Derecho Peruano

MODELO DE RESOLUCIÓN PARA DESIGNAR A DEFENSOR DE DEMUNA

2020-08-04T16:14:00.011-07:00

MODELO DE RESOLUCION DESIGNAR A DEFENSOR DE DEMUNA (ACREDITACIÓN DE DEMUNA)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° - 2020 –MD...../A

Lugar, 29 de julio del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD ....................................;

VISTO:

Memorándum.................

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nro. 27680, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al "Concejo Municipal las funciones normativas i fiscalizadoras" y la "Alcaldía funciones ejecutivas".

Que, el Artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que las Resoluciones de Alcaldía aprueba y resuelven los asuntos de carácter administrativo.

Que, la constitución Política del estado, en su artículo 4°, protección de la familia, establece, la comunidad y el estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono;

Que, la Ley, N° 27337 Código de los niños y Adolescentes en el Capítulo III, artículo 42° crea el servicio de defensoría del niño y del adolecente, que es un servicio del sistema de atención integral que funciona en los gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y adolescentes y;

Que, conforme a lo establecido en el Sub Numeral 2.8 del Artículo 84" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, las Municipalidades en materia de Programas Sociales de Densas y promoción de Derechos tienen función "...organizar e implementar el servicio de Defensorio Municipal de los Niños y Adolescentes –DEMUNA - de acuerdo a la legislación sobre la materia.

Que, DEMUNA es la oficina de defensoría del Niño y del Adolecente, que brinda servido de atención integral al niño y Adolecente, que funciona en los gobiernos locales, en las Instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil y que tiene por finalidad Promover, Defender y Vigilar los derecho que la legislación reconoce a las niñas y niños y Adolescentes.

El memorándum N°…….....…………., de fecha 0 de julio del año 2020, emitido por la Gerencia Municipal, sobre la designación del ABG. ............................., como DEFENSOR de la Oficina de Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente DEMUNA de la Municipalidad Distrital de .........................................., y;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 20° - inciso 6) de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de la fecha al Abg. ............................................................ como Defensor de la Oficina de Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente DEMUNA de la Municipalidad Distrital de .............., por las consideraciones expuestas en la presente Resolución..

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, con la presente Resolución a la designada, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y Humano, Planeamiento y Presupuesto y diferentes unidades orgánicas para su conocimiento y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Minsa aprobó recomendaciones para el uso de escudos faciales en la comunidad

2020-07-02T17:14:00.003-07:00

Publicado el 30 de junio de 2020, en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

Aprueban Documento Técnico: Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 447-2020-MINSA

Lima, 30 de junio del 2020

Vistos, los Expedientes Nº 20-050416-001 y Nº 20-050416-002, que contienen los Informes Nº 55-2020-DA-DGIESP/MINSA y Nº 64-2020-DA-DGIESP/MINSA, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; el Oficio Nº 1088-2020-JEF-OPE/INS, la Nota Informativa Nº 483-2020-DG-CNSP/INS y los documentos denominados Serie Opinión Técnica Nº 14-2020 y Serie de Evidencia para la Decisión Nº 02-2020, del Instituto Nacional de Salud; y, el Informe Nº 590-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, los artículos 76 y 79 de la citada Ley establecen que la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la propagación y lograr el control y erradicación de las enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes, estando asimismo facultada a dictar las medidas de prevención y control para evitar la aparición y propagación de enfermedades transmisibles, quedando todas las personas naturales o jurídicas obligadas al cumplimiento de dichas medidas;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, contempla que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de su función rectora, es el encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones orientadas a la prevención, protección y control de la enfermedad producida por el COVID-19, con todas las instituciones públicas y privadas, personas jurídicas y naturales que se encuentren en el territorio nacional, conforme a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, para lo cual, mediante resolución de su titular, aprueba las disposiciones complementarias para su aplicación e implementación;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas en Salud Pública, asimismo, el literal b) del artículo 64 del indicado Reglamento, establece que dicha Dirección General tiene la función de proponer, evaluar y supervisar la implementación de políticas, normas, lineamientos y otros documentos normativos en materia de intervenciones estratégicas de Salud Pública;

Que, en virtud a los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha propuesto para su aprobación el Documento Técnico: Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuya finalidad es contribuir a la reducción del riesgo de transmisión del COVID-19 en el personal de salud durante la atención de pacientes, y en la comunidad, en el contexto de la pandemia de COVID-19;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, del Jefe del Instituto Nacional de Salud, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de Salud Pública, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por los Decretos Supremos Nº 011-2017-SA y Nº 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19, que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA

Ministro de Salud

Descargue en PDF la resolución

Descargue en PDF el anexo

Descargue en PDF Fe de Erratas

PROMUEVEN EL USO DE BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

2020-06-28T16:31:00.000-07:00

📢 #NuevaConvivencia | El reglamento promueve el uso de la bicicleta🚴🏻‍♀️🚴🏻 como medio de transporte sostenible y la implementación de infraestructura ciclovial para la ciudadanía. Es la oportunidad de adoptar nuevos hábitos amigables con el ambiente y por nuestra salud.

Reglamento de la Ley N° 30936 Movilidad Sostenible

Si te movilizas en bicicleta, mantén una distancia de 10 metros.

Beneficios

• Cada metro recorrido de una bicicleta significa un auto menos emitiendo CO2e a la atmósfera.

• Reduce la contaminación sonora.

• Mejora nuestra calidad de vida.

DESCARGA LEY N° 30936

DESCARGA REGLAMENTO DE LEY N° 30936

Notarías autorizadas a nivel nacional

2020-05-29T22:34:00.000-07:00

Hasta la fecha son 373 notarios y notarias del país que cuentan con la autorización sectorial del Minjusdh para reanudar sus actividades. De acuerdo con la información que el Ministerio ha publicado.

Los Distritos Notariales de La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y Tumbes no están siendo considerados en un primer momento dentro de esta Fase I de reanudación de actividades del servicio notarial peruano, se espera que superada la emergencia sanitaria agravada en los departamentos señalados, cada distrito notarial se reintegre a formar parte de la reanudación progresiva de actividades del servicio notarial.

Descargue aquí en PDF el listado de notarías que tienen permiso de funcionar.

Funcionarios que hagan mal uso del dinero para comprar de viveres pueden incurrir en estos delitos

2020-05-23T03:05:00.002-07:00

YA ESTA DISPONIBLE EL BONO FAMILIAR UNIVERSAL

2020-05-21T23:08:00.000-07:00

Hermano Satipeño, con relación al Bono Familiar Universal de 760 soles que el Estado otorgará a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema, así como en situación de vulnerabilidad de los ámbitos rural y urbano, según lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 052-2020 en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informan a la ciudadanía lo siguiente:

1.- Hoy se inicia el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles con el que se completará el universo de 6.8 millones de hogares a nivel nacional en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano y rural, de acuerdo con los padrones de hogares aprobados en las resoluciones ministeriales N° 087-2020-TR y N° 085-2020-MIDIS.

2.- Para su otorgamiento, se han considerado los siguientes criterios:

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa. Independiente y Rural. Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca. Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

3.- En la plataforma pe. las personas podrán saber si acceden al bono. Para ello, deberán ingresar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

4.- De acceder al bono, el usuario será asignado a una de las cinco modalidades de cobro: (i) depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados; (ii) Banca Celular del Banco de la Nación; (iii) aplicativo Tunki de Interbank; (iv) pago en ventanilla a través de giro a nivel nacional; y (v) Empresas Transportadoras de Valores (ETV).

5.- De no acceder al bono universal familiar, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (registronacionaldehogares.pe) del RENIEC para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar. Esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales post pandemia.

6.- Cabe señalar que los datos consignados tendrán carácter de Declaración Jurada por lo que la población debe colocar la información correcta. Esta será verificada y. posteriormente, sometida a fiscalización. Asimismo, es importante que. para asegurar un correcto llenado de información, los usuarios tengan a la mano la información completa y DNI de los integrantes que componen su hogar.

7.- Les recordamos no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la Banca Celular.

8.- Para consultas sobre el Bono Universal Familiar, llame a la línea gratuita 101 -opción 3-, a través de la cual recibirá ayuda y acompañamiento en la gestión del trámite respectivo. El horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.

Para ello debes ingresar al siguiente enlace: https://bonouniversalfamiliar.pe/

Una vez que estés en el enlace escribe tu número de DNI, fecha de vencimiento de este y luego dale clic en consultar.

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional

Decreto de Urgencia 52-2020

El presidente de la República

Considerando:

Que, mediante el Decreto Supremo n° 008-2020-sa, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del covid-19, para reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas;

Que, la organización mundial de la salud (OMS) eleva la alerta por el covid-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) países”, declarando dicho brote como una pandemia por su rápida expansión a nivel global;

Que, mediante Decreto Supremo nº 044-2020-pcm, precisado por los Decretos Supremos 45-2020-pcm y 46-2020-pcm, se declara el estado de emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) así como medidas de limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del covid-19; habiéndose prorrogado dicho plazo, entre otros, mediante los Decretos Supremos 51-2020-pcm, 64-2020-pcm y el Decreto Supremo 75-2020-pcm;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (covid-19) en el territorio nacional; en especial, las medidas de aislamiento social derivadas de la declaración de estado de emergencia nacional vienen afectando la dinámica de algunos sectores como: i) alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión de actividades turísticas; ii) transporte, almacenamiento y mensajería, por la paralización del transporte aéreo, transporte fluvial, interprovincial, y correo y mensajería, y el menor flujo de transporte público; iii) arte, entretenimiento y esparcimiento, por el aislamiento social; iv) servicios prestados a empresas, por el cierre de instituciones públicas y privadas, y una menor demanda de servicios profesionales en los rubros de derecho, empresas industriales, entre otros; v) servicios inmobiliarios, ante la nula actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y pensiones, por menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, y menor horario de atención en las agencias bancarias; y vii) servicios de educación; asimismo, el sector comercio, excluyendo a los locales de venta de productos alimenticios y farmacéuticos, y el sector construcción han sido afectados por las medidas dictadas para contener el avance de la epidemia;

Que, en la sesión extraordinaria del 26 de abril de 2020 de la comisión interministerial de asuntos sociales, conforme consta en el acta nro. 01-2020-pcm/cias, y modificada en la sesión extraordinaria del 4 de mayo de 2020, mediante el acta nº 002-2020-pcm/cias, se aprueba la implementación de la intervención del “bono familiar universal” y el registro nacional para medidas covid-19. el “bono familiar universal” estaría orientado a mitigar los impactos negativos en los ingresos que se vienen generando a causa del estado de emergencia nacional por la pandemia del covid-19, para los hogares que no han sido atendidos a través de ninguno de los subsidios monetarios autorizados por los decretos de urgencia n° 027-2020 complementado por el decreto de urgencia n° 044-2020, y los decretos de urgencia n° 033-2020 y n° 042-2020;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico financieras que, a través de mecanismos de inyección de liquidez, minimicen la afectación que viene produciendo la medida de aislamiento dispuesta con la declaración de estado de emergencia nacional y sus prórrogas, en la economía de hogares cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse ante las restricciones dispuestas en el marco del referido estado de emergencia nacional; medidas que, de no adoptarse, podrían afectar la economía nacional; en uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 de la constitución política del perú; con el voto aprobatorio del consejo de ministros; y, con cargo de dar cuenta al congreso de la república;

Decreta:

Artículo 1. Objeto

El presente decreto de urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias, en materia económica y financiera, para disminuir la afectación de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del país.

Artículo 2. Otorgamiento de subsidio monetario en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19

2.1 Autorízase el otorgamiento, excepcional y por única vez, de un subsidio monetario de s/ 760,00 (setecientos sesenta y 00/100 soles), a favor de:

a. Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al sistema de focalización de hogares (sisfoh).

b. Aquellos hogares beneficiarios del programa nacional de apoyo directo a los más pobres – juntos, y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del programa nacional de asistencia solidaria “pensión 65” y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del programa nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – contigo a cargo del ministerio de desarrollo e inclusión social.

c. Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el aplicativo de registro centralizado de planillas y de datos del sector público (airhsp), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

2.2. Son hogares beneficiarios los indicados en los literales a, b y c precedentes, que se encuentran comprendidos en el registro nacional para medidas covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria, a que se refiere el artículo 3; siempre que, no hayan recibido o no recibirán el subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 27-2020, complementado por el Decreto de Urgencia 44-2020, en el artículo 3 del Decreto de Urgencia 33-2020 y en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 42-2020, o que alguno de sus integrantes tenga un ingreso superior a s/ 3 000,00 (tres mil y 00/100 soles) mensuales de acuerdo a la información disponible de la superintendencia de banca, seguros y administradoras de fondos de pensiones, y de la superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria.

Artículo 3. Registro nacional para medidas covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria

3.1 créase el registro nacional para medidas covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria (en adelante el “registro nacional”), cuya elaboración, administración y soporte tecnológico se encuentra a cargo del registro nacional de identificación y estado civil (reniec), en el marco de la emergencia sanitaria (en adelante el “registro nacional”).

El registro nacional consolida y sistematiza la relación de hogares a nivel nacional, para la adecuada identificación de aquellos hogares elegibles para los subsidios económicos que se otorgan en el marco de la emergencia sanitaria declarada mediante el decreto supremo nº 008-2020-sa, y/o del estado de emergencia nacional declarado mediante el decreto supremo nº 044-2020-pcm, y sus prórrogas.

3.2 el registro nacional, bajo los lineamientos aprobados por la cias es elaborado y administrado por reniec, sobre la base de la siguiente información:

a) el ministerio de desarrollo e inclusión social (midis) entrega a reniec la base de datos del padrón general de hogares, la relación de hogares beneficiarios comprendidos en los alcances del programa nacional de apoyo directo a los más pobres – juntos, programa nacional de asistencia solidaria “pensión 65” y programa nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – contigo, y los padrones de beneficiarios comprendidos en el artículo 2 del decreto de urgencia nº 027-2020, complementado por el decreto de urgencia nº 044-2020, y aquellos comprendidos en el artículo 2 del decreto de urgencia nº 042-2020.

b) el ministerio de trabajo y promoción del empleo (mtpe) entrega a reniec el padrón de hogares beneficiarios con trabajadores independientes en vulnerabilidad económica que han recibido o recibirán el subsidio monetario autorizado en el artículo 3 del decreto de urgencia nº 033-2020 y la información de la planilla electrónica del sector privado necesaria para el cumplimiento de la finalidad y objeto del presente decreto de urgencia.

c) el instituto nacional de estadística e informática (inei) remite a reniec las bases de datos nominadas de los censos nacionales 2017.

d) las entidades responsables de otras bases de datos deben proveer a reniec, a solicitud de ésta, y en el plazo máximo de tres (03) días calendario, la información y los mecanismos de interconexión que sean requeridos por dicha entidad.

e) sobre la base de la información recibida conforme a los literales precedentes, reniec sistematiza y elabora el registro nacional; asimismo, elabora, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente decreto de urgencia, la plataforma a través de la cual se obtiene la información de los hogares que lo conforman.

3.3 reniec, sobre la base de la información del registro nacional disponible y en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente decreto de urgencia, remite al mtpe y al midis el registro de hogares elegibles para el subsidio monetario autorizado en el artículo 2, en el ámbito urbano y el ámbito rural, respectivamente.

Artículo 4. aprobación de los padrones de hogares beneficiarios del subsidio monetario

4.1 El Midis y el MTPE aprueban mediante resolución ministerial, a propuesta del viceministerio correspondiente, en un periodo máximo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la información a la que se refiere en el numeral 3.5 del artículo 3 de la presente norma, los padrones que contengan el primer grupo de hogares beneficiarios del subsidio monetario autorizado en el artículo 2 sobre la base de la información del registro nacional disponible, de acuerdo a la priorización que dichos sectores determinen.

4.2 En un periodo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente decreto de urgencia, Reniec, remite al MTPE y al Midis la información recogida a través de la plataforma a la que hace referencia el literal e) del numeral 3.2 del artículo 3, sobre la base de la información del registro nacional disponible. el referido plazo puede ser ampliado mediante resolución emitida por el titular del reniec. con dicha información, en un período máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir de que Reniec remite la información, el MTPE y el Midis aprueban mediante resolución ministerial, a propuesta del viceministerio correspondiente, los padrones complementarios que contengan el segundo grupo de hogares beneficiarios del subsidio monetario autorizado en el artículo 2.

4.3. Para efectos de la aprobación de los padrones de hogares beneficiarios a los que hace referencia los numerales 4.1 y 4.2, autorízase al MTPE a aprobar el padrón que contenga los hogares beneficiarios en el ámbito urbano, y al Midis a aprobar el padrón que contenga los hogares beneficiarios en el ámbito rural y los hogares beneficiarios del programa nacional de apoyo directo a los más pobres – juntos, programa nacional de asistencia solidaria “pensión 65” y programa nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – contigo.

4.4. Asimismo, se autoriza al Midis y al MTPE a realizar los procesos necesarios para implementar el proceso de pago del subsidio monetario, lo cual incluye compartir e intercambiar la data con entidades públicas y privadas involucradas en el proceso de pago, los que también podrán acceder, usar e intercambiar entre sí y tratar directamente dicha data solamente para la referida finalidad, exceptuando de dicho intercambio la información de la clasificación socioeconómica.

4.5 Los padrones de hogares beneficiarios referidos en los numerales 4.1 y 4.2, pueden ser actualizados mediante resolución ministerial del midis y del mtpe, a propuesta del viceministerio correspondiente, según corresponda.

Artículo 5. Condiciones para el otorgamiento del subsidio monetario

5.1 dispóngase que el subsidio monetario autorizado en el artículo 2, se otorga por única vez y durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada mediante el Decreto supremo 08-2020-sa.

5.2 el otorgamiento del referido subsidio monetario se realiza a través del banco de la nación y otras entidades financieras privadas en el país. el banco de la nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

5.3 encárgase al midis, a través del programa nacional de asistencia solidaria “pensión 65”, y al mtpe, a través del programa para la generación de empleo social inclusivo “trabaja perú”, el otorgamiento del subsidio monetario al que hace referencia el artículo 2, a través de subvenciones, las que se aprueban mediante resolución de dirección ejecutiva de sus respectivos programas, a favor de los hogares beneficiarios comprendidos en los padrones aprobados conforme al artículo 4, respectivamente.

5.4. para el caso del otorgamiento del subsidio monetario, a que se refiere el literal b del numeral 2.1 del artículo 2, encárgase al midis a través del programa nacional de apoyo directo a los más pobres – juntos, programa nacional de asistencia solidaria “pensión 65” y programa nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – contigo, el otorgamiento del subsidio monetario, según corresponda, a través de subvenciones, las que se aprueban mediante resolución de dirección ejecutiva del respectivo programa, a favor de los hogares beneficiarios comprendidos en el padrón aprobado conforme al artículo 4, respectivamente. asimismo, el midis propondrá la unidad ejecutora encargada del otorgamiento del subsidio monetario al que hace referencia el numeral 4.2 del artículo 4, la cual será establecida en el decreto supremo al que hace referencia el numeral 7.5 del artículo 7 del presente decreto de urgencia.

5.5. autorízase al programa nacional de asistencia solidaria “pensión 65” y al programa para la generación de empleo social inclusivo “trabaja perú”, a firmar convenios con entidades financieras para la entrega del subsidio monetario al que se refiere el artículo 2 del presente decreto de urgencia a favor de los hogares beneficiarios, incluyendo aquellos casos en que estas entidades financieras decidan financiar con sus recursos el otorgamiento del mencionado subsidio.

Artículo 6. Autorización para la realización de contrataciones necesarias para implementar el presente Decreto de Urgencia

6.1 Autorízase al Reniec a contratar los bienes y servicios y otros que sean necesarios para la implementación de la plataforma de registro nacional.

6.2 Autorízase al Reniec a contratar los bienes y servicios y otros que sean necesarios para la implementación de la plataforma de comunicación para el pago del subsidio a favor de los hogares cuyos integrantes no se encuentren registrados en el aplicativo de registro centralizado de planillas y de datos del sector público (airhsp) o en la planilla privada disponibles, y que no han recibido o no recibirán el subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 27-2020, complementado por el Decreto de Urgencia 44-2020, en el artículo 3 del Decreto de Urgencia 33-2020 y en el artículo 2 del decreto de urgencia nº 042-2020, y que se encuentran comprendidos en el registro nacional.

6.3 Dispóngase que las contrataciones a que se hace referencia el numeral 6.1 y 6.2 del presente artículo se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 82-2019-ef y el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-ef, efectivizando su inicio ante esta emergencia sanitaria con el instrumento de gestión que resulte aplicable. la regularización, que incluye los informes técnicos y legales que justifican el carácter urgente de dichas contrataciones, se efectúa en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento

6.4 Autorízase al Reniec, a efectuar las contrataciones de bienes y servicios a los que se hace referencia en el numeral 6.2 para la implementación de la plataforma de comunicación, la que se debe realizar utilizando la infraestructura tecnológica pre existente de las plataformas para los pagos del bono en el marco de los Decretos de Urgencia 33-2020, 42-2020 y 44-2020.

6.5 Autorízase al Reniec para que, de manera excepcional, durante el año fiscal 2020, se exonere del Decreto Legislativo 1057, a fin de efectuar las contrataciones de servicios que resulten necesarias bajo la modalidad de locación de servicios en el marco de lo establecido en el Código Civil, para poder ejecutar lo señalado en el numeral 6.1 y 6.2 del presente Decreto de Urgencia, bajo responsabilidad del solicitante del encargo quien deberá, previo informe, determinar la cantidad de locadores de servicio.

Artículo 7. modificaciones presupuestarias en el nivel institucional

7.1 Autorízase una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del ministerio de economía y finanzas, hasta por la suma de s/ 1 226 802 800,00 (mil doscientos veintiseis millones ochocientos dos mil ochocientos y 00/100 soles), por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, a favor de los pliegos ministerio de desarrollo e inclusión social, ministerio de trabajo y promoción del empleo, y registro nacional de identificación y estado civil, para financiar el otorgamiento del subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del presente decreto de urgencia, conforme al detalle siguiente:

DE LA: EN SOLES

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL

PLIEGO 009 : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

UNIDAD EJECUTORA 001 : ADMINISTRACIÓN GENERAL

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5000415 : ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : RECURSOS ORDINARIOS

GASTO CORRIENTE

2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 226 802 800,00

———————–

TOTAL EGRESOS 1 226 802 800,00

=============

A LA: EN SOLES

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL

PLIEGO 040 : MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA 005 : PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : RECURSOS ORDINARIOS

GASTO CORRIENTE

2.3 BIENES Y SERVICIOS 3 000 000,00

2.5 OTROS GASTOS 369 287 800, 00

————————

SUB TOTAL UUEE 005: JUNTOS 372 287 800, 00

==============

UNIDAD EJECUTORA 006 : PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSIÓN 65”

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: RECURSOS ORDINARIOS

GASTO CORRIENTE

2.5 OTROS GASTOS 388 007 360, 00

————————

SUB TOTAL UUEE 006: PENSION 65 388 007 360, 00

==============

UNIDAD EJECUTORA 010 : CONTIGO

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : RECURSOS ORDINARIOS

GASTO CORRIENTE

2.3 BIENES Y SERVICIOS 407 900,00

2.5 OTROS GASTOS 7 699 560, 00

————————

SUB TOTAL UUEE O10: CONTIGO 8 107 460, 00

==============

TOTAL PLIEGO 040 MIDIS 768 402 620, 00

==============

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL

PLIEGO 012 : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA 005 : PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ”

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL,

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : RECURSOS ORDINARIOS

GASTO CORRIENTE

2.5 OTROS GASTOS 455 358 180, 00

————————

TOTAL PLIEGO 012 MTPE 455 358 180, 00

==============

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL

PLIEGO 033 : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

UNIDAD EJECUTORA 001 : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : RECURSOS ORDINARIOS

GASTO CORRIENTE

2.3 BIENES Y SERVICIOS 3 042 000,00

————————

TOTAL PLIEGO 033 RENIEC 3 042 000,00

==============

TOTAL EGRESOS 1 226 802 800, 00

==============

7.2 Los titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente decreto de urgencia. copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del sistema nacional de presupuesto público.

7.3 La oficina de presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la dirección general de presupuesto público, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

7.4 La oficina de presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruyen a las unidades ejecutoras para que elaboren las correspondientes “notas para modificación presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

7.5 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el año fiscal 2020, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos de la reserva de contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda, para financiar de forma complementaria a lo señalado en el numeral 7.1, el otorgamiento del subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, a ser otorgado a los hogares beneficiarios que sean incluidos en los padrones que para tal fin actualice el Midis y el MTPE, conforme a lo señalado en los numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4. dichas modificaciones presupuestarias se aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, debiendo contar además con el refrendo de la ministra de desarrollo e inclusión social y/o de la ministra de trabajo y promoción del empleo, según corresponda, a solicitud de estas últimas.

Artículo 8. Autorización para uso de recursos para financiamiento del subsidio monetario

8.1 Autorízase al programa para la generación de empleo social inclusivo “Trabaja Perú” del ministerio de trabajo y promoción del empleo a financiar el proceso de otorgamiento del subsidio monetario autorizado por el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, con cargo a los montos no ejecutados de los recursos que le fueron transferidos en el marco del artículo 6 del Decreto de Urgencia 33-2020 y el artículo 2 del Decreto de Urgencia 36-2020.

8.2 Autorízase al programa nacional de asistencia solidaria “Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a financiar el proceso de otorgamiento del subsidio monetario autorizado por el artículo 2 del presente decreto de urgencia, con cargo a los montos no ejecutados de los recursos que le fueron transferidos en el marco del Decreto de Urgencia 42-2020, complementado mediante Decreto de Urgencia 44-2020.

Artículo 9. Vigencia del cobro del subsidio monetario

9.1 El subsidio monetario autorizado en el artículo 2 puede cobrarse, como máximo hasta treinta (30) días calendario posteriores al término de la emergencia sanitaria. Culminado dicho plazo, dentro de los quince (15) días calendario siguientes, el banco de la nación y las entidades financieras privadas en el país que hayan recibido recursos en el marco de lo dispuesto en el numeral 5.2 del artículo 5, deben extornarlos a la cuenta del Tesoro Público que el Ministerio de Economía y Finanzas comunique a las entidades financieras a través del programa nacional de asistencia solidaria “Pensión 65” del Midis y del programa para la generación de empleo social inclusivo “Trabaja Perú” del MTPE, según corresponda. dichos recursos deben ser incorporados, en el año fiscal 2020, en el presupuesto institucional del Midis y del MTPE, según corresponda, vía crédito suplementario, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios mediante Decreto Supremo refrendado por la ministra de economía y finanzas, la ministra de desarrollo e inclusión social y la ministra de trabajo y promoción del empleo, según corresponda, a propuesta de estas últimas.

9.2 Autorízase al Poder Ejecutivo, durante el año fiscal 2020, para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la reserva de contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del sistema nacional de presupuesto público, con cargo a los recursos transferidos en el artículo 7 de la presente norma, que no hubieran sido ejecutados, así como a los recursos que incorpora el Midis y el MTPE, según corresponda, en su presupuesto institucional en el marco de lo señalado en el numeral precedente. dichas modificaciones presupuestarias se aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público, debiendo contar además con el refrendo de la ministra de desarrollo e inclusión social y la ministra de trabajo y promoción del empleo, según corresponda, a propuesta de estas últimas.

Artículo 10. Otorgamiento de créditos para la continuidad de la operación de los cajeros corresponsales del Banco de la Nación

Facúltase al Banco de la Nación a otorgar créditos a las personas naturales o jurídicas que operen sus cajeros corresponsales a nivel nacional, con el objeto de garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para atender de manera permanente las operaciones propias de un cajero corresponsal para efectos del otorgamiento del subsidio monetario, a fin de reducir la afluencia de público en las oficinas de dicho banco.

Artículo 11. Responsabilidades y limitación sobre el uso de los recursos

11.1. Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma, son responsables de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del presente decreto de urgencia, conforme a la normatividad vigente. para efectos de lo establecido en la presente norma, constituye eximente de responsabilidad de servidores/as y funcionarios/as públicos/as, haber actuado con debida diligencia comprobada en los casos que terceros actúen con dolo o fraude, ajenos a su voluntad.

11.2. Los recursos que se transfieren en el marco el presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 12. Financiamiento

Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados y de los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público, según corresponda.

Artículo 13. Vigencia

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 14. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, la ministra de desarrollo e inclusión social, la ministra de trabajo y promoción del empleo y por la ministra de economía y finanzas.

Dado en la casa de gobierno a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte.

Martín Alberto Vizcarra Cornejo

Presidente de la república

Vicente Antonio Zeballos Salinas

Presidente del consejo de ministros

Ariela María de los Milagros Luna Florez

Ministra de desarrollo e inclusión social

Sylvia E. Cáceres Pizarro

Ministra de trabajo y promoción del empleo

María Antonieta Alva Luperdi

Ministra de economía y finanzas

Descargue el PDF aquí Decreto de Urgencia N° 052-2020-EF

Minedu habilita plataforma para recibir solicitudes de traslado a colegios públicos - RM 193-2020-Minedu-

2020-05-08T20:54:00.002-07:00

Aprueban “Disposiciones para el procesamiento de las solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular o de Educación Básica Especial, presentadas a través de la Plataforma Virtual implementada por disposición del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 178-2020-MINEDU”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 193-2020-MINEDU

Lima, 8 de mayo de 2020

VISTOS, el Expediente N° 0065575-2020, los informes contenidos en el referido expediente y el Informe N° 531-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política educativa y formular los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos;

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, conforme a lo dispuesto por el literal a) del artículo 80 de la citada Ley son funciones del Ministerio de Educación, entre otras, definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General de Educación señala que corresponde a los padres, o a quienes hagan sus veces, asegurar la matrícula oportuna de los estudiantes y su permanencia en los centros y programas educativos. Asimismo, el literal d) del artículo 18 de la referida Ley establece que, con el fin de garantizar la equidad en la educación, entre otras medidas, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias aseguran mecanismos que permitan la matrícula oportuna, la permanencia y la reincorporación de los estudiantes al sistema educativo y establecen medidas especiales para retener a los que se encuentran en riesgo de exclusión del servicio;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del brote del Coronavirus (COVID-19), y se dictaron medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, con Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, se precisan los alcances de los artículos 8 y 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, respectivamente; y mediante Decretos Supremos N° 058-2020-PCM, N° 063-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, se modifica el literal l) y se incorpora los literales m) y n), respectivamente, al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM;

Que, a través del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, modificado por Decretos Supremos N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM y N° 061-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. Adicionalmente, mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se dispone una nueva prórroga del Estado de Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 075-2020-PCM se prorroga nuevamente el Estado de Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, con Decreto de Urgencia N° 026-2020 se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, incluyendo disposiciones referidas a la aplicación del trabajo remoto, entre ellas el artículo 21 de dicha norma autoriza al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU se dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020, como medida del Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19, dispone que la provisión del servicio educativo no presencial o remoto en las instituciones educativas públicas de Educación Básica y superior en todas sus modalidades, se realiza en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, así como de manera complementaria una vez que se inicie la prestación presencial del servicio educativo. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria Final del referido Decreto Legislativo señala que el Ministerio de Educación, a través de una resolución ministerial, puede emitir las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la implementación de lo establecido en dicha norma, en el marco de sus competencias;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 178-2020-MINEDU, se dispone la implementación de una Plataforma Virtual a cargo del Ministerio de Educación, para el registro de solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular, con excepción de los Colegios de Alto Rendimiento, o de Educación Básica Especial;

Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 178-2020-MINEDU establece que los representantes legales de los menores que requieran estudiar durante el año 2020 en una institución educativa pública de Educación Básica Regular o de Educación Básica Especial, deben registrar su solicitud en la referida Plataforma Virtual, en el período comprendido entre el 8 al 22 de mayo del presente año. Asimismo, el artículo 5 de la referida Resolución Ministerial señala que dichas solicitudes, excepcionalmente, serán gestionadas conforme a las normas que el Ministerio de Educación emita para tal fin, quedando suspendida para la atención de las mismas, durante el año 2020, la aplicación de la Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica, aprobada por Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU;

Que, mediante el Oficio N° 178-2020-MINEDU/VMGI-DIGC, la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar remite al Despacho Viceministerial de Gestión Institucional el Informe N° 131-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, elaborado por la Dirección de Gestión Escolar, dependiente de la referida Dirección General, el mismo que sustenta la necesidad de aprobar las “Disposiciones para el procesamiento de las solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular o de Educación Básica Especial, presentadas a través de la Plataforma Virtual implementada por disposición del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 178-2020-MINEDU”;

Que, mediante el Memorándum N° 345-2020-MINEDU/SPE-OPEP, la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto remite el Informe N° 622-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, elaborado por la Unidad de Planificación y Presupuesto, el mismo que señala que las disposiciones a que se hace referencia en el considerando precedente, se encuentran alineadas con los documentos de planificación institucional, y no irrogan gastos para el Pliego 010: Ministerio de Educación;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 26510; el Decreto Legislativo N° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y la Resolución Ministerial N° 178-2020-MINEDU, que dispone la implementación de una Plataforma Virtual a cargo del Ministerio de Educación, para el registro de solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular, con excepción de los Colegios de Alto Rendimiento, o de Educación Básica Especial;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las “Disposiciones para el procesamiento de las solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular o de Educación Básica Especial, presentadas a través de la Plataforma Virtual implementada por disposición del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 178-2020-MINEDU”, las mismas que como anexo forman parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo, en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO

Ministro de Educación

Descargue en PDF la resolución completa

Día Nacional de la Higiene de Manos

2020-05-05T22:54:00.000-07:00

Desde el 5 de mayo de cada año El Ministerio de Salud estableció que será conocido como el Día Nacional de la Higiene de Manos en establecimientos de salud. Este anuncio se ha hecho oficial mediante la Resolución Ministerial N° 251-2020-MINSA.

La importancia del lavado de manos, se retoma con más énfasis en esta pandemia mundial del COVID-19, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha propuesto reconocer al lavado de manos como una actividad prioritaria y esencial que disminuye sustancialmente los riesgos de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 251-2020-MINSA

Lima, 4 de mayo de 2020

Visto, el Expediente N° 20-023516-001, que contiene el Informe N° 007-2020-CMC-IAAS-DENOT-DGIESP/MINSA de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el Informe N° 316-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, garantizando una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio de Salud es competente en la salud de las personas;

Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo dispone que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él, las instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y las personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias previstas en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, el artículo 4-A del indicado Decreto Legislativo, incorporado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud, en su condición de ente rector y dentro del ámbito de sus competencias, determina la política, regula y supervisa la prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en las siguientes instituciones: ESSALUD, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás instituciones públicas, privadas y público-privadas;

Que, los literales a) y b) del artículo 5 del acotado Decreto Legislativo, señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de salud pública en diversas materias;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 255-2016/MINSA, se aprueba la “Guía Técnica para la Implementación del Proceso de Higiene de Manos en los Establecimientos de Salud”, que tiene como finalidad contribuir a la mejora en la calidad y seguridad de la atención de salud que se brinda en los establecimientos de salud a nivel nacional, siendo su objetivo establecer los procedimientos para la implementación del proceso de higiene de manos por parte del personal de la salud en los establecimientos de salud;

Que, ante la necesidad de implementar acciones que respondan al actual escenario epidemiológico generado por el brote del COVID-19, el Ministerio de Salud ha aprobado documentos normativos que respaldan dichas acciones, dentro de las cuales se considera prioritaria la práctica de higiene de manos para la prevención de casos;

Que, en este contexto, mediante el documento del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, en el marco de sus competencias, propone reconocer la práctica de higiene de manos como actividad prioritaria y esencial que disminuye sustancialmente los riesgos de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), lo cual coadyuvará a mejorar la calidad de atención durante las prestaciones de salud;

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Viceministra de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecer el 05 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Higiene de Manos”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA

Ministro de Salud

DESCARGAR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 251-2020-MINSA

Disponen la implementación de una Plataforma Virtual a cargo del Ministerio de Educación, para el registro de solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular, con excepción de los Colegios de Alto Rendimiento, o de Educación Básica Especial

2020-05-01T22:45:00.001-07:00

Disponen la implementación de una Plataforma Virtual a cargo del Ministerio de Educación, para el registro de solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular, con excepción de los Colegios de Alto Rendimiento, o de Educación Básica Especial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 178-2020-MINEDU

Lima, 29 de abril de 2020

VISTOS, el Expediente N° 0065575-2020, los informes contenidos en el referido expediente y el Informe N° 508-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica”, la misma que tiene como finalidad establecer orientaciones y procedimientos respecto a la matrícula escolar y traslados que se realizan en las instituciones educativas y programas de Educación Básica a nivel nacional en sus modalidades Regular, Especial y Alternativa;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 5.4.1 de la Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica, se aprecia que la matrícula es un proceso presencial, lo cual requiere en el local de la institución educativa de la presencia física del directivo de la misma y el interesado o su representante legal. Asimismo, el numeral 5.7.6 de la citada Norma Técnica señala que como único acto con el cual se formaliza el ingreso al sistema educativo, la matrícula en el nivel inicial puede continuar durante todo el periodo lectivo; mientras que en el caso de los niveles Primaria y Secundaria, la matrícula se debe realizar hasta cumplidos los cuarenta y cinco (45) días calendario de iniciado el periodo lectivo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, modificado por Decretos Supremos N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM y N° 061-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. Adicionalmente, mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se dispone una nueva prórroga del Estado de Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 075-2020-PCM se prorroga nuevamente el Estado de Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, incluyendo disposiciones referidas a la aplicación del trabajo remoto, entre ellas el artículo 21 de dicha norma autoriza al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior;

Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19, se dispone que la provisión del servicio educativo no presencial o remoto en las instituciones educativas públicas de Educación Básica y superior en todas sus modalidades, se realiza en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, así como de manera complementaria una vez que se inicie la prestación presencial del servicio educativo. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria Final del referido Decreto Legislativo señala que el Ministerio de Educación, a través de una resolución ministerial, puede emitir las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la implementación de lo establecido en dicha norma, en el marco de sus competencias;

Que, mediante el Oficio N° 155-2020-MINEDU/VMGI-DIGC, la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar remite al Despacho Viceministerial de Gestión Institucional el Informe N° 113-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, elaborado por la Dirección de Gestión Escolar, dependiente de la referida Dirección General, el mismo que señala que el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) mencionado en los considerandos precedentes, en lo referido al proceso de matrícula en instituciones educativas de Educación Básica, ha generado que las personas no puedan acudir a las instituciones educativas a realizar el proceso de matrícula, los directivos no puedan concluir los procesos de matrícula que estaban en trámite y, en el caso de instituciones educativas privadas, que un grupo de personas cuyos ingresos se han visto reducidos no puedan continuar pagando mensualidades o pensiones en una institución educativa, por lo que requieren migrar a una institución educativa pública;

Que, en tal sentido, el referido Informe sustenta la necesidad de emitir disposiciones para atender la situación descrita, a fin de garantizar el servicio educativo; entre ellas, disponer, durante el año 2020, la implementación de una Plataforma Virtual que permita registrar las solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular, con excepción de los Colegios de Alto Rendimiento, y de Educación Básica Especial; asimismo se indica que para las matrículas o traslados que se deriven de las solicitudes registradas en la referida Plataforma no se les aplicará lo dispuesto por la Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica. Asimismo, se precisa que en el caso de instituciones educativas privadas de Educación Básica de cualquier modalidad o instituciones educativas públicas de Educación Básica Alternativa, así como de Programas de Educación Básica, se seguirá aplicando lo dispuesto por la Norma precitada, autorizándoles a flexibilizar los plazos previstos en la misma, así como el uso de medios digitales y/o virtuales para facilitar su tramitación;

Que, mediante el Memorándum N° 323-2020-MINEDU/SPE-OPEP, la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto remite el Informe N° 560-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, elaborado por la Unidad de Planificación y Presupuesto, el mismo que señala que las disposiciones a que se hace referencia en el considerando precedente, se encuentran alineadas con los documentos de planificación institucional, y no irrogan gastos para el Pliego 010: Ministerio de Educación;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 26510; el Decreto Legislativo N° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19; el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Implementación de la Plataforma Virtual

Disponer la implementación de una Plataforma Virtual, en adelante la Plataforma, a cargo del Ministerio de Educación, para el registro de solicitudes para estudiar en una institución educativa pública de Educación Básica Regular, con excepción de los Colegios de Alto Rendimiento, o de Educación Básica Especial.

Artículo 2.- Registro de solicitudes

Los representantes legales de los menores que requieran estudiar durante el año 2020 en una institución educativa pública de Educación Básica Regular o de Educación Básica Especial, deben registrar su solicitud en la Plataforma, en el período comprendido entre el 8 al 22 de mayo del presente año. Posteriormente, el Ministerio de Educación puede establecer nuevos plazos para el registro.

La solicitud puede referirse al traslado de un menor de una institución educativa pública o privada a una institución educativa pública; o al primer ingreso del menor al Sistema Educativo Peruano en una institución educativa pública, en caso no hayan cursado estudios previos en el Sistema Educativo Peruano.

Para el registro en la Plataforma no es necesaria la presentación de documentos físicos. Toda información que se registre en la Plataforma tiene carácter de declaración jurada y puede ser verificada por el Ministerio de Educación y los directivos de las instituciones educativas públicas cuando éstos lo estimen pertinente y a través de los medios con los que cuenten.

En caso los directivos identifiquen falsedad, inexactitud o error en la información declarada, estos podrán adoptar las medidas que corrijan la situación, conforme a las normas vigentes y, en especial, considerando las normas pedagógicas pertinentes, priorizando siempre el interés superior del niño.

Artículo 3.- Representantes legales

Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, se consideran representantes legales, en orden excluyente, las siguientes personas:

- El padre y/o la madre del menor.

- El abuelo y/o la abuela del menor.

- El/la hermano/a del menor, con dieciocho (18) años cumplidos o más.

- El tío y/o la tía del menor.

- Otros parientes.

- Persona que asume acogimiento familiar.

- Máxima autoridad del Centro de acogida residencial.

- Persona con poder general o específico otorgado por cualquiera de las personas antes señaladas.

Artículo 4.- Trámite de solicitudes pendientes

Las unidades de gestión educativa local y las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular y de Educación Básica Especial, deben coordinar e identificar todas las solicitudes para matrícula de primer ingreso o traslado, que hayan recibido desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional, o que no hayan sido procesadas, hasta la fecha de publicación de la presente resolución.

El Ministerio de Educación brinda las facilidades para que las unidades de gestión educativa local y las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial a su cargo, puedan realizar el registro en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE, de todas las solicitudes identificadas, así como las que se presenten hasta el 7 de mayo de 2020.

Estas solicitudes se tramitan según lo dispuesto por la Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica, aprobada por Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU, con excepción de los plazos respectivos. Las unidades de gestión educativa local y las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular y de Educación Básica Especial a su cargo, quedan autorizadas para adecuar el proceso para la utilización de medios virtuales y/o digitales, a fin de facilitar la tramitación de las solicitudes de matrícula pendientes.

A partir del 8 de mayo de 2020, el Ministerio de Educación restringe el SIAGIE de modo que no puedan registrarse más matrículas en las instituciones educativas de Educación Básica Regular y de Educación Básica Especial.

Artículo 5.- Trámite de nuevas solicitudes

Las solicitudes presentadas a través de la Plataforma, excepcionalmente, serán gestionadas conforme a las normas que el Ministerio de Educación emita para tal fin, quedando suspendida para la atención de las mismas, durante el año 2020, la aplicación de la Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica, aprobada por Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU.

Sobre la base de estas solicitudes, el Ministerio de Educación establecerá la modalidad de atención idónea por ofrecer, en función de la capacidad instalada y las posibilidades de ampliación de la oferta pública.

Artículo 6.- Acciones del Ministerio de Educación para la implementación de la Plataforma

6.1. La Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar lidera el diseño de la propuesta para la implementación de la Plataforma, en coordinación con las direcciones u oficinas involucradas; y determina las tareas y plazos necesarios para tal fin.

Asimismo, genera los contenidos a ser comunicados a los directivos de las instancias de gestión educativa descentralizada sobre la propuesta de la Plataforma. Para la difusión, coordina con la Oficina General de Comunicaciones y con las unidades de gestión educativa local.

6.2. La Dirección General de Educación Básica Regular, en el plazo que corresponda, determina los criterios pedagógicos que, en el ámbito de su competencia, sean necesarios para la implementación de la Plataforma, y los comunica a la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

6.3. La Dirección General de Servicios Educativos Especializados, en el plazo que corresponda, determina los criterios pedagógicos que, en el ámbito de su competencia, sean necesarios para la implementación de la Plataforma, y los comunica a la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

6.4. La Unidad de Estadística restringe en el SIAGIE el registro de matrículas en instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular y de Educación Básica Especial, a partir del 8 de mayo de 2020.

Previo a ello, brinda asistencia permanente a las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales de educación o las que hagan sus veces, para el registro de las solicitudes señaladas en el artículo 4 de la presente resolución.

Asimismo, consolida y valida la información recogida a través de la Plataforma y atiende las consultas relacionadas al uso del SIAGIE.

6.5 La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación es responsable del desarrollo y de la administración de la Plataforma, así como de brindar asistencia permanente y atender las consultas relacionadas al uso de la misma.

Artículo 7.- Responsabilidades de las instancias de gestión educativa descentralizada

Las direcciones regionales de educación o las que hagan sus veces, y unidades de gestión educativa local, en el ámbito de sus competencias, disponen las acciones respectivas a fin de supervisar, en lo que corresponda, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, bajo responsabilidad.

Asimismo, las unidades de gestión educativa local brindan asistencia técnica a las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial, para el registro de las solicitudes señaladas en el artículo 4 de la presente resolución en el SIAGIE y para el cumplimiento de las tareas que les corresponden durante la implementación de la Plataforma.

Las consultas relacionadas al uso de la Plataforma o del SIAGIE son trasladadas a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación o a la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, respectivamente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Instituciones educativas privadas, instituciones educativas públicas de Educación Básica Alternativa y Programas de Educación Básica

Durante el año 2020, las instituciones educativas privadas de Educación Básica de cualquier modalidad, las instituciones educativas públicas de Educación Básica Alternativa y los programas de Educación Básica siguen aplicando lo dispuesto por la Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica, aprobada por Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU. Sin perjuicio de ello, se autoriza a las mismas a flexibilizar los plazos previstos en dicha norma, así como a hacer uso de medios digitales y/o virtuales para facilitar la gestión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO

Ministro de Educación

1865889-1

DESCARGAR RESOLUCIÓN MINISTERIALN° 178-2020-MINEDU

Compartir información de persona con coronavirus es penado

2020-05-01T21:56:00.003-07:00

Ante la difusión de los nombres e imágenes de pacientes de COVID -19, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) exhorta a los medios de comunicación a no revelar los nombres ni las fotos de los pacientes de COVID-19 sin su consentimiento, que debe darse por escrito al tratarse de datos relacionados con la salud.

Solo pueden usar los datos personales de los pacientes de COVID-19, sin consentimiento, las personas autorizadas que tienen como función tratar a los pacientes, así como la implementación de la política pública para contener la pandemia.

Los datos de salud son datos de especial protección, dado que revelarlos sin consentimiento puede vulnerar la esfera más íntima de la persona, así como también puede generar discriminación.

Los medios de comunicación sí pueden tener acceso y revelar información acerca del número de pacientes atendidos, edad, sexo, lugar de contagio, así como aquella información que no identifique ni haga identificables a los pacientes de COVID-19.

Cabe mencionar que difundir y publicar datos de salud que identifiquen a las personas es considerado una infracción grave a la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Por otro lado, la ANPD recomienda a la población verificar que las páginas web o aplicaciones que realizan pruebas sobre el coronavirus, y que solicitan los datos de las personas, sean páginas confiables. Así como también recomienda leer las políticas de privacidad para saber qué usos le darán a la información.

Fuente: gob.pe

Productores y trabajadores de abastecimiento de alimentos deberán tramitar su pase laboral

2020-04-17T23:10:00.000-07:00

Establecen disposiciones para asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento de las normas que regulan el periodo de emergencia a fin de contener la propagación del COVID-19

La medida alcanza a todos aquellos dedicados a la cosecha de productos, crianza de animales, traslado de alimentos, importación, riego de terrenos, entre otros.

Los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen actividades de abastecimiento de alimentos deberán tramitar su pase personal laboral para poder circular y operar con normalidad.

Según resolución ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, se deberán activar y ejecutar los protocolos de seguridad y sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, personal y contratados para dichos fines.

La medida alcanza a todas aquellas personas dedicadas a las siguientes actividades:

a) Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional.

b) Cuidado y mantenimiento de cultivos, crianza de animales, ordeños, forestales y actividades agropecuarias diversas.

c) Traslado de productos agrícolas, animales vivos para consumo, sus productos y sub productos, apícolas para polinización que dan continuidad a la productividad, a los diversos centros de procesamiento, transformación, acopio, almacenaje, distribución y comercialización.

d) Operación y mantenimiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos

e) Elaboración y entrega de materiales e insumos agrícolas, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de semillas y plantas; guanos de isla, plaguicidas, abonos y fertilizantes incluyendo sus ingredientes activos, aditivos y envases que se utilizan para su formulación y uso.

f) Elaboración y entrega de materiales e insumos pecuarios, que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de forraje, alimentos balaceados y sus componentes, productos veterinarios y material genético.

g) Importación y exportación de productos agropecuarios.

h) Riego de los terrenos de producción agrícola, operación y mantenimiento de infraestructura mayor y menor de riego (presas, represas, bocatomas y canales de riego).

El pase personal laboral deberá ser tramitado a través del formulario virtual disponible en el portal web de la Policía Nacional del Perú (PNP) y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano en el aplicativo “Pase Personal Laboral”.

Para casos excepcionales en donde no pueda tramitarse el pase a través del aplicativo informático, los trabajadores podrán acudir a la comisaría más cercana para solicitar la autorización respectiva.

Los productores agropecuarios podrán adjuntar la acreditación del agricultor expedido por la Junta de Usuarios, Comisión de Usuarios, Dirección Regional Agrario, Comunidad Campesina o Comunidad Nativa.

El pase faculta a las personas a realizar exclusivamente las actividades señaladas previamente; caso contario, quedarán sujetas a sanciones propias del incumplimiento del aislamiento social obligatorio.

La norma indica también que las empresas deberán contar con un número mínimo indispensable de personas.

A través de la resolución Minagri exhorta a las compañías a adecuar e implementar medidas excepcionales a fin de garantizar el abastecimiento de productos alimenticios y a implementar medidas de salubridad y racionalización en sus instalaciones para contribuir con las medidas de contención frente al coronavirus (COVID-19).

Descargue en PDF la resolución

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0... by anonimosatipo on Scribd

Gobierno autoriza por razones humanitarias el traslado de personas a sus regiones

2020-04-15T13:16:00.000-07:00

Publicado el de 14 abril de 2020, en el diario oficial El Peruano.

Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19

DECRETO SUPREMO 068-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, se establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión en resguardo de la salud pública;

Que la citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena como medida de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los fines que persiguen, su duración no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales.

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el considerando que antecede, se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19;

Que, posteriormente, con Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, se precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus respectivos países de residencia; así como el aislamiento social obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se precisa el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria;

Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM se dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con la finalidad de mantener las medidas que contribuyan a paliar los efectos del COVID-19 y permitan garantizar la salud pública y los derechos fundamentales de las personas;

Que, a su vez, a través del Decreto Supremo Nº 053-2020-PCM se modificó el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM con la finalidad de establecer la inamovilidad social obligatoria a nivel nacional desde las 18.00 horas hasta la 05.00 horas del día siguiente, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y Loreto, en cuyo caso la inamovilidad social obligatoria rige desde las 16.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente;

Que, adicionalmente, mediante el Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM se incorporó el numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM que establece que para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar. De modo tal que los días lunes, miércoles y viernes únicamente podrán transitar personas del sexo masculino y los martes, jueves y sábados las personas del sexo femenino. En esta misma norma se precisó que el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día;

Que, a su turno, con Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM se modificó el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, con el objeto de disponer que, de manera excepcional, en los casos de sectores productivos e industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes de dicho artículo, que no afecten el estado de emergencia nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2020-PCM se incorporó el numeral 3.9 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM que señala que los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo el territorio nacional durante todo el día;

Que, con el Decreto Supremo Nº 063-2020-PCM, se incorpora el literal m) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, antes referido, con la finalidad de disponer acciones para las funciones de control vinculadas con la emergencia sanitaria;

Que, con el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, se prorrogó el estado de emergencia nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020 y se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM;

Que, el mencionado Decreto Supremo modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, disponiendo la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; y que para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos o trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar, mientras que el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día; precisándose además el uso obligatorio de mascarilla para circular por las vías de uso público;

Que, no obstante las medidas adoptadas, se aprecia la necesidad de dictar medidas adicionales con la finalidad de proteger eficientemente la vida y la salud de la población, a efectos de interrumpir la cadena de contagios por Covid-19, permitiendo con ello que la Autoridad Sanitaria y las instituciones prestadoras de los servicios de salud se enfoquen en la atención de las personas afectadas con Covid-19 en estado intermedio o grave;

Que, asimismo, existen compatriotas que se encontraban transitoriamente, eventualmente o por motivos de trabajo en regiones diferentes a su residencia o lugar de labor habitual y ante la extensión del periodo de emergencia e inmovilización social, se requiere urgentemente facilitar su retorno de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con los gobiernos regionales; garantizando que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de destino;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Incorporación de los numerales 3.10 y 3.11 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM

Incorpórase los numerales 3.10 y 3.11 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria

(…)

3.10 La inmovilización social de las personas afectadas por Covid-19, que por recomendación de las autoridades sanitarias pueden permanecer en sus domicilios, será de carácter obligatorio durante las veinticuatro (24) horas del día y hasta que las autoridades sanitarias determinen su alta médica.

El Poder Ejecutivo constituye un Grupo de Trabajo denominado “Te Cuido Perú”, de carácter multisectorial, liderado por el Ministerio de Defensa, que tiene por objeto brindar vigilancia y asistencia a las personas afectadas con el Covid-19 a que se refiere el párrafo anterior y a las personas que habitan con ellas en sus domicilios durante la fase de aislamiento social obligatorio. En tal sentido, para el adecuado desarrollo de sus funciones, el grupo de trabajo contará con una plataforma digital encargada de la geolocalización de las personas y su entorno directo, así como los demás instrumentos o estructuras funcionales que le permitan el seguimiento clínico, vigilancia, monitoreo, entre otras medidas que coadyuven al cumplimiento del objeto de dicho grupo de trabajo.

El Ministerio de Defensa, a través de resolución de su titular, dicta las medidas complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del referido grupo de trabajo y establece el producto específico que elabore.

3.11 Se autoriza, de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional que corresponda, el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre y aéreo no comercial, que se encuentren fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual, a consecuencia de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social.

Lo señalado en el párrafo precedente, incluye al personal de las Unidades Mineras o Unidades de Producción que haya cumplido con la jornada de trabajo de acuerdo a su régimen especial laboral o hayan cumplido el aislamiento social obligatorio, a fin de que retornen a su residencia o lugar de trabajo habitual.

En todos los casos, se debe garantizar que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de destino.

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de resolución de su titular, dicta las medidas complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11; a excepción del traslado del personal de las Unidades Mineras o Unidades de Producción que se menciona en el párrafo precedente, en cuyo caso el Ministerio de Energía y Minas, a través de resolución de su titular, dicta las medidas complementarias que sean necesarias.

Artículo 2.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS

Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA

Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ

Ministro de Defensa

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI

Ministra de Economía y Finanzas

SUSANA VILCA ACHATA

Ministra de Energía y Minas

CARLOS MORÁN SOTO

Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.

Ministro de Relaciones Exteriores

VÍCTOR ZAMORA MESÍA

Ministro de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Descargue en PDF la resolución

Fuente: lpderecho.pe

Omisión a la asistencia familiar: conversión de pena privativa por prestación de servicios comunitarios

2020-04-15T10:38:00.001-07:00

Compartimos una interesante resolución penal emitida en febrero de este año. Fue expedida por el Segundo Juzgado Unipersonal de San Juan de Lurigancho, a cargo del juez Michael Garcia Coronel.

Se resuelve fundado el pedido de conversión de la pena privativa de la libertad de un condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar, por jornadas de prestación de servicios a la comunidad. El imputado fue condenado a la 6 meses de cárcel y solicitó, durante la ejecución, la conversión de su pena, luego de haber pagado el íntegro de la liquidación de devengados.

Esta decisión es anterior a la puesta en vigencia del Decreto Legislativo 1459, emitida para promover la conversión de la pena a presos por no pagar alimentos, para reducir el hacinamiento y evitar el contagio del covid-19. ¿Era realmente necesaria este nueva norma?

Corte Superior de Justicia de Lima Este

Segundo Juzgado Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho – SEDE SANTA ROSA

2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – SEDE SANTA ROSA

EXPEDIENTE: 113**-2018-4-3207-JR-PE-02

JUEZ: GARCIA CORONEL MICHAEL JAIME

ESPECIALISTA: CORREA SARMIENTO PAUL ANDRE

IMPUTADO : *********

DELITO: OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO: *****

Resolución Nro. SEIS

San Juan de Lurigancho, siete de Febrero Del dos mil veinte.-

AUTOS Y OÍDOS: Atendiendo; con fecha catorce de enero del dos mil veinte, ***** solicita la conversión de la pena. Entre sus argumentos, señala que, conforme a la resolución dieciocho de fecha veintiséis de noviembre del dos milo diecinueve, se ordenó su encarcelación por un periodo de seis meses en el Penal de Ancón II. Al haber cumplido con el pago íntegro de la liquidación de devengados. Para tal efecto, adjunta diversos instrumentos documentales con el cual acredita su pedido. Mediante resolución cuatro de fecha cuatro de febrero del dos mil veinte, se admite la solicitud de conversión de pena, señalándose audiencia para el seis de febrero, la misma que es reprogramada para el siete de febrero de los corrientes.

CONSIDERANDO:

Primero; El instituto penal de la conversión de la pena, puede ser definido como la conmutación de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia, por una sanción de distinta naturaleza. Respecto a la aplicación, se tiene dos vertientes, la primera postura; considera que la medida alternativa de conversión de pena solamente opera durante la expedición de la sentencia, la emisión de la sentencia es realizada a través de un pronunciamiento jurisdiccional. El efecto principal de optar por esta postura es que no puede ser ejercida nuevamente con la finalidad de desnaturalizar los otros institutos alternativos de la pena. Una segunda postura, considera que opera también en la fase de ejecución de sentencia. Esta postura, señala que apelando a una interpretación sistemática de “todo el capítulo de la conversión de la pena” lleva a la otra conclusión también jurídica válida y justa, de que su aplicación pueda hacerse en fase de ejecución de sentencia, toda vez que el Código Penal no ha contemplado en forma expresa la conversión de penas en la etapa de ejecución; sin embargo, tampoco está prohibida. Sin embargo, se señala que la conversión de la pena es una institución con presupuestos y requisitos preestablecidos porque una de sus funciones es evitar que una persona ingrese a prisión, no sacarla de prisión.[1]

Segundo; Otra definición que se logra apreciar, respecto a la conversión de la pena, nace de Peña Cabrera, “La conversión no es otra cosa que la sustitución de una pena por otra”[2]. Por su parte Prado Saldarriaga, dice; La institución de la conversión de penas es un sustitutivo penal que busca evitar la aplicación de la pena privativa de libertad en un número significativo de casos. Consiste en la conmutación de una pena privativa de libertad impuesta en sentencia –o ahora también en fase de ejecución, por una pena de distinta naturaleza”.[3]

Tercero; El Decreto Legislativo N°1300, que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena. Por objeto, tiene regular el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad no mayores de seis (06) años, por una pena alternativa, cuando se trate de condenados internos en establecimientos penitenciarios que revistan determinadas condiciones previstas en la presente Ley. El presente Decreto Legislativo tiene por finalidad posibilitar una adecuada reinserción social para aquellos condenados que hayan sido sentenciados a penas privativas de libertad no mayores de seis (06) años, que además revistan ciertas características señaladas en la presente norma.

Cuarto; Recientemente, entro en vigencia el Decreto de Urgencia N°008-2020 que establece nuevos supuestos de conversión de pena en los casos de personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar para promover el pago de la reparación civil y la deuda alimentaria, cuyo objeto es optimizar los criterios de egreso penitenciario anticipado en los casos de conversión de pena de personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar a fin de promover el pago de la reparación civil y de la deuda alimentaria; así como a contribuir a la disminución de la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios (lo resaltado es nuestro).

Quinto; Mediante sentencia condenatoria emitida por resolución ocho de fecha veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, por parte de esta judicatura, se condena a **** a una pena privativa de la libertad efectiva por un periodo de seis meses, por el delito de omisión a la asistencia familiar, por una deuda que al sumar las pensiones devengadas y la reparación civil, asciende a la suma de doce mil trescientos setenta y siete soles (S/12,377.00).

Sexto; El sentenciado, conforme al depósito judicial N°2019000403960 que en copia corre a fojas veintidós, con fecha 27 de noviembre de 2019, realiza el depositó al presente proceso, la suma de once mil setecientos soles (S/.11,700.00) y mediante depósito judicial N°2020000400139 que corre a fojas diecisiete, con fecha 13 de enero de 2020, realiza un segundo depósito al proceso por la suma de seiscientos setenta y siete (S/.677.00), la suma de ambos depósitos, arroja la suma de doce mil trescientos setenta y siete (S/.12,377.00), a favor de los agraviados; por tanto, a la fecha dentro del proceso, no existe deuda alguna, al haberse cancelado el íntegro de las pensiones devengadas y la reparación civil.-

Séptimo; Para estimar el pedido de conversión de la pena, es necesario recurrir al artículo 3° del Decreto de Urgencia N°008-2020, que dice: La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa, si certifica ante el Juez el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión. […].

Octavo; Al respecto, sobre este artículo, se viene asentando dos posturas, la primera postura; la norma hace referencia a la conversión automática, lo que significa no realizar audiencia, conforme se encuentra establecida en el artículo 6° del Decreto Legislativo N°1300, lo que permitiría resolver por Despacho y poner en conocimiento de las parte mediante el acto de notificación, en cuanto a la deuda alimenticia acumulada, se entiende que el condenado para solicitar la conversión, debe haber pagado no solo las pensiones devengadas por el cual se generó el proceso penal y fue sentenciado, también debe haber pagado las deudas alimenticias que pudiera mantener en el proceso de alimentos que gira ante el Juzgado de Paz Letrado y en caso de existir otra liquidación de pensiones que se encuentre en sede fiscalía o como nuevo proceso penal, debe cancelarse hasta la fecha, que solicita la conversión de la pena, caso contrario no se estaría certificado el pago de la deuda alimenticia. Sobre esta postura, preciso que se aleja radicalmente al objeto del Decreto de Urgencia. En el caso de mantenerse y fortalecerse esta postura, se estaría ingresando a una sanción indirecta respecto a las pensiones alimenticias impagas que se encuentra en otro u otros procesos judiciales, donde existe mecanismos ya diseñados para asegurar o exigir el pago, ahí se tiene a la medida cautelar, principio de oportunidad, etc. Por otro lado, “amarrar” la conversión de la pena con la acreditación o certificación de haber pagado la pensión de alimentos en la instancia u órgano jurisdiccional donde se encuentra, además de pagar las pensiones devengadas por el cual fue sentenciado, dificulta recurrir a esta institución jurídica y mantendría el hacinamiento carcelario. Por último, para obtener “la certificación” de haber pagado toda obligación alimentaria hasta la solicitud de la conversión de la pena, se apertura un túnel burocrático, porque las partes van a tener que solicitar o en su defecto la judicatura solicitara información relevante para conocer como se viene cumpliendo con el pago de las deudas alimenticias.

Noveno; Como segunda postura; se tiene de la norma en referencia (Decreto de Urgencia 008-2020) que la conversión es automática, sin embargo, esta denominación se encuentra en el artículo 11°, que regula el incumplimiento y revocatoria de la pena, por tanto; su calificación, debate y pronunciamiento debe de realizar en audiencia, porque lo predominante en el sistema procesal penal, es la oralidad (oralidad que se ha trasladado en materia laboral y civil). En cuanto a la procedencia, respecto al pago íntegro de la reparación civil, es un tema bastante claro, pero no es claro cuando hace referencia al pago íntegro de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión, se infiere que cuando hace alusión a deuda alimenticia, debe referirse a las pensiones devengadas, las mismas que deben estar pagadas hasta el momento de su solicitud. En cuanto a la revocatoria, se revoca si incumple dos pagos mensuales consecutivos de lo que se encuentra ordenado en la sentencia de alimentos que gira ante el Juzgado de Paz Letrado. Sobre esta postura, resulta ser viable y favorable tanto para el obligado y el beneficiario/beneficiaria que regularmente son menores de edad. Primero, permite que el condenado cumpla con el pago íntegro de las pensiones devengadas y de la reparación civil, al solicitar la conversión de la pena; y segundo, ya en libertad y al tener mayor posibilidad de obtener recursos económicos, es posible fijar como regla de conducta al condenado, cumplir con pagar toda deuda impaga por el concepto de alimentos que se desprende del proceso de alimentos que gira ante el proceso de alimentos (Juzgado de Paz Letrado) sin dejar de pagar hasta dos pagos mensuales consecutivos, bajo apercibimiento de revocar la conversión. Con este escenario, se estaría cumpliendo lo señalado en el cuarto párrafo de la exposición de motivo del Decreto de Urgencia N°008-2020, […] resulta conveniente promover egresos penitenciarios de internos condenados por omisión de asistencia familiar, siempre que su otorgamiento esté expresamente condicionada al pago íntegro de las deudas pendientes; que se establezca una revocatoria inmediata por incumplimiento posterior del pago.

Décimo, En orden de ideas, para el presente caso, se adoptando la segunda postura, que hago referencia en el numeral anterior, razón por el cual como regla de conducta se condiciona al sentenciado para que cumpla con pagar las pensiones alimenticias que pueda estar adeudando a la fecha y mantener su cumplimiento.

Décimo primero; En cuanto, haberse prescindido de los requisitos que hace alusión el artículo 4° del Decreto Legislativo N°1300, se toma en cuanto lo argumentado en audiencia por parte del condenado, la imposibilidad que obtener tales documentos por su estancia corta en el Centro Penitenciario (menos de tres meses)y la programación de fechas próximas a la presentación de esta solicitud, que estaría programando el INPE para que el condenado pueda obtener los informes técnicos, versión que guarda coherencia con el Decreto Supremo N°013-2018-JUS, Decreto Supremo que prorroga la emergencia dispuesta por el Decreto Legislativo N°1325, para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, por veinticuatro meses adicionales, en razón a asuntos de seguridad, salud, deficiente infraestructura y hacinamiento.

Décimo segundo; si bien es cierto, el Tribunal Constitucional, sostenido que “cuando el citado artículo prohíbe la prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, como la propia disposición constitucional lo señala, en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios (…). Sin embargo, tal precepto –y la garantía que ella contiene- no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria. En tal supuesto, no es que se privilegie (…) el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados” (STC 1428-2002-HC/TC). Pero también es cierto, que al afectar la libertad por razones de deudas alimentarias, no es una figura elástica que pueda extenderse en todas sus formas ante el incumplimiento de las pensiones alimenticias, la Constitución tiene como horizonte reducir cualquier afectación a los derechos constitucionales, porque estas deben ser mínimas; por ese motivo, la Conversión de la Pena solicitada, debe ser atendida, desde ese horizonte que es reducir la privación a la libertad.

Por estos argumentos, de conformidad con el Decreto Legislativo N°1300 y el Decreto de Urgencia N°008-2020, el Segundo Juzgado Unipersonal de San Juan de Lurigancho;

SE RESUELVE:

Declarar FUNDADA la Conversión de la pena, solicitado por *****, quien fuera sentenciado por el delito contra la Familia –Omisión a la Asistencia Familiar en la modalidad de incumplimiento en obligación alimentaria, contemplado en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal.
CONVERTIR la pena privativa de la libertad, por jornadas de prestación de servicios a la Comunidad, la misma que corresponde a dieciséis jornadas. Considerando que la pena efectiva se computa desde el 25 de noviembre del 2019, habiendo transcurrido a la fecha dos meses y trece días, existiendo un periodo pendiente de tres meses y veintidós días.

COMO REGLA DE CONDUCTA SE DISPONE:

1.- El control biométrico, mensual que debe iniciarse una vez que haya egresado del Centro Penitenciario, manteniéndose hasta el mes de mayo del dos mil veinte.

2.- Constituirse al local del Juzgado, dentro de las 24 horas de haber egresado del Centro Penitenciario para que recoja el oficio y se constituya al Instituto Nacional Penitenciario y proceda al cumplimiento de las jornadas laborales.

3.- Continuar con el pago mensual consecutivo de las pensiones alimenticias que gira ante el Juzgado donde se tramita el proceso de alimentos, no debiendo de incumplir más de dos cuotas consecutivas, conforme se encuentra ordenado en la sentencia del proceso de alimentos.

4.- No cometer nuevo delito doloso.

5.- No varias de domicilio, sin previo conocimiento de este Despacho.

REVOCATORIA

La conversión de la pena se revocará, si el sentenciado incumple con cualquiera de las reglas de conductas impuestas, control que estará a cargo del Ministerio Público, quien deberá de realizar el requerimiento correspondiente.

Ordenar su inmediata excarcelación, siempre y cuando no exista orden de detención o condena efectiva emanado de otra autoridad competente.
Remítase los Oficios correspondientes.-

[1] Casación N°382-2012-La Libertad, de 17.102013, f.j. III

[2] Tratado de Derecho Penal. Estudio Programático de la Parte General. T I, 2da. Edición, Grijley, Lima, 1995, p.532.

[3] Salazar Sánchez, Nelsón, Comentarios al Código Penal Perunao Parte General, to.III, Gaceta Jurídica, , 2019, pag.114

Descargue en PDF la resolución

Fuente: lpderecho.pe

¿Se debe seguir pagando la pensión escolar en estado de emergencia?

2020-04-15T08:57:00.001-07:00

Sumario: 1. Introducción, 2. El marco regulatorio, 3. Las cláusulas abusivas, 4. Conclusiones.

1. Introducción

El covid-19 ha generado un gran impacto en diversos aspectos de la sociedad a nivel mundial. Ante ello, en nuestro país, mediante DS 008-2020-SA del 11 de marzo de 2020, se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por noventa (90) días calendarios y se dispuso que el Ministerio de Educación dicte las medidas para que las entidades públicas y privadas que brinden servicios educativos posterguen o suspendan sus actividades.

En cumplimiento de dicha norma, mediante Resolución Viceministerial 079-2020-MINEDU del 12 de marzo de 2020 se dispuso: (i) la suspensión del servicio educativo hasta el 29 de marzo de 2020, (ii) que la institución educativa reprograme las horas lectivas del servicio educativo suspendido, y (iii) la suspensión o reprogramación del inicio del servicio educativo no afecta las obligaciones contraídas por los usuarios del servicio, siempre que la Institución Educativa apruebe su correspondiente plan de recuperación de horas lectivas e informe de éste a los usuarios del servicio y cumplan con dicho plan.

Es decir, la norma obliga a los usuarios del servicio educativo a pagar el íntegro de la pensión hasta el 29 de marzo, siempre que la institución educativa cumpla con lo indicado en el acápite (iii) del párrafo precedente.

Posteriormente, mediante Resolución Ministerial 160-2020-MINEDU del 31 de marzo de 2020, se dispuso que la prestación presencial del servicio educativo iniciará recién el 4 de mayo y de manera gradual, según el estado de avance de la emergencia sanitaria para la prevención y control del covid-19. Es decir, la norma extendió el plazo en que la Institución Educativa (en adelante, la “IE”) no podrá prestar el servicio de manera presencial. Sin embargo, esta norma, a diferencia de la anterior, no se pronuncia sobre el pago de las pensiones en dicho periodo, ni en el periodo posterior hasta que se presente el servicio de manera presencial.

No cabe duda de que la prestación principal de la IE es impartir las clases presenciales a los estudiantes y tampoco que la imposibilidad de prestar tal servicio se debe a una causa ajena a ésta. Mientras tanto, algunas instituciones educativas están dejando tareas a sus alumnos por internet, mientras otras dictan clases virtuales. Ante esta situación, surge la siguiente pregunta: ¿los usuarios de los servicios educativos deben seguir pagando las pensiones escolares por más que no reciban clases presenciales?

2. El marco regulatorio

La relación contractual entre la IE y el usuario del servicio deriva de un contrato de prestación de servicios. Dicha relación está regulada por el propio contrato suscrito, por el Código civil y, al tratarse de una relación de consumo, también por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, esta relación contractual debe enmarcarse, principalmente, dentro de las siguientes normas del sector educación: la Ley 28044, Ley General de Educación y su reglamento; la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su reglamento; el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva aprobado por DS 009-2006-ED; y el DL 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y su reglamento.

Para responder la pregunta planteada, lo primero que se debe analizar es el contrato. El contrato es un instrumento de regulación, por lo que es posible que allí esté la respuesta.

Si este supuesto no está regulado en el contrato, aplicaremos las normas del Código civil. Por ello, si la inejecución de la prestación se debe a una causa atribuible a la propia IE, ésta será responsable de tal inejecución. Por el contrario, si se debe a una causa atribuible, más bien, al usuario del servicio, dicho usuario será el responsable. Pero ¿cuál es la consecuencia si debe a una causa ajena a ambas partes?

Por regla general, la norma legal no atribuye responsabilidad a aquel deudor que no haya ejecutado su prestación por una causa ajena a su voluntad. Así, por un lado, el artículo 1315 del Código Civil señala:

[C]aso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso” y, por otro lado, el artículo 1317 establece que “el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables (…) (subrayado y resaltado agregados).

La emergencia sanitaria es la que ha provocado que la prestación de la IE no pueda ser ejecutada en los términos pactados (clases presenciales y horas lectivas programadas). No hay duda de que se trata de un acontecimiento extraordinario, imprevisible e irresistible, es decir, un caso fortuito o fuerza mayor. Según ello, e interpretando las normas trascritas, se concluye que el usuario no puede atribuir responsabilidad a la IE por la inejecución de su prestación y, en consecuencia, no le podrá exigir el cumplimiento forzado, intimarlo en mora, resolver el contrato, ni exigir la indemnización de los daños, por más que dicha inejecución le ha haya ocasionado.

Sin embargo, si la IE no ejecuta su prestación según los términos pactados, ¿qué sucede con la prestación del usuario, es decir, el pago de la pensión? Mientras el alumno no reciba una clase presencial, no se podría afirmar que la IE está ejecutando su prestación conforme a lo pactado, por lo que se podría calificar que la ejecución de su prestación es defectuosa. Al respecto, el artículo 1153 del Código Civil señala que “el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer, sin culpa del deudor, permite al acreedor optar por lo previsto en el artículo 1151º, incisos 2, 3 ó 4”. Y dicho numeral 4 señala que es facultad del acreedor “aceptar la prestación ejecutada, exigiendo que se reduzca la contraprestación, si la hubiere” (subrayado y resaltado agregados).

Es decir, si una prestación no se ejecuta por causa ajena a las partes, es cierto que el deudor (es decir, la IE) no será responsable. Sin embargo, si como consecuencia de ello la prestación se ejecuta de manera defectuosa, entonces el acreedor (el usuario del servicio) podrá exigir la reducción de la contraprestación, es decir, de la pensión.

3. Las cláusulas abusivas

Por el contrario, si el supuesto sí está regulado en el contrato, y, por ejemplo, se indica que, a pesar de que la prestación no se haya podido ejecutar por una causa ajena a las partes, la IE no será responsable, pero el usuario del servicio mantendrá su obligación de pagar las pensiones de manera íntegra.

A pesar de existir un pacto expreso, dicha cláusula podría ser calificada como “abusiva”. En efecto, el contrato de prestación de servicios educativos, de ordinario, es un contrato celebrado con arreglo a cláusulas generales de contratación. Es decir, una de las partes (en este caso, la IE) es la que ha redactado de manera unilateral y anticipada las cláusulas del contrato, mientras que la otra (el usuario), sólo se ha limitado a aceptarlas.

En este tipo de relaciones contractuales, para evitar que la IE abuse de tal posición, existen mecanismos de control. Uno de ellos, es el control legal, es decir, la norma legal establece qué tipo de cláusulas son consideradas como “abusivas”. Y la consecuencia es que, a pesar de que se hayan incluido en el contrato, estas no serán exigibles.

Así, por un lado, el artículo 50 del Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que “son cláusulas abusivas de ineficacia absoluta las siguientes: (…) e) las que excluyan o limiten los derechos legales reconocidos a los consumidores, como el derecho a efectuar pagos anticipados o prepagos, o a oponer la excepción de incumplimiento o a ejercer el derecho de retención, consignación, entre otros (…)”. Y, por otro lado, el literal b) del artículo 74 del referido Código reconoce como derecho esencial del usuario del servicio educativo: “que se le cobre la contraprestación económica correspondiente a la prestación de un servicio efectivamente prestado por el proveedor de servicios educativos” (subrayado y resaltado agregados).

En consecuencia, una cláusula que obligue al usuario a pagar el íntegro de la pensión, a pesar de que la IE no cumpla su prestación conforme a lo pactado y que dicha inejecución de deba a un caso fortuito, sería inexigible.

4. Conclusiones

La emergencia sanitaria ha provocado que las Instituciones Educativas no puedan ejecutar su prestación, según lo pactado en el contrato, es decir, brindar clases presenciales y con el número de horas lectivas programadas. Por ser una causa ajena a la IE, ésta no es responsable por tal inejecución. Sin embargo, debido a que la prestación se viene ejecutando de manera distinta a la pactada (clases virtuales o sólo envío de tareas por internet) y porque será imposible recuperar las horas perdidas, el usuario tendrá derecho a exigir la reducción de la contraprestación por el tiempo en que las clases no sean presenciales. Esta consecuencia se aplica, incluso en el caso de que el contrato haya previsto una cláusula que obligue al usuario a pagar el íntegro de la pensión, pues dicha cláusula es inexigible.

Es recomendable que la propuesta de reducir la pensión provenga de las Instituciones Educativas. El monto de la reducción estará en función a cada caso en concreto, determinando el servicio efectivo que viene prestando a sus usuarios. Si la IE no hace esta propuesta, la Asociación de Padres de Familia (Apafa) lo puede hacer en representación de los usuarios, conforme al artículo 54 de la Ley 28044. Y, en caso que no se obtenga respuesta alguna de los colegios, el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local (UGEL) serán las encargadas de supervisar esta situación e imponer las sanciones que correspondan, conforme al artículo 48 del Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva, aprobado por DS 009-2006-ED.

En esta difícil situación por la que estamos atravesando, lo más recomendable es que las instituciones educativas y los usuarios del servicio lleguen a un acuerdo razonable, pues no olvidemos de que se trata de uno de los servicios más importantes, como es la educación.

Fuente: lpderecho.pe

Presos por no pagar alimentos saldrán libres si cancelan deuda [DL 1459]

2020-04-14T10:41:00.000-07:00

Importante.- La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión. La certificación del pago se realiza ante el juez sin mediar el desarrollo de la audiencia, a la que se hace referencia en el artículo 6. Para estos supuestos no es aplicable el literal b) del párrafo anterior.

Decreto Legislativo 1459 publicado en el diario oficial El Peruano, el 14 de abril de 2020.

DECRETO LEGISLATIVO 1459

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, se otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la vigencia de la citada ley;

Que, el numeral 1) del artículo 2 del citado texto normativo, establece la facultad de legislar en materia de salud, con el objetivo de dictar medidas que permitan la adecuada y plena prestación de los servicios de prevención y atención de salud para las personas contagiadas y con riesgo de contagio por COVID-19; y asimismo, en el numeral 7) del mismo artículo 2, establece la facultad de legislar en materia de prevención y protección de las personas en situación de vulnerabilidad (personas en situación de pobreza, mujeres e integrantes del grupo familiar, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas u originarios, personas en establecimientos penitenciarios y centros juveniles) para establecer programas, acciones y mecanismos que permitan su atención y facilite su asistencia alimentaria, mientras dure la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19;

Que, la Constitución Política del Perú señala en el inciso 22) de su artículo 139, que el objeto del régimen penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En ese contexto, el Instituto Nacional Penitenciario, organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el ente rector del Sistema Penitenciario Nacional (artículo 133 del Código de Ejecución Penal);

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1325, se declara en emergencia y se dictan medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 013-2018-JUS, se prorrogó por un plazo adicional de veinticuatro meses los efectos del Decreto Legislativo Nº 1325, siendo uno de los problemas principales motivo de la emergencia, el hacinamiento carcelario;

Que, las condiciones de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional convierten a las y los internos y al personal penitenciario (agentes de seguridad, administrativos y personal de salud), en focos de riesgo de contagio de enfermedades infecciosas como el COVID-19;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1300, se aprobó establecer un procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad no mayores a seis años, por una pena alternativa para condenados, a fin de coadyuvar con una adecuada reinserción social de los mismos, siempre que reúnan ciertos presupuestos y se trate de infracciones de poca lesividad y repercusión social;

Que, posteriormente, por el Decreto de Urgencia Nº 008-2020 se modificó los artículos 3 y 11 del Decreto Legislativo Nº 1300, a fin de incorporar en el mismo un supuesto de conversión de pena en los casos de personas privadas de libertad por delitos de omisión de asistencia familiar, un supuesto de conversión automática con la finalidad de promover el pago de la reparación civil y la deuda alimenticia; así como, contribuir a la disminución de la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios;

Que, para efectos de coadyuvar en la prevención del riesgo de contagio del COVID-19 y, a su vez, optimizar la atención a las condiciones de sobrepoblación, es necesario potenciar la aplicación de medidas de egreso penitenciario que no impliquen perjuicios sociales como el caso de la conversión automática de la pena aplicable a las personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar regulada en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE OPTIMIZA LA APLICACIÓN DE LA CONVERSIÓN AUTOMÁTICA DE LA PENA PARA PERSONAS CONDENADAS POR EL DELITO DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR, A FIN DE REDUCIR EL HACINAMIENTO PENITENCIARIO Y EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19

Artículo 1.- Objeto de la Ley

El objeto de la presente norma es modificar los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena, para efectivizar la aplicación de la conversión automática de la pena para las personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional

Artículo 2.- Modificación del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena

Modifícase el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena, en los términos siguientes:

Artículo 3. Procedencia

[…]

La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión. La certificación del pago se realiza ante el juez sin mediar el desarrollo de la audiencia, a la que se hace referencia en el artículo 6. Para estos supuestos no es aplicable el literal b) del párrafo anterior.

Artículo 3.- Incorporación de párrafo final en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena

Incorpórese un párrafo final en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena, en los siguientes términos:

Artículo 4.- Requisitos

Para el procedimiento especial de conversión de penas, el Juez debe verificar los siguientes documentos:

[…]

e) Declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio o residencia habitual, al momento de egresar del establecimiento penitenciario.

En los casos de conversión automática de la pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar únicamente es exigible el requisito señalado en el literal e), debiendo además de ello solo requerirse la certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia actualizada al momento que se solicita la conversión.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Aplicación inmediata

Las disposiciones del presente decreto legislativo son aplicables a todas las solicitudes de conversión automática de personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar que, a la fecha, se hayan presentado ante las autoridades judiciales, independientemente de la etapa en que se encuentren y siempre que favorezcan al solicitante.

Segunda. Normas complementarias

Autorizase al Instituto Nacional Penitenciario a emitir, dentro del plazo de vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional, y conforme al ámbito de sus competencias, normas complementarias para la mejor aplicación del presente decreto legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única. Requisitos durante el periodo de emergencia

Durante el periodo que dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, no se exigirá para los casos de conversión automática de pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar el requisito señalado en el literal e) del artículo 4 del Decreto legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, los trece días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS

Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Descargue el PDF aquí

¿Cómo evitar contagiarse de coronavirus en mercados de abastos? La Defensoría del Pueblo te lo explica

2020-04-11T01:27:00.003-07:00

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante la aglomeración de personas en los mercados y paradas del país, quienes acuden a comprar sus alimentos de manera desordenada. En ese sentido, advirtió que existe un riesgo de contagio de coronavirus (covid-19) y solicitó a las autoridades un cambio de estrategia para frenar la asistencia masiva a los centros de abasto.

Por esa razón, la institución recomendó a las autoridades nacionales, regionales y locales, disponer nuevas medidas que ayuden a descentralizar la distribución y comercialización de alimentos para evitar poner en riesgo, en este caso, a las mujeres.

Mediante este Informe de Adjuntía N° 01-2020-DP/AMASPPI.MA, la Defensoría del Pueblo precisó que los manipuladores de alimentos deben mantener un esmerado aseo personal y observar las siguientes prácticas higiénicas:

Lavado de manos siempre antes de manipular los alimentos
Inmediatamente después de utilizar los servicios higiénicos, toser o estornudar, rascarse cualquier parte del cuerpo y de manipular material potencialmente contaminado (cajas, bultos, jabas, dinero, entre otros).
Las manos deben estar libres de anillos y de cualquier otro adorno, y las uñas

cortas, limpias y sin esmalte.
Los manipuladores de alimentos deben utilizar ropa protectora blanca o de color

claro, que consta de chaqueta o mandil guardapolvo y gorro que cubra

completamente el cabello.
Los comerciantes de carnes y menudencias de animales de abasto, pescados y mariscos deben usar, además, calzado de jebe y delantal de material impermeable.
La vestimenta debe ser resistente al lavado continuo y debe mantenerse en buen estado de conservación e higiene.

Por otro lado, el informe indica que los mercados deben disponer de un programa de higiene y saneamiento que contemple las siguientes condiciones: Limpieza diaria y desinfección semanal de todo el local. El reordenamiento, limpieza y desinfección general debe realizarse sin afluencia de público por lo menos una vez al mes.

A través de dicho informe, la Defensoría del Pueblo también exhortó a las municipalidades garantizar la implementación de las medidas sanitarias en dichos establecimientos, con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

La institución también pidió que los residuos sólidos generados en los mercados sean manejados conforme a las recomendaciones efectuadas por el Ministerio del Ambiente (Minam), ente rector en la materia.

Fuente: defensoria.gob.pe

Cancelan salida por sexos y modifican horario de inmovilización social [DS 064-2020-PCM]

2020-04-10T01:14:00.000-07:00

Hoy se acaba de publicar en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo DS 064-2020-PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del covid-19 y dicta otras medidas.

Dentro de las nuevas medidas destacan que se ha modificado, ligeramente, el horario de la inmovilización social obligatoria. Así, ahora las personas no pueden circular desde las 18:00 hasta las 04:00 del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 hasta las 04:00 del día siguiente.

Para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado. En ese sentido, se cancela la salida diferenciada de hombres y mujeres. Asimismo, el domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día.

Se entiende que se encuentran dentro del permiso dispuesto en el párrafo precedente, a aquellas personas que deban circular para el cobro de cualquiera de los beneficios pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, así como para el cobro de pensiones en las entidades bancarias.

Asimismo, el Decreto reitera el uso obligatorio de mascarilla para circular por las vías de uso público.

DECRETO SUPREMO Nº 064-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión en resguardo de la salud pública;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19;

Que, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045- 2020-PCM, se precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus respectivos países de residencia; así como el aislamiento social obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria;

Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM se dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con la finalidad de mantener las medidas que contribuyan a paliar los efectos del COVID-19 y permitan garantizar la salud pública y los derechos fundamentales de las personas;

Que, a su vez, a través del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM se modificó el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM con la finalidad de establecer la inamovilidad social obligatoria a nivel nacional desde las 18.00 horas hasta la 05.00 horas del día siguiente, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y Loreto, en cuyo caso la inamovilidad social obligatoria rige desde las 16.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente;

Que, adicionalmente, mediante el Decreto Supremo N° 057-2020-PCM se incorporó el numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que establece que para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar. De modo tal que los días lunes, miércoles y viernes únicamente podrán transitar personas del sexo masculino y los martes, jueves y sábados las personas del sexo femenino. En esta misma norma se precisó que el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día;

Que, a su turno, con Decreto Supremo N° 058-2020-PCM se modificó el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, con el objeto de disponer que, de manera excepcional, en los casos de sectores productivos e industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes de dicho artículo, que no afecten el estado de emergencia nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 061-2020-PCM se incorporó el numeral 3.9 al artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que señala que los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo el territorio nacional durante todo el día;

Que, por último, con el Decreto Supremo Nº 063-2020-PCM, se incorpora el literal m) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, antes referido, con la finalidad de disponer acciones para las funciones de Control vinculadas con la emergencia sanitaria;

Que, no obstante, las medidas adoptadas, se aprecia la necesidad de prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, con la finalidad de que se prosiga con las medidas excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población; así como dictar otras medidas relacionadas con la inmovilización social obligatoria ;

Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución establece que la prórroga del estado de emergencia requiere nuevo decreto;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional

Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020.

Artículo 2.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM

Modifícase los numerales 3.1 y 3.8 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria

3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.

(…)

3.8 Para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día.

Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público.”

Artículo 3.- Refrendo

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia de los Decretos Supremos N° 044- 2020-PCM, Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM

Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se hace referencia en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, se mantienen vigentes las demás medidas adoptadas en los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS

Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA

Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ

Ministro de Defensa

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI

Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MORÁN SOTO

Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.

Ministro de Relaciones Exteriores

VÍCTOR ZAMORA MESÍA

Ministro de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Para descargar en PDF clic aquí.

Fuente: lpderecho.pe

Protocolo de Entrada en Casa

2020-04-01T10:35:00.002-07:00

Protocolo de Convivencia con Personas en Riesgo

2020-04-01T10:02:00.000-07:00

Protocolos de Salida de Casa

2020-04-01T09:52:00.000-07:00

#QuedateEnCasa

2020-04-01T09:43:00.002-07:00

#QuedateEnCasa

DELITO DE FEMINICIDIO

2019-10-04T05:21:00.000-07:00

Delito de Feminicidio:

En X Pleno Jurisdiccional de las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en su Acuerdo Plenario Nº 001-2016/JC-116 en su fundamentos juridicos Nº 37 señala lo siguiente:

Para la determinación del bien jurídico, y un criterio referencial de entrada, tanto la ubicación sistemática de los tipos penales, como la denominación con que ha sido rotulado el conglomerado de tipos penales. En ese sentido, el feminicidio hace ubicado como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Dista omnicomprensiva denominación del título primero, la parte especial del código penal, delimitarse cuál es el objeto jurídico de protección. La doctrina es conteste en afirmar que el bien jurídico protegido en el homicidio, en cualquiera de sus formas, es la vida humana. El feminicidio no puede ser la excepción. Es más, la propia convención de Belem do Pará prevé implícitamente la norma penal que subyace al tipo penal del feminicidio, cuando se establece que toda mujer tiene derecho a que se respete su vida. En la vida que para la configuración de feminicidio se requiere también la supresión de la vida de la mujer, este es un delito de daño.

ESCRITO SOLICITANDO LA IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

2019-09-17T09:57:00.000-07:00

EXPEDIENTE N°:

ESPECILISTA:

SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DENTRO DEL MÁS BREVE PLAZO POSIBLE

SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUZCO - SEDE ECHARATI:

.............. , abogado defensor de MANRIQUE, en el proceso penal instaurado contra mi persona, en agravio de la Echerati por el presunto delito de Falsificación de Documentos, a Ud. con respeto digo:

I. SOLICITA REPROGRAMACIÓN:

El recurrente en ejercicio legítimo del Derecho de Defensa previsto y regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Peruano que le asiste a mi representada, recurro a vuestro despacho para SOLICITAR POR EQUIDAD SE PROGRAME AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DENTRO DEL PLAZO MÁS BREVE, en razón de las siguientes consideraciones:

II. FUNDAMENTOS:

2.1. En un primer momento, debemos dejar que la presente solicitud no debe ser tomada como una forma de dilatar la resolución de la controversia que en el presente proceso se encuentra dirimiéndose, por el contrario busca efectivizar y proteger el derecho de defensa que ejercemos todos las partes dentro de un proceso en general.
2.2.   En ese sentido, su judicatura se encontraría de vacaciones razón por la cual toda su carga procesal estaría siendo atendida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Quillabamba, razón por la cual imposibilitaría se efectúe de manera regular la Audiencia programada, en la medida que éste juzgado solo está tramitando casos de reos en cárcel, razón por la cual se hace necesario que se programe la aludida audiencia dentro del más breve plazo posible.
2.3.   No obstante, como puede observarse del análisis del expediente la presente audiencia viene siendo reprogramada en muchas ocasiones, razón por la cual en virtud del Principio de Plazo Razonable, solicitamos la nueva audiencia a reprogramarse se realice en la fecha más próxima.
2.4.   Existiendo entonces, una razón suficientemente objetiva para poder reprogramar la audiencia de Improcedencia de Acción, Solicitamos a su Despacho reprograme la misma con la finalidad de no afectar el derecho de defensa, defensa técnica y debido proceso del denunciado.

POR LO EXPUESTO:

A Ud. Solicito acceder a mi petición por ser de ley.

Lugar y Fecha: (…………….)

Te Recomendamos:

Condenan a madre por no llevar a su hija a entrevista única (ocultamiento de menor a las investigaciones) [Exp. 0193-2018-82-1203-JR-PE-01]

2019-09-12T09:35:00.002-07:00

Compartimos con ustedes un interesante fallo emitido por el Juzgado Penal Unipersonal de Dos de Mayo de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Se trata de una sentencia de conclusión anticipada condenatoria por el delito de ocultamiento de menor a la investigación (véase el artículo 403 del Código Penal), una figura penal que si bien es poco conocida es relevante para la administración de justicia.

En este caso se imputó a la acusada haber «ocultado» hasta en tres oportunidades (delito continuado) a la menor de iniciales F.E.S. (14) de la investigación por presunta infracción a la Ley Penal (violación sexual) a cargo de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de la Provincia de Dos de Mayo. La imputada no llevó a la menor hasta en tres fechas para que esta brinde su declaración vía entrevista única, en el marco de las investigaciones que se realizaba por una infracción que ella misma denunció ante las autoridades.

Artículo 403.- Ocultamiento de menor a las investigaciones.- El que oculta a un menor de edad a las investigaciones de la justicia o de la que realiza la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años.

Según la sentencia, pese a ser reiterada y válidamente notificada, la acusada ocultó a la menor testigo/agraviada al no llevarla físicamente a las diligencias programadas por la Fiscalía de Familia y no presentar alguna justificación a la acción dolosa.

La imputada solicitó acogerse a la conclusión anticipada. Cabe apuntar que su abogado indicó que ella «incurrió involuntariamente» en la comisión del delito, debido a que su condición de iletrada no le permite saber qué es un proceso y menos conocer en qué consiste una notificación. Dijo también que en las fechas programadas para que su menor hija brinde su declaración ella se encontraba en Huánuco por problemas familiares, ya que tiene cinco hijos.

Para descargar en PDF clic aquí.

Fuente: Legis.pe

DEMANDA DE ALIMENTOS CONTRA TRABAJADOR DE NOMBRADO

2018-04-21T15:09:00.001-07:00

EXP. Nº :

SEC. :

Escrito Nº : 01

SUMILLA : INTERPONGO DEMANDA DE PENSIÓN ALIMENTICIA

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE TURNO DE JAEN.

PASCUALA MIRELLA QUISPE DE ARCO, identificada con DNI Nº 12345678, con domicilio real en el Caserío las Juntas Distrito Pomahuaca y Provincia Jaén, señalando Domicilio Procesal en el Psj, Ingles N° 305 y Casilla Electrónica N° 403; ante Ud. respetuosamente digo:

I. NOMBRE Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA DEL DEMANDADO:

La presente demanda la dirijo contra el progenitor de mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE, el señor ELMER LEONCIO CARRASCO DE FRANCIA quien tiene como domicilio real Ubicado en la Calle Sucre N° 1226- Jaén lugar donde se le deberá notificar de acuerdo a Ley con la demanda, anexos y demás recaudos que emanen del presente proceso.

II. PETITORIO:

Que, ejerciendo mi Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva de conformidad con el Art. I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, interpongo DEMANDA DE PENSIÓN ALIMENTICIA, a fin de que el demandado ELMER LEONCIO CARRASCO DE FRANCIA acuda con una Pensión Alimenticia en forma mensual y adelantada por el monto equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) de la REMUNERACIONES, AGUINALDOS, BONIFICACIONES, GRATIFICACIONES, COMISIONES, UTILIDADES, CTS. y LIQUIDACIÓN DE TODOS LOS BENEFICIOS SOCIALES (en caso de renuncia o cese involuntario/o renuncia al trabajo) y todos los beneficios que perciba el citado demandado en su condición de Enfermero Nombrado en ESSALUD-PUCARA a favor de mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE, pedido que formulo en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo:

III. FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: GENERALIDADES DE LA DEMANDA

Señor Juez, con el demandado mantuve un relación de convivencia de 2 años desde el 2006 hasta Diciembre 2008, fecha en la que el demandado abandonó el hogar convivencial sin motivo alguno, producto de las relaciones Extramatrimoniales procreamos a nuestra menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO VEGA, quien a la fecha cuenta con 08 años de edad siendo que desde el abandono por parte del demandado mi citada hija se encuentran bajo mi cuidado y protección y es mi persona la única que solventa los gastos que acarrean la necesidad de mi menor hija, puesto que el demandado realiza aportaciones con la suma de S/. 120.00 (CIENTO VEINTE NUEVOS SOLES) de formas Esporádicas habiéndose desentendido de su obligación hace ya varios meses, afectando de esta manera su Derecho Alimentario de mi menor hija, puesto que por su corta edad, aun necesitan de muchos cuidados que generan muchos gastos económicos.

SEGUNDO: RESPECTO A LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS DE MI MENOR HIJA:

Señor Juez, las necesidades alimenticias de mi menor hija han aumentado considerablemente, tenemos las propiamente dichas, el vestido, la recreación, la salud, la educación, medicinas entre otras, actualmente mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE cursando el 3° Grado de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 16122 del Distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén, tal como lo acredito con la respectiva Constancia de Estudios que adjunto parar mejor ilustración, por lo que ahora más que nunca necesito la ayuda de su padre el demandado ELMER LEONCIO CARRASCO DE FRANCIA, debido a que los gastos económicos se van a incrementar, en razón a que mi menor hija va a necesitar útiles Escolares, uniformes, zapatos, entre otros utensilios escolares, siendo todo esto muy necesarias para el buen desarrollo social y psicomotor. Como lo he mencionado líneas arriba es verdad que el demandado ELMER LEONCIO CARRASCO DE FRANCIA de maneras esporádicas realizaba algunos aportes para los gastos económicos de mi menor hija, pero en estos últimos meses se ha desentendido totalmente de la manutención, es por esa razón que con el afán de que se le fije un monto fijo mensual por Pensión Alimenticia acorde a las necesidades de mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE. Es por eso que tome la decisión de acudir ante su despacho solicitando se ordene al demandado cumplir con su obligación de paternal en el monto y forma que se indica en el petitorio de la presente demandada.

TERCERO: CAPACIDAD ECONOMIDA DEL DEMANDADO.

1. Señor Juez, respecto a la Capacidad Económica del demandado ELMER LEONCIO CARRASCO DE FRANCIA TENGO CONOCIMIENTO que tiene un Trabajo estable y con buenos ingresos económicos mensuales, puesto que es Enfermero Nombrado enESSALUD - PUCARA, y percibe un ingreso de S/. 2000.00 (DOS MIL y 00/100 NUEVOS SOLES) mensuales aproximadamente, asimismo debo mencionar que el citado demandado no tiene otra carga familiar que atender; argumento expuesto que será corroborado por el propio demandado al momento de Contestar la presente demanda, sin perjuicio de ello, su Judicatura deberáREQUERIR a la RED ASISTENCIAL ESSALUD LAMBAYEQUE un informe detallado de los ingresos que percibe el demandado en su condición de TRABAJADOR NOMBRADO EN ESSALUD-PUCARA.

2. Sin embargo es evidente la falta de sensibilidad del demandado que pretende que yo pueda brindarle todo lo necesario a mi menor hijaMIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE, a pesar que el demandado cuenta con un ingreso mensual y de carácter permanente NO TIENE NI SIQUIERA LA MÍNIMA INTENCIÓN de pasarle una pensión alimenticia PUNTUAL Y OPORTUNA a mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE en forma voluntaria a pesar de haberlo requerido verbalmente en varias oportunidades, motivo por el cual me veo en la imperiosa obligación de demandarlo ante su Judicatura, para que a través de un Debido Proceso su Despacho mediante Resolución debidamente motivada disponga una Pensión Alimenticia a favor de mi menor hija, por el cual solicito que el demandado cumpla con su obligación de padre, con una Pensión Alimenticia en forma mensual y adelantada por el monto equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) de lasREMUNERACIONES,AGUINALDOS,BONIFICACIONES,GRATIFICACIONES, COMISIONES, UTILIDADES, CTS Y LIQUIDACION DE TODOS LOS BENEFICIOS que perciba el citado demandado a favor de mi menor hijaMIRELLA ALIZEE CARRASCO VEGA monto que considero adecuado y necesario para cubrir todas las necesidades básicas de mi menor hija.

IV. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

· Art. 2º, Referido a los Derechos Fundamentales de la Persona.

· Art. 4º, Referido a la protección del niño. En otros términos este dispositivo legal implícitamente recoge el Principio del Interés Superior del Niño.

2. CÓDIGO CIVIL:

· Art. VI y VII del Título Preliminar, que prescribe el legítimo interés para actuar el órgano jurisdiccional, asimismo regula el deber de los jueces de aplicar de oficio la Ley aun cuando no hayan sido invocada en la demanda.

· Art. 472°, Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidad de la familia.

· Art. 481°, Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor.

3. CÓDIGO PROCESAL CIVIL:

· Art. I del Título Preliminar, referido a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.

· Art. VII del Título Preliminar: Juez y Derecho, que se refiere que el Juez debe de aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o la haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que hayan sido alegados por las partes.

· Arts. 130, 424 y 425, referidos a la forma, requisitos y anexos de la demanda.

4. CÓDIGO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE:

· Art. 92º; Referido a la definición de Alimentos, pues éste comprende lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente.

· Art. 93º; Relacionado a la Obligación de prestar alimentos.

· Art. 96°, establece la competencia del juez de Paz Letrado para conocer del proceso de fijación, aumento reducción, extinción o prorrateo de alimentos.

V. MONTO DEL PETITORIO:

En la presente acción solicito de forma mensual y adelantada que el señor ELMER LEONCIO CARRASCO DE FRANCIA cumpla con su obligación de padre, con una Pensión Alimenticia en forma mensual y adelantada por el monto equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) de lasREMUNERACIONES,AGUINALDOS,BONIFICACIONES,GRATIFICACIONES,COMISIONES, UTILIDADES, CTS Y LIQUIDACION DE TODOS LOS BENEFICIOS que perciba el citado demandado EN SU CODICION DE ENFERMERO NOMBRADO EN ESSALUD-PUCARA a favor de mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE, monto que considero adecuado y necesario para cubrir todas las necesidades básicas de mi menor hija.

VI. VIA PROCEDIMENTAL:

La presente Acción de conformidad con el Art. 164º del Código del Niño y del Adolescente se tramitará en la VÍA DEL PROCESO ÚNICO.

VII. MEDIOS PROBATORIOS:

En calidad de prueba de mi petición adjunto las instrumentales que a continuación se detalla:

1. El mérito a la Partida de Nacimiento de mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE, de 08 años de edad, con lo cual acredito la necesidad de mi menor hija por su corta edad tiene que tener muchos cuidados, en razón a que sus necesidades básicas han aumentado desde su nacimiento, como educación, vestido, alimentación, etc.

2. El mérito de la Constancia de Estudios emitido por la Institución educativa N° 16122 del Distrito de Pomahuaca y Provincia de Jaén a favor de mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE, para el año escolar 2017, con lo cual los gastos económicos aumentaran, en razón a que necesitara útiles escolares, uniformes, zapatos, etc.

3. El mérito del Informe que remitirá la RED ASISTENCIAL ESSALUD LAMBAYEQUE, respecto de las condiciones laboral y cuáles son los Ingresos mensuales que percibe el demandado ELMER LEONCIO CARRASCO DE FRANCIA.

VIII. ANEXOS:

1-A. Copia de DNI de la recurrente.

1-B. Copia de la Partida de Nacimiento de mi menor MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE.

1-C. Copia de la Constancia de Matricula de mi menor hija MIRELLA ALIZEE CARRASCO QUISPE

POR LO EXPUESTO:

A Ud. Señor Juez, sírvase admitir a trámite la presente demanda, tener por ofrecidos los medios probatorios que indico y en el estadio procesal correspondiente SÍRVASE declararla fundada en todos sus extremos, por estar de acuerdo a Ley.

Jaén, 07 Febrero del 2017.