Esta asociación piensa que es hora de que se diriman responsabilidades por una serie de decisiones de carácter político y económico tomadas durante años contra natura y contra todas las recomendaciones nacionales e internacionales, que han conducido al país al borde del abismo económico y a una ruptura social sin precedentes. Es por ello por lo que ha decidido presentar varios escritos en las más altas instancias, instando a investigar las causas de esas decisiones. Acusa asimismo al Gobierno actual, de acelerar el proceso de favoritismos pro-bancarios y convertir España en poco menos que un paraíso fiscal inmobiliario orientado a la compra de viviendas.

La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna inició sus pasos en el año 2003, en los tiempos en los que el precio de la vivienda crecía a un 17% anual mientras desde el Ministerio de Economía capitaneado por Rodrigo Rato, se nos decía -como si eso fuese motivo de orgullo- que “si la vivienda estaba cara era porque los españoles podían pagarla”. Tras el trabajo de análisis preliminar, pronto nos dimos cuenta de que eso no era exactamente así, sino que la vivienda estaba tan cara porque los bancos podían financiarla a esos precios trayendo recursos del extranjero y por ende, comprometiendo nuestro futuro, convirtiendo el tristemente famoso “milagro económico” en una falacia de proporciones históricas, porque era obvio que posteriormente llegaría el día en el que tendríamos que pagar las enormes deudas. Desde entonces llevamos denunciando adonde nos llevaba esto.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel momento y con tremenda incomprensión y desazón hemos contemplado año tras año, como prácticamente todas las medidas en materia fiscal, urbanística o de política de vivienda que han ido tomando los distintos ejecutivos nacionales y autonómicos, de uno u otro partido, no sólo no ayudaron a reconducir la situación del mercado inmobiliario, sino que sólo sirvieron para empeorarla. A pesar de nuestras repetidas denuncias, todo, absolutamente todo el marco regulatorio se ha puesto durante años al servicio de la compraventa de viviendas a precios disparatados, relegando otras opciones que existen y que son tan dignas como la propiedad, en el objeto de que la ciudadanía satisfaga su necesidad vital de alojamiento.

Esta aciaga reiteración en los errores de la clase política, llevó a esta organización a participar de las manifestaciones multitudinarias de 2006-2007 que vinieron a denunciar la profunda ruptura social y económica que estaba ya provocando el modelo de “gente sin casas y casas sin gente” –ya se habla de seis millones de viviendas vacías-. Incluso en aquella ocasión, las medidas que se tomaron por una “vivienda digna” al calor de la protesta social, salvo tenues avances que fueron deshechos poco después, se utilizaron subrepticiamente para fomentar aún más la compraventa de viviendas a precios desorbitados y con ello, el sobreendeudamiento generalizado de la población en base a sus necesidades vitales. La PVD por aquel entonces atónita ante lo que estaba sucediendo, llegó a pedir la dimisión del ministro de Economía, Pedro Solbes -al que se obsequió con un ladrillo gigante- por negarse a frenar o limitar en algún modo la espiral crediticia con la aprobación de la Ley Hipotecaria, una Ley que se redactó de espaldas a la ciudadanía al dictado de las entidades financieras y que, por cierto, contó con el apoyo del Partido Popular y de CiU –quizás el único precedente en toda aquella legislatura de sumo enfrentamiento político-.

Cuando el castillo de naipes construido sobre la necesidad de vivienda de los ciudadanos comenzó a tambalearse, nos dijeron primero que no pasaría nada, que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo, luego que eran pequeñas turbulencias provocadas por los avatares internacionales y que sería algo pasajero, posteriormente llegaron las ayudas públicas a los bancos para “garantizar el crédito y poder seguir creciendo” y cuando llegó el cambio de gobierno, que “se sabía lo que había que hacer” para arreglar el desaguisado. Y mientras, por otro lado se seguía haciendo “mas de lo mismo” y negando una burbuja inmobiliaria –y con ello la corresponsabilidad-, que por no ir más lejos fue calificada de “topicazo” por el actual ministro de Hacienda hace tan solo unos meses. Y ahora llegan las grandes nacionalizaciones y el traspaso ingente de la deuda odiosa a los ciudadanos, un quebranto monumental e histórico por el que no se tiene intención ninguna de responder.

Entre tanta declaración falaz y oscurantista destacó por doloroso el tópico de “nadie nos avisó”, “nadie fue capaz de prever esto”…Tajantemente falso: los avisos fueron constantes y reiterados tanto a nivel interno, como originados en el extranjero durante años. El propio Jaime Caruana ya en 2002 alertaba del aumento de riesgo por el endeudamiento de las familias, a lo que también el actual Ministro de Hacienda replicó “que eso era bueno ya que la compra de un piso programa a largo plazo un incremento del nivel de ahorro”1. Nos consta también que la intervención del Banco de España conocía al menos desde el año 2006 los grandes desequilibrios con los que el mercado inmobiliario estaba amenazando a la banca española. Y si fuera sólo eso…en esta asociación hemos tenido la oportunidad de examinar numerosísimos estudios e informes –los primeros datados en el año 2000-, y muchos otros como los de la ONU, el BdE, el CSCAE, The Economist, los servicios de estudios de distintas entidades financieras internacionales, la OCDE, el FMI, los distintos informes emitidos desde la Unión Europea y un largo etcétera incluyendo a los de esta asociación, que coincidían en
desaconsejar la política de vivienda, fiscal y urbanística que se estaba practicando en España. Los casos más sangrantes se dan con los estudios que el propio gobierno encargó a sus órganos consultivos para pasar a olvidarlos a continuación: Consejo de Estado, Observatorio de la Vivienda, etc. Y la pregunta que surge es ¿por qué no hicieron nada ante las numerosas alertas? Quizás porque como dijo el comisario europeo Almunia “hubiese sido retirar la ginebra a mitad de la fiesta”. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿la fiesta de quién? Porque es obvio que alguien se ha pegado un gran festín en el mercado inmobiliario y ahora no quiere pagar la cuenta, que es bastante abultada.

Sin olvidar la parte de responsabilidad que también reside en entidades europeas, es tal el cúmulo de sinrazones y despropósitos, que sólo los intereses espurios de los que nos han gobernado a nivel personal, de sus formaciones políticas a nivel colectivo y de su interrelación con las entidades financieras y otros negocios privados, pueden explicarlos. Con un país al borde del colapso económico y social, creemos firmemente que de una vez por todas se ha de romper la baraja y que ha llegado la hora de que se depuren responsabilidades y que los que han perpetrado el “festín inmobiliario” paguen por el inmenso daño que han causado a la sociedad española.

Es por ello por lo que esta asociación ha decidido presentar varios escritos en las más altas instancias del Estado y de la Unión Europea: La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instándoles a iniciar un proceso indagatorio y de investigación que confiamos lleve a delimitar responsabilidades de todo tipo allá donde las haya. Hay mucho, mucho que investigar. No se puede aceptar, si queremos tener un futuro democrático y en libertad, que quienes han provocado el caos actual, sigan disfrutando de sus pingües sueldos y pensiones e incluso tomando decisiones, mientras a los ciudadanos –que ya estamos en una situación límite y somos los únicos que hemos pagado el “festín” hasta la fecha- se nos condena a lustros de degradación de nuestro sistema de bienestar social, a más empobrecimiento, a un desempleo fuera de todo orden y a una enorme exclusión social.

Y aún al borde del default, seguimos echando leña al fuego

Y hablando de todo ello ¿qué ha hecho el nuevo gobierno para enderezar esta situación? Pues la respuesta es simple: acelerar exponencialmente las mismas políticas del desastre. Esta asociación ya anunció el continuismo con las políticas del gobierno anterior, cuando en plenas navidades el ejecutivo incluía en un Real Decreto-Ley, a escondidas, una línea de avales para la banca de nada menos que 100.000 millones de euros. Poco después se anunció la aplicación de un IVA superreducido para todas las viviendas, incluyendo las residencias de lujo. También, resultó muy elocuente, el reforzamiento retroactivo de las deducciones a la compra de viviendas para nuevos demandantes, unas “ayudas” que realmente han venido terminando en manos de bancos y promotoras -77.560 millones desde 1979 nada menos 2- y que todos los estudios e instituciones coinciden que han contribuido como nadie a que se infle la enorme burbuja inmobiliaria que hemos sufrido en España y que, por si fuera poco, a estas alturas están detrayendo unos recursos necesarios e imprescindibles a los servicios sociales básicos de la ciudadanía.

Ya más recientemente el gobierno ha anunciado más “cambios” regulatorios en el mercado de la vivienda, amenaza con precarizar aún más el mercado del alquiler con un lamentable anteproyecto de ley –favoreciendo así aún más la compra-, ha congelado vergonzantemente los módulos de protección oficial cuando lo que se debe hacer con ellos es reducirlos drásticamente y por si fuera poco, ahora se anuncian exenciones fiscales adicionales en impuestos inmobiliarios que son determinantes para el presupuesto de las comunidades autónomas. Todo ello persigue el mismo fin: que si tiene que bajar el precio de la vivienda, que sea la porción que disfruta el Estado y no la de las entidades privadas la que baje. Es absolutamente desquiciante comprobar que se sigue sin comprender que para deshacer el agujero negro inmobiliario que decía el gran profesor Naredo, sólo existe un camino que radica en la profunda desinversión y en la bajada drástica en el precio de la vivienda hasta volver a unos precios razonables en relación a los salarios y eso mientras se afianza una política de vivienda realmente social para garantizar el derecho al alojamiento a los más necesitados.

No damos crédito a que todavía aún hoy, se siga intentando echar más leña a una hoguera que ha abrasado ya el país y que se siga obviando que cada persona que se endeuda en exceso por la compra de una vivienda, contribuye a afianzar aún más las insolvencias bancarias y la sequía del crédito tan necesario para generar empleo. Algunas veces hemos aludido al país que van a dejar nuestros gobernantes a las generaciones venideras, pero ahora vamos a probar con la dimensión trascendente de la persona, porque la Historia, esa eterna huella, juzgará a todas estas personas como lo que son, ni más, ni menos. De todo esto y dada la gravedad del asunto, tengan a buen seguro que algún día se escribirá, ya habrá un Pascual Madoz que lo cuente porque no se puede engañar a todos todo el tiempo.

Fuente: Plataforma por una Vivienda Digna

Noticias relacionadas:

• No hay noticias relacionadas…

Alex Navarro estará los próximos días 8 y 9 de Junio en el Congreso de Seo para Seos, organizado por Javier Gosende, que se celebrará en el Centro de Negocios de Alicante.

¿Qué es el congreso de SEO para Seos?

Es un evento organizado por Javier Gosende, que reunirá a 14 ponentes nacionales especializados en el mundo del SEO (acrónimo de Search engine Optimization o optimización de páginas web para los buscadores de Internet).

Es una apuesta personal de Gosende reunir y cautivar ideas entre profesionales del sector, y acercarles a personas que se dediquen, o muestren un entusiasmado interés por optimizar sus páginas web para los resultados de búsqueda de los motores de búsqueda como: Google, Yahoo o Bing.

Pretende ser un congreso didáctico, un punto de encuentro, un lugar donde fomentar el espíritu de compartir conocimientos a través de sus ponencias y crear un ambiente ideal para el networking entre los asistentes al congreso.

¿Dónde y cuando se celebra el congreso?

El congreso se celebrará en las dependencias del Centro de Negocios de Alicante los próximos días 8 y 9 de junio.

¿Quienes son los ponentes del congreso de SEO para Seos?

Entre los ponentes como: Fernando Muñoz, Ricardo Tayar, Lakil Essady, Pedro Martinez, Miguel Valero, José B. Matínez, el mismo Javier Gosende, Arturo Marimon, Julián Sánchez, Pablo Sánchez, Felipe García, Jorge González y Edu Bayo, encontramos a Alex Navarro. Alex es uno de los especialistas nacionales en SEO, un auténtico personaje que comparte sus conocimientos sobre el SEO, marketing de afiliados y experiencias online a través de sus diferentes páginas web: www.vivirdelared.com, www.pixeros.com o www.seonautas.com por citar algunos de ellos. Su ponencia versará sobre “Keyword research para encontrar nichos de Adsense”, que en principio está programado para el sábado dia 9 de junio a las 10 de la mañana. Gracias a su constante trabajo, publicando artículos sin cesar, y las lecturas del equipo de Es Diari hemos podido convertir este portal en lo que es hoy por ello, y a pesar del carácter avanzado y especializado del Congreso SEO para Seos, animamos desde esta publicación a cualquiera que sienta curiosidad por este mundo apasionado de Internet a asistir a las conferencias los próximos días 8 y 9  de junio en Alicante.

Podrán encontrar más información en: http://www.seoparaseos.com/

Noticias relacionadas:

• No hay noticias relacionadas…

La decisió de maldar resoldre els problemes d’aigo de Ciutadella amb la construcció d’una dessaladora no ha deixat de ser polèmica d’ençà la va prendre el llavors Ministre de Medi Ambient, el Sr. Jaume Matas.

El debat va començar sobre la conveniència i necessitat de la dessaladora, sobre la seva ubicació i la manca de connexió amb els pous de Ciutadella i sobre el seu elevat consum energètic. I també va ser (i és) polèmica, la dessaladora, per la decisió de repercutir el cost de construir-la i d’explotar-la (amb els corresponents interessos financers) sobre el rebut de l’aigo que arriba a les cases de Ciutadella.

El 36,1% (7.268.000€) de la inversió va ser pagada amb fons FEDER de la Unió Europea, mentre que la resta ho haurà de ser (d’acord amb la decisió que llavors es va prendre) a través dels rebuts. Açò implica que, mentres que més del 85% de les cases de Ciutadella ara paguen entre devuit i trenta-tres cèntims per un metre cúbic d’aigo, amb la dessaladora pagarien (si no hi posam remei, que n’hi ha) gairebé un euro i mig (gairebé cinc vegades més, de mitja). És, aquest, un cost del tot insostenible per a moltes famílies i, endemés, és del tot injust.

Per fer arribar l’aigo a Ciutadella, el govern del PP ha decidit connectar la dessaladora amb els pous d’Es Caragolí (cosa que hauria d’haver estat prevista al projecte des del principi), una obra que tot i tenir un cost de tres milions i mig d’euros, és del tot necessària si volem regenerar els aqüífers. I parla ara també, el Govern, d’estendre el consum d’aigo dessalada (i reduir així els costos tot ampliant el nombre d’usuaris) fins a Maó i Es Castell, municipi qui també té problemes de qualitat de l’aigo per excés de nitrats.

El dur l’aigo fins Es Castell podria no ser una decisió dolenta per tal de regenerar els aqüífers. Ara, fer-ho no és barat: si el dur-la fins Es Caragolí costa més d’un milió per quilòmetre, la canonada fins llevant pot costar gairebé el doble que la dessaladora). Ni és, tampoc, tècnicament senzill ni gens ràpid de fer. I, endemés, s’ha de trobar el finançament. A no ser que també es vulgui fer recaure el seu cost sobre els consumidors, quan tornaríem a estar en les mateixes. Mentrestant, la dessaladora està sense estrenar, es va degradant i va generant interessos financers que afegir al munt del deute que, si no hi posam remei, se repartirà amb el rebut de l’aigo.

Però de remei (tot i els problemes econòmics actuals de les administracions), n’hi ha. I, endemés, és de justicia posar-n’hi. En la pàgina 49 dels pressuposts per enguany de l’ABAQUA (l’organisme del Govern de les Illes Balears que gestiona l’aigo), hi podem llegir: “El principal cost d’aquesta partida” (Capítol II, Despeses en béns corrents i serveis) “correspon a les compres de l’aigua amb un import de 14.120.529,00 euros, ocasionat per la producció de l’aigua prevista a la zona de la Badia de Palma, Eivissa, Sant Antoni, Formentera, Andratx, Alcúdia, Sa Costera i S’Estremera”.

Vet aquí que el govern es gasta enguany més de catorze milions en comprar aigo, bona part d’ella dessalada. Així, per exemple, i segons la informació facilitada pel propi govern, gasta mensualment (mensulament!) 287.303,33 euros en la dessaladora d’Alcúdia i 303.772,08 euros en la d’Andratx per tal de participar en la seva amortització i/o finançament. I la conselleria de Medi Ambient s’ha compromès amb l’ajuntament de Pollença a estudiar un conveni de col·laboració per reduir el cost del rebut en aquest municipi perquè l’aigo (provinent de la dessaladora d’Alcúdia) els costa setanta cèntims el metre cúbic!

El PP s’ha negat al Parlament i a l’Ajuntament de Ciutadella a què el govern posi doblers en la dessaladora per tal que els ciutadans tenguin aigo de qualitat i a un preu just, mentres veim que ho fa (i a bastament), en les dessaladores de Mallorca. Les administracions tenen l’obligació de tractar els ciutadans a partir del principi d’equitat, pel qual tots tenim dret a rebre els serveis i les prestacions fonamentals en igualtat de condicions.

No hi ha cap dubte que la qualitat de l’aigo és un bé necessari i que el seu preu ha de ser just. I no hi ha cap motiu ni econòmic ni tècnic que justifiqui que les famílies de Ciutadella hagin de pagar l’aigo a un preu escandalós mentre el govern compensa els costos de les dessaladores de Mallorca per tal que les famílies tenguin aigo de qualitat a un preu assequible. És un qüestió de justícia i d’equitat.

Fuente: Damià Borràs – Diputat socialista al Parlament de les Illes Balears

Noticias relacionadas:

• El PSOE de Ciutadella demana que es prioritzi la reordenació del port interior
• El PSOE de Menorca pregunta a la consellera Pons Faner quina opinió li mereix el projecte d’ampliació de Cala en Bosc
• Regar a les dues del capvespre
• El PSOE de Ciutadella reclama que Ports de Balears creï un ens de participació i assessorament sobre la gestió de l’activitat portuària del
• La ONCE reparte en Menorca 980.000 euros

Actualment, residents y visitants han de recórrer 1,4 kilòmetres a causa de les obres de la línia ferroviària Manacor-Artà

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a través de la direcció general de Transports, i l’Ajuntament de Son Servera han arribat avui a un acord per solucionar el problema que afecta l’accés viari al municipi a causa de la paralització de les obres de la línia ferroviària entre Manacor i Artà. Aquesta solució, que tindràun cost de 150.000 euros, passa per la construcció d’un vial de 270 metres, amb una amplada de 7 metres, 3,5 metres per cada sentit de circulació, a més dels corresponents vorals, que evitarà que els residents i turistes hagin de donar tota la volta al municipi per accedir-hi com fins ara. Les obres de construcció d’aquest tram començaran en unes dues setmanes i es preveu que acabin en un termini de dos mesos, de manera que el nou vial estarà operatiu abans de l’inici de la temporada turística.

Aquest acord ha sorgit de la reunió mantinguda avui de matí entre el director general de Transports, Juan Salvador, i el batle de Son Servera, Josep Barrientos, juntament amb altres membres de l’equip de govern i representants de la resta de partits amb representació municipal. De les quatre propostes de solució presentades pel director general de Transports, l’opció escollida és “la més coherent amb el que demanàvem, bona i permanent”, segons el batle Barrientos, que ha agraït al Govern “l’eficiència en presentar una solució després de les reunions prèvies mantingues amb el president i el conseller Company”.

En acabar la reunió, Juan Salvador ha explicat que el nou vial “és una solució moltsemblant a la que es reflectia en el projecte d’execució inicial, que salva els 1,4 quilòmetres que han de recórrer ara els residents i visitants de Son Servera”. A més,el director general de Transports ha afegit que amb la terra que s’extraurà en la realització de les obres, es condicionarà la carretera que ha quedat tallada per les obres ferroviàries, “de manera que resultarà menys impactant des del punt de vista visual i es dissimularan les obres aturades”.

Fuente: Marta Virgili Gabinet de Comunicació Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

Noticias relacionadas:

• Clean up the world Manacor

Los diputados menorquines del Grupo Parlamentario Popular formularán varias preguntas al Govern en el Pleno del Parlament de mañana martes.

El diputado Alejandro Sanz y concejal del Ayuntamiento de Mahón expondrá la situación de la tercera fase del Polígono Industrial de Mahón (POIMA) y preguntará si el Institut Balear de la Vivenda (IBAVI) tenía prevista asignación presupuestaria en el 2011 para cumplir el compromiso de aportar los más de dos millones de euros incluidos en el convenio firmado en 2009.

El parlamentario autonómico Manuel Monerris se interesará por las actuaciones que ha previsto llevar a cabo el Govern Balear en el Institut Pasqual Calbó de Mahón, para lo que dirigirá una pregunta sobre estas inversiones al conseller de Educació, Cultura i Universitats, Rafel Bosch.

El diputado Antoni Camps, portavoz del PP en la Comisión de Hacienda, pedirá al vicepresident Josep Ignasi Aguiló una valoración del anuncio efectuado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para aprobar una gran operación financiera destinada a pagar las deudas de las comunidades autónomas y ayuntamientos con proveedores.

Por último, la diputada Asunción Pons Fullana, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía, dirigirá una pregunta al conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, sobre la operación de venta de un edificio propiedad de la Comunidad Autónoma adquirido por el anterior Ejecutivo autonómico para destinarlo a dependencias administrativas de la conselleria de Presidència.

Fuente: Partido Popular Menorca

Noticias relacionadas:

• No hay noticias relacionadas…

Antonia López Carmona, con la obra “Vuelta a la niñez”, se ha proclamado vencedora del X Concurso de Fotografía de Llucmajor, programado con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que en la presente edición tenía por temática “La mujer y la música”.

En segunda posición ha quedado la fotografía de Jaume Adrover Fuster titulada “Sombra”, y tercera ha sido elegida la imagen titulada “Que la música soni al carrer”, de Francisco Reda.

El acto de entrega de premios, con una dotación en metálico de 800 euros, ha tenido lugar en el Casal de Joves de Llucmajor con la presencia del teniente de alcalde Joan A. Amengual, y las concejalas de Participación Ciudadana y de Educación, Maria Isabel Soteras y Francisca Lascolas respectivamente.

Este año se han presentado a concurso 53 obras fotográficas, que están expuestas en el Claustre de Sant Bonaventura hasta fin de mes.

Fuente: Humbert Colom García-Roglá

Noticias relacionadas:

• Tercer Trofeo MV Motos

El dimecres dia 14 de març, la diputada socialista Cristina Rita demanarà en la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears “què pensa fer l’actual Govern amb l’antic edifici de l’Hospital Verge del Toro”.

Aquesta pregunta va ser formulada per escrit amb registre d’entrada en el Parlament dia 24 d’octubre de 2011 i no havia estat contestada, per la qual cosa, en virtut de l’article 168.2 del Reglament que estableix uns terminis per a les respostes, que ja havien estat àmpliament superats, la diputada va demanar la seva inclusió en l’ordre del dia de la Comissió més propera per a ser contestada per la consellera.

Cristina Rita, a més, és la vicepresidenta de la Mesa d’aquesta comissió i ha fet constar en acta en diverses ocasions la seva protesta per la negativa de la presidenta, M. José Bauzà, diputada del Grup Popular, a sol·licitar la compareixença de la consellera per contestar preguntes que es van acumulant des de ja fa mesos. La consellera Carmen Castro únicament ha assistit a una Comissió parlamentària per contestar preguntes de l’oposició.

El dia 21 de setembre es va aprovar una Proposició no de Llei del PSM-IV-Entesa i Més per Menorca en el sentit de que l’antic Verge del Toro fos convertit en un centre sociosanitari de Menorca, els usos del qual havien de ser acordats a través d’una mesa constituïda pel Govern de Menorca i les entitats menorquines implicades. El Grup Popular va afegir una esmena a aquesta proposta, que va ser admesa, perquè també pogués tenir un ús educatiu relacionat amb l’activitat sanitària o sociosanitària.

Posteriorment, el conseller d’Educació i Cultura, proposava allotjar en aquest edifici l’Escola de Persones Adultes de Maó. És dóna la circumstància que aquest conseller les tres vegades que ha vingut a Menorca ja ha proposat tres seus diferents per a l’Escola de Persones Adultes: l’antic Hospital Verge del Toro, el quarter de Santiago i la nova escola del Camí d’en Guixò, “sense que, fins al moment, s’hagi arribat a una decisió definitiva. Això sense comptar amb que quan va ser director general l’any 2004 la proposta de l’Escola Graduada també va ser seva”.

Cristina Rita, per tant, demanarà què pensa fer, finalment, l’actual Govern de les Illes Balears amb l’antic Verge del Toro perquè “han estat moltes també les propostes que va fer el Partit Popular quan era a l’oposició i que ara, quan governen, no s’està concretat cap”.

Cal recordar que l’anterior Govern presidit per Francesc Antich va convertir l’annex de l’hospital en el segon centre de salut de Maó i va redactar un pla d’usos consensuat amb el Consell de Menorca que preveia acollir a pacients sociosanitaris i centralitzar també en el mateix edifici els serveis que ofereixen a Menorca de Salut, Consum, i Afers Socials del Govern, així com alguns serveis del Consell Insular també d’aquestes matèries.

“Ara el PP té ocasió de canviar aquestes premisses que va dir que no li agradaven, però para això ha de començar a fixar la posició perquè tres anys passen molt prest”, ha manifestat Rita.

Fuente: PSOE Menorca

Noticias relacionadas:

• El PSOE porta al Ple insular una proposta que reclama al Govern la retirada de la taxa de 10 euros per l’obtenció o renovació de la targeta sanitària
• El diputat Guillem Garcia Gasulla presenta una Proposició No de Llei per reclamar la millora del Transport Aeri
• El PSIB-PSOE proposa que es reconegui i es reforci la figura del professorat per garantir una educació de qualitat
• Pla Oci
• El PSOE posa en marxa dos grups de feina per controlar l’acció de Govern i realitzar propostes en els camps  de l’educació i dels serveis socials

El director gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), Roberto Cayuela i Rexach, i el batle de l’Ajuntament de Lloseta, Bernat Coll, han signat aquest passat divendres un conveni de col·laboració segons el qual l’IBAVI cedeix al consistori tres habitatges de protecció pública i un local que es destinaran a donar cobertura a les demandes socials d’habitatges i a magatzem municipal, respectivament.

Els tres habitatges i el local soterrani es troben al carrer de Son Beltran d’Inca i formen part d’un edifici de nou habitatges de protecció oficial propietat de l’IBAVI que actualment es trobaven desocupats. Amb aquest acord, l’IBAVI reafirma la seva funció social cedint a l’Ajuntament de Lloseta la gestió i l’administració dels tres pisos, que es destinaran a facilitar l’accés a un habitatge digne a les famílies de la localitat més afectades per l’actual situació de crisi i desocupació. El consistori es compromet a fer un seguiment, a través de l’àrea de Serveis Socials, dels usuaris dels habitatge per procurar-ne la integració social i una correcta convivència en la comunitat de veïnats. Pel que fa al local soterrani, ubicat en el mateix immoble del carrer de Son Beltran, l’Ajuntament té previst utilitzar-lo com a magatzem i garatge per a vehicles i material municipal.

La cessió dels tres pisos i del local de l’IBAVI s’efectua segons el règim de lloguer social per un termini de cinc anys i amb possibilitat de prorrogar-se posteriorment cada any.

Fuente: IBAVI

Noticias relacionadas:

• No hay noticias relacionadas…

El grup socialista al Consell de Menorca presenta proposarà al ple insular del mes de març que el Consell insti “al seu President a sol·licitar davant el Govern de les Illes Balears la retirada de la taxa de 10 euros per a l’obtenció o renovació de la targeta sanitària individual per l’assistència a la sanitat pública”.

En l’exposició de motius la consellera Noemí Gomila cita tant preceptes constitucionals com lleis estatals i autonòmiques per emfatitzar que, des d’un punt de vista jurídic, “s’entén que l’assistència sanitària és un dret de tots els ciutadans residents a l’estat Espanyol, dret universal, gratuït en el moment de necessitar-los, amb una atenció integral de la salut, procurant alts nivells de qualitat degudament avaluats i controlats”.

A més a la proposta s’hi recorda que el principi més bàsic i constitucional de la salut a Espanya, “és la universalitat del dret a l’assistència sanitària per a tots el casos de pèrdua de salut i la garantia de la igualtat substancial de tota la població en quant a les prestacions sanitàries i a la inexistència de qualsevol tipus de discriminació en l’accés, administració i règim de prestació dels serveis sanitaris”.

Per fonamentar aquestes afirmacions la proposta del grup socialista remet a la Constitució. L’article 41 afirma que “els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garanteixi l’Assistència i Prestacions de necessitat”; així mateix, l’article 43 reconeix “el dret a la Protecció de la Salut, encomanant als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris”.

Pel que fa al corpus legislatiu autonòmic es fa referència a la llei 5/2003, de 4 d’abril, de Salut de les Illes Balears. Aquesta normativa “estructura l’eix principal de l’organització sanitària pública dels serveis sanitaris de les illes com a ens públic, de caràcter autònom, amb plena capacitat d’actuar i al que se l’encomana la gestió dels serveis públics assistencials de la Comunitat Autònoma per garantir-ne la màxima eficiència i per gestionar-la des de la màxima proximitat i coneixement de la població a qui va destinada”.

A nivell de normativa estatal es cita el títol I, capítol III, de la Llei 49/1998, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 1999. En el paràgraf 14 de l’exposició de motius s’hi recorda que l’Estat va assumir totalment el finançament de l’assistència sanitària, suprimint l’aportació de cotitzacions socials i produint-se la “desvinculació total de la Sanitat i la Seguretat Social”, passant a finançar-se aquella íntegrament amb impostos generals que surten de la butxaca de tots els ciutadans espanyols.

Amb tots aquests arguments la proposició que presentarà la consellera Gomila conclou que “el cobrament d’una taxa per l’obtenció o renovació de la targeta sanitària, no és pertinent a la universalitat i la gratuïtat de l’assistència sanitària que emparen les lleis espanyoles dins aquest àmbit”.

Escoltar les declaracions de Noemí Gomila.

Fuente: PSOE Menorca

Noticias relacionadas:

• Cristina Rita demanarà a la consellera de Salut, Família i Benestar Social què pensa el Govern amb l’antic Hospital Verge del Toro
• El diputat Guillem Garcia Gasulla presenta una Proposició No de Llei per reclamar la millora del Transport Aeri

Dos tercios de los españoles ha tenido alguna disputa con sus vecinos en alguna ocasión, muchas de ellas siguen sin resolverse y más de la mitad asegura que ha ocurrido durante el último año. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio* que CPP ha realizado para averiguar los problemas más comunes entre vecinos en España, cómo los resuelven y qué consecuencias conllevan.

Hay más murcianos (77%), madrileños (72%) y valencianos (70%) que aseguren haber tenido disputas vecinales que el resto de españoles. Navarros (40%), gallegos (51%) y asturianos (52%) se sitúan por debajo de la media. Los principales motivos de conflicto son el exceso de ruido, el impago de cuotas comunitarias o derramas, las obras o reformas, los animales domésticos y la suciedad y malos olores. “El exceso de ruido es un problema específico de nuestra cultura. Hicimos el mismo estudio en Reino Unido y causa la mitad de conflictos que en España”, afirma Eduardo Gil, responsable de Comunicación del Grupo CPP, que asegura también que la crisis afecta a la relación entre vecinos, “no sólo porque la gente esté de peor humor sino porque cada día son más los impagos de gastos de comunidad o derramas”.

Más de la mitad afirman haber sufrido el conflicto hace menos de un año. Canarios y catalanes admiten haberlo afrontado en los últimos seis meses (48%) mientras que los asturianos los arrastran desde hace más tiempo (el 38% afirma que surgió hace más de 3 años). Los jóvenes de entre 18 y 35 años aseguran haber tenido más problemas (73%), mientras que casi la mitad de los mayores de 65 años (45%) indica que nunca se ha enfrentado a esta situación. Atendiendo al tipo de vivienda, los que viven en un piso sufren más disputas (72%), que quienes viven en un bajo (65%), un chalet independiente (63%) o un adosado (63%).

El ruido, el dinero y las obras, principales causas de conflicto

Exceso de ruido, producido principalmente por música alta y aislamiento deficiente, e impago de los gastos por derramas o de la comunidad son las causas más frecuentes del desacuerdo vecinal.

El 28% de los encuestados afirma haber tenido problemas con los vecinos por exceso de ruido. Por encima de la media se colocan los castellano-manchegos (35%), valencianos (33%) y madrileños (32%), mientras que los que menos se quejan por el ruido son los asturianos (19%), gallegos (19%) y aragoneses (20%). Son los que viven en un piso, los que más acusan este problema (32%), seguidos de los que lo hacen en un bajo (28%), en un chalet adosado (22%) o en un chalet independiente (11%).

El mismo porcentaje (28%) asegura convivir con vecinos que no pagan sus gastos comunitarios, siendo los que residen en un piso quienes más lo sufren (35%) y los de un chalet independiente los que menos (10%). Atendiendo a las regiones, esto sucede más en Cantabria (48%), Murcia (39%) y Valencia (34%) y menos en Cataluña (21%) y Navarra (9%). Los hombres han tenido más problemas que las mujeres por este motivo (30% frente al 26%).

De molestias por obras y reformas se queja uno de cada seis españoles (16%). Los hombres (18%) se quejan más que las mujeres (15%) por esto y, sobre todo, los mayores de 66 años (21%). Los vecinos de Madrid (23%), Canarias (22%) y País Vasco (19%) declaran sufrir por esto en mayor medida frente a los navarros (4%), asturianos (5,5%) y baleares (9%), que son más tolerantes con este aspecto. Otras quejas comunes se centran en la existencia de animales, referido por el 15% de la muestra, la suciedad (12,8%), los malos olores (10%), y el riego o el agua (8%).

Gastos, tener que mudarse, problemas de salud y discusiones

Analizando las consecuencias de los conflictos, el estudio indica que pasan por tener que afrontar gastos imprevistos y pérdidas de tiempo, tener que emprender acciones legales, experimentar estresantes capítulos de discusión, e incluso padecer problemas de salud. Cuando la disputa perdura, peores son las consecuencias y una de cada tres personas indica que aún no lo ha podido resolver, principalmente por falta de dinero, de tiempo y de ayuda profesional.

El coste económico para quienes lo han solucionado varía según el tipo de vivienda y la raíz del problema. Para más de la mitad (54%) supuso unos 100 €, para el 30% entre 200 y 500 € y para el 16% más de 500 €. Cantabria y Navarra son las regiones en las que más costoso resulta resolver una disputa. Allí, un tercio de los encuestados pagó más de 1.000 € frente al 70% de entrevistados en Murcia, Asturias y Castilla y León que pagaron menos de 100 €.

Los costes legales son, junto con la reparación de daños, las fuentes de perjuicio económico más comunes entre los españoles para resolver un conflicto vecinal. Una de cada 10 personas ha emprendido acciones legales y el 8% está a punto de hacerlo. Baleares (20%), gallegos (18%) y aragoneses (18%) son los que más acuden a los tribunales mientras que madrileños (4%) y valencianos (7%), los que menos. Como razones para no recurrir a un abogado, el 50% arguye no querer empeorar la situación; el 11% dice evitarlo por creer que es cara; el 10% porque le quitará tiempo; y el 8% por miedo a represalias. Sólo el 7% afirma disponer de algún servicio de asistencia y protección legal. “Donde menos se recurre a la ayuda legal es donde más conflictos se declaran y viceversa y está demostrado que se ahorra tiempo y dinero si se soluciona el conflicto cuanto antes”, explica Eduardo Gil. El 13% decide denunciar a la policía antes que solicitar ayuda legal, fundamentalmente en Cantabria (33%) frente a Aragón, en donde solo un 3% acude a comisaria.

Otros efectos de sufrir un conflicto vecinal, y que generan costes, son tener que mudarse, algo que afirma haber hecho o estar pensándolo el 8%, con los jóvenes entre 26 y 35 años los más dispuestos a hacerlo, o los problemas de salud, referido especialmente por los mayores de 65 años, sobre todo en Cantabria, Extremadura y Galicia, y más frecuentemente entre los que viven en un chalet independiente o un adosado (9%).

Entre las consecuencias que tienen un coste psicológico más que económico encontramos las discusiones, más o menos fuertes, que se generan. El 22% de los encuestados afirma haberlo sufrido. Baleares (29%), madrileños (28%) y Canarios (28%) los que más y gallegos (8%), asturianos (9%) y navarros (11%) los que menos. Se genera más disputas verbales entre hombres (24%) que entre mujeres (20%) y son los más jóvenes, los menores de 25 años, quienes más lo hacen (28%) frente a los jubilados (14%), los que menos. Según el estudio, si vives en un bajo discutirás más que la media (28%) que si lo haces en un chalet (19%). La ruptura total de las relaciones con el vecino ha sucedido para el 10% de los encuestados, siendo los navarros (22%) quienes más niegan la palabra tras estos conflictos y los asturianos (5%) los que menos. De nuevo, los más jóvenes, los más reacios a volver a hablar (18%).

Más comunicación y más respeto, claves para la paz vecinal

Conocer tus derechos y obligaciones, junto con un diálogo fluido, son las bases para evitar conflictos. Sólo el 54% de la muestra asegura hablar de vez en cuando con sus vecinos y únicamente el 15% afirma hablar mucho. El 25% de extremeños, navarros y castellano-manchegos afirman conversar muy a menudo mientras que solo un 10% de cántabros, asturianos y murcianos lo afirman. En general, se relacionan más los mayores de 56 años y menos los jóvenes entre 18 y 35 años. Los de chalet adosado suelen relacionarse más (22%) que los que viven en un piso (13%) y preguntados por el tipo de relación que guardan, el 36% asegura no conocer a todos sus vecinos, sobre todo los que viven en un piso (40%), porcentaje que se eleva considerablemente si nos fijamos en los jóvenes entre 18 y 35 años (44%) y, en general, en Madrid, donde casi la mitad de los encuestados (48%) asegura este extremo, mientras que los vascos destacan como los españoles que más afirman conocer a todos sus vecinos (38%). La gran mayoría, el 96%, declara no dedicar el tiempo suficiente a estar con sus vecinos, principalmente por falta de tiempo y sólo el 22% considera a su comunidad de vecinos muy amigable.

Consejos de CPP – Protección y Asistencia Legal:

1. Conoce tus derechos: Para resolver los conflictos amistosamente, conoce tus derechos como vecino. Te ayudará a solucionar disputas sin necesidad de llegar a la vía judicial.
2. Y tus obligaciones: Intenta hacer el mínimo ruido posible, paga la comunidad regularmente; no ensucies las zonas comunes, consensúa antes las obras o reformas y, si tienes animales, que no entorpezcan el día a día de tus vecinos. Si muestras respeto, tus vecinos te respetarán.
3. Comunícate con tus vecinos: Avisa si vas a hacer una fiesta, colgar un cuadro o si ves a alguien raro merodeando. Ellos te lo agradecerán y te avisarán a ti y el mero hecho de hacerlo te ayudará en la resolución legal cuando existan normas específicas en una comunidad.
4. Habla los problemas: Invítale a casa, ponle en tu lugar y explica a tu vecino in situ cuál es el problema para que lo entienda de la mejor forma posible.
5. Contrata un seguro de protección legal: Más vale prevenir que curar. CPP Protección Legal te ayuda cuando la necesites, te informa de tus derechos y deberes y de cómo defender tu posición cuando converses con tus vecinos acerca de un problema. Si la cosa va a mayores, podrás contar con un abogado.

Fuente: Ana de Quinto / Alicia Castellote

Noticias relacionadas:

• No hay noticias relacionadas…