La filial, Bankia, tiene una exposición algo menor a dicho sector, pero también cuenta con menores coberturas.

Esos activos problemáticos corresponden a dos grandes grupos. Por un lado está el crédito problemático a las promotoras, que ascendía a unos 17.850 millones de euros a cierre de año. De ellos, 10.564 millones eran créditos morosos y otros 7.283 millones calificados subestándar (en riesgo de impago).

BFA contaba con unas provisiones específicas, o fondos para hacer frente a esos posibles impagos, de unos 7.000 millones de euros y con un colchón de otros 1.288 millones en provisiones genéricas (sin asignar a ningún crédito en concreto). Quedan, pues, unos 9.500 millones sin cubrir y, en todo caso, esas provisiones son insuficientes ante la nueva normativa financiera.

El otro gran grupo son los inmuebles que BFA ya se ha quedado por el impago de los créditos que concedió para su compra. Entre suelo, promociones, pisos, participaciones en inmobiliarias y activos similares, BFA tenía a cierre de año 13.951 millones de euros, lo que convertía a la entidad financiera en la mayor inmobiliaria de España, muy por delante de firmas del sector como Metrovacesa o Martinsa Fadesa.

Para cubrir el deterioro del precio de esos inmuebles, BFA contaba con provisiones o correcciones de valor por importe de unos 4.900 millones, lo que dejaba el importe neto en unos 9.000 millones a cierre de 2011.

Pero además de los 18.500 millones sin cubrir entre créditos e inmuebles problemáticos, el grupo surgido de la integración de Caja Madrid y Bancaja con otras cinco cajas tiene también en sus libros otros 20.000 millones de euros de crédito considerado vano o normal. Sin embargo, dado que buena parte de esos créditos no tienen garantía hipotecaria o tienen como respaldo suelo o promociones sin terminar, es posible que ese crédito teóricamente sano acabe también dando problemas.

El Fondo Monetario Internacional alertó recientemente de la morosidad oculta vía refinanciaciones artificiales en el sistema financiero español y el Gobierno prevé exigir que los activos que sirven como garantía al crédito promotor se tasen para ver si los préstamos están suficientemente respaldados y, en caso contrario, exigir nuevas provisiones por ese crédito hasta ahora considerado sano.

La entidad resultante de la fusión de siete cajas de ahorros

J. S. GONZÁLEZ

Bankia es la filial responsable del negocio bancario de Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la entidad creada tras la fusión fría de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caja Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Fue creada en marzo de 2011 como nombre comercial del banco de BFA. “Es nombre de mujer”, anunció entonces un orgulloso Rodrigo Rato al presentar el nuevo logotipo verde lima del banco que se quedaba con los activos teóricamente sanos de BFA. La idea de los directivos de la entidad era crear un banco bueno, con los activos más suculentos de BFA, y sacarlo a Bolsa para obtener unos 4.000 millones de euros.

Pero la salida a los mercados de Bankia resultó complicada y azarosa. Su bautizo en Bolsa estaba previsto para el verano del año pasado y coincidió con una tempestad en los mercados financieros por la crisis de la deuda soberana de los países del arco mediterráneo, encabezados por Grecia.

El 20 de julio del año pasado Bankia comienza a cotizar en el parqué madrileño a un precio de 3,75 euros la acción, una rebaja del 15% sobre el precio del folleto bursátil. “Lo hemos conseguido. Hemos salido en mitad de una tormenta perfecta en los mercados”, dijo el entonces presidente de la entidad. Dos meses después, el nuevo banco cotizaba en el selectivo español, Ibex 35.

Pero la digestión de los activos inmobiliarios dudosos procedentes de Bancaja y Caja Madrid ha resultado demasiado pesada para la entidad.

Como curiosidad, Bankia también era el nombre de una entidad noruega adquirida por el Banco Santander en 2005 que cambió su denominación por la de Santander Consumer Bank. También es el nombre científico de un molusco bivalvo y de una ciudad rumana.

Fuente: elpais.com

Solo se han admitido tres enmiendas en el océano de las 3.100 que entre todos los grupos presentaron a las cuentas del Estado para el año en curso. Queda aún el pleno del Congreso, el Senado y la vuelta a la Cámara Baja, pero hay nulas expectativas de cambio. “La coyuntura y la situación económica general deja muy poco margen para negociar”, ha reconocido el portavoz de Presupuestos del Grupo Popular, Antonio Gallego.

Se nota que no hay costumbre en lo que ha ocurrido en la Comisión de Presupuestos del Congreso por la consternación con la que han cogido el rechazo a todas sus propuestas los portavoces habituados y entrenados, casi siempre con algún grado de éxito, éxito, en el arte del pacto. Pere Macías y Josep Sánchez Llibre, portavoces económicos de CiU, eran acaso los más afectados aunque también Pedro Azpiazu del PNV, seguro como estaba de que algunas de sus enmiendas iban a salir adelante. Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, dentro del grupo parlamentario CC-NC, nuevo en esta plaza de las Cortes, consideró lo ocurrido como un auténtico “bloqueo democrático”. Y eso que su grupo ha conseguido la aprobación de una de las tres enmiendas admitidas por el PP.

De las once horas de debate del martes y las siete del miércoles, empleadas para discutir –y rechazar– las enmiendas a los Presupuestos, salieron victoriosas tres enmiendas. La primera de UPN, sin dotación precisa, pero por la cual el Estado se implicará en dos conmemoraciones: El VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa y el V de la incorporación de Navarra al Reino de Castilla. El PSOE se hace con la segunda al tenerse en cuenta su corrección del error en la denominación de una red viaria de Galicia. La tercera es la única que tiene dotación económica: 586.000 Euros y lleva la firma de Coalición Canaria–Nueva Canaria. Se trata de sufragar gastos de desplazamiento a la península de artistas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para mostrar y exhibir sus obras. Y esta es toda la variación de los Presupuestos que llegaron al Congreso el pasado 13 de abril.

Una tras otra, y hasta 3.100, han sido rechazadas todas las enmiendas imaginables y que afectan a todas las partidas. Los populares se han limitado a explicar la absoluta imposibilidad de aumentar un euro ni de cambiar sus enmiendas por las de la oposición. Además, las del PSOE, con peticiones en todas las áreas sociales, “descuadraban” las cuentas al no paliar el gasto que suponían con los ingresos que proponían con un aumento de los impuestos (a las Grandes Fortunas y a Sociedades ) y lucha contra el fraude, justificó Antonio Gallego del PP ante la protesta del portavoz socialista Joan Rangel.

Ante el desaliento el responsable de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez–Pujalte, trató de animar a la oposición con el argumento de que el debate “no ha sido inútil” y se puede producir algún cambio el próximo día 21 cuando los Presupuestos se aprueben en el Pleno del Congreso y salgan de camino al Senado. ¿Qué puede cambiar? Martínez Pujalte ofrecerá transacciones a enmiendas del PSOE, CiU y UPyD sobre I+D+I, “pero sin coste”, añade inmediatamente. Sobre lo que ya hay puede haber “flexibilidad y cambios en las partidas”. No hay margen para tocar los Presupuestos, insisten.

Fuente: elpais.com

“Los propietarios de las cajas van a tener que asimilar que el valor de las mismas está bien por debajo de su valor en libros. Y ello no será debido a que se hayan transformado en bancos, sino a que, desafortunadamente, es lo que valen”, aseguraba en una entrada en el blog personal en enero de 2011. En su opinión, era vital recuperar la confianza por dos vías: “La solidez del sistema y el nivel de compromiso del Gobierno en la defensa de las instituciones”.

Entonces, sobre el primer punto advertía de que las fusiones como la que dieron lugar al grupo que ahora preside presentaban “inmensas incógnitas sobre su viabilidad futura”. Mientras, en el segundo, reprochaba al Ejecutivo avanzar en la reforma a golpe de los “sustos” que le daba el mercado. También consideraba que el FROB, que ahora saldrá en auxilio de Bankia, “en el mejor de los casos (que no está escrito que así lo perciban los mercados), es una solución a corto plazo”.

Desde su dimisión como consejero delegado del BBVA en 2009, Goirigolzarri se ha mantenido al margen del sector financiero. No obstante, ha seguido en activo a través de Garum Fundatio, una institución capitaneada por él mismo y que tiene como objetivo apoyar nuevos proyectos empresariales. En relación con este proyecto también ha mantenido una estrecha colaboración con el Grupo Cooperativo de las Indias, una red “dedicada a crear conocimiento, redes, productos y servicios empoderadores para las personas”. Dentro de esta actividad es donde el nuevo gestor de Bankia ha desarrollado su blog. En esta bitácora recoge sus reflexiones sobre los efectos de la globalización, el futuro del sistema económico y los orígenes de la crisis con una aproximación global, aunque de forma puntual también incluye algunos comentarios sobre el sistema financiero y sus dificultades, apuntes que componen la base de este artículo.

Precisamente, con vistas a devolver la confianza en las entidades, Goirigolzarri también se mostraba reacio a usar paños calientes sobre la situación real de las entidades. “Para que la provisión —de los activos problemáticos— sea correcta se requiere que, por un lado, las normas del regulador sean realistas y, por otro, que se referencien a un valor justo de mercado de los activos”, defendía en 2010. Esto, añadía, “aunque parece sencillo, no siempre lo es”.

En su opinión, la reforma planteada por el ministro Guindos no servirá para recuperar el crédito

De hecho, a tenor de las afirmaciones que hacía en un post escrito el pasado febrero, sigue sin llevarse a cabo. Lo más urgente, indicaba, es fortalecer las entidades, “aflorar posibles pérdidas y exigir aumentos de capital”. También apostaba por perseverar en la reducción de capacidad de las entidades y dejar a los políticos fuera de las cajas.

En este mismo post, en el que analizaba el decreto de reforma de Guindos, Goirigolzarri advertía de que la restructuración no iba a lograr una reactivación del crédito, aunque no observaba esta posibilidad del todo negativa.

En su opinión, para recuperar la financiación, antes hay que solucionar la crisis de la deuda soberana. “Hablar de la capitalización de la banca en este momento, y como medio para acabar con la inestabilidad, no parece adecuado”. “¿Algún Gobierno va a dar fondos de contribuyentes a una entidad para compensar un impago que está jurando no se producirá?”, se preguntaba ya en septiembre de 2011. “Sin resolver la cuestión de fondo de que la deuda deje de ser un activo tóxico no se puede aspirar a la estabilidad. Es imposible en un círculo vicioso en el que se retroalimenta el riesgo financiero y el soberano”, explicaba. Ahora le toca llevar a la práctica todas estas teorías al frente de la cuarta entidad del país.

Fuente: elpais.com

Miles de estudiantes valencianos se han manifestado este martes por las calles de la capital para expresar su “rotundo rechazo” a la subida de las tasas universitarias con un ‘no al tasazo’ y han su preocupación ante el “riesgo de exclusión social” que puede suponer en un momento de crisis como el actual, en el que si las familias ya lo están pasando mal, un incremento en la matrícula disminuirá el ingreso de jóvenes en la universidad y aumentará el abandono, por una cuestión puramente económica, han alertado.

Durante la protesta, que ha arrancado sobre las 12.15 horas desde la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València bajo el lema ‘Por una universidad pública de calidad’ se han podido ver fotografías boca abajo del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y de la consellera de Educación, Maria José Catalá, algo que en su momento ya hicieran con el entonces responsable del ramo, Alejandro Font de Mora.

Silbatos y ruidos de sirenas han acompañado un recorrido repleto de carteles en los que se podían leer cosas como ‘La educación no se vende, se defiende’, ‘Ni escuela de élites ni fábrica de precarios’, ‘Wert al wertedero’, ‘Chorizos devolved el dinero, no nos los pidáis’, ‘Este tasazo es un hachazo’ o ‘No vamos a arreglar lo que es culpa de los banqueros’ entre globos negros como símbolo del “futuro negro” que les espera a los jóvenes.

Convocada de forma unitaria por representantes de todas las universidades públicas valencianas , la marcha ha recorrido la avenida Blasco Ibáñez y ha cruzado el Puente del Real hasta la Puerta del Mar, para coger la calle de la Paz, la Plaza Redonda y alcanzar la Plaza de la Virgen y el Palau de la Generalitat. Durante el trayecto, los estudiantes han clamado ‘No, no, no a la privatización’, han propuesto que ‘el hijo de Botín trabaje en el Burguer King’, han exigido ‘Menos Bankia y más educación’ y han advertido: ‘Los estudiantes no somos millonarios’, ‘no pagarem la vostra crisis’ porque ‘Esto no es una crisis, es una estafa’.

Durante el trayecto han protagonizado varias sentadas por las de la ciudad, también en la plaza de la Virgen, donde se ha leído un manifiesto, y la última frente al Palau de la Generalitat alzando las manos con un ‘manos arriba esto es un atraco’.

“Merecemos opciones de futuro”

Así, la secretaria general de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes Universitarios (CREU), Cristina Pastor, ha criticado las reformas llevadas a cabo por el Gobierno “sin contar con la opinión de las universidades”, porque “aquí la forma ha sido muy importante”, ha remarcado. En cualquier caso, “no nos parecen las más adecuadas para la situación actual, creemos que más que solucionar y suponer un incremento de la liquidez de las universidades van a conllevar un descenso del ingreso de los jóvenes y un incremento en las tasas de abandono de las universidades”, ha augurado.

A su entender, “imponer de esta manera y que muchos estudiantes se vean abocados a optar por la FP en lugar de estudios superiores, no es la mejor salida a la crisis económica actual”. “Es cierto que la universidad española tendrá cosas mejorables –ha admitido– pero si lo que se pretende es dar soluciones habría que sentar a todos los agentes de la comunidad universitaria” para hacer un “análisis profundo de la situación actual, teniendo en cuenta las peculiaridades autonómicas y ver que se puede hacer”.

“Lo que no es posible es tomar medidas generales que afectan a todos y principalmente al acceso a las enseñanzas y la calidad de las mismas”.
En este sentido, ha asegurado que los estudiantes están “abiertos al diálogo” pero ha dejado claro que “la horquilla que se ha aprobado para la Comunitat Valenciana no se ajusta a la situación de los ciudadanos, no es cuestión de colores, es cuestión de ver que las familias no están pasando un buen momento y sus hijos también merecen tener opciones de futuro”.

En la misma línea, el coordinador de la Asamblea General de Estudiantes de la UV, Gabriel Salinas, se ha pronunciado en contra de “los recortes en educación y la brutal subida de tasas que propone Wert y que ha acatado Catalá”.

Salinas ha manifestado su deseo de que se abra un “diálogo sincero” con Gobierno y la Conselleria de Educación, pues hay un elevado “riesgo de exclusión para miles de familias” con los incrementos de la matrícula universitaria, ha alertado. “Si la tasa de desempleo es ya más 50% en el caso jóvenes de la Comunitat Valenciana , –ha precisado–, ¿qué van a hacer esas personas en desempleo que podían ver en la universidad pública una manera de formarse cuando vean que las tasas no les van a permitir estudiar en ellas?”, se ha custionado.

Fuente: lasprovincias.es
Foto: DAMIÁN TORRES

La modernización de las cajas de ahorros sumada al reciente programa de saneamiento de las cuentas de la banca no han bastado para borrar el pecado original del sector, una exposición al riesgo inmobiliario que el Banco de España estima en 184.000 millones de euros, entre créditos dudosos y activos adjudicados. No ha vuelto el crédito ni la confianza. El descontento de los mercados y las presión de Europa han obligado al Gobierno a preparar un banco malo o varias sociedades de liquidación de los activos tóxicos. Su éxito dependerá de cómo se diseñe y de que la banca culmine los deberes previos. Estas son las claves.

¿Qué modelos existen de bancos malos? ¿Hay precedentes?

Los bancos malos pueden ser empresas del Estado, mixtas o solo privadas. Su creación es habitual para resolver crisis financieras. Así se hizo en México, Corea, Suecia y, recientemente, en Alemania e Irlanda. En el caso germano los bancos traspasaron sus activos tóxicos (créditos, instrumentos financieros y participaciones no estratégicas) a sociedades instrumentales. A cambio, recibían deuda de dichas compañías y el desembolso de los intereses periódicos estaba garantizado por el Estado previo pago de una prima. Los bonos se podían presentar como colateral ante el Banco Central Europeo (BCE) por disponer del aval del Estado y aliviaban las exigencias de capital de los bancos al disminuir el volumen de los activos ponderados por riesgo. En Irlanda se creó una agencia estatal (Nama) que compró a la banca sus activos con fuertes descuentos. Esto generó un déficit de capital a las entidades, que fueron recapitalizadas con dinero público.

¿A quién beneficia el banco malo? ¿Quiere participar la banca española?

Los bancos malos benefician a las entidades que han cometido mayores excesos. Santander, BBVA, Popular y Sabadell se sienten con fuerza para desprenderse de sus adjudicados por sus propios medios. Emilio Botín, presidente de Santander, está en contra de su creación. “El sistema financiero español no necesita un banco malo”, dijo el viernes. Otros directivos creen que cualquier instrumento debe ser de participación voluntaria y no una entidad en la que todo el sector participe obligado.

¿Cuándo se pondrá en marcha el banco malo? ¿Cuál es el plan?

El Gobierno rehúsa calificar como banco malo su proyecto. Argumenta que la entidad no tendrá una ficha bancaria y que no se pondrá dinero público para crearla. Su idea es crear sociedades de liquidación de activos para las entidades que lo deseen. Para lograr el visto de Bruselas, la sociedad tendría una vida limitada. Debería disolverse pasado un número de años. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que la iniciativa arrancará “en los próximos días o semanas”. Las sociedades recibirán el suelo de los bancos. Es decir, el activo que más se ha depreciado y que requiere más esfuerzos para venderse.

¿Cómo se logrará la venta de los activos adjudicados? ¿Cómo funcionará la sociedad de liquidación?

La clave del éxito reside en el precio. Para llevarlos a valor de mercado, el Gobierno ha impulsado un sistema de saneamiento que obliga a la banca a provisionar el equivalente al 80% del apunte contable que tengan en suelo, al 65% de las promociones en construcción, y al 35% de la vivienda terminada. La penalización persigue que las entidades acepten vender un solar por hasta el 20% de su valor en libros, por ejemplo. El problema es que el calendario para realizar estas dotaciones se alarga todo un año, o incluso dos para quien decida fusionarse, por lo que aunque depositaran sus activos ahora mismo en un banco malo, su precio seguiría lejos del de mercado.

¿Qué nivel de saneamiento han cubierto las entidades hasta hoy?

Con los datos del primer trimestre conocidos hasta ahora, Santander es quien más tiene hecho, con una cobertura media del 48%, a marzo, sobre los 8.590 millones en activos inmobiliarios, frente al saneamiento medio del 60% que exige el Ejecutivo. Por partidas, Santander ha saneado al 34% su vivienda terminada, al 50% las promociones y al 60% el suelo. Bankinter, con 512 millones en inmuebles adjudicados, tiene una cobertura media del 39%, que alcanza el 64% sobre sus terrenos. CaixaBank, con una provisión media del 36% sobre los 1.574 millones de ladrillo de su balance, cubre sus pisos al 24,8%, las promociones al 44,3%, los suelos no urbanizados al 48% y los urbanizados al 59%. La entidad catalana, eso sí, ya apartó el grueso de sus activos en Servihabitat, su sociedad inmobiliaria, que acumula unos 3.000 millones en activos, con unas necesidades de saneamiento adicional de 700 millones. La absorción de Banca Cívica, además, obligará a CaixaBank a asumir los 2.734 millones de exposición de la fusión de cajas. BBVA, por su parte, cuenta con 8.249 millones en ladrillo con una dotación del 34%. Popular afirma que ha dotado ya sus activos al 42% en el primer trimestre. La entidad que más se beneficiaría de la creación de un banco malo es BFA-Bankia, con adjudicados por 13.951 millones a cierre de 2011.

¿Hay interés de los inversores privados? ¿De donde saldrá el dinero si no?

“Hay muchos fondos interesados, pero el simple hecho de crear estas sociedades no va cambiar nada”, augura Fernando Acuña, socio director de www.pisosembargadosdelosbancos. com, quien expone que la clave es “acelerar el calendario de provisiones” para que cuando la entidad deposite sus activos en el banco malo lo haga “directamente a precios de mercado, sin esperar uno o dos años”. En sus contactos con inversores, avanza, detecta que “una rebaja del 80% es razonable” para comercializar solares, si bien cree necesario elevar la dotación de los pisos finalizados más allá del 35% para vender el stock acumulado y dar salida a los suelos y promociones. Acuña apoya la decisión de que cada entidad cree su sociedad, en lugar de usar una común, pues la competencia, dice, facilitará que caigan los precios. El gran problema es cómo financiar de golpe un saneamiento programado para un año o dos. “Los fuertes lo soportarán. Otros irán a fusiones forzadas o terminarán recibiendo ayudas públicas”, asume Acuña. Una opción, esta última, a la que el Gobierno se opone frontalmente. Aunque los fondos de la UE son otra vía, Berlín y Bruselas aseguraron el viernes que España no los necesitará.

Fuente: cincodias

La crisis mediática ha obligado a los administradores del Grupo Intereconomía a ofrecer un plan de bajas incentivadas para todos sus trabajadores que, de momento, no tienen garantizado cobrar la nómina de mayo. El pasado viernes, los gestores se reunieron con representantes de los trabajadores que carecen de comité de empresa y les informaron de la situación extrema que vive la empresa.

En una asamblea celebrada en la tarde de ayer, los representantes (tres de Intereconomía Corporación y otros tres del segundo canal, Intereconomía Business) informaron a sus compañeros de las condiciones de la empresa. El Grupo que dirige Julio Ariza va a rebajar un 10% las nóminas de todos los trabajadores. Aun así, no se les asegura que puedan cobrar. Los representantes intentaron negociar una bajada por tramos, según las nóminas, pero la empresa se negó.

La gran ‘novedad’ de la reunión de los representantes de los casi cuatrocientos trabajadores de Intereconomía Corporación e Intereconomía Business el pasado viernes con la empresa es que ésta ya ha abierto la puerta a un plan de bajas incentivadas para todos ellos con una indemnización de 30 días por año trabajado y un máximo de 18 meses, un tope al que casi ningún trabajador llegaría por ser un Grupo joven. La empresa pretende dejar todo el mes de mayo para que los interesados se vayan apuntando.

El Grupo Intereconomía tiene casi 800 trabajadores, aunque La Gaceta lleva su propia negociación puesto que sí tiene un Comité de Empresa. Hay empleados del periódico que llevan dos meses sin cobrar y ninguno ha recibido la última paga extra, y exigen recibir primero esas nóminas antes de aceptar la rebaja del sueldo del 10%.

En la reunión con los representantes se aseguró que la empresa va a “intentar pagar todos los atrasos”, aunque no ofrecieron un calendario. También loscolaboradores y  autónomos que trabajan con Intereconomía llevan sin cobrar facturas desde enero.

La deuda del Grupo con proveedores es, según algunas fuentes, de 30 millones de euros, algo que está pesando sobre la compañía.

Vía: elconfidencial.com

Catalina Díaz denuncia que esta “solución” demuestra la dejadez del PP en este servicio.

La concejala socialista Catalina Díaz ha denunciado que “los trabajadores de la residencia de ancianos municipal han tenido que abonar de sus bolsillos el coste de la reparación del lavavajillas del centro ante la negativa de la dirección de hacerse cargo de este pago”.

Según la socialista, los trabajadores que han aceptado el pago para no tener que lavar a mano, “han pagado diez euros cada uno de ellos antes de denunciar la situación al comité de empresa para dar a conocer esta situación irregular y muy triste”.

“Esta situación da una muestra de la total incapacidad para la gestión del equipo de gobierno, que no son capaces ni de hacerse cargo de un pago de menos de 100 euros. ¿Qué pasará cuando no haya presupuesto para pagar otros suministros como la comida de los ancianos, tendrán que pagarlo los trabajadores?”, ha demandado la concejala socialista.

La concejala ha destacado, además, que la gestión de la residencia de ancianos se ha cambiado en las últimas semanas “para poder proceder a su desmantelamiento, con el cambio de la directora del centro por una persona interina que deberá regir los destinos del centro municipal en los próximos meses”. No obstante, “la responsabilidad de la gestión corresponde directamente al alcalde y a la concejala Montserrat Gutiérrez que han de velar porque los residentes tengan unas condiciones óptimas y, por supuesto, porque los trabajadores puedan realizar su tarea correctamente”.

“Los residentes han sufrido ya la crisis suficientemente con el incremento de las tasas que han acordado el alcalde y la concejala responsable de la residencia. No debería sufrir más su ineptitud”, ha subrayado Díaz a través de un comunicado de prensa.

“Todos somos conscientes de las dificultades económicas del Ayuntamiento, pero es clarísimo que deben marcarse prioridades en los pagos y, desde luego, creo que a nadie le queda ninguna duda de que la alimentación de los niños de los centros de educación es esencial”, ha recalcado la edil.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que “es prioritario realizar estos pagos antes de plantar seis árboles en la Avenida de Fernández Ladreda en los que el Ayuntamiento ha tenido que abonar 700 euros”.

Fuente: ileon.com

Idoia Mendia

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, dice que no mirará “a los de fuera y los de dentro como algo diferente”

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha asegurado este jueves, en alusión a los recortes a la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares anunciados por el Gobierno del PP, que en Euskadi sí “se les seguirá atendiendo”.

En una entrevista concedida a ETB, Mendia ha afirmado que el Ejecutivo vasco “no mira a los de fuera y los de dentro como algo diferente” y considera que “todos somos necesarios”. “No acepto que no se les pueda atender”.

La portavoz del Gobierno vasco ha señalado, en alusión a las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno de Rajoy en sanidad y educación, que en lo que haya “invasión competencial” por parte del Ejecutivo autónomo “habrá recurso al Constitucional”.

Mendia ha considerado “intolerable” la “falta de formas” del Gobierno del PP al decidir los recortes, ya que “parece que ha olvidado”, ha censurado, las competencias que tienen las Comunidades Autónomas.

Respecto a las críticas al Gobierno Vasco por parte del PP, que apoya al PSE-EE en el Ejecutivo autónomo, ha considerado que este partido “está nervioso” por el papel “difícil” que tiene ante los ajustes que el Gobierno de Rajoy hace “viernes sí y viernes también”.

Alemania eliminará “operaciones innecesarias”

Mientras tanto, el gobierno alemán se propone eliminar las “operaciones innecesarias” de la cobertura de la sanidad pública, aunque se compromete a mantener todos aquellos tratamientos y prestaciones consideradas justificadas. “Está claro que Alemania la sanidad pública seguirá atendiendo todas aquellas terapias y operaciones necesarias. Nos encargaremos de que así sea”, afirmó el ministro de Sanidad, Daniel Bahr, acerca de los planes de la coalición de la canciller Angela Merkel de reducir ciertas intervenciones.

El ministro calificó de “absurdas” interpretaciones como la aparecida hoy en el popular diario Bild, en cuya portada se pregunta si a partir de ahora quedarán fuera de cobertura algunas operaciones para los ciudadanos de avanzada edad.

La reacción del rotativo sigue a las informaciones publicadas ayer, según las cuales la coalición de gobierno estudia revisar la cobertura de algunas operaciones de dudosa efectividad en esa franja de la población, como intervenciones en la rodilla o las prótesis de cadera. El propio Bahr admitió que los expertos cuestionan la oportunidad de esas intervenciones, que acarrean enormes costes a la sanidad pública.

EFE

“Creemos que, en un entorno de recesión económica, la trayectoria presupuestaria de España probablemente se deteriorará con respecto a nuestras previsiones de enero de 2012″, ha explicado en una nota de prensa. Tras recordar la desviación el déficit, situado en el 8,5% del PIB, y los objetivos de reducción hasta el 5,3% y el 3% para 2012 y 2013, S&P considera que “es improbable que se alcancen estos objetivos en el actual entorno económico y financiero”.

S&P estima un déficit del 6,2% del PIB en 2012 y un 4,8% para 2013, y señala que el “retraso en la adopción del presupuesto” para este año “ha podido reducir la capacidad del Gobierno para evitar desviaciones” de las cuentas públicas.

Según esta agencia de calificación crediticia, las Comunidades Autónomas son las responsables de las “desviaciones presupuestarias” detectadas en 2011. S&P aboga por que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleve a cabo un “esfuerzo importante” de consolidación fiscal, incluyendo aquí un “marco estricto de control presupuestario” de las CCAA.

Asimismo, indica que sus expectativas señalan que el déficit de las CCAA estará en el 1,9% del PIB, un 0,5% por encima del 1,5% presupuestado, por lo que este año el Gobierno central “tendrá que demostrar su voluntad de forzar el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios”.

DEUDA NETA EN EL 76,6% DEL PIB

Debido a las desviaciones presupuestarias y a otras partidas como la deuda con proveedores, S&P estima que la deuda neta se situará alrededor del 76,6% del PIB en 2014, frente a los proyecciones previas de esta agencia que situaban este dato en el 64,6% del PIB.

S&P añade que contempla un escenario aún peor, con una deuda neta que sobrepasaría el 80% del PIB, y que conllevaría una rebaja de la calificación crediticia. En este escenario se alcanzaría por una recesión más profunda de lo previsto para 2012 “como resultado de un comportamiento más negativo de la demanda agregada tanto interna como externa”, y con una caída del PIB real de un 4% seguida de una contracción de un 1% en 2013 y de una recuperación más débil en los años sucesivos.

La agencia crediticia añade que, igualmente, podrían rebajar la calificación de España “si el ímpetu reformista del Gobierno se redujera” o “si se aprecia que la posición externa de España empeora o que su competitividad no mejora”.

“LA ECONOMÍA SE ESTÁ REEQUILIBRANDO”

S&P opina que la economía española “se está reequilibrando” y subraya para ello el buen comportamiento de las exportaciones desde 2009. También celebra el “gran calado” de las reformas del Gobierno, especialmente la de la reforma laboral, aunque considera que “es probable” que ésta no elimine totalmente la dualidad estructural del mercado laboral, si bien considera que se volverá a crear empleo “una vez se produzca una recuperación económica sostenida”.

La agencia crediticia se refiere también a la reforma del sector financiero para defender que los activos inmobiliarios “seguirán siendo las principales fuentes de deterioro de la calidad” del sistema bancario. Asimismo, señala que las operaciones de financiación a largo plazo del Banco Central Europeo han reducido “considerablemente” los riesgos de refinanciación para los bancos españoles.

“Sin embargo”, continúa S&P, “no consideramos que el apoyo por parte de las autoridades monetarias pueda reemplazar la reestructuración del sistema financiero”. Esta agencia sigue echando en falta que se tomen medidas conjuntas de la Eurozona que “generen confianza y estabilicen los flujos de capital con el resto del mundo”.

Fuente: Europapress

El planteamiento de Rodríguez Sendín y de Basora es el de la mayoría de los profesionales sanitarios, que con inquietud apelan a su código deontológico para defender la atención los inmigrantes en situación irregular que desde el 1 de septiembre no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria, según el real decreto de ajustes publicado esta semana por el Gobierno.”Un paciente es un paciente negro, blanco o mediopensionista, y deontológicamente no le podemos abandonar. Es una locura. No somos policías ni inspectores, si a mí como médico me piden asistencia la tengo que dar, otra cosa es que no pueda utilizar las tecnologías que tenga mi centro–, y luego ya se verá la parte administrativa”, dice el presidente de los médicos españoles. Y esa idea de que ellos van a tener que actuar como policías del sistema para evitar supuestos fraudes o simplemente para que se cumpla una norma les incomoda enormemente. Algunos aseguran que no lo acatarán. Practicarán, dicen, la insumisión. O una especie de objeción de conciencia, pero a la inversa.

La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid ha sido la que ha prendido la mecha. “Hacemos un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública para la atención completa a este grupo de población [más de 150.000 personas], perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos. Al mismo tiempo, reivindicamos el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales a la aplicación efectiva del real decreto ley por inmoral, injusto, y peligroso en términos de salud pública”, indican.

Semfyc, la sociedad que preside Basora, con más de 20.000 profesionales, “manifiesta su rechazo a la decisión ministerial de limitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes ‘sin papeles”. Además, desea “advertir de los riesgos sanitarios” de dejarlos “sin el acceso a una atención continuada, ya que restringir su atención a través de las urgencias puede generar mayores gastos y dificultar el control de enfermedades”.

Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, cree que los principios éticos del profesional chocan con la medida emprendida por el ministerio de Ana Mato. “La filiación jurídica del paciente no es un problema nuestro cuando se tiene delante a una persona que tiene un problema de salud. Está claro que no nos podemos negar a atenderlos. Sobre todo si no tenemos garantizado que esas personas, que han sido nuestros pacientes, reciben la atención que necesitan por otra vía”, sostiene. “Nosotros no entramos a analizar el problema de la inmigración irregular, que, además no es turismo sanitario”, aclara. “Pero si estas personas están en España y necesitan una atención sanitaria, como profesionales debemos dársela. Otra cosa es que haya filtros antes de llegar a nosotros”, dice.

González Jurado no niega que el sistema sanitario necesite medidas para garantizar su sostenibilidad, pero critica que la reforma sanitaria del Gobierno se haya elaborado sin contar con la opinión de los profesionales que tendrán que aplicarla. Aunque cree que en ese punto no lo harán. “Ningún médico ni enfermero va a dejar de dar a una persona la asistencia que necesita. Nosotros no tenemos obligación de pedir a la persona el carné de aseguramiento”, afirma.

“Los pacientes no son una historia clínica. Hay una persona detrás. Los profesionales ya les conocemos, ya hemos tenido relación con ellos”, critica Pilar Navarro, secretaria del sector Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que argumenta que “profesionalmente”, además no pueden dejar a sus pacientes desatendidos. “Es una situación que habrá que resolver porque humanitariamente es injusto. Si la gente llega no puedes, de entrada, denegarles la asistencia”, ratifica.

Una idea similar la repiten desde el Colegio de Médicos de Madrid. “Desde el punto de vista ético ningún médico puede dejar de atender a ningún paciente que lo necesite”, afirma un portavoz.

Una coordinadora de sanitarios llama a la insumisión ante la medida

Rogelio Altisent, profesor de bioética de la facultad de Medicina de Zaragoza, explica que desde el punto de vista del Código Deontológico Médico la situación no es sencilla. “No es blanco y negro. Nos encontramos ante situaciones muy variadas y muy duras. Hemos pasado de atender a todo el que pasa por la puerta sin preguntar a ponernos en la tesitura de exigir papeles”, comenta. Este experto explica que el código ético, en su artículo 6, dice que “el médico no abandonará nunca a un paciente que necesite sus cuidados”, y que también habla de que el facultativo, para dejar de atender a un paciente, debe asegurarse la continuidad de su asistencia. “Son puntos que no están pensados para esta situación, pero que se podrían aplicar”, dice. Los médicos que lo hagan tomarán el camino de la insumisión: solicitar que se le exima de una obligación legal y que no se le sancione.

Para Altisent, esa última vía es un camino interesante de explorar. “Así debería hacerse para paliar situaciones dramáticas”, dice. Y critica que en este punto el Gobierno sitúa a los profesionales sanitarios en una situación muy incómoda. “Quizá el propio sistema nacional de salud tendrá que arbitrar situaciones intermedias para no poner a sus médicos en una situación deontológicamente muy delicada”, dice. Tanto, que la Organización Médica Colegial tratará el tema en asamblea. “No son situaciones previstas para nosotros, y hay que analizarlas”, explica su presidente Juan José Rodríguez Sendín.

El enfermero Ángel Navarro, portavoz de la coordinadora que promueve la insumisión, indica que lo suyo es un “llamamiento a todo el sistema”. “Nosotros solo hemos lanzado la idea. No está desarrollado el sistema legal”, indica. Para Navarro, lo que se les propone al negar la atención a pacientes que conocen y que llevan tratando años es “inhumano, injusto, va contra nuestra conciencia y nuestro código deontológico”.

El problema es asegurar la continuidad del tratamiento

Miguel, un médico de familia de Madrid que da un nombre falso, ve con simpatía la idea de la objeción. “En 25 años he visto a bastante población inmigrante, y me han contado casos muy dolorosos. Personas que han tenido que huir de conflictos armados, a los que les han matado familiares”. “Muchos, después de todo ello, están en situaciones muy delicadas de salud mental. ¿Cómo se va a tratar ahora a alguien con esquizofrenia, con depresión? Si ya es difícil para cualquiera que se tome las pastillas, para ellos en esta situación va a serlo aún más”, dice. Por eso, a Miguel la propuesta le parece “razonable”. “Está en nuestro código deontológico”. “Lo que nos piden repugna a la moral”. “Trabajo para el paciente, y voy a flexibilizar al máximo los criterios de qué es una urgencia. ¿O nos van a convertir en policías del sistema?”.

El médico admite, sin embargo, que ello tiene dificultades a nivel práctico. “Una cosa es el diagnóstico, y otra el tratamiento”, dice, con la idea de que una vez atendido, hay cuestiones, como conseguir el medicamento, que sí se les puede poner muy difícil. Pero cree que, al final, la propuesta del Gobierno será como “ponerle puertas al campo”. “El sistema ya tiene agujeros. En primaria también hay urgencias, y, o ponen un policía en la puerta, o todo el que llegue diciendo que tiene algo urgente será atendido”. Lo malo, para él, es que, al final, la atención va a ser peor. “Va a ser desesperante saber que una persona necesita tratamiento y no podérselo prestar”.

Fuente: elPaís