Digitalizar trámites es relativamente fácil, construir un Estado que funcione digitalmente es otra cosa.

Durante años la digitalización del Estado se entendió como poner formularios en línea o abrir nuevos portales web. Los procesos de Transformación Digital cambian ese enfoque, lo que introducen no es simplemente más tecnología, sino una arquitectura completa para que el Estado funcione con soporte digital. Detrás de cada interacción (trámite) digital hay un sistema de identidad digital, un expediente administrativo completamente trazable, una estructura de interoperabilidad que conecte instituciones y un conjunto de reglas de seguridad de la información que garantizan confianza. En otras palabras, la transformación digital del Estado no es un proyecto de informática: es la construcción de una infraestructura institucional que redefine cómo se toman decisiones públicas, cómo circula la información entre servicios públicos y cómo interactúan los ciudadanos con el aparato estatal.

La arquitectura invisible del Estado digital

Cuando se habla de digitalización del Estado, el foco suele ponerse en los trámites en línea. Sin embargo, los portales web son solo la superficie de un sistema mucho más complejo. Para que un procedimiento administrativo pueda tramitarse electrónicamente, el Estado necesita una infraestructura tecnológica capaz de identificar a las personas, registrar cada actuación administrativa, intercambiar información entre instituciones y garantizar la seguridad de los datos.

En el caso de Chile, la Ley 21.180 establece precisamente esa infraestructura. Lo hace a través de seis normas técnicas que definen cómo deben funcionar los documentos electrónicos, la interoperabilidad entre instituciones, los sistemas de autenticación, las notificaciones digitales, la seguridad de la información y la calidad de las plataformas tecnológicas del sector público. En otros países de la región también se han desarrollado estos marcos normativos y técnicos similares que establecen nuevas formas de operación y que van a requerir de un gran esfuerzo de gestión del cambio.

Lo que emerge de estas normas es una arquitectura tecnológica coherente que permite que los procedimientos administrativos se desarrollen completamente con soporte digital.

Un modelo por capas

Desde el punto de vista tecnológico, la arquitectura del Estado digital puede entenderse como un sistema organizado por capas.

• En la parte superior se encuentran los canales de interacción con las personas. Aquí se ubican los portales institucionales, aplicaciones móviles, formularios electrónicos y mecanismos que permiten consultar expedientes o recibir notificaciones. Es el punto de contacto entre ciudadanos y administración pública.

• Debajo de estos canales se encuentra la capa de identidad digital. Los sistemas del Estado deben poder autenticar a quienes interactúan con ellos, garantizando que cada persona acceda únicamente a su propia información y que cada actuación quede asociada a un usuario previamente identificado. Para ello se utilizan mecanismos de identidad digital (eID), en el caso de Chile, ClaveUnica para personas naturales y clave tributaria del Servicio de Impuestos Internos para personas jurídicas.

• En el centro de la arquitectura se ubica la gestión de expedientes electrónicos. Cada procedimiento administrativo se organiza en un expediente digital que contiene documentos, actuaciones administrativas, comunicaciones entre organismos y registros de cada acción realizada. Este expediente digital reemplaza a las antiguas carpetas físicas y permite reconstruir con precisión todo el historial de un procedimiento.

• Más abajo aparece la interoperabilidad entre servicios públicos. El Estado funciona como una red de organismos que deben intercambiar información para resolver problemas públicos. La arquitectura definida por la ley establece nodos de interoperabilidad en cada institución, conectados a servicios comunes que permiten compartir datos, registrar transacciones y gestionar autorizaciones para el uso de información sensible.

• Finalmente, toda la arquitectura descansa sobre una capa transversal de seguridad, calidad y gobernanza tecnológica. Las instituciones deben adoptar políticas formales de seguridad de la información, gestionar riesgos tecnológicos, monitorear incidentes y mantener ciclos permanentes de mejora de sus plataformas digitales.

Más que digitalizar trámites

La arquitectura definida por la Ley 21.180 revela algo importante: la transformación digital del Estado no consiste simplemente en digitalizar trámites existentes. Implica reorganizar la forma en que la administración pública produce información, toma decisiones y establece la coordinación con otras instituciones.

Un expediente digital cambia la forma en que se documentan las decisiones públicas. La interoperabilidad modifica la forma en que circula la información dentro del Estado. La identidad digital redefine la relación entre las personas y los servicios públicos.

En ese sentido, la transformación digital no es solo un problema tecnológico. Es una transformación institucional.

El verdadero desafío

El mayor desafío de esta arquitectura no es técnico, es organizacional. Las plataformas pueden implementarse relativamente rápido; cambiar la forma en que las instituciones trabajan es mucho más complejo. Digitalizar procedimientos implica revisar procesos, redefinir responsabilidades y modificar prácticas administrativas que se han consolidado durante décadas.

Por eso la implementación de la Ley 21.180 es, en realidad, un proceso de cambio del funcionamiento del Estado. En el diagrama siguiente se ejemplifica como debe ser el proceso de cambio, desde la arquitectura actual a la necesaria para implementar el proceso de Transformación Digital, proceso que va a tomar varios años en concluir.

Digitalizar trámites es relativamente fácil, construir un Estado que funcione digitalmente es otra cosa.

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Múltiples desafíos (ambientales, urbanos y de convivencia entre otros) frente al desarrollo y construcción de nuevos datacenter.

En las últimas semanas me ha tocado conversar con distintos medios sobre un tema que, hasta hace poco, parecía reservado a especialistas: el impacto de los datacenters. En un par de entrevistas apareció con fuerza una inquietud que ya se discute en varios países: el costo ambiental de esta infraestructura, especialmente por su consumo de energía y agua.

¿Qué está pasando afuera?

Hace poco vi el documental “Exposing The Dark Side of America’s AI Data Center Explosion”, de Business Insider. Más allá del tono provocador del título, el reportaje plantea cuestiones difíciles de ignorar:

• Una expansión acelerada y poco visible. En Estados Unidos se han construido o aprobado más de mil grandes centros de datos, a un ritmo de más de dos por semana. Lo llamativo es que no existe un registro público completo que permita dimensionar con precisión su número ni su consumo.
• Una demanda intensiva de recursos. Estas instalaciones requieren enormes cantidades de electricidad para operar y enfriar sus servidores. Lo que ha llevado al incremento en los costos de la energía en EEUU el incremento del costo de la energía eléctrica subió un 6% en 2025. En algunos casos, el consumo de agua alcanza millones de litros diarios, incluso en zonas con estrés hídrico.
• Efectos locales concretos. Comunidades cercanas reportan ruido constante y cambios en su entorno.
• Transparencia limitada. Las grandes tecnológicas suelen operar mediante estructuras corporativas complejas y acuerdos privados que dificultan conocer cuánta energía o agua utilizan realmente.

El documental sugiere algo relevante: la “explosión” de los datacenters puede no ser tan visible en las estadísticas oficiales o en el debate político, pero sí está transformando territorios, economías locales y prioridades ambientales.

La IA eleva la vara

Diversos estudios coinciden en que el procesamiento asociado a inteligencia artificial es significativamente más demandante que el procesamiento tradicional, muy ilustrador es el estudio
Hanwha Data Centers energy consomption kilowatts report, ¿Por qué?

• Mayor densidad energética. Los racks equipados con GPU —clave para cargas de IA— pueden consumir entre 5 y 10 veces más energía por metro cuadrado que configuraciones convencionales.
• Operación continua. El entrenamiento de modelos, en particular los de IA generativa, exige procesos intensivos y prolongados, muchas veces 24/7, lo que incrementa tanto el consumo eléctrico como las necesidades de enfriamiento.

No es solo “más cómputo”; es una infraestructura distinta, con perfiles de consumo radicalmente mayores.

¿Y en Chile?

Es positivo que el tema ya esté entrando en la agenda pública. Iniciativas como el Plan Nacional de Datacenters van en la dirección correcta y merecen reconocimiento. Pero el cambio tecnológico y el dinamismo del sector plantean desafíos inevitables:

• Evaluar mejor los impactos, especialmente en consumo energético e hídrico, con foco en zonas que ya enfrentan escasez de agua.
• Definir estándares operacionales más precisos, que incorporen eficiencia, resiliencia y sostenibilidad.
• Elevar las exigencias de transparencia, particularmente en variables sensibles como energía y uso de agua.

Chile necesita desarrollar esta industria. Puede ser una oportunidad estratégica en la economía digital. Pero hacerlo bien implica algo más que atraer inversión: requiere reglas claras, información pública confiable y una mirada de largo plazo.

Porque, al final, la pregunta no es si tendremos más datacenters, sino:

¿cómo aseguramos que su crecimiento no comprometa nuestro futuro ambiental y energético.

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Implementar tecnología es necesario. Rediseñar la operación es complejo. Redefinir el modelo de Estado es excepcional. Llamar “transformación” a todo puede ser políticamente rentable, pero estratégicamente riesgoso.

Cuando hablamos de modernización del Estado, solemos meter todo en el mismo saco. Pero no todo cambio es equivalente. Hay diferencias profundas —en complejidad, riesgo e impacto real— que conviene entender.

Procesos de Modernización

Analicemos los niveles en los procesos de modernización desde modernizaciones de caracter tecnológico hasta redefinciones de como debe operar el Estado.

Nivel 1 – Implementación Tecnológica

Este es el terreno más conocido —y también el más cómodo— de la transformación digital. Son iniciativas de complejidad moderada, acotadas en alcance institucional y con un valor público acotado. Apuntan principalmente a mejorar eficiencia, reducir tiempos de respuesta, automatizar tareas o reemplazar plataformas obsoletas.

Suelen ser proyectos visibles, fáciles de comunicar y relativamente sencillos de defender ante la autoridad, porque sus beneficios son tangibles: menos papel, menos tiempos de espera, más trazabilidad. En muchos casos no nacen de una visión transformadora, sino de una necesidad inevitable: sistemas legacy que ya no se sostienen, contratos que expiran, tecnologías que quedan fuera de soporte.

Aquí encontramos típicamente:

• Implementación de nuevos sistemas de gestión (financieros, RR.HH., expedientes, CRM)
• Migraciones a la nube
• Incorporación de firma electrónica
• Interoperabilidad básica entre servicios
• Digitalización de trámites existentes
• Portales web transaccionales
• Pilotos o pruebas de concepto con IA

¿El resultado? Instituciones más digitalizadas, pero que siguen funcionando bajo la misma lógica organizacional, normativa y de diseño de servicios.

Nivel 2 – Transformación del Modelo Operacional

En este nivel la transformación deja de ser tecnológica y pasa a ser organizacional. La complejidad aumenta significativamente, porque ya no se trata de “instalar sistemas”, sino de cambiar cómo opera la institución.

Aquí se rediseñan procesos, se redefinen roles, se ajustan flujos de decisión, se modifican mecanismos de coordinación interna. El foco ya no es solo eficiencia, sino experiencia de usuario, reducción de fricción, simplificación y coherencia del servicio.

Estos proyectos suelen tensionar estructuras internas: áreas que deben coordinarse de otra manera, equipos que deben adoptar nuevas prácticas, liderazgos que deben ceder control o asumir nuevos riesgos.

Ejemplos frecuentes:

• Rediseño end-to-end de procesos críticos (permisos, licencias, fiscalización, beneficios)
• Implementación de principios “digital by design”
• Aplicación del “once-only principle”
• Modelos de atención omnicanal
• Automatización inteligente de flujos institucionales
• Integración de IA en procesos operativos (no solo pilotos)
• Reconfiguración de back-office y front-office

Aquí el ciudadano empieza a notar cambios reales: menos trámites redundantes, menos vueltas innecesarias, servicios más fluidos.

Pero, aun así, el modelo institucional de fondo —las reglas del juego— permanece esencialmente intacto.

Nivel 3 – Transformación del Modelo de Estado

Este es otro juego. Ya no hablamos de proyectos, sino de procesos de cambio estructural. Se redefine cómo el Estado crea valor público, cómo se relaciona con la ciudadanía, cómo diseña confianza, derechos y servicios en un entorno digital.

La complejidad es máxima porque intervienen múltiples instituciones, marcos normativos, equilibrios políticos y arquitecturas tecnológicas transversales. Son transformaciones que alteran la lógica del sistema completo, no solo de una organización.

Ejemplos característicos:

• Revisión y rediseño de marcos regulatorios bajo modelos adaptativos
• Políticas públicas basadas en datos como estándar
• Desarrollo de arquitecturas de Estado digital
• Implementación de identidad digital integrada
• Servicios proactivos (“push”) en lugar de reactivos
• Ecosistemas de intercambio de datos público-privados
• Infraestructuras públicas digitales compartidas

Aquí el cambio impacta la experiencia ciudadana de manera radical: menos carga administrativa, servicios anticipatorios, interacciones más simples y coherentes.

Pero también emergen grandes desafíos: gobernanza de datos, privacidad, ciberseguridad, coordinación interinstitucional, sostenibilidad política.

Un ejemplo concreto

En un comentario de José (Jo) Miguel Piquer, amigo de la casa, me planteó que sería más fácil de entender con un ejemplo concreto, sus ejemplos asociados a la interacción que existe entre los ciudadanos y el Servicio de Impuestos Internos a propósito de la declaración de renta anual, me parecieron muy buenos, aquí se los dejo:

• Nivel 1 – Implementación Tecnológica: Declaración de impuestos se hace vía web en lugar de papel, pero es un formulario muy similar;
• Nivel 2 – Transformación del Modelo Operacional: El Servicio de Impuestos Internos pre-llena el formulario con información de diversas fuentes, el usuario solo tiene que validarla;
• Nivel 3 – Transformación del Modelo de Estado: Eliminamos el formulario de renta por completo y la declaración de impuestos se vuelve un trámite simple, que cualquier ciudadano puede hacer sin ayuda.

La confusión que cuesta caro

El problema es que muchas estrategias públicas celebran avances tecnológicos creyendo que están transformando el Estado. En realidad, muchas veces solo están modernizando herramientas dentro de estructuras que no han cambiado.

Y ahí está la trampa.

Digitalizar no es necesariamente transformar y modernizar sistemas no es lo mismo que modernizar el Estado.

Mientras no distingamos estos niveles —en diseño, expectativas y narrativa política— seguiremos acumulando tecnología nueva sobre modelos institucionales viejos. Más digitales, sí. Pero no necesariamente más simples, más coherentes ni más valiosos para la ciudadanía.

El presente artículo es una adaptación para el sector público de algunas ideas planteadas por Rob Llewellyn y la incorporación de algunos elementos incluidos en el estudio de Modernización del Estado 1990-2023 en el que me tocó participar.

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Aquí les dejo el informe Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence, Anthropic 2026

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El Estado produce cada vez más datos, pero sigue comunicándolos como si estuviéramos en 1985: correos largos, informes en Word y páginas de tablas que casi nadie lee.

Ayer recibí un correo del área de comunicaciones de un servicio público, en este caso fue el Consejo para la Transparencia, pero ojo esta es una práctica bastante habitual en el Estado. El mensaje venía acompañado de un informe en Word y un texto relativamente largo en el cuerpo del mail que intentaba explicar los resultados de una fiscalización sobre transparencia en las subsecretarías.

Nada particularmente extraño. De hecho, es exactamente el tipo de comunicación que el Estado ha enviado durante décadas. Y justamente ahí está el problema.

El correo contiene información relevante: mejoras en los niveles de cumplimiento, algunas subsecretarías con resultados destacados y, al mismo tiempo, brechas persistentes en materias sensibles como adquisiciones, contrataciones e información presupuestaria. Son datos importantes, porque hablan directamente de cómo el Estado gestiona recursos públicos y de la capacidad de la ciudadanía para fiscalizarlo.

Formato Inadecuado

Pero el formato elegido termina diluyendo ese mensaje.

Para entender realmente qué ocurrió hay que leer varios párrafos y luego abrir un documento Word adjunto con decenas de páginas. El lector debe hacer un esfuerzo considerable para llegar a algo que, en realidad, podría explicarse en pocos segundos si estuviera bien presentado.

Esto refleja una forma de comunicar muy arraigada en el sector público: la idea de que comunicar consiste básicamente en enviar el informe.

Pero comunicar no es distribuir documentos. Comunicar es hacer comprensible la información.

En este caso el problema no es la calidad del trabajo técnico. El informe tiene datos interesantes y evidencia un trabajo serio de fiscalización. El problema es que ese trabajo queda escondido detrás de un formato que responde más a la lógica administrativa que a la lógica de la comunicación.

Además hay otro detalle no menor: enviar documentos Word por correo es una práctica cada vez más cuestionada por razones de seguridad. Muchos sistemas institucionales incluso bloquean este tipo de archivos externos porque pueden contener macros o código malicioso.

Una posible solución

Hoy lo razonable sería enviar un enlace, un PDF o —mejor aún— una visualización web.

Lo interesante es que resolver este problema hoy es extraordinariamente simple. Tomé el mismo informe y lo pasé por un LLM con un buen prompt para transformarlo en una infografía que resumiera los hallazgos principales. El proceso completo tomó unos pocos minutos.

En una sola imagen se puede ver inmediatamente el nivel de cumplimiento, las subsecretarías que mejoraron, los sectores con mayores brechas y las áreas donde persisten problemas. Es decir, lo esencial del informe.

Los informes técnicos deben seguir existiendo. Son necesarios para el detalle, para la trazabilidad y para la revisión exhaustiva de los datos. Pero no deberían ser el punto de partida de la comunicación pública.

El orden debería ser otro: primero la visualización clara de los hallazgos, después el documento técnico como respaldo.

Buena práctica

Una buena práctica hoy sería algo tan simple como esto:

• Primero, un resumen visual —una infografía o dashboard— que permita entender en segundos los resultados principales.
• Luego, un enlace al informe completo para quien quiera profundizar.
• Y finalmente, los datos abiertos disponibles para análisis más detallados.

Tres capas de información, pensadas para distintos tipos de lectores.

El Estado produce mucha información valiosa. El desafío ya no es producir más documentos, sino hacer que esa información realmente se entienda.

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