A primera hora de la mañana, una decena de furgones de la Guardia Civil ha rodeado el edificio donde viven los miembro de la organización No Name Kitchen en Ceuta y la nave donde tienen su base los activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo. Los agentes desplegados han entrado a la fuerza con orden judicial a ambas residencias para registrarlas y los voluntarios han sido “tumbados en el suelo y maniatados” mientras revisaban la vivienda, según una de las organizaciones. Aunque en el registro no se ha producido ninguna detención, horas después han sido detenidos a dos activistas, un hombre y una mujer, en Ceuta y Valencia respectivamente, según confirman fuentes del Instituto Armado en la Ciudad Autónoma. Se les acusa de incitación a la violencia y desórdenes públicos.

“De las actuaciones practicadas hasta el momento resultan indicios que permiten inferir, con el grado de probabilidad exigible en esta fase inicial de la investigación, que en las naves objeto de la solicitud se puden estar desarrollando actividades relacionadas con la tenencia y distribución de instrumentos peligrosos y, eventualmente, sustancias estupefacientes”, sostiene la orden del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fuentes del Instituto Armado confirman el operativo iniciado esta mañana contra estos dos colectivos que, además de repartir comida y realizar curas a migrantes heridos en la ciudad, realizan una función de vigilancia de posibles abusos de las fuerzas de seguridad contra las personas marroquíes que malviven en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio. La operación ha consistido en el registro de las sedes de ambos colectivos, ubicados en la zona de la Almadraba y las naves del Tarajal. Los miembros desplegados de la Policía Judicial buscaban a unos activistas concretos que finalmente no han sido localizados. Supuestamente se les atribuye haber “incitado” a migrantes a actuar de manera “violenta” contra miembros de las fuerzas de seguridad, algo que las ONG niegan.

La ONG No Name Kitchen ha denunciado supuestas “irregularidades” en el procedimiento de registro y considera que el operativo es un “paso más” en una “campaña de criminalización” contra la organización, una de las que más denuncia de manera pública abusos cometidos contra los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad. “Agentes de la Guardia Civil han entrado en el espacio de No Name Kitchen en Ceuta derribando la puerta, sin llamar, y sin ninguna comunicación previa. Los miembros del equipo han sido tumbados en el suelo y maniatados. Son personas voluntarias y defensoras de derechos humanos que realizan labores humanitarias básicas: distribuir comida, curar heridas y ofrecer acompañamiento legal a personas en situación de vulnerabilidad”, han explicado en un comunicado.

“Este registro no es un hecho aislado. Durante los últimos dos meses, la organización ha sufrido difamaciones y bulos sobre un supuesto reparto de sprays de gas pimienta y explosivos. Son acusaciones sin ningún fundamento que ya han quedado sobradamente desmentidas. Hace aproximadamente un mes, además, una patrulla del Ejército bloqueó el acceso a nuestro edificio”, recuerda la organización.

En el auto, el juez señala que un testigo asegura que una persona le entregó supuestamente un cuchillo y otros que alegan que les dieron “aerosoles de pimienta y armas blancas”, lo cual niega la organización.

Los supuestos sprays de gas pimienta que no encuentran

La investigación está en parte relacionada con la supuesta entrega de sprays de gas pimienta a migrantes, algo que no ha sido confirmado y que desde No Name Kitchen califican de “bulo”. Lo que sí quedó grabado es el reparto de este producto por parte del colectivo de corte ultraderechista Revuelta entre mujeres ceutíes el pasado 2 de septiembre.

En el operativo de desalojo de los asentamientos de distintos barrios de la ciudad autónoma desarrollado el domingo pasado, un migrante utilizó un spray de gas pimienta en el autobús custodiado por la Policía Nacional que trasladaba a decenas de marroquíes a la frontera para su supuesto “retorno voluntario”. Aunque la investigación sobre la supuesta incitación a la violencia por parte de las ONG se inició en agosto, fuentes de la Guardia Civil confirman que este último hecho ha acelerado el operativo desarrollado este jueves.

Fuentes policiales dijeron entonces que investigarían a “quienes” habían entregado supuestamente el spray pimienta al migrante, dando por hecho que esa persona no lo había podido conseguir por sus propios medios, como lo hacen muchos vecinos ceutíes que han comprado este tipo de material en una tienda de productos de pesca de la ciudad autónoma. Es habitual encontrar a ciudadanos de Ceuta que portan sprays pimienta en su día a día debido a su percepción de inseguridad tras la crisis migratoria. Los muestran con naturalidad e incluso, algunas de estas personas se los han entregado a sus hijas menores durante sus primeros días de instituto. Este producto, por tanto, se puede conseguir en la ciudad autónoma.

Según No Name Kitchen, “el registro ha presentado graves fallos de procedimiento. No se han explicado los motivos ni los indicios que lo justificaban. No se designaron testigos reconocidos por la organización. Tampoco se entregó un acta del registro ni un inventario firmado de los objetos, incluyendo teléfonos y ordenadores, confiscados. ”No se ha encontrado ningún arma, explosivo ni spray de gas pimienta, porque la organización nunca ha tenido ninguno de estos objetos. En ningún caso se ha dado alojamiento a personas en situación administrativa irregular. Hacerlo no sería ilegal, pero nuestro espacio no tiene capacidad para acoger a nadie sin discriminar a otras personas que también lo necesitan“, resume la organización.

El pasado 15 de septiembre, elDiario.es publicó una de esas informaciones que debería despertar la indignación ciudadana y provocar unas cuantas llamadas entre las altas esferas. En ella, decenas de personas migrantes denunciaban palizas propinadas por militares en Ceuta. Firmado por Gabriela Sánchez, jefa de Desalambre del periódico y especialista en migraciones y derechos humanos, el artículo daba cuenta de diversos episodios en los que, según una veintena de testimonios, distintos grupos de militares golpeaban y humillaban a personas migrantes llegadas a la ciudad con el único objetivo de buscar un futuro mejor.

Fue, a la vez, la culminación a 15 días de investigación y el pistoletazo de salida a unas denuncias que han encontrado eco en organizaciones como Amnistía Internacional pero que, por el momento, ha recibido por parte del Gobierno una respuesta menos que tibia. El pasado lunes, sin ir más lejos, David de la Encina, delegado del Gobierno en Ceuta, emitió un vídeo en el que agradecía el trabajo a las Fuerzas Armadas y decía estar “muy tranquilo y muy seguro” del mismo. Para ese momento, el Gobierno ya sabía que algunas de estas palizas denunciadas obran ya en poder de los tribunales.

Para repasar cómo fueron los acontecimientos, qué se sabe, qué está en duda y qué no se sabe de unas informaciones que pueden cambiar el punto de vista de más de uno sobre quiénes son los agresores y los agredidos en Ceuta, la propia Sánchez ha hablado este miércoles con las socias y socios de elDiario.es en la redacción del periódico en Madrid. La charla, que ha estado moderada por Javier Biosca, jefe de Internacional del periódico, ha servido, en primer lugar, para que la periodista arroje una conclusión: “Se está haciendo la vista gorda. Ceuta son 18 kilómetros cuadrados. Las informaciones que hemos publicado están ahí, y sigue ocurriendo. Si esto se investigara con las mismas ganas que están investigando la entrada de migrantes, a lo mejor ya habría gente imputada y habrían frenado. De momento, que nosotros sepamos, no ha habido una sanción disciplinaria para que pare. Nos llega que continúa”. 

La de Sánchez es algo más que una opinión autorizada. La periodista se trasladó a Ceuta el pasado 1 de septiembre. Ya desde ese primer momento, le llegaron informaciones de que podía haber militares agrediendo a migrantes. Sin embargo, tal y como ha explicado, confirmarlo no era sencillo: podía tratarse de un hecho muy aislado o, simplemente, de acciones más o menos coordinadas de grupos de extrema derecha que visten con ropa militar. Con el paso de los días, sin embargo, la sospecha fue creciendo: “Vi a un niño pequeño diciendo a un militar que, cuando les veía, temblaba, y vi a otro militar contestándole que no, que a los niños no”. No pasó mucho antes de que le llegara la denuncia de migrantes que, según sus propios relatos, fueron obligados a raparse el pelo bajo la amenaza de que, si no lo hacían, serían expulsados de la ciudad: “Era una humillación. Me recordó a métodos del nazismo. Era una tortura. Ahí me di cuenta de que no era cosa de un día”.

Con los días, los episodios se acumularon: un traductor al que hubo que acompañar al hospital con la cara ensangrentada por una paliza y, finalmente, un grupo de legionarios que salieron en coche oficial después de golpear repetidamente en una casa abandonada a otro grupo migrantes: “Ahí mismo nos explicaron cómo había sido. Había menores”.

El silencio del Gobierno

“Ese fue el momento en el que supimos que lo teníamos. Habían pasado 15 días desde las primeras sospechas. Luego, chocamos con el silencio de Defensa hasta que llegaron ayer las palabras del delegado de Gobierno”, ha explicado Biosca. Y eso que no han faltado intentos precisamente por parte del periódico de recoger el punto de vista del Ejecutivo, quien es el responsable último de lo que está pasando en Ceuta: “Hay una falta de transparencia total. No nos han contestado ni una sola vez. Me da pena la conversación con la compañera de prensa porque estoy hablando yo sola. Nos dijeron que no nos iban a responder, aunque yo cumplo con mi obligación y les pregunto siempre antes de publicar. En un principio, Moncloa trasladó la preocupación por los hechos, que iban a investigar. Pero pasaron las semanas y no. Mandamos los vídeos. Volvimos a preguntar y siguen con lo mismo”, ha comentado Sánchez.

Detrás de un silencio tan atronador, una sospecha: como a mediados de septiembre solo lo había sacado elDiario.es, el Gobierno intentó dejarlo correr, que el tiempo hiciera lo suyo para que se olvidara en el trajín informativo diario. La estrategia, sin embargo, no funcionó. Tirando del hilo que elDiario.es tenía ya bien cogido y aprovechando parte de la investigación de Sánchez, Amnistía Internacional hizo sus propias pesquisas sobre el terreno. Su conclusión, emitida en un informe el pasado 30 de septiembre, fue clara: ha habido tortura y trato degradante contra los migrantes en Ceuta por parte de militares. La información coincidía con la de elDiario.es. Detrás de Amnistía llegaron muchos más medios. Ya no había forma de ocultarlo. Aún así, cuenta Sánchez, el Gobierno por ahora está abordando la cuestión arrastrando los pies: “No están siendo proactivos, simplemente han pasado informes. No nos han pedido todo el material que tenemos que no se puede publicar pero a partir del cual podrían investigar”.

¿Quiénes están detrás de las palizas? Por los relatos de las víctimas, Sánchez ha identificado a diversos grupos, entre los que figuran algunos de los cuerpos más reconocibles: legionarios y regulares: “Son los que tenemos más constatados, pero tiene trampa, porque también son los más identificables. Los regulares, por ejemplo, llevan una gorra roja. Hay víctimas que solo te pueden decir que iban de verde, y entonces es imposible especificar más. Y también es verdad que no son todos. Tenemos testimonios de militares que han llevado personas al hospital y que están en contra. Es muy difícil hablar con ellos, pero ves su cara o te deslizan que saben que es algo ilegal”. 

“¿Llamar a una ambulancia? Viva España”

Las denuncias de estas agresiones se están dando en una ciudad, Ceuta, que vive días de ambiente irrespirable. La propia periodista ha sido también víctima de ello: “Tras una manifestación, me acerqué a hablar con personas migrantes a las que habían insultado y empezaron a gritarnos que ojalá nos violen. Lo grabé porque creí que podía evidenciar el odio y el racismo que se está dando, que es el más puro y duro. Hay que decir que la persona con la que estaba hablando, además, era inglés”. Este odio, relata Sánchez, alcanza incluso a los más pequeños: “He notado silencios y miradas. Una señora me acusó de ‘ser de esas que los ayuda’ cuando me vio hablando con un menor cerca de una comisaría. Otro día pedí a un militar que llamara a una ambulancia porque a una persona migrante le estaba dando un ataque de asma y me contestó: ‘Viva España’. La deshumanización es tal que la gente no ve niños donde hay niños. Este es el contexto de esta agresiones”.

La situación se complica cuando se considera que Ceuta es una ciudad militarizada. La labor de las Fuerzas Armadas, ha ahondado Sánchez, está clara. Al menos, ha reflexionado la experta en migraciones, lo está sobre el papel: “La labor de los militares es quedarse parados. Tienen que evitar situaciones de inseguridad. Pero están haciendo eso y están haciendo otras muchas cosas según las denuncias, audios y vídeos que hemos publicado”.

Lejos de detenerse, piensa Sánchez, da la impresión de que los episodios se reproducen: “Pensé que pararía, pero nos han llegado actuaciones de hace apenas unos días. Me tiene muy descolocada, y hay muchas preguntas que habrá que resolver acerca de si hay órdenes genéricas de no hacer cómoda la estancia a los migrantes. Los militares ya deberían saber qué pueden hacer y qué no. No tienen funciones para nada de esto. Lo que hemos documentado es que lo hacen porque sí. Cuando veo que sigue, aumenta más mi preocupación. ¿Nadie les ha dicho que frenen? Hay muchas preguntas que resolver para saber por qué existe esta impunidad”.

Varios migrantes, algunos aparentemente menores, dormían en las calles de la barriada ceutí del Mixto, junto a las Murallas Meriníes, cuando cinco militares se acercan y les exigen que se vayan de allí. En un momento en que han sido desalojados todos los asentamientos improvisados y los migrantes que continúan en situación de calle sin plaza de acogida ya no saben dónde pasar la noche, la mayoría de migrantes, somnolientos, empiezan a recoger las mantas. Uno de ellos no reacciona con la agilidad exigida y es abofeteado en tres ocasiones por dos de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

La escena ha quedado reflejada en un vídeo difundido por vecinos ceutíes, que recoge una nueva agresión de militares a un migrante. En concreto, las imágenes muestran varias bofetadas propinadas con fuerza por parte de dos soldados a un chaval marroquí aparentemente menor que dormía junto a otros compañeros cerca de las Murallas Meriníes, en la barriada ceutí del Mixto.

Los tortazos captados por la grabación se producen en el marco de una intervención de una patrulla perteneciente al Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Según uno de los vecinos que ha difundido el vídeo, los hechos se produjeron durante la noche del lunes al martes. En la actuación, cinco soldados despertaron a varios migrantes, a los que exigen que recojan sus cosas y abandonen la zona. Uno de los uniformados empieza a elevar el tono contra uno de los migrantes que permanece en el suelo, en el lugar donde dormía, se desconoce si por rebeldía o porque aún estaba dormido.

“¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así!”

“Háblame, háblame. ¿No me oyes? ¿No me oyes?”, dice uno de los militares hacia el suelo, donde se encuentra el chaval. Le habla en dariya, el dialecto marroquí. “¿Me está hablando a mí?”, reacciona el chico. “¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo? ¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?”, responde uno de los soldados.

Uno de los militares que habla dariya se dirige a él con cada vez más agresividad debido, según las palabras del uniformado, la supuesta pasividad del chaval. “¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo”, le dice el soldado. El chico se empieza a levantar, pero el uniformado acaba agrediendo al joven por la supuesta manera en la que le miraba: “Mira, no me mires así, con esa mirada. ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así! ¡No me mires!”, le grita antes de soltar la primera bofetada. “Me voy a cagar en tu madre”, añade en dariya.

Después del primer tortazo, el militar vuelve a exigir al chaval que “no le mire” antes de pegarle de nuevo. “No te he hecho nada”, dice el chaval marroquí. “¡Venga, sígueme! ¡Venga, sígueme! ¡Sígueme! No tenéis sangre en las venas, sois unos desganados”, espeta el efectivo de los Regulares. Mientras insisten al migrante en que “si no sabe el árabe” o si “no entiende” al militar que acaba de abofetearle, el agredido insiste: “No he hecho nada, no he hecho nada. No me toques”.

“¡Venga, toma por culo de aquí!”, grita el uniformado, que vuelve a abofetearle. “¡Venga, toma por culo ¡Levántate! ¡Venga, sal de aquí! ¡No me mires! ¡No me mires!”.

Mientras el migrante golpeado ya se aleja del lugar donde se encuentran los solados, el militar continúa: “¡No me mires! ¡Y todavía sigues haciéndote el chulo, ¡Venga, sal de aquí!”, añade al tiempo que el migrante salta un vallado para alejarse de efectivo de las Fuerzas Armadas. “¡No entiendes la libertad, solo entiendes el hogra [humillación, represión]”.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Como parte de este trabajo, este medio también ha verificado y publicados varios vídeos que confirman parte de la violencia que describen las personas entrevistadas.

Previamente, elDiario.es publicó los testimonios de más de una veintena de migrantes, acompañadas de fotos e informes médicos, así como varios casos de menores rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento.

La semana pasada, este medio también reveló una serie de audios en los que puede se escuchar cómo un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones. El Ministerio de Defensa ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía esta investigación.

La abogada Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, explica que en Ceuta se ha utilizado el hambre, la falta de acogida y la violencia contra las personas migrantes como instrumentos de disuasión. Fernández advierte de que la externalización de las fronteras ha permitido a otros Estados utilizar los movimientos migratorios como herramienta de presión política y denuncia la vulneración de derechos fundamentales.

Tras documentar testimonios de agresiones y torturas, la abogada señala la militarización de las calles en Ceuta, la desprotección de miles de menores y las devoluciones a Marruecos por pasos no habilitados. Hablamos con ella en el podcast 'Donde callan las armas' del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas y en elDiario.es.

¿De qué manera las políticas migratorias europeas y españolas son leídas y entendidas por países a los que se cede soberanía para gestionar fronteras y políticas migratorias?

La actual política de externalización de fronteras, que ha sido fomentada por la Unión Europea y asumida por los distintos gobiernos en España, es utilizada por parte de los países que están llamados a gestionar nuestra frontera. Se ha dado la llave de nuestra casa a un vecino o a una vecina, que es quien ahora mismo tiene la responsabilidad y la encomienda de hacerlo a través de una serie de fondos de difícil seguimiento y de escasa transparencia.

Por lo tanto, tenemos un déficit democrático porque no podemos monitorear adecuadamente los fondos, pero también tenemos un déficit de soberanía porque, en realidad, algo que debería ser responsabilidad única del Estado español o de los Estados europeos, si pensamos en el marco de las fronteras europeas, se lo estamos transfiriendo a un tercero.

¿Qué hacen estos terceros, esos países?

En el marco de las relaciones bilaterales con el Estado español o con la Unión Europea, lo utilizan para su propio beneficio. Lo hemos visto muy recientemente con las declaraciones del rey de Marruecos en la apertura del año legislativo en la asamblea de Marruecos: esto forma parte de su propio ejercicio de soberanía.

Cuando esto se hace, además, no sobre una frontera cualquiera, sino sobre la frontera hispano-marroquí –donde hay territorios en disputa y en litigio– la actual política de externalización de fronteras constituye una grieta de seguridad que, lógicamente, es aprovechada por los Estados del sur global en sus relaciones con Europa. No olvidemos que Marruecos no ha cesado en reclamar soberanía sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre parte de las aguas jurisdiccionales canarias.

Con Ceuta hemos normalizado el Ejército en las calles, con soldados de infantería y vehículos blindados

En este marco hemos visto cómo se han dado casos de malos tratos y agresiones muy graves por parte de militares a personas migrantes. Usted misma ha estado muchas veces en Ceuta y Melilla.

Hay una consecuencia muy visible, que parece que no tiene trascendencia, pero que la tendrá en el futuro: se ha normalizado el Ejército en las calles. A las puertas de un comercio o de un supermercado de barrio en Ceuta no hay un vigilante de seguridad, ni un agente de la Policía Local, ni de la Policía Nacional, sino dos soldados de infantería con un vehículo blindado en la puerta.

Ese marco ahonda en la idea de la invasión y penetra de una manera muy importante en el imaginario colectivo de la sociedad ceutí. Se perpetúa un daño real que ha sufrido la sociedad ceutí, que ha vivido con miedo toda esta situación. En ningún caso el Ejército puede tener labores de seguridad ciudadana: no lo permite nuestra legislación ni, desde luego, la Constitución; pero es que además, otra de las variables que nos encontramos es que se otorga una responsabilidad a una institución del Estado que no ha sido formada para ello.

El Ejército no actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad, y tiene material de combate. Esto ha llevado a un incremento de la conflictividad y de las vulneraciones de derechos humanos, si atendemos al testimonio de las víctimas, que nos hablan de agresiones muy graves y muy severas, de una manera muy notoria contra las personas que han llegado recientemente a la ciudad de Ceuta. Hemos visto lesiones gravísimas y hemos visto testimonios que no nos hablan de una mera agresión, sino de torturas, porque se les castiga por el hecho de haber accedido a territorio europeo o a territorio español.

Se ha otorgado al Ejército una responsabilidad para la que no ha sido formado. No actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad y tiene material de combate. Esto ha aumentado la conflictividad y las vulneraciones de derechos humanos.

Hay fotografías, pruebas gráficas y testimonios que, sin embargo, por el hecho de tratarse de personas migrantes, han pasado demasiado desapercibidos en algunos ámbitos. También hay otra cuestión: ¿Por qué desde el primer día no se aplicaron medidas para acoger a menores y construir espacios adecuados para todas las personas migrantes que llegaron?

Hemos visto imágenes que nos podrían recordar al campo de Argelès-sur-Mer. Hemos visto una playa con gente literalmente abandonada. Esto ha sido una estrategia de disuasión. En este conflicto que hemos vivido en la ciudad de Ceuta, en esta grave crisis de los derechos humanos, hemos visto cómo se ha jugado con el hambre como un arma.

Se han dado menos de 4.000 comidas diarias cuando teníamos aproximadamente 14.000 o 15.000 personas en situación de dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo diario que establece el Manual Esfera, un manual de estándares mínimos de atención en situaciones de crisis humanitaria. Ni siquiera se cumplía con el mínimo de calorías. Se ha jugado con la falta de atención para desesperar a la gente. Hemos visto gente pasando hambre, gente muy desesperada, porque la pretensión era la disuasión.

Hace años que venimos denunciando, a otros niveles, que los programas de acogida a personas migrantes forman parte también de la política migratoria del Estado y que se utilizan como manera de disuadir y de cortar rutas. Cuando la población siria empieza a llegar a Ceuta y Melilla en 2015 —no olvidemos que en el primer trimestre de ese año llegaron más personas sirias por Melilla que por la frontera este de Europa—, se dejaba a la gente hacinada en Melilla. No se le permitía transitar hacia el territorio europeo, hacia la península. Era una manera de cortar la ruta, de que les dijeran a sus vecinos o a sus compatriotas: «Por aquí no vengáis, que se pasa muy mal».

Esto se viene utilizando sistemáticamente. Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usa el hambre como estrategia de guerra y la violencia física como estrategia de guerra, en esta dialéctica de la guerra que se establece. Se ha utilizado para evitar la atención. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Se han dado menos de 4.000 comidas al día cuando teníamos 14.000 personas en dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo que establece el Manual Esfera. Hemos visto gente pasando hambre; la pretensión era la disuasión.

¿Cuál es la situación ahora?

A fecha de hoy, transcurridos más de 76 días desde las primeras entradas, tenemos 2.000 niños y niñas de entre 16 y 17 años que no han sido acogidos y que no esperan serlo. Ya han acudido a todos los dispositivos, han hecho colas, se han presentado y, sencillamente, hemos decidido que, como eran prioritarios los niños un poco más pequeños, los de 16 y 17 pueden esperar. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para personas adultas y se sacaban a los niños y a las niñas. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para hombres y se dejaban fuera a las mujeres.

Se han alterado todas las lógicas de la intervención social y de la intervención humanitaria. Parecía que había una lógica que forma parte del imaginario de cualquier crisis: las mujeres y los niños primero. Esa lógica se ha roto en Ceuta. ¿Cuál era el planteamiento? No vamos a acoger, no vamos a acompañar, no vamos a garantizar derechos; vamos a agotar a las personas para que regresen voluntariamente. Cuando han visto que esto no ha ocurrido es cuando se han inventado estos retornos voluntarios.

Esa gente que está volviendo, ¿de qué manera lo está haciendo?

Hay gente que se acerca tranquilamente por la carretera del Tarajal y llega a la zona de la playa. Allí hay una puerta que da acceso a la parte trasera de las dependencias de aduanas, donde hay una escalerita que baja a la playa del Tarajal, a la zona de seguridad. Por allí caminan hasta la valla, no al puesto fronterizo. En la valla hay una puerta de servicio para gestionarla, y la gente cruza esa puerta, que ahora mismo permanece abierta.

Esa gente retorna de modo voluntario, en el sentido de que nadie la ha llevado hasta la frontera y ha decidido regresar porque no se han cumplido sus expectativas, porque está agotada. Luego tenemos muchas personas, demasiadas, que son trasladadas. Una sola ya era mucho, pero estamos viendo contingentes de personas que llegan en coches policiales o, últimamente, en autobuses.

Los desalojados de las playas del Trampolín, del Guano y de Benítez han llegado hasta allí. Vemos cómo los autobuses paran en el puesto fronterizo, pero no se les devuelve por él: se les introduce en su interior y se les saca por otra puerta a un paso que hay en el polígono industrial del Tarajal. Se abre otra puerta de la valla y se les entrega a las autoridades marroquíes, o se les deja transitar hacia donde están las personas marroquíes.

Estamos viendo personas desalojadas de las playas que son trasladadas en coches de policía o en autobuses hasta el puesto fronterizo marroquí y se les devuelve por la puerta de atrás, custodiadas por policías. Eso no es un retorno voluntario.

Van custodiadas por policías...

Esas personas acuden custodiadas: hemos visto a dos policías nacionales delante, tres detrás y un coche policial. Eso no es un retorno voluntario. Sobre todo, queremos llamar la atención por el hecho de que no se está haciendo por el puesto fronterizo: no es un tránsito regular de fronteras bajo custodia. Cuando una persona es expulsada de España o regresa a su país voluntariamente porque tiene un permiso de residencia en España y transita hacia Marruecos o hacia Argelia, lo hace siempre por un puesto fronterizo. Entonces España sabe quién entra y quién sale.

Lo que no podemos hacer es abrir la puerta de atrás para echar a las personas, ni siquiera para consentir que se vayan voluntariamente, si es que tal cosa fuera real, porque esto es hacernos trampas al solitario. No podemos penalizar a la gente porque cruza la frontera irregularmente y luego nosotros —me refiero al Estado español— habilitar un paso fronterizo irregular. Esto lo hacemos única y exclusivamente porque, entre otras muchas causas, en el origen de esta crisis está que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta.

Esta es una de las muchas causas de la crisis. Llevamos años gestionando la frontera por la puerta de atrás, gestionando la frontera de facto, y estamos solucionando la crisis con la misma medicina que nos ha causado la infección. Por lo tanto, esto es un cierre en falso de la crisis.

Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usan el hambre y la violencia física como estrategia de guerra. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Desde la Coordinadora de Barrios ustedes han señalado que la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta tiene también razones geopolíticas, pero que eso, evidentemente, no despoja de derechos a las personas migrantes ni las convierte en proyectiles o armas, como algunos han dicho.

Tenemos que ser conscientes de que, tanto cuando hablamos de crisis geopolíticas como cuando hablamos de mafias, las víctimas de esta historia son las personas migrantes, las personas en movilidad. De una crisis se sale siempre con más derechos y con más Estado de derecho. Esa es la receta para una crisis de estas características. Pero, al haber atropellado los derechos de las personas migrantes, las estamos tratando exactamente de la misma manera que las ha tratado Marruecos o como las tratan las mafias: como pura mercancía. Por lo tanto, si queremos acabar con las mafias que se aprovechan de las personas y con esos tránsitos irregulares de personas utilizados por los Estados con sus intereses geopolíticos, lo que tenemos que hacer es dotar de derechos a estas personas y protegerlas.

No podemos olvidarnos de que, entre las personas que han cruzado, hay aproximadamente 5.000 en necesidad de protección internacional, y estas 5.000 personas no tienen hoy por hoy garantizado el acceso a la protección internacional en España. Por lo tanto, un Gobierno que se erige en baluarte del multilateralismo ha cometido atropellos contra el sistema internacional de derechos humanos como no los habíamos visto en mucho tiempo.

La indignación crece entre los partidos locales de Ceuta tras conocer, a través de elDiario.es, los audios en los que militares se jactan de las palizas y vejaciones a migrantes personas. Tanto Ceuta Ya! como el MDyC han reclamado que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que las grabaciones se han puesto a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía. Las dos formaciones, que cuentan con representación en la Asamblea de Ceuta y no tienen escaños en el Congreso de los Diputados, mantienen una posición crítica con el discurso del Gobierno local, que ha calificado de “invasión” la entrada y permanencia de personas extranjeras en la ciudad.

El MDyC considera que la información publicada es “realmente preocupante” y advierte de la gravedad que tendrían los hechos si se confirman. Ceuta Ya!, por su parte, sostiene que los audios no pueden entenderse al margen del clima de hostilidad hacia las personas migrantes que, a su juicio, se ha extendido en la ciudad durante las últimas semanas. Ambas formaciones reclaman que se esclarezca lo ocurrido y que se actúe ante cualquier posible vulneración de derechos.

Denuncias desde septiembre

La publicación de los audios del 15 de octubre llega después de varias semanas de informaciones sobre agresiones a personas migrantes que permanecen en Ceuta tras las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio. elDiario.es publicó el 15 de septiembre los testimonios de una veintena de migrantes que denunciaban palizas, robos y vejaciones atribuidas a determinados grupos de militares, con relatos que también afectaban a menores de edad. Los testimonios recogidos describen golpes, amenazas y prácticas humillantes, entre ellas obligar a algunos jóvenes a raparse el pelo. El 17 de septiembre, otra publicación reunió relatos de más personas que aseguraban haber sufrido estos episodios. La investigación avanzó el 25 de septiembre con la difusión de vídeos en los que se observaba a militares persiguiendo y golpeando a migrantes.

Cinco días después, el 30 de septiembre, el Ministerio de Defensa comunicó que había remitido a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias documentadas por Amnistía Internacional y que había encargado una investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuales. La organización había recogido 22 testimonios directos sobre presuntas palizas, acoso, humillaciones y sustracción de pertenencias.

El 3 de octubre, elDiario.es publicó otra información según la cual las agresiones denunciadas habían continuado después de que Defensa conociera las primeras acusaciones. Este medio detalló nuevos testimonios de personas migrantes que señalaban a militares como responsables de golpes y otros abusos.

La publicación de los audios el 15 de octubre vino a ahondar en las revelaciones previas. En las grabaciones, varios militares que se encontraban de servicio en Ceuta conversaban sobre agresiones a migrantes y se jactaban de los golpes. Ese mismo día, Defensa anunció que enviaría los audios a la Justicia y que investigaría los hechos.

Ceuta Ya! denuncia un clima de violencia contra los migrantes

Ceuta Ya! , formación más activa de la oposición local liderada por Mohamed Mustafa, considera que las grabaciones conocidas este jueves forman parte de una situación de hostilidad hacia las personas migrantes que lleva tiempo denunciando. La formación sostiene que “el clima de violencia, legitimado por discursos políticos y medios de comunicación, no es ninguna novedad” y advierte de que quienes han sufrido las consecuencias más graves han sido los propios migrantes.

El partido asocia las denuncias de agresiones con otros episodios ocurridos durante las últimas semanas. Entre ellos, menciona la quema de campamentos, los obstáculos al acceso de ayuda humanitaria y las agresiones a representantes públicos, periodistas y personas racializadas. También recuerda que, tal y como denunció en el último Pleno, hubo cargos del Gobierno de Juan Vivas que defendieron en redes sociales dar “dos hostias en la cara” a quienes proporcionaban comida a los migrantes.

La formación critica asimismo las peticiones para impedir que se graben las actuaciones de militares y agentes de las fuerzas de seguridad. A su juicio, esas iniciativas supondrían conceder una “carta blanca” para actuar sin controles, en lugar de proteger legítimamente el trabajo de los uniformados. Ceuta Ya! sostiene que la grabación de las intervenciones constituye una cuestión relevante para conocer lo ocurrido y esclarecer posibles abusos.

El partido considera que en Ceuta se han producido actuaciones “cuando menos desproporcionadas” por parte de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Por ello, cuestiona que la difusión de los audios haya provocado sorpresa y plantea que algunas actuaciones podrían haberse desarrollado al margen de las directrices del Ministerio de Defensa.

“Es muy probable que en nuestra ciudad se haya estado actuando de manera autónoma”, argumenta la formación, que reclama al Ministerio que investigue los hechos y depure las responsabilidades individuales que correspondan, con independencia de las actuaciones judiciales que se pongan en marcha.

El MDyC pide esclarecer los hechos y depurar responsabilidades

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), uno de los principales apoyos durante la legislatura para el Gobierno del PP, también ha expresado su preocupación por las grabaciones. La formación considera que, si se confirma lo que recogen los audios, podrían haberse producido actuaciones “desproporcionadas y muy graves” por parte de algunos militares contra personas migrantes.

El partido pide denunciar públicamente cualquier posible agresión y advierte de que estos hechos no solo afectan a la integridad de las víctimas, sino que también perjudican la imagen de la labor que el Ejército desarrolla en Ceuta desde las entradas masivas del 30 y 31 de julio.

“Si se comprueba que es cierto, podríamos estar ante unas actuaciones desproporcionadas y muy graves”, señala el MDyC, que recuerda que el Ministerio de Defensa ya ha anunciado que investigará lo ocurrido. La formación reclama que los hechos se esclarezcan y que se adopten las medidas correspondientes si se confirman las denuncias.

El MDyC también recuerda que el respeto a la dignidad de las personas migrantes ha sido una de sus reivindicaciones desde el inicio de la crisis. En este sentido, alude a las palabras del rey Felipe VI durante su visita a Ceuta, cuando defendió que estas personas debían recibir un trato digno y humano.

La formación localista apunta, además, que el pasado 27 de agosto solicitó la convocatoria de una Junta de Portavoces para promover un llamamiento institucional a la calma y condenar cualquier tipo de agresión.

La Justicia de Ceuta ya investiga, a través de distintas vías, casos de palizas de militares a migrantes. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Los hechos denunciados se remontan a los últimos dos meses y medio, desde la entrada de decenas de miles de personas migrantes a la localidad procedentes de Marruecos. elDiario.es a través de varias informaciones y diversas ONG, incluyendo a Amnistía Internacional a través de un amplio informe, habían alertado de agresiones a las personas que sobreviven en las calles de la localidad desde finales de julio.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia presentada por Amnistía Internacional a raíz de un informe en el que desvela numerosos casos de presuntas torturas a personas que llegaron a la localidad hace dos meses y medio. “La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a raíz de esa denuncia. No me consta que se hayan remitido vídeos ni otros informes relacionados con estos hechos. Todo ello, sin perjuicio de que algún juzgado haya podido incoar diligencias o actuaciones” por otro lado, revela el Ministerio Fiscal.

Dos vías y más denuncias pendientes de admisión

Se trata de dos frentes separados en el esclarecimiento de los hechos. Por uno, la acción individual de los titulares de cada uno de los juzgados en los que hay denuncias relacionadas con situaciones de esta índole, que, a no ser que finalmente unifiquen la investigación como una causa conjunta, resolverán individualmente cada uno de los sucesos. Por otro lado, quedan las pesquisas de la Fiscalía, a las que deberá aportar información el Ministerio de Defensa y en la que también se incluirán los audios revelados por elDiario.es en los que varios militares aparecen jactándose de agresiones a personas migrantes.

Más allá de las denuncias que ya investigan los juzgados, aún está pendiente la decisión sobre la admisión a trámite de varias denuncias a las que ha tenido acceso elDiario.es, por lo que la cifra de causas abiertas puede aumentar en las próximas semanas.

Una de ellas es la de Mohamed, publicada por elDiario.es el pasado 1 de octubre. Aunque aún no ha sido admitida a trámite, la Policía Nacional sí ha dado traslado del caso al juzgado, según confirma su abogada a elDiario.es.  El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Según la denuncia, el hombre marroquí dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Junto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envió los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. “También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo”, señala el parte.

Cerca de una veintena de partes de lesiones de migrantes que aseguraron haber sido agredidos por efectivos de las Fuerzas Armadas han llegado al juzgado ceutí que investiga el caso de posibles torturas por parte de militares, según ha adelantado El País y ha confirmado a elDiario.es del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad. Las mismas fuentes oficiales recuerdan que el envío de los informes médicos a las autoridades judiciales es obligatorio por ley cuando un paciente asegura haber sido agredido, por lo que ya habían sido remitidos a la Justicia en el momento en que ocurrieron los hechos.

Aunque por el momento el Ingesa no ha especificado el número exacto de pacientes sobre los que ha remitido información, sí confirma que existen alrededor de una veintena de comunicaciones sobre casos en los que las personas migrantes llegadas a Ceuta durante los últimos días de julio han denunciado ser víctimas de agresiones por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. El Ingesa habla de “cerca de una veintena”, pero los testimonios recopilados por elDiario.es apuntan a que son más los migrantes que han acudido al servicio de Ugerncias del Hospital de Ceuta tras alegar sufrir una paliza por parte de militares españoles.

Estas fuentes también hacen hincapié en que no es el Hospital de Ceuta, a través del Ingesa, quién asocia las lesiones con torturas por parte de militares, sino que el parte recoge lo que el afectado le dice al médico. “Los médicos refieren el parte y envían copia según lo que le haya dicho el paciente”, insiste el representante del organismo consultado por este medio. Posteriormente, “es la justicia quién debe dictaminar”, agrega la fuente.

Sin embargo, varios testimonios de pacientes que denuncian haber sido víctimas de palizas por parte de soldados en Ceuta han asegurado a elDiario.es que, pese a que hayan trasladado al personal sanitario haber sido agredidos específicamente por militares, el certificado médico no siempre lo recogía. Este medio ha accedido a varios partes médicos de migrantes que no incluyen que la víctima refiera haber sido golpeado por militares, sino que únicamente incluye que se trata de una “agresión”, pese a que afirman haber insistido en ello al personal médico, lo que puede deberse a una falta de voluntad o a razones ligada a la barrera idiomática.

Una denuncia presentada ante la Policía por un migrante víctima de una supuesta agresión por parte de militares españoles recoge que un sanitario del Hospital de Ceuta le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según el documento registrado en comisaría, publicada por elDiario.es el 1 de octubre.

Otros migrantes que han acudido a Urgencias tras sufrir este tipo de prácticas reconocen haber tenido miedo por la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en la puerta del centro médico o por recibir cualquier tipo de represalias a su salida.

La información facilitada por el Ingesa viene a confirmar que el juzgado que investiga las presuntas torturas ya cuenta no solo con el informe de Amnistía Internacional, sino con documentos médicos que evidencian lesiones sufridas por las personas migrantes que permanecen en Ceuta y que aseguran haber sido víctimas de ataques por parte de soldados.

Ayman tiene 16 años y lleva todo el día esperando frente a la comisaria del centro de Ceuta. No es la primera vez que intenta acceder a estas dependencias policiales. El joven asegura que lo ha hecho, al menos, en tres ocasiones, pero ninguna ha terminado como esperaba. “Me han dicho que no cogen más huellas, que ya están llenos los centros”, explica. Mientras aguarda una nueva oportunidad, uno de sus amigos le enseña unos vídeos del operativo de limpieza que se está desplegando en las naves del Tarajal. Allí, hasta esta mañana, guardaba la poca ropa que le quedaba y un lugar en el que resguardarse durante las noches. Ahora, según cuenta a este medio, no tiene ninguna de las dos cosas. “No sé qué hacer, no sé dónde voy a dormir”, reconoce. 

El adolescente, natural de la localidad marroquí de Assilah, cuenta que ya ha tenido que dormir en la calle en otras ocasiones en Marruecos. “Estoy acostumbrado”, reconoce, aunque insiste en que su situación en Ceuta es ahora mucho más difícil. A su alrededor hay otros jóvenes que también esperan poder acceder a los trámites de filiación, pero Ayman decide alejarse del grupo. Piensa que, si se presenta solo, quizás tenga más probabilidades de ser atendido. “Somos muchos, hay muchos menores que estamos en la calle”, explica. Cuando se le pregunta dónde pasará la noche, no sabe qué responder. Es el quién termina haciendo las preguntas. “¿Dónde es más seguro?”, plantea. Después, ante la falta de alternativa, añade: “Buscaré algún sitio tranquilo”. 

Ayman es uno de los menores marroquíes que, tras el operativo desplegado el pasado domingo por la Policía Nacional en los asentamientos informales de Ceuta (tanto en las naves del Tarajal como en otros puntos de la ciudad como el barrio de Rosales o Regulares), se ha quedado en la calle sin una alternativa de acogida. Todos han sido trasladados en autobuses hasta las dependencias policiales con la expectativa de iniciar los trámites de filiación que les permitirían acceder al sistema de protección de menores. Sin embargo, según relatan a elDiario.es varios de los afectados, no han llegado a ser filiados porque no aceptaban a más personas y han tenido que regresar al mismo lugar del que habían sido desalojados horas antes. 

Ahmed mira como avanzan las excavadoras y el operativo de limpieza en la parte superior de las naves del Tarajal que, para cuando el joven ha vuelto al lugar, ya habían retirado las tiendas de campaña, las mantas y las pertenencias que formaban el asentamiento donde muchos llevaban más de dos meses durmiendo. “Toda mi ropa estaba ahí [dice mientras señala uno de los costados de la explanada] y ahora solo tengo esto [insiste mientras señala la ropa que lleva puesta]”. Unos pantalones cortos, unas chanclas medio rotas y una sudadera. Nada más.

Islam, de 17 años, creyó que el autobús le llevaría a un centro de acogida. Llevaba semanas durmiendo en las naves y, al ver llegar los vehículos, pensó que la Policía iba a identificar a los menores para facilitar su entrada en el sistema de acogida. Pero, cuando llegó a las dependencias policiales, asegura que le negaron el acceso. “Han pasado muchos de los chicos que venían con nosotros en el bus, o que dormían también en las naves del Tarajal”, explica a este medio. Cuando ha llegado su turno le han dicho: “Ya está. No vamos a coger más huellas”. Mientras tanto, Haitam, también de 17 años, y la persona con la que compartía tienda de campaña, sí que ha entrado en el recurso. “No entiendo nada”, insiste. 

De regreso al Tarajal, Islam contempla cómo las máquinas retiran lo que hasta unas horas antes era su refugio. “¿A dónde voy a ir ahora? Nos hemos quedado en la calle”, repite. A su alrededor, otros jóvenes se hacen la misma pregunta. Entre ellos está Mohammed, de 17 años, que tampoco ha conseguido iniciar la filiación, según cuenta. El grupo emprende el camino cuesta arriba hacia la barriada del Príncipe. Dicen que intentarán dormir allí, aunque ninguna sabe todavía en qué lugar ni cómo se resguardarán del frío de las noches. 

Ayoub, también de 17 años, recuerda la alegría que sintió al subir al autobús. “Pensaba que iba a entrar, pero no”, explica. En el bolsillo conserva uno de los carteles identificativos como menor preparados por organizaciones en el terreno para este tipo de operativos y, junto a él, una copia de su acta de nacimiento. Es de Castillejos y ha perdido las mantas con las que se protegía por las noches. Ahora están, según relata, entre los montones de restos que la excavadora lanza sobre uno de los camiones. “Me he quedado sin nada y ahora hace más frío por la noche”, insiste. 

Durante la jornada del domingo, las tormentas han dejado abundantes lluvias sobre Ceuta. Ayoub mira al cielo y pregunta si va a volver a llover. Pide que alguien consulte la previsión meteorológica en su teléfono. Para el joven, la posibilidad de pasar otra noche a la intemperie se ha convertido en una preocupación más. 

También Haytham se ha quedado sin un lugar al que regresar. Dormía en la parte inferior de las naves del Tarajal, cerca de una familia con un bebé recién nacido, al que había ayudado a cuidar desde su nacimiento. “Nos llevaron a la comisaría, pero no han aceptado la foto que tengo en el móvil de mi documento nacional de identidad”, revela. Ahora, y con el objetivo de encontrar una solución para entrar en un recurso de acogida, explica que le va a pedir a un familiar que intente hacerle llegar la copia original a través de la frontera. Hasta entonces, sigue sin saber dónde pasará la noche. “Me da miedo la noche. He vuelto aquí pensando que podíamos recoger alguna de nuestras ropas, pero no”, lamenta mientras observa cómo avanza la limpieza.

El desalojo de las naves del Tarajal forma parte de un amplio dispositivo desplegado este pasado domingo en distintos puntos de Ceuta, con más de 350 agentes de la Policía Nacional. Los policías agruparon a las personas migrantes y las condujo en autobuses hasta la comisaria para iniciar la filiación. Sin embargo, los menores entrevistados por este medio aseguran que regresaron sin ser filiados y sin una plaza de acogida. Al término de la jornada, no solo continuaban en la calle, sino que también había desaparecido el lugar en el que llevaban meses durmiendo. Ahora vuelven a buscar otra noche llena de preguntas, sin respuestas y, esta vez, en un lugar nuevo, sin la certeza de que no vuelva a ocurrir lo mismo.  

Habían pasado apenas unas horas desde que el recuento electoral confirmara la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, cuando las redes sociales del Institute for Remigration publicaron un vídeo en el que un hombre de origen pakistaní aseguraba que, de ganar la extrema derecha, dejaría Magdeburg, la capital, para irse a otro territorio alemán. “Llamamos a esto 'remigración federal'”, aseguraba el tuit.

Y explicaba el siguiente paso: “Cuando AfD escale este efecto, el estado federado podría convertirse en un ejemplo y un faro de esperanza para el resto de Alemania”.

Sajonia-Anhalt es una de las regiones menos pobladas de Alemania. Solo dos de sus ciudades superan los 200.000 habitantes, y en total suman poco más de dos millones de personas. Tampoco sus cifras de migrantes son relevantes: rondan el 9%, por debajo de la media nacional de Alemania (15%) y lejos de la de los estados federados occidentales, donde fácilmente puede ser el doble.

Pero más allá de su tamaño o su peso político, la posibilidad de gobernar en Sajonia-Anhalt le regala a AfD algo más preciado: un laboratorio en el que aplicar sus radicales propuestas supremacistas, en las que no se trata de controlar los flujos migratorios, sino de 'limpiar' la sociedad de todos los elementos que no consideren auténticamente alemanes.

Porque la remigración que defienden forma parte de un movimiento más amplio, con un peso creciente en la extrema derecha europea, y que se basa en la teoría del Gran Reemplazo. Esta tesis conspiranoica sostiene que hay un plan para sustituir a la población blanca y católica por otra migrante (sobre todo musulmana), y borrar así la esencia y las raíces europeas.

Para evitarlo, no solo proponen impedir la concesión de nuevos permisos o asilos, sino revisar la situación de los que ya están viviendo en el territorio, e incluso “incentivar” su regreso a los países de origen, aun cuando se trate de segundas o terceras generaciones. Remigración es un eufemismo para deportaciones masivas. Uno que se vende mejor en redes y causa menos rechazo.

El escaparate

“Sajonia-Anhalt podría convertirse en un modelo de remigración. Como un laboratorio político en el que se haga visible qué posibilidades posee realmente un solo estado federado”, señala otra publicación del Institute for Remigration. “A ello se suma el 'efecto escaparate': Un gobierno estatal exitoso podría demostrar prácticamente que una política migratoria alternativa dentro del orden estatal existente es en realidad posible. Eso sería relevante no solo para Alemania, sino para toda Europa”, añade.

AfD es uno de los partidos con importante representación parlamentaria que están metidos de lleno en la defensa de un plan europeo de remigración. Varios de sus representantes participaron del último Remmigration Summit en Portugal. El otro gran partido político presente era español: Vox.

Rocío de Meer, portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox se subió en octubre al escenario en Foz da Figueira para defender la expulsión de los migrantes “que utilicen los servicios sociales, porque están colapsados”.

También lo hizo la diputada y portavoz de AfD en el Parlamento Regional de Brandeburgo, Lena Kotré, asegurando que su partido se encargaría de sacar del país a todos los que no tuvieran derecho a estar en él.

¿Y cómo se decide quién tiene derecho? Bueno, el Institute for Remmigration ha elaborado un documento de medio centenar de páginas en el que explica punto por punto cómo poner en funcionamiento el laboratorio de Sajonia-Anhalt.

El plan

Como primer paso, sugiere crear una Oficina de Remigración que coordine y centralice la “aclaración de identidades”, la obtención de pasaportes y la “ejecución de expulsiones”. Además, como medida urgente propone evaluar y suspender cualquier fondo o programa de integración “que desincentive el retorno”. A cambio, se financiarían programas para preparar a los menores nacidos en Alemania para “reinsertarse en sus países de origen”. Esto es, en el país de sus antepasados. Por ejemplo, estudiarían el idioma o la geografía de esos lugares en los que vivieron sus padres, sus abuelos e incluso sus bisabuelos, para después ser expulsados.

A ello se suman las medidas de “presión de asimilación” mediante la Leitkultur (cultura de referencia), con las que se busca primar las tradiciones locales y “regular estrictamente” el uso de (otros) símbolos religiosos en el espacio público. Y una exhaustiva clasificación de los barrios según sus características sociales, que justifiquen medidas como “presencia policial masiva”, lucha contra la “economía informal” o que se priorice la asignación de viviendas de alquiler a personas “empleadas o con formación académica”.

No solo propone no conceder nuevos permisos o asilos, sino “revisar” y “fiscalizar” aquellos ya otorgados. El programa de AfD para Sajonia-Anhalt coincide en algunos puntos de manera casi textual con el documento publicado en agosto por el Institute for Remigration.

El origen y el futuro

La relación de AfD con los promotores de la remigración es muy estrecha. En la primera presentación del ideólogo del plan, el austriaco Martin Sellner, que se realizó en secreto en un hotel de Potsdam, Alemania, en 2023, había varios políticos del partido. Uno de los más destacados era Ulrich Siegmund, líder del grupo parlamentario en Sajonia-Anhalt y el gran triunfador de estas elecciones.

Las encuestas de opinión aseguran que la cuestión de la inmigración tuvo un papel secundario en las decisiones de voto el pasado domingo. Los análisis señalaban que las agresivas campañas contra los refugiados y los inmigrantes que son seña de identidad de AfD no parecen haber resultado decisivas en las elecciones, sino que pesaron más temas como la seguridad social, la paz en Europa o la política económica.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica sus ideas identitarias y su plan de discriminación institucional. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, aunque residan legalmente o incluso hayan nacido en el país

Sin embargo, este triunfo le da la posibilidad a AfD de meterse de lleno en su faceta de supremacismo blanco. “Nosotros somos más guapos, más listos y tenemos mejores ideas”, llegó a decir uno de los oradores del Remigration Summit 2026. “Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró Lena Kotré, que encabeza las encuestas para las próximas elecciones en Brandemburgo. De Meer, la representante de Vox, defendió que “España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana”, y que “recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica estas ideas identitarias y su plan de discriminación institucional por razones étnicas, culturales y religiosas. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, incluso cuando residan legalmente o hayan nacido en el país: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”, defienden. Y quieren que toda Europa les escuche.

Merz acusa a AfD de querer una “limpieza étnica”

Este miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, han librado un duelo en la Cámara Baja del Parlamento. En unos de los momentos más tensos del intercambio, el canciller ha acusado a AfD de querer poner en marcha una “limpieza étnica” en el país con su propuesta de “remigración” para expulsar a inmigrantes y demandantes de asilo de Alemania.

“El término 'remigración' no es más que un sinónimo de 'limpieza étnica' basada en el origen y el color de piel”, ha afirmado Merz, antes de recordar la importancia del los trabajadores inmigrantes en la economía germana. “Uno de cada seis trabajadores del sector artesanal tiene pasaporte extranjero. Si aquellos que trabajan en Alemania tuvieran que abandonar el país por la 'remigración', el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionar, ningún hospital del país podría funcionar”, ha expuesto el canciller.

Después de conocerse que el juzgado de Ceuta ha admitido a trámite varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones por parte de militares, el Gobierno, a través de su delegado en Ceuta, ha publicado un vídeo para apoyar a los soldados desplegados en la ciudad autónoma. El representante ceutí del Ejecutivo, David de la Encina, ha visitado este martes la sede de la Comandancia General para transmitir “el reconocimiento del valor, entrega y dedicación” de los efectivos de las Fuerzas Armadas de la guarnición ceutí. “Gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional”, ha recalcado.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha mantenido un encuentro con el Comandante General en Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrer Frente, en el que afirma haber transmitido “el apoyo del Gobierno” a las Fuerzas Armadas. Tras su visita, David de la Encina ha difundido un vídeo para enviar un mensaje de reconocimiento a todos los militares con base en la ciudad. “En este lugar tan emblemático de Ceuta y para mí tan importante, he venido a testimoniar el apoyo del Gobierno de España y mío humano hacia las Fuerzas Armadas”, ha expresado.

“Gracias por los siglos de dedicación a la seguridad de España y gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional nuestras fuerzas armadas”, ha indicado. “Estamos muy tranquilos y muy seguros por contar con unos profesionales de la vocación, de la profesionalidad y de la entrega de los miembros de la guarnición de la Comandancia General de Ceuta”, ha añadido de la Encina, tras las múltiples denuncias registradas en los juzgados por migrantes que aseguran ser víctimas de palizas por parte de militares en la ciudad autónoma. https://www.eldiario.es/desalambre/juzgados-ceuta-investigan-denuncias-agresiones-militares_1_13598445.html

Su mensaje de apoyo también llega días después de la publicación en elDiario.es de varios audios en los que militares comentan entre risas supuestas agresiones y posibles torturas a las personas que permanecen en las calles ceutíes tras la entrada masiva de finales de julio. En el vídeo, el delegado no ha realizado mención alguna a las denuncias, únicamente se limita a mostrar su apoyo a los uniformados con base en el enclave español.

Varias denuncias en los juzgados

La Justicia de Ceuta está investigando casos de palizas de militares a migrantes a través de distintas vías. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según ha confimado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a elDiario.es. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

“Sin guantes mola más”

En los audios, al menos tres miembros de las Fuerzas Armadas comentan algunas de sus actuaciones en Ceuta, describiendo supuestas agresiones propinadas a los migrantes: “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo.

Los soldados admiten en las grabaciones haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla.  “El man no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho ‘póngase detrás del vehículo’ y se ha puesto así…”, dice uno de los uniformados, cuyo relato de los hechos es completado por uno de sus compañeros: “Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él… Y ¡pam!”, añade, enfatizando el golpe que había pillado desprevenido a uno de los migrantes, según sus propias palabras recogidas en la grabación. 

Decenas de migrantes llevan meses denunciando agresiones, palizas y tratos vejatorios por parte de uniformados en Ceuta. Además de sus testimonios, varios vídeos confirman parte de estos abusos. Este domingo, elDiario.es publicó una reconstrucción de una de las grabaciones difundidas en redes sociales, a través de entrevistas con los migrantes que aseguran haber resultado heridos en la intervención militar.

La Comandancia de Ceuta a la que el Gobierno ha expresado su apoyo está formada por el Grupo de Regulares de Ceuta número 54, el Tercio Duque de Alba º de La Legión, el Regimiento de Caballería Montesa número 3, el Regimiento Mixto de Artillería número 30, el Regimiento de Ingenieros número 7, la Unidad Logística número 23 y el Batallón de Cuartel General General.

Además de la guarnición de Ceuta, varios regimientos con base en otros puntos del país han sido movilizados a la ciudad autónoma tras la situación de interés de seguridad nacional declarada tras la llegada irregular de cerca de 80.000 personas por la frontera del Tarajal.

Eran las 9:20 de la mañana cuando el operativo policial, integrado por más de 350 agentes de la Policía Nacional, llegaba a las naves del Tarajal. Unas horas antes, un grupo de jóvenes, entre ellos menores de edad, se desperezaba mientras salía de sus tiendas de campaña. Hamza tiene 16 años y sujeta con fuerza su cartilla de nacimiento, un papel verde que muestra a todo aquel que le pide que se identifique. También a la Policía, a la que vuelve a enseñársela después de que los agentes comiencen a agrupar a los jóvenes marroquíes para subirlos a los autobuses.

El operativo, desplegado desde primera hora de este domingo en diferentes puntos de Ceuta, ha comenzado con disturbios en la zona elevada de las naves del Tarajal, donde centenares de personas esperaban sentadas frente al despliegue policial. Muchas de ellas llegaron a este punto en las últimas semanas, tras los desalojos de la playa Benítez y, especialmente, de la playa del Trampolín. Tras los disturbios, la Policía ha organizado a los jóvenes en diferentes grupos y han ido subiendo progresivamente, en tandas de entre 20 y 30 personas, a los distintos autobuses.

La intervención en las naves del Tarajal forma parte de un dispositivo más amplio de la Policía Nacional, que ha actuado en varios puntos de la ciudad para desalojar los asentamientos de migrantes más numerosos, algunos de ellos situados en barriadas. Según la información facilitada por el cuerpo policial, en el operativo han participado más de 350 funcionarios, en su mayoría integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

Además de las naves del Tarajal, los agentes se han desplegado en Poblado Regulares, el barrio de Los Rosales, la parte baja de la barriada del Príncipe (con acceso al polígono del Tarajal) y la explanada próxima al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

En Los Rosales, una vecina contaba a este medio a primera hora de la mañana que alrededor de 30 furgones avanzaban por la zona, mientras decenas de policías recorrían las calles en busca de quienes todavía dormían a la intemperie. Algunos han sido trasladados a pie hasta las naves del Tarajal. Otros, en cambio, han sido conducidos en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan las gestiones policiales correspondientes.

Según la Policía Nacional, las personas migrantes son trasladadas al CATE para realizar las gestiones policiales oportunas. Sin embargo, en el desalojo de la playa del Trampolín, en Ceuta, varias personas migrantes denunciaron a elDiario.es que fueron engañadas sobre el destino de los autobuses y devueltas a Marruecos de manera forzosa, sin posibilidad de decidir sobre su retorno. Algunos aseguraron, además, que manifestaron su intención de solicitar protección internacional, pero los agentes les dijeron que no podían quedarse en Ceuta. Estos testimonios contradicen la versión oficial de que los retornos se produjeron y se producen de forma voluntaria.

En las naves del Tarajal, una vez desalojada la parte superior, la Policía ha continuado el operativo en la zona inferior. Allí, un grupo de agentes ha avanzado entre las carpas y las tiendas de campaña en busca de quienes todavía permanecían en su interior. Durante el desalojo, los jóvenes han salido escoltados por agentes de la Policía Nacional y han sido trasladados posteriormente a los autobuses que aguardaban en la rampa de acceso a la zona. Otros han huido de los agentes y se han refugiado en las zonas más elevadas, mientras la tormenta avanzaba y la lluvia dificultaba las labores de desalojo en este punto de la ciudad.

En las naves del Tarajal y en la explanada próxima al CETI, la Policía Nacional ha trabajado con el Área de Inclusión de la Ciudad Autónoma para atender a las familias vulnerables que se encontraban en estos asentamientos. El dispositivo también ha contado con la colaboración de la Policía Local en materia de tráfico y seguridad vial.

Alrededor de las 11:30, las excavadoras y los equipos de limpieza han comenzado a levantar los distintos asentamientos y a retirar los restos de más de dos meses de ocupación informal.

El vídeo corre por redes sociales desde el 17 de agosto. Una decena de militares irrumpe en un descampado donde hay dos vehículos aparcados. Una parte de los uniformados se abalanza sobre uno de ellos, desde donde varios migrantes salen a toda velocidad mientras intentan esquivar los porrazos. En su huida, un chico cae por un empinado terraplén cuando los soldados continúan ensañándose a golpes con dos marroquíes agachados en el suelo ya fuera del coche. Se escuchan chillidos. La escena obliga a reaccionar a algunos vecinos y los efectivos empiezan a dispersarse. Tras ellos, un joven queda tirado en el suelo. 

Más de un mes de los hechos, Aiman (nombre ficticio) observa el vídeo y señala al chico delgado que huye despavorido del vehículo hasta desplomarse terraplén abajo. “Soy yo”, dice con timidez y cierto miedo. Enseña la zona posterior de su oreja y su codo, donde dos cicatrices le recuerdan cada día lo ocurrido aquella mañana de agosto en la que varios militares le despertaron a palos tras abrir la puerta del coche donde dormía junto a otros cuatro jóvenes marroquíes. Es menor de edad. Su acta de nacimiento recoge que tiene 17 años. 

A través de su testimonio, el de otros dos migrantes heridos durante la actuación militar y varios vecinos que asistieron a los heridos, elDiario.es reconstruye lo ocurrido en el vídeo difundido inicialmente por el colectivo Border Resistance y publicado por este medio el 27 de septiembre.  Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana en un descampado de la barriada ceutí de Los Rosales —aunque en un inicio las primeras informaciones los ubicaban en El Príncipe—, ubicado cerca de edificios de viviendas. Aiman estaba acostado en el asiento trasero; Ibrahim descansaba en el maletero, encajonado junto a otro chaval. En los asientos delanteros reposaban otros dos compañeros. 

“Estábamos durmiendo dentro del coche. [Los militares] abrieron la puerta y empezaron a golpearnos dentro del coche. Algunos huyeron y otros se quedaron”, explica el menor. Él no escuchó la puerta abrirse, cuenta; se despertó con los golpes de las defensas y entre gritos de los militares. “Estaba dormido y no entendía qué pasaba. Imagínate que susto despertarte así”, continúa Aiman, con la ayuda de un traductor. “Algunos huyeron y otros se quedaron”. Recibió el primer porrazo en el interior del vehículo y, justo después, logró escapar, relata.

Es el chico alto y delgado que sale en primer lugar, por la puerta trasera del lado derecho del coche, y corre hacia la cuesta del descampado. Tan adormecido y aterrado estaba, dice, que no sabía por donde pisaba. No vio el terraplén, y se precipitó desde una distancia considerable. Aiman fue a parar sobre una maraña de residuos, maderas y cristales rotos.

“Ahí fue donde me corté”, añade antes de colocarse de perfil y doblar una de sus orejas, detrás de la que se esconde la primera cicatriz. También levanta y enseña el codo, donde se encuentra el segundo tajo. “Me tuvieron que dar muchos puntos”. 

“Me golpearon en el maletero”

Mientras Aiman se precipitaba por el terraplén, Ibrahim aparece por primera vez en el vídeo. Es el chico que, sin camiseta, sale disparado desde la puerta trasera del vehículo. “Primero, me pegaron dos veces en la cabeza dentro del coche, cuando estaba en el maletero [desde los asientos traseros]. Luego, me sacaron”, dice el joven, de 19 años. “Los gritos que se oyen en el vídeo son míos”.

Las imágenes muestran a Ibrahim saliendo en una especie de propulsión de la parte trasera del coche, desde donde cae del suelo. La manera en la que lo hace apunta a que fue empujado desde el interior del vehículo. El chico se desploma, de rodillas, junto al muro granate. A su alrededor se arremolinan unos cuatro soldados y comienzan a golpear hacia donde se encuentra él y otro chaval, de camiseta negra, al que también sacaron del vehículo.

No les golpean una sola vez: les apalean de manera reiterada. Cuando Ibrahim sale del coche, permanece en el suelo hasta que logra escabullirse de los uniformados que le rodean. Durante esos segundos, se producen al menos nueve porrazos, repartidos por varios efectivos. Solo uno de los militares les golpea hasta seis ocasiones.

“Después de golpearnos en el coche, nos sacaron. En ese momento aparezco en el vídeo, mientras seguían pegándonos…”, confirma Ibrahim, que ya se había visto en las imágenes, difundidas un mes antes por redes sociales, antes del encuentro con elDiario.es. El vídeo muestra el momento en que logra zafarse de los militares, apoyándose en el muro antes de descender la misma ladera por la que se cayó Aiman.

Su compañero, al que sacaron del maletero justo después, trata de seguirle, como aparece en las imágenes. Pero varios militares se ceban con él y le propinan más golpes. Tras el último porrazo, cae al suelo, junto al muro granate. Increpados por varios vecinos, impactados por la intensidad de la paliza, los soldados comienzan a retirarse. El chico de camiseta negra sigue tirado, casi inmóvil, pero los militares abandonan el lugar sin prestarle asistencia y sin llamar a una ambulancia, según los testimonios recabados.

Los migrantes agredidos destacan que uno de los uniformados que les golpeó “llevaba barba”, “no hablaba dariya” (el dialecto marroquí, que suelen hablar los ceutíes musulmanes) y “tenía un tatuaje en el cuello”.

Doloridos por los golpes y aún impactados por lo ocurrido, Ibrahim y Aiman fueron al hospital por su cuenta, junto a otros de los heridos. “Fui al hospital, pero allí no nos hicieron nada”, dice el chico que estaba en el maletero. Según su relato, tenía contusiones en distintas partes de su cuerpo, que permaneció días amoratado e inflamado. “Después no pude hacer nada. Estaba muy dolorido, pero no podía hacer nada. Me quedé en la calle y algunos vecinos me ayudaron”, señala resignado. Los moratones ya han desaparecido. “El brazo me sigue doliendo, sobre todo cuando hace mal tiempo”, lamenta.

Ensangrentado por los cortes de su oreja y su brazo, Aiman cuenta que sí recibió varios puntos en las heridas. No cuenta con parte médico porque, asegura, el personal se negó a entregárselo, se queja.

Aunque Mohamed no aparece en el vídeo, asegura que también estuvo presente durante los hechos. A él, dice, los militares le agredieron antes de empezar con quienes descansaban en el vehículo. “Dormía fuera, en el descampado, y me pegaron mucho en la cabeza”, afirma el joven. Todos son amigos y, desde entonces, tratan de ayudarse. Aún viven en la calle y temen ser retornados a Marruecos en uno de los operativos que el Gobierno prepara en los barrios de Ceuta, después de finalizar la fase de desalojos de los asentamientos de las playas. Amnistía Internacional alerta del riesgo de que sean retornados víctimas de las palizas de militares, cuando este tipo de actuaciones han sido judicializadas tras el envío de su informe a la Justicia. Muchos de los migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones o tratos vejatorios en Ceuta, como Aiman, Ibrahim y Mohamed, no se atreven a denunciar por miedo, por lo que la organización pide la aplicación de mayores garantías.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Este medio no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Defensa, pese a las insistentes preguntas trasladadas a su departamento de prensa. La primera información se publicó el pasado 15 de septiembre, recogiendo dos decenas de testimonios de personas marroquíes que aseguraban haber sufrido agresiones o vejaciones por parte de soldados desplegados en Ceuta. Posteriormente, este medio publicó varios casos de menores migrantes rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. El 25 de septiembre, llegaron los vídeos que confirmaban este tipo de actuaciones.

Este jueves, elDiario.es publicó audios en los que al menos tres militares resumían entre risas de sus palizas a migrantes en Ceuta. “Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele”, decían en una conversación en la que comentaban prácticas que, según Amnistía Internacional, podrían constituir un delito de torturas o tratos degradantes.

No obstante, pese a contar con la información, Defensa no la trasladó las denuncias a la Justicia hasta el pasado 30 de septiembre, después de que Amnistía Internacional publicase un informe que recogía parte de las denuncias publicadas por elDiario.es. En este tiempo, este medio sí recibió respuesta de fuentes de La Moncloa que mostraron su “preocupación” por los hechos denunciados y se comprometieron a abrir una investigación interna sobre la que de momento no han aportado información al respecto. Durante ese tiempo, ha continuado aumentando el número de testimonios que denuncian haber sufrido este tipo de prácticas por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma.

Los detenidos viajaban esposados a bordo del avión de deportación estadounidense y nadie les decía adónde los llevaban. Cuentan que los agentes que los custodiaban se burlaban de ellos cuando preguntaban. Los 18 migrantes no descubrieron su destino hasta que las pantallas de los asientos mostraron por fin un mapa. Su destino era la República Centroafricana, un país del que pocos de ellos habían oído hablar.

Nika, una iraní de 32 años, recuerda cómo las esposas se le clavaban en las muñecas. Suplicó a los agentes que se las aflojaran, pero no lo hicieron. Otros pasajeros lo pasaron peor. Ella cuenta que a algunos hombres los inmovilizaron con correas negras y amarillas que les envolvían el cuerpo, como si estuvieran momificados, después de que se resistieran a subir al avión.

Nika, que había huido de Irán 18 meses antes después de protestar contra el régimen, había imaginado Estados Unidos como un refugio. Cuando se marchó, Irán ya era uno de los países más represivos del mundo, y desde entonces la situación no había hecho más que empeorar: este año, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a miles de manifestantes y, después, la Administración Trump lanzó una guerra contra el país.

Tras más de un año recluida en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, Nika —nombre ficticio que The Guardian utiliza para proteger a su familia en Irán— obtuvo protección legal y quedó en libertad por orden judicial. Menos de dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a detenerla. Días más tarde, viajaba en un avión rumbo a un destino situado a más de 11.000 kilómetros al este.

“Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país”, ha explicado a The Guardian: “África me es completamente desconocida”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a la República Centroafricana por motivos de seguridad. Nika pasa la mayor parte del tiempo recluida por miedo, sin atreverse a salir de su pequeña habitación. Espera una respuesta a la pregunta de la que depende su vida: ¿la devolverán a Irán, donde el régimen podría matarla?

Deportaciones a otros países

Nika es una de las más de 25.000 personas deportadas por la Administración Trump a países que no son los suyos. De ellas, unas 20.000 han sido trasladadas en autobús a México, según un recuento de Refugees International y Human Rights First. A estas se suman más de 5.000 personas enviadas en avión a países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que no tienen ningún vínculo. A menudo, desde esos países las devuelven a sus lugares de origen, pese a que jueces de inmigración estadounidenses han determinado que su vida o su libertad corrían peligro si regresan.

Los abogados de derechos humanos consideran que estos acuerdos de deportación a terceros países forman parte de una “demostración de fuerza” con la que Estados Unidos busca disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar en el país. Personas de Perú y Colombia han sido enviadas a la República Democrática del Congo. El 20 de agosto, cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar del avión en Liberia y acabaron siendo enviados a Guinea Ecuatorial.

La investigación

Para reconstruir con el mayor detalle posible una política aplicada en gran medida a puerta cerrada, The Guardian se unió a otros 23 medios en el Proyecto Deportación, una investigación conjunta coordinada por Forbidden Stories, una red internacional de periodismo de investigación con sede en París. El consorcio entrevistó a más de 100 personas afectadas por los esfuerzos de Estados Unidos para acabar con la llegada de migrantes sin autorización y examinó documentos sobre los acuerdos alcanzados por la Administración Trump con gobiernos de todo el mundo.

La investigación ha rastreado más de 100 vuelos que han trasladado a migrantes y solicitantes de asilo a 28 países distintos. La cifra real probablemente sea mayor: la investigación solo contabiliza los vuelos que el consorcio ha podido verificar de forma independiente.

También se ha podido constatar que el ritmo de los vuelos se acelera. Tras una primera oleada al principio del segundo mandato de Trump, las deportaciones volvieron a dispararse en agosto: según Human Rights First, se registró un máximo de 16 vuelos con destino a 13 países distintos de los de origen de las personas deportadas.

La batalla legal

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos dictaminó en septiembre que las deportaciones a terceros países son ilegales porque vulneran el derecho al debido proceso: las personas afectadas no reciben la notificación con tiempo suficiente para recurrir la decisión de enviarlas a otro país. Pero el Gobierno recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo permitió unos días después la reanudación de estos vuelos mientras analiza el fondo del asunto.

Un portavoz del Departamento de Estado afirma que aplicar las políticas migratorias de la Administración Trump es una “prioridad máxima” y asegura: “Mantenemos firme nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. Y añade: “El Gobierno estadounidense utilizará todos los medios legales para expulsar a quienes no tengan derecho a permanecer en nuestro país”.

La Administración Trump sostiene que las personas a las que deporta son delincuentes. Sin embargo, documentos obtenidos por The Washington Post para esta investigación muestran que la mayoría de los 35 países que han firmado acuerdos con Estados Unidos se niegan a aceptar a personas con antecedentes por delitos violentos.

Entre las personas obligadas a subir a esos aviones hay quienes han pasado casi toda su vida en Estados Unidos, madres y padres detenidos mientras llevaban a sus hijos al colegio y personas adultas que cuidaban de sus padres mayores.

Muchas habían demostrado ante un juez de inmigración que corrían peligro si regresaban a su país de origen, por lo que se había prohibido deportarlas. A Nika se le concedió la “suspensión de la expulsión”; una protección para quienes pueden sufrir daños graves en su país, pero no reúnen los requisitos para obtener asilo. El 28 de mayo quedó en libertad tras pasar por un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Podía buscar trabajo, trabajar y permanecer en el país.

El golpe de efecto

La abogada de Nika, Sahar Jalili, también es iraní y estudió en Teherán, como su clienta. Asumió el caso mientras estaba embarazada y a menudo trabajaba hasta quedar exhausta. “Podría haberme pasado a mí”, dice sobre lo que le ocurrió a Nika.

Al revisar el expediente, Jalili se quedó consternada al descubrir que el ICE había decidido enviar a Nika a Bangui, la capital de la República Centroafricana, apenas ocho días antes de que un juez ordenara su puesta en libertad. La familia de su tío le había preparado una habitación en Los Ángeles. Nika tardó dos días en llegar a la ciudad y pasó una semana con ellos, recuperándose tras 18 meses de infierno.

Según Jalili, la nueva detención de Nika el 8 de junio, durante una cita que los agentes del ICE habían presentado como un trámite rutinario, fue un acto de crueldad gratuita. Nika cuenta que ya había terminado la cita y se había marchado cuando un agente llamó a su tío y le pidió que la llevara de vuelta para recoger unos documentos.

Esta vez le hicieron otras preguntas. Según cuenta Jalili, un hombre tomó las huellas dactilares a su clienta y la fotografió. “Después volvió acompañado de una agente del ICE y le dijeron que levantara las manos por encima de la cabeza”. Jalili relata que detuvieron a Nika, la esposaron y la llevaron al sótano. Nika cuenta que se sentía aturdida cuando la sacaron del centro de detención aquella noche. Al pasar por una de las protestas contra el ICE que ya eran habituales en Los Ángeles, los manifestantes golpearon con las palmas los laterales de la furgoneta en la que viajaba.

Para Jalili, los dos días anteriores ya habían sido una vorágine, ya que ella y otros abogados intentaron por todos los medios evitar que otras dos mujeres iraníes fueran subidas al mismo avión con destino a Bangui. Los abogados lograron sacar a las otras dos mujeres del avión, pero no a Nika. La única diferencia entre ellas era que Nika fue detenida en último lugar, por lo que, para cuando una red de abogados especializados en inmigración se enteró de su caso, ya no quedaba tiempo suficiente antes de que despegara el vuelo.

Jalili cuenta que suplicó a todos los agentes del ICE: “Dadme dos días. Solo dos días”. “Me dijeron que habían respetado la orden del juez de ponerla en libertad. Pero nunca habían prometido no enviarla a un tercer país”, recuerda.

La enfermera

Cuando Rabbiatu Kuyateh, de 58 años, supo que Ghana, el país al que la habían enviado, iba a deportarla a Sierra Leona, donde había pasado su infancia, el miedo la paralizó. Hizo falta que varias personas la forzaran a subir a la furgoneta que la esperaba.

De hecho, un vídeo captó el momento, el pasado noviembre, en el que la arrastraban, descalza y angustiada, tirándole del pelo. Todavía recuerda el golpe que se dio en la cabeza contra los escalones de piedra mientras suplicaba que no la devolvieran a Sierra Leona. “No pienso ir”, gritaba.

Kuyateh es enfermera. Tras huir de Sierra Leona, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos junto a sus padres. Durante la pandemia atendió a pacientes con coronavirus y, en los años posteriores, cuidó a adultos y niños con discapacidad.

Kuyateh cuenta que le costó mucho construir la vida que tenía en Estados Unidos. Crio sola a su hijo, Mohamed, y juntos compraron una casa. Cuando Trump ganó las elecciones de 2024, sus padres ya eran muy mayores y necesitaban ayuda: cada día pasaba a ver cómo estaban antes de ir a trabajar y volvía al terminar su turno para ayudarles a prepararse para dormir.

Con el objetivo de acelerar la expulsión de personas como Kuyateh, la Administración Trump ha reformado precisamente aquellas instituciones que en su día se crearon para proteger a los migrantes que huían de la persecución.

Lugares de “tránsito”

“Esta es la manera en que la Administración Trump intenta socavar el derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas”, dice Alma David, una de las principales abogadas de inmigración que sigue de cerca esta política. “Estados Unidos sabe que no puede deportarlas legalmente a sus países de origen, pero sí puede enviarlas a un tercer país que actúa como lugar de tránsito”.

Al frente de esta política está Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y quien no ha ocultado su deseo de poner fin a la mayor parte de la migración hacia Estados Unidos. En entrevistas con The Washington Post para el Proyecto Deportación, altos cargos estadounidenses en activo y jubilados explican que Miller impulsó nombramientos clave en el Departamento de Estado. Esos nombramientos le han permitido anteponer sus objetivos a otras prioridades de la política exterior estadounidense.

Entre las personas nombradas figura Christian Ehrhardt, funcionario de carrera del Departamento de Estado y director de la recién creada Oficina de Remigración. El nombre de esta oficina incorpora un término adoptado por la extrema derecha para referirse a la expulsión forzosa de migrantes de minorías étnicas. Tras recorrer África en varias misiones diplomáticas, Ehrhardt ha contribuido a cerrar al menos 13 acuerdos para deportar personas a terceros países del continente.

Acuerdos con países africanos

Los documentos internos examinados por The Washington Post muestran que la Administración Trump se ha comprometido a aportar al menos 410 millones de dólares (unos 357 millones de euros) para cerrar acuerdos de deportación con 35 países, casi un tercio de ellos africanos.

Según esos documentos, Estados Unidos reservó 30 millones de dólares (unos 26 millones de euros) para apoyar las operaciones de la ONU en Camerún a cambio de que el país aceptara a 1.000 migrantes. Hasta ahora, solo le ha enviado 44. A la República Democrática del Congo le prometió 75 millones de dólares (unos 65 millones de euros) para las operaciones de la ONU a cambio de acoger a 2.000 migrantes. Solo ha recibido a 15 y los vuelos a Kinsasa están suspendidos por un brote de ébola.

Los acuerdos varían de un país a otro. Unos pocos países, entre ellos Esuatini, han aceptado acoger a personas con antecedentes de delitos violentos. Sin embargo, muchos han declarado que no acogerán a nadie con antecedentes de violencia u otros tipos de delitos graves. El Departamento de Estado no ha respondido a las preguntas sobre los detalles de estos acuerdos.

Ghana solo acepta a personas procedentes de África Occidental. La República Centroafricana, en cambio, no estableció restricciones por nacionalidad: entre los pasajeros del avión de Nika había personas de Afganistán, Irak y Kirguistán. La mayoría no tenía ningún vínculo con África, cuenta Nika. 

El 1 de julio de 2025, Mohamed acompañó a su madre, Kuyateh, a una cita rutinaria con el ICE a la que debía acudir por su situación migratoria. Recuerda que ella estaba inquieta: temía que las esposas que un agente llevaba en el cinturón fueran para ella. “No creo”, le dijo Mohamed. Pero cuando llamaron a Kuyateh para que entrara en una sala de interrogatorios, a él le pidieron que esperara fuera.

“Fue la última vez que la vi”, cuenta.

Durante los cuatro meses que Kuyateh pasó detenida por el ICE, Mohamed habló con ella a menudo. Pero aquel día de noviembre no había sabido nada de su madre cuando, según cuenta, lo llamó otra persona detenida para decirle que la habían trasladado a Texas. No entendía por qué la llevaban a Texas. Dos días después, Kuyateh le llamó llorando. Estaba en Ghana, a punto de ser enviada a Sierra Leona.

El vídeo en el que se ve cómo arrastran a Kuyateh hasta un autobús para deportarla de Ghana pareció enfurecer a las autoridades del país cuando se difundió en las redes sociales, según Malick, el senegalés también deportado de Estados Unidos que lo grabó y que The Guardian identifica con un seudónimo para protegerlo. “Se enfadaron”, cuenta Malick. “Vinieron por la noche con dos camiones llenos de soldados”.

Malick cuenta que los soldados llevaron al grupo a un campamento militar apartado, donde la electricidad fallaba y apenas tenían contacto con el exterior. El Gobierno de Ghana no ha respondido a las preguntas de The Guardian.

Una mujer trasladada al campamento cuenta que temía tanto lo que pudiera ocurrirle si la devolvían a Senegal, su país de origen, que intentó suicidarse bebiendo lejía. La atendieron en un hospital, pero aun así la deportaron a Senegal. “Bebí lejía porque quería morir”, explica. “Querían obligarme a regresar a mi país”.

Malaria

En el vuelo de Nika, el 11 de junio, la pantalla del avión mostraba Ghana como primer destino, así que los pasajeros pensaron que se quedarían en ese país. Pero la escala en Accra fue breve. Los 18 pasajeros aterrizaron después en Bangui a las 21.45, según los registros de seguimiento del vuelo. Los agentes que los custodiaban les quitaron las esposas, pero no bajaron del avión.

Durante varias horas, el grupo no encontró a nadie que hablara inglés. “Nos indicaban con gestos que subiéramos a un autobús y nos hicieron subir. Después nos llevaron a vacunarnos, pero yo no sabía qué iban a inyectarme”, cuenta Nika. La vacuna era contra la fiebre amarilla.

La alojaron en una habitación de un edificio de viviendas y le dijeron que podía quedarse tres meses. Nika no podía imaginarse regresando a Irán.

Organizaciones iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirman que no han podido averiguar qué ha sido de cientos de compatriotas deportados a Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país. Una demanda reciente contra el ICE sostiene que la Administración Trump compartió los expedientes de solicitantes de asilo iraníes con el régimen del que habían huido, lo que agrava el peligro para quienes son deportados.

Cuando un dolor de cabeza empezó a nublarle la mente, Nika pensó que tenía migraña. Sentía náuseas y le dolía todo el cuerpo. Los mosquitos la habían picado tantas veces que parecía tener la piel llena de moratones, cuenta. Un informe médico consultado por The Guardian confirmó que tenía malaria. “Ni siquiera sabía qué era”, explica Nika por teléfono.

Desde Los Ángeles, Jalili esperaba con angustia noticias de Nika. Su clienta recibía inyecciones cada 12 horas para eliminar los parásitos de la sangre. Las malas noticias continuaron incluso después de que Nika se recuperara lo suficiente para volver a su alojamiento. Jalili descubrió consternada que la habían deportado de Estados Unidos sin pasaporte. Nika no tenía documentos de identidad ni visado y, cuando iba al hospital o al mercado, los policías aprovechaban que carecía de papeles para amenazarla.

El Gobierno de la República Centroafricana no ha respondido a las preguntas sobre esta situación.

Según Nika, la segunda vez que la detuvieron, el agente de policía simuló con gestos que le ponía las esposas. El mensaje, según ella, era: “Puedo detenerte, a menos que nos pagues”.

Apoyo de la ONU

Mientras la Administración Trump acelera las deportaciones a terceros países, la República Centroafricana figura entre los 13 países receptores donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU, presta apoyo a las personas deportadas. A su llegada, les proporciona comida, alojamiento y atención psicológica.

La Administración Trump ha anunciado fuertes recortes de la financiación destinada a las agencias de la ONU, pero parece hacer excepciones cuando los fondos sirven para sostener este programa de deportaciones.

En marzo de 2025, el Departamento de Estado explicó el criterio que seguiría: la financiación humanitaria se utilizaría para “reducir la inmigración masiva e ilegal, por ejemplo, financiando el retorno voluntario de personas en situación irregular, incentivando a los gobiernos para que apliquen acuerdos de tercer país seguro y reforzando la capacidad de otros países para gestionar la migración”.

Según una base de datos federal sobre el gasto público, más del 60 % de los fondos concedidos por Estados Unidos a la OIM durante el segundo mandato de Trump se han destinado a programas en países que reciben a personas deportadas. En la República Centroafricana, la asignación fue de 85 millones de dólares (unos 74 millones de euros). Según la misma base de datos, la mayor aportación estadounidense a la OIM en ese país durante el mandato de Biden fue de 14 millones de dólares (unos 12 millones de euros).

Nika afirma que la han tratado bien. “El personal hace todo lo que puede”, dice. El alojamiento es seguro y le facilitan transporte cuando lo necesita. “Pero esto no es vivir. Respiro, sigo viva, pero no puedo salir de casa sin que me lleve un conductor de la agencia. No encuentro trabajo. No hablo el idioma”.

La OIM se ha enfrentado al riesgo de que su participación en el programa se perciba de forma negativa. Una evaluación interna de riesgos de un programa de apoyo a ciudadanos de terceros países enviados desde Estados Unidos a un país africano, a la que ha tenido acceso The Guardian, advierte de que podría llevar a que la agencia fuera “percibida como cómplice”.

En un comunicado, un portavoz de la OIM explica que estas evaluaciones sirven para determinar si los países receptores pueden comprometerse a proteger a los migrantes. Y añade: “Somos plenamente conscientes de que los Estados utilizan la ayuda financiera para promover sus prioridades nacionales. Sin embargo, nuestras decisiones de aceptar financiación, prestar asistencia tras la llegada o apoyar el retorno voluntario asistido se rigen por el mandato y los principios de la OIM. Dependen de una sola pregunta: ¿mejorará nuestra intervención la vida de los migrantes afectados? En estos casos, estamos firmemente convencidos de que sí”.

A muchas personas del ámbito de los derechos humanos les incomoda que la ONU esté facilitando el proceso a los gobiernos que aceptan cooperar con la administración Trump.

“Resulta muy chocante que la OIM sea la organización encargada de estas personas”, afirma Alma David. “No son migrantes en el sentido habitual de la palabra. No eligieron migrar. En la práctica, fueron secuestradas”.

Una vida en las sombras

Quienes han sido devueltos desde terceros países a sus países de origen describen una vida en la clandestinidad. Kuyateh abandonó Sierra Leona pocos días después de que la deportaran. The Guardian no revela dónde se encuentra. “No duermo por las noches”, cuenta. “A veces me despierto y me quedo sentada pensando: ”¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué he acabado aquí?“.

Llama a su familia todos los días. A veces, cuenta, se siente demasiado triste como para activar la videollamada y ver sus caras. Es capaz de hablar con su madre sin llorar, explica, pero cada vez que habla con su padre, se echa a llorar. Piensa a menudo en ellos y cuenta el dolor que siente. No está segura de qué le da más miedo: la idea de morir sola en un país extranjero o saber que sus padres podrían morir y no estar a su lado.

Terror al volver a Ghana

Annan, un hombre gay que huyó de Ghana después de que miembros de su familia revelaran su orientación sexual y lo persiguieran, explica que se sintió aterrorizado al volver a aterrizar en Accra. Se había negado a desembarcar durante su primera deportación de Estados Unidos a Sierra Leona y tuvieron que sacarlo a la fuerza del avión. Explica que suplicó a las autoridades que no lo devolvieran, pero ignoraron sus peticiones. 

En un comunicado, el Gobierno de Sierra Leona asegura que otorga la máxima importancia a “sus obligaciones internacionales”, pero sostiene que corresponde a Estados Unidos responder por las medidas de protección migratoria concedidas por sus tribunales.

También afirma que, hasta la fecha, ninguna de las personas trasladadas a Sierra Leona en virtud del acuerdo sobre nacionales de terceros países (TCNA) ha solicitado permanecer en Sierra Leona ni ha pedido que no se la envíe al país de su elección, dentro o fuera de África Occidental.

La madre de Annan había gastado sus ahorros para pagar la huida de su hijo a Estados Unidos. Quedó desolada cuando él la llamó para decirle que había regresado. “Mi madre sabía que no podía protegerme”, cuenta Annan.

Annan ha compartido imágenes del lugar donde vivía: un edificio abandonado, sin electricidad ni agua corriente, en un país vecino. Ha explicado que durante el día permanecía escondido y, al anochecer, caminaba casi una hora para conseguir comida. Dormía sobre una manta extendida en el suelo, aunque apenas lograba conciliar el sueño por miedo a contraer alguna enfermedad transmitida por los insectos que se arrastraban o zumbaban a su alrededor. La soledad le resultaba insoportable.

En las últimas semanas, alguien le había enviado un mensaje de texto de forma anónima, diciéndole que su supervivencia, como hombre gay, no sería tolerada. El mensaje le hizo sentir desesperanza: podía huir, pero no podría esconderse para siempre.

Agotamiento

En Los Ángeles, Jalili está recibiendo más llamadas sobre clientes que van a ser embarcados en vuelos de deportación. En junio, a una mujer iraní de 30 años con un trastorno sanguíneo que la debilitaba tanto que necesitaba un andador le comunicaron que sería enviada a Esuatini, en el sur de África.

La abogada cuenta que otra clienta está superada por las circunstancias: “Cada semana le proponen un nuevo país”.

Los abogados especializados en inmigración afirman que, aunque su trabajo siempre ha sido difícil, los intentos de obstaculizar a quienes se oponen a la campaña de la Administración Trump para acabar con cualquier forma de migración irregular tienen una magnitud sin precedentes.

Cuando detienen a uno de sus clientes, los abogados apenas encuentran vías para denunciar abusos y exigir responsabilidades. Entre las instancias que han dejado de funcionar figura la oficina del defensor independiente de las personas detenidas por motivos migratorios, encargada de investigar abusos y conductas indebidas.

En los tribunales, los abogados pueden encontrarse con jueces hostiles a su causa, ya que Trump ha destituido a algunos magistrados por considerarlos insuficientemente leales a su política de deportaciones. Además, el coste de presentar una demanda ha aumentado considerablemente a raíz de una ley aprobada por el Congreso en julio del año pasado.

Incomunicación del ICE

Jalili, como muchos otros abogados, dedicó buena parte del primer mandato de Trump a recurrir ante los tribunales la política de separación de niños y niñas de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. En vísperas de las últimas elecciones presidenciales, ante la posibilidad de que la situación empeorara si Trump volvía a ganar, decidió abrir su propio despacho.

A menudo la despertaban de noche las llamadas de familiares desesperados de personas que acababan de ser detenidas por el ICE.

Uno de los mayores obstáculos es conseguir comunicarse con los agentes del ICE, explica Erica Reilly, abogada de inmigración en la ciudad de Washington.

“Envías todos esos correos electrónicos a los agentes de deportación y les dices algo así como: ”Hola, solo quiero hacer un seguimiento del correo que te envié la semana pasada, y la semana anterior, y la anterior a esa, y la anterior a esa, al que no has respondido“, explica: ”Y ellos saben que no tienen por qué darte ninguna explicación porque no hay rendición de cuentas“.

Explica que lo peor es la sensación de impotencia. Con el tiempo, ha llegado a la conclusión de que la crueldad y las trabas para acceder a los agentes forman parte de una estrategia.

“Creo que el Gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para que suficientes personas piensen: ”Quedarme da demasiado miedo. No sé qué va a pasar y puede ser peor. Mejor me voy por mi cuenta“.

Reilly explica que, para sobrellevar cada jornada, ha tenido que aprender a valorar los pequeños avances: “Que un agente encargado de las deportaciones te devuelva la llamada no debería considerarse una victoria, pero, en estas circunstancias, lo es”.

Jalili cuenta que procura centrarse en las batallas que puede ganar. Cuando supo que el avión en el que viajaba Nika había despegado rumbo a Bangui, se dejó caer al suelo, llamó a su madre y rompió a llorar. “En una situación así, no basta con decirse que hice todo lo que pude”.

Nika había perdido la vida que conocía en Irán. Estados Unidos apenas le ofreció algo mejor. Jalili enumera todo lo que su clienta ha tenido que soportar:

“Diecisiete meses detenida. Diez días de libertad por orden de un juez federal. Que la separaran de su tío, la metieran en un coche y después en un avión, encadenada. Veinticuatro horas sentada durante el vuelo. Ha tenido que sentir una soledad inmensa”.

Información adicional de Alice Speri

Traducción de Emma Reverter

The Deportation Project ha sido coordinado por Forbidden Stories. Han participado estos medios y equipos de investigación:

Estados Unidos y Reino Unido: The Guardian, The Washington Post, FRONTLINE y Human Rights Center Investigations Lab, de la Universidad de California en Berkeley. 

Europa: France 24, Radio France Internationale (RFI), La Croix, Paper Trail Media, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF y Der Standard. 

América Latina: Divergentes, Revista Factum, Plaza Pública, Contracorriente y Proceso. 

África y otros equipos: Inhlase, The Fourth Estate, Opinion-info.cd, Number One Citizen Daily, CCIJ y Evident Media.

Amnistía Internacional (AI) considera que los audios desvelados por elDiario.es, en los que un grupo de soldados presume de sus palizas a migrantes en Ceuta, revelan posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ONG se ha referido en estos términos a las grabaciones que recogen parte de una conversación entre al menos tres militares en servicio en Ceuta durante uno de sus turnos de vigilancia. En ellas describen agresiones a migrantes “sin que se lo esperen” y tratos vejatorios.

“Los audios confirman algo muy importante, que no es legítima defensa de los militares en casos de agresiones, que también se han producido, sino que simplemente son operaciones de castigo que buscan humillar a inmigrantes. Y en este caso puede ser claramente tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, ha denunciado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, en declaraciones a este medio.

La organización ha exigido una investigación transparente. Según ha explicado Beltrán, se han dirigido por carta a la ministra de Defensa y han pedido “una actualización de la investigación interna que anunció, es decir, si ha emprendido investigaciones, si son exhaustivas, si se ha suspendido o no cautelarmente a militares implicados en torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Defensa envía los audios al juzgado

Horas después, el Ministerio de Defensa ha informado de que ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía la investigación publicada por este medio sobre los audios. Esta información, según indica Defensa, se ha adjuntado a la documentación remitida a finales de septiembre por el mismo Ministerio, que trasladó por la vía judicial el informe de Amnistía Internacional que denunció prácticas como palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y teléfonos móviles por parte de militares que patrullan la ciudad, recogiendo parte de los hallazgos previos de elDiario.es.

“El Ministerio de Defensa adjunta a la información ya remitida al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía, la noticia publicada por elDiario.es, de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, en la que se hace referencia a unos audios de supuestas conductas delictivas por parte de personal militar desplegado en Ceuta”, reza el escueto comunicado publicado este jueves por el departamento dirigido por Margarita Robles. “Se remite la información a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.

Tras el comunicado de Defensa, Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades estatales tienen la “obligación” de “investigar de oficio estos hechos y por lo tanto tiene que haber una colaboración entre Fiscalía y Defensa ante toda la información que hay”. “Fiscalía no tiene que esperar a que le lleguen los casos”, sostiene Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España.

“No se puede poner la responsabilidad de estas investigaciones sobre las víctimas, que además se encuentran en una situación muy vulnerable, ya que por su situación, corren el riesgo de poder sufrir represalias o ser expulsadas sin acceso a justicia”, señala la investigadora de la entidad especializada en derechos humanos. “Fiscalía debería hacer un trabajo proactivo para investigar y garantizar que las víctimas que así lo quieran, puedan realizar denuncias de manera segura”.

Este domingo, la víspera del 12 de octubre, Margarita Robles defendió el trabajo de los soldados destinados en Ceuta y calificó de “críticas injustas” las denuncias de agresiones a migrantes, muchas ya contrastadas, pese a que su propio departamento las ha enviado al juzgado. “Me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada que ha sufrido alguna crítica injusta fruto del desconocimiento”, dijo la titular de Defensa a los soldados destinados en la ciudad autónoma.

De los primeros testimonios a los audios

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Sin embargo, este medio no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Defensa, pese a las insistentes preguntas trasladadas a su departamento de prensa.

Primero llegaron los testimonios de más de una veintena de migrantes, acompañadas de fotos e informes médicos. Este medio también publicó varios casos de menores rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. Después, varios vídeos publicados y verificados por este medio confirmaron parte de la violencia que describen los migrantes.

Más adelante, las primeras denuncias de palizas fueron presentadas en comisaría y el informe de Amnistía Internacional que hablaba de “torturas” por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas fue enviado al juzgado. La ONG documentó, a través de 22 testimonios directos, palizas, vejaciones, robo de dinero y teléfonos móviles por parte de militares que patrullan Ceuta, en particular por “unidades de Regulares y de la Legión” en lo que “parece ser un patrón” contra los migrantes en la ciudad autónoma.

Pese a contar con la información, Defensa no trasladó las denuncias a la Justicia hasta que se publicó dicho informe, el pasado 30 de septiembre. El departamento encabezado por Robles remitió entonces a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias y encargó una investigación interna para dilucidar “responsabilidades individuales”. Según ha informado la Agencia EFE, la Comandancia General de Ceuta del Ejército de Tierra está investigando las supuestas torturas y vejaciones por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas a migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

Fiscalía debería hacer un trabajo proactivo para investigar y garantizar que las víctimas que así lo quieran, puedan realizar denuncias de manera segura

Virginia Álvarez — Investigadora de Amnistía Internacional España

Por último, en los nuevos audios revelados por elDiario.es se puede escuchar cómo un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones.

La charla se produjo la noche del 21 al 22 de septiembre. Un grupo de militares de servicio en Ceuta cumplía uno de sus turnos de vigilancia en un punto fijo de la ciudad. En concreto, se encontraba en la carretera que colinda con el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), próximo a uno de los bosques de la ciudad autónoma.

Alrededor de la medianoche, junto a su vehículo oficial, el batallón permaneció posicionado durante al menos 50 minutos en este punto y, sin apenas movimiento en la zona, los soldados se relajaron y empezaron a describir algunas de las actuaciones que realizan en el marco de la crisis migratoria en la ciudad autónoma tras la entrada de decenas de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.

Entre las actuaciones comentadas, los al menos tres militares participantes en la conversación relatan palizas aparentemente injustificadas, posibles técnicas de engaño para atrapar a personas marroquíes antes de golpearlos o “pruebas” realizadas a los migrantes que podrían ser constitutivas de un delito de torturas. En general, el tono de los soldados traslada una normalización de estas prácticas, aunque a su vez los efectivos reconocen evitar “escuchar” o hablar con los agredidos porque, dicen, les puede llegar a “dar pena”.

En los audios, al menos tres militares en servicio admiten haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas también describen las sensaciones que les provocan este tipo de agresiones. “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo. Sus compañeros rompen a reír: “Sin guantes suena; con guantes, duele”, matiza otro de ellos, mientras las risas continúan en los audios a los que ha accedido este medio. “Con guantes suena también”, apunta un tercero antes de que otra voz remate en medio del jolgorio: “Hay que ser buenas personas; hay que usar guantes”.

El Ministerio de Defensa ha informado este jueves de que ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía la investigación publicada por elDiario.es sobre los audios en los que un grupo de soldados presume de sus palizas a migrantes en Ceuta. Esta información, según indica Defensa, se ha adjuntado a la documentación remitida a finales de septiembre por el mismo ministerio, que trasladó por la vía judicial el informe de Amnistía Internacional que denunció prácticas como palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y teléfonos móviles tras los hallazgos previos de este medio.

“El Ministerio de Defensa adjunta, a la información ya remitida al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía, la noticia publicada por ElDiario.es, de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, en la que se hace referencia a unos audios de supuestas conductas delictivas por parte de personal militar desplegado en Ceuta”, reza un escueto comunicado del departamento dirigido por Margarita Robles. “Se remite la información a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.

Antes, fuentes del ministerio habían confirmado a Radio Nacional de España (RNE) que estaban analizando los audios junto con la “autoridad competente encargada de la investigación abierta” por los casos de palizas, posibles torturas y malos tratos de miembros de las fuerzas armadas contra migrantes en Ceuta. Las mismas fuentes señalaron a RNE que los nuevos audios no afectarían a la investigación en curso y que están en contacto permanente con el mando de operaciones, del que depende el despliegue en Ceuta.

elDiario.es ha contactado con el Ministerio de Defensa, pero no ha obtenido respuesta.

Este domingo, la víspera del 12 de octubre, Margarita Robles defendió el trabajo de los soldados destinados en Ceuta y calificó de “críticas injustas” las denuncias de agresiones a migrantes, muchas ya contrastadas, pese a que su propio departamento las ha enviado al juzgado a través de la investigación de Amnistía Internacional. “Me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada que ha sufrido alguna crítica injusta fruto del desconocimiento”, dijo la titular de Defensa a los soldados destinados en la ciudad autónoma.

AI: “Los audios confirman algo muy importante”

elDiario.es ha accedido a audios que recogen parte de una conversación entre al menos tres militares en servicio en Ceuta durante uno de sus turnos de vigilancia. Describen agresiones a migrantes “sin que se lo esperen” y tratos vejatorios. “Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele”, dice entre carcajadas un soldado que conversa con otros compañeros durante uno de sus turnos de vigilancia en Ceuta. 

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán se ha referido a los audios publicados por elDiario.es y ha reiterado la necesidad de una investigación transparente. “Los audios confirman algo muy importante, que no es legítima defensa de los militares en casos de agresiones, que también se han producido, sino que simplemente son operaciones de castigo que buscan humillar a inmigrantes. Y en este caso puede ser claramente tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, ha denunciado este jueves.

“Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a la ministra de Defensa y le hemos pedido una actualización de la investigación interna que anunció, es decir, si ha emprendido investigaciones, si son exhaustivas, si se ha suspendido o no cautelarmente a militares implicados en torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”, ha señalado Beltrán.

En línea con varias investigaciones previas de elDiario.es, Amnistía Internacional también documentó palizas, vejaciones, robo de dinero y teléfonos móviles por parte de militares que patrullan la ciudad.

El Ministerio de Defensa remitió entonces a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta documentadas por la organización internacional tras los hallazgos previos de las investigaciones de este medio. Asimismo, encargó una investigación interna para dilucidar “responsabilidades individuales”. Según ha informado este jueves la Agencia EFE, la Comandancia General de Ceuta del Ejército de Tierra está investigando las supuestas torturas y vejaciones por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas a migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

“Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele”, dice entre carcajadas un soldado que conversa con otros compañeros durante uno de sus turnos de vigilancia en Ceuta. Decenas de migrantes llevan meses denunciando palizas y tratos vejatorios por parte de patrullas de militares en la ciudad. Primero llegaron sus testimonios, acompañadas de fotos e informes médicos. Luego, varios vídeos publicados y verificados por elDiario.es confirmaron parte de la violencia que describen. Después, las primeras denuncias de palizas fueron presentadas en comisaría y el informe de Amnistía Internacional que hablaba de “torturas” por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas fue enviado al juzgado. Ahora, un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones, la cual quedó parcialmente recogida en varios audios y vídeos a los que ha accedido elDiario.es.

La conversación se produjo la noche del 21 al 22 de septiembre. Un grupo de militares de servicio en Ceuta cumplía uno de sus turnos de vigilancia en un punto fijo de la ciudad. En concreto, se encontraba en la carretera que colinda con el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), próximo a uno de los bosques de la ciudad autónoma. Alrededor de la medianoche, junto a su vehículo oficial, el batallón permaneció posicionado durante al menos 50 minutos en este punto y, sin apenas movimiento en la zona, los soldados se relajaron y empezaron a describir algunas de las actuaciones que realizan en el marco de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En su charla, presumen entre risas de las palizas y prácticas vejatorias que, según había adelantado este medio y ha denunciado Amnistía Internacional en un informe, han cometido miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra migrantes llegados al enclave durante la entrada masiva de finales de julio.

Entre las actuaciones comentadas, los al menos tres militares participantes en la conversación relatan palizas aparentemente injustificadas, posibles técnicas de engaño para atrapar a personas marroquíes antes de golpearlos o “pruebas” realizadas a los migrantes que podrían ser constitutivas de un delito de torturas. En general, el tono de los soldados traslada una normalización de estas prácticas, aunque a su vez los efectivos reconocen evitar “escuchar” o hablar con los agredidos porque, dicen, les puede llegar a “dar pena”. 

En los audios, al menos tres militares en servicio admiten haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla. “A los dos que hemos llevado detrás del vehículo le hemos dicho: ¿tenéis carta? ¿necesitáis tarjeta?” [los marroquíes suelen llamar ‘carta’ a su documento de identidad marroquí, especialmente importante en el caso de los menores que quieren probar su edad], dice uno de los soldados mientras otro reacciona con varias carcajadas. Según sus palabras, en realidad no buscaban entregarles ninguna “tarjeta”, sino que se trataba de un engaño y el objetivo de su traslado al lugar donde se encontraba su coche era otro. “El man no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho ‘póngase detrás del vehículo’ y se ha puesto así…”, dice uno de los uniformados, cuyo relato de los hechos es completado por uno de sus compañeros: “Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él… Y ¡pam!”, añade, enfatizando el golpe que había pillado desprevenido a uno de los migrantes, según sus propias palabras recogidas en la grabación. 

En los mismos audios, los miembros de las Fuerzas Armadas continúan su charla describiendo las sensaciones que les provocan este tipo de agresiones. “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo. Sus compañeros rompen a reír: “Sin guantes suena; con guantes, duele”, matiza otro de ellos, mientras las risas continúan en los audios a los que ha accedido este medio. “Con guantes suena también”, apunta un tercero antes de que otra voz remate en medio del jolgorio: “Hay que ser buenas personas; hay que usar guantes”.

En otro de los extractos de las grabaciones, uno de los uniformados cuenta otra supuesta agresión. “Me acerqué. Y, digo, está lejos. Voy a intentar pegarle un guantazo y se va a ir para atrás. Y, digo, ¿qué hago para acercarme?”, indica, explicando a sus compañeros las dificultades para acceder al lugar donde se encontraba la persona a la que pretendía abofetear. Tras unos segundos de grabación en que el sonido ambiente impide comprender sus palabras, el mismo hombre concluye entre risas que, aparentemente, logró rematar su objetivo: “Y le digo, ¡toma! Y, voy, y le digo ¡toma!”, celebra en medio de las carcajadas de quienes le escuchan. 

Tras ello, otros dos militares intervienen para añadir que “las lágrimas se le saltaron” al agredido tras el “guantazo” descrito por el miembro de su unidad. “Las lágrimas se le han saltado y le digo. Eh, ¿ahora estás llorando”, comenta uno de ellos con ironía. “Es que parece que se las buscan, parece que les gusta cobrar”, apunta un tercero. En este punto, mencionan una de las razones que, supuestamente, les empuja a responder con violencia: conseguir respeto. “¿Sabes lo que pasa? Es que ya nos toman de cachondeo si no hacemos nada. Verás como ya al siguiente día ya no nos...”, continúa sin que la calidad del audio permita entender el final de la frase. “Parece que se las buscan. Parece que les gusta cobrar”, dicen.

En repetidas intervenciones, los efectivos de Ceuta hablan en los audios de “meter” a algunos migrantes en un vehículo, algo que conecta con varios testimonios recogidos por este medio en los que jóvenes marroquíes denuncian haber sido metidos en coches militares donde, o son golpeados en su interior o son trasladados a los bosques de la ciudad donde aseguran haber sufrido una paliza. Un ejemplo es el caso de Mohamed, publicado por elDiario.es, quien ha denunciado ante la Policía haber sido llevado por “militares españoles” a Benzú, donde afirma haber sido apaleado, mientras estaba “amordazado” y “atado” de pies y manos.

“Si les escuchas, te van a dar pena”

En las grabaciones, los uniformados reconocen haber llegado a sentir pena por algunos migrantes cuando han hablado con ellos en dariya [dialecto del árabe más común en Marruecos]. Por eso, dicen, ya optan por “no escucharles” durante este tipo de operaciones en Ceuta. “Él le ha dicho en dariya: ‘¿te ha pasado algo?”, sostiene uno de los efectivos, a lo que el compañero al que se refiere matiza que el migrante “no le ha contado” nada y, según señala, prefiere que sea así: “Yo tampoco quiero escuchar, porque nunca dicen la verdad”, opina. “Y te va a dar pena”, continúa otra voz.

“Los primeros dos días los escuchaba, pero como les escuches, te pones malo. Porque te cuentan cada historia... Te enseñan los cortes, te cuentan su vida, y mucho es mentira”, incide el militar que más presume de agredir a migrantes. “Ese es del talego, 100%”, comentan sobre uno de los marroquíes, del que presuponen que ha pasado por la cárcel.

La “prueba” que parecía de “la película 'Saw'”

La conversación a la que ha accedido este medio también revela posibles prácticas vejatorias que, según sus palabras, provocan la diversión de los soldados que participan en ellas. En concreto, uno de los militares cuenta una intervención de compañeros que forman parte de otra unidad, el Grupo de los Regulares, de cuya actuación habría sido testigo: “Los Regulares han disfrutado de verdad”, comienza. “Han metido a uno [...]. Le han dicho: ‘Si no les das fuerte y no chillan. Cobras tú”, recoge el audio, en lo que apunta a ser una especie de “prueba” en la que podrían estar exigiendo a “uno” [que por el contexto se entiende que es un migrante] que golpee a otros. “Al que le pegue y chille, va a cobrar fuerte. Y al que chilló, le inflaron a hostias. Ese se llevó la guantá de hostias”, continúa.

Pero si el migrante no grita y aguanta los golpes ¿qué pasa en esa supuesta “prueba”? Según uno de los participantes de la conversación, el castigo cae sobre quien le ha pegado por no haberle dado lo suficientemente fuerte: “Y si se la aguanta [y no chilla quien sufre la agresión], al que tenía que azotarle ”va a pegarle todo el mundo“, apunta otro militar que parece conocer la dinámica. ”Exacto. Ese también cobra“, responde con risotadas el soldado que había empezado a describir la supuesta actuación de los Regulares. Se muestra entusiasmado de lo que describe porque, añade, le ”recordó“ a las ”pruebas“ de la saga de películas de terror Saw. 

“Me quería quedar... Hacen cosas muy guapas. Me recordó a las pruebas de Saw. ¿Habéis visto la película Saw?”, pregunta a sus compañeros. Se refiere a una saga de cine de terror, cuyas tramas suelen poner a prueba a los protagonistas, obligándoles a elegir entre sufrir un dolor físico extremo o morir. En algunas escenas, también fuerzan a competir a las víctimas entre sí para evitar llevarse la peor parte de las torturas. En concreto, una de las trampas o pruebas consiste en que la persona agredida debe evitar gritar pese a la violencia ejercida sobre ella. 

Más allá de la supuesta “prueba” mencionada por este soldado, este medio ha accedido a testimonios de marroquíes que afirman haber sido amenazados por militares con golpearles más fuerte en caso de gritasen durante una supuesta paliza. Uno de los vídeos publicados por elDiario.es hace semanas muestra a varios uniformados aporreando a un hombre. Tirado en el suelo, el migrantes chillaba desconsolado mientras se escucha al uniformado decirle “cállate”.

“Hechos para matar”

En la charla, al menos dos militares parecen deslizar cierta crítica ante el tipo de intervenciones que deben realizar desde la crisis migratoria en la ciudad: “Los militares están hechos para matar, no están hechos para otra cosa”, comenta uno de ellos que también había añadido, unos segundos antes, que “la Policía siempre llega tarde”. En un fragmento de las grabaciones, un soldado opina que “lo que están haciendo” en Ceuta “es una mentira”, sin embargo, varios segundos de esa parte de su intervención son incomprensibles, por lo que no se llega a escuchar la razón que motiva su enfado ni a qué se refiere exactamente con aquello que dice “estar haciendo” en sus últimas misiones en la ciudad autónoma. “En la próxima maniobra, cambiamos los tiros por las porras”, se le oye decir con claridad. 

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite recientemente una queja de las asociaciones de militares ASFASPRO, AUME Y UMT por la situación que aseguran estar viviendo los soldados desplegados en Ceuta a raíz de la entrada de finales de julio. Los colectivos registraron el pasado 22 de septiembre quejas sobre la “falta de seguridad física, jurídica y medios” para el personal desplegado en la ciudad autónoma que, entre otros asuntos, denuncian la inexistencia de “órdenes” para cumplir con sus “cometidos” en la ciudad autónoma. “No es admisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione seguridad jurídica e instrucciones claras con reglas operativas que otorguen plena cobertura legal y funcional a los soldados en el ejercicio de sus cometidos en la vía pública y perímetro fronterizo”, apunta el documento presentado ante la institución liderada por Ángel Gabilondo.

Además de los extractos seleccionados por elDiario.es, los audios también incluyen otros momentos de la conversación que este medio ha preferido no incluir para proteger el anonimato y la intimidad de los soldados, dado que el objetivo de la publicación es informar sobre las prácticas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en Ceuta, que ya se encuentran judicializadas. Según denuncian decenas de testimonios de los migrantes recogidos por este medio y el informe de Amnistía Internacional trasladado por Defensa a la Justicia, este tipo de agresiones -como las que se describen en los audios- pueden formar parte de un “patrón común”. Las grabaciones en las que se basan este artículo fueron recogidas a través de varios móviles de distintas personas que se encontraban en la zona. Alertadas por la posible gravedad de los hechos narrados por varios uniformados de servicio, grabaron la conversación a unos cuantos metros de distancia. Con la misma finalidad de preservar su identidad, elDiario.es ha distorsionado las voces incluidas en los audios.

Este medio no ha podido confirmar la unidad de la que forman parte los uniformados que escuchamos en el audio. Su uniforme, en concreto su gorro, sí permite descartar que pertenezcan a batallones de los Regulares, Legionarios y Caballería, pero las imágenes a las que ha accedido este medio no permiten identificar sus insignias. Además de estos, tienen base en Ceuta el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, el Regimiento de Ingenieros nº 7, la Unidad Logística nº 23 y el Batallón de Cuartel General de la Comandancia General. A ello se añaden los grupos que estaban de servicio en la ciudad autónoma durante la fecha en los que se produce la conversación: la Comandancia General de Baleares, el Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión de Melilla y el Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, de la Brigada Canarias.

La charla de los militares se produjo en voz “alta” y en un lugar de acceso público, según detallan a elDiario.es dos testigos de la conversación, además de lo evidenciado en los audios a los que ha tenido acceso este medio. Estas personas reconocen haberse “sorprendido” al percatarse del detalle de lo que los soldados comentaban. “Lo que más me impactó fue cuando dijeron que les gustaba más pegar sin guantes. El hecho de que entre ellos comentasen cómo solían pegarles”, explica una de las personas que escuchó en directo a los uniformados. Los dos testigos también destacan otro momento que no aparece recogido en los audios ni en los vídeos a los que ha accedido este medio, por lo que no ha podido ser verificado de manera independiente: “Dijeron que la clave era meterlos en el maletero antes de pegarles. Porque, si gritan, no se les oye ni se les ve”. 

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Sin embargo, este medio no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Defensa, pese a las insistentes preguntas trasladadas a su departamento de prensa. La primera información se publicó el pasado 15 de septiembre, recogiendo dos decenas de testimonios de personas marroquíes que aseguraban haber sufrido agresiones o vejaciones por parte de soldados desplegados en Ceuta. Posteriormente, este medio público varios casos de menores migrantes rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. El 25 de septiembre, llegaron los vídeos que confirmaban este tipo de actuaciones.

No obstante, pese a contar con la información, Defensa no la trasladó las denuncias a la Justicia hasta el pasado 30 de septiembre, después de que Amnistía Internacional publicase un informe que recogía parte de las denuncias publicadas por elDiario.es. En este tiempo, este medio sí recibió respuesta de fuentes de La Moncloa que mostraron su “preocupación” por los hechos denunciados y se comprometieron a abrir una investigación interna sobre la que de momento no han aportado información al respecto. Durante ese tiempo, ha continuado aumentando el número de testimonios que denuncian haber sufrido este tipo de prácticas por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma.

Este domingo, la víspera del 12 de octubre, Margarita Robles defendió el trabajo de los soldados destinados en Ceuta y calificó de “críticas injustas” las denuncias de agresiones a migrantes, muchas ya contrastadas, pese a que su propio departamento ha enviado al juzgado a través de la investigación de Amnistía Internacional. “Me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada que ha sufrido alguna crítica injusta fruto del desconocimiento”, dijo la titular de Defensa a los soldados destinados en la ciudad autónoma. Tres días después de sus declaraciones, se ha confirmado quién será el número dos de Pedro Sánchez en las listas del PSOE por circunscripción de Madrid para las próximas elecciones generales: la actual responsable de las Fuerzas Armadas, Margarita Robles.

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Vídeos: Lluna Bartual Sambartolomé y Salva Fenoll.

Edición de audio: Pedro Nogales.

Desde el Príncipe, Ahmed Enfeddal, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, se muestra a elDiario.es decepcionado, pero no sorprendido con la ausencia real: “No teníamos fe en que visitara el barrio. Nos hubiese gustado que lo hubiese hecho o al menos que nos hubieran invitado a la recepción que ha hecho”. El Rey ha celebrado en el Parador de Ceuta la tarde de este miércoles un “encuentro con una representación de la sociedad ceutí” entre la que no se encontraron los vecinos del barrio que acoge un colegio con su nombre.

En cambio, sí ha visitado el Colegio Vicente Aleixandre, el Ayuntamiento de Ceuta y ha realizado un acto de recuerdo a las personas que murieron en el mar el 30 y 31 de julio en el cementerio de Sidi Embarek. En el encuentro en el Parador, el rey ha destacado ante la sociedad ceutí que “Ceuta es España y parte de la Unión Europea”.

Un taxista ceutí de origen árabe que prefiere no decir su nombre destaca que la visita real “ha sido muy importante para los intereses de toda la ciudadanía de Ceuta y han demostrado que Ceuta es como cualquier ciudad, pueblo o comunidad autónoma española”. El trabajador destaca que los Reyes han transmitido la tranquilidad de saber que Ceuta es España. En cambio, hubiese preferido que los Reyes visitasen un colegio alejado del centro al “no discriminar a ningún barrio de la periferia”.

‘Apartheid’ sanitario en Ceuta

Mientras los Reyes homenajeaban a las personas fallecidas en el mar el 30 y 31 de julio, Khalid, de 30 años, se quejaba amargamente de que dormiría esta noche en la calle pese a haberse roto la tibia y el peroné al huir de los militares mientras dormía al raso a finales de septiembre. Operado en el Hospital Universitario de Ceuta el 12 de octubre, dado de alta al día siguiente, no logra acceder al campamento montado por las autoridades en el vecino barrio de Loma Colmenar. Bajó la cuesta, llorando, solo, sin apoyo de ningún tipo para evitar apoyar la pierna rota. Pese al dolor y ni contar con muletas, desde el centro dicen que necesita un parte médico que diga explícitamente que necesita una cama en un centro.

elDiario.es ha podido constatar cómo la seguridad del Hospital Universitario de Ceuta hace esperar fuera a los migrantes que necesitan atención, en unas sillas, junto a una patrulla de militares. También les hacen un registro con detector de metales antes de pasar al hospital Al resto de personas no lo han hecho pasar por este trámite, sentadas en la sala de espera y sin cacheo. Desde Seguridad del hospital señalan a elDiario.es que desde julio son órdenes de dirección del hospital que los inmigrantes esperan fuera y son cacheados antes de entrar.

Apoyo al rey entre los migrantes que resisten en Tarajal

Cerca de la frontera marroquí, junto a las naves del Tarajal, resiste el prácticamente último asentamiento de personas migrantes en el casco urbano tras el desalojo de los campamentos costeros en las últimas semanas. Allí viven en tiendas de campaña o construcciones improvisadas con la ayuda de personas solidarias y colectivos como las Brigadas de Apoyo Mutuo que le hacen curas y dan comida todos los días tras la retirada de éstas labores que hacía Cruz Roja. 

Con chándal rojo, Ryan, de 20 años, destaca la “alegría” de la llegada del Rey de España a Ceuta porque ha visitado a las personas fallecidas que murieron al intentar entrar a Ceuta a nado este verano. Espera que esta “buena noticia” traiga cosas buenas para los inmigrantes.

A sus 30 años, Abdul comparte la importancia de que el rey de España haya rezado por “las almas de las personas fallecidas por esta crisis”. “Es muy importante para los inmigrantes”, destaca.

“Nos hubiera gustado decirle un par de cosas al Rey. Sabemos que no tiene responsabilidad política, pero podría haber mediado con los partidos políticos para que los partidos de derecha y extrema derecha dejasen de bloquear el traslado a la península de menores que están viviendo en las calles y sufriendo violencia”, resume el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe.

La última vez que unos reyes españoles visitaron Ceuta y Melilla, Marruecos respondió con una crisis diplomática. En noviembre de 2007, el viaje de Juan Carlos I y Sofía provocó la retirada temporal del embajador marroquí en Madrid, manifestaciones en las fronteras y una condena pública del actual rey marroquí, Mohamed VI. Casi 20 años después, Felipe VI y Letizia regresan a ambas ciudades en un escenario marcado por la mayor crisis migratoria registrada en Ceuta y el resurgimiento de las reivindicaciones territoriales marroquíes. 

La visita, la primera de Felipe VI desde su proclamación en 2014, llega apenas dos meses y medio después de que más de 80.000 personas cruzaran la frontera desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. Para Rabat, la presencia del monarca español tiene una dimensión que transciende de lo protocolario. Desde su independencia en 1956, Marruecos reivindica ambas ciudades como parte de su territorio nacional. España, por su lado, rechaza cualquier cuestionamiento de su soberanía y recuerda que las dos ciudades forman parte de su territorio y de la Unión Europea. 

El precedente de 2007

Los días 5 y 6 de noviembre de 2007, Juan Carlos I y Sofía realizaron una visita oficial a Ceuta y Melilla que desató una de las mayores tensiones diplomáticas entre ambos países de aquella década. En aquel momento, la respuesta marroquí llegó incluso antes del desplazamiento. 

El 2 de noviembre, Mohamed VI ordenó llamar a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman, por tiempo indeterminado. Entonces, el Ministerio de Exteriores de Marruecos calificó la visita de “lamentable” y recuperó la expresión “ciudades ocupadas” para referirse a ambos territorios. 

La protesta también incluyó manifestaciones en las inmediaciones de Melilla y la suspensión de próximas reuniones bilaterales de alto nivel. El 7 de noviembre, el propio Mohamed VI condenó públicamente el viaje, al que atribuyó posibles consecuencias para el futuro de las relaciones entre Madrid y Rabat. 

Desde entonces, Rabat reclamó abrir un diálogo sobre el futuro de las ciudades autónomas, recuperando una propuesta que Hasán II, anterior monarca y padre de Mohamed VI, ya había planteado en los años ochenta a través de la conocida “célula de reflexión”. España rechazó negociar su soberanía y la crisis se prolongó durante dos meses, hasta que el embajador marroquí regresó a Madrid en enero de 2008. 

La crisis en Ceuta reactiva las reivindicaciones territoriales

A diferencia de 2007, la visita de Felipe VI llega después de una crisis que también ha afectado a la seguridad fronteriza y marítima. A las entradas masivas de julio se suman las incursiones de una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí en aguas que España considera bajo su soberanía, según reveló El País. Este 12 de octubre, Pedro Sánchez ha confirmado los incidentes, aunque ha asegurado que se resolvieron con la interlocución entre ambos países. 

En paralelo, distintos responsables marroquíes han vuelto a situar a Ceuta y Melilla en el debate político y geopolítico. El 21 de agosto, el entonces ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, defendió durante una entrevista con la televisión pública 2M los supuestos “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre ambas ciudades. Reclamó mecanismos de diálogo con España para encontrar una solución que permitiera un “retorno al seno de la patria”.

Unos días después, el 25 de agosto, durante una ceremonia religiosa presidida por Mohamed VI, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, evocó la “lucha sagrada” para liberar las “ciudades ocupadas”, en una intervención interpretada como una alusión a las reivindicaciones territoriales marroquíes. 

La cuestión territorial también protagonizó parte de la campaña electoral que precedió las elecciones legislativas del pasado mes de septiembre. Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua y secretario general del partido nacionalista Istiqlal, aseguró a finales de agosto que España era un “socio esencial”, pero que Marruecos no retrocedería “ni un solo palmo de su territorio nacional”.

El 5 de septiembre, Nabil Benabdellah, secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo, afirmó en un acto en Driuch que Ceuta y Melilla eran “dos ciudades marroquíes ocupadas”. Ese mismo día, Mohammed Ouzzine, dirigente del Movimiento Popular, reivindicó los “legítimos derechos históricos” marroquíes sobre ambos territorios. 

Del rechazo de la prensa al silencio

El anuncio oficial del viaje, el 1 de octubre, volvió a colocar la cuestión territorial en el debate mediático marroquí. Un día después, un medio cercano a los círculos de poder de Rabat publicó un editorial que calificaba el desplazamiento de “provocación anunciada”. El artículo recuperaba expresiones como “territorio marroquí ocupado” y acusaba a la Corona española de ceder ante las presiones del Partido Popular y Vox. Sin embargo, estas críticas no equivalen a una posición oficial del Palacio Real. 

El mensaje más relevante llegó el pasado 9 de octubre, cuando durante el arranque parlamentario tras las elecciones, Mohamed VI se pronunció por primera vez sobre la crisis migratoria del verano. El soberano criticó la actuación de determinados sectores políticos y mediáticos españoles y advirtió de que la cooperación bilateral, que calificó de decisión soberana de Marruecos, no podía quedar sometida a “ninguna presión o amenaza, ni a ningún chantaje”. 

También cuestionó las disposiciones legales españolas que dificultan las repatriaciones y anunció una nueva propuesta estratégica de cooperación. Aun así, y en lo que está relacionado con la visita oficial de los monarcas españoles, Mohamed VI no condenó expresamente el viaje ni reivindicó directamente Ceuta y Melilla, a diferencia de 2007. 

¿Qué puede ocurrir?

El contexto bilateral ha cambiado en los últimos 20 años. Desde que España respaldó en 2022 el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, ambos países han reforzado su cooperación migratoria, económica y de seguridad. Tanto es así, que comparten proyectos estratégicos y trascendentales mundialmente como la organización del Mundial de 2030 junto a Portugal. 

Una escalada diplomática podría comprometer intereses compartidos. Mientras que Marruecos necesita preservar su relación con uno de sus principales socios comerciales e interlocutor con la Unión Europea, España depende de la cooperación de Rabat en material fronteriza, migratoria y antiterrorista. 

Entre las posibles respuestas figura mantener las críticas a través de medios y dirigentes políticos, presentar una propuesta diplomática formal o recuperar medidas similares a las de 2007. Hasta el momento, ninguna de estas últimas medidas ha sido anunciada ni ejecutada por Rabat. 

Con nocturnidad y sin permitir completo acceso a los medios de comunicación, la Policía Nacional y el Ejército procedieron en la mañana de este domingo al desalojo de la explanada del Guano. Se trata del último espacio de la bahía norte de Ceuta que aún albergaba asentamientos de personas migrantes fuera de los espacios habilitados por el Gobierno y la ciudad autónoma. Los desalojados abandonaron el lugar exclamando: “Adiós España”. Una frase que cobró pleno sentido cuando tras ser conducidos en autobuses a la frontera, la mayoría de los adultos regresaron a Marruecos siendo llevados por agentes policiales. Además, la Guardia Civil tomó los datos a los medios de comunicación presentes avisándoles de la prohibición de tomar imágenes bajo amenaza de medidas contra ellos en caso de que salieran publicadas.

El fin del último asentamiento costero de la localidad estaba cantado desde hacía varios días. Algunos de los allí alojados optaron por abandonar la zona antes de que se produjera un movimiento que tiene lugar dos días antes de la visita de los reyes a Ceuta. Desde las siete de la mañana varios grupos dejaban el espacio cargados con sus bártulos: “Vamos a la mezquita”, comentaba Yassin acompañado de tras cinco personas más. Luego volvería al lugar y optaría por dirigirse a la pedanía fronteriza de Benzú para evitar el traslado forzoso.

Algunos furgones policiales pasaban despacio por el lugar, hasta que finalmente, cinco minutos antes de las ocho, se inició el operativo. Decenas de vehículos, entre lecheras y tanquetas, agentes de la Policía Nacional y militares. Todos ellos crearon un cerco, cerrando la explanada.

No presentaron excesiva resistencia los migrantes, que se encontraron con gritos bruscos por parte de los agentes. “Tú para aquí”, “sentados”. Les decían acumulando a mayores a un lado y a menores a otro. De la parte derecha de la playa salieron unos cuarenta adultos y quince pequeños. A este grupo se incorporaron otro medio centenar de personas sacadas de las tiendas del lado izquierdo, cuyo desalojo no pudo ser presenciado por los medios por orden de la Policía.

Los afectados salieron por su pie exclamando: “Adiós España”. También portaban algunos carteles con mensajes difíciles de apreciar en la distancia.

Un secreto a voces

El ´runrún’ sobre un posible desalojo de la zona del Guano ya corría desde la semana pasada, poco después de que el Trampolín quedara vaciado. La incógnita residía en dónde irían a parar las personas migrantes allí asentadas. Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraban este sábado que había espacio para todos en los asentamientos ya listos, es decir, los del Puerto, Loma Colmenar, Loma Margarita, la Hípica y la zona de Caballería, así como en los recursos del Área de Menores de la Ciudad Autónoma. Sin embargo, otras personas del propio organismo daban por prácticamente completa la capacidad de los campamentos para adultos, así como la del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

A la par, reconocían que contaban con “retornos voluntarios”. Más de mil regresos presuntamente espontáneos se produjeron tras el cierre del Trampolín. Sin embargo, migrantes y organizaciones consultadas por elDiario.es aseguran que, cuanto menos, se produjeron bajo presión, al indicar las Fuerzas de Seguridad a los afectados que de no retornar en ese momento y ser filiados, acabarían siendo repatriados tras el procedimiento legal y pesaría sobre ellos la prohibición de entrar en la Unión Europea por un lustro (una sanción que no siempre se produce ni es tan automática como trasladan).

A las ocho y veinte llegaron los autobuses, tres. La Policía ordenó a los migrantes que se metieran dentro. De allí los adultos, menos de un centenar, fueron a la frontera. Su destino debía ser el Centro de Atención Temporal de Emigrantes (CATE) para su filiación. Sin embargo, la mayoría retornaron a Marruecos en algunos casos cogidos del brazo por agentes y en el resto al menos escoltados. Lo hicieron por el interior del recinto del Tarajal, prácticamente ‘a puerta cerrada’ y sin que se permitiera a los medios tomar imágenes. De hecho, la Guardia Civil identificó a varios periodistas, advirtiéndoles de posibles medidas si publicaban fotos o vídeos en sus cabeceras.

Interior, pese a las imágenes de medios como el Faro de Ceuta en las que se ve a agentes empujando a los migrantes en la frontera, sigue insistiendo que son “retornos voluntarios”. “Mantenemos que el procedimiento no ha variado y que ha sido el mismo que ya se llevó a cabo en Trampolín y Benítez. Traslado al CATE para iniciar el triaje y retornos voluntarios de aquellos migrantes que optan por evitar ese paso y la consiguiente filiación”, aseguran desde el Ministerio.

Los menores, que eran mayoría entre los desalojados del Guano, fueron llevados a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, para su filiación. Después la Ciudad Autónoma deberá ubicarlos en espacios donde pueda ejercer su tutela. Hasta ahora hay más de una veintena de alojamientos en funcionamiento.

Por su parte, el Ejecutivo central también tiene en marcha la creación de un nuevo equipamiento en la zona del Centro Penitenciario. Un espacio que permitiría acoger a más de un millar de personas y al que, según fuentes de la Ciudad Autónoma, aún le quedaría “un mes de obra” para poder estar operativo.

Allí podrían ir a parar las personas que sean trasladadas próximamente. Todavía restan numerosos migrantes que subsisten a la intemperie en el Polígono del Tarajal y especialmente en las barriadas del Príncipe y Los Rosales, cuyas calles lucen completamente repletas durante la noche. El resto de la localidad ha recuperado prácticamente la normalidad, incluidos muchos de los barrios que hace pocas semanas albergaban a centenares de personas en un trasiego constante.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido unas declaraciones a primera hora de la tarde en la que ha justificado los desalojos de zonas costeras de Ceuta, cuyas operaciones ha dado por concluidas, y ha cifrado en cerca de 12.000 las personas que han retornado a Marruecos desde el 10 de agosto.

“Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre”, ha afirmado.

Torres ha advertido, no obstante, de que las actuaciones no han concluido y de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad, especialmente en las calles y los barrios donde todavía pueda haber personas migrantes que pernocten al aire libre.

“Vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa con las personas que queden en los barrios, de acuerdo a los informes, indicaciones y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha señalado el ministro.

Les había despertado un despliegue policial sin precedentes. Decenas de furgones policiales, incluso un tanque blindado de la Policía Nacional, irrumpieron en la playa donde dormían desde su llegada a Ceuta a nado a finales de julio. Tras sacarles de sus tiendas y colocarles en grupos rodeados de agentes, tres intérpretes con chalecos de la ONG Engloba comenzaron a tranquilizarles. “Decían que eran de una asociación. Nos juraban que, si nos subíamos en los autobuses, nos iban a llevar a un campamento del Gobierno”, explica Taha, un joven marroquí conocido como uno de los peluqueros del ya simbólico asentamiento del Trampolín. “Es el mayor engaño de mi vida”, añade el chico, que nunca llegó al lugar prometido, sino a Marruecos. 

Taha tiene 21 años y llevaba 65 días en Ceuta. Antes de dormir en una cabaña en la playa del Trampolín, malvivió en distintos puntos de la ciudad, hasta en las rocas próximas al faro. Ha pasado hambre, sed y denuncia haber sido agredido por militares españoles. Si aguantó tanto era, cuenta, porque no quería volver a Marruecos. Por eso se enfada, alza la voz incrédulo y se lleva las manos a la cabeza cuando escucha la versión del Gobierno sobre su regreso a su país: “Están diciendo en todas partes que fue voluntario. Lo he visto en El Faro de Ceuta. Lo está diciendo la Policía. No es verdad. Nos echaron. Nos dijeron que no había otra opción”, dice por videollamada, con un tono de indignación notable, desde la ciudad próxima a Tánger donde vive. 

Tras el rápido desalojo de la playa del Trampolín, justo una semana antes de la visita de los reyes de España a Ceuta, el Ministerio del Interior ha asegurado que buena parte de las personas que allí malvivían desde hace dos meses decidieron volver voluntariamente. Según detallan, después de trasladarles en autobuses a una puerta que conecta la aduana con las naves del Tarajal, donde se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (una especie de comisaría donde identifican y hacen el triaje a los migrantes), se les daba a elegir entre filiarse o irse a Marruecos. El Gobierno asegura que la mayoría optó por regresar a su país para evitar poner sus huellas en la base de datos de España y acabar igualmente expulsados con una supuesta sanción que conlleva su prohibición de entrada a la UE en cinco años (una sanción que no siempre se produce ni es tan automática como trasladan). 

Si bien los migrantes desalojados de la playa de Benítez sí confirmaban que se había llevado este procedimiento, denunciaban presiones y haber recibido información falsa por parte de policía que les hizo decantarse “bajo presión” por regresar a Marruecos. Pero, los migrantes desalojados del Trampolín van más allá. Una decena de marroquíes retornados con los que ha hablado elDiario.es no hablan de “presión” en la toma de una decisión como los de Benítez, sino que asegura que fueron engañados y que la Policía los devolvió de manera forzosa. 

“Nos traicionaron. Mienten. No nos preguntaron, lo juro. Qué vergüenza. Son unos monstruos mentirosos”, dice Jacob con indignación, otro de los chicos marroquíes retornados el pasado domingo tras su desalojo de la playa del Trampolín. “No nos permitieron hablar. Nos dijeron que había una nueva ley y que solo los niños podrían quedarse”, afirma el joven. La afirmación de que una nueva ley (inexistente) que dice que solo se pueden quedar los menores es repetida en varios de los testimonios recabados por este medio. 

“Había tres personas con chalecos blancos que nos decían, nos juraban, que nos iban a llevar a un campamento”, cuenta Teha. “Hasta que nos metieron en el autobús no nos dimos cuenta de que eso no iba a ningún campamento, que íbamos a aduanas”. Al igual que otra decena de personas contactadas por elDiario.es afirma que no conocieron el destino del autobús hasta que llegaron a la frontera y que, una vez allí, no tuvieron posibilidad de decidir si querían regresar a Marruecos.

El autobús se detuvo en la entrada a las naves del Tarajal, cuentan los migrantes consultados. Allí, según Teha, dos agentes de la Policía Nacional que hablaban dariya les comunicaron que “ninguno” se quedaría en Ceuta. “Nos dijeron que lo sentían mucho, pero que no se iba a quedar ninguno, que nos teníamos que ir”, explica el marroquí. 

Taha quería pedir asilo y asegura que así se lo trasladó a los agentes. Según defiende, ha tenido problemas en Marruecos y quería solicitar protección. “Les dije que tenía pruebas de que lo estaba pasando mal en Marruecos, que quería asilo. Pero dijeron que no había asilo. Decían que Ceuta se tenía que quedar limpia porque venían los Reyes y que iban a echarnos a todos. Que daba igual, que no se podía quedar nadie”. 

Después de esos minutos en los que los migrantes bajan del autobús en grupos de cinco, otros policías los acompañan a la valla con Marruecos. Atraviesan la aduana y son dirigidos al área comprendida en la zona de seguridad de la playa del Tarajal. Allí caminaron hasta la puerta ubicada en la misma alambrada. Este medio ha preguntado que, por qué en ese momento no trataron de resistirse o huir. “Había muchísimos militares alrededor, había policías. Habíamos visto a un hombre que, cuando nos avisó de que estaban echando a todos por la frontera, le agarraron, se lo llevaron y le pegaron muy fuerte. Con eso en la cabeza, ¿cómo íbamos a escapar?”, detalla. 

Taha se refiere a un momento del desalojo que quedó grabado por distintos medios de comunicación. Durante las 21 horas de operativo, los mensajes trasladados por los intérpretes de Engloba habían logrado mantener calmados a los migrantes que, sentados, esperaban su supuesta acogida en los campamentos oficiales. Pero, de repente, uno de los marroquíes que aguardaba en la playa recibió una llamada, cuenta el marroquí.

“Un amigo que había estado con nosotros en el Trampolín, al que ya se lo habían llevado a la frontera en el autobús le llamó y le dijo: ‘Es mentira, nos han tirado, nos han echado’”, recuerda el marroquí. Quien recibió la llamada empezó a avisar al resto del grupo. El mensaje comenzó a extenderse entre los demás. Según el relato de Taha, los traductores se dieron cuenta y avisaron a la Policía. El joven que había dado el aviso fue apartado del grupo.

“Entraron, lo cogieron, lo arrastraron y se lo llevaron detrás de un bloque. Le estaban dando golpes. Solo escuchábamos sus gritos. Solo por avisarnos de que no íbamos a ningún campamento, de que les habían echado”, continúa. Este medio, y otros tantos, grabó un momento que coincide con lo descrito por Taha. Aunque los periodistas presentes no podían escuchar lo que se decían, dado que el cordón policial estaba muy alejado, las imágenes captan un momento en que decenas de migrantes que hasta el momento se habían mantenido tranquilos comienzan a rebelarse, a levantarse. Algunos incluso logran escaparse del cordón policial. Posteriormente, uno de ellos es retenido por dos antidisturbios, y lo colocan detrás de uno de los furgones. 

“Teniendo eso en la cabeza, ¿cómo íbamos a huir? Sabíamos que podían hacernos eso o algo peor”, se pregunta Teha, ya en su casa de Marruecos. Allí llegó más de 24 horas después de cruzar la frontera. Los gendarmes marroquíes, asegura, le mandaron al sur del país, a Beni Melal, pese a que vive cerca de Tánger. “Al menos yo tenía algo de dinero y pude pagarme el transporte de vuelta”, explica mientras muestra el billete de autobús a la cámara. “Otros amigos aún siguen allí tirados pidiendo dinero para volver a sus ciudades”.

Además de Taha, elDiario.es ha hablado con una decena más de migrantes cuyo relato coincide. Muchos no se conocen entre sí y, sin embargo, describen el mismo modus operandi. Este medio ha decidido destacar el de Taha al ser el testimonio recogido con más detalle, tras una hora y media de entrevista. A continuación, añadimos lo trasladado por otros de los jóvenes que denuncian haber sido devueltos tras su desalojo del Trampolín:

Hassan

Hassan, natural de Casablanca, estuvo dos meses y una semana en el asentamiento de El Trampolín antes de ser desalojado el primer día de la operación policial. Recuerda que la intervención de la Policía Nacional se produjo de madrugada, mientras dormían. “Pensábamos que era como a los otros que los habían juntado y se los llevaron a las carpas”, explica, en referencia al traslado de otras personas a las tiendas instaladas en el Puerto. Antes del traslado, varias personas, identificadas con el chaleco de Engloba, se acercaron a ellos para tranquilizarlos. “Nos dijeron: ‘mirad, estad tranquilos. Os van a llevar a poner huellas y os van a traer a las carpas. Ya os tienen preparadas las tiendas’. Nosotros ahí nos tranquilizamos”. Sin embargo, la situación cambió cuando llegaron los agentes. “Vinieron con esas furgonetas, entraron a las tiendas y empezaron a pegar a la gente. Al que no quería salir, le pegaban. La verdad es que nos maltrataron mucho”.

Hassan asegura que fueron trasladados con la promesa de que les tomarían las huellas. “Cuando llegamos a la frontera, un traductor nos dijo: ‘Perdonadnos mucho por estos meses que habéis pasado aquí de sufrimiento, de hambre’. Luego nos dijo que nos iban a sacar a Marruecos”. Afirma que ni él ni otros compañeros tuvieron la oportunidad de explicar su situación personal. “Nosotros queríamos hablar de lo que tenemos, de las solicitudes de asilo, porque hay gente que tiene motivos para tramitar el asilo, pero no nos escucharon”. También sostiene que el intérprete no trasladaba fielmente lo que ellos intentaban comunicar: “La persona que traducía no estaba diciendo a la policía lo que nosotros le estábamos diciendo, le decía otra cosa diferente”.

Tras la devolución, relata que al llegar a la aduana marroquí les retiraron sus pertenencias. “Nos quitaron nuestro dinero, todo lo que habíamos sacado con nosotros de Ceuta nos lo quitaron. A algunos les quitaron el teléfono, no a todos”. Hassan explica que había salido de Marruecos con la esperanza de construir una vida mejor. “Teníamos la intención de trabajar allí y buscar una vida nueva, una vida digna, para ayudar a nuestros padres”. Y concluye: “Esperamos, ojalá, que podamos volver. Nosotros queríamos trabajar para España y ser una esperanza en su prosperidad”.

Karim (nombre ficticio)

Karim (nombre ficticio para proteger su identidad) natural de El Jadida, fue otra de las personas desalojadas de El Trampolín durante el primer día del operativo. Relata que la intervención policial fue un momento de gran tensión. Según explica, los agentes rodearon completamente la playa mientras varias personas identificadas con chalecos de una asociación, les aseguraban que serían trasladados para verificar su identidad y posteriormente llevados a las tiendas de campaña habilitadas por las autoridades. “Pensamos que era una buena noticia”, recuerda. Sin embargo, afirma que una vez subidos a los autobuses y trasladados hasta las inmediaciones de la frontera, les comunicaron que “hay un acuerdo entre España y Marruecos. Los mayores os vais todos fuera, solo se quedan los menores”, asegura. “No había huellas ni ningún otro trámite. Directo a Marruecos”, insiste.

El joven sostiene que nunca tuvo la oportunidad de solicitar protección internacional ni de exponer su situación personal. “No, nunca. No nos dieron ninguna oportunidad”, afirma al ser preguntado por este medio por la posibilidad de pedir asilo. También rechaza la idea de que el retorno se produjera de forma voluntaria. “Nosotros no volvimos por nuestra propia voluntad”, insiste, señalando que durante toda la operación se sintieron obligados a obedecer las órdenes policiales porque estaban rodeados y no tenían posibilidad de marcharse. Según su relato, hasta el momento de llegar a la frontera apenas recibieron información sobre lo que iba a ocurrir.

Antes de instalarse en El Trampolín, Karim había pasado semanas durmiendo en la montaña y, posteriormente, en distintos puntos de Ceuta, tras no conseguir plaza en el campamento del Puerto pese a intentarlo. Explica que su objetivo al salir de Marruecos era encontrar trabajo y ayudar económicamente a su familia. “Solo quería vivir dignamente y pensar en el futuro”, señala. También lamenta que, a su juicio, el comportamiento de una minoría de personas terminara condicionando la percepción sobre el conjunto de los migrantes. “Que expulsen al que causa problemas, pero no a todos”, afirma. “Yo solo quería trabajar, ayudar a mi familia y construir una vida mejor”.

Rafik

Rafik, natural de Tetuán relata que tras ser trasladados en autobús fueron conducidos hasta las instalaciones situadas junto a la aduana, donde los iban bajando en grupos de cinco. Allí, asegura, varias traductoras les comunicaron que Ceuta estaba “llena” y que no tenían ninguna posibilidad de permanecer en la ciudad. “Nos dijeron que no había asilo ni nada, que nos fuéramos”, explica. En varios vídeos grabados durante el trayecto y publicados en sus redes sociales mostró el traslado en autobús hasta la frontera y su posterior llegada a Marruecos, insistiendo en que la devolución se produjo sin ningún trámite previo: “Ni huella ni nada”.

Rafik sostiene que él y otros compañeros intentaron manifestar su voluntad de solicitar asilo, pero que no fueron escuchados. “Les dijimos que queríamos pedir asilo y nos echaron directamente por la puerta de la aduana”, afirma. También asegura que uno de sus amigos expresó la misma intención y que, según su versión, fue golpeado por los agentes antes de ser expulsado junto al resto. “Te juro que no nos dejaron hablar”, lamenta. La experiencia le dejó una profunda sensación de desamparo. “Nos ahuyentaron como perros salvajes”, resume.

Bilal

Según el relato de Bilal, de Kenitra cuando intentó plantear la posibilidad de solicitar asilo no recibió ninguna respuesta ni oportunidad de formalizar la petición. “No me dieron la opción de quedarme cuando les pregunté por el asilo. Ni firmé nada”, asegura. Explica que, una vez trasladados hasta las inmediaciones de la frontera, les comunicaron que serían entregados a las autoridades marroquíes. “No hubo opción de tramitar el asilo, no me dieron la opción de hablar”, afirma. 

También recuerda que les advirtieron de que quienes estuvieran o quisieran ir al campamento serían devueltos a Marruecos y no podrían volver a entrar en Europa durante cinco años. Tras la expulsión, fue trasladado hasta Beni Mellal. Según su testimonio, el procedimiento en el lado español de la frontera fue muy rápido: “Tardamos cinco minutos en hacer todos los trámites”.

Mohammed

Mohammed, originario de Tetuán, compartía tienda de campaña con Bilal y ofrece un relato similar. Asegura que, mientras permanecían en El Trampolín, varias personas que se identificaron como responsables de los campamentos informales de acogida actuaron como traductores y les garantizaron que serían trasladados a esas instalaciones. “Nos dijeron que iríamos al campamento y nos lo confirmaron jurándolo, pero fue un engaño”, sostiene. 

Según explica, una vez en la zona fronteriza les comunicaron que debían regresar a Marruecos y les recomendaron intentar acceder a España por vías legales en el futuro. “Solo nos dijeron que lo sentían y que teníamos que buscar una manera legal para entrar en España, como una visa o similares”, recuerda. Afirma que trató de explicar su situación y mencionar la posibilidad de solicitar asilo, pero que no fue escuchado. “Me sacaron directamente a Marruecos”, concluye.

Es una mañana habitual dentro de la carpa que acoge a mujeres y menores en Sidi Embarek cuando, de pronto, reina el silencio. Karima, Fatima y Abdellah se distribuyen por distintos puntos, sorteando las mantas que han arropado los cuerpos de las mujeres que cruzaron a Ceuta a finales de julio. A su alrededor, quedan recuerdos, libretas y juguetes. Todos los ojos se posan sobre ellos. Sued, una niña de 13 años contiene la respiración. Saida, que llegó a Ceuta sola desde Fez, observa asustada: “Hermana, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con nosotras?”, pregunta una y otra vez. Oumaima trenza el pelo de su hija mientras Ahmed, de 10 años, sostiene su patinete oxidado y desgastado.

Abdellah pide silencio, Fatima insiste y Karima aguanta un taco de folios. “Nos vamos”, grita Abdellah. “Salimos de aquí, hermanas. Nos vamos a una nueva carpa”, añade. Las cerca de 300 personas que han convivido durante los últimos 60 días entre las paredes de lona blanca van a ser trasladadas a un nuevo recurso. El destino es el nuevo asentamiento de Caballería, próximo a la playa Benítez, que gestiona CEAR. El campamento es uno de los espacios habilitados por el Gobierno para ampliar la capacidad de acogida. Los trabajos comenzaron a mediados de septiembre y el recurso ha sido acondicionado con carpas para albergar principalmente a mujeres y personas vulnerables. Su capacidad prevista ronda las 540 plazas. Al fondo de la carpa, un grupo de mujeres se abraza y llora ante la noticia. Son lágrimas de alivio. Para ellas, al menos, supone un paso más después de meses de incertidumbre. “Gracias a Dios, gracias a Dios. Que Dios nos proteja”, insiste una de ellas mientras arropa a su hija pequeña.

Entre el jolgorio y el estallido de alegría, Nadia está sentada en una esquina. Sus hijos están en un centro de menores y se reúne con ellos todos los días. “He visto las noticias. A muchos de los jóvenes marroquíes que estaban en la playa del Trampolín los han devuelto a Marruecos. Tengo miedo de que nos pase lo mismo”, explica a este medio. Nadia vivió en Ceuta hace 30 años y explica que tuvo que volver a Marruecos por problemas familiares. Trabajaba como porteadora y, con la llegada de la pandemia, y la prohibición de su trabajo, su vida se desplomó. “Me quedé sin trabajo y sin familia. Tengo que sacar adelante mi vida y la de mis hijos. Solo quiero otra oportunidad”, añade.

De las maletas a medio hacer empiezan a brotar sudaderas, chaquetas y pantalones. Bolsas de plástico vacías que se llenan de vida. Un niño que sostiene en sus manos un tractor de juguete y le pide a su madre si puede llevarlo con él. Una niña, Soraya, se cambia los zapatos para ponerse “los más bonitos”. Un bebé inquieto y una madre que se angustia por él. Karima abraza a las más emocionadas y a las que, inevitablemente, sienten miedo. Abdellah responde a las dudas, mientras Fátima coordina la salida.

A la emoción del momento y del lugar le acompaña la música. Una música que no sale de los altavoces de los teléfonos móviles, sino de sus gargantas. Muchas de las mujeres cantan mientras recogen. Otras, que ya han terminado, esperan y acompañan con palmas. “Las bendiciones y la paz sean sobre el Mensajero de Dios”, entonan algunas, una fórmula habitual en las celebraciones marroquíes que, entre palmas y voces, convierte la noticia del traslado en una pequeña celebración improvisada.

Cuando las primeras comienzan a estar listas, Karima y Fátima, junto a un equipo de CEAR, comienzan con la organización del traslado. En grupos, algunas andando y otras en coche, son realojadas en el nuevo campamento. Narjiss es la número uno. Lo pone en la pegatina blanca que tiene pegada en el pecho. La joven aguanta la mirada de otras mujeres que observan desde fuera de la carpa de Sidi Embarek cómo parte el primer grupo. Algunas tienen lágrimas en los ojos mientras que otras terminan por derramarlas sobre sus mejillas. No pueden contener la emoción. Narjiss tampoco. “Las noches son cada vez más frías y cuando llueve entra mucha agua en la carpa”, cuenta. La carpa de Sidi Embarek nunca nació como un recurso institucional de acogida. Fueron vecinos, voluntarios y organizaciones sociales como Luna Blanca quienes habilitaron este espacio para cobijar a cientos de mujeres y menores.

Cuando avanza el primer grupo, que es trasladado andando y acompañado por un equipo de CEAR, algunas no pueden evitar despedirse, a pesar de que saben que todas volverán a encontrarse unas horas después. “Que os vais a ver ahora, no seáis exageradas, hermanas”, bromea Karima. “Vais a un sitio mejor, más seguro, con más duchas”, añade. A Karima se le empañan las gafas y, aunque bromea, esconder la emoción es misión imposible. “Qué respiro”, confiesa.

Detrás quedan las historias envueltas en resistencia, las goteras de la lluvia, el frío, la comunidad construida durante dos meses y la espera en este rincón de Sidi Embarek. Delante no hay todavía una casa, ni el final del camino, hay otra carpa. Pero, por primera vez en semanas, también la sensación de estar avanzando.

Caso 1. La idea resonaba en la cabeza de Ayoub desde hacía días: “Y si vuelvo a Marruecos. Y si ya me rindo”, rumiaba el adolescente, de 17 años, en las ya frías madrugadas de sus últimos días en Ceuta. El 19 de septiembre, tras una noche de intensos controles policiales en su asentamiento de las naves del Tarajal, el chico se despertó con la decisión tomada. Pidió a sus compañeros barberos que retocasen su corte de pelo, en especial el mechón que suele caer de forma milimetrada sobre uno de sus ojos. Vestido con la ropa que había logrado lavar el día anterior, caminaba aliviado hacia la frontera. Olía a colonia y sonreía. Volvía a Casablanca, y quería que su madre le viese guapo al llegar a casa.  Esto sí es un regreso voluntario. 

Caso 2. La Policía Nacional irrumpe en el asentamiento de la playa ceutí de Benítez durante la mañana del 27 de septiembre. Los agentes golpean sus tiendas con las porras para despertar a los migrantes que aún duermen. Malik, uno de ellos, se despierta sobresaltado y, cuando trata de entender qué pasa, ve a la policía golpear en la cabeza a algunos compañeros. El joven es retenido junto a decenas de migrantes y, posteriormente, subido a un autobús que aparca justo en un punto situado entre el paso fronterizo del Tarajal y un gran portón que da acceso a las naves, el lugar donde la Policía realiza las labores de triaje e identificación a los migrantes. 

Allí, los policías les hicieron descender en grupos de unas seis personas, donde agentes con chalecos amarillos les hablaban durante unos tres minutos para tratar de convencerles de no ser identificados, como marca la ley y el pacto europeo, sino animarles a que se vayan a Marruecos por la puerta de atrás. “Nos explicaron algunas cosas que hemos visto que no eran del todo verdad. Nos presionaron, dijeron hasta que podríamos llegar a ir a la cárcel. Teníamos que decidir muy rápido, había antidisturbios alrededor, me dio miedo y nos fuimos a la frontera”, dice Malik a elDiario.es ya desde Tánger. 

Este retorno, decidido supuestamente de manera voluntaria tras una intervención policial opaca y sin asistencia letrada, no es tan voluntario como el de Ayoub. Desde el Ministerio del Interior reconocen diferencias entre traslados “voluntarios sin intermediación policial” y aquellos en los que sí existe una “intermediación policial” justo antes de la decisión de los migrantes e inmediatamente después de un operativo de desalojo forzado de los últimos asentamientos en las playas ceutíes. ONG como Novact, Coordinadora de Barrios, Elin, No Name Kitchen han mostrado su preocupación ante este tipo de retornos supuestamente “voluntarios” en los que, mientras sí se produce una intervención policial, no entran en juego las garantías establecidas en la normativa, como la asistencia letrada. También Amnistía Internacional tacha de “poco transparentes” estos dispositivos y asegura estar investigándolos.

Esta es la vía impulsada en las últimas semanas por el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para trasladar a Marruecos a cientos de personas directamente desde los asentamientos que están siendo desalojados en las playas de la ciudad autónoma, según los datos trasladados por el Ministerio de Política Territorial, que hace las veces de mando único en inmigración. Un operativo similar, pero más numeroso, se repitió los días 29 de septiembre desde Benítez. Ese día, 400 personas regresaron a Marruecos “voluntariamente” en un solo día a través del mismo procedimiento. Lo mismo ha ocurrido el 4 y 5 de octubre desde la playa de Trampolín, aunque el Gobierno aún no ha proporcionado datos oficiales de las salidas registradas.

elDiario.es ha hablado con cinco personas que estuvieron presentes en estos operativos, en los que la Policía Nacional, tras el desalojo de las playas de Benítez y Trampolín, tratan de convencerles, en cuestión de minutos y en la misma frontera, de que vuelvan a su país antes de pasar por el triaje y plasmar sus huellas en comisaría. Mientras uno de ellos sí confirma que su intención era volver a su país y acabó de tomar la decisión tras el desalojo de su choza, independientemente del mensaje trasladado por los agentes; los otros cuatro marroquíes contactados admiten haber recibido presiones o haberlas presenciado por parte de la Policía.

Menos de 24 horas después de su retorno “voluntario”, Malik atiende a este medio desde una habitación donde ha pasado la noche tras su regreso. Está tumbado en la cama junto a otro de los migrantes que ha regresado “voluntariamente”. Están en Tánger, pero no es su ciudad. Allí les dejó el autobús que aguardaba al otro lado de la frontera de Ceuta para enviar a sus ciudadanos retornados a los lugares que la policía alauí considere. “Querían llevarnos al desierto, pero pagamos algo a la policía marroquí y nos dejaron aquí”, dice el hombre. El joven asegura que, después de dos meses aguantando en un asentamiento en Ceuta, no quería irse a Marruecos, pero se sintió “presionado” por la Policía en un momento de gran agotamiento físico y psicológico.

“Al principio pensábamos que iban a llevarnos a un campamento, y de repente me encontré que estábamos en la frontera”, dice el hombre, que fue uno de los primeros a los que la Policía Nacional aplicó este sistema directamente tras un desalojo. Tras aplicar este operativo el pasado 27 de septiembre con el desalojo parcial de la playa Benítez con unas 40 personas, el dispositivo se replicó a gran escala el 29 de septiembre y el 4 de octubre, en el resto de desalojo de Benítez y el Trampolín. 

“Teníamos que elegir muy rápido”

Malik acababa de bajar de un furgón y unos agentes le dieron “a elegir” entre dos supuestas posibilidades: “Fue tan deprisa. Nos dieron dos opciones y teníamos que elegir muy rápido. Me dijeron que, si pasábamos a comisaría y nos ponían las huellas, nos darían una expulsión directamente, con una prohibición de entrada a la Unión Europea de cinco años. Nos dijeron que esa era la única opción. Que no había asilo. Nos presionaron”, explica el marroquí. El policía que hablaba árabe, añade, les animaba a irse a Marruecos por su propio pie e “intentar entrar a Ceuta en otro momento” en el que no hubiese tanto control, según su relato.  

“Yo estaba bloqueado. Nos acababan de sacar a palos de las chabolas, estaba desconcertado y asustado. Dijeron que, si nos quedábamos, hasta podíamos ir a la cárcel. Me dio miedo y me fui a Marruecos para intentarlo en otro momento”, explica por videollamada. A su lado, Mohamed confirma las palabras de su compañero. “Era todo rápido. El policía que hablaba en árabe nos decía que nos fuésemos porque sino nos iban a expulsar y no podíamos volver a intentarlo en cinco años. Y nos dijo que no había otra opción, solo esa”, indica tumbado en la cama de al lado. 

“No me dejaron explicarles sus derechos”

Faris (nombre ficticio) separa el pelo de su cabeza para mostrar la herida cubierta de sangre seca. Cuando los policías llegaron al espigón de la playa de Benítez, la zona justo al lado de la desalinizadora de Ceuta, denuncia haber sido golpeado por un agente en la cabeza. Desde ahí, fue trasladado junto a decenas de compañeros a la misma puerta de la frontera antes de entrar en el CATE. Desde que tenía solo 10 años hasta pasada la veintena, Faris vivió en España, por lo que maneja el idioma a la perfección y asegura conocer sus derechos. Por, eso, cuando empezó a escuchar a la policía tratar de convencerles para regresar a Marruecos, dice que intentó “explicar” a sus compañeros que el procedimiento no era tal y como lo estaba explicando el agente.

“Me cortó rápido. 'Tú ponte ahí, no hace falta que hables. Cierra la puta boca’”, me dijo. No me permitían ni intentar explicarle a los chavales“, lamenta el hombre, quien sí consiguió permanecer en Ceuta. ”Yo, como sé español, les expliqué que mi caso era distinto, que había tenido la residencia, y me pude quedar. Dije que sabía que podía pedir asilo“, añade Faris, quien ahora se encuentra en uno de los campamentos del Gobierno donde espera su cita para pedir protección internacional. 

Fuentes del Ministerio del Interior confirman que, tras los operativos de desalojo de las playas de Ceuta, antes de que entren al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (una comisaría específica para identificar a los migrantes en situación irregular), la Policía “les informa de cuál es el procedimiento de triaje, se les filia, y se les dice que es un procedimiento que continúa y que puede llegar a acabar en expulsión” es en ese momento cuando, dicen, la mayoría de los desalojados de las playas está tomando la decisión “voluntaria” de volver a su país.

Las mismas fuentes oficiales no confirman que se les asegura que, en caso de plasmar su huella en la base de datos, acabarán retornados con una prohibición de entrada de cinco años. Interior reconoce que esa sanción no siempre se produce, sino que depende de distintos factores. “Esa prohibición se da en el caso de expulsión, pero ahora la mayoría de migrantes desde Ceuta no pasan por ese procedimiento”, afirman desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska.

Fuentes gubernamentales sí han reconocido anteriormente a este medio que la Policía trata de “convencer” a los migrantes de que no pidan asilo y se vayan de manera “voluntaria”.

La supuesta información trasladada por policías

Según los migrantes presentes en las breves reuniones en la frontera en las que la Policía Nacional trata de convencer a toda prisa a los migrantes de que se vayan a la frontera por su propio pie, hay cuatro argumentos que repiten los agentes de extranjería:

“Si llego a tener la información que luego me han contado otros compañeros, si no me hubiesen metido tanta prisa y miedo, me hubiese quedado”, reflexiona Malik desde Tánger.

“¿Nos van a devolver? Hay mucha policía aquí. No entendemos qué va a pasar. ¿Va a ser igual que en Benítez?”. La llamada llegó poco después de las ocho y media de la mañana de este domingo. Al otro lado del teléfono estaba Mohammed, uno de los jóvenes que desde hace más de dos meses vive en la playa del Trampolín. Su voz se perdía entre el murmullo de las decenas de personas que aguardaban el operativo policial desplegado por toda la costa de este punto de la ciudad. En los días previos al desalojo, las preguntas sobre su futuro, aún sin respuesta, ya resonaban en todos los rincones de la playa.

Entre las primeras tiendas desalojadas, las más próximas a la desaladora de Ceuta, estaba la de Fatim, que vivía allí junto a su hijo. A ella la han sacado del asentamiento, junto con su hijo de cuatro años y la han apartado del resto de personas mientras avanzaba el operativo. “Me han sacado del grupo. Está la Policía y estoy sentada sola un poco más arriba; no me han puesto con los demás”, cuenta a este medio por WhatsApp. Según relata, un autobús destinado a los menores ya ha salido con algunos niños, aunque todavía quedan muchos en la playa. “Todavía hay muchos niños aquí y también muchos policías”, explica.

Rodeados de policías, furgones y vehículos antidisturbios, entre los centenares de personas que aguardaban el desalojo, un joven se levanta y comienza a abrazar a todos los compatriotas que le rodean. “Ya está, se acabó, amigos”, grita mientras agita las manos en el aire. Cerca de él, otro joven empieza a hacerse selfies.

El operativo ha comenzado cuando todavía no había amanecido. Una operación diseñada para poner fin al último asentamiento levantado sobre una playa de Ceuta. A primera hora de la mañana, las furgonetas han rodeado el perímetro de El Trampolín mientras los agentes dividían la zona por sectores para proceder al desalojo progresivo de las tiendas de campaña. En la costa, varias embarcaciones de la Guardia Civil apoyan a los efectivos desplegados en la orilla y en las inmediaciones de la playa.

Desde las ocho de la mañana, el despliegue policial ha concentrado a varios centenares de migrantes en la entrada de la playa, en el mismo lugar donde cada tarde Cruz Roja realiza el reparto de comida. Desde allí, los van subiendo por grupos a diferentes autobuses, incluidos algunos municipales, que los trasladan directamente al CATE, junto al paso de El Tarajal. Allí son identificados y se les ofrecen dos opciones: acceder a los recursos de acogida habilitados por el Gobierno o regresar voluntariamente a Marruecos.

Alrededor de las diez y media de la mañana, la Policía, acompañada por un intérprete, ha pedido a los menores que se sentaran en las primeras filas. Muchos de ellos mostraban sus actas de nacimiento o documentos de identidad para acreditarlo. Una vez identificados, los agentes los han sacado del grupo y los han apartado a unos 200 metros del operativo, donde esperan al traslado. En el grupo también hay varias mujeres.

Durante las primeras horas no se han registrado incidentes de gravedad. En algún momento, varios jóvenes se han levantado al grito de “¡Marruecos, no!”, pero la Policía ha intervenido rápidamente y han vuelto a sentarse.

Avanzada la noche en uno de los extremos de la playa del Trampolín, Omar (nombre ficticio) había salido unos minutos de las tiendas del asentamiento para hablar tranquilo por videollamada con su familia. En la acera de enfrente, justo en la ladera de la colina, se encontró con otro chico marroquí, que acababa de hacer sus necesidades en el bosque y trataba de hablar por teléfono cuando un vehículo militar frenó en seco. Omar corrió tanto que logró esquivar a los dos soldados que empezaron a correr tras ellos, pero al otro joven lo atraparon, lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas y golpes con la porra, como queda demostrado en un vídeo publicado por elDiario.es. 

Esta agresión, confirmada con imágenes, ocurrió el 23 de septiembre. Habían pasado ocho días desde que el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de las decenas de denuncias de palizas y vejaciones como estas, publicadas en una investigación de elDiario.es. Este medio preguntó de manera insistente a su departamento de comunicación y confirmó la recepción de los mensajes —y su traslado a cargos superiores—, pero no hubo respuesta. Tampoco el departamento dirigido por Margarita Robles dio traslado de estas denuncias a la Fiscalía o el juzgado, como sí acabó haciendo este miércoles, cuando la presión sobre su cartera se incrementó tras la difusión de un informe de Amnistía Internacional que recogía parte de las denuncias incluidas en la investigación de este medio. 

Esta es solo una de las palizas que, según alertan varios agredidos, ocurrieron después del 15 de septiembre, cuando elDiario.es confirmó que el equipo de Margarita Robles tenía conocimiento de estas denuncias. Además de estos hechos, grabados el 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, frente al Trampolín, son muchos los nuevos relatos que casi cada día hombres y menores marroquíes trasladaban a elDiario.es. Amoratados, vendados o ensangrentados, al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por soldados españoles después de la publicación de la primera investigación.

“Me arrastraron por las escaleras”

La que Ahmed (nombre ficticio aunque este medio tiene su nombre y apellidos originales) lleva días intentando denunciar ante los juzgados ocurrió el 27 de septiembre, 12 días después de la publicación de la investigación de elDiario.es. El marroquí caminaba por la carretera cerca de la playa, en la zona de la Almadraba, alrededor de las dos de la mañana. “Siete soldados me detuvieron. Me registraron y me ordenaron arrodillarme”, explica el hombre cabizbajo dos días después de los hechos. 

Ahmed cuenta que los soldados le registraron. “No dejaban de preguntarme si llevaba un cuchillo o un arma; les dije que no tenía nada, y no me encontraron nada encima. Luego me agarraron, me bajaron por unas escaleras a la playa y me llevaron abajo, a la orilla del mar”, continúa el marroquí. Allí es donde, según su relato, se produjo la paliza. “Empezaron a golpearme y a patearme. Continuaron haciéndolo durante cerca de media hora y, luego, me dejaron allí tirado”, denuncia. 

Magullado y ensangrentado, cuenta, durante cerca de media hora permaneció inmóvil, tumbado en la arena en la oscuridad de la madrugada, sin poder moverse ni pedir auxilio. “Me quedé allí así hasta que por fin logré levantarme y caminar lentamente hasta aquí”, explica Ahmed en el mismo asentamiento donde aquel día encontró el apoyo de sus compañeros. Dos días después de los hechos denunciados, las marcas amoratadas aún son visibles en varias partes de su cuerpo, especialmente en la espalda. Son alargadas, compatibles con las que suele dejar el impacto por porras reglamentarias. Desde aquel día tiene dificultades para caminar. 

Ahmed cuenta con dos partes médicos que pretende presentar en los juzgados. Uno, elaborado por la ONG Médicos del Mundo, tras detallar cada una de las contusiones y heridas con las que encontraron al marroquí la mañana posterior a los hechos, concluye que “todas las lesiones son compatibles con el relato del paciente”. “Refiere haber sufrido una agresión en la zona de la Almadraba por parte de militares (dos vehículos y siete militares con uniforme verde)”, recoge el documento de la organización que cada día atiende a los migrantes en el polígono del Tarajal. “Refiere bofetada en el lado derecho de la cara que le habría tirado al suelo. Posteriormente, fue arrastrado por el pavimento y las escaleras hasta llegar a la playa. En este momento, refiere recibir fuertes golpes con elementos contundentes”, incluye el certificado emitido por la organización el 27 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El facultativo de la organización describe hematomas en los surcos de los ojos y lado derecho de la cara, “heridas erosivas” en pabellón auricular derecho, en un brazo, en el torso y en la región lumbar derecha. “Presenta contusiones que sugieren golpes con un elemento alargado contundente, compatible con la porra en región lumbar”, apunta el certificado de la ONG sanitaria. 

El segundo es un parte judicial emitido por el Hospital Universitario de Ceuta, que enumera las mismas lesiones incluidas en el certificado de Médicos del Mundo, pero sin apenas detalle. Solo incluye que los hechos ocurrieron en “la calle y la playa”. Sobre la causa de las agresiones sufridas indica “agresión sufrida por la policía”, algo a lo que Ahmed reacciona con enfado, porque asegura que él transmitió que fueron los militares quienes la golpearon.

Con toda esa documentación, Ahmed lleva días preguntando a compañeros, activistas e incluso periodistas qué tiene que hacer para denunciar de manera segura. Teme sufrir consecuencias por trasladar su caso a los juzgados, pero está decidido a hacerlo. “No nos pueden tratar así. Quiero denunciarlo y que paguen por ello porque hacer esto no es legal”, dice el hombre, aún dolorido. Este jueves llegó a la puerta de los juzgados acompañado de un voluntario, pero se dieron la vuelta al percatarse de que no contaba con un documento que acredite su identidad porque lo perdió en estos meses de vida en las calles de Ceuta. Ahora, espera a que su familia le envíe una fotografía de una copia de sus documentos para volver a intentar presentar su denuncia en los juzgados. 

Gas pimienta contra menores

Al menos tres menores fueron rociados con gas pimienta mientras caminaban por la calle, dormían o volvían de hacer la compra, como publicó elDiario.es. Nawfaly tiene 17 años y se chocó con elDiario.es justo después de ser rociado con gas pimienta desde un vehículo militar. El adolescente se retiró las gafas, que evitaron el contacto directo del producto químico con sus ojos y señaló sus cristales. En ellas se veían pequeñas gotas del aerosol esparcidas por los vidrios. Su boca y mejillas empezaban a enrojecerse como reacción al gas irritante que acababan de echarle mientras caminaba por la calle con un amigo en dirección al asentamiento donde duermen.

“Veníamos de comprar algo de comida en el Mercadona, solo estaba andando, miraba el móvil, me han lanzado el spray desde el coche. ¿Por qué nos hacen esto?”, decía el chico.

Un día después de que una patrulla de militares lanzase gas hacia Nawfaly mientras volvía de hacer la compra, Reda (nombre ficticio) regresaba este martes al campamento de la playa del Trampolín después de haber sido entrevistado por elDiario.es en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, donde intentaba registrarse como menor de edad. Cuando paseaba por las inmediaciones del Puerto de Ceuta, explica, un soldado le echó gas pimienta hacia los ojos.

Minutos después, el menor, de 17 años, escribió un mensaje a este medio: “Mientras caminaba hacia las tiendas de campaña donde duermo, unos soldados con boinas rojas me abordaron y me rociaron con gas lacrimógeno. Ahora estoy en las tiendas y siento un ardor intenso en los ojos”, alertó. Las “boinas rojas” que Reda describe coinciden con el tarbut utilizado por el Grupo de Regulares de Ceuta, una prenda de fieltro rojo de forma cilíndrica acompañada de una borla negra. En ese mismo momento, el chaval envió varias imágenes que muestran sus ojos enrojecidos, especialmente el derecho. “Eran cuatro. Cuando nos encontramos de frente con uno de ellos, me roció”, añadió. “Necesito ayuda. Me estoy muriendo por las quemaduras”. 

Era sábado y aún remoloneaba en su habitación de Sevilla, cuando Ossama abrió WhatsApp y se encontró varias llamadas perdidas y mensajes de audio enviados por su hermano Mohamed desde Ceuta. “Hermano... los soldados me agredieron. Estoy muy herido. No sé qué hacer: ¿Debería ir al bosque? Pero el bosque de Beni Younes está lejos... qué debo hacer?”, decía el primero de los audios recibidos a las 8 de la mañana, a los que ha accedido elDiario.es. “Ni siquiera siento la cabeza. Me está pasando algo en la cabeza. Podría morir en la carretera. Me sale mucha sangre. ¿Qué puedo hacer?”, añadía el hombre junto a una fotografía donde se observa su cara descompuesta, con varios golpes en el rostro y machas de sangre en la camiseta. 

Su hermano, Mohamed, acababa de recuperar el conocimiento desorientado, con la camiseta cubierta de sangre y un fuerte dolor de cabeza, en medio de un bosque en la zona de Benzú (Ceuta). El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Decenas de migrantes han denunciado con sus testimonios las supuestas agresiones sufridas por parte de patrullas de militares que recorren Ceuta cada noche, como publicó elDiario.es y ha documentado esta semana Amnistía Internacional en un informe que el Ministerio de Defensa ha acabado remitiendo a la Justicia, dos semanas después de haber tenido conocimiento de casos similares a través de las publicaciones de este medio. La de Mohamed es la primera denuncia de agresiones de militares presentada en comisaría por un migrante que se ha hecho pública hasta el momento. Los malos tratos que describe en ella podrían ser constitutivas de un delito de torturas, advierte el colectivo Border Resistance, que está acompañando al migrante desde los días posteriores a la paliza.

Según el escrito, Mohamed dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Denuncia traslado forzoso

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Jjunto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envío los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo.

Las lesiones incluyen “distintas heridas de 2-5 centímetros, locales, superficiales, dolorosas al tacto en el área occipital que requieren sutura local con grapas”. En el hospital, Mohamed explicó que había sido agredido por varios soldados españoles, con la intención de incluir esa información en el parte médico. Sin embargo, un sanitario le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según la denuncia presentada en Policía.

“No digas que fueron los militares”

Pese a que no incluye mención alguna a los militares, el parte médico coincide con las lesiones que Mohamed muestra a elDiario.es en varias fotografías realizadas el pasado 12 de septiembre, las mismas imágenes que mandó un amigo a su hermano Ossama tras salir del hospital. El pasado 29 de septiembre, el denunciante se encontró con elDiario.es en los alrededores del centro donde es acogido en Ceuta. El marroquí mostró su cabeza a este medio, ya sin grapas pero con varias cicatrices. Está mejor, dice, pero sigue teniendo fuertes dolores de cabeza.

No sale mucho del campamento porque teme un nuevo encuentro con una patrulla de militares. “Como he denunciado, me da miedo que me hagan algo o me echen por eso. Me han contado casos de otros chicos a los que, aunque estaban acogidos en un centro, les rompían la pulsera y los pegaban igualmente”, dice Mohamed. El miedo, sin embargo, no le ha impedido denunciar, pese a que es la razón que frena la visita a los juzgados de la mayoría de migrantes que, magullados, aseguran haber sufrido agresiones por parte de soldados españolas.

Ossama, el hermano de Mohamed, viajó a Ceuta en la misma noche de los hechos para tratar de ayudarle. Aunque le llevó al Hospital para solicitar un nuevo parte médico con más información, no lo consiguió: “Nos dijeron que la médica que lo había entendido no estaba y que tenía que volver al día siguiente”, lamenta el marroquí, que tuvo que regresar a Sevilla sin completar su misión.

Desde la ciudad española, Ossama muestra su indignación ante los hechos denunciados por su hermano mayor y las dificultades con las que se toparon al denunciar. “Estamos en un país donde se supone que se respetan los derechos de todas las personas. Él simplemente vino para tener una vida mejor, como tantas personas. No vino para hacer daño a nadie. ¿Por qué se permite que una persona sea tratada de esta manera?”, se pregunta el marroquí.

“Hay muchos casos parecidos, no es solo este. Imagina que finalmente le devuelven a su país y, después de todo lo que ha sufrido, queda con una lesión grave o no puede trabajar. ¿Qué futuro le queda?”, se queja desde Sevilla en conversación telefónica con elDiario.es.

“Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen tendría casa”. La frase difundida por las redes sociales de Vox tiene el mérito de resumir en pocas palabras la posición de la ultraderecha sobre el problema de la vivienda: señalar a las personas de origen migrante como culpables y extender el bulo de que tienen prioridad en la concesión de ayudas sociales. ¿Qué solución sale de la chistera? Las deportaciones masivas, sostenidas en unas cuentas de servilleta: menos población supone menos demanda; asunto resuelto. 

“La posición de Vox no es excepcional, sino que se enmarca dentro de la estrategia de las extremas derechas sobre este tema: palabras vacías y ninguna política pública concreta”, resume el historiador Steven Forti. De hecho, en una semana en la que el debate ha estado centrado en propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, el discurso de los de Abascal no ha incorporado medidas específicas, sino que se ha limitado simplemente a insistir en el problema y, si acaso, apuntar sin argumentos sólidos a los supuestos responsables: extranjeros “que llegan masivamente” y “se ponen a la cola para ser potenciales inquilinos”.

“Es pura retórica”, insiste Forti. Porque esta preocupación por el tema no se traduce en acciones de Gobierno cuando llegan al poder. Y pone el ejemplo de Giorgia Meloni, cuyo Plan de Vivienda ha consistido en facilitar los desahucios y las sanciones a los inquilinos. “Al final lo que está en sus programas son las clásicas políticas liberales de la derecha no extrema”, remata el experto en historia de los fascismos. 

“La entrada en España de tres millones de extranjeros en los últimos cinco años, combinada con la drástica reducción de vivienda disponible, ha conducido a una subida de precios de un 30% en alquiler”, afirmaba sin justificar el origen de los datos el último documento de Vox en el que se abordaba el tema, de 2025.

Hecho el diagnóstico, prescrito el tratamiento: expulsiones de millones de personas y “derogación de todas las medidas intervencionistas en el mercado de alquileres”, además de “política de mano dura con la okupación y la inquiocupación”, lo que supuestamente pondrá más pisos en el mercado.

Desde la crisis política abierta por el desahucio de Maricarmen, Vox no ha hablado una sola vez sobre los fondos buitre, la turistificación del mercado de la vivienda o la responsabilidad de las administraciones municipales y autonómicas (en cuyos Gobiernos ya participan) en el impulso de un parque público. Ni tan siquiera ha mencionado la propuesta de “créditos blandos a parejas jóvenes” para la compra de pisos que incluían en su documento y que figura en el decreto contra el que votaron en el Congreso.

Cuanto peor, mejor

La teoría del ‘cuanto peor, mejor’ es ya ADN de las extremas derechas, independientemente de las especificidades locales. Agitar el descontento de los ciudadanos, sobre todo de los menos favorecidos, les resulta rentable desde el punto de vista político, sobre todo cuando no se está en el Gobierno. La cuestión no es ofrecer soluciones, sino dirigir, con discursos incendiarios, esa frustración contra los supuestos culpables, llámense medidas ecológicas, agenda woke o migrantes, siempre en el centro de la diana. 

Su lente mezcla la xenofobia con el ultranacionalismo y disfraza de alternativa una postura que en realidad genera exclusión y marginación

Franco delle Donne — investigador, autor de 'Epidemia ultra'

“La visión de la ultraderecha sobre cualquier discusión de corte social es en el fondo nativista”, analiza Franco delle Donne, fundador del proyecto transmedia de divulgación Epidemia Ultra. “Utilizan una lente que mezcla la xenofobia con el ultranacionalismo y que disfraza de alternativa una postura que en realidad genera exclusión y marginación”, explica el también investigador en el Werkstatt für Sozialforschung de Berlín.

Convertir a los migrantes y refugiados en el chivo expiatorio de la escasez de viviendas dignas y de su exorbitante precio ha marcado las campañas del Partido de la Libertad en Países Bajos, AfD en Alemania, Fratelli d’Italia o Chega en Portugal. Siempre el mismo patrón, independientemente de las características propias de cada país.

Esta treta discursiva oculta una realidad evidente en los datos: las personas de origen migrante, en una situación de mayor precariedad e inseguridad laboral, son las que más sufren la crisis de la vivienda, porque su situación los deja más expuestos a abusos como precios excesivos, subarrendamientos o alquileres sin contrato.

El discurso puede ser todo lo demagógico que quieran, pero lo que defiende la ultraderecha es el recorte del gasto público. Sus propuestas sociales harían sonrojar a las de la austeridad de Mariano Rajoy

Steven Forti — historiador experto en extremas derechas

En España, los votantes de Vox son los que tienen una mirada más pesimista sobre el tema de la vivienda. De acuerdo con la última encuesta del CIS, el 80% de ellos cree que el acceso a la primera vivienda empeorará en los próximos años. Es el porcentaje más alto de la tabla, y supera en más de 10 puntos la media, de 67,2%. 

Algo parecido sucede con la percepción del gasto social. Ante la pregunta de si la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones, la respuesta de quienes han votado a Vox en las últimas elecciones es elocuente. Casi un 35% responde “nada”, frente a una media del 12%. 

‘Remigración’ y nativismo selectivo

“Por culpa de tus políticas de fronteras abiertas, los españoles no tienen casa en la que emanciparse o formar una familia”, increpó Santiago Abascal al presidente Pedro Sánchez en un post de X. La portavoz de la formación ultra en el Congreso, Pepa Millán, habló abiertamente de remigración, el eufemismo con el que defienden las deportaciones masivas, independientemente del estatus legal de los migrantes. 

De hecho, la diputada Rocío De Meer defendió hace unos meses, en su discurso en la cumbre supremacista Remigration Sumit 26, que se debía expulsar a todos los migrantes que hicieran uso de los servicios sociales. 

La competencia por recursos –vivienda, ayudas– es el combustible que alimenta el nativismo y el supremacismo. Echar a millones de migrantes es el paso siguiente (y complementario) de la llamada “prioridad nacional” que defiende Vox, aunque tampoco sea una idea de su propia cosecha. 

“La extrema derecha hace una distinción entre quiénes merecen las ayudas del Estado, o simplemente quiénes pueden ser sujetos de derechos, que son los que han nacido en el sitio –preferentemente, blancos y católicos– y los que no, a los que se señala como culpables de perjudicar a los 'nacionales'”, desarrolla Delle Donne. 

¿Pero qué pasa cuando hay que salir a buscar votos entre las personas de origen migrante? Pues que las categorías binarias encuentran sus grises. Franco delle Donne menciona el ejemplo de las recientes elecciones municipales en Berlín. Allí, el discurso radical que aupó a AfD en los comicios de Sajonia-Anhalt incorporaba frases susceptibles de ser interpretadas en más de un sentido, como cuando se hablaba de que la vivienda fuera solo para la “gente local”. Ante la petición de concreciones, el candidato aclaró que no hacían distinciones entre migrantes y no migrantes, sino que con 'locales' se referían a personas que llevan mucho tiempo en el lugar.  

“Ante una vivienda, el español siempre primero”, señala el documento de Vox. Sin embargo, más adelante propone “situar el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en España como principales criterios de asignación de viviendas”. Es parte del discurso de Carlos Hernández Quero, la figura del partido que busca seducir votantes en los barrios obreros de Madrid.  

Otra vez, la retórica es una, y la propuesta política, algo muy diferente. Los partidos de la ultraderecha defienden soluciones económicas de corte ultraliberal, en las que mandan el mercado y sus intereses. “Algunos, como Alianza Catalana, al punto de llenar sus listas electorales de empresarios del sector inmobiliario”, apunta Steven Forti. “El discurso puede ser todo lo demagógico que quieran, pero lo que defiende la ultraderecha es el recorte del gasto público. Sus propuestas sociales harían sonrojar a las de la austeridad de Mariano Rajoy”, remacha.

Con la presión por la crisis migratoria de Ceuta, España ha sido el único país de la Unión Europea que ha votado este jueves en contra de un nuevo reglamento de retorno que facilita la expulsión de emigrantes en situación irregular y avala la apertura de centros de deportación en países terceros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que ninguno de los migrantes llegados a Ceuta ha accedido a otro país de la UE, con lo que “el impacto ha sido cero” para el resto de los Estados miembros, durante el Consejo de Ministros de Interior que se está celebrando este jueves en Luxemburgo. Del resto de los países europeos, solo Bélgica ha votado en blanco, al igual que Irlanda, aunque este país lo ha hecho por la necesaria neutralidad al ostentar la presidencia rotatoria de la UE.

“Los acontecimientos recientes en Ceuta han evidenciado la necesidad de disponer de mecanismos específicos que permitan garantizar un retorno eficaz en situaciones de entradas masivas y tumultuosas en las fronteras exteriores. Sin embargo, el presente Reglamento no recoge medidas para hacer frente a estas circunstancias excepcionales”, señala en una declaración escrita el Ministerio del Interior para explicar la oposición de España al nuevo reglamento de retorno

En el documento, el Gobierno argumenta su rechazo a las nuevas disposiciones de retorno por “la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno; las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno; y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas”.

El nuevo reglamento de retorno establece el respaldo legal para los centros de deportación en terceros países. Sin embargo, el Gobierno de España señala “su enorme preocupación” por estos centros que “no permiten garantizar el respeto de los derechos y obligaciones de las personas que serán retornadas a un tercer país” y advierte de “un riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

El Ministerio del Interior también señala dudas legales sobre medidas como que “el internamiento deja de ser una medida de último recurso. Además, se amplía el período de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas potencialmente indefinidas. Se prevé la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal”. Ante estas dispsiciones, el Gobierno se pregunt si “en la Unión se va a permitir que se prive de libertad a personas en una situación administrativa irregular por períodos superiores a los que se aplican a criminales condenados por delitos graves”.

El ministro irlandés del ramo, Jim O'Callaghan, dijo que este reglamento complementa el pacto migratorio y de asilo y “contribuirá a la implementación efectiva, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales”.

El Consejo ha señalado en un comunicado que solo se puede cerrar convenios para establecer centros de deportación en terceros países cuando respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución, que prohíbe a cualquier país expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, libertad o seguridad corran grave peligro o exista riesgo de tortura.

Grande-Marlaska volvió a pedir al resto de países de la UE una mayor “solidaridad operativa, financiera y política” para hacer frente a las crisis migratorias, aunque también ha aclarado que ningún migrante llegado a Ceuta ha accedido a otro país de la UE. “El impacto ha sido cero”, ha reiterado el ministro del Interior, que ha defendido el papel de España en sus políticas preventivas en origen: “Las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental suponen el 17% de las llegadas irregulares a la UE, y las de Ceuta representan solo el 0,7% del total”.

Tenía 16 años, una autorización de residencia y trabajo en regla, y llevaba casi dos años viviendo bajo la tutela oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ahmed (nombre ficticio) cuenta que estaba en el puerto de la ciudad, cuando varios militares lo “retuvieron y le agredieron” (pese a que carecen de autoridad legal para ello). Él, dice, comenzó a explicarles en castellano que era menor y que vivía en un centro ceutí desde diciembre de 2024. Nada de eso impidió que, de madrugada, el adolescente fuera entregado por las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil, que lo expulsó sin expediente, sin abogado y sin la intervención de la Fiscalía ni de sus tutores, como exige la ley, según recoge el recurso contencioso-administrativo registrado por Fundación Raíces ante el Tribunal de Instancia de Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, adelantado por la Cadena Ser y al que ha accedido elDiario.es.

Según expone la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el chico fue retenido en un primer momento por miembros de las Fuerzas Armadas en el puerto de Ceuta para ser posteriormente “conducido por la Guardia Civil hasta el puesto fronterizo”, desde donde se ejecutó su expulsión sin expediente a Marruecos. “Durante todo el proceso se omitieron las garantías legales más básicas: no se incoó expediente ni se dictó resolución administrativa alguna, se privó al menor de asistencia letrada y no se notificó ni al Ministerio Fiscal ni al Área de Protección de Menores de Ceuta, entidad que ostenta su tutela legal”, sostiene la organización. Este medio ha tenido acceso a la documentación que acredita que el chaval retornado era menor, estaba acogido como tal por la Ciudad Autónoma. Esa madrugada, elDiario.es presenció en la frontera varias expulsiones realizadas por la Guardia Civil a través del mismo punto de la valla que Ahmed describe.

Desde la entrada masiva del 30 de julio, varios menores han denunciado a haber sido expulsados sin procedimiento desde Ceuta, tal y como publicó el 11 de septiembre elDiario.es, que documentó tres casos de adolescentes que habían sido retornados al país vecino. En ese momento, Interior aseguró que solo se producían “retornos voluntarios” y que la Guardia Civil no ejecutaba este tipo de retornos forzosos, sea de adultos o menores, algo que nuestra información desmentía. Pese a conocer los hechos trasladados por este medio, Interior finalmente no abrió ninguna investigación al respecto. Este es el primer caso judicializado en el que, además, se da la cirscuntancia de que ya estaba tutelado desde hace casi dos años, lo que evidencia la falta de garantías e identificación en este tipo de operativos de retorno.

Ahmed había entrado en Ceuta en diciembre de 2024, con 14 años, sin la protección de un adulto por lo que fue identificado como menor extranjero no acompañado y protegido por el Área de Protección de Menores de la Ciudad de Ceuta. Desde entonces, el adolescente fue tutelado por esta Entidad Pública, según recoge el recurso judicial.

El menor relata que en la madrugada del día 10 al día 11 de septiembre de 2026, sobre la una de la madrugada, se encontraba en la zona del puerto de Ceuta junto con otros tres chicos. En Ese momento, Ahmed cuenta que perdió de vista a dos de ellos por lo que fueron en su busca, cuando los encontraron “sentados en el suelo junto con una tercera persona adulta, retenidos por un grupo de alrededor de siete agentes de las Fuerzas Armadas españolas”. Las Fuerzas Armadas no tienen funciones policiales, por lo que no pueden detener ni identificar a ciudadanos, pese a las constantes denuncias de migrantes -muchos menores- que aseguran haber sido agredidos, retenidos e incluso trasladados a otros lugares.

En el recurso, Ahmed relata que, a su llegada, los militares “les obligaron a sentarse igualmente en el suelo y les pidieron que se identificaran”. El menor cuenta que “habló en castellano con los militares” y que “les dijo que no tenía su documentación ni su teléfono consigo porque es un menor tutelado en la Ciudad Autónoma de Ceuta y todas sus pertenencias están en el centro de menores Aljarfe”.

Los militares le hicieron algunas preguntas para confirmar esta circunstancia, según el testimonio del menor. Por ejemplo, añade, “si sabía cómo se llama la directora de su centro”, a lo que asegura que respondió con el nombre de la directora. También le preguntaron “si un barrio cuyo nombre desconoce se encontraba a la derecha o a la izquierda del lugar donde estaban retenidos”, a lo que el menor reconoce que no supo contestar. “En ese momento, como consecuencia de los nervios y de la tensión, elevó la voz y se levantó. Ante ello, uno de los militares le ordenó que se sentara y agachase la cabeza con la mirada al suelo, golpeándole con una patada al lado de sus pies para forzarle. Asimismo, recibió un golpe seco en la nuca, aunque no vio si fue el mismo agente u otro”, recoge la denuncia.

Ahmed llevaba una riñonera de color rosa que los agentes inspeccionaron, “pero al no encontrar nada sobre su identificación, la arrojaron al suelo, quedándose en el lugar”, añade el texto presentado ante el Juzgado. Según la Fundación Raíces, “hasta donde supo el menor no se realizó en ese momento ninguna gestión de averiguación o comprobación con la Administración para identificar al menor y comprobar su relato”.

Primero, un vehículo de la Guardia Civil se llevó al señor mayor y a dos de los chicos que estaban retenidos por los militares en primer lugar. Posteriormente, una media hora después, llegó una segunda patrulla del Institito Armado de la Guardia Civil para recoger a Ahmed y a otro chico a la frontera del Tarajal, todo según la denuncia. Ya en el paso, el vehículo entró por la zona donde se suelen realizar las devoluciones sin procedimiento, en el área de seguridad que colinda entre el puesto habilitado y el mar.

Cuando Ahmed se dio cuenta de que los agentes se dirigían a espulsarle a Marruecos, tras casi dos años viviendo en Ceuta, “entró en estado de pánico y comenzó a llorar reiterando una vez más que estaba tutelado por la Ciudad y que no podían expulsarle”. Los guardias civiles, recoge la denuncia, “no hicieron ninguna gestión realizaron los agentes para comprobar que el menor se encontraba bajo la protección de la administración ceutí desde hace más de un año y medio”.

Ante la oposición del menor y el ataque de pánico, uno de los agentes le agarró del brazo, le bajó del coche y le llevó a la fuerza hasta el punto de entrega donde se encontraban las autoridades marroquíes. En este punto, mientras entregaban a Ahmed a los gendarmes del país vecino, uno de los agentes de la Guardia Civil sacó de su bolsillo unos 'grilletes de lazo' y se los dio a un militar alauí, explica la denuncia. “Los soldados marroquíes le colocaron los grilletes delante de los Guardias Civiles, pero ya en territorio marroquí”, añade. La Fundación Raíces pide al Juzgado que se entreguen las grabaciones de cámaras de vigilancia en la frontera española que linda con Marruecos para probar dichos hechos.

Esa misma madrugada, elDiario.es documentó varias devoluciones realizadas en la frontera del Tarajal realizadas tal y como Ahmed describe: vehículos de la Guardia Civil -furgones y coches- se introducían en la playa de la zona de seguridad de la frontera y, colocados en paralelo a la puerta, retornaron a varias personas, tal y como este medio publicó entonces. También vio a varias personas que, ya en el lado marroquí, iban engrilletadas.

Vulneración de derechos y “vía de hecho”

Desde la Fundación Raíces señalan que la Administración actuó con una “inobservancia total” del procedimiento de repatriación previsto en la Ley de Extranjería y en su Reglamento. En la actuación tampoco se evaluó el interés superior del menor ni se tomó en consideración su testimonio antes de entregarlo al país vecino sin verificar su destino ni garantizar su seguridad.

El recurso argumenta que la intervención vulnera de forma flagrante derechos constitucionales como la integridad física y moral (artículo 15 CE), la libertad deambulatoria (artículo 17 CE) —al haber sufrido una detención ilegal arbitraria— y la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), además de contravención expresa de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Frente a la posibilidad de que la Administración argumente que la retención inicial se debió a un error de los militares desplegados, la entidad recalca que la responsabilidad recae igualmente sobre la Guardia Civil. Al ser el cuerpo que lo trasladó e hizo efectiva la devolución en la frontera, sus agentes tenían la obligación de comprobar la identidad del joven, verificar que contaba con documentación en vigor y frenar de inmediato su expulsión.

Peticiones urgentes a la Justicia

A través de este recurso por la vía de derechos fundamentales, la Fundación Raíces solicita al juzgado que declare la nulidad radical de la actuación administrativa y reconozca la vulneración de las libertades del joven.

Asimismo, la organización pide que se condene a la Administración a adoptar de forma inmediata todas las medidas necesarias para lograr la repatriación del menor a territorio español con el fin de restituir su tutela. También “se ha requerido como medida cautelar el volcado y aseguramiento urgente de las imágenes de videovigilancia de esa madrugada en la zona portuaria y el paso fronterizo antes de que sean borradas automáticamente”.

El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta documentadas por Amnistía Internacional tras los hallazgos previos de las investigaciones publicadas por elDiario.es desde hace dos semanas. Asimismo, ha encargado una investigación interna para dilucidar “responsabilidades individuales”.

La organización internacional ha denunciado este miércoles en un informe “un patrón” de prácticas como “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a personas migrantes, sin importar su edad, condición o género” en particular por “unidades de Regulares y de la Legión” contra personas migrantes que permanecen en las calles de la ciudad o en asentamientos informales tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio.

El departamento que dirige Margarita Robles ha informado de que ha remitido el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta. Además, ha trasladado que ha instado al Mando de Operaciones (MOPS) a investigar y dilucidar responsabilidades individuales “para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”.

La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género”. Según sus conclusiones, apoyadas por vídeos y testimonios de los migrantes, algunos militares “han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes —para evitar ser reconocidos— propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.

Según los testimonios recabados por la organización, y tal como relataron decenas de migrantes a elDiario.es, las actuaciones de los militares incluyen “insultos y amenazas constantes” para que abandonen Ceuta, “impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden”.

elDiario.es publicó por primera vez el caso de más cinco personas que, en distintos puntos de la ciudad, denunciaron haber sido obligados por militares a raparse la cabeza, o incluso fueron los soldados quienes les cortaron a trasquilones parte del pelo que tanto tratan de cuidarse muchos jóvenes marroquíes.

A lo largo de sus investigaciones, este medio ha preguntado al Ministerio de Defensa repetidamente sobre estas actuaciones, sin obtener respuesta. Desde Moncloa se han ceñido a reiterar su intención de abrir una investigación interna.

A través de vídeos y fotografías, Amnistía Internacional ha documentado cuerpos magullados de migrantes con lesiones que “parecen compatibles con golpes” de las porras reglamentarias. En su investigación, la ONG menciona algunos casos concretos. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban ese tipo de lesiones en la cabeza, “una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales”. Según el testimonio recabado por la ONG, uno de ellos fue “obligado a arrodillarse antes de ser golpeado”.

Un hombre marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar “tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertados y acosados por un grupo de militares mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio”, al este del puerto ceutí.

La ONG también destaca el caso de un chico marroquí y otro argelino “golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización”, según contaron los migrantes al equipo de Amnistía que visitó la ciudad del 10 al 15 de septiembre. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, contó uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional.

Una veintena de testimonios recopilados de manera directa por elDiario.es a mediados de septiembre, a los que se suma un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describieron un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad.

Estos relatos pusieron de relieve que patrullas de militares han recorrido Ceuta en busca de migrantes a los que agredir y robar dinero y teléfonos móviles, además de prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordenase con la finalidad de denigrarlos. Grupos de militares también han rociado con gas pimienta a menores mientras caminaban o volvían de comprar comida, como pudo comprobar elDiario.es en dos episodios en una semana.

Este medio también accedió y verificó varios vídeos de agresiones de militares uniformados contra personas migrantes en la ciudad autónoma ocurridos en las últimas semanas. En uno de esos sucesos, un joven que trataba de escapar por una vía próxima a uno de los campamentos de acogida del Gobierno es atrapado por un grupo de soldados que lo lanzan en la ladera de un pequeño cerro, junto a varios arbustos, y lo acaban apaleando. Las grabaciones muestran otros casos de estas palizas sistemáticas.