DIPr Argentina

Transporte aéreo internacional, cancelación de vuelos y falta de restitución del precio

2026-09-04T10:00:00.000-03:00

Transporte aéreo internacional, cancelación de vuelos y falta de restitución del precio

1. Introducción y relevancia de la decisión

La sentencia dictada por la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en autos «De Luca, Danilo Jorge y otro c/ Latam Airlines Group S.A. s/ ordinario» (04/09/2026) resuelve una temática que, con sus variantes, se ve reiterada hasta el cansancio en la jurisprudencia del último lustro, esto es, las consecuencias económicas derivadas de la cancelación de vuelos por la pandemia. El fallo fija doctrina sobre la inoponibilidad al pasajero de las contingencias internas del sistema de distribución IATA/BSP y confirma la procedencia acumulada de daño moral y daño punitivo por el incumplimiento del deber restitutorio post-cancelación.

2. Plataforma fáctica (los hechos del caso)

En octubre de 2019, dos pasajeros domiciliados en Argentina adquirieron a través de la agencia Garbarino Viajes pasajes aéreos internacionales de Latam Airlines Group S.A. con destino a Isla de Pascua y la Polinesia Francesa, para volar en julio de 2020. A raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19, el viaje fue reprogramado para julio/agosto de 2021. No obstante, en febrero de 2021 la transportista canceló unilateralmente el nuevo itinerario por decisión comercial de desprogramar la ruta. Ante ello, en marzo de 2021 los consumidores optaron por resolver el contrato y exigieron el reembolso del precio abonado.

Pese a que Latam reconoció haber autorizado internamente el reintegro en sus sistemas, las sumas nunca fueron devueltas a los pasajeros. La aerolínea sostuvo que el reembolso debía canalizarse a través de la agencia Garbarino mediante el sistema de liquidación y compensación de IATA (Billing and Settlement Plan - BSP), atribuyendo la falta de percepción a intermediarios ajenos a su esfera. Demandada por restitución, daño material, daño moral y daño punitivo, la sentencia de primera instancia admitió la demanda. Dicho decisorio fue apelado por la aerolínea invocando la primacía excluyente de la normativa aeronáutica internacional y la inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor.

3. La cuestión de Derecho Internacional Privado y normas en conflicto

El núcleo de DIPr y conflicto de fuentes versó sobre la pretendida exclusividad y autonomía del régimen especial del transporte aéreo internacional:

• Pretensión de la aerolínea: Latam postuló que, tratándose de un contrato de transporte aéreo internacional regido por el Convenio de Montreal de 1999 y el Código Aeronáutico, la Ley 24.240 reviste carácter meramente supletorio (art. 63 LDC), invocando los límites de responsabilidad tarifada y la incompatibilidad de rubros como el daño punitivo (art. 29 del Convenio de Montreal).

• Conflicto internormativo: La delimitación entre el microsistema aeronáutico y el estatuto tuitivo del consumidor dotado de jerarquía constitucional (art. 42 CN) y orden público (art. 12 CCyCN), resolviéndose si la regla de supletoriedad del art. 63 LDC desplaza en bloque la tutela sustancial del usuario frente a incumplimientos de la aerolínea vinculados a la restitución del precio.

4. La decisión del tribunal y sus fundamentos centrales

La Cámara confirmó la sentencia de grado (modificando únicamente el inicio del cómputo de intereses, fijado desde la fecha en que los pasajeros solicitaron el reembolso formal el 12/03/2021), sobre la base de sólidos fundamentos:

a) Delimitación del hecho técnico de la aeronavegación: La Sala F precisó que el reclamo no versa sobre aspectos técnicos de la navegación aérea, accidentes, retrasos en vuelo o pérdida de equipaje (materias típicamente disciplinadas por el Convenio de Montreal), sino sobre un hecho sobreviniente y escindible: el incumplimiento del deber de restitución del precio tras la resolución contractual. La ejecución técnica del contrato va desde el embarque hasta el desembarque; la falta de devolución posterior a la cancelación es un supuesto regido por el derecho común y consumeril (art. 10 bis LDC).

b) Diálogo de fuentes, primacía constitucional y orden público:

La sala F de la CNCom reitera aquí como argumentos centrales para dilucidar la cuestión relativa a la supletoriedad y aplicabilidad del régimen consumeril: por un lado, el rango constitucional de la protección de los derechos de consumidores y usuarios y, por el otro, el carácter de orden público de la normativa que los tutela.

Pocos argumentos me parecen más tarúpidos.

Los consumeristas me tienen harto repitiendo como loros la jerarquía constitucional del derecho del consumidor. En su limitada visión -producto de un caso grave e irreversible de visión tubular- el derecho del consumo se encuentra en la cima de la pirámide jurídica y no existe absolutamente nada que lo iguale en jerarquía. Nadie desconoce la incorporación del artículo 42 de la Constitución Nacional, pero parece que en su visión éste ha sido el único artículo que ha sobrevivido, y todos los demás derechos y garantías que reconocía la Carta Magna han sido eliminados en alguna reforma que los demás legos mortales no consumeristas desconocemos.

El otro argumento es “el carácter de orden público de la normativa” consumeril. carácter que nadie desconoce. Lo que sí parecen desconocer los distinguidos camaristas, es que en todos estos casos nos encontramos en presencia de contratos internacionales. Y, en consecuencia, el primer paso de cualquier análisis, debe ineludiblemente consistir en la determinación del derecho aplicable al caso. Pero por supuesto que no cabe detenerse en esas nimiedades cuando el actor es un consumidor.

Ni se les cruza por su cabeza que, antes de analizar si les normas de fondo del Código Civil y Comercial dice esto o aquello, o si la ley 24.240 está excluida o se aplica parcialmente, o lo que sea que consideren, primero deben analizar si el derecho argentino resulta o no aplicable al caso.

No se nos escapa que, en una gran mayoría de los casos, esto así será. Pero ello no significa que el análisis no deba realizarse lo mismo.

Lo mismo cabe decir, en general, respecto del nulo análisis que los jueces suelen realizar respecto de la aplicación del Convenio de Montreal de 1999. En ningún caso analizan sus ámbitos de aplicación material, espacial y temporal a fin de determinar si el tratado resulta o no aplicable al caso.

Se limitan generalmente a copiar y pegar un párrafo cliché que más o menos dice que, tratándose de un contrato de transporte internacional debe aplicarse el convenio.

Ni hablar de algunos que insisten en invocar las disposiciones de la Convención de Varsovia o de los Protocolos de La Haya o de Montreal, en una promiscua mescolanza carente de toda seriedad y precisión.

Cabe reconocer que le pegan aquí los jueces al excluir el Convenio de Montreal de 1999 del caso.

c) Inoponibilidad del sistema IATA/BSP al consumidor: La Cámara desestimó enfáticamente la eximente de responsabilidad basada en que el trámite fue derivado a la agencia o ingresado al sistema BSP de IATA. La modalidad interna adoptada por la aerolínea para comercializar pasajes y liquidar operaciones forma parte de su organización comercial y no puede trasladarse al consumidor. La obligación de la transportista era de resultado (lograr el efectivo reingreso de los fondos al patrimonio de los actores).

d) Procedencia de daño moral y daño punitivo: Confirmó el resarcimiento por daño moral ante la zozobra y pérdida de tiempo vital ocasionada a los pasajeros, así como la multa civil por daño punitivo (art. 52 bis LDC). Señaló que la aerolínea exhibió una conducta desaprensiva y vulneratoria del trato digno (art. 8 bis LDC), forzando a los usuarios a litigar para obtener la devolución de sumas legítimas; conducta que no halla óbice en el Convenio de Montreal al debatirse una relación de consumo ajena a la técnica aeronáutica.

5. Valoración crítica e implicancias prácticas

En definitiva, el decisorio de la Sala F resuelve lo obvio, y para eso necesita casi cuarenta páginas. Es de una obviedad absoluta que las aerolíneas no pueden desconocer la devolución de pasajes no prestados ni escudarse en la externalización de ventas a través de agencias autorizadas o la utilización del sistema IATA/BSP, quedando las disputas operativas reservadas a las eventuales acciones de regreso entre los intermediarios.

En este bendito país la hiperinflación no afecta exclusivamente los precios sino también las páginas de las sentencias judiciales. ¡Gracias al bendito copipegue las sentencias son cada vez más largas y a este paso pronto tendrán más de 100 páginas! Habría que obligarlos por ley a escribirlas a mano así tal vez dejarán de transcribir opiniones personales o fallos sin sentido, buscando un puro lucimiento personal.

¡No hacen falta 37 páginas para resolver un caso en el que la aerolínea no restituyó el precio de un vuelo cancelado!

La definitiva extinción del arraigo en el DIPr argentino y la eficacia verificatoria del laudo arbitral internacional reconocido

2026-09-02T10:00:00.000-03:00

La definitiva extinción del arraigo en el DIPr argentino y la eficacia verificatoria del laudo arbitral internacional reconocido

1. Introducción y relevancia jurídica

La sentencia dictada por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en los autos "GGM S.A. s/ Concurso preventivo s/ Incidente de revisión por Asics America Corporation" (27/08/2026) constituye una decisión emblemática en la intersección entre el Derecho Internacional Privado, el Derecho Concursal y el Arbitraje Comercial Internacional. El pronunciamiento consolida de forma categórica la operatividad del art. 2610 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) en la erradicación del arraigo y delimita con precisión el valor de la cosa juzgada emanada de un laudo arbitral extranjero con exequátur frente a las exigencias de investigación causal del crédito concursal.

2. Plataforma fáctica y antecedentes del litigio

En el marco del concurso preventivo de GGM S.A., la firma estadounidense Asics America Corporation promovió incidente de revisión para verificar una acreencia quirografaria por USD 6.579.285,50, originada en un Laudo Final dictado en 2017 por el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR), cuyo exequátur había sido previamente concedido y confirmado por la propia Cámara. La concursada opuso excepción de arraigo (art. 348, CPCCN) invocando que la acreedora carecía de domicilio y bienes en la República Argentina; alegó la extinción del crédito por una transacción colectiva posterior y reprochó la falta de examen causal de la deuda.

3. La definitiva derogación del arraigo y la igualdad de trato procesal (art. 2610, CCyCN)

La Cámara desestimó de plano la excepción de arraigo, ratificando que el art. 2610 del CCyCN derogó implícitamente tanto el art. 348 del CPCCN como todas las disposiciones provinciales análogas. La norma sustantiva consagra una directriz objetiva y universal de libre acceso a la jurisdicción en condiciones de estricta igualdad de trato entre residentes nacionales y foráneos, prohibiendo cualquier caución o depósito fundada en la ausencia de domicilio o bienes en el país. El Tribunal enfatizó que esta garantía ampara de pleno derecho a las personas jurídicas foráneas, sin que quepa condicionar su vigencia a la demostración de un obstáculo concreto de acceso a la justicia.

4. Interpretación restrictiva de la transacción y la pretendida cesión de créditos

Frente a la defensa de extinción por transacción, la Cámara recordó que, conforme al art. 1642 del CCyCN, la transacción es de interpretación restrictiva. Del examen del acuerdo invocado surgió que las partes se limitaron a contemplar el compromiso de suscribir a futuro un convenio separado sobre la cesión del crédito de Asics, instrumento que nunca se celebró. Por consiguiente, ante la falta de perfeccionamiento del consentimiento y de recíprocas concesiones sobre dicho objeto, no operó renuncia ni cesión alguna, desestimándose asimismo la imputación de vulneración a la doctrina de los propios actos.

5. La eficacia del laudo arbitral extranjero con exequátur y el examen de la causa concursal

Uno de los pasajes más relevantes radica en la armonización entre la doctrina del precedente "Collon Cura" de la CSJN (necesidad de investigar la causa del crédito en sede concursal) y los efectos de la cosa juzgada arbitral. La Sala D precisó que la exigencia de verificación causal está instituida en resguardo de la masa de acreedores (terceros ajenos al proceso individual), pero no puede ser invocada por el deudor concursado para desconocer la cosa juzgada dictada en su contra. Habiéndose sometido voluntariamente al arbitraje y garantizado el debido proceso —cuya regularidad ya fue zanjada en el exequátur—, el laudo arbitral firme resulta plenamente oponible a la concursada e impide reabrir en el concurso el debate sobre el incumplimiento y la cuantificación del daño.

La HCCH publica el Vol. XXVIII de The Judges' Newsletter on International Child Protection

2026-09-01T10:00:00.000-03:00

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) ha publicado el volumen XXVIII (Spring–Summer 2026) de su emblemático boletín judicial. Editado periódicamente por la Oficina Permanente, The Judges’ Newsletter constituye un canal especializado de diálogo, doctrina y jurisprudencia comparada dirigido a jueces, autoridades centrales y litigantes involucrados en la aplicación práctica de los convenios de protección de la niñez (en particular, los Convenios de La Haya de 1980 y 1996) y las actividades de la Red Internacional de Jueces de La Haya (IHNJ).

Contenido destacado del Vol. XXVIII

Esta entrega contiene el reporte de la 4.ª Reunión Global de la IHNJ celebrada en Singapur del 19 al 21 de mayo de 2025, y reúne las ponencias, debates y conclusiones de la Segunda Reunión de Expertos sobre el Fortalecimiento Continuo del Convenio de La Haya de 1980 (Universidad de Westminster, Londres, 4-5 de agosto de 2025). La Reunión de Expertos se articuló en torno a cuatro ejes neurálgicos para la práctica transfronteriza actual:

· Relocalización internacional (Relocation): Análisis de la tensión entre el interés superior del niño, el derecho de circulación del progenitor custodio y la preservación de los vínculos familiares (con aportes sobre el impacto en la identidad del menor bajo el art. 8 CDN y panoramas comparados de Inglaterra, Italia y la Declaración de Washington).

· Prevención de la sustracción: Respuestas multidisciplinarias que van más allá del litigio tradicional, explorando la Parenting Coordination, el uso de plataformas digitales seguras para la coparentalidad (como OurFamilyWizard) y la mediación internacional previa.

· Cuidado posterior (After-care): Aborda la etapa posterior a la orden de restitución o no retorno, subrayando la urgencia de acompañamiento psicosocial, apoyo a padres/madres afectados (iniciativas como los grupos MIPCAS) y el impacto del trauma en la reintegración del menor.

· Ejecución de resoluciones (Enforcement): Desafíos procesales en la ejecución de órdenes de restitución y medidas provisionales bajo normativas regionales (como el Reglamento Bruselas II ter) y legislaciones locales.

Para nuestra región reviste particular relevancia el artículo "International Child Protection and the Activities of the International Hague Network of Judges in Brazil", de coautoría de los jueces de enlace brasileños Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Inês Virgínia Prado Soares. El trabajo examina de primera mano las recientes actividades, buenas prácticas y desafíos de la Red Internacional de Jueces de La Haya en nuestro país vecino, brindando valiosas perspectivas sobre la cooperación judicial directa y la eficacia de los mecanismos convencionales en el ámbito sudamericano.

The Judges' Newsletter se encuentra licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) (la misma licencia bajo la cual se publica todo el contenido de DIPrArgentina.com).

Tanto este último número como todas las entregas anteriores pueden descargarse de manera libre y gratuita desde el sitio web oficial de la HCCH (www.hcch.net).

La tensión entre celeridad procesal, eficacia en la ejecución y el bienestar integral post-restitución del niño continúa redefiniendo la operatividad del Convenio de 1980.

¿Qué medidas de after-care o de mediación preventiva consideran más urgentes de implementar o fortalecer en la práctica judicial de nuestra región? Los invitamos a dejar sus comentarios y abrir el debate.

Autonomía del crédito documentario: un fallo 'salomónico' tras 26 años de pleito

2026-08-10T10:00:00.000-03:00

Autonomía del crédito documentario: un fallo 'salomónico' tras 26 años de pleito

1. Introducción y marco de la litis

El fallo dictado por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial el 5 de agosto de 2026 en la causa "Banco Central de la República Argentina c/ General Electro Music S.A. y otros s/ ordinario" ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre algunos aspectos del comercio internacional —en especial, la estructura compleja y la autonomía del crédito documentario—, al tiempo que invita a efectuar un severo llamado de atención sobre el funcionamiento del sistema judicial y la invisibilización del Derecho Internacional Privado.

La controversia se origina en siete créditos documentarios irrevocables y confirmados, abiertos durante los meses de mayo y junio de 1998 por la empresa argentina General Electro Music S.A. (ordenante) ante el Banco Mayo Coop. Ltdo. (banco emisor), destinados a financiar la importación de mercaderías provenientes de proveedores del exterior (Casio Computer Co. Ltd. de Japón y Sampo Technology Corp. de Taiwán). En dicha operatoria intervinieron como bancos confirmadores del exterior Total Bank of Miami (Estados Unidos) y Toronto Dominion Bank (Canadá).

2. Plataforma Fáctica y Vicisitudes Procesales

El iter fáctico revela un complejo entramado de reestructuración bancaria e insolventación que condicionó el proceso:

· Cumplimiento de la compraventa: Los bancos confirmadores extranjeros (Total Bank of Miami y Toronto Dominion Bank) verificaron los documentos de embarque, pagaron el precio a los vendedores en Japón y Taiwán, y la importadora General Electro Music S.A. recibió las mercaderías a entera satisfacción.

· Colapso del Banco Emisor: Antes de que Banco Mayo reembolsara a los bancos confirmadores los desembolsos efectuados, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la suspensión de sus operaciones y su reestructuración bajo el régimen del art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras (LEF, Res. 629/98), revocando posteriormente su autorización para funcionar (Res. 736/98).

· Separación de Activos y Pasivos: Las obligaciones de reembolso impagas de Banco Mayo frente a los bancos confirmadores extranjeros quedaron atrapadas en el pasivo de su liquidación/quiebra judicial. En cambio, los derechos de cobro del Banco Mayo contra la ordenante local (General Electro Music S.A.) por las financiaciones otorgadas fueron segregados como activos excluidos y transferidos al fideicomiso ACEX (administrado por Banco Comafi S.A.).

· Inicio de la Demanda (Año 2000): En junio del año 2000, Banco Comafi S.A. (como fiduciario) inició demanda ordinaria de cobro por U$S 242.678,48 contra General Electro Music S.A. y nueve (9) fiadores solidarios. Posteriormente, en 2012, tras el rescate de certificados de participación, el crédito fue cedido al BCRA, quien asumió la condición de actor en el litigio.

3. La Sentencia de Primera Instancia: El Enriquecimiento sin Causa

El juez de primera instancia dictó sentencia el 8 de abril de 2025 (¡25 años después de iniciada la demanda!), resolviendo rechazar la pretensión de cobro con costas a la actora.

Para fundar su decisión, si bien el a quo reconoció la legitimación activa del fideicomiso/BCRA por la exclusión de activos y constató la existencia de las financiaciones registradas en la contabilidad de la demandada, consideró determinante que la actora no probó que Banco Mayo hubiera reembolsado efectivamente a Total Bank of Miami las sumas abonadas a los beneficiarios. Bajo esa premisa, el juzgador concluyó que autorizar el cobro a favor del BCRA/Comafi sin previo reembolso al banco exterior configuraría un supuesto de enriquecimiento sin causa, privando de causa jurídica al reclamo.

4. El Pronunciamiento de la Cámara: La Autonomía del Crédito Documentario

Apelado el fallo por el BCRA, la Sala A de la Cámara Comercial (voto del Dr. Kölliker Frers, al que adhirió el Dr. Chómer) revocó íntegramente la sentencia de grado y admitió la demanda, condenando solidariamente a General Electro Music S.A. y a sus fiadores (e herederos) al pago de U$S 242.678,48 más intereses pactados al 15,5% anual desde la mora.

El argumento central de la alzada se basó en la autonomía de las relaciones jurídicas en el crédito documentario:

· Relaciones Independientes: El tribunal recordó que el crédito documentario articula vínculos jurídicos autónomos con sujetos, causa y objeto propios: (a) el contrato subyacente de compraventa; (b) la relación entre el ordenante y el banco emisor (relación de crédito y reembolso); y (c) la relación entre el banco emisor/confirmador y el beneficiario.

· Inextinguibilidad por Falta de Reembolso Interbancario: La Cámara sostuvo que el incumplimiento del banco emisor (Banco Mayo) de su obligación de reembolsar al banco confirmador (Total Bank) pertenece a la esfera de la liquidación de la entidad bancaria, y no puede proyectarse sobre la obligación del ordenante (General Electro Music S.A.) de restituir la financiación concedida.

· Causa Prestada y Causa Fin Cumplida: En tanto la finalidad perseguida por la importadora se satisfizo plenamente (obtuvo la mercadería y los exportadores cobraron), eximir a la deudora del pago implicaría consagrar un enriquecimiento incausado a su favor, permitiéndole conservar los bienes sin pagar el precio a ninguna de las partes intervinientes.

5. Análisis Crítico desde el Derecho Internacional Privado

I. PATOLOGÍA PROCESAL: UN PROCESO DE 26 AÑOS PARA UNA OPERACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Desde la perspectiva de las garantías sustanciales del comercio internacional y la tutela judicial efectiva (art. 18 CN y art. 8 CADH), resulta profundamente alarmante que un litigio comercial ordinario por el cobro de cartas de crédito iniciada en junio del año 2000 alcance sentencia definitiva de Cámara recién en agosto de 2026. Veintiséis (26) años de tramitación procesal desnaturalizan de manera absoluta la celeridad y seguridad jurídica que exigen las operaciones mercantiles internacionales. El transcurso de un cuarto de siglo no solo provocó el fallecimiento de codemandados e interrupciones por causas penales paralelas, sino que degrada el valor del crédito y la predictibilidad del fuero comercial argentino frente a operadores extranjeros.

II. OMISIÓN DOGMÁTICA: LA COMPLETA AUSENCIA DEL ANÁLISIS DEL DERECHO APLICABLE

El aspecto de mayor vulnerabilidad dogmática del fallo de la Cámara radica en la ausencia absoluta de un encuadre de Derecho Internacional Privado (DIPr) respecto del derecho aplicable a los contratos involucrados:

• Ausencia de Normas Conflictuales: El tribunal omitió categorizar la internacionalidad de la relación jurídica y no citó ni aplicó norma de conflicto alguna (ni del Código Civil de Vélez Sarsfield imperante al momento de traba de la litis —arts. 1209/1210—, ni del posterior Código Civil y Comercial de la Nación —arts. 2650 a 2653—).

• Omisión de las Reglas y Usos Uniformes (RUU 500 / CCI): Tratándose de cartas de crédito emitidas en 1998, la lex mercatoria codificada en las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios de la Cámara de Comercio Internacional (Publicación 500 de la CCI, vigentes al momento de los hechos) constituía la reglamentación sustantiva por excelencia. La Cámara no fundamentó el estándar de autonomía ni el régimen de reembolso en el articulado normativo de las RUU 500, ni resolvió la validez de la elección implícita o explícita de dichas reglas.

• Resolución ex aequo et bono / El Rey Salomón: Al prescindir del método conflictual e ignorar la fundamentación en el derecho aplicable a los contratos internacionales (p. ej., ley del lugar de cumplimiento de la obligación de reembolso, ley del banco emisor, o RUU/CCI), la Cámara resolvió el pleito basándose casi exclusivamente en principios abstractos de equidad, el sentido común de 'evitar el enriquecimiento de la importadora' y nociones genéricas de autonomía. La resolución adopta así los rasgos de un arbitraje de equidad (ex aequo et bono) o de un fallo de corte 'salomónico', donde se distribuyen las cargas y responsabilidades con un sentido pragmático de justicia material, pero carente de anclaje normativo iusinternacionalista.

6. Conclusión

El fallo en comento logra un resultado sustancialmente equitativo en el plano del derecho material al impedir que una empresa importadora retenga mercaderías importadas sin abonar la financiación bancaria contratada. Sin embargo, desde la doctrina del Derecho Internacional Privado, el fallo padece de fallas metodológicas severas.

El tratamiento de la autonomía del crédito documentario debió discurrir de manera rigurosa por el carril de las fuentes de la lex mercatoria y el derecho contractual internacional aplicable. La justicia tardía de 26 años de proceso, sumada al abandono de las normas conflictuales en favor de un razonamiento salomónico de equidad pura, demuestra las asignaturas pendientes del fuero mercantil al momento de juzgar relaciones comerciales transfronterizas.

¿Consideran justificable que los tribunales acudan directamente a normas internas, o a principios de equidad, secuestrando los casos y prescindiendo del análisis de DIPr, o entiendes que esta praxis debilita la seguridad jurídica internacional? ¡Te leo en los comentarios!

IV Jornadas de Actualización de Derecho Internacional Privado en la UBA

2026-06-19T10:00:00.000-03:00

IV Jornadas de Actualización de Derecho Internacional Privado en la UBA
Nos complace difundir la realización de las IV Jornadas de Actualización de Derecho Internacional Privado (DIPr), organizadas por el Departamento Derecho Privado II de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Dra. María Elsa Uzal. Las jornadas tendrán lugar mañana martes 23 de junio de 2026 de 14.30 a 20 h en el Salón Verde de la Facultad, y en modalidad híbrida.
Este destacado encuentro académico se presenta como una oportunidad invaluable para profesionales, magistrados y estudiantes interesados en profundizar sobre las problemáticas actuales y las tendencias recientes de nuestra disciplina.
El evento abordará los paneles y temáticas más relevantes de la agenda contemporánea del derecho internacional privado.

PANEL 1. Una mirada sobre temas de este tiempo

"Desafíos que presentan los supuestos de deepfakes transfronterizos: ¿es posible una justicia sin fronteras para rostros sin permiso?" por Rodrigo Laje.
“La regulación de las billeteras virtuales y el derecho de los usuarios financieros transfronterizos” por Flavia Andrea Medina.
“Activos digitales: algunas cuestiones de jurisdicción y derecho aplicable” por Alejandro Menicocci.

Presentación: Nina Lau
Moderación: Ricardo Antonio Pintos

PANEL 2. Cuestiones actuales de integración y cooperación internacionales

“Implicancias de Acuerdo Mercosur-Unión Europea en el DIPr.” por Alfredo Mario Soto.
“Órdenes de Protección desde una perspectiva regional a una multilateral” por Juan José Cerdeira.
“La instancia específica en las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales: procedimiento, alcance y eficacia.” por Leandro Moisés Lebensohn.

Presentación: Fátima Robledo
Moderación: Sergio Alejandro Reynoso

PANEL 3. Derecho de la niñez a la protección.

“Estado del arte en la intersección entre DIPr. y maternidad subrogada” por Úrsula Basset
“La protección internacional de la niñez: alcance y funcionamiento de la Convención de La Haya de 1996” por María Andrea Esparza
“Aportes de la Convención de La Haya de 1996 al DIPr. argentino” por María Susana Najurieta.

Presentación: Daniel Alejandro Campero
Moderación: Ricardo Kennedy

PANEL 4. Una mirada transversal sobre cuestiones iusprivatistas actuales.

“Hacia un derecho internacional de la restitución de obras de arte” por Juan Javier Negri.
“El art VI de la Convención de Nueva York (La facultad del juez del exequatur de aplazar el reconocimiento de un laudo extranjero)” por Roque J. Caivano
“Una reflexión sobre los Convenios partitivos en el DIPr.” por María Elsa Uzal

Presentación: Josefina Bongiovanni
Moderación: Ana Belén Zacur

Coordinación general: Dra. María Elsa Uzal

Equipo de Coordinación: Ana Belén Zacur, Leandro Lebensohn, Fátima Robledo, Nina Lau y Josefina Bongiovanni.

Acceso remoto con inscripción previa a: jornadasdeactualizacióndipr@gmail.com

Se entregarán certificados de asistencia. Actividad gratuita.

Para obtener más información sobre el programa cronológico, expositores e inscripciones, pueden acceder directamente al comunicado oficial de la Facultad a través del siguiente enlace: IV Jornadas de Actualización de DIPr - UBA.

¡Los invitamos a participar y sumarse al debate!

EL DIPR ARGENTINO DE FAMILIA AVANZA: SE APROBÓ EL CONVENIO DE LA HAYA DE 2007 SOBRE COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

2026-06-18T09:30:00.000-03:00

EL DIPR ARGENTINO DE FAMILIA AVANZA: SE PUBLICÓ LA LEY DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 2007 SOBRE COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

En el día de hoy, jueves 18 de junio de 2026, el Boletín Oficial de la República Argentina (N° 35.932) trajo una de las noticias más esperadas para el Derecho Internacional Privado de familia de nuestro país: la publicación de la Ley 27.806. A través de esta norma, sancionada por el Congreso de la Nación el pasado 20 de mayo de 2026 y promulgada de hecho el 12 de junio, la República Argentina ha aprobado formalmente el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, adoptado en la Ciudad de La Haya el 23 de noviembre de 2007.

Un reclamo histórico de la doctrina: el respaldo de la AADI

La aprobación de este instrumento no es un hecho fortuito, sino la concreción de un persistente trabajo y reclamo de la academia y la doctrina iusprivatista nacional. En particular, la Sección de Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI) había recomendado e instado explícitamente a esta adhesión en dos de sus máximos encuentros científicos nacionales:

· En el XXIX Congreso Argentino de Derecho Internacional (Mendoza, 2017): en la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de Carolina Iud y la relatoría de Nieve Rubaja, la Sección DIPr concluyó en su punto 16 la sugerencia explícita de considerar la adhesión a este Convenio de La Haya de 2007, remarcando la posibilidad de aprovechar la estructura de cooperación ya desarrollada por el Ministerio de Justicia de la Nación en aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución en el Extranjero de la Obligación de Prestar Alimentos, Nueva York, 1956.

· En el XXXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional (Pilar, 2025): Más recientemente, en las jornadas celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, la Sección DIPr reafirmó en su conclusión 15 que resultaba "esencial" que la República Argentina enriqueciera su acervo convencional a través de instrumentos protectores de personas vulnerables, ubicando al Convenio de Alimentos de La Haya 2007 entre los principales textos a incorporar.

Ventajas de la adhesión al Convenio de La Haya de 2007

El Convenio de 2007 viene a dar una respuesta superadora, ágil y eminentemente práctica a las dificultades que tradicionalmente enfrentan los acreedores de alimentos cuando el deudor se encuentra en el extranjero. Entre sus principales ventajas, podemos destacar:

1. Sistema Integral de Cooperación mediante Autoridades Centrales: Establece una red coordinada que facilita la tramitación interna y el enlace directo entre Estados.

2. Procedimientos accesibles y expeditivos: El texto impone a los Estados la obligación de tramitar los casos con celeridad y la utilización de medios de comunicación más rápidos y eficientes.

3. Asistencia Jurídica Gratuita: Consagra el principio de gratuidad o acceso preferente a la asistencia jurídica para las solicitudes de alimentos derivadas de relaciones paterno-filiales respecto de menores de 21 años, eliminando barreras económicas.

4. Amplio catálogo de medidas de ejecución: Facilita no solo el reconocimiento de las decisiones, sino su efectiva ejecución mediante herramientas internas como la retención de salarios, embargos de cuentas bancarias y restricciones de licencias, entre otras.

Complementariedad convencional: un blindaje para el interés superior del menor

La incorporación de este texto normativo no desplaza de forma aislada las herramientas vigentes, sino que perfecciona el ecosistema de protección de menores en la esfera internacional. El propio preámbulo del Convenio invoca de manera expresa la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y su mandato de resguardar el interés superior del menor.

En lo que respecta a las relaciones entre los Estados parte, el Convenio de 2007 sustituye a la histórica Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución en el Extranjero de la Obligación de Prestar Alimentos (Nueva York, 1956) en la medida en que sus ámbitos de aplicación coincidan. Esto representa una ventaja cualitativa inmensa: se conserva y aprovecha la experimentada estructura institucional de cooperación que nuestro país ya posee bajo la órbita del Ministerio de Justicia en el marco de Nueva York 1956, pero se la dota de los mecanismos modernos, tecnológicos y rigurosos que ofrece la Conferencia de La Haya.

Asimismo, este convenio dialoga y se complementa armónicamente con otros instrumentos de La Haya de los que la Argentina ya forma parte —como los relativos a la restitución internacional de menores o protección de niños—, y con las redes de asistencia jurídica gratuita de bloques regionales como el MERCOSUR. El resultado es una malla protectora mucho más densa frente al incumplimiento alimentario transfronterizo.

Conclusión: el paso definitivo

Celebramos con gran entusiasmo desde este espacio la publicación de la Ley 27.806. El paso legislativo interno está cumplido. No obstante, para que los ciudadanos y los operadores jurídicos puedan invocar y beneficiarse efectivamente de estas soluciones en el plano internacional, es urgente que el Poder Ejecutivo complete el iter internacional.

Por ello, concluyendo esta reseña, instamos a las autoridades correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a proceder con un pronto depósito del instrumento de adhesión ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, a fin de poner en vigor de manera definitiva este convenio fundamental para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

💬 ¡Queremos conocer tu opinión!

La implementación de este Convenio abre un nuevo paradigma en la práctica forense del DIPr en Argentina. Como operadores del derecho, académicos o estudiantes:

· ¿Considerás que las estructuras administrativas actuales de nuestro país están preparadas para la celeridad y digitalización que exige el Convenio de La Haya de 2007?

· ¿Qué desafíos prácticos anticipás en la articulación entre las Autoridades Centrales y los poderes judiciales locales?

Dejanos tu comentario abajo y compartí tu perspectiva técnica.

Calentando motores! Jornada preparatoria hacia el XXXVII Congreso Argentino de Derecho Internacional

2026-06-16T10:30:00.000-03:00

Calentando motores para el XXXVII Congreso Argentino de Derecho Internacional

La cuenta regresiva ya está en marcha. A menos de tres meses del inicio del XXXVII Congreso Argentino de Derecho Internacional, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2026 en Córdoba, la comunidad iusinternacionalista comienza a transitar la recta final de preparación de uno de los encuentros académicos más importantes del año.

En ese marco, la Sección Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional organizó el pasado 9 de junio una Jornada Preparatoria, destinada a presentar y debatir los principales ejes temáticos que serán objeto de análisis durante el Congreso.

Para quienes no pudieron participar o deseen repasar los conceptos abordados, compartimos la grabación completa del encuentro:

📺 Jornada Preparatoria de la Sección DIPr (9 de junio de 2026)
https://www.youtube.com/watch?v=SKsObFh_jzo&t=2s

Nueva cita preparatoria: 18 de junio

Asimismo, invitamos a participar de la Jornada Preparatoria hacia el XXXVII Congreso, organizada conjuntamente por la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI) y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que tendrá lugar el próximo 18 de junio, a partir de las 9:30 hs., en la Sala 3 – Hall Central, 1.º Piso de la Facultad. La actividad se desarrollará en modalidad híbrida.

La participación requiere inscripción previa a través del siguiente enlace:

👉 https://cursos.derecho.unc.edu.ar/

En esta oportunidad, la relatora de la Sección , Dra. Paula M. All, expondrá los lineamientos centrales del pre-relato correspondiente al tema de debate de este año:

“El derecho no estatal y su incidencia en las relaciones privadas internacionales. Avances, interacciones, tensiones y desafíos”.

Además de la exposición de la Dra. Paula M. All, la jornada contará con la participación de destacados relatores de las distintas secciones de la AADI. Intervendrán Jorge Fernández Reyes, con una presentación sobre la naturaleza jurídica del Derecho del Mercosur; Beatriz Baroni, quien abordará la movilidad internacional y los nuevos desafíos de la enseñanza; Guillermo Villalba, con el pre-relato de las Secciones de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales; y María Sofía Sagüés, quien expondrá acerca de los avances y desafíos actuales del control de convencionalidad y su aplicación en el derecho argentino, a veinte años del caso Almonacid Arellano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde DIPr Argentina continuaremos acompañando y difundiendo las actividades preparatorias del Congreso, con el convencimiento de que estos espacios de intercambio contribuyen al fortalecimiento y desarrollo del Derecho Internacional Privado en nuestro país y en la región.

Finalmente, renovamos la invitación a toda la comunidad académica y profesional vinculada al Derecho Internacional a participar activamente del XXXVII Congreso Argentino de Derecho Internacional, no solo como asistentes sino también mediante la presentación de ponencias y comunicaciones. El Congreso constituye una oportunidad privilegiada para compartir investigaciones, intercambiar experiencias y contribuir al desarrollo de las distintas ramas del Derecho Internacional en un ámbito de diálogo federal, plural y de excelencia académica.

Entrada en vigencia de las nuevas Reglas de Arbitraje de la CCI 2026

2026-05-25T10:00:00.000-03:00

Entrada en vigencia de las nuevas Reglas de Arbitraje de la CCI 2026: Una apuesta por la eficiencia y la transparencia

El 1 de junio de 2026 entrarán en vigor las nuevas Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Estas modificaciones han sido diseñadas con el propósito de mejorar la eficiencia y la claridad de la práctica arbitral, asegurando que el arbitraje de la CCI continúe satisfaciendo las necesidades cambiantes de los usuarios a nivel mundial, todo ello sin perder la flexibilidad que lo caracteriza.

Para comprender el impacto de estas reglas, resulta pertinente recordar el rol fundamental que desempeña la institución. La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI es un órgano administrativo encargado de asegurar que los arbitrajes de la CCI se lleven a cabo de estricta conformidad con las Reglas. Es crucial destacar, porque es un error común, que la Corte no resuelve las controversias por sí misma. Por el contrario, su función primordial es administrar la resolución de disputas por parte de los tribunales arbitrales, siendo el único organismo autorizado para este fin, lo que incluye la vital tarea del escrutinio y la aprobación de los laudos. Además, opera como un cuerpo autónomo que lleva a cabo sus funciones con completa independencia de la CCI y de sus otros órganos.

La importancia de las nuevas Reglas de 2026 radica en una serie de enmiendas sustanciales que agilizan los procedimientos, apoyan el manejo efectivo de los casos y salvaguardan la integridad del proceso. Entre las reformas de actualidad más destacadas para nuestra práctica profesional, subrayamos las siguientes:

Disposiciones de Arbitraje Altamente Abreviado (Highly Expedited Arbitration): Se introduce un procedimiento innovador que, siempre y cuando todas las partes lo acuerden expresamente, permite la resolución de disputas por un árbitro único en un plazo de tres meses contados desde la conferencia inicial sobre la conducción del procedimiento, independientemente del monto en disputa.
Ampliación del Procedimiento Abreviado (Expedited Procedure): Para aquellos acuerdos de arbitraje celebrados a partir del 1 de junio de 2026, el umbral para la aplicación automática de las disposiciones del procedimiento abreviado se ha incrementado a US$ 4.000.000, reconociendo la probada eficiencia que estas reglas han aportado desde su introducción en 2017.
Determinación Anticipada (Early Determination): Se consagra formalmente un proceso que faculta a cualquier parte a solicitar la desestimación temprana de demandas o defensas, argumentando que carecen manifiestamente de mérito jurídico o que exceden manifiestamente la jurisdicción del tribunal arbitral, siendo una herramienta procesal muy útil para la rápida disposición de ciertos conflictos.
Mayor transparencia y estrictos deberes de revelación: Para asistir a los árbitros en sus obligaciones de revelar cualquier conflicto de interés, las nuevas reglas exigen imperativamente a las partes proporcionar listas de personas y entidades relevantes al caso, así como informar sobre la existencia y la identidad de cualquier tercero financiador (third-party funding) que tenga un interés económico en el resultado del arbitraje. Toda duda de un árbitro sobre si debe declarar un hecho debe resolverse siempre a favor de su revelación.
Simplificación del procedimiento: Se refuerza el papel clave de la conferencia inicial sobre la conducción del procedimiento y se elimina el histórico requisito de establecer un Acta de Misión (Terms of Reference), aunque se mantiene la opción de utilizarla como herramienta si el tribunal y las partes lo consideran útil. Adicionalmente, se han ajustado los procesos para fijar los plazos del laudo final, otorgando mayor previsibilidad a las partes.
Árbitro de Emergencia: Se han refinado las disposiciones relativas al árbitro de emergencia para adaptarlas a la práctica actual, reconociendo de manera expresa la posibilidad de solicitar y dictar órdenes preliminares ex parte para evitar que se frustre el propósito de las medidas solicitadas.

Desde DIPr Argentina, consideramos que estas reformas posicionan a la CCI a la vanguardia de la resolución de disputas globales, respondiendo a los reclamos del mercado por procedimientos más rápidos, predecibles y transparentes. Los invitamos a estudiar en profundidad el texto de estas nuevas disposiciones en sus futuras negociaciones contractuales.

Matrimonio Extranjero en Sucesiones: ¿Es Obligatoria la Inscripción en Argentina?

2025-10-30T10:00:00.001-03:00

Matrimonio extranjero y su reconocimiento en el sucesorio – Comentario al fallo “Arena, Javier Francisco Antonio s/sucesion ab-intestato”

El reciente fallo de la Cámara Civil – Sala F de la Capital Federal aborda una cuestión recurrente en el Derecho Internacional Privado argentino: el reconocimiento de un matrimonio celebrado en el extranjero dentro de un proceso sucesorio en Argentina.

El caso se inicia con el sucesorio ab-intestato de Javier Francisco Antonio Arena. Una de las presentantes, la Sra. Gladys María Balarezo Balarezo, se presenta manifestando ser la cónyuge del causante, aportando una partida de matrimonio celebrada en la República del Perú el 21 de enero de 1988, debidamente apostillada.

La Decisión de Primera Instancia

La Jueza de primera instancia (Juzgado Civil nº 94) dispuso en el punto IX de su providencia que, en base al art. 77 de la Ley 26.413 (Ley de Registro Civil y Capacidad de las Personas) y el art. 2622 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), debía procederse a la inscripción de la partida de matrimonio celebrado en Perú en el Registro Civil argentino.

La Resolución de la Cámara

La Sra. Balarezo Balarezo interpuso un recurso de apelación, argumentando que la inscripción del acta de matrimonio extranjero no es obligatoria para reputarlo válido en Argentina.

La Sala F de la Cámara Civil, con el dictamen favorable del Fiscal de Cámara, revocó la providencia recurrida. El Tribunal sostuvo que la previa inscripción del Acta de Matrimonio en el Registro argentino no resulta necesaria para que el vínculo "surta efectos jurídicos en Argentina".

· El Tribunal basó su decisión en que la ley del lugar de celebración (Perú en este caso) determina la existencia, validez, y prueba del matrimonio, conforme al art. 2622 del CCyCN.

· Además, interpretó que el uso del vocablo “Podrán” en el art. 77 de la Ley 26.413 implica que la registración de matrimonios extranjeros es facultativa y no obligatoria para las partes, máxime cuando no existe norma de orden público que impida su reconocimiento.

La sentencia del Tribunal es acertada en su conclusión de revocar la obligatoriedad de la inscripción. Sin embargo, es crucial señalar un aspecto metodológico en la fundamentación que parece obviar la jerarquía normativa vigente en nuestro ordenamiento.

El Tribunal menciona en su sentencia:

1. Art. 2622 del CCyCN: Que establece la regla general Locus Regit Actum (ley del lugar de celebración) para la capacidad, forma, existencia y validez del matrimonio.

2. Art. 77 de la Ley 26.413: Que utiliza el término "Podrán registrarse," lo que el Tribunal interpreta como una facultad, no una obligación.

3. Los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940: Menciona que ambos tratados (sólo el de 1889 fue ratificado por Perú) aplican la misma regla del Locus Regit Actum para la capacidad, forma, existencia y validez del matrimonio.

Aquí radica el punto crítico. Si bien la Sala F, citando al dictamen fiscal, advierte la existencia de los Tratados de Montevideo (fuentes convencionales), a cuyos fundamentos se remite en apoyo de la regla de Locus Regit Actum, su análisis se centra principalmente en la interpretación del art. 77 de la Ley 26.413 y el art. 2622 del CCyCN (fuentes internas).

Resulta cuestionable la falta de precisión del tribunal. Esta genérica referencia a los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, sin más aclaraciones, evidencia la ignorancia del tribunal en el tema, ya que estamos frente a dos grupos de ocho tratados y un protocolo adicional cada uno. De esos dieciocho tratados, solamente uno de ellos resultaba aplicable al caso concreto, el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889.

· Conforme al Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales (como los de Montevideo) tienen jerarquía superior a las leyes internas (como la Ley 26.413 y el propio CCyCN).

· Al existir un tratado ratificado por ambos países (Argentina y Perú) que resuelve la cuestión de la validez del matrimonio extranjero, la Corte debió haber analizado y aplicado el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 en primer término para dirimir el conflicto de leyes, y solo de forma subsidiaria o complementaria acudir al derecho interno aplicable.

La remisión a la ley interna (art. 2622 CCyCN) y su concordancia con el Tratado, si bien arroja el mismo resultado, minimiza la importancia de la fuente convencional y la primacía de los tratados en el ámbito del DIPR. Este enfoque, al no aplicar el principio de prelación de forma explícita y prioritaria, debilita la fundamentación desde una perspectiva estrictamente internacionalprivatista.

💡 Conclusión

El fallo “ARENA, JAVIER FRANCISCO ANTONIO /SUCESION AB-INTESTATO” es un valioso precedente que confirma la postura argentina de reconocimiento automático del matrimonio celebrado en el extranjero bajo la ley del lugar (art. 2622 CCyCN y Tratados de Montevideo), siempre que no medien impedimentos de orden público internacional, y elimina la inscripción registral como un requisito de validez o eficacia. Sin embargo, el Tribunal debe ser más riguroso en el análisis de las fuentes y en la aplicación de la jerarquía normativa establecida en nuestra Constitución Nacional para robustecer el análisis en futuras decisiones de DIPR.

Actualidad del orden público internacional argentino. La paradoja de un matrimonio brasileño con impedimento de ligamen que torna nula una segunda boda argentina entre las mismas partes.

2025-10-22T10:00:00.001-03:00

Comentario al Fallo “C., H. R. c/ F. G., N. s/NULIDAD DE MATRIMONIO” (CNCiv., Sala K, 09/10/2025) publicado hoy en Fallos DIPr.

El reciente pronunciamiento de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en autos “C., H. R. c/ F. G., N. s/NULIDAD DE MATRIMONIO” (09/10/2025), si bien no establece una doctrina novedosa en Derecho Internacional Privado y Derecho de Familia, ratifica y consolida la línea jurisprudencial forjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a partir de la sanción de la Ley N° 23.515. Este fallo ofrece una excelente oportunidad para reflexionar sobre la consolidación de los matrimonios celebrados en el extranjero con impedimento de ligamen, y su vinculación con el concepto de actualidad del orden público internacional.

I. Análisis de los Hechos y las Soluciones de Primera y Segunda Instancia

El caso sometido a la consideración del Tribunal presenta una complejidad fáctica común en las situaciones de derecho transitorio matrimonial argentino. Los señores H. R. C. y N. F. G. habían contraído un primer matrimonio en Argentina con otras personas, respectivamente, bajo la Ley N° 2393, la cual no admitía la disolución vincular.

Los hechos cronológicos esenciales son:

Primeros Matrimonios y Separaciones Personales: La Sra. F. G. y su primer cónyuge obtuvieron sentencia de separación personal (art. 67 bis Ley 2.393) el 22 de abril de 1981. El Sr. C. y su primera cónyuge obtuvieron su separación personal (art. 67 bis Ley 2.393) el 24 de noviembre de 1980. En ambas fechas, el impedimento de ligamen argentino subsistía plenamente.
Matrimonio Extranjero (Brasil, 1981): El 23 de febrero de 1981, H. R. C. y N. F. G. contrajeron matrimonio en el Estado de Río Grande Do Sul, República Federativa de Brasil.
Obtención del Divorcio Vincular Argentino: Con posterioridad, y bajo la Ley N° 23.515 (sancionada en 1987), ambos obtuvieron la conversión de sus primeras separaciones en divorcio vincular (sentencias inscriptas en 1988).
Segundo Matrimonio Argentino (1989): Luego de recuperar la aptitud nupcial en Argentina, se casaron nuevamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de julio de 1989.

La controversia se centró en la validez del matrimonio de 1981 (Brasil) y, consecuentemente, en la nulidad del matrimonio de 1989 (Argentina), planteada en la instancia inicial. La Sra. F. G. (demandada y recurrente en la Cámara) buscó la invalidez del matrimonio brasileño, argumentando que el posterior casamiento en Argentina lo había invalidado, o que la falta de inscripción en el país le restaba efectos. Además, sostuvo que reconocer la validez retroactiva del matrimonio de 1981 convalidaría un acto celebrado en fraude a la ley argentina y afectaría sus derechos patrimoniales (al cambiar el régimen de bienes).

Es fundamental destacar que la inscripción de un matrimonio celebrado en el extranjero en los registros argentinos no es un requisito indispensable para su validez o para que despliegue efectos en nuestro país. El art. 77 de la Ley 26.413 utiliza el vocablo "podrán" al referirse al registro de estos certificados, lo que indica que, en principio, la inscripción es voluntaria. Como bien ha señalado la jurisprudencia y la doctrina (para ampliar ver “La validez de los matrimonios celebrados en el extranjero no requiere la registración en el país”, Rubaja, Nieve - Iud, Carolina D., RDF 2023-V, 77), la validez de los matrimonios extranjeros se rige por la ley del lugar de celebración y no requiere su registración en Argentina para ser reconocido. Esto se sustenta en el principio del favor matrimonii y en la necesidad de proteger derechos humanos como el de acceso a la justicia y a conformar una familia, evitando que la inscripción se convierta en un fin en sí mismo o en un obstáculo irrazonable. De idéntica manera, la inscripción del matrimonio argentina en España, tampoco lo torna en válido.

La solución de Primera Instancia fue contundente: Se declaró la validez del matrimonio celebrado en Brasil en 1981 y, como consecuencia necesaria de la subsistencia de ese vínculo, se declaró nulo de nulidad absoluta el matrimonio contraído por las mismas partes en 1989 en Argentina por impedimento de ligamen.

La Sala K (Segunda Instancia) confirmó íntegramente este criterio. La Cámara rechazó la pretensión de la demandada de desconocer la validez del matrimonio brasileño. La Sala K sostuvo que la validez del acto matrimonial, una vez celebrado ante un funcionario público, no depende de la voluntad de las partes, sino de las disposiciones legales que regulan su validez y vigencia, las cuales se confrontan con el orden público interno. Desestimó asimismo la alegación de falta de inscripción del matrimonio extranjero en Argentina como causa de invalidez, afirmando que lo relevante es si el acto se efectivizó.

El fundamento central de la confirmación radica en el criterio de actualidad del orden público internacional. Siguiendo la doctrina de la CSJN ("Zapata", "Boo"), la Cámara Civil reafirmó que la Ley 23.515, al introducir la disolubilidad del vínculo, modificó el orden público, llevando a que el orden jurídico argentino carezca de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero antes de su vigencia, incluso si en ese momento mediaba impedimento de ligamen.

II. El Matrimonio Extranjero para Quienes Carecían de Divorcio Vincular y la Respuesta Jurisprudencial

Fraude a la Ley y la Indisolubilidad del Vínculo

Antes de la Ley N° 23.515 (junio de 1987), el Derecho de Familia argentino se caracterizaba por el principio de indisolubilidad del vínculo matrimonial. Si bien la Ley 2393 permitía la separación personal (a partir de la reforma del Decreto Ley 17.711/1968, como el Art. 67 bis), este estado civil no confería a los cónyuges la aptitud nupcial para contraer nuevas nupcias. El matrimonio anterior no disuelto legalmente constituía el impedimento de ligamen (Art. 166 inc. 6° del Código Civil).

Ante esta restricción de orden material en Argentina, era una práctica habitual que personas separadas personalmente (y por lo tanto impedidas de volver a casarse en el país) viajaran al extranjero (especialmente a países vecinos como Paraguay o Brasil, o a México) donde la ley local permitía la celebración del matrimonio (por aplicación del principio lex loci celebrationis, Art. 159 C.C.). Los contrayentes buscaban revestir su unión concubinaria de una "formalidad aparente" a pesar del impedimento subsistente en Argentina.

Esta maniobra se conceptualizó en el Derecho Internacional Privado como fraude a la ley: la efectiva realización de actos válidos aisladamente (matrimonio en el extranjero) con la intención deliberada (animus) de sustraerse a una norma prohibitiva argentina (el impedimento de ligamen).

La Evolución de la Solución Jurisprudencial: Del Desconocimiento a la Actualidad del Orden Público

Históricamente, la jurisprudencia y la doctrina adoptaron diversas posturas para negar eficacia a estos matrimonios.

Ineficacia Territorial/Desconocimiento de Efectos: Durante la vigencia de la Ley 2393, la postura predominante, sostenida por la CSJN en "Rosas de Egea" (1969) y ratificada por Plenarios de Cámaras, era la del desconocimiento de los efectos del matrimonio extranjero en territorio argentino. Esta teoría sostenía que, aunque el acto fuera válido según la lex loci celebrationis, las autoridades nacionales podían negarle extraterritorialidad si se oponía a principios sustanciales de orden público interno e internacional (la indisolubilidad). Esta postura permitía desconocer los efectos del matrimonio sin necesidad de promover una acción de nulidad.
El Giro con la Ley 23.515: La sanción de la Ley N° 23.515 en 1987, que admitió el divorcio vincular, provocó una alteración sustancial en la concepción del orden público internacional argentino. El principio de indisolubilidad perdió vigencia como valor esencial a proteger.
El Criterio de Actualidad: La Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó la cuestión con precedentes fundamentales como "Solá" (1996), "Zapata" (2005) y "Boo" (2010), estableciendo el criterio de actualidad del orden público. Este criterio obliga a apreciar el orden público al momento de dictar la sentencia (y no al momento de la celebración del matrimonio o de los hechos).
La Solución Consolidada: Con la Ley 23.515, y bajo el criterio de actualidad, la conclusión es que el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero en tales condiciones (mediando impedimento de ligamen).

Esta solución se basa en que, al permitir la Ley 23.515 la disolución del vínculo no solo para el futuro, sino también la conversión de sentencias de separación en divorcio vincular (Art. 8, Ley 23.515), se subsana el obstáculo legal que existía al momento de la celebración del matrimonio extranjero. La consecuencia práctica, como se ve en el fallo "CHR c FGN", es que el matrimonio extranjero celebrado en fraude a la ley es reconocido como válido en Argentina, por lo que cualquier unión posterior celebrada en el país, como el matrimonio de 1989 en el caso comentado, resulta nulo por impedimento de ligamen.

Invocan el Convenio de Montreal 1999 para juzgar un Viaje Cancelado en Buquebús

2025-10-08T10:00:00.001-03:00

Una sentencia reciente de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de octubre de 2025, aborda la responsabilidad del transportista marítimo por la cancelación de un viaje internacional de pasajeros en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Este fallo, si bien logra una reparación económica para la consumidora, plantea serias objeciones metodológicas en su abordaje del Derecho Internacional Privado y la aplicación de la normativa especial de transporte.

Análisis Breve de los Hechos del Caso y la Solución Brindada

Hechos: La señora Ana Malena Moreno adquirió tres pasajes a través de la web de Los Cipreses S.A. (BUQUEBUS) el 22 de febrero de 2020, para un viaje de ida y vuelta entre Buenos Aires y Uruguay, programado del 21 al 24 de marzo de 2020. El viaje se frustró debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno argentino (Decreto N° 260/20 del 12 de marzo de 2020) que impedía la salida del país por el COVID-19. La demandada procedió a una devolución parcial ($16.552), aplicando una quita del 30% y sin reconocer intereses, lo cual ocurrió más de dos años después de la cancelación. La actora inició la demanda buscando el reintegro actualizado del valor de los pasajes, más daños patrimoniales, daño moral y una cuantiosa multa por daño punitivo.

Solución Brindada: El Tribunal de Alzada, al revisar la sentencia de primera instancia, procedió a una solución mixta:

1. Daño Patrimonial (Reintegro del Pasaje): Se confirmó la condena a la demandada a pagar la suma necesaria para adquirir tres pasajes esencialmente similares a los adquiridos originalmente, deduciendo el importe ya reintegrado. El Tribunal consideró justificada la actualización del valor debido al contexto de alta inflación. Los intereses se computarían desde la fecha en que se coticen los pasajes y hasta el pago efectivo, a la tasa activa del Banco Nación, para evitar un enriquecimiento sin causa.

2. Daño Moral: Se revocó el monto concedido en primera instancia, determinando que, en materia contractual y en este caso particular, no se logró probar una lesión extrapatrimonial que excediera la mera contrariedad o disgusto razonablemente derivado de la cancelación del viaje, máxime si esta se produjo por una razón de fuerza mayor (pandemia COVID-19).

3. Daño Punitivo: Se rechazó el rubro, argumentando que si bien existió un incumplimiento objetivo por la demandada, no se configuró el elemento adicional de reprochabilidad (dolo, culpa grave o menosprecio por los derechos) requerido por el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. La conducta no fue considerada "objetivamente descalificable, imprudente o negligente de tal entidad" dado el contexto de la emergencia sanitaria.

Crítica a la Mención y Aplicación de Convenciones Internacionales

El fallo, en su esfuerzo por delimitar el marco normativo, incurre en una confusión o, al menos, en una falta de claridad respecto a las fuentes internacionales aplicables al transporte marítimo internacional de pasajeros.

Resulta inexacto, e incomprensible, que la parte actora, al plantear su apelación, haya necesitado descartar la aplicación del Convenio de Montreal. Si bien la sentencia no lo aplica, el hecho de que se mencione en el litigio demuestra una confusión elemental, ya que el Convenio de Montreal de 1999 (Convención para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional) regula exclusivamente el transporte aéreo internacional, siendo completamente ajeno al transporte marítimo, objeto del contrato en cuestión. La jurisprudencia debe ser rigurosa al definir sus fuentes normativas y excluir cualquier referencia que genere ambigüedad o error en cuanto a la rama del derecho aplicable.

Por otro lado, la Sala II declara formalmente que el contrato se encuentra alcanzado por la Ley de Navegación N° 20.094, la normativa consumeril, y crucialmente, el Convenio de Atenas de 1974 sobre el transporte de pasajeros y sus equipajes por mar. A pesar de esta mención, el tribunal no realiza ningún análisis posterior sobre las disposiciones del Convenio de Atenas ni lo aplica en la fundamentación de su decisión. Este Convenio establece el régimen de responsabilidad del transportista marítimo por lesiones, muerte y daños al equipaje, e incluso define cuándo comienza y termina el "transporte".

Precisamente, tratándose de un transporte que fue cancelado antes de iniciar el embarque y debido a un impedimento de fuerza mayor ajeno al buque, la aplicación directa del régimen de responsabilidad del Convenio de Atenas es dudosa, ya que sus disposiciones sobre responsabilidad se centran en el perjuicio ocurrido "durante la realización del transporte". El "transporte" para el pasajero, según el Convenio de Atenas, no incluye el período en que se encuentra en una terminal o muelle. Por ende, si bien la cancelación no está cubierta por la responsabilidad típica del Convenio de Atenas (que se enfoca en siniestros durante el viaje), la Sala debería haber analizado si existía alguna disposición aplicable al incumplimiento contractual per se, o justificar por qué se desplazaba completamente al derecho de consumo para resolver las consecuencias de la frustración del contrato. Al omitir este análisis, la mera cita del Convenio de Atenas queda vacía.

Crítica a la Falta de Análisis de Derecho Internacional Privado

La sentencia incurre en una crítica metodológica fundamental para el Derecho del Transporte Internacional al aplicar directamente derecho de fondo argentino (Ley de Navegación, Código Civil y Comercial, Ley de Defensa del Consumidor) sin realizar previamente ningún análisis de Derecho Internacional Privado (DIP).

El contrato de pasaje en cuestión es un transporte internacional, con punto de partida en Buenos Aires (Argentina) y destino en Uruguay. Esta naturaleza internacional exige que el tribunal argentino, como forum, determine, mediante sus propias normas de conflicto, cuál es la ley de fondo aplicable al contrato (si la ley argentina, la uruguaya o un tercer ordenamiento).

Resulta incomprensible que se ignore la aplicación al caso del Tratado de Montevideo de 1940 sobre Derecho de Navegación Comercial Internacional que regula específicamente el transporte de personas. Este tratado, aplicable al caso, establece que el transporte internacional se rige por la ley del lugar de ejecución (y aclara que se entiende por lugar de ejecución el del puerto de la descarga de las mercaderías o desembarque de las personas).

El tribunal, al limitarse a citar fuentes normativas argentinas y las convenciones ratificadas por Argentina, omite determinar formalmente la ley aplicable mediante las normas de conflicto. Esta omisión de un ejercicio de DIP puede ser vista como una aplicación simplificada del ius fori (ley del foro), lo cual es inadmisible en el ámbito del transporte internacional, donde la ley aplicable no puede presumirse automáticamente como la ley argentina solo porque el caso se tramita en Buenos Aires. Un análisis riguroso de DIP es esencial para garantizar la coherencia y predictibilidad en las relaciones comerciales transfronterizas.

¡19 años de DIPr Argentina!

2025-10-07T10:00:00.004-03:00

El 5 de octubre de 2006 nació este espacio que, con el tiempo, se convirtió en un punto de encuentro para quienes se interesan por el Derecho Internacional Privado. Estamos cumpliendo 19 años ininterrumpidos de publicaciones y no podemos dejar pasar la ocasión sin celebrarlo.

Un camino recorrido

En estos años publicamos miles de entradas: fallos, comentarios, reflexiones, reseñas de libros, congresos y actividades académicas. Lo que empezó como un proyecto casi personal se transformó en una comunidad donde estudiantes, docentes, profesionales y curiosos encuentran materiales actualizados y accesibles.

La constancia fue siempre un desafío: mantener el ritmo, verificar información, actualizar jurisprudencia y, sobre todo, sostener el estilo claro y didáctico que buscábamos desde el inicio.

Aprendizajes y logros

Consolidamos una base jurisprudencial de acceso libre, que crece día a día.
Nos transformamos en fuente de consulta para investigadores, docentes, abogados, judiciales y estudiantes de la región.
Generamos un espacio que conecta el derecho con la realidad, con ejemplos concretos y casos relevantes.

El futuro

Miramos hacia adelante con el mismo entusiasmo. Queremos seguir ampliando el alcance del blog, incorporar nuevas herramientas digitales y mantenernos como referencia en la materia. Lo esencial, sin embargo, será siempre lo mismo: compartir y difundir el Derecho Internacional Privado con pasión y compromiso.

Gracias a quienes nos acompañaron en estos 19 años —leyendo, comentando, compartiendo o simplemente visitando—. El blog es también de ustedes.

¡A soplar las velas por los 19 años de DIPr Argentina!

A Rusia con amor: la CSJN rechaza el artilugio dilatorio del refugio en la restitución internacional

2025-10-06T10:00:00.002-03:00

La Corte Suprema confirmó la restitución de dos niños a la Federación Rusa, pese a una solicitud de refugio pendiente en la CONARE. El fallo reafirma la autonomía del Convenio de La Haya de 1980 y la interpretación restrictiva de las excepciones, prioriza el interés superior de los menores sin desatender la protección internacional de los refugiados.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 23 de septiembre de 2025 en el caso "K., V. A. c/ P., A.", que desestimó los recursos extraordinarios presentados contra la orden de restitución inmediata de los menores M.A.P. y V.A.P. a la Federación Rusa, constituye un valioso precedente que reafirma los principios fundamentales en la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980 (CH 1980).

El caso, originado en el Juzgado de Villa Carlos Paz, Córdoba, y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, versó sobre la restitución de dos niños rusos, M.A.P. (8 años) y V.A.P. (6 años), cuya residencia habitual fue establecida en Moscú, Federación Rusa, inmediatamente antes de ser trasladados por su padre, A. P., en marzo de 2022, primero a Turquía y luego a Argentina en septiembre de 2023.

Análisis de las Excepciones Clave

La defensa del progenitor se centró, como es habitual en estos procesos, en las excepciones taxativas previstas por el CH 1980, que deben ser interpretadas de manera restrictiva. Las instancias judiciales argentinas realizaron un escrutinio riguroso.

Grave Riesgo por Conflicto Bélico (Art. 13.b CH 1980): El padre alegó la existencia de un riesgo grave para la integridad física y psíquica de los niños debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Los tribunales argentinos rechazaron esta excepción al determinar que el riesgo invocado era de índole genérica y no se probó un peligro concreto en la ciudad de Moscú, centro de vida de los menores. Se destacó que Moscú se encontraba a una distancia considerable de las zonas de operaciones bélicas (1400 km de Ucrania, según la progenitora). El rechazo se alineó con la Guía de Buenas Prácticas de La Haya, que exige que el enfoque sea en el impacto específico sobre el niño y no en la situación general del Estado.
Plazo y Arraigo (Art. 12 CH 1980): El padre alegó el transcurso del plazo máximo de 12 meses (contado desde marzo de 2022, salida de Rusia). Sin embargo, el tribunal de primera instancia consideró la fecha de la solicitud de restitución (29 de enero de 2024) y concluyó que el plazo no se había cumplido respecto al traslado a Argentina (septiembre de 2023). Más importante aún, se concluyó que la integración de los niños a su "nuevo ambiente" en Villa Carlos Paz no se había demostrado fehacientemente, citando las dificultades idiomáticas (castellano incipiente), la continuación de la educación rusa virtual, y la falta de redes sociales sólidas, lo cual descarta la excepción del Art. 12, párrafo 2 CH 1980.
Oposición del Menor (Art. 13, párr. 2 CH 1980): Respecto a la oposición de los niños, la CSJN exige que alcance el umbral de "repudio irreductible". Se determinó que los dichos de los menores no reflejaban tal repudio genuino e irreductible, sino más bien una simple oposición o preferencia. Además, los informes técnicos indicaron que el padre había infundido miedo en los niños al mostrarles videos de la guerra, lo que sugería una "captura simbólica" del discurso paterno.

La Defensa del Carácter de Refugiados y su Rechazo

Un aspecto central en la última etapa procesal ante la CSJN fue la solicitud de suspensión del proceso formulada por el padre, basada en el trámite de reconocimiento de la condición de refugiados ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), iniciado con posterioridad (el 2 de diciembre de 2024) al dictado de la sentencia de grado que ordenó la restitución (noviembre de 2024). El padre invocó que la Ley 26.165 otorga a los solicitantes la protección del principio de no devolución (non refoulement). No obstante, la CSJN resolvió desestimar el pedido de suspensión, estableciendo que la sola circunstancia de que la solicitud esté en trámite no es un motivo suficiente para suspender la causa de restitución. El Tribunal adoptó una postura de "ponderación armoniosa" entre el régimen de restitución internacional (CH 1980) y el régimen aplicable a los refugiados (Convención de 1951, Ley 26.165). Esta ponderación conduce a la necesidad de adoptar una pronta resolución sobre el fondo de la restitución, sin perjuicio de que la condición de refugiado, de mantenerse vigente, pueda ser evaluada en la etapa de ejecución de la sentencia firme. El Máximo Tribunal fue crítico con la estrategia dilatoria del padre, señalando la "llamativa coincidencia" entre el inicio de la solicitud de refugio y el dictado de la sentencia de grado, un accionar que el Defensor General Adjunto de la Nación calificó como un "artilugio tardío, sorpresivo y estratégico".

Seguridad del Retorno

Finalmente, la CSJN reafirmó que el objetivo del Convenio de La Haya de 1980 es garantizar un regreso no solo inmediato, sino también seguro. La Corte exhortó a que se adopten medidas cautelares en Rusia (las llamadas "medidas espejo" o "salvaguardias") y que se garantice un abordaje integral y acompañamiento terapéutico para los niños, instando al magistrado a cargo a determinar la forma, el modo y las condiciones del retorno que resulten "menos lesivas para los niños".

Esquíes perdidos en la aduana: cuando el courier no llega a destino

2025-09-24T10:00:00.001-03:00

Una compradora de Bariloche demandó a DHL por la retención de sus esquíes en Ezeiza. La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el rechazo de la demanda, reafirmando los límites del régimen courier y la aplicación del Convenio de Montreal.

El caso comenzó como una típica compra internacional que se volvió un problema judicial. María Belén Prados, residente en Bariloche, adquirió en Francia equipamiento de esquí —tablas, fijaciones y accesorios— y contrató el servicio puerta a puerta de DHL. Todo parecía en orden hasta que el envío llegó a Ezeiza. Allí la empresa lo reclasificó como “carga general”, alegando que la factura tenía irregularidades, que algunos ítems figuraban sin valor y que incluso se habían detectado químicos, lo que impedía su ingreso por el régimen simplificado de courier.

La compradora insistió en que se trataba de un error de interpretación: los productos “sin precio” eran promociones o regalos, y el valor total no debía superar los topes. Ante la negativa de DHL, inició una mediación y luego una demanda por daños y perjuicios, reclamando más de 11.000 dólares. También pidió que, de manera cautelar, la empresa reembarcara la mercadería al vendedor para no quedar expuesta a sanciones aduaneras.

DHL, por su parte, sostuvo que actuó conforme a la normativa aduanera y a las condiciones del contrato. Recordó que el tope de USD 3.000 es ineludible en el régimen courier y que la mercadería irregular solo podía liberarse mediante un despachante. Incluso ofreció asumir esos gastos y bonificar el flete, pero la actora no aceptó. En todo caso —señaló— cualquier responsabilidad debía juzgarse bajo el Convenio de Montreal, con sus límites de indemnización.

El Juzgado de primera instancia rechazó la demanda y la Cámara confirmó. El fallo destacó que la controversia estaba regida por el Convenio de Montreal de 1999, y en forma complementaria por el Código Aeronáutico. En ese marco, concluyó que no hubo incumplimiento contractual de DHL, sino la imposibilidad de liberar la carga bajo el régimen simplificado debido a exigencias legales. Tampoco prosperó el argumento sobre el reembarque, ya que la normativa citada por la actora prevé esa opción solo cuando el destinatario es “inubicable”, lo que claramente no era el caso.

La resolución muestra un punto sensible: la tensión entre la expectativa de un consumidor que contrata un servicio “puerta a puerta” y las restricciones propias de la normativa aduanera. Para los jueces, DHL cumplió con la diligencia exigida y la falta de entrega no fue producto de un incumplimiento propio, sino de límites regulatorios que escapan a su control. El reclamo, entonces, no podía prosperar.

Conclusiones

El régimen courier no garantiza una entrega “sin sorpresas”: irregularidades documentales o prohibiciones aduaneras pueden bloquearlo.
El Convenio de Montreal impone límites de responsabilidad que reducen el margen de reclamo de los usuarios frente a los transportistas.
El caso recuerda la importancia de documentar con precisión facturas y valores al importar, y de tener presente que la aduana puede interrumpir el servicio aun cuando se haya pagado un “puerta a puerta”.

¡Se viene el XXXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional!

2025-09-19T10:00:00.001-03:00

La Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI), junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, te invita a participar activamente en el XXXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional, que se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025 en el Campus de Pilar de la Universidad Austral.

El Congreso Argentino de Derecho Internacional es la actividad principal de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Este año la sede elegida para el Congreso Argentino de Derecho Internacional es la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y el evento tendrá lugar en el campus de Pilar.

Se trata del evento más importante de Argentina en la materia. Si te interesan estos temas no te lo puedes perder!

Las Secciones Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales tratarán el tema “Los desafíos actuales al Derecho internacional del espacio” y el Relator es Juan Cruz González Allonca.

La Relatora de la Sección Derecho Internacional Privado será la Dra. Luciana Scotti, y el tema “Derecho Internacional Privado y vulnerabilidades”.

En la Sección Derecho de la Integración el Relator es Alfredo Soto, y el tema “Control de integracionalidad. Su comparación con la prejudicialidad, la convencionalidad y la constitucionalidad”.

La Sección Documentación, Investigación y Enseñanza del Derecho Internacional abordará el tema “Inteligencia artificial y la enseñanza del derecho” a cargo de la Relatora Sandra Wierzba.

Finalmente, en la Sección Derecho Internacional de los Derechos Humanos el Relator es Ignacio de Casas, y el tema ”La eficacia del sistema universal de protección de Derechos Humanos. A propósito de los primeros 20 años del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”

También están previstas una Conferencia de apertura a cargo de Wagner Menezes (Brasil): “La humanización del derecho internacional y su reestructuración teórica”, y Conferencias de cierre a cargo de Mario Oyarzábal “Diplomacia y derecho internacional” y Frida M. Armas Pfirter “Aportes y desafíos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

No dejes de participar y de presentar ponencias!

📌 ¿Por qué asistir y presentar tu trabajo?

Es una excelente ocasión para difundir investigaciones, artículos, estudios o experiencias de relevancia en Derecho Internacional.
Te permite intercambiar conocimientos con docentes, investigadores y profesionales de distintas universidades del país y el extranjero.
Estar entre quienes proponen las líneas de debate contribuye a la formación académica e institucional del Derecho Internacional en Argentina.

🗓 Fechas importantes

Del evento: 16 a 18 de octubre de 2025 (austral.edu.ar)
Lugar: Campus Pilar, Universidad Austral (austral.edu.ar)

🖋 Detalles para envío de ponencias

La convocatoria está abierta a docentes, investigadores, estudiantes de posgrado y profesionales con interés en Derecho Internacional.
Las propuestas deben ajustarse a las pautas indicadas por la AADI en cuanto a formato, extensión, tema, etc. (consultar Programa / Ponencias en la página del congreso)
Importante: verificar plazos de presentación para asegurar la aceptación de tu ponencia.

🔍 Inscripción y más información

Para presentar ponencia e inscribirse, podés acceder al sitio oficial del congreso, sección “Ponencias” e “Inscripciones”. (austral.edu.ar)

¡Un paso histórico para la protección de la infancia en Argentina!

2025-09-18T17:30:00.010-03:00

Argentina se convierte en el estado parte 58 del Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección de los niños

Por Juan Pablo Quaranta Costerg y Julio Córdoba

Argentina ha dado un gran salto en la protección internacional de la niñez: ayer se depositó el instrumento de ratificación del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.

La ratificación —largamente esperada— entrará en vigor en nuestro país el próximo 1 de enero de 2026.

Un hito para el Derecho Internacional Privado argentino

Este avance no solo tiene relevancia técnica en el campo del Derecho Internacional Privado, sino que constituye, sobre todo, una mejora decisiva en la protección de los niños en situaciones transfronterizas.

La incorporación argentina a este Convenio era un reclamo reiterado de la doctrina especializada. La Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI) lo había subrayado en varias oportunidades:

Recomendación 8 del XXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional (San Miguel de Tucumán, 2014).
Conclusión 14 del XXIX Congreso (Mendoza, 2017).
Conclusión 5 del XXXI Congreso (Córdoba, 2019), donde se instó expresamente al Congreso Nacional a modificar la ley 27.237 para habilitar su plena aplicación.

Hoy, ese reclamo finalmente se materializa.

¿Qué aporta el Convenio de La Haya de 1996?

El Convenio fue elaborado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para mejorar la coordinación internacional en materia de protección de la infancia, reemplazando al desactualizado Convenio de 1961 y armonizándose con los principios de la Convención de los Derechos del Niño de 1989.

Entre sus principales aportes se destacan:

Interés superior del niño como principio rector. Todas las disposiciones se aplican bajo esta premisa.
Competencia centralizada en el Estado de residencia habitual. Supera la dispersión de criterios del Convenio de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores, reduciendo conflictos de jurisdicción.

Regula la competencia en materia de restitución internacional de menores siguiendo la misma línea que la convención de 1980.

Ley aplicable unificada. La atribución y extinción de la responsabilidad parental se rige por la ley de la residencia habitual del niño (art. 16).
Reconocimiento y ejecución simplificados. Las medidas adoptadas en un Estado contratante se reconocen de pleno derecho en los demás (art. 23), con un procedimiento ágil de exequátur sin revisión de fondo (art. 26).
Cooperación entre Estados. Cada país debe designar una Autoridad Central (art. 29) para facilitar comunicaciones, asistencia mutua y, en particular, la consulta previa en casos de colocación transfronteriza (art. 33).
Flexibilidad en la jurisdicción. Prevé la transferencia de competencia a otro Estado cuando ello responda mejor al interés del niño (arts. 8 y 9).

Mirando hacia adelante

La entrada en vigor del Convenio de 1996 en Argentina dotará a jueces, autoridades y familias de herramientas claras, modernas y eficaces para enfrentar situaciones complejas que trascienden fronteras.

Desde DIPrArgentina, celebramos esta incorporación que coloca al país en línea con los estándares internacionales más avanzados en materia de protección infantil.

“Pensar en Arbitraje”: ciclo de charlas libres de la Universidad Austral

2025-09-17T17:00:00.001-03:00

En el marco de la Diplomatura en Arbitraje Comercial y de Inversiones, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral presenta Pensar en Arbitraje, un ciclo de clases abiertas de alto nivel, sin cargo, que se llevará a cabo de manera online. Es una excelente oportunidad para profesionales, estudiantes y todo interesado en profundizar en el arbitraje desde distintas ópticas y experiencias internacionales.

📅 Datos claves

Fecha: desde el 29 de agosto de 2025 hasta 5 de diciembre de 2025, inclusive.
Hora de comienzo: 11:00 horas (GMT-3)
Modalidad: 100 % online.
Inscripción: previa, gratuita. Se debe completar un formulario desde la página de la Universidad Austral. (austral.edu.ar)

🎙 Oradores y temas destacados

Aquí algunos de los expositores ya confirmados y las charlas que impartirán:

Orador/a	Tema	Fecha
Alejandro Garro (USA), Profesor de Columbia Law School	Perspectivas Culturales sobre el Arbitraje	8 de agosto
María del Carmen Tovar (Perú), socia de Echecopar – Baker & McKenzie	Contrademanda por parte de los Estados. Análisis actual	29 de agosto
Galina Zukova (París), árbitro y socia de Zukova Legal	Nuevas reglas de la IBA sobre conflicto de intereses	19 de septiembre
Joe Tirado (Londres), árbitro independiente	Recientes experiencias europeas en el Arbitraje de Inversión	3 de octubre
Federico Campolieti (Argentina), árbitro, Estudio Bomchil	Nuevas reformas al reglamento ICC	24 de octubre
Catalina Echeverri Gallego (Colombia), socia Wordstone Dispute Resolution	Reflexiones sobre los últimos casos de inversión en Colombia	7 de noviembre
María José Méndez Arias (España), árbitro independiente	Árbitro de Emergencia	28 de noviembre
Krystle Baptista Serna (España), árbitro independiente	Desarrollo de una práctica internacional en el arbitraje: una nueva mirada	5 de diciembre

Moderadores del ciclo: Roque Caivano y Verónica Sandler.

✅ ¿Por qué asistir?

Acceso libre y gratuito a expertos del arbitraje que operan en distintos contextos internacionales.
Amplio abanico de temas: derecho comparado, inversiones, reformas institucionales y casos prácticos.
Modalidad online que facilita la participación desde cualquier lugar.
Posibilidad de formarse (o actualizarse) en un campo que crece: arbitraje comercial e inversiones.

Si te interesa participar, no te quedes afuera: completá tu inscripción lo antes posible. Compartí esta nota con colegas, estudiantes o quienes consideres podrían sacarle provecho. ¡Una excelente oportunidad para “pensar en arbitraje”!

Para más información y para inscribirte, visitá el sitio de la Universidad Austral. (austral.edu.ar)

Flight Express c/ UPS: limitación de responsabilidad, correos electrónicos y traducción en el transporte aéreo internacional

2025-09-16T10:00:00.001-03:00

Introducción

El reciente fallo de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal en Flight Express S.A. c/ UPS de Argentina S.A. (11 de septiembre de 2025) ofrece un prisma actual sobre tres cuestiones centrales del transporte aéreo internacional:

La aplicación de los tratados que regulan el transporte aéreo internacional, desde el Convenio de Varsovia de 1929 hasta la Convención de Montreal de 1999.
La vigencia de la limitación de responsabilidad del transportista.
El valor procesal de los correos electrónicos y documentos en idioma extranjero sin traducción.

El caso giró en torno a la pérdida total de un repuesto aeronáutico de alto valor, lo que dio lugar a un litigio sobre la responsabilidad y el alcance del resarcimiento.

Hechos relevantes

La actora, Flight Express S.A., reclamó a UPS Argentina por la pérdida de un “tail rotor gear box”, valuado en USD 66.200. La demandada alegó haber entregado la mercadería, pero la prueba mostró que se trataba de otro envío con número de guía distinto.

En primera instancia se declaró responsable a la transportista, con condena a pagar el valor del bien (en dólares o en pesos al tipo de cambio MEP al día de pago), siempre que no exceda el límite previsto en el art. 22 de la Convención de Varsovia de 1929 – La Haya 1955, modificado por el Protocolo Adicional n° 4 de Montreal de 1975 más intereses al 4% anual. La Cámara confirmó el fallo y rechazó los agravios de ambas partes.

Marco jurídico aplicable

El régimen de responsabilidad del transporte aéreo internacional es uno de los más complejos del derecho uniforme, fruto de un largo proceso de convenios, protocolos y enmiendas que han intentado equilibrar los intereses de transportistas y usuarios.

El punto de partida fue la Convención de Varsovia de 1929, que estableció por primera vez la limitación de responsabilidad del transportista. Con el tiempo, esa convención fue modificada por:

Protocolo de La Haya de 1955 (duplica los límites de Varsovia).
Convenio de Guadalajara de 1961 (sobre transporte efectuado por un transportista distinto al contractual).
Convenio de Guatemala de 1971, que introdujo supuestos de dolo y negligencia grave, pero nunca entró en vigor.
Protocolos Adicionales de Montreal de 1975 (n.º 1, 2, y 3), con ajustes a límites y aspectos técnicos.
Protocolo de Montreal de 1975 N° 4.

Como es de suponer, es diferente el abanico de países que forman parte de cada uno de esos convenios. Argentina adoptó algunos de estos instrumentos: está adherida a Varsovia, La Haya y a los Protocolos de Montreal de 1975 1, 2, y 4.

En este escenario fragmentado y poco uniforme, el Convenio de Montreal de 1999 significó un verdadero punto de inflexión. Su objetivo fue unificar y superar la maraña normativa anterior. De hecho, el propio texto del Convenio lo establece en su artículo 55:

“El presente Convenio prevalecerá sobre cualquier regla que se aplique al transporte aéreo internacional de personas, equipajes y carga, siempre que esa regla provenga de los convenios de Varsovia o de los instrumentos conexos que los modifican.”

En otras palabras, Montreal absorbe y sustituye al sistema de Varsovia, clausurando la dispersión normativa. Allí donde está vigente —como en la Argentina, desde la sanción de la ley 26.451—, y en los casos en que resulta aplicable, se aplica con carácter exclusivo, consolidando un régimen moderno que refuerza la protección de los pasajeros y cargadores, pero mantiene el principio de limitación de responsabilidad, salvo en casos de declaración especial de valor o dolo/temeridad del transportista.

Ante esta realidad normativa resulta incomprensible, y cuestionable, que las sentencias continúen haciendo referencia promiscua e incorrectamente, a las Convenciones de Varsovia, o Varsovia – La Haya, o a los cuatro Protocolos de Montreal de 1975 como si todos fueran lo mismo y estuvieran vigentes.

El Convenio de Montreal de 1999 ya ha cumplido 25 años y tiene 141 estados parte, con lo que salvo circunstancias excepcionalísimas, seguramente éste será el tratado que corresponde aplicar. Tal vez sería hora que los jueces actualicen la biblioteca, los modelos de sentencia y apliquen de una buena vez las normas que corresponden.

También se ha reiterado en varias sentencias, a fin de justificar la aplicación del Código Aeronáutico, la Resolución n° 1532/98 del Ministerio de Economía, el Código Civil y Comercial de la Nación, y supletoriamente, la ley 24.240, que “Una de las prestaciones más características del contrato tuvo su lugar de cumplimiento en el país –lo relativo al pago del precio de los pasajes–, lo que habilita a examinar la problemática a la luz de las señaladas disposiciones (art. 2.655 del Código Civil y Comercial de la Nación)”.

Este razonamiento es claramente erróneo. Cuando se habla de la teoría de la prestación más característica se hace referencia justamente a aquella prestación que “caracteriza” el contrato, que lo hacer ser lo que es. Y por regla general, esta prestación NO es la prestación dineraria, que es común al 99 % de los contratos. El pago de un precio no es nunca la prestación más característica de un contrato.

El razonamiento evidencia un desconocimiento absoluto de las nociones más básicas del DIPr, ya que fácilmente la norma aplicable (art. 2655 CCC) lleva a la misma solución por razonamientos correctos.

La protesta en caso de pérdida total

UPS también alegó la falta de protesta escrita de la actora. La Sala rechazó el argumento: cuando se trata de pérdida total del bulto, la protesta deviene innecesaria. Se privilegia así la sustancia del reclamo por sobre un formalismo. Este criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema en el caso «La Agrícola Cía. de Seguros c. Lan Chile» [publicado en DIPr Argentina el 13/08/09].

La limitación de responsabilidad

La Cámara descarta el argumento de la actora sobre la ineficacia del límite por inexistencia de la carta de porte y reitera que la regla es la limitación de responsabilidad del transportista aéreo, salvo que se prueben dos supuestos excepcionales:

Declaración especial de valor al embarcar.
Dolo o temeridad del transportista.

En este caso, la actora no demostró haber efectuado declaración especial ni abonado tasa adicional; tampoco probó conducta dolosa o temeraria de UPS. Por ello, se aplicó estrictamente el límite de responsabilidad, excluyendo los intereses del cómputo del tope.

Esto se corresponde con una línea jurisprudencial argentina conservadora: la deslimitación requiere prueba muy sólida.

Correos electrónicos y traducción: un estándar procesal estricto

Un aspecto singular del fallo fue el rechazo de los correos electrónicos en inglés por falta de traducción. Aparentemente estos emails (correo electrónico, traducido para los jueces que nos leen) eran la smoking gun del caso ya que en ellos la actora reconocía la recepción de la encomienda (para los jueces, smoking gun quiere decir arma humeante y se refiere a una prueba irrefutable).

La Sala aplicó el art. 123 CPCCN y la Ley 20.305, que exigen traducción por traductor público para todo documento en idioma extranjero. La Cámara fue categórica:

El juez no tiene el deber de conocer otro idioma.
La actuación judicial debe desarrollarse en idioma nacional.
Sin traducción, el contenido del email no puede ser valorado como prueba.

El peritaje informático solo acreditó la existencia y circulación de los mensajes, no su contenido. La sentencia marca un estándar claro: la validez procesal de la prueba electrónica depende de cumplir con la exigencia formal de traducción.

Esta interpretación estricta se contrapone a otra línea jurisprudencial, que obviamente consideramos más razonable, que afirma que el requisito del art. 123 debe ser aplicado con un criterio flexible y descartándose excesivos formalismos, pues su finalidad no es otra que la de posibilitar la comprensión del documento.

Con el avance de la tecnología no requiere ningún esfuerzo para un juez obtener una traducción que permita comprender los correos electrónicos adjuntados, máxime si se encuentra en juego la verdad jurídica objetiva y su afectación por un excesivo rigor formal.

Además, coincido que, en líneas generales, no es deber del juez conocer otro idioma, y ningún juez tiene la obligación de ser poliglota. Ahora bien, tener conocimientos de idioma inglés es un requisito mínimo en cualquier búsqueda laboral. En ese sentido, que los jueces de la Cámara que por su especialización conoce en un elevado porcentaje de los casos que involucran el transporte y el comercio internacionales del país, reconozcan no poder comprender un intercambio de correspondencia comercial en inglés entre dos empresas, da un poquito de cringe.

El tema del idioma en el DIPr y en la justicia merece un análisis más profundo, pero hay que empezar esa discusión y tratar de lograr un cambio de razonamiento. Está claro que no es lo mismo el inglés o el francés, que el chino, o el griego o el árabe; tampoco es lo mismo una línea al final de una factura que el contrato base de la controversia. Pero justamente por eso no deberían brindarse respuestas automáticas, colocando todos los casos en una misma bolsa.

En el marco del XXXI Congreso Argentino de Derecho Internacional, celebrado en Córdoba en 2019, la Sección Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional ya había advertido que los costos de las traducciones pueden obstaculizar el acceso a la justicia. Y cualquier abogado que se enfrenta a un presupuesto de traducciones puede dar fe de ello.

¿A Uds. les parece correcta la solución adoptada en el fallo?

Los invitamos a dejar sus comentarios y a participar en el debate. ¡Manténganse conectados a DIPrArgentina.com para seguir explorando las fronteras del Derecho Internacional Privado en nuestro país!

Llegan las III Jornadas de Actualización en Derecho Internacional Privado a la UBA

2025-09-09T13:04:00.004-03:00

Tenemos el agrado de difundir e invitar a toda la comunidad académica y profesional a participar de las III Jornadas de Actualización en Derecho Internacional Privado, un evento de altísimo nivel organizado por la Cátedra de la Dra. María Elsa Uzal del Departamento de Derecho Privado II de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Esta cita imperdible se ha consolidado como un espacio fundamental para el análisis, el debate y la reflexión sobre los desafíos más actuales de nuestra disciplina.

La jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de septiembre de 2025, de 15 a 20 hs., en el Salón Verde de la Facultad. Además, contará con una modalidad híbrida para facilitar la participación desde cualquier lugar.

Un programa de lujo con destacados especialistas

El encuentro estará estructurado en tres paneles que abordarán temáticas cruciales y de gran actualidad, con la participación de reconocidos j
uristas:

PANEL I – “LA INTERNACIONALIDAD COMO FACTOR DE VULNERABILIDAD”

María Elsa Uzal: "La internacionalidad como factor de vulnerabilidad: diversas manifestaciones, retos y perspectivas".
Úrsula Basset: "La procreación humana transnacional en la jurisprudencia del TEDH: desafíos y propuestas".
Flavia A. Medina: "Sujetos vulnerables en activos digitales: posibles soluciones en el DIPr.".
Modera: María Andrea Esparza.
Presenta: Sergio A. Reynoso.

PANEL II – “CUESTIONES DE COOPERACIÓN Y JURISDICCIÓN INTERNACIONAL”

María Blanca Noodt Taquela: "Coordinación de normas entre los tratados de cooperación jurídica y el Código Civil y Comercial de la Nación".
Juan José Cerdeira: "Proyecto de Convenio de La Haya sobre Procedimientos Paralelos".
Roque J. Caivano: "Arbitraje estatutario".
Modera: Leandro L. Lebensohn.
Presenta: Ricardo A. Pintos.

PANEL III – “CUESTIONES TRANSVERSALES EN EL DIPr.”

Alfredo M. Soto: "Influencia de las Conferencias Interamericanas de DIPr. (CIDIP) en el progreso del DIPr.".
Rodrigo Laje: "La protección de datos y la privacidad en la era de la inteligencia artificial: una mirada desde el DIPr.".
María Susana Najurieta: "Herramientas de DIPr. para enfrentar el daño ambiental".
Modera: Ricardo I. Kennedy.
Presenta: Daniel A. Campero.

Información para participar

Una oportunidad única para actualizarse y debatir junto a los principales referentes del Derecho Internacional Privado.

📅 Fecha: Miércoles, 10 de septiembre de 2025.
⏰ Horario: 15:00 a 20:00 hs.
📍 Lugar: Salón Verde, Facultad de Derecho (UBA).
💻 Modalidad: Híbrida (presencial y virtual).
📧 Inscripción para acceso remoto: Para recibir el enlace de conexión, es necesario enviar un correo electrónico a jornadasdeactualizaciondipr@gmail.com.

¡Esperamos contar con su presencia en esta enriquecedora jornada!

Apostilla y tutela cautelar: la Cámara Federal frente al embargo marítimo

2025-09-09T10:00:00.001-03:00

El conflicto que llegó a la Cámara

En enero de 2025, tripulantes del buque argentino Pampero I participaron en maniobras de asistencia y salvamento en aguas paraguayas. Meses después, reclamaron el embargo preventivo de diecinueve buques con matrícula paraguaya para asegurar un eventual crédito por esos trabajos.

La prueba clave que presentaron fue un acta expedida por la Prefectura Naval del Paraguay. Sin embargo, el documento no estaba apostillado conforme a la Convención de La Haya de 1961. Ese detalle resultó determinante.

La primera decisión judicial

El juez de primera instancia rechazó el embargo. Su razonamiento fue directo: sin apostilla, el documento extranjero carece de autenticidad formal y, por lo tanto, no se cumple con el requisito de verosimilitud del derecho, indispensable en toda medida cautelar.

La apelación y el argumento de la urgencia

Los actores apelaron. Alegaron que una medida cautelar no busca certeza, sino apenas probabilidad, y que el tiempo requerido para obtener la apostilla es incompatible con la urgencia de un embargo marítimo. Un barco puede zarpar en horas, y perder esa oportunidad equivale a tornar ilusorio el derecho reclamado.

Lo resuelto por la Cámara

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el rechazo. Recordó que el estándar de conocimiento en materia cautelar es “superficial”, pero no por ello puede prescindirse de requisitos básicos de legalidad documental. En otras palabras: no se exige certeza plena, pero sí un mínimo de autenticidad, y la apostilla es la garantía internacionalmente prevista para ello.

El Protocolo de Las Leñas y sus límites

Los actores también habrían invocado el Protocolo de Las Leñas sobre cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, vigente en el MERCOSUR. La Cámara analizó el planteo, pero concluyó que el Protocolo sólo elimina la necesidad de acreditar la autenticidad de los documentos extranjeros cuando los documentos son tramitados por intermedio de la Autoridad Central.

Conclusión

El caso Franco refleja la tensión permanente entre formalismo y eficacia en el Derecho Internacional Privado procesal. La Cámara privilegió la seguridad documental y reafirmó la vigencia estricta de la apostilla. El fallo deja planteada una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la cooperación regional puede —o debe— aligerar los requisitos documentales para garantizar una tutela judicial realmente efectiva?

¿Les parece correcta la solución adoptada en el fallo?