Derecho Constitucional

Contenido de la Constitución

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Fri, 16 Oct 2020 06:43:00 +0000

Para hablar del contenido de la Constitución primero tenemos que despejar la incógnita de a qué tipo de Constitución nos referimos: si se trata de una Constitución consuetudinaria, basada en usos y costumbres y, por tanto, con una problemática de contenido muy peculiar; o si es una Constitución escrita pero flexible y que puede alterarse por una simple ley del Parlamento, lo que también supone una problemática específica en determinados temas ligados al contenido como es el tema de la reforma constitucional; o, finalmente, si se trata de una Constitución escrita y rígida, aunque el grado de rigidez puede variar. Es con relación a estas últimas cuando podemos referirnos en mayor medida al contenido de una Constitución.

Desde la perspectiva de su división material, una Constitución suele tener tres partes: preámbulo, parte dogmática y parte orgánica.

Vaya por delante que una Constitución escrita es en principio una norma jurídica compleja y como toda norma jurídica medianamente compleja formalmente se divide de una cierta manera: en títulos o grandes partes diferenciadas; en capítulos, dentro de cada título; en secciones, dentro de los capítulos y, finalmente en artículos.

Pero esa división formal no nos sirve para explicar el contenido de la Constitución sino que tenemos que acudir a una división material. Desde esta perspectiva una Constitución suele tener tres partes diferenciadas: el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica.

Tabla de Contenidos

1 El preámbulo de la Constitución
2 La parte dogmática de la Constitución
· 2.1 Normas preceptivas de una Constitución
· 2.2 Normas programáticas en una Constitución
3 La parte orgánica de la Constitución
· 3.1 Normas referidas al establecimiento y regulación de los órganos de poder
· 3.2 Normas reguladoras del proceso de elección de los titulares que detentan los órganos de poder
· 3.3 Normas que regulan las relaciones entre los órganos del poder
· 3.4 Normas que regulan la forma del Estado
· 3.5 Normas que regulan las situaciones de excepción
· 3.6 Normas que regulan la propia reforma de la Constitución

- El preámbulo de la Constitución

En toda Constitución escrita suele haber un preámbulo. No está estructurado en artículos sino que se trata de un conjunto de frases que nos ilustran sobre cuales son los objetivos de la Constitución, qué es lo que pretende, cual es el orden de valores que la Constitución recogerá en su texto. También nos alumbra normalmente sobre quien detenta la soberanía (el pueblo, la nación, el rey).

+ Los preámbulos constitucionales tienen un efecto interpretativo

Se ha discutido doctrinalmente sobre el valor jurídico de los preámbulos constitucionales dado que no tienen forma articulada sino que se trata de un texto declarativo. La conclusión más aceptada es la de otorgarles efectos interpretativos, lo que supone un valor jurídico aunque no se trate de Derecho directamente aplicable.

El preámbulo de una Constitución tiene un valor jurídico, aunque son efectos interpretativos.

- La parte dogmática de la Constitución

Es la que recoge el orden de valores que responde la Constitución, los principios constitucionales que son esenciales para la comprensión del orden jurídico general y los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y protege. En la parte dogmática también se encuentran determinadas declaraciones generales que se agotan en su propia formulación (Ejemplo: La capital de España es la villa de Madrid.).

No en todas las Constituciones hay parte dogmática, pero siempre hay parte orgánica. Lo normal en los países de nuestro entorno geográfico y cultural es que existan ambas partes. La parte dogmática suele ir antes que la parte orgánica pero el orden de los factores es aquí irrelevante. Hay determinadas Constituciones cuya parte dogmática está fuera de la misma, así por ejemplo en Francia las distintas Constituciones que se han sucedido en el tiempo incorporan como parte dogmática la famosa Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la revolución francesa que suele figurar a modo de preámbulo del texto constitucional. En la Constitución americana de 1787 la parte dogmática está constituida por las diez primeras enmiendas a la Constitución que se incorporaron a la misma en 1791 como consecuencia de la exigencia planteada por algunos Estados federados con motivo de su ratificación.

La parte dogmática de las Constituciones que se sucedieron en Europa en la época de la monarquía constitucional pura o régimen doctrinario (Constituciones pactadas) planteó el problema de su consideración o no como efectivo Derecho. En efecto, el valor de la ley como voluntad general y norma emanada de los parlamentos situó a la misma en la cúspide de la jerarquía normativa mientras que los preceptos de la Constitución se contemplaban como un conjunto de objetivos y programas cuya transformación en Derecho efectivo y válido requería de la intermediación de la ley. Es decir, se produjo el predominio del concepto material de Constitución frente al concepto ideológico, en cuya aplicación la Constitución era, recordamos ahora, la norma reguladora de los procesos políticos en el seno del Estado y, en todo lo demás, era más bien una declaración de intenciones que la ley se encargaría de perfilar y ultimar. Esta situación se mantendrá hasta la cuarta oleada de constitucionalización, producida tras la segunda guerra mundial, en la que, como sabemos, se vuelve al concepto ideológico que conlleva la supremacía de la Constitución y su carácter de Derecho inmediatamente válido y aplicable. Terciando en esta polémica, la doctrina constitucionalista italiana acuñó una diferenciación dentro de la parte dogmática entre dos tipos de normas:

+ Normas preceptivas de una Constitución

Las normas preceptivas serían aquellas que constituyen Derecho válido e inmediatamente aplicable, sin que intermediación de cualquier otra norma para tener eficacia. Además se consideran que son normas que tienen un contenido esencial que no está disponible para el legislador ordinario, es decir que éste no tiene más remedio que respetar y que, por lo tanto constituyen Derecho inmediatamente aplicable con independencia o no de que se produzca una legislación de desarrollo del precepto constitucional. Finalmente ese contenido esencial se considera tan importante que suele establecerse que el desarrollo de la norma constitucional hay que hacerlo mediante un procedimiento legislativo especial en el sentido de ser un procedimiento agravado respecto al procedimiento legislativo ordinario.

+ Normas programáticas en una Constitución

Las normas programáticas son normas que constituyen Derecho válido pero no directamente aplicable, porque requieren la promulgación de una ley que es la que hace factible el cumplimiento efectivo de la norma programática. Precisamente este problema de la no aplicabilidad directa es el que cuestiona su carácter de Derecho. Pero si decimos que constituyen Derecho válido es porque aunque no sean directamente aplicables si que sirven de pauta interpretativa del ordenamiento jurídico; porque son normas que suponen un mandato al legislador para que haga la correspondiente ley; y porque son normas cuya existencia disipa cualquier duda posible sobre la constitucionalidad de determinadas leyes que, caso de no existir la norma programática, podrían ser reputadas como inconstitucionales. (Ej. Si no hubiese una norma programática que estableciese el derecho a la seguridad social, cualquier ley que lo estableciese, al imponer unas cotizaciones obligatorias de empresarios y trabajadores podría ser inconstitucional, debido al elemento confiscatorio que conlleva).

Tanto las normas preceptivas como programáticas constituyen hoy día Derecho válido y real. Es decir son efectivas normas jurídicas. La diferencia entre una y otras está en su aplicabilidad directa o indirecta.

No todas las Constituciones cuentan con una parte dogmática, pero en cambio sí cuentan todas con una parte orgánica.

- La parte orgánica de la Constitución

Es la parte de la Constitución que regula el conjunto de los órganos en que se articula el poder del Estado y su funcionamiento. Constituyen Derecho válido e inmediatamente aplicable, sin perjuicio de la existencia de leyes de desarrollo. Se ocupan básicamente de los siguientes seis supuestos:

+ Normas referidas al establecimiento y regulación de los órganos de poder

Las normas que se refieren al establecimiento y regulación de los órganos de poder determinan su existencia y estatuto jurídico.

+ Normas reguladoras del proceso de elección de los titulares que detentan los órganos de poder

Las normas que regulan el proceso de elección de los titulares que detentan los órganos de poder: cómo se forman el Congreso y el Senado, cómo se produce el nombramiento y cese de un Gobierno, cómo se articula el gobierno del poder judicial, etc. Recogen tanto la designación como la sucesión de dichos titulares.

+ Normas que regulan las relaciones entre los órganos del poder

Unas Constituciones las establecerán de una forma y otras la establecerán de otra. Según sean las relaciones entre los órganos de poder, estaremos en presencia de una u otra forma de gobierno.

+ Normas que regulan la forma del Estado

Estas normas regulan, con mayor o menor extensión según las distintas Constituciones, la forma del Estado: bien un Estado unitario, un Estado federal, autonómico, etc.

+ Normas que regulan las situaciones de excepción

Se trata de prever aquellos supuestos en que determinadas normas constitucionales pueden dejar de aplicarse por la posible existencia de situaciones de excepción, desde catástrofes naturales a situaciones de guerra.

+ Normas que regulan la propia reforma de la Constitución

La Constitución regula los poderes constituidos y fuera de ella y como autor de la misma se encuentra el poder constituyente. Pero éste prevé en la propia Constitución su actuación como poder constituyente constituido mediante el cual se puede cambiar la Constitución sin necesidad de un proceso de ruptura.

Esta parte orgánica necesita siempre una legislación de desarrollo, porque la Constitución lo que hace es establecer unos elementos orgánicos esenciales pero no puede, obviamente, recoger todos los aspectos organizativos ya que en ese caso las Constituciones serían unas normas de extensión inacabable. Así por ejemplo, una Constitución establecerá la existencia del parlamento como poder del Estado; nos dirá como se constituyen, quienes la forman, cuales son sus cometidos etc. Pero luego la organización del trabajo parlamentario requerirá que se promulguen los reglamentos de las cámaras (que tendrán valor de ley). O la Constitución establece la existencia del gobierno, como se forma y cuales son sus poderes; pero luego habrá que promulgar una ley que se ocupe pormenorizadamente de organizar el funcionamiento del gobierno, etc.

En todo caso las normas constitucionales orgánicas son directamente aplicables con independencia de que se promulgue o no la legislación de desarrollo, que obviamente debe respetar lo dispuesto en la norma constitucional. Pero según la extensión con que la norma constitucional orgánica regule un órgano de poder estaremos ante una distinción de órganos que supone una cierta relevancia. Y así distinguiremos entre órganos constitucionales, que son aquellos cuya regulación constitucional es lo suficientemente detallada como para que su funcionamiento se produzca aunque no exista en parte legislación de desarrollo. Se trata obviamente de los órganos más importantes: Jefatura del Estado; Gobierno; Parlamento; órgano de gobierno del Poder Judicial; Tribunal Constitucional. Y órganos de relevancia constitucional, que son aquellos que la Constitución establece y a los que asigna determinados cometidos pero cuya regulación y funcionamiento se remiten a una ley de desarrollo: Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, etc.

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- La Constitución como fuente del Derecho Constitucional

+ Conceptos de Constitución

+ Tipos de Constituciones

+ Funciones de la Constitución

+ Reforma constitucional

+ Mutación constitucional

+ La ley

+ La costumbre constitucional

+ La jurisprudencia constitucional

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Fuente:
Introducción al Derecho Constitucional, José Luis García Ruiz. Páginas 88 - 93.

El Tribunal Constitucional: naturaleza, composición y competencias

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sun, 10 May 2020 10:29:00 +0000

En esta ocasión vamos a repasar la figura del Tribunal Constitucional, y más concretamente del caso español. Además de unos antecedentes históricos, analizaremos sus competencias, su composición y principales características de la jurisdicción constitucional frente a la jurisdiccional.

- La jurisdicción constitucional frente a la ordinaria

En nuestro país podemos diferenciar dos jurisdicciones: la ordinaria y la constitucional. Son distintas, la ordinaria está integrada por los órganos de la jurisdicción ordinaria, los juzgados y tribunales, y la jurisdicción constitucional está integrada por un solo órgano, el Tribunal Constitucional.

La función jurisdiccional que se residencia en los órganos de la jurisdicción ordinaria consiste en resolver problemas, litigios, conflictos, de acuerdo con la ley o de conformidad con el Derecho (ius dicere, decir o aplicar el derecho).

Ambas jurisdicciones, que tienen por competencias resolver conflictos aplicando el derecho, tienen como norma fundamental del ordenamiento jurídico, como norma que corona, que situamos en la cúspide de la pirámide normativa a la Constitución, estas dos jurisdicciones al aplicar el derecho lo tienen en cuenta. La norma que hay que preservar es la Constitución. Esta supremacía se deriva de varios artículos de la Constitución, por ejemplo el artículo primero efectivamente la propia Constitución subraya su supremacía. Podemos encontrarla entre otros preceptos en el artículo 9.1, que establece la sujeción de todos los poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución. Los mandatos de la Constitución obligan. Destacan también los artículos 53.1 y el 117.1 de la Constitución.

Los mandatos de la Constitución no son normas programáticas sino que son mandatos vinculantes.

Decir esto es decir muy poco si no establecemos instrumentos que garanticen esa supremacía. La Constitución es la norma superior, pero si no establecemos instrumentos de garantía la supremacía de la Constitución queda en nada.

Para garantizar esa superioridad se establecen en el ordenamiento instrumentos que garantizan la eficacia de la Constitución.

- El Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución

Uno de los más importantes es el Tribunal Constitucional, que vela por la Constitución y su superioridad. También lo hacen los jueces ordinarios, que también tienen que velar por su aplicación ya que están sujetos al principio de jerarquía. El ordenamiento establece un órgano superior que califica de intérprete supremo de la Constitución, contemplado en el Título IX, donde se contempla el Tribunal Constitucional, que es regulado o desarrollo por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, reformada en varias ocasiones. La última reforma especialmente importante se dio en 2007, una reforma que afecta entre otras cosas al recurso de amparo.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional define o califica al Tribunal Constitucional en su artículo 1º como el intérprete supremo de la Constitución. Supremo, que no único. Los órganos de la jurisdicción ordinaria también interpretan y garantizan la supremacía de la Constitución, un juez no puede aplicar una ley contraria a la Constitución.

La propia Constitución señala en el Título IX que esta ley establezca las normas de funcionamiento o como funciona el órgano constitucional. Si se forma parte de una asociación las normas que regulen esa asociación tendrán que hacer referencia a las normas de funcionamiento, al estatuto de sus miembros (normas que tienen que ver con los derechos y obligaciones de las personas que integran el órgano).

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es aprobada por el Parlamento. La Ley Orgánica tendrá que regular, según la Constitución, las normas de funcionamiento, el Estatuto de sus miembros, etc.

- Antecedentes previos a la configuración del Tribunal Constitucional español

Los Tribunales Constitucionales no son unos órganos que hayan existido siempre, la justicia constitucional se desarrolla sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes tenemos unos antecedentes.

Ejemplos son la Constitución checa de 1919, la Constitución austriaca de 1920, la Constitución española de 1931, la Constitución italiana de 1947 y la Constitución alemana de 1949. En el 78 los constituyentes elaboran la Constitución con estos antecedentes en mente.

- La jurisdicción constitucional: rasgos del modelo español

+ Una jurisdicción concentrada

En primer lugar se trata de una jurisdicción concentrada. La jurisdicción constitucional está integrada en sí misma por el Tribunal Constitucional, un solo órgano una sola jurisdicción.

+ Un órgano de naturaleza jurisdiccional

Es un órgano de naturaleza jurisdiccional, porque la otra alternativa es afirmar que es un órgano de naturaleza política. Se afirma que el Tribunal Constitucional es órgano de naturaleza jurisdiccional.

El Tribunal Constitucional en los últimos años ha sido muy criticado, afirmándose en los medios de comunicación que el Tribunal Constitucional era un órgano político porque las decisiones se toman con criterio político, bien sea de uno u otro partido. Siendo cierto algo de eso prevalece la naturaleza jurisdiccional ya que es un órgano de naturaleza jurisdiccional aunque no se incardina en el poder judicial, integra su propia jurisdicción y actúa conforme a criterios de constitucionalidad, su Constitución y a su Ley Orgánica. Sus decisiones cuando resuelve sobre la constitucionalidad de una ley deben ser motivadas en derecho, son fundamentos jurídicos los que sostienen el fallo, bien una decisión de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional como todos los órganos jurisdiccionales, trabaja de acuerdo con un método jurídico, no con un método político (el método político puede elaborar la ley como quiera en un sentido u otro). El Tribunal Constitucional tiene que interpretar la Constitución, están sometidos a su voluntad y son intérpretes de la misma, no de su propia voluntad.

+ Un órgano independiente

El Tribunal Constitucional actúa a instancia de los sujetos legitimados a acudir el Tribunal, no de actúa de oficio, es un órgano independiente. Aunque sea cierto que en muchas ocasiones (no siempre) los magistrados del Tribunal Constitucional actúan como si fueran un bloque, no siempre pasa así. No están sujetos a sujeciones de ningún tipo, están sujetos a garantías.

El Tribunal Constitucional es un tribunal que tiene por jurisdicción todo el territorio nacional y es un tribunal que conoce de diversos procedimientos. Varios procesos se sustancian ante él, como el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, entre otros.

Los magistrados del Tribunal Constitucional son independientes, tienen todas las garantías para decidir con absoluta libertad. Tienen las mismas garantías que los jueces. Son inamovibles, no pueden ser cesados en el cargo (a no ser que incurran en una serie de responsabilidades, civiles o penales).

Aunque son elegidos en la “práctica” por los partidos políticos, por el Parlamento, su mandato no coincide con el mandato parlamentario. Los magistrados del Tribunal Constitucional no tienen un mandato de cuatro años sino de nueve, además son renovados cada tres años, cuatro magistrados cada tres años.

- Composición del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional se compone de 12 magistrados que son elegidos por los tres poderes del Estado: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

El Congreso y el Senado forman el poder legislativo, organizándose en grupos parlamentarios. El Gobierno el Presidente del Gobierno constituyen el poder ejecutivo.

Respecto al Consejo General del Poder Judicial, este está compuesto por 20 miembros más su Presidente, 10 elegidos por el Congreso y 10 por el Senado.

Los partidos políticos organizan en última instancia las decisiones de los órganos jurisdiccionales del Estado.

No olvidemos que nuestra democracia es una democracia de partidos y hasta la fecha es el modelo democrático que mejor ha funcionado.

El pueblo tiene el poder… ¿lo tiene realmente?, ¿es realmente el poder soberano? Así lo dice la Constitución, que afirma la soberanía popular. Si lo creemos, qué mejor que quienes interpreten la Constitución sean quien yo he elegido.

- Garantías del Tribunal Constitucional

La garantías de los magistrados del Tribunal Constitucional son para que actúen con total libertad. La elección se hace por mayoría de tres quintos, en las Cortes Generales y en el Consejo General del Poder Judicial.

El mandato es por nueve años, se renueva por terceras partes.

Las personas que pueden ser elegidas como miembros deben reunir unas garantías de competencias, deben ser personas cualificadas. Son elegidos entre profesionales del Derecho juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional.

Los magistrados tienen todas las garantías. Se les garantiza la inamovilidad, a no ser que incurran en alguna causa de incompatibilidad.

A diferencia de jueces y magistrados, la militancia política no es incompatible con el ejercicio del cargo. Lo que no puede un magistrado del Tribunal Constitucional es ocupar cargos en el partido o en el sindicato o trabajar para él. Pero la militancia no es incompatible para acceder al cargo.

No pueden ser reelegidos, ahora bien, es posible que se de el caso de que un magistrado sea elegido por quedar libre una vacante por fallecimiento, dimisión u otra causa legalmente prevista. El sustituto podría estar tres años más en el caso de que ocupara una vacante del magistrado fallecido o dimisionario que no llevase tres años en el cargo.

Tienen inviolabilidad.

- Organización del Tribunal Constitucional

El Presidente es elegido por los magistrados del Tribunal Constitucional, por tres años; es posible reelección, al igual que el vicepresidente.

El Tribunal actúa en Pleno, cuando se reúnen los 12, tienen dos salas de 6 magistrados y cada sala tiene dos secciones, estando compuesta cada una por tres magistrados.

Para que cualquiera de estos órganos funcione tiene que haber un quórum o 2/3 para tomar decisiones.

Las decisiones se toman por mayoría teniendo voto de calidad en caso de empate el presidente.

Hace unos años falleció un magistrado del Tribunal Constitucional y mientras no se cubre la vacante el Pleno no puede funcionar con 12.

El Tribunal Constitucional no sólo funciona con esas 12 personas sino que hay una infraestructura administrativa, material y humana al servicio del Tribunal. Tiene tres Secretarios de Justicia, ayudados por oficiales, auxiliares y agentes.

Hay un cuerpo de letrados, que están bajo la dirección de la Jefatura del Secretario General.

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- La Justicia Constitucional

+ Introducción a los Derechos y libertades en el Derecho Constitucional

+ El control de constitucionalidad de las leyes

+ Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional: sentencias estimatorias y desestimatorias

+ El recurso de inconstitucionalidad

+ La cuestión de inconstitucionalidad

+ Conflicto en defensa de la autonomía local

+ El control previo de los Tratados Internacionales

+ Conflictos de competencia y Tribunal Constitucional

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- Sobre el estatus del Tribunal Constitucional español, en formato vídeo

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Artículo redactado por Javier García de Tiedra González, basado en las lecciones magistrales del profesor de Derecho Constitucional y doctor en Derecho (Universidad de Cádiz) Juan Manuel López Ulla.

Consecuencias del carácter primario de la Constitución

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Tue, 06 Dec 2016 17:24:00 +0000

Vamos a ver en esta entrada las diferentes e importantes consecuencias que se derivan del carácter primario de la Constitución de 1978.

Tabla de Contenidos

1 Procedimiento de reforma constitucional
2 Eficacia y capacidad derogatoria de los preceptos constitucionales
3 La Constitución establece el procedimiento aprobar el resto de normas
4 Control de constitucionalidad de las normas
5 Obligación de los poderes públicos de interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución

- Procedimiento de reforma constitucional

Una consecuencia del carácter de norma primaria de la Constitución es que solo puede ser reformada a través de un procedimiento específico distinto al de aprobación de las leyes, que es el procedimiento de reforma constitucional.

- Eficacia y capacidad derogatoria de los preceptos constitucionales

Otra consecuencia del carácter jurídico supremo de la Constitución es la eficacia y la capacidad derogatoria que tienen los preceptos constitucionales.

- La Constitución establece el procedimiento aprobar el resto de normas

La Constitución es la norma normarum o norma de normas, es decir la norma que establece el procedimiento para aprobar el resto de las normas.

- Control de constitucionalidad de las normas

Otra consecuencia del carácter primario de la Constitución es el control de constitucionalidad de las normas, que velan porque el ordenamiento jurídico sea compatible con la Constitución.

- Obligación de los poderes públicos de interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución

Por último, se da la obligación que tienen todos los poderes públicos, y en especial los órganos judiciales, por interpretar el ordenamiento jurídico de conformidad con la Constitución.

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- La Constitución como fuente del Derecho

+ La Constitución como norma jurídica

+ La Constitución como norma jurídica fundamental

+ La diversidad de preceptos constitucionales: los valores y principios constitucionales

+ La Constitución como norma primaria sobre la producción jurídica

+ Eficacia derogatoria de la Constitución

+ El principio de interpretación conforme a la Constitución

+ La reforma de la Constitución

+ Procedimiento ordinario de reforma constitucional

+ Procedimiento agravado de reforma constitucional

+ Las reformas constitucionales y los proyectos de reformas

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Fuente:
Apuntes de Derecho Constitucional recopilados por Javier García de Tiedra González, basados en las lecciones magistrales de Antonio Troncoso Reigada, Catedrático acreditado de Derecho Constitucional, y Profesor Titular de la Universidad de Cádiz.

El ordenamiento jurídico, elemento del Estado

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Thu, 17 Nov 2016 18:23:00 +0000

Constituye el ordenamiento jurídico un elemento del Estado que lo transforma de fenómeno político en fenómeno jurídico, hasta el punto de que para algunos autores (Kelsen, Schmitt) Estado y Derecho son la misma cosa. No se concibe un Estado sin la existencia de su ordenamiento jurídico.

- Las comunidades políticas organizadas como Estado se rigen por su ordenamiento jurídico

En efecto, las comunidades políticas organizadas en forma de Estado se rigen por un conjunto de normas de aplicación sobre el ámbito territorial en que están asentadas, conjunto de normas que es distinto (no en el sentido de diferente porque pudiera haber normas exactamente iguales, sino en sentido de diferenciado) de otros conjuntos de normas que se aplican a otras comunidades asentadas sobre otros territorios. Así hablamos de ordenamiento jurídico español, del inglés, del alemán etc.

- La reserva de la sanción del Derecho por el Estado

+ La conversión de una norma en jurídica, en coactivamente aplicable

Sobre ese conjunto de normas, el Estado, cada Estado, se reserva la llamada sanción del Derecho, o mecanismo que convierte a una norma en jurídica, es decir aplicable, coactivamente aplicable. Sin ese mecanismo la norma no es Derecho o, al menos, Derecho que el Estado reconozca e imponga su cumplimiento.

+ La sanción del Derecho y la centralización de las fuentes de producción del Derecho

La llamada sanción del Derecho está complementariamente, ligada al hecho histórico de que el Estado ha ido produciendo a su favor un proceso de centralización de las fuentes de producción del Derecho, es decir, de los modos y formas de crear Derecho. En este sentido se ha producido una irresistible ascensión del Derecho escrito (ley, en sentido genérico y utilizado así en el título preliminar del Código Civil) y dentro de él de la distinción entre Ley (en sentido estricto) y Reglamento.

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- Los elementos del Estado

+ Concepto jurídico de Estado

+ El territorio del Estado

+ La población

+ Estado, nación, nacionalismo

+ Los poderes del Estado

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Fuente:
Introducción al Derecho Constitucional, José Luis García Ruiz. Página 60.

Dimensión objetiva y subjetiva de los derechos fundamentales

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Thu, 20 Oct 2016 16:13:00 +0000

En el epílogo al libro “Derecho dúctil”, de Gustavo Zagrebelsky, Peces-Barba señaló que los derechos no tienen una mera función subjetiva, sino que tienen una dimensión objetiva, en cuanto valores o principios de organización del poder y del derecho, y que actúan así en los ordenamientos jurídicos modernos como guía para la producción, interpretación y aplicación del derecho. El ínclito Peces-Barba, pues, defiende que los derechos fundamentales actúan, en su función objetiva, como principios.

- Rudolf Smend, sobre los derechos fundamentales

Rudolf Smend ha afirmado que “los derechos fundamentales son los representantes de un sistema de valores concreto, de un sistema cultural que resume el sentido de la vida estatal contenida en la Constitución”. Desde el punto de vista político-constitucional, esto significa una voluntad de integración material; desde el punto de vista jurídico, la legitimación del orden positivo estatal y jurídico. Este orden positivo, nos dice Smend, “es válido sólo en cuanto representa este sistema de valores y precisamente por él se convierte en legítimo”. Ahora bien, ese afirma que ese sistema que conforman los derechos fundamentales, en tanto que son un todo fundamentado y condicionado históricamente, debe ser objeto de un estudio puramente histórico.

- Konrad Hesse

Konrad Hesse, al respecto, realiza una reflexión sumamente interesante y que suscribo completamente. Nos dice que al significado de los derechos fundamentales como derechos subjetivos de defensa del individuo frente a las intervenciones injustificadas del Estado corresponde su significado jurídico-objetivo como preceptos negativos de competencia. Por tanto, entiende Hesse que “Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”.

Konrad Hesse (1919 - 2005), fue un jurista alemán y Juez del Tribunal Constitucional Federal alemán.

- Sentencia sobre los derechos fundamentales del Tribunal Constitucional Federal Alemán

Para respaldar la idea de que en todo derecho fundamental puede diferenciarse una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva, podríamos valernos de las palabras del Tribunal Constitucional Federal Alemán en su Sentencia BVerfGE 7, 198 [Lüth] donde afirma que junto a los derechos fundamentales como derechos subjetivos tradicionales frente al poder público, aparecen los derechos fundamentales como normas objetivas que expresan un contenido que se irradia en todos los ámbitos del ordenamiento.

- La doble dimensión subjetiva-objetiva de los DDFF, en nuestro Tribunal Constitucional

+ STC 53/1985

El Tribunal Constitucional ha sido partícipe en la defensa de esta idea de la doble dimensión subjetiva-objetiva de los derechos fundamentales, recogiéndolo expresamente en sentencias como la 53/1985, donde ha establecido que los derechos fundamentales poseen una doble dimensión: subjetiva, otorgan facultades a las personas que estas pueden hacer vales en circunstancias específicas; y objetiva, “positivizan valores sociojurídicos básicos o, en palabras del artículo 10.1 de la Constitución, son el fundamento del orden político y de la paz social”.

+ STC 69/1995

La Sentencia del Tribunal Constitucional 69/1995, que versa sobre el derecho de reunión, destacó el relieve fundamental que este derecho “cauce del principio democrático participativo” posee tanto en su dimensión subjetiva como en la objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución. Estando taxativamente enunciada esta tesis de la doble dimensión.

Entendemos, por tanto, que los derechos fundamentales y las libertades públicas no son sólo derechos de las personas. Además de esta dimensión subjetiva, tienen otra dimensión objetiva en cuanto representan un elemento estructural de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema político. En esto consiste la doble dimensión subjetiva-objetiva que de los derechos fundamentales se predica.

- Dieter Grimm y la dimensión objetiva de los derechos fundamentales

Dieter Grimm ha señalado en su prolija obra que de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales se deriva, de forma paulatina, su irradiación a las relaciones de derecho privado, la denominada eficacia frente a terceros; los derechos originarios a prestaciones o derechos de participación de los individuos frente al Estado; el deber de protección por parte del Estado de las libertades aseguradas por derechos fundamentales; las garantías procesales de los procesos estatales de decisión de los que puedan derivarse perjuicios para los derechos fundamentales; los principios de organización de las instituciones públicas y privadas en las cuales los derechos fundamentales se hacen valer según el principio de la división de funciones; y, lo más interesante es que cree plausible y muy probable- que se den posibles nuevos pasos en esta dirección.

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Fuente:

. Nociones obtenidos al cursar la asignatura “Derecho Constitucional III”, dentro del Grado en Derecho (UCA), impartida por el excelente profesor López Ulla.

. http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/11aspectos4.pdf

. http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/11aspectos3.pdf

. http://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/pdf/librodf.pdf

. http://ruc.udc.es/bitstream/2183/2250/1/AD-7-9.pdf

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Introducción a la costumbre como fuente del Derecho

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Wed, 21 Sep 2016 16:10:00 +0000

El reconocido sociólogo norteamericano Robert Bierstedt -experto en teoría sociológica- apuntó que existen sociedades tan primitivas que carecen de leyes, pero ninguna es tan primitiva como para no tener costumbres, porque el hecho de vivir en sociedad implica estar sometido a unas normas, aunque no todas se exijan con igual rigor -puesto que no todas corresponden a lo que llamamos “normas jurídicas”-. Todo incumplimiento de normas, ya sean sociales o jurídicas, conllevan una sanción o una reacción, si bien el diferente carácter y gravedad de las mismas las distingue nítidamente.

Tabla de Contenidos

1 Usos sociales, mores y normas jurídicas consuetudinarias
2 Los Estados de Derecho modernos respecto a la costumbre
3 Distinción entre usos sociales y normas jurídicas de origen consuetudinario
4 El ordenamiento jurídico español respecto a la costumbre

- Usos sociales, mores y normas jurídicas consuetudinarias

Los usos y costumbres pueden ser de varios tipos. Por un lado, están los que dotan a la convivencia en sociedad de un orden, sin que sean exigidos -en el sentido de jurídico de “obligar”- en modo alguno. Al mismo tiempo, existen los que se siguen por ser moralmente convenientes. Y, por último, pueden tratarse de normas coactivas que obligan a los miembros de la sociedad. En el primer caso, estaríamos ante usos sociales; en el segundo supuesto, se tratarían de mores; y en el tercer caso, hablaríamos de normas jurídicas consuetudinarias.

- Los Estados de Derecho modernos respecto a la costumbre

En los Estados de Derecho modernos, con el advenimiento de la potestad de dictar normas por parte de diferentes poderes, es fácil discernir que norma proviene de un acto oficial de promulgación y cual guarda su origen en la costumbre. Sin embargo, la diferenciación entre usos o costumbres sociales y normas jurídicas de origen consuetudinario se realizó con carácter previo a la consagración del Estado de Derecho moderno.

- Distinción entre usos sociales y normas jurídicas de origen consuetudinario

Los usos sociales son aquellas prácticas de la vida, económicas, morales, religiosas, etc. que se diferencian de la costumbre -en el sentido de costumbre como fuente de Derecho- por carecer de imposición coercitiva: carecen de Opinio juris sive necessitatis (“obligación de cumplir un deber jurídico”). La costumbre como fuente de derecho, sin embargo, es la manifestación reiterada de usos en actos que produce una regla de Derecho. Se puede decir que es la norma impuesta y creada por el uso social.

- El ordenamiento jurídico español respecto a la costumbre

+ Código de las Siete Partidas: Primera Partida, Título II, Ley 4

El Código de las Partidas recogía una regulación integral de la costumbre, a la que definía -en la Ley 4, del Título II, de la Primera Partida- como “derecho o fuero no escrito, el cual han usado los hombres largo tiempo ayudándose de él en las cosas y en las razones por las que lo usaron”.

+ Artículo 6 del Código Civil primario

El primitivo Código Civil establecía, en su artículo 6, que “a falta de ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar, y, en su defecto, los principios generales del derecho”.

+ Código Civil actual: artículo 1

En la actualidad, el art. 1 del Código Civil -redactado según se dispuso en el Decreto de 31 de mayo de 1974-, establece las fuentes de derecho: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. A continuación, en su punto tercero señala que “la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada”.

De la regulación citada en el párrafo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones:

. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable.

. Tiene que tratarse de una costumbre que se observe en el lugar donde se trate de aplicar, pudiendo encontrarnos con costumbres generales, regionales, comarcales o locales.

. Se exige que la costumbre no sea contraria a la moral o al orden público para poder ser aplicada.

. Debe probarse.

A lo que debe adicionar que se considerará costumbre a aquellos usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, ex art. 1.3 según párrafo del Código Civil.

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Fuente:
“Manual de Derecho Constitucional”, Editorial Tecnos, Tercera Edición.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Suspensión de derechos: artículo 55.2 de la Constitución

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Mon, 29 Aug 2016 18:15:00 +0000

Vamos a analizar en esta pieza la suspensión de derechos ad personam a la que hace referencia el artículo 55.2 de la Constitución Española. Se trata de un precepto particular, cuya constitucionalización ha sido muchas veces cuestionada por un sector de la doctrina constitucionalista -siguiendo a Isabel María Abellán Matesanz y Sara Sieira (1)-, pero que alberga una finalidad ecuánime: la lucha contra el terrorismo que tanto hemos padecido en España (2).

- Un supuesto diferente a la declaración de los estados excepcionales

Hemos analizado -a raíz del análisis del estado de alarma en España- la declaración de los estados excepcionales (art. 116 de la Constitución), como defensa extraordinaria de la Constitución, y cómo habilitan a la autoridad pertinente para suspender el ejercicio de determinados derechos de forma temporal. El supuesto que regula el art. 55.2 CE es diferente, pues la suspensión de derechos a la que alude se realiza ad personam.

- Artículo 55.2 de la Constitución

Este precepto nos dice que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de manera individualizada y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 -duración de la detención preventiva-, y 18, apartados 2 y 3 -inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, respectivamente-, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Al mismo tiempo, añade la consecuencia del uso doloso o negligente de este artículo, al establecer que la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal -además de responsabilidad civil, según deriva de la legislación que desarrolla este precepto- como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

- Suspensión individual de los derechos: duración de la detención preventiva, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones

Respecto a la facultad de suspender de manera individualizada los derechos consagrados en los artículos 17, apartado 2 -duración de la detención preventiva-, y 18, apartados 2 y 3 -inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones- a quienes incurran en actos delictivos concernientes a elementos terroristas o bandas armadas, hay que mencionar las consideraciones que hace el Tribunal Constitucional acerca de ello en su Sentencia 199/1987.

+ Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987: se justifican estas medidas extraordinarias para prestar auxilio al Estado de Derecho

Teniendo en cuenta el peligro que el terrorismo representa para la vida y la integridad de las personas y, sobre todo, para el propio orden democrático constitucional, el Tribunal reconoce que el Constituyente se fijó en las medidas tomadas por otros países que sufrían el fenómeno terrorista, y por tanto estimó necesario incluir estas medidas de auxilio del Estado de Derecho -tratando de evitar, por otro lado, su uso arbitrario o abusivo, como hace en el propio precepto 55.2 CE-. La gravedad de las acciones terroristas, así como su asiduidad, carácter frecuentemente indiscriminado o el ataque frontal a la tranquilidad y a la seguridad pública justifican esta serie de medidas extraordinarias coercitivas de derechos, ya que la amenaza es tal que los medios ordinarios para afrontar estos fenómenos devienen insuficientes. Al ser un artículo que limita derechos fundamentales, el concepto de “bandas armadas” debe interpretarse de forma restrictiva y conectado con los elementos terroristas a los que alude el propio precepto. El Tribunal Constitucional nos dice que los elementos que permiten identificar a un grupo como “banda armada” serían su permanencia y estabilidad, estar pertrechados con material armamentístico y explosivo, y tener la entidad suficiente para producir terror en la sociedad -que provoca, por ello, un rechazo social más que notable-, atacando directamente la seguridad ciudadana y el conjunto de la sociedad democrática. Por tanto, es jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cualquier interpretación del término “banda armada” que exceda lo comentado en las líneas anteriores carecería de la cobertura constitucional del artículo 55.2 CE (3) (4).

- Ley Orgánica 4/1988: aumento del plazo máximo de detención preventiva respecto al art. 55.2 de la Constitución

Siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la resolución comentada en el párrafo anterior, se promulgó la Ley Orgánica 4/1988 que modificó ciertos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, entre otros aspectos, establecer que el plazo máximo de detención preventiva antes de ser puesto a disposición judicial para las personas que cumplan los requisitos del art. 55.2 de la Constitución sea de cinco días (48 horas más de lo previsto para los casos ordinarios, cuyo plazo máximo es de 72 horas en virtud del art. 17.2 CE). Esto no obsta para que el art. 55.2 de la Constitución exija en este supuesto -y en el resto de supuestos de suspensión individual de derechos- cierta intervención judicial, además de un apropiado control parlamentario.

+ Intervención judicial: arts. 520.1 bis y 520.2 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

En relación con la intervención judicial en este tipo de casos, el artículo 520.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que soliciten al juez la prórroga del plazo de detención preventiva -hasta los cinco días- en las primeras 48 horas de detención cuando prendan a un sujeto presuntamente relacionado con individuos terroristas o rebeldes o con bandas armadas. Así mismo, el segundo párrafo de este artículo permite, en este tipo de supuestos, la incomunicación del detenido previa autorización judicial.

+ Control parlamentario

La exigencia de un adecuado control parlamentario para estos casos finalmente se ha concretado en el deber de informar al Congreso de los Diputados y al Senado, para que tengan conocimiento de la aplicación de esta facultad excepcional.

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(1) Sinopsis artículo 55.

(2) Si bien no es un caso aislado: la Ley Fundamental de Bonn (Constitución Alemana) recoge medidas similares y muchas democracias occidentales han ido implantando, en normas de diverso rango, disposiciones excepcionales de suspensión o limitación de derechos para combatir la barbarie terrorista.

(3) Fundamentos Jurídicos 1º y 2º de la sentencia 199/1987 del Tribunal Constitucional.

(4) El Tribunal Constitucional sí declaró en esta resolución la nulidad del cierre de medios de comunicación por considerar que era un atentado desproporcionado al derecho a la libertad de expresión.

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Imagen: El País

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Fuente: Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho Constitucional III” (Grado en Derecho, UCA), impartida por el profesor López Ulla (cuya obra podéis consultar aquí).

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

El Estado de alarma

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 02 Jul 2016 07:18:00 +0000

En este artículo vamos a analizar de forma prolija al estado de alarma, uno de los estados excepcionales que contempla la Constitución, dejando claro en qué consiste, quién puede declararlo, el alcance de la declaración y sus efectos, entre otros aspectos.

- La defensa extraordinaria de la Constitución: derecho de excepción

La Constitución está pensada para ser aplicada en condiciones normales. Sin embargo, en ocasiones es imposible garantizar la vigencia y efectividad de la misma y del resto del ordenamiento jurídico mediante la utilización de las facultades ordinarias de las autoridades competentes, debido a la concurrencia de circunstancias excepcionales (artículo 1.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). Esa alteración grave de la normalidad puede deberse a varios motivos. Dependiente de cual sea la causa que provoque tal anomalía, la Constitución habilita una respuesta en forma de declaración de alguno de los estados excepcionales que recoge el artículo 116: el estado de alarma, el de excepción o el de sitio.

- El estado de alarma (artículo 4 de la LO 4/1981)

Procederá la declaración del estado de alarma cuando la alteración grave de la normalidad se deba a las siguientes causas: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad como consecuencia de una huelga o de la adopción de medidas de conflicto colectivo por parte de los trabajadores y empresarios; y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

El Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, declaró el estado de alarma a raíz del abandono de sus obligaciones que llevaron a cabo los trabajadores civiles del tránsito aéreo. Constituye, hasta la fecha, la única ocasión en la que se ha declarado en España uno de los estados excepcionales que recoge el artículo 116 de la Constitución.

+ Declaración del estado de alarma

La declaración del estado de alarma, al igual que los otros dos estados excepcionales, proporcionará al Gobierno los instrumentos necesarios para revertir la situación extraordinaria y devolver la coyuntura al estado de normalidad para el que está concebido la Constitución. Esas facultades extraordinarias, que básicamente consisten en la limitación o suspensión del ejercicio de algunos derechos fundamentales, no son poderes ilimitados ni de ejercicio arbitrario o discrecional. Al contrario, tanto los supuestos en los que cabe declaración, la forma de llevarla a cabo y las posibilidades o facultades que otorga a la autoridad gubernativa se determinan de manera reglada en la Constitución -artículo 116- y la legislación que lo desarrolla -la citada LO 4/1981-.

- ¿Quién puede declarar el estado de alarma?

Lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros, debiendo informar al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, al que habrá de suministrarle toda la información que sea precisa. De igual manera, durante la vigencia del estado de alarma el Gobierno deberá notificar al Congreso de los decretos que dicte en relación con tal situación excepcional. Se precisa, sin embargo, la autorización del Congreso para poder prorrogar el estado de alarma. Cuando así se solicite, el Congreso podrá establecer el alcance y las condiciones del estado de alarma que se prorroga (artículo 116.2 de la Constitución y 4, 6 y 8 de la LO 4/1981). Por Resolución de 16 de diciembre de 2010, la Cámara Baja prorrogó hasta las 00:00 del día 15 de enero de 2011 el estado de alarma que se había declarado, como hemos mencionado anteriormente, en virtud del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre.

Cuando las circunstancias que habilitan la declaración del estado de alarma afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá pedir al Gobierno de la nación que se declare el estado de alarma (artículo 5 de la LO 4/1981).

La autoridad competente para ejercer las facultades que devienen de la declaración del estado de alarma será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma donde exclusivamente -en todo o parte del territorio- se haya declarado (artículo 7 de la LO 4/1981).

+ Elemento común en los tres estados excepcionales

Sea cual fuere el estado declarado, las cámaras quedarán automáticamente convocadas si no estuvieran en periodo de sesiones. Si se produce alguna de las circunstancias que habilitan para declarar alguno de los estados y el Congreso estuviera disuelto o hubiese expirado su mandato, la Diputación Permanente será la encargada de asumir las competencias que se le confiere al Congreso (artículo 116.5 de la Constitución).

- Alcance de la declaración del estado de alarma

Las medidas a adoptar con la declaración del estado de alarma serán las estrictamente indispensables para retomar la normalidad y se extenderán durante el periodo necesario para tal restablecimiento. Su aplicación se llevará a cabo de forma proporcionada a las circunstancias del mismo (art. 1.2 de la LO 4/1981) y no interrumpirá el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado (art. 1.4 de la LO 4/1981).

El Decreto gubernamental de declaración del estado de alarma deberá indicar el ámbito territorial al que se extiende la declaración, así como la duración, condiciones y efectos de la misma. Esto es: la declaración podrá afectar solamente a una parte del territorio nacional.

La declaración del estado de alarma deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de inmediato, y deberá ser difundido de forma obligatoria por los medios públicos y por los privados que se determinen. Su entrada en vigor será el momento en el que se publique en dicho boletín. También deberá difundirse cada una de las disposiciones que dicte la Autoridad competente como consecuencia de la declaración del estado de alarma (art. 2 de la LO 4/1981).

+ Duración

El tiempo máximo que puede estar declarado el estado de alarma es de 15 días, prorrogables por el Congreso de los Diputados.

- Efectos de la declaración

La declaración del estado de alarma altera el orden constitucional, aumentando facultades el poder ejecutivo. El ejecutivo podrá, por tanto, limitar o suspender algunos derechos fundamentales. En tanto que se trata de una medida limitadora de derechos, este derecho de excepción deberá interpretarse de manera restrictiva. Las medidas a adoptar serían las siguientes:

+ Medidas que el estado de alarma faculta al ejecutivo para tomar (arts. 11 y 12 de la LO 4/1981)

. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de bienes de primera necesidad.

. En los casos de calamidades, catástrofes, desgracias públicas o ante una situación de crisis sanitaria, además de las medidas anteriores la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, en materia de aguas y sobre incendios forestales.

. En los casos de paralización de servicios públicos esenciales o desabastecimiento de productos de primera necesidad, el Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento -será de aplicación al personal movilizado la normativa vigente sobre movilización que, en todo caso, será supletoria respecto de lo dispuesto en el artículo 12 de la LO 4/1981-.

- Garantías ante el estado de alarma

Declarado cualquiera de los estados excepcionales que menciona el artículo 116 de la Constitución, el Congreso no podrá ser disuelto. Su funcionamiento, al igual que el del resto de poderes constitucionales, no podrá ser interrumpido (artículo 116.5 de la Constitución).

Tampoco se alterará el principio de responsabilidad del Gobierno y sus agentes, que no devendrán, en modo alguno, irresponsables (art. 116.6 de la CE); los actos que lleve a cabo y las disposiciones que dicte la Administración Pública seguirán siendo impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes (art. 3.1 de la LO 4/1981); y quienes directamente sufran un menoscabo en su persona, patrimonio o derechos por actos que no le sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados (art. 3.2 de la LO 4/1981).

+ Posibilidad de impugnación de la declaración del estado de alarma

Al respecto de la posibilidad de impugnar la declaración del estado de alarma, el Tribunal Supremo ha dictado (1) que la decisión del Congreso de los Diputados de prorrogar la declaración del estado de alarma, inicialmente tomada por el Gobierno, concede carácter parlamentario a dicha declaración. Esto implica que deja de considerarse una actuación gubernamental, sino una resolución de la Cámara Baja. Una vez prorrogado el estado de alarma por parte del Congreso, dejará de ser impugnable la declaración por quedar fuera del ámbito delimitado de control judicial de la actuación administrativa (art. 106.1 de la Constitución). Es más, en enero de 2012 (2) el Tribunal Constitucional sentenció que el acto de autorización parlamentaria de la prórroga del estado de alarma no es un mero actos de carácter autorizatorio, pues tiene un contenido normativo o regulador -ya en cuanto hace suyo el alcance, condiciones y términos del estado de alarma fijado o solicitados por el Gobierno, ya en cuanto la propia Cámara directamente lo establece o introduce modificaciones-, siendo una decisión con rango o valor de ley, expresión del ejercicio de una competencia constitucionalmente confiada a la Cámara Baja ex art. 116 CE en aras de la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos (3). Por lo tanto, no puede ser impugnado ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo que consagra el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sino a través del recurso de inconstitucionalidad.

- Estado de alarma: Estado autonómico (art. 155 de la CE)

Además de lo que ya hemos comentado en relación a la posibilidad de la declaración del estado de alarma respecto a una parte del territorio nacional -porque afecte solamente a esa región-, debemos hacernos eco del artículo 155 de la Constitución, precepto que -hasta la fecha- no ha sido utilizada aun.

Este artículo declara que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno -previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado- podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a dicha región al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de estas medidas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas -esto es, el Gobierno quedaría habilitado para dar órdenes a los funcionarios autonómicos- (4).

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(1) Auto del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2011, Sala Tercera, Sección Octava.

(2) Auto del Tribunal Constitucional de 13 de enero de 2012, FJ 4.

(3) En similar sentido, el ATC 114/1991, de 11 de abril, FJ 3.

(4) El artículo 135 de la CE no fue uno de los artículos más consensuados: Francisco Letamendía, de Euskadiko Ezquerra se negó a darle tal poder al Senado y que éste pudiera decidir sobre una comunidad autónoma; Alianza Popular, con Manuel Fraga a la cabeza, protestó contra el precepto debido a que no permitía el derecho del Gobierno a una intervención directa; Pérez Llorca denunció que era una copia casi literal del artículo 37 de la Constitución alemana -donde tampoco se ha aplicado aun-.

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Fuente:

Nociones obtenidas al cursar la asignatura de “Derecho Constitucional III” (Grado en Derecho, UCA), impartida por el profesor López Ulla.

¿Qué dice exactamente el artículo 155 de la Constitución? | La Voz de Galicia

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Constitución Española de 1978: principios del Estado Autonómico

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Wed, 22 Jun 2016 14:24:00 +0000

En este artículo vamos a analizar los principios que informan el Estado Autonómico en España, extraídos de la doctrina y del análisis del artículo 2 de la Constitución. Previamente, introduciremos el tema para dar compostura a la cuestión para facilitar su entendimiento.

- Estado Autonómico: problemática difícil de solucionar

El problema regional fue uno de los que más costó solventar en el proceso constituyente. La cuestión se agudizó al dar lugar a uno de los títulos más imperfectos de toda la Carta Magna, el Título VIII.

Siguiendo a los constitucionalistas Agudo Zamora, Salazar Benítez y Rascón Ortega (1), desde mediados del siglo XVIII el problema regional se ha resuelto de forma deficiente. Las Cortes de 1978, para poder resolver la controversia, debían ser sensibles a esta realidad, pero en un proceso donde convergían concepciones totalmente diferenciadas era complicado. En las Cortes Constituyentes los grupos políticos que la formaban tenían soluciones dispares que en nada ayudaban a lograr un consenso eficaz a largo plazo: desde la concepción unitaria de Alianza Popular -que defendía una mínima descentralización administrativa-, hasta el pacto entre naciones por el que abogaban los nacionalistas vascos y catalanes -teniendo el Estado central competencias exclusivas y residuales de las Comunidades Autónomas-, pasando por un Estado unitario más abierto que defendía UCD o por el modelo federal -planteamiento histórico del PSOE o el PCE-.

Finalmente, embriagado por las ansias de consenso que impregnaron a los Cortes constituyentes, se optó por una solución de distribución territorial que no fuese rígido ni cerrado, permitiendo que el legislador tuviese facultad para moldearlo. Cabría decir, siguiendo -de nuevo- a Zamora, Benítez y Ortega, que la Carta Magna española es una norma de reorganización del Estado que contempla la apertura de un proceso político en el que se habrá de establecer el modelo territorial del Estado a partir de los elementos que en ella se consagran.

- Artículos 2 (derecho a la autonomía) y 137 de la Constitución de 1978 (autonomía como principio de organización del Estado)

La Constitución de 1978, en su artículo 2, reconoce el derecho a la autonomía para las nacionalidades y regiones. A su vez, el artículo 137 confiere a la autonomía el carácter de principio de organización territorial del Estado.

Al estar consagrado como derecho, los titulares pueden ejercerlo en los términos que establezca la Ley Suprema. Por tanto, y como hemos dicho, el modelo que rubrica la Constitución de 1978 es abierto, en tanto que depende del uso que hagan las regiones del derecho que se les confiere: si desean más o menos autonomía, qué elementos definitorios establecen, la forma de acceder al autogobierno que eligen o cuántas competencias ansían asignarse. Los límites de este derecho son los que el Tribunal Constitucional -STC 25/1981 mediante- se ha hecho eco: los principios que informan el régimen autonómico.

+ Modelo de Estado

Nuestro modelo territorial no puede configurarse ni como Estado unitario, ni como Estado federal, ni como Estado regional. El tener un carácter abierto le hace contener elementos de cada uno de los sistemas: por un lado, la participación del Estado en la formación de la norma básica de la región -el Estatuto de Autonomía, que debe aprobarse como Ley estatal- típico del modelo regional; el reconocimiento de la existencia de una sola nación, la española, en su artículo 2, como rasgo del modelo unitario; o la opción por el autogobierno político característico de los Estados federales.

- Principios que informan el Estado Autonómico: artículo 2 de la Constitución

El artículo 2 de la Constitución establece que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. A partir de este precepto podemos extraer los principios que documentan el Estado Autonómico, que son los principios de autonomía, solidaridad y unidad, que pasamos a escrutar individualmente. Hay que comentar, antes de analizarlos, que estos principios no solo limitan la acción de las Comunidades Autónomas, sino que también son límites para la actuación del Estado central.

+ Principio de unidad

El Tribunal Constitucional ha establecido, de forma prolija, que la Constitución parte de la unidad del Estado español, lo que deriva en una organización para todo el territorio. Es principio se patentiza en una serie de manifestaciones: el artículo 1.2 de la Norma Suprema proclama la soberanía nacional como atributo del conjunto del pueblo español y no de cada una de sus regiones; la consagración de la unidad del ordenamiento jurídico, cuyo vértice es la propia Constitución, por eso España hacia el exterior proyecta una única personalidad, poseyendo un patrimonio jurídico común -los derechos fundamentales, por ejemplo- que es defendido por los órganos jurídicos generales -el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial-; la unidad en el ámbito económico (artículos 131.1, 138.2 y 139.2 de la Constitución) que, como ha dictado el Tribunal Constitucional, es una condición sine qua nom para que el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas no devenga disfuncional; la atribución residual para con el Estado que hace la Constitución en las materias que distribuye entre él y las Comunidades Autónomas, en los artículos 148 y 149 del texto constitucional; la facultad que otorga al Estado para dictar leyes de armonización de las disposiciones normativas que promulguen las Comunidades Autónomas -artículo 150.3-; las diversas formas de controlar la actividad de las Comunidades Autónomas que concede al Estado -artículo 153-; y, por último, la proclamación de la Corona como símbolo de unidad y permanencia del Estado que estipula en su artículo 56.

+ Principio de autonomía

La Constitución, en su artículo 2, reconoce el derecho a la autonomía para las nacionalidades y regiones y, a su vez, el artículo 137 confiere a la autonomía el carácter de principio de organización territorial del Estado. Este último precepto establece que “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Además, el artículo 143.1, respecto al ejercicio del derecho a la autonomía, habla de autogobierno.

De la pacífica jurisprudencia sobre este asunto que goza el Tribunal Constitucional, podemos extraer los caracteres más relevantes de este principio: se trata de un concepto jurídico indeterminado; es un poder limitado como establece la citada STC 25/1981, lo que implica que no puede atentar contra los principios que informan el régimen autonómico, pero, al mismo tiempo, debe ser respetado por el Estado; la autonomía lo es en función del interés respectivo, por lo que se puede caracterizar como optativa -se puede acceder o no a la autonomía, a través de vías distintas y con competencias diversas-, general -se predica para todos aquellos territorios que cuenten con los requisitos para poder acceder a la misma- y gradual -permite que, una vez alcanzada, se puedan ir aumentando las competencias de forma progresiva-; y con una innegable naturaleza política -nuestro Tribunal Constitucional ha comentado que existen diversos grados de autonomía, de tal forma que el Estado es titular exclusivo de la soberanía, las Comunidades Autónomas tienen autonomía política para la gestión de los intereses que le son propios, y las provincias y los municipios tienen autonomía administrativa para desarrollar sus fines particulares, lo que equivale a reconocer que las Comunidades cuentan con autogobierno aunque este no sea soberano (que deriva del Estado), y por ello están dotadas de un poder ejecutivo y legislativo propio, con el fin de hacer viable esa realidad-.

El citado artículo 2 de la Constitución establece como sujetos titulares del derecho a la autonomía a las nacionalidades y a las regiones. Si bien, la Carta Magna no define a las nacionalidades ni las diferencia de las regiones. Se puede apreciar en el debate constituyente que con ese término quería hacerse referencia a los territorios teóricamente dotados de mayor conciencia histórica de autonomía, como son Galicia, el País Vasco y Cataluña -estos territorios ya habían plebiscitado favorablemente sus Estatutos de Autonomía estando vigente la Constitución republicana de 1931-. Posteriormente, en el Título VIII, la Constitución se vale del término Comunidad Autónoma -de carácter más técnico-.

+ Principio de solidaridad

El artículo 2 de la Constitución consagra el principio de solidaridad, del que se hace eco el artículo 138 de la Constitución -que nos dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular, además de establecer que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en modo alguno, privilegios económicos o sociales-, establece uno de los principios más debatidos actualmente en el ámbito político, que es el de solidaridad.

El artículo 138 establece dos modalidades de plasmación del mismo: por un lado, el establecimiento de un equilibrio económico entre las diferentes regiones que conforman el territorio del Estado -el propio artículo 158.2 de la Constitución prevé un fondo de compensación para paliar las desigualdades interterritoriales-; por otro lado, la proscripción de cualquier privilegio social o económico de las Comunidades Autónomas por la vía estatutaria -el artículo 158, antes citado, se hace eco del hecho insular. De hecho, y en este sentido, la disposición adicional 3ª de la Constitución establece que “La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico”-.

El principio de solidaridad tiene la finalidad de funcionar como límite a las competencias de las Comunidades Autónomas y como factor de equilibrio entre la autonomía de las regiones y nacionalidades y la unidad del territorio, además de servir como fundamento para la cooperación entre las Comunidades y el Estado.

A este respecto, hay que comentar que la cooperación a la que nos acabamos de referir puede darse tanto de manera intra-territorial como inter-territorial: esto es, tanto entre el Estado y las Comunidades Autónomas como entre las propias Comunidades. De esta forma, en nuestra Constitución se conciben varias vías de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como diversas maneras de colaboración entre las propias regiones -por ejemplo, el mecanismo de suscripción de acuerdos consagrado en el artículo 145.2 de la Constitución: “Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales”-.

+ El principio de solidaridad para el Tribunal Constitucional

El órgano constitucional español que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución nos dice que el principio de solidaridad se plasma en una serie de deberes concretos que deben estar presentes en la relación Comunidades Autónomas-Estado: deber de apoyo, lealtad constitucional y deber de auxilio recíproco (2) (3) (4).

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(1) “Manual de Derecho Constitucional”. Editorial Tecnos. Tercera edición.

(2) Guía jurídica sobre el Principio de solidaridad, de Wolters Kluwer.

(3) STC 247/2007, de 12 de diciembre: el Tribunal nos dice que el principio de solidaridad complementa e integra los principios de unidad y de autonomía, dándose la existencia de un deber de auxilio recíproco, de recíproco apoyo y mutua lealtad -deber de fidelidad a la Constitución-.

(4) El deber de lealtad constitucional ha sido acuñado por la doctrina y la jurisprudencia alemana, y se traduce en tener que colaborar mutuamente los poderes central y autonómicos. No se recoge de forma taxativa en la Constitución pero sí se ha proclamado por la jurisprudencia constitucional, de la que se hace eco la citada sentencia 247/2007, de 12 de diciembre, y que deja patente que el principio de lealtad constitucional resulta esencial en las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial y constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico, cuya observancia resulta de obligado cumplimiento.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Datos, cifras (1959-2015) y reformas del TEDH | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (VI)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 04 Jun 2016 22:05:00 +0000

En este artículo vamos a analizar los datos y las cifras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a lo largo de su historia, para comprobar la evolución de las controversias, entre otras cuestiones. Además, analizaremos con brevedad las reformas más importantes llevadas a cabo en el TEDH.

- Estadísticas de los años 1959-2015 sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ Sentencias respecto a cada Estado

Desde su creación en 1959, el TEDH ha emitido alrededor de 18.500 sentencias. Casi la mitad de las mismas conciernen a cinco Estados miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH): Turquía (3.182 sentencias), Italia (2.336 sentencias), la Federación de Rusia (1.720 sentencias), Rumanía (1.197 sentencias) y Polonia (1.099 sentencias).

Concretamente, del alrededor de las 18.500 sentencias que ha emitido el Tribunal, el 17,13% se refieren a Turquía; el 12,57% a Italia; el 9,26% a la Federación de Rusia; el 6,44% a Rumanía; el 5,91% a Polonia; el 5,67% a Ucrania; el 5,18% a Francia; el 4,74% a Grecia; el 3,10% a Bulgaria; el 2,83% a Reino Unido; y el 27,17% al resto de Estados miembros del CEDH.

Del total de sentencias que ha dictado el TEDH, el Tribunal ha condenado por violación del CEDH a los Estados demandados en el 84% de casos.

+ Número de demandas ante el TEDH

Si bien el número de sentencias dictadas por el TEDH es de alrededor de 18.500, el Tribunal ha tenido que analizar -a lo largo de su historia- unas 674.000 demandas.

+ Demandas ante el TEDH (1959-2015)

. Entre 1929 y 2015, el TEDH (1):

* Ha asignado 741.014 asuntos a una formación judicial.

* Ha inadmitido 645.481 demandas.

* Ha dictado sentencia en 28.674 asuntos.

* Ha resuelto 674.155 demandas.

. Centrándonos en el año 2015, el TEDH:

* Ha asignado 40.629 asuntos a una formación judicial.

* Ha inadmitido 43.135 demandas.

* Ha dictado sentencia en 2.441 asuntos.

* Ha resuelto 45.576 demandas.

+ Objeto de las sentencias condenatorias del TEDH

Más del 41% de las sentencias condenatorias dictadas por el TEDH se han referido al artículo 6 del CEDH -derecho a un proceso equitativo-, ya sea por falta de equidad (17,63%) o por la duración del procedimiento (22,13%).

El segundo precepto que ha apreciado vulnerado el Tribunal con más frecuencia, es el que se recoge en el artículo 5 del Convenio -derecho a la libertad y a la seguridad- (12,43%).

Por último, el 14,72% de sentencias condenatorias versaban sobre una violación esencial del CEDH, al involucrar el derecho a la vida o la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (artículos 2 y 3, respectivamente, del Convenio).

Siendo precisos, el 41,31% de las sentencias condenatorias se refieren al derecho a un proceso equitativo (artículo 6 del CEDH); el 12,43% al derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 5 del Convenio); el 12,18% a la protección de la propiedad (artículo 1 del Protocolo nº 1 al CEDH); el 10,20% a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (artículo 3 del Convenio); el 8,33% al derecho a un recurso efectivo (artículo 13 del CEDH); el 4,67% al derecho al respeto por la vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio); el 4,52% al derecho a la vida (artículo 2 del CEDH); y el 6,36% al resto de derechos y libertades que consagra el Convenio.

+ Comparación del objeto de las sentencias condenatorias del TEDH en el periodo 1959-2015 y el año 2015

La violación más frecuentemente apreciada por el TEDH es la del derecho a un proceso equitativo (artículo 6 del CEDH), especialmente respecto a la excesiva dilación del procedimiento. En 2015, un cuarto de las violaciones declaradas por el Tribunal versaban sobre esta disposición.

No obstante, desde hace varios años otras violaciones del CEDH han sido apreciadas cada vez con más frecuencia. Un ejemplo es la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (artículo 3 del Convenio): en 2015, esta disposición significó casi un cuarto de las violaciones declaradas.

. Derecho a un proceso equitativo

* 1959-2015: el 41,31% de las sentencias condenatorias se referían a este derecho.

* 2015: el 24,14% de las violaciones fueron declaradas respecto a este derecho.

. Derecho a la libertad y a la seguridad

* 1959-2015: el 12,43% de las sentencias condenatorias se referían a este derecho.

* 2015: el 15,69% de las violaciones fueron declaradas respecto a este derecho.

. Protección de la propiedad

* 1959-2015: el 12,18% de las sentencias condenatorias se referían a este derecho.

* 2015: el 8,10% de las violaciones fueron declaradas respecto a este derecho.

. Prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes

* 1959-2015: el 10,20% de las sentencias condenatorias se referían a este derecho.

* 2015: el 23,02% de las violaciones fueron declaradas respecto a este derecho.

. Derecho a un recurso efectivo

* 1959-2015: el 8,33% de las sentencias condenatorias se referían a este derecho.

* 2015: el 9,48% de las violaciones fueron declaradas respecto a este derecho.

. Derecho al respeto por la vida privada y familiar

* 1959-2015: el 4,67% de las sentencias condenatorias se referían a este derecho.

* 2015: el 5,26% de las violaciones fueron declaradas respecto a este derecho.

. Derecho a la vida

* 1959-2015: el 4,52% de las sentencias condenatorias se referían a este derecho.

* 2015: el 6,98% de las violaciones fueron declaradas respecto a este derecho.

. Otros derechos y libertades

* 1959-2015: el 6,36% de las sentencias condenatorias se referían al resto de derechos que consagra el CEDH.

* 2015: el 7,33% de las violaciones fueron declaradas respecto al resto de derechos que consagra el Convenio.

- Reformas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Desde que se constituyó el TEDH, los Estados miembros del Consejo de Europa han adoptado toda una serie de protocolos al CEDH con la finalidad de mejorar y reforzar su mecanismo supervisor. En 1998, el Protocolo nº 11 reemplazó la original estructura dual de Comisión-Tribunal por un único Tribunal que funciona a tiempo completo.

Una segunda reforma significativa abordó el considerable incremento del número de demandas y la acumulación de asuntos que padecía el TEDH. Se llevó a cabo a través del Protocolo nº 14 al Convenio. Este texto introdujo nuevas formaciones judiciales para los casos más sencillos y estableció un nuevo criterio de admisibilidad (la existencia de un “perjuicio importante” para poder demandar); además de extender el mandato de los jueces a 9 años (no renovable).

En los últimos años, se han convocado varias conferencias sobre el futuro del TEDH que, entre otras cosas, han llevado a la adopción de los Protocolos nº 15 y nº 16, que no están en vigor aún.

El Protocolo nº 15, adoptado en 2013, añade referencias al principio de subsidiariedad y a la doctrina del margen de apreciación en el preámbulo del Convenio. Además, reduce de 6 a 4 meses el plazo dentro del cual una demanda debe ser interpuesta -después de la decisión final en la jurisdicción nacional- ante el TEDH.

En el año 2013 también se adoptó el Protocolo nº 16, que permite que las altas instancias judiciales de cada país soliciten al TEDH que emita dictámenes consultivos sobre la interpretación o la aplicación de los derechos y libertades consagrados en el CEDH. Este Protocolo es, por otro lado, opcional.

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(1) Se incluyen los asuntos tratados, en cierta forma, por parte de la Comisión Europea de los Derechos Humanos antes de 1959.

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Fuentes:

. The ECHR in 50 questions

. The Court in brief

. European Court of Human Rights | Questions & Answers

. The ECHR in facts and figures

. Overview 1959-2015 ECHR

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- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (I): cuestiones introductorias

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (II): órganos y procedimientos ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (III): desarrollo del procedimiento ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (IV): sentencias, decisiones y actividad del tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (V): el futuro del TEDH y datos relativos al año 2015

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

El futuro del TEDH y datos relativos al año 2015 | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (V)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Thu, 02 Jun 2016 22:05:00 +0000

En esta entrada vamos a analizar el futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además de examinar los datos y las cifras que ha proporcionado la Unidad de Relaciones Públicas del TEDH respecto al año 2015.

- Futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ Protocolo nº 14 al CEDH

El Protocolo nº 14 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), cuyo objetivo es garantizar la eficiencia a largo plazo del TEDH optimizando el filtraje y la gestión de las demandas, prevé la creación de nuevas formaciones judiciales para que se hagan cargo de los asuntos más sencillos y un nuevo criterio para la admisibilidad de las demandas (la exigencia de “un perjuicio importante”), además de extender el mandato de los jueces a nueve años sin la posibilidad de acceder a la reelección. Este protocolo entró en vigor el 1 de junio de 2010.

+ Planes de reforma para el TEDH

Independientemente del Protocolo nº 14 al CEDH, se ha considerado necesario, en el seno del Consejo de Europa, llevar a cabo subsiguientes reformas.

Un Comité de Sabios, compuesto por distinguidos juristas, entregó un informe sobre reformas estructurales del TEDH al Comité de Ministros en noviembre de 2006 (“Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers”, de 15 de noviembre de 2006). En ese informe recomendaban, entre otras cosas, que se estableciera un nuevo mecanismo judicial de filtraje y que se elaborara un estatuto sobre ciertos elementos organizativos del funcionamiento del TEDH, reformas que podrían implantarse con más facilidad que si se tuviera que recurrir al proceso de modificación de tratados internacionales que se exige para modificar el CEDH. El Comité Director de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha lanzado diversas propuestas, en estos años, haciéndose eco de este informe del Comité de Sabios.

- Datos y cifras del TEDH

+ Asuntos pendientes

A 31 de diciembre de 2015, aproximadamente 64.850 asuntos estaban pendientes de ser asignados a una formación judicial. Casi la mitad de estas demandas pendientes fueron interpuestas contra uno de los siguientes tres Estados Miembros: Ucrania, la Federación de Rusia y Turquía.

Concretamente, en la fecha señalada la situación era la siguiente: el 21,40% de demandas pendientes de asignación estaban dirigidas contra Ucrania; el 14,02% contra la Federación de Rusia; el 13% contra Turquía; el 11,60% contra Italia; el 11,10% contra Hungría; el 5,50% contra Rumanía; el 3,30% contra Georgia; el 2,60% contra Polonia; el 2,50% contra Eslovenia; el 2,30% contra Azerbaiyán; y el 16,68% contra el resto de Estados.

+ Sentencias condenatorias en 2015

En 2015, casi un tercio de las sentencias emitidas por el TEDH se referían a 3 de los 47 miembros del Consejo de Europa: la Federación de Rusia (116 sentencias), Turquía (87 sentencias) y Rumanía (84 sentencias).

El año pasado, el 14,09% de sentencias dictadas se referían a la Federación de Rusia; el 10,57% a Turquía; el 10,21% a Rumanía; el 6,20% a Ucrania; el 5,71% a Grecia; el 5,35% a Hungría; el 3,89% a Bulgaria; el 3,52% a Polonia; el 3,28% a Francia; el 2,92% a Italia; y el 34,26% al resto de Estados Miembros.

Del número total de sentencias dictadas en 2015 por el TEDH, el Tribunal ha declarado al menos una violación del CEDH -por parte del Estado demandado- en el 84% de casos.

A fecha de 31 de diciembre de 2015, desde que el TEDH se creó, en 1959, más de la mitad de las sentencias emitidas por él conciernen a cinco Estados Miembros: Turquía (3.182 sentencias), Italia (2.336 sentencias), la Federación de Rusia (1.720 sentencias), Rumanía (1.197 sentencias) y Polonia (1.099 sentencias).

+ Demandas asignadas a una formación judicial

Las demandas asignadas a una formación judicial son aquellas que el TEDH ha recibido correctamente cumplimentadas y con la forma adecuada, acompañadas de copias de los documentos pertinentes. Estas demandas son examinadas por un juez único, un Comité o una Sala del Tribunal.

A 31 de diciembre de 2015, 40.650 demandas están asignadas a una formación judicial (esta cifra -y las presentadas a continuación- no incluyen los asuntos que están en una etapa prejudicial). Este dato es considerablemente menor que en años anteriores (56.300 en 2014, 65.800 en 2013, 64.900 en 2012, 64.300 en 2011, 61.100 en 2010, 57.000 en 2009, 49.700 en 2008, o 41.100 en 2007), teniéndonos que remontar a 2006 -y los años previos a 2006- para encontrar una anualidad donde se haya acabado con menos asuntos asignados a una formación judicial (39.200 en 2006, 35.400 en 2005, 32.500 en 2004, 27.200 en 2003, 28.200 en 2002, 13.800 en 2001, 10.500 en el 2000, o 8.400 en 1999).

+ Sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En los últimos años el TEDH se ha concentrado en examinar los asuntos complejos, y ha decidido unir ciertas demandas que plantean cuestiones jurídicas similares con la finalidad de analizarlas conjuntamente. De este modo, aunque el número de sentencias dictadas cada año no aumente como lo hacía en el pasado, el Tribunal paulatinamente examina más demandas. En 2015, el TEDH dictó 823 sentencias referidas a 2.441 demandas. Un total de 45.576 demandas fueron resueltas en 2015, mediante una sentencia o una decisión o siendo archivadas.

En el año 2014, el TEDH emitió 891 sentencias; 916 en 2013; 1.093 en 2012; 1.157 en 2011; 1.499 en 2010; 1.625 en 2009 (la cifra más alta en una anualidad); 1.543 en 2008; 1.503 en 2007; 1.560 en 2006; 1.105 en 2005; 718 en 2004; 703 en 2003; 844 en 2002; 888 en 2001; 695 en el 2000; 177 en 2009; y 837 en el periodo comprendido entre 1959 y 1998.

+ Objeto de las sentencias condenatorias del TEDH, en 2015

En las sentencias dictadas en 2015 por el TEDH, un cuarto de las sentencias condenatorias lo fueron por vulneración del artículo 6 del CEDH (derecho a un proceso equitativo), ya sea por falta de equidad o por la duración del procedimiento. Al mismo tiempo, casi el 23% de las sentencias condenatorias del TEDH se referían a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (artículo 3 del CEDH). Además, el 15% de las violaciones lo fueron respecto a la violación del derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 5 del CEDH).

Debe señalarse que el 30% de las violaciones versaban sobre importantes derechos reconocidos en el Convenio, como lo son el derecho a la vida o la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (artículos 2 y 3 del CEDH, respectivamente). Esto nos da una idea de la situación nada idílica -aunque no nefasta, pero sí mejorable- que viven los derechos humanos en el seno del Consejo de Europa.

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Fuentes:

. The ECHR in 50 questions

. The Court in brief

. European Court of Human Rights | Questions & Answers

. The ECHR in facts and figures

. Overview 1959-2015 ECHR

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- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (I): cuestiones introductorias

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (II): órganos y procedimientos ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (III): desarrollo del procedimiento ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (IV): sentencias, decisiones y actividad del tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (VI): datos, cifras (1959-2015) y las reformas del TEDH

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Sentencias, decisiones y actividad del tribunal | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (IV)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Tue, 31 May 2016 22:05:00 +0000

En esta pieza vamos a analizar las diferentes resoluciones que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los efectos de las mismas, cuando pueden recurrirse, cómo se ejecutan, entre otras cuestiones relevantes. Al mismo tiempo, analizaremos ciertos datos sobre la actividad del tribunal.

- Diferencias entre las sentencias y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Las decisiones son dictadas, normalmente, por un Juez único, un Comité o una Sala del Tribunal. Sólo versan sobre la admisibilidad, no se manifiestan respecto al fondo del asunto. De forma habitual, las Salas se encargan de examinar la admisibilidad y el fondo del asunto al mismo tiempo; así pues, dictan sentencias.

- Obligación del Estado para con las sentencias del TEDH

Las sentencias que condenan a un Estado por violación de los derechos que reconoce el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) son vinculantes para los Estados condenados y están obligados a ejecutarlas. El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa la ejecución de las mismas y, especialmente, que los pagos de las cantidades que concede el TEDH a los demandantes -para compensar los daños que han sufrido- sean satisfechas debidamente.

- Satisfacción equitativa

Cuando el TEDH condena a un Estado y declara que el demandante ha sufrido daños, suele conceder al demandante una satisfacción equitativa, que es una suma de dinero a título de compensación por tal daño. El Comité de Ministros del Consejo de Europa se encarga de garantizar que cualquier cantidad concedida por el Tribunal, a un demandante, sea efectivamente satisfecha.

- Recursos ante las sentencias del TEDH

Las decisiones de inadmisibilidad, así como las sentencias dictadas por los Comités o la Gran Sala, son definitivas y no cabe recurso contra ellas. Por otro lado, las partes tienen tres meses desde la emisión de la sentencia de la Sala para solicitar el reenvío del asunto a la Gran Sala para un nuevo examen. Las solicitudes de reenvío a la Gran Sala son analizadas por un grupo de jueces, que deciden si el reenvío es pertinente o no.

- Ejecución de las sentencias del TEDH

Cuando el Tribunal dicta una sentencia de violación del CEDH, el TEDH transmite el expediente al Comité de Ministros del Consejo de Europa, el cual se pone en contacto con el país condenado y el departamento responsable de la ejecución de las sentencias para decidir cómo se va a ejecutar la sentencia y como evitar violaciones similares del Convenio en el futuro. Esto se traduce en la adopción de medidas: cambios legislativos generales y medidas individuales -si es preciso-.

- Consecuencias de una sentencia de violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos

En caso de una sentencia condenatoria por violación del CEDH, el Estado condenado debe tomar medidas a fin de asegurar que tales violaciones no ocurran de nuevo en el futuro, ya que, de otra forma, el TEDH podría dictar nuevas sentencias condenatorias contra él. En algunos casos, el Estado tendrá que modificar sus leyes con la finalidad de adecuarlas al Convenio.

- Caso piloto

En los últimos años, el TEDH ha desarrollado un nuevo procedimiento para dar respuesta al flujo masivo de demandas que versan sobre problemas similares, conocidos como “problemas sistémicos” (por ejemplo, aquellos que emergen cuando existe una inadecuación del derecho doméstico respecto al CEDH).

Este procedimiento implementado por el Tribunal recientemente, consiste en examinar una o más demandas de este tipo, difiriendo o posponiendo el examen del resto de asuntos similares. Cuando se dicta sentencia en un caso piloto, el Tribunal invita al Gobierno condenado a adaptar sus normas al Convenio y le indica las medidas generales a tomar. Una vez hecho esto, se dispone a analizar el resto de asuntos similares que estaban pendientes.

- Opinión separada

Los jueces pueden expresar su opinión respecto a un asunto que haya examinado, y su opinión se publica junto a la sentencia en cuestión. En general, en las opiniones separadas los jueces explican por qué votan con la mayoría (opinión concurrente) o, por el contrario, por qué no están de acuerdo con la mayoría de jueces (opinión disidente).

- La actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ Número de demandas que se plantean ante el TEDH

El TEDH ha sido víctima de su propio éxito: más de 50.000 demandas se presentan ante él cada año. La repercusión de ciertas sentencias del Tribunal y el creciente reconocimiento de su trabajo entre los nacionales de los Estados Miembros del CEDH ha tenido un impacto considerable en el número de demandas que se presentan cada año.

+ Derechos sobre los que versan la mayoría de resoluciones del TEDH

En cerca de la mitad de las sentencias donde el TEDH ha estimado que ha habido una violación del CEDH, el Tribunal ha declarado la violación del artículo 6 del Convenio -derecho a un proceso equitativo- (en lo que respecta a la falta de equidad del procedimiento o la excesiva duración del mismo). De hecho, el 55% de las violaciones declaradas por el TEDH lo son respecto al artículo 6 del CEDH o el artículo 1 del Protocolo nº1 al CEDH (protección de la propiedad). Finalmente, en cerca del 13% de casos el TEDH constata la existencia de una violación grave del Convenio, al vulnerarse los derechos reconocidos en el artículo 2 y 3 del mismo (derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, respectivamente).

+ Efectividad de las medidas provisionales

Mientras que la mayoría de Estados acatan las indicaciones del TEDH respecto a las medidas provisionales, no pasa desapercibido que algunos de ellos no han actuado de acuerdo con lo solicitado por el Tribunal. Esos Estados corren el riesgo de ser condenados por el TEDH por falta de cumplimiento de sus obligaciones, en virtud del artículo 34 del CEDH (demandas individuales).

+ Asuntos de relevancia social

El TEDH, como es lógico, se ha visto llamado a decidir sobre temas que no fueron previstos en el momento en el que se firmó el CEDH (1950). Durante sus 66 años de vida, el Tribunal se ha pronunciado sobre muchos asuntos con relevancia social, tales como cuestiones relativas al aborto; suicidio asistido; exploraciones corporales; esclavitud doméstica; el derecho a conocer los orígenes de cada uno a pesar del derecho al anonimato de las madres biológicas; adopción por parte de homosexuales; el derecho a llevar el velo islámico en las escuelas o universidades; la protección de las fuentes periodísticas; discriminación contra la etnia gitana y cuestiones medioambientales.

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Fuente:

. The ECHR in 50 questions

. The Court in brief

. European Court of Human Rights | Questions & Answers

. The ECHR in facts and figures

. Overview 1959-2015 ECHR

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- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (I): cuestiones introductorias

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (II): órganos y procedimientos ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (III): desarrollo del procedimiento ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (V): el futuro del TEDH y datos relativos al año 2015

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (VI): datos, cifras (1959-2015) y las reformas del TEDH

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Desarrollo del procedimiento ante el tribunal | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (III)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Fri, 20 May 2016 22:05:00 +0000

En este artículo vamos a analizar el desarrollo del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la regulación del proceso y la articulación de las acciones que se pueden llevar a cabo.

- Requisitos de admisibilidad

Las demandas ante el TEDH deben cumplir ciertos requisitos para que sean admitidos por el Tribunal; de lo contrario, ni siquiera se examinará el fondo del asunto de las mismas.

Solamente puede presentarse una demanda ante el TEDH si se han agotado todas las vías de recurso internas; es decir, una persona que entienda que se han violado los derechos que le confiere el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) debe haber consumido las vías judiciales del país en cuestión hasta la última instancia competente. De esta forma, se le da al Estado la oportunidad de ofrecer una reparación -a nivel nacional- para la violación que se alega.

Las demandas deben invocar al menos uno de los derechos garantizados en el CEDH. El TEDH no está facultado para examinar quejas sobre derechos no contenidos en el Convenio.

Las demandas deben presentarse ante el TEDH dentro del plazo de seis meses desde el pronunciamiento de la última decisión judicial interna respecto al asunto, que normalmente consistirá en una sentencia dictada por el más alto tribunal nacional.

El demandante debe ser víctima de una conculcación de los derechos y libertades reconocidos en el CEDH de forma directa y personal, y debe haber sufrido un perjuicio considerable.

No debe olvidarse, por supuesto, que las demandas solo pueden interponerse contra -al menos- un Estado miembro del CEDH, no existiendo la posibilidad de presentarlas contra un Estado que no haya ratificado el Convenio ni contra un individuo.

- Intervención de los Estados o las ONGs en los procedimientos ante el TEDH

Tanto los Estados como las ONGs pueden interponer demandas ante el TEDH. Al mismo tiempo, pueden ser autorizados por el Presidente del Tribunal para intervenir en los procedimientos como terceros interesados.

- Terceros interesados

El Presidente del Tribunal puede autorizar a cualquier persona diferente del demandante, u otro Estado miembro del CEDH diferente del Estado demandado en el asunto en cuestión, para intervenir en el procedimiento. Se habla en estos casos de intervención de un tercero interesado. La persona o Estado que interviene como tercero interesado está facultado para presentar observaciones escritas y participar en las vistas públicas.

- Testimonio de testigos y peritos

De forma excepcional, el TEDH puede decidir tomar medidas indagatorias y viajar a un país con el fin de clarificar los hechos que están en el origen de la demanda. La delegación del Tribunal puede, entonces, tomar testimonio de personas y llevar a cabo una investigación in situ.

De igual manera, el TEDH puede en ocasiones designar peritos, por ejemplo para que médicos examinen a los demandantes que están en prisión.

- Audiencias públicas

El Tribunal desarrolla el procedimiento eminentemente de forma escrita, pero en ocasiones decide realizar una vista pública, si lo considera preciso.

Las vistas tienen lugar en el Palacio de los Derechos Humanos, en Estrasburgo. Son públicas salvo que el Presidente de la Sala -o la Gran Sala- determine lo contrario, en función del asunto. La prensa y el público normalmente pueden asistir a las mismas; sólo se les exige que presenten la acreditación de prensa o, en el caso del público, un documento de identidad en la recepción.

Todas las audiencias son grabadas y emitidas en la página web del TEDH el mismo día en que se celebran, a partir de las 14:30 (hora local).

- Excepciones preliminares

Las excepciones preliminares son las alegaciones presentadas por el Estado demandado tratando de impedir un examen sobre el fondo del asunto.

- Acuerdos amistosos

Los acuerdos amistosos son tratos entre las partes para poner fin a un procedimiento iniciado por una demanda. Cuando las partes concernidas se ponen de acuerdo para solucionar su disputa de esta forma, lo más habitual es que se traduzca en el pago de una cantidad de dinero por parte del Estado al demandante. Después de examinar los términos del acuerdo amistoso, y a menos que se considere que el respeto por los derechos humanos exija que continúe, el TEDH archivará la demanda.

El Tribunal siempre alienta a las partes para que se sienten a negociar un acuerdo amistoso. Si no se alcanza dicho acuerdo, el TEDH procede a examinar el fondo del asunto de la demanda.

- Medidas provisionales

Cuando el TEDH recibe una demanda puede exigir que un Estado tome ciertas medidas provisionales mientras se realiza el examen del asunto. Consisten, normalmente, en pedir que el Estado se abstenga de hacer algo, como no devolver a una persona a países donde dice estar expuesta a sufrir tortura o donde existe un riesgo para su vida.

- ¿Las deliberaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son públicas?

En absoluto. Las deliberaciones del TEDH siempre son secretas.

- Estados que se niegan a colaborar con el TEDH

Ha habido casos donde un Estado miembro del CEDH ha omitido o incluso se ha negado a proporcionar información y documentos que el Tribunal le requería para el análisis de una demanda.

En estos casos, el TEDH puede condenar a ese Estado en virtud del artículo 38 del CEDH (obligación de los Estados de proporcionar todas las facilidades para el examen del asunto).

- Duración de los procedimientos ante el TEDH

Es imposible indicar el tiempo de duración de los procedimientos ante el TEDH.

El Tribunal se esfuerza, según la propia prensa del TEDH, en que las demandas sean examinadas en el plazo de tres años desde que son interpuestas, pero la evaluación de algunos asuntos requiere de más tiempo y otros pueden ser tratados con mayor celeridad.

La duración de los procedimientos ante el TEDH, obviamente, depende del caso, la formación judicial a la que éste se atribuye, la diligencia de las partes a la hora de proporcionar al Tribunal información y muchos otros factores -como la celebración de una vista pública o el reenvío del caso a la Gran Sala-.

Algunas demandas pueden ser clasificadas como urgentes y ser tratados de forma prioritaria (a semejanza del procedimiento preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales en España), especialmente en asuntos donde el demandante alega que se enfrenta a un peligro inminente.

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Fuentes:

. The ECHR in 50 questions

. The Court in brief

. European Court of Human Rights | Questions & Answers

. The ECHR in facts and figures

. Overview 1959-2015 ECHR

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- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (I): cuestiones introductorias

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (II): órganos y procedimientos ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (IV): sentencias, decisiones y actividad del tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (V): el futuro del TEDH y datos relativos al año 2015

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (VI): datos, cifras (1959-2015) y las reformas del TEDH

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Órganos y procedimientos ante el tribunal | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (II)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Wed, 18 May 2016 22:05:00 +0000

Analizamos, en este segundo artículo de la serie sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sus órganos y los procedimientos ante el tribunal.

- Diferencias entre las Salas y las Secciones

Las Secciones son entidades administrativas y las Salas son formaciones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) constituidas en el seno de una Sección.

El Tribunal tiene cinco Secciones dentro de las cuales se constituyen las Salas. Cada Sección está compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y varios jueces.

- Composición de las Salas y la Gran Sala

Una sala se compone de un Presidente de la Sección al que el asunto ha sido atribuido, el “juez nacional” (el juez elegido a título del Estado contra el que se ha interpuesto la demanda) y cinco jueces designados por el Presidente de la Sección en virtud de un sistema de rotación.

La Gran Sala se compone del Presidente del Tribunal y de los Vicepresidentes, los Presidentes de las Secciones y del juez nacional, junto a otros jueces seleccionados por sorteo. Cuando se atiende a un asunto reenviado, no forman parte de la Gran Sala los jueces que previamente habían formado parte de la Sala que examinó el asunto.

- Decisiones de la Gran Sala

La iniciación de procedimientos ante la Gran Sala proviene de dos vías: como consecuencia de un reenvío o como consecuencia de la inhibición de una Sala.

Después de que una Sala dicte sentencia, las partes pueden solicitar el reenvío del asunto ante la Gran Sala (tal solicitud se acepta en contadas ocasiones). El colegio de jueces de la Gran Sala es quien decide si un asunto debe ser reenviado ante la Gran Sala para un nuevo examen.

También se envían casos a la Gran Sala cuando se produce la inhibición de una Sala, aunque también en circunstancias excepcionales. La Sala a la que se le asigna un asunto puede inhibirse a favor de la Gran Sala si el caso trae a colación cuestiones que afectan seriamente a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) o si existe riesgo de contradicción con una sentencia pretérita del Tribunal.

- Abstención por parte de los jueces

Los jueces del TEDH están obligados a abstenerse de tomar parte en un asunto cuando hayan participado en el mismo, previamente, de alguna forma. Por lo tanto, el juez se aparta del caso. Los jueces que se abstienen son reemplazados en los procedimientos por otro juez o un juez ad hoc -si es el juez nacional quien se aparta-.

- Jueces ad hoc

Un juez ad hoc es el nombrado por un gobierno demandado cuando el juez nacional no participa en el caso por incapacidad, dispensa o inhibición.

- Competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El TEDH no puede decidir de oficio. Es competente para atender demandas por violación del CEDH, ya sean individuales o interestatales.

- Demandas ante el TEDH

El CEDH hace una distinción entre dos tipos de demandas: las individuales -presentadas por cualquier persona, grupo de personas, empresa u ONG que estima que se han violado los derechos que garantiza el CEDH- y las interestatales -demandas incoadas por un Estado contra otro-.

Desde que se estableció el TEDH, casi todas las demandas han sido interpuestas por individuales directamente ante el Tribunal, alegando una o más violaciones del Convenio.

+ ¿Contra quién pueden presentarse las demandas?

Sólo puede demandarse a uno o más Estados que hayan ratificado el CEDH. Cualquier demanda interpuesta ante un tercer Estado o contra individuos, por ejemplo, será inadmitida.

+ ¿Cómo se presentan las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Las demandas pueden presentarse directamente por individuos, sin ser obligatorio ser asistido por un abogado al inicio del procedimiento. Sólo es necesario que se envíe al Tribunal el formulario de demanda debidamente cumplimentado, acompañado de los documentos pertinentes. Sin embargo, el hecho de que se registre una demanda por parte del Tribunal no implica que se vaya a admitir o que se estime la pretensión del demandante.

El CEDH prevé un sistema acceso fácil ante el TEDH, permitiendo a cualquier individuo que presente una demanda incluso si el demandante vive en una región retirada de un Estado miembro o carece de medios económicos. Teniendo en cuenta esto, no hay que hacer frente al pago de ninguna tasa en los procedimientos ante el TEDH.

+ Diferencias entre una demanda individual y una demanda interestatal

La mayoría de las demandas ante el TEDH son demandas individuales interpuestas por particulares. Los Estados pueden, asimismo, presentar demandas contra otro Estado miembro del CEDH, lo que se conoce como demanda interestatal.

+ Representación por parte de abogado en los procedimientos ante el TEDH

La representación legal no es indispensable al comienzo del procedimiento; cualquiera puede interponer una demanda directamente ante el TEDH. Sin embargo, la asistencia de letrado deviene necesaria una vez que el Tribunal ha notificado el asunto al gobierno demandado para que presente sus observaciones. Se garantiza asistencia jurídica a los demandantes, si se considera necesario, desde ese momento del procedimiento.

+ Capacidad para actuar ante el TEDH

No hay una lista de abogados autorizados para actuar ante el TEDH. Un demandante puede ser representado por cualquiera que esté habilitado para ejercer como abogado en uno de los Estados miembros del CEDH, o que ha sido autorizado para ello por el Presidente de la Sala correspondiente.

- Etapas del procedimiento ante el TEDH

Hay dos etapas principales en los asuntos planteados ante el TEDH: la etapa de admisibilidad y la etapa de decisión sobre el fondo del asunto, es decir, de examen de las quejas. El recorrido de una demanda, asimismo, discurre por diferentes fases.

Las formaciones de juez único inadmiten una demanda cuando la inadmisibilidad sea clara desde el principio; su decisión no puede ser recurrida.

Los Comités dictarán una decisión o una sentencia definitiva en los asuntos para los que existe jurisprudencia consolidada del TEDH.

Las Salas notifican el asunto al gobierno demandado para que presente sus observaciones. Las observaciones escritas se intercambian entre el demandante y el gobierno demandado. Entonces, el Tribunal decide si ha de celebrarse una vista pública, lo que es excepcional a la luz del número de sentencias que recurren a ello. Por último, las Salas dictan una sentencia que será definitiva sólo tras el transcurso de un periodo de tres meses durante el cual el demandante o el Gobierno pueden solicitar el reenvío del asunto a la Gran Sala para un nuevo examen.

Si la solicitud de reenvío es aceptada por el colegio de jueces de la Gran Sala, el asunto se somete a una nueva evaluación en la que, si se estima necesario, se podrá llevar a cabo una vista pública. Las sentencias de la Gran Sala serán definitivas.

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Fuente:

. The ECHR in 50 questions

. The Court in brief

. “El ABC del Derecho de la Unión Europea”, de Klaus-Dieter Borchardt.

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- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (I): cuestiones introductorias

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (III): desarrollo del procedimiento ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (IV): sentencias, decisiones y actividad del tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (V): el futuro del TEDH y datos relativos al año 2015

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (VI): datos, cifras (1959-2015) y las reformas del TEDH

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Cuestiones introductorias | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (I)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Mon, 16 May 2016 22:05:00 +0000

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es un tribunal internacional constituido en 1959 (dictó su primera sentencia el 14 de noviembre de 1960, el ínclito Lawless c. Irlanda). Es competente para resolver las demandas -individuales o estatales- fundamentadas en la violación de los derechos civiles y políticos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) (1).

- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un tribunal permanente al que pueden dirigirse los particulares

Desde 1998 se trata de un tribunal permanente donde los particulares pueden dirigirse a él de forma directa.

- Las sentencias del TEDH son vinculantes para los países involucrados

En sus más de cincuenta y siete años de historia, el Tribunal ha dictado casi 11.000 sentencias (el 18 de septiembre de 2008 dictó su sentencia número 10.000). Las mismas son vinculantes para los países involucrados y han llevado a los gobiernos a modificar sus normas y sus prácticas administrativas en muchos ámbitos.

- La jurisprudencia del TEDH hace que el CEDH sea un instrumento vivo

La jurisprudencia del TEDH hace del CEDH un instrumento vivo y poderoso a la hora de afrontar los nuevos desafíos en materia de derechos humanos, y consolida el Estado de Derecho y la democracia en Europa.

- El TEDH tiene su sede en Estrasburgo, desde donde vela por los derechos humanos de los europeos en los 47 Estados miembros del CEDH

El Tribunal tiene su sede en Estrasburgo, en el Palacio de los Derechos Humanos -diseñado por el arquitecto británico Lord Richard Rogers en 1994; obra que costó 455 millones de francos franceses-: edificio cuya estampa es conocida en el mundo entero. Desde allí, el TEDH vela por el respeto a los derechos humanos de alrededor de 800 millones de europeos en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa que han ratificado el CEDH (2).

- No debe confundirse al TEDH con el TJUE ni con la CIJ

No debe confundirse al TEDH con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (3) ni con la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (4).

- ¿Cuál es la composición del TEDH?

El número de jueces del Tribunal es el mismo que el número de Estados que han ratificado el CEDH (47 en la actualidad).

- ¿Cómo se eligen los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de una lista de tres candidatos propuestos por cada Estado. Son elegidos por un periodo no renovable de nueve años.

- ¿Son realmente independientes los jueces del TEDH?

Aunque puedan hacerse objeciones al sistema de nombramientos, hay que decir que los jueces si bien son elegidos respecto a un Estado, desempeñan su trabajo de forma autónoma y no representan a ese Estado. Deben realizar sus labores de forma totalmente independiente y no pueden participar en ninguna actividad que sea incompatible con su deber de independencia e imparcialidad.

- ¿Los jueces del TEDH participan en los procesos donde su propio país está involucrado?

Los “jueces nacionales” no pueden participar como juez único en los asuntos contra el Estado a título del cual han sido elegidos. En casos excepcionales, pueden ser invitados a formar parte de un Comité. Sin embargo, la composición del Tribunal siempre los incluye cuando atiende asuntos en Sala de 7 jueces o en la Gran Sala de 17 jueces.

- ¿Qué es la Secretaría del TEDH y cómo funciona?

La Secretaría es el órgano encargado de proporcionar apoyo jurídico y administrativo al Tribunal en su trabajo judicial. Se compone de juristas, personal administrativo y técnico y traductores.

- ¿Cuál es el presupuesto del TEDH?

Los gastos de funcionamiento del Tribunal corren a cargo del Consejo de Europa, cuyo presupuesto se financia por las aportaciones de los Estados miembros de acuerdo a unos baremos basados en la población y el Producto Interior Bruto (PIB) de cada país.

El presupuesto cubre el salario de los jueces y el personal y los diversos gastos del TEDH (informática, viajes oficiales, traducción, interpretación, publicación, gastos de representación, asistencia jurídica, visitas indagatorias, etc.).

- ¿Varía la composición del TEDH de un asunto a otro?

Sí, el TEDH puede decidir en cuatro formaciones principales que son diferentes.

Las demandas manifiestamente inadmisibles son examinadas por un juez único. Un comité compuesto por tres jueces puede pronunciarse por unanimidad sobre la admisibilidad y el fondo del asunto en aquellos casos donde exista jurisprudencia consolidada del TEDH. Una demanda también puede asignarse a una Sala de siete jueces que decidirá por mayoría, la mayor parte de veces sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.

Excepcionalmente, la Gran Sala de 17 jueces atiende asuntos cuando una Sala se inhibe a su favor o cuando una solicitud de reenvío es aceptada.

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(1) El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un tratado internacional en virtud del cual los Estados miembros del Consejo de Europa se comprometen a garantizar los derechos civiles y políticos fundamentes no sólo a sus propios ciudadanos sino también a cualquier persona dentro de su jurisdicción. El CEDH, que fue firmado el 4 de noviembre de 1950 en Roma, entró en vigor en 1953.

(2) El CEDH garantiza, principalmente, los siguientes derechos: el derecho a la vida; el derecho a un proceso equitativo; el derecho al respeto por la vida privada y familiar; la libertad de expresión; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; y la protección de la propiedad. Al mismo tiempo, prohíbe, especialmente, la tortura y los tratos o castigos inhumanos o degradantes; la esclavitud y los trabajos forzados; la pena de muerte; las detenciones arbitrarias o ilegales; y la discriminación en el disfrute de los derechos y libertades consagrados en el CEDH.

(3) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en Luxemburgo. Este Tribunal se encargar de asegurar el cumplimiento del derecho comunitario (de la UE) y decide sobre la interpretación y la aplicación de los tratados constitutivos de la Unión Europea.

(4) La Corte Internacional de Justicia es un órgano judicial de las Naciones Unidas (ONU), cuya sede está en La Haya.

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Fuente:

. The ECHR in 50 questions

. The Court in brief

. “El ABC del Derecho de la Unión Europea”, de Klaus-Dieter Borchardt.

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- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (II): órganos y procedimientos ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (III): desarrollo del procedimiento ante el tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (IV): sentencias, decisiones y actividad del tribunal

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (V): el futuro del TEDH y datos relativos al año 2015

+ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (VI): datos, cifras (1959-2015) y las reformas del TEDH

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

El derecho a la propia imagen en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 14 May 2016 22:05:00 +0000

La imagen de una persona constituye uno de los atributos principales de su personalidad, en tanto que pone de manifiesto una característica exclusiva de cada persona que la distingue de sus homólogos. El derecho a la propia imagen es, por tanto, uno de los elementos clave en el desarrollo personal. Este derecho supone, principalmente, el derecho individual a controlar la utilización de su propia imagen, lo que incluye la facultad de negarse a la publicación de la misma (1).

- Libertad de expresión y derecho a la propia imagen

La libertad de expresión, como es lógico, comprende la publicación de fotos, pero el de las imágenes de las personas es un campo en el que la protección de los derechos y la reputación de los demás cobra especial importancia, ya que las fotos pueden contener información muy personal o íntima sobre una persona o su familia (2).

- Personalidades públicas o políticas

+ Schüssel c. Austria: los límites de la crítica son más amplios si el afectado es un político

Basándose en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, en adelante) -derecho al respeto de la vida privada-, el demandante -el Viceprimer Ministro de Austria- denunció la utilización de su imagen en carteles con la cara del político derechista Jörg Haider superpuesta y con el siguiente eslogan: “The social security slashers and the education snatchers share a common face” (que viene a decir que los que recortan la seguridad social y quienes roban la educación comparten rostro).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante) inadmitió la demanda por ser manifiestamente infundada. Sostuvo que el Tribunal Supremo de Austria había ponderado debidamente los derechos contrapuestos, al entender que el interés general en un debate político abierto debe hacer prevalecer el derecho a la libertad de expresión -artículo 10 del CEDH- frente el interés del demandante por evitar la publicación de su imagen. El TEDH afirmó que los límites de la crítica aceptable son más amplios cuando el demandante es un político que cuando se trata de un particular (3).

- Profesionales (periodistas, abogados, etc.)

+ Minelli c. Suiza: la exposición a la opinión pública hace que los límites respecto a la publicación de imágenes propias se amplíen

El demandante, un conocido abogado y periodista que había participado en muchas ocasiones en debates públicos sobre temas de actualidad, denunció que se había violado su privacidad debido a la publicación de una fotografía de él en un artículo, donde se le llamaba “poacher” (ladrón) justo debajo de la imagen en cuestión.

El TEDH inadmitió la demanda al encontrarla manifiestamente infundada, respaldando el parecer del Tribunal Federal Suizo, que sostuvo que el demandante no podía exigir una protección absoluta de los atributos de su personalidad después de haberse expuesto ante la opinión pública. Lo mismo se argumenta respecto a la protección de su propia imagen en relación a la fotografía publicada junto al artículo en cuestión, que fue tomada en un evento televisivo donde el demandante participó (4).

- Particulares

+ Peck c. Reino Unido: intromisión desproporcionada en la vida privada

En este caso el demandante, que sufría depresión, denunció la divulgación en los medios de comunicación de imágenes captadas a través de una cámara de videovigilancia ubicada en la calle, donde se observaba al demandante andando sólo con un cuchillo de cocina en su mano (posteriormente trató de suicidarse cortándose las muñecas, pero las imágenes grabadas por la cámara no lo mostraron), dándose una amplia publicación y emisión de dichas imágenes. Además de esto, el demandante alegó que no se le había permitido acceder a un recurso interno efectivo a este respecto.

El TEDH sostuvo que la divulgación de las imágenes por parte del consejo municipal no había ido acompañado de garantías suficientes y constituyó una intromisión desproporcionada e injustificada en la vida privada del demandante, violando el artículo 8 del CEDH (derecho al respeto de la vida privada). Asimismo, el demandante, en su momento, no dispuso de un recurso efectivo, transgrediendo el artículo 13 del CEDH (derecho a un recurso efectivo) (5).

- Personas detenidas o procesadas penalmente

+ Österreichischer Rundfunk c. Austria: la relevancia de la persona procesada para el debate público hace prevalecer el derecho a la libertad de información frente a la protección de la propia imagen

En julio de 1999, el demandante (la Corporación Austríaca de Radio y Televisión) emitió información sobre la puesta en libertad condicional del jefe de una organización neonazi que había sido condenado en virtud de la National Socialist Prohibition Act (Ley de proscripción de actividades relacionadas con el nacionalsocialismo). La noticia también mencionaba a su representante, que había sido condenado bajo la misma Ley y había sido puesto en libertad condicional cinco semanas antes. Durante la emisión se mostró, durante un par de segundos, una imagen de su representante en juicio. El representante, valiéndose de la Ley de Propiedad Intelectual austríaca (Copyright Act), incoó un procedimiento y consiguió, en los tribunales, que la publicación de la citada imagen fuera restringida. El demandante alegó que las decisiones de los tribunales austríacos violaban su derecho a la libertad de expresión. Se quejó, además, de que el mandato judicial les prohibía publicar la imagen mientras que otros medios tenían libertad para poder hacerlo.

El TEDH sostuvo que se había dado una violación del artículo 10 del CEDH (libertad de expresión), constatando que las razones aducidas por los tribunales domésticos no eran apropiadas ni suficientes para justificar la imposición de la medida, y que la intromisión en los derechos del demandante no podía estimarse necesaria en una sociedad democrática. A la hora de ponderar el interés individual a que su apariencia física no fuese divulgada frente al interés público de la publicación de la imagen, los tribunales austríacos no habían tenido en cuenta la notoriedad del representante y la naturaleza política de los delitos por los que había sido condenado. Al mismo tiempo, no se habían considerado otros elementos importantes, como que los hechos mencionados en el reporte eran correctos y completos y que la imagen mostrada guardaba relación con el contenido de la noticia. Además, la decisión judicial en cuestión sólo era aplicable al demandante y el resto de medios tenían libertad para publicar la fotografía del representante en el mismo contexto (6).

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(1) Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante) en el caso von Hannover c. Alemania (nº. 2), de 7 de febrero de 2012.

(2) Sentencia del TEDH en el caso von Hannover c. Alemania (nº. 2), de 7 de febrero de 2012.

(3) Sentencia del TEDH en el caso Schüssel c. Austria (decisión sobre la admisibilidad de la demanda), de 21 de febrero de 2002.

(4) Sentencia del TEDH en el caso Minelli c. Suiza (decisión sobre la admisibilidad de la demanda), de 14 de junio de 2005.

(5) Sentencia del TEDH en el caso Peck c. Reino Unido, de 28 de enero de 2003.

(6) Sentencia del TEDH en el caso Österreichischer Rundfunk c. Austria, de 7 de diciembre de 2006.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos | Convenio Europeo de Derechos Humanos (XVI)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Tue, 03 May 2016 22:05:00 +0000

La existencia del artículo 18 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, en adelante) implica que se dará una violación del CEDH cuando un Estado restrinja alguno de los derechos y libertades que consagra el Convenio, si dicha restricción no persigue la finalidad para la que ha sido prevista en el mismo.

- ¿Existen provisiones similares al artículo 18 del CEDH en otros instrumentos de derechos humanos?

En comparación con otros instrumentos de derechos humanos, este precepto es bastante singular: no existe una disposición semejante en la Declaración Universal de Derechos Humanos ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, sí existe un artículo similar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: concretamente, el artículo 30 (2).

- Aplicación del artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Siguiendo a Donna Gomien (3) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante) (4), el artículo 18 del CEDH siempre opera en tándem con alguno de los derechos sustantivos garantizados en el Convenio. Esto es: el artículo 18 del Convenio no se puede alegar de forma autónoma. Sólo puede invocarse en combinación con otro artículo del CEDH.

- Finalidad del artículo 18 del CEDH

El artículo 18 del CEDH tiene la función de evitar los motivos proscritos a la hora de limitar los derechos humanos (5). Esta disposición ha sido invocada, de forma mayoritaria, por personas que reivindicaban que el Estado estaba intentando restringir su derecho a participar en política (6).

- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al artículo 18 del CEDH

+ Casos en los que ha entendido violado el artículo 18 del CEDH

. Ejemplo: Lutsenko c. Ucrania (2015)

En el caso Lutsenko c. Ucrania, el antiguo Ministro del Interior de Ucrania adujo que el verdadero motivo de su detención y encarcelamiento fue el hecho de que reivindicara públicamente su inocencia en relación con las acusaciones hechas contra él. El TEDH declaró que Ucrania había vulnerado los artículos 5 -derecho a la libertad y a la seguridad- y 18 del CEDH (7).

+ Demandas infructuosas por vulneración del artículo 18 del CEDH

. Verbigracia, Khodorkovskiy y Lebedev c. Rusia (2013)

El caso Khodorkovkiy y Lebedev c. Rusia versaba sobre el recurso interpuesto por Mikhail Khodorkovskiy al entender que su procesamiento penal se debió a motivos políticos, vulnerando el artículo 18 del CEDH. Además de ello, Kordorkovskiy alegó que se habían violado los artículos 3 -prohibición de la tortura- y 5 -derecho a la libertad y a la seguridad- del CEDH.

Parte de la pretensión del demandante fue estimada por el Tribunal (violación del artículo 3, por las condiciones a las que estuvo sometido en su detención y encarcelamiento; y del artículo 5, por la extensión de su periodo de detención sin pasar a disposición judicial y defectos procesales). Sin embargo, en lo que respecta al artículo 18 el TEDH declaró que no existían pruebas incontestables de que las autoridades rusas envueltas en el caso tuviesen una motivación política. El Tribunal sostuvo que existe la presunción de que los poderes públicos actúan con buena fe, pero esta presunción admite pruebas en contra (aunque se ha demostrado que es sumamente difícil derribarla); el demandante debe demostrar convincentemente que el verdadero objetivo de las autoridades no era el que se proclamaba -o el que se podía inferir del contexto- (8).

+ Casos en los que no ha sido necesario resolver la controversia en torno al artículo 18 del CEDH

En la mayoría de casos, el Tribunal considera que no existe una cuestión separada en torno al artículo 18. Esto ocurre, generalmente, en cuatro situaciones (9) (10):

. No existe violación de otro artículo del CEDH

Cuando el TEDH considera que no ha habido violación de otro derecho del Convenio, el argumento de vulneración del artículo 18 se considera infundado.

. Existe violación de otro derecho del CEDH, pero es innecesario un análisis independiente para con el artículo 18 del CEDH

El TEDH puede entender que se ha violado un derecho del Convenio pero dictar, al mismo tiempo, que un análisis independiente en torno al artículo 18 es innecesario: las consideraciones sobre el abuso de poder del Estado se tienen en cuenta para valorar la violación del artículo en cuestión, “absorbiendo” las apreciaciones respecto al artículo 18.

. La finalidad de la restricción es legítima en virtud de una disposición limitativa del otro derecho en cuestión y está previsto en el Convenio

Si el TEDH considera que el objetivo de la medida restrictiva es legítimo en virtud de una cláusula limitativa del otro derecho invocado (que está prevista en el Convenio), llevar a cabo ulteriores análisis sobre el artículo 18 del CEDH deviene superfluo.

. La finalidad de la medida restrictiva se considera ilegal respecto a la cláusula limitativa del otro derecho invocado

Si el TEDH considera que la finalidad de la medida restrictiva es ilegal respecto al otro derecho invocado, llevar a cabo posteriores análisis sobre el artículo 18 del CEDH resulta innecesario.

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(1) Artículo 18.

“Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos.

Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual hayan sido previstas”.

(2) Artículo 30.

“Alcance de las Restricciones.

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.

(3) “Short Guide to the European Convention on Human Rights”, Donna Gomien.

(4) Sentencia del TEDH en el caso Gusinskiy c. Rusia, de 19 de mayo de 2004.

(5) “International Human Rights Law: a practical approach”, Javaid Rehman.

(6) “Case Watch: Politics, Justice, and Article 18”. Consultado el 28 de abril de 2016.

(7) Sentencia del TEDH en el caso Lutsenko c. Ucrania, de 11 de septiembre de 2015.

(8) Sentencia del TEDH en el caso Khodorkovskiy y Lebedev c. Rusia, de 25 de julio de 2013.

(9) “Theory and Practice of the European Convention on Human Rights”, Pieter van Dijk, Godefridus J. H. Hoof y G. J. H. Van Hoof.

(10) Sentencias del TEDH en los casos Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976; Bozano c. Francia, de 18 de diciembre de 1986; y United Communist Party of Turkey c. Turquía, de 30 de enero de 1998.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (VIII): derecho a la vida

+ CEDH (IX): derecho a la libertad y a la seguridad

+ CEDH (X): libertad de expresión

+ CEDH (XI): libertad de reunión y de asociación

+ CEDH (XII): prohibición de discriminación

+ CEDH (XIII): derogación en caso de estado de excepción

+ CEDH (XIV): restricciones de la actividad política de los extranjeros

+ CEDH (XV): prohibición del abuso de derecho

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Prohibición del abuso de derecho | Convenio Europeo de Derechos Humanos (XV)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sun, 01 May 2016 22:05:00 +0000

El artículo 17 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, en adelante) consagra la prohibición del abuso de derecho. Este artículo se recogió con la finalidad de evitar que las disposiciones del Convenio se interpretasen de manera que implicasen un derecho a ejercer una actividad tendente a la destrucción de los derechos y libertades establecidos en el mismo.

- Expresiones o actos de odio: exclusión de la protección ofrecida por el CEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante) ha manifestado, en varias ocasiones, que a cualquier comentario dirigido contra los valores fundamentales del Convenio se le excluirá de la protección que le brinda el artículo 10 del CEDH -libertad de expresión- en virtud del artículo 17 del mismo cuerpo legal -prohibición del abuso de derecho-. Entendemos que debe hacerse extensible esta exclusión de protección a otros derechos -como el de la libertad de asociación- si implican actos de odio, siguiendo el criterio mostrado por el TEDH en casos como el de W.P. y Otros c. Polonia (2004), que analizamos a continuación en este artículo (2).

+ Odio étnico

. Pavel Ivanov c. Rusia: las opiniones antisemitas no están protegidas por el Convenio

El demandante, propietario y editor de un periódico, fue condenado por incitación pública al odio étnico, racial y religioso mediante el uso de los medios de comunicación. Autorizó y publicó una serie de artículos presentando a los judíos como la fuente de todo mal en Rusia, reclamando su exclusión en la vida social. Inculpó a un grupo étnico completo por, supuestamente, confabular una conspiración contra el pueblo ruso y acusó a la autoridad judía seguir los dictados de la ideología fascista. Tanto en las publicaciones como en su testimonio en el juicio negó, sistemáticamente, el derecho a la dignidad nacional a los judíos, afirmando que no son una nación. El demandante se quejó de que su condena por incitación al odio racial no estaba justificada.

El TEDH inadmitió la demanda (incompatible ratione materiae). El Tribunal declaró que no había duda del marcado sesgo antisemita de las opiniones del demandante y se mostró de acuerdo con la valoración realizada por los tribunales domésticos, que sostuvieron que mediante sus publicaciones el demandante pretendía incitar al odio contra el pueblo judío. Este ataque tan general y vehemente contra un grupo étnico se consideró un ataque a los valores fundamentales del CEDH -especialmente, contra la tolerancia, la paz social y la no discriminación-. En consecuencia, en virtud del artículo 17 del Convenio -prohibición del abuso de derecho-, el demandante no pudo beneficiarse de la protección ofrecida por el artículo 10 del mismo cuerpo legal -libertad de expresión- (3).

. W.P. y Otros c. Polonia: no se vulnera la libertad de asociación por no permitir la creación de una asociación cuyos estatutos reflejan enunciados antisemitas

El caso versaba sobre la negativa de las autoridades polacas a permitir la creación de una asociación cuyos estatutos incluían enunciados antisemitas. El TEDH sostuvo que los demandantes no podían beneficiarse de la protección ofrecida por el artículo 11 del Convenio (libertad de reunión y de asociación) por dirigirse contra los valores fundamentales del Convenio, en virtud del artículo 17 del CEDH, ya citado (4).

+ Negacionismo y revisionismo

. Garaudy c. Francia: negar el Holocausto va en contra de los valores fundamentales del Convenio y supone un abuso de derecho

El demandante, el autor de un libro titulado “The Founding Myths of Modern Israel”, fue condenado por injurias al haber negado la existencia de crímenes de lesa humanidad, calumnias públicas contra un grupo de personas -la comunidad judía, en este caso- e incitación al odio racial. El demandante adujo que su derecho a la libertad de expresión había sido violado.

El TEDH inadmitió la demanda (incompatible ratione materiae). Consideró que las observaciones vertidas en el libro equivalían a la negación del Holocausto, y señaló que negar crímenes de lesa humanidad es una de las formas más graves de injuriar a los judíos y de incitar al odio contra ellos. Rebatir la existencia de hechos históricos claramente demostrados no puede considerarse como investigación histórica o científica: el verdadero objetivo era ablandar el régimen Nacional Socialista y acusar a las víctimas del mismo de falsear la historia. Como tal actuación es manifiestamente incompatible con los valores fundamentales en los que el CEDH se funda, el Tribunal aplicó el artículo 17 del Convenio y sostuvo que el demandante no tenía derecho a acogerse a su derecho a la libertad de expresión -artículo 10 del CEDH- para tal propósito (5).

- Amenaza al orden democrático

Por regla general, el TEDH inadmite, por razones de incompatibilidad con los valores del Convenio, las demandas que alegan una vulneración de la libertad de expresión, de reunión o de asociación si se observa que la utilización de esas libertades se dirige a divulgar una doctrina totalitaria o expresar ideas que representan una amenaza al orden democrático y son susceptibles de conducir a la restauración de un régimen totalitario, basándose en el artículo 17 del Convenio (6).

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(1) Artículo 17.

“Prohibición del abuso de derecho.

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo”.

(2) Sentencia del TEDH (decisión sobre la admisibilidad de la demanda) en el caso Seurot c. Francia, de 18 de mayo de 2004.

(3) Sentencia del TEDH (decisión sobre la admisibilidad de la demanda) en el caso Pavel Ivanov c. Rusia, de 20 de febrero de 2007.

(4) Sentencia del TEDH (decisión sobre la admisibilidad de la demanda) W.P. y Otros c. Polonia, de 2 de septiembre de 2004.

(5) Sentencia del TEDH (decisión sobre la admisibilidad de la demanda) en el caso Garaudy c. Francia, de 24 de junio de 2003.

(6) Sentencias de la extinta Comisión Europea de los Derechos Humanos en los casos Partido Comunista de Alemania c. la República Federal de Alemania -de 20 de julio de 1957-; B.H, M.W, H.P. y G.K. c. Austria -de 12 de octubre de 1989-; y Nachtmann c. Austria -de 9 de septiembre de 1998-. También sobre ello la sentencia del TEDH (decisión sobre la admisibilidad de la demanda) en el caso Schimanek c. Austria, de 1 de febrero del 2000.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (VIII): derecho a la vida

+ CEDH (IX): derecho a la libertad y a la seguridad

+ CEDH (X): libertad de expresión

+ CEDH (XI): libertad de reunión y de asociación

+ CEDH (XII): prohibición de discriminación

+ CEDH (XIII): derogación en caso de estado de excepción

+ CEDH (XIV): restricciones de la actividad política de los extranjeros

+ CEDH (XVI): limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Restricciones de la actividad política de los extranjeros | Convenio Europeo de Derechos Humanos (XIV)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 30 Apr 2016 08:10:00 +0000

El artículo 16 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, en adelante) establece que ninguna de las disposiciones de los artículos 10 (libertad de expresión), 11 (libertad de reunión y de asociación) y 14 (prohibición de discriminación) impide a los Estados que impongan restricciones a la actividad política de los extranjeros. Es la única excepción explícita del principio de no discriminación que recoge el artículo 14 del CEDH.

- Finalidad del artículo 16 del CEDH

Los travaux préparatoires (trabajos preparatorios) del Convenio indican que el artículo 16 fue incluido en el CEDH para reflejar la norma consuetudinaria internacional de que los Estados tienen libertad para imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros (2). Desde entonces, esta disposición ha sido criticada por entrar en conflicto con los artículos 1 (obligación de respetar los derechos humanos) y 14 (prohibición de discriminación) del CEDH (3).

- Nunca ha sido aplicado por la extinta Comisión Europea de los Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante)

El artículo 16 del CEDH nunca ha sido aplicado por la extinta Comisión Europea de los Derechos Humanos o el TEDH. Si bien, si se han referido a él en algunas resoluciones, aunque la jurisprudencia es escasa (4).

- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea recomendó su supresión en 1977

En 1977, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó su eliminación del Convenio, basándose en que es una disposición que choca con el espíritu garantista del Convenio -reflejado en el artículo 1- y lo indecoroso de la misma para con el artículo 14 del Convenio (5).

- Los Estados pueden restringir los derechos políticos de los extranjeros sin necesidad de recurrir al artículo 16 del CEDH

La actividad política de los extranjeros suscita controversias en relación con los artículos 10 y 11 del CEDH (libertad de expresión y libertad de reunión y de asociación, respectivamente). Los Estados pueden, legítimamente, limitar los derechos políticos de los extranjeros en virtud de los dos artículos mencionados, si se considera necesario en una sociedad democrática, sin necesidad de recurrir al artículo 16 (6).

- Jurisprudencia del TEDH al respecto

+ Caso Perinçek c. Suiza (2015), siguiendo el criterio establecido en el caso Piermont c. Francia (1995): el artículo 16 del CEDH sólo permite autorizar restricciones a los extranjeros en las actividades que directamente afecten al proceso político

Teniendo en cuenta que las disposiciones que permiten la injerencia en los derechos que reconoce el CEDH deben ser interpretados restrictivamente, el Tribunal señaló que el artículo 16 del Convenio ha de entenderse de manera que sólo permita autorizar restricciones en actividades que directamente afecten al proceso político, lo que no sucedía en este caso. En virtud de ello, el artículo 16 no pudo ser alegado por parte del gobierno suizo para coartar el ejercicio de la libertad de expresión del demandante, que era extranjero (7).

Siguió el criterio establecido por la Gran Sala en su sentencia en el caso Piermont c. Francia, que fue pionera a la hora de limitar significativamente el ámbito de aplicación del artículo 16, que determinó que sólo se pueden autorizar restricciones en las actividades que afecten directamente al proceso político -interpretación que ha de celebrarse en tanto que controla la utilización del artículo en cuestión, no dejándolo a merced de la discreción de los Estados miembros-. En esta resolución, además, el Tribunal determinó que los Estados que sean miembros de la Unión Europea no pueden considerar como extranjeros a los nacionales del resto de Estados miembros (8).

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(1) Artículo 16.

“Restricciones a la actividad política de los extranjeros

Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de prohibir a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros”.

(2) Collected edition of the “Travaux préparatoires” of the European Convention on Human Rights, Vol. III (1976).

(3) “The position of aliens in teletion to the European Convention on Human Rights”.

(4) “Overview of the Court’s case-law in 2015”.

(5) Recommendation 799 (1977) on the political rights of aliens, Council of Europe Parliamentary Assembly, 28th Ordinary Session.

(6) “Human rights files No. 9: Asylum and the European Convention on Human Rights”.

(7) Sentencia del TEDH en el caso Perinçek c. Suiza, de 15 de octubre de 2015.

(8) Sentencia del TEDH en el caso Piermont c. Francia, de 27 de abril de 1995. Este caso versaba sobre los derechos de un miembro alemán del Parlamento Europeo en territorio francés. El Tribunal sostuvo que el gobierno francés no podía basarse en el artículo 16 del CEDH ya que el demandante no era sólo un ciudadano de la Unión Europea, sino que era miembro del Parlamento de dicha unión, y el territorio en cuestión participa en las elecciones europeas.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (VIII): derecho a la vida

+ CEDH (IX): derecho a la libertad y a la seguridad

+ CEDH (X): libertad de expresión

+ CEDH (XI): libertad de reunión y de asociación

+ CEDH (XII): prohibición de discriminación

+ CEDH (XIII): derogación en caso de estado de excepción

+ CEDH (XV): prohibición del abuso de derecho

+ CEDH (XVI): limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

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Imagen: Europa Press

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Derogación en caso de estado de excepción | Convenio Europeo de Derechos Humanos (XIII)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Tue, 26 Apr 2016 22:05:00 +0000

El artículo 15 (1) -derogación en caso de estado de excepción- del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, en adelante) proporciona a los gobiernos de los Estados miembros, en circunstancias excepcionales, la posibilidad de tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el Convenio.

- Requisitos para la utilización del artículo 15 del CEDH

El uso de esta disposición se rige por las siguientes condiciones sustantivas y procesales (2):

+ Sólo en caso de guerra o peligro público

El derecho de derogación sólo puede ser invocado en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación.

+ Sólo en la estricta medida en que lo exija la situación

El Estado puede tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el Convenio sólo en la estricta medida en que lo exija la situación.

+ Las medidas derogatorias deben estar en concordancia con las obligaciones que dimanan del derecho internacional

Las medidas derogatorias no deben estar en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional.

+ Algunos derechos recogidos en el Convenio no se pueden derogar

El artículo 15.2 del CEDH prohíbe cualquier derogación en lo que respecta al derecho a la vida, excepto para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra; la prohibición de la tortura y los tratos y castigos inhumanos o degradantes; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; y en lo que respecta a la regla “no hay pena sin ley”. De igual manera, este artículo no autoriza ninguna derogación del artículo 1 del Protocolo nº 6 al CEDH (abolición de la pena de muerte en tiempos de paz) ni del artículo 4 del Protocolo nº 7 al CEDH (el derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por un mismo hecho -non bis in idem-).

+ El Estado debe mantener informado al Secretario General del Consejo de Europa

Por último, a nivel procesal, el Estado que utilice este derecho de derogación debe mantener plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa.

- Ejemplo en el uso de este artículo: Ucrania, 2015

El 5 de junio de 2015, Ucrania notificó al Secretario General del Consejo de Europa de que, dada la situación de emergencia que vivía el país, el gobierno ucraniano había decidido utilizar el artículo 15 del CEDH para derogar las obligaciones previstas en el Convenio (3).

- Jurisprudencia relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al respecto

+ Caso Lawless c. Irlanda (1961): la facultad de derogación sólo puede invocarse en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación

En el caso Lawless c. Irlanda, un presunto miembro del IRA alegó que había sido retenido entre los meses de julio y diciembre de 1957 en un campo de detención militar en Irlanda, sin ser puesto a disposición judicial en el periodo correspondiente.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante) manifestó que, en el contexto general del artículo 15 del CEDH, el significado natural y tradicional de la expresión “otro peligro público que amenace la vida de la nación” era suficientemente claro: una situación excepcional de crisis o emergencia que afecta al conjunto de la población y constituye una amenaza a la vida organizada de la sociedad de dicho Estado.

A luz de las circunstancias del caso, el Tribunal señaló que el gobierno irlandés tenía razones fundadas para declarar que existía un peligro público que amenazaba la vida de la nación y, por lo tanto, estaba facultado -en virtud del artículo 15.1 del CEDH- para tomar medidas que derogasen las obligaciones previstas en el CEDH (4).

+ Caso Chipre c. Turquía (1983): No se puede aplicar el artículo 15 del CEDH a falta de notificación pública y formal de su utilización

Este caso versaba sobre la situación vivida en el norte de Chipre debido a la realización de operaciones militares en esa región por parte de Turquía, en julio y agosto de 1974. El gobierno chipriota adujo que Turquía continuó ocupando el 40% del territorio de la República de Chipre y alegó que Turquía había vulnerado varias disposiciones del CEDH.

La Comisión Europea de los Derechos Humanos sentenció que, en ausencia de una notificación oficial de derogación, Turquía no podía aplicar el artículo 15 del CEDH y, por consiguiente, justificar las medidas tomadas para con las personas y propiedades del norte de Chipre. Siendo inaplicable el artículo 15 del Convenio, la Comisión sostuvo que Turquía había violado los artículos 5 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) del CEDH junto al artículo 1 (protección de la propiedad) del Protocolo nº 1 al Convenio (5).

+ Caso Mc Cann y Otros c. Reino Unido: artículos no derogables o intangibles (artículo 2 del CEDH, derecho a la vida)

En este caso, tres miembros del IRA provisional, sospechosos de llevar encima un aparato de control remoto para detonar una bomba, murieron por disparos de soldados del SAS (Special Air Service) de Reino Unido, en medio de una calle de Gibraltar. Los demandantes, herederos de los fallecidos, alegaron que el uso de la fuerza mortal por parte de los servicios de seguridad constituyó una violación del artículo 2 del CEDH (derecho a la vida).

El TEDH les dio la razón, entendiendo que se había vulnerado el artículo 2 del CEDH ya que la operación pudo haberse llevado a cabo sin tener que matar a los sospechosos, añadiendo que este derecho tan fundamental e importante es uno de los que, en tiempos de paz, no admite derogación en virtud del artículo 15 del CEDH (6).

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(1) Artículo 15.

“Derogación en caso de estado de excepción

1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional.

2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.

3. Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación”.

(2) Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante) en el caso Lawless c. Irlanda, de 1 de julio de 1961.

(3)”http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/05/150521_rn_ukraine_rada_human_rights” Consultado el 19 de abril de 2016.

(4) Sentencia del TEDH en el caso Lawless c. Irlanda, de 1 de julio de 1961.

(5) Sentencia de la extinta Comisión Europeo de los Derechos Humanos en el caso Chipre c. Turquía, de 4 de octubre de 1983.

(6) Sentencia del TEDH en el caso Mc Cann y Otros c. Reino Unido, de 27 de septiembre de 1995.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (VIII): derecho a la vida

+ CEDH (IX): derecho a la libertad y a la seguridad

+ CEDH (X): libertad de expresión

+ CEDH (XI): libertad de reunión y de asociación

+ CEDH (XII): prohibición de discriminación

+ CEDH (XIV): restricciones de la actividad política de los extranjeros

+ CEDH (XV): prohibición del abuso de derecho

+ CEDH (XVI): limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

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Imagen: The Guardian

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Prohibición de discriminación | Convenio Europeo de Derechos Humanos (XII)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sun, 24 Apr 2016 22:05:00 +0000

El artículo 14 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, en adelante) establece que el goce de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio ha de ser asegurado sin discriminación en todo ámbito, especialmente por razones de sexo, raza, lengua, color, religión, opiniones políticas u otras, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

- ¿Qué se considera discriminación?

El término “discriminación” tiene su propio significado en el ámbito del artículo 14 del CEDH. De forma escueta diríamos que significa tratar diferente, sin un objetivo y razones que lo justifiquen, a personas en situación análoga o esencialmente igual y tratar igual a personas en una situación desigual (2).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante) ha ido interpretando cada vez de forma más amplia qué se considera discriminación, incluyendo, con el paso del tiempo, por ejemplo, a la discriminación indirecta y el tratar de la misma manera a personas en situaciones notablemente diferentes, supuestos que, en un principio, no estaban claramente amparados por el precepto.

+ Se aplica solamente dentro del ámbito de aplicación de otro derecho consagrado en el CEDH

El artículo 14 del CEDH sólo se puede traer a colación en una situación que entre dentro del ámbito de aplicación de otro derecho consagrado en el Convenio. Esto es: no hay un derecho general autónomo en contra de la discriminación en virtud del CEDH. Sólo se aplica en conjunción con un derecho sustantivo reconocido en alguno de los artículos del Convenio (3).

- Protección de los discapacitados

No se menciona expresamente la discapacidad en el artículo 14 del CEDH. Sin embargo, el TEDH ha sostenido que dicho precepto abarca a las discapacidades y diversas enfermedades, a través de la mención “o cualquier otra situación”.

+ No sólo se protege a los discapacitados, sino a las afecciones médicas

El artículo 14 del CEDH no protege únicamente a aquellos que sufren discriminación por padecer una discapacidad, en el sentido de deterioro de funciones, sino que cubre a aquellos que la sufren por padecer una afección médica, tenga o no efectos significativos en sus quehaceres.

+ Caso I.B. c. Grecia (2013)

En el caso I.B. c. Grecia, el TEDH consideró que se había llevado a cabo una discriminación ilegal, contraria al artículo 14 del CEDH, al despedir a un empleado porque sus compañeros le temían al ser seropositivo (4).

+ Caso Glor c. Suiza (2009)

En el caso Glor c. Suiza, el TEDH reconoció que el demandante había sufrido una discriminación proscrita por el artículo 14 del CEDH. Al demandante, que padecía diabetes, se le había impedido realizar el servicio militar porque necesitaba inyecciones regulares debido a la enfermedad que sufría. El Tribunal consideró discriminatorio que se le obligara a pagar una tasa por no cumplir el servicio militar, tributo que no era impuesto a quienes tenían una discapacidad o afección médica más grave (5).

+ Caso Kiyutin c. Rusia (2011)

En el caso Kiyutin c. Rusia, el TEDH entendió que hubo un trato discriminatorio ilegal al negarse el Gobierno ruso a otorgar un permiso de residencia a aquellos que eran seropositivos (6).

- Discriminación contra la mujer

+ Caso Boyraz c. Turquía (2015)

En el caso Boyraz c. Turquía, no se le permitió a una mujer ocupar un empleo como vigilante de seguridad, basándose en que era algo que una mujer no podía hacer. El TEDH sostuvo que ello vulneraba el artículo 14 del CEDH, estando dentro del ámbito del artículo 8 del Convenio (derecho a la vida privada y familiar) (7).

- Tratos diferentes en situaciones diferentes

El TEDH ha mantenido que el artículo 14 del CEDH incluye aquellos casos en los que se trata de forma muy parecida a personas en situaciones muy diferentes, sin justificación. Esto es: no sólo se debe tratar por igual a las personas en situación análoga, sino que las personas en situación diferente deben ser tratadas de forma desigual.

+ Caso Thlimmenos c. Grecia (2000)

En el caso Thlimmenos c. Grecia, el TEDH declaró que el artículo 14 no sólo se circunscribe a casos donde el Estado trata diferentemente a personas en situación análoga, sin una justificación razonable: el artículo 14 también se vulnera cuando los Estados, sin una justificación objetiva y razonable, no tratan de forma desigual a personas cuya situación es sustancialmente diferente.

En este caso, al demandante se le denegó su petición de ser perito contable ya que poseía antecedentes penales. El demandante, en su momento, se negó a vestirse con el uniforme militar (por lo que fue condenado por desobediencia), pero lo hizo porque era Testigo de Jehová. El demandante argumentó, con éxito, que debería haberse hecho una distinción entre los ilícitos penales cometidos, exclusivamente, por creencias religiones y el resto (8).

- Discriminación indirecta

El TEDH ha declarado en recientes ocasiones que la discriminación indirecta se incluye dentro del artículo 14 del CEDH.

+ Caso D.H. y Otros c. República Checa (2007)

Este caso versaba sobre unos niños romaníes (gitanos) que fueron derivados a una escuela especial, que se encargaba de los niños con dificultades en el aprendizaje. El TEDH confirmó que un trato diferente que per se no es injusto puede dar lugar a unos efectos perjudiciales desproporcionados equivalentes a los que tendría una medida que, analizada en términos neutrales, discriminara a un grupo racial o étnico, como ocurría en este caso (9).

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(1) Artículo 14.

“Prohibición de discriminación

El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.

(2) Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kiyutin c. Rusia, de 10 de marzo de 2011.

(3) “Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights”.

(4) Sentencia del TEDH en el caso IB c. Grecia, de 3 de octubre de 2013.

(5) Sentencia del TEDH en el caso Glor c. Suiza, de 30 de abril de 2009.

(6) Sentencia del TEDH en el caso Kiyutin c. Rusia, de 10 de marzo de 2011.

(7) Sentencia del TEDH en el caso Boyraz c. Turquía, de 2 de marzo de 2015.

(8) Sentencia del TEDH en el caso Thlimmenos c. Grecia, de 6 de abril del 2000.

(9) Sentencia del TEDH en el caso D.H. y Otros c. República Checa, de 13 de noviembre de 2007.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (VIII): derecho a la vida

+ CEDH (IX): derecho a la libertad y a la seguridad

+ CEDH (X): libertad de expresión

+ CEDH (XI): libertad de reunión y de asociación

+ CEDH (XIII): derogación en caso de estado de excepción

+ CEDH (XIV): restricciones de la actividad política de los extranjeros

+ CEDH (XV): prohibición del abuso de derecho

+ CEDH (XVI): limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Libertad de reunión y de asociación | Convenio Europeo de Derechos Humanos (XI)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Fri, 22 Apr 2016 22:05:00 +0000

El artículo 11 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, en adelante) es uno de los fundamentos de una sociedad democrática. Dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación con otros.

- El derecho a la libertad de reunión pacífica

El derecho a la libertad de reunión pacífica significa el derecho a protestar de manera pacífica, incluyendo asambleas, marchas o manifestaciones. Las protestas permiten a los individuos unirse en apoyo a una creencia común, para expresar su opinión y dar voz a sus frustraciones, así como criticar y oponerse a opiniones o creencias que no comparten. Ocupa un lugar central en una sociedad democrática, en tanto que la protesta pacífica es un importante medio para promover cambios.

+ Las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas, salvo pruebas claras de que se va a promover o incitar a la violencia

El artículo 11 del CEDH protege el derecho a la reunión pacífica. Esto implica que, a menos que existan pruebas claras (2) de que los organizadores o los participantes van a usar este derecho para promover o incitar a la violencia (3), los poderes públicos tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger las reuniones pacíficas (4).

- El derecho a la libertad de asociación

El derecho a la libertad de asociación protege el derecho a asociarse o fundar asociaciones -entre las que se incluyen los partidos políticos-, así como el derecho a afiliarse o fundar sindicatos para la defensa de sus intereses. Este derecho es vital para el funcionamiento de las sociedades democráticas.

+ Incluye el derecho a no asociarse

Este derecho incluye la libertad de no asociarse con otros y a rechazar unirse a una asociación.

+ Caso Republican Party of Russia c. Rusia: no se justifican las medidas contra el partido y se usan medios muy restrictivos y desproporcionados respecto al fin perseguido

El partido demandante fue creado en 1990 por el ala demócrata del Partido Comunista de la Unión Soviética. En agosto de 2002 fue registrado como partido. Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el partido demandante se quejó de que en 2006 el Ministro de Justicia se negó a modificar información sobre el partido contenida en el Registro estatal de personas jurídicas, lo que llevó a interrumpir sus actividades y fue disuelto en 2007 por no cumplir con los requisitos de un mínimo de afiliados y representación regional.

El TEDH mantuvo que se había dado una violación del artículo 11 del CEDH debido a la negativa, por parte de las autoridades, de modificar la información sobre el partido demandante en el registro estatal y la disolución del partido. Respecto a este último punto, el Tribunal señaló que los tribunales rusos no habían aducido razones pertinentes y suficientes para justificar la interferencia en la libertad de asociación del partido en cuestión, y que la disolución del partido -por incumplimiento de los requisitos de número mínimo de afiliados y representación regional- había sido desproporcionada para con el fin legítimo citado por el Gobierno ruso. El TEDH entendió que existían otros medios para proteger las leyes rusas, sus instituciones y la seguridad nacional que no fuese una prohibición radical en el establecimiento de partidos regionales. Más aún cuando el partido en cuestión, que había existido y participado en las elecciones desde 1990, nunca había promovido intereses regionales o una visión separatista: de hecho, uno de sus objetivos había sido la promoción de la unidad del país (5).

- Obligaciones que impone el art. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al Estado

El artículo 11 del CEDH impone dos tipos diferentes de obligaciones al Estado:

+ Obligación negativa

Los poderes públicos no deben impedir, obstaculizar o restringir las reuniones pacíficas excepto hasta lo que permite el párrafo 2 del artículo 11 del CEDH, y no debe interferir arbitrariamente en el derecho a la libertad de asociación (6).

+ Obligación positiva

Los poderes públicos, de ser preciso, tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para proteger a aquellos que quieren ejercer su derecho a la reunión pacífica. El Estado, al mismo tiempo, debe tomar medidas necesarias y apropiadas para asegurar el derecho a la libertad de asociación en el derecho interno (7).

- Límites a estos derechos: artículo 11.2 del CEDH

El artículo 11.2 del CEDH establece que los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación pueden limitarse en determinados casos. Las medidas limitativas deben ser legales y estar justificadas por perseguir un fin legítimo (como la seguridad nacional; la seguridad pública, la prevención del desorden público y la delincuencia, o la protección de los derechos y libertades del resto) y deben ser necesarias en una sociedad democrática. Las restricciones también deben ser proporcionales, lo que implica que las medidas implantadas tienen que ser lo menos restrictivas posibles para alcanzar el fin legítimo (8).

+ Caso Chappell c. Reino Unido (1988)

En 1986, el ente público británico English Heritage tomó la decisión de clausurar Stonenhenge y sus alrededores durante el periodo del solsticio de verano debido a los altercados que se sucedieron el año anterior entre la policía y los asistentes a un festival -que se realizaba en esa zona y en esa fecha-. Las autoridades intentaron, en vano, encontrar un lugar alternativo que fuese adecuado para albergar el festival. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante) dictaminó que la decisión tomada se ajustaba a derecho, debido al riesgo de que se causasen daños al público (9).

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(1) Artículo 11.

“Libertad de reunión y de asociación

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado”.

(2) La carga de la prueba recae en las autoridades del Estado: sentencia del TEDH en el caso Democratic People’s Party c. Moldavia, de 2 de febrero de 2010.

(3) “Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly”, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 2007.

(4) La expresión “pacífica” deber ser interpretada de manera que incluya conductas que pueden molestar u ofender a personas que se oponen a las ideas o reivindicaciones que en una reunión se pretenden promover. Sentencias del TEDH en los casos Plattform Ärtze Für das Leben c. Austria, de 21 de junio de 1988; y Stankov y United Macedonian Organisation Ilenden c. Bulgaria, de 2 de octubre de 2001.

(5) Sentencia del TEDH en el caso Republican Party of Russia c. Rusia, de 12 de abril de 2011.

(6) "Article 11: Freedom of assembly and association", Human Rights Review, 2012.

(7) Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en adelante), en el caso Wilson, National Union of Journalists y Otros c. Reino Unido, de 2 de octubre de 2002.

(8) Sentencia del TEDH en el caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976.

(9) Sentencia del TEDH en el caso Chappell c. Reino Unido, de 30 de marzo de 1989.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (VIII): derecho a la vida

+ CEDH (IX): derecho a la libertad y a la seguridad

+ CEDH (X): libertad de expresión

+ CEDH (XII): prohibición de discriminación

+ CEDH (XIII): derogación en caso de estado de excepción

+ CEDH (XIV): restricciones de la actividad política de los extranjeros

+ CEDH (XV): prohibición del abuso de derecho

+ CEDH (XVI): limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Libertad de expresión | Convenio Europeo de Derechos Humanos (X)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Wed, 13 Apr 2016 22:05:00 +0000

El artículo 10 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) recoge el derecho a la libertad de expresión y de información, sujeto a ciertas restricciones que deben estar previstas por la ley y tienen que ser medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la defensa del orden público o la protección de los derechos ajenos, entre otros bienes jurídicos protegidos que recoge el párrafo 2 del artículo 10 del CEDH. Este derecho incluye la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas.

- Libertad de expresión: pieza fundamental en las sociedades democráticas

En el marco de los regímenes políticos verdaderamente democráticos y el respeto por los derechos humanos mencionados en el Preámbulo del CEDH, la libertad de expresión no es sólo importante por derecho propio, sino que también es una pieza fundamental para la protección del resto de derechos que recoge el Convenio. Si el derecho a la libertad de expresión no está garantizado y protegido, de forma efectiva, por tribunales independientes e imparciales, no hay democracia, no hay país libre (2).

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la libertad de expresión es una pieza fundamental en cualquier sociedad democrática

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de forma reiterada, ha afirmado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, siendo una de las condiciones básicas para el progreso y para la autorrealización de las personas (3).

- TEDH: sin libertad de información no hay verdadera democracia

Al mismo tiempo, el TEDH ha destacado que la prensa juega un papel primordial en cualquier país donde impera el Estado de Derecho, por lo que un adecuado resguardo para la libertad de información/libertad de prensa es condición sine qua non para considerar a un sistema político como democrático (4).

- Ámbito de aplicación: expresiones de cualquier contenido (excepciones: apología del racismo y el nazismo o la incitación al odio)

El proceso político democrático y el desarrollo de todo ser humano requieren, necesariamente, de la protección de la libertad de expresión. La protección dada por el artículo 10 del CEDH se extiende a cualquier expresión, cualquiera que sea su contenido, difundida por cualquier persona, grupo o tipo de medio de comunicación. La extinta Comisión Europea de los Derechos Humanos sólo aplicó restricciones por el contenido respecto a la divulgación de ideas que promovían el racismo y la ideología Nazi, y la incitación al odio y la discriminación racial. La Comisión se basó en el artículo 17 del CEDH (prohibición del abuso de derecho), y mantuvo que la libertad de expresión no puede ser usada con el fin de lograr la destrucción de los derechos y libertades garantizados en el Convenio (5).

- Estructura del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

El artículo 10 del CEDH se divide en dos párrafos: el primero establece las libertades protegidas; el segundo estipula las circunstancias por las que un Estado puede, legalmente, interferir en el ejercicio de la libertad de expresión.

El párrafo primero contempla tres elementos de la libertad de expresión: la libertad de opinión; la libertad de comunicar informaciones e ideas; y la libertad de recibir informaciones e ideas. Estas libertades deben ser ejercidas libremente, sin la interferencia de los poderes públicos (salvo por lo previsto en el párrafo segundo del mismo precepto) y sin consideración de fronteras.

+ Libertad de opinión

La libertad de opinión engloba la libertad negativa de no ser forzado a comunicar las opiniones propias (6).

+ Libertad de comunicar informaciones e ideas

La libertad de comunicar informaciones e ideas reviste de la máxima importancia para la vida política y la estructura democrática de un país. La celebración de elecciones libres no es posible en ausencia de ella. Es más, esta libertad implica la permisión de crítica al gobierno; el hecho de que se permita -o no- es el principal indicador de si un gobierno es libre y democrático. Tal y como expuso el TEDH ya en 1976, la función supervisora del TEDH le obliga a prestar suma atención a los principios que caracterizan la sociedad democrática, siendo el artículo 10 del CEDH una de las piezas más importantes a analizar, ya que consagra una libertad sin la cual no hay democracia (7).

- Castells c. España

De entre la variedad de injerencias en la libertad de expresión, las sentencias y las sanciones penales seguramente sean las más peligrosas para con esta libertad. En el caso Castells c. España, el demandante (un miembro del parlamento perteneciente a la izquierda abertzale -HB: Herri Batasuna-) fue condenado a un año de prisión como autor de un delito de injurias no graves al Gobierno, cometido a través de un artículo publicado en junio de 1979 en la revista Punto y Hora de Euskal Herría. En esa pieza acusó al gobierno de ser un ejecutivo criminal y de ocultar a los autores de crímenes contra habitantes del País Vasco. En este contexto fáctico, el TEDH sostuvo que la posición dominante que el gobierno ocupa hace necesario que éste demuestre moderación al recurrir a procesos penales, particularmente cuando otros medios están disponibles para responder a los ataques injustificados y a las críticas de sus adversarios en los medios de comunicación. España, en este caso, vulneró el derecho a la libertad de expresión del demandante, según el Tribunal de Estrasburgo (8).

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(1) Artículo 10.

Libertad de expresión

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

(2) “Freedom of expression under the European Convention on Human Rights”, Jochen Abr. Frowein.

(3) Sentencias del TEDH en los casos Lingens c. Austria, de 8 de julio de 1986; Sener c. Turquía, de 18 de julio del 2000; Thoma c. Luxemburgo, de 29 de marzo de 2001; Maronek c. Eslovaquia, de 19 de abril de 2001; o Dichand y Otros c. Austria, de 26 de febrero de 2002.

(4) Sentencias del TEDH en los casos Castells c. España, de 25 de marzo de 1992; y Prager y Oberschlick c. Austria, de 26 de abril de 1995.

(5) Decisiones de la Comisión Europea de los Derechos Humanos en los casos Kühnen c. la República Federal de Alemania, de 12 de mayo de 1988; y D.I. c. Alemania, de 16 de junio de 1996.

(6) Sentencia del TEDH en el caso Vogt c. Alemania, de 26 de septiembre de 1995.

(7) Sentencia del TEDH en el caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976.

(8) Sentencia del TEDH en el caso Castells c. España, de 23 de abril de 1992.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (VIII): derecho a la vida

+ CEDH (IX): derecho a la libertad y a la seguridad

+ CEDH (XI): libertad de reunión y de asociación

+ CEDH (XII): prohibición de discriminación

+ CEDH (XIII): derogación en caso de estado de excepción

+ CEDH (XIV): restricciones de la actividad política de los extranjeros

+ CEDH (XV): prohibición del abuso de derecho

+ CEDH (XVI): limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

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Imagen: Estudiantes por la libertad

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Derecho a la libertad y a la seguridad | Convenio Europeo de Derechos Humanos (IX)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Mon, 11 Apr 2016 22:05:00 +0000

El artículo 5 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece que todos tenemos derecho a la libertad y a la seguridad. El derecho que se recoge en el artículo 5.1 es limitado, lo que significa que hay circunstancias, reconocidas en el mismo artículo y en las normas nacionales, en virtud de las cuales la privación de libertad es legal.

- Libertad y seguridad a efectos del artículo 5 del CEDH

El derecho a la libertad y a la seguridad, a efectos del artículo 5 del CEDH, se refiere a la libertad física, con la finalidad de que nadie se vea afectado por detenciones y privaciones de libertad de forma arbitraria. Este concepto no incluye a las libertades personales o los ideales democráticos, en tanto que están protegidos por los derechos a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa o el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia (2). Su ámbito de actuación no está acotado, meramente, por las restricciones en la libertad de movimientos, que se rigen por el artículo 2 del Protocolo número 4 al CEDH (3).

- ¿Cuándo se está privado de la libertad?

Para tratar de determinar si alguien ha sido “privado de su libertad” en el sentido del artículo 5 del CEDH, el punto de partida debe ser su situación concreta y tienen que tenerse en cuenta una amplia gama de condiciones tales como el tipo de privación, la duración, los efectos y la forma de implementar la medida en cuestión (4).

- Límites a la privación de libertad

Cualquier privación de libertad debe ser necesaria y proporcional y no debe prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. Al mismo tiempo, debe ajustarse a lo dispuesto en los preceptos 5.2 a 5.5 del CEDH.

- El Estado debe probar que la detención está justificada: necesidad y proporcionalidad

La presunción establecida es la de que todos tenemos derecho a la libertad. Por consiguiente, la responsabilidad de probar que, en cada caso, la detención está justificada, recae en el Estado. Esto implica que, como es lógico, no se hace recaer en el detenido la carga de probar por qué no debería perder su libertad, so pena de vulnerar la presunción de inocencia (artículo 6 del CEDH).

Para que las privaciones de libertad sean legales, el Estado debe probar que se corresponde con alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 5.1 del CEDH. El procedimiento para la privación de libertad debe estar establecido en el derecho nacional y el Estado debe demostrar que la detención es necesaria y proporcional respecto al objetivo que se desea alcanzar, no manteniéndose tal medida por más tiempo del que sea preciso. De esta forma, por ejemplo, no sería proporcional ni legítimo detener a alguien por negarse a obedecer una orden judicial cuando no hay una resolución, aún, para llevarlo ante un tribunal, o detener a alguien con miras a deportarlo cuando no hay planes en marcha para hacerlo (5).

- Obligaciones que impone el artículo 5 del CEDH

El artículo 5 del CEDH exige a los poderes públicos que tomen medidas para garantizar el derecho a la libertad y a la seguridad de todas las personas (obligación positiva) (6). Al mismo tiempo, impone una obligación negativa que exige que el Estado no detenga a nadie, arbitrariamente, por motivos que no estén preestablecidos en el derecho interno y preceptuados en el artículo 5 del CEDH.

- Garantías procesales frente a las detenciones arbitrarias

Este artículo, además, ofrece garantías procesales con la finalidad de prevenir las detenciones arbitrarias. El artículo 5.2 del CEDH exige al Estado prontitud a la hora de explicar a los detenidos los motivos de su detención, debiendo hacerse en un idioma que ellos entiendan. De igual manera, los detenidos deben ser llevados con celeridad ante un Juez y deben tener acceso a la revisión de la legalidad de su detención por una entidad independiente.

- Controles de seguridad de los pasajeros aéreos

Cuando un pasajero es detenido por agentes fronterizos, durante un control en un aeropuerto, con el fin de esclarecer su situación, mientras que su detención no exceda del tiempo estrictamente necesario para cumplir con las formalidades pertinentes, no se plantea ningún problema conforme al artículo 5 del CEDH (7).

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(1)Artículo 5 del Convenios Europeo de Derechos Humanos:

Derecho a la libertad y a la seguridad

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:

a) Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente;

b) Si ha sido detenido o privado de libertad, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley;

c) Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido;

d) Si se trata de la privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente;

e) Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de en enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo;

f) Si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.

2. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1 c), del presente artículo deberá ser conducida sin dilación ante un juez u otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento.

La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio.

4. Toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal.

5. Toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación".

(2) “Guide on Article 5 of the Convention – Right to liberty and security”.

(3) Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los casos Creangă c. Rumanía, de 23 de febrero de 2012; y Engel y Otros c. Países Bajos, de 8 de junio de 1976.

(4) Sentencias del TEDH en los casos Guzzardi c. Italia, de 6 de noviembre de 1980; Medvedyev y Otros c. Francia, de 29 de marzo de 2010; y Creangă c. Rumanía, de 23 de febrero de 2012.

(5) Sentencia del TEDH en el caso Winterwerp c. Países Bajos, de 24 de octubre de 1979; sentencia de la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso Zamir c. Reino Unido, de 13 de julio de 1982.

(6) La sentencia del TEDH en el caso El-Masri c. la antigua República Yugoslava de Macedonia, de 13 de diciembre de 2012, es la primera sentencia que fija la obligación positiva del Estado de tomar medidas adecuadas para proporcionar protección ante intromisiones ilegales en los derechos fundamentales de todas las personas dentro de su jurisdicción, no sólo la obligación de abstenerse de llevar a cabo vulneraciones de tales derechos.

(7) Sentencia del TEDH en el caso Gahramanov c. Azerbaiyán, de 15 de octubre de 2013.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (VIII): derecho a la vida

+ CEDH (X): libertad de expresión

+ CEDH (XI): libertad de reunión y de asociación

+ CEDH (XII): prohibición de discriminación

+ CEDH (XIII): derogación en caso de estado de excepción

+ CEDH (XIV): restricciones de la actividad política de los extranjeros

+ CEDH (XV): prohibición del abuso de derecho

+ CEDH (XVI): limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Derecho a la vida | Convenio Europeo de Derechos Humanos (VIII)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 09 Apr 2016 22:05:00 +0000

El artículo 2 (1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el cual protege el derecho a la vida y establece las circunstancias en las que la privación de la vida puede estar justificada, deber ser concebido como una de las disposiciones más importantes del Convenio, un derecho que no permite excepciones más allá de las que reconoce el propio artículo (2). Junto al artículo 3 (que prohíbe la tortura y los tratos o castigos inhumanos y degradantes), consagra uno de los pilares básicos de las sociedades democráticas que componen el Consejo de Europa (3).

- Interpretación de las circunstancias que justifican la privación de la vida

La importancia de este derecho obliga a interpretar de forma restrictiva las circunstancias que pueden justificar la privación de la vida, como ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en cuantiosas ocasiones (4).

- La finalidad del CEDH implica que el derecho a la vida se garantice no sólo en teoría

El objeto y la finalidad del CEDH como instrumento para la protección de los seres humanos exigen, también, que el artículo 2 del Convenio sea interpretado y aplicado de forma que garantice el derecho a la vida de forma adecuada y efectiva (5).

- Uso de la fuerza mortal por parte de los Estados: el principio de necesidad

+ McCann y Otros c. Reino Unido: se ha de llevar a cabo un test de necesidad estricto y riguroso

El uso de la fuerzo mortal por parte de los Estado se abordó con detenimiento, por primera vez, en el caso McCann y Otros c. Reino Unido. En esa sentencia, el TEDH afirmó que el artículo 2 del CEDH sólo permite el uso de la fuerza mortal cuando sea “absolutamente necesario”, una expresión que implica que debe llevarse a cabo un test de necesidad más riguroso y estricto que el que normalmente se aplica cuando se ha de dirimir si una actuación estatal es necesaria en una sociedad democrática, en virtud de los artículos 8 y 11 del CEDH.

El caso versaba sobre la muerte de tres miembros del IRA, sospechosos de llevar encima un dispositivo de control remoto para usarlo como detonador de una bomba explosiva, que fueron matados a tiros en la calle por soldados del Servicio Aéreo Especial de Reino Unido, en Gibraltar.

El TEDH concluyó que se había llevado a cabo una violación del artículo 2 del CEDH, ya que la operación podía haber sido planificada y controlada sin la necesidad de matar a los sospechosos. Por otro lado, el TEDH dispuso que el uso de armas tiene que estar claramente regulado y que la precaución en su uso es un símbolo de las sociedades democráticas (6).

+ Nachova y Otros c. Bulgaria: el uso de la fuerza mortal por parte de la policía puede estar justificado en ciertas circunstancias

En virtud del artículo 2 del CEDH, el uso de la fuerza mortal por parte de policías podría estar justificado en ciertas circunstancias, pero el artículo 2 no confiere “carta blanca”, y las operaciones policiales tienen que estar autorizadas y adecuadamente reguladas en el derecho nacional.

El caso trataba sobre la muerte de familiares de los demandantes por parte de un policía militar que estaba intentando arrestarlos.

El TEDH estimó la pretensión de los demandantes al declarar que se había dado una vulneración del artículo 2 del CEDH. El Tribunal recordó que los agentes del orden público deben estar capacitados para valorar si hay una absoluta necesidad de usar armas de fuego o no, no sólo sobre la base de la literalidad de la norma pertinente, sino con la debida consideración a la preeminencia del respeto por la vida humana como valor fundamental (7).

- El principio de proporcionalidad: Wasilewska y Kalucka c. Polonia

El principio de proporcionalidad no aparece en el texto del artículo 2 del CEDH, pero está claramente establecido en la jurisprudencia del TEDH.

En el caso Wasilewska y Kalucka c. Polonia, que versaba sobre la muerte de un sospechoso durante una operación antiterrorista, el TEDH decidió que se había violado el artículo 2 del CEDH, ya que el Gobierno polaco fracasó en su intento de convencer al Tribunal presentando observaciones respecto a la proporcionalidad del nivel de fuerza usado por la policía; la organización de la acción policial y sobre la existencia de un adecuado marco legislativo y administrativo con el fin de proteger a las personas frente a la arbitrariedad y el abuso de la fuerza (8).

- Respeto a la vida: incluye el derecho a morir con dignidad

El derecho a la vida, a raíz del caso Diane Pretty c. Reino Unido (9), incluye el derecho a morir con dignidad, y es considerado -en este contexto- junto al derecho a la integridad física y a la privacidad, conforme al artículo 8 del CEDH. Esta “ampliación” del derecho que reconoce el artículo 2 del Convenio, sin embargo, no implica que el Estado, por ejemplo, esté obligado a facilitar a un enfermo mental, que padece trastorno bipolar severo, la obtención, sin prescripción médica, de una sustancia que le permita acabar con su vida sin dolor y sin riesgo de fracaso (10).

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(1) Artículo 2.

Derecho a la vida

“1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.

2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:

a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima;

b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente;

c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección”.

(2) Sentencia del TEDH en el caso Velikova c. Bulgaria, de 18 de mayo del 2000.

(3) Sentencia del TEDH en el caso Makaratzis c. Grecia, de 20 de diciembre de 2004.

(4) Sentencia del TEDH en el caso Salman c. Turquía, de 27 de junio del 2000.

(5) Sentencia del TEDH en el caso McCann y Otros c. Reino Unido, de 27 de septiembre de 1995.

(6) Sentencia del TEDH en el caso McCann y Otros c. Reino Unido, de 27 de septiembre de 1995.

(7) Sentencia del TEDH en el caso Nachova y Otros c. Bulgaria, de 26 de febrero de 2004.

(8) Sentencia del TEDH en el caso Wasilewska y Kalucka c. Polonia, de 23 de febrero de 2010.

(9) Sentencia del TEDH en el caso Diane Pretty c. Reino Unido, de 29 de julio de 2002.

(10) Sentencia del TEDH en el caso Haas c. Suiza, de 20 de enero de 2011.

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- Convenio Europeo de Derechos Humanos

+ CEDH (I): prohibición de la tortura y los tratos inhumanos

+ CEDH (II): Derecho al respecto a la vida privada y familiar

+ CEDH (III): Derecho a un proceso equitativo

+ CEDH (IV): prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

+ CEDH (V): libertad de pensamiento, conciencia y religión

+ CEDH (VI): derecho a contraer matrimonio

+ CEDH (VII): derecho a un recurso efectivo

+ CEDH (IX): derecho a la libertad y a la seguridad

+ CEDH (X): libertad de expresión

+ CEDH (XI): libertad de reunión y de asociación

+ CEDH (XII): prohibición de discriminación

+ CEDH (XIII): derogación en caso de estado de excepción

+ CEDH (XIV): restricciones de la actividad política de los extranjeros

+ CEDH (XV): prohibición del abuso de derecho

+ CEDH (XVI): limitación de la aplicación de las restricciones de derechos

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Imagen: Huffington Post

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.