A sólo doce horas de lanzada la campaña “¿SOPA en Chile?”, más de 3.500 ciudadanos se comunicaron electrónicamente con el Sr. Presidente de la República y sus principales asesores, a fin de solicitar que se pronuncie sobre las negociaciones secretas que se están llevando a cabo para la suscripción de un nuevo tratado de libre comercio en el área del Asia Pacífico, conocido como “TPP”. A través de la filtración de uno de los capítulos de este tratado, la opinión pública pudo constatar que se incluyen normas sobre propiedad intelectual en Internet que podrían tener consecuencias en Chile similares a la mundialmente cuestionada SOPA.

Ante esta demostración de acción ciudadana organizada por ONG Derechos Digitales, la Dirección de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRECON), organismo encargado de las negociaciones, publicó una declaración pública donde confirmó el carácter secreto de las negociaciones y señaló que en materia de propiedad intelectual aún se está en negociaciones por lo que no hay definiciones sobre esta materia. No se confirma ni desmiente que exista riesgo para los derechos de los usuarios de Internet en Chile.

ONG Derechos Digitales agradece la disposición permanente de ser recibidos por los equipos negociadores en los limitados espacios de participación establecidos, pero debemos ser enfáticos en señalar que en ninguno de esos espacios se ha permitido acceso al texto en negociación, como sí lo han hecho países como Estados Unidos, que cuenta con un Consejo Asesor que permite cierta participación de la sociedad civil de ese país.

Por lo anterior, en los próximos días presentaremos ante el Presidente de la República una solicitud de acceso a información pública a fin de que sea la máxima autoridad política del país, que por mandato constitucional debe llevar a cabo las negociaciones internacionales, quien decida levantar o mantener el secreto de acuerdos que pueden afectar de manera radical cómo los ciudadanos entienden, usan y aprovechan las potencialidades de Internet.

ONG Derechos Digitales cree firmemente que la transparencia es uno de los principios más importantes a la hora de realizar control y contrapesos en la negociación de acuerdos comerciales de esta magnitud. Pero mientras no se tenga acceso al texto en negociación del “TPP”, es imposible que los miles de ciudadanos que han manifestado su preocupación por el alcance de las negociaciones puedan hacer una defensa más activa e informada de sus derechos.

La campaña online “¿SOPA en Chile?”, organizada por ONG Derechos Digitales, busca que el gobierno chileno se pronuncie sobre la propuesta norteamericana de propiedad intelectual en Internet que se negocia secretamente en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (conocido como “TPP”), y que podría tener consecuencias en el ciberespacio chileno similares a la mundialmente cuestionada SOPA.

El TPP es un tratado de libre comercio que están negociando de manera secreta Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia, Perú y Chile, que reproduce a nivel local algunas de las peores amenazadas de SOPA, entre ellas, “la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor y la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red, además del aumento de los plazos de protección del derecho de autor” según informa el abogado de ONG Derechos Digitales, Daniel Álvarez.

Otros países afectados por el TPP ya se han organizado para buscar que sus gobiernos no aprueben el tratado. En Chile la campaña “¿SOPA en Chile?” busca informar e intervenir. Así, por una parte, se presentan los antecedentes de los efectos en Internet que tendría la aprobación del TPP; y por otra, los cibernautas pueden enviar una carta al Presidente de la República y a sus principales asesores, en la que solicitan directamente no negociar ni aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos ciudadanos.

“Hoy la opinión pública ha visto cómo la presión ciudadana ha podido detener una amenaza a la libertad de expresión en Internet como era el proyecto de ley SOPA. Esa presión también debe ejercerse con el TPP, pues el mismo peligro es concreto e inminente”, sentenció Álvarez.

Aparte de la web, se puede seguir la campaña desde el Facebook de ONG Derechos Digitales, y también desde el hashtag #NoTPP.

[Links de interés]:

-Chile

La Nación: ONG Derechos digitales advierte por acuerdo internacional peor que SOPA

El Mostrador: TPP, la ley secreta similar a la SOPA que amenaza a los cibernautas chilenos

ONG Derechos Digitales: TPP, cucharadas de SOPA

-Internacional

Forbes.com: The TPP is the Next Battleground in the War Over the Internet

Boingboing: Son-of-ACTA, the TPP, wants to legislate buffers

TechDirt: White House Petition Demands TPP Process Be Open & Transparent

Todo, acá.

Más sobre el TPP según El Ciudadano, acá.

Para más información, acá.

Gran revuelo mundial ha provocado la polémica propuesta de ley S.O.P.A. que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos que provocaría, de ser aprobada, un grave atentado contra los derechos humanos en el mundo digital, como hemos denunciado.

Al apagón de la versión inglesa de Wikipedia, se han sumado múltiples campañas en contra de la ley en sitios como Google, Wired, EFF y miles más en todo el mundo. El riesgo de censura de internet que implica S.O.P.A. ha movilizado conjuntamente a usuarios y grandes compañías de la red.

Pero S.O.P.A no es una iniciativa aislada. El gobierno de Estados Unidos actualmente promueve la negociación de un nuevo TLC para los países de la zona Asia-Pacífico, el conocido TPP, cuyo capítulo de propiedad intelectual contiene algunas cucharadas de la misma S.O.P.A.

Así, mientras muchos nos manifestamos en contra del proyecto de ley norteamericano, los gobiernos de Chile, Perú, Nueva Zelandia, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos se encuentran avanzando rápidamente en un nuevo acuerdo internacional que reproduce una de las peores amenazadas de S.O.P.A.: la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, entregando facultades policiales a los prestadores de servicios de Internet.

Como permanentemente hemos sostenido en ONG Derechos Digitales, sólo a través de una orden judicial expresa es posible retirar o bloquear un contenido supuestamente infractor de Internet, tal como dispone hoy la Ley de Propiedad Intelectual chilena.

Por ello, llamamos a rechazar las negociaciones del TPP y esperamos que el Gobierno de Chile se comprometa a no negociar ni aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos de usuarios y consumidores nacionales por exceso de protección de la propiedad intelectual.

—

*Imagen original CC: BY (jacilluch) – SA

Como activistas por los derechos humanos y la libertad de prensa, escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la PROTECT IP (PIPA), y la amenaza que supone para los derechos humanos a nivel internacional. Al igual que la HR 3261, la Stop Online Piracy Act (SOPA), PIPA supone el uso de herramientas de la censura, socava la naturaleza global de Internet, y amenaza la libertad de expresión en línea. PIPA introduce un muy preocupante grado de inseguridad jurídica en la economía de Internet, particularmente para los usuarios y las empresas a nivel internacional. Estados Unidos siempre ha sido siempre un líder mundial en favor de la libertad de expresión en internet, e instamos al Senado a no manchar esta reputación aprobando PIPA.

Hoy en día algunos de los países más represivos del mundo -como China, Irán, Yemen, Arabia Saudita y Siria- usan el filtrado de DNS como un medio para silenciar a sus ciudadanos. Más de 80 organizaciones de derechos humanos recientemente escribieron una carta oponiéndose a SOPA dado que supone “la institucionalización del uso de herramientas de la censura en Internet para hacer cumplir la legislación nacional en Estados Unidos… crea una paradoja que socava su autoridad moral para criticar a los regímenes represivos“. De hecho, PIPA enviaría un mensaje inequívoco a otras naciones que el uso de estas herramientas no sólo es aceptable, sino también alentado.

El filtrado de DNS es una forma contundente de censura que es ineficaz en el logro de su objetivo declarado al causar daños colaterales en una escala masiva a las comunidades en línea. Pero mientras que la elusión del filtrado DNS es trivial para los usuarios, esta tecnología podría socavar de manera fundamental la integridad de la Internet global, dejando a los usuarios más vulnerables a los ataques de la seguridad cibernética y al fraude de identidad. Además, cualquier legislación que obligue al filtrado de sitios web es propensa a tener consecuencias no deseadas, como por ejemplo el sobre bloqueo. Por ejemplo, a comienzos del 2011, cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU se dirigió contra el dominio mooo.com, accidentalmente eliminó las direcciones web casi 84.000 nombres de dominio relacionados. Además, una vez que la infraestructura técnica que permite la censura exista, permitirá que los futuros gobiernos (y también los actores privados) puedan bloquear prácticamente cualquier tipo de contenido en la web, haciendo que las disposiciones de esta ley tiendan a ir más allá de sus objetivos iniciales.

Las disposiciones propuestas de debido proceso en este proyecto de ley no respetan la naturaleza global de Internet. Los efectos red de Internet se materializan cuando los usuarios e innovadores son capaces de conectarse a nivel global. Sin embargo, la creación de un mecanismo que requiere que el administrador de un sitio web tenga que recurrir a una corte en EE.UU. con el fin de defenderse de una acusación de infracción podría, de manera totalmente desproporcionada, impactar a pequeñas comunidades y emprendimientos ubicados en el extranjero que no tengan la capacidad de hacer frente a las preocupaciones en Estados Unidos. Estos sitios web arriesgarían perder acceso a servicios de publicidad, proveedores de pago, ser listados de motores de búsqueda, y a su nombre de dominio. En conjunto, estas partes del proyecto de ley llevaría a los innovadores internacionales a dejar de depender de servicios norteamericanos como una protección contra las amenazas de esta ley, perdiendo lo que debería ser el objetivo de esta legislación: prevenir infracciones comerciales de gran escala.

PIPA además crea un problema de doble jurisdicción, por lo que los sitios que no estén ubicados en EEUU deben determinar si un sitio es legal tanto en el país donde opere como también en Estados Unidos. Esto plantea serias preocupaciones sobre el alcance del proyecto de ley, dado que los sitios extranjeros que estén comprendidos en lo que PIPA define como infracción podrían ser perfectamente legales en otras jurisdicciones. Por ejemplo, el nombre de dominio del sitio español rojadirecta.org, fue incautado a principios de 2011 por las autoridades de EE.UU. sin un adecuado debido proceso, notificación a los titulares del sitio, o una opción de defenderse, a pesar de haber sido declarado legal por dos tribunales españoles.

La definición de “servicios de información de ubicación” es demasiado amplia y podría tener un efecto negativo sobre la expresión en línea. PIPA haría que casi todos los actores de Internet, incluyendo no solo blogs, salas de chat y redes sociales, sino también usuarios, potencialmente sujetos a las órdenes de ejecución del proyecto de ley. Además, el requisito de que los proveedores de servicios actúen “lo más rápidamente posible para eliminar o deshabilitar el acceso” a un sitio web supuestamente infractor impone una carga sin precedentes para cualquier servicio que contenga enlaces, incentivando la detección y retirada de contenidos para evitar ser comprometido en procedimientos legales. Además, incluso si un sitio web es luego declarado inocente, los enlaces a ese sitio podrían haber efectivamente desaparecido de la web, habiendo sido eliminados permanentemente en el momento de la notificación de la orden judicial.

PIPA también es vaga respecto de cómo serían definidos los enlaces, incluyendo si todos los enlaces asociados a un dominio o subdominio serían bloqueados y si esto se aplicaría a futuros intentos de usuarios para publicar contenido. Esta disposición podría interpretarse en una forma que forzaría a supervisar de manera proactiva y por tanto censurar las actividades de los usuarios de aquellos servicios que permiten a sus usuarios publicar enlaces, alterando dramáticamente el papel de estas plataformas en la promoción de la libertad de expresión y establecimiento de un peligroso precedente para otros países.

Entendemos la presión que enfrentan los legisladores para aprobar legislación que haga cumplir las leyes de derechos de autor, y estamos de acuerdo en que la protección de los derechos de los creadores es un objetivo importante. Sin embargo, la necesidad de hacer cumplir estas leyes no puede tener como costo comprometer la garantía de libertad de expresión ni la de debido proceso. Este proyecto de ley es fundamentalmente defectuoso debido a su amplia gama de medidas potencialmente restrictivas y represivas. Incluso si ciertos elementos de la propuesta, como el filtrado de DNS, fueran modificados, pospuestos o reformados, la legislación en su conjunto representa un precedente que es un verdadero peligro para los derechos humanos en Internet. Debemos permanecer conscientes del hecho que Internet es un elemento clave para los derechos humanos y la innovación, y las decisiones sobre su gobierno no debe hacerse a toda prisa y sin plena consideración de sus consecuencias colaterales.

Le pedimos enérgicamente al Senado que defienda los derechos humanos, la Internet abierta, y rechace la PROTECT IP Act.

Este artículo es firmado por las siguientes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional:

• Access
• AGEIA DENSI
• Amnesty International
• Asociatia pentru Technologie si Internet (ApTI)
• Association for Progressive Communications (APC)
• Article 19
• Bits of Freedom
• Bytes for All Pakistan
• Centre for Internet and Society – India
• Communication is Your Right!
• Computer Professionals for Social Responsibility
• Creative Commons Guatemala
• ONG Derechos Digitales – Chile
• Demand Progress
• Digitale Gesellschaft e.V.
• Eduardo Bertoni on behalf of iLEI/CELE UP (Iniciativa Libertad de Expresión en Internet, Centro de Estudios en Libertad de Expresión, Universidad de Palermo, Argentina)
• Electronic Frontier Finland (EFFi)
• EsLaRed
• European Digital Rights (EDRi) (an association of 27 privacy and civil rights groups in Europe)
• FGV/CTS
• FoeBuD
• Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)
• Free Network Foundation
• Free Press Unlimited
• Free Software Foundation Europe (FSFE)
• Fundación Karisma
• FUNREDES
• German Working Group against Internet Blocking and Censorship (Arbeitskreis gegen Internet-Sperren und Zensur, AK Zensur)
• Hiram Meléndez-Juarbe on behalf of the New Technologies, Intellectual Property and Society Clinic University of Puerto Rico Law School
• Human Rights Watch
• Index on Censorship
• Instituto Nupef
• Internet Democracy Project – India
• Iuridicum Remedium o.s.
• Julia Group
• Guardian Project
• La Quadrature du Net
• MayFirst/People Link
• Net Users Rights Protection Association (NURPA)
• Open Rights Group (ORG)
• Open Source Initiative
• Palante Technology Cooperative
• Panoptykon Foundation
• People Who
• Public Sphere Project
• Quintessenz
• Reporters Without Borders
• Vrijschrift
• WITNESS
• wlan slovenia, open wireless network

*imagen derivada de esta de Simenon. CC BY

“Responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISPs) en relación con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Latinoamérica”. Así se llama el capítulo uno del reciente libro “Hacia una Internet Libre de Censura: Propuestas para América Latina”, y del que son autores dos de nuestros integrantes, Juan Carlos Lara (investigador) y Claudio Ruiz (presidente de la orgnaización).

La publicación fue compilada por Eduardo Bertoni, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, y ya está disponible en español para descarga.

Como el mismo Bertoni aclara en la presentación del libro, en esta publicación se busca dar cuenta de cómo algunos países de esta parte del continente han abordado legalmente la censura en Internet, ya sea a través de tópicos como la protección de la propiedad intelectual, telecomunicaciones, la protección de datos personales o la neutralidad de la red, entre otros.

“Creo que esa forma de consumo de las obras intelectuales va a cambiar los hábitos de los usuarios de Internet que hoy realizan descargas legales o ilegales de contenidos, ya que hoy en día el mercado no entrega alternativas para hacerlas. Por lo tanto, lo primero que se me ocurre es que el desarrollo de más alternativas para poder consumir contenidos legalmente de alguna forma va a afectar a la descarga de contenidos.

Por otro lado hay otra cuestión importante que tiene que ver con la forma legal que esto tiene para resolverse. La última reforma a la Ley de Propiedad Intelectual fue como un oasis. Cuando uno mira las propuestas españolas, argentinas, e incluso gringas, uno se da cuenta de lo potente que es la presión de las industrias multinacionales de software y del espectáculo para generar reglas cada vez más estrictas respecto de la utilización no autorizada de propiedad intelectual que implican procesos criminales en el caso norteamericano, desconexiones en el caso europeo. Es super absurdo que la industria criminalice a usuarios que el día de mañana serán considerados clientes de modelos de negocios que hoy día no existen”.

La anterior es una declaración de Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, hecha en una extensa entrevista en Noizet, web dedicada a la difusión de la música independiente. Más sobre esta conversación a propósito de propiedad intelectual, derechos, Internet y libre descarga, acá.

*Foto CC BY [Constanza Sáez] NC – ND