Espacio-Iuris

2014-10-14T12:02:00.002-07:00

INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993

De conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, “a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensiónales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

La fórmula que está utilizando la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta es la siguiente:

S = [(D*T*t)/100],-S es igual al producto D por T por t dividido entre cien- en donde:

S, es el interés de mora generado por la suma dejada de pagar en la respectiva mesada.

D, es el valor dejado de pagar.

T, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento de efectuarse el pago, certificada por el Banco de la República; y

t, el tiempo transcurrido entre la fecha de causación de la mesada, y aquélla en que se proceda a su satisfacción de la misma.

La sumatoria de los intereses de mora generados por cada mesada, constituye el monto total de la condena.

Importa resaltar que el elemento (T), es decir, la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento de efectuarse el pago, ciertamente es la certificada por el Banco de la República, pero debiendo aclararse que en la sustitución que se haga en la ecuación transcrita, debe convertirse con la siguiente operación:

N= ((1+TE)^(1/N)-1)x12

N es igual al producto de 1 más TE elevado a la potencia de 1 sobre N menos 1, por 12.

En donde N es la tasa nominal que queremos encontrar, que equivale al elemento (T) de la fórmula proporcionada y (TE) es la tasa efectiva anual, esta sí certificada por la Superintendencia Financiera, a la que debe sumársele uno (1) y el resultado elevarlo a un doceavo (1/12), porque N corresponde al período al que se quiere convertir la tasa nominal, es decir, nominal susceptible de ser dividida por doce (12), a todo lo cual se le restará uno (1) y finalmente multiplicarse por doce (12); pasos los cuales les precede que se adicione en el 50% de su valor y entonces obtendremos la Tasa Máxima de interés moratorio vigente al efectuarse el pago, valor con el cual debe reemplazarse el elemento (T) de la operación.

LA TASA EFECTIVA ANUAL UTILIZADA, ES LA ESTIPULADA POR LA SUPERFINANCIERA, Y PUEDE SER CONSULTADA EN SU PÁGINA WEB, www.superfinanciera.gov.co. CON LA EFECTIVA ANUAL SE SACA LA MENSUAL. OBSERVEMOS EL SIGUIENTE EJEMPLO, EN EL QUE COLOCAMOS COMO TASA EFEC ANUAL 19.17% de la Superfinanciera:

LUEGO SE DESARROLLA LA SEGUNDA FÓRMULA.

2014-10-14T11:48:00.002-07:00

Acto Legislativo 1 de 2005. Vigencia de las

reglas convencionales en materia pensional.

El artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, dispuso una especie de régimen de transición, con el fin de salvaguardar derechos adquiridos de los trabajadores:

“Parágrafo transitorio 3°: Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado.”

Aunque pierdan vigencia las reglas pensionales contenidas en convenciones colectivas de trabajo, en pactos colectivos de trabajo, en laudos arbitrales y en acuerdos válidamente celebrados, ello no trae como consecuencia la pérdida de los derechos adquiridos, mientras esas normas mantuvieron su fuerza.

Empero, lo anterior está supeditado a que ese derecho se haya efectivamente consolidado, es decir, haya entrado al patrimonio de su titular.

2014-10-14T11:45:00.001-07:00

Interrogatorio de parte. Finalidad. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

En lo que se refiere a los interrogatorios de parte, esta prueba busca obtener únicamente la confesión de la parte interrogada. Así lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

“Cabe destacar, que la prueba de interrogatorio de parte tiene como objetivo principal, la búsqueda de la confesión de la parte interrogada, razón por la que sólo pregunta la contraparte y, que las respuestas deban limitarse a lo preguntado. Tales razones hacen que el interrogado no puede alegar como prueba su propio dicho" (Radicado 34.839 del 24 de junio de 2009).

2014-10-14T11:42:00.001-07:00

Costas en casación laboral. Interés para recurrir en casación.

A efectos de calcular la cuantía del interés para recurrir en casación no se tiene en cuenta la condena en costas, o la disposición de no elevar condena por ellas, por cuanto las costas no son un extremo de la litis, de suerte que, de cara al recurso extraordinario de casación, no representan un agravio para las partes. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha manifestado sobre el tema lo siguiente:

“Es oportuno anotar que conforme a la jurisprudencia laboral, para determinar el interés para recurrir en casación de la parte que se considera agraviada por la sentencia no es dable tomar en cuenta el monto de la condena por concepto de costas, habida consideración que éstas no tienen el carácter de petición principal, sino que corresponden a una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción, las cuales se ordenan incluso cuando no haya sido solicitadas en la demanda o su respuesta.”[1]

[1] Radicación 31154, del 5 de diciembre de 2006

2014-10-14T11:39:00.001-07:00

Análisis de la prueba testimonial en el proceso laboral.

De manera reiterada, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que la prueba testimonial sólo adquiere poder demostrativo, cuando los testigos declaran de manera responsiva, exacta y completa.
Igualmente, ha enseñado que es responsivo el testimonio, cuando cada contestación se relata dando la razón de la ciencia de lo dicho, exacto, cuando la respuesta no deja lugar a incertidumbre; y completo, cuando la deposición no omite circunstancia que pueda ser influyente en la apreciación de la prueba.

2012-08-05T20:01:00.001-07:00

ENSAYO

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE IVM

(DECRETOS 3041 DE 1966, 2879 DE 1985 Y 758 DE 1990)

El cubrimiento de los riesgos que afectan al ser humano ha sido la preocupación de los gobiernos, los patrones o empleadores, y el propio trabajador. Inicialmente inició el sistema pensional como una obligación de carácter patronal, pero con el tiempo poco a poco se ha procurado que los patronos queden liberados de ese compromiso.

Se ha hecho un esfuerzo inmenso, podría decirse, que desde el nacimiento de lo que hoy conocemos como Estado, para cubrir los distintos eventos que pueden afectar al trabajador, en primer momento, y su familia, incluso.

Los primeros pasos para llegar a lo que hoy conocemos como Seguridad Social en Colombia, se remontan según los estudiosos doctrinarios inclusive al nacimiento de la República, aunque de antaño, luego de la independencia, se otorgaron como premio no como cubrimiento de un riesgo pensiones a quienes hubieren participado en alguna batalla[1].

Es así como luego de la creación de la expedición de la ley 90 de 1946 que estableció el seguro social obligatorio y creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales ICSS, (hoy denominado Instituto de Seguros Sociales “I.S.S”), se cubrieron hasta el 1º de enero de 1967 los riesgos de enfermedad y maternidad y riesgos profesionales. El Gobierno se tardó más de 20 años en dictar el Reglamento. Aunque sobre la fecha en que operó la subrogación, dice Lopez Villegas que ésta no operó de manera general, es algo equivocado en cuanto a que debe estar referida siempre a una comprensión municipal, aquella en la que laboraba el trabajador[2].

Independientemente de si fue esa fecha o no, lo anterior, fue en virtud del artículo72 de la ley 90 de 1950 que reza: “Las prestaciones reglamentarias en esta ley, que se venían causando en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esta fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores.”

Gerardo Arenas Monsalve denomina el período comprendido entre 1967 y 1977 como de expansión, y citando a Rodríguez y Arévalo dice:

“1. La expansión de los Seguro Sociales del ICSS se produce con la puesta en marcha del seguro de invalidez, vejez y muerte. Con este seguro, se da un paso importante no sólo en la consolidación de la seguridad social sino “en el proyecto de un estado racionalizador de la actividad económica”⁽³¹⁾. Desde el punto de vista jurídico hubo importantes discusiones jurisprudenciales y desde el ángulo financiero, nuevos problemas para el instituto.”[3]

Este autos caracteriza esta etapa como la “ampliación de los beneficios del sistema de seguridad social, así como la expansión geográfica de su cobertura”.

En este período, una importante página se escribe en la evolución de la seguridad social. La expedición del reglamento general del seguros social obligatorio de invalidez, vejez y muerte mediante acuerdo 224 de 1966, fue aprobado en su integridad por el gobierno mediante el decreto 3041 del mismo año, el cual trajo novedades respecto al sistema de prestaciones patronales que estaba implementado en ese momento.

Lo que podríamos llamar uno de los cambios significativos que trajo el reglamento general del IVM, en palabras de Arenas Monsalve fue que “se estableció que la pensión de vejez se obtiene con el cumplimiento del requisito de edad y tiempo de cotizaciones al sistema en cualquier empresa afiliada al Instituto. Con el requisito de edad (55 años para las mujeres y 60 para los hombres), se aumentaron las edades previstas originalmente en el Código Laboral. El tiempo de cotizaciones se fijó como regla general en 1000 semanas, pero con posibilidad de que se redujera a 500 semanas si se cotizaron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional, con lo cual se beneficia a quienes llegaron más mayores a la afiliación al sistema.”[4]

Luego, mediante el acuerdo 016 de 1983, que fue aprobado por el decreto 1900 de 1983, se modificó la anterior disposición en lo referido al número de semanas cotizadas, al establecer que el afiliado debía acreditar 500 semanas aportadas durante los últimos 20 años anteriores a la fecha de la solicitud del reconocimiento de la prestación o un mínimo de 1000 contribuidas en cualquier tiempo. Juega un papel importante durante la vigencia de esta norma la solicitud que de su derecho pensional hiciere el afiliado.

Por último, el art., 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, modificó a su vez el precepto anterior para volver al requerimiento que originalmente se estableció en el acuerdo 224 de 1966, de un mínimo de 500 semanas de cotización cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, 60 para hombres y 55 en mujeres, o haber cumplido un número de 1000 semanas aportadas en cualquier tiempo.

Con la creación del Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de invalidez, vejez y muerte, no solo se dio un paso importante respecto a los riesgos que se cubrían, sino que, trajo consigo lo que se denomina la subrogación pensional.

Este tema, para nosotros se constituyó en un avance importante. “En un primer momento, el Consejo de Estado estimó que los requisitos para obtener la pensión en el Seguro Social eran más gravosos que los establecidos en el Código Laboral, de manera que el ISS no había asumido plenamente los riesgos que le correspondían antes al patrono, por lo cual éste debía responder por la diferencia; y con ese criterio anuló la norma del reglamento de pensiones que establecía que las prestaciones del Seguro sustituyen de derecho las obligaciones patronales en materia de pensiones⁽³²⁾; a pesar de la nulidad de esa norma, quedaron vigentes otras que permitieron asumir que había subrogación del sistema pensional patronal por el del Seguro Social. Más tarde, en los años ochenta, la jurisprudencia precisó los alcances de esa subrogación.”[5]

En palabras de Lopez Villegas “Las reglas de la subrogación están básicamente orientadas a determinar cómo se trasladas las obligaciones del empleador al sistema, respecto a los trabajadores según su antigüedad laboral para el momento en el que son afiliados (…)”[6]

Lo importante es entender el tránsito entre uno y otro régimen pensional, el que era en cierta forma manejado por los empleadores y el administrado por el ICSS. El decreto 3041 de 1966 aprobatorio del acuerdo 224 del mismo, en lo que llamó “Capitulo IX disposiciones finales”, regula la transición, de las prestaciones patronales directas a las del seguro social que es contributivo y obligatorio, en concordancia con el artículo 72 y 76 de la ley 90 de 1946.

Lopez describe claramente en pocas palabras cómo se cumple con ese salto de obligaciones de una cabeza a otra, haciendo referencia al artículo 60 y 61 ibídem, y señala las siguientes reglas de la subrogación:

a) Los trabajadores con veinte o más años de servicio quedaban por fuera del amparo de los Seguros Sociales Obligatorios;

b) Los que tuvieran menos de diez años quedaban por fuera de la seguridad social empresarial, pues los patronos quedaban liberados de la obligación de brindar la protección de vejez; y

c) El contingente de trabajadores entre diez y veinte años de servicios tienen el derecho a gozar sucesivamente de una y otra pensión, la de la empresa a los 55 años y la de vejez a los sesenta, y eventualmente compartida si la primera fuere superior, caso en el que el empleador quedaba obligado por ese mayor valor.[7]

La Jurisprudencia que empezó a suscitarse luego de la implementación del nuevo sistema pensional con el reglamento del ICSS, aclara las dudas que respecto a la subrogación pensional trajo el decreto 3041 de 1966 (acuerdo 224 de 1966).

Adecuadamente Lopez expone el contenido de una de las sentencias más importantes de la C.S.J. Sala Laboral, del 8 de noviembre de 1979, radicada con el número 6508 que explica cuáles riesgos fueron asumidos por el ICSS total o parcialmente, de forma compartida con el patrono, y cuáles continuaron siendo responsabilidad de éste. Así la expuso:

“1. Pensiones de jubilación a cargo exclusivo del patrono

a) Las de aquellos trabajadores que estuviesen gozando de ella al iniciarse la asunción del riesgo de vejez por el Instituto de Seguros Sociales.

b) Las de quienes en esa misma fecha lleven 20 años de servicios, aun cuando todavía no hayan cumplido la edad exigida por la ley. (Art. 59 del Reglamento).

c) Las especiales por retiro voluntario después de 15 años de servicios, respecto de trabajadores que llevaran 10 años o más cuando se inició el tránsito de un sistema a otro y cuya desvinculación se produzca dentro de los 10 años siguientes. Esta pensión tendrá vigencia hasta el momento en que el instituto, si fuere el caso, comience a pagar la de vejez

2. Pensiones compartidas entre el Instituto de Seguros Sociales y el patrono

Las que correspondan a trabajadores que en la fecha en que el Instituto haya comenzado a asumir el riesgo de vejez lleven más de 10 años de servicios y completen el tiempo y la edad requeridos para la pensión de jubilación y continúen cotizando a los Seguros hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez. Al quedar satisfechas las exigencias para la jubilación, el patrono debe pagar la pensión íntegramente hasta que el instituto comience a pagar la suya; a partir de este momento la obligación patronal queda reducida al pago de la diferencia que llegare a existir entre el valor de las dos pensiones, y nada deberá si el monto de ellas fuere igual. En el primer evento, la sustitución del patrono por el Instituto será parcial y en el segundo total (Arts. 60 y 61 del Reglamento).

3. Pensiones especiales a cargo del patrono concurrentes con la pensión de vejez

Las denominadas pensión-sanción, impuestas como pena al empresario que despide sin justa causa a un trabajador con más de 10 años de servicios y menos de 15, o con igual falta de justificación después de 15 años de servicios. Estas pensiones, como se dejó apuntado, por su propia índole represiva, por no obedecer al riesgo de vejez y por expresa disposición del artículo 61 del decreto 3041 de 1966, son compatibles con la que está obligado a otorgar el Instituto de Seguros Sociales desde el momento en que se encuentren cumplidos los requisitos mínimos que la condicionan. Como puede darse el caso de que al producirse el despido injusto el trabajador no tenga sufragadas las cotizaciones mínimas (porque tenía 10 años o más de servicios en la fecha de la asunción del riesgo y se le despidió antes de que sirviera otros 10 años), la norma le permite seguir cotizando hasta completarlas (Arts. 8º de la Ley 171 de 1961, en concordancia con el 61 del Reglamento).

4. Pensiones a cargo del Instituto de los Seguros Sociales exclusivamente o pensiones de vejez

Las correspondientes a todos los demás trabajadores sujetos a la regla general del Seguro Social Obligatorio que hubiesen ingresado al servicio de un patrono con posterioridad a la fecha en que el Instituto comenzó a asumir el riesgo de vejez, o antes de dicha fecha, pero sin haber completado por entonces un tiempo de servicios de 10 años. En todos estos casos el Instituto sustituye o subroga de manera total a los patronos en la obligación de pagar pensión de jubilación, salvo en lo concerniente a la pensión sanción de que trata el punto anterior. (Arts. 1º, 11, 12, 14 y 57 del reglamento).”[8]

Luego de la puesta en marcha del reglamento del Seguro Social Obligatorio, y que se van vislumbrando las inconsistencias de la norma (acuerdo 224 de 1966), con el fin de ir adaptando las pensiones de vejez e invalidez por riesgo común a las condiciones en que se otorgan las pensiones de jubilación que reconocen los patronos, se empiezan a modificar las disposiciones normativas, para reajustar las pensiones, las cotizaciones, la ampliación del régimen establecido en los artículos 60 y 61 del acuerdo 224 de 1966 a otras pensiones, no sólo liberándose al empleador de su obligación por la pensión sanción, sino también las convencionales y las voluntarias, claro está, con la condición de que contribuyera al cubrimiento del riesgo y que el trabajador cumpliera los requisitos para la pensión de vejez[9].

Téngase en cuenta lo manifestado por Lopez Villegas, que luego de la transición señalada en el artículo 61 del acuerdo 224 de 1966, la pensión sanción desapareció, sin que se estableciera la posibilidad de su subrogación.

Por lo tanto, lo que hizo posible que se enderezaran las cosas, fue la expedición del acuerdo 029 de 1985 emanado por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el decreto 2879 del mismo año. Se propugnó por una mayor equidad en el régimen naciente.

Es de tal envergadura el cambio que plasmó el acuerdo 029 de 1985 en el reglamento del ICSS, que ya no sólo se subrogaría por el ISS las pensiones legales, las del Código Sustantivo del Trabajo, sino también las extralegales.

Algo importante y notorio con la expedición de dicha norma, modificatoria parcialmente del Reglamento, fue que se equipararon la pensión sanción y la de vejez, en cuanto a que cubren el mismo riesgo, son de igual naturaleza.

El acuerdo 029 de 1985 derogó el artículo 61 del acuerdo 224 de 1966, es decir, que como lo dijo la Corte en 1986, sentencia del 13 de agosto, citada por Lopez Villegas, además de la equiparación de la pensión con la de vejez, también se eliminaron temporalidades incorporadas al ordenamiento, por lo que con la norma nueva se tiene una vigencia indefinida, y además, que la pensión sanción ahora quedará subsumida en la de vejez que reconozca el ISS a partir del momento en que se completen los requisitos de la pensión de vejez.[10]

Una primera conclusión brota a la vista y es que, la subrogación pensional corresponde a las pensiones con carácter compartido, que en con la vigencia del decreto 3041 de 2996 sólo puso efectuarse sobre las pensiones legales, y con la modificación del decreto 2879 de 1985, se introdujo la posibilidad de la compartibilidad de las pensiones extralegales, que se obtienen por pacto colectivo, convención colectiva etc. El propósito fundamental de ello, fue que las empresas que tenían la obligación de asumir las prestaciones pensionales de sus trabajadores, se desprendieran total o parcialmente de ellas.

Sin embargo, “No se opone lo anterior a que se establezca mediante convenciones o pactos colectivos u otros actos unilaterales del empleador, la concesión de pensiones independientes del sistema, compatibles con las que este ofrezca, esto es, para que no opera la subrogación de las pensiones concedidas a partir del 17 de octubre de 1985.”[11]

Requisito indispensable entonces para operar la compartibilidad en materia de pensiones es primero que se haya concedido a partir del 17 de octubre de 1985 y que se trate de una pensión de origen convencional, voluntaria, o por laudo arbitral, caso en el cual ésta es compatible, que no compartible con la de vejez.

Corte Suprema de justicia Sala de Casación Laboral ha explicado claramente cuándo opera el fenómeno de la compartibilidad y el de la compatibilidad de las pensiones:

“(…) porque lo que se deduce de las normas cuestionadas es que la compartibilidad entre las otorgadas, entre otras, por convención con la de vejez que posteriormente reconozca el lSS, es posible siempre y cuando la primera se haya concedido a partir del 17 de octubre de 1985. De manera que observar si la de vejez se concede antes del 17 de octubre de 1985 resulta irrelevante, lo que se debe mirar antes de tal fecha es si se concedió una de origen convencional, voluntaria, o por laudo arbitral, caso en el cual ésta es compatible, que no compartible con la de vejez.

En ese orden es dable aclarar que, frente a las pensiones, es distinto el concepto de la compartibilidad del de la compatibilidad, pues el primero surge conforme a los supuestos de hecho que los artículos citados disponen, esto es, que una vez se empieza a pagar la de vejez por el ISS, se comparte su valor con la que venía siendo pagada por la empresa, reconocida el 17 de octubre de 1985 siendo de cuenta de esta última su mayor valor, si lo hubiere, mientras que en el segundo no se confunden o comparten los valores de una y otra pensión, las dos se pagan separadamente, una por el instituto y otra por la empleadora.

Este punto ya ha tenido oportunidad de estudiarse por la Corte. En sentencia del 18 de septiembre pasado, radicación 14.240, se puntualizó, entre otras, lo siguiente:

"3. En varias oportunidades la Corte ha dilucidado el alcance del acervo normativo señalado por el impugnante como entendido equivocadamente y ha concluido que la pensión extralegal reconocida por un empleador antes del 17 de octubre de 1985, cualquiera sea el acto que le haya impuesto dicha obligación prestacional, esto es, contrato de trabajo, convención o pacto colectivo, laudo, o conciliación, por regla general es compatible con la pensión de vejez que alguna entidad del sistema de seguridad social también reconozca al beneficiario de aquella jubilación. A menos, ha puntualizado la jurisprudencia aludida, que por voluntad expresa de las partes se haya acordado la incompatibilidad de dichas pensiones y, por lo mismo, la compartibilidad de la pensión legal de vejez con la voluntariamente otorgada por el empresario, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y condiciones señalados en la ley.

Díjose en la más reciente de las sentencias alusivas al problema jurídico planteado por el censor, al determinar los alcances del Acuerdo 224 de 1966, que durante la vigencia de éste no era viable que una pensión de origen voluntario se compartiera con la de vejez otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales, habida consideración de que la posibilidad consagrada en ese precepto se circunscribe de manera exclusiva a las pensiones de naturaleza legal (rad. 12.461, nov. 30/99). Es decir, que antes de la expedición del Decreto 2879 de 1985, aprobatorio del Acuerdo 029 del mismo año, no era factible conmutar una jubilación extralegalmente reconocida por el empleador, al cumplir su pensionado directo la densidad de cotizaciones y la edad requeridas para la adquisición del derecho a la pensión de vejez".

Más adelante, dentro de la misma providencia reprodujo parcialmente la dictada por esta Sala el 8 de agosto de 1997, radicación 9.444, en la que, entre otras, después de transcribir el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, se razonó en los siguientes términos:

"La anterior disposición se hizo más explícita en el Decreto 0758 de abril 11 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 del 1º de febrero de ese mismo año, cuando al regular en el artículo 18 la compartibilidad de las pensiones extralegales, señaló:

“Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación, reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985 (fecha en que fue publicado el D. 2879/85 en el Diario Oficial Nº 37192), continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que venía cancelando al pensionado (subrayas fuera del texto).

"PAR.—Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.

Así las cosas, resulta claro que el Instituto de Seguros Sociales tan solo comparte las pensiones extralegales cuando se causan con posterioridad a la vigencia del Decreto 2879 de 1985, es decir del 17 de octubre de ese año en adelante, si el empleador continúa aportando al instituto para el seguro de vejez, invalidez y muerte, a menos que sean las mismas partes quienes acuerden que la pensión voluntaria patronal sea concurrente con la de vejez del ISS.

En consecuencia, no se puede ignorar ni recortar el texto de esta preceptiva, desconociendo lo prescrito claramente por ella o reduciendo el asunto a una simple continuidad de cotizaciones patronales, porque lo que fluye de su diáfana redacción, es que la compartibilidad sólo opera respecto de las pensiones voluntarias causadas desde la vigencia del precepto hacia el futuro porque, además, sólo así se respetan los derechos adquiridos. Y si la compartibilidad surge únicamente para ese tipo de pensiones —salvo acuerdo expreso en contrario—, es lógico que la dicha consecuencia no puede aplicarse de idéntica manera a las causadas con antelación a la entrada en vigor de la norma, so pena de transgredir no solamente ésta sino también el principio lógico que enseña que la expresa inclusión de una hipótesis supone la exclusión de las demás".^{^[12]}

Es decir la compartibilidad en las pensiones de jubilación voluntarias o convencionales con las reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales opera siempre y cuando hayan sido reconocidas con anterioridad a 17 de octubre de 1985, y la convención exonere de la compatiblidad, de lo contrario, serán compatibles.

Por su parte, como se dejó claro en la sentencia transcrita, el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 1990, que creó el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, derogando expresamente el acuerdo 224 de 1966 y su reforma, mantuvo, entre otras cosas, la compartibilidad de las pensiones que ya se había señalado en el acuerdo 029 de 1985; es decir, que sigue avanzando la regulación al tema de la compartibilidad.

Con la expedición del decreto 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990,, se mantuvo el espíritu de muchas, casi todas se podría decir, de las disposiciones del decreto 3041 de 1966, como son los requisitos de edad y semanas cotizadas para el reconocimiento de la pensión de vejez e invalidez, principalmente la asunción del riesgo de vejez por parte del ISS favoreciendo de esta forma al patrono que ha reconocido pensiones extralegales a sus trabajadores, quitándole así, la carga prestacional, pero claro está, en las condiciones indicadas anteriormente.

BIIBLIOGRAFIA

ü Decreto 3041 de 1966

ü Decreto 2879 de 1985

ü Decreto 758 de 1990

ü ARENAS, Monsalve Gerardo. El Derecho Colombiano de la Seguridad Social. Legis, 2011.

ü RODRIGUEZ MESA, Rafael. Estudios sobre Seguridad Social. Ediciones Uninorte, 2011.

ü VILLEGAS, López Eduardo. Seguridad Social – Teoría Crítica. Tomo II. Universidad de Medellín. 2011.

ü C.S.J. Sala de Casación Laboral, enero 30 de 2001, M.P. LUIS GONZALO TORO CORREA, rad. 14207.

[1]RODRIGUEZ MESA, Rafael (2010). Estudios sobre Seguridad Social (p.43). Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2011.

[2]LOPEZ VILLEGAS, Eduardo, (2011), Seguridad Social – Teoría Crítica, Tomo II (p.63: Universidad de Medellín.

[2]Ibídem, p.70.

[3]ARENAS MONSALVE, Gerardo (2011). El Derecho Colombiano de la Seguridad Social (p.79). Legis.

[4]Ibídem, p. 79.

[5]Ibídem, p. 80.

[6]LOPEZ VILLEGAS, Eduardo, (2011), Seguridad Social – Teoría Crítica, Tomo II (p.63: Universidad de Medellín.

[7]Ibídem, p.65.

[8]Ibídem, p. 66.

[9]Ibídem, p. 85.

[10]Ibídem, p. 86, 87.

[11]Ibídem, p.100.

[12] C.S.J. Sala de Casación Laboral, enero 30 de 2001, M.P. LUIS GONZALO TORO CORREA, rad. 14207.

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

2008-05-23T12:24:00.000-07:00

CARACTERISTICAS GENERALES:

· Uno de los sujetos debe ser necesariamente un comerciante especializado. No se puede entre 2 comerciantes ni entre dos particulares.

· El comerciante siempre es vigilado y se llama FIDUCIARIO. Opera con permiso especial del gobierno nacional.

· Se busca con este contrato de fiducia encargar al fiduciario la realización de cualquier clase de actividad, negocio, gestión negocial, para lo cual la otra parte que celebra el contrato le suministra los bienes o los recursos que pueden ser enajenados o administrados para cumplir con el objeto del contrato.

·La FIDUCIA es una modalidad negocial que permite al FIDUCIARIO que realice una actividad que le encargó. Debe suministrar el FIDUCIANTE los recursos. Por ser mercantil, debe remunerar la gestión.

· Los límites de contrato de fiducia son los límites que le ponen las partes mentalmente y la ley (porque tendría objeto ilícito, y en ese caso sería nulo absolutamente).

· EL FIDUCIARIO es una entidad especializada, y autorizada por el gobierno. La otra parte recibe el nombre de FIDEICOMITENTE O FIDUCIANTE, y es quien encarga la gestión de un negocio. Designa la actividad.

· Forman el contrato: en principio son solo FIDUCIANTE Y FIDUCIARIO. Pero pueden aparecer otro tipo de personas que no necesariamente sean parte del contrato como el BENEFICIARIO. Este contrato me permite vincular a terceras personas. Y solo vincula al F/TE y F/RIO. No genera obligaciones al B/RIO, a menos que el B/RIO acepte cumplir las obligaciones que se le impusieron en el contrato.

· EL FIDEICOMITENTE debe determinar al BENEFICIARIO, que puede ser o no el mismo FIDEICOMITENTE.

· Pueden ser varios BENEFICIARIOS, se pueden cambiar, se puede repartir las ganancias entre varias personas.

· Si no se determina BENEFICIARIO, se entiende que el contrato es en beneficio del F/TE.

Hay tres grupos de negocios fiduciarios:

1). FIDUCIA MERCANTIL

2). ENCARGO FIDUCIARIO

3). FIDUCIA PÚBLICA

QUE ES EL FUERO SINDICAL

2008-05-09T17:31:00.000-07:00

Consiste en una “garantía con la que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo.”

Es un privilegio de inmovilidad que no existe para ningún otro trabajador en Colombia, salvo para las mujeres en estado de embarazo. Es el único caso paralelo de estabilidad; del resto lo que existe es la libertad relativa de mover esos trabajadores de acuerdo a los reglamentos de trabajo y leyes ordinarias. La doctrina y la jurisprudencia han estudiado en forma diferente lo relacionado con el fuero sindical. Diversos conceptos se presentan, pero, en general, se considera esa institución laboral como un privilegio que el Estado otorga a los dirigentes sindicales, con el fin de garantizarles la estabilidad en el empleo. Amparados por esa garantía no pueden ser despedidos, trasladados a municipios diferentes o desmejorados en sus condiciones de trabajo sin causa justa previamente calificada por el juez laboral, como más adelante veremos. En nuestra legislación, no solo los directivos sindicales se encuentran protegidos por el fuero, sino que, además, también gozan de ese beneficio los miembros fundadores, los integrantes de la comisión de reclamos, etc., ya que de lo contrario se atentaría, por parte de los patronos, contra el derecho de asociación profesional. El fuero sindical, además de proteger a ciertos trabajadores sindicalizados en la permanencia de sus cargos, es un medio indispensable encaminado a garantizar la libertad sindical, base principal de la existencia del derecho de asociación profesional.

En nuestra legislación se definió por primera vez el fuero sindical en el artículo 67 del Decreto 2353 de 1946, en la forma siguiente: "Se entiende por fuero sindical la protección especial que el Estado otorga a los miembros de todo sindicato en proceso de organización y de las directivas sindicales, y consiste en el derecho que les reconoce a no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni traslados a otros establecimientos de la misma empresa, o a un municipio distinto sin autorización del juez competente en los términos de la ley". Con posterioridad a la disposición anterior, el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, reemplazado por el artículo 10 del decreto 204 de 1957, nos trae la definición siguiente sobre la institución comentada: "Se denomina «fuero sindical» la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni traslados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo".

Sobre la naturaleza jurídica del fuero sindical existen diferentes tesis expuestas por destacados tratadistas del derecho del trabajo. Algunos sostienen que el fuero sindical tiene como objetivo proteger al trabajador individualmente considerado, o sea, como persona natural, sujeto activo en el contrato individual de trabajo. Otros sostienen la tesis de que el amparo perseguido se refiere a la protección del sindicato como persona jurídica independiente de los miembros que lo forman. Y, finalmente, otros toman una tercera posición que aspira a conciliar las dos tesis anteriores.

La primera corriente, para sustentar sus argumentaciones, se remite a los textos legales; es la tesis legalista sobre el fuero sindical. Sus sostenedores estudian las fuentes legales que dieron origen a la institución estudiada. Veamos: El artículo 18 del Decreto-Ley 2350 de 1944, reza: "La notificación que hagan los trabajadores en número suficiente... coloca a dichos trabajadores bajo la protección especial del Estado... El mismo amparo se establece en favor de los miembros de la junta directiva de todo sindicato". La ley 6a. de 1945 en su artículo 40 trata de "trabajadores y miembros de la junta". El artículo 67 del decreto número 2313 de 1946, ya transcrito anteriormente, trata de la protección que el Estado "otorga a los miembros de todo sindicato", y el artículo 405 del Código del Trabajo, al definir el fuero sindical, habla de "algunos trabajadores".
La otra tesis sostiene que el amparo del fuero sindical en verdad no va encaminado a proteger al individuo que forma parte de un sindicato, sino a la defensa de las asociaciones profesionales, contra los propósitos patronales de destruir esas organizaciones, ya que es una forma de garantizar la libertad de agremiación y darle, consecuentemente, una clara y definitiva estructura jurídica. Nuestra constitución nacional (artículo 39, inciso 4o) dice que "se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión" .
La tercera corriente, o intermedia, sostiene que los conceptos de las anteriores escuelas no se contradicen y que, por el contrario, se complementan. Afirma que el fuero sindical es una garantía tanto para los individuos o miembros que integran la asociación, como para el sindicato como persona jurídica. Es esta la doctrina de protección del Institución sindical. Si los individuos no fueran estables en el puesto que desempeñan, las asociaciones profesionales, carecerían de poder combativo para las reivindicaciones sociales; a su vez, sin la protección del sindicato, los miembros del mismo serían simples instrumentos a merced de los patronos, en su afán de destrucción de las organizaciones sindicales.

FUERO SINDICAL DE TRABAJADORES OFICIALES

2008-05-09T17:27:00.001-07:00

Al clasificarse los sindicatos, anteriormente no era posible en nuestra legislación el reconocimiento de los sindicatos de trabajadores, por razones de seguridad y de orden público. Esto siempre ha sido un problema al hablarse de trabajadores oficiales. En nuestro país, Colombia, empezamos con un artículo de la Constitución de 1886, el 44. A partir de 1936 se consideró que era necesario afianzar también, los derechos sindicales dentro de algunos sectores oficiales. En 1945 se admitió que podían formarse sindicatos dentro del servicio oficial, menos en las fuerzas militares, y en 1946 se señalaron las funciones de todos ellos.

Los sindicatos oficiales actualmente se dividen en dos grupos: a) Los de orden público y seguridad (militares y cuerpos armados), y b) Los demás trabajadores que no pertenezcan a los anteriores. En este último grupo hay una subdivisión que comprende:

- Los formados por funcionarios públicos propiamente dichos, o empleados oficiales, según el decreto extraordinario 3135 de 1968; Estos son las personas naturales que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales.
- Los formados por personas vinculadas a la administración por contrato de trabajo, o trabajadores oficiales, según el mismo estatuto. Estos los que prestan sus servicios a las entidades mencionadas, en la construcción y mantenimiento de las obras públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labora en dichas entidades.

1. Respecto de los de orden público y seguridad (militares y cuerpos armados): Las fuerzas armadas no son deliberantes; y en los sindicatos una de las finalidades específicas es deliberar, combatir, oponerse al empresario al gobierno. Su misión es guardar la seguridad interior y exterior del país sin inmiscuirse en las luchas partidarias o sectarias de ningún género. Por lo mismo resultaría extravagante que pudiera formar un sindicato, es decir, un organismo cuya esencia vital es la deliberación de la beligerancia, el combate y la lucha.

Además del ejército y la policía, la prohibición de formar sindicato se extiende a algunos cuerpos armados de la administración como el de Aduanas.

2. Respecto del segundo grupo debemos determinar la diferencia entre los funcionarios públicos y trabajadores oficiales.

Según el decreto 3135 de 1968, los trabajadores se dividen en funcionarios públicos o empleados oficiales, vinculados a la administración por un estatuto legal y reglamentario, y los denominados trabajadores oficiales, o sea, los vinculados por contrato de trabajo.

El artículo 414 del C.S.T. hace la distinción entre los dos sindicatos en relación con sus funciones.

El grupo de sindicatos de funcionarios públicos no tiene más que una función de asesoría y de aglutinamiento de sus trabajadores para ciertos fines precisos, pero en el terreno combativo del sindicalismo no tiene nada que hacer porque la celebración de convenciones colectivas, no se concede a dichos funcionarios. Estos tienen sus atribuciones señaladas en leyes y sus asignaciones son señaladas por el Congreso Nacional o por el Gobierno, según la reforma constitucional de 1968. Ellos no pueden forzar al Gobierno a modificar la estructura constitucional tras un pliego de peticiones.

Estos sindicatos tienen únicamente funciones técnicas y de petición:

1. Estudiar las características de la respectiva profesión y las condiciones de trabajo de sus asociados.
2. Asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como empleados públicos, especialmente los relacionados con la carrera administrativa.
3. Representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados, o de la profesión respectiva.
4. Presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos sus afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido objeto cualquiera de éstos en particular, o sugestiones encaminadas a mejorar la organización administrativa o los métodos de trabajo.
5. Promover la educación técnica y general de sus miembros.
6. Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, invalidez o calamidad.
7. Promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de ahorro, de préstamos y de auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y de previsión, contemplados en los estatutos.
8. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades.

Como se ve, estas funciones no son de tipo conflictivo, sino que se encuentran orientadas al desarrollo técnico y cultural de estas organizaciones, y muchas de ellas implican solamente el ejercicio del derecho de petición constitucionalmente garantizado a toda persona natural o jurídica, sobre cualquier punto o materia. Ello explica porqué el artículo 415 dispone que las funciones señaladas en el artículo 414, y que se han enumerado, implican para las autoridades, y en particular para los superiores jerárquicos respetivos de los asociados, la obligación correlativa de recibir oportunamente a los representantes del sindicato y de procurar la adecuada solución.

En cuanto a los trabajadores oficiales, vinculados por contrato de trabajo (actividades de obras públicas, de institutos descentralizados, etc), tenemos que si pueden formar asociaciones e ir a un conflicto colectivo y presentar pliegos de peticiones como cualquier sindicato.

Pero al igual que los funcionarios públicos, estos tampoco pueden ir a la huelga; esto los diferencia con los sindicatos de trabajadores privados.

Art. 416. “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga”.

La restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos, sobre presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones colectivas, tiene su sustento en el artículo 55 de la constitución, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Los empleados que según el Código Sustantivo del trabajo en su artículo 406 están amparados con el fuero sindical son:

- Los fundadores
- Los trabajadores por fuero de adherentes
- Los miembros de la junta directiva y subdirectivas
- Miembros de la comisión estatutaria de reclamos

Sin embargo, la ley 584 de 2000 le agregó a este artículo 2 parágrafos:

Parágrafo 1. Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración.

Parágrafo 2. Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador.

Son varias las tesis que se han expuesto en lo que refiere al fuero del empleado público.

El artículo 409 del C.S.T. exceptuaba el fuero sindical a los empleados públicos, así como a los trabajadores oficiales y particulares que desempeñan cargos de dirección, confianza o manejos, pero la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-593 de 1993, lo declaró inexequible en atención a que el artículo 39 de la CN le reconoce fuero a todos los representantes sindicales y por tanto el hecho de ser empleado público no le priva de ese privilegio.

Art. 39. Se le reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías para el cumplimiento de su gestión.

Según la Corte, la sola circunstancia de ser empleado público no es óbice para que una persona goce de fuero sindical. Sin embargo, la misma Corte advierte en la sentencia ya citada, que otras circunstancias sí pueden inhibir la existencia de ese fuero como sería el que el empleado ejerza cargo que implique jurisdicción, autoridad civil o política, o cargos de dirección administrativa. A ello se debió probablemente que el legislador profiriera en la ley 584/00, en su Artículo 12 parágrafo 1, el fuero sindical para empleado público, pero a la vez consagrara la excepción para aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, o cargos de dirección administrativa.

Nota bibliográfica: CAMPOS RIVERA, Domingo, Derecho Laboral Colombiano, Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1997.

TRABAJADORES AMPARADOS POR EL FUERO SINDICAL

2008-05-09T17:08:00.000-07:00

Según el Código Sustantivo del Trabajo, gozan de fuero los siguientes trabajadores (Art. 406).

La protección a los fundadores, se debe al peligro que se corre por parte de ellos cuando a penas el sindicato esta formándose, siendo el momento este, el mas peligroso en cuanto a la reacción del empleador quien buscará frustrar su formación. Por ello es que los actos tendientes a crear el sindicato son clandestinos, ya que el fuero solo empieza a cubrirlos una vez se constituye el sindicato.

¿Qué quiere decir que el trabajador goce de fuero sindical? Básicamente, que no podrá ser despedido, no desmejorado en sus condiciones de trabajo, ni trasladado a otro establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto sin mediar justa causa previamente calificada por el juez de trabajo.

Ello quiere decir, que para levantar el fuero sindical se tiene un procedimiento especial:

El empleador debe solicitar el permiso al Juez del trabajo. Dicha solicitud es una demanda, sujeta al procedimiento especial contemplado en artículo 113 y ss. Del C.P.T. modificado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 204 de 1957.

“La demanda del empleador tendiente a obtener permiso para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical, para desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, o para trasladarlo a otro establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto, deberá expresar la justa causa invocada.

“Con la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al empleador de la inscripción se presume la existencia del fuero sindical.”

“Recibida la demanda, el juez en providencia que se notificará personalmente y que dictará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, ordenará correr traslado y citará a las partes para audiencia.

Dentro de esta, que tendrá lugar dentro del quinto (5) día hábil siguiente a la notificación, el demandado contestará la demanda y propondrá las excepciones que considere tener a su favor. Acto seguido y en la misma audiencia se decidirá las excepciones previas y se adelantará el saneamiento del proceso y la fijación del litigio.

A continuación y también en la misma audiencia se decretarán y practicarán las pruebas y se pronunciará el correspondiente fallo. Si no fuere posible dictarlo inmediatamente, se citará para una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los dos (2) días siguientes.”

“Si notificadas las partes de la providencia que señala la fecha de audiencia, no concurrieren, el juez decidirá teniendo en cuenta los elementos de juicio de que disponga, o los que de oficio juzgue conveniente allegar.”

“Cuando la sentencia fuere adversa al patrono, deberá contener a cargo de este la obligación alternativa de conservar al trabajador o de prescindir de sus servicios mediante el pago, a titulo de indemnización especial, de una cantidad líquida de dinero equivalente a seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones sociales.”

El juez negará el permiso que hubiere solicitado el patrono para despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical, o para desmejorarlo, o para trasladarlo si no comprobare la existencia de una justa causa (Art. 408 CST).

En este caso, se tiene que el demandante es el empleador y el demandado es el trabajador o trabajadores implicados.

Si el empleador pide el despido sin el debido permiso, la titularidad del derecho de accionar la tiene el empleado y bien puede iniciar la acción de reintegro también con un procedimiento propio establecido en el artículo 118 del C.P.T. que indica el mismo procedimiento del artículo 113 y ss.

Además el empleado tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a los salarios dejados de percibir por causa del despido o la restitución del trabajador a sus antiguas condiciones de trabajo en los casos de traslado o desmejora.

Sin embargo, el empleador podrá hacer uso de su poder, y terminar el contrato unilateralmente de trabajadores aforados sin pedir autorización previa en los siguientes casos:

- Cuando se ha suscrito contrato de trabajo para una obra específica y ésta se ha ejecutado.
- Igual que en el ejemplo anterior en los casos de los contratos de trabajo celebrados a término fijo.
- Por sentencia de autoridad competente que conduzca a la terminación de la relación de trabajo.
- Por vía de excepción de la decisión unilateral, cuando el contrato termina por mutuo consentimiento, lo cual es obvio.