DIPr Argentina

Matrimonio Extranjero en Sucesiones: ¿Es Obligatoria la Inscripción en Argentina?

2025-10-30T10:00:00.001-03:00

Matrimonio extranjero y su reconocimiento en el sucesorio – Comentario al fallo “Arena, Javier Francisco Antonio s/sucesion ab-intestato”

El reciente fallo de la Cámara Civil – Sala F de la Capital Federal aborda una cuestión recurrente en el Derecho Internacional Privado argentino: el reconocimiento de un matrimonio celebrado en el extranjero dentro de un proceso sucesorio en Argentina.

El caso se inicia con el sucesorio ab-intestato de Javier Francisco Antonio Arena. Una de las presentantes, la Sra. Gladys María Balarezo Balarezo, se presenta manifestando ser la cónyuge del causante, aportando una partida de matrimonio celebrada en la República del Perú el 21 de enero de 1988, debidamente apostillada.

La Decisión de Primera Instancia

La Jueza de primera instancia (Juzgado Civil nº 94) dispuso en el punto IX de su providencia que, en base al art. 77 de la Ley 26.413 (Ley de Registro Civil y Capacidad de las Personas) y el art. 2622 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), debía procederse a la inscripción de la partida de matrimonio celebrado en Perú en el Registro Civil argentino.

La Resolución de la Cámara

La Sra. Balarezo Balarezo interpuso un recurso de apelación, argumentando que la inscripción del acta de matrimonio extranjero no es obligatoria para reputarlo válido en Argentina.

La Sala F de la Cámara Civil, con el dictamen favorable del Fiscal de Cámara, revocó la providencia recurrida. El Tribunal sostuvo que la previa inscripción del Acta de Matrimonio en el Registro argentino no resulta necesaria para que el vínculo "surta efectos jurídicos en Argentina".

· El Tribunal basó su decisión en que la ley del lugar de celebración (Perú en este caso) determina la existencia, validez, y prueba del matrimonio, conforme al art. 2622 del CCyCN.

· Además, interpretó que el uso del vocablo “Podrán” en el art. 77 de la Ley 26.413 implica que la registración de matrimonios extranjeros es facultativa y no obligatoria para las partes, máxime cuando no existe norma de orden público que impida su reconocimiento.

La sentencia del Tribunal es acertada en su conclusión de revocar la obligatoriedad de la inscripción. Sin embargo, es crucial señalar un aspecto metodológico en la fundamentación que parece obviar la jerarquía normativa vigente en nuestro ordenamiento.

El Tribunal menciona en su sentencia:

1. Art. 2622 del CCyCN: Que establece la regla general Locus Regit Actum (ley del lugar de celebración) para la capacidad, forma, existencia y validez del matrimonio.

2. Art. 77 de la Ley 26.413: Que utiliza el término "Podrán registrarse," lo que el Tribunal interpreta como una facultad, no una obligación.

3. Los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940: Menciona que ambos tratados (sólo el de 1889 fue ratificado por Perú) aplican la misma regla del Locus Regit Actum para la capacidad, forma, existencia y validez del matrimonio.

Aquí radica el punto crítico. Si bien la Sala F, citando al dictamen fiscal, advierte la existencia de los Tratados de Montevideo (fuentes convencionales), a cuyos fundamentos se remite en apoyo de la regla de Locus Regit Actum, su análisis se centra principalmente en la interpretación del art. 77 de la Ley 26.413 y el art. 2622 del CCyCN (fuentes internas).

Resulta cuestionable la falta de precisión del tribunal. Esta genérica referencia a los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, sin más aclaraciones, evidencia la ignorancia del tribunal en el tema, ya que estamos frente a dos grupos de ocho tratados y un protocolo adicional cada uno. De esos dieciocho tratados, solamente uno de ellos resultaba aplicable al caso concreto, el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889.

· Conforme al Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales (como los de Montevideo) tienen jerarquía superior a las leyes internas (como la Ley 26.413 y el propio CCyCN).

· Al existir un tratado ratificado por ambos países (Argentina y Perú) que resuelve la cuestión de la validez del matrimonio extranjero, la Corte debió haber analizado y aplicado el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 en primer término para dirimir el conflicto de leyes, y solo de forma subsidiaria o complementaria acudir al derecho interno aplicable.

La remisión a la ley interna (art. 2622 CCyCN) y su concordancia con el Tratado, si bien arroja el mismo resultado, minimiza la importancia de la fuente convencional y la primacía de los tratados en el ámbito del DIPR. Este enfoque, al no aplicar el principio de prelación de forma explícita y prioritaria, debilita la fundamentación desde una perspectiva estrictamente internacionalprivatista.

💡 Conclusión

El fallo “ARENA, JAVIER FRANCISCO ANTONIO /SUCESION AB-INTESTATO” es un valioso precedente que confirma la postura argentina de reconocimiento automático del matrimonio celebrado en el extranjero bajo la ley del lugar (art. 2622 CCyCN y Tratados de Montevideo), siempre que no medien impedimentos de orden público internacional, y elimina la inscripción registral como un requisito de validez o eficacia. Sin embargo, el Tribunal debe ser más riguroso en el análisis de las fuentes y en la aplicación de la jerarquía normativa establecida en nuestra Constitución Nacional para robustecer el análisis en futuras decisiones de DIPR.

Actualidad del orden público internacional argentino. La paradoja de un matrimonio brasileño con impedimento de ligamen que torna nula una segunda boda argentina entre las mismas partes.

2025-10-22T10:00:00.001-03:00

Comentario al Fallo “C., H. R. c/ F. G., N. s/NULIDAD DE MATRIMONIO” (CNCiv., Sala K, 09/10/2025) publicado hoy en Fallos DIPr.

El reciente pronunciamiento de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en autos “C., H. R. c/ F. G., N. s/NULIDAD DE MATRIMONIO” (09/10/2025), si bien no establece una doctrina novedosa en Derecho Internacional Privado y Derecho de Familia, ratifica y consolida la línea jurisprudencial forjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a partir de la sanción de la Ley N° 23.515. Este fallo ofrece una excelente oportunidad para reflexionar sobre la consolidación de los matrimonios celebrados en el extranjero con impedimento de ligamen, y su vinculación con el concepto de actualidad del orden público internacional.

I. Análisis de los Hechos y las Soluciones de Primera y Segunda Instancia

El caso sometido a la consideración del Tribunal presenta una complejidad fáctica común en las situaciones de derecho transitorio matrimonial argentino. Los señores H. R. C. y N. F. G. habían contraído un primer matrimonio en Argentina con otras personas, respectivamente, bajo la Ley N° 2393, la cual no admitía la disolución vincular.

Los hechos cronológicos esenciales son:

Primeros Matrimonios y Separaciones Personales: La Sra. F. G. y su primer cónyuge obtuvieron sentencia de separación personal (art. 67 bis Ley 2.393) el 22 de abril de 1981. El Sr. C. y su primera cónyuge obtuvieron su separación personal (art. 67 bis Ley 2.393) el 24 de noviembre de 1980. En ambas fechas, el impedimento de ligamen argentino subsistía plenamente.
Matrimonio Extranjero (Brasil, 1981): El 23 de febrero de 1981, H. R. C. y N. F. G. contrajeron matrimonio en el Estado de Río Grande Do Sul, República Federativa de Brasil.
Obtención del Divorcio Vincular Argentino: Con posterioridad, y bajo la Ley N° 23.515 (sancionada en 1987), ambos obtuvieron la conversión de sus primeras separaciones en divorcio vincular (sentencias inscriptas en 1988).
Segundo Matrimonio Argentino (1989): Luego de recuperar la aptitud nupcial en Argentina, se casaron nuevamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de julio de 1989.

La controversia se centró en la validez del matrimonio de 1981 (Brasil) y, consecuentemente, en la nulidad del matrimonio de 1989 (Argentina), planteada en la instancia inicial. La Sra. F. G. (demandada y recurrente en la Cámara) buscó la invalidez del matrimonio brasileño, argumentando que el posterior casamiento en Argentina lo había invalidado, o que la falta de inscripción en el país le restaba efectos. Además, sostuvo que reconocer la validez retroactiva del matrimonio de 1981 convalidaría un acto celebrado en fraude a la ley argentina y afectaría sus derechos patrimoniales (al cambiar el régimen de bienes).

Es fundamental destacar que la inscripción de un matrimonio celebrado en el extranjero en los registros argentinos no es un requisito indispensable para su validez o para que despliegue efectos en nuestro país. El art. 77 de la Ley 26.413 utiliza el vocablo "podrán" al referirse al registro de estos certificados, lo que indica que, en principio, la inscripción es voluntaria. Como bien ha señalado la jurisprudencia y la doctrina (para ampliar ver “La validez de los matrimonios celebrados en el extranjero no requiere la registración en el país”, Rubaja, Nieve - Iud, Carolina D., RDF 2023-V, 77), la validez de los matrimonios extranjeros se rige por la ley del lugar de celebración y no requiere su registración en Argentina para ser reconocido. Esto se sustenta en el principio del favor matrimonii y en la necesidad de proteger derechos humanos como el de acceso a la justicia y a conformar una familia, evitando que la inscripción se convierta en un fin en sí mismo o en un obstáculo irrazonable. De idéntica manera, la inscripción del matrimonio argentina en España, tampoco lo torna en válido.

La solución de Primera Instancia fue contundente: Se declaró la validez del matrimonio celebrado en Brasil en 1981 y, como consecuencia necesaria de la subsistencia de ese vínculo, se declaró nulo de nulidad absoluta el matrimonio contraído por las mismas partes en 1989 en Argentina por impedimento de ligamen.

La Sala K (Segunda Instancia) confirmó íntegramente este criterio. La Cámara rechazó la pretensión de la demandada de desconocer la validez del matrimonio brasileño. La Sala K sostuvo que la validez del acto matrimonial, una vez celebrado ante un funcionario público, no depende de la voluntad de las partes, sino de las disposiciones legales que regulan su validez y vigencia, las cuales se confrontan con el orden público interno. Desestimó asimismo la alegación de falta de inscripción del matrimonio extranjero en Argentina como causa de invalidez, afirmando que lo relevante es si el acto se efectivizó.

El fundamento central de la confirmación radica en el criterio de actualidad del orden público internacional. Siguiendo la doctrina de la CSJN ("Zapata", "Boo"), la Cámara Civil reafirmó que la Ley 23.515, al introducir la disolubilidad del vínculo, modificó el orden público, llevando a que el orden jurídico argentino carezca de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero antes de su vigencia, incluso si en ese momento mediaba impedimento de ligamen.

II. El Matrimonio Extranjero para Quienes Carecían de Divorcio Vincular y la Respuesta Jurisprudencial

Fraude a la Ley y la Indisolubilidad del Vínculo

Antes de la Ley N° 23.515 (junio de 1987), el Derecho de Familia argentino se caracterizaba por el principio de indisolubilidad del vínculo matrimonial. Si bien la Ley 2393 permitía la separación personal (a partir de la reforma del Decreto Ley 17.711/1968, como el Art. 67 bis), este estado civil no confería a los cónyuges la aptitud nupcial para contraer nuevas nupcias. El matrimonio anterior no disuelto legalmente constituía el impedimento de ligamen (Art. 166 inc. 6° del Código Civil).

Ante esta restricción de orden material en Argentina, era una práctica habitual que personas separadas personalmente (y por lo tanto impedidas de volver a casarse en el país) viajaran al extranjero (especialmente a países vecinos como Paraguay o Brasil, o a México) donde la ley local permitía la celebración del matrimonio (por aplicación del principio lex loci celebrationis, Art. 159 C.C.). Los contrayentes buscaban revestir su unión concubinaria de una "formalidad aparente" a pesar del impedimento subsistente en Argentina.

Esta maniobra se conceptualizó en el Derecho Internacional Privado como fraude a la ley: la efectiva realización de actos válidos aisladamente (matrimonio en el extranjero) con la intención deliberada (animus) de sustraerse a una norma prohibitiva argentina (el impedimento de ligamen).

La Evolución de la Solución Jurisprudencial: Del Desconocimiento a la Actualidad del Orden Público

Históricamente, la jurisprudencia y la doctrina adoptaron diversas posturas para negar eficacia a estos matrimonios.

Ineficacia Territorial/Desconocimiento de Efectos: Durante la vigencia de la Ley 2393, la postura predominante, sostenida por la CSJN en "Rosas de Egea" (1969) y ratificada por Plenarios de Cámaras, era la del desconocimiento de los efectos del matrimonio extranjero en territorio argentino. Esta teoría sostenía que, aunque el acto fuera válido según la lex loci celebrationis, las autoridades nacionales podían negarle extraterritorialidad si se oponía a principios sustanciales de orden público interno e internacional (la indisolubilidad). Esta postura permitía desconocer los efectos del matrimonio sin necesidad de promover una acción de nulidad.
El Giro con la Ley 23.515: La sanción de la Ley N° 23.515 en 1987, que admitió el divorcio vincular, provocó una alteración sustancial en la concepción del orden público internacional argentino. El principio de indisolubilidad perdió vigencia como valor esencial a proteger.
El Criterio de Actualidad: La Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó la cuestión con precedentes fundamentales como "Solá" (1996), "Zapata" (2005) y "Boo" (2010), estableciendo el criterio de actualidad del orden público. Este criterio obliga a apreciar el orden público al momento de dictar la sentencia (y no al momento de la celebración del matrimonio o de los hechos).
La Solución Consolidada: Con la Ley 23.515, y bajo el criterio de actualidad, la conclusión es que el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero en tales condiciones (mediando impedimento de ligamen).

Esta solución se basa en que, al permitir la Ley 23.515 la disolución del vínculo no solo para el futuro, sino también la conversión de sentencias de separación en divorcio vincular (Art. 8, Ley 23.515), se subsana el obstáculo legal que existía al momento de la celebración del matrimonio extranjero. La consecuencia práctica, como se ve en el fallo "CHR c FGN", es que el matrimonio extranjero celebrado en fraude a la ley es reconocido como válido en Argentina, por lo que cualquier unión posterior celebrada en el país, como el matrimonio de 1989 en el caso comentado, resulta nulo por impedimento de ligamen.

Invocan el Convenio de Montreal 1999 para juzgar un Viaje Cancelado en Buquebús

2025-10-08T10:00:00.001-03:00

Una sentencia reciente de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de octubre de 2025, aborda la responsabilidad del transportista marítimo por la cancelación de un viaje internacional de pasajeros en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Este fallo, si bien logra una reparación económica para la consumidora, plantea serias objeciones metodológicas en su abordaje del Derecho Internacional Privado y la aplicación de la normativa especial de transporte.

Análisis Breve de los Hechos del Caso y la Solución Brindada

Hechos: La señora Ana Malena Moreno adquirió tres pasajes a través de la web de Los Cipreses S.A. (BUQUEBUS) el 22 de febrero de 2020, para un viaje de ida y vuelta entre Buenos Aires y Uruguay, programado del 21 al 24 de marzo de 2020. El viaje se frustró debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno argentino (Decreto N° 260/20 del 12 de marzo de 2020) que impedía la salida del país por el COVID-19. La demandada procedió a una devolución parcial ($16.552), aplicando una quita del 30% y sin reconocer intereses, lo cual ocurrió más de dos años después de la cancelación. La actora inició la demanda buscando el reintegro actualizado del valor de los pasajes, más daños patrimoniales, daño moral y una cuantiosa multa por daño punitivo.

Solución Brindada: El Tribunal de Alzada, al revisar la sentencia de primera instancia, procedió a una solución mixta:

1. Daño Patrimonial (Reintegro del Pasaje): Se confirmó la condena a la demandada a pagar la suma necesaria para adquirir tres pasajes esencialmente similares a los adquiridos originalmente, deduciendo el importe ya reintegrado. El Tribunal consideró justificada la actualización del valor debido al contexto de alta inflación. Los intereses se computarían desde la fecha en que se coticen los pasajes y hasta el pago efectivo, a la tasa activa del Banco Nación, para evitar un enriquecimiento sin causa.

2. Daño Moral: Se revocó el monto concedido en primera instancia, determinando que, en materia contractual y en este caso particular, no se logró probar una lesión extrapatrimonial que excediera la mera contrariedad o disgusto razonablemente derivado de la cancelación del viaje, máxime si esta se produjo por una razón de fuerza mayor (pandemia COVID-19).

3. Daño Punitivo: Se rechazó el rubro, argumentando que si bien existió un incumplimiento objetivo por la demandada, no se configuró el elemento adicional de reprochabilidad (dolo, culpa grave o menosprecio por los derechos) requerido por el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. La conducta no fue considerada "objetivamente descalificable, imprudente o negligente de tal entidad" dado el contexto de la emergencia sanitaria.

Crítica a la Mención y Aplicación de Convenciones Internacionales

El fallo, en su esfuerzo por delimitar el marco normativo, incurre en una confusión o, al menos, en una falta de claridad respecto a las fuentes internacionales aplicables al transporte marítimo internacional de pasajeros.

Resulta inexacto, e incomprensible, que la parte actora, al plantear su apelación, haya necesitado descartar la aplicación del Convenio de Montreal. Si bien la sentencia no lo aplica, el hecho de que se mencione en el litigio demuestra una confusión elemental, ya que el Convenio de Montreal de 1999 (Convención para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional) regula exclusivamente el transporte aéreo internacional, siendo completamente ajeno al transporte marítimo, objeto del contrato en cuestión. La jurisprudencia debe ser rigurosa al definir sus fuentes normativas y excluir cualquier referencia que genere ambigüedad o error en cuanto a la rama del derecho aplicable.

Por otro lado, la Sala II declara formalmente que el contrato se encuentra alcanzado por la Ley de Navegación N° 20.094, la normativa consumeril, y crucialmente, el Convenio de Atenas de 1974 sobre el transporte de pasajeros y sus equipajes por mar. A pesar de esta mención, el tribunal no realiza ningún análisis posterior sobre las disposiciones del Convenio de Atenas ni lo aplica en la fundamentación de su decisión. Este Convenio establece el régimen de responsabilidad del transportista marítimo por lesiones, muerte y daños al equipaje, e incluso define cuándo comienza y termina el "transporte".

Precisamente, tratándose de un transporte que fue cancelado antes de iniciar el embarque y debido a un impedimento de fuerza mayor ajeno al buque, la aplicación directa del régimen de responsabilidad del Convenio de Atenas es dudosa, ya que sus disposiciones sobre responsabilidad se centran en el perjuicio ocurrido "durante la realización del transporte". El "transporte" para el pasajero, según el Convenio de Atenas, no incluye el período en que se encuentra en una terminal o muelle. Por ende, si bien la cancelación no está cubierta por la responsabilidad típica del Convenio de Atenas (que se enfoca en siniestros durante el viaje), la Sala debería haber analizado si existía alguna disposición aplicable al incumplimiento contractual per se, o justificar por qué se desplazaba completamente al derecho de consumo para resolver las consecuencias de la frustración del contrato. Al omitir este análisis, la mera cita del Convenio de Atenas queda vacía.

Crítica a la Falta de Análisis de Derecho Internacional Privado

La sentencia incurre en una crítica metodológica fundamental para el Derecho del Transporte Internacional al aplicar directamente derecho de fondo argentino (Ley de Navegación, Código Civil y Comercial, Ley de Defensa del Consumidor) sin realizar previamente ningún análisis de Derecho Internacional Privado (DIP).

El contrato de pasaje en cuestión es un transporte internacional, con punto de partida en Buenos Aires (Argentina) y destino en Uruguay. Esta naturaleza internacional exige que el tribunal argentino, como forum, determine, mediante sus propias normas de conflicto, cuál es la ley de fondo aplicable al contrato (si la ley argentina, la uruguaya o un tercer ordenamiento).

Resulta incomprensible que se ignore la aplicación al caso del Tratado de Montevideo de 1940 sobre Derecho de Navegación Comercial Internacional que regula específicamente el transporte de personas. Este tratado, aplicable al caso, establece que el transporte internacional se rige por la ley del lugar de ejecución (y aclara que se entiende por lugar de ejecución el del puerto de la descarga de las mercaderías o desembarque de las personas).

El tribunal, al limitarse a citar fuentes normativas argentinas y las convenciones ratificadas por Argentina, omite determinar formalmente la ley aplicable mediante las normas de conflicto. Esta omisión de un ejercicio de DIP puede ser vista como una aplicación simplificada del ius fori (ley del foro), lo cual es inadmisible en el ámbito del transporte internacional, donde la ley aplicable no puede presumirse automáticamente como la ley argentina solo porque el caso se tramita en Buenos Aires. Un análisis riguroso de DIP es esencial para garantizar la coherencia y predictibilidad en las relaciones comerciales transfronterizas.

¡19 años de DIPr Argentina!

2025-10-07T10:00:00.004-03:00

El 5 de octubre de 2006 nació este espacio que, con el tiempo, se convirtió en un punto de encuentro para quienes se interesan por el Derecho Internacional Privado. Estamos cumpliendo 19 años ininterrumpidos de publicaciones y no podemos dejar pasar la ocasión sin celebrarlo.

Un camino recorrido

En estos años publicamos miles de entradas: fallos, comentarios, reflexiones, reseñas de libros, congresos y actividades académicas. Lo que empezó como un proyecto casi personal se transformó en una comunidad donde estudiantes, docentes, profesionales y curiosos encuentran materiales actualizados y accesibles.

La constancia fue siempre un desafío: mantener el ritmo, verificar información, actualizar jurisprudencia y, sobre todo, sostener el estilo claro y didáctico que buscábamos desde el inicio.

Aprendizajes y logros

Consolidamos una base jurisprudencial de acceso libre, que crece día a día.
Nos transformamos en fuente de consulta para investigadores, docentes, abogados, judiciales y estudiantes de la región.
Generamos un espacio que conecta el derecho con la realidad, con ejemplos concretos y casos relevantes.

El futuro

Miramos hacia adelante con el mismo entusiasmo. Queremos seguir ampliando el alcance del blog, incorporar nuevas herramientas digitales y mantenernos como referencia en la materia. Lo esencial, sin embargo, será siempre lo mismo: compartir y difundir el Derecho Internacional Privado con pasión y compromiso.

Gracias a quienes nos acompañaron en estos 19 años —leyendo, comentando, compartiendo o simplemente visitando—. El blog es también de ustedes.

¡A soplar las velas por los 19 años de DIPr Argentina!

A Rusia con amor: la CSJN rechaza el artilugio dilatorio del refugio en la restitución internacional

2025-10-06T10:00:00.002-03:00

La Corte Suprema confirmó la restitución de dos niños a la Federación Rusa, pese a una solicitud de refugio pendiente en la CONARE. El fallo reafirma la autonomía del Convenio de La Haya de 1980 y la interpretación restrictiva de las excepciones, prioriza el interés superior de los menores sin desatender la protección internacional de los refugiados.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 23 de septiembre de 2025 en el caso "K., V. A. c/ P., A.", que desestimó los recursos extraordinarios presentados contra la orden de restitución inmediata de los menores M.A.P. y V.A.P. a la Federación Rusa, constituye un valioso precedente que reafirma los principios fundamentales en la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980 (CH 1980).

El caso, originado en el Juzgado de Villa Carlos Paz, Córdoba, y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, versó sobre la restitución de dos niños rusos, M.A.P. (8 años) y V.A.P. (6 años), cuya residencia habitual fue establecida en Moscú, Federación Rusa, inmediatamente antes de ser trasladados por su padre, A. P., en marzo de 2022, primero a Turquía y luego a Argentina en septiembre de 2023.

Análisis de las Excepciones Clave

La defensa del progenitor se centró, como es habitual en estos procesos, en las excepciones taxativas previstas por el CH 1980, que deben ser interpretadas de manera restrictiva. Las instancias judiciales argentinas realizaron un escrutinio riguroso.

Grave Riesgo por Conflicto Bélico (Art. 13.b CH 1980): El padre alegó la existencia de un riesgo grave para la integridad física y psíquica de los niños debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Los tribunales argentinos rechazaron esta excepción al determinar que el riesgo invocado era de índole genérica y no se probó un peligro concreto en la ciudad de Moscú, centro de vida de los menores. Se destacó que Moscú se encontraba a una distancia considerable de las zonas de operaciones bélicas (1400 km de Ucrania, según la progenitora). El rechazo se alineó con la Guía de Buenas Prácticas de La Haya, que exige que el enfoque sea en el impacto específico sobre el niño y no en la situación general del Estado.
Plazo y Arraigo (Art. 12 CH 1980): El padre alegó el transcurso del plazo máximo de 12 meses (contado desde marzo de 2022, salida de Rusia). Sin embargo, el tribunal de primera instancia consideró la fecha de la solicitud de restitución (29 de enero de 2024) y concluyó que el plazo no se había cumplido respecto al traslado a Argentina (septiembre de 2023). Más importante aún, se concluyó que la integración de los niños a su "nuevo ambiente" en Villa Carlos Paz no se había demostrado fehacientemente, citando las dificultades idiomáticas (castellano incipiente), la continuación de la educación rusa virtual, y la falta de redes sociales sólidas, lo cual descarta la excepción del Art. 12, párrafo 2 CH 1980.
Oposición del Menor (Art. 13, párr. 2 CH 1980): Respecto a la oposición de los niños, la CSJN exige que alcance el umbral de "repudio irreductible". Se determinó que los dichos de los menores no reflejaban tal repudio genuino e irreductible, sino más bien una simple oposición o preferencia. Además, los informes técnicos indicaron que el padre había infundido miedo en los niños al mostrarles videos de la guerra, lo que sugería una "captura simbólica" del discurso paterno.

La Defensa del Carácter de Refugiados y su Rechazo

Un aspecto central en la última etapa procesal ante la CSJN fue la solicitud de suspensión del proceso formulada por el padre, basada en el trámite de reconocimiento de la condición de refugiados ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), iniciado con posterioridad (el 2 de diciembre de 2024) al dictado de la sentencia de grado que ordenó la restitución (noviembre de 2024). El padre invocó que la Ley 26.165 otorga a los solicitantes la protección del principio de no devolución (non refoulement). No obstante, la CSJN resolvió desestimar el pedido de suspensión, estableciendo que la sola circunstancia de que la solicitud esté en trámite no es un motivo suficiente para suspender la causa de restitución. El Tribunal adoptó una postura de "ponderación armoniosa" entre el régimen de restitución internacional (CH 1980) y el régimen aplicable a los refugiados (Convención de 1951, Ley 26.165). Esta ponderación conduce a la necesidad de adoptar una pronta resolución sobre el fondo de la restitución, sin perjuicio de que la condición de refugiado, de mantenerse vigente, pueda ser evaluada en la etapa de ejecución de la sentencia firme. El Máximo Tribunal fue crítico con la estrategia dilatoria del padre, señalando la "llamativa coincidencia" entre el inicio de la solicitud de refugio y el dictado de la sentencia de grado, un accionar que el Defensor General Adjunto de la Nación calificó como un "artilugio tardío, sorpresivo y estratégico".

Seguridad del Retorno

Finalmente, la CSJN reafirmó que el objetivo del Convenio de La Haya de 1980 es garantizar un regreso no solo inmediato, sino también seguro. La Corte exhortó a que se adopten medidas cautelares en Rusia (las llamadas "medidas espejo" o "salvaguardias") y que se garantice un abordaje integral y acompañamiento terapéutico para los niños, instando al magistrado a cargo a determinar la forma, el modo y las condiciones del retorno que resulten "menos lesivas para los niños".

Esquíes perdidos en la aduana: cuando el courier no llega a destino

2025-09-24T10:00:00.001-03:00

Una compradora de Bariloche demandó a DHL por la retención de sus esquíes en Ezeiza. La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el rechazo de la demanda, reafirmando los límites del régimen courier y la aplicación del Convenio de Montreal.

El caso comenzó como una típica compra internacional que se volvió un problema judicial. María Belén Prados, residente en Bariloche, adquirió en Francia equipamiento de esquí —tablas, fijaciones y accesorios— y contrató el servicio puerta a puerta de DHL. Todo parecía en orden hasta que el envío llegó a Ezeiza. Allí la empresa lo reclasificó como “carga general”, alegando que la factura tenía irregularidades, que algunos ítems figuraban sin valor y que incluso se habían detectado químicos, lo que impedía su ingreso por el régimen simplificado de courier.

La compradora insistió en que se trataba de un error de interpretación: los productos “sin precio” eran promociones o regalos, y el valor total no debía superar los topes. Ante la negativa de DHL, inició una mediación y luego una demanda por daños y perjuicios, reclamando más de 11.000 dólares. También pidió que, de manera cautelar, la empresa reembarcara la mercadería al vendedor para no quedar expuesta a sanciones aduaneras.

DHL, por su parte, sostuvo que actuó conforme a la normativa aduanera y a las condiciones del contrato. Recordó que el tope de USD 3.000 es ineludible en el régimen courier y que la mercadería irregular solo podía liberarse mediante un despachante. Incluso ofreció asumir esos gastos y bonificar el flete, pero la actora no aceptó. En todo caso —señaló— cualquier responsabilidad debía juzgarse bajo el Convenio de Montreal, con sus límites de indemnización.

El Juzgado de primera instancia rechazó la demanda y la Cámara confirmó. El fallo destacó que la controversia estaba regida por el Convenio de Montreal de 1999, y en forma complementaria por el Código Aeronáutico. En ese marco, concluyó que no hubo incumplimiento contractual de DHL, sino la imposibilidad de liberar la carga bajo el régimen simplificado debido a exigencias legales. Tampoco prosperó el argumento sobre el reembarque, ya que la normativa citada por la actora prevé esa opción solo cuando el destinatario es “inubicable”, lo que claramente no era el caso.

La resolución muestra un punto sensible: la tensión entre la expectativa de un consumidor que contrata un servicio “puerta a puerta” y las restricciones propias de la normativa aduanera. Para los jueces, DHL cumplió con la diligencia exigida y la falta de entrega no fue producto de un incumplimiento propio, sino de límites regulatorios que escapan a su control. El reclamo, entonces, no podía prosperar.

Conclusiones

El régimen courier no garantiza una entrega “sin sorpresas”: irregularidades documentales o prohibiciones aduaneras pueden bloquearlo.
El Convenio de Montreal impone límites de responsabilidad que reducen el margen de reclamo de los usuarios frente a los transportistas.
El caso recuerda la importancia de documentar con precisión facturas y valores al importar, y de tener presente que la aduana puede interrumpir el servicio aun cuando se haya pagado un “puerta a puerta”.

¡Se viene el XXXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional!

2025-09-19T10:00:00.001-03:00

La Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI), junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, te invita a participar activamente en el XXXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional, que se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025 en el Campus de Pilar de la Universidad Austral.

El Congreso Argentino de Derecho Internacional es la actividad principal de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Este año la sede elegida para el Congreso Argentino de Derecho Internacional es la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y el evento tendrá lugar en el campus de Pilar.

Se trata del evento más importante de Argentina en la materia. Si te interesan estos temas no te lo puedes perder!

Las Secciones Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales tratarán el tema “Los desafíos actuales al Derecho internacional del espacio” y el Relator es Juan Cruz González Allonca.

La Relatora de la Sección Derecho Internacional Privado será la Dra. Luciana Scotti, y el tema “Derecho Internacional Privado y vulnerabilidades”.

En la Sección Derecho de la Integración el Relator es Alfredo Soto, y el tema “Control de integracionalidad. Su comparación con la prejudicialidad, la convencionalidad y la constitucionalidad”.

La Sección Documentación, Investigación y Enseñanza del Derecho Internacional abordará el tema “Inteligencia artificial y la enseñanza del derecho” a cargo de la Relatora Sandra Wierzba.

Finalmente, en la Sección Derecho Internacional de los Derechos Humanos el Relator es Ignacio de Casas, y el tema ”La eficacia del sistema universal de protección de Derechos Humanos. A propósito de los primeros 20 años del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”

También están previstas una Conferencia de apertura a cargo de Wagner Menezes (Brasil): “La humanización del derecho internacional y su reestructuración teórica”, y Conferencias de cierre a cargo de Mario Oyarzábal “Diplomacia y derecho internacional” y Frida M. Armas Pfirter “Aportes y desafíos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

No dejes de participar y de presentar ponencias!

📌 ¿Por qué asistir y presentar tu trabajo?

Es una excelente ocasión para difundir investigaciones, artículos, estudios o experiencias de relevancia en Derecho Internacional.
Te permite intercambiar conocimientos con docentes, investigadores y profesionales de distintas universidades del país y el extranjero.
Estar entre quienes proponen las líneas de debate contribuye a la formación académica e institucional del Derecho Internacional en Argentina.

🗓 Fechas importantes

Del evento: 16 a 18 de octubre de 2025 (austral.edu.ar)
Lugar: Campus Pilar, Universidad Austral (austral.edu.ar)

🖋 Detalles para envío de ponencias

La convocatoria está abierta a docentes, investigadores, estudiantes de posgrado y profesionales con interés en Derecho Internacional.
Las propuestas deben ajustarse a las pautas indicadas por la AADI en cuanto a formato, extensión, tema, etc. (consultar Programa / Ponencias en la página del congreso)
Importante: verificar plazos de presentación para asegurar la aceptación de tu ponencia.

🔍 Inscripción y más información

Para presentar ponencia e inscribirse, podés acceder al sitio oficial del congreso, sección “Ponencias” e “Inscripciones”. (austral.edu.ar)

¡Un paso histórico para la protección de la infancia en Argentina!

2025-09-18T17:30:00.010-03:00

Argentina se convierte en el estado parte 58 del Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección de los niños

Por Juan Pablo Quaranta Costerg y Julio Córdoba

Argentina ha dado un gran salto en la protección internacional de la niñez: ayer se depositó el instrumento de ratificación del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.

La ratificación —largamente esperada— entrará en vigor en nuestro país el próximo 1 de enero de 2026.

Un hito para el Derecho Internacional Privado argentino

Este avance no solo tiene relevancia técnica en el campo del Derecho Internacional Privado, sino que constituye, sobre todo, una mejora decisiva en la protección de los niños en situaciones transfronterizas.

La incorporación argentina a este Convenio era un reclamo reiterado de la doctrina especializada. La Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI) lo había subrayado en varias oportunidades:

Recomendación 8 del XXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional (San Miguel de Tucumán, 2014).
Conclusión 14 del XXIX Congreso (Mendoza, 2017).
Conclusión 5 del XXXI Congreso (Córdoba, 2019), donde se instó expresamente al Congreso Nacional a modificar la ley 27.237 para habilitar su plena aplicación.

Hoy, ese reclamo finalmente se materializa.

¿Qué aporta el Convenio de La Haya de 1996?

El Convenio fue elaborado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para mejorar la coordinación internacional en materia de protección de la infancia, reemplazando al desactualizado Convenio de 1961 y armonizándose con los principios de la Convención de los Derechos del Niño de 1989.

Entre sus principales aportes se destacan:

Interés superior del niño como principio rector. Todas las disposiciones se aplican bajo esta premisa.
Competencia centralizada en el Estado de residencia habitual. Supera la dispersión de criterios del Convenio de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores, reduciendo conflictos de jurisdicción.

Regula la competencia en materia de restitución internacional de menores siguiendo la misma línea que la convención de 1980.

Ley aplicable unificada. La atribución y extinción de la responsabilidad parental se rige por la ley de la residencia habitual del niño (art. 16).
Reconocimiento y ejecución simplificados. Las medidas adoptadas en un Estado contratante se reconocen de pleno derecho en los demás (art. 23), con un procedimiento ágil de exequátur sin revisión de fondo (art. 26).
Cooperación entre Estados. Cada país debe designar una Autoridad Central (art. 29) para facilitar comunicaciones, asistencia mutua y, en particular, la consulta previa en casos de colocación transfronteriza (art. 33).
Flexibilidad en la jurisdicción. Prevé la transferencia de competencia a otro Estado cuando ello responda mejor al interés del niño (arts. 8 y 9).

Mirando hacia adelante

La entrada en vigor del Convenio de 1996 en Argentina dotará a jueces, autoridades y familias de herramientas claras, modernas y eficaces para enfrentar situaciones complejas que trascienden fronteras.

Desde DIPrArgentina, celebramos esta incorporación que coloca al país en línea con los estándares internacionales más avanzados en materia de protección infantil.

“Pensar en Arbitraje”: ciclo de charlas libres de la Universidad Austral

2025-09-17T17:00:00.001-03:00

En el marco de la Diplomatura en Arbitraje Comercial y de Inversiones, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral presenta Pensar en Arbitraje, un ciclo de clases abiertas de alto nivel, sin cargo, que se llevará a cabo de manera online. Es una excelente oportunidad para profesionales, estudiantes y todo interesado en profundizar en el arbitraje desde distintas ópticas y experiencias internacionales.

📅 Datos claves

Fecha: desde el 29 de agosto de 2025 hasta 5 de diciembre de 2025, inclusive.
Hora de comienzo: 11:00 horas (GMT-3)
Modalidad: 100 % online.
Inscripción: previa, gratuita. Se debe completar un formulario desde la página de la Universidad Austral. (austral.edu.ar)

🎙 Oradores y temas destacados

Aquí algunos de los expositores ya confirmados y las charlas que impartirán:

Orador/a	Tema	Fecha
Alejandro Garro (USA), Profesor de Columbia Law School	Perspectivas Culturales sobre el Arbitraje	8 de agosto
María del Carmen Tovar (Perú), socia de Echecopar – Baker & McKenzie	Contrademanda por parte de los Estados. Análisis actual	29 de agosto
Galina Zukova (París), árbitro y socia de Zukova Legal	Nuevas reglas de la IBA sobre conflicto de intereses	19 de septiembre
Joe Tirado (Londres), árbitro independiente	Recientes experiencias europeas en el Arbitraje de Inversión	3 de octubre
Federico Campolieti (Argentina), árbitro, Estudio Bomchil	Nuevas reformas al reglamento ICC	24 de octubre
Catalina Echeverri Gallego (Colombia), socia Wordstone Dispute Resolution	Reflexiones sobre los últimos casos de inversión en Colombia	7 de noviembre
María José Méndez Arias (España), árbitro independiente	Árbitro de Emergencia	28 de noviembre
Krystle Baptista Serna (España), árbitro independiente	Desarrollo de una práctica internacional en el arbitraje: una nueva mirada	5 de diciembre

Moderadores del ciclo: Roque Caivano y Verónica Sandler.

✅ ¿Por qué asistir?

Acceso libre y gratuito a expertos del arbitraje que operan en distintos contextos internacionales.
Amplio abanico de temas: derecho comparado, inversiones, reformas institucionales y casos prácticos.
Modalidad online que facilita la participación desde cualquier lugar.
Posibilidad de formarse (o actualizarse) en un campo que crece: arbitraje comercial e inversiones.

Si te interesa participar, no te quedes afuera: completá tu inscripción lo antes posible. Compartí esta nota con colegas, estudiantes o quienes consideres podrían sacarle provecho. ¡Una excelente oportunidad para “pensar en arbitraje”!

Para más información y para inscribirte, visitá el sitio de la Universidad Austral. (austral.edu.ar)

Flight Express c/ UPS: limitación de responsabilidad, correos electrónicos y traducción en el transporte aéreo internacional

2025-09-16T10:00:00.001-03:00

Introducción

El reciente fallo de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal en Flight Express S.A. c/ UPS de Argentina S.A. (11 de septiembre de 2025) ofrece un prisma actual sobre tres cuestiones centrales del transporte aéreo internacional:

La aplicación de los tratados que regulan el transporte aéreo internacional, desde el Convenio de Varsovia de 1929 hasta la Convención de Montreal de 1999.
La vigencia de la limitación de responsabilidad del transportista.
El valor procesal de los correos electrónicos y documentos en idioma extranjero sin traducción.

El caso giró en torno a la pérdida total de un repuesto aeronáutico de alto valor, lo que dio lugar a un litigio sobre la responsabilidad y el alcance del resarcimiento.

Hechos relevantes

La actora, Flight Express S.A., reclamó a UPS Argentina por la pérdida de un “tail rotor gear box”, valuado en USD 66.200. La demandada alegó haber entregado la mercadería, pero la prueba mostró que se trataba de otro envío con número de guía distinto.

En primera instancia se declaró responsable a la transportista, con condena a pagar el valor del bien (en dólares o en pesos al tipo de cambio MEP al día de pago), siempre que no exceda el límite previsto en el art. 22 de la Convención de Varsovia de 1929 – La Haya 1955, modificado por el Protocolo Adicional n° 4 de Montreal de 1975 más intereses al 4% anual. La Cámara confirmó el fallo y rechazó los agravios de ambas partes.

Marco jurídico aplicable

El régimen de responsabilidad del transporte aéreo internacional es uno de los más complejos del derecho uniforme, fruto de un largo proceso de convenios, protocolos y enmiendas que han intentado equilibrar los intereses de transportistas y usuarios.

El punto de partida fue la Convención de Varsovia de 1929, que estableció por primera vez la limitación de responsabilidad del transportista. Con el tiempo, esa convención fue modificada por:

Protocolo de La Haya de 1955 (duplica los límites de Varsovia).
Convenio de Guadalajara de 1961 (sobre transporte efectuado por un transportista distinto al contractual).
Convenio de Guatemala de 1971, que introdujo supuestos de dolo y negligencia grave, pero nunca entró en vigor.
Protocolos Adicionales de Montreal de 1975 (n.º 1, 2, y 3), con ajustes a límites y aspectos técnicos.
Protocolo de Montreal de 1975 N° 4.

Como es de suponer, es diferente el abanico de países que forman parte de cada uno de esos convenios. Argentina adoptó algunos de estos instrumentos: está adherida a Varsovia, La Haya y a los Protocolos de Montreal de 1975 1, 2, y 4.

En este escenario fragmentado y poco uniforme, el Convenio de Montreal de 1999 significó un verdadero punto de inflexión. Su objetivo fue unificar y superar la maraña normativa anterior. De hecho, el propio texto del Convenio lo establece en su artículo 55:

“El presente Convenio prevalecerá sobre cualquier regla que se aplique al transporte aéreo internacional de personas, equipajes y carga, siempre que esa regla provenga de los convenios de Varsovia o de los instrumentos conexos que los modifican.”

En otras palabras, Montreal absorbe y sustituye al sistema de Varsovia, clausurando la dispersión normativa. Allí donde está vigente —como en la Argentina, desde la sanción de la ley 26.451—, y en los casos en que resulta aplicable, se aplica con carácter exclusivo, consolidando un régimen moderno que refuerza la protección de los pasajeros y cargadores, pero mantiene el principio de limitación de responsabilidad, salvo en casos de declaración especial de valor o dolo/temeridad del transportista.

Ante esta realidad normativa resulta incomprensible, y cuestionable, que las sentencias continúen haciendo referencia promiscua e incorrectamente, a las Convenciones de Varsovia, o Varsovia – La Haya, o a los cuatro Protocolos de Montreal de 1975 como si todos fueran lo mismo y estuvieran vigentes.

El Convenio de Montreal de 1999 ya ha cumplido 25 años y tiene 141 estados parte, con lo que salvo circunstancias excepcionalísimas, seguramente éste será el tratado que corresponde aplicar. Tal vez sería hora que los jueces actualicen la biblioteca, los modelos de sentencia y apliquen de una buena vez las normas que corresponden.

También se ha reiterado en varias sentencias, a fin de justificar la aplicación del Código Aeronáutico, la Resolución n° 1532/98 del Ministerio de Economía, el Código Civil y Comercial de la Nación, y supletoriamente, la ley 24.240, que “Una de las prestaciones más características del contrato tuvo su lugar de cumplimiento en el país –lo relativo al pago del precio de los pasajes–, lo que habilita a examinar la problemática a la luz de las señaladas disposiciones (art. 2.655 del Código Civil y Comercial de la Nación)”.

Este razonamiento es claramente erróneo. Cuando se habla de la teoría de la prestación más característica se hace referencia justamente a aquella prestación que “caracteriza” el contrato, que lo hacer ser lo que es. Y por regla general, esta prestación NO es la prestación dineraria, que es común al 99 % de los contratos. El pago de un precio no es nunca la prestación más característica de un contrato.

El razonamiento evidencia un desconocimiento absoluto de las nociones más básicas del DIPr, ya que fácilmente la norma aplicable (art. 2655 CCC) lleva a la misma solución por razonamientos correctos.

La protesta en caso de pérdida total

UPS también alegó la falta de protesta escrita de la actora. La Sala rechazó el argumento: cuando se trata de pérdida total del bulto, la protesta deviene innecesaria. Se privilegia así la sustancia del reclamo por sobre un formalismo. Este criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema en el caso «La Agrícola Cía. de Seguros c. Lan Chile» [publicado en DIPr Argentina el 13/08/09].

La limitación de responsabilidad

La Cámara descarta el argumento de la actora sobre la ineficacia del límite por inexistencia de la carta de porte y reitera que la regla es la limitación de responsabilidad del transportista aéreo, salvo que se prueben dos supuestos excepcionales:

Declaración especial de valor al embarcar.
Dolo o temeridad del transportista.

En este caso, la actora no demostró haber efectuado declaración especial ni abonado tasa adicional; tampoco probó conducta dolosa o temeraria de UPS. Por ello, se aplicó estrictamente el límite de responsabilidad, excluyendo los intereses del cómputo del tope.

Esto se corresponde con una línea jurisprudencial argentina conservadora: la deslimitación requiere prueba muy sólida.

Correos electrónicos y traducción: un estándar procesal estricto

Un aspecto singular del fallo fue el rechazo de los correos electrónicos en inglés por falta de traducción. Aparentemente estos emails (correo electrónico, traducido para los jueces que nos leen) eran la smoking gun del caso ya que en ellos la actora reconocía la recepción de la encomienda (para los jueces, smoking gun quiere decir arma humeante y se refiere a una prueba irrefutable).

La Sala aplicó el art. 123 CPCCN y la Ley 20.305, que exigen traducción por traductor público para todo documento en idioma extranjero. La Cámara fue categórica:

El juez no tiene el deber de conocer otro idioma.
La actuación judicial debe desarrollarse en idioma nacional.
Sin traducción, el contenido del email no puede ser valorado como prueba.

El peritaje informático solo acreditó la existencia y circulación de los mensajes, no su contenido. La sentencia marca un estándar claro: la validez procesal de la prueba electrónica depende de cumplir con la exigencia formal de traducción.

Esta interpretación estricta se contrapone a otra línea jurisprudencial, que obviamente consideramos más razonable, que afirma que el requisito del art. 123 debe ser aplicado con un criterio flexible y descartándose excesivos formalismos, pues su finalidad no es otra que la de posibilitar la comprensión del documento.

Con el avance de la tecnología no requiere ningún esfuerzo para un juez obtener una traducción que permita comprender los correos electrónicos adjuntados, máxime si se encuentra en juego la verdad jurídica objetiva y su afectación por un excesivo rigor formal.

Además, coincido que, en líneas generales, no es deber del juez conocer otro idioma, y ningún juez tiene la obligación de ser poliglota. Ahora bien, tener conocimientos de idioma inglés es un requisito mínimo en cualquier búsqueda laboral. En ese sentido, que los jueces de la Cámara que por su especialización conoce en un elevado porcentaje de los casos que involucran el transporte y el comercio internacionales del país, reconozcan no poder comprender un intercambio de correspondencia comercial en inglés entre dos empresas, da un poquito de cringe.

El tema del idioma en el DIPr y en la justicia merece un análisis más profundo, pero hay que empezar esa discusión y tratar de lograr un cambio de razonamiento. Está claro que no es lo mismo el inglés o el francés, que el chino, o el griego o el árabe; tampoco es lo mismo una línea al final de una factura que el contrato base de la controversia. Pero justamente por eso no deberían brindarse respuestas automáticas, colocando todos los casos en una misma bolsa.

En el marco del XXXI Congreso Argentino de Derecho Internacional, celebrado en Córdoba en 2019, la Sección Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional ya había advertido que los costos de las traducciones pueden obstaculizar el acceso a la justicia. Y cualquier abogado que se enfrenta a un presupuesto de traducciones puede dar fe de ello.

¿A Uds. les parece correcta la solución adoptada en el fallo?

Los invitamos a dejar sus comentarios y a participar en el debate. ¡Manténganse conectados a DIPrArgentina.com para seguir explorando las fronteras del Derecho Internacional Privado en nuestro país!

Llegan las III Jornadas de Actualización en Derecho Internacional Privado a la UBA

2025-09-09T13:04:00.004-03:00

Tenemos el agrado de difundir e invitar a toda la comunidad académica y profesional a participar de las III Jornadas de Actualización en Derecho Internacional Privado, un evento de altísimo nivel organizado por la Cátedra de la Dra. María Elsa Uzal del Departamento de Derecho Privado II de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Esta cita imperdible se ha consolidado como un espacio fundamental para el análisis, el debate y la reflexión sobre los desafíos más actuales de nuestra disciplina.

La jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de septiembre de 2025, de 15 a 20 hs., en el Salón Verde de la Facultad. Además, contará con una modalidad híbrida para facilitar la participación desde cualquier lugar.

Un programa de lujo con destacados especialistas

El encuentro estará estructurado en tres paneles que abordarán temáticas cruciales y de gran actualidad, con la participación de reconocidos j
uristas:

PANEL I – “LA INTERNACIONALIDAD COMO FACTOR DE VULNERABILIDAD”

María Elsa Uzal: "La internacionalidad como factor de vulnerabilidad: diversas manifestaciones, retos y perspectivas".
Úrsula Basset: "La procreación humana transnacional en la jurisprudencia del TEDH: desafíos y propuestas".
Flavia A. Medina: "Sujetos vulnerables en activos digitales: posibles soluciones en el DIPr.".
Modera: María Andrea Esparza.
Presenta: Sergio A. Reynoso.

PANEL II – “CUESTIONES DE COOPERACIÓN Y JURISDICCIÓN INTERNACIONAL”

María Blanca Noodt Taquela: "Coordinación de normas entre los tratados de cooperación jurídica y el Código Civil y Comercial de la Nación".
Juan José Cerdeira: "Proyecto de Convenio de La Haya sobre Procedimientos Paralelos".
Roque J. Caivano: "Arbitraje estatutario".
Modera: Leandro L. Lebensohn.
Presenta: Ricardo A. Pintos.

PANEL III – “CUESTIONES TRANSVERSALES EN EL DIPr.”

Alfredo M. Soto: "Influencia de las Conferencias Interamericanas de DIPr. (CIDIP) en el progreso del DIPr.".
Rodrigo Laje: "La protección de datos y la privacidad en la era de la inteligencia artificial: una mirada desde el DIPr.".
María Susana Najurieta: "Herramientas de DIPr. para enfrentar el daño ambiental".
Modera: Ricardo I. Kennedy.
Presenta: Daniel A. Campero.

Información para participar

Una oportunidad única para actualizarse y debatir junto a los principales referentes del Derecho Internacional Privado.

📅 Fecha: Miércoles, 10 de septiembre de 2025.
⏰ Horario: 15:00 a 20:00 hs.
📍 Lugar: Salón Verde, Facultad de Derecho (UBA).
💻 Modalidad: Híbrida (presencial y virtual).
📧 Inscripción para acceso remoto: Para recibir el enlace de conexión, es necesario enviar un correo electrónico a jornadasdeactualizaciondipr@gmail.com.

¡Esperamos contar con su presencia en esta enriquecedora jornada!

Apostilla y tutela cautelar: la Cámara Federal frente al embargo marítimo

2025-09-09T10:00:00.001-03:00

El conflicto que llegó a la Cámara

En enero de 2025, tripulantes del buque argentino Pampero I participaron en maniobras de asistencia y salvamento en aguas paraguayas. Meses después, reclamaron el embargo preventivo de diecinueve buques con matrícula paraguaya para asegurar un eventual crédito por esos trabajos.

La prueba clave que presentaron fue un acta expedida por la Prefectura Naval del Paraguay. Sin embargo, el documento no estaba apostillado conforme a la Convención de La Haya de 1961. Ese detalle resultó determinante.

La primera decisión judicial

El juez de primera instancia rechazó el embargo. Su razonamiento fue directo: sin apostilla, el documento extranjero carece de autenticidad formal y, por lo tanto, no se cumple con el requisito de verosimilitud del derecho, indispensable en toda medida cautelar.

La apelación y el argumento de la urgencia

Los actores apelaron. Alegaron que una medida cautelar no busca certeza, sino apenas probabilidad, y que el tiempo requerido para obtener la apostilla es incompatible con la urgencia de un embargo marítimo. Un barco puede zarpar en horas, y perder esa oportunidad equivale a tornar ilusorio el derecho reclamado.

Lo resuelto por la Cámara

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el rechazo. Recordó que el estándar de conocimiento en materia cautelar es “superficial”, pero no por ello puede prescindirse de requisitos básicos de legalidad documental. En otras palabras: no se exige certeza plena, pero sí un mínimo de autenticidad, y la apostilla es la garantía internacionalmente prevista para ello.

El Protocolo de Las Leñas y sus límites

Los actores también habrían invocado el Protocolo de Las Leñas sobre cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, vigente en el MERCOSUR. La Cámara analizó el planteo, pero concluyó que el Protocolo sólo elimina la necesidad de acreditar la autenticidad de los documentos extranjeros cuando los documentos son tramitados por intermedio de la Autoridad Central.

Conclusión

El caso Franco refleja la tensión permanente entre formalismo y eficacia en el Derecho Internacional Privado procesal. La Cámara privilegió la seguridad documental y reafirmó la vigencia estricta de la apostilla. El fallo deja planteada una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la cooperación regional puede —o debe— aligerar los requisitos documentales para garantizar una tutela judicial realmente efectiva?

¿Les parece correcta la solución adoptada en el fallo?

Vuelos Cancelados en Pandemia: ¿El Ocaso del Derecho Aeronáutico frente a la Expansión del Derecho del Consumidor? Análisis del fallo "Arias"

2025-09-04T10:00:00.004-03:00

Hoy nos convoca un fallo de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en autos “ARIAS, SERGIO ALEJANDRO c/ AVANTRIP COM S.R.L. Y OTRO s/ORDINARIO”. Esta sentencia, fechada ayer 3 de septiembre de 2025, no es una más en la saga de conflictos derivados de la pandemia de COVID-19, sino que representa un eslabón clave en la tensión dialéctica entre el régimen especial del transporte aéreo internacional y la normativa tuitiva de los consumidores. A continuación, desgranaremos sus aspectos más relevantes.

Los Hechos: Una Odisea de Reprogramaciones y Falta de Respuestas

El caso se origina con la compra por parte del Sr. Sergio Arias, a través de la agencia de viajes Avantrip, de dos pasajes en clase business para viajar de Buenos Aires a Italia por la aerolínea Alitalia en junio de 2020. La irrupción de la pandemia y el consecuente aislamiento obligatorio frustraron el viaje original.

A partir de allí, comenzó un periplo para el consumidor. Avantrip, actuando como intermediaria, le transmitió las opciones ofrecidas por Alitalia: reprogramar el vuelo dentro de un año, obtener un voucher o solicitar el reembolso. El Sr. Arias optó por reprogramar para 2021. Sin embargo, ese nuevo vuelo también fue cancelado por la aerolínea, una noticia de la que el pasajero se enteró por Alitalia directamente y no por la agencia. Ante un nuevo intento de reprogramación para 2022 y la falta de comunicación de Avantrip, la incertidumbre creció. Finalmente, la agencia le informó que Alitalia había cesado sus operaciones entre Buenos Aires y Roma y le ofreció el reembolso del valor de los pasajes, sin actualización y con una demora de 120 días, oferta que el actor consideró injusta.

El Sr. Arias demandó a ambas empresas por incumplimiento contractual. La sentencia de primera instancia acogió su reclamo, condenando solidariamente a Avantrip y Alitalia a pagar el valor actualizado de pasajes similares y una indemnización por daño moral. La decisión fue apelada por ambas demandadas.

La Solución de la Cámara: Prevalencia Absoluta del Estatuto del Consumidor

La Cámara Comercial, en un voto conductor del Dr. Ernesto Lucchelli al que adhiere con algunas precisiones la Dra. Alejandra N. Tevez, confirma íntegramente la sentencia de grado. El núcleo argumental del fallo se centra en dos ejes: la normativa aplicable y la atribución de responsabilidad.

Normativa Aplicable: Este es el punto de mayor interés para nuestra disciplina. La aerolínea se agravió de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), insistiendo en que el caso debía regirse por el Código Aeronáutico y los tratados internacionales. La Cámara rechaza este argumento de manera contundente. Sostiene que la protección de los consumidores tiene rango constitucional (art. 42 CN) y convencional, formando parte de los derechos humanos. Por ello, el juez debe ejercer un control de convencionalidad y aplicar el principio pro consumidor.
Responsabilidad Solidaria: La Cámara confirma la responsabilidad de ambas empresas. A Alitalia, por no haber cumplido su obligación, ya que los pasajeros nunca pudieron viajar ni se les reembolsó el dinero de forma adecuada, frustrándose la finalidad del contrato. A Avantrip, se le reprocha una conducta "displicente", rechazando su defensa de mera intermediación. Se destaca que la agencia incumplió su deber de información, no comunicó oportunamente la cancelación definitiva y no realizó gestiones efectivas para el reembolso, ni siquiera ofreció devolver su propia comisión.

El Voto del Dr. Lucchelli y el Desplazamiento del Convenio de Montreal

Un aspecto central del voto del Dr. Lucchelli, y que merece un análisis pormenorizado, es la justificación para desplazar el régimen de responsabilidad del Derecho Aeronáutico, incluyendo el Convenio de Montreal de 1999. Alitalia solicitó expresamente que su responsabilidad se dirimiera dentro de los alcances de dicho Convenio.

El magistrado desestima esta petición con un argumento crucial: la naturaleza del conflicto no se enmarca estrictamente en la "actividad aérea" que regulan dichas normativas especiales. Sostiene que el Código Aeronáutico y los tratados internacionales ofrecen una protección "escasa –sino prácticamente inexistente-" para casos como el presente, ya que su ámbito de aplicación se concentra en accidentes, demoras o problemas con el equipaje.

La clave de su razonamiento reside en que el incumplimiento aquí juzgado no se relaciona con la ejecución del contrato de transporte aéreo en sí (un incidente durante el vuelo, por ejemplo), sino con la violación de obligaciones contractuales y legales (como el deber de información) posteriores a la frustración del viaje y en el marco de una relación de consumo. Es la conducta de las proveedoras post-cancelación la que genera la responsabilidad, una conducta que, a juicio del tribunal, debe ser analizada bajo el prisma de la LDC. Por lo tanto, al no estar comprometidas cuestiones técnicas de la actividad aérea, sino principios generales del derecho del consumo, la limitación de responsabilidad del Convenio de Montreal no resulta aplicable.

Una Crítica desde el Derecho Internacional Privado: La Ausencia de un Análisis de Ley Aplicable

Si bien el fallo realiza un encomiable "diálogo de fuentes" entre la Constitución, el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, lo hace desde una óptica puramente de derecho interno, omitiendo por completo el análisis metodológico propio del Derecho Internacional Privado. El contrato de transporte aéreo entre un pasajero en Argentina y una aerolínea italiana para viajar a Europa es, por definición, un contrato internacional. Sin embargo, en la sentencia no encontramos ninguna referencia a las normas de conflicto del Código Civil y Comercial (arts. 2651 y ss.) para determinar la ley aplicable al fondo de la controversia. La aplicación del derecho argentino parece darse por sentada. El tribunal debería haber analizado y aplicado las normas de conflicto del derecho argentino a fin de determinar cuál era el derecho aplicable al caso. El voto agregado de la jueza Tevez concluye mencionando el orden público y el fraude a la ley, pero erradamente lo hace, de nuevo, desde la perspectiva del derecho interno, sin advertir que por tratarse de un caso internacional la perspectiva debe ser diferente. Podría haber argumentado, si así lo creía, que la protección del consumidor constituye un principio de orden público internacional argentino (art. 2600 CCyC) o que las normas de la LDC son normas internacionalmente imperativas ("leyes de policía") que se aplican a la situación con independencia de la ley que rija el contrato. No obstante, en lugar de recurrir a estas herramientas específicas del DIPr, la Cámara opta por una solución de jerarquía normativa interna, haciendo prevalecer la norma de rango constitucional (protección al consumidor) por sobre la ley especial que incorpora el tratado internacional. Esta aproximación, si bien pragmática y protectora, elude el debate técnico sobre el derecho aplicable en contratos internacionales y debilita la previsibilidad en una materia inherentemente transfronteriza. Además, pareciera que, desde esta visión, el único derecho de rango constitucional es el derecho del consumidor.

En conclusión, el fallo "Arias" consolida una tendencia jurisprudencial que expande el ámbito de aplicación del derecho del consumidor en detrimento de los regímenes especiales, como el aeronáutico. La decisión de valorar la conducta de los proveedores fuera de la ejecución estricta del contrato de transporte para aplicar la LDC es una herramienta poderosa para la tutela de los pasajeros. Sin embargo, deja abierta la pregunta sobre el rol que le queda al Derecho Internacional Privado y sus métodos en la resolución de estos conflictos.

¿Qué opinan ustedes? ¿Es correcta la primacía absoluta del derecho del consumidor o debería buscarse una mayor armonización con las normas especiales del transporte aéreo?

El DIPr del siglo XXI: una mirada al Manual de Derecho Internacional Privado (3ª ed., 2025) de Luciana Scotti

2025-09-02T10:00:00.001-03:00

En el mundo contemporáneo, atravesado por la globalización, la diversidad cultural y la disrupción tecnológica, el Derecho Internacional Privado (DIPr) se ha convertido en una disciplina clave para comprender y ordenar la vida jurídica de personas, familias y empresas que actúan más allá de las fronteras estatales. La tercera edición del Manual de Derecho Internacional Privado de la Dra. Luciana Beatriz Scotti, publicada por La Ley–Thomson Reuters en 2025, ofrece un panorama completo y actualizado de este campo en plena transformación.

Coincidiendo con los diez años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, la obra se consolida como referencia ineludible para estudiantes, docentes y profesionales.

Tres notas distintivas de la obra

El prólogo de la Prof. María Susana Najurieta resalta tres características que definen el manual y la trayectoria de su autora:

· Innovación y anticipación: Scotti aborda con profundidad cuestiones de frontera como los contratos electrónicos, la regulación del ciberespacio o la responsabilidad civil en entornos digitales.

· Equilibrio entre tradición y modernidad: combina el respeto a la tradición de los grandes maestros argentinos con la incorporación de tendencias emergentes de los foros académicos internacionales (La Haya, UNCITRAL, ASADIP).

· Visión pluridisciplinar: conecta el DIPr con otras ramas del derecho y con problemáticas sociales contemporáneas —derechos humanos, multiculturalidad, integración regional—.

Claridad didáctica y solidez académica

El manual se distingue por su estilo claro y pedagógico, pensado para guiar al estudiante en el “peculiar razonamiento” del DIPr sin perder rigor científico.

La estructura combina:

· una Parte General, que ofrece las herramientas conceptuales básicas;

· una Parte Especial, dedicada a instituciones y problemas seleccionados por su importancia práctica;

· y un anexo de actividades prácticas, elaborado junto a Leandro Baltar, que facilita el aprendizaje activo.

Temas destacados de la tercera edición

La actualización de 2025 introduce novedades y profundizaciones en áreas sensibles de la disciplina:

· Fuentes y constitucionalización del DIPr: con especial anclaje en el derecho internacional de los derechos humanos.

· Jurisdicción internacional y arbitraje: analizados desde la perspectiva del acceso a la justicia, incorporando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

· Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras: incluye el Acuerdo de Singapur sobre mediación y el Convenio de La Haya sobre Sentencias de 2019.

· Familia y niñez: tratamiento exhaustivo de filiación, adopción, responsabilidad parental y restitución internacional de niños.

· Patrimonio y contratos internacionales: regímenes de bienes, insolvencia transfronteriza, comercio electrónico y contratos internacionales.

· Bienes culturales: un aporte original en el contexto argentino.

· Responsabilidad civil internacional: análisis de los daños en entornos deslocalizados por internet y nuevas tecnologías.

Listado de capítulos

Parte General (7 capítulos)

1. Concepto, objeto y contenidos del DIPr.

2. Fuentes del DIPr.

3. Jurisdiccion internacional

4. Derecho aplicable: los métodos y las normas del Derecho Internacional Privado

5. Problemas de aplicación y funcionamiento de la norma indirecta

6. La cooperación jurídica internacional

7. El reconocimiento y la ejecución de sentencias, laudos y otras decisiones extranjeras

Parte Especial (18 capítulos)

· La persona humana.

· La Familia.

· La filiación.

· La adopción.

· La responsabilidad parental y otras instituciones de protección.

· Las obligaciones alimentarias.

· Restitución internacional de niños, tráfico y trata internacional.

· Sucesiones internacionales.

· Régimen internacional de bienes y bienes culturales.

· La forma de los actos jurídicos.

· Los contratos internacionales

· Títulos valores.

· Responsabilidad civil no contractual.

· Las personas juridicas.

· Insolvencia transfronteriza.

· Derecho penal y extradición.

Una obra de referencia obligada

El Manual de Derecho Internacional Privado de Luciana Scotti no es solo un texto para la enseñanza universitaria. Es un mapa actualizado del DIPr argentino y global, que combina tradición, innovación y mirada comparada.

En tiempos en que la disciplina enfrenta desafíos inéditos —pluralismo normativo, migraciones, comercio digital, inteligencia artificial—, esta obra se ofrece como guía confiable y estimulante.

Por su rigor, actualidad y claridad, la tercera edición del manual se ha convertirá seguramente en una obra de referencia obligada para toda la comunidad iusprivatista del país y de la región.

Análisis del fallo "D. L. C., K. s. adopción": de Guatemala a Guatepeor

2025-08-21T10:00:00.001-03:00

Un Llamado a la Armonización entre el Formalismo Registral y el Acceso a la Justicia en Casos de Familia Internacional

Hoy nos convoca el reciente fallo de la sala F de la Cámara Nacional Civil, del 14/08/2025, en los autos “D. L. C., K. s. adopción”, una resolución que, aunque aborda una adopción, reaviva la discusión fundamental sobre el alcance de los artículos 75 y 78 de la Ley 26.413 de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en situaciones con elementos internacionales. Este caso es particularmente relevante porque la Cámara revocó la declaración de inconstitucionalidad de los mencionados artículos, desatendiendo un reclamo que en otras oportunidades ha sido acogido por diversas instancias judiciales y defendido por la doctrina especializada.

El Caso en Cuestión: Una Adopción con Obstáculos Registrales Internacionales

El fallo se refiere a la adopción simple de K. d l C. A., nacido en Guatemala, concedida en Argentina en los términos del artículo 630 del CCyCN. La sentencia de adopción original había ordenado su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Guatemala mediante exhorto diplomático. Sin embargo, los interesados no pudieron cumplir con este requisito debido a la ausencia de un convenio internacional entre Argentina y Guatemala para tal fin. Además, manifestaron que recurrir a un estudio jurídico en Guatemala para la ejecución de la sentencia extranjera implicaría un proceso largo y costoso. Ante esta situación, solicitaron la inconstitucionalidad del artículo 75 de la Ley 26.413, argumentando que la exigencia de previa inscripción en el extranjero conllevaba "altos costos" y una "exigencia irrazonable".

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas había reiterado previamente la necesidad de inscribir la adopción en el lugar de origen del nacimiento, conforme a los artículos 75 y 78 de la Ley 26.413. No obstante, la jueza de primera instancia había declarado la inconstitucionalidad del artículo 75 para el caso concreto, ordenando la inscripción directa en Argentina.

La Cámara, al resolver la apelación del Fiscal, revocó esta declaración de inconstitucionalidad y rechazó el planteo de los interesados. Su argumento central fue que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional y debe ser la "última ratio" del orden jurídico, aplicable solo cuando no hay otro modo de salvaguardar un derecho constitucional. El tribunal consideró que, a pesar de los argumentos sobre el costo y el tiempo, la aplicación de la normativa atacada "no resulta de cumplimiento imposible". La Sala F enfatizó que la finalidad de los artículos 75 y 78 es evitar la profusión de instrumentos discordantes y otorgar seguridad jurídica y registral, buscando la coincidencia entre el registro del lugar de nacimiento y el de la jurisdicción donde se dictó la sentencia.

Los Artículos 75 y 78 de la Ley 26.413 y su Interpretación

Recordemos que el artículo 75 de la Ley 26.413 establece que "las inscripciones asentadas en los libros de extraña jurisdicción, no podrán ser modificadas sin que previamente lo sean en su jurisdicción de origen". Por su parte, el artículo 78 dispone que "todas las resoluciones judiciales que den origen, alteren o modifiquen el estado civil o la capacidad de las personas, deberán ser remitidas al Registro de origen de la inscripción para su registro".

El objetivo de estas normas, según la interpretación predominante, es la seguridad registral y la coherencia de la información. Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones a situaciones con elementos extranjeros, donde el sistema registral de otro país puede ser distinto o la cooperación judicial es inexistente, a menudo genera impedimentos irrazonables al ejercicio de derechos fundamentales.

Jurisprudencia Comparada: Cuando la Exigencia Formal Colisiona con el Acceso a la Justicia

Resulta crucial contrastar la postura del fallo "DLCK" con la de otros tribunales argentinos que, frente a exigencias similares en casos de divorcios internacionales, han optado por una interpretación más flexible o incluso por declarar la inconstitucionalidad de los artículos 75 y 78 de la Ley 26.413, priorizando el derecho al acceso a la justicia y otros derechos humanos.

• Caso «S., D. M. c. N. J., J. s. divorcio» (CNCiv., sala I, 25/04/18): En este caso de un matrimonio celebrado en Nueva York (EE.UU.) y disuelto en Argentina, la Cámara resolvió que la inscripción debía realizarse directamente en el Registro local argentino. Se argumentó que, dado que el derecho estadounidense no exige anotaciones marginales de divorcio y que la disolución del matrimonio se prueba con la sentencia legalizada, los artículos 75 y 78 de la ley 26.413 resultaban de "imposible cumplimiento". La imposición de esta carga se consideró una vulneración del derecho a contraer nuevas nupcias y a la tutela judicial efectiva, derechos garantizados por normas de jerarquía constitucional como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Caso «R., S. A. y G. T., R. s. divorcio» (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería, Santa Rosa, La Pampa, 18/09/18): Aquí, un matrimonio celebrado en Cuba y divorciado en Argentina se enfrentó a la misma exigencia de previa inscripción en origen. La Cámara de Apelaciones de La Pampa, aunque no declaró la inconstitucionalidad directa, hizo una interpretación armónica y sistemática de la ley. Argumentó que el artículo 80 de la Ley 26.413, que se refiere a la inscripción de resoluciones judiciales relativas al estado civil, no impone la inscripción previa del divorcio en la jurisdicción de origen para los matrimonios celebrados en el extranjero. Además, invocó la doctrina del "foro de necesidad" (art. 2602 CCCN), que permite a los tribunales argentinos intervenir excepcionalmente para evitar la denegación de justicia cuando no es razonable exigir al interesado demandar fuera del territorio. Finalmente, ordenó la inscripción directa de la sentencia de divorcio en el Registro Civil provincial, imponiendo a las partes la carga de acreditar posteriormente el inicio del trámite ante la oficina consular cubana.

• Caso «S., G. A. c. I., A. C. s. divorcio» (Juz. Nac. Civ. 25, 26/08/10): para la inscripción del divorcio en Argentina se exigía acreditar la previa toma de razón en el lugar donde se celebró el matrimonio, en este caso, la ciudad de Miami, EE.UU.. El Juez dijo que resultaba a su juicio evidente que la exigencia de realizar un trámite de exequatur previo a través de un abogado que esté habilitado para ejercer la profesión en los Estados Unidos, como requisito indispensable para inscribir aquí la sentencia de divorcio entre las partes, deviene un obstáculo en el acceso a la justicia porque evidentemente los costos de este trámite puede presumirse son muy elevados, y también es posible inferir que en los Estados Unidos un ciudadano extranjero no debe tener acceso a los servicios jurídicos gratuitos. Por otra parte, ello importaría para el requirente trasladarse a tal país para realizar los trámites pertinentes, lo que resulta un absurdo si se considera la dilapidación de recursos y de tiempo que ello implica.

La Postura de la Doctrina y la AADI

La doctrina especializada ha sido contundente al respecto. El artículo "La internacionalidad de las relaciones de familia: aspectos registrales" de Carolina Iud y Nieve Rubaja profundiza en esta problemática. Sostienen que el registro civil, si bien busca protección y seguridad jurídica, no debe convertirse en un fin en sí mismo que restrinja derechos humanos. Critican que las normas registrales fueron concebidas para sociedades menos internacionalizadas y que la interpretación rígida de la Ley 26.413 condiciona la propia autoridad judicial local a la decisión de una autoridad extranjera. Proponen una interpretación del artículo 80 de la Ley 26.413 que permita la inscripción directa de sentencias de divorcio dictadas en Argentina respecto de matrimonios celebrados en el extranjero, sin requerir la previa inscripción en el registro extranjero. Argumentan que el artículo 75 se refiere a la modificación de inscripciones ya asentadas (como nombres, documentos de identificación), no a nuevas resoluciones judiciales como el divorcio. La exigencia de trámites costosos y prolongados en el extranjero convierte la "garantía del acceso a la justicia" en "letra muerta". Además, la imposibilidad de inscripción directa afecta el derecho a formar una familia y la aptitud nupcial de los ex-cónyuges.

También puede consultarse en este tema el artículo de Amalia Uriondo de Martinoli “El derecho al igualitario acceso a la justicia en la jurisprudencia argentina” quien advierte que el excesivo ritualismo o formalidad en los recaudos establecidos por la ley 26413 de Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas puede impedir o restringir el ejercicio de derechos garantizados constitucionalmente, como el acceso a la justicia y el derecho a volver a contraer matrimonio.

Finalmente, es fundamental destacar que la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI), en el marco del XXIX Congreso Argentino de Derecho Internacional, ha arribado a una clara conclusión sobre este tema: "La exigencia prevista en el art. 75 de la ley 26.413... no resulta aplicable respecto de las sentencias de divorcio dictadas en la República Argentina respecto de matrimonios celebrados en el extranjero". Este pronunciamiento de la comunidad académica especializada subraya la necesidad de una interpretación funcional de la norma.

Reflexiones Finales

El fallo "D. L. C., K. s. adopción" genera preocupación al adherirse a una interpretación literal y formalista de la Ley 26.413 que, aunque persigue la seguridad registral, puede colisionar directamente con principios de jerarquía constitucional y convencional, como el derecho al acceso a la justicia, la protección de la familia y el interés superior del niño.

En un contexto de crecientes relaciones familiares internacionales, es indispensable que nuestros tribunales, y en general todos los operadores jurídicos, realicen una lectura de las normas registrales en clave de derechos humanos, promoviendo un "diálogo de fuentes" que armonice el derecho interno con los tratados internacionales. La rigidez que impone la necesidad de la "última ratio" para declarar una inconstitucionalidad no debería impedir soluciones justas y expeditas en casos donde los costos y la imposibilidad práctica se erigen como verdaderos obstáculos. Como bien señalara la doctrina, el servicio de justicia debe ser precisamente eso, un servicio, no una traba que entorpezca innecesariamente a los justiciables.

La aspiración a la interoperabilidad registral internacional es un objetivo deseable, pero mientras no se logre, la interpretación de nuestras leyes debe ser amplia y razonable, garantizando la efectividad de los derechos en juego y evitando el "dispendio jurisdiccional innecesario".

Invitamos a todos a compartir sus comentarios y reflexiones sobre este fallo y a seguir explorando los valiosos contenidos de DIPr Argentina para mantenerse actualizados en estos desafíos del derecho de familia internacional.

Caso Boca Juniors vs. Castroman: laudos deportivos, actos propios y nuevas reglas sobre deudas en moneda extranjera

2025-08-19T10:00:00.004-03:00

Hoy nos adentramos en el análisis de un reciente caso que ilustra la complejidad de las disputas transfronterizas en el ámbito deportivo. Nos referimos al caso "ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS C/ CASTROMAN LUCAS MARTÍN S/ COBRO DE SUMAS DE DINERO" (Expte. N° 2588/2017), que ha transitado por dos instancias judiciales en Argentina, brindando valiosas lecciones sobre la fuerza de los laudos arbitrales deportivos, la doctrina de los actos propios y, con las recientes modificaciones legislativas, la naturaleza de las obligaciones en moneda extranjera.

I. El Contexto de la Controversia: Un Contrato, una Garantía y un Incumplimiento

El litigio se originó a partir de un contrato de cesión temporal de derechos federativos y económicos celebrado el 19 de enero de 2008 entre el Club Atlético Boca Juniors (en adelante, Boca) y el jugador Lucas Martín Castroman. Castroman, quien se presentó y garantizó su condición de "jugador libre" y titular de la totalidad de los derechos sobre su pase, transfirió estos derechos a Boca hasta el 31 de diciembre de 2008 a cambio de USD 300.000, que fueron debidamente cancelados. Para acreditar su estatus de jugador libre, Castroman entregó a Boca una copia del convenio de terminación de su contrato con el Club América S.A. de C.V. de México.

Sin embargo, pocos días después, el 21 de enero de 2008, Boca recibió una comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que incluía un reclamo del Birmingham City F.C. El club inglés alegaba haber firmado un acuerdo de préstamo con el Club América por Castroman desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo de 2008. Ante esta situación, Boca solicitó explicaciones al jugador, quien el 24 de enero de 2008 ratificó por escrito su condición de "jugador libre" al momento de contratar con Boca.

II. La Ruta Arbitral Internacional: De la DRC al TAS y el Tribunal Federal Suizo

La disputa escaló al ámbito internacional deportivo:

• Decisión de la DRC (FIFA): El 10 de agosto de 2012, la Cámara de Resolución de Controversias (DRC) de la FIFA determinó la existencia de un contrato válido entre Castroman y Birmingham para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2008. La no presentación del jugador en el club inglés y la posterior formalización del contrato con Boca Juniors fueron consideradas una rescisión sin causa de su vínculo con Birmingham.

• Responsabilidad Solidaria (Art. 17.2 RSTP): En virtud del artículo 17.1 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA (RSTP), la DRC estableció que Castroman debía indemnizar a Birmingham con £400.000. Crucialmente, y de conformidad con el artículo 17.2 del RSTP, responsabilizó solidariamente a Boca Juniors. Es importante destacar que el laudo arbitral del TAS (posteriormente confirmado) asentó que, si bien "el Panel no tiene motivos para entender que Boca Juniors motivó al jugador a que incumpliese su contrato," la aplicación del art. 17.2 del RSTP establece una "estricta responsabilidad, sin importar si el nuevo club (en este caso Boca Juniors) motivó el incumplimiento del jugador". Esta norma busca evitar debates probatorios y garantizar el pago de indemnizaciones.

• Apelaciones y Firmeza del Laudo:

◦ Tanto Boca como Castroman apelaron la decisión de la DRC ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

◦ El 20 de noviembre de 2013, el TAS inicialmente anuló la resolución de la DRC por considerar que se habían violado los derechos de Boca Juniors.

◦ Sin embargo, esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Federal Suizo (TFS), que el 28 de agosto de 2014, anuló parcialmente el fallo del TAS. El TFS consideró que el TAS había cometido un error al anular la resolución de la DRC, ya que Castroman no había sostenido su apelación, lo que convertía la decisión de la DRC en vinculante y definitiva para él.

◦ A raíz de esto, Birmingham solicitó un nuevo proceso ante la DRC para determinar la responsabilidad de Boca. El 19 de febrero de 2015, la DRC confirmó la responsabilidad solidaria del club argentino.

◦ Finalmente, el 25 de mayo de 2016, el TAS emitió el laudo definitivo, rechazando la apelación de Boca Juniors y confirmando la responsabilidad solidaria del jugador y del club argentino por £400.000, más intereses del 5% anual desde el 30 de julio de 2011. Además, se impuso a Boca el 85% de los costos del arbitraje y una contribución de CHF 4.000 a las costas legales de Birmingham.

• Pagos de Boca Juniors: Dado que Castroman nunca abonó la indemnización, Boca Juniors, para evitar severas sanciones disciplinarias y económicas, negoció y realizó los pagos correspondientes al Birmingham City y al TAS. La pericia contable verificó que Boca pagó un total de CHF 86.519,50 (en concepto de costas) y GBP 510.780,99 (en concepto de capital, intereses y costas legales).

III. La Primera Instancia en Argentina: La Doctrina de los Actos Propios como Pilar

Boca Juniors inició una demanda por cobro de sumas de dinero contra Castroman, buscando el reembolso de los montos que debió abonar.

• Defensa de Castroman: El jugador planteó una excepción de falta de legitimación activa, argumentando que la acción de cobro se fundaba en un laudo arbitral extranjero que carecía de ejecutoriedad en Argentina sin el previo proceso de reconocimiento (exequatur). También negó la existencia de un contrato válido con Birmingham, aduciendo que un fax casi ilegible no podía ser un contrato. Sostuvo que Boca conocía el conflicto con Birmingham y asumió el riesgo al contratarlo.

• Sentencia de Primera Instancia (Juzgado Civil 66 - Juez Ramiro Güiraldes, 14 de mayo de 2024):

◦ El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación activa. Determinó que el proceso no era de ejecución del laudo, sino un "proceso de conocimiento" donde el laudo arbitral actuaba como "fuente de la obligación" de reembolso.

◦ Central a esta decisión fue la aplicación de la "doctrina de los actos propios". El juez señaló que Castroman, al desistir de su apelación ante el TAS, había consentido el laudo y le había otorgado "plena validez a todos sus términos". Pretender desconocer su validez en el juicio argentino era una conducta "manifiestamente incompatible" y un "sorpresivo atentado contra la buena fe". Esta doctrina, arraigada en el principio de buena fe (arts. 9 y 1198 del Código Civil y Comercial), exige un comportamiento coherente y probo, impidiendo a un sujeto adoptar una postura en un proceso judicial que pugne con una conducta precedente jurídicamente relevante y eficaz.

◦ La sentencia confirmó que el TAS había acreditado la vinculación de Castroman con Birmingham y su rescisión sin justa causa, así como la incorporación a Boca Juniors. Además, la jueza destacó que no se acreditó que Boca tuviera conocimiento previo del vínculo contractual de Castroman con Birmingham, ya que fue el propio jugador quien denunció su condición de "libre".

◦ Finalmente, la jueza condenó a Lucas Martín Castroman a pagar a Boca la suma de CHF 86.519,50 y GBP 510.780,99, con intereses a una tasa pura del 10% anual desde la fecha de cada pago realizado por Boca. Las costas se impusieron al demandado.

IV. La Segunda Instancia: Ratificación de Principios y Evolución en la Tasa de Interés

La sentencia de primera instancia fue apelada por Castroman. La Cámara Civil - Sala A (con los votos de los Dres. Ricardo Li Rosi, Sebastián Picasso y Carlos A. Calvo Costa) abordó los agravios del demandado en agosto de 2025.

• Nulidad de la Sentencia: Castroman argumentó que la sentencia era nula por omitir pronunciarse expresamente sobre la excepción de falta de legitimación activa. La Sala A rechazó este agravio. Explicó la distinción entre vicios formales (errores in procedendo), que justifican la nulidad, y errores de contenido (errores in iudicando), que se subsanan por apelación. En este caso, el juez de primera instancia sí abordó el fondo de la excepción en sus considerandos, aun si lo omitió en la parte dispositiva, lo que no genera indefensión ni nulidad.

• Validez del Laudo Arbitral y Contrato con Birmingham: La Cámara ratificó la aplicación de la doctrina de los actos propios, señalando que la postura del demandado de cuestionar la validez del laudo era incompatible con su posición inicial de que el juicio argentino no era la vía para tal cuestionamiento. Reiteró que la incompatibilidad de posturas a lo largo del proceso atenta contra el principio de buena fe. La Sala también confirmó la firmeza del laudo del TAS debido al retiro de la apelación por parte de Castroman, sin importar los motivos (falta de medios económicos). Finalmente, la Cámara ratificó que Boca Juniors no tuvo conocimiento del vínculo contractual previo entre el jugador y Birmingham, dado que el propio Castroman se presentó como "jugador libre". En síntesis, se confirmó que la acción de Boca era de reembolso, no de ejecución del laudo.

• La Tasa de Interés en Moneda Extranjera: Este fue el punto de disidencia parcial y la modificación más relevante.

◦ El Dr. Li Rosi propuso reducir la tasa de interés del 10% al 6% anual para las obligaciones en moneda extranjera, considerando la realidad del mercado financiero.

◦ Sin embargo, el Dr. Sebastián Picasso disintió y su postura fue la que finalmente prevaleció con la adhesión del Dr. Calvo Costa. El Dr. Picasso fundamentó su voto en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (dictado el 21/12/2023) a los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial. A partir de estas reformas, las obligaciones de dar moneda extranjera ya no se consideran "de dar cantidades de cosas," sino "obligaciones dinerarias". En consecuencia, el Dr. Picasso sostuvo que, al no haber acuerdo entre las partes ni leyes especiales que fijen la tasa, los jueces deben aplicar una tasa de mercado que responda a las reglamentaciones del Banco Central (art. 768 inc. "c" CCyC). Al no existir tasas bancarias específicas para libras esterlinas o francos suizos bajo reglamentaciones del BCRA, propuso aplicar por analogía la "tasa pasiva para plazos fijos en dólares a 365 días del Banco de la Nación Argentina".

◦ La sentencia final de la Cámara, por mayoría, modificó la tasa de interés, disponiendo que los intereses moratorios se devenguen a la tasa pasiva para plazos fijos en dólares a 365 días del Banco de la Nación Argentina, desde la mora y hasta el efectivo pago.

V. Conclusiones

El caso Boca Juniors contra Castroman es un expediente interesante para quienes nos dedicamos al DIPR, al Derecho del Deporte y al Arbitraje Internacional. Algunas de las principales conclusiones que podemos extraer son:

• Firmeza del Laudo Arbitral Deportivo: La decisión de la justicia argentina de respetar la firmeza del laudo del TAS, aún cuando el jugador alegó motivos económicos para desistir su apelación, subraya la vinculatoriedad de las decisiones arbitrales internacionales en el ámbito deportivo y la importancia de agotar los recursos en la jurisdicción arbitral competente.

• La Doctrina de los Actos Propios: Su aplicación rigurosa en ambas instancias es un recordatorio de que la coherencia y la buena fe son principios cardinales del derecho procesal, impidiendo que una parte se contradiga con actos previos válidos y eficaces.

• Responsabilidad Objetiva en el Derecho del Deporte: El artículo 17.2 del RSTP de la FIFA impone una responsabilidad solidaria estricta al nuevo club, independientemente de si motivó el incumplimiento del jugador. Esto protege la estabilidad contractual en el fútbol profesional, aunque pueda parecer una carga pesada para el club adquirente, especialmente si actuó de buena fe, como se determinó que fue el caso de Boca Juniors.

• Impacto del DNU 70/2023 en Obligaciones en Moneda Extranjera: La decisión de la Sala A de la Cámara Civil de aplicar las recientes modificaciones a los arts. 765 y 766 del CCyC y de fijar la tasa de interés según las reglamentaciones del Banco Central para las obligaciones en moneda extranjera es un precedente a tener en cuenta. Al calificar estas obligaciones como "dinerarias" y optar por una tasa análoga en dólares, la justicia argentina se adapta a los nuevos marcos normativos y a la realidad del mercado, consolidando un criterio que seguramente impactará en futuros litigios con estas características.

En definitiva, este caso no solo dilucida una disputa millonaria en el mundo del fútbol, sino que también enriquece el estudio del Derecho Internacional Privado y el Arbitraje en nuestro país, adaptando principios tradicionales a un escenario jurídico en constante evolución.

En definitiva, este caso trasciende el fútbol y se convierte en un referente para el Derecho Internacional Privado y el Arbitraje en Argentina, mostrando cómo el sistema se adapta a los cambios normativos y a las exigencias del deporte profesional.

📚 Te invitamos a compartir tus comentarios y a seguir leyendo el blog DIPr Argentina, donde encontrarás toda la jurisprudencia nacional en Derecho Internacional Privado.

Esperamos que este análisis haya sido de su interés. ¡Hasta la próxima publicación!

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Negativa de Embarque y Pasajeros con Necesidades Especiales: análisis comparado de dos fallos en sentido opuesto

2025-08-14T10:00:00.020-03:00

El transporte aéreo es un contrato complejo que entrelaza el derecho aeronáutico con el derecho del consumo y, en ocasiones, con principios del derecho internacional privado. La negativa de embarque a pasajeros, especialmente aquellos con necesidades especiales, plantea desafíos significativos para los tribunales. En este artículo, analizaremos dos recientes fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal: Massri, Ricardo y otro c/ Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/incumplimiento de contrato y Díaz Luzuriaga, Francisco Santiago c/ Gol Linhas Aéreas S.A. y otro s/daños y perjuicios. Ambos casos, si bien abordan situaciones similares de denegación de embarque, arrojan resultados diametralmente opuestos, reflejando las complejidades y matices de la interpretación judicial.

Comentario al Fallo "Massri, Ricardo y otro c/ Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/incumplimiento de contrato" (Sala III)

El caso Massri presenta una situación donde los actores, Ricardo Massri y Viviana Dora Nahmod, demandaron a Aerolíneas Argentinas y Avantrip.com SRL por el incumplimiento de un contrato de transporte aéreo. El Sr. Massri, quien padece de hipoapneas de sueño, requería el uso de un dispositivo CPAP que funciona con enchufe. Previo al vuelo, Massri se comunicó con Aerolíneas, completó el formulario "MEDIF" y fue informado de que no se podía enchufar ningún tipo de aparato en vuelo, ya que los tomacorrientes no estaban habilitados para su uso, y por lo tanto, no era factible realizar el traslado como lo solicitaba su médico. A pesar de esta comunicación, los actores se presentaron en el aeropuerto y se les denegó el embarque.

La clave de este fallo radica en la legitimidad de la denegación de embarque por parte de la aerolínea. Aerolíneas Argentinas justificó su accionar en la imposibilidad de utilizar el CPAP a bordo, una cuestión que había sido notificada a los pasajeros. La empresa sostuvo que la información sobre los requisitos para este tipo de dispositivos estaba disponible en su página web y que correspondía al pasajero interiorizarse o adaptar su equipo a baterías. La resolución 1532/98, que aprueba las Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo, prevé la negativa de transporte por razones de seguridad o si la condición física del pasajero requiere asistencia especial o genera peligro o riesgo para sí mismo o para otros.

La Sala III de la Cámara, con el voto preopinante del Dr. Guillermo Alberto Antelo, confirmó el rechazo de la demanda de primera instancia. El tribunal consideró que Aerolíneas había informado a los demandantes sobre la imposibilidad de realizar el vuelo con el CPAP enchufado. Asimismo, destacó que el formulario MEDIF, que Massri completó, ya indicaba la necesidad de que los concentradores de oxígeno autorizados para uso a bordo contaran con autonomía de carga. Se aplicó la doctrina de los actos propios, entendiendo que los reclamantes no podían desconocer los obstáculos.

El fallo subraya la obligación del transportista de velar por la seguridad de los pasajeros y la importancia de que los pasajeros cumplan con las instrucciones y normativas de la aerolínea relativas a dispositivos médicos. Al considerar legítima la denegatoria de embarque, la Sala III concluyó que no hubo incumplimiento contractual por parte de Aerolíneas Argentinas y, por lo tanto, no había derecho a indemnización, y tampoco al reintegro del precio abonado. Respecto a las costas, la Sala III, no encontró motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN), por lo que las costas se impusieron a los actores.

Este pronunciamiento destaca la primacía de las normas de seguridad aeronáutica y la responsabilidad del pasajero en adaptarse a ellas, especialmente cuando la información es provista de antemano.

Análisis Comparativo con "Díaz Luzuriaga, Francisco Santiago c/ Gol Linhas Aéreas S.A. y otro s/daños y perjuicios" (Sala II)

El caso Díaz Luzuriaga involucra a Francisco Santiago Díaz Luzuriaga, quien padece "Atrofia Muscular Espinal" y debía viajar con un enfermero y un respirador portátil. A pesar de haber comunicado con más de un mes de antelación su necesidad a Gol Linhas Aéreas, la aerolínea se negó a trasladarlo, justificando su conducta en que la situación era "inaceptable para el transporte aéreo comercial", priorizando la salud y seguridad de los pasajeros.

La Sala II de la Cámara, con el voto de la Dra. Florencia Nallar (que intervino en ambos casos), confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia. A diferencia del caso Massri, en Díaz Luzuriaga, la negativa de embarque fue considerada un incumplimiento contractual injustificado. La Sala II discrepó con la primera instancia en que ninguna norma del ordenamiento aeronáutico garantice el derecho al cumplimiento de lo ofertado, sosteniendo que el art. 2º del Código Aeronáutico y la esencia del contrato de transporte implican que el transportista debe llevar al pasajero a su destino. La denegatoria de embarque, en este contexto, fue vista como una manifestación de cumplimiento defectuoso o incumplimiento del contrato.

Una diferencia crucial con Massri es la calificación de la justificación de la aerolínea. Mientras que en Massri la aerolínea había informado de forma específica y anticipada sobre una incompatibilidad técnica con el dispositivo, en Díaz Luzuriaga, la justificación de Gol fue más genérica ("inaceptable") a pesar de la notificación previa del pasajero sobre sus necesidades específicas. El tribunal en Díaz Luzuriaga enfatizó que el transportista, si pretende eximirse, debe acreditar factores extintivos fundados en hechos o circunstancias ajenas a él, algo que Gol no logró, y de hecho, su apelación sobre este punto fue desestimada por falta de fundamentación suficiente.

En cuanto a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), ambos fallos coinciden en que la normativa aeronáutica y los tratados internacionales tienen una aplicación preferente y específica, y la LDC opera de forma supletoria en aquellos supuestos no contemplados o cuando haya un vacío legal. En Díaz Luzuriaga, se rechazó la inconstitucionalidad de los arts. 63 LDC y 2º del Código Aeronáutico, ya que la reparación integral del daño encuentra fundamento en el Código Aeronáutico y su reenvío a la legislación común.

Respecto a la responsabilidad de la agencia de viajes (Despegar.com), en Díaz Luzuriaga se desestimó la acción contra Despegar, a pesar de que no constaba que la agencia hubiera comunicado a la aerolínea la situación particular del actor para que adoptara las medidas necesarias. La Sala II determinó que la negativa de embarque fue causa exclusiva y excluyente de Gol, aplicando el art. 40 de la LDC que permite romper la solidaridad si el proveedor demuestra que la causa del daño le fue ajena.

Finalmente, en Díaz Luzuriaga, se elevó el monto de la indemnización por daño moral a $300.000, reconociendo la angustia y mortificaciones sufridas por el actor al cercenarsele injustificadamente la posibilidad de viajar, considerando sus particularidades. Se rechazaron los rubros de "pérdida de chance" (por entender que sus fundamentos ya fueron valorados en el daño moral para evitar doble indemnización) y "daño psicológico" (ya que el perito concluyó que se trataba de un "sufrimiento normal" sin huellas incapacitantes). Las costas de primera instancia se impusieron a Gol, y las de alzada se distribuyeron entre las partes, reflejando el éxito parcial de la apelación de la actora.

Conclusiones y Reflexiones Finales

La comparación de los fallos Massri y Díaz Luzuriaga ilustra la línea delgada entre la potestad de la aerolínea para asegurar la seguridad del vuelo y el derecho del pasajero a ser transportado, especialmente cuando presenta necesidades especiales.

En Massri, la aerolínea pudo demostrar que había proporcionado información clara y específica sobre las limitaciones del dispositivo del pasajero y que la denegación de embarque se basó en el incumplimiento de estas condiciones, invocando legítimas razones de seguridad y cumplimiento normativo. La conducta del pasajero y su conocimiento (o la posibilidad de conocimiento) de los requisitos fueron determinantes para el resultado adverso.
En Díaz Luzuriaga, la justificación de la aerolínea fue considerada insuficiente y genérica para validar la negativa de embarque de un pasajero con necesidades especiales que había notificado con antelación. La Sala II enfatizó que la denegatoria injustificada de embarque configura un incumplimiento contractual por parte de la aerolínea, obligándola a resarcir los daños. Aquí, la falta de justificación probada y la naturaleza del accionar de la aerolínea fueron los factores clave que llevaron a la condena.

Ambos casos reafirman la naturaleza supletoria de la Ley de Defensa del Consumidor en el ámbito del transporte aéreo, privilegiando la normativa aeronáutica específica y los tratados internacionales. Sin embargo, la determinación de si una denegación de embarque es "justificada" o "injustificada" dependerá crucialmente de la calidad de la comunicación, la especificidad de las normativas aplicables y la capacidad de la aerolínea para probar una razón de seguridad concreta y no genérica que impida el transporte de manera segura, incluso para pasajeros con condiciones especiales. La diligencia en la comunicación por parte de la aerolínea y en el cumplimiento de los requisitos por parte del pasajero son elementos esenciales para evitar litigios y garantizar la seguridad y los derechos de todos los involucrados.

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Corte Suprema: Suplemento de Jurisprudencia sobre Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes

2025-08-13T10:00:00.001-03:00

Estimados colegas y entusiastas del Derecho Internacional Privado,

Es un placer presentar un análisis del reciente Suplemento de Jurisprudencia sobre Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes publicado por la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en agosto de 2025. Este compendio no solo sistematiza la valiosa doctrina judicial de nuestro Máximo Tribunal en una materia tan sensible como compleja, sino que también ofrece un faro para la aplicación de los principios del DIPR en la protección de los derechos de la niñez.

Análisis del Suplemento de Jurisprudencia de la CSJN: Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes

La publicación de este Suplemento es de gran relevancia para los operadores jurídicos y académicos, ya que condensa la interpretación de la CSJN sobre los instrumentos internacionales clave en la materia. El objetivo primordial de la normativa aplicable, como el Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (CH 1980) y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (aprobada por ley 25.358), es garantizar el regreso no solo inmediato sino también seguro del niño trasladado o retenido de manera ilícita. La premisa fundamental radica en que la mejor protección del interés del niño se logra restableciendo el statu quo previo al acto ilícito, permitiendo así que sean los tribunales de su residencia habitual quienes diriman las cuestiones de fondo, tales como la guarda, el cuidado personal, el régimen de comunicación o la cuota alimentaria. Es crucial destacar que la decisión de restituir no implica, en ningún caso, un pronunciamiento sobre la guarda del menor. Su finalidad es meramente poner fin a una situación irregular y garantizar la competencia del juez natural.

Armonía Normativa: La CDN y los Convenios de Restitución

El Suplemento enfatiza la plena sintonía entre el CH 1980, la Convención Interamericana y las directivas del artículo 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Lejos de cualquier contradicción, todas estas normativas convergen en la protección del interés superior del niño, principio que debe ser de consideración primordial en todas las decisiones que les conciernen. La República Argentina, al suscribir estos convenios, ha acogido la directiva del artículo 11 de la CDN.

El Interés Superior del Niño: Un Principio Dinámico

El principio del interés superior del niño se erige como la piedra angular en todos los procesos de restitución. Si bien el CH 1980 parte de la presunción de que el bienestar del niño se logra con el restablecimiento del statu quo anterior al desplazamiento ilícito, la CSJN ha precisado que este principio no debe aplicarse de manera abstracta, sino que su contenido debe determinarse en función de los elementos objetivos y subjetivos propios de cada caso en concreto. Los magistrados tienen el ineludible deber de velar por el bienestar de los menores, incluso arbitrando herramientas para asegurar un retorno seguro.

La Imperiosa Celeridad Procesal: Un Compromiso Estatal

La celeridad en la resolución de los conflictos de restitución internacional constituye un mandato central que compromete la responsabilidad del Estado argentino. La naturaleza y finalidad de estos convenios impelen a todos los operadores –judiciales y técnicos– a actuar con la máxima premura. Ello se debe a que una dilación injustificada puede frustrar el objetivo de la restitución inmediata, e incluso consolidar la integración del menor a un nuevo medio, desvirtuando el espíritu del tratado y premiando una conducta indebida.

La Configuración del Acto de Retención Ilícita

Para que los mecanismos internacionales de restitución sean operativos, el traslado o la retención del menor deben calificarse como ilícitos. Esto se tipifica cuando la salida del país de residencia habitual o la permanencia en otro Estado contratante se produce en violación de los derechos que ejercían los padres (individual o conjuntamente) antes del hecho, conforme a la ley de la residencia habitual del menor. La carga de probar la conformidad con el cambio de residencia recae en quien retiene al niño. Casos claros de retención ilícita incluyen la ausencia de autorización o el incumplimiento de una fecha de retorno pactada.

Determinación de la Residencia Habitual: Un Concepto Fáctico

La "residencia habitual" es un concepto medular en estos procesos, que se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia, aludiendo al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda referencia al domicilio legal. El Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado esta interpretación, definiéndola como el lugar donde los menores viven y establecen vínculos durables. Su determinación fehaciente es de suma relevancia, ya que establece la conexión con la normativa aplicable y la jurisdicción competente para las cuestiones de fondo. La intención de los progenitores de trasladar la residencia debe ser clara, precisa, concluyente y compartida, superando cualquier ambigüedad.

Las Excepciones: Interpretación Restrictiva y Carga Probatoria

El CH 1980 consagra la restitución inmediata como principio, por lo que las excepciones a esta obligación son taxativas y de interpretación restrictiva, a fin de no desvirtuar la finalidad del Convenio. La mera invocación genérica del beneficio del niño, perjuicios derivados de cambios de ambiente o idioma, o problemas económicos, no son suficientes para configurar una excepción.

Las principales excepciones son:

Conformidad del titular de la solicitud de restitución: Debe ser una anuencia concluyente y demostrada cabalmente, superando el plano de una simple posibilidad o ambigüedad. La carga de probarla recae en quien retiene al niño.
Grave riesgo de exposición a peligro físico o psíquico, o situación intolerable (Art. 13, inc. b del CH 1980): Esta hipótesis exige un grado de perturbación emocional muy superior al que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia o de un cambio de residencia. El riesgo debe ser real, grave y representar una situación que el niño no debería tolerar. En supuestos de violencia familiar o de género, se requiere prueba concreta, clara y contundente de que el retorno generaría un alto umbral de grave riesgo y que no existen medidas de protección adecuadas y eficaces para neutralizarlo.
Oposición del menor (Art. 13, segundo párrafo del CH 1980): Esta excepción solo procede ante una "verdadera oposición," definida como un "repudio genuino, coherente e irreductible a regresar," no una mera preferencia o negativa. La ponderación de la opinión del niño, cuya edad y grado de madurez deben evaluarse, no busca indagar su voluntad de vivir con uno u otro progenitor, sino su resistencia cualificada al reintegro al país de residencia habitual.

Rol de las Autoridades Centrales y Comunicaciones Judiciales Directas

La Corte ha resaltado el rol primordial de las Autoridades Centrales de los Estados requirente y requerido. Su obligación es cooperar entre sí y con las autoridades locales para el funcionamiento eficaz del convenio y garantizar un retorno sin peligro. De igual modo, las comunicaciones judiciales directas y la intervención de los jueces de enlace cobran gran importancia en la etapa de ejecución, posibilitando la coordinación y la adopción de medidas urgentes de protección.

Exhortaciones a Jueces y Progenitores: La Conducta de las Partes

Un aspecto recurrente en la jurisprudencia de la CSJN son las exhortaciones dirigidas a los progenitores y sus letrados para que obren con mesura, cooperen estrechamente en la búsqueda de una solución amistosa centrada en el bienestar e integridad de sus hijos, y eviten exponer públicamente la vida de los menores. A los jueces, se les insta a actuar con premura, arbitrar todos los medios para un retorno seguro (incluso de los progenitores acompañantes), y a cumplir la sentencia de la manera menos lesiva para el niño.

La Necesidad de una Ley Procesal Específica

Finalmente, el Suplemento pone de manifiesto una carencia fundamental en el ordenamiento jurídico argentino: la ausencia de una ley procesal específica a nivel nacional para la restitución internacional de menores. Esta falta es identificada como un factor decisivo en la prolongación de los trámites. La CSJN ha exhortado al Poder Legislativo a considerar la necesidad de dictar una ley que se ajuste a la finalidad del CH 1980 y permita cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país.

En síntesis, este suplemento de jurisprudencia de la CSJN es una herramienta indispensable para la comprensión y aplicación del régimen de restitución internacional de menores. La Corte reafirma su compromiso con la protección del interés superior del niño, la celeridad de los procesos, y la aplicación restrictiva de las excepciones, todo en un marco de cooperación internacional y responsabilidad parental. La interpretación unificada y los criterios rectores que emanan de esta publicación son un aporte sustancial al Derecho Internacional Privado y a la tutela de los derechos de la niñez a nivel global.

Para aquellos interesados en profundizar en esta y otras áreas del Derecho Internacional Privado, les invito a visitar el sitio DIPrArgentina.com, donde podrán consultar esta y toda la jurisprudencia argentina relevante sobre restitución internacional de menores y el DIPR en general.

¿Notificar en el extranjero en 10 días? Un fallo que interpela la razonabilidad procesal y tecnológica

2025-08-07T10:00:00.001-03:00

La sentencia interlocutoria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, en el expediente “Tranzillo, Eduardo Rubén c/ Organfur S.A. y otro s/ Ordinario s/ Incidente art. 250” (6 de agosto de 2025), pone bajo la lupa un aspecto esencial del proceso con elementos internacionales: la viabilidad de notificar válidamente a un tercero domiciliado en el extranjero, prescindiendo del tradicional exhorto diplomático y bajo un plazo muy breve.

Los hechos

En el marco de un reclamo vinculado con un viaje en crucero, la empresa demandada “Costa Cruceros S.A.” solicitó la citación como tercero de la sociedad extranjera “Costa Crociere S.p.A.”, organizadora del viaje. La pretensión se fundó en la vinculación directa de esta última con los hechos del proceso, lo que justificaría su intervención conforme al artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación argentina.

La Cámara revocó la negativa de primera instancia, admitiendo la citación en tanto había conexidad jurídica relevante, en los términos del precedente “Fallos 326:3529”, permitiendo incluso una eventual acción de regreso. Hasta aquí, el razonamiento resulta conforme a los principios del proceso civil.

Notificación internacional sin exhorto diplomático

La verdadera novedad —y fuente de controversia— surge al disponerse que la notificación a la empresa italiana deberá efectuarse “por el medio fehaciente que la parte elija” (actuación notarial, concurrencia espontánea, etc.), excluyéndose expresamente el exhorto diplomático.

La decisión se apoya en un argumento que ya se había esbozado en el precedente “Fernández c/ Costa Cruceros S.A.” (2023): el supuesto avance tecnológico permitiría la notificación eficaz al exterior por múltiples vías, sin afectar el derecho de defensa ni la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional.

Pero esta flexibilización, ¿es razonable?

¿Notificación postal? ¿Correo electrónico? ¿Qué se considera válido?

Aunque el tribunal parece abogar por una visión moderna y dinámica del proceso, lo cierto es que no se explicita qué medios se considerarían válidos ni cómo se acredita su fehaciencia. ¿Bastaría un correo electrónico con acuse de recibo? ¿Una carta enviada por courier internacional con constancia de entrega?

La exclusión del exhorto diplomático, en abstracto, puede ser comprensible para evitar demoras. Sin embargo, la falta de lineamientos claros —sumado a que el domicilio está en Italia, país parte del Convenio de La Haya de 1965— genera dudas importantes.

Recordemos que Argentina ha hecho reservas al artículo 10 del citado convenio, impidiendo en principio notificaciones postales directas hacia nuestro país desde otros Estados. En cambio, si Italia permite recibir notificaciones postales extranjeras, en la práctica podría utilizarse el correo certificado con constancia notarial como ha sido admitido por algunas salas de la Cámara. No tengo presente si cuál es la postura de la Sala F y si hay un antecedente que haya convalidado expresamente este procedimiento.

El plazo de 10 días: ¿una exigencia desproporcionada?

La Cámara otorgó un plazo de tan solo diez días a la demandada para instar y acreditar la notificación al tercero en Italia, incluyendo además la traducción de toda la documentación. Este plazo es, por decir lo menos, irrazonable.

La experiencia indica que traducir íntegramente un expediente y organizar una notificación internacional que reúna garantías de validez puede tomar varias semanas, incluso con buena diligencia. Imponer un plazo tan breve, bajo apercibimiento de tener por desistida la petición, puede constituir una traba al ejercicio del derecho de defensa, precisamente lo que el tribunal pretendía evitar.

Reflexión final

El fallo deja una enseñanza ambivalente: por un lado, es positivo que los tribunales nacionales exploren alternativas a los mecanismos diplomáticos tradicionales, a menudo lentos y costosos. Por otro, no puede sacrificarse certeza ni razonabilidad en pos de una celeridad aparente.

Sin lineamientos claros sobre medios válidos de notificación y sin un plazo adecuado para su implementación, la decisión abre más interrogantes que soluciones. ¿Qué pasaría si se notificara por e-mail y el tercero impugnara la notificación? ¿Y si la notificación postal es desconocida por los tribunales italianos?

Bajo estas condiciones tan extremas cabe preguntarse si no es una pantomima. Te permito la citación del tercero para que nadie diga que afecto tu derecho, pero en condiciones tan exigentes que o la convences de que se presente espontáneamente y como sea, o te doy por decaído el derecho.

El proceso civil internacional requiere no solo flexibilidad, sino también coherencia, seguridad jurídica y respeto por las garantías mínimas del debido proceso transnacional.

📌 Todos los fallos sobre Derecho Internacional Privado argentino pueden consultarse en DIPr Argentina, incluyendo jurisprudencia sobre notificación internacional y relaciones de consumo con componentes transnacionales.

¿Matrimonio Extranjero y Divorcio Previo? Un Análisis del Control de Legalidad en la Inscripción

2025-08-01T10:00:00.001-03:00

En el siempre complejo ámbito del Derecho Internacional Privado, y en particular del Derecho Internacional de Familia, la inscripción y reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero es una cuestión que genera recurrentes debates y decisiones judiciales. Recientemente, la sala H de la Cámara Nacional Civil se pronunció en el expediente "P. O. P. s/ INFORMACIÓN SUMARIA", arrojando luz sobre los requisitos para la inscripción y reconocimiento de estas uniones en nuestro país.

El Caso en Breve: Las actuaciones se inician con un recurso de apelación interpuesto el 10 de abril de 2025 contra una decisión del 3 de abril de 2025. La magistrada de grado había exigido, a los fines de la inscripción de un matrimonio extranjero, la acreditación del divorcio de los contrayentes. Esta exigencia se basó en el dictamen del Fiscal de grado y en la propia partida de matrimonio extranjero, que indicaba que ambos contrayentes estaban divorciados.

La parte recurrente, P. O. P., se agravió de esta decisión, argumentando que la exigencia era arbitraria y carecía de sustento normativo. Sostuvo que el divorcio fue debidamente acreditado ante la autoridad competente en el Estado de Maryland (EE. UU.), donde se celebró el matrimonio, y que dicho estado no autoriza matrimonios múltiples ni convalida la bigamia. Asimismo, destacó que la partida acompañada cumplía con todos los requisitos intrínsecos y extrínsecos para su validez y que la ley del lugar de celebración (lex loci celebrationis) determina la existencia y validez del matrimonio, debiendo ser reconocido en Argentina, máxime al estar el documento apostillado y no cuestionado.

El Criterio de la Cámara: La Primacía de las Normas Imperativas Argentinas La Cámara, con el dictamen favorable del Fiscal de Cámara, confirmó la decisión de la instancia anterior. Su razonamiento se basó en los siguientes puntos clave:

Rol del Ministerio Público: Se destacó que el requerimiento de acreditación del divorcio provino del propio Ministerio Público como paso previo para validar o cuestionar la validez del matrimonio.
Marco Normativo Nacional:

El art. 77 de la Ley 26.413 permite el registro de certificados de matrimonios extranjeros siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en sus formalidades extrínsecas como en su validez intrínseca. El registro debe ser ordenado por juez competente previa vista a la dirección general.
El art. 2622 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCC) es crucial, ya que establece que no se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si media alguno de los impedimentos previstos en los arts. 575 (segundo párrafo) y 403, incisos a), b), c), d) y e).

Las Normas Internacionalmente Imperativas: La Cámara enfatizó que las causales de parentesco, ligamen (bigamia) y crimen, contempladas en el art. 2622 CCC, actúan como impedimento para reconocer un matrimonio extranjero. Estas normas asumen el carácter de "norma internacionalmente imperativa" o "norma de policía", lo que significa que su aplicación es ineludible para el Estado argentino, independientemente de la ley del lugar de celebración.
Garantía de Cumplimiento: El Tribunal consideró que el requerimiento fue dispuesto para garantizar el fiel cumplimiento de estas normas imperativas, y por lo tanto, no encontró razón en el agravio del recurrente.
Inexistencia de Gravamen Irreparable: Se sostuvo, además, que la providencia recurrida no causaba gravamen irreparable en los términos del art. 242 del Código Procesal. La exigencia se limitó a solicitar la incorporación de documentación que, según la propia parte recurrente, existe y se encuentra en su domicilio. La circunstancia de que el domicilio esté en el exterior no implica imposibilidad material o absoluta de cumplir con lo requerido.

Este fallo es un excelente ejemplo de la tensión entre el principio de favor matrimonii (favor del matrimonio) y la protección del orden público internacional argentino. Si bien es cierto que la lex loci celebrationis es el principio rector para determinar la validez de un matrimonio en cuanto a sus formas y requisitos esenciales, este principio encuentra su límite en las normas de orden público de nuestro país, especialmente aquellas que buscan evitar la bigamia, un impedimento absoluto en nuestro ordenamiento.

La decisión de la Cámara H resalta la vigilancia del Estado argentino –a través de sus jueces y del Ministerio Público Fiscal– para asegurar que actos jurídicos extranjeros, aunque válidos en su lugar de origen, no contravengan principios fundamentales de nuestro sistema legal, como lo es la monogamia matrimonial. La exigencia de acreditar el divorcio previo no es una mera formalidad, sino un control sustantivo que busca asegurar la inexistencia del impedimento de ligamen.

La importancia de este pronunciamiento radica en que subraya la naturaleza imperativa de ciertas normas del Derecho Internacional Privado argentino, que actúan como un filtro para el reconocimiento de situaciones jurídicas extranjeras. La facilidad de obtener documentación, incluso desde el exterior, es un argumento pragmático que sustenta la razonabilidad del requerimiento y la falta de "gravamen irreparable".

Un Punto Crucial: La Inscripción No Es Sinónimo de Validez Es fundamental destacar, aunque no fuera el eje del debate en este expediente particular, que la inscripción de un matrimonio celebrado en el extranjero en los registros argentinos no es un requisito indispensable para su validez o para que despliegue efectos en nuestro país. El art. 77 de la Ley 26.413 utiliza el vocablo "podrán" al referirse al registro de estos certificados, lo que indica que, en principio, la inscripción es voluntaria. Como bien ha señalado la jurisprudencia y la doctrina (para ampliar ver “La validez de los matrimonios celebrados en el extranjero no requiere la registración en el país”, Rubaja, Nieve - Iud, Carolina D., RDF 2023-V, 77), la validez de los matrimonios extranjeros se rige por la ley del lugar de celebración y no requiere su registración en Argentina para ser reconocido. Esto se sustenta en el principio del favor matrimonii y en la necesidad de proteger derechos humanos como el de acceso a la justicia y a conformar una familia, evitando que la inscripción se convierta en un fin en sí mismo o en un obstáculo irrazonable. La sala J de la Cámara en el expediente "S. D. C., E. Y OTROS s/SUCESION AB-INTESTATO" abordó esta cuestión de forma explícita, reafirmando que el rechazo de la inscripción en una información sumaria no implica la invalidez del matrimonio, ya que ese expediente no emite pronunciamiento sobre la validez ni la nulidad del vínculo.

En definitiva, este caso nos recuerda que la internacionalización del derecho de familia exige una cuidadosa ponderación entre la autonomía de la voluntad, el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero y la preservación de los valores y principios intrínsecos de cada ordenamiento jurídico nacional.