«La Fiebre del Litio» desafía la promesa de un futuro «verde» cimentado en el extractivismo, exponiendo cómo la minería de este mineral consume millones de litros de agua en zonas que ya padecen de extrema escasez hídrica, como el Salar de Atacama y Maricunga. El recorrido visual dejó en claro la fragilidad de estos ecosistemas ante la voracidad de la industria.

Se está volviendo cada vez más frecuente que integrantes de comunidades que por años resistieron o rechazaron las actividades mineras en sus territorios cambien sus posiciones y decidan volcarse a estas actividades. Se embarcan en una minería comunal local. Esto es especialmente frecuente en sitios donde se explota el oro aluvial. Muchos de esos emprendimientos son informales o ilegales, algunos desean
formalizarse, incluso como empresas, mientras que otros quedan atrapados en una creciente vorágine de violencia.

Es inevitable que esas situaciones resulten en tensiones y contradicciones, e incluso generen riesgos de todo tipo. Algunos se embarcan en esa minería soñando con una rápida riqueza, y otros, cansados de sufrir la pobreza. Pero, más allá de esas y otras razones, en el seno de las comunidades se generan brechas, en ocasiones dentro de familias, entre los que persisten en rechazar la minería y los que optan por embarcarse en sus propios extractivismos. Las divisiones y los enfrentamientos se vuelven frecuentes.

Al mismo tiempo, las organizaciones ciudadanas comprometidas con la justicia social y ambiental, también enfrentan tensiones y riesgos. Aquellas que estudiaban los impactos de la minería y acompañaban a esas comunidades en denunciar empresas y gobiernos que promovían extractivismos que eran depredadores se encuentran ahora con comuneros que repiten y defienden esas prácticas.

Se comparte aquí un análisis de esa situación. Se identifican sus distintas expresiones, los argumentos en
juego y las implicancias que encierra, desde el compromiso con la salvaguarda de los derechos y la calidad de vida de todas las personas y la protección ambiental. Se consideran, en especial, riesgos y desafíos, por un lado, para las comunidades que lidian con esas situaciones y, por el otro, para las organizaciones de la sociedad civil.

Esta es una nueva versión revisada y ampliada de una primera contribución publicada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Publicado por Cooperacción, Lima (Perú).

Descargar aquí…

–

Sin embargo, siguiendo la tendencia de la propia Estrategia Nacional del Litio – ENL, el proceso contó con una ausencia total de transparencia. En concreto, el llamado del gobierno chileno que apuntó a que las empresas manifestaran su interés para desarrollar proyectos de exploración y explotación de litio fue amplificado por la prensa empresarial como también por los propios representantes del gobierno como parte de lo que han denominado una “virtuosa alianza-público privada” donde, en concreto, el Estado facilita el ingreso de capitales para explotar los bienes naturales. Pero la información entregada no fue suficiente.

Por esta situación, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ingresamos una solicitud de transparencia a la Subsecretaría de Minería, requiriendo el listado de las empresas que se mostraron interesadas por la explotación de los salares. Pese a esto, la respuesta del organismo fue denegar el acceso a la información apelando a su confidencialidad.

Ante esto, en septiembre de 2024 ingresamos un amparo ante el Consejo para la Transparencia, el cual finalmente respaldó la solicitud y requirió a la Subsecretaría de Minería que entregara la información “sobre el listado de las 54 empresas que mostraron interés en el litio de salares de Chile, así como los salares por lo que se interesó cada empresa”.

Pero la situación no quedó ahí. El empresariado se sumó a la respuesta de la cartera de Minería y optó por continuar judicializando la transparencia, negándose al acceso a la información y presentando dos reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Las empresas

Uno de los recursos ha sido interpuesto por Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A (SOMINOR), empresa vinculada al Grupo Errázuriz que había recibido la venia del gobierno de Sebastián Piñera tras declararla como una de las ganadoras por una licitación que favorecía la explotación del litio, pero que fue finalmente suspendida por profundos cuestionamientos al proceso. Pese a esto, el Grupo Errázuriz mantiene un gran interés en la explotación del litio en Chile, siendo uno de los casos más icónicos Producción de Sales Maricunga, proyecto que pretende extraer el mineral en el Salar de Maricunga (Región de Atacama) , y que recibió un portazo tras haberse dejado sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental tras ordenarle la realización de una consulta indígena.

El segundo recurso ha sido ingresado por la transnacional Enel a través de su subsidiaria Enel Green Power Chile S.A. La transnacional de capitales italianos, con fuerte presencia en Chile, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago en un contexto donde ha abordado comunicacionalmente la importancia del negocio de las baterías para almacenamiento, mientras en el plano internacional ha desarrollado alianzas para investigar tecnologías relacionadas a la extracción de litio.

Ambos recursos se encuentran actualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago, esperando ser abordados para poder obtener una transparencia mínima del proceso de interés que existe sobre los bienes naturales de Chile, y que la llamada “virtuosa alianza público-privada” se ha esforzado tanto en ocultar. Esta misma lógica, de ausencia total de transparencia y esfuerzos dirigidos para realizar tramitaciones entre gallos y media noche, es la que ha impregnado el espíritu de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno chileno. Lo fue el proceso inicial de diálogos, con una limitación total de participación; también lo fue el acuerdo entre SQM-Codelco que contribuye al proyecto empresarial bajo la ilusoria imagen de un mayor rol del Estado; como también lo ha sido la adjudicación de la asociación de Codelco y Enami con la cuestionada transnacional Río Tinto para desarrollar los proyectos Paloma y Salares Altoandinos.

Pues bien, pareciera ser que lo “virtuoso” de la alianza político-empresarial guarda más de omisiones y negocios entre cuatro paredes que construcciones colectivas y proyectos transformadores.

Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

Fuente: En Radio Universidad de Chile, publicado el 13 agosto 2025.

Nuevo libro: Resistencia. Minería, impactos y luchas. Patricio Carpio Balcázar (compilador)

Un libro que ofrece aportes comprometidos con la sustentabilidad de los territorios y con las comunidades amenazadas por el extractivismo y sus secuelas, publicado por la Universida de Cuenca (2022). El libro aborda el problema de la minería en las áreas concesionadas en distintos sitios de Ecuador, desde variadas disciplinas. Se muestra que los aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos o jurídicos corresponden a una trama compleja e integrada.

Contenido

Prólogo de la Rectora de la Universidad de Cuenca, María A. Hermida.
Resistiendo a la pandemia minera: reflexiones para construir alternativas posextractivistas,
Alberto Acosta, John Cajas Guijarro, Francisco Hurtado Caicedo, William Sacher
Experiencias de Río Blanco y Loma Larga en Azuay-Ecuador: impactos socioculturales del extractivismo en territorios y comunidades, Patricio Carpio Benalcázar
Cuenca hermosa de fuentes y flores: historia reciente de la resistencia por el agua, DAvid Fajardo Torres
Mujeres en resistencia: configuraciones de género y extractivismo minero en la provincia del Azuay, Nataly Torres Guzmán
Cuenca y el Agua de Pítimas: la subjetividad urbana y rural en la lucha por la consulta popular, Eloy Alfaro
El marco legal: amenazas y potencialidades para defender los territorios, Carlos Castro Riera
Postextractivismo y alternativas a la megaminería, Eduardo Gudynas
Alternativas al modelo extractivista minero: la Reserva de la Biosfera del
Macizo del Cajas, José Astudillo Banegas, Fernando Vega Cuesta
Conceptos y prácticas en la minería y metalurgia prehispánica, Jaime Idrovo Urigüen
El contexto global de la minería, Rebecca Clausen.

Descargar el libro aquí…

.
.

La propiedad sobre los recursos naturales, como pueden ser los yacimientos de minerales, y el acceso a ellos, como el que llevan adelante las corporaciones mineras, sigue siendo uno de los problemas recurrentes en el debate constituyente. Es una cuestión sobre la que se ejercen enormes presiones y es por ello que algunos aspectos clave quedaron para las últimas sesiones del pleno de la convención.

Los convencionales ya aprobaron que los recursos naturales en el subsuelo son “bienes comunes naturales”, y que en el caso de los minerales están bajo el “dominio” del Estado. Por lo tanto, la disputa está ahora en cómo controlar el acceso a esos recursos. Es así que se llega a esta última etapa donde hay una propuesta, esgrimida por el Frente Amplio y con apoyo de otros sectores, que establece que se accederá a esos recursos por medio de “títulos administrativos”.

Un problema, y de la mayor gravedad, es que los procedimientos para acceder a los recursos naturales por medio de “títulos” puede desembocar en repetir todos los conocidos males de la privatización, con sus consecuencias de crisis ambientales y conflictos sociales.

Recordemos que la vieja Constitución de 1980 reconocía la propiedad nacional de recursos naturales como los minerales o el agua, pero al mismo tiempo permitía su explotación por concesiones, lo que son un tipo de “títulos”. Estos, a su vez, fueron blindados por derechos a la propiedad privada y protección de contratos por encima de cualquier otro derecho. Se llega a un extremo donde no importa quién es el “dueño” de un recurso natural, ya que quien posee la autorización de concesión se vuelve en el “propietario” del acceso, inmune a cualquier demanda o reclamo. Esa es una de las trampas de la vieja constitución, para utilizar la metáfora de Fernando Atria de la “constitución tramposa” en su libro de 2013.

Lo sorprendente es que la propuesta actual del progresismo puede repetir todos los problemas de la vieja constitución. Y es más sorpresivo que eso sea defendido por Atria porque significaría crear otra vez una trampa constitucional. No sólo eso, sino que en su redacción actual implicaría la imposibilidad de revisar las concesiones pasadas con lo cual se mantendrían todos los problemas de impactos en esas actividades y sus controvertidos manejos económicos (1).

Los políticos conservadores y el empresariado extractivista están acostumbrados a manejarse en regímenes legales donde los recursos naturales son propiedad de la nación o del Estado. Eso es muy común por ejemplo en el sector petrolero. Las empresas ponen su interés en controlar el acceso, ya que eso les permite remover, procesar y comercializar los recursos naturales. Allí están los negocios y la rentabilidad. La redacción que propone el Frente Amplio y otros grupos permitiría repetir todos los conocidos problemas con la minería y otros sectores extractivistas, haciendo que el reconocimiento de los bienes comunes o los derechos de la Naturaleza quedaran en segundo lugar.

Esa disputa está ahora marcha en Chile y no siempre es advertida. Los actores empresariales alertan sobre lo que califican como un riesgo para la minería en el futuro, y hasta el subsecretario, Willy Kracht, sostiene “somos un país minero” alimentando el mito que esa actividad estaría en el ADN de la cultura nacional volviendo inconcebible cualquier opción alternativa. Una y otra vez se esgrime la idea que la ciudadanía en su mayoría apoya ese tipo de minería y que las demandas ambientales son propias de una minoría radical y no de un sentir popular.

Pero en realidad, esa postura de los políticos tradicionales otra vez está en contradicción con la marcha de la opinión pública. Es que el 81% de los chilenos entienden que los ríos, lagos y humedales deben ser bienes nacionales y públicos en el nuevo régimen constitucional, el 63% reclama lo mismo para las playas y océanos, y un poco más de la mitad sostienen que el derecho del acceso al agua es su primera prioridad. Estas tendencias, todas ellas impresionantes, son las que resultan de la muy reciente Encuesta Nacional de Medio Ambiente (2).

Siguiendo esa perspectiva, cuando en la encuesta se analizan los derechos, los referidos a la calidad ambiental aparecen en segundo y cuarto lugar de prioridad para la ciudadanía. El derecho a una vida digna y segura recibe 66% de las respuestas, seguido por el derecho al agua potable y saneamiento (54%), a la vivienda (50%) y a un ambiente sano y clima seguro (41%).

Más allá del contexto constitucional, en el listado de los temas más urgentes y relevantes para el país en el primer lugar está la seguridad (65%), la salud (41%) y la calidad ambiental es el tercero (39%).

Esas prioridades y demandas ciudadanas están todas ellas en riesgo o son imposibles bajo los actuales modos de apropiación de la Naturaleza. Por ejemplo, el reclamos por acceso al agua y que ésta sea de calidad y no esté contaminada, sólo es posible si se reforma su régimen de propiedad y los controles ambientales. De no hacerlo, se repetirán todos los impactos por contaminación que conocemos, persistirá el blindaje bajo los títulos de propiedad que impiden el acceso al agua de las mayorías y que hace posible que unos pocos las contaminen. Contradicciones iguales se repiten en los sectores mineros o forestales.

Parecería que una parte sustancial de la política convencional que opera en la Convención no entiende esa vinculación. Como sus posturas llevan a un régimen de propiedad y acceso que deja abierto flancos análogos a los de la vieja Constitución de 1980, a lo que se suma la insistencia de algunos convencionales y muchas figuras claves del actual gobierno en persistir con los modelos clásicos de minería y proteger otros extractivismos, con todo eso, se vuelve imposible resolver ese mandato de proteger los recursos naturales, asegurar la calidad ambiental y una vida digna para las mayorías.

Es conocida la oposición de los convencionales y partidos de la derecha contra ese tipo de derechos o de cualquier regulación que afecte la economía privatista basada en los recursos naturales. Asociada a ella termina operando en esa misma dirección las posiciones del progresismo, como por ejemplo del Frente Amplio, repitiendo la contradicción que se ha observado en países vecinos. En efecto, por un lado el progresismo tiene un discurso que invoca la necesidad de reconciliarse con la Naturaleza pero otro lado toma medidas concretas que favorecen, e incluso promueven, más extractivismos con todos sus severos impactos ambientales y sociales.

Es más, con las retóricas que desdeñan las urgencias ambientales o las adjetivan como radicales, también alimentan esas tendencias afines a rechazar el proyecto constitucional en el plebiscito de setiembre (la encuesta CADEM ubica el rechazo en el 48% de la intención de voto; 3). Esto además tiene otro efecto negativo en tanto acorrala a los convencionales independientes que provienen de los movimientos sociales, imaginando que si se suman más cambios se potencia aún más esa intención de voto de rechazo. La derecha y otros sectores conservadores por momentos están tranquilos porque esa tarea de horadar y contener los cambios no es necesario que ellos la lleven adelante, porque eso lo está haciendo el progresismo.

Es importante no caer en esas trampas. Ante esta situación, para no desembocar en otra constitución tramposa, y para ser fieles a esa demanda ciudadana mayoritaria para proteger el ambiente, se debe insistir en los cambios constitucionales.

Notas

1. El extractivismo expectante: la concesión minera de la Constitución del 80 amenaza la nueva constitución. K. Ardiles Ordenes y L. Cuenca Berger, Diario U. Chile, 14 mayo 2022, https://radio.uchile.cl/2022/05/13/el-extractivismo-expectante-la-concesion-minera-de-la-constitucion-del-80-amenaza-la-nueva-constitucion/

2. La mitad de los chileno cree que el medioambiente es urgente en la discusión constituyente, D. Fajardo Cabello, La Tercera, 14 mayo 2022, https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-mitad-de-los-chilenos-cree-que-el-medioambiente-es-urgente-en-la-discusion-constituyente/RPVQT4LOVZHL7JZRFKHRFJZ2E4/

3. 13 puntos separan esta semana al Rechazo (48%) del Apruebo (35%) en el plebiscito de salida, CADEM, 8 mayo 2022, https://cadem.cl/estudios/plaza-publica-434-13-puntos-separan-esta-semana-al-rechazo-48-del-apruebo-35-en-el-plebiscito-de-salida/

.

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y es investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Las opiniones son personales y no comprometen a estas instituciones. Publicado el 14 de mayo 2022.

.

El presente texto ofrece un repaso actualizado al concepto de extractivismos, los modos por los cuales se lo define, y algunas de sus características. Se abordan cuestiones como el papel de los excedentes, las implicancias de los llamados efectos derrame sobre las políticas públicas, o el concepto de modos de apropiación.

El texto, basado en una conferencia brindada por Eduardo Gudynas en 2019, en Temuyco (Chile), además está actualizado atendiendo a dos condiciones recientes. Por un lado, el estallido social en Chile, y su encaminamiento consituyente, y por el otro, la crisis desatadas por la pandemia en 2020. Cualquiera de esas condiciones han afectado los modos de entender los extractivismos.

El documento es un capítulo en el libro «Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el Sur. Capitalismo, territorios y resistencias», editado en Chile, en 2021.

Se puede descargar aquí…

.

.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó a inicios de marzo un análisis del impacto de la pandemia en el que alerta, una vez más, sobre los problemas estructurales en los países de la región y llamó a invertir en un estado de bienestar y una sociedad del cuidado. El “Panorama Social de América Latina 2020” da cuenta de una contracción del Producto Interno Bruto regional de 7,7 por ciento y del cierre de 2,7 millones de empresas con el consecuente incremento del desempleo, que afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Cuestionamiento al extractivismo

Esta información se suma al balance realizado por Bárcena en una entrevista brindada en España. Allí la titular de la Cepal indicó que «el modelo económico que se ha aplicado en América Latina está agotado: es extractivista, concentra la riqueza en pocas manos y apenas tiene innovación tecnológica». «Nadie está en contra del mercado, pero debe estar al servicio de la sociedad y no al revés», consideró. «Tenemos que encontrar nuevas formas de crecer y para eso se requieren políticas de Estado. No es el mercado el que nos va a llevar, por ejemplo, a más innovación tecnológica», aseveró.

Para Bárcena, a diferencia de muchos países asiáticos, «América Latina ha perdido dos trenes: el de la política industrial y el de la innovación, dejando la toma de decisiones a las fuerzas del mercado». «Está claro que ese modelo de desarrollo, sin una estrategia productiva, se agotó. Tanto en materia económica, como demuestra el bajo crecimiento, como en materia de distribución: que sigamos siendo la región más desigual del mundo quiere decir que no hemos sido capaces de repartir esa aparente expansión«, analizó.

«El problema es que no se ha diversificado la matriz productiva con conocimiento, con contenido nacional y con encadenamientos con pequeñas y medianas empresas. La gran fábrica latinoamericana de desigualdad sigue siendo la brecha entre compañías grandes y pequeñas. El caso de México es claro: exporta más de 1000 millones de dólares al día, pero eso no se siente en la sociedad», diagnosticó.

El primer número del Boletín Recursos Naturales en América Latina y el Caribe, elaborado por la División de Recursos Naturales de la Cepal, presenta un análisis conjunto del rol del agua, la energía, la agricultura, la biodiversidad y los recursos naturales no renovables durante la pandemia de Covid 19, para plantear propuestas integradas que permitan a los países de la región enfrentar mejor las crisis, así como las dificultades estructurales. Plantea el desafío del cambio climático en América Latina y el Caribe como un esfuerzo financiero, económico, social, cultural, distributivo y de innovación, pero que también brinda una oportunidad para que la región transite hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo.

Pensar la pospandemia

A fines de mayo de 2020, Alicia Bárcena había asegurado que «la región América Latina y el Caribe necesitará una recuperación “verde” después de la pandemia Covid19, basada en la equidad social y la sostenibilidad económica y ambiental».

La actual crisis “desafía al modelo ortodoxo y necesitamos uno nuevo, centrado en la igualdad y la sostenibilidad, con un nuevo pacto social para avanzar hacia un mundo más democrático y participativo”, afirmó Bárcena. Sin embargo, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal señaló que “la historia de América Latina y el Caribe previa a la actual pandemia tampoco fue de crecimiento exitoso, y estuvo marcada por altos niveles de desigualdad y ausencia de cambio estructural progresivo”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas creada en 1948 para contribuir al desarrollo económico y “reforzar las relaciones económicas de los países de la región. Posteriormente se incorporó el objetivo de “promover el desarrollo social”. En 1996, los gobiernos miembros actualizaron su misión institucional y establecieron que la Comisión debía desempeñarse como “centro de excelencia, encargado de colaborar con sus Estados integrantes en el análisis integral de los procesos de desarrollo”. Esta misión incluye la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

La Cepal reconoce que, en el contexto de la pandemia, se reveló el rol clave de los recursos naturales y de los servicios asociados a ellos en la región, en lo atinente a la lucha contra el virus. Simultáneamente, la emergencia frenó muchas actividades basadas en recursos naturales y evidenció la desigualdad en el acceso a los mismos y a los ingresos que generan.

Un modelo que la propia Cepal sostuvo

Ante estas declaraciones e informes, el analista en temas de ambiente y desarrollo en el Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), Eduardo Gudynas, aseveró que «estamos ante la confesión de la máxima autoridad del organismo económico más importante del continente, el que por un lado tendría que haber contribuido a evitar ese fracaso, y por el otro, haber asegurado el camino hacia lo que ellos conciben como un desarrollo virtuoso que reduce la pobreza y la desigualdad».

«Reconocer que nada de eso ha sucedido es admitir que la Cepal no tenía estrategias realmente efectivas para ese propósito, o si se asume que sus propuestas eran las adecuadas, entonces los gobiernos serían los culpables por no haberlas seguido. Cualquiera de las dos posibilidades tienen muy graves connotaciones», indicó Gudynas.

«Por ello, es tremendamente llamativo que ahora se reconozca que los extractivismos concentran la riqueza, apenas tienen innovación tecnológica y son parte de ese desarrollo que fracasó. Todo eso es lo que han dicho las organizaciones ciudadanas, unos cuantos políticos y un puñado de académicos, desde hace más de una década, sin ser reconocidos por la Cepal», cuestionó Gudynas.

Para el especialista, la Cepal «no abandonó sus propias propuestas, como las que en los años noventa postulaban la ‘transformación productiva’ o la inserción en la globalización comercial». «Más allá de los énfasis, la Cepal se mantuvo fiel al credo del crecimiento económico como motor indispensable del desarrollo, y ponía su esperanza en ciertas regulaciones para educir la pobreza y la desigualdad», agregó.

«La Cepal toleró los extractivismos a pesar que ello iba en contra de la temprana prédica cepalina que cuestionaba un desarrollo basado en exportar materias primas», dijo Gudynas. «Lo hizo porque esperaba que permitiera acumular capital que de alguna manera sirviera a cambios estructurales y a reducir la desigualdad. Como consecuencia, la Cepal nunca fue una voz enérgica en denunciar las severas consecuencias negativas», consideró.

.

Publicado en Tierra Viva (Argentina) el 15 de marzo 2021.

.

por Eduardo Gudynas

Al abordar una nueva Constitución para Chile, sin duda uno de los temas más controversiales será lo que corrientemente se describe como la propiedad de los recursos naturales. Los sectores conservadores buscarán un régimen similar al de la constitución de 1980, de inspiración neoliberal que asegure el control privado sobre recursos como minerales, tierras o aguas. De otro lado, se escucharán múltiples reclamos para limitar los blindajes y autonomías privadas, para asegurar algún tipo de control social.

Es posible compartir algunas reflexiones frente a esta problemática desde los estudios críticos sobre el desarrollo, y con el compromiso con la justicia social y ecológica. El punto es partida es reconocer que debe ser radicalmente modificado el actual marco constitucional y jurídico de la propiedad y manejo de los recursos naturales. Constituye un marco determinante de las negativas consecuencias económicas así como de inaceptables impactos sociales, territoriales y ambientales. Aclarado ese punto, la pregunta inmediata debe abordar cuáles serían las novedades y modificaciones necesarias.

Considerando específicamente al extractivismo minero, dada su importancia en Chile, las reacciones más comunes pueden dividirse en dos. Unas reclaman una “nacionalización” o “estatización” de los recursos mineros. Otros demandan asegurar que el Estado pueda apropiarse de una mayor proporción de los dineros que se generan en la minería.

Alrededor de estas cuestiones hay varios nudos que entorpecen el análisis, y por ello, también afectan las alternativas que se pueden plantear. Entre ellos están las confusiones entre propiedad y acceso, un manejo apresurado de soluciones basadas en regalías y tributos, y los modos de asegurar una soberanía. Es necesario despejar estas cuestiones.

Propiedad y acceso

Una primera problemática reside en precisar el sentido de una “nacionalización”. El reclamo de “nacionalizar” recursos como minerales o hidrocarburos, se escucha en países como Chile, Perú o Colombia. Es una reacción entre el predominio empresarial en manejar los recursos naturales, en especial de corporaciones extranjeras, todo interpretado como una privatización. Se plantea como alternativa que el texto constitucional deje en claro la propiedad nacional, estatal o con alguna otra indicación análoga.

Un análisis más riguroso muestra que en casi todas las naciones, los regímenes constitucionales indican que los recursos del subsuelo pertenecen o son de dominio del Estado, la nación o el pueblo. Aunque se entiende muy bien el reclamo por la “nacionalización” de recursos como los mineros, éste no es suficiente ya que se les puede responder que ese dominio nacional ya está reconocido en la Constitución.

Por ejemplo, en el caso de Chile, en el artículo 24 de la Constitución de 1980, en el capítulo dedicado a los derechos y deberes constitucionales, se indica que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” sobre las minas, arenas metalíferas, salares, carbón, hidrocarburos, etc., y que esto es independiente del propietario de los terrenos en las cuales se encuentran.

Asociado a esta cuestión está otro nudo que se debe a la confusión entre propiedad y acceso. En efecto, como se acaba de indicar, la propiedad de un recurso, pongamos por caso el cobre, puede estar en manos del Estado, pero esto es distinto al acceso, lo que se refiere a las reglas y condiciones para poder extraer, separar y comercializar el recurso. Lo que ha sucedido en varios países en los últimos años es que la propiedad es nacional o estatal, pero el acceso se transfiere a empresas privadas mediante concesiones o permisos de distinto tipo. El sector petrolero ilustra ese cambio, ya que las corporaciones transnacionales lo aceptan, e incluso prefieren que la primera fase de extracción esté en manos de empresas nacionales para no tener que lidiar con los problemas de concesiones o conflictos, mientras siguen controlando los eslabones más lucrativos del comercio petrolero. Una deriva similar se observa en los monocultivos de exportación y en la minería cooperativa de Bolivia.

Chile representa un caso extremo ya que el dominio sobre los minerales está en manos del Estado según la Constitución, pero al mismo tiempo hay una privatización extrema del acceso. En efecto, la Ley Orgánica sobre Concesiones Mineras otorga a los privados condiciones extremas, tales como concesiones de explotación que en la práctica son perpetuas. Otras leyes vinculadas a salvaguardas de contratos y seguridad judicial, blindan todavía más ese acceso a los privados, haciendo que una vez que es otorgado, el papel del Estado como propietario queda en un segundo plano y es casi incapaz de revertirlo. Esta privatización de los accesos es posible por un vacío constitucional que permite ese tipo de extremos.

Esto explica la enorme importancia que tiene la diferenciación entre propiedad y acceso. Es que en la nueva Constitución sin duda se deberá clarificar la propiedad y dominio nacional sobre los recursos minerales, pero eso no basta. También será indispensable que se exploren alternativas en cuanto al régimen de acceso, para impedir esas privatizaciones radicales. Una nueva Constitucional debería contener salvaguardas para evitar que el Estado quede a merced de una privatización del acceso a partir de leyes, tal como ocurre en la actualidad.

Excedentes y soberanía

Otro nudo se refiere a que en muchas ocasiones las alternativas, e incluso los llamados a “nacionalizar” los recursos mineros, en realidad apuntan a otro tipo de alternativas que buscan aumentar impuestos, regalías u otros tributos. Se asume que la privatización está en que las empresas transnacionales envían todas sus ganancias al extranjero y poco o nada queda dentro del país. Este es un problema repetido en Chile, Colombia y Perú, por ejemplo, dadas las bajas imposiciones tributarias para sectores como la minería. Consecuentemente, se piensa que la alternativa estaría en que el Estado aumente la captación del dinero que se genera en la extracción de esos recursos naturales.

Para que el Estado capte más dinero desde las explotaciones mineras, es necesario que éstas estén en operación y que generen ganancias. Esto, a su vez, implica que esas empresas continúen con sus prácticas que producen impactos sociales, ambientales y territoriales que son externalizados. Es que eso es inevitable para asegurar sus ganancias, ya que si esas empresas asumieran los costos de esos efectos, así como de otros, sus ingresos se desplomarían, y por lo tanto la proporción que puede capturar el Estado se reduce notablemente.

Esta es una de las razones por las cuales las empresas mineras nacionales, estatales o mixtos, que están presentes en otros países, como Brasil o Bolivia, también producen impactos sociales, ambientales y territoriales. Es el propio Estado el que les demanda “ganancias”.

Un extremo es lo sucedido con la empresa minera brasileña Vale. En sentido riguroso es una compañía mixta, ya que el gobierno de Brasil participa en su propiedad, pero además, durante el gobierno de Lula da Silva también fue un importante proveedor de capital. El éxito comercial de esa corporación en parte se debió a que externalizaba sus impactos y que no invertía en medidas mínimas de seguridad, y también a que disfrutó de un blindaje por su condición de empresa “campeona nacional”. Las implicancias de todo eso quedaron en evidencia con las catástrofes mineras de 2015 en Mariana y de 2019 en Brumadinho, por la rotura de represas y diques mineros. En el primer caso murieron 18 personas, y en el segundo al menos 259; el impacto social y ecológico fue terrible. Por lo tanto, ni la propiedad ni altos impuestos o regalías aseguran un mejor desempeño social, ambiental y ni siquiera económico.

Hay otros problemas asociados a ese enfoque que se deben al uso del concepto de “renta”. Con ello, se legitima un procedimiento de contabilidad económica que invisibiliza otras dimensiones, como los efectos negativos en la salud pública o el ambiente. La alternativa a esas limitaciones está en rescatar el concepto de excedente (1).

Sea de un modo u otro, cuando todo el énfasis está en que el Estado sea coparticipante de las ganancias de los extractivismos, se corre el riesgo que eso se transforme en un factor que blinde ese tipo de explotaciones, impida buscar alternativas y perpetúe el impacto sobre las comunidades locales y a la Naturaleza. Esto no es una exageración, ya que es exactamente lo que ha sucedido en los países vecinos.

Soberanía

Otro nudo está en confundir sobernía con nacionalizar recursos mineros o capturar más excedentes. Asegurar que el Estado controle la propiedad y el acceso sobre los recursos mineros es una condición muy relevante, pero no la asegura. Es que aún con las mejores intenciones, una vez que se deciden vender materias primas en los mercados internacionales, incluso desde empresas estatales, inmediatamente ocurre una subordinación y se erosiona la soberanía. Esto se debe a que el cobre o cualquier otro recurso es vendido en mercados capitalistas globalizados.

Nuestros países no controlan esos mercados; no determinan los precios, por ejemplo de minerales o granos, dependen de los flujos de inversión extranjera, y todos ellos, adhieren a una gobernanza global en la Organización Mundial de Comercio. Esta institucionalidad y su dinámica los hace dependientes.

Los extractivismos mineros son incompatibles con una soberanía plena. Recuperar la soberanía sólo es posible cuando se comienza a abandonar la dependencia extractivista.

Una discusión en marcha

Se están dando los primeros pasos en estas cuestiones en Chile. Los futuros constituyentes deberán discutir no solamente la propiedad, sino también explorar alternativas para asegurar otro tipo de accesos a los recursos mineros, los modos de manejar sus excedentes y su inserción en el comercio internacional.

En especial hay que superar la confusión entre propiedad y acceso. Es que es justamente sobre el régimen de accesos también se deben articular muchas exigencias y controles que prevengan los impactos sociales, territoriales y ambientales. Dicho de otro modo, el mandato constitucional debe impedir los incumplimientos en los derechos de personas y de la Naturaleza. Al mismo tiempo, ese régimen también debe asegurar esos derechos más allá de cualquier monto de dinero que aporten los extractivismos en términos de regalías o impuestos. Esto es fundamental para evitar caer en algo así como “te contamino pero a cambio te pago”.

El debate sobre la propiedad de los recursos mineros está vivo. Por ejemplo, el reciente manifiesto constituyente “Un llamamiento para renacionalizar Chile y crear un modelo de industrialización postextractivista” tiene el mérito de llamar la atención sobre esta cuestión y sobre la expoliación de excedentes económicos que ha ocurrido bajo distintos gobiernos (2). Pero al mismo tiempo, allí persisten algunos de los nudos analizados aquí, y a la vez dejan en claro la importancia que tiene la precisión en los conceptos pero también en las palabras en el momento de redactar una nueva Constitución.

El espíritu de ese llamamiento a nacionalizar los recursos es comprensible, pero en algunos puntos sus reclamos podría decirse que ya están contemplados en la actual Constitución, tal como se indicó arriba. El problema es que no ofrece una alternativa en cuanto al régimen de acceso, lo que es uno de los grandes vacíos en la discusión actual. Es más, en una futura constituyente, los promotores de un continuismo neoliberal podrían aceptar una redacción que “nacionalice” la propiedad de los minerales, ya que saben muy bien que los negocios se aseguran desde régimen de acceso. Entonces, una real alternativa requiere constitucionalizar, por ejemplo, los regímenes de acceso a los recursos minerales para evitar su privatización.

Además, las condiciones de propiedad, acceso y comercialización de los recursos naturales tienen que estar social y ecológicamente reguladas. Decir que el Estado se encargará de ello puede significar mucho como también muy poco, ya que todos padecimos, en distintos países, las incapacidades estatales para asegurar la calidad de vida y del ambiente, o su eficiencia en proteger a los empresarios. Por lo tanto, la propiedad y la regulación deben ser parte de una democratización radical en la gestión y administración del patrimonio natural del país, donde por cierto se necesita el concurso del Estado pero no solamente. Es indispensable un mandato constitucional que asegure la copresencia de otros actores sociales, en especial de comunidades que sufren por esos emprendimientos, en la toma de decisiones, en los controles y en asegurar las sanciones de los incumplimientos. Una verdadera participación ciudadana sigue siendo el mejor modo de asegurar la calidad de vida y la protección ambiental.

Notas

1. Excedente en el desarrollo: revisión y nueva conceptualización de los extractivismos, en Estudios Críticos del Desarrollo (México); disponible en http://economiasur.com/2020/10/excedente-renta-y-otras-ideas-en-el-desarrollo/

2. Manifiesto constituyente: Un llamamiento para renacionalizar Chile y crear un modelo de industrialización postextractivista; disponible en https://www.elciudadano.com/wp-content/uploads/2021/03/Manifiesto-Constituyente-Renacionalicemos-Chile.pdf

.
Eduardo Gudynas es analista del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), e investigador asociado en OLCA (Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales). Publicado en ResumenCl (Chile), el  17 de marzo 2021. Se permite la reproducción del texto siempre que se cite la fuente.

.

Basado en el caso de los territorios guaraníes y la expansión de la industria gasífera en el sudeste de Bolivia, este artículo ofrece reflexiones sobre las contradicciones entre el modelo extractivista de redistribución progresista y el discurso y las potencialidades de descolonización. Por un lado, el gobierno del ahora exilado Evo Morales dedicó gran parte de los recursos del gas a la redistribución social. Pero por otro lado, la reproducción de la economía del gas implicaba otros procesos y relaciones que contradicen profundamente el discurso de la descolonización.

El gobierno hablaba de descolonizar el Estado, tanto internamente como en sus relaciones con poderes externos. Sin embargo, la dependencia en la industria de gas y la relación de éste con el capital extranjero minaba ambos esfuerzos. Las posibilidades de contrarrestar la larga trayectoria de la borradura colonial de la indigeneidad están limitadas por la dinámica de la extracción del gas, que no descoloniza, sino reproduce formas coloniales de reducir cuerpos y territorios en sus fronteras de expansión.

Publicado en Etnografías Contemporáneas.

El artículo se puede descargar aquí…

.

.

Derechos y violencias en los extractivismos es un libro que presenta el primer estudio detallado de las denominadas extrahecciones en América Latina. Ese nuevo término se aplica a la apropiación de recursos naturales incumpliendo los derechos y bajo violencia.

El libro, publicado en 2020, parte de estudios de caso basados en reportes, testimonios y evidencias de más de 50 organizaciones ciudadanas en Bolivia, para todos los tipos de extractivismos y para sus efectos derrames. Esas evidencias se intercalan con ejemplos de todo el continente. Los autores son O. Campanini y M.A. Gandarillas de CEDIB y E. Gudynas de CLAES.

A partir de todos esos casos, se presentan detallados análisis conceptuales sobre las implicancias de los incumplimientos de los derechos y el papel de la violencia en los extractivismos. Se consideran tanto los impactos locales como los llamados efectos derrame sobre la política, incluyendo reflexiones sobre la justicia y la democracia. Se examina el papel de las organizaciones ciudadanas, tanto locales como internacionales, las dinámicas de los conflictos y las implicancias de la desobediencia civil. Todo el texto está acompañado de mapas, esquemas, fotos, y diagramas.

Se alerta sobre la naturalización tanto de los incumplimientos en asegurar los derechos de las personas y de la Naturaleza como de la violencia en los extractivismos. Se conforma una «escalera» donde incumplimientos de un tipo hace que se puede dar un paso más hacia un violencia creciente.

El libro está en venta en versiones en papel y digital, en Editorial La Libre, www.lalibreriasocial.com, Cochabamba (Bolivia), telf 591 4 450 4199; wapp 591 7 225 3834; correo-e info(arroba)lalibreriasocial.com

Las ventas se realizan tanto dentro de Bolivia como para otros países.

El libro completo se puede descargar aquí…

.