El sondeo consultó a una muestra de 1.000 ticos ¿Cuál es el principal problema del país? Un 21,9% contestó que el desempleo, cifra que se acrecentó de febrero a mayo de este año, cuanto solo preocupaba a un 13,4%.

En segundo lugar apuntan a la seguridad, que pasó de un 14,7% a un 16,4%; le sigue el costo de vida, que pasó de un 11,4% a un 13,7%; y en cuarto lugar la corrupción, que registró un reducción de un 21,1% a un 13,4%.

Para el consultor Víctor Borge es predecible que tras el incidente del gobierno con el avionetazo a Perú este indicador vuelva al alza.

La situación económica es el quinto problema para la población con un 8,7%, le siguen las drogas, la pobreza, la mala administración, las vías de comunicación y en último lugar los bajos salarios.

SIN EMPLEO

La reciente encuesta de CID-Gallup, que se realizó en mayo a 1.195 hogares, también reveló que las dificultades en relación con el tema económico, entiéndanse desempleo, costo de vida y crisis económica, son los problemas más señalados por los ticos.

Según el sondeo, los principales problemas del país son en este orden: corrupción del gobierno, uso y tráfico de drogas, falta de empleo/malos ingresos, violencia/inseguridad ciudadana, costo de vida y economía nacional.

EMPRESARIOS
NO CONTRATARÁN

El panorama se vislumbra menos alentador porque los empresarios no proyectan movilización del empleo para lo que resta del año.

Jaime Molina, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), explicó que hay varias condiciones que no generan un clima para que el sector incremente sus inversiones.

Una es que se han reducido las tasas de interés en colones, la rebaja no es percibida porque ha afectado a los intereses pasivos pero no en los activos. Aunado a ello, hay un panorama político nada claro y está comprobado que en un año preelectoral se disminuyen las inversiones.

La Uccaep realizó la encuesta “Pulso Empresarial”, de la que se desprende que la confianza de los empresarios, es decir sus expectativas, se mantiene estancada en relación con el año anterior en un 6,7%.

Por otro lado, el indicador de la percepción que tienen los empresarios cayó un 11%, según la Uccaep, afectado principalmente por los incrementos en la electricidad, los servicios regulados y el atraso en la aprobación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.  fuente-http://diarioextra.com/

Explicó que importar gas natural requiere una inversión extrema, pues para ser trasportado debe trasformarse en un líquido, el cual debe estar a una temperatura de -161° C, por lo cual para su movilización se necesitarían barcos especiales que permitan mantenerlo a esa temperatura.

Una vez que el producto llegue al país también se necesitarían ductos especializados para descargarlo y otros para gasificarlo nuevamente y quemarlo. Además destacó como ejemplo que si llegara a Moín se deberá buscar el modo de trasladarlo a otros puntos del país.

GRAN INVERSIÓN

Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, coincide con Volio en que la inversión es tan alta que ninguna industria en el país está en capacidad de afrontarla. Según detalló, la única forma es que varias empresas interesadas se unan y traten de amalgamar el esfuerzo. Además explicó que varias industrias avanzan en esa línea y algunas hasta han contactado empresas gringas que tienen licencia para exportarlo, pero de momento no pasa del interés, pues es muy costoso.

También la inseguridad jurídica los tiene en vilo, tomando en cuenta el monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), aunque la energía no es un hidrocarburo.

Para el expresidente José María Figueres y el ingeniero José Lara hay que valorar aspectos que podrían jugar un papel importante en el verdadero costo de importar gas natural y transportarlo desde el Atlántico hasta el Pacífico.

“El gas natural se plantea como una opción para sustituir el diésel y búnker en las plantas térmicas de Moín y Garabito. La tarea de disminuir los costos de la energía apremia. Además sustituir búnker por gas reduce las emisiones de carbono en casi un 50%.

Pero no todo lo que brilla es oro. Mientras que la conversión a gas de estas plantas podría pagarse en corto tiempo, no se considera el costo de transportar el gas desde la costa atlántica, adonde se importa, hasta el Pacífico, donde se ubica Garabito”, explicaron.

Además recalcaron que pedir a Estados Unidos gas natural no fue algo muy lógico, puesto que en ese país no se explota, por lo que ante todo debe satisfacer su propia demanda. fuente-http://diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/36487

“Ahí están, esos son, los que venden la nación”, gritaron los manifestantes que ingresaron a los graderíos del salón azul de la Asamblea Legislativa. Estas organizaciones metieron ruido y consignas al pleno legislativo y el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, se vio obligado a suspender la lectura de la ley en dos ocasiones.

Las organizaciones sociales protestaron en las calles y, al llegar frente a la Asamblea, lograron ingresar hasta el salón azul, con ayuda de diputados del FMLN.

Sin embargo, algunos se vieron sorprendidos cuando el FMLN votó por la ley y, en medio de la frustración, señalaron también de “vendidos” a los mismos legisladores efemelenistas.

Alejandro Cornejo, uno de los manifestantes, dijo que se opuso a la ley, porque “se pretende privatizar el agua” y la quieren “mandar a Europa”. Carmen Hernández, otra de las manifestantes, dijo que se quieren privatizar todos los servicios públicos.

José David Lazo, otro de los presentes en la Asamblea, dijo oponerse a la ley porque le afectará su pensión. Añadió que, con la vigencia de la ley, habrá pensiones más bajas que no le permitirán cubrir sus necesidades.

La “Mesa nacional frente a la minería”, un movimiento en contra de la minería en el país, también se opuso a la aprobación de la ley de asocios. Dicen temer a la apertura de proyectos mineros en el país bajo la modalidad de asocios público-privados, mientras no exista una normativa que prohíba expresamente esta actividad. Esta asociación opina que esta ley es la continuación “de las políticas neoliberales de privatización de servicios públicos”. fuente-http://elmundo.com.sv

Cuando se votó de manera general, los 84 diputados presentes en el salón azul del palacio legislativo votaron a favor del marco normativo.

Luego, las fracciones de ARENA, Partido Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) intentaron hacer cambios al artículo 3 de la ley para permitir asocios con privados en proyectos de agua, sistema penitenciario y en la Universidad de El Salvador.

FMLN y GANA se impusieron para que la ley de asocios no permita participación de empresas privadas en proyectos de salud, seguridad social, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), seguridad pública, justicia referente a custodia, rehabilitación y trabajo penitenciario de internos, agua, educación, incluyendo la Universidad de El Salvador.

La exclusión de esos servicios de la ley fue la puerta para que el FMLN, partido de gobierno, decidiera dar su apoyo a la normativa.

La nueva ley requiere de la sanción del presidente de la República, Mauricio Funes para poder entrar en vigor. El mandatario adelantó, en diferentes ocasiones, que estaba de acuerdo en que la Asamblea le pusiera “candados” a la ley, pero que urgía se aprobara con el fin de iniciar proyectos importantes como la ampliación del Aeropuerto en Comalapa.

La ley permite que las instituciones del Ejecutivo, autónomas, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y las 262 municipalidades del país se asocien con privados para ejecutar proyectos públicos, como calles, aeropuertos, ferrocarriles y otros.

La Asamblea crea el ente rector: la Dirección de Asocio Público-Privado (DAPP), que tendrá autonomía administrativa y será la institución encargada de aprobar los proyectos de asocios, las bases de licitación, los proyectos de contrato. También propondrá al presidente de la República las políticas de asocios. Ayer, la Asamblea agregó que la empresa privada pueda tener representación en la DAPP.

La ley especial crea también al Organismo Fiscalizador de Asocios Público-privados (OFAPP), que se encargará de fiscalizar de manera técnica a las instituciones contratantes del Estado y a los participantes privados. La OFAPP podrá sancionar en el caso que los participantes de los asocios no informen sobre el cumplimiento de sus funciones. La ley, en el artículo 81, establece multas de $5,600 hasta $260 mil por el incumplimiento de la ley de asocios y los respectivos contratos.

Los compromisos entre las instituciones y los privados no podrán exceder de los 40 años, según el artículo 8 de la normativa aprobada.

Asocios desde $10 millones

Las instituciones públicas podrán firmar contratos de concesión vía asocios público-privados. Con la salvedad que para firmar esos compromisos deberán tener la aprobación de la Asamblea Legislativa, y más cuando se comprometa deuda pública.

Para hacer un asocio por parte de las instituciones públicas, el proyecto deberá tener como piso una inversión de $10 millones. El FMLN propuso, en la comisión de Hacienda, que el monto mínimo fuera de $20 millones. Pero no tuvo apoyo.

Aunque, no todos las obras estarán obligadas a hacerse por medio de asocios. Los diputados quitaron esa obligatoriedad de la ley de asocios.

Guillermo Gallegos, diputado de GANA, explicó que uno de los posibles asocios podría ser la construcción.

La ley deja a la Asamblea Legislativa la potestad de aprobar las bases de las licitaciones de las concesiones. Y también será la encargada de  aprobar o rechazar los contratos que hayan acordado las instituciones del Estado y los privados. La Asamblea no estará amarrada a un plazo para aprobar o negar un contrato de concesión. El gobierno propuso 45 días para resolver.

 Obligaciones y derechos de los privados

Obligaciones del privado: ejecutar la obra asumiendo riesgos establecidos por contrato, realizar pagos en función de beneficios derivados, permitir auditorías, entregar estados financieros e informes sobre ejecución a contratante estatal, responder por pérdida o deterioro de bienes estatales.

Derechos de los privados: percibir como única compensación pagos e ingresos por servicios de dicho contrato, obtener financiamiento para el proyecto de la forma en que lo estime conveniente, incluso colocación de valores de cualquier clase en oferta pública bursátil, y gozar de prórroga.

Los privados también tendrán derecho a ceder íntegramente el contrato, una vez que se encuentre en fase de explotación. Solo podrá cederse a quien cumpla los requisitos establecidos en las bases de licitación, previa aprobación de la institución contratante del Estado y del OFAPP. fuente-http://elmundo.com.sv/

El exfuncionario Maza también cumplía cárcel por negociaciones ilícitas, por lo que fue absuelto igual

 

PANAMÁ. El sueño del alcalde de Chame, Euclides Mayorga, de repetir nuevamente en el próximo periodo electoral quedó sepultado ayer, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera no admitir el recurso de casación interpuesto por él ante la sentencia de tres años de prisión proferida en su contra por corrupción.

Le correspondería hoy a María de Lourdes Ortiz, juez Segunda del Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, ordenar la detención de Mayorga y su traslado a prisión.

Fuentes judiciales informaron que Mayorga fue notificado en la mañana de ayer de la decisión de la Corte a través de un notificador del Juzgado II de La Chorrera.

REVUELO EN EL PALACIO MUNICIPAL

Pasadas las 11:00 a. m. de ayer, el alcalde de Chame, cabizbajo y pensativo se retiró del Palacio Municipal. Aunque La Estrella se comunicó con él vía telefónica en horas de la tarde, tajantemente negó haber recibido algún tipo de notificación: ‘no sé nada de lo que me hablas, llámame mañana, estoy manejando’, fue la respuesta que brindó.

Y así, mientras Mayorga se sumerge en un nuevo laberinto legal, al Palacio Municipal llegaron funcionarios de la Gobernación de Panamá para notificarles del fallo de la Corte.

Pero la visita de los representantes no quedó en un simple trámite de notificación. Los comisionados de la máxima autoridad de la provincia capital tenían que cumplir otra tarea: asegurar que José Pastor Solís, tomara posesión ayer mismo como nuevo alcalde de Chame. Y así fue. El hasta entonces vicealcalde, sin mediar palabra ni hacer preguntas, firmaba el acta que formalizaba su cargo.

La rápida acción de los funcionarios de la Gobernación fue justificada por Roberto Tejeira, secretario general de esta instancia: ‘se realizó la convocatoria (a José Pastor Solís) para que tomara posesión del puesto alcaldicio y que no quedara en acefalía ya que Mayorga fue condenado e inhabilitado para ejercer funciones públicas’.

LA HOJA DE RUTA DE SOLÍS

El fugaz acto se desarrolló después de las 4:00 p. m. , por lo que Solís no pudo entrar al despacho alcaldicio, aunque sí reveló la hoja de ruta que pondrá en práctica. Como prioridad dijo que ordenará auditorías y prometió trabajar en mejor coordinación con la Tesorería.

Sobre posibles despidos, el nuevo alcalde se limitó a decir que los funcionarios (de la Alcaldía) deberán aprender a trabajar con él y que las puertas están ‘abiertas’ para aquel que no quiera.

‘CONTINUARÁN LAS INVESTIGACIONES’

Mientras tanto, las investigaciones administrativas no se detendrán. Así lo aseguró Jorge Puga, asesor legal del Concejo: ‘continuaremos con las investigaciones, ya se recibió la visita de las Fiscalías realizándose auditorías, por lo cual se podrían estar haciendo llamamientos a Mayorga para que rinda declaración indagatoria y explique qué ha pasado con los fondos alcaldicios que no aparecen’.

EL FUTURO DE MAYORGA

Lo que es innegable es que el rechazo del recurso de casación pone a Mayorga entre la espada y la pared. A este sombrío panorama se añade la renuncia de Miguel Batista, quien hasta hace poco fungió como su representante legal, por lo que la Corte le nombró una defensora de oficio, que este medio pudo conocer ya fue notificada sobre la decisión judicial.

Ahora le corresponderá a los tribunales proceder con la ejecución del fallo que dicta la pena de tres años de prisión más e igual cantidad de años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. fuente-http://laestrella.com.pa

La Fiscal General Claudia Paz declaró a periodistas que la entrega de Portillo a ese país norteamericano procede porque ya no hay ningún recurso legal pendiente y ahora toca ejecutar la parte administrativa de la misma.

Paz aclaró que la extradición está firme porque fue solicitada por una fiscalía estadounidense y autorizada por un tribunal guatemalteco.

Sin embargo, Mauricio Berreondo, abogado del exmandatario calificó de ilegal la medida.

La extradición de este viernes es ilegal porque había recursos legales ya agotados y también porque no se consideró el estado de salud del exgobernante, expresó el defensor.

Según relató ese profesional del Derecho, la autorización final de todo el movimiento administrativo para la extradición de Portillo fue por una orden girada por el ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López.

Para la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, se trata de una situación dura, pero sostuvo que se debe aplicar la ley. Entretanto, el secretario general del partido Unión del Cambio Nacional, Mario Estrada, afirmó que se violaron los derechos humanos de Portillo pues existían recursos legales pendientes de resolver.

La entrega de Portillo a Estados Unidos ha sido aprobada en todas las instancias jurídicas guatemaltecas, incluida la Corte de Constitucionalidad, y firmada en 2011 por el exjefe de Estado Álvaro Colom (2008-2012). fuente-http://prensa-latina.cu

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación-organizaciones querellantes en el juicio celebrado contra Ríos Montt- convocaron a la ciudadanía a una caminata para manifestar el repudio con la resolución emitida por la CC el lunes pasado.

Según los organizadores, los manifestantes recorrerán desde la sede de la Cámara de Industria hasta la edificación del máximo tribunal de este país centroamericano.

La víspera quedó conformada la Sala que deberá continuar con el proceso, después de que 50 magistrados se excusaron de conocer el veredicto de la CC respecto al caso contra Ríos Montt.

El juez suplente Juan Rodas aceptó unirse a Ramón González y Frank Martínez, quienes este mismo viernes deberán informar al Tribunal A de Mayor Riesgo si actuaron conforme a derecho al momento de conocer dos recusaciones de la defensa del exgeneral golpista.

Decenas de organizaciones humanitarias y sociales criticaron esta semana el veredicto de la CC, aprobado por tres votos a favor y dos en contra y que establece que el mencionado debate debe regresar al 19 de abril pasado cuando ya había transcurrido un mes de audiencias.

El Tribunal de Mayor Riesgo A encontró culpable a Ríos Montt de ser autor intelectual del asesinato de mil 771 indígenas durante el régimen que encabezó de marzo de 1982 a agosto de 1983. fuente-http://prensa-latina.cu