Aldeano Global

Claves para entender la guerra de Israel contra Hamas y Hezbolá

2024-10-02T09:51:00.007-03:00

El 7 de octubre de 2023 es una fecha abierta y tardará mucho en cerrarse. Desde las 6 y media de la mañana de ese día, millones de israelíes se sintieron huérfanos. Sin defensa. Sin protección. Son muchas las personas que continúan sintiéndose así en un país territorialmente tan pequeño que cabe 126 veces en Argentina.

Las noticias con las variantes y el agravamiento del conflicto llegan todos los días y nada parece demostrar que su final se encuentre cerca. Proliferan las posiciones, las opiniones y las miradas de desconfianza en buena parte del mundo sin tener generalmente en cuenta que se trata de una guerra con un amplio abanico de complejidades.

Poco se recuerda que el 7 de octubre del año pasado Israel sufrió un ataque por parte de Hamas, desde la Franja de Gaza en el sur, cuyo nivel de crueldad y ensañamiento no tiene precedentes. Menos se recuerda aún que, 24 horas más tarde, Israel era bombardeado desde el Líbano, al norte, por Hezbolá. Esos bombardeos, que no cesaron hasta la actualidad, causaron el desplazamiento y la condición de refugiados en su propio país de aproximadamente 60 mil personas que, un año después, no pudieron retornar a sus hogares.

En los últimos días, las acciones militares y de inteligencia combinadas se focalizaron en el enfrentamiento con Hezbolá, y es muy probable que pronto se produzca un avance israelí por tierra en el sur del Líbano.

Para acercarse a lo sucedido y a lo que sucede, he aquí un conjunto de claves a tener en cuenta que no son exhaustivas -ni pretenden serlo- con el objetivo de explicar sin justificar.

Esta no es una guerra entre dos Estados

Hamas y Hezbolá, que acaparan la focalización de las acciones militares israelíes, no son organizaciones convencionales. Dicho de otro modo, esta es una guerra entre un Estado y organizaciones terroristas. La diferencia es sustancial, porque un Estado es un sujeto del derecho internacional, en cambio una organización terrorista no. A un Estado se le puede exigir el cumplimiento de unas reglas de juego establecidas para una categoría de jugadores -los Estados soberanos- a la cual una organización terrorista como Hamas y Hezbolá no pertenecen y, por lo tanto, no se considera que tengan que cumplirlas o -peor aún- nadie puede exigirles su cumplimiento.

Israel no está en guerra contra Hamas y Hezbolá solamente

Son varios los enemigos que enfrenta Israel y que giran en torno a un eje en común. Además de Hamas, que opera en la Franja de Gaza y exporta elementos a otros sitios -principalmente Cisjordania- Israel es acechado por una multiplicidad de enemigos que persiguen de forma manifiesta su destrucción. Entre ellos se destacan la Jihad Islámica, que opera próxima a Hamas en la Franja de Gaza; los rebeldes Hutíes que operan en Yemen; Hezbolá, que opera principalmente en el sur del Líbano; y grupos de milicias irregulares que actúan en Siria e Irak. Como ya se verá, tras ellos se encuentra el régimen teocrático de Irán, que provee ideología, armas, logística, entrenamiento, información y motivación. No obstante, el régimen religioso gobernante en Irán no ejerce un poder ordenador o coordinador que resulte determinante sobre esas organizaciones. En buena medida porque cada una de ellas tiene amplios niveles de autonomía, pero también porque si trabajasen de manera jerárquica y organizada serían más fáciles de combatir.

Hamas no es Palestina

Es tan fácil como peligroso confundir el legítimo derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado con el fanatismo de una organización terrorista cuya esencia es que ese objetivo sólo pueda cumplirse sobre el requisito de la destrucción absoluta de Israel.

¿Por qué se considera a Hamas como organización terrorista? Porque tuvo como objetivo deliberado de sus ataques a la población civil israelí con el doble objetivo de infundir terror en ella y de provocar una reacción puntual sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu, el cual se sustenta en un frente de derecha integrado por componentes extremistas. En el trasfondo de esa reacción se encuentra el interés específico por boicotear un acuerdo de normalización y establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí, cuyos precedentes fueron los “Acuerdos de Abraham” suscriptos en 2020 con Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Se desprende que, detrás de Arabia, se encolumnaría más temprano que tarde, un amplio conjunto de países musulmanes, que dejarían de ese modo en soledad al régimen teocrático gobernante en Irán y a sus aliados.

Sin embargo, debe ponerse en relieve que Hamas debe considerarse una organización terrorista porque infunde terror ante todo en la misma población palestina que habita la Franja de Gaza, a la cual dice representar. Tras ganar unas elecciones legítimas en 2006, se inició una guerra civil en la Franja de Gaza entre Hamas y Al Fatah, organización política predominante hasta ese momento en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) primero, y la Administración Nacional Palestina (ANP) después. Desde 2007 entonces, Hamas, bajo el liderazgo de Ismail Haniye persiguió, expulsó o mató -literalmente- a los integrantes de Al Fatah en la Franja de Gaza, espacio que gobernó con puño de hierro desde entonces. Los castigos públicos en la Franja de Gaza desde aquel entonces incluyen azotes, apaleamientos y hasta la horca.

Palestina no es Hamas

Hay otro territorio además de la Franja de Gaza en la que vive la mayor parte de la población palestina. Se trata de Cisjordania, integrada por las regiones de Samaria y Judea, que se encuentra mayoritariamente bajo el gobierno de la ANP. Mayoritariamente porque en Cisjordania hay tres zonas: una en la cual tanto la administración como la seguridad dependen exclusivamente de la ANP; otra en la que la administración depende de la ANP pero la seguridad es provista por Israel; y la tercera, en la cual tanto la administración como la seguridad son ejercidas por el Estado israelí. Si bien es cierto que Cisjordania padece fricciones, disputas frecuentes por el territorio con los colonos israelíes e infiltraciones de Hamas, debe quedar claro que la ANP y el Estado Israelí mantienen el diálogo y se reconocen mutuamente. No sucede lo mismo entre Israel y Hamas.

Hamas oprime y adoctrina a la población palestina en la Franja de Gaza. Se estima que alrededor del 25 por ciento de la población de la Franja apoya todavía a Hamas. Ese apoyo decae con el aumento de la violencia producto de la guerra, el cierre de los pasos fronterizos con Israel y lo que es quizás más cruel: Hamas captura constantemente la ayuda humanitaria que ingresa a Gaza. Lo hace ahora en un contexto apremiante, pero ya lo hacía desde que acaparó el poder en 2007. Utiliza el agua potable, el alimento y los medicamentos prebendariamente para controlar a la población. El empleo público, principal fuente de trabajo en la Franja de Gaza, depende absolutamente de la discrecionalidad de Hamas.

Los fondos que por comercio ingresaron desde 2007 a la Franja de Gaza -comercio que fue permitido oportunamente por el gobierno de Banjamin Netanyahu- fueron administrados por Hamas. Tras el 7 de octubre de 2023 quedó en evidencia para qué fueron utilizados: la construcción de la red de túneles de más de 500 kilómetros con profundidades que alcanzan 40 metros o más, la adquisición de armamento, municiones y otros pertrechos.

La organización terrorista también utiliza instituciones tales como escuelas y hospitales, además de individuos, como escudos humanos para protegerse. Pero el dominio ejercido sobre la población es más profundo. El adoctrinamiento comienza en el sistema educativo donde el miedo y el odio es inculcado desde edad temprana mediante la manipulación de dibujos animados, de contenidos educativos, poniendo armas en las manos de los niños pequeños, aproximadamente desde los 6 años. A los 16, ya comienzan a ser reclutados. Cuando esos jóvenes mueren empuñando armas a manos de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), la opinión pública internacional naturalmente se escandaliza y Hamas alcanza uno de sus objetivos respecto de otra guerra, la comunicacional.

Hezbolá

El caso de Hezbolá, el más grande y poderoso de los grupos que acecha a Israel, cobró mayor relevancia en las últimas semanas. Es menester recordar que al otro día del ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por Hamas, Hezbolá comenzó a bombardear los poblados del norte de Israel linderos con el Líbano. Desde entonces, el gobierno evacuó a alrededor de 60 mil personas que viven desde entonces refugiadas en otros sitios de su propio país. Hezbolá es una organización más poderosa aún que las propias fuerzas armadas libanesas, y actúa con absoluta impunidad, principalmente en el sur del país, incumpliendo abiertamente una resolución de las Naciones Unidas del año 2006 que selló en ese entonces el alto el fuego y la desmilitarización del sur del Líbano. También Hezbolá utiliza a la población civil libanesa como escudo humano. Se registró la existencia de lanzaderas de misiles en casas de familia e instituciones públicas.

Recientemente, el gobierno israelí expresó que se incluía entre los objetivos de la guerra actual el regreso a sus casas de los habitantes del norte que se encuentran refugiados, lo cual supuso claramente una respuesta contundente contra los constantes ataques de Hezbolá y la intención de arrojar al grupo fundamentalista varios kilómetros detrás de la frontera. Acto seguido, sucedió el episodio de la explosión de los beepers en poder de buena parte de la dirigencia de Hezbolá primero, de los handys y las computadoras personales luego, y de los ataques directos contra infraestructura edilicia que causó la muerte de al menos 18 personalidades con poder de decisión en la estructura de la organización. Con la estructura de toma de decisiones de Hazbolá sustancialmente dañada, no debe descartarse un próximo avance por tierra que sitúe las acciones militares más allá de la frontera entre Líbano e Israel, de manera tal que la guerra se libre fuera y no dentro del territorio israelí y de que las familias refugiadas puedan retornar a sus hogares.

El rol de Irán

Desde la revolución de 1979 el régimen teocrático iraní mantiene una enconada enemistad con los Estados Unidos y con Israel en su rol de aliado regional, país con el que no comparte política y culturalmente nada de nada. A su alrededor ha ido alentando a los grupos ya mencionados a construir un “círculo de fuego” con el objetivo de aislar a Israel para poder destruirlo.

El régimen gobernante atraviesa desde hace dos años una doble crisis. Económica una, producto básicamente de las numerosas sanciones internacionales que pesan sobre el país como producto de la evolución de su programa de desarrollo de energía nuclear. Política la otra, principalmente en torno a la legitimidad del propio régimen, desatada a partir de la muerte de Masha Amini, una joven de 22 años que colapsó como consecuencia de los maltratos recibidos de parte de la policía de la moral por llevar mal puesto el velo con el cual se exige a las mujeres que se cubran la cabeza y el cuello.

No obstante ello, el régimen ha logrado mantenerse incólume en el poder y, en buena medida, eso se debe tanto a su capacidad represiva en el plano interior, como a su acercamiento estratégico con Rusia y China en el plano exterior, y a la construcción de un enemigo regional caracterizado como “chivo expiatorio” de todos sus males en lo ideológico: Israel.

Otras batallas

Israel prevalece militarmente en su avance contra Hamas en Gaza y más recientemente contra Hezbolá. De acuerdo a fuentes del gobierno israelí, de los 30 mil combatientes que Hamas tenía a fines del año pasado, alrededor de 17 mil han sido abatidos. Contra Hezbolá, que opera principalmente en el sur de Líbano, la acción combinada de la inteligencia y las fuerzas armadas lograron asestar duros golpes -aún se esperan más- que le permitirían a Israel iniciar negociaciones desde una posición de fuerza en el futuro cercano.

Sin embargo, Israel está siendo derrotado en otros ámbitos donde también se libran batallas decisivas. En el diplomático, Hamas parece haber logrado que, como Estado, Israel reciba la presión del resto de los actores políticos internacionales respecto del cumplimiento de las reglas de juego mencionadas al principio. Israel se encuentra bajo el permanente escrutinio de la opinión pública global acerca del cumplimiento o incumplimiento del derecho público internacional. Mientras tanto, Hamas no parece responder más que a algunos de sus financistas, principalmente el régimen teocrático iraní.

También se libra una batalla comunicacional. Respecto de quienes dice representar, Hamas lucha por dominar la conciencia del pueblo palestino. Y también por captar el favor de la opinión pública mundial. Ha utilizado a influencers y a periodistas, incluyendo a algunos de ellos que el 7 de octubre de 2023 participaron en el ataque a Israel. Es poco difundido que esos influencers y periodistas fueron simultáneamente observadores de Hamas previamente a los ataques. Cuando Israel ataca a Hezbolá, se denuncia como ataque al Líbano, descartándose de plano el dato determinante de que es allí donde la organización nació, creció, se desarrolló y es amparada.

Fundamentalismo y extrema derecha se retroalimentan

Así como Hamas no es Palestina y viceversa, Israel no es el gobierno de coalición de derechas que sustenta a Benjamin Netanyahu como primer ministro. El mismo gobierno que lleva adelante la guerra es el que no supo o no pudo defender a su ciudadanía del ataque del 7 de octubre. Es el mismo gobierno que no logra recuperar a los 101 rehenes aún en poder de Hamas. Es el mismo gobierno que deberá brindar explicaciones acerca de las fallas en la seguridad y el letargo en la reacción ese 7 de octubre. Sin embargo, ese gobierno se encuentra en el poder en buena medida porque es la reacción al miedo que despiertan desde hace décadas los grupos fundamentalistas que amenazan a Israel. La retroalimentación entre fundamentalismo religioso y extrema derecha es un fenómeno que no se registra solamente en este conflicto sino que ha avanzado vertiginosamente en numerosos países occidentales, principalmente en Europa. La bisagra podría situarse quizás en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos. Curiosamente, la radicalización de las sociedades democráticas hacia opciones cada vez más reaccionarias, que actúan en nombre de la seguridad cometiendo toda clase de atropellos, sazonan un caldo de cultivo inmejorable para el crecimiento de grupos fundamentalistas de vertiente islámica.

Balance

A modo de conclusión abierta, hay algunas reflexiones que pueden servir para pensar y volver a pensar. La primera es que la bipolaridad creciente y la simplificación atentan contra la paz. Cada vez con mayor intensidad puede observarse una simplificación en la manera de abordar temas complejos que sólo favorecen la constitución de dos polos opuestos de posiciones cada vez más extremas e irreconciliables. A todas luces, el sistema político internacional se conduce a adoptar la forma de un bipolarismo, que tendrá algunas similitudes con el que tuvo vigencia entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el desmoronamiento de la Unión Soviética. Pero tras la revolución digital, las diferencias serán muchas y, como consecuencia, la incertidumbre es fenomenal. La incertidumbre se opone radicalmente a la seguridad. Es por eso que la búsqueda de seguridad se convierte en un objetivo en sí mismo y su valor aumenta. Quien más o mejor seguridad ofrezca, sin importar costos -ni verosimilitud- tendrá mayores oportunidades de prevalecer en la carrera por el poder. Allí se encuentran los partidos o agrupaciones de derecha radical, ofertando seguridad a cualquier precio. Del otro lado, las organizaciones fundamentalistas combaten la incertidumbre ofertando certezas: desde la erradicación definitiva del enemigo, hasta el goce eterno ante la mirada de una divinidad que sospechosamente parece premiar generosamente la crueldad.

Otra reflexión gira en torno a si hay una solución para este conflicto. Podría haberla. La educación y la comunicación están en la base de cualquier solución viable. Esto se debe en que tanto la educación como una sana comunicación, libre de noticias falsas y de algoritmos, resultan indispensables para la comprensión. Vale la pena destacar nuevamente que entender no es justificar, pero no se puede dialogar sin el soporte previo que proporciona la comprensión, el entendimiento. El arte y la cultura tienen un rol capital en ese proceso de entendimiento, dado que permiten transmitir sensaciones y emociones por fuera de las convenciones.

Una reflexión final, quizás fácil mientras más lejos se encuentra el observador del núcleo del conflicto: el sufrimiento de uno no neutraliza el sufrimiento del otro. Es entonces que emerge la compasión como camino.

Israelíes y palestinos no van a irse a ninguna otra parte de la Tierra. Permanecerán donde están. Cualquier expresión que no contribuya a construir puentes, debería ser dejada de lado.

Violencia en Cisjordania, convivencia en Rosario

2024-09-05T11:03:00.004-03:00

La calle San Luis de Rosario es desde hace más de un siglo el epicentro de un fenómeno que muestra como algunas cosas en Argentina han sucedido de la mejor manera. Las comunidades árabe e israelí conviven armónicamente y comparten la geografía, el comercio físico y on-line, el despacho de mercadería y, en definitiva, el día a día.

Más aún, durante varios años una placa en homenaje a esa convivencia se destacó en la intersección de las calles Dorrego y San Luis. Actualmente, ambas comunidades comparten la tristeza por los acontecimientos en Oriente Medio, donde la regla es -por el contrario- la violencia.

Violencia en Cisjordania

Cisjordania atraviesa las jornadas más violentas en las últimas décadas. Una operación de las fuerzas israelíes en el norte del territorio, con el objetivo de evitar ataques terroristas contra sus ciudadanos, dejó al menos 10 palestinos muertos, de acuerdo a información del Ministerio de Salud palestino.

Fuentes locales señalan que la semana pasada se registraron los enfrentamientos de mayor magnitud en esa región desde la segunda intifada palestina, el levantamiento popular contra la intervención israelí que tuvo lugar entre 2000 y 2005.

La operación militar israelí en Cisjordania se produjo en simultáneo contra cuatro ciudades palestinas, a saber, Yenín, Tulkarem, Nablus y Tubas, y habría afectado además algunos campos de refugiados cercanos.

Desde el ataque terrorista de Hamás en el sur del país el 7 de octubre de 2023 que produjo más de 1200 muertes, las fuerzas israelíes han llevado a cabo operaciones en Cisjordania casi a diario. Desde la Autoridad Nacional Palestina (ANP) señalan que desde que comenzó la guerra en Gaza, las acciones israelíes en Cisjordania causaron, al menos, 652 muertes.

La guerra velada entre Irán e Israel

Las autoridades israelíes argumentan que el régimen teocrático de Irán actúa soterradamente para establecer un frente terrorista oriental contra Israel en Cisjordania, de acuerdo al modelo ya empleado en Gaza con Hamás y en el Líbano con Hezbolá, financiando y armando a esos grupos y también a la Yihad Islámica, e introduciendo armas de contrabando desde Jordania.

El objetivo iraní sería acorralar a Israel abriendo la mayor cantidad de frentes posible. Recuérdese que poco antes de la operación en Cisjordania, cien aviones de combate israelíes lograron frustrar un ataque masivo del grupo libanés Hezbolá contra el norte y el centro del país, que consistió en el lanzamiento de más de 300 proyectiles contra 11 objetivos militares.

Lo que queda en evidencia es que a los enfrentamientos en el sur, norte y este de Israel que se libran con creciente intensidad, subyace una guerra velada entre ese país e Irán. Los hechos hablan por sí mismos. Hamás ejecutó los ataques del 7 de octubre contra Israel con las consecuencias ya conocidas, pero con el objetivo principal de impedir la formalización del acercamiento entre los gobiernos de Arabia Saudí e Israel, auspiciado por los Estados Unidos, algo que contradecía el interés estratégico iraní en la región.

Además de la guerra desatada en Gaza como consecuencia de lo anterior, se le atribuyen a a Israel la muerte de importantes figuras iraníes en otros países. Simultáneamente, Hezbolá y la Yihad Islámica y otros grupos menores recrudecieron los ataques contra Israel.

Los gobiernos de varias potencias occidentales advierten, al igual que su par israelí, que el finanaciamiento, las armas, las municiones y el entrenamiento de todos estos grupos provienen de Irán. Y los mencionados no son los únicos. Los hutíes que actúan en Yemen también han sido señalados como un brazo armado por Irán. Las autoridades de Arabia Saudí sostienen que los misiles hutíes con los que fue atacado el país recientemente, son de fabricación iraní. La influencia del régimen teocrático de Irán se extiende también a otros países de porosas fronteras como Irak y Siria.

En suma, no debe mirarse la guerra en Gaza, el enfrentamiento contra Hezbolá en el norte o la reciente operación militar en Cisjordania como acciones israelíes diferentes sino como parte de un enfrentamiento mayor entre Irán e Israel que tiene a la ciudadanía palestina e israelí como víctimas.

Rosario, un lugar de convivencia en el mundo

Argentina siempre fue un escenario propicio para encuentros impensados. En distintos sitios del país comunidades de distintas procedencias, muchas veces irreconciliables, no solamente adquirieron la capacidad de compartir entorno, espacio o experiencias, sino que fueron mucho más allá y compartieron amistades, pasiones y familia.

En Rosario, la ciudad que se hizo a sí misma, árabes y judíos encontraron un ámbito propicio para compartir una vida en común. La obra de arte mencionada al comienzo, ilustró durante algunos años esa convivencia. Fue producto de un concurso organizado en 2009 desde la Municipalidad por Dante Taparelli. Su autor fue León Carpman, un joven artista local de 19 años en ese entonces. La pieza, realizada en bronce, unía la segunda del alfabeto hebreo “bet”, con la segunda del alfabeto árabe, “ba”, que en ambos idiomas dan origen a la palabra “hogar”.

Fue incrustada en la intersección de Dorrego y San Luis porque por esa misma zona confluyeron a comienzos del siglo pasado los primeros sirios, libaneses y judíos oriundos de Oriente Medio y de Europa oriental. Allí se asentaron y formaron sus familias. Hablaban lenguas distintas pero adoptaron el español como la palabra en común. Alrededor de esa esquina surgieron templos, iglesias, sinagogas, escuelas y comercios de toda clase y tamaño, dándole forma a ese lugar de franca convivencia.

Como tantas ilusiones argentinas, la obra artística emplazada en Dorrego y San Luis, recordatorio de ese singular espíritu de convivencia entre árabes y judíos, representativa de la tradición plural y multicultural rosarina, fue robada.

Rehenes

Días atrás, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad Nacional lograron rescatar a Farhan al-Qadi, un beduino israelí de 52 años que pasó 326 días secuestrado en Gaza. Extrapolando ese dato al ámbito local, resulta deseable que también y rápidamente logren ser rescatadas o liberadas las 8 personas argentinas que aún se encuentran secuestradas por Hamás: Shiri Silberman Bibas, Kfir Bibas, Ariel Bibas, Yarden Bibas, Ariel Cunio, David Cunio, Eitan Horn e Iair Horn. Y también que la familia de Lior Rudaeff logre recuperar su cuerpo.

La espectativa de diálogo y búsqueda de paz se mantiene. La esperanza de recuperar rehenes, pese a los seis que fueron impiadosamente asesinados el último fin de semana, no se apaga. Como más de 100 años de cotidianidad y encuentro han demostrado en Rosario, la mejor manera de prevenir violencia, es generar convivencia.

¿Qué cambió el 28 de julio de Venezuela?

2024-07-31T12:48:00.003-03:00

La imposibilidad de demostrar con datos verificables los resultados de la elección presidencial efectuada el último domingo, abrió una crisis profunda y distinta en el país latinoamericano.

¿Qué es lo que cambió el domingo 28 de julio en Venezuela que desató tamaño descontento popular y una crisis de dimensiones internacionales? La diferencia con lo que ya se vivía en el país y también se conocía fuera de él, es que el régimen bolivariano encabezado por Nicolás Maduro cortó el último hilo que lo conectaba con cualquier apariencia de democracia.

Autoritarismo con maquillaje democrático

Para considerar que un sistema político se configura como una democracia, deben cumplirse mínimamente tres principios en simultáneo, a saber: aplicación de la regla de la mayoría -es decir que se considera ganador a quién mayor cantidad de votos obtiene en una elección- respeto irrestricto de los derechos de las minorías y absoluta libertad de opinión e información.

La mayor parte de los regímenes autoritarios han tendido habitualmente a sobredimensionar la regla de la mayoría en detrimento de los otros dos principios en busca de un bien muy preciado por cualquier gobierno, la legitimidad.

Toda forma de gobierno requiere en el ejercicio del poder de una forma de legitimación, inclusive aquellos regímenes extremistas que aparentan no necesitarla. La legitimidad supone un sistema de creencias y acuerdos entre gobernantes y gobernados acerca de las reglas de juego mediante las cuales se selecciona a los primeros para que conduzcan a los segundos. Esas reglas de juego pueden estar sujetas a la tradición, el carisma, o la racionalidad y la legalidad. La última de esas variantes es propia de las democracias occidentales modernas. Es precisamente por estas razones, que buena parte de los autoritarismos actuales, en su afán de aparentar modernidad y buscar aceptación propia y ajena, simulan tener una legitimidad fundada en procesos racionales y legales. ¿Cómo lo hacen? Mediante la sobreactuación y el abuso de la regla de la mayoría, para poder esconder detrás el cercenamiento del derecho a la información y a la opinión, y el avasallamiento de los derechos de las minorías. Dicho de otro modo, aumentan el maquillaje electoral -generalmente amañado y disminuido a fuerza de proscripciones, represión y prisión para opositores- para simular una apariencia democrática que permita mantener el poder fronteras adentro y alcanzar un mínimo de aceptación fronteras afuera.

El régimen bolivariano, cuya cara visible es Nicolás Maduro pero que en realidad se encuentra diseminado en todas las estructuras formales del Estado, con especial atención en las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, y también en la sociedad civil a través de la generación de grupos armados paraestatales y alianzas con sectores del crimen organizado, seguía ese modelo arriba esbozado, aunque en una pendiente autoritaria agudizada con el paso de los años.

Lo que sucedió el domingo 28 de julio, es que el régimen cortó el último hilo que lo ligaba a alguna apariencia de democracia, se quitó el maquillaje, rompió la última regla que le quedaba por romper: incumplió con la regla de la mayoría.

Toda la información disponible antes y durante el proceso electoral estuvo plagada de indicios de que el domingo la oposición se encaminaba a una victoria sin precedentes. Algunos de esos indicios que vale la pena repasar, hablan por sí solos. Los sondeos de opinión que no dependían del oficialismo, arrojaban ventajas para el candidato opositor Edmundo González Urrutia de más de 20 puntos porcentuales. Los padrones fueron deliberadamente restrictivos para que la comunidad venezolana en el exterior no pudiera votar. Existió una clara restricción de observadores internacionales independientes (con la excepción del Centro Carter). Hubo impedimento de participar a los testigos -fiscales- en momentos clave de la transmisión de datos. Se demoró sin justificaciones la presentación de resultados. Finalmente, la presentación de los resultados fue inverosímil y no contó con un mínimo respaldo en datos comprobables.

Inclusive el mencionado Centro Carter hizo público que no le fue posible cumplir con su labor de verificación y que, por esa razón, no pudo corroborar la autenticidad de los datos: “el hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, dejaron trascender.

El caos desatado

El régimen bolivariano es calificado por José Natanson como un “autoritarismo caótico”, porque fue constituyéndose a los tumbos, es decir que no fue planificado como en otros casos, el cubano por ejemplo. Ese autoritarismo aflora en su vertiente más caótica desde el pasado domingo, ya sin ningún maquillaje que facilite ninguna clase de justificación, especialmente entre los gobiernos de la región que se consideran democráticos.

Buena parte del pueblo venezolano parece dispuesto a sobreponerse al miedo de una represión en aumento y que sin dudas crecerá sostenidamente en manos de un gobierno cuya legitimidad, si es que algo lo queda, es microscópica. Poder y legitimidad forman parte de una balanza indispensable para gobernar. Cuando el poder se ejerce con legitimidad, el gobierno goza de autoridad. Cuando el poder se ejerce a secas, con poca o nula legitimidad, se gobierna autoritariamente.

Al pueblo venezolano se le debe reconocer su derecho de resistencia pero no puede exigírsele heroísmo, porque sólo tiene para poner en juego el cuerpo y la palabra. Las armas las domina el Estado y las organizaciones paraestatales. Está claro entonces quién tiene la responsabilidad por la violencia y la muerte que ya están instaladas en las calles.

A la comunidad internacional puede y debe reclamársele mayor presión aunque eso no garantice resultados. Eso sí, la intervención extranjera en Venezuela no es ni será nunca una opción para quien se considere demócrata.

Al escrutar el futuro, aparecen al menos dos escenarios alternativos. En uno, sobre la base de una represión sin freno, el autoritarismo encabezado por Maduro se aferra al poder por tiempo indeterminado y millones de personas abandonan Venezuela para acompañar a los casi 8 millones que ya habitan en el extranjero, profundizando la enorme crisis migratoria actual, principalmente el Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos. En el otro escenario, producto de la presión interior y exterior combinadas, el régimen deja el poder, en cuyo caso, Venezuela se enfrenta a una titánica tarea de reconstrucción política, social, económica y cultural, en la cual las y los migrantes venezolanos estarán ansiosos por participar.

Para Milei el paraíso está en Luxemburgo

2023-12-30T00:00:00.001-03:00

El presidente convocó al Congreso a sesiones extraordinarias e incluyó en el temario el tratamiento de un convenio que beneficia a empresas radicadas en el Gran Ducado.

Mediante el decreto 76/2023 que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei fijó un corto temario en el que pide la aprobación por ley de distintos convenios que eliminan la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio con Japón, China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Luxemburgo. El último país es el que despierta mayores suspicacias, dado que no produce bienes, servicios ni recursos energéticos. A decir verdad, sí brinda servicios pero financieros y lo hace mediante oscuras prácticas fiscales. De allí que se considere al pequeño país europeo como un “paraíso fiscal”.

Luxemburgo está asociado al grupo empresario multinacional ítaloargentino Techint, porque es a ese país donde mudó su sede desde las Islas Caimán en 2011. El holding actúa en 45 países y está conformado por las firmas Tenaris, Ternium, Techint Ingeniería y Construcción, Tenova, Tecpetrol y Humanitas. El CEO y cara visible de la multinacional es Paolo Rocca, nieto del fundador y uno de los empresarios más poderosos e influyentes de Argentina, dueño de una fortuna calculada en 8 mil millones de dólares. Durante la reciente campaña presidencial, Rocca aportó a La libertad avanza, el partido de Javier Milei, 20 millones de pesos. Esa fue la suma declarada. Aun así, fue superior a la que aportó al resto de los competidores.

El empresario está entusiasmado con el presidente. Controlará YPF ya que situó a cuatro hombres de su petrolera Tecpetrol en puestos clave, se beneficiará con la amplia desregulación del mercado energético en ciernes y pagará menos impuestos si se aprueba el convenio con Luxemburgo. Rocca movilizó días pasados al “Grupo de los Seis”, que reúne a la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, los bancos, la bolsa, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio, para convencer a Milei de que el Gasoducto del Norte, obra adjudicada a su grupo, continúe pese al anuncio de poner fin a la obra pública. A esas negociaciones se sumó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) conducida por Gerardo Martínez, quien también tiene afinidad con Milei.

Volviendo al convenio con beneficios impositivos para Luxemburgo, cabe preguntarse ¿quiénes acuden a un paraíso fiscal? Generalmente evasores y elusores fiscales, criminales, lavadores, empresarios corruptos, e integrantes de la dirigencia (¿casta?) política que no quiere que su patrimonio trascienda.

Este tipo de convenios tiene por objetivo promover nuevas inversiones e intercambios económicos entre dos países al eliminar la doble tributación, y prevenir la evasión y la elusión fiscal internacional. Sin embargo, en este caso, los tecnicismos propios del documento, quitan limitaciones a las deducciones que pueden realizarse. En realidad, lo que Milei le pide al Congreso, es que convierta en ley un convenio que Argentina ya firmó con Luxemburgo en 2019 cuando su socio político, Mauricio Macri, era presidente.

En pocas palabras, de aprobarse, la medida significará un retroceso en materia de política tributaria y una resignación de potestades por parte de Argentina que se traducirán en una fuerte caída en materia de recaudación fiscal.

Un poco de historia

En la década de 1920 el gobierno de Luxemburgo se inspiró en Suiza y diseñó un sistema legal para atraer al capital extranjero y liberarlo del impuestos sobre la renta. Entre las dos guerras mundiales, los aumentos de impuestos en grandes países europeos convirtieron a Suiza y a Luxemburgo en sitios cada vez más atractivos para que las grandes fortunas resguardaran su dinero.

Con el tiempo, Luxemburgo ofreció una multiplicidad de servicios financieros en simultáneo que otros paraísos fiscales suelen ofrecer de manera individual, a saber: el traslado de beneficios de las multinacionales, la incorporación de fondos mutuos, la gestión patrimonial, la gestión patrimonial privada y la creación de empresas pantalla, entre otros. Pero especialmente, Luxemburgo ofrece rebajas fiscales. Mientras que oficialmente los impuestos corporativos en el país se sitúan en alrededor del 25 por ciento, en 2014 la investigación Luxembourg Leaks reveló como, extraoficialmente, el país permite que cientos de multinacionales construyan estructuras corporativas complejas, a través de las cuales pagan finalmente menos de uno por ciento en impuestos sobre sus ganancias. De esta manera, el Gran Ducado es el paraíso fiscal que mejor esconde el vínculo entre una empresa y sus dueños. Siguiendo la ruta del Grupo Techint y Paolo Rocca a modo de ejemplo: Luxemburgo es sede de Techint Holdings S.A.R.L., propietaria de las mayorías controlantes de Tenaris S.A. y de Ternium S.A. (también radicadas allí), controlada por San Faustin N.V., que a su vez está en manos de Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin, radicada en los Países Bajos, otro destino para quienes buscan baja tributación.

Todo esto es lo que convierte a Luxemburgo en un “paraíso”.

Las revelaciones de OpenLux

OpenLux es el nombre de una investigación de la red de periodistas “Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado” (en inglés Organized Crime and Corruption Reporting Project) sobre la elusión fiscal en Europa, enfocada específicamente sobre la opacidad del sistema existente en Luxemburgo. Los periodistas accedieron a unos cuatro millones de documentos y registros de las empresas radicadas en ese país. Los resultado de las investigaciones se hicieron públicos en 2021 y, según los cálculos, la legislación y las prácticas financieras luxemburguesas ocasionan a la Unión Europea (UE) pérdidas por alrededor de diez mil millones de euros anuales.

Respecto de Argentina se revelaron los vínculos del grupo empresario Techint, la corporación América de Eduardo Eurnekian y Gianfranco Macri, hermano de Mauricio Macri, relacionado con el control del negocio de los parques eólicos. También se descubrieron vínculos de la familia de Carlos Corach, quien fuera ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem.

En total, los investigadores de OpenLux afirman haber descubierto 256 multimillonarios solamente entre empresas, personas famosas y poderosas de todo el mundo. También identificaron numerosos casos en los que los beneficiarios finales eran menores de edad, personas fallecidas o individuos que evidentemente eran testaferros.

El daño para la imagen de Luxemburgo en ese momento fue enorme. Los “filtradores” fueron perseguidos legalmente pero no así las empresas ni las autoridades implicadas. Desde entonces, el gobierno redujo las prácticas fiscales que implican acuerdos secretos, pero otros modelos de negocio dudosos continuaron floreciendo.

Los periodistas encontraron patrones de comportamiento comunes a gran parte de los casos. Uno de ellos es el uso de Luxemburgo como puerta de entrada a la UE para activos que estaban guardados en paraísos fiscales más tradicionales, habitualmente en el Caribe (el caso de Rocca).

Otro patrón es que Luxemburgo cumple la función de conectar negocios no europeos con los mercados europeos. Inversores de fuera de la UE pueden invertir ahí dinero sucio a través de Luxemburgo, libres de impuestos y de manera oculta. Es irónico porque se trata del país que alberga importantes instituciones de la UE, tales como el Parlamento, el Tribunal de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo de Inversiones. ¿Pero existe acaso mejor lugar para establecer un garito que al lado de una comisaría?

Otro patrón encontrado consiste en la creación de una sociedad en Luxemburgo para invertir en bienes raíces en otros países europeos. En parte por el secretismo y en parte para disminuir los impuestos sobre la propiedad de bienes inmobiliarios en el resto de la UE, donde existen mayores cargas impositivas.

Luxemburgo es también un sitio atractivo para las organizaciones criminales. Grupos mafiosos como la Ndrangueta calabresa y hasta grupos terroristas encuentran en la opacidad del sistema financiero luxemburgués una plaza segura y tentadora.

El gobierno del Gran Ducado parece advertir estos peligros, pero el inmenso flujo de capital extranjero lo ha convertido en uno de los países más ricos del mundo, y eso desactiva cualquier medida contundente contra un sistema financiero que para muchos -entre ellos Milei, Macri y Rocca- representa el paraíso en la Tierra.

Los ataques en el Mar Rojo y su impacto en el comercio global

2023-12-23T00:00:00.001-03:00

Los ataques de las milicias hutíes provocan que las mayores navieras del mundo eviten el Mar Rojo y el canal de Suez, con repercusiones sobre la cadena de suministro global.

Parecen fenómenos aislados pero no lo son. Los ataques de las milicias hutíes yemeníes contra barcos en el mar Rojo mediante drones y otras armas están directamente vinculados con el conflicto entre Israel y Hamás.

Desde que capturaron a mediados de noviembre el carguero Galaxy Leader, perteneciente a una empresa israelí, quedó claro que no se trataba solamente de amenazas. Los hutíes anunciaron que atacarían cualquier barco que se dirigiera a Israel, a menos que se permitiera el transporte de alimentos y medicinas con destino a la Franja de Gaza. Y cumplieron. Lanzaron misiles contra barcos de carga.

Los ataques al transporte marítimo internacional han sido de tal magnitud que la mayoría de las navieras más grandes del mundo informaron días pasados que evitarán el Mar Rojo y el canal de Suez. En lugar de ello, los barcos que viajan desde Extremo Oriente a Europa deben navegar bordeando África a través del cabo de Buena Esperanza. Dicho recorrido supone alrededor de 3500 millas náuticas adicionales, lo que se traduce en una semana más que la ruta habitual por el canal de Suez y, por lo tanto, en un aumento de los costos de traslado de las mercancías.

Encarecimiento y retraso

Es importante recordar que el canal de Suez conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo y, de esa manera, representa la ruta más corta entre Europa y Asia. Casi el 12 por ciento del tráfico marítimo global utiliza habitualmente esta vía.

El redireccionamiento a través de la costa africana supondrá un aumento del costo de transporte no solamente por la distancia. Las primas de seguro también aumentaron tras los ataques y las empresas de transporte de contenedores entre Asia y Europa deberán calcular el costo de tres barcos adicionales para mantener su nivel de servicio.

El retraso en el transporte marítimo también repercutirá en los puertos de contenedores europeos, dado que el cambio en la distancia y en el tiempo de transporte incidirán sobre la congestión portuaria, lo que agregará retrasos en los tiempos de distribución.

En Europa hay especial preocupación por el retraso de los buques de carga de combustibles fósiles debido al invierno en el hemisferio norte en un contexto en el cual la invasión rusa a Ucrania ha repercutido en el aumento significativo del precio del gas y del petróleo.

Esta crisis en el Mar Rojo recuerda a la ocurrida a comienzos de 2021, cuando el canal de Suez estuvo bloqueado por seis días después de que encallara el portacontenedores Ever Given. En ese entonces, el mundo salía del confinamiento producto de la pandemia de Covid-19 que había impactado fuertemente las cadenas de suministro del comercio global. Eso condujo a que el sector del transporte marítimo aprendiera de lo ocurrido. Como consecuencia, muchas empresas ampliaron su flota de barcos de carga, lo que hace suponer que el impacto de una crisis prolongada repercutiría sobre los precios pero no tanto sobre la cadena de suministro.

Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos anunció una operación multinacional para garantizar la seguridad del comercio marítimo en el Mar Rojo. En ese contexto, los gobiernos de Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Seychelles, España y el Reino Unido anunciaron que patrullarán conjuntamente en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Sin embargo, no puede determinarse a priori si la presencia de estas fuerzas navales será suficiente para poner fin a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

¿Pero quiénes son los hutíes?

Se trata de una organización política y armada islamista surgida en la década de 1990, que actúa en Yemen, un pequeño país que limita con Arabia Saudita y tiene una posición estratégica valiosa. Los hutíes pertenecen mayoritariamente desde la perspectiva religiosa, a los zaidíes, que representan una rama del islam chiíta. Mantienen un estrecho vínculo con el régimen teocrático de Irán, que se considera a sí mismo como potencia y representante de los intereses chiítas en la región. Más aún, los hutíes se consideran parte integrante del “eje de resistencia” contra Israel y los Estados Unidos que, además de Irán, incluye a Hezbolá, a varias milicias iraquíes y al régimen sirio. No obstante ello mantienen una autonomía mayor que la de otras organizaciones asociadas al régimen iraní.

Establecieron un estricto orden islamista en el territorio que controlan y combinan la militancia religiosa con un estricto rumbo antioccidental y antiisraelí.

Desde la llamada “Primavera Árabe” de 2011, los hutíes se enfrentaron cada vez más con el gobierno yemení, cercano a los intereses de Arabia Saudita, de los Estados Unidos y de Israel. Recuérdese que, previamente al ataque de Hamás contra Israel, los gobiernos de ese país y de Arabia Saudita se encontraban próximos a suscribir un acuerdo tendiente a restablecer las relaciones diplomáticas y a formalizar la confluencia de intereses de ambos países con los Estados Unidos en Oriente Medio. Los tres países tienen un enemigo regional común, que es Irán.

Los hutíes se alzaron contra el gobierno del entonces presidente Abd Rabbo Mansour Hadi en 2014, quien sólo pudo mantenerse en el cargo producto de una alianza militar internacional liderada, precisamente, por Arabia Saudita. Esa alianza lucha contra los hutíes desde 2015, sin éxito.

El gobierno yemení controla el sur del país con el respaldo saudí, mientras que los hutíes controlan el norte con el apoyo de Irán. Es por esta razón que la guerra civil yemení se considerada un enfrentamiento velado entre Arabia Saudita e Irán.

La guerra civil en Yemen es causante de una de las peores crisis humanitarias globales para la Organización de las Naciones Unidas. En abril de 2022, las partes en conflicto negociaron un alto al fuego de seis meses. Aunque el acuerdo expiró hace mucho tiempo y las partes en conflicto no pudieron ponerse de acuerdo sobre su prolongación, las armas están en relativa calma desde entonces.

Sin embargo, una interpretación posible del accionar de los hutíes en el Mar Rojo es que la ocasión se muestra propicia para presionar en el frente interno, al exhibir una posición de fuerza frente al gobierno regular, frente a las potencias internacionales y al expresar una indudable posición propalestina, antiisraelí y antiestadounidense que es compartida mayoritariamente por la población.

Sea como fuere, los hutíes actúan con relativa impunidad producto, entre otros factores, del complejo entramado de intereses internacionales en Oriente Medio. La alianza internacional liderada por los Estados Unidos es capaz de infligir fuertes daños militares a los hutíes en el caso de una confrontación directa. Pero también es cierto que, de producirse, un enfrentamiento directo podría generar un alineamiento solidario entre sectores de la población más moderados con los hutíes, y también entre los países islámicos, los hutíes y el extremismo antiisraelí que encarna Hamás en la Franja de Gaza. Eso sin contar qué reacciones podría tener el régimen de Irán, o a qué aliados estratégicos con intereses en la región podría arrastrar el régimen teocrático, como por ejemplo Rusia.

¿Es posible dejar atrás los combustibles fósiles?

2023-12-16T00:00:00.001-03:00

La COP28 reunida en Dubái concluyó con un compromiso en torno al abandono progresivo de los combustibles fósiles calificado como “histórico”. ¿Será viable?

La 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP28, se reunió en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre, extendiéndose así una jornada más que lo previsto.

Ese tiempo añadido tubo por objetivo que países de todo el mundo alcanzaran un compromiso sin precedentes que convoca a abandonar progresivamente los combustibles fósiles, principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y, como consecuencia, del calentamiento global. Se pretende así recortar las emisiones de gases lo suficiente para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados extra.

Un cambio ambicioso

Desde su inicio el 30 de noviembre, la cumbre acordó la implementación de un fondo destinado a financiar las pérdidas y los daños climáticos en los países más vulnerables, para enfocarse posteriormente en el tema de los combustibles fósiles, el principal de la cumbre.

Varias potencias reclamaron una mención explícita sobre la necesidad de abandonar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón, combustibles fósiles considerados las causas principales del calentamiento global. El pedido se encontró sin embargo con la firme oposición de los países productores de petróleo, encabezados por Arabia Saudita.

Tras arduas negociaciones conducidas por los anfitriones de los Emiratos Árabes Unidos, se elaboró el documento final que reclama “hacer la transición lejos de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crucial, con el fin de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 de acuerdo con las recomendaciones científicas”. La clave estuvo en la elección del concepto “transición”, con el cual se dejó atrás la redacción anterior, que se refería a la “eliminación gradual” del petróleo, el gas y el carbón.

Además de la frase ya mencionada, el texto ratificó otro avance importante, a saber, el objetivo de triplicar la producción de energías renovables y duplicar la eficiencia energética hacia 2030. También se reclamó a los Estados la reducción del uso de carbón de acuerdo a una instrucción ya incluida durante la COP26 efectuada en Glasgow.

Sin embargo, más allá de los logros alcanzados, el documento presenta algunos interrogantes que preocupan. El principal es que la acción climática necesita un correlato presupuestario. Se necesita financiamiento para ayudar a los países en desarrollo a realizar la transición energética. También para ayudar a los países más vulnerables a adaptarse al cambio climático. Y fundamentalmente, para apoyar en la recuperación de estos países cuando el cambio climático los golpea críticamente.

Es así como el de la financiación se revela como el punto más débil del acuerdo. La disposición de recursos económicos es esencial para preparar a los países, especialmente a los más vulnerables, para enfrentar el calentamiento global actual.

Si bien la creación de un fondo destinado a compensar los daños causados por catástrofes o pérdidas irreversibles vinculadas al cambio climático provocó una ola de promesas de financiación por parte de los países desarrollados por un total de 655 millones de dólares, el umbral fue considerado muy bajo. Alemania prometió 65,7 millones de dólares, Francia 10,9 millones, Suecia y España 22 millones, y los Estados Unidos 17,5 millones. Son sumas irrisorias comparadas con los entre 215 y 387 mil millones de dólares que habría que movilizar cada año de esta década para lograr la adaptación al cambio climático, de acuerdo a los cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El texto votado la semana pasada insta a los países desarrollados a duplicar su ayuda a los países en desarrollo para la adaptación al cambio climático hacia 2025. Puede anticiparse que la próxima COP, a realizarse en Bakú, Azerbaiyán, un poderoso productor de gas, tendrá necesariamente el eje puesto en la cuestión financiera.

Lo cierto es que la financiación de la adaptación a las energías renovables supone quizás la inconsistencia más grande del documento porque deja abierta la brecha entre lo que se necesita y lo que se aporta.

¿Adiós a los combustibles fósiles?

Actualmente el 80 por ciento de la energía que se utiliza en el planeta proviene de los combustibles fósiles. El éxito o no del acuerdo alcanzado en la COP28 para reducir significativamente ese porcentaje sólo podrá medirse con su implementación. Y el dato cierto con el que ya se dispone es que la financiación para la transición energética es insuficiente. No obstante ello, algunos análisis permiten mantener una mirada optimista acerca del futuro cercano.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que la humanidad está en la antesala de un “punto de inflexión histórico”, dado que el uso global de combustibles fósiles alcanzará su pico máximo en 2025, momento a partir del cual la demanda comenzará a disminuir, incluso si los gobiernos no introducen ninguna política climática nueva.

La energía eólica y solar, las dos grandes esperanzas para un futuro energético limpio, han crecido rápidamente. En 2022 ambas representaron alrededor del 12 por ciento de la electricidad generada cuando hasta hace pocas décadas atrás era prácticamente inexistente.

Sin embargo la mayor parte de la electricidad -el 70 por ciento del total- todavía se genera a partir de carbón, petróleo y gas. Y la electricidad representa sólo una quinta parte del consumo total de energía global. Por lo tanto, la energía eólica y solar en realidad sólo son responsables de alrededor del 2 por ciento del suministro energético mundial.

La razón por la que se estaría alcanzando el pico de consumo de combustibles fósiles debe buscarse en la creciente eficiencia de las centrales eléctricas, acerías, fábricas de vidrio, barcos, aviones y automóviles que con las energías renovables.

Si lo acordado en la COP28 se cumple, implicará electrificar prácticamente todo, y los dispositivos eléctricos tienden a ser más eficientes que los que funcionan con combustibles fósiles. De esa manera la ecuación se torna un poco más prometedora.

Lo cierto es que la dependencia de combustibles fósiles sobre la que la humanidad construyó su civilización es muy alta y, por lo tanto, será difícil -aunque no imposible- dejarla atrás.

La libertad avanza… para Fujimori

2023-12-09T00:00:00.001-03:00

El controvertido expresidente peruano quedó en libertad. La medida, al igual que el legado de su gobierno, divide las aguas en Perú.

Tras años en prisión e innumerables idas y vueltas, el Tribunal Constitucional ordenó la inmediata excarcelación de Alberto Fujimori, quien fuera presidente de Perú desde 1990 hasta 2000 y cuya figura polariza al extremo a la opinión pública peruana.

Los orígenes de la “grieta” peruana

Para entender por qué la excarcelación del exmandatario desató la polémica en Perú, hay que recordar primero que su gobierno partió al medio a la opinión pública peruana.

Alberto Fujimori llegó al poder procedente del mundo académico, aunque se hizo muy popular como anfitrión de un programa de televisión de debate llamado “Concertando”. Fue un auténtico “outsider” de la política y alcanzó la presidencia desplazando a los partidos y candidatos tradicionales producto de una gran frustración social, incluyendo a su principal adversario, el escritor y político Mario Vargas Llosa.

Cuando asumió el gobierno, Perú atravesaba una situación muy difícil, caracterizada por una aguda crisis económica con una altísima inflación, y una profunda crisis de seguridad producto del accionar del grupo guerrillero Sendero Luminoso, de extracción ideológica marxista-leninista-maoísta. Las acciones de Sendero Luminoso y, en menor medida, las del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, sembraron durante años el terror en la población.

Fujimori desplegó una política económica de shock bajo el asesoramiento y la supervisión del gobierno de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que logró terminar con la inflación y sentó las bases para un crecimiento macroeconómico que se mantuvo en el tiempo, aunque nunca se tradujo proporcionalmente en mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los sectores populares.

Respecto de la guerrilla, el gobierno de Fujimori logró doblegarla mediante una estrategia antisubversiva que consistió en involucrar a las Fuerzas Armadas y concentrar su accionar junto al de la Policía en la captura los cabecillas de las organizaciones, poniendo el combate armado y el patrullaje en manos de los Comités de Defensa Civil Antisubversiva, bajo el seguimiento del Ejército. Simultáneamente, los Servicios de Inteligencia de la Marina, el Ejército y la Policía Nacional actuaron de manera coordinada con las denominadas “Milicias Rurales de la Sierra” -cuyos integrantes eran conocidos como “Ronderos”- adiestradas y equipadas militarmente. Las organizaciones guerrilleras fueron derrotadas y el hito más emblemático fue la captura del líder senderista, Abimael Guzmán, quien fue exhibido como trofeo dentro de una celda, con el clásico uniforme a rayas de los presos.

Sin embargo, para poder implementar medidas tan radicales sin disponer de apoyo legislativo, Fujimori acabó por dar un autogolpe de Estado en 1992: cerró el Congreso y suspendió al Poder Judicial. Eso le permitió reorganizar las estructuras legales y estatales a su arbitrio, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En 1993 y en virtud de que buena parte de la oposición no quiso participar en elecciones, el gobierno logró consolidar su posición mediante una reforma de la Constitución.

Como consecuencia de las acciones de gobierno, la política económica aumentó la inequidad, la política antisubversiva se extralimitó y causó flagrantes violaciones a los Derechos Humanos y el autogolpe fracturó la legitimidad gubernamental. Hacia el final de su gobierno, la corrupción se habían tornado inocultable.

El impacto de su gobierno llega hasta la actualidad y la “grieta” peruana se remite en gran medida a la polarización entre “fujimoristas” y “antifujimoristas”.

Sus partidarios destacan los éxitos de su política macroeconómica, el fin de la inflación y la derrota de la guerrilla. Sus detractores condenan su autoritarismo, las violaciones de los Derechos Humanos en la lucha antisubversiva y los escándalos de corrupción que caracterizaron el final de su gobierno.

La turbulenta salida de Fujimori del poder, a los pocos meses de comenzar su tercer mandato, incluyó su renuncia por fax y el abandono del país con rumbo a Japón, la tierra de sus antepasados. Sobre él se abrieron numerosas acusaciones de crímenes de lesa humanidad, autoritarismo, paramilitarismo y corrupción, entre otros delitos.

Persecución, cárcel e indulto

El Poder Judicial persiguió durante años a Fujimori para que respondiera por las causas abiertas en su contra. En 2005 fue detenido durante una visita a Chile, aunque se lo extraditó a Perú recién en 2007. Ya en su país, fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en los que grupos de militares dirigidos desde el gobierno asesinaron a 25 personas. Fujimori fue acusado de ordenar las dos masacres. También fue condenado por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer (ambos en 1992). Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de Latinoamérica era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes contra los Derechos Humanos.

Fujimori permaneció preso en el penal de máxima seguridad de Barbadillo donde compartió las instalaciones con otros expresidentes peruanos. Sin embargo, desde que fue condenado, los intentos por liberarlo dieron comienzo a una larga disputa judicial con giros políticos. Sus hijos Keiko y Kenji siguieron carreras políticas en parte para mantener una presión política que permitiera en algún momento su liberación. Fuerza Popular, el partido de derecha de su hija Keiko, compitió en varias oportunidades por la presidencia sin lograr alcanzarla, pero manteniendo siempre un nutrido número de legisladores en el Congreso que le permitió presionar y condicionar al gobierno de turno.

En 2017, en medio de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto humanitario a Fujimori por motivos de salud, en lo que fue interpretado como un intento por ganarse el apoyo del fujimorismo para evitar el juicio político en su contra que se tramitaba en el Congreso.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en de 2018 en contra del indulto. Calificó los de Fujimori como crímenes contra la humanidad y requirió al Estado peruano un control judicial sobre el perdón concedido por Kuzcynski. Entonces la Corte Suprema peruana lo declaró nulo y Fujimori debió regresar a prisión.

En 2022 el Tribunal Constitucional revocó la decisión de la Corte y restableció la vigencia del indulto, pero una vez más, una resolución de la CIDH resolvió que la sentencia del Tribunal Constitucional peruano incumplía las disposiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y pidió al Estado peruano garantías de que el indulto estaba fundamentado y no abría la puerta a la impunidad ante crímenes cometidos contra los Derechos Humanos. En ese momento, la presidencia la ejercía Pedro Castillo, de extracción progresista, quien dio lugar a la resolución de la CIDH.

Finalmente, hace unas semanas, Fujimori presentó un nuevo recurso de hábeas corpus que el Tribunal Constitucional concluyó por resolver reafirmando nuevamente la validez del indulto concedido por Kuczynski en 2017 y ordenando la liberación inmediata del expresidente. Además, el Tribunal Constitucional expresó que la CIDH no es competente para pronunciarse sobre si su última sentencia es ejecutable. Con la libertad del expresidente estalló la polémica y las manifestaciones a favor y en contra. La grieta peruana se reavivó.

Cabe destacar que la liberación de Fujimori se produce durante el mandato de Dina Boluarte, anteriormente vicepresidenta del destituido Pedro Castillo, quien permanece detenido en la prisión donde se encontraba Fujimori. En sólo un año, el gobierno de Boluarte carga sobre sus espaldas con más de 60 personas muertas, 1300 heridas y 600 detenidas. Es tan difícil encontrar pruebas como albergar dudas acerca de un pacto de convivencia entre el gobierno de Boluarte y el fujimorismo. En su hipótesis de máxima, Boluarte se propone completar el mandato de Castillo, que vence en 2026. En su hipótesis de mínima, se propone no terminar presa ella también, dadas las acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos y por corrupción que existen en su contra.

Mientras tanto, la libertad avanza para Fujimori quien, al igual que Henry Kissinger, fallecido recientemente, nunca pidió una sola disculpa pública por las decisiones que adoptó y que costaron la vida a gran cantidad de inocentes.

Kissinger, el más controvertido estratega político del siglo XX

2023-12-02T00:00:00.001-03:00

A los 100 años murió Henry Kissinger, una de las personalidades más influyentes y polémicas de la política global durante décadas.

El estratega y diplomático de los anteojos negros y el acento alemán falleció dejando atrás un siglo completo de vida y décadas enteras de influencia como pocas veces se vio en la historia reciente.

Fue el estratega que marcó el rumbo de la diplomacia estadounidense en la segunda mitad del siglo XX, secretario de Estado de dos presidentes y cuestionado premio Nobel de la Paz. Es considerado el artífice del restablecimiento de las relaciones entre China y los Estados Unidos. Pero también el responsable de mortales bombardeos en Vietnam y de varios golpes de Estado en Latinoamérica.

Se mantuvo activo hasta el final. Este mismo año, el de su centenario, estuvo abocado a promocionar su libro sobre liderazgo, testificó ante un comité del Senado estadounidense sobre la amenaza nuclear de Corea del Norte y, en julio pasado, mantuvo una sorpresiva reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Hoja de ruta

Nacido en Alemania en 1923 en el seno de una familia judía, Heinz Alfred Kissinger, emigró a los Estados Unidos en 1938 para escapar del régimen nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial se incorporó al ejército estadounidense y estuvo destinado en Europa donde vio en primera persona los devastadores efectos de los totalitarismos y la crueldad del enfrentamiento armado.

Se formó en Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard donde desarrolló una reconocida carrera académica durante 17 años. Demostró ser tan inteligente como arrogante, dueño de un agudo sentido del humor, y ávido por el conocimiento.

Fue el presidente conservador Richard Nixon quien lo llevó a lo más íntimo del proceso de toma de decisiones del gobierno de los Estados Unidos, primero como consejero de Seguridad Nacional y luego como secretario de Estado, es decir, responsable de las relaciones exteriores.

Es así como durante la década de 1970 Kissinger desempeñó un rol clave en la mayor parte de los acontecimientos mundiales de esa etapa de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tal fue su centralidad que las estelas de su influencia llegan hasta la actualidad.

La diplomacia que encarnó Kissinger era absolutamente práctica, no idealista. Dicho en otras palabras, era un pragmático, un fiel exponente de la “realpolitik”. Perseguía el cumplimiento de los intereses estadounidenses, no la exportación de ideales políticos. Es precisamente por eso que sus partidarios sostienen que fue exitoso al lograr imponer esos intereses aumentando la influencia de su país en el resto del mundo, y situándolo en una posición de fuerza que, en definitiva, le permitió vencer en la Guerra Fría y convertirse en la única superpotencia global.

Para sus múltiples detractores, Kissinger fue un estratega político frío, cerebral, insensible hacia el prójimo y sin el menor remordimiento por las decisiones adoptadas que condujeron a acciones que provocaron enormes daños y dolor en muchos países.

Claroscuros

Henry Kissinger llevó adelante negociaciones sobre el control de armamento nuclear con la Unión Soviética, que abrieron una vía para regular las tensiones entre las dos superpotencias durante la Guerra Fría. Lideró también las negociaciones que permitieron alcanzar los acuerdos de paz de París con Vietnam del Norte. Eso permitió a los Estados Unidos salir de la guerra de Vietnam, que dejó secuelas perdurables y fue además de una conflagración impopular, costosa y prolongada, la que derribó el mito de invulnerabilidad norteamericana. Sólo dos años después de la firma de los pactos, Saigón cayó en manos del régimen comunista norvietnamita.

En Oriente Medio, Kissinger desplegó una intensa diplomacia tendiente a establecer y ampliar vínculos entre Israel y los países árabes. Fue así que logró separar al Estado judío y a Siria en los Altos del Golán. No tuvo sin embargo el mismo éxito en 1975 y no logró alcanzar un acuerdo entre Israel y Egipto.

Uno de sus mayores éxitos fue la aproximación de los Estados Unidos con China. Hizo dos viajes a dicho país en esos años, uno en secreto para reunirse con el primer ministro Zhou Enlai. De esa manera logró sentar las bases de la histórica visita de Nixon a Beijing en 1973, que permitió algo impensable hasta ese entonces, como ser la normalización de relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos. De ese modo, logró incidir hábilmente para entorpecer las ya difíciles relaciones bilaterales entre China y la Unión Soviética.

Pero uno de los capítulos más oscuros de su prolongada trayectoria de estratega y diplomático fue el dedicado a Latinoamérica. Su miedo casi patológico al establecimiento de regímenes de izquierda fueran o no revolucionarios, lo condujo en el mejor de los casos a apoyar y, en el peor, a promover dictaduras cívico militares en toda la región. La más documentada de sus conspiraciones fue la urdida desde 1970 con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desestabilizar y finalmente derrocar al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile. Fue también responsable de encumbrar a Augusto Pinochet como dictador.

De manera inversamente proporcional a lo que le sucedía a su jefe, el presidente Richard Nixon, su poder creció durante el escándalo Watergate. Mientras el presidente se debilitaba, Kissinger se fortalecía en su rol de gran artífice de la política exterior estadounidense. Finalmente, la dimisión de Nixon en 1975 disminuyó su influencia, pero no la eliminó por completo. Continuó en su cargo como secretario de Estado durante el mandato del presidente Gerald Ford hasta 1977, cuando este último completó el período que Nixon había dejado vacante.

En 1978 visitó Argentina para ver el Mundial de Fútbol. En los Estados Unidos ya gobernaba el demócrata James Carter, quien presionaba para detener la represión desatada por la dictadura cívico militar encabezada por Jorge Rafael Videla. La presencia de Kissinger en Argentina fue interpretada como un respaldo personal a la junta militar.

Ya fuera de la función pública, continuó prestando asesoría a grandes corporaciones y a políticos, tanto republicanos como demócratas, escribiendo libros, pronunciando discursos y gestionando su propia empresa de consultoría global, Kissinger Associates, con la que ganó una fortuna.

Sin embargo, tanto la fama como la polémica lo persiguieron de por vida. Las acciones que impulsó en el sudeste asiático y su apoyo a las dictaduras latinoamericanas provocaron un cúmulo de acusaciones como criminal de guerra y de exigencias para que rindiera cuentas por sus decisiones.

Especialmente se denunció el bombardeo secreto estadounidense en Camboya en 1970. Dicha operación tuvo como objetivo destruir las líneas de suministro que partían de Vietnam del Norte para sustentar a las guerrillas comunistas en el sur. Sus críticos consideran que esa acción precipitó que los comunistas se hicieran con el control de Camboya y desataran una era de terror en ese país en la que murieron cerca de dos millones de personas.

El premio Nobel de la Paz, que le fuera concedido en 1973 junto al norvietnamita Le Duc Tho -quien tuvo la entereza de rechazarlo- fue uno de los más controvertidos que se recuerden. Dos miembros del comité Nobel encargado de adjudicar el galardón renunciaron.

Posteriormente a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, el entones presidente George W. Bush lo eligió para que encabezara un comité investigador. La oposición demócrata denunció un conflicto de intereses con varios de los clientes de la consultora de Kissinger, lo cual lo obligó a renunciar.

Intentó aconsejar a Donald Trump. Propuso invertir la estrategia que había usado en los ‘70 cuando recurrió a China para ponerle un freno a la Unión Soviética. A Trump le aconsejó entonces acercarse a la Rusia de Vladimir Putin para contrarrestar el creciente poderío económico chino. El acercamiento entre Trump y Putin se tradujo en efectos inesperados que posiblemente ni el propio Kissinger pudo imaginar. De alguna manera, la invasión de Rusia a Ucrania tiene raíces en ese extraño vínculo entre Putin y Trump.

Respecto del futuro, dejó su opinión acerca de la disputa entre China y los Estados Unidos por la supremacía global al señalar que “ambas partes se convencieron de que la otra representa un peligro estratégico”. Y agregó que “vamos camino a una confrontación entre grandes potencias”.

Henry Kissinger, el hombre que fue el poder detrás del poder en la primera potencia planetaria, el estratega y consejero frío y calculador, murió. Públicamente, nunca se arrepintió de nada.

Un acuerdo, una esperanza

2023-11-26T00:00:00.002-03:00

Siete semana después de los ataques que desataron la guerra, el gobierno de Israel y la organización extremista palestina Hamás arribaron a un acuerdo que genera expectativas.

La diplomacia nunca cesa. Nunca debe cesar. Especialmente cuando el conflicto es más agudo. Tras arduas negociaciones impulsadas por los gobiernos de los Estados Unidos, Qatar y Egipto, el gobierno israelí y la organización extremista que gobierna desde 2007 la Franja de Gaza, alcanzaron un acuerdo que incluye una pausa de cuatro días en las hostilidades y la liberación de rehenes -exclusivamente niñas, niños y mujeres- además de palestinos detenidos en poder del Estado israelí.

Acuerdo mínimo, pero acuerdo al fin

La embestida de la maquinaria militar israelí sobre la Franja de Gaza parece haber puesto a Hamás en una situación apremiante. La crisis humanitaria está al descubierto y los propios referentes de Hamás admiten que han perdido la capacidad de contar con exactitud las muertes, que se acercarían a las 15 mil. Es quizás ese el motivo por el cual la organización aceptó negociar el acuerdo. El motivo por el cual lo hizo el gobierno de Israel es más notorio aún. La presión local e internacional para recuperar con vida a las personas secuestradas -se estima que son 240- se hace sentir a cada instante. Más de la mitad de ellas tienen ciudadanía extranjera o doble nacionalidad, alcanzando alrededor de 40 países, entre los que se incluyen Argentina, Alemania, Chile, España, Francia, los Estados Unidos, Portugal, el Reino Unido y Tailandia.

El acuerdo es mínimo, pero se trata de un acuerdo al fin. Incluye una pausa en las hostilidades por cuatro días y la liberación de 50 de los rehenes capturados durante el ataque de Hamás el 7 de octubre. Junto al cese momentáneo de hostilidades, Hamás obtiene la excarcelación de 150 palestinos bajo custodia israelí. Antes de los ataques del 7 de octubre, aproximadamente 5 mil doscientos palestinos estaban en prisiones israelíes, a los que posteriormente se sumaron otros 3 mil, que incluyen 145 niñas y niños además 95 mujeres.

El acuerdo incluye también la posibilidad de que se liberen más personas que las pautadas inicialmente. El gobierno israelí prometió un día de tregua por cada diez personas liberadas. Recuérdese que antes del acuerdo, Hamás sólo liberó a cuatro rehenes.

Datos aportados desde Qatar, uno de los países mediadores, señalan que Hamás e Israel debieron elaborar un minucioso plan para el intercambio que incluyó un corredor seguro, las elaboración de listas de personas a liberar y distintos aspectos detallados para evitar que el acuerdo se frustre.

Es necesario subrayar que, si bien se abre una pequeñísima esperanza, el acuerdo no resuelve la guerra ni aborda las raíces del conflicto. Más aún, el gobierno israelí aseguró que una vez finalizado, continuará con los ataques, por lo menos hasta liberar a todos los rehenes, completar la eliminación de Hamás y garantizar que no habrá ninguna nueva amenaza al Estado de Israel proveniente de la Franja de Gaza. Asimismo, el gobiernmo de Israel no permitirá el retorno de palestinos al norte, aunque sí acordó dejar entrar aproximadamente 300 camiones de ayuda humanitaria, entre alimentos, elementos sanitarios y combustible.

Mientras tanto, quienes habitan la Franja de Gaza padecen las consecuencias. Informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalan la falta de hospitales operativos en el norte del territorio, afectado por las incursiones militares israelíes y la escasez de combustible, insumos médicos, alimenticios y agua.

Diplomacia y mediación

El proceso diplomático que permitió arribar al acuerdo comenzó casi inmediatamente después de los ataques del 7 de octubre y tuvo como actores sustanciales a los gobiernos de los Estados Unidos, Qatar y Egipto. Pero fue recientemente que, en un encuentro llevado a cabo en Cisjordania, y que contó con la participación de negociadores de esos tres países y representantes de Israel y de la Autoridad Palestina, se concretaron los detalles del acuerdo. Allí también se abordaron algunas líneas de acción sobre el gobierno y la seguridad en la región ante la posibilidad de llegar a un alto el fuego más estable.

Según trascendió desde fuentes egipcias, al comienzo de las negociaciones el gobierno israelí habría rechazado toda clase de ofertas y condiciones por parte de Hamás. Esto abona la conjetura de que la administración de Benjamin Netanyahu buscó una posición de fuerza mediante victorias militares sobre Hamás antes de comenzar a negociar seriamente.

Otro factor que habría contribuido a demorar el proceso negociador consistiría en el compromiso asumido por Hamás de informar a Irán y a otros grupos extremistas operativos en la Franja de Gaza sobre la evolución de las negociaciones.

No debería soslayarse el rol del gobierno estadounidense. El esfuerzo diplomático de la Administración de Joe Biden estuvo puesto al servicio de evitar una represalia israelí ilimitada en el primer momento, al tiempo que, con el envío de refuerzos militares de embergadura, se dispuso a proteger al país aliado ante la posibilidad de que una escalada descontrolada terminara en una alineamiento del mundo islámico y un posterior ataque a Israel. Simultáneamente, buscó vías de diálogo con eje en la liberación de los rehenes, donde el gobierno de Biden tiene depositado su principal interés, dado que aún hay 10 personas de nacionalidad estadounidense en poder de Hamás, además de las dos mujeres ya liberadas.

Un futuro aún incierto

Independientemente de cómo se ejecute en su totalidad el acuerdo o de la posibilidad de que se extienda y evolucione hacia un contexto más estable, el futuro está todavía gobernado por la incertidumbre.

La Franja de Gaza se encuentra en una situación precaria. La crisis humanitaria amenaza con una inminente hambruna y la proliferación de enfermedades. La ayuda humanitaria está prácticamente detenida debido a la escasez de combustible y la caída del sistema de comunicaciones.

Ante semejante contexto, los 300 camiones confirmados con provisión de insumos básicos no resultarían suficientes y así lo reclama la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras.

Las restricciones de movimiento impuestas por las fuerzas israelíes que operan en la Franja de Gaza complican la situación. Desde la ONU señalan la falta de electricidad, la grave escasez de insumos en los hospitales y la negativa israelí a permitir el ingreso de alimentos especialmente en la zona norte de la Franja de Gaza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que 21 de los 34 hospitales que hay en el norte de la Franja no están funcionando y, por lo tanto, no pueden aceptar nuevos pacientes.

Además de las muertes registradas, hasta el momento los ataques israelíes produjeron el desplazamiento interno de una cantidad indeterminada de personas, que el ministerio de Salud local controlado por Hamas, establece en un millón 700 mil personas.

Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió continuar las operaciones militares luego de la pausa de cuatro días. Sin embargo, este acuerdo, esta pausa, podría conducir a que otros actores internacionales se sumaran al impulso diplomático y a enriquecer las negociaciones que conduzcan a un escenario un poco más esperanzador.

Algunas lecciones de la historia

2023-11-17T17:44:00.005-03:00

Los errores del pasado sirven para aprender de ellos y no repetir así experiencias dolorosas. He ahí el valor de la memoria, que es necesario refrescar en la Argentina de hoy.

Suele atribuírsele inteligencia a quien aprende de sus propios errores y sabiduría a quien aprende de los errores ajenos. Pero para que cualquiera de esas opciones prospere, resulta necesario contar con capacidad crítica y conocimiento de la historia. La memoria es esencial como bitácora de viaje, como iluminación que permite ver el camino hacia adelante, como registro de las experiencias propias o ajenas que permiten al menos aspirar a la inteligencia o a la sabiduría. En caso contrario, el riesgo de repetir con o sin matices los errores, se convierte en certeza.

Mirar atrás para ir hacia adelante

A 40 años de la recuperación de la democracia -hasta ahora ininterrumpida- en Argentina, asistimos a la réplica de un fenómeno que no es solamente local, como es la asociación de fracaso económico con fracaso de la democracia en tanto sistema político. El fracaso económico tiene sin dudas sus raíces en el fracaso del proceso de toma de decisiones políticas. Las razones demandarían extensas páginas. Pero resulta excesivo tergiversar el fracaso de una dirigencia política y social que no pudo, no supo o no quiso, con el fracaso de la democracia entendida como sistema de valores, como aspiración colectiva, como el conjunto de reglas de juego que hace viable el equilibrio de los poderes públicos y, por lo tanto, de la libertad de la población en su conjunto.

Me tomo entonces la licencia de recordar algunas lecciones que deja la historia ante un proceso electoral controvertido en Argentina. Lo hago porque entiendo que esa controversia no está dada por un dilema -falso a mi juicio- a favor o en contra de determinado partido o ideología política, sinó por una antinomia que opone valores democráticos y republicanos por un lado, y lineamientos autoritarios e inspirados en el odio por el otro. Antinomia que parecía saldada pero que a la luz del debate político y social actual, no lo está.

A comienzos de la década de 1930 Alemania cargaba sobre su espalda una dura derrota en la guerra. El país también sufría las consecuencias de la crisis económica de 1929, de impacto mundial. Ante un panorama signado por una inflación desmesurada, dificultades para encontrar empleo, el derrotismo y la violencia callejera, una profunda frustración y un resentimiento creciente invadió a la sociedad alemana, cuya oferta política se polarizó cada vez más marcada y rápidamente. Surgió una expresión política que se nutrió de todo eso. Fue el Nacionalsocialismo o Nazismo. Ante ese fenómeno, la dirigencia política tradicional primero intentó ignorarlo, luego lo combatió con tibieza y, finalmente, intentó aliarse a él para impregnarse de su legitimidad creciente en términos de apoyo popular, el cual, dicho sea de paso, nunca fue muy superior al orden del 30 por ciento del electorado mientras la democracia se mantuvo en pie. Pese a que Adolfo Hitler y sus seguidores siempre manifestaron lo que aspiraban a hacer si llegaban al poder, los conservadores monárquicos que reivindicaban un pasado autoritario al que consideraban una “edad dorada”, prefirieron creer que se trataba de un conjunto de dislates propios de un hombre raro. Hitler era raro. Vegetariano y abstemio, con una inexplicable relación sentimental con su sobrina (que acabó con el suicidio de ella), el hombre que descargó su odio contra el judaísmo al que convirtió en chivo expiatorio de todos los males de la época, sólo parecía amar a sus perros.

El Nazismo fue al comienzo funcional a la derecha conservadora para sacar de las calles a los comunistas y para correr a un costado a los socialistas en el Parlamento, a quienes se responsabilizaba de las negociaciones que habían llevado a desventajoso Tratado de Versalles, que suponía una carga económica difícil de remontar para Alemania. Pero cuando la crisis social se tornó difícil de manejar, la derecha conservadora decidió entregarle el gobierno a Hitler y sus jóvenes compañeros para que impusiera el orden el mejor de los casos, o fracasara y se fuera. Pensaron en Hitler y sus seguidores como en una turba “manejable”. Tal como lo expresó el historiador Karl Dietrich Bracher, la historia del ascenso de Hitler, es la historia de su subestimación. Todo lo que vino después es harto conocido. Hitler y el Nazismo pudieron producir tamaña destrucción sin borrar una coma de la Constitución. Porque llevaron adelante una “revolución legal”. Mediante medidas progresivas se adueñaron del Parlamento y abolieron al resto de los partidos políticos para pasar luego a “legislar” a gusto del líder.

Argenmania

Por supuesto que en la Argentina actual hay enormes diferencias. También hay similitudes. No hubo una guerra reciente, las derrotas suelen ser autoinfligidas. No hubo crisis económica global pero la pandemia y una sequía de la que no hay antecedentes causaron estragos. No hubo Tratado de Versalles pero si un endeudamiento externo sofocante e interminables negociaciones que conducen a callejones siempre oscuros. Sí hay inflación, sí es insuficiente el empleo, sí hay derrotismo, sí hay violencia en las calles y por sobre todas las cosas hay muchísima frustración y un peligroso resentimiento se respira en el aire. Es en este marco que emergió el liderazgo de Javier Milei y ese heterogéneo entorno que lo rodea, lo dice y lo desdice en las redes sociales, que se parecen bastante en su nivel de agresividad a las calles de Berlín en los albores de los años ´30. Ante la frustración y el resentimiento, amplios sectores del periodismo lo insufló, ya fuera porque “medía bien” o porque representaba la idea de acabar con una dirigencia política que se desprestigió a sí misma. Dicho sea de paso, la derecha conservadora local, en actitud vampírica, intenta nutrirse de legitimidad fresca y lo ha buscado para “domesticarlo”, sin percibir que podrían convertirse en su primera víctima.

No es solamente una cuestión de formas, de decir las cosas con virulencia. Es de fondo. Relativización de los efectos de la última dictadura militar. Negación del genocidio. Reimplantación de la “teoría de los dos demonios”. Exacerbación del individualismo y de la economía de mercado como forma de vaciamiento del entramado social. Búsqueda de una sociedad de masas en el sentido que le daba Hanna Arendt, el de “una soledad acompañada”. Postulación de peligrosos instrumentos de democracia directa como el plebiscito para dirimir enfrentamientos entre los poderes públicos. Algo propio de los regímenes autoritarios que confunden deliberadamente “democracia” con la mera aplicación de la regla de la mayoría. Para que exista democracia deben cumplirse en simultaneo tres presupuestos mínimos y básicos: aplicación de la regla de la mayoría, respeto sin restricciones a los derechos de las minorías, libertad de opinión e información. Y un detalle no menor, las democracias modernas son siempre representativas y nunca directas. “El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes” indica con meridiana claridad la Constitución Nacional.

Ninguna historia es igual a otra y ningún país es igual a otro. Pero ¿en su afán por evitar ser “Argenzuela” no correrá el país el riego de convertirse en “Argenmania”?

Volver al pasado

La historia reciente ha demostrado que las formas actuales en las que actúa el autoritarismo son mucho más solapadas. Brasil bajo en gobierno de Jair Bolsonaro, los Estados Unidos durante el período de Donald Trump, Hungría bajo el gobierno de Víktor Orban y la emergencia de movimientos de extrema derecha en todas las democracias planetarias han dado la pauta de que ya no es tan sencillo provocar un giro completamente autoritario en un sistema político. Sin embargo, sí se producen movimientos que son regresivos y que lejos de mejorar algo, lo empeoran todo. Si ante un incendio existen tres posibilidades, a saber, arrojar agua con un balde, no hacer nada, o arrojar combustible, está claro cuál es la peor de las decisiones posibles.

Argentina no decide solamente quién va a gobernar. Decide si va a intentar resolver sus problemas con mayores dosis de democracia o con mayores dosis de autoritarismo.

La Libertad Avanza supone de “libre” y de “avance” en términos de progreso, lo mismo que el Nacionalsocialismo supuso de “socialista” y de “nacional”. Nada.

Es sencillo advertir que el Nazismo no fue socialista. Pero tampoco fue nacionalista al confundir deliberadamente amor por lo propio con superioridad frente a lo ajeno y lo distinto. Sin contar que, además, supuso la destrucción de lo propio. Se calcula que Alemania perdió al menos 7 millones y medio de vidas durante la Segunda Guerra Mundial a la que condujo el Nazismo. Como consecuencia, el país fue partido en dos y tardó décadas en reconstruirse. ¿Se merecía Alemania al Nazismo?

Como dijo el sociólogo Pablo Seman, la dirigencia política argentina seguramente se merece un triunfo de Milei. La Argentina no. ¿Está el país más cerca de la sabiduría, de la inteligencia o de cometer una gran estupidez?

Pedro Sánchez, a punto de lograrlo otra vez

2023-11-11T00:00:00.001-03:00

El presidente del gobierno español está próximo a alcanzar la coalición parlamentaria que le permitiría mantenerse en el poder, pese a que su partido no fuera el más votado.

Hay que reconocer que, independientemente de las valoraciones acerca del modo en que lo consigue, Pedro Sánchez finalmente alcanza lo que se propone. Llegó al poder en 2018 utilizando hábilmente los medios que el sistema parlamentario de gobierno puso a su alcance y, cinco años más tarde, aprovechando esos mismos medios y haciendo concesiones peligrosas, parece estar muy cerca de retener el poder. Eso en circunstancias increíbles dado que su agrupación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), perdió este mismo año las elecciones municipales y autonómicas (mayo) y también -aunque por escaso margen- las elecciones generales (julio). No se trata de un líder convocante de grandes mayorías, pero si de un hábil articulador de alianzas parlamentarias y de estrategias electorales.

Polémico acuerdo

En julio pasado, el conservador Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones y obtuvo 137 bancas parlamentarias. Sin embargo, ninguno de los partidos políticos logró la mayoría de votos necesaria para formar gobierno. El sistema parlamentario español exige el voto favorable de una mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados en un primer intento y, en el segundo, alcanzar la mayoría simple, es decir, más aceptaciones que rechazos. Núñez Feijóo no logró ni una cosa ni la otra. En otras palabras, no reunió el apoyo necesario de otros partidos con los cuales, por distintas razones, no pudo, no supo o no quiso negociar.

Tras los intentos fallidos y, tal como lo establece la Constitución, el Rey Felipe VI le encargó la formación de un gobierno al presidente saliente, Pedro Sánchez, cuyo partido político había salido segundo en la compulsa electoral nacional, pero que disponía de una red de pequeños y variados partidos políticos aliados. Era la oportunidad que Sánchez esperaba.

Fue en este contexto que, para asegurar una coalición que le diera la cantidad suficiente de bancas parlamentarias para formar un nuevo gobierno, Pedro Sánchez hizo un polémico acuerdo con el partido independentista catalán Junts per Catalunya. Se trata del partido político que impulsó y realizó el referéndum para lograr la separación de Cataluña del resto de España en 2017. Ese referéndum independentista había sido previamente declarado ilegal y había sido ordenada su suspensión por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, fue realizado de todas maneras y el entonces gobierno catalán, encabezado por quien era entonces su presidente, Carles Puigdemont, consideró los resultados como legítimos y declaró de modo unilateral la independencia de Cataluña. Se generó así un conflicto que adquirió características violentas, con manifestaciones, represión y la condena judicial para varios líderes políticos entre otras personas que participaron del proceso. Puigdemont huyó a Bélgica para evitar ser enviado a prisión.

El acuerdo anunciado el último jueves es polémico porque incluye la amnistía para los independentistas, algo que es fuente de severas discrepancias y de una gran controversia en España dado que, para numerosos líderes políticos se trata, ni más ni menos, que del fin del Estado de Derecho. Expresado de otra forma: si se amnistía a quienes actuaron contra la Constitución y contra los dictámenes del Poder Judicial por una conveniencia política circunstancial ¿qué valor real adquiere el Estado de Derecho? El precedente que deja asentado es como mínimo peligroso, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo.

El dato que revela que este acuerdo hecho de espaldas a la ciudadanía, es producto de la búsqueda de poder de Sánchez y no de una genuina vocación por confraternizar, es que el mismo Sánchez se había opuesto a una amnistía hasta las elecciones del pasado 23 de julio.

Sumar bancas y construir poder a cualquier precio

El líder socialista intenta repetir lo que se denominó “bloque de investidura”, una coalición heterogénea de partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas, que le permitió afincarse en el poder en 2020.

Sánchez ya se había asegurado el apoyo del grupo de izquierda Sumar, los independentistas vascos y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero aun así le faltaban votos que, tras el acuerdo alcanzado, le proporcionará Junts per Catalunya.

El acuerdo contempla varios aspectos, entre los que sobresale el compromiso de Sánchez de sancionar una ley de amnistía para políticos, líderes catalanes y ciudadanía que estuvieran implicados en el proceso independentista catalán. Pero hay más, porque también incluye la participación de Cataluña de modo directo en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales.

A cambio, Pedro Sánchez logrará lo que buscaba: formar un gobierno que él mismo presidirá, apoyado por todas las bancas de Junts y el compromiso de ese sector de brindarle estabilidad a la coalición parlamentaria que sostendrá al poder ejecutivo.

Este último aspecto, queda sin embargo sujeto al avance y al cumplimiento de otros acuerdos que resultarán de negociaciones en progreso entre ambos partidos políticos respecto de dos temas candentes. El primero es la intención de Junts de realizar un nuevo referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, ahora bajo el amparo de la Constitución. El segundo, es una propuesta de Junts de excepción fiscal para Cataluña que le permita a esa comunidad autónoma retener el 100 por ciento de lo recaudado en impuestos en su territorio, entre otras medidas económicas.

Lo que viene

El acuerdo con los independentistas catalanes permitirá a Pedro Sánchez reunir los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para formar gobierno y, por lo tanto, para ser investido presidente. En los próximos días debería producirse la sesión parlamentaria mediante la cual ambas cosas se concretarán.

Sin embargo, el escenario político español está lejos de serenarse. El acuerdo que permitirá la amnistía ha generado duras críticas por parte del PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo, verá de momento frustrada su posibilidad de gobernar España. Pese a ello, Núñez Feijóo quizás acierta al no transigir con los valores que siempre sostuvo. Para el líder conservador era más decoroso convocar a nuevas elecciones y evitar una amnistía que termina por dejar el sabor amargo de que la Constitución es pasible de ser vulnerada.

También entre la propia tropa hay disidencias. Integrantes históricos del PSOE son críticos de la riesgosa jugada de Sánchez. Tal es el caso del expresidente Felipe González, quien ha repetido que sería mejor celebrar nuevas elecciones.

Si la maniobra se concreta exitosamente, habrá dos grandes ganadores. Pedro Sánchez habrá logrado su objetivo de conservar el poder aunque el costo podría ser altísimo para él y también para España. Carles Puigdemont por su parte, ganaría más aún que Sánchez. Vendió caro el apoyo de Junts, dado que podría retornar a Cataluña sin sufrir consecuencias por obviar la Constitución y con varias promesas de prosperidad económica bajo el brazo. Y todavía más, tendría la llave de la estabilidad del nuevo gobierno.

Existe de todas maneras la posibilidad remota de que no se logre la investidura antes del 27 de noviembre. En ese caso, españolas y españoles tendrán que volver a las urnas en enero.

Mientras tanto, en todo el país hay convocadas manifestaciones contra el acuerdo de Sánchez.

Se va la segunda: nueva propuesta de una Constitución para Chile

2023-11-04T00:00:00.001-03:00

Tras el rechazo al texto constitucional que había sido sometido a referéndum en 2022, el país deberá decidir en breve sobre una nueva propuesta visiblemente conservadora.

El 17 de diciembre la ciudadanía deberá votar a favor o en contra del texto redactado por el Consejo Constitucional, dominado por partidos de derecha, que busca reemplazar la Carta Magna elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Cuatro años turbulentos

Este segundo intento por reemplazar el texto constitucional heredado del pinochetismo se sitúa en el marco de los últimos cuatro años, caracterizados por fuertes reclamos sociales y una marcada polarización política e ideológica.

En octubre de 2019, las masivas e iracundas manifestaciones sociales que se tradujeron en violencia, muertos y heridos, forzaron a la dirigencia política tradicional encabezada por el gobierno conservador de Sebastián Piñera, a buscar una salida institucional a la crisis. Mediante el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” se propuso el cambio del texto constitucional de la dictadura por otro que brindara una mirada más moderna e inclusiva. El acuerdo se sometió a la decisión popular y en octubre de 2020, el 78 por ciento del electorado votó a favor de la confección de una nueva Constitución.

La Convención Constitucional creada al efecto en 2021, fue novedosa dentro y fuera de Chile. Contempló la paridad de género, la participación de los pueblos originarios, y estuvo integrada mayoritariamente por convencionales independientes, es decir, que no procedían de las expresiones políticas habituales. Solamente el 36 por ciento militaba en alguna fuerza política tradicional.

Pero el proceso de elaboración del texto constitucional estuvo atravesado por la polémica, dado que proponía una transformación muy profunda de la institucionalidad chilena, que incluía la eliminación del Senado y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Esa propuesta de cambio radical asustó a un sector significativo de la población y provocó un miedo al cambio que fue hábilmente explotado por los sectores más conservadores de la vida política y económica chilena. En septiembre de 2022, mediante referéndum, el 62 por ciento del electorado rechazó la Constitución propuesta.

Semejante revés supuso un duro golpe para el gobierno progresista de Gabriel Boric, quien había comenzado su mandato sólo seis meses antes y había apostado a un triunfo del texto. La misma noche de la derrota, el presidente expresó su intención de convocar a un nuevo proceso de reforma constitucional, aunque también acusó recibo de la derrota y debió emprender un veloz y profundo cambio de gabinete, sacrificando buena parte de su círculo íntimo para integrar representantes de sectores moderados en el comité político, donde se adoptan las principales decisiones.

Con el impulso presidencial, a finales de 2022 el Congreso acordó iniciar un segundo proceso constitucional pero, en virtud de la experiencia fallida, se trazó una ruta muy diferente, con un conjunto de reglas y limites orientados a impedir una propuesta “fundacional”. Se establecieron 12 puntos básicos de acuerdo transversal sobre los que trabajaría un Comité Experto elegido por la Cámara de Diputados y el Senado. Posteriormente, un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos mediante sufragio popular, trabajaría sobre el borrador elaborado por los especialistas.

Ya en mayo de este año, el Partido Republicano, formación de extrema derecha que originalmente no quería cambiar la Constitución de la dictadura, alcanzó el 35 por ciento de los votos en la elección de consejeros constitucionales y logró 22 de los 50 escaños en disputa. La derecha tradicional obtuvo 11 y el progresismo en su conjunto consiguió sólo 17. Además de convertirse en la primera fuerza política chilena, la formación ultraderechista de José Antonio Kast obtuvo el poder de veto y, junto a la derecha conservadora tradicional, la capacidad de proponer, aprobar y modificar el nuevo texto, porque superaban los tres quintos del quorum, sin necesidad de contar con los votos progresistas.

Los 24 expertos habían redactado un borrador marcado por la moderación y los acuerdos políticos transversales, que incluían desde la extrema derecha a la izquierda más dura. La principal modificación que presentaron fue la consagración de que Chile se organizaría como un “Estado social y democrático de derecho”, una lucha impulsada desde hacía años por todo el arco político progresista. El texto propuesto reconocía, por primera vez en la historia, a los pueblos originarios como parte de la Nación chilena. También incorporaba el derecho a la vivienda adecuada, al trabajo decente y velaba por la protección del medioambiente, entre otros puntos. Pero pasaron cosas.

Polémica

El borrador fue sometido al Consejo Constitucional, dominado por las expresiones de derecha, que procedió a efectuar en el texto cambios sustantivos. Pese a que se conservó la consagración de un Estado social y democrático de derecho, la crítica progresista señala que otros artículos vacían de contenido la definición, porque queda limitado o restringido por las propias normas de los derechos sociales como salud, educación y pensiones.

Pero las críticas incluyen otros aspectos polémicos que resulta prudente señalar. El sistema político profundizará el presidencialismo vigente otorgándole mayores facultades al mandatario. Se incorpora la protección de “la vida de quien está por nacer” y que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. Los críticos plantean que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto vigente. El texto también plantea la expulsión “en el menor tiempo posible” de migrantes que ingresen por pasos no habilitados “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”. Además, que las personas condenadas a una pena de cárcel podrán solicitar al tribunal la reclusión domiciliaria “siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”. Los críticos señalan que esto último podría beneficiar a los 134 militares condenados por violaciones a los derechos humanos, dado que la mayoría de ellos supera los 70 años.

Otra aspecto polémico consiste en la creación de unos 20 nuevos organismos estatales, la mayoría de los cuales son contrapesos o contralores de los ya existentes. Sólo permanecen libres de supervisión dos órganos unipersonales, el Presidente de la República y el Contralor. Específicamente se evita la creación de la Defensoría del Pueblo, organismo de raigambre legislativa cuya misión es velar por el cumplimiento de los derechos humanos y controlar a la Administración Pública. Chile y Brasil son los dos únicos países de Sudamérica que no cuentan con Defensoría del Pueblo.

Es por estas razones que el arco político está tenso y polarizado entre el progresismo que rechaza el texto constitucional propuesto y la derecha que lo acepta y el debate en torno a él será fuertemente discutido antes del referéndum previsto para el 17 de diciembre.

No obstante ello, hay algunos aspectos que podrían considerarse aproximaciones o coincidencias de los sectores en pugna. El progresismo reconoce que la consagración del Estado Social -aunque limitado-, los avances en materia de modernización del Estado y en algunos aspectos del sistema electoral, y ciertos avances en materia de descentralización, supondrían una mejoría respecto de la situación actual.

La extrema derecha representada por Kast pasó de no acordar con el cambio de la Constitución pinochetista hasta hace poco tiempo, a alentar ahora este cambio en virtud de la posibilidad que tuvo de moldear el nuevo texto.

Sin embargo, hay dos coincidencias implícitas más importantes. La primera es que, de aprobarse en diciembre, la nueva Constitución cerraría el proceso turbulento abierto en 2019, al menos en su variante política, dejando atrás un cúmulo de incertidumbres y divisiones. La segunda, es que sepultaría de una vez y para siempre el texto legado por la dictadura.

Los sondeos de opinión revelan que la intención de voto en contra de la propuesta constitucional es significativamente mayor que la de votar a favor, con alrededor de un 15 por ciento de indecisión. Sin embargo, la tendencia registrada en las últimas semanas revela que la intención de apoyar la propuesta tiende a crecer sostenida aunque lentamente.

En el caso de que el 17 de diciembre la nueva propuesta fuera rechazada, el gobierno de Boric ha prácticamente descartado la posibilidad de enfrentar un nuevo proceso constitucional durante esta gestión. El desgaste político sería excesivo. Definirá la ciudadanía.

Hamas, un laberinto de túneles y criptomonedas

2023-10-28T00:00:00.001-03:00

Si algo caracteriza al grupo extremista que atacó a Israel es su complejidad, algo que pone en evidencia por qué es tan difícil de combatir.

Mientras cientos de miles de palestinas y palestinos viven como pueden en la Franja de Gaza con menos de 15 dólares por día, Hamas administra millones de dólares y se mueve a 30 metros de profundidad. Estos son dos de los motivos que dificultan el combate al grupo que atacó Israel el pasado 7 de octubre.

La trama bajo tierra

Distintas fuentes, que incluyen algunas de las personas secuestradas y recientemente liberadas, registros del ejército israelí, periodistas, y declaraciones del propio grupo extremista, confirman la existencia de una maraña de túneles que podrían alcanzar una extensión de 500 kilómetros, y que son clave para la planificación y el despliegue de las operaciones de Hamas.

Se trata de túneles relativamente grandes con diseño minuciosamente planificado, que permiten el tránsito con motocicleta, disponen de mecanismos de seguridad tales como puertas reforzadas de acero y cuentan con acceso a internet. No se trata de instalaciones pensadas ni dispuestas para los civiles que viven y mueren en la superficie, sino que son operados por y para militantes de Hamas.

Uno de los elementos esenciales es el camuflaje que permitió tanto la construcción como el acceso a estos túneles que permiten a los integrantes del grupo extremista moverse sin ser vistos debajo de casas, mezquitas y escuelas dentro de la Franja de Gaza.

Se especula con que la trama bajo tierra también dispondría de trampas explosivas y bombas caseras, de manera tal de poder detener cualquier incursión israelí. Es en esos túneles donde se encontrarían las cerca de 200 personas secuestradas el pasado 7 de octubre. Es también uno de los factores que detiene el tan anunciado ataque terrestre de las fuerzas israelíes. Pero hay más.

La trama de la financiación

Si bien es cierto que países como Qatar, Irán o Turquía han sido en los últimos años los principales patrocinadores estatales de Hamas mediante el envío de cientos de millones de dólares a la organización, también aparece una trama financiera compleja y oculta semejante a la de los túneles.

Lo cierto es que las estimaciones de distintas fuentes señalan que actualmente Hamas dispondría de fondos por entre 300 y 500 millones de dólares. Y Hamas, como otras organizaciones terroristas, se caracteriza por la flexibilidad y el oportunismo para obtener fondos.

Más allá de la financiación convencional, los extremistas que controlan la Franja de Gaza obtienen recursos para solventar sus operaciones a partir de un entramado que involucra, entre otros medios, dinero en efectivo y criptomonedas. Una de las formas que tienen de recaudar dinero es a través de “impuestos” que le cobran a empresas, comercios y personas.

Hamas también recibe donaciones de individuos y de organizaciones de todo el mundo. El régimen teocrático de Irán proporciona -según el Departamento de Estado de los Estados Unidos- hasta 100 millones de dólares anuales a los distintos grupos extremistas palestinos, incluido Hamas. Ese dinero es movido a través de empresas “fantasma”, transferencias de dinero e incluso a través de metales preciosos como el oro.

El caso de Qatar es significativo. Un flujo constante de fondos es transferido electrónicamente a Israel. Funcionarios israelíes y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevan el dinero en efectivo a través de la frontera con la Franja de Gaza para entregarlo a autoridades palestinas. Ese dinero está oficialmente destinado a la población, que vive mayoritariamente sin acceso a los servicios públicos básicos y con grandes dificultades para proveerse de bienes. Cada familia o individuo debe firmar junto a su nombre un registro en el que consta que ha recibido el dinero en efectivo. Pero nadie está excento de que Hamas le cobre después un impuesto o un “peaje”. El error de las autoridades israelíes fue creer que ese flujo de dinero actuaba como un modo de apasiguamiento de la población y, por ende, de los grupos extremistas que se arrogan la representación del pueblo palestino.

Sin embargo, el aspecto más interesante de la trama financiera a través de la cual se nutre Hamas, es

el de las criptomonedas. Hasta el violento ataque a Israel el 7 de octubre, el grupo había utilizado cada vez más criptomonedas, tarjetas de crédito o acuerdos comerciales artificiales para evitar las restricciones internacionales.

Un informe reciente de Wall Street Journal señaló que las criptomonedas constituyen una “parte integral” de la financiación de Hamas. Según esa fuente, durante el año previo a los ataques, tres grupos extremistas que operan en torno a Israel -Hamas, la Yihad Islámica y Hezbolá- recibieron fondos a través de criptomonedas. Se calcula que las billeteras de criptomonedas de Hamas llegaron a recibir 41 millones de dólares desde mediados de 2021.

El informe del diario estadounidense señala que los militantes de Hamas están vinculados a una variedad de criptomonedas. Entre ellas se incluye Dogecoin, la criptomoneda frecuentemente promovida por Elon Musk. También utilizan las denominadas “monedas estables” como Tether y USDC. Una moneda estable o “stablecoin” es también una criptomoneda, pero lo que la diferencia del resto es que su misión es replicar el precio del dólar.

Los controles y la batalla tecnológica que ofrece Israel dificulan ahora que ese flujo de fondos se mantenga estable. A la fecha, no está claro con exactitud cuánto dinero ha recibido Hamas en criptomonedas, pero todo conduce a conjeturar que, al menos hasta el 7 de octubre, logró acumular una cifra significativa.

¿Criptoterrorismo?

Quienes defienden el uso de las criptomonedas son reacios a admitirlo, pero este medio ofrece formas de canalizar recursos hacia organizaciones terroristas y conlleva una propensión a “hacer la vista gorda” con las actividades criminales.

Los defensores de las criptomonedas señalan que se trata de un instrumento deficiente para la financiación del terrorismo debido a que son fáciles de rastrear. También especulan con que, de no existir las criptomonedas, la mayor parte o la totalidad de esos fondos habrían llegado a Hamas de una forma u otra, ya fuera metales preciosos, dinero en efectivo, cuentas bancarias ficticias o alguna alternativa novedosa.

Pero un dato que ofrece la ONU resulta -como mínimo- preocupante. El organismo estima que las criptomonedas representan el 20 por ciento de la financiación de todo el terrorismo mundial. Una nueva y actual prueba de que las herramientas no son malas, pero las intenciones humanas que hay detrás de su uso pueden serlo y mucho.

Ecuador con nuevo gobierno y poco tiempo que perder

2023-10-21T00:00:00.001-03:00

Daniel Noboa dispondrá de un año y medio para combatir la violencia y el narcotráfico que sacuden al país.

El pasado domingo el electorado ecuatoriano depositó la responsabilidad de la presidencia en el joven empresario Daniel Noboa, quien venció a la candidata respaldada por Rafael Correa, Luisa González. El nuevo mandatario deberá enfrentar los desafíos de la violencia desatada en todos los niveles y el creciente poder del narcotráfico, hoy acuciantes para una sociedad caracterizada por la inequidades.

Esos desafíos se verán potenciados por una doble dificultad, a saber, que sólo ocupará el cargo hasta mayo de 2025 y que tendrá que lidiar con un Poder Legislativo fragmentado y con un gran número de bancas en poder del correísmo.

Una elección particular

Debe aclararse que está elección presidencial en Ecuador fue anticipada. Noboa obtuvo la victoria en segunda vuelta frente a Luisa González tras un proceso iniciado a comienzos de este año cuando el presidente saliente, Guillermo Lasso, solicitó la convocatoria de elecciones anticipadas a través de un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”. Esa figura le otorga la facultad al primer mandatario de disolver la Asamblea Nacional, organismo unicameral que ejerce el Poder legislativo, pero implica simultáneamente resignar la presidencia. Es en virtud de la aplicación de este mecanismo previsto en el texto constitucional que el mandato para el cual fue elegido Noboa es tan corto: solamente completará el período presidencial iniciado por Lasso en mayo de 2021.

Resulta interesante que la elección que convirtió en presidente a Noboa tuvo una característica compartida con la que hizo lo propio con Lasso. Pese a haber obtenido ambos el segundo lugar en las elecciones de primer término, la aversión hacia el correísmo que cunde en amplios sectores de la ciudadanía acabó por convertirlos a ambos en presidentes.

También existieron diferencias. Con 36 años, el empresario bananero Novoa asumirá como el presidente más joven del país a diferencia del banquero Lasso, que entregará el mando con 67 años. El dato no es menor porque los jóvenes representan un tercio de la población del país. Noboa aparece de esta manera como un joven exitoso que triunfa incluso allí donde su padre, Álvaro Noboa, 5 veces candidato presidencial, siempre había fracasado. Además, Daniel Noboa adoptó un discurso menos virulento que el que había utilizado oportunamente Lasso, posiblemente porque más allá de la polarización existente en torno a la figura de Rafael Correa, el problema que más acongoja al país es la violencia.

El desborde de la violencia encuentra en sus fundamentos la proliferación de organizaciones narcotraficantes que se disputan el predominio territorial, sobre la base de la desigualdad social preexistente. Ecuador tiene importantes puertos sobre el Océano Pacífico, fronteras permeables y fuerzas de seguridad cooptables, condiciones óptimas para que prospere el narcotráfico. El sistema penal superpoblado, corrompido y mal financiado, se convirtió en el caldo de cultivo ideal para que las bandas de delincuentes locales presos tejieran alianzas con poderosos cárteles de la droga del extranjero. Como consecuencia, Ecuador registra actualmente un clima de violencia creciente y cifras récord de homicidios.

A tal punto se extendió la violencia que alcanzó inclusive a la dirigencia política, bastante alienada de las bases sociales a las que se supone debería representar. Si algo marcó el reciente proceso electoral e impactó dentro y fuera del país, fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un periodista que tenía altas probabilidades de disputar la presidencia y era conocido por su postura anticorrupción y por su oposición radical al correísmo. Su muerte fue la que captó la mayor atención de la opinión pública global, pero no fue la única. En las semanas previas ya habían sido asesinados otros dos políticos, Agustín Intriago y Pedro Briones, de distintas procedencias ideológicas.

La campaña electoral de Noboa logró capitalizar esos asesinatos mediante un discurso construido en torno a la inseguridad y la violencia. A la inversa, las reivindicaciones progresistas y la lucha contra la desigualdad enarboladas habitualmente por el correísmo quedaron desdibujadas frente a la preocupación de la ciudadanía por asegurar la propia supervivencia. Seguridad y castigo a la delincuencia desplazaron así del tope de la agenda a cualquier otro tema, incluyendo los que habían ganado espacio en la anterior campaña presidencial: género e indigenismo.

También la cuestión económica pesa y mucho. La propuesta de buscar competitividad económica dejando atrás la dolarización que propuso el correísmo con el eslogan “Luisa te desdolariza” fue muestra de ello. Ecuador y El Salvador son los únicos países dolarizados de Latinoamérica y, pese a las dificultades que esa medida implica, la estabilidad económica es un valor al cual la ciudadanía no está dispuesta a renunciar. En Argentina, la dirigencia política tradicional soslayó durante tanto tiempo la estabilidad económica, que ahora un amplio sector del electorado parece dispuesto a elegir a un leñador eufórico con motosierra para que haga el complejo trabajo de un cirujano.

Poco tiempo para un enorme desafío

Para combatir la violencia, el joven presidente electo tendrá apenas un año y medio. Enarboló como su propuesta más novedosa la instalación de cárceles flotantes en barcazas para internar a delincuentes peligrosos lejos de la costa e impedir así que puedan operar desde prisión. Se trataría de una medida transitoria mientras se reestructura todo el sistema carcelario. La iniciativa, sin embargo, genera dudas, principalmente por el tiempo que demandaría fabricar las barcazas, por la complejidad de la logística y porque el régimen jurídico ecuatoriano no contempla el aislamiento como pena para los reos.

Noboa también propuso penalizar el consumo de drogas a pequeña escala, crear un sistema de jurados para delitos graves e invertir en avances tecnológicos, como drones y radares, para neutralizar a la delincuencia organizada en caminos y fronteras.

Cualquiera de esas propuestas tan polémicas como ambiciosas, conducen a dos consideraciones. La primera es que sigue siendo muy poco el tiempo disponible para implementarlas. La segunda, es que cualquiera de ellas parece alimentada por el experimento de Nayib Bukele en El Salvador, notoriamente reñido con los principios democráticos.

Ante el flagelo de la violencia y la inseguridad, Ecuador también parece disponerse a seguir el camino de El Salvador, como ya sucediera anteriormente con la dolarización como respuesta al problema de la inestabilidad económica. Y aquí conviene detenerse un momento. Ecuador no es un país atractivo para el narco por su ubicación geográfica solamente. Su economía dolarizada facilita el negocio del tráfico de drogas. Al tratarse de una moneda universal y al encontrarse entre las más fuertes del mundo, facilita todo el proceso de producción y transporte hacia los lugares de embarque a los mercados de destino, facilita la compra de armamento y de vehículos, facilita la cadena de sobornos y el blanqueo de capitales. Quienes postulen a El Salvador y a Ecuador como “modelos a seguir” deberían tener estos “detalles” en cuenta.

En simultáneo, el progresismo ecuatoriano, hasta ahora representado por el correísmo y por el movimiento indígena -independientemente de alguna expresión novedosa que pudiera emerger- también tiene sólo un año y medio para recalcular y elevar propuestas sensatas de solución a los problemas que acucian al país. En febrero de 2025, ecuatorianas y ecuatorianos volverán a las urnas para elegir presidente.

¿Por qué Hamas atacó a Israel?

2023-10-13T23:41:00.001-03:00

El conflicto entre Israel y Palestina se agudiza una vez más con componentes novedosos. ¿Qué se esconde detrás de la última acción terrorista?

El ataque terrorista lanzado por Hamas contra Israel fue repentino y sin precedentes. No caben dudas de que no se trató de una operación militar, ni de un ataque en situación de guerra, sino de una acción terrorista, debido que apuntó deliberadamente contra la población civil. Buscó una reacción por parte del Estado de Israel y la está obteniendo a punto tal que, con la superioridad militar israelí, la existencia misma Hamas está en juego. El gobierno -ahora de unidad nacional- de Benjamin Netanyahu prometió acabar definitivamente con el grupo extremista. ¿Qué motivaría entonces a Hamas a incurrir en una acción tal que podría conducir a su propia destrucción?

Para entenderlo, primero hay que indagar sobre la que quizás sea la razón más relevante detrás del ataque: la proximidad de un acuerdo entre Arabia Saudí e Israel.

Un acercamiento que podría cambiar el escenario

Desde 2020 los gobiernos de Israel y Arabia mantienen intensas negociaciones impulsadas por la administración del presidente estadounidense Joe Biden, para normalizar sus relaciones diplomáticas. Las posibilidades de alcanzar un acuerdo se aceleraron en el último tiempo e incluirían cooperación en materia de seguridad y la posibilidad de que Arabia accediera al desarrollo de energía nuclear con fines civiles.

Arabia e Israel se asemejan a dos primos que se odian y a los cuales -en sentido borgeano- no los une el amor, sino el espanto. En realidad, además del espanto compartido que les causa el régimen teocrático de Irán, los une la alianza estratégica que ambos países mantienen -por separado- con los Estados Unidos.

La novedad desde 2020 es entonces el acercamiento entre los gobiernos árabe e israelí como una reedición de aquella idea de Richard Nixon -o más bien de su secretario de Estado, Henry Kissinger- que se sintetizaba en la sentencia “el enemigo de mi enemigo, es mi amigo”.

El acercamiento entre estas dos potencias regionales enfrentadas durante décadas debido a la cuestión palestina, tiene la importancia de que, por primera vez, podría habilitar dos carriles separados de negociación: por un lado la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia, y por otro, la gestión de las diferencias en torno a la resolución del problema palestino.

Si la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia se concretara, adquiriría una magnitud similar al Tratado de Paz entre Israel y Egipto en 1979 con el consiguiente establecimiento de relaciones entre ambos países. Arabia Saudí es, por su peso demográfico y su poderío económico, uno de los principales países árabes y, como custodio de los santos lugares del Islam, es una de las máximas influencias en el universo musulmán.

Dicho de otro modo, un acuerdo entre Israel y Arabia supondría un giro geoestratégico y político en la región más caliente del planeta que, por oposición, restaría poder y protagonismo dentro del mundo islámico a Irán y a las organizaciones extremistas que ese país alimenta, como Hamas y Hezbolá.

Los gobiernos de Israel, Arabia y los Estados Unidos encuentran en el régimen iraní una amenaza no solo militar, sino también como un factor desestabilizador por su aliento a las actividades terroristas. En el caso de Arabia, también constituye un adversario directo respecto de la primacía cultural y religiosa. Irán es mayoritariamente de vertiente chií mientras que la monarquía saudí intenta colocarse a la vanguardia del mundo suní alegando que La Meca y Medina, las dos ciudades santas, se encuentran bajo su dominio. El enfrentamiento por el liderazgo religioso dentro del Islam es de larga data y supuso derramamiento de sangre. El punto más álgido fue el enfrentamiento que ambos países sostuvieron en la guerra civil en Yemen, donde iraníes y árabes apoyaron a cada uno de los bandos enfrentados.

Hasta ahora, el principal gesto del gobierno árabe con su par israelí consistió en alentar a otros países bajo su órbita de influencia tales como Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos a establecer relaciones diplomáticas con Israel con la intención de poner en funcionamiento un frente anti iraní. Algo similar ocurrió con Marruecos y Sudán, países con los cuales Israel estrechó sus vínculos. También desde Arabia existieron presiones para que el gobierno de Omán e incluso el de Pakistán dieran pasos en la misma dirección. Qatar por el contrario, país al que Arabia se encuentra enfrentado y boicotea desde hace varios años, no parece dispuesto a avanzar por ese mismo camino, e incluso parece más inclinado a avanzar por el contrario. Se lo señala desde distintos ámbitos como uno de los máximos impulsores de organizaciones terroristas.

Cabe preguntarse por qué motivo Arabia avanza con tanta cautela para establecer relaciones diplomáticas con Israel. Si bien no puede establecerse una respuesta tajante, puede conjeturarse que la monarquía saudí no estaría dispuesta a provocar una reacción adversa dentro del mundo islámico, propenso a apoyar la causa palestina. De hecho, la normalización de relaciones entre Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos con Israel fue interpretada en buena parte del universo musulmán como una traición. Es por eso que, en el ámbito diplomático, el gobierno saudí siempre mantuvo en público la posición tradicional de avalar una normalización de las relaciones con Israel, pero con la condición de un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes que condujera al establecimiento del Estado palestino. Pero en privado, las negociaciones entre los gobiernos de Arabia e Israel se acercaron aceleradamente a un punto de acuerdo en el que desglosarían ambas cuestiones y eso fue advertido por Hamas como una derrota segura para su propia causa.

Hamas “pateó” el tablero de negociaciones de Israel

En lo inmediato, el acuerdo entre Israel y Arabia quedará en suspenso, especialmente hasta que termine la ofensiva israelí en Gaza y pueda advertirse cuan proporcionada o desproporcionada fue. Inclusive, debería pensarse en que no habrá mayores avances en las negociaciones bilaterales hasta que se defina quién será el próximo presidente estadounidense, quien oficiaría como garante del acuerdo.

La pronta concreción de un acuerdo entre Arabia e Israel habría supuesto beneficios para los tres países implicados. Para Israel un acuerdo de paz con Arabia hubiera significado que una parte importante del mundo islámico habría seguido los pasos de la monarquía saudí. De esa manera podría ver reducido significativamente el número de sus enemigos y habría acorralado a Irán y a las organizaciones extremistas sustentadas desde ese país, Hamas y Hezbolá.

Para Arabia, hubiera significado una victoria sobre el régimen teocrático iraní ante la mirada del mundo islámico. También habría supuesto una suerte de “apertura” para una monarquía retrógrada que no cumple el más mínimo canon en materia de derechos humanos, exigencia que los sucesivos gobiernos estadounidenses le exigen rigurosamente a muchos otros países en el mundo. La gobernante familia Al Saud, aliada leal de los Estados Unidos, habría incrementado ostensiblemente su poder e influencia sobre otros actores islámicos en la región, teniendo en cuenta que, más allá de ser acreedor por aproximadamente 120 mil millones de dólares de la deuda externa estadounidense, y tener envidiables reservas de petróleo, la deuda externa norteamericana se encuentra en niveles peligrosamente altos y los recursos energéticos tradicionales no son infinitos.

Para los Estados Unidos, un acuerdo próximo hubiera significado un éxito diplomático de grandes proporciones, fundamentalmente para el presidente Joe Biden, quien se prepara para disputar la reelección en 2024.

Fue ante el peligro que esta situación suponía para su propia subsistencia y para la causa palestina, que Hamas atacó con un nivel de violencia inusitada al pueblo israelí, de manera tal de asegurar una reacción lo más desproporcionada que fuera posible por parte del Estado de Israel. El objetivo de Hamas es arrastrar consigo a la guerra a Hezbolá, a las distintas facciones palestinas de Cisjordania, y a todos los países islámicos posibles, esperando unirlos detrás de un frente común. Aun cuando Israel lograra destruir por completo a Hamas, sólo lo lograría convirtiendo en mártires a sus integrantes y a decenas de miles de palestinos y palestinas inocentes, impidiendo cualquier forma de acercamiento entre los países islámicos e Israel y condenando a todos a una relación amigo-enemigo a perpetuidad.

No es la primera vez que los extremistas de Hamas apuntan a soliviantar a los sectores ultraderechistas israelíes con el fin de que el conflicto se desborde y conduzca a un enfrentamiento total. Saben que si se produjera una matanza, conduciría a una confluencia de voluntades en el mundo islámico en torno a la causa palestina o, incluso, en torno a la destrucción de Israel. En ese caso, una guerra total entre Israel y sus vecinos musulmanes estaría peligrosamente cerca.

Los grupos extremistas como Hamas y los sectores de la ultraderecha reaccionaria tienden a retroalimentarse y a reducir a escombros las expectativas de quienes quieren coexistir en paz.

¿Qué encierra la “reforma” laboral griega?

2023-10-08T00:00:00.001-03:00

Tras del concepto de “reforma” se esconden distintas variantes de precarización del trabajo y la criminalización de las protestas.

Días atrás el parlamento griego aprobó una ley impulsada por el gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. La norma impone un conjunto de cambios que afectan sensiblemente los derechos y las condiciones laborales. Una vez más y, deliberadamente, se vacía de contenido el concepto de “reforma” para usarlo como un eufemismo que no hace más que tapar o esconder una precarización del trabajo.

El gobierno de Grecia celebró la sanción de la nueva normativa laboral como un logro histórico, pero en las calles miles de personas se manifestaron en contra bajo la consigna “no nos convertiremos en esclavos modernos”. La oposición y los sindicatos anunciaron que lucharán para derogarla. Lo cierto, es que la reforma griega no es más que una nueva expresión de la puja constante entre la búsqueda de beneficio económico versus derechos sociales y tiene el impacto de abrir el debate sobre el futuro del trabajo primero en Europa, con el significado de tratarse de la región que mejor representó el “Estado de Bienestar”, y luego en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. A continuación, las variantes de la precarización laboral griega.

Ampliación de la jornada a 13 horas y 6 días laborales

Pese a que oficialmente la jornada laboral en Grecia continúa siendo de 8 horas y 5 días a la semana, entre los cambios que incorpora la nueva norma se encuentra la posibilidad de que las personas puedan acceder a un segundo empleo en blanco con un máximo de 5 horas al día, algo que no estaba permitido hasta ahora. La única excepción es que haya un conflicto de interés entre ambos trabajos.

También se estableció que las empresas de algunos sectores sujetos a estacionalidad (como el turismo, que es muy importante para la economía griega) podrán imponer un sexto día laboral por el cual trabajadores y trabajadoras recibirán un 40 por ciento adicional sobre el salario diario.

Detrás de estas medidas que aparentemente le darían mayores posibilidades de progreso a las personas que trabajan se esconden dos problemas. El primero, es que si se tienen en cuenta los mínimos controles del Estado sobre el trabajo en Grecia, en la práctica los seis días laborales por semana acabarán por convertirse en la regla. El segundo problema es saber realmente cuál es la motivación que sustenta la búsqueda de un segundo empleo: ¿es el progreso personal o acaso un solo trabajo no es suficiente para llevar adelante una vida digna? A juzgar por lo que sucede en Argentina, la respuesta parece inclinarse por la segunda opción.

En guardia

Otro cambio controvertido que implementa la nueva ley se refiere a los contratos para empleados y empleadas que estarán “de guardia”, quienes prácticamente no tendrán un horario fijo sino que trabajarán cuando el empleador lo requiera, siempre y cuando la notificación se produzca al menos 24 horas antes.

Sólo se cobrarán las horas trabajadas y si la persona empleada se niega a presentarse, será responsable del incumplimiento del contrato.

Los sindicatos reclaman que la única protección legal para empleados y empleadas es que en el contrato debe estipularse un determinado número de horas semanales que se deben cumplir, pero el horario podrá modificarse a discreción de la empresa, con lo cual, trabajadores y trabajadoras no podrán planificar ni su descanso ni su tiempo libre y, mucho menos, tomar un segundo empleo, contradiciendo de esa manera el argumento del “progreso personal” sobre el que se supuestamente funda la ampliación horaria y los 6 días laborales.

Criminalización de la protesta

Sin dudas la medida que crispó los nervios en los gremios y los sindicatos fue la que castiga las acciones sindicales y prevé multas de 5 mil euros y hasta la pena de 6 meses de prisión para quien decida “impedir o bloquear la llegada o salida de personas que quieran ir a trabajar”.

La legislación griega ya prohibía el uso de violencia en los llamados “piquetes informativos”. Durante las huelgas los piquetes informativos tienen como principal función efectuar publicidad de la medida de fuerza. Su objetivo es intentar convencer a otros trabajadores y trabajadoras de que se sumen al paro sin mediar ninguna forma de coacción, aunque a veces se genera tensión.

Con ese antecedente respecto de los piquetes informativos y con la incorporación de las multas y la amenaza de prisión, desde el sindicalismo asumen que se trata de una sumatoria de formas de amedrentamiento de la protesta trabajadora y el cercenamiento del derecho de huelga.

Despidos “express” y contratos de aprendizaje “forever”

Si con lo anterior no era suficiente, la nueva norma habilita a las empresas a efectuar despidos sin aviso previo o sin indemnización durante el primer año de contrato. También extiende el período de prueba a seis meses. Por otra parte, establece multas de hasta 10 mil quinientos euros si los empleadores no declaran las horas extras de los trabajadores o los cambios de turno.

Con relación a los contratos de aprendizaje, la nueva ley anula el derecho de indemnización. Con una validez de 6 meses, quien suscriba estos contratos no alcanzará nunca los 12 meses necesarios para acceder a cobrar una indemnización por despido. Se esconde detrás otra forma de precarización laboral que consiste en el enlace de contratos de aprendizaje sin que la persona trabajadora pueda acceder a los derechos laborales elementales.

Reacciones

El gobierno conservador aduce que la ley es necesaria para impulsar la recuperación económica del país tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y por los años de “austeridad” impuestos por los acreedores y los organismos internacionales, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional.

Para el sindicalismo y distintos sectores sociales y políticos que se oponen a la reforma, se trata de un retroceso histórico respecto de los derechos laborales. Mientras se realizaba la votación en el parlamento, una huelga general de 24 horas y movilizaciones en todo el país fueron convocadas por los principales sindicatos griegos. Reunieron el apoyo de decenas de miles de personas, y se desarrollaron mayoritariamente de forma pacífica, aunque se registraron también algunos enfrentamientos.

Fuera de Grecia también hubo reacciones. El principal impacto es sobre la Europa, donde los sectores políticos progresistas advierten que esta reforma va en contra del modelo social europeo y del Pacto Verde Europeo, que promueve una transición ecológica justa y respetuosa con los derechos laborales.

En sentido contrario a lo que sucede en Grecia, en el Reino Unido se avanza en un proyecto de reducción de 5 a 4 días laborables y variantes de trabajo en casa que, hasta el momento, han dado buenos resultados. Las empresas que ensayan con el proyecto por etapas lo han renovado porque encuentran que el rendimiento de las personas trabajadoras es mayor.

En Argentina, que enfrenta un futuro político aún incierto, debe prestarse especial atención a lo que sucede en Grecia, para evitar que una eventual “reforma” laboral no sea otra cosa que un “caballo de Troya” que precarice las condiciones laborales y reduzca los derechos alcanzados por trabajadores y trabajadoras.

Nagorno Karabaj, el “Estado fantasma” que deja de existir

2023-10-01T00:00:00.001-03:00

Herencia de la era soviética, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave situado en el Cáucaso, adquiere dimensiones humanitarias preocupantes.

Un “Estado fantasma” es aquel que jurídicamente no existe pero de facto está ahí. Tiene su propia identidad e instituciones, y la característica fundante es que resulta emergente de un conflicto sin resolver.

Días atrás, el presidente de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj (denominada Artsaj en armenio), decretó la disolución de esa entidad con plazo perentorio fijado el 1° de enero de 2024. El documento advierte que los habitantes de Nagorno Karabaj, incluidos los que se encuentran ocasionalmente fuera del territorio, deben aceptar las condiciones impuestas por el gobierno de Azerbaiyán para la reincorporación territorial, y luego decidir de manera individual si permanecerán o no en Nagorno Karabaj.

La disolución de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, no reconocida ni siquiera por Armenia, fue una de las condiciones impuestas por Azerbaiyán para detener la operación militar que estaba en curso. Como consecuencia, casi la mitad de la población de este territorio reclamado por Azerbaiyán pero habitado mayoritariamente por personas que étnicamente se identifican como armenias, dejaron sus hogares. El miedo a la violencia identitaria provocó que se desplazaran a Armenia, según ha informado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Qué es Nagorno Karabaj?

El territorio de Nagorno Karabaj se sitúa en el Cáucaso, una región que se encuentra entre Europa del Este y Asia occidental, entre el mar Negro y el mar Caspio, que incluye a la cordillera de la cual adopta el nombre y las tierras bajas circundantes. Con una rica y variada historia, es una región estratégica en cuanto a sus recursos energéticos, habitada a lo largo del tiempo por diversos pueblos y civilizaciones, lo cual condujo a su actual y compleja composición étnica, religiosa, lingüística y cultural.

Durante la mayor parte del siglo XX el Cáucaso estuvo políticamente repartido entre sólo tres Estados: Turquía, el Imperio Ruso (sucedido por la Unión Soviética) y Persia (actualmente Irán). Sin embargo, desde 1991, con la disolución de la Unión Soviética, tuvo lugar un proceso independentista de numerosas naciones que dio lugar a la aparición de nuevos países. Esa situación alteró profundamente el mapa político del Cáucaso y dio lugar a enfrentamientos entre varias naciones que habitaban la región. Ese fue el caso entre Armenia y Azerbaiyán.

Nagorno Karabaj se caracterizó por tener mayoría étnica armenia y mayoría religiosa cristiana ortodoxa. Sin embargo, la Unión Soviética puso a la región babo control administrativo azerí en la década de 1920. Azerbaiyán es un país de confesión musulmana chiita y de mayoría étnica turca.

Es por estas razones que Nagorno Karabaj quedó justo en el centro de un conflicto geopolítico, estratégico, étnico, histórico y religioso entre Armenia y Azerbaiyán, que permaneció latente durante décadas con picos de violencia como la guerra que tuvo lugar entre 1988 y 1994, mediante la cual Armenia tomó ventaja gracias al apoyo ruso y logró aislar militarmente a Nagorno Karabaj de Azerbaiyán. Desde ese entonces, la mayoría étnica armenia y cristiana ortodoxa de la región intentó obtener la independencia formal de Azerbaiyán y proclamarse como República de Artsaj, aunque no obtuvo el reconocimiento de la comunidad internacional. Aquel enfrentamiento es clave para entender lo que ocurre ahora, puesto que dejó 30 mil muertos -25 mil del lado azerí- y un encono que nunca desapareció.

En los últimos tres años Azerbaiyán, fortalecido por el comercio del gas y el petróleo, apoyado desde siempre por Turquía, inició acciones militares para volver a dominar ese territorio. En noviembre de 2020, ambas partes acordaron firmar un acuerdo de paz con mediación rusa, pero para ese entonces las fuerzas armadas azeríes había reconquistado todos los territorios que rodeaban Nagorno Karabaj dominados por Armenia desde 1994, aunque no el enclave en sí mismo.

Entre finales 2020 y pocos meses atrás, unos tres mil soldados rusos supervisaron la frágil tregua, pero la invasión a Ucrania modificó las prioridades rusas. Está claro que el gobierno azerí aprovechó la vulnerabilidad rusa actual para emprender una acción militar que, en otro momento no hubiera sido posible. También es cierto que el gobierno armenio confió demasiado su propia defensa en la protección que Rusia pudiera brindarle.

En una ofensiva militar de apenas 24 horas iniciada el pasado 19 de septiembre, Azerbaiyán recuperó el control total de Nagorno Karabaj, luego de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias.

El alto el fuego anunciado el 20 de septiembre tras la ofensiva, que dejó más de 200 muertos en Nagorno Karabaj y se saldó con la muerte de más de 190 militares azeríes, incluyó el desarme de grupos armados, la retirada de militares armenios y la “reintegración” territorial.

Repercusiones

El problema potencialmente más grave que suscita este conflicto es la posibilidad de multiplicarse dado que hay otros actores internacionales cuyos intereses se encuentran en juego.

Concretamente, el gobierno de Azerbaiyán se apoyó en el respaldo militar de Turquía. El gobierno turco y su presidente, Recep Tayyip Erdogan, utiliza este y otros conflictos extranjeros para alentar el nacionalismo local y silenciar las críticas internas. El tema de Nagorno Karabaj le viene como anillo al dedo, puesto que tiene la excusa de que apoya a un país étnica y religiosamente afín, contra un antiguo enemigo como Armenia. Recuérdese que el Estado Turco sometió al pueblo armenio a un genocidio a comienzos del siglo XX que jamás reconoció y sobre el cual nunca enfrentó consecuencias.

Distintos actores internacionales observan con inquietud esta zona del Cáucaso y existe la preocupación de que pueda producirse otra guerra en territorio exsoviético además de la que hay en Ucrania.

Europa no parece que vaya a intervenir dado que prefiere mantener la paz con Azerbaiyán, de donde importa 8 mil millones de metros cúbicos de gas al año tras sufrir la pérdida del suministro de gas procedente de Rusia debido a las sanciones que le impuso a ese país con motivo del ataque a Ucrania. Además, Turquía mantiene a Europa a raya al haberse constituido en la barreta territorial que impide que centenares de miles de refugiados procedentes principalmente de Siria, lleguen al Viejo Continente.

Pero la agitación que provoca este conflicto mantiene en estado de alerta a las potencias a su alrededor.

Preocupa especialmente la situación humanitaria de la gran cantidad de personas que abandonaron Nagorno Karabaj y ya están en Armenia, alrededor de 65 mil. Téngase en cuenta que la población total del enclave se calculaba en 150 mil personas.

El “Estado fantasma” dejará de existir, pero lo que lamentablemente perdurará más allá del conflicto es el rencor entre Armenia y Azerbaiyán. Ese encono continuará en latencia como una fuente de inestabilidad en una región siempre volátil y que es el punto de encuentro de intereses cruzados, fuente de recursos energéticos y por donde pasan oleoductos y gasoductos que proveen de energía a millones de personas.

La ONU entre la reforma y la irrelevancia

2023-09-24T00:00:00.001-03:00

Tras la última Asamblea General, se advierte la necesidad de cambios significativos en el mayor organismo internacional del planeta.

La pandemia de Covid-19 y la invasión rusa sobre Ucrania produjeron cambios de distinto orden. Uno de ellos fue la aceleración de procesos políticos globales que ya estaban en curso, como ser la marcada tendencia del sistema político internacional a reconfigurarse como un nuevo bipolarismo, sobre el cual se podría decir -en un exceso de simplificación- que está representado por los Estados Unidos de un lado y China del otro.

En ese marco se produjo la 78ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el único ámbito global que aglutina a las Naciones del mundo para dialogar y encontrar soluciones a los problemas comunes. Más allá de la ONU sólo existen grupos de poder -político, económico, tecnológico, comercial, comunicacional, financiero, militar- que buscan imponer su propia voluntad. Una ONU débil, irrelevante, inconsecuente, solamente es funcional a los actores globales hegemónicos y no sirve siquiera como consuelo para los actores globales más vulnerables.

Recelos

La Asamblea General de la ONU realizada en su sede en la ciudad de Nueva York, reunió cerca de 150 jefes de Estado y de gobierno de todo el planeta. En torno a ella se concentraron grupos de presión, ONG’s y medios masivos de comunicación de todo el globo, cada uno con su propia agenda y sus propios intereses.

Como la organización internacional por excelencia, la ONU intenta mantener su relevancia en un contexto global donde además de la tensión bipolarizadora, emergen cada vez más bloques descontentos con el actual estado de cosas. La invasión rusa a Ucrania parece estar cohesionando a esos distintos y cada vez más distantes bloques. De un lado, se agrupan las tradicionales democracias occidentales, enmarcadas en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a las que se añaden Australia, Japón y Nueva Zelanda. Del otro lado, se encuentran China, Rusia y otros regímenes afines, mayoritariamente reñidos con la democracia. Pero también hay un amplio grupo de países latinoamericanos, africanos y asiáticos, habitualmente rotulados como “Sur Global” -lo que en otros tiempos se denominaba “tercer mundo” o “países en vías de desarrollo”- que acumulan agotamiento y frustración ante el pobre rendimiento de muchas iniciativas internacionales.

La brecha entre la demanda y la oferta de cooperación internacional para ese último grupo de países aumenta proporcionalmente a los crecientes desafíos que suponen la pobreza extrema, el cambio climático, el movimiento masivo de refugiados, la guerra y las consecuencias de la pandemia (sobrecarga de los sistemas de salud, cuarentena, caída de la producción, inflación en la recuperación postpandemia). Ante ese cuadro de situación y, ante la desconfianza y los recelos producto de los alineamientos bipolares, sumada la persecución de los propios intereses, la ONU parece superada en su capacidad de ofrecer respuestas.

Resulta ilustrativo que de los 17 objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible declarados en 2015 con un plazo que se cumplirá en sólo 7 años, solamente tres objetivos avanzan de acuerdo a lo previsto, concretamente los relativos a mortalidad infantil, el acceso a internet y el acceso a la corriente eléctrica.

Otro problema es el recelo que despiertan los organismos de crédito creados conjuntamente con la ONU. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional (FMI) son entidades que tienen recursos para financiar a los países que lo necesitan, pero sin embargo obedecen a sus propias agendas, principalmente vinculadas al rol de las estructuras de la ONU.

Lo cierto es que cuando la ONU se creó y, con ella, el Consejo de Seguridad que actúa como su Poder Ejecutivo de hecho, el mundo era muy diferente. Existían alrededor de 50 países -muchos de los actuales aún eran colonias- contra casi 200 ahora y la población mundial era inferior a un tercio de la actual. La economía de los Estados Unidos, país cuyo territorio no había sido alcanzado por la Segunda Guerra Mundial, era tan grande como la suma de las economías del resto del planeta. En los 78 años que pasaron desde el final de la guerra, el mundo atravesó cambios drásticos, pero no sucedió lo mismo con la ONU ni con los otros organismos internacionales creados junto a ella.

Vientos reformistas

De lo anterior se desprende que tanto la ONU como los organismos internacionales de crédito emergidos de las postguerra mundial necesitan reformas que los adecúen a estos tiempos o, en su defecto, quedarán condenados a la irrelevancia, y con ello, a la ausencia de un ámbito de diálogo, reclamo y acuerdo global.

El propio Secretario General del organismo, António Guterres, se mostró proclive a reformar el Consejo de Seguridad y los Acuerdos de Bretton Woods, que fijaron en 1944 las reglas monetarias internacionales, para adecuarlos a la realidad actual. No fue el único que se manifestó en este sentido. El presidente estadounidense, Joe Biden, el único de los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que estuvo presente en la Asamblea General, también promueve una transformación del órgano ejecutivo.

Con relación a este aspecto, cabe recordar que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial: el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, Rusia y China. Sólo ellos tienen poder de veto. La reforma que desde distintos ámbitos parece cobrar forma, consiste en incorporar otros cinco miembros permanentes. Se trata de India, Brasil, Sudáfrica, Alemania y Japón. Esos países de caracterizan por ser referentes económicos y demográficos en sus propias regiones, y ganaron por su propio peso una voz en los asuntos internacionales. El interés estadounidense en incluir nuevos miembros, pasaría por contrarrestar la influencia de China y Rusia. Otra lectura de la misma posible reforma, es que con ella, el gobierno estadounidense buscaría sustraer a Brasil, India y Sudáfrica de la influencia de China y Rusia. Esos cinco países son, precisamente, los fundadores del grupo BRICS, al cual Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán se sumarían formalmente en enero de 2024.

Queda claro entonces que si desde los Estados Unidos se avala la ampliación del Consejo Permanente de Seguridad, no es por generosidad, sino por cálculo político y defensa de los propios intereses. También cabe preguntarse si no se subestima al grupo BRICS como tal, dado que, en caso de prosperar la reforma, dicho grupo se quedaría con la mitad de la membresía permanente del máximo organismo ejecutivo de la ONU.

Cabe señalar también que los Estados Unidos tienen un rol protagónico en el declive de la ONU. Sus sucesivos gobiernos desdeñaron los foros internacionales en beneficio de sus alianzas preferenciales. Desde los Estados Unidos se priorizaron a lo largo del tiempo los acuerdos bilaterales y regionales, a expensas de acciones globalmente coordinadas, minimizando el potencial de las instituciones internacionales y en perjuicio de una globalización más inclusiva, acordada y viable.

Por su parte, China aprovechó ese “abandono” para desarrollar estructuras internacionales paralelas. De ello son prueba el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco de Nuevo Desarrollo de los BRICS, o el tratado comercial de 15 países asiáticos, conocido como la Asociación Económica Integral Regional. Otras organizaciones de menor tamaño serían el Foro Boao para Asia o el Foro de Derechos Humanos Sur-Sur. La estrategia global de China consiste en ofrecer alternativas concretas frente al control de las potencias occidentales y liberales sobre las instituciones internacionales tradicionales como la ONU, el Banco Mundial y el FMI.

La ONU, aparece cada vez más desdibujada y convertida en un organismo expectante, emisor de consejos éticos, de debates con escasas consecuencias. Ya no es una sensación: o la ONU se adecúa a los tiempos que corren en un mundo que ya muy poco que ver con el de 1945, se reforma y se torna más inclusiva en su cúpula y más efectiva en sus sanciones, o quedará condenada a la irrelevancia primero y, finalmente, al cuestionamiento acerca de su razón de ser.

Kim y Putin traman algo

2023-09-18T00:00:00.001-03:00

Los líderes de Rusia y Corea del Norte se encontraron cara a cara en Siberia. Una señal de la creación de un frente común que incluiría intercambio de armas por tecnología nuclear.

Vladimir Putin y Kim Jong-un se reunieron en territorio ruso, acercamiento que responde a amenazas y a enemigos comunes. El contexto político internacional los acerca. Ambos líderes salen poco de su país producto del temor a persecuciones o atentados como consecuencia del ejercicio autoritario del poder y de la condena que despiertan en gran parte de la comunidad internacional. Sus gobiernos se encuentran bajo fuertes sanciones internacionales. Los dos líderes son críticos de la hegemonía estadounidense. Y también, aunque no lo hagan público, los une la preocupación por no quedar a expensas de la gran potencia vecina en ascenso: China.

Unidos o dominados

Si bien no hay una afinidad personal que los haya acercado en el pasado y, de hecho Putin apoyó en algún momento sanciones internacionales contra Corea del Norte, el contexto internacional cambió. Algunos procesos políticos, como el de la marcada tendencia hacia un sistema político internacional bipolar, se aceleraron desde la invasión rusa en Ucrania. Como lo demostraron al reunirse, Vladimir Putin y Kim Jong-un advirtieron que pueden alcanzarse beneficios comunes con una relación más próxima.

Al mismo tiempo, este acercamiento produjo preocupación en gran parte de la comunidad internacional, no tanto por la foto o lo que puedan acordar ambos presidentes, sino más bien por lo que podría suceder si un frente común se consolida.

Desde Siberia, los dos dirigentes -considerados en gran parte del mundo como las mayores amenazas para la seguridad global- dieron la primera muestra de un entendimiento que, sin precisar mayores detalles, apuntaría al suministro de armas y municiones del régimen de Kim al de Putin para respaldarlo en la guerra contra Ucrania. A cambio, el régimen ruso proporcionaría al norcoreano cooperación en materia satelital y nuclear. En este último rubro se incluye el interés de del gobierno de Kim por desarrollar submarinos de propulsión nuclear.

Pese a que ninguna de las dos partes mencionó abiertamente la ayuda en cuanto al intercambio de armamento y tecnología, ambas dejaron ver que ese sería el próximo paso. Cuando los medios de comunicación rusos, los únicos con acceso significativo a la cumbre, preguntaron si Rusia ayudaría al régimen norcoreano a construir satélites, Putin contestó: “por eso vinimos aquí”. Por su parte, Kim llevó al encuentro al funcionario del Partido Comunista que está a cargo de la política de municiones, quien también lo acompañó en visitas recientes a fábricas norcoreanas que producen proyectiles de artillería y misiles.

Como la guerra en Ucrania se ha convertido en un conflicto de desgaste de artillería, desde los Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE), escrutan la visita de Kim a Putin para advertir si efectivamente allana el camino de un próximo suministro de artillería norcoreana a Rusia.

Cabe destacar que Corea del Norte tiene una gran industria de defensa con capacidad de producción a gran escala, y podría resultar una fuente invaluable de municiones y proyectiles de artillería para el ejército ruso.

Hay además otros indicios previos. En julio, Sergei Shoigu se convirtió en el primer ministro de Defensa ruso en visitar Corea del Norte desde la desintegración de la Unión Soviética. Asistió a los eventos que conmemoraron el 70º Aniversario del armisticio de la Guerra de Corea.

Realidades diferentes

La comunidad internacional lleva décadas padeciendo la política de amenazas bélicas del régimen de Corea del Norte, un país pobre y aislado que invierte en un desproporcionado presupuesto militar. Es el desarrollo armamentista lo que le permite chantajear a la comunidad internacional y pujar por el aprovisionamiento de petróleo, alimentos, medicamentos y distintos bienes de primera necesidad, o bien, presionar para que se levanten las sanciones internacionales que recaen sobre él. Por su parte, la comunidad internacional oscila entre las sanciones económicas y el apaciguamiento. Esto se debe a que el desarrollo militar norcoreano cobra verdadera relevancia a partir de su situación geográfica. Es la combinación de las dos cosas, armas y ubicación, lo que le otorga poder. Limita con Rusia, China y Corea del Sur, sólo un estrecho mar separa al país de Japón y sus misiles ya desarrollaron alcance suficiente para llegar hasta territorio estadounidense. Si Corea del Norte estuviera situada geográficamente en otro sitio, posiblemente su régimen totalitario ya no existiría porque habría sido bombardeado, desmantelado, destruido.

El régimen de los Kim -fundado por el abuelo, continuado por el hijo y luego por el nieto- recurre de manera sistemática a las amenazas militares o con mayor precisión, al chantaje, con el objetivo de garantizar su supervivencia.

Por todo lo dicho, para el régimen de Kim, una alianza con Rusia supondría solamente ventajas dado que puede aportarle un mercado para sus armas y municiones, provisión de recursos energéticos tradicionales a bajo costo, provisión de alimentos y la promesa de desarrollar y refinar tecnología nuclear y espacial.

En el caso ruso la cosa es un poco distinta. La necesidad del régimen de Putin de proveerse de municiones para su ejército y proyectiles para su artillería, revela vulnerabilidad.

Con la invasión a Ucrania, Putin amenazó con modificar el orden mundial para poder moldearlo a su gusto. Y si bien es posible pensar que el orden mundial sufrió modificaciones, también puede advertirse que todo se encamina a un resultado distinto al buscado por el presidente ruso: la precipitación hacia un bipolarismo encabezado por los Estados Unidos y China, donde la propia Rusia no pueda aspirar a una posición mucho mejor que la de aliado de segunda. Ninguna gran potencia que precie de serlo acudiría a Corea del Norte en busca de una alianza, ni de suministros militares.

En el pasado reciente Rusia apoyó las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Corea del Norte con motivo de su programa de armas nucleares. Entre otras cosas, dichas sanciones prohíben el comercio de armas con el régimen de Kim. Ahora el gobierno ruso evalúa cambiar su posición.

De todas maneras, sería apresurado pensar que el régimen ruso se encamine hacia una crisis terminal o a un colapso. Posiblemente, un acuerdo con Corea del Norte le permita a Putin acceder a municiones en cantidad y buen precio para prolongar aún más la guerra en Ucrania. Especialmente teniendo en cuenta que el año próximo deberá enfrentar elecciones.

Asimismo, la reconstrucción del viejo vínculo entre Rusia y Corea del Norte supone de alguna manera un acto de prescindencia de provisión de armas por parte de China. El gobierno del Gigante Asiático estaría más interesado en librar sus batallas frente a Occidente en el plano comercial, financiero y tecnológico antes que en el militar. Son los terrenos en los que mejor se mueve y tiene el respaldo de las cifras.

Los esquemas militaristas responden aún a los vestigios de la Guerra Fría entre la Unión Soviética (posteriormente Rusia) y los Estados Unidos, que son precisamente quienes aún ostentas los mayores arsenales nucleares del planeta.

Putin y Kim traman algo en su desafío a los poderes hegemónicos planetarios establecidos. Sin embargo, eso podría no hacer referencia solamente a los Estados Unidos, la OTAN y la UE. También puede ser una manera rusa y norcoreana de revelarse frente a la idea de someterse al poder chino.

México, Latinoamérica y la despenalización del aborto

2023-09-10T00:00:00.001-03:00

La Suprema Corte de Justicia mexicana declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal que penalizaban la interrupción voluntaria del embarazo. La situación en la región.

México ha pasado a formar parte del grupo de países que eliminó la penalización del aborto en todo su territorio. La decisión fue del Poder Judicial, característica similar aunque en sentido contrario a lo sucedido el año pasado en los Estados Unidos. Allí también fue la Corte Suprema la que revocó el fallo Roe versus Wade, que establecía el derecho constitucional de las mujeres a abortar.

Volviendo a México, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que criminalizaban el aborto. La sentencia fue aprobada por unanimidad, lo que supone que su cumplimiento es obligatorio para todas y todos los jueces locales y federales. Por lo tanto, ya ninguna mujer ni personal de salud enfrentará castigos por someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, los organismos de salud competentes deberán brindar este servicio.

El paso siguiente deberá darlo el Congreso, que tendrá que modificar el texto del Código Penal.

Antecedentes mexicanos

Detrás de la medida hubo un trabajo organizado y estratégico por parte de organizaciones feministas. A lo largo del tiempo, se presentaron amparos para eliminar el delito de interrupción voluntaria del embarazo en los códigos penales de los Estados del país donde no se lo había despenalizado por parte de los poderes legislativos, incluido el federal. Hasta lograr la sentencia que lo cambió todo.

Antes de la decisión final de la SCJN, 12 de los 32 Estados del país permitían a las mujeres la interrupción del embarazo, con distintas variantes en torno al límite de tiempo de gestación. El camino se había iniciado cuando la capital mexicana despenalizó el aborto en 2007.

En septiembre de 2021 se produjo un hito cuando la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. De esa manera, estableció que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, lo que obligó desde ese momento a los y las jueces a desechar esos casos penales. Esa resolución se refería a las leyes de los estados de Coahuila y Sinaloa, pero el fallo judicial sentó el precedente para su aplicación en el resto de Estados de México por haberse adoptado con mayoría calificada de la Corte.

La sentencia actual es una respuesta al amparo presentado también en 2021 por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización con 25 años de trabajo en la persecución del cumplimiento de los derechos reproductivos en México, además de haber instalado en la agenda política temas prioritarios desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, tales como la anticoncepción, la violencia obstétrica, la muerte materna, la reproducción asistida y la conciliación de la vida laboral con la vida personal.

De esta manera, México se ha convertido en el último país latinoamericano en sumarse a la lista de aquellos que despenalizaron la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto en Latinoamérica

La situación está repartida entre entre aquellos países en los que la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada, aquellos en los que está prohibida sin excepciones y un tercer grupo de países que solamente permiten el aborto en circunstancias excepcionales.

Entre los países o territorios de Latinoamérica donde el aborto está despenalizado con determinados plazos de gestación, se encuentran Argentina (hasta las 14 semanas de gestación), Colombia (hasta las 24 semanas), Cuba (hasta las 12 semanas), Guyana (hasta las 8 semanas), Guayana Francesa (hasta las 12 semanas), Puerto Rico (sin limitación), Uruguay (hasta las 12 semanas) y ahora se agrega México.

Aquellos países donde está prevista en los códigos penales la prohibición sin excepciones de la interrupción involuntaria del embarazo son: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam.

En el resto de Latinoamérica, todos los países requieren justificaciones de alguna clase para permitir la interrupción del embarazo. Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, tienen algunas de las legislaciones más restrictivas y sólo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la persona gestante corra peligro. En el resto, se agregan motivos que van más allá del peligro de muerte o la amenaza a la salud de la persona gestante, aunque también hay matices.

Algunos países, como Chile y Brasil, incluyen también en sus códigos penales las variables de la violación y la inviabilidad del feto. En Bolivia, se incluye la causal de incesto y, en el caso de Belice, los factores socioeconómicos. En Ecuador, el aborto no es punible sólo en tres circunstancias: amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación e inviabilidad del embarazo.

Tendencias

En el plano global, puede señalarse que actualmente el aborto es legal bajo solicitud en 74 países, de acuerdo a los datos del Centro por los Derechos Reproductivos, donde el límite gestacional más común es de 12 semanas.

Se estima que la legislación restrictiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo causa alrededor de 40 mil muertes al año por abortos clandestinos, la pérdida de oportunidades educativas y económicas de cientos de miles de mujeres y la profundización de la marginación histórica que recae sobre ellas.

La Organización Mundial de la Salud sostuvo recientemente que la atención del aborto seguro “es esencial para proteger la salud de las mujeres y las niñas en todo el mundo”.

Sin embargo, y pese a que en términos generales en el mundo se registran avances hacia mayores garantías en el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, algunos países emblemáticos como los Estados Unidos, China o Polonia (el único de Europa con restricciones severas) han mostrado retrocesos en la materia.

En Latinoamérica, el aborto legal es una medida reclamada durante años por distintos colectivos de mujeres, pero que también tiene muchos detractores. En Argentina, el aborto es legal desde que en 2020 el Congreso sancionó, tras varios meses de debates y audiencias públicas, la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, que regula y despenaliza la práctica. Sin embargo, el candidato presidencial con mayor intención de voto para las elecciones del próximo 22 de octubre, Javier Milei, se manifestó públicamente en contra de ese derecho. Afirmó que “haría un plebiscito” y que, en caso de que la ciudadanía se expresara en contra de la interrupción del embarazo, “eliminaría la ley”. “No es un derecho ganado”, sentenció, pasando por alto que solamente el Poder Legislativo tiene la facultad de legislar.

Pero ahora es el momento de México, que se encuentra en la antesala de otro hito histórico para las mujeres. Claudia Sheinbaum por el oficialismo y Xóchitl Gálvez por la oposición, disputarán la presidencia del país el 2 de junio de 2024. Que un país tradicionalista y socialmente conservador alumbre estos avances es significativo para toda la región.

Mañas rusas

2023-09-03T00:00:00.001-03:00

La muerte del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, confirma que en Rusia pasan los años pero no las mañas.

El 23 de agosto el vuelo privado en el que viajaba el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, sufrió un accidente en la región de Tver, Rusia, cuyas causas aún se investigan. Murieron 10 personas, entre las que se encontraba también Dimitri Utkin, a cargo de las operaciones militares del grupo. Los análisis genéticos realizados a los cuerpos hallados confirmaron todas las identidades, incluida la de Prigozhin.

Todas las miradas apuntan al gobierno ruso, dado que el grupo Wagner protagonizó la sublevación ocurrida entre el 23 y el 24 de junio pasados, que dejó expuestas las contradicciones y debilidades del régimen de Vladimir Putin y toda la operación militar de la invasión rusa sobre Ucrania.

Independientemente del resultado de las investigaciones que lleva adelante el gobierno ruso -de legitimidad cuestionable- y de la negativa del Kremlin respecto de cualquier tipo de responsabilidad sobre el accidente, lo cierto es que todas las miradas están puestas sobre los hombros de Putin y sobre un concepto largamente trabajado en Rusia: la “purga”.

Una muerte anunciada

Para observar el hecho con perspectiva, es menester comprender que la sublevación de Prigozhin y sus mercenarios puso en tela de juicio el proceso de toma de decisiones y la estrategia bélica empleada en Ucrania. Peor aún, cuestionó la autoridad del régimen de Putin a un año de las elecciones presidenciales.

El alzamiento de Prigozhin mostró que el régimen ruso no es invulnerable y es por estos motivos que, desde entonces, analistas políticos dentro y fuera de Rusia comenzaron a calificar al líder del grupo Wagner como “muerto andante”. Hasta el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), Willam Burns, se permitió bromear antes del accidente aéreo sobre la expectativa de vida del jefe mercenario: “si yo fuera Prigozhin, no despediría a la persona que prueba mi comida”, dijo.

Pero lo más llamativo es que si algún día se comprueba que la destrucción del avión en el que Prigozhin viajaba fue un acto de venganza procedente de Putin y su entorno, pasará a la historia como un episodio más que corrobora una larga tradición. Rusia atravesó distintas formas de organización política. Gobernaron déspotas ilustrados durante la monarquía, líderes totalitarios durante la etapa soviética y autócratas de saco y corbata desde 1991. En todos los casos hay dos constantes: ausencia de democracia y eliminación física de quien es considerado “enemigo interior”.

Quien esté interesado puede explorar algunos casos emblemáticos como el asesinato de Grigori Rasputín sobre el final de la etapa zarista, la Gran Purga de Stalin en la década de 1930, las sospechas sobre el envenenamiento del propio Stalin y la posterior purga de quien sería su sucesor, Lavrenti Beria. El envenenamiento había sido un modus operandi empleado en el pasado por ambos, Stalin y Beria, para librarse de competidores.

Más cerca en el tiempo, ya en la era Putin, cabe mencionar algunos casos notorios. El asesinato de la periodista Anna Politkovskaya es ilustrativo. La mataron de varios disparos en el ascensor del edificio donde vivía el 7 de octubre de 2006, el mismo día del cumpleaños de Putin. Politkovskaya había descripto con detalle los crímenes cometidos por las fuerzas rusas conducidas por el propio Putin durante la guerra de Chechenia, en la que miles de personas inocentes fueron torturadas, hechas desaparecer o asesinadas.

El asesinato en Londres del exespía ruso Alexander Litvinenko en 2007, mediante el uso de polonio-210, un químico extremadamente tóxico y radiactivo, fue otro que dejó su marca. El antiguo espía investigaba el asesinato de Politkovskaya.

El magnate ruso Boris Berezovski, ferviente enemigo político de Vladimir Pútin exiliado en el Reino Unido, amigo de Litvinenko, salvó su vida ese mismo año gracias a la intervención de los servicios secretos británicos, que evitaron que un sicario -también ruso- lo asesinara de un disparo en la cabeza en una habitación del hotel Hilton de Londres.

En 2018 otro exespía ruso, Sergéi Skripal, fue envenenado con una sustancia perteneciente al grupo del agente nervioso Novichok en el Reino Unido, donde enseñaba a espías británicos tácticas de contraespionaje contra los servicios secretos rusos.

El opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado en 2020, también con una sustancia vinculada al neurotóxico Novichok, aunque fue atendido rápidamente y sobrevivió.

El dato de los envenenamientos con neurotóxicos de la familia del Novichok no es marginal, porque se trata de una sustancia usada en la producción de armas químicas a la cual es muy difícil acceder, y sobre las que el gobierno de Putin declaró en el pasado que había destruido. Pero principalmente por su efecto. El veneno causa espasmos musculares que pueden detener el corazón, causar una acumulación de fluido en los pulmones, así como daño a otros órganos y células nerviosas. Es por eso que la muerte resultante puede pasar desapercibida al dar la apariencia de un ataque cardíaco u otra afección natural.

El caso de Navalny continúa inquietando al régimen ruso. Construyó su carrera política sobre la base del creciente descontento en torno a la enorme desigualdad en el reparto de la riqueza (alrededor del 60 por ciento se encuentra concentrada en el 1 por ciento de la población) y la corrupción del régimen, quizás el único tema con capacidad de aglutinar a sectores más amplios de la población. Navalny intentó crear un movimiento político sobre la base de esos cuestionamientos. Tras sortear el intento de asesinato, se mantuvo como la figura opositora más popular en Rusia. Desde 2021 y, bajo acusaciones denunciadas como arbitrarias en la comunidad internacional, se encuentra preso cumpliendo distintas condenas. Denunció a las autoridades penitenciarias por tortura mediante privación del sueño. A comienzos de agosto de este año, fue sentenciado a cumplir otros 19 años de cárcel. Crítico radical de la invasión a Ucrania, Navalny le dice a la población que los gobernantes “quieren asustarlos a ustedes, no a mí, y privarlos de su voluntad de resistir”.

Es en este contexto que la muerte de Yevgeny Prigozhin, puede ser entendida como parte de una metodología largamente aplicada. Solamente hay que seguir la trayectoria de la flecha para saber su dirección.

Yevgeny tenía su propia y peligrosa impronta

Muchos admiraban a Prigozhin, al punto de considerarlo un héroe nacional. Era un exconvicto, que a fuerza de vender panchos en la calle terminó por convertirse en empresario gastronómico. Desde ese lugar estrechó sus vínculos con el gobierno de Putin al que le proveía servicios. Se convirtió en oligarca, apañado por el presidente y se inició en la prestación de servicios de inteligencia extraoficiales para el Estado ruso, hasta que fundó el grupo mercenario Wagner.

Cuando se sublevó hace poco más de dos meses, como represalia contra un ataque de fuego amigo por parte de las fuerzas regulares rusas, en medio de fuertes cuestionamientos a la dirección de la guerra en Ucrania, pudo verse la cálida bienvenida que le dio la población en la ciudad de Rostov-on-Don. Simultáneamente, aumentaba la cantidad de sus enemigos en Moscú, principalmente entre los altos rangos de las fuerzas militares.

Su error fatal fue haberse enfrentado al propio Putin cuando decidió sublevarse y criticar de manera abierta las razones que se dieron para la invasión a Ucrania. Como un zar o un líder soviético, el actual presidente ruso no perdona a quienes lo enfrentan.

Por si caben dudas, vale decir que el mismo día que cayó el avión en el que viajaba Prigozhin, el general Serguéi Surovikin fue destituido. Era el único mando militar ruso en quien el jefe del grupo Wagner había dicho públicamente que confiaba. Mientras el grupo Wagner ve reducido sustancialmente su protagonismo, ya tiene sustituto en puerta. Se trata de “Redut”, otro grupo mercenario creado originalmente para proteger fábricas pertenecientes a Gennady Timchenko, antiguo agente de la KGB convertido en oligarca y cercano a Putin.

En Rusia el tiempo pasa, pero las mañas quedan.

Argentina ingresa al grupo BRICS

2023-08-25T00:00:00.001-03:00

El acceso al mayor grupo de economías emergentes representa para Argentina nuevas oportunidades de inserción internacional en un mundo cada vez más complejo y polarizado.

Ante la multiplicidad de problemas que aquejan al país, el anuncio de su ingreso al grupo BRICS es, ante todo, una bocanada de aire fresco. Es la concreción de una expectativa surgida hace ya varios años, con grandes desafíos pero con grandes posibilidades de desarrollo. ¿Sabrá Argentina aprovechar la oportunidad?

Qué es el grupo BRICS y por qué se amplía

El grupo de países identificado con el acrónimo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), constituye la asociación económica y comercial que reúne a las cinco economías emergentes más importantes del planeta. Juntas, reúnen un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) global. Independientemente de que el concepto fuera acuñado con anterioridad, comenzó a existir como una entidad real en 2008. Sudáfrica se incorporó en 2011. El modelo de desarrollo económico del BRICS no se basa solamente en el incremento de los flujos comerciales, sino que apunta principalmente a desarrollar inversiones estratégicas hacia el futuro.

Pese a la referencia al poder económico y comercial que reúnen estos países emergentes, el bloque también tiene una impronta política, que, como puede preverse, será cada vez mayor.

Actualmente, el sistema político internacional parece decantar aceleradamente hacia un bipolarismo liderado por los Estados Unidos de un lado y China del otro. A eso se le agrega la posición expectante de la Unión Europea (UE), atemorizada por la invasión rusa sobre Ucrania. Si la UE confluirá definitivamente con los intereses estadounidenses o se decidirá a reclamar un espacio propio entre los principales actores políticos y económicos planetarios, sólo el tiempo podrá decirlo.

En ese marco, el grupo BRICS se parece cada vez menos a una asociación entre países que persigue su desarrollo socioeconómico exclusivamente, y se asemeja cada vez más a un bloque capaz de sustraerse a los flujos de poder establecidos. Estos últimos se caracterizan por un norte rico y un sur pobre, por un predominio de los intereses estadounidenses y europeos, y por el dominio de esos actores sobre los organismos internacionales. El BRICS aspira a fijar nuevos rumbos, normas, y modos alternativos de relacionarse con otros actores internacionales, acorde a un mundo que ya poco tiene que ver con el que había al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció el organigrama de poder global vigente.

Si hasta ahora el BRICS constituía una referencia para otros países emergentes y un contrapeso frente a la postura dominante occidental, habitualmente identificada en el G-7 (los siete países más industrializados), en adelante será la materialización de una propuesta alternativa, un atractivo bloque de poder más heterogéneo e inclusivo, con la ambición de disputar espacios de conducción del orden político y económico mundial.

Dicho de otro modo, al ampliar de forma sustancial su base de pertenencia mediante el número de países que lo integran -y si logra hacerlo de manera estable-, el grupo BRICS podrá generar un poder y una influencia política, económica y cultural de impacto global. Puede pensarse inclusive, que en pocos años podría convertirse en el principal bloque que derrame poder sobre todo el mundo.

Es en ese marco que cobra significado el acuerdo al que arribaron los cinco socios originarios durante la última jornada de la XV cumbre de jefes de Estado y de gobierno del grupo el 23 de agosto, y que abrió las puertas al ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Los cinco miembros del BRICS acordaron acerca de los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos del proceso de expansión del grupo, que se hará efectiva a partir del 1° de enero de 2024. En cifras, esa ampliación supondrá que el bloque pasará a concentrar el 46 por ciento de la población mundial y el 36 por ciento del PIB global.

Desafíos

El camino a recorrer es largo. Como primer desafío puede señalarse el institucional. Tras casi 15 años desde su creación, el grupo no constituye todavía una organización multilateral formal, con estatutos y normas de membresía escritas. Quizás el mayor progreso alcanzado en materia institucional hasta el momento sea la creación del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (NBD BRICS). El banco fue creado con el énfasis puesto sobre el desarrollo más que sobre el “crecimiento económico”, y pensado como alternativa al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos que regulan la economía mundial, acorde al predominio de los Estados Unidos y la UE.

Ese desafío institucional se tradujo también en la dificultad que el bloque encontró hasta ahora para ampliarse y, por lo tanto, para aumentar su incidencia económica y financiera. Desde su creación, el grupo BRICS careció de un enfoque común para expandir su influencia en materia de cooperación con otros países, bloques o acuerdos monetarios y comerciales conjuntos, que pudieran poner en tela de juicio el dominio del dólar como divisa de reserva y comercio mundial. Ese desafío es el próximo a enfrentar y el futuro de Argentina estará estrechamente vinculado a posibles cambios en este sentido.

También hay desafíos eminentemente políticos. Rusia fue el país que originariamente impulsó la creación del grupo, pero es China el que mayor influencia ejerce sobre él. Eso produce ciertas tensiones regionales con la India en el seno del bloque, dado que sus intereses difieren en el objetivo y en los modos de ampliación. Por eso las demoras para albergar a nuevos miembros fueron grandes.

China apoya especialmente la ampliación del grupo, con un interés marcado en que el BRICS se transforme en una plataforma más sólida desde la cual implementar la “Nueva Ruta de la Seda”, el gran proyecto del gobierno de Xi Jinping para convertir a su país en la potencia económica hegemónica.

Lo cierto es que -más allá de que el candidato presidencial Javier Milei diga que no se relacionará con comunistas- el liderazgo chino del BRICS parece apuntar más a una asociación de países unidos por intereses económicos y geoeconómicos comunes que a una asociación guiada por una impronta ideológica. Y esta primera ampliación así lo demuestra, al unir en su seno a rivales políticos e ideológicos regionales como Arabia Saudí e Irán.

Un análisis reciente del Financial Times, señaló que China exportó más a principios de este año al mundo en desarrollo que lo que exportó a los Estados Unidos, la UE y Japón juntos. Es por eso que la ampliación del BRICS o la reunión de gran cantidad de países bajo la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda son clave para el gobierno de Xi Jinping. La estrategia del Gigante Asiático pasa por agrupar al mayor número de países bajo su liderazgo para permitirse mantener una amplia red socios comerciales a los que exportar su superávit productivo y de inversión, además de aspirar a discutir el liderazgo en los organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Es por estos motivos que será cada vez más significativa la pugna por el poder dentro de la conducción del BRICS. La capacidad de Rusia, Brasil, India y Sudáfrica para poner límites y contrarrestar el mayor poder de China, es lo que marcará el pulso del equilibrio en el seno del grupo fundador. En otras palabras, los cuatro socios deberán fijar criterios para incorporar a sus propios candidatos y no limitarse a aceptar las propuestas chinas sin más.

Esta primera ampliación le asegura al bloque su presencia en Oriente Medio, integrando a las dos grandes -y enfrentadas- potencias regionales: Arabia Saudí e Irán. Pero también le permite integrar como socio a la segunda mayor potencia económica en términos de PIB del continente africano, Egipto. En este sentido, el grupo refuerza su presencia en regiones clave. En Latinoamérica, ese rol lo cumple Argentina.

Otros temas, como la unión comercial o monetaria están aún lejos en el horizonte de lo que será el BRICS ampliado. Inclusive un tema mayúsculo, como el de la democracia, quedará por mucho tiempo en el tintero.

Argentina y la incertidumbre

Mientras el país se encuentra enfrascado en la sumatoria de todas las incertidumbres -política y económica- el mayor de sus socios comerciales, Brasil, se ocupó de del porvenir de su socio. El presidente Luis Inazio Lula da Silva, principal impulsor de la incorporación argentina al grupo, expresó “es muy importante que Argentina esté en los BRICS”, consciente de que, más allá de quién sea el próximo presidente, Brasil precisa una Argentina floreciente.

Pero debe preverse que la situación puede cambiar de cuajo en octubre si Javier Milei gana las elecciones presidenciales. El candidato expresó recientemente su reticencia a comerciar con lo que calificó como “un país asesino” en referencia a China y manifestó su deseo de alinearse con los Estados Unidos y la UE.

Por lo tanto, podrían ser una vez más las propias contradicciones argentinas, signadas en este caso por la prepotencia -al menos en su fase discursiva- las que generaran la extraña situación de que el BRICS perdiera un socio de su primera ampliación, antes incluso de que ésta se concretara.

Hace tiempo que la política exterior de Argentina presenta serias dificultades, como sucede en tantas otras áreas. ¿No sería acaso ésta una buena oportunidad para fijar una estrategia política pragmática y perdurable que le permitiera negociar al país equilibradamente con los Estados Unidos, con la UE y con China en el marco del respaldo que le ofrece el BRICS?

Ecuador, elecciones y violencia

2023-08-18T00:00:00.001-03:00

Los asesinatos y el narcotráfico golpean a una ciudadanía angustiada que debe enfrentar una elección presidencial que determinará su futuro.

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto en Quito fue el que captó mayor atención de la opinión pública global, pero no fue el único. Desde el de Agustín Intriago el 23 de julio, hasta el de Pedro Briones el 14 de agosto, se alcanzó una tríada de asesinatos políticos en sólo tres semanas. Tal es el grado de violencia en el que está sumido Ecuador.

Se trata de un fenómeno extendido que supera las cuestiones ideológicas. Villavicencio tenía posibilidades de disputar la presidencia en una eventual segunda vuelta y era conocido por su postura anticorrupción y su oposición al correísmo. Briones era, por el contrario, afiliado al partido de Rafael Correa.

Una ciudadanía cansada y atemorizada concurrirá a las urnas el domingo 20 de agosto en un contexto en el cual los conflictos políticos y no políticos se dirimen violentamente y dejan expuesta la debilidad del Estado y a la dirigencia política tradicional sin capacidad de respuesta.

Cuando el Estado no está

La crisis que atraviesa el país tiene una dimensión política estatal y otra política dirigencial. La primera, se caracteriza por la enorme influencia de distintos grupos criminales vinculados al narcotráfico sobre un Estado que, previamente, fue sistemáticamente debilitado. Los gobiernos del presidente Guillermo Lasso y de su predecesor, Lenin Moreno, implementaron políticas liberales desde 2017, lo que se tradujo en falta de inversiones y reducción de ejecuciones presupuestarias en distintas áreas estatales.

La crisis político dirigencial se caracteriza por el rápido desgaste al que se expuso la gestión del empresario Lasso. El actual gobierno perdió toda su capacidad política tras la consulta popular que convocó y se realizó en febrero, con la cual apuntaba a reformar varios aspectos de la Constitución Nacional y donde obtuvo el rechazo de la mayor parte de la ciudadanía. Además de resolver algunos problemas derivados de la falta de apoyo legislativo con la que inició su gobierno en 2021, Lasso buscaba también medir su aprobación, pero sólo logró agotar su capital político. En mayo, cuando prosperaba un proyecto de juicio político en su contra, apeló a la facultad que le otorga la Constitución en el artículo 148, la denominada “muerte cruzada”, que le permitió disolver el Poder Legislativo pero resignando la presidencia. Es por esos motivos que hay elecciones presidenciales anticipadas, que determinarán quién concluirá el período de gobierno que termina en 2025.

Esta superposición de la incapacidad del Estado para paliar las múltiples crisis que atraviesa el país, y la incapacidad de la dirigencia política para alcanzar acuerdos que permitan la gobernabilidad, transformó la situación actual en explosiva, arrasó con la confianza de la ciudadanía en el gobierno y puso en discusión al sistema político democrático en su conjunto.

Pandemia y narcotráfico

Como en casi toda Latinoamérica, en Ecuador la pandemia de Covid-19 expuso la fragilidad de la situación social en la región más desigual del planeta. La crisis de la salud pública y los aislamientos preventivos sumieron al país en una profunda crisis económica y social. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), revelan que los niveles de pobreza aún se sitúan por arriba del nivel prepandemia, con una de cada cuatro personas viviendo en la pobreza.

Por otra parte, el aumento de la violencia, impulsada por la proliferación de organizaciones narcotraficantes que se disputan el predominio territorial, sumió al país en otra crisis, la de la seguridad. Ecuador tiene importantes puertos sobre el Océano Pacífico, fronteras permeables y fuerzas de seguridad cooptables, condiciones óptimas para el narcotráfico.

El sistema penal superpoblado, corrupto y mal financiado, se convirtió en el caldo de cultivo ideal para que las bandas de delincuentes locales presos tejieran alianzas con poderosos cárteles de la droga del extranjero.

Los múltiples estados de excepción decretados por el Poder Ejecutivo no pudieron evitar que Ecuador registrara cifras récord de homicidios, visibilizadas ahora por el asesinato de políticos en plena campaña electoral. La Policía Nacional contabilizó 3.568 muertes violentas en los primeros seis meses del año, una cifra que ya supera los 2.042 en el mismo periodo de 2022.

En ese contexto, la desesperación de la ciudadanía ha impulsado la migración: ecuatorianos y ecuatorianas se encuentran entre las principales nacionalidades que cruzan el Tapón del Darién.

Colombia, México ¿y Ecuador?

La influencia de las organizaciones criminales en áreas del Estado, sus vínculos con parte de la dirigencia política y los asesinatos de candidatos hacen que caiga de maduro la pregunta ¿será acaso Ecuador el próximo país en seguir el derrotero de Colombia primero y México después?

Son inevitables las comparaciones entre la situación de Ecuador y la de esos dos países. El candidato y exvicepresidente Otto Sonnenholzner ya aventuró que “lo que Colombia sufrió en los años 80, y lo que México padeció en los 90, Ecuador lo está sufriendo hoy”. Un dato abona esa mirada: la organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que en 2023 Ecuador superó a Colombia como el principal exportador mundial de cocaína, pese a que Colombia se mantiene como el principal productor.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y las dinámicas del narcotráfico evolucionaron en el marco de la globalización. Mientras en Colombia predominaban los carteles nacionales, como el de Medellín o el de Cali, Ecuador enfrenta la influencia de actores internacionales, incluyendo mexicanos y hasta europeos.

El “outsider” que nunca falta

El domingo 20 de agosto la ciudadanía elegirá entre ocho candidatos con posiciones diversas. A pesar de que los recientes asesinatos han erosionado todavía más la confianza de la población en el sistema político, hay un candidato que encuentra terreno propicio.

Se trata de Jan Topic, un empresario multimillonario con formación militar de élite que se posiciona como “outsider”, es decir, que se despega de la dirigencia política convencional con el único mérito de “no haber estado antes”. Evita definiciones ideológicas de izquierda, centro o derecha, y dice responder a un “esquema de decisiones completamente apolítico”, confundiendo ¿deliberadamente? el concepto con el de “apartidario”.

Pero en semejante marco de desesperanza, frustración y miedo, su propuesta de contener la violencia con una política de “mano dura” que emule la que Nayib Bukele aplica en El Salvador, cala profundo en la población. Topic, exfrancotirador y paracaidista, no ha dejado de subir en las encuestas.

Ante semejante marco, puede preverse una elección de “protesta”. El asunto, es hacia dónde saldrá eyectado el hartazgo de la ciudadanía. El fenómeno no es solamente ecuatoriano, puede observarse en toda Latinoamérica. Argentina es prueba de ello.

China, Estados Unidos y las elecciones en Argentina

2023-08-12T00:00:00.001-03:00

Las embajadas de ambas superpotencias dieron señales de lo que esperan del proceso electoral que atraviesa el país y que alumbrará un nuevo gobierno.

Desde China y los Estados Unidos escrutan con interés los avatares de la política argentina durante el proceso electoral que determinará quienes serán los decisores políticos durante los próximos cuatro años.

Ambas potencias globales se encuentran enfrascadas en una puja de poder cuyo teatro de operaciones es el mundo entero. Es desde ese lugar que puede abordarse el rol de las embajadas de esos países en Argentina: desde la defensa de los propios interese en el cono sur del continente americano. Los dos gobiernos consideran a Argentina una extraordinaria fuente de recursos naturales y humanos. Desde los Estados Unidos se intenta sostener el dominio sobre un ámbito considerado parte integrante de su clásica esfera de influencia. Desde China, se busca el asentamiento en el terreno.

Los intereses estadounidenses

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, llegado al país en 2022, cultiva un perfil de alta exposición pública, muy distinto al que la opinión pública local está acostumbrada desde la campaña electoral de 1946 y el eslogan “Braden o Perón”, que invitaba al votante a definirse entre el entonces embajador estadounidense o el caudillo local. Stanley responde a una política clara del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden sobre la región, a propósito de la disputa comercial global que los Estados Unidos mantienen con China.

Como parte de esa alta exposición, que apunta a dejar claro cuál es el significado de la presencia estadounidense en Argentina y cuáles son los intereses en juego, Stanley logró reunirse y fotografiarse con todos los precandidatos a presidente de las principales fuerzas políticas, antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), incluida una figura reticente como Juan Grabois, surgido de los movimientos sociales y con una nítida agenda antiimperialista.

El alto perfil de Stanley obedece a una estrategia de posicionamiento mediático, pero también de intervención directa de la embajada estadounidense en Argentina. Desde su arribo al país, mantuvo encuentros con figuras relevantes del gobierno como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muestra también un perfil amistoso en las redes sociales, probando comidas y bebidas típicas y manifestándose fanático de Lionel Messi. El tono es notoriamente distinto, más cercano y amable que el de anteriores embajadores, inclusive con el peronismo, una fuerza política tradicionalmente reñida con los intereses estadounidenses. El último capítulo de esa estrategia, es el acercamiento a los precandidatos antes de las PASO, para avanzar en un vínculo seguro con quien pudiera ser el próximo presidente o presidenta del país.

Detrás de la exposición de Stanley, están los intereses estadounidenses concretos. Principalmente la recuperación del terreno perdido ante la ola de inversiones chinas, que sitúan al Gigante Asiático como un apetitoso socio para todos los países de Latinoamérica. Las preocupaciones estadounidenses van más allá de la participación de empresas chinas en la explotación de recursos naturales en Argentina. Alcanzan también la vinculación financiera entre ambos países. El hecho de que el gobierno argentino haya apelado a yuanes chinos para hacer frente a pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) contribuyó sensiblemente a incrementar la inquietud, y el gobierno estadounidense no parece dispuesto a perder el dominio financiero sobre Argentina.

Aunque la información no es ni será pública, la expectativa de la administración Biden estaría situada en el triunfo de alguno de los candidatos considerados “moderados” en las PASO, léase, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta en la interna opositora, y el ministro de Economía Sergio Massa, en la interna oficialista.

Las candidaturas de vertiente progresista no suponen una inquietud en estas elecciones dado que todo el espectro ideológico se corrió hacia la derecha. Pero sí existe desconfianza en el crecimiento de la derecha radical expresada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el economista autodenominado “libertario”, Javier Milei, cuyas posiciones son interpretadas como afines a todo lo que representa Donald Trump.

En suma, tanto Rodríguez Larreta como Massa serían considerados más previsibles y hasta una garantía de mayor permeabilidad a los intereses estadounidenses en Argentina, principalmente en lo que a incidencia financiera se refiere.

Los intereses chinos

Tras más de cuatro años y medio al frente de la Embajada de la República Popular China en Argentina, Zou Xiaoli se despidió hace pocos días del país. Es menester señalar que la diplomacia china obedece a la misma estrategia de largo plazo que tiene el Estado chino. Al despedirse, el Embajador, con un perfil infinitamente más austero que el de su par estadounidense, hizo gala de tres virtudes siempre asociadas a su país: la memoria, la perseverancia y la paciencia.

De manera más tangible que la referencia que hizo a la “sólida y sincera asistencia” entre ambos países cuando estalló la pandemia del Covid-19 y a la reivindicación conmemorativa por el 50º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, Zou recordó la importancia de las inversiones chinas en grandes obras de infraestructura. Mencionó la rehabilitación del ferrocarril San Martín, la construcción de las represas Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz, que constituyen el proyecto hidroeléctrico de mayor capacidad instalada en Sudamérica, así como el radiotelescopio de mayor diámetro en esta región ubicado en San Juan. También recordó el proyecto de construcción de Atucha III, la primera central nuclear basada en la técnica china Hualong One de Latinoamérica. Respecto del apoyo financiero, hizo referencia a la ampliación del “swap” bilateral.

También celebró la decisión del gobierno argentino de abrir su cuarto consulado general en China, que se ubicará en Chengdú, y expresó su confianza en la concesión de un vuelo directo entre ambos países que contribuya a estrechar aún más los vínculos.

Pero hubo dos menciones que se destacan sobre las anteriores. La primera fue que el gobierno y el pueblo chinos aprecian a Argentina por adherirse al “principio de una sola China”, según el cual no se reconoce la independencia de Taiwán, sino que se considera a la isla como una parte inalienable de la República Popular China. Como consecuencia de ello, el Embajador agregó que su país apoyará, como siempre lo ha hecho, la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Se trata de asuntos medulares parara la diplomacia de los dos países.

La segunda mención a destacar, fue que China apoya la incorporación de Argentina al grupo Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), otorgándole un rol más importante entre los países emergentes. Este asunto es clave para pensar en una mayor influencia global y en un despegue económico de Argentina.

Zou recordó puntualmente que lo que permitió el desembarco de las inversiones chinas, fue que Argentina fue el primer país de la región en suscribir el memorando y el plan de cooperación de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, popularmente conocida como “Nueva ruta de la seda”.

El Embajador chino saliente pudo volver satisfecho a su país. Sin fotos con candidatos, dejó claro que China apuesta a un vínculo estrecho con Argentina independientemente de quién será el próximo gobernante. Allá permanecerán al mando Xi Jimping y el Partido Comunista Chino, que no deben atender los cambios muchas veces abruptos que supone un sistema político democrático. Los intereses chinos en Argentina se afirman en la continuidad del vínculo, independientemente de quien gobierne. Sabrán cómo refrescarle la memoria al próximo gobierno.

Pero pensando ya en los cambios a producirse en diciembre, cabe preguntarse ¿será capaz el próximo gobierno argentino de encontrar la equidistancia que le permita obtener frutos de las relaciones bilaterales con ambas potencias sin perder su autonomía frente a ellas?

Sin contar los vericuetos propios de la política local, hay que prever que en un mundo con una tendencia bipolar cada vez más marcada, hacer equilibrio resulta una tarea difícil.

Trump entre la cárcel y la Casa Blanca

2023-08-06T00:00:00.001-03:00

El exmandatario suma cargos penales en su contra que podrían llevarlo a prisión y, simultáneamente, mantiene viva la posibilidad de volver a la presidencia.

Días atrás el fiscal especial Jack Smith acusó a Donald Trump por cuatro cargos penales en torno a los esfuerzos del expresidente para anular las elecciones de 2020, situación que derivó en el asalto al Congreso estadounidense el 6 de enero de 2021. Como era previsible, el expresidente se declaró inocente, como en las dos oportunidades en las que fue imputado por otros cargos durante este año. La fiscalía no solicitó la prisión preventiva y Trump, que conserva su libertad, deberá concurrir a una nueva audiencia ante el tribunal el próximo 28 de agosto.

Cúmulo de acusaciones

La fiscalía especial alega que, en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020, Trump utilizó medios ilegales con el objetivo de subvertir los resultados de los comicios.

El primer cargo de conspiración se refiere al presunto uso de “deshonestidad, fraude y engaño” por parte del expresidente para defraudar a los Estados Unidos. El segundo, es el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial y se basa en los supuestos intentos del exmandatario por evitar que la victoria de Joe Biden fuera certificada en el Congreso y en sus afirmaciones sobre presunto fraude electoral. El tercero es el de obstrucción de un procedimiento oficial, directamente relacionado con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Congreso. Y el cuarto, es el de conspiración contra los derechos de la ciudadanía, al considerar que Trump atentó contra el derecho al sufragio y contra el recuento de votos. Las penas oscilan entre 5 y 20 años de prisión.

En definitiva, Trump puso en tela de juicio el sistema electoral estadounidense, pilar sobre el que se asienta el gobierno federal y parte sustancial de la credibilidad sobre el conjunto del sistema político.

La acusación de la fiscalía menciona a seis cómplices no identificados del exmandatario -cuatro abogados, un funcionario del Departamento de Justicia y un asesor político- que fueron descriptos como co-conspiradores. Los seis habrían ayudado a Trump a difundir las falsas afirmaciones de fraude electoral.

Estas nuevas acusaciones se agregan a 40 cargos reunidos en una acusación federal anterior relacionada con el mal manejo de documentos clasificados. Recuérdese que en los Estados Unidos, los documentos oficiales pertenecen invariablemente al Estado y no a los funcionarios. También se suman a 34 cargos penales por delitos de falsificación de registros comerciales en Manhattan, vinculados a un supuesto esquema de pago de dinero secreto y encubrimiento que involucra, entre otros, a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.

Este último caso es interesante. En 2016 Trump habría ordenado el pago de 130 mil dólares a Daniels para obtener su silencio dado que mantuvo una relación extramatrimonial con ella. Hasta allí no hay nada ilegal. Pero sucede que el pago se habría hecho bajo un registro falso -figura como “honorarios legales”- incurriendo en una falsificación de registros comerciales, lo cual sí es un delito. Además, el pago violaría la ley electoral estadounidense, porque su objetivo habría sido evitar que los votantes supieran que Trump tuvo una aventura con una estrella porno y que esa noticia resintiera su imagen frente el electorado.

Ante semejante cúmulo de acusaciones, las probabilidades de Donald Trump de ir a prisión aumentan considerablemente. Los datos que ponen todo esto en otra perspectiva son, en primer lugar, que el multimillonario es precandidato a presidente por el Partido Republicano para las elecciones que se celebrarán en noviembre del año que viene, y en segundo lugar, que los sondeos de opinión le sonríen.

Futuro incierto

Sesgo de confirmación mediante, quienes creen en el expresidente lo hacen irracionalmente y suponen que cualquier acusación en su contra no es más que una argucia del gobierno de Joe Biden y del Partido Demócrata para evitar que vuelva a la Casa Blanca. Pero ¿tiene posibilidades reales de hacerlo?

El diario The New York Times realizó distintos sondeos de opinión recientemente. El que se refiere a las elecciones internas del Partido Republicano señala que Trump reúne el 54 por ciento de intención de voto frente a su inmediato competidor, el también conservador gobernador del Estado de Florida, Ron DeSantis, quien alcanza 17 puntos porcentuales. Mucho más atrás se encuentra Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Trump, con sólo 3 puntos.

Pero hay otro sondeo realizado por The New York Times y Siena College, que señala que si las presidenciales se realizaran ahora, Trump y Biden empatarían en 43 puntos. Resta un 14 por ciento de indecisos que, mayoritariamente, se manifestaron reactivos a votar por Trump. Sin embargo, el sistema de elección presidencial en los Estados Unidos es indirecto, es decir que puede ocurrir -como en 2016- que el candidato más votado no consiga mayoría en el Colegio Electoral y, por lo tanto, pierda la presidencia. Recuérdese que ese año Hillary Clinton obtuvo dos millones de votos más que Trump, pero fue el multimillonario quien se quedó con la primera magistratura.

Especulaciones

En virtud lo anterior y, con la perspectiva de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 cabe preguntarse ¿podría Donald Trump ser elegido presidente si es condenado? Hay un interesante debate abierto en los Estados Unidos respecto de este asunto y sus derivaciones.

El Poder Judicial no tiene resuelto definitivamente el tema, pero existe una opinión extendida de que ni una acusación ni una condena impedirían legalmente que Trump fuera elegido. En el pasado no sólo se han presentado a cargos federales delincuentes convictos sino que, al menos uno lo hizo con relativo éxito. En 1920 Eugene Debs, un socialista que cumplía en prisión su condena por espionaje, obtuvo más de 900 mil votos como candidato a presidente.

El argumento jurídico que se encuentra detrás de esta extendida opinión es que sólo la Constitución fija las normas que un candidato deben cumplir para ser presidente. Y el texto constitucional señala solamente tres condiciones para que una persona aspire al cargo: haber nacido en los Estados Unidos, haber residido en el país al menos 14 años y tener 35 años de edad o más. Ni el Congreso ni los Estados pueden añadir nada a esas cualificaciones.

Es decir que, a priori, la Constitución no impide a nadie, ya fuera acusado, condenado, o incluso encarcelado, que se presente como candidato a presidente y gane. Pero ¿podría ejercer el cargo desde la prisión? Eso está menos claro. La Constitución no dice nada al respecto y, de suceder, sería algo absolutamente novedoso y hasta teóricamente factible. Eso conduce a otra pregunta. En caso de ser encontrado culpable y condenado a prisión ¿podría Trump indultarse a sí mismo si se convirtiera en presidente? No existe antecedente alguno en la materia, pero podría suceder, aunque también es factible suponer que se solicitaría al respecto un posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, debe considerarse que la actual composición del máximo tribunal, es mayoritariamente conservadora. Eso se debe a que durante su mandato, Trump completó la composición de la Corte mediante la designación de dos jueces conservadores, rompiendo el histórico equilibrio existente entre liberales y conservadores. La actual composición, con 6 jueces conservadores frente a tres liberales, garantizaría una opinión favorable a Trump en este punto.

Las particularidades del sistema electoral y del sistema político estadounidense no terminan allí. Curiosamente, si Trump fuera finalmente condenado por un delito grave a nivel federal, quedaría inhabilitado para votar. Al menos hasta que hubiera cumplido la sentencia.

Una última especulación podría traducirse entonces en esta pregunta ¿se arriesgará la ciudadanía de los Estados Unidos a transitar todos esos inciertos y desconcertantes caminos?