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, cargo del principal jefe de espionaje del país, que reporta directamente al presidente. Pulte “no es alguien que tenga la experiencia necesaria para este puesto increíblemente importante”, dice Matt Platkin, ex fiscal general de Nueva Jersey. Se ha anunciado que Pulte también seguirá ocupando sus otros puestos de alto nivel como presidente de la Asociación Hipotecaria Nacional Federal (conocida como Fannie Mae), presidente de la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para Viviendas (conocida como Freddie Mac) y director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, donde lo han acusado de abusar de su poder para perseguir judicialmente a enemigos de Trump por cuestiones políticas.

También nos acompaña Nancy Gertner, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard y jueza federal jubilada, para hablar acerca de las acciones judiciales emprendidas contra la campaña de deportación masiva de Trump y, en particular, contra los abusos generalizados cometidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Ahora se está trabajando para que los tribunales se pongan al día con las denuncias contra esos abusos, y lo están haciendo. Se necesitará nueva legislación para que esto sea aún más claro”, dice Gertner.

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Frente a la oposición bipartidista generalizada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la cancelación permanente de sus planes de crear el fondo de 1.776 millones de dólares “contra la instrumentalización del poder judicial”. Desde diferentes sectores se calificó esto como un “fondo reservado ilícito” ideado para recompensar a partidarios del presidente Donald Trump, incluidos quienes atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Dicho fondo se había anunciado en mayo como parte de un acuerdo para resolver una demanda judicial presentada por Trump a nivel personal contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales. Recientemente, se reabrió la investigación judicial sobre este caso tras una moción presentada por decenas de ex jueces y juezas federales en la que alegan que Trump actuó de manera “conspirativa”. Nancy Gertner, una de las juezas firmantes de la moción, explica que “lo que sucedió en este caso fue, básicamente, que Trump se estaba demandando a sí mismo. No había duda de que Trump estaba en ambos lados del caso.” Por su parte, el abogado Matt Platkin, quien representa a Gertner y sus colegas jueces, señala: “Es ilegal que un presidente solicite que se abra o cierre cualquier auditoría del IRS. Es un delito federal”.

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Nos acompaña el periodista, académico y escritor Steven Thrasher para hablar sobre su nuevo libro, “The Overseer Class” (La clase de los capataces), en el que explora cómo miembros de grupos sociales históricamente marginados llegan a ocupar posiciones de poder dentro de las instituciones en desmedro de un cambio estructural. Thrasher identifica a las personas negras que se desempeñan como agentes de policía como ejemplo destacado de este fenómeno. En momentos en que la opinión pública estadounidense se está volviendo más crítica hacia el accionar de las fuerzas de seguridad, “los policías negros, de alguna manera, contribuyen a dar una mejor imagen a los departamentos de policía, al igual que las mujeres y personas LGBTQ policías”, plantea Thrasher. “Esas son las personas que yo llamo 'capataces', que son quienes detentan poder entre la clase dominante y la clase trabajadora”.

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Los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental han provocado más de 200 muertes. Desde septiembre de 2025, el Pentágono ha atacado más de 60 embarcaciones en base a la acusación, no acompañada de evidencia, de que las embarcaciones estaban involucradas en operaciones de “narcotráfico”. Estos ataques vienen siendo repudiados rotundamente por organizaciones de derechos humanos que los denuncian como ejecuciones extrajudiciales.

“Estados Unidos no está en conflicto activo con ninguno de estos grupos”, señala Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Se trata de operativos de las fuerzas de seguridad […] y las personas a bordo de estos barcos tienen derecho a la vida y al debido proceso”.

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Drones israelíes mataron al menos a ocho personas en el Líbano a pesar del anuncio realizado el lunes 1 de junio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Israel y Hizbulá habían acordado dejar de combatir. Trump intervino en momentos en que Israel estaba amenazando con lanzar nuevos ataques contra los suburbios del sur de Beirut, lo que llevó a Irán a suspender las negociaciones indirectas con Estados Unidos en señal de protesta por la creciente ofensiva militar de Israel en el Líbano donde, desde el 2 de marzo, ha matado a más de 3.400 personas. Israel también se ha apoderado de grandes franjas del territorio del país y ha provocado el desplazamiento de aproximadamente una quinta parte de la población.

El Líbano es “un Estado débil, no tiene mucho poder y la gente está preocupada”, dice el reportero Kareem Chehayeb corresponsal de Associated Press en Beirut. “Sienten que su destino está supeditado a las potencias regionales y globales”.

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La semana pasada, un jurado federal declaró culpables a tres personas acusadas de conspiración por su participación en una manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Spokane, Washington, en junio de 2025, en la que se sentaron frente a un autobús para intentar impedir el traslado de un grupo de inmigrantes detenidos. Ahora, estas personas, conocidas grupalmente como los “tres de Spokane”, están esperando su sentencia y podrían pasar hasta seis años en la cárcel con una condena por conspirar para obstaculizar o herir a oficiales del ICE. Seis de las nueve personas imputadas originalmente aceptaron firmar acuerdos de culpabilidad, pero los “tres de Spokane” decidieron dar la batalla judicial contra las acusaciones en su contra.

“Aceptar un acuerdo de culpabilidad hubiera significado mentir y decir que hice algo que no hice. No agredí a nadie”, dice Bajun Mavalwalla, veterano del ejército de Estados Unidos y uno de los “tres de Spokane”.

“Lo que se está haciendo aquí es dar un alcance realmente grande a la legislación sobre conspiración”, añade el periodista y escritor Aaron Glantz, quien destaca que ningún oficial resultó herido en esa acción de protesta. “Fue una manifestación relativamente pequeña”.

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El presidente Donald Trump ha designado a David Venturella, exfuncionario del ICE y ejecutivo de la empresa privada administradora de prisiones GEO Group, para reemplazar a Todd Lyons al mando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las ganancias de GEO Group aumentaron de 32 millones de dólares, en 2024, a más de 254 millones en 2025, gracias a que el Gobierno de Trump amplió sus contratos gubernamentales con cárceles del ICE en todo el país.

Hablamos con Setareh Ghandehari, directora de incidencia de la organización Detention Watch Network, quien dice que las empresas que administran prisiones privadas tienen una relación “intrincada” con el ICE. “Es realmente una puerta giratoria”, plantea y señala que Venturella trabajó para el ICE durante los Gobiernos de Bush y Obama, luego se fue a GEO Group hasta ser nombrado ahora al frente del organismo por el presidente Trump. “Es realmente difícil ver dónde terminan los intereses del ICE y dónde comienzan los de las empresas privadas”, enfatiza Ghandehari.

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Analizamos el creciente boicot que se está promoviendo contra Citizens Bank como parte de una campaña para presionar a esta corporación para que deje de invertir en CoreCivic y GEO Group, dos de las empresas privadas más grandes que administran cárceles del ICE. En Boston, una coalición interreligiosa conformada por decenas de organizaciones de diferentes credos decidió retirar un millón de dólares de su cuenta en el Citizens Bank, estimada en 14 millones, por considerar que la institución no ha abordado adecuadamente sus preocupaciones sobre el financiamiento de prisiones privadas. La coalición amenaza con seguir retirando sus fondos de este banco hasta que se cumplan sus demandas.

En el mismo sentido, la cineasta Julie Cohen y el periodista Paul Barrett, que están casados entre sí, escribieron recientemente un artículo de opinión en el que explican su decisión de cerrar su cuenta en el Citizens Bank por la complicidad que tiene con Delaney Hall y otras cárceles del ICE.

“Durante más de doce años, Citizens Bank ha gestionado y ayudado a obtener financiamiento para GEO Group y CoreCivic por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares”, dice Barrett, exreportero del periódico The Wall Street Journal y de la revista Bloomberg Businessweek. “Sin ese dinero, estas empresas literalmente no podrían funcionar”.

“Básicamente, la idea es usar nuestro poder económico colectivo para denunciar a quienes están siendo cómplices” del sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos, añade Cohen. “Mucho de lo que está sucediendo en estos centros de detención del ICE está fuera de la ley porque […] se trata de vecinos inmigrantes que, en su mayoría, no han cometido ningún delito más allá de sus infracciones migratorias y están detenidos allí sin acceso al debido proceso”.

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Alrededor de 300 inmigrantes detenidos en el centro de detención Delaney Hall del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark, Nueva Jersey, continúan en huelga de hambre y de trabajo para exigir su liberación. También continúan las manifestaciones de apoyo fuera de la prisión, frente a las cuales la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ordenó el despliegue de la policía estatal, que erigió una barricada alrededor de la instalación y, según se informa, agredió a los activistas. Por su parte, el alcalde de Newark, Ras Baraka, impuso un toque de queda nocturno hasta nuevo aviso en el área circundante a Delaney Hall.

Nos acompaña el periodista de investigación Bob Hennelly para analizar la huelga de hambre y de trabajo sostenida desde el 22 de mayo, así como sus implicaciones históricas para Newark y el resto del país. En cartas escritas al inicio de la huelga de hambre que describen sus condiciones de reclusión en la cárcel del ICE, los detenidos “escriben algo que creo que los historiadores dirán que es equivalente a la Declaración de Independencia”, dice Hennelly, “porque describen muy vívidamente la forma en que han sido privados de los derechos humanos básicos que hemos llegado a considerar característicos de este país”.

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En Bolivia, manifestaciones masivas están demandando la renuncia de Rodrigo Paz, el primer presidente de derecha que gobierna el país en décadas. Desde que asumió el cargo, en noviembre de 2025, Paz viene implementado políticas de austeridad que han llevado a un aumento en las tasas de pobreza en gran parte de la población rural y de clase trabajadora del país. Nos acompaña Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información de Cochabamba, Bolivia, para hablar sobre las protestas que se registran desde hace un mes. “Bolivia es un país donde, durante 19 años, los pueblos indígenas y los movimientos sociales gozaron de igualdad de derechos e inclusión política”, explica. “Hay una gran diferencia entre lo que Paz prometió y lo que está haciendo en la práctica, que es designar un gabinete compuesto por personas blancas de clase media alta en el que solo hay dos mujeres, rechazar cualquier diálogo genuino, rechazar la interacción con los movimientos sociales y ni siquiera tener empatía con las personas y lo que les pasa en el día a día”.

Ledebur también analiza cómo se vienen estrechando los lazos entre el Gobierno de Paz y el Gobierno de Trump en momentos en que Estados Unidos busca expandir lo que llama “guerra contra las drogas” en toda América Latina.

Para ver nuestra entrevista en español con Kathryn Ledebur, haga clic aquí.

Un jurado de Chicago ha ordenado a la empresa Boeing que pague una indemnización de casi 50 millones de dólares a la familia de Samya Stumo, una joven de 24 años que estuvo entre las 346 víctimas fatales de dos siniestros aéreos con aviones Boeing 737 Max, que tuvieron lugar hace menos de una década. Stumo murió a bordo del vuelo 302 de Ethiopian Airlines en marzo de 2019, pocos meses después de que otro avión 737 Max, un modelo nuevo en ese momento, se estrellara en Indonesia. “Sabían que había un desperfecto en el avión. Se estrelló un avión en Indonesia y, aún así, alguien dentro de la empresa decidió que esos aviones siguieran volando, sin arreglar lo que funcionaba mal”, dice la madre de Stumo, Nadia Milleron.

Milleron añade que si bien su familia acoge con beneplácito este acuerdo, también planean seguir emprendiendo acciones judiciales y realizando un serio escrutinio sobre las prácticas de seguridad de Boeing. “Este juicio que tuvimos no significó una rendición de cuentas”, explica. “Hay una idea de que simplemente pueden poner dinero y mantener el mismo comportamiento y a eso nos oponemos, por eso es que queremos mostrar lo que realmente está haciendo la empresa que pudo haber provocado estos siniestros”.

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Actualizamos la información sobre las protestas en Delaney Hall, un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Newark, Nueva Jersey, cuya propietaria y administradora es la empresa privada GEO Group. Hace una semana, cientos de inmigrantes detenidos iniciaron una huelga de hambre y de trabajo para demandar su liberación inmediata. La congresista por Nueva Jersey Analilia Mejía visitó recientemente las instalaciones y habló con personas recluidas allí, quienes relataron situaciones como haber sido arrestadas y encarceladas después de asistir a trámites de rutina del ICE, haber permanecido detenidas durante meses en condiciones espantosas incluso tras firmar los papeles para una deportación voluntaria y haber terminado en el hospital tras recibir golpes y gas pimienta de parte de agentes armados del ICE. “Lo que tenemos que entender es que este es un modelo de prisión con fines de lucro y que les están fallando a los seres humanos”, sostiene Mejía. “La realidad es que este Gobierno que está fuera de control les ha otorgado un poder desproporcionado a estos organismos, a los agentes del ICE y a entidades como GEO Group [los cuales] ahora están actuando con impunidad”.

Por su parte, Li Adorno, activista de la organización de derechos migratorios Movimiento Cosecha, señala que, al mismo tiempo, las manifestaciones organizadas fuera del centro de detención, en solidaridad con la huelga de hambre, se están volviendo cada vez más conflictivas. Y el periodista de investigación Bob Hennelly explica que el Gobierno de Trump ha intensificado las medidas de control migratorio en Newark luego del episodio en el que agentes federales arrestaron e imputaron por ingreso ilegal a una propiedad al alcalde de Newark, Ras Baraka, y a la congresista por Nueva Jersey LaMonica McIver, después de invitarles a visitar Delaney Hall en mayo de 2025. Hennelly señala que “existe una implosión mucho más amplia del sistema de justicia en Nueva Jersey […] y un colapso de las fuerzas del orden federales en Newark”.

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Según se informa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación penal contra la escritora E. Jean Carroll, quien demandó dos veces a Donald Trump por abuso sexual y difamación, y ganó ambas demandas. Según medios como CNN y The New York Times, la investigación busca determinar si Carroll incurrió en falso testimonio en una de sus declaraciones, a pesar de que los fallos que declaran culpable a Trump fueron ratificados por un tribunal federal de apelaciones en 2024.

En 2019, Carroll publicó un libro de memorias en el cual describe un encuentro en una tienda departamental sucedido en la década de 1990 donde, relata que Trump la agredió sexualmente. Trump negó la acusación, pero Carroll lo demandó y ganó el juicio, por el que recibió una compensación de cinco millones de dólares por daños y perjuicios. En el juicio, un jurado de Nueva York resolvió por unanimidad que Trump era responsable de abuso sexual y difamación. Más tarde, Carroll volvió a demandar a Trump por comentarios despectivos que hizo públicamente sobre ella y ganó un segundo juicio por difamación por un monto de 83 millones de dólares. (Aunque el cobro de este dinero está pendiente de que se resuelvan las apelaciones presentadas por Trump).

“El uso del Departamento de Justicia para perseguir de esta manera a E. Jean Carroll no tiene precedentes”, señala la profesora de derecho Deborah Tuerkheimer, quien enfatiza que la investigación sobre Carrol es parte de una clara “venganza” de Trump. “Es francamente exasperante”.

Recientemente, Democracy Now! entrevistó a la cineasta Ivy Meeropol, directora del documental “Ask E.Jean”, que aborda la historia de Carrol.

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Un nuevo informe de la organización Human Rights Watch analiza la situación de los mercenarios colombianos entrenados en bases militares de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que están siendo acusados de cometer crímenes de guerra en Sudán. La investigación describe cómo, desde el año 2024, la empresa de seguridad Global Security Services Group, con sede en Abu Dabi, ha contratado a cientos de contratistas militares privados colombianos, quienes luego fueron enviados en Sudán para combatir junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Según la evidencia hallada por Human Rights Watch, estos contratistas militares privados estuvieron en El Fasher en octubre de 2025, cuando las FAR se apoderaron de esta ciudad clave, donde perpetraron masacres y violencia sexual a gran escala. El informe aporta nueva evidencia sobre el involucramiento de los Emiratos Árabes Unidos en la guerra en Sudán, algo que su Gobierno ha negado repetidamente.

“El claro apoyo de los EAU a las FAR son parte de un patrón más amplio de intervención por parte de los EAU en conflictos de países vecinos durante más de una década […] con el fin de proyectar su influencia política y económica en el extranjero”, plantea la investigadora de Human Rights Watch Joey Shea. “Los Emiratos Árabes Unidos todavía no han sido responsabilizados de ninguna manera ni han sido denunciados por sus actos en la comunidad internacional. Y en el contexto de Sudán, nos seguimos apoyando en declaraciones ambiguas y blandas que mencionan a los 'actores externos' que impulsan la guerra en lugar de nombrar y señalar directamente a los Emiratos Árabes Unidos”.

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Casi dos meses después del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, ¿han hecho las dos partes algún avance hacia un acuerdo de paz duradero?

Hablamos con Robert Malley, director del programa sobre Medio Oriente de la organización International Crisis Group, quien fue funcionario de varios Gobiernos demócratas e integró el equipo que negoció con Irán el acuerdo sobre su programa nuclear durante el mandato de Obama. Malley señala que la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de ese acuerdo en 2018 “fue completamente imprudente y absurda”, ya que su Gobierno actualmente está renegociando muchas de las mismas cuestiones, además de presionar para que se reabra el estrecho de Ormuz, que anteriormente no estaba bajo control iraní. “Nunca deberíamos haber llegado a la posición en la que estamos ahora”.

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En momentos en que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas, Israel está intensificando sus ataques en el Líbano y, el miércoles 27 de mayo, emitió una orden de evacuación para toda el área del sur del río Zahrani, que constituye aproximadamente el 14% del territorio del Líbano e incluye a Tiro, una de las ciudades más grandes del país.

“Es difícil vislumbrar un final” para este conflicto, señala el investigador de Human Rights Watch Ramzi Kaiss, quien destaca que en el Líbano han muerto casi 1.000 personas desde que entró en vigencia el alto el fuego negociado por Estados Unidos, el 16 de abril. “El Gobierno israelí no solo ha violado repetidamente las leyes de la guerra, sino que continúa declarando su intención de cometer más atrocidades […] Y pueden hacerlo porque no existen restricciones para el accionar del ejército israelí”.

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Nos acompaña el politólogo Jeffrey Winters para hablar acerca de su nuevo libro, “The Blind Spot: How Oligarchs Dominate Our Democracies” (El punto ciego: cómo las oligarquías dominan la democracia). Winters argumenta que el hecho de que la democracia no aborde la desigualdad económica es intencional. Si bien los electores tienen voz en algunos temas, las oligarquías tienen más poder y logran mantener las desigualdades económicas por medio de su lucha contra la redistribución de la riqueza.

“Las democracias liberales actuales de todo el mundo están entre las sociedades más desiguales de la historia de la humanidad”, señala Winters, quien explica que en la Roma imperial, la riqueza de las personas más ricas, en promedio, era 16.000 veces mayor que la de la persona promedio de la sociedad. “Tomemos la persona promedio de la lista Forbes 400, comparada con una persona promedio en Estados Unidos. La brecha ha ascendido a 140.000 de mayor riqueza”.

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Dos oficiales que defendieron el Capitolio durante la insurrección del 6 de enero de 2021 presentaron una demanda en un tribunal federal que busca frenar la creación del llamado fondo contra la instrumentalización del poder judicial, de 1.800 millones de dólares. El exoficial de la Policía del Capitolio Harry Dunn y el oficial del Departamento de Policía Metropolitana Daniel Hodges presentaron dicha demanda judicial porque el fondo podría usarse para compensar a las personas que los atacaron a ellos y a sus colegas en el ataque al Capitolio. Ambos oficiales dicen que, desde ese día, enfrentan constantemente amenazas creíbles.

“Este fondo reservado ilícito se utilizará para financiar a los Proud Boys, a los Oath Keepers”, plantea Brendan Ballou, director ejecutivo de la organización Public Integrity Project y abogado de los oficiales Dunn y Hodges. “Será una forma de respaldo presidencial a estas personas, de decir que no solo […] se las mantendrá fuera del alcance de la ley, sino que, de hecho, se las recompensará financieramente por actuar así”. Ballou también se ha desempeñado como fiscal federal, cargo desde el cual se dedicó durante dos años a procesar judicialmente a participantes de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

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Alrededor de 300 inmigrantes detenidos en la cárcel Delaney Hall del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Newark, Nueva Jersey, se encuentran en huelga de hambre y de trabajo desde el viernes 22 de mayo para protestar por las condiciones inhumanas de reclusión y el incumplimiento del debido proceso. Delaney Hall es un centro de detención operado por la empresa privada GEO Group. Activistas por los derechos migratorios vienen realizando manifestaciones de solidaridad afuera de Delaney Hall desde el inicio de la huelga de hambre, en apoyo a las demandas de libertad de los detenidos. Allí, se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y agentes del ICE y tres personas han sido arrestadas. Las tensiones aumentaron el domingo, cuando el ICE decidió trasladar a uno de los organizadores de la huelga de hambre, Martín Soto, y manifestantes que se encontraban fuera de la cárcel bloquearon la camioneta en la que lo llevaban. Agentes del ICE enmascarados reaccionaron disparando gases lacrimógenos y empujando a la gente al suelo. Finalmente, Soto fue trasladado a otra cárcel del ICE en Elizabeth, Nueva Jersey, y está imputado penalmente por, presuntamente, agredir a un oficial del ICE.

Hablamos con dos personas que organizaron las manifestaciones frente a la cárcel Delaney Hall: Gabriela Soto, la esposa de Martín Soto, y Li Adorno, activista del Movimiento Cosecha.

Gabriela Soto dice que lanzó la movilización afuera de la cárcel en conjunto con la huelga de los detenidos para que los medios pudieran ver cómo el ICE está “destruyendo y separando a las familias”. Además, cuenta que el sábado se le impidió ver a su esposo durante las horas de visita y un guardia le preguntó por qué estaba “difundiendo mentiras” y hablando con la prensa. “Me dijo: '¿Por qué le dices a la gente que los estamos alimentando con gusanos? ¿Por qué le dices a la gente que no les damos atención médica? Y yo le dije: ’Porque es la verdad'”.

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El jueves 21 de mayo, en el estado de Tennessee, se produjo un intento fallido de aplicarle la inyección letal al preso condenado a muerte Tony Carruthers, cuando funcionarios de la prisión no pudieron encontrarle una vena alternativa lo cual le provocó dolor y sufrimiento durante más de una hora. A raíz de esto, su ejecución fue suspendida por un año. El reportero de Nashville Steven Hale asistió a la ejecución y describe su confusión y la de otros testigos al escuchar los sonidos de lo que los abogados de Carruthers llaman “tortura”. Según el protocolo de inyección letal de Tennessee, los testigos solo pueden ver dentro de la cámara de ejecución una vez que el proceso de inyección ha comenzado.

Carruthers fue declarado culpable de triple homicidio en 1996. Se tuvo que representar a sí mismo en el juicio y hace mucho tiempo viene lidiando con problemas de salud mental. Siempre se ha declarado inocente pero, hasta el momento, los tribunales han rechazado sus solicitudes de realizar un análisis de la escena del crimen con técnicas disponibles en la actualidad, lo que podría llevar a su exoneración. Tras una moratoria de tres años establecida para revisar los protocolos de inyección letal, el año pasado se reanudaron las ejecuciones de la pena capital en el estado de Tennessee. Desde entonces, en el estado han sido ejecutadas tres personas, todas por inyección letal. Carruthers hubiera sido el cuarto.

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“Todo el tiempo se escuchaban gritos”. Nos acompañan Alex Colston y Haitham Arafat, miembros de la misión humanitaria que navegaba rumbo a Gaza, que fueron apresados y pasaron días bajo custodia israelí. Los activistas relatan la violencia, los abusos y torturas que les infligieron soldados israelíes. “El mecanismo que tienen allí, en la cárcel, está diseñado para quebrarte como ser humano”, dice Arafat, un activista palestino estadounidense nacido en Gaza que ha participado en varias de las misiones que vienen intentando romper el asedio que Israel mantiene hace mucho tiempo sobre Gaza. Desde el 7 de octubre, más de cien miembros de su familia han muerto en Gaza. Cuando estaban en la cárcel, los activistas recibieron la visita del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, a quien recientemente se le prohibió la entrada a Francia por haber ridiculizado públicamente a miembros de la flotilla. “Nos llaman provocadores o dicen que somos terroristas […] y sin embargo, cada vez que Ben-Gvir se presenta en uno de estos lugares, él es quien nos provoca”, señala Colston, un periodista que también fue detenido por Israel en otro viaje de la Flotilla Global Sumud, el año pasado.

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Nos acompaña la periodista Negar Mortazavi para hablar sobre los más recientes acontecimientos en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El lunes 25 de mayo, a pesar de que oficialmente hay un alto el fuego en vigencia y se están llevando a cabo negociaciones de paz, el Pentágono lanzó ataques que calificó de “legítima defensa” contra dos barcos iraníes en el estrecho de Ormuz. Mortazavi señala que el “caótico” alto el fuego “ha sido violado desde el primer día” y añade que los continuos ataques de Israel contra el sur del Líbano están obstaculizando las iniciativas para poner fin a la guerra y que esa es justamente la intención del Gobierno israelí. “Claramente, Netanyahu no quiere que esta guerra con Irán termine”, plantea. “Cada escalada definitivamente perjudica el resultado final y hace que sea más difícil llegar a un acuerdo definitivo”. Mortazavi también analiza la nueva realidad política que se presenta para los países del golfo Pérsico tras los ataques iraníes a bases militares estadounidenses de la región. “El mensaje iraní es: si hay una guerra en contra nuestra, no se quedará dentro de nuestras fronteras”.

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En nuestro programa especial del “Día de los Caídos”, emitimos los momentos más destacados de la celebración del 30 aniversario de Democracy Now! en la histórica iglesia de Riverside, que tuvo lugar el 23 de marzo de 2026. El evento contó con intervenciones de Angela Davis, Patti Smith, Mosab Abu Toha, Michael Stipe, Hurray for the Riff Raff y una actuación sorpresa de Bruce Springsteen.

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