Una vez publicada la cifra oficial del déficit, un dato que finalmente se fue al 8,51% del PIB frente al 6% esperado, ahora el Gobierno debe aprobar lo antes posible el techo de gasto para 2012 con vistas a elaborar sus cuentas y concretar nuevos ajustes o eventuales recortes. Sin embargo, antes, necesita saber cuál será el límite de déficit que impondrá Bruselas, lo que el Ejecutivo confía en conocer en los próximos días y que, tal y como dejó entrever la semana pasada el comisario europeo de Economía, Olli Rehn, será más suave que el 4,4% actual. Según ha anunciado hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el Gobierno aprobará el techo de gasto este viernes en el Consejo de Ministros, con lo que da prácticamente por hecho que el dato llegará antes y mete presión a Bruselas para que facilite una cifra en días.

No obstante, el calendario que maneja el Ejecutivo no coincide con el que tiene la Comisión Europea, que hoy ha vuelto a hablar de "semanas" por boca del comisario Rehn, quien también ha recordado que los procedimientos que imperan en Bruselas son los que son y no se pueden incumplir. En un plano más político, que es al final quien puede obligar al Ejecutivo comunitario a alterar sus protocolos, los líderes europeos sí podrían analizar el tema del déficit español este jueves en el Eurogrupo, tal y como ha confirmado esta mañana a la Cadena Ser su presidente, Jean Claude Juncker. "Seremos capaces de encontrar una solución", ha dicho Juncker antes de destacar que están "muy satisfechos de los esfuerzos realizados por el Gobierno español".

El Gobierno calcula el techo de gasto a partir de las previsiones macroeconómicas (como crecimiento e inflación) y entre las que también está la del déficit público. El ministro Montoro se negó ayer a aventurar una cifra, dado que la última palabra en este aspecto corresponde a Bruselas. Sobre este punto, una vez incumplidos lo objetivos de 2011 y a tenor de la dificultad añadida que supone la recaída en recesión para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal, la Comisión Europea está dispuesta a flexibilizar ligeramente las metas de déficit, que según el actual plan de estabilidad debería volver al límite del 3% en 2013. Hoy, según ha informado Beteta, el Ejecutivo espera que la Comisión Europea mueva ficha en los próximos días y comunique una cifra para poder aprobar el techo de gasto ya este viernes.

"La lógica de las cosas hará que las instituciones comunitarias y el Gobierno alcancen un acuerdo (sobre el déficit), que se plasmará en los presupuestos de este ejercicio. Se supone que Bruselas, conocidos los datos del avance de liquidación, hará la correspondiente indicación en estos días, que quedará recogida en el techo de gasto de este viernes (...) Dentro de cuatro días se sabrá la cifra", ha apuntado en declaraciones a RNE.

Beteta ha recordado que el objetivo de déficit del 4,4% del PIB para este año se pedía pensando en que la economía española iba a crecer. Sin embargo, la nueva previsión hecha por Bruselas y que tiene posibilidades de empeorar apunta a una contracción del PIB español del 1%. Ante este escenario de fuerte deterioro económico, el esfuerzo que supone reducir el desfase presupuestario del 8,5% al 4,4% (el equivalente a unos 44.000 millones), representa una clara amenaza que podría agravar la recesión. Por este motivo, el Gobierno, que aprobó medidas nada más llegar al poder para reducir el gasto y mejorar los ingresos por unos 13.000 millones, aboga por fijar una nueva meta que esté ligeramente sobre el 5%.

"No es el mismo resultado el que se puede tener cuando hay una previsión de crecimiento de la economía que cuando hay decrecimiento negativo, porque en el primer caso se esperaría una evolución positiva en los ingresos y en el segundo caso, no", ha insistido el alto cargo del Ministerio de Hacienda.

Después de aprobarlo este viernes, el Gobierno llevará el techo de gasto al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que, según Beteta, será convocado para principios de la próxima semana. Luego irá al Consejo Nacional de Administración Local y a las Cortes Generales. Con respecto a una nueva subida de impuestos, Beteta ha señalado que "no se lo plantean" porque incrementar el IVA supondría "un lastre para el desarrollo económico".

Así, dado el mandato superior que el Consejo Europeo ejerce sobre la Comisión, sí hay acuerdo podrían disiparse las reticencias de Rehn. En este punto, fuentes de Moncloa han confirmado a EL PAÍS que las negociaciones ya están en marcha.

Juncker ha señalado que el Eurogrupo, donde están los ministros de Economía de los países del euro y que se reúne horas antes que el Consejo Europeo, examinará con "calma y serenidad" la situación de España. El también primer ministro de Luxemburgo ha indicado que es esencial que el Ejecutivo español no dé la impresión de que desea ignorar los compromisos de consolidación presupustaria. En su opinión, sin embargo, ese riesgo no existe porque España se ha mostrado "muy firme" en su intención de mantener el rumbo de la consolidación.

Precisamente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, podrá explicar a sus colegas en la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona del jueves convocada para hablar de Grecialas causas del desfase del déficit, que finalmente se ha ido al 8,51% del PIB a cierre de 2011.

En caso de que no se establezca en los próximos días un nuevo objetivo de déficit, el Gobierno deberá fijar el techo de gasto y, en consecuencia, elaborar los presupuestos con el desfase presupuestario máximo del 4,4% y programar un durísimo plan de ajuste para reducir el déficit desde el 8,51% con el que cerró 2011.

A la espera de lo que pueda pasar en la reunión del jueves, Bruselas mantiene su discurso oficial: "En primer lugar, necesitamos plena información sobre el desvío fiscal de 2011 y los motivos de este desvío y, en segundo lugar, necesitamos plena información sobre el borrador de presupuesto y las medidas concretas previstas de consolidación fiscal para este año 2012", ha explicado Rehn. "Cuando tengamos esa información, y confío que sea en las próximas semanas, durante el mes de marzo, podremos entonces examinar si España está tomando medidas eficaces para garantizar la sostenibilidad estructural de sus finanzas públicas", ha añadido.

En todo caso, Rehn ha admitido que la revisión de los objetivos fiscales es "una de las cuestiones clave en la política económica y presupuestaria europea del momento y por supuesto para España y su política económica, sostenibilidad fiscal y crecimiento económico". “El Pacto de Estabilidad no es estúpido, se centra en la sostenibilidad estructural de las finanzas públicas y este será nuestro foco cuando hagamos el análisis", ha insistido Rehn. Y ha recordado que los ministros de Economía de la UE, incluido el español Luis de Guindos, reafirmaron la semana pasada que "todos los Estados miembros deben continuar respetando sus compromisos de acuerdo con las reglas del Pacto de Estabilidad".

Nacido en la localidad francesa de San Juan de Luz en febrero de 1939, fue ministro de Economía y Hacienda entre 1982 y 1985, en el primer gobierno socialista de Felipe González.

Boyer, que abandonó el PSOE en 1996 tras apoyar públicamente el programa del PP, está casado con Isabel Preysler, con quien tiene una hija.

La zona euro quería inicialmente celebrar esa cumbre al final de la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que tendrá lugar el jueves y el viernes. Pero no habrá finalmente reunión en vista de la falta de acuerdo. La no convocatoria supone una señal negativa adicional acerca de los planes de Alemania con respecto a los mecanismos de rescate. A pesar de que la UE ha dado luz verde a las sucesivas demandas de Berlín (con un mayor control de los presupuestos, las reglas constitucionales para limitar el déficit y demás), el Ejecutivo de la canciller Angela Merkel no cede en aspectos esenciales de la estrategia europea para suavizar la presión en los mercados de deuda pública. A pesar de que incluso el G-20 y el FMI han reclamado a Alemania que flexibilice su posición. Berlín no cede ahora con la agregación de los dos fondos de rescate -que daría lugar a un nuevo bazooka de unos 750.000 millones de euros, con competencias para invertir en el mercado de deuda e incluso de recapitalizar bancos si fuera necesario-, como anteriormente no lo ha hecho con la posibilidad de emitir Eurobonos o de que el Banco Central Europeo (BCE) combre bonos soberanos en grandes cantidades.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ya reconoció el lunes que era poco probable que los países de la zona euro lograran convencer a Alemania hasta el viernes para que aceptara el refuerzo de los dos mecanismos de rescate de países en dificultades.

La comisión de control no ha llegado a trabajar en ningún momento, porque el TC la detuvo cautelarmente en octubre. Los parlamentarios socialdemócratas Peter Danckert y Swen Schulz (SPD) interpusieron una querella contra el sistema elegido por el Gobierno de Angela Merkel para agilizar las decisiones relativas al fondo de estabilidad. Consideran, y el TC les ha dado la razón, que lesiona los derechos del conjunto de los parlamentarios. La comisión de nueve miembros debía reunirse en secreto y se componía de parlamentarios de la Comisión de Presupuestos, a su vez formada por 41 diputados.

En septiembre, el TC dio luz verde a la participación alemana en los fondos de estabilidad europea y en los rescates griegos, que según el fallo no vulneran las prerrogativas del Bundestag. Pero en la misma sentencia, el alto tribunal exigió a los Gobiernos alemanes que respeten los controles parlamentarios cuando asuman riesgos o decidan desembolsos extraordinarios en Europa.

Estos arrestos se han producido en el marco de una operación internacional contra el ciberdelito coordinada por Interpol, denominada Exposure, en la que ya han resultado imputadas diez personas en Argentina, seis en Chile y cinco en Colombia. Las detenciones se han producido en Madrid, en dos casos, y en Málaga y en Pontevedra.

Según informó la Policía Nacional, los activistas apresados son los presuntos responsables de ataques denegación de servicio (DDoS), que consiste en coordinar miles de visitas a una web hasta bloquearla) y defacement (sabotear una página cambiando su imagen o apariencia) a páginas web de partidos políticos, instituciones y empresas. Se han intervenido 25 PCs, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento, que están siendo analizados por los agentes, y bloqueados dos servidores en Bulgaria y la República Checa.

Los detenidos

Los investigadores identificaron y detuvieron en Málaga a F. J. B. D., conocido como Thunder o Pacotron, presuntamente encargado de administrar y gestionar la infraestructura informática utilizada por Anonymous en España e Iberoamérica, principalmente. Los servidores que administraba, alojados en la República Checa y Bulgaria, servían presuntamente a los acusados de elemento básico de comunicación seguro para la coordinación de sus miembros de cara a la planificación de nuevos ataques. Disponía además de un chat privado que precisaba de un certificado de acceso que solo podía conceder él como administrador.

Los datos obtenidos permitieron igualmente a los agentes la identificación de J. M. L. G., Troy, presunto autor material de los ataques más destacados y filtraciones reivindicadas por Anonymous en España, que fue arrestado en Madrid. Entre estos ciberataques estarían la publicación de datos personales de miembros de la Policía Nacional destinados en la Casa Real, la escolta del Presidente del Gobierno, el Grupo Especial de Operaciones, y de la líder de UPyD, Rosa Díez. También se le atribuyen los ataques deface de páginas web de partidos políticos en las que aparecían unos colmillos sobre las imágenes de sus dirigentes.

A estos dos arrestos se suman el de J. I. P. S., detenido en Madrid, quien colaboraba estrechamente con J. M. L. G., y el de un joven de 16 años, presuntamente integrante de un grupo internacional de hacking conocido como sector 404, a quien se relaciona con los ataques reivindicados por este grupo.

Los detenidos, a quienes se atribuyen los delitos de asociación ilícita, daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos, contaban con elevados conocimientos informáticos.

La última operación

La última operación policial contra Anonymous en España que se saldó con detenciones se produjo en junio de 2011 cuando fueron arrestados tres presuntos integrantes de esta plataforma en Almería, Alicante y Barcelona.

Tras aquella operación la Policía Nacional dio por "desarticulada la cúpula de la organización hacktivista Anonymous en España". Posteriormente, el comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), Manuel Vázquez y el comisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal José Luis Olivera, precisaron en rueda de prensa que "no se trata de una cúpula jerárquica, sino de una cúpula funcional".

El portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Siria, Saleh Dabakeh, confirmó por su parte que Conroy abandonó el país, sin que su organización tuviera nada que ver con su marcha, si bien no pudo precisar si Bouvier también ha conseguido salir del país árabe.

Un responsable de la organización Human Rights Watch (HRW) en Líbano aclaró también que la operación para evacuar a la francesa todavía sigue en marcha, por lo que no hay nada confirmado, pero pidió la mayor cautela para impedir que su salida pueda frustrarse. Mientras, el canal de televisión catarí Al Yazira ha informado de que, según fuentes de la seguridad libanesa, la francesa también ha conseguido cruzar la frontera y llegar al territorio de Líbano. Este último extremo no estaba, pese a todo, nada claro. El Gobierno francés ha declarado que desconoce dónde se encuentra la periodista herida en Homs. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó no tener confirmación de la salida hacia Líbano de Bouvier.

Ambos periodistas resultaron heridos el pasado día 22 junto al periodista francés William Daniel por los bombardeos del Ejército sirio sobre el barrio de Bab Amro en Homs, donde perecieron la reportera estadounidense Marie Colvin y el fotógrafo francés Rémi Ochlik.

Durante los últimos días, el CICR ha mantenido negociaciones con las autoridades sirias para evacuar a los civiles heridos en Homs, entre ellos los periodistas extranjeros, aunque las conversaciones se habían estancado. En el último mes, Homs ha sido escenario de una ofensiva militar que todavía prosigue y que está castigando especialmente al barrio de Bab Amro.

Pero, el duque de Palma llegó al prestar declaración a los juzgados de la capital balear como lo que es, duque, esposo de una Infanta y yerno del Rey, con todos los movimientos estudiados por un grupo de asesores que le recomendaron ofrecer esa apariencia de normalidad y cercanía, andando, y dirigiendo unas palabras, aunque breves, a los medios de comunicación.

La designación de Mario Pascual causó cierta sorpresa. Forma parte de un importante despacho de Barcelona pero no se le conoce participación en casos de trascendencia pública, al margen de la defensa que hizo de los responsables de la empresa que trabajan en las obras del metro que provocaron el hundimiento del barrio barcelonés del Carmel. Entonces, su trabajo también se extendió más allá del juzgado y acompañó en sus clientes a la comparecencia ante la comisión de investigación que el Parlamento catalán.

En poco más de un mes, Mario Pascual se ha convertido en la voz del yerno del Rey, tanto dentro como fuera del juzgado. En casos con imputados “famosos”, suelen ser ellos mismos quienes realizan largas declaraciones o acuden a programas de televisión para defender su imagen. Cuando los implicados son políticos, sus partidos o los cargos de las instituciones a las pertenecen son los encargados de desarrollar esa defensa pública. En este, Mario Pascual es portavoz y “asesor jurídico”, tal como señaló el propio Urdangarin, que no ha contado con el apoyo público de su familia, al menos de la política y al margen de las imágenes de la visita que la Reina hizo a la familia Urdangarin en Washintong a principios de diciembre. Y el apoyo del resto de los Urdangarin, ha sido privado.

En lo que incumbe al procedimiento, el abogado se ha andado con mucho tiento. Sostuvo que los “errores que haya podido cometer” Iñaki Urdangarin son "errores administrativos" y no quiso confirmar si durante el interrogatorio, este fin de semana, el duque reconoció que Torres le "robó". “Dios me libre de decir algo de una persona que está en el procedimiento y que además no tengo el gusto de conocer", llegó a afirmar. Dentro, después de un interrogatorio récord, el abogado apenas formuló cinco preguntas a su defendido, según se refleja en el acta de la comparecencia judicial.

A caballo entre la defensa legal y de la imagen pública del duque, el abogado aseguró que Urdangarin “no tiene ninguna cuenta en Suiza ni hay ningún tipo de relación con ninguna cuenta o banco fuera del territorio nacional, más allá de las que tenga en Estados Unidos por su trabajo". Y sus palabras sobre que “si él ha hecho cosas que no son correctas, las reconocerá y en su caso pedirá las disculpas que correspondan”.

Más fluidas han sido las declaraciones que apuntan a la defensa pública. Llegó a entrar en un cruce de declaraciones cuando la Casa del Rey consideró que el comportamiento del esposo de la Infanta Cristina era “poco ejemplar” y contestó con un “él está preocupado y apesadumbrado, y un poco indignado por lo que está saliendo en los medios”. Sin embargo, las referencias a la monarquía han sido, a partir de entonces, más suaves y siempre exculpatorias. Urdangarin “atendió escrupulosamente” las órdenes de su suegro, el Rey don Juan Carlos”, dijo cuando se supo que este había ordenado al duque de Palma que cesara sus negocios, ha dicho en reiteradas ocasiones aunque no tantas como que la Infanta Cristina "no tiene nada que ver".

Planellas era uno de los “proveedores” habituales del Instituto Nóos, del que cobró entre 2004 y 2007 por su trabajo en distintas ediciones del Forum Illes Balears y del Valencia Summit. Por ambos proyectos, los Gobiernos balear y valenciano pagaron 5,8 millones al entramado del duque de Palma y su socio.

En su declaración como imputado ante el juez José Castro, Urdangarin explicó que su primer encuentro con Torres tuvo lugar, precisamente, en ESADE. El yerno del Rey era alumno de Administración y Dirección de Empresas, y Torres, uno de sus profesores. La relación fuera de las aulas se fraguó en el verano de 2002, cuando el duque propuso a él y a otros profesores de la escuela la organización de una consultoría para Octagon, una de las primeras empresas donde trabajó el marido de la Infanta.

En 2003, Urdangarin pasó a presidir el instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro de Torres, que había permanecido como una célula durmiente durante cuatro años. Fue entonces cuando Nóos comenzó a obtener dinero de Administraciones públicas y del sector privado. Desde entonces, se estrechó también el vínculo entre las actividades de Nóos y algunos profesionales de ESADE, como Planellas, a quien la investigación considera uno de los “proveedores” habituales de Nóos.

Una de las facturas de Planellas, por importe de 10.000 euros, fue girada contra De Goes Center for Stakeholder, SL, la filial española de la empresa instrumental que Urdangarin y su socio usaron, presuntamente, para blanquear capitales. “Como era la última factura que tenía con ellos, me dijeron que si quería cobrarla tendría que remitirla a esa empresa”, explicó ayer a este diario el secretario general de ESADE, que cobró sus honorarios de esa empresa por “actividades de consultoría”.

Planellas cobró los 128.000 euros en tres años —entre 2004 y 2007— por su trabajo en distintas ediciones del Forum Illes Balears y del Valencia Summit. Por ambos proyectos, los Gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps pagaron 5,8 millones al entramado del duque de Palma y su socio.

“Esto es un incentivo para que la negociación sea más rápida”, explica Marcel Jansen, profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, que cree que este es un límite muy amplio y sería mejor un plazo más corto. También Jesús Terciado, presidente de las pequeñas y medianas empresas, cree excesivo este periodo adicional fijado en la reforma.

Contrario a la reforma, Vicenç Rocosa, secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CC OO, cree que además de perjudicial este cambio es innecesario: "Los convenios no tardan tanto en renovarse". Tradicionalmente son pocos los que tardan dos años en renovarse. Pero la crisis ha entorpecido la negociación colectiva en los últimos años. Hasta este mes hay 593 convenios no renovados que caducaron en 2088, 2009 y 2010, según UGT.

Rocosa, en cambio, sí que admite que la reforma empeora. "Está claro que el tiempo corre en nuestra contra. Pero si ahora la parte empresarial se niega a negociar, habrá conflicto laboral. Hay que intentar no llegar al abismo".

"Tenemos que negociar todo lo rápido que se pueda", abunda Jesús Guadix, representante de UGT en la enseñanza concertada, que advierte de que su retraso en la negociación tiene que ver con los recortes que inició el Gobierno en mayo de 2010.

Ambos sindicalistas son conscientes de que la reforma laboral debilita su posición. Los convenios de ámbito superior, el sectorial estatal o el Estatuto de los Trabajadores, fijan unas condiciones laborales mínimas que suelen mejorarse en los pactos autonómicos, provinciales o de empresa.

Pero su situación puede deteriorarse más. La redacción del decreto ley no aclara que pasará con las condiciones laborales de los trabajadores cuyos contratos se basan en el convenio si este no se renueva y cambia la referencia. "Habrá que esperar a la jurisprudencia o al trámite parlamentario", analiza Jesús Lahera, profesor de Derecho Laboral, "hasta ahora cuando se renovaba un convenio con condiciones inferiores al anterior, normalmente los derechos adquiridos de los trabajadores ya contratados se consolidaban en su contrato. Pero esto era así porque se pactaba".

Para Tomás Sala-Franco, el nuevo plazo temporal era innecesario porque son pocos los convenios prorrogados durante mucho tiempo. Además, este catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia usa un argumento similar para criticar el otro cambio de calado que la reforma laboral ha introducido en la negociación colectiva: la jerarquía de los convenios de empresa sobre el resto. Para él, antiguo presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, han sido muy pocas las ocasiones en que un pacto firmado en una empresa ha chocado con uno provincial o estatal.

En este punto coinciden sindicatos y empresarios: a ninguna de las dos partes les gusta. Poco antes de la reforma laboral, UGT, CC OO, CEOE y Cepyme suscribieron el pacto de moderación salarial donde se recomendaba el impulso de los acuerdos de empresas, pero siempre de acuerdo, y exigiendo que no hubiera cambios en la legislación anterior, que permitía a los agentes sociales situar por encima los convenios estatales y autonómicos.

"Nos preocupa lo que puede pasar en las empresas de menos de 10 trabajadores, que van a tener problemas para tener un convenio sólido”, explica Terciado, líder de Cepyme y vicepresidente de CEOE, que admite que con el pacto firmado antes de la reforma con los sindicatos perseguían conservar los convenios provinciales.

De momento, este cambio ya ha provocado choques importantes entre el Gobierno y los agentes sociales. La semana pasada el Ministerio de Empleo retuvo la publicación del convenio sectorial de la construcción, pese a ser previo a la reforma, porque dicta la prevalencia de este texto sobre cualquier otro. Al final, Empleo rectificó.

Para Jansen, de la Universidad Autónoma, "es un paso adelante para flexibilizar los convenios". Aunque como en el caso de la prórroga automática, defiende otra opción como óptima: aumentar los umbrales de representatividad de los firmantes de los convenios para que sus condiciones vinculen a todas las empresas y trabajadores de un sector. También los autónomos pedían cambios en la cobertura de los convenios. Lorenzo Amor, presidente de ATA, pide que en la tramitación parlamentaria se excluya a los autónomos de la negociación colectiva "como en toda Europa, menos en Finlandia".

Esto para Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, sería pernicioso. Este cambio, junto con los cambios en flexibilidad interna, “abre una dinámica salarios a la baja y de rebaja del número de trabajadores protegidos por convenios”.

A las acusaciones del PP ha replicado de inmediato la portavoz socialista, Soraya Rodríguez. “¿Cómo puede decir el Gobierno que no apoyamos cuando ha tenido nuestro voto para la reforma del sistema financiero y ellos no nos ayudaron en nada, su oposición fue un no continuo?". Esta es la pregunta que se hace Rodríguez aunque hay que recordar que también el PP apoyó el comienzo de la reforma bancaria aunque, en efecto, primó el no en todas las medidas económicas contra la crisis.

No hay duda de que el PSOE sí quiere ayudar al Gobierno a que la autoridad europea flexibilice la exigencia de reducción del déficit hasta el 4,4 %, habida cuenta de la imposibilidad de alcanzar ese objetivo una vez producida la desviación del 6% previsto al 8,51%. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido una ampliación del calendario desde hace meses. “Estamos junto al Gobierno apoyando ese objetivo pero estamos en contra de una reforma laboral injusta y desequilibrada”, explica Soraya Rodríguez.

Los socialistas defienden su derecho a “estar en la calle”, como también lo estuvo el PP contra medidas del Gobierno. “Ellos también se manifestaban”, han zanjado. Sí, lo hicieron si no convocando, sí apoyando a los organizadores de protestas contra el Gobierno de Zapatero en materias educativas, de las víctimas del terrorismo, contra el matrimonio homosexual o la ley del aborto. El PSOE hasta ahora no ha convocado manifestaciones, sino que ha apoyado a los sindicatos en su protesta contra la reforma laboral.

Contra esta habrá recursos de inconstitucionalidad anunciados por el PSOE y por los sindicatos aunque el grupo de IU-ICV- Izquierda Plural pretende que los grupos parlamentarios que se oponen a la misma vayan juntos al Constitucional. El portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha anunciado este intento de formar un frente, además de llevar al ánimo del resto de los grupos la necesidad de rechazar la proclividad del Gobierno de gobernar a golpe de decretos-ley. “Quieren convertir al Parlamento en un notario que simplemente da fe de lo que hacen, rompiendo el equilibrio de los poderes del Estado”, acusa Coscubiela. En estos dos meses de gobierno del PP se cuentan cinco decretos-ley.

Pero la posibilidad de frentes comunes no se vislumbra cercana. El grupo de las minorías de la izquierda no puede por sí mismo presentar el recurso de inconstitucionalidad, al requerirse la firma de 50 diputados. En principio el PSOE tiene previsto actuar en solitario.

El otro asunto que ha centrado su comparecencia es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es una de las promesas estrella de Rajoy. La vicepresidenta ha anunciado que se va a acelerar. Por lo que ha apuntado, va a ser muy ambiciosa y se presentará el 17 de abril en Brasilia, ya que España participará allí en un foro internacional Open Government, un proceso que lideran EE UU y Brasil para fomentar la transparencia de los gobiernos. España es uno de los pocos países de Europa que no tiene una ley de este tipo. La vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno pretende ponerse "a la vanguardia mundial" en este asunto. La propia elaboración de la ley será novedosa.

En abril se abrirá un proceso para que los ciudadanos puedan opinar a través de las webs del Gobierno. "Todas las personas publicas y privadas que tomen decisiones que afectan a los ciudadanos tendrán obligaciones claras de publicidad activa. Habrá un portal de la transparencia. Y la ley planteará unos principios éticos generales". Dentro de la Ley de Transparencia el PP también colocará otro asunto muy polémico que no está directamente relacionado con la transparencia sino con la gestión y la voluntad del Gobierno de forzar a todos los gestores a buscar el control del déficit. "No serán solo recomendaciones. Habrá sanciones. Reformaremos el Código Penal para establecer sanciones de inhabilitación para quienes incumplan los objetivos de deuda o déficit, asuman gastos sin respaldo presupuestario u oculten facturas", ha señalado la vicepresidenta.

Los familiares de las víctimas están contentos por la absolución, pero no le perdonan al Supremo el tiempo que les ha hecho perder el procesamiento de Garzón. La sensación, repetían todos ayer, es agridulce. Como cuando se abren las fosas comunes del franquismo y junto al alivio de saber por fin dónde estaba tirado su padre, su madre, su hermano o abuelo, se mezcla el dolor que provoca que las viudas, madres o hijos de los fusilados hayan muerto sin ver su nombre en una lápida.

Las pruebas de un crimen se recogen, se custodian, a veces se pierden y otras, se mueren. Este último es el caso de las víctimas del franquismo, señalaba ayer Emilio Silva, nieto de fusilado y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “El Supremo nos ha hecho perder mucho tiempo con el procesamiento de Garzón y tiempo es lo que no tienen los familiares de las víctimas. Se han destruido muchas pruebas porque desde que se inició este proceso ha muerto gente que podía llevarnos a abrir fosas del franquismo”.

Murió con 97 años el pasado 15 de febrero Julia Manzanal, que en las cárceles franquistas que habitó por su condición de roja vio morir a su bebé en brazos y cómo a otras madres les quitaban a los suyos para entregarlos a familias adeptas al Régimen. También falleció en noviembre del año pasado, con la misma edad, Trinidad Gallego, compañera de prisión de Julia, y testigo como ella del robo de niños, que Garzón cifró en 30.000 solo en los primeros años del franquismo. “Ningún juzgado me ha escuchado”, declaró a este diario, tiempo antes de morir.

Murieron testigos sin haber contado a un juez lo que vieron, y murieron también muchas víctimas sin que un tribunal recogiera su testimonio y, en el caso del robo de niños, una muestra de ADN que cotejar si la investigación llevaba a ese hijo sustraído. Fallecieron después de una lucha de muchos años. Como Jesús Pueyo, que en 1977 ya escribía cartas al Rey pidiendo ayuda para localizar a sus siete familiares fusilados y que murió en enero con 90 años y a menos de un mes de ser llamado a declarar en el Supremo para contar la terrible historia de su familia.

“Cada vez es más difícil encontrar a ancianos de 90 años que te digan: ‘junto a aquel chopo enterraron al hijo del zapatero…’ Eso lo sé yo y lo sabían también los jueces del Supremo”, lamentaba ayer Antonio Ontañón, que sí tuvo oportunidad de revelar a los magistrados el resultado de 30 años de investigación.

María Martín, la anciana que, rodeada de togas y con un hilo de voz, relató al tribunal el pasado 1 de febrero cómo en 1936 fusilaron a su madre, opinaba ayer: “Estoy muy contenta de que hayan absuelto a Garzón, aunque haya sido de aquella manera, que parecía que salía del tribunal con las manos puestas en la cabeza. Me da mucha pena que deje de ser juez. Yo sigo sin que nadie me diga que puedo recoger los restos de mi madre. Tengo 81 años”.

Los denunciantes pedirán al Supremo que resuelva “de urgencia” el asunto sobre la competencia de las fosas, todavía pendiente. Prácticamente todos los jueces territoriales han archivado las causas. Solo los de Granada y El Escorial las devolvieron a la Audiencia Nacional por entender que se trataba de crímenes contra la humanidad. La sentencia absolutoria apunta a que la opinión del Supremo es que los jueces no tienen nada que aportar en este asunto: “La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria, pero corresponde al Estado y no al juez”.

Las víctimas anuncian un gran homenaje a Garzón. Muchas se han sumado a la querella en Argentina. “Confío más en aquella justicia que en la mía”, confesaba Fausto Canales, hijo de fusilado.

No, yo no he relatado esa historia; quiero aclararlo para quienes estos últimos meses oyeron de boca de Antonio Lozano que yo había escrito un libro en el que contaba su vida. Antonio Lozano creía que a su yerno le habían dado un premio por un libro que relataba su historia. Y lo iba diciendo por ahí con orgullo, con satisfacción, con esa alegría que le entra a uno cuando se ve justamente recompensado. Pero lo cierto es que no era así, que yo no escribí en ese libro la historia de Antonio Lozano.

Ya me hubiese gustado hacerlo. Que más hubiese querido yo que oír de primera mano y relatar luego la vida de Antonio Lozano. De ese joven que en 1936 abandonó su pueblo de Granada con sus padres y hermanos y que después sobrevivió a la carretera de la muerte, que huyó con su familia desde Málaga hacia Almería caminando y escondiéndose de las bombas que masacraban a las columnas de civiles. Qué no daría yo por haber podido contar la historia de ese chaval que mintió sobre su edad para poder alistarse como voluntario en el Ejército de la República, que luchó en varios frentes y que terminada la guerra oyó lo que muchos otros: que podían volver tranquilos a sus casas, a sus pueblos, que había paz en España.

Antonio Lozano regresó en 1939 a su pueblo. Lo sabemos con certeza. Pero sobre lo que le ocurrió en los siguientes seis años apenas tenemos su hija y yo datos dispersos. Muy pocos. Antonio Lozano vivió en esos años de paz en España una experiencia tan demoledora, tan tremenda, que la borró de su memoria de tanto ocultarla después, cuando fue liberado y se instaló en Jerez.

No quería Antonio Lozano que se supiese que había estado primero preso y luego en un campo de concentración. No quería que nadie conociese su historia de represaliado, y se empleó a fondo en conseguirlo. Hasta tal punto lo logró, que su hija, ya entonces licenciada en Historia, se quedó pasmada un día, hace solo veinte años, cuando oyó a su padre referir que lo habían encarcelado al terminar la guerra, que las había pasado canutas después en un campo de concentración.

La hija de Antonio Lozano pudo atar cabos a partir de ese momento. Empezó a entender por qué su padre mentía a veces cuando alguien le preguntaba de qué localidad de Granada provenía. Y rescató de la memoria algún episodio. Como uno del que ella había sido testigo al poco de morir Franco. Fue en el pueblo de su padre. En una reunión de amigos y familiares, la charla evocó la guerra civil y algunos recordaron padecimientos y otras historias. Entonces, Jiménez, que aún vive y compartió cárcel y campo de concentración con Antonio Lozano, se quitó la camisa y enseñó los verdugones que le cruzaban la espalda.

En 1945, superviviente del maltrato, Antonio Lozano llegó a Jerez. Tuvo la suerte de que un teniente coronel de los batallones disciplinarios se lo llevase con él y le diese trabajo durante años. Hasta que él mismo hizo camino y acabó abriendo una tienda de comestibles en la ciudad que muchos vecinos de Icovesa recordarán. Una tienda que ofrecía precios populares y en la que todo el mundo era bien atendido por Antonio Lozano y por su esposa.

Antonio Lozano era un hombre honrado. Tenía dentro esa honradez republicana que aprendió de los discursos que oía cuando era un joven soldado, de las enseñanzas de otros presos en la cárcel de Granada. Probablemente marcado por haber vivido como prisionero, bajo la bota militar franquista, desde los 19 a los 25 años, Antonio Lozano era, en fin, un hombre en alerta, esclavo de un pasado demasiado cruel. Y había aprendido que para sobrevivir en la dictadura tenía que callar, moverse con cautela, ocultar de dónde venía.

Les tenía miedo Antonio Lozano. Temía caer de nuevo en sus manos. Por eso callaba cuando cada Navidad unos policías acudían a su tienda y se llevaban jamones y un buen surtido de todo lo que les daba la gana. Por eso le pidió a su hija que le hiciese caso y se casase por la Iglesia cuando ella le anunció su boda civil. Cuidado, que siguen ahí.

Cuando a principios de los noventa el Gobierno que presidía Felipe González decidió conceder una indemnización a los represaliados por el franquismo, la hija de Antonio Lozano presentó la solicitud. Le respondieron que su padre no alcanzaba el mínimo de tres años encarcelado para poder ser indemnizado, que los años de estancia en un campo de concentración, en los llamados batallones disciplinarios, no contaban. Con esa respuesta, Antonio Lozano dio en pensar que era mejor seguir disciplinadamente callado, que ni siquiera la izquierda sabía ya en este país qué había sucedido en la posguerra. Años después, la Junta de Andalucía también quiso indemnizar a los represaliados y entonces sí que contaron los años de trabajos forzados. Antonio Lozano fue indemnizado. Pero también entonces algo le dijo que debía seguir callado, que era mejor ser cauto. Porque ocurrió que meses después, lo llamaron de Hacienda y le reclamaron una parte de la indemnización. Le reprocharon que no hubiese declarado ese ingreso y Antonio Lozano se vio tratado como un defraudador y se convenció definitivamente de que recordar el pasado solo le traería complicaciones.

De modo que Antonio Lozano prefirió seguir ocultando. Y no quiso ni acudir a un homenaje a los represaliados en El Puerto de Santa María cuando fue invitado por la Junta de Andalucía y su hija lo animaba a que, como otros, él contase su historia. No te fíes, respondió, siguen ahí.

Hace pocos años, Antonio Lozano asistió a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Y luego vio cómo el juez Garzón abría una investigación sobre los crímenes del franquismo, de los que él fue testigo directo como superviviente de un campo de concentración en el que muchos morían extenuados y enfermos, incapaces de soportar el trato al que eran sometidos por los militares vencedores.

No obstante, Antonio Lozano siguió callado, prudente, en alerta. Pero tal vez algo le caló de ese intento de resarcir a las víctimas, porque el caso es que el pasado septiembre, en cuanto supo que a su yerno le habían premiado un libro, salió a la calle y comenzó a decirles a todos que yo había escrito su historia y que me habían dado un premio. Su cuidadora le explicó varias veces que no era así, que el libro hablaba de los sucesos de Casas Viejas, de otro asunto. No hubo manera. El hombre que durante décadas escondió su pasado y que ni siquiera se sintió seguro en democracia, ese hombre por fin se mostraba orgulloso de su historia y de que fuese aireada. Nayis, su cuidadora, recuerda que estos últimos meses, Antonio Lozano repetía feliz en la barbería, en el parque, en el bar y en casa y en todas partes que yo había escrito su historia. Para entonces, hacía ya un tiempo que andaba con la cabeza perdida, que tenía lagunas y a veces ni reconocía a la gente.

El pasado enero, una mañana, Antonio Lozano falleció en su casa de pronto, en unos segundos. Murió creyendo que habías escrito su historia, me recuerda Nayis de vez en cuando. Se libró finalmente del terror, Antonio Lozano. Pero para lograrlo, tuvo que pagar el precio de perder la memoria. Solo así, con 92 años, recuperó su juventud perdida, esa olvidada Historia de España que tanto molesta a tantos. La nunca reconocida y verídica historia del joven soldado republicano.

Tano Ramos. Periodista. Autor de El caso Casas Viejas.

Si bien se señala que “el problema está presente en todas las regiones” del planeta, la JIFE menciona especialmente a Brasil, México, EE UU, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Sudáfrica, donde a veces “la capacidad de las fuerzas del orden puede parecer insuficiente para responder al nivel de delincuencia organizada”. El documento resalta los avances que se han producido gracias a "iniciativas combinadas”  en países como Colombia, El Salvador y Brasil, enfocadas a la inclusión y participación de los habitantes marginados mediante innovaciones urbanísticas, educacionales y policiales. También se destaca como experiencia “única en su género” la transformación en Cataluña de una banda delictiva de inmigrantes latinoamericanos en una organización cultural. No se citan nombres, pero se trata de los Latin Kings, convertidos en Asociación Cultural de Reyes y Reinas Latinos de Cataluña.

El informe alerta asimismo del aumento de las agresiones sexuales y la inducción a la prostitución mediante drogas suministradas a las víctimas sin su consentimiento. Señala que es un fenómeno de mayores dimensiones de lo que se suponía, aunque pocos países le prestan la atención necesaria.

Tal es el caso del psicotrópico Rohypnol o flunitrazepam -de la familia de la benzodiazepina-, un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central originando cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Su comercialización ha sido prohibida en EE UU. No obstante, los delincuentes están empleando otros alternativos que no están sujetos a control internacional o al menos a una vigilancia estrecha, con lo que se adquieren más fácilmente.

En Europa, un millón de personas se sometieron a tratamientos por consumo de drogas en 2010. El 20% de los pacientes era mayor de 40 años, promedio de edad que, según el documento de la ONU, está aumentando. El cannabis, seguido de la cocaína, son los estupefacientes de mayor consumo en Europa. España e Italia siguen figurando entre los países de mayor demanda de cocaína. Asimismo, se está reduciendo el consumo de éxtasis, pero al mismo tiempo aumenta la diversificación de sustancias psicotrópicas aún no fiscalizadas en el mercado clandestino. La comisión de expertos de Naciones Unidas habla de “una cantidad sin precedentes“ al referirse a 41 nuevas sustancias. Pone como ejemplo que “en Alemania fue descubierto por primera vez en 2010 un laboratorio dedicado a la fabricación ilícita de cannabinoides sintéticos”.

El 23 de enero de 2012 se cumplió el centenario de la aprobación de la Convención Internacional del Opio, el primer tratado de fiscalización internacional de drogas. La JIFE lo considera “piedra angular” en la lucha contra estas sustancias y recuerda que, a principios del siglo XX, solo China consumía 3.000 toneladas de opiáceos, mucho más que el consumo mundial actual. Aunque empiezan a escucharse desde altas esferas políticas voces que abogan por una revisión de las estrategias prohibicionistas, la JIFE mantiene su firme rechazo a cualquier tipo de legalización de las drogas.

El informe dedica un capítulo entero a Bolivia, y rechaza ”la legislación boliviana que permite cultivar y consumir la hoja de coca para fines no médicos, en particular para la masticación de hoja de coca y para la producción de té de coca”, dado que “va más allá de lo permitido en la Convención de 1961”. El presidente de Bolivia, Evo Morales , exsindicalista cocalero, dio un paso “sin precedentes” el año pasado al denunciar dicha Convención, la cual, a su juicio, atenta contra una tradición arraigada en los pueblos andinos basándose en “un estudio ni serio ni científico”. El mandatario boliviano ha anunciado que viajará el 12 de marzo a Viena para defender una vez más el derecho al cultivo de coca. La JIFE no solo teme que la liberalización del cultivo lleve a un aumento del comercio mundial de cocaína, sino también que este precedente inspire a otros países a revocar las convenciones vigentes y debilite la estrategia establecida a nivel mundial contra las drogas.

Justo después de la medianoche la policía dio cinco minutos a los acampados para quitar sus tiendas y retirar sus enseres de la zona. La mayoría de las personas que permanecían acampadas obedeció a la orden pero unos 50 o 60 activistas permanecieron en el campamento.

El Gobierno municipal de Londres asegura que cumple las órdenes del Tribunal Superior de Londres, que indicaba que el desalojo de la zona era "legal y justificado". Sin embargo, los miembros del movimiento reivindicaban que la orden del tribunal concierne solo a la retirada de tiendas y equipos pero que conservan el derecho de estar en el lugar.

Cuando se conoció la decisión judicial de hace una semana, las autoridades londinenses lanzaron una especie de ultimatum al campamento. "Esperamos que los manifestantes retiren las tiendas de forma voluntaria. Si no, y condicionado a los procedimientos de apelación, estudiaremos de qué forma podemos aplicar la sentencia", declaraba Stuart Fraser, un alto cargo de la Corporación de la City de Londres.

George Barda, uno de los acampados ha asegurado, en declaraciones recogidas por la BBC, que tenía “emociones encontradas”. “Este no es el principio del fin, sino el fin del principio”, ha asegurado parafraseando unas palabras pronunciadas por Winston Churchill en 1942 tras la batalla de El Alamein.

Tras el desmantelamiento del campamento, sus ocupantes han improvisado una asamblea a la que se han unido cientos de personas que han acudido a la zona. De momento, los organizadores han convocado a través de su cuenta de Twitter una asamblea general para decidir el futuro del movimiento y han anunciado que las acciones no pararán. Además, desde Occupy London han llamdo a concentrarse ante las embajadas británicas de todo el mundo para mostrar el rechazo al desalojo.

La cifra de negocio de Vueling alcanzó los 856,17 millones de euros, lo que supone una mejora del 8,4% respecto al año anterior, cuando facturó 789,6 millones. El grupo ha informado de que ha logrado aumentar la caja disponible en 2011 hasta los 246,5 millones, 39,5 más que en 2010, lo que permite contar con "una sólida posición financiera" y no tener endeudamiento. La ausencia de deuda se debe a que la compañía carece de activos, puesto que todos sus 48 aviones (12 más que en 2010) están en régimen de alquiler.

El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y alquileres (Ebitdar) alcanzó los 124,8 millones de euros, un 22,3% menos que el año pasado, mientras que el beneficio operativo llegó a los 11,3 millones, un 81% menos. La compañía ha logrado remontar durante el segundo semestre los malos resultados del primero, cuando perdió 19 millones. "Se debe a un verano magnífico", ha asegurado Cruz.

La aerolínea logró en 2011 un récord de pasajeros, con 12,3 millones, un 11,6% con respecto a 2010. El factor de ocupación de sus vuelos mejoró en 2,4 puntos porcentuales, hasta el 75,6%. Este porcentaje se sitúa a medio camino entre las aerolíneas low cost, cuya ocupación supera el 80% y la de las aerolíneas tradicionales, que están sobre el 65%, ha explicado el consejero delegado. Tanto el incremento de pasajeros como la mejora de la ocupación obedecen a la apertura de las nuevas bases de Toulouse y Amsterdam y a la operativa con Iberia desde Madrid. La operativa con Iberia en Madrid ha funcionado "de manera exitosa" en el periodo, con niveles de puntualidad del 81%. La operación, que concluirá en marzo de 2012, coincidiendo con la entrada en servicio de la nueva filial Iberia Express, ha contribuido a los ingresos unitarios de la compañía.

Vueling alcanzó una cuota de mercado del 23% en los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Bilbao, donde es líder. La aerolínea ocupa el tercer puesto entre todos los aeropuertos de París y el quinto en Roma Fiumicino.

Previsiones

De cara a 2012, el grupo tiene previsto seguir incrementando su actividad "de forma rentable" con crecimiento, recorte estructural de costes ("afecta a todas las áreas, con una previsión de 14,2 millones de ahorro", ha asegurado Cruz) optimización de ingresos y con la firma de nuevos acuerdos interline con otras aerolíneas. Concretamente, aumentará su oferta en asientos entre un 20% y un 25% en 2012 y prevé incrementar los pasajeros de conexión hasta alcanzar un millón tan solo en El Prat.

Parte de este incremento se conseguirá absorbiendo el agujero que ha dejado la quiebra de Spanair, un pastel por el que también lucha la aerolínea irlandesa Ryanair. Cruz calcula que durante el ejercicio en curso puede ganar de una tacada entre tres y cuatro millones de pasajeros de antiguas rutas de Spanair. Spanair tenía unos seis millones de asientos en las rutas y mercado que interesan a la Vueling, de los que se quedará, prevé, entre un 50% y un 60%.

Respecto a las nuevas rutas, la aerolínea descarta de forma inmediata volar a destinos africanos que cubría Spanair, como Mali o Bamako, "por falta de acuerdos bilaterales", pero sí confía abrir nuevas rutas en el norte del continente. A largo plazo, el objetivo es, según Cruz, "no dejar ningún rincón rentable de Barcelona sin cubrir". Cruz también ha desmentido que Vueling esté aumentando sus tarifas en destinos como Baleares o Canarias: "Responde a análisis no exhaustivos, no hay diferencias sustanciales, salvo los aumentos que puede haber en fechas muy cercanas a los vuelos o cuando estos van llenos". De media, asegura, en 2011 el coste medio de los billetes cayó en dos euros.

Bolsa

Tras el anuncio de los resultados de 2011, las acciones de la aerolínea llegaron a caer esta mañana hasta un 4% en el Mercado Continuo. Los títulos de la aerolínea se cotizaban a las 10.37 horas a 4,63 euros, tras oscilar entre un valor mínimo de 4,61 euros y un máximo de 4,84 por título.

Fuentes judiciales informaron a Efe de que el juez Timothy Brewer del Alto Tribunal de la ciudad de Auckland emitirá su decisión a la apelación de la fiscalía, mañana miércoles.

Dotcom fue detenido el 20 de enero en su mansión en las afueras de Auckland, junto a otros tres directivos de Megaupload en el transcurso de una operación policial internacional que incluyó el cierre de su portal de descargas en Internet.

La fiscal que representa al Gobierno estadounidense, Anne Toohey, dijo hoy que el tratado de extradición entre Washington y Berlín incluye una cláusula que permite a Alemania procesar a sus ciudadanos en territorio alemán, según la emisora Newstalk ZB.

Toohey también recordó que Dotcom tiene dos pasaportes con diferentes identidades y acceso a fondos que no han sido confiscados.

Por su parte, el abogado de Dotcom, Paul Davison rebatió la tesis expuesta por la fiscal y reiteró que no hay riesgo de que su cliente se de a la fuga.

Dotcom ha mantenido su inocencia y ha asegurado que no tiene la intención de abandonar el país en el que por medio de la justicia tratará de recuperar los bienes que le han sido confiscados.

El informático de 38 años, a quien se tilda de ser un excéntrico millonario, compareció ante el Tribunal vestido de negro, con una gorra y gafas de sol, acompañado de su esposa y varios amigos, según la prensa local a la que declinó hacer declaraciones.

Dotcom fue detenido la víspera de su cumpleaños junto al alemán Mathias Ortmann, de 40 años y cofundador del portal; Finn Batato, de la misma nacionalidad, de 38 años y responsable técnico del portal, y el holandés Bram van der Kolk, de 29 años y jefe de programación.

Dotcom pidió la libertad condicional pero dos magistrados se la denegaron en dos ocasiones, el pasado 25 de enero y el 3 de febrero, pero la semana pasada otro juez del tribunal del distrito de North Shore se la concedió con una serie de condiciones.

Estas incluyen, entre otras, la vigilancia electrónica, la prohibición de acceder a Internet o a su helicóptero personal, así como la de alejarse a una distancia de 80 kilómetros de su vivienda, que es aledaña a la mansión donde fue detenido.

Por su lado, Ortmann, Batato y Van der Kolk sí obtuvieron la libertad provisional días después de su detención.

El próximo agosto está previsto la celebración de la primera vista del proceso judicial de extradición de los cuatro ejecutivos de Megaupload.

Estados Unidos quiere juzgar a un total de siete ejecutivos de Megaupload, entre ellos los cuatro detenidos en Nueva Zelanda por piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.

A Megaupload se le atribuye haber causado más de 500 millones de dólares (373 millones de euros) en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías.

La decisión de Soriano radica en "las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias de prueba" que se están practicando. El magistrado del Supremo cree "necesario" continuar manteniendo el secreto parcial de las actuaciones en los mismos términos que en el auto dictado el pasado enero.

Por la Operación Campeón sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico gallego Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape.

Dentro de la causa investigada por la juez de Lugo Estela San José, Dorribo acusó a Blanco en distintas declaraciones de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.

El empresario, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la juez.

El título está extraído de un comentario que le hizo un interrogador al periodista Ahmad Zeidabadi, detenido durante las protestas que siguieron a la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad en 2009. “Nos han ordenado aplastarte y, si no cooperas, podemos hacer lo que queramos contigo”, le dijo, según relató su esposa más tarde.

El texto analiza la creciente propensión al control, la censura y la vigilancia de la información a la que los iraníes pueden acceder bien a través de los medios tradicionales o de los electrónicos. Según la organización de derechos humanos, esa tendencia se ha incrementado significativamente ante las elecciones parlamentarias del próximo viernes y está contribuyendo al deterioro de los derechos humanos en Irán.

“Hasta 2009, antes de las elecciones, solía vivirse cierta relajación y [el régimen] permitía una mayor libertad de expresión que no estamos viendo en estos comicios”, explica a EL PAÍS Drewery Dyke, especialista en Irán de Amnistía, en conversación telefónica. Al contrario, “ahora las limitaciones que afectaban a las libertades de expresión y reunión han entrado en las salas de estar y los dormitorios de los iraníes a través de las medidas para controlar Internet”, añade.

“Hace apenas dos semanas se ha oficializado la unidad de ciberpolicía con capacidad de llevar a cabo detenciones, lo que significa acelerar y expandir las controles al ámbito privado”, señala el analista. Según recuerda el informe, esas restricciones fueron sancionadas en la Ley de Delitos Cibernéticos de 2009 que extiende a Internet y las publicaciones electrónicas los castigos del Código Penal y de la Ley de Prensa. No es mera teoría. AI ha documentado el caso de Ashkan Delanvar, el primero en ser juzgado bajo esa ley por facilitar antifiltros y enseñar a usarlos. Delanvar fue condenado a 10 meses de cárcel, pero ha huido de Irán y pedido asilo en Europa.

“Queremos decir a los nuevos diputados que esto no es tolerable y recordarles que dentro de dos semanas va a reunirse el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, apunta Dyke.

En su opinión, esas limitaciones envían un mensaje claro que ha venido reforzado por lo que considera un “hecho preocupante”, la extensión de los tentáculos del brazo represor del régimen fuera del país. El pasado 17 de enero, responsables iraníes detuvieron a la hermana de una empleada del servicio en persa de la BBC y la encerraron en una celda de aislamiento de la cárcel de Evin. Además de tener que grabar una confesión antes de ser liberada bajo fianza, la mujer fue obligada a facilitar su contraseña de Facebook. Agentes de los servicios secretos utilizaron la clave para presionar a su hermana en relación con su trabajo en la BBC.

“El objetivo es claramente minar y dictar su información y sus fuentes”, interpreta Dyke, quien desde el cierre del informe ha conocido otro caso parecido. Cuando el periodista Mohammad Rahbar acudió a la Embajada de Irán en Malaysia para renovar su pasaporte, fue informado “de forma educada” de que debía evitar promover el boicot a las elecciones y ser más cuidadoso en sus referencias al líder supremo. De momento, no ha recibido su nuevo pasaporte.

Son los últimos incidentes de una larga lista de casos que se recogen a lo largo de las 71 páginas del informe y que presentan un panorama bastante desolador de la falta de respeto a los derechos humanos en Irán. “La mayoría de los juicios son terriblemente injustos, en particular los que tienen lugar ante tribunales revolucionarios”, denuncia AI. La organización recuerda que la mayoría se celebran a puerta cerrada, sin que los acusados tengan acceso a un abogado y apenas duran unos minutos. Según el testimonio de algunos abogados defensores, los jueces reciben instrucciones de los servicios secretos que han supervisado los interrogatorios y aceptan como prueba confesiones extraídas bajo tortura.

“Cientos de presos políticos y de conciencia están actualmente detenidos o encarcelados, aunque es difícil facilitar cifras precisas [debido al] secretismo que rodea las detenciones, la dificultad de obtener información sobre encerrados en prisiones fuera de las principales ciudades, la falta de acceso de los detenidos a sus familias y abogados, y las presiones que sufren los familiares para que no hablen de la detención de sus seres queridos”, resume el devastador informe.

Entre los casos más conocidos se encuentran los de los líderes opositores Mir-Hosein Musaví y Mehdi Karrubí, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario desde que el año pasado pidieron permiso para celebrar una manifestación de apoyo a las revueltas en Túnez y Egipto. “No se ha presentado ningún cargo contra ellos y la decisión de mantenerlos detenidos parece estar en manos del líder supremo”, denuncia AI. Las autoridades iraníes, que aseguran respaldar el “despertar islámico” de sus vecinos árabes, han endurecido, según esa organización, la represión interna para “impedir que los iraníes aireen sus peticiones de mayor responsabilidad y respeto por sus derechos”.

En un correo electrónico fechado el 5 de diciembre enviado a George Friedman, consejero delegado y fundador de la empresa, Reva Bhalla -directora de análisis de Stratfor y analista senior para Oriente Próximo, Sudeste asiático y Latinoamérica-, habla de una fuente "muy bien conectada que trabaja con Israel" y que revela las críticas del equipo médico ruso sobre el primer tratamiento de Chávez en junio de 2011, cuando fue operado de un "abceso pélvico" en La Habana.

Los médicos rusos se quejaban de que los cubanos no tienen el equipo apropiado para tratar a Chávez y les acusaban de haberle realizado una "cirugía incorrecta" la primera vez para tratar de extraerle el tumor. Pocos días después, este equipo ruso fue el encargado de la segunda intervención de "limpieza" en la zona pélvica de donde le sacaron un "bola del tamaño de una pelota de béisbol", según describió el mismo Chávez. Es por ello que los rusos dan menos de un año de vida al mandatario. Los cubanos le dan dos.

El presidente ha dicho que se siente mucho mejor de ánimo para afrontar esta nueva amenaza a su salud, y  a pesar de las recomendaciones de que se operara en Brasil, ha vuelto a elegir La Habana para hacerse la nueva intervención.

El informante revela -según el correo- que el tumor de Chávez comenzó como un "crecimiento cerca de la próstata y se extendió al colon". Cita a fuentes médicas confiables que señalan que el cáncer se ha propagado a los nódulos linfáticos hasta la médula ósea.

Chávez, actualmente en La Habana para someterse a otra cirugía hoy o mañana al detectársele hace más de una semana una "lesión" de dos centímetros en el mismo sitio de donde le fue removido el tumor, es un "mal paciente", señalan los médicos, según reseña el e-mail. Fuentes del equipo médico citadas en el correo por la analista dicen que Chávez, "no escucha a sus médicos e interrumpe el tratamiento cuando va a realizar alguna aparición pública".

Aquí entra la versión de que el mandatario venezolano buscó la ayuda de medicina "natural" china, que recibió un abierto rechazo por el equipo chino. "Solo Chávez puede tener el equipo médico más politizado del mundo", dice Reva Bhalla.

¿Elecciones sin Chávez?

Los correos electrónicos filtrados por Wikileaks están fechados entre julio de 2004 hasta finales de diciembre de 2011. Por eso, en este correo sobre el futuro de Chávez y Venezuela, aparece el gobernador de Zulia, Pablo Pérez, como el que tiene más opciones de ganar las internas de la oposición, celebradas el 12 de febrero y en las que finalmente se alzó victorioso el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonsky.

De parte del oficialismo, el nombre más mencionado en el correo electrónico de la analista es el de Nicolás Maduro, quien fuera el ministro de Exteriores de Chávez. "Maduro es un perro leal a Chávez y es visto como el más pragmático del régimen. Si la salud de Chávez empeora de forma significativa antes de las elecciones previstas para octubre de 2012, esperen que proclame a Maduro como su sucesor, de una u otra forma", comenta la analista. A su juicio, el nombramiento de Maduro como candidato "sería menos arriesgado a que Chávez vaya a las elecciones, las gane, muera repentinamente y se desate una férrea lucha por el poder dentro del Partido [Socialista Unido de Venezuela]". Dice que Rusia y China apoyan a Maduro, pero que La Habana prefiere a Adán Chávez, hermano mayor del mandatario.

"Maduro es visto más como un candidato tipo Lula. Tiene seguidores, carisma y también es una persona que equilibra. Es el tipo de hombre que podría abrirse a Estados Unidos y mantenerse cerca con el resto, lo que pone nervioso a Irán", comenta la analista.

En un apartado Bhalla escribe sus impresiones sobre el estamento militar venezolano: "¿Adivina quienes han sido los más colaboradores con nosotros últimamente? La elite militar", dice la analista en el correo en el que asegura: "Han estado viviendo la buena vida. Aman las mujeres... aman las bebidas, son fáciles de sobornar. No les importa Chávez, les preocupa mantener sus actuales estilos de vida".

Según el correo de la analista, son estos militares quienes se han acercado a ellos, tratando de aislarse de un escenario sin Chávez. "Es por ello que vemos a Chávez invirtiendo mucho tiempo y dinero en desarrollar las milicias. Son su mejor póliza de seguro".

Los últimos sondeos reflejan un empate técnico entre ambos candidatos. El elaborado por Rasmussen Reports le da a Romney dos puntos de ventaja con un margen de error de cuatro puntos. Otra encuesta, elaborada por Public Policy Polling, le otorga también dos puntos de ventaja con un margen de error de 4,8. El equipo de Romney no esperaba invertir tanto dinero y tiempo en Michigan como lo ha hecho, dado que este es un Estado que Romney ganó cómodamente en las primarias de 2008, frente a John McCain.

Hoy también se celebran comicios en Arizona, pero allí las encuestas le dan a Romney una ventaja más cómoda. La Gobernadora de aquel Estado, Jan Brewer, apoyó públicamente a Romney el domingo, algo que podría aumentar su ventaja respecto a Santorum. En Michigan hay 30 delegados en juego. En Arizona, 29. Aun así, tanto Santorum como Romney sólo han recorrido el primer Estado frenéticamente en los últimos días.

Romney ha viajado en autobús desde el noroeste al sureste, desde la zona turística de Traverse City al corazón industrial de Detroit. En todas sus paradas ha instado a los ciudadanos a depositar su voto hoy, a sabiendas de que su victoria depende de una alta participación. Sus bases suelen estar menos motivadas que las de Santorum, un candidato que apela directamente a la ultraderecha y al movimiento del Tea Party.

“Mañana [por hoy] podemos dar el primer paso para recuperar la grandeza de América. Podemos dar el primer paso hacia un futuro mejor. Necesito vuestra ayuda, necesito que salgáis a votar”, repitió ayer Romney en tres mítines en diversos puntos del Estado.

Aunque Santorum no gane hoy, los avances que ha logrado en este Estado, en el que ha obligado a la campaña de Romney a invertir casi dos millones de dólares en publicidad, le confirman como una fuerza formidable dentro de las primarias republicanas. Según dijo ayer su asesor John Brabender a la cadena de televisión CNN: “Ya hemos ganado... No importa cuáles sean los resultados, hemos ganado ya. Este es el Estado en el que nació Romney”.

El grupo de medios que edita el Abc y varios periódicos regionales comunicó anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que acababa de recibir un requerimiento notarial dirigido a los administradores de la empresa para que convoquen una junta extraordinaria en el plazo de dos meses con tres puntos en el orden del día: cese de los actuales miembros del consejo de administración, reducción del número de miembros del consejo y nombramiento de nuevos consejeros.

El requerimiento ha sido efectuado por seis accionistas de Vocento que controlan un 20,6% del capital de la empresa. Entre dichos accionistas está la sociedad Lima, controlada por la familia Bergareche, que controla un 9,8% del capital; la firma Bycomels Prensa, sociedad de la familia Urrutia que tiene un 8% del capital de Vocento: la Sicav Doniños de Inversiones, propiedad del empresario Manuel Jove, antiguo dueño de Fadesa, con un 1,55 y el grupo Kiluva, dueño de Naturhouse, y otras sociedades controladas por el empresario Félix Revuelta, con un 1,4%.

Los Urrutia y los Bergareche están en el consejo de Vocento, pero la voz cantante la llevan la familia Ybarra y los Luca de Tena. La batalla se puso de manifiesto con motivo de la aprobación del informe anual de gobierno corporativo de Vocento. José María Bergareche y Víctor Urrutia se abstuvieron por no compartir las respuestas relativas al funcionamiento y composición del consejo. Ahora, se abre una batalla en que ambos grupos tratarán de sumar apoyos.

Según fuentes próximas al consejo, Bergareche y Urrutia anunciaron en el turno de ruegos y preguntas de la reunión del consejo celebrada este lunes que iban a realizar el requerimiento de una junta extraordinaria. Consideran que la empresa no funciona de forma adecuada y que la culpa es del consejo, que no ejerce el liderazgo necesario, lo que ha provocado un cambio continuo de consejero delegado.

Las pérdidas y la negativa evolución bursátil hacían necesaria esta actuación, según la opinión de los accionistas disidentes. Su pretensión es reducir el tamaño del consejo y aumentar el peso de los consejeros independientes, pero dando cabida a los principales accionistas, entre ellos las familias Luca de Tena, Ybarra, Bergareche y Urrutia. Los promotores de la junta creían que no bastaba con la sustitución del actual presidente, Diego del Alcázar, sino que creían necesaria una sacudida en toda regla.

El enfrentamiento venía larvándose en el seno del accionariado, pero el detonante final han sido los resultados de 2011, en los que Vocento ha sufrido unas pérdidas de 53,5 millones de euros, frente a los números rojos de 9,7 millones de 2010.

En los resultados ha pesado el deterioro del fondo de comercio asociado al diario Las Provincias por importe de 30 millones (21 millones después de impuestos), las indemnizaciones por despido (15,2 millones netos) y la regularización de créditos fiscales (8,1 millones).

El diario Abc, con un resultado bruto de explotación (EBITDA) negativo de 16,97 millones, los canales de TDT y la radio son los negocios que lastran al grupo.

Los primeros cómplices son sus padres, Julián Isla y Lucía Miranda. “Sergio nos ha dotado de capacidades que antes no teníamos”, afirma Isla, de 39 años, quien preside la Fundación Síndrome de Dravet. Miranda, de 42 años, se encarga de los cuidados del niño. Sergio no puede estar solo en ningún momento porque en una de sus crisis —algunas llegan a durar horas— podría morir o sufrir graves secuelas. Por eso, su madre tuvo que dejar su trabajo en una empresa de traducción. Ahora planea volver después de que Xergio completara su primera misión: encontrar un colegio cerca de su casa, en Pozuelo de Alarcón (al este de Madrid), en el que tuvieran una clase especial para sus necesidades.

Fue posible gracias a Internet, donde el pequeño tiene una página web (www.xergio.org). En abril de 2011, los padres de Sergio pidieron ayuda para encontrar una escuela con aulas para niños con trastornos del desarrollo. A principios de mayo llegó la respuesta: “Chicos, vamos a encontrar el cole que Sergio necesita. Sin duda alguna él es mi superhéroe. Un beso, Belén”. Y cumplió con su promesa. Belén, cuidadora en el centro al que ahora acude el pequeño, les ayudó a solicitar la plaza.

El síndrome de Dravet afecta a 1 de cada 20.000 individuos. Está provocado por una mutación del gen SCN1A, lo que se traduce en crisis epilépticas convulsivas y febriles que pueden producir daños neurológicos e incluso la muerte, afecta al desarrollo cognitivo y motor, disminuye la capacidad de hablar y también de interactuar con otros niños. A sus tres años, Sergio no habla y empieza a tener problemas para caminar. Pese a ello se maneja bien con el iPad que tiene atado a su trona y con el que juega a escuchar los sonidos de los animales mientras su madre le da la merienda.

Su lucha no es única. En España hay unos tres millones de afectados por enfermedades raras. El miércoles 29 de febrero, el día más raro del año, conmemoran su día, envuelto en el temor a que los recortes les afecten especialmente.

Sergio tiene un hermano mayor: David. Tiene siete años, le gusta leer cómics y sueña con ir a Eurodisney. David le pregunta a su padre por qué tiene que explicar una y otra vez lo que le ocurre a Sergio. “Si para un niño ya es difícil cuando viene un hermano, imagínate en este caso. Sergio se lleva prácticamente todo nuestro tiempo, aunque intentamos que no sea así”, dice Isla.

El padre tiene todos los informes del niño en el ordenador. “Te haces un verdadero experto en la enfermedad”. El primer paso en su batalla contra la enfermedad fue crear la Fundación. Su objetivo es apoyar la investigación para encontrar una cura. “Queremos ayudar a cuanta más gente mejor”, dice Isla en su papel de presidente.

Para eso lo primero es que los afectados conozcan la enfermedad que padecen sus hijos. En España se estima que unas 400 personas la sufren, según el instituto de neurociencia Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL), pero podrían ser más debido a que su rareza hace que sea difícil de diagnosticar. La delegación española llegó a un acuerdo con el Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) del hospital de La Paz Madrid para analizar —mediante un test genérico— muestras que les envían de todas partes del mundo de manera gratuita. El médico que hace dicho test es el único empleado de la organización. Pero lo más importante para los padres de Sergio y para la fundación es la investigación. “El reloj corre en contra de nuestro hijo”, dice Isla. El dinero que recauda la fundación de sus patrocinadores, que principalmente son entidades bancarias —BBK y la Caixa— lo destinan a apoyar proyectos que buscan una cura para la enfermedad. En enero de este año han llegado a un acuerdo con el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa para que un investigador se dedique a tiempo completo a estudiar el síndrome. El BCBL también colabora para establecer el patrón disfuncional de la dolencia mediante técnicas de neuroimagen. Los resultados podrían facilitar el diagnóstico temprano y abrir nuevas líneas de investigación.

Sergio, ajeno a las iniciativas que han emprendido sus progenitores para curarle, se asoma a ratos al salón de su casa, donde su padre responde en Facebook a las familias que le escriben de todo el mundo para pedirle consejo, mandarle ánimos o darle las gracias por ayudarles a diagnosticar la enfermedad. “Cuando me siento agotado, leo estos mensajes y me dan fuerzas”, reconoce Isla, “como esta señora de Rumanía que no sabía qué tenía su hijo y la fundación le hizo el test gratis”. Y diagnosticar la enfermedad es muy importante para que los niños reciban una medicación correcta, que, aunque no cura, disminuye la frecuencia de los ataques epilépticos. Según la estadística que Julián Isla ha elaborado de la enfermedad de Sergio, durante los primeros ocho meses —hasta que su médico dio con el diagnóstico— el niño sufría crisis todas las semanas. Ahora, con un tratamiento más indicado, la frecuencia es mensual.

“Todo esto lo hacemos por Sergio, pero también podemos ayudar a muchas familias”, dice Isla. "Realmente nos ha dado superpoderes". Cuando pasaron el duelo y despidieron al hijo que esperaban pero que no llegó, asumieron su situación, dieron la bienvenida a Sergio y decidieron luchar. Lucía Miranda, que después la merienda se queda toda la tarde con el pequeño para que su marido pueda atender sus funciones de presidente, no pierde la sonrisa. Isla y su primogénito tampoco. Y Sergio, que parece un niño muy feliz —“eso nos dice todo el mundo”, reconoce la madre— llora cuando se marcha la visita mientras agita su mano en un adiós.

“¿Cómo van los móviles estos?”, le preguntó a su abogado, Félix Ángel Martín, cuando le dieron uno. “Se montó en el AVE y alucinaba”, añade el letrado. Sus hermanas son su mayor apoyo. Ellas lideraron una campaña para conseguir el indulto que finalmente le ha permitido salir en libertad. Al fin, Montes está de nuevo en circulación, pero enfermo y con pocas posibilidades de conseguir un trabajo. ¿El conocido como preso más antiguo de España está listo para reinsertarse en la sociedad? ¿Qué le ofrece la Administración ahora que ya es libre?

Nada. Al menos desde Instituciones Penitenciarias, que legalmente ha acabado con su parte. “Cuando una persona ha cumplido condena, la Administración, por ley, no puede hacer un seguimiento del preso”, explica la presidenta de la Fundación IReS, Montserrat Tohà, que lleva 43 años dedicada a la reinserción. “Es una asignatura pendiente, pero muchas veces porque el propio preso, cuando sale, no quiere saber nada”, avanza el doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de diversos estudios sobre reinserción Ramón d’Alós. Cuando el preso ha cumplido, es libre, para lo bueno, pero también para lo malo.

Una persona se puede considerar reinsertada en la sociedad “cuando es capaz de sobrevivir ganándose la vida para pagar su casa y su alimento, teniendo relaciones sociales emocionalmente satisfactorias y desarrollando su proyecto vital”, define Julián Ríos, experto en Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cuántos presos se adaptan a esa definición cuando salen?

La pregunta es difícil de responder, puesto que no se da un seguimiento al condenado una vez ha satisfecho su deuda con la sociedad. Aunque hay un dato revelador: un 55% de los presos españoles son reincidentes, según datos de Instituciones Penitenciarias. La cifra —27.289 reos de una población de 48.951 penados a diciembre de 2011— incluye únicamente a los que han cometido el mismo tipo de delito, sobre población ya condenada, y no recoge las cárceles catalanas, que tienen la competencia transferida. En la actualidad, 70.472 personas están en prisión (incluyendo preventivos).

“Hay una falta de coordinación entre los sistemas que intervienen: el judicial, el penitenciario y los servicios sociales”, se queja D’Alós, y una dificultad añadida por los diferentes ámbitos que están implicados (estatal, autonómica o municipal). Una persona puede recurrir siempre a los servicios sociales una vez está en la calle, pero los expertos echan en falta un seguimiento coordinado, una ayuda específica para el exreo. “Significaría crear un sistema que no tenemos, y que no hemos tenido nunca. Solo hay algunas iniciativas pequeñas, que dependen de la buena voluntad”, lamenta el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt.

“Instituciones Penitenciarias no puede abordar todos los problemas sociales que hay detrás del comportamiento de alguien”, defiende Mercedes Gallizo, que fue su directora general entre 2004 y 2011. “Nos encontramos con problemas que trascienden lo que puede hacer el sistema. Llegan personas con vidas difíciles, desestructuradas, con una falta de formación evidente, con marginalidad, enganchadas a las drogas, con enfermedades mentales... que requieren una acción conjunta de las demás Administraciones”, asegura.

A pesar de eso, insiste en que la reinserción “es lo que da sentido a la existencia de las cárceles”. “Estos años hemos hecho un esfuerzo extraordinario por ampliar el catálogo de actuaciones que se pueden desarrollar, tanto en formación como en programas de intervención y tratamiento. Se han puesto en marcha programas para personas que han cometido delitos de violencia de género, agresión sexual, drogodependientes... Un esfuerzo enorme”, explica, aunque admite que “no acaba de llegar a las necesidades que se tienen”.

“Cuando la pena se alarga más de siete años, las dificultades de todo tipo empiezan a ser intensas”, contrapone Ríos. A su entender, la reinserción debe pivotar en tres pilares: el social, la propia persona y el de los medios que le faciliten. Al salir, el preso se encuentra muchas veces el mismo mundo que dejó y que le indujo, en parte, al crimen. En ese momento, los expertos consideran básico el apoyo familiar, la vivienda y el trabajo.

En otros casos, la persona lleva tanto tiempo encerrada que considera que está mejor dentro que fuera de la cárcel. Es lo que se conoce como un preso institucionalizado. “Las personas que llevan 15 o 20 años en prisión, cuando salen reproducen el mundo relacional caracterizado por la desconfianza y la hostilidad de la prisión. Eso dificulta la reinserción”, asegura Tohà. E insiste en que a veces el esfuerzo debe centrarse en reeducar, en inculcar rutinas a personas que quizá “no las han tenido nunca”.

Instituciones Penitenciarias esgrime, sin embargo, que un preso, si quiere, puede entrar analfabeto en prisión y salir con una licenciatura. Depende de él, y nadie le puede obligar. “Cada mañana unas 400 personas pueden acceder a cursos de formación básica”, ejemplifica José Antonio García, director del centro penitenciario Madrid VI, en Aranjuez (1.515 internos). La prisión cuenta con 14 profesores, dependientes de la Comunidad de Madrid. Las clases tienen una lista de espera que, según García, no supera los dos meses. Además, destaca los talleres, los cursos de formación ocupacional y las distintas iniciativas privadas: unas 150 fundaciones y ONG que colaboran con el centro.

Pero D’Alós es crítico con la formación que se imparte en prisión: “Sirve muy poco para encontrar trabajo después porque se da en condiciones de masificación, porque el preso no puede tener continuidad si le trasladan, porque algunas veces los materiales son poco adecuados o los cursos muy cortos y, en muchos casos, poco profesionalizadores”. Solo un 43,6% de los exinternos que recibieron el alta en las prisiones catalanas entre 2004 y 2007 encontraron trabajo, según un estudio dirigido por él. Y la mayoría consiguió empleos poco cualificados y discontinuos. Además, apunta D’Alós, existe el peligro de que los presos que conocen bien el sistema utilicen los cursos para conseguir puntos que se traduzcan en permisos de salida. “Los profesionales son los que evalúan si lo desarrollas solo movido por el interés, cosa bastante inusual porque todo requiere un esfuerzo bastante grande”, rebate Gallizo.

“Prevenir es infinitamente más barato y efectivo” que encerrar, señala Paco Cristóbal, coordinador del equipo de inclusión de Cáritas. “Muchas de las personas que están en prisión tienen un perfil muy claro de pobreza y exclusión”, lamenta, y pide que se luche para romper ese círculo vicioso. “La prisión te va haciendo menos persona; un muro alto, una puerta que se cierra con ruido... Son unas condiciones muy duras”, sostiene. “La sociedad tiene que tener la conciencia de que los presos deben volver a ella y de que esta los necesita. Y para ello deben potenciarse los medios legales (permisos, regímenes abiertos) que faciliten esa incorporación y reduzcan la estancia en prisión”, sostiene Ríos.

Pero las últimas revisiones del Código Penal no van en ese sentido. “Las reformas penalizadoras no son la forma más adecuada de erradicar el delito de nuestras vidas. No es lo más eficaz, aunque aparentemente es lo más tranquilizador”, sostiene Gallizo. “Hay presión social para que se opte por el castigo, no por la reeducación y la reinserción”, añade D’Alós. “Lo único que queremos es que delante de nuestra casa no haya suciedad ni delincuentes”, coincide Tohà.

“El debate de la reinserción se pierde en el nivel político: allí únicamente se ve la necesidad de obtener réditos electorales con el incremento de penas”, lamenta Ríos. Y apunta a los problemas añadidos que supone la crisis, donde los recursos dedicados a la rehabilitación y reinserción se ven menguados. “La conciencia es fundamental. Se piensa que son recursos que se malgastan”, lamenta Gallizo. A lo que se suma también la perspectiva de los propios presos. “En una situación como la actual no es fácil hacerles pensar que van a encontrar un puesto de trabajo cuando salgan”, admite García.

¿Cuál es su remedio? ¿Que hagamos infinitas cárceles? ¿Que pongamos cadenas perpetuas para los reincidentes? Los países más penalizadores no son los que tienen más seguridad”, concluye Gallizo. “Por suerte, Miguel ha sabido mantener la cabeza fuera”, dice su abogado. “Hay delitos económicos mucho más graves, pero como suelen ir aparejado a personas pudientes, solo cumplen penas iniciales”, se queja. “A Miguel Montes nunca le propusieron nada”, asegura su abogado. “¿Y ahora qué hace? No tiene paro, no tiene cotización, no tiene nada, y sus hijas son menores. Parece que a alguien se le ha olvidado que no encerramos a la gente por encerrarla, la encerramos para reeducarla”, lamenta.

Desde hace más de 50 años existe el convencimiento de que la mujer nace con un número limitado de células germinales que maduran y producen óvulos en un proceso que se prolonga a lo largo de la vida fértil hasta que llega el climaterio. Más allá, no puede generar nuevos gametos.

Frente a este concepto, firmemente asentado en la comunidad científica, Tilly ha publicado varios artículos que lo cuestionan. En ellos defiende que hay células madre adultas en el ovario que podrían tener un papel en la producción de óvulos.

El último de estos trabajos lo publicó el domingo en Nature Medicine. Y como comenta Carlos Simón, responsable de la fundación de investigación del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), supone un gran paso en sus investigaciones ya que ha dado el salto de los animales a la especie humana.

Tilly, junto a su equipo del Vincent Center for Reproductive Biology del hospital de Massachusetts (de la Universidad de Harvard), sostiene que ha localizado células madre adultas en ovarios humanos, algo que ya había hecho en ratones.

Tras aislar estas células, que obtuvo de tejido ovárico donado al Satiama Medical Center de Japón por mujeres que se sometieron a un proceso de cambio de sexo, las cultivó y, en el laboratorio, las células generaron ovocitos inmaduros (oocitos) de las mismas características que los humanos. Al transferirlos a tejido ovárico humano injertado en ratones, estas células produjeron folículos (estructuras germinales de los óvulos).

La media de edad de las mujeres que acuden a los centros de reproducción asistida en España ronda los 37 años. “A partir de los 40 años las pacientes tienen pocos ovocitos y, los que hay, funcionan mal”, comenta Simón. Contar con la posibilidad de obtenerlos a partir de células madre procedentes del propio ovario de la mujer supondría toda una revolución en las técnicas de fertilidad. “Podríamos producir óvulos nuevos a partir de ovarios viejos, lo que representaría la solución a un importante problema al que nos enfrentamos ahora, y evitaría la necesidad de acudir a programas de preservación o de donación de óvulos”, señala.

Aparentemente, las células madre identificadas por el investigador estadounidense en el epitelio superficial del ovario no tendrían ninguna función. La clave estaría en encontrar la forma de activarlas para que generaran gametos. “Si la técnica funciona, nos permitiría contar con un plan B. Si falla el A y la mujer no tiene óvulos en condiciones, se podría recurrir a la opción de generarlos al activar las células madre del ovario”, explica Carlos Simón.

Este catedrático de ginecología de la Universitat de València, que coincidió con Tilly en 1993 en la Universidad de Stanford, advierte que el área de trabajo del estadounidense “es muy controvertido”. Distintos grupos que han tratado de reproducir trabajos previos en ratones de Tilly han fracasado, recuerda Simón.

Solo un equipo chino y otro estadounidense han conseguido hallar en ratones las células madre que ha identificado Tilly. Pero únicamente el primer grupo llegó a producir ovocitos e incluso fecundarlos y conseguir ratones vivos en buen estado.

Peor suerte tuvo Tilly con la teoría que lanzó en 2005. Entonces sostuvo que las células madre del ovario que había hallado en ratones procedían de la médula ósea, un tejido que se encuentra en el interior de los huesos, muy rico en células progenitoras. El investigador planteó la idea de que las células migraban de la médula a los ovarios donde reponían los ovocitos. Prestigiosos colegas de Tilly como Kevin Eggan, del Instituto de Células Madre de la Universidad de Harvard trataron de llegar a las mismas conclusiones sin ningún éxito, recuerda Simón.

El propio responsable del centro de investigación del IVI analizó en pacientes españolas si existía una mejora de la función ovárica en mujeres mayores que recibían un trasplante de médula de donantes jóvenes. No encontró nada: “En el endometrio [la mucosa que recubre el útero] quizás sí que exista alguna relación, en el ovario no”. “Tilly perdió mucho fuelle en la comunidad científica en la defensa de esta teoría”, sostiene.

El nuevo trabajo presentado el sábado no hace alusión a este debate. Pero, en todo caso, el dogma que trata de derribar Tilly de la fecundidad limitada en la mujer solo podrá caer si distintos grupos consiguen reproducir sus investigaciones y llegar a sus mismas conclusiones. En ello están varios equipos de investigación en reproducción asistida y células madre de todo el mundo, entre los que se encuentra el que dirige Simón. “Para demostrar que está en lo cierto, Tilly necesita que se repliquen sus trabajos. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con él para intentarlo”, asegura. “Si en ciencia un trabajo no se puede reproducir, no vale nada”.

España acumula un déficit del 40% en el actual año hidrológico, que empieza a computarse en octubre, aunque las reservas de agua se mantienen en el 62% a pesar de que están reduciendo progresivamente. "Estamos viviendo de las rentas del periodo 2009-2010, que fue más lluvioso. Pero preocupan estos últimos meses con tan poca lluvia", detalló ayer Vives. Las peores cifras corresponden a Canarias, Andalucía, Extremadura, la mitad occidental de Castilla-La Mancha y algunas zonas del sur de Castilla y León. "Es una sequía llamativa, pero no excepcional. Todo dependerá de lo que ocurra en primavera, el principal mes de las lluvias en nuestra meteorología", subrayó el experto. "La falta de lluvias acumula la polución en las zonas urbanas de forma casi inmediata", añadió.

Ya se palpa en las principales ciudades españolas: Barcelona amaneció este sábado con una espesa boina de contaminación tras una semana en que la media de polución de partículas contaminantes alcanzó los 70 microgramos por metro cúbico en pleno centro urbano. La normativa de la UE exige no rebasar los 40 microgramos de media, pero, sin lluvias que dispersen estos contaminantes, las grandes ciudades suelen superar diariamente este límite. Entre enero y febrero, la media en la red de medición de Madrid de dióxido de nitrógeno rozó los 60 microgramos por metro cúbico. En las zonas habitualmente más afectadas por la polución, como el barrio del Pilar, la media rebasó algunos días los 100 microgramos. En Sevilla se han superado en distintas franjas horarias los 60 microgramos, mientras que la semana pasada, Bilbao superó los 50 microgramos de partículas en algunas zonas y el dióxido de nitrógeno alcanzó los 70 microgramos.

"Es un incremento lógico", señala el experto en contaminación atmosférica Ricardo Gómez. El contaminante principal es el tráfico: la combustión de los vehículos genera partículas contaminantes que pueden llegar a afectar a la salud si penetran en los bronquios. Estas se acumulan en el suelo, pero el propio tráfico las levanta. Si llueve, el agua las arrastra y limpia las zonas urbanas. "Pero si no hay lluvia, se van acumulando y afectan al organismo", detalla Gómez. Y la lluvia llega con cuentagotas: Barcelona sumó 44 días seguidos sin llover este invierno, los mismos que Málaga; Madrid registró 43 días sin precipitaciones y en León, por ejemplo, no llueve desde el 27 de enero. "Es como una enorme habitación por la que circulan coches y que lleva decenas de días sin ventilarse", ilustra Gómez. La excesiva polución contribuye a agravar las enfermedades respiratorias y solo en el área barcelonesa incide en unas 3.500 muertes al año, advierten investigaciones de la UE. Bruselas publicó la semana pasada un informe en el que se señala a España como uno de los países más contaminados del continente y el único que infringe los niveles límite de tres de los cuatro contaminantes que controla la Comisión Europea.

Al difícil enclave geográfico de algunas ciudades -Barcelona, cercada entre el mar y la montaña, tiende a acumular contaminantes de forma natural- se le añade la falta de recursos. España carece de un plan nacional para mejorar la calidad del aire: el Gobierno del PP ha anunciado que revisará ahora a la baja la normativa que aprobó el PSOE y que tampoco contemplaba medidas de peso como restringir el acceso al tráfico. Los Ayuntamientos, por su parte, tampoco han acordado medidas de calado y ni siquiera contemplan planes de emergencia para episodios puntuales de contaminación como el actual. "Ocurre cada año y siempre es lo mismo: hay que esperar a que llueva porque la Administración prefiere no tomar cartas en el asunto", señala un portavoz de Greenpeace. Restringir el tráfico en las grandes urbes, como están aplicando algunas del resto de Europa, recuerda Greenpeace, supone aplicar una medida especialmente antipopular. "Es preocupante porque este tipo de situaciones irán a más debido al cambio climático", añadió.

"Es probable", asumió el responsable de la Aemet. "No me atrevo a decir que esta sequía se debe al cambio climático, pero puede interpretarse como uno de sus síntomas", señaló. El cambio climático puede medirse en series históricas y no en episodios puntuales, pero la carencia de lluvias en pleno invierno responde a una situación "típica" de las que, se prevé, puede generar el calentamiento global. El panel de científicos de la ONU advierte de que el cambio climático generará un incremento de los periodos de sequía y de la frecuencia de las lluvias, según publicó el organismo el año pasado. "Es precisamente lo que está ocurriendo ahora", precisó Antoni Vives.

Madrid ofreció la posibilidad de consultar predicciones a 24, 48 y 72 horas vista durante años. En 2001 contrató un sistema de mantenimiento de la red de calidad del aire a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE), que a su vez encargó al catedrático de la Politécnica Roberto San José un modelo de predicción que elaboraban potentes ordenadores a partir de múltiples datos.

A finales de 2007 este periódico desveló que el Ayuntamiento había estado publicando en su web predicciones de niveles admisibles de NO2 cuando el modelo de San José auguraba niveles muy altos. En esas fechas, algunas estaciones superaron los 400 microgramos por metro cúbico de este contaminante mientras la web municipal decía que la situación era bastante buena.

Dos años después, el Ayuntamiento prescindió del modelo matemático de predicción de San José, un experto de prestigio internacional que ha trabajado en otras muchas ciudades y para empresas eléctricas. SICE volvió a ganar el concurso para mantener y explotar el “sistema integral de vigilancia, predicción e información de la calidad del aire” en marzo de 2010 por 3,5 millones de euros durante cuatro años. Pero ya no contrató al equipo del catedrático de la Politécnica.

Tanto el Ayuntamiento como SICE se han negado, a petición de este periódico, a precisar quién elabora el modelo de predicción actual. Según la web municipal, el sistema se llama Serena (sistema estadístico de predicción por redes neuronales).

Dos expertos consultados por EL PAÍS aseguran que se trata de un modelo “muy simple”, de carácter puramente estadístico y probabilístico que no funciona correctamente ni en Madrid ni en el resto de España porque su tasa de error es muy elevada. Es útil, añaden, en zonas con meteorología muy estable, como podría ser Holanda. Los sistemas de redes neuronales predicen máximos en un punto, el de la estación, pero no en el entorno, y no calculan en función de las emisiones, sino que solo usan estadísticas, señalan. En la página web de SICE sigue figurando que en Madrid el sistema de predicción es el de la Politécnica, cuando no es así.

El cuestionario que la candidatura de Madrid 2020 ha enviado al COI asegura en el apartado sobre calidad del aire que la capital cuenta con “un modelo de predicción matemático que permite realizar un pronóstico de la contaminación atmosférica en superficie con 24/48 horas de antelación”. No es el único dato incorrecto.

El texto asegura también que las fechas elegidas por Madrid para acoger los Juegos son ideales porque la calidad del aire “está en su nivel óptimo”, cuando en agosto suelen producirse episodios de alta contaminación por ozono troposférico. “La zona de la Villa Olímpica es precisamente de las más afectadas”, asegura Ecologistas en Acción. La ciudad afirma también que cumple “todos los niveles de control de contaminación establecidos por la legislación vigente en España y en la Unión Europea”. No es cierto. Ha superado, tanto en 2010 como en 2011, el límite que marca la UE para el dióxido de nitrógeno.