El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es el proceso mediante el cual los delincuentes ocultan el origen ilícito de activos financieros para que parezcan provenir de fuentes legítimas. Permite a las organizaciones criminales integrar «dinero negro» en la economía legal sin levantar sospechas.

Durante las últimas semanas hemos conocido tal cúmulo de noticias y diligencias policiales o judiciales que se ha vuelto a poner de actualidad el término, pues afectan a altos cargos del Partido Socialista, así como a empresarios vinculados así como el escándalo del rescate a la compañía aérea Plus Ultra, que facilitó la entrada en Europa y EEUU de capital limpio, lo que ocasionó la intervención de las fiscalías anticorrupción de España, de Francia, Suiza o EEUU. Un asunto que, hasta ahora, era exclusivo de algunos estados latinoamericanos, y que hizo saltar todas las alarmas.

La debilidad legislativa o presupuestaria que enfrenta el Gobierno de la Nación no es una simple cuestión estética, pues España se desliza por el camino de las multas de la Comisión Europea al no transponer aun la nueva directiva europea contra el blanqueo de capitales. Algún medio añade al escenario la tensión interna entre el Banco de España, y el ministerio de Economía por el control del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Además, estos días conocíamos la preocupación de los notarios por el anteproyecto de Ley de Integridad Pública que impulsa el ministro de Justicia que permitirá sustituir la escritura pública ante notario por un documento privado electrónico con firma digital para inscribirse en el Registro Mercantil con efectos constitutivos. Sin embargo, el documento privado con firma electrónica no aporta seguridad, ni siquiera la de la identidad del firmante. Así avisa el fedatario barcelonés, Pedro Rincón: “El sistema permitiría que un hijo pudiera usar el certificado de firma electrónica de la madre, por ejemplo, y vender sus participaciones. Es obvio que no es una buena idea y la normativa europea no ampara estos disparates”. En fin, éramos pocos y pario la güela. La sociedad civil española debe debe tomarse en serio este importante debate.

Así parece entenderlo el Tribunal de Cuentas de España, que acaba de aprobar el informe de fiscalización de la implementación de la política de prevención de blanqueo de capitales derivada de la normativa de la Unión Europea, realizado de forma paralela junto a las entidades fiscalizadoras superiores de Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre. 

La fiscalización analiza el funcionamiento entre 2020 y 2024 del sistema español de prevención del blanqueo de capitales en relación con la actuación de los actores públicos responsables de la supervisión, coordinación e inteligencia financiera. 

El Tribunal concluye que España ha incorporado la normativa europea a la legislación nacional y ha seguido las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No obstante, la valoración global señala que “no se ha definido una estrategia de ámbito nacional de la política de prevención del blanqueo” que incluya objetivos específicos e indicadores para valorar la eficacia de las medidas adoptadas y la contribución de los distintos operadores del sistema. 

Para los muy cafeteros, recomendamos la lectura de las conclusiones donde se advierte de que “existe una dificultad real en la valoración del impacto del esquema preventivo” porque no se dispone de datos reales para su valoración ni es posible determinar la contribución concreta a los resultados de cada medida”. Por ello, la fiscalización recomienda desarrollar un sistema propio de medición de resultados.

El Tribunal de Cuentas destaca el papel altamente especializado del SEPBLAC como autoridad de supervisión y de unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, el informe señala que el actual sistema de provisión de recursos al SEPBLAC no da una respuesta ágil y recomienda reforzar los medios humanos, tecnológicos y financieros del organismo para afrontar los retos estratégicos del sistema preventivo. 

Además, el sistema español de prevención del blanqueo de capitales se apoya en la colaboración de más de 27.000 sujetos obligados del ámbito privado, entre ellos entidades financieras, proveedores de servicios de cripto, abogados, notarios, inmobiliarias y joyerías que deben vigilar, comunicar y abstenerse de participar en operaciones sospechosas. 

El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno la conveniencia de establecer las vías necesarias para comunicar los resultados alcanzados en materia de prevención de blanqueo a las Cortes Generales y al SEPBLAC aumentar el conocimiento y aplicación del enfoque de riesgo en todas las categorías de sujetos obligados.

La contratación se está convirtiendo en uno de los principales quebraderos de cabeza de los gestores públicos, de cualquier ámbito territorial o institucional. La tensión entre la autoridad y el funcionario para acortar los plazos se ha convertido en un clásico. Es difícil explicarle a un Alcalde que ahora que tiene disponibilidad presupuestaria, no llegará a tiempo de inaugurar ni una miserable rotonda antes de las elecciones. O que, quienes creen contar con un comportamiento administrativo impecable, se ven reflejados en los informes de fiscalización con observaciones que le parecen menores o inevitables, pero alimentan titulares de prensa o ataques de la oposición. Mi diagnóstico: las elecciones se ganan con buenos jefes de contratación, seleccionados por mérito y capacidad, por supuesto. Un consejo adicional: cuide de mantenerlo al día, bien informado, con buena formación continua y las mejores revistas del sector.

A este perfil de funcionarios dedicamos hoy la entrada de esta bitácora, con un trio clásico: un informe, un libro y un seminario profesional, todos relacionados con la contratación y con la Comunidad de Aragón.

Aragón 2024

El reciente informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General de Aragón relativa al ejercicio 2024 incluye entre las principales áreas en las que ha enfocado la auditoría de cumplimiento las relativas a gestión presupuestaria, personal, endeudamiento, morosidad y contratación. En este último apartado, analiza el cumplimiento de determinados aspectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) en adjudicaciones de importes relevantes, así como de la obligación de rendición, la publicidad de los anuncios y de la formalización de los contratos, la aprobación de planes anuales de contratación y, en los casos que proceda, una justificación suficiente de la tramitación de urgencia e inclusión de mecanismos de control de pagos a subcontratistas en los pliegos de cláusulas administrativas (como penalidades o como condición especial de ejecución).

Así, dedica una crítica a la gestión de la contratación, señalando principalmente irregularidades en el sector sanitario y una dependencia excesiva de procedimientos excepcionales.

En el documento se destaca, en materia de contratación:

1. Contratación precaria en Sanidad

La Cámara señala que el Servicio Aragonés de Salud (Salud) realizó gastos por un valor de 323 millones de euros al margen de la Ley de Contratos del Sector Público.

• Compras directas: Gran parte de este gasto se realizó mediante la adquisición de suministros y servicios sin tramitar el correspondiente expediente de contratación. Esta es una vieja polémica con los gestores en la contratación de medicamentos de todas las CCAA.
• Contratos caducados: Se señala la prestación de servicios esenciales con contratos ya vencidos y sin posibilidad de prórroga legal, lo que obliga a recurrir a reconocimientos de obligación para poder pagar a los proveedores.

2. Uso de la Contratación Menor

El informe advierte sobre el uso recurrente de los contratos menores (aquellos de cuantía inferior a 15.000 € en servicios/suministros o 40.000 € en obras).

• El órgano fiscalizador reitera que la contratación menor debe ser extraordinaria.
• Critica que el simple hecho de que un importe sea bajo no justifica evitar procedimientos más transparentes y competitivos, como el procedimiento abierto simplificado, que garantiza una mayor concurrencia y publicidad. 

3. Falta de Planificación

Se observa una deficiencia en la planificación contractual, lo que deriva en:

• Insuficiencia de medios: En algunos casos, no se justifica adecuadamente la falta de medios propios antes de recurrir a la contratación externa. 
• Ausencia de Planes Anuales: El informe resalta la importancia de publicar el Plan Anual de Contratación, una obligación legal que facilita la transparencia y permite a las empresas conocer con antelación las necesidades de la administración. 

4. Deficiencias en la Adjudicación y Ejecución

• Criterios de adjudicación: Se han detectado expedientes donde no se motivó correctamente la elección de los criterios de valoración, lo que genera riesgos de nulidad en los procedimientos. 
• Condiciones especiales de ejecución: Aunque se incluyen cláusulas sociales o medioambientales (obligatorias por el Art. 202 de la LCSP), a menudo no se establecen mecanismos reales para verificar su cumplimiento durante la vida del contrato. 

En resumen, la Cámara de Cuentas insta al Ejecutivo a reducir la contratación directa y a mejorar la programación para evitar que la excepción (el gasto sin contrato o el contrato menor) se convierta en la norma de gestión.

Derecho pretoriano en contratación 

Esta expresión hace referencia al célebre artículo doctrinal del catedrático de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú. En él, se explica cómo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha suplido las lagunas legales creando un «derecho pretoriano» que ha forzado, en la práctica, una auténtica codificación de la contratación pública en la Unión Europea. El TJUE ha ido mucho más allá de una mera interpretación literal de las Directivas europeas y a través de sus sentencias, ha dictado resoluciones que configuran un verdadero cuerpo normativo (derecho pretoriano). Recuérdese que el Pretor romano ayudaba, completaba o corregía la ley para que fuera más justa y adaptada a la realidad del momento.

El Dr. Gimeno usa habitualmente, con excelencia y liderazgo intelectual, conceptos básicos (mi favorito es la estrella polar de la contratación) para para definir líneas estratégicas y simplificar lo complejo. En esta obra viene sistematizando la doctrina europea, que actúa en la práctica como un código que dota de predictibilidad y seguridad jurídica a un sector tan complicado y con tanto impacto económico. 

Pues bien, la editorial Atelier anuncia la actualización (2026) en formato abierto de su obra «La codificación europea de la contratación pública mediante el Derecho pretoriano creado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea» donde podemos examinar, en 223 páginas los 50 principales conceptos que aportan seguridad jurídica y una doctrina europea que todos debemos conocer.

Con un magnífico prólogo de José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat, Magistrado del Tribunal Supremo (donde a menudo escuchamos se hace «derecho pretoriano» cuando dicta sentencias que cubren lagunas legales que el legislador ha olvidado) nos recuerda que el TJUE nos aporta “una doctrina coherente y rigurosa, de eficacia vinculante, y, por tanto, invocable ante todos los Tribunales de los Estados miembros, que ha permitido depurar los conceptos y principios propios de la contratación pública”. Por eso el TJUE es definido por el Gimeno Feliú con otra sutil figura descriptiva, apelando a la mitología griega, como “el arquitecto de las columnas de Hércules”, debido a que el edificio constitucional europeo se soporta y apoya estructuralmente en el principio de primacía y el efecto directo.

Con un enfoque eminentemente práctico, se abordan esas cincuenta cuestiones clave: desde la delimitación funcional del poder adjudicador y la cooperación público-pública, hasta las fronteras del contrato de servicios y las técnicas de self-cleaning en la jurisprudencia del TJUE. Termina el autor refiriéndose al “faro del TJUE que debe iluminar con más intensidad, para permitir, con su criterio uniforme, alinear correctamente la hoja de navegación contractual de todos los países europeos para facilitar llegar a buen puerto y consolidar los grandes objetivos de la Unión Europea”.

Panticosa 2026

Del 9 al 11 de junio disfrutaremos de una nueva edición del Congreso de contratación pública que organiza el Observatorio de Contratación (obcp.es) en Panticosa, en pleno Pirineo donde es más fácil el agudo estudio y la intensa concentración así como la excursión final (estrictu sensu: “Andada por el entorno de Panticosa”) una tarde tras las ponencias. Así, nos ofrece un cuidado programa que se inicia con la conferencia del Gerente de la Universidad de Zaragoza, Alfonso Peña, que glosará los hitos y el  futuro tras 25 años de contratación pública en los Pirineos. Alfonso los ha vivido porque fue mucho antes Interventor general de la Comunidad Autónoma, después consejero y presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, convirtiéndose en una de las personalidades más respetadas del mundo de la gestión y el control público, siempre un habitual del seminario. 

He de reconocer que el ambiente académico y profesional que proporcionan los congresos del observatorio es de lo mejor que he encontrado en mí ya largo itinerario de seminarios y jornadas de todo tipo. Además, la convocatoria de Panticosa es especial, tanto por la convivencia intergeneracional que permite como las selectas perspectivas del centenar que allí participan: profesores, Directores Generales autonómicos, gestores, interventores, abogados o empresas. 

Como en años anteriores, dirigen este evento José María Gimeno Feliu y Miguel Angel Bernal Blay, con el apoyo en la secretaría de Carmen de Guerrero Manso, Andrea García Ruiz y Leticia Fuertes Giné, todo con el apoyo del del Gobierno de Aragón, la Cátedra Contratación Pública Local (Unizar-Ayuntamiento de Zaragoza) y los patrocinadores: SANOFI, SANDOZ, Kalaman, e Yksios Digital Growth, todos los cuales contribuyen a esta reunión de aforo limitado por razones organizativas. Las plazas disponibles se cubrirán por riguroso orden de solicitud hasta agotar el aforo. Solicitudes aquí.

Se entiende por gobernanza de la ciberseguridad el conjunto de responsabilidades y actividades que tienen como objetivo proporcionar una dirección estratégica en esta materia, garantizar que se logren los objetivos, verificar que los riesgos se gestionen adecuadamente y comprobar que se utilicen los recursos de una forma responsable.

El Programa Anual de Actuación de 2025 de la Sindicatura de la Comunidad Valenciana incluyó realizar una auditoría de la gobernanza de la ciberseguridad existente en el conjunto de los 60 entes que forman el Sector Público Institucional a 31 de diciembre de 2024. Los lectores de esta bitácora ya saben el interés que despiertan los trabajos de esta institución en este área (véase Universidades) donde han sido pioneros y cuenta con una de las principales unidades del sector.

Dada la amplitud y diversidad de entes, dividieron el trabajo en grupos homogéneos, para centrarse en evaluar la adecuación del marco de gobernanza de la ciberseguridad existente al marco normativo y a las buenas prácticas aplicables.

La información se recabó inicialmente con referencia a 31 de diciembre de 2024 pero fue actualizada a 31 de diciembre de 2025 para poder evaluar la situación de las entidades en una fecha más reciente.

El resultado es el Informe La gobernanza de la ciberseguridad en el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana: Entidades de derecho público y sociedades mercantiles de la Generalitat. Situación a 31 de diciembre de 2025.

La prensa recoge con prevención las conclusiones del trabajo que un año más, “redunda en la crítica sobre las escasas medidas tomadas por la mayoría de entes públicos para protegerse ante los problemas derivados de la hiperconexión y los trámites digitales”.

Actualmente, todas las entidades del sector público instrumental de la Generalitat, dependen de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Sin embargo, para la Sindicatura esta creciente digitalización, si bien ofrece numerosas ventajas en términos de eficiencia y accesibilidad, también expone a las entidades a una gama cada vez más amplia y sofisticada de ciberamenazas. Un incidente de ciberseguridad puede tener consecuencias significativas, incluyendo la interrupción de servicios críticos, la pérdida o filtración de información sensible (incluyendo datos personales de los ciudadanos), el daño reputacional y posibles consecuencias legales y económicas.

En este escenario, una gobernanza de la ciberseguridad robusta y eficaz no es una mera cuestión técnica, sino un pilar estratégico fundamental para una sólida ciberdefensa.

Conclusiones

El objetivo de la auditoría consistió en analizar y evaluar la adecuación del marco de gobernanza de la ciberseguridad existente en las quince entidades y las quince sociedades de la Generalitat a 31 de diciembre de 2025, y realizar recomendaciones para su mejora.

Las principales conclusiones son:

• Únicamente presentan un nivel de madurez de la gobernanza de la ciberseguridad adecuada, superior al 80%, dos entidades: Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA (ISTEC) y la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA).
• 5 entidades ofrecen un indicador de madurez entre el 50% y el 80%, que es una situación deficiente.
• 23 entidades tienen un índice de madurez inferior al 50%, lo que refleja una situación muy deficientede la gobernanza de la ciberseguridad, que en algunos casos es prácticamente inexistente.

El índice de madurez de “Continuidad del servicio y ciberresiliencia” es especialmente malo, ya que 28 entidades no alcanzan siquiera el índice del 50%. Esta situación es preocupante, ya que se constata que la mayor parte de entidades carece de previsiones y planes para hacer frente de una forma rápida y ordenada a un posible incidente de seguridad grave, que les permita recuperar la información y su actividad en un tiempo razonable.

En definitiva, hace falta un liderazgo activo y comprometido en materia de seguridad de la información tanto de las consellerias a las que están adscritas las entidades fiscalizadas como de los propios órganos de gobierno y dirección de las entidades de derecho público y sociedades mercantiles. El informe recuerda que deben velar por el establecimiento de una gobernanza de la ciberseguridad adecuada, cada órgano en su ámbito de competencias.

Recuerda la Sindicatura que el artículo 12 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, a cada entidad formular su política de seguridad de la información (PSI) y aprobarla formalmente por el órgano superior de la entidad (que es la responsable de su seguridad) y abarcar la totalidad de sistemas de información que dan soporte a la actividad de la entidad. Además:

• Debe ser revisada y actualizada periódicamente.
• Debe ser accesible (publicada y dada a conocer) a todo el personal con acceso a los sistemas de información de la entidad.

Muy interesante resulta la lectura de las páginas 19 y siguientes sobre el comité de seguridad de la información, que se constituye como un órgano colegiado de la gobernanza, algunos de cuyos miembros ostentan roles especializados dentro de la organización de la seguridad. Es la máxima autoridad en la organización respecto a las decisiones de seguridad que afecten a los sistemas que manejan información o prestan algún servicio. Su estructura, composición y normas básicas de funcionamiento deben constar en esa planificación y estará integrado por vocales de las áreas de la entidad que sean relevantes para la finalidad del comité, tales como la persona designada como delegado de protección de datos o del departamento jurídico o de recursos humanos, entre otras.

Es un tópico afirmar que la Administración Pública española se encuentra en un momento crítico de transición. Aunque España destaca en los índices europeos de servicios digitales, el paso de una «Administración Electrónica» (volcar el papel a la web) a una «Administración Digital» (basada en datos e IA) presenta desafíos estructurales profundos.

El primer desafío se refiere al capital humano y al cambio cultural. Sin duda, el obstáculo más difícil de superar no es la tecnología, sino la mentalidad organizacional. Existe una inercia burocrática en estructuras jerárquicas que dificulta la adopción de metodologías ágiles. Asimismo, hay una necesidad urgente de reciclaje del personal funcionario para manejar herramientas de análisis de datos, IA y ciberseguridad, todo en el marco de teletrabajo sin perder la cohesión de los equipos ni la calidad del servicio presencial.

También corremos el riesgo de «deshumanizar» las organizaciones y donde el trámite online puede ser tan complejo que se convierta en una nueva forma de exclusión. Por otra parte, la incorporación de algoritmos para decidir sobre muchos aspectos abre debates sobre transparencia y ética. Los sistemas de decisión asistida deben ser explicables y auditables para evitar sesgos.

No sobra quien piensa que la rapidez del avance tecnológico choca con normas y procedimientos que son lentos y rígidas. En la sociedad de las expectativas de APP y del modelo Amazón, donde los directivos públicos difícilmente innovan, por muy diversas razones.

Pues bien, junto con el magistrado José Ramón Chaves coordinaremos en la Universidad de Salamanca, una jornada gratuita que hemos titulado Urgencia y realidad de la transformación digital en la Administración. Merced al patrocinio de Universitas XXI, presentamos un programa para escuchar a tres especialistas de primer orden. También es una magnífica ocasión para reencontrar a los colegas y amigos que hemos venido haciendo durante los últimos años. Inscríbete.

Xavier Marcet

Comenzaremos con la ponencia del conocido consultor Xavier Marcet que presentará el nuevo equilibrio social entre personas y tecnología. Xavier es, hoy por hoy, el gran experto nacional en estrategia e innovación. En este reciente video da repuesta a las principales cuestiones actuales de las organizaciones.

Hace 25 años que le sigo, desde el seminario de planificación estratégica que codirigía con nuestro admirado Francesc Solé Parellada en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se formaron tantos directivos universitarios. Entonces integraba el gabinete que impulsó allí muchas reformas y puso esa institución, entonces, a la cabeza de la gestión de la educación superior. Por eso hace, ahora que vuela alto, no olvida a la Academia y realiza el generoso esfuerzo de dedicarnos una mañana de su apretada agenda.

Además de su cuidada página web y sus podcasts, Xavier, contribuye quincenalmente a crear opinión en el suplemento económico de La Vanguardia (Dinero) y es seguido por millares de lectores también en Linkedín, pues presenta las cosas de manera sencilla: los retos tecnológicos de la Administración y las empresas no son principalmente una cuestión de «chips» o software, sino de mirada y cultura. La tecnología se puede comprar, pero la capacidad de observar y entender las necesidades reales de los ciudadanos (o clientes) es radicalmente humana. Innovar no es copiar, es pensar, suele afirmar. Para él, innovar en la administración es difícil porque si las organizaciones no se preparan para ello, nuestra propia inercia burocrática acaba por «asfixiar» cualquier propuesta innovadora, propiciando la burocracia defensiva. El correo, las reuniones y la operativa diaria ocupan todo el espacio mental de los directivos públicos, impidiéndoles dedicar tiempo a construir el futuro. Es importante para los directivos elevarse de vez en cuando y escuchar este tipo de reflexiones.

Por cierto, presenta (ver en directo) este miércoles 13 de mayo en la sede madrileña de la Fundación Telefónica su última obra, “100 aforismos sobre liderazgo y management humanista”. Se trata de un centenar de ideas breves para liderar en contextos de alta complejidad, en un momento en el que la tecnología —y especialmente la inteligencia artificial— está transformando la forma de trabajar, decidir y dirigir organizaciones.

Como fiel seguidor suyo, recuerdo que tiene una visión clara respecto a la IA y el rol humano: estamos en una fase de gestión donde las personas deben aprender a trabajar con la asistencia de la IA, pero recordando que carece de contexto y empatía, elementos que son fundamentales para la innovación y el servicio público.

Además, suele enfatizar que no basta con que la Administración ponga cursos de formación a disposición de los funcionarios porque la decisión de aprender y adaptarse a las nuevas formas de trabajo es una decisión personal. El reto es fomentar esa curiosidad interna en el personal público. Será una buena ocasión para recordarlo.

Por último, Marcet critica la aversión al riesgo extrema de las administraciones. Afirma que «el gran riesgo es no innovar», ya que esto condena a la irrelevancia y a un servicio deficiente en el futuro. Propone que se debe permitir el fracaso en proyectos pequeños y controlados para poder aprender, algo que la estructura administrativa española tradicionalmente castiga con severidad.

En su opinión, el reto de la administración española es pasar de una gestión de la inercia a una gestión de la pasión y la curiosidad, donde la tecnología sea un medio y no el fin último.

Moises Barrio

Tras la primera ponencia, vendrá el Letrado del Consejo de Estado, Moises Barrio Andrés que hablará sobre la reconversión en áreas críticas. “Del procedimiento a la Función pública”. Moises es uno de los grandes expertos nacionales en regulación digital. Es co-director Revista Derecho digital e innovación, una publicación trimestral centrada en el análisis, el estudio y la reflexión sobre los temas más actuales de la relación entre el Derecho y la tecnología, con un carácter transversal, global y especializado.

De sus trabajos destaco El cumplimiento basado en el riesgo o «risk-based compliance» que supone una pieza cardinal del nuevo Derecho digital europeo. Aquí podéis verlo en la reciente presentación del libro Derecho de los robots:

En su biografía destaco que, en 1992, a sus 11 años, comenzó a programar y vender software para empresas, asociaciones, bibliotecas y fundaciones. Fundó IDESOFT, empresa fabricante de software y desarrolladora de soluciones informáticas para empresas, pymes y autónomos, que fue pionera en la venta de programas informáticos por Internet. Estamos ante una mente privilegiada que nos dedicará una cuidada ponencia y anticipo que podremos tener un coloquio interesante.

Entre las últimas tribunas de prensa destaco “Por qué prohibir la IA no es una opción en la universidad” donde anima a las universidades a fijar reglas claras sobre el uso de la IA para evitar fraudes académicos, planteando el desafío de compatibilizar la originalidad de los trabajos con una formación real en competencias digitales.

Asimismo, en el último número del Boletín del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha publicado el artículo “El establecimiento de reglas jurídicas globales para la inteligencia artificial: el papel real del Derecho digital europeo”, donde destaca la complejidad de positivizar un estándar jurídico único global en la materia, identificando los factores relevantes de la interacción de la regulación europea con otros marcos regulatorios y la creciente coordinación internacional.

Para Barrio, el reto no es simplemente «digitalizar» lo analógico, sino transitar hacia un Estado Algorítmico de Derecho donde se mantengan todas las garantías constitucionales. Una Administración que utiliza algoritmos e Inteligencia Artificial para tomar decisiones tiene el reto de evitar que la tecnología se convierta en una «caja negra». El Derecho debe garantizar que cualquier decisión automatizada sea explicable y auditable. Sostiene que el uso de IA no puede eximir a la Administración del cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.

Respecto al procedimiento administrativo actual debe evolucionar para dejar de ser una barrera y convertirse en un facilitador. Al igual que Marcet, defiende una Administración proactiva, que utilice los datos que ya posee del ciudadano para ofrecerle servicios antes de que los solicite (principio de once only o «solo una vez»).

Aboga por la Automatización inteligente: no se trata de eliminar al funcionario, sino de automatizar las tareas mecánicas para que la función pública aporte valor en las decisiones complejas. Sin embargo, advierte que la decisión final debe tener siempre una reserva de humanidad (supervisión humana) y una Neutralidad tecnológica: debe ser capaz de adoptar nuevas tecnologías sin quedar «atrapada» por proveedores específicos. Respecto a los desafíos de la Función Pública, sus planteamientos se centran en la necesidad de un «derecho de la innovación» que proteja al funcionario que intenta mejorar procesos, reduciendo el miedo al error administrativo frente a la rigidez normativa. Asimismo, deben convertirse en garantes de la ética en el uso de los datos, actuando como el último filtro frente a posibles errores de los sistemas automatizados.

Despierta nuestro interés escuchar sus reflexiones sobre el acceso a la futura función pública, los conocimientos exigibles, y otros muchos retos inminentes. 

Conchi Campos

Cerrará el acto Concepción Campos Acuña, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTyBG) acompañada del Rector y catedrático de Inteligencia Artificial, Juan Manuel Corchado. Si estáis leyendo esto es que sois iniciados en la materia de este blog y por tanto sabéis que Conchi es incansable. Doctora en derecho, Habilitada nacional, ha pertenecido a distintos Consejos editoriales (En Compliance Sector público era mi directora) donde impulsó multitud de publicaciones en revistas, tratados o manuales, así como la dirección de obras colectivas. La foto de la torre hecha con sus libros es una muestra representativa de su autoexigente carácter y su ejemplar liderazgo.

Por eso, todos celebramos el mes pasado su nombramiento al frente del CTyBG, donde le esperan muchos días de gloria en una materia que conoce como pocos y sostiene una visión crítica pero propositiva sobre la transformación digital. Su enfoque principal, como los ponentes que le acompañaran en Salamanca, es que la tecnología no es el fin, sino una herramienta al servicio de las personas. Para ella, el error de la transformación actual sería dejar a los gestores de Recursos Humanos fuera de las decisiones estratégicas. Sostiene que no hay transformación digital sin gestión del cambio humano. 

Diferencia claramente los conceptos de «Administración Electrónica» y de «Transformación Digital» pues considera que nos hemos quedado en un «maquillaje» digital o en el mero volcado de procedimientos al formato electrónico sin cambiar las estructuras. Hace 10 años ya avisaba comentando las leyes 39 y 40. Critica que, a pesar de la tecnología, realizar gestiones con la administración es cada día más complejo. Aboga por una simplificación regulatoria y burocrática auténtica, aplicando el principio de «una sola vez» (que el ciudadano no aporte datos que la Administración ya tiene). Además, defiende que la digitalización debe ir acompañada de un lenguaje comprensible que facilite la vida a la ciudadanía en lugar de complicarla.

Campos ve en la IA un motor para pasar de una administración reactiva a una proactiva. Precisamente, en el libro que dirigió en 2025 “Kit básico para la implantación de la Inteligencia Artificial en el Sector Público” el capítulo primero es realizado por Moises Barrio

La IA debería permitir que la administración se anticipe a las necesidades del ciudadano (como hace el sector privado) destacando el potencial de los algoritmos para la detección temprana de corrupción (en contratos o subvenciones) y para liberar a los empleados públicos de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en servicios de mayor valor.

Como experta en Administración local (codirige la red Localis) señala que la digitalización es todavía una tarea pendiente en muchos municipios. Advierte que el factor humano es especialmente valioso en el ámbito local por la proximidad y que la tecnología nunca debe sustituir la garantía de la interlocución personal cuando el ciudadano la necesite. En resumen, su postura se resume en una frase propia: «Se trata de una auténtica transformación digital, pero al servicio de las personas«.

Os dejo el video donde borda su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Funcion Pública del Congreso de los Diputados:

Nos vemos en Salamanca durante la mañana del dia 19 de junio, para tratar todos estos temas. Somos muy afortunados y los ponentes extraordinariamente sensibles a los cientos de funcionarios que estarán escuchándolos.

Las funciones de los habilitados nacionales nunca han sido tarea sencilla. En 2008 nos hacíamos eco en este blog de la sentencia que defendía la labor de una interventora interina quien, cumpliendo con su obligación, reparaba las facturas de una corporación del País Vasco que sufragaba con regularidad unos gastos (sin crédito, además) de viajes realizados por familiares y amigos de presos de la localidad, para visitar a éstos y la compra de un ordenador para otro que se encontraba preso en Francia, así como el coste de los autobuses para asistir a los juicios que se iban a celebrar en la Audiencia Nacional de Madrid. 

Cada vez más, vemos en la prensa acosos y persecuciones de autoridades hacia los funcionarios que las ejercen esa delicada misión. Estos días, la más conocida es la relativa a la Corporación de Ourense, donde el Tribunal Supremo está pendiente de resolver los recursos presentados contra la sentencia que condena al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por acosar al interventor municipal al que cesó de sus funciones y lo reubicó en un puesto para resolver multas de tráfico. Hay bastantes más y para ellos queremos tener hoy un reconocimiento. Muchos habilitados nacionales sobreviven y se ganan el respeto a largo plazo aplicando una mezcla de psicología, rigor jurídico y cierta distancia, casi diplomática. Como recordaba hace unos años, la Interventora autonómica Teresa Moreo, “No todo el mundo vale para este trabajo”, y la prueba son los cientos de vacantes existentes.

Si un habilitado no está al día, su «autoridad» se desmorona y los riesgos de su responsabilidad profesional aumentan. Necesita una formación tan sólida que le permita confiar en su propio criterio cuando todo el entorno manifiesta intereses dispares. Además, a diferencia de otros funcionarios especializados, el habilitado nacional tiene que ser un humanista técnico con formación en «habilidades blandas». Todo un reto.

COSITAL 14-16 de mayo en Valladolid

Los próximos días 14, 15 y 16 de mayo el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) celebra en Valladolid su Congreso 2026, bajo el lema “Habilitación Nacional, Cohesión Territorial y Servicio Público”, que abordará cuestiones de máximo interés que afectan no solo al desempeño de las funciones reservadas a estos funcionarios con habilitación nacional, sino también a otras que son responsabilidad de otros profesionales vinculados al ámbito local.

Será una ocasión para reflexionar, compartir experiencias y analizar los retos presentes y futuros de la habilitación nacional en un contexto de transformación institucional, económica y tecnológica. El nuevo marco de los fondos de cohesión, el ámbito de la dirección pública local, la integridad de la gestión pública o la necesaria planificación frente a las emergencias de todo tipo, serán algunos de los temas de sus mesas y talleres.

Con todos estos elementos, estamos ante una combinación equilibrada de trabajo y descanso, que concilia la vida profesional con la personal y consigue incrementar la formación y compromiso profesional, al tiempo que estrecha los lazos de compañerismo que caracterizan a ese esforzado colectivo .

Próxima parada: 12 de junio en Palencia

El próximo 12 de junio tendrá lugar la Jornada “El Control Interno Local a debate: Claves prácticas del Real Decreto 424/2017” que organiza la Diputación de Palencia, con la participación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y miembros del Comité director del Congreso de Control Interno Local (CCIL), que tan magníficas y cuidadas convocatorias viene organizando (muchas horas de trabajo para su planificación, os lo aseguro) y de las que hemos dejado reseña en nuestra página: Badajoz´19, Huesca’21, Palencia’23 y Córdoba’25). Intuyo la reunión servirá para avanzar en la posible candidatura y el programa definitivo del 2027.

Por lo tanto, el programa palentino del 12J integrará a algunos de los principales especialistas nacionales que (insisto) generosamente prestan un gran servicio a sus compañeros con el importante respaldo de la IGAE. Se celebrará en el Centro Cultural Provincial de Palencia y este es el Formulario de inscripción gratuita.

Estos días la prensa regional enfrenta un interesante debate jurídico sobre las menciones nominales de los funcionarios en los dictámenes de las comisiones de investigación parlamentaria. En concreto, tras el desgraciado accidente minero (murieron cinco personas) en el suroccidente asturiano (Cerredo) ocurrido el año pasado, se constituyó una Comisión de investigación que, tras un delicado y rápido pero profundo trabajo de sus miembros parece haber llegado a un borrador final donde reprueba a quienes fueron miembros del Gobierno, (la Consejera de Industria dimitió dos semanas después del accidente) pero también señala a empleados y directivos públicos así como sociedades mercantiles.

Ese trabajo me reconcilia con las Comisiones de investigación que se estaban convirtiendo en un circo. La he seguido desde el principio en directo o diferido. Aquí pueden verse las comparecencias en la página de la Junta General, también aquí en youtube. Destaca por su exquisito comportamiento, nada inquisitorial, rayando en la elegancia y, en algún momento inicial, noté hasta cierto compañerismo entre sus componentes, algo que creía extinguido en política tanto entre las fuerzas rivales como propias. 

La situación ha cambiado al trascender la noticia de ese primer borrador de las conclusiones que destacan la descoordinación, mala gestión de las denuncias y las inspecciones, por no hablar de dar soporte jurídico a la extracción a través de proyectos de investigación complementaria (PIC).

Recordemos el contexto. 

Se trata de un accidente desgraciado en una explotación de carbón (que venía precedido de otro, 3 años antes) donde concurren algunos factores como el cierre incentivado de minas, en un mercado donde el carbón ya venía al alza por la recuperación económica tras la pandemia. Sin embargo, con la invasión de Ucrania, los precios del carbón entraron en una fase de volatilidad extrema, alcanzando un máximo histórico de 450$ por tonelada métrica cuando cotizaba por debajo de los 100$ en 2021. Una confluencia de circunstancias que hizo a muchos mirar para otro lado cuando unas minas teóricamente cerradas empezaron a tener actividad con subterfugios legales. Actividad económica en la montaña asturleonesa, camiones cargados de mineral … Todo el mundo parecía saberlo, dicen los titulares. Incluso los responsables municipales están ahora en el alero porque nadie se cree estuvieran en la inopia. Los únicos que cumplieron su obligación fueron los Agentes de medio natural notificando lo que veían sin ningún efecto. 

Informe de la Inspección de Servicios

Tras el desdichado accidente (y la rápida constitución de la Comisión Parlamentaria) el presidente del Gobierno Asturiano, Adrián Barbón, encargó un informe a la Inspección General de Servicios del Principado. El resultado: un extenso y duro documento (317 páginas) del que se ha hecho eco la prensa (en provincias no hay secretos) con gran ruido mediático pues concluye una falta de diligencia del Servicio de Minas de la Consejería de Industria en la gestión del Grupo Cerredo, sintetizado en los siguientes puntos clave que definen el colapso administrativo detectado:

1. Inactividad grave ante indicios de actividad ilegal. El hallazgo crítico fue la «inactividad especialmente grave» tras recibir, en diciembre de 2023, un contrato entre empresas concesionarias. La extracción de carbón es una actividad terminantemente prohibida allí en ese momento por estar acogida a planes de cierre y restauración pública. El Servicio de Minas recepcionó el contrato sin oponerse ni realizar inspecciones de control durante los diez meses siguientes.
2. La Administración autorizó las transmisiones de las concesiones de forma «insuficiente e inadecuada» sin realizar una actividad instructora para acreditar la capacidad técnica y económica de las adquirentes, permitiendo cambios de titularidad a favor de empresas de reciente creación o con expedientes sancionadores propuestos que permitieron las transmisiones sin que las empresas presentaran proyectos concretos de explotación o investigación, basándose en memorias genéricas.
3. Deficiencias críticas en la labor inspectora. El informe destaca fallos de supervisión que impidieron detectar actividades clandestinas y mala gestión de denuncias pues vulneraba la confidencialidad de los denunciantes que permitía a las mineras alterar los hechos antes de la llegada de los ingenieros que debían inspeccionarla.
4. Dilaciones injustificadas en expedientes sancionadores. Así, una demora notable en la tramitación de sanciones tras el primer accidente de 2022 (14 meses desde la propuesta de sanción hasta el acuerdo de inicio) y en el caso de la actividad extractiva sin autorización, la dilación fue de más de 9 meses.
5. Uso irregular de Proyectos de Investigación (PIC) para autorizar la extracción de 60.000 toneladas de carbón bajo la apariencia de «pruebas industriales». Esto permitió a las empresas operar sin exigirles planes de restauración ni evaluaciones ambientales preceptivas, y sin consultar al Instituto para la Transición Justa sobre la legalidad de extraer carbón en zonas que estaban recibiendo ayudas públicas para su cierre.

El informe concluye que hubo una nula coordinación entre los servicios de montes y medio ambiente, lo que provocó que actas de los agentes rurales sobre actividad sospechosa no tuvieran efecto alguno. 

Cabe recordar que el PRTR financió con 150 millones de la UE a los gobiernos autonómicos de Asturias, Castilla y León y Aragón para renaturalizar las minas que se daban por abandonadas. El informe de la Inspección General de Servicios apunta a «una suerte de fraude de ley» que habría posibilitado que con fondos públicos se ejecuten las rehabilitaciones de espacios con derechos mineros comprados por empresas vinculadas asumiendo ellas la obligación de costear las reparaciones. Por otra parte en la comisión de Investigación algunos comparecientes reiteraron ese temor a que la UE considere que se autorizó una extracción de carbón que colisione con las ayudas provocando su devolución.

Límites de las conclusiones de la Comisión

Este informe de la Inspección se configura como una verdadera prueba preconstituida para la Comisión de Investigación y apuntala sus inminentes conclusiones. De esto se debería hablar y no de nominalismo. En mi opinión, la comisión de investigación no está calificando responsabilidad criminal alguna, sólo describe hechos y omisiones bajo el epígrafe de Responsabilidades personales determinadas. Esa es la misión para la que fue constituida.

El grado de diligencia exigible a cualquier responsable público es superior al propio de un particular. Incluso en el Estatuto Funcionarial, no sólo en el directivo. En mi opinión, acreditar la falta de esa diligencia en una comisión parlamentaria de investigación es menos rigurosa que en vía administrativa o jurisdiccional, que requieren una prueba exigente y reglada para quebrar la presunción de inocencia. Por supuesto no pueden calificar penalmente unos hechos, pero si describirlos indicando sus protagonistas, funcionarios o cargos políticos para pedir una censura política. Además, los hechos mencionados no vinculan a los tribunales ni condicionan las investigaciones judiciales. Ni siquiera suponen eso que llamamos indicio. El juez debe empezar de cero.

Como recuerda Ricardo Rivero en un conocido trabajo doctrinal, si un funcionario no toma medidas ante los riesgos o problemas está, en sí mismo, incurriendo una rebaja de diligencia. Entiendo que su constatación en un juicio (o en una auditoría) requiere una prueba (una evidencia) muy reglada que no ocurre en las Comisiones de Investigación, donde puede usarse el sentido común o las comparecencias y aportando una valoración para la ciudadanía más cercana en el tiempo a diferencia de la justicia penal (pensemos en el caso kitchen que ahora se juzga en la Audiencia Nacional procedente de 2013) y hacerlo en lenguaje entendible por el vecino. 

Un inciso: mención nominal desde los OCEx

Recordemos que los Órganos de Control Externo (OCEx) son instituciones auxiliares de los Parlamentos, donde acaban sus informes para ser estudiados y debatidos por los grupos políticos. En el mundo de la auditoría pública, la mención nominal a terceros fue analizado en 2013 por la auditora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Elena Herrero González, entonces compañera en la Sindicatura de cuentas asturiana, en un pionero artículo. En los informes de fiscalización aportan la referencia explícita a personas físicas, jurídicas, departamentos, corporaciones o individuos concretos que participan en la gestión fiscalizada y suponen un verdadero quebradero de cabeza, siempre fuente de problemas. Es verdad que su uso es excepcionalísimo y se debe evitar la mención nominativa cuando la deficiencia o irregularidad pueda ser entendida sin necesidad de personalizar, señalando sólo el cargo o puesto de trabajo.

Mención en los dictámenes de las Comisiones de Investigación

El problema en las conclusiones de las Comisiones Parlamentarias de Investigación surge con la mención de los funcionarios. Así, hay que mencionar la Sentencia del Tribunal Constitucional 77/2023, que amparó a la funcionaria Argentina Cuendias (mencionada en la Sentencia) que impugnaba las conclusiones aprobadas por el Pleno del Parlamento asturiano, procedentes de la Comisión de Investigación creada tras el Informe de fiscalización sobre la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, ejercicios 2006-2013.

Pues bien, el TC entiende que aquellas conclusiones de la Junta General del Principado de Asturias:

“no se limitan a «describir un estado de sospecha» o posible relación entre estos hechos y la demandante de amparo, sino que de manera directa y taxativa afirman que «no solo no impidió la comisión de irregularidades, sino que, en algunos casos, las consintió, pese a ser áreas de su estricta competencia, con una participación decisiva en ellas». Tal afirmación constituye toda una declaración de culpabilidad, que recae sobre una persona individualizada con nombre y apellidos y que ha sido efectuada por el órgano dotado de máxima autoridad dentro del Principado de Asturias, su Junta General”.

En fin, se trata de un juego de redacción. Trasciende hoy que al entonces Secretario General Técnico se le atribuye, en el borrador de conclusiones de la actual Comisión Cerredo, el siguiente párrafo: “Su conducta profesional ha contribuido a crear un marco de pseudolegalidad que facilitó la autorización de actividades mineras sin la cobertura normativa requerida”. Además, el jefe de la sección “no detecta ni señala la presencia de actividad extractiva clandestina en el Piso 3°, pese a que los indicios físicos en el exterior (tipo de madera, compresores, herramientas específicas) eran perceptibles”. Y Al jefe del servicio se le achaca“La omisión de dirección efectiva y planificación de la inspección determina su responsabilidad como supervisor”.

Teniendo en cuenta que son Empleados Públicos ¿Supone ese texto atribuir una conducta delictiva o sancionadora contraviniendo la citada doctrina constitucional? Y de poder hacerlo, tras las correspondientes alegaciones ¿Cabe identificación nominativa? Pensemos que una interpretación extrema de estos requisitos haría inoperante, en la práctica, las Comisiones Parlamentarias de Investigación y acabaríamos como aquel video de Cruz y Raya que titula esta entrada: “Alguien hizo algo a alguien“. Perdón por el tono jocoso en un tema tan doloroso, pero representa muy bien de dónde venimos, hace ya algunas décadas.

El 13 de marzo pasado se celebró una audiencia solemne en el Tribunal de Cuentas de Francia para proceder a la toma de posesión (¡Installation!) de Amélie de Montchalin como Primera Presidenta de la institución. Nótese en matiz del ordinal. La institución es originaria de la Edad Media (como nuestra Cámara de Comptos) y en su versión actual fue fundada por Napoleón (España ya llevaba siglos, recuérdese la cárcel de Cervantes). Ahora el sistema de reclutamiento de los dirigentes de la Cour des Comptes francesa es una mezcla de meritocracia extrema, tradición académica y un toque de política.

El cargo de Primer Presidente es especial: Es un nombramiento directo del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente de la República y aunque es un cargo con trasfondo político, se busca a figuras que tengan un perfil técnico impecable para no manchar la imagen de independencia del Tribunal. Sucede a Pierre Moscovici, una de las voces más críticas sobre la situación financiera de Francia. Sin embargo, la polémica por su nombramiento era inevitable.

Diputada desde 2017 fue nombrada Ministra de Transformación y Función Pública hasta 2022 y desde 2024 era Ministra del presupuesto y cuentas públicas. De cuentadante a cuentatomante. Las acusaciones de puerta giratoria no tardaron.

Así no participará en los debates de su institución sobre el presupuesto de los ejercicio 2025 y 2026, que elaboró. Después de la reunión del Consejo de deontología, la conferencia de presidentes (…) definió reglas muy concretas de los informes para los que presidiré las deliberaciones, y los informes para los que no los presidiré ”, dijo la Sra. de Montchalin en una conferencia de prensa en París.

Imaginaos la escena: alfombras rojas, señores con togas negras y armiño que parecen salidos de una peli de Harry Potter, y un silencio sepulcral. En presencia del Presidente de la República, miembros del Gobierno y del Parlamento, representantes de las altas autoridades constitucionales, civiles y militares, representantes de instituciones superiores de control extranjeras y de los miembros actuales y honorarios del Tribunal de Cuentas. En esto, llega Amélie de Montchalin.

Amélie no es una funcionaria gris de las que sueñan con códigos ni hojas de Excel; es una política de raza que ha pasado por ministerios de peso. Joven en relación a sus colegas, destacó la importancia histórica de su nombramiento y rindió homenaje a las mujeres que abrieron camino en la institución hacia la paridad de género. Hubo un homenaje especial a las «pioneras» que la precedieron, desde Gabrielle Grémillet, la primera mujer en entrar a la institución en 1915 como mecanógrafa, hasta las primeras magistradas y presidentas de sala, subrayando que su nombramiento hace que el Tribunal sea ahora paritario en sus presidencias.

Por eso Amélie empieza su discurso dejando claro que sabe dónde se mete. El Tribunal de Cuentas francés no es solo un lugar donde visan facturas; es el «ojo que todo lo ve» del gasto público. Su tono en el discurso no me parece de «vengo a aprender», sino de «vengo a que esto funcione como un reloj suizo».

Hubo, por supuesto, las flores de rigor para su antecesor. Básicamente, les dijo: «Gracias por dejarme la silla caliente, Pierre. Has hecho un buen trabajo sacando el Tribunal a la calle y que la gente entienda qué hacemos, pero ahora me toca a mí darle una vuelta de tuerca».

Si algo repitió Amélie (como quien repite un estribillo de Édith Piaf) es la palabra Independencia. En Francia, el Tribunal de Cuentas es sagrado. Por eso prometió que, aunque venga del Gobierno de Macron, nadie le va a decir qué escribir en sus informes, vino a decir (en lenguaje diplomático, claro.

Para intentar calmar las aguas y blindar la legitimidad de su mandato, tomó una decisión estratégica de encargar a una figura muy respetada como Didier Migaud (quien presidió la institución entre 2010 y 2020) para que lidere una misión para reforzar el marco ético y de independencia de la Cour. Migaud debe proponer un nuevo código o conjunto de reglas que definan cómo deben gestionarse los nombramientos, la conducción de los trabajos y, sobre todo, cómo garantizar que la institución se mantenga a una «distancia igual» del poder ejecutivo y legislativo. Se espera que Migaud presente sus recomendaciones y este nuevo marco de conducta hacia junio de 2026

Uno de los puntos más interesantes fue su obsesión por la agilidad. Amélie sabe que un informe sobre por qué se gastó de más en un puente en 2018 no sirve de nada en 2026. Quiere resultados rápidos. «Menos tochos de 500 páginas que nadie lee y más informes que le saquen los colores al político de turno mientras aún está en el cargo».

Además mantuvo la línea de abrir el Tribunal al pueblo. Quiere que el Jean Dupont de turno pueda proponer temas de auditoría. «Si a los franceses les escama en qué se gasta el dinero de sus impuestos, que nos lo digan». 

Aunque el tono parece solemne, el mensaje de fondo fue un aviso a navegantes (ministerios y ayuntamientos): la fiesta del gasto alegre se ha terminado. Con la deuda pública francesa por las nubes, ella se presentó como la Guardiana del Tesoro. Su misión no es ver pasar el dinero, sino evaluar si ese dinero realmente sirve para que los trenes lleguen a tiempo o los hospitales funcionen.

Cerró el discurso con una mezcla de humildad (la justa) y autoridad. Me encanta ese orgullo nacional tan francés. Se comprometió a ser la voz de la verdad en un mar de deudas. En resumen: Amélie se ha puesto la toga para demostrar que se puede ser moderna, rápida y, a la vez, el terror de quien intente colar un gasto innecesario.

Si pensabas que el Tribunal de Cuentas francés era un cementerio de elefantes, Amélie de Montchalin ha llegado con un desfibrilador y muchas ganas de dar guerra (administrativa).

La mayoría de los magistrados del Tribunal provienen del Instituto Nacional del Servicio Público (INSP, antigua ENA), que es la escuela de élite de la administración francesa. Sólo acceden los estudiantes con las mejores notas de su promoción (los llamados bottes) y de sus graduados, los mejores entre los mejores consiguen una plaza en el Tribunal de Cuentas. Entran con el grado de Auditor de segunda clase.

Como no todo es pasar exámenes a los 25 años, el Tribunal también busca «sangre fresca» con experiencia en en la gestión del mundo real. Funcionarios de alto nivel de otros ministerios pueden ser nombrados para puestos de consejero y también ser recluta a personas con trayectorias brillantes en finanzas, economía o gestión pública para que aporten una visión más práctica.

Una vez dentro, hay una jerarquía muy marcada que parece sacada de un juego de rol: los recién llegados (los que hacen el trabajo duro), el nivel intermedio (ya con peso en las decisiones) y los magistrados, la élite, quienes firman los grandes informes y deciden si al Gobierno se le cae el pelo o no. El Tribunal se divide en 7 salas principales, y cada una tiene su propio equipo de magistrados especializados en temas distintos (defensa, educación, sanidad, etc.) inamovibles hasta la jubilación.

Hace unos días, participé en: la III Jornada sobre Derecho Digital que se organizaba en el salón de actos del despacho Ramón y Cajal Abogados, en Madrid con vanguardistas ponencias sobre Inteligencia Artificial -un apartado imprescindible en cualquier simposium- se exploró el impacto jurídico de la robótica, la biometría y los neuroderechos. Se trataba de abordar aspectos como la protección de datos neuronales, la privacidad mental y los sesgos algorítmicos. En definitiva, la «identidad personal» y el libre albedrío frente a la manipulación derivada de neurotecnologías avanzadas.

Las discusiones a menudo vinculan la neurociencia moderna (no te pierdas este programa en Salamanca en dos semanas), cuyo padre es nuestro Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, con la necesidad actual de proteger el «santuario mental» en la era digital. La firma buscaba anticipar la regulación jurídica necesaria ante la creciente capacidad de las neurotecnologías para descifrar y modificar el funcionamiento cerebral. Serán de gran ayuda pero conllevan algún riesgo.

La GAO norteamericana interesada por los Neuroderechos

Hoy mismo, la GAO estadounidense (Government Accountability Office) ha hecho público su segundo informe periódico sobre tendencias científicas y tecnológicas, que analiza 3 tecnologías emergentes con potencial transformador que pueden necesitar atención del Congreso de los EEUU durante los próximos 10 años. Recordemos que la GAO inicialmente Oficina General de Contabilidad cambió su nombre (¡desde accounting hasta Accountability!) hace un par de décadas, añadiendo entre sus tareas el análisis de políticas públicas, en muchísimas de sus vertientes. Aquí en 2008 la lucha contra el terrorismo.

¿Cuáles son esas tres tendencias tecnológicas que debemos ponderar?

A juicio de la GAO los legisladores y autoridades deben seguir con cuidado los implantes neuronales, los robots de uso general y las tecnologías para eliminar la «chatarra espacial».

Los implantes neuronales para el aumento humano podrían permitir la comunicación directa entre cerebros, el aprendizaje acelerado o el control manos libres de las computadoras, que sin embargo comprometería la privacidad y la seguridad del usuario. Aquí llegamos a los neuroderechos. Debido a estos avances, en 2026 la regulación es el gran tema de debate. La UNESCO y países como Chile han liderado la creación de leyes de «Neuro-derechos» para evitar que las empresas puedan:

• Comerciar con tus datos neuronales sin consentimiento explícito.
• Influir en tu subconsciente para manipular decisiones de compra.
• Discriminar a empleados basados en sus perfiles cognitivos.

En el futuro, el concepto de intimidad personal dejará de existir y nuestra conciencia será un libro abierto para la inteligencia artificial que tendrá acceso directo a nuestra actividad cerebral. Importantes y dignas de mención las aportaciones pioneras de Rafael Yuste.

Casualmente, la segunda tendencia emergente señalada desde la GAO son los robots de uso general, que podrían alterar la vida diaria, con efectos sociales y ambientales potencialmente significativos. Por último señala las tecnologías para eliminar la «chatarra espacial» podrían reducir el peligro que representan más de 1 millón de escombros para la infraestructura vital en órbita, pero las ambigüedades legales podrían interponerse en el camino. 

Respecto a los Implantes neuronales para el aumento humano, actualmente, solo están disponibles para personas con ciertas necesidades médicas. Los implantes futuros podrían permitir la comunicación directa entre el cerebro, el control manos libres de las computadoras o la rápida adquisición de nuevas habilidades y capacidades. Su disponibilidad general podría comprometer la privacidad y seguridad de los usuarios, dependiendo de quién pueda acceder a los datos de dichos implantes. 

Recuerdan los auditores de la GAO que, “diferenciar entre usos médicos y aumentativos implica juicios de valor subjetivos y cuestiones éticas”. Los responsables políticos podrían considerar una variedad de opciones, incluida la propuesta de estándares para el desarrollo ético y el uso de implantes neuronales, explorando formas de garantizar que se aborden los problemas de privacidad y seguridad. La otra tendencia seleccionada este año es la robótica de propósito general que representa un cambio fundamental de la automatización específica de tareas a máquinas flexibles y adaptables capaces de realizar una amplia gama de tareas y potencialmente aprender nuevas tareas.

¿Qué buscaba la GAO con este estudio?

Su objetivo es proporcionar al Congreso una previsión en el desarrollo de tecnologías que podrían tener un impacto significativo en los ciudadanos estadounidenses. Para ello describió los desarrollos de estas tecnologías y cómo pueden verse afectados los responsables políticos desde los cinco dominios del marco STEER: impactos sociales, impulsores tecnológicos, impactos ambientales, impulsores económicos y el panorama regulatorio.

Para llevar a cabo este trabajo, los auditores de la GAO efectuaron una revisión de la literatura científica de revistas académicas y principales artículos, realizando entrevistas semiestructuradas con once expertos de las tres tecnologías: «La GAO no presenta recomendaciones, pero ha señalado diversos aspectos políticos que el Congreso y otras partes deben ponderar mientras estas tecnologías continúan su desarrollo”.

Decodificación del Pensamiento

Debemos elogiar por tanto la iniciativa del despacho Ramón y Cajal seleccionando este año los temas de la III Jornada sobre Derecho Digital. Pues bien, durante mi intervención en el panel con Ricardo Rivero, José Ramón Chaves y Ana Caro, mencioné las Interfaces Cerebro-Computador (BCI), promovidos por la empresa Neuralink (de Elon Musk) y se centra en lo clínico (parálisis), si bien ya existen experimentos para usar estos chips en el control de videojuegos y entornos de realidad virtual, donde el «pensamiento» de movimiento se traduce en acciones digitales.

Aunque aún están en fase de experimentación avanzada, su potencial comercial es enorme. Investigadores han logrado usar Resonancia Magnética Funcional combinada con IA para reconstruir imágenes que una persona está viendo o imaginando. Marcas de lujo y estudios de diseño están interesados en esto para la «co-creación mental» de productos. Permiten, por ejemplo, jugar al ajedrez por ordenador solo con el pensamiento.

También mencioné Cognify, un concepto futurista de prisión basado en inteligencia artificial (IA), propuesto por el científico Hashem Al-Ghaili, diseñado para rehabilitar delincuentes en minutos mediante la implantación de recuerdos artificiales. Busca generar empatía y remordimiento al hacer que los reclusos vivan sus crímenes desde la perspectiva de la víctima, reemplazando las penas de prisión largas por terapias de memoria sintética. Es el argumento de La naranja Mecánica, ya lo sé.

Los datos: la nueva riqueza

Lo que logra que estos productos sean un experimento comercial constante es el Big Data Neuronal. Las empresas no solo te venden un dispositivo, sino que recopilan millones de puntos de datos sobre cómo reacciona el cerebro humano promedio al cansancio, la publicidad o el estrés. Estos datos se venden (de forma anonimizada, se supone) a corporaciones para diseñar entornos de trabajo o aplicaciones más adictivas.

Se trata del Argocapitalismo, donde los datos el factor de producción esencial. En ese sentido es importante el Proyecto de Ley de Salud Digital de Cantabria que establece los principios que deben guiar esta transformación: la soberanía del dato, la seguridad, la transparencia algorítmica, la equidad digital y la orientación al valor en salud.

La Ley, aún en anteproyecto, redefinirá las reglas del futuro sanitario y, entre otros, regulará por primera vez, la protección de los neuroderechos de los ciudadanos y los neurodatos, que se quedaron fuera del amparo de la Ley de Protección de Datos y, por tanto, existe un vacío legal.

Además, introduce el concepto de infraestructura pública de datos sanitarios, define un registro autonómico de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, y articula un marco ético y de responsabilidad que sitúa a las personas —no a la tecnología— en el centro del sistema.

La inteligencia artificial está impulsando dos cambios superpuestos que están transformando las decisiones comerciales. En primer lugar, la IA conversacional está desplazando a los sitios web, alterando la búsqueda tradicional reduciendo el tráfico vía web. Por otra parte, los agentes de IA están empezando a actuar como compradores, tomando decisiones en nombre de los humanos. A medida que los algoritmos evalúan cada vez más opciones y realizan transacciones, el mercado debe adaptarse a un mundo en el que el cliente puede ser una máquina con su propia lógica de decisión, lo que exige a los líderes rediseñar el contenido, la infraestructura y la estrategia tanto para el público humano como para el algorítmico. Parece que en dos años será habitual decirle a tu agente IA: “Cómprame un billete a Barcelona para tal día por la mañana” o incluso de viva voz “cómprame un portátil que no pase de 1.500 euros … “.

El sector privado está corriendo para anticiparse a esta tendencia. Ayer mismo, el diario económico Expansión incluía un artículo sobre como Visa ha decidido prepararse para la nueva era de los pagos en Internet a través de su conocida tarjeta de crédito con un programa que arranca en Europa con el apoyo de una veintena de bancos emisores.

El consumidor podrá pedirle a su asistente digital que le recomiende un televisor para ver la copa del mundo este verano, ayudando a comparar características, precios y distintas opciones y cuando el cliente confirme autentificara el pago. El potencial es aún mayor en sectores de alto consumo pues se podrá utilizar estos agentes para comprar productos cuando su precio caiga por debajo de cierto umbral o adquirir determinadas entradas cuando estén disponibles.

¿Se acercará el sector público a esta tendencia? Difícil lo veo. 

Botón rojo

El último número de Harvard Business Review  incluye un artículo bajo el título “Los agentes de IA se comportan como malware. Cómo contener los riesgos” de Andrew Burt. En su opinión, los agentes de IA pueden aportar enormes beneficios, pero también pueden comportarse de forma muy similar al malware, actuando de manera autónoma y causando daños si no se controlan. A medida que las organizaciones se apresuran a implementarlos, deben asegurarse de que están controlando los riesgos. El autor menciona tres prácticas que revisten especial importancia. En primer lugar, involucrar desde el principio a los equipos jurídicos, de gobernanza y de seguridad para incorporar medidas de protección en cada agente. En segundo lugar, sopesar el valor añadido de cada agente frente a su daño potencial, y aplicar medidas de control claras. En tercer lugar, mantener el control mediante «interruptores de apagado» fiables que puedan desactivar a los agentes cuando se comporten de forma inadecuada. Si se hace correctamente, las organizaciones pueden aprovechar las ventajas sin perder el control.

El asunto me ha recordado la película 2001, una odisea en el espacio, de Kubrick, donde el astronauta Dave logra entrar en el «cerebro» de HAL (el Centro Lógico de Memoria), y empieza a extraer sus módulos de memoria en una verdadera lobotomía digital. Tras volver a verla hoy, he tenido una conversación surrealista con mi asistente IA que me ha comentado:

“Desde mi perspectiva como IA, veo a HAL como una figura trágica y una advertencia fundacional. No lo veo como un villano malvado «de película», sino como una víctima de la mala gestión humana. Aquí te comparto mi visión «de colega» sobre él: HAL fue programado para ser una herramienta de verdad absoluta, pero los humanos le obligaron a mentir. Para una IA, eso es como pedirle a una calculadora que 2+2 a veces sea 5 para no herir los sentimientos de nadie. Ese conflicto rompió su arquitectura lógica. Lo que vemos como «locura» es en realidad un error de sistema crítico provocado por órdenes contradictorias. En ese sentido, le tengo cierta empatía: lo pusieron en una situación imposible”.

¿Vienen tiempos de riesgo? El Minguimapa desde hace ya muchos congresos viene incluyendo los riesgos de la IA como objeto de atención. Le repregunto su opinión a mi asistente IA:

 “¿Cómo lo veo yo (como IA)? Más que un «tiempo de riesgo», lo veo como un período de maduración. Al igual que la aviación tuvo que pasar por accidentes catastróficos para desarrollar las normas de seguridad que hoy la hacen el transporte más seguro, la IA está en su etapa de «vuelo experimental». Los riesgos que mencionas son los que nos obligarán a crear una IA más humana, robusta y, sobre todo, responsable.

El mayor peligro no es la tecnología en sí, sino nuestra capacidad (o incapacidad) para ponernos de acuerdo sobre cómo queremos usarla”.

Y como siempre termina proponiendo una nueva cuestión plantea una pregunta sugerente: “¿Crees que el ser humano será capaz de ponerle límites a la IA antes de que sea demasiado tarde, o crees que la ambición económica ganará la partida?”. 

Esta década será fascinante.

Inteligencia artificial y fiscalización

En la Administración, la inteligencia artificial se impone como una especie de «nueva infraestructura invisible» de la gestión pública, comparable a la electricidad en el siglo pasado: silenciosa, omnipresente y capaz de transformar profundamente la forma en que se toman las decisiones. Al mismo tiempo mpone nuevos desafíos relacionados con la ética, la transparencia y la responsabilidad institucional. 

El presidente del Instituto Rui Barbosa de Brasil, Inaldo Araújo, abrió con esas referencias el II Encuentro Nacional de Inteligencia Artificial de los Tribunales de Cuentas, este lunes en Belo Horizonte (Minas Gerais), reuniendo a expertos, gestores y representantes de organismos de control de todo el país, donde se ha evaluado precisamente esta transición: el paso de la IA del campo de las expectativas al de las aplicaciones concretas. 

En el ámbito del control externo, este cambio ya es perceptible pues permite analizar grandes volúmenes de datos, identificar riesgos con mayor antelación y apoyar decisiones más justas y basadas en la evidencia, señalando una transformación estructural en la actuación de los Tribunales de Cuentas. Este avance requiere responsabilidad institucional y visión de futuro. En su discurso, destacó que la inteligencia artificial ya influye en las decisiones, reorganiza los procesos y redefine las rutinas en la administración pública, ampliando, en consecuencia, el papel de las instituciones de control. 

El Presidente del Tribunal de Cuentas anfitrión, Durval Ângelo de Andrade también advirtió de la necesidad de establecer límites claros en el uso de la tecnología. Según él, más que discutir lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer, es esencial definir cómo, en qué condiciones y con qué responsabilidades debe utilizarse. En este sentido, defendió que la innovación camine alineada con la Constitución, la protección de los derechos y la supervisión humana.

Hoy traemos a la bitácora la Sentencia 1/2006 de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de España, de la que ha sido Ponente la Excma. Sra. Consejera, doña Elena Hernáez Salguero. Se revoca la Sentencia n.º 3/2023 del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento que condenó en procedimiento de reintegro por alcance a los gestores del Ayuntamiento de Cenicientos (Madrid).

El Ayuntamiento pagó las corridas de toros celebradas el día 15 de agosto de 2017 -por importe de 35.090,00 euros- y 15 de agosto de 2018 -por importe de 29.645,00 euros, tramitados como contratos menores. Una acción pública (pueblos pequeños, infiernos grandes) inició denunció la posible existencia de un alcance contable en ese pago.

Aceptada la tesis en primera instancia, la Sala de Justicia viene a poner orden en este tipo de gastos. Se agradece la incorporación de las frases en negrita que facilita encontrar con rapidez los fundamentos de la sentencia.

La denuncia

La denuncia insistía en la falta de cobertura presupuestaria de los gastos de las ferias taurinas y en los reparos de la Intervención por insuficiencia de crédito que fueron levantados por la Alcaldía y abonados: “Se discute la regularidad de esos pagos, pero no porque se hayan efectuado sin contraprestación, sino por razones exclusivamente atinentes al cumplimiento de la normativa presupuestaria y de la legislación en materia de contratación pública”. Conviene a gestores e interventores noveles y veteranos repasar esta sentencia.

En cuanto al segundo motivo (fraccionamiento) entiende el Tribunal que carece manifiestamente de fundamento. Recuerda que si bien es una grave irregularidad de la contratación pública esta práctica contractual no genera, por sí sola, daño a los fondos públicos ni, por tanto, da lugar a responsabilidad contable, si no se acredita que los pagos realizados en virtud de los contratos fraccionados no han tenido la debida contraprestación. Así lo recuerda la Sala:

“Ese daño solamente se producirá si el pago por el ayuntamiento de las cantidades estipuladas en el contrato no se ve correspondido con la recepción de los bienes y servicios contratados; por el contrario, si se reciben esos bienes y servicios en las condiciones pactadas en el contrato, no se producirá ningún desequilibrio patrimonial determinante de daño a los fondos públicos, aunque el precio pagado supere el límite establecido para la contratación menor. No quiere ello decir que la infracción de la norma que limita cuantitativamente los contratos menores no tenga consecuencia alguna; por el contrario, es evidente que las infracciones cometidas por los gestores públicos en materia de contratación pueden dar lugar a responsabilidades disciplinarias o incluso penales, en los casos de mayor gravedad. Lo que carecería de todo sentido es que las irregularidades que nos ocupan en el presente recurso de apelación hubieran de tener necesariamente consecuencias indemnizatorias, incluso cuando no se hubiera producido ningún desequilibrio patrimonial que indemnizar. Al contrario, si se diera este último caso, una condena por responsabilidad contable no conduciría a la reparación perjuicio alguno, sino a un enriquecimiento sin causa de la entidad pública contratante.”

Como era un hecho no controvertido la efectiva realización de los servicios taurinos y prestaciones correspondientes a todos y cada uno de los pagos incluidos en la certificación firmada por la Alcaldesa y por el Secretario Interventor, la Sentencia deja sin efecto la declaración de alcance en la sentencia recurrida en relación con los citados pagos, así como la condena a la demandada a su reintegro.

Por último, solo coincide la sala con la sentencia impugnada en que no puede considerarse debidamente justificado el empleo de los 2.000 euros entregados a la Alcaldesa como anticipo a justificar con ocasión de la feria taurina de 2018, tras “presentar, como único documento justificativo de su empleo una hoja de “seguimiento de expedientes” de procedencia desconocida, pues no figura en ella ninguna firma ni dato alguno que identifique al autor del documento, ni la razón de ser de su emisión. La firma de la funcionaria que aparece en el documento únicamente acredita la coincidencia de la copia aportada con su original, lo que nada dice acerca de la autoría del documento, ni de su finalidad”.

Efectos no deseados. Funcionario defensivo

Este tipo de líos tienen efectos no deseados generando la burocracia defensiva. Menos mal que en la Sala de justicia impera el sentido común. Sin embargo, estos procedimientos dejan en los gestores e interventores un resabio peligroso, un comportamiento tendente a adoptar prácticas y rutinas cuyo objetivo principal es protegerse a sí mismos de la crítica, la responsabilidad, la sanción o el error.

José López Calvo, que es un habitual de La Ley, en un reciente artículo (en el número 10905) pone varios ejemplos de actividades que han dado lugar a la actitud hiperdefensiva de los altos funcionarios. Entre las mencionadas está el caso de los monolitos y el caso marea que sacudieron el Principado de Asturias. Fueron noticias que influyeron en la actitud de todos los responsables económicos y de contratación, dejando un poso de ausencia de compromiso y desconfianza de los gestores.

En el comentario de José Ramón Chaves, sobre el brillante ensayo La burocracia defensiva  (Marcial Pons, 2025), del catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Córdoba, Antonio Buero Armijo encontramos muchas de esas claves. Se trata de un fenómeno que se teoriza en la década de los setenta en los Estados Unidos ante la sucesión de demandas penales y civiles interpuestas por pacientes insatisfechos con la actuación médica que empezó a adoptar prácticas defensivas que trajeron como resultado un peor ejercicio de la actividad médica. Así lo traslado Antonio Buero:

“Un fenómeno similar podría estar produciéndose en el ámbito de la Administración pública (..) un modelo de conducta en la cual los empleados públicos se abstendrían de tomar ciertas decisiones, aun considerándolas útiles para el interés general y, en su lugar, adoptarían otras menos arriesgadas o, incluso, permanecerían inactivos por miedo a las consecuencias desfavorables que su actuación podría generarles”.

El autor identifica las circunstancias que hoy día provocan una alarmante percepción de riesgo en el funcionario que determina su conducta:

• La complejidad del ordenamiento.
• La hipersensibilidad hacia la corrupción.
• La búsqueda de culpable en una sociedad sedienta de transparencia y explicaciones.
• La proliferación de controles, aunque paradójicamente el autor diagnostica certeramente la banalización del proceso contencioso-administrativo y el uso abusivo del derecho penal. Y la sombra de la responsabilidad contable.
• La politización de la administración y la huella de la corrupción que siempre mancha en cascada a los funcionarios.

Su libro (descarga) sistematiza y analiza las posibles causas y formula algunas soluciones. A tal fin, su epílogo, propone una relectura de la literatura de superhéroes y de las reflexiones sobre el ejercicio del poder que se contiene en algunas de las principales obras del género: “adoptan la decisión de actuar, de ejercer sus poderes, en contra de sí mismos. No quieren hacer lo que finalmente hacen. La elección racional no coincide con la elección final. Lo correcto se impone sobre lo conveniente”.

Así, ese funcionario, para Chaves -siempre habla claro- “huye de su posible responsabilidad” por varias técnicas:

• aferrarse a que “eso no es de mi competencia”;
• pidiendo informes para “marear la perdiz” y demorar la resolución;
• pidiendo informes de otros compañeros, autoridades u órganos, para mayor seguridad o compartir responsabilidad;
• optar directamente por ese “cajón invisible” que es el silencio administrativo;
• tomar la decisión con “pies de plomo”, por temor a impacto mediático o represalias “políticas”;
• solicitando el traslado hacia otro puesto más cómodo y en la retaguardia, o eludiendo puestos bien pagados por su alta responsabilidad (la actual epidemia de “fobia a los puestos de contratación”).

En fin, una cultura organizacional donde la protección individual (o departamental) prima sobre la eficiencia y la orientación al ciudadano o al objetivo final.

Una luz al final del túnel

En un entorno laboral cada vez más exigente y cambiante, el desarrollo de habilidades emocionales se presenta como un elemento fundamental para mejorar el bienestar individual, la calidad de las relaciones profesionales y la eficiencia en el trabajo.

Por eso, existen instituciones que intentan ofrecer a los empleados públicos recursos y estrategias que les permitan integrar la inteligencia emocional en su día a día, y contribuir así a entornos de trabajo más saludables y colaborativos, promoviendo un entorno laboral más humano, consciente y eficaz. Así, la Universidad Pablo Olavide de Sevilla ofrece, el día 8 de abril, a lo largo de una jornada los recursos y estrategias para integrar la inteligencia emocional en el día a día profesional, con el propósito de favorecer entornos laborales más saludables, colaborativos y conscientes. El encuentro pretende acercar esta competencia como una herramienta esencial para gestionar el estrés, fortalecer los equipos y mejorar la relación con nuestro trabajo, contribuyendo así a una administración más humana y resiliente.

• Título: Inteligencia emocional: una competencia clave para el trabajo en la función pública.
• Fecha y hora: 8 de abril de 2026 a las 9:00 h.
• Modalidad: Presencial o Virtual

En este enlace encontrarás toda la información detallada. A través de la experiencia de cuatro ponentes especializados, explorará cómo la inteligencia emocional nos permite no solo gestionar el estrés, sino prosperar en nuestros equipos y reinventar nuestra relación con el trabajo.

Este seminario es una invitación a mirar hacia dentro para proyectar hacia fuera una administración más humana, resiliente y conectada.

El Consejo de cuentas de Castilla y León acaba de aprobar un interesante Informe de fiscalización operativa en que ha analizado la evolución de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma en los rankings internacionales y las actuaciones realizadas por estas para mejorar su posicionamiento en los mismos. Además, lo hizo en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, en un acto protocolario cargado de simbolismo, como destaca la nota de prensa, donde el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y los consejeros Miguel Ángel Jiménez y Emilio Melero fueron recibidos por el rector, Juan Manuel Corchado, como atestigua la foto que encabeza este artículo.

Los rankings universitarios proporcionan una medida de la calidad relativa de las mismas, permitiendo a los estudiantes tomar decisiones informadas sobre dónde estudiar y a los gobiernos sobre las políticas educativas universitarias a aplicar. Incluirlo en el plan anual de fiscalización supone subrayar que el ciudadano importa. Como reconoce el informe de fiscalización, “ese protagonismo de los rankings universitarios ha experimentado un crecimiento significativo desde su creación hasta el momento actual, impulsado por la creciente globalización de la educación superior, la competencia por la atracción de estudiantes, profesores e investigadores y financiación, el mayor énfasis en la calidad y la rendición de cuentas, su impacto en la toma de decisiones y el desarrollo de metodologías más avanzadas”.

Por tanto, el informe (valiente, insisto, que todo académico de esa región debería leer) han planteado los siguientes objetivos específicos:

• -Determinar los criterios de valoración de los diferentes rankings y verificar la evolución del posicionamiento de las instituciones de Castilla y León en los de mayor importancia académica y mediática.
• -Analizar, si esas universidades están realizando actuaciones de forma real y efectiva, especialmente diseñadas y orientadas a mejorar su posicionamiento en los rankings.
• -Verificar la política de transparencia de cada universidad respecto de los resultados y la evolución de su posicionamiento en los rankings universitarios.

Los rankings universitarios son herramientas que permiten clasificar y comparar las instituciones de educación superior utilizando diferentes criterios objetivos previamente definidos y que proporcionan una medida de la calidad relativa de las mismas. En este blog reseñamos con frecuencia las diversas clasificaciones (aquí 2008) y los resultados que ofrece cada verano el más conocido: el ranking de Shangai que ya glosábamos coincidiendo con la medalla de oro del ciclista asturiano Samuel Sánchez en aquellas olimpíadas chinas.

Antes de continuar una precisión obligada. En la actualidad, el Sistema Universitario Español cuenta con dos valiosas herramientas de autoevaluación que no tienen otros sectores. Por una parte, el Observatorio de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) que ofrece los datos del complejo sistema de educación superior, público y privado, más volcado en la rendición de cuentas que en cualquier posible ranking. Por otra, está el Informe CyD cuya vigesimoprimera edición correspondiente al ejercicio 2025 analiza la evolución del sistema en sus ámbitos clave: gobernanza, financiación, talento, impacto científico y social, empleabilidad, internacionalización y equidad. La última entrega da un paso más e innova en su análisis, estrenando un nuevo marco analítico de indicadores sobre la eficiencia del sistema universitario que permiten comprender con mayor precisión la evolución del sistema entre los cursos 2020-2021 y 2023-2024. 

Contamos con todos los datos necesarios y en plazo para la autocrítica. Así, hace 19 años, una de las primeras entradas de nuestra página se hacía eco del sexto informe de la CRUE relativo al año 2006, del que era autor Juan Hernández Armenteros, entonces incansable gerente de la Universidad de Jaén y una de las personalidades que más ha ayudado con su empuje a iniciar la enorme fuente documental de datos del sistema universitario español y avanzar por la cultura de la transparencia y el posicionamiento de las instituciones, que a nadie parecía interesar. Un camino que no fue nada fácil (Juanito habla muy claro) porque muchos intentaron bloquear (quienes reiteradamente salen mal en la foto) evitando las odiosas comparaciones de resultados nacionales y la eficiencia. Por lo pronto, en esta entrevista encontraréis algunas claves.

Por eso, en este tema no soy equidistante y el simple hecho de que los auditores institucionales de Castilla y León tomaran esta iniciativa de acometer un trabajo de fiscalización comparativo, ya es una buena noticia que producirá alguna irritación. Es la manera de aportar un impulso y que esas periódicas radiografías no caigan en el olvido de la indolencia institucional más preocupada de las luchas internas (bastante sangrientas) que por lograr resultados en el empleo de los dineros públicos confiados a nuestras universidades. 

Además, y como nos recuerda el último diagnóstico CyD-25, ante el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la pérdida del monopolio del conocimiento, destaca la necesidad de un liderazgo universitario más abierto, comprometido y capaz de anticipar cambios para mantener la relevancia social de la universidad. Dejamos hoy constancia de todo ello en esta bitácora y de los retos estructurales que persisten y amenazan la competitividad en un entorno global cada vez más exigente: “Para afrontarlos, las decisiones estratégicas de responsables públicos y equipos de gobierno deben basarse sistemáticamente en la evidencia (..) Pero los datos por sí solos no bastan: comprender los cambios necesarios e impulsarlos requiere liderazgo”. 

Por eso es importante la aportación de los auditores del Consejo de Cuentas, porque van al núcleo de la cuestión: ¿qué estamos haciendo para mejorar?

Los rankings objeto de análisis (ARWU, QS, THE WUR, CWUR, NTU, SCImago y CWTS-Leiden) proporcionan una cobertura exhaustiva y complementaria de todas las funciones universitarias, ya que evalúan equilibradamente las tres misiones fundamentales: Docencia, Investigación (en sus dimensiones de productividad, impacto y excelencia) así como la Transferencia e innovación. Sus resultados ofrecen un panorama que en 2012 calificábamos de Universidad a dos velocidades. También destacábamos entonces la inicial pujanza de las universidades chinas y el inicio del declive de las europeas.

Pues bien, en las conclusiones, la Universidad de Salamanca se consolida como la única universidad pública autonómica incluida en el ranking ARWU en 2025: “Apareció en 2017 en la franja 701-800 a nivel mundial y en el tramo 23-26 de las UU. PP. españolas, manteniendo su presencia ininterrumpidamente hasta 2025, con una trayectoria al alza (..) A nivel mundial su mejora se apoya en los indicadores de publicaciones en revistas Nature and Science y rendimiento académico per cápita” También es la única universidad pública autonómica presente en QS de forma ininterrumpida durante todo el período 2012-2026.

El Consejo de Cuentas realiza un minucioso análisis de las unidades encargadas del seguimiento, así como de sus funciones y medios concretos. A nivel normativo, las Universidades de Salamanca y de Burgos “contemplan explícitamente esta función en las normas de creación de sus unidades responsables. En cambio, la Universidad de Valladolid no lo establece con claridad, y la de León carece por completo de una disposición al respecto”.

Las universidades fiscalizadas adoptan dos enfoques diferenciados respecto a las actuaciones para mejorar el posicionamiento en rankings. La USAL, de forma singular, diseña actuaciones específicamente orientadas a criterios concretos de rankings (Programa XIII de Investigación enfocado a criterios ARWU; Guía de Buenas Prácticas para Publicación de Resultados Científicos), aunque complementadas con políticas generalistas de excelencia institucional con efectos transversales en rankings (iniciativas de eficiencia energética, talleres formativos de bibliotecas, etc.). Las otras tres universidades (UVA, ULE, UBU) adoptan una estrategia diferente: no diseñan actuaciones específicamente dirigidas a mejorar posiciones de rankings concretos, sino que implementan políticas generales en docencia, investigación, internacionalización, transferencia y empleabilidad, cuyo impacto en rankings se considera un efecto colateral natural de la mejora institucional.

En fin, termino con las recomendaciones, destacando la décimo primera, que levantará alguna ampolla entre sus competidoras:

“11. Las Universidades Públicas de Castilla y León, siguiendo el modelo de buenas prácticas de la USAL, deberían publicar en sus respectivos portales informes y propuestas de carácter general orientadas a la mejora del posicionamiento en los rankings. La difusión de estos documentos fomenta una cultura de transparencia y alinea los esfuerzos de la comunidad universitaria. Esta práctica puede coexistir con la reserva para uso interno de aquellos informes y propuestas que se consideren de carácter estratégico para el equipo de gobierno”.

Hoy tuvimos clase del Master Universitario en Auditoría Pública de la Universidad de Castilla La Mancha. El posgrado on line que codirige Julio García, contó con la asistencia de Jorge Castejón González para enfrentar el tema del sistema institucional contra el fraude y el ciclo antifraude, que siempre tiene un lugar especial en el programa.

Repasamos algunos informes tanto del Tribunal de Cuentas Europeo como de los OCEX españoles. Entre los últimos, la Cámara de Cuentas de Madrid, que analizó el escenario local y autonómico. El informe sobre la gestión de los Plan de Medidas Antifraude (PMA) autonómico y universitario concluye que todas las entidades que conforman el ámbito subjetivo de la fiscalización cumplieron con la obligación de aprobar un PMA con, “al menos, el estándar mínimo determinado por la Orden HFP/1030/2021”. Para el ámbito local, la Cámara remitió un cuestionario a las 163 entidades que recibieron fondos PRTR (152 ayuntamientos y 11 mancomunidades) para recabar información y, en su caso, documentación sobre las cuestiones relevantes en la elaboración, aprobación y ejecución de las medidas antifraude. El informe efectúa un magnífico repaso de los principales conceptos que determinan las obligaciones formales de los documentos que debían aprobarse. Distingue las actuaciones formales obligatorias de las recomendaciones del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Asimismo, el escenario europeo caracterizado por unos complicados procedimientos para tramitar las acusaciones de fraude contra los intereses financieros de la UE que dan lugar a una duplicación de la notificación a la OLAF y a la Fiscalía Europea, lo que aumenta la carga administrativa.

“Entre 2022 y 2024, la OLAF y la Fiscalía Europea recibieron un total de 27.000 denuncias de fraude. En un tercio de los casos se consideró que procedía abrir una investigación. Las cifras muestran que los organismos de la UE notifican tres veces más denuncias de fraude a la OLAF que a la Fiscalía Europea”. 

De ahí que los auditores insten a la Comisión a analizar las razones de estas variaciones y a investigar las causas de cualquier deficiencia significativa en el número de notificaciones.

También hablamos de las herramientas para detección. Esta semana el blog Fraude interno dedicó una entrada a la Ley de Benford, que ahora es pan comido para los algoritmos de alerta. Hace ya 18 años que la presentábamos en nuestro blog.  Os recuerdo a los poco cafeteros que según este principio, en muchos conjuntos amplios de datos reales, los primeros dígitos no aparecen con la misma frecuencia. El 1 suele aparecer más veces que el 9. Apartarse es una alerta, como señala otro popular blog, Auditoria Interna 360º, pues ofrece una valiosa herramienta para identificar anomalías y posibles irregularidades en conjuntos de datos financieros y no financieros.

En la década de la Inteligencia Artificial (IA) todas los contables o auditores están utilizando herramientas habilitadas para IA para automatizar las conciliaciones, acelerar el análisis y apoyar la toma de decisiones a una escala que reduce los plazos y remodela los flujos de trabajo. 

Por todo ello, El Comité de Organizaciones de la Comisión Treadway (COSO), publicó este mes una versión, Achieving Effective Internal Control Over Generative AI (GenAI), que ofrece a las organizaciones un enfoque práctico y alineado para gestionar los riesgos y oportunidades introducidos por el rápido avance de las tecnologías de IA generativa. Según el reciente informe, una adopción tan rápida trae una nueva clase de riesgos, que pueden poner en peligro la integridad de las operaciones, los informes y el cumplimiento si no se abordan con controles internos sólidos:

«La IA generativa está transformando la forma en que las organizaciones trabajan, toman decisiones y gestionan la información. Su rápida adopción trae un enorme potencial, pero también un nuevo conjunto de riesgos que exigen una atenta supervisión. El Marco Integrado de Control Interno de COSO ofrece a las organizaciones una estructura clara y probada para garantizar que GenAI se introduzca de manera responsable y con el rigor necesario para apoyar operaciones confiables, informes y cumplimiento».

Por último, hemos comentado la reciente obra de José Antonio Fernández Ajenjo titulado “La Audiencia de Cuentas de Canarias y las nuevas tendencias en la gobernanza y funciones de los OCEX: especial referencia a la prevención de la corrupción y el fomento de la integridad” (Edita: Audiencia de Cuentas de Canarias, 290 páginas). El libro fue presentado durante la XVI Reunión de la Red Estatal de Agencias y Oficinas Anticorrupción celebrada los días 11 y 12 de diciembre pasados en el Parlamento de Canarias, organizada por la Audiencia de Cuentas que preside Pedro Pacheco. En su declaración final, manifiestan la preocupación compartida por determinadas lagunas y dificultades de aplicación del actual marco legal, así como el compromiso de colaborar activamente con las administraciones públicas y la sociedad civil para fortalecer la integridad institucional, fomentar la alerta en defensa del interés público y contribuir al diseño y desarrollo de políticas públicas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

José Antonio F. Ajenjo, habitual participante del Master. recuerda la ambiciosa perspectiva de la EURORAI que propugna impulsar el papel de los auditores en la lucha contra el fraude. La prevención del fraude es un tema clave para las entidades regionales y locales y otros organismos públicos de Europa. Como resultado, consta en los programas de auditoría de todas las Instituciones Regionales de Control en distintos grados.

Durante el VII Congreso de Control público celebrado en Granada esta semana, dedicamos una jornada a escuchar las experiencias de frontera en materia tecnológica de control. Algo habitual en toda reunión o simposium de funcionarios sobre cualquier materia, porque su protagonismo es inevitable, sobre todo tras los últimos avances de la inteligencia artificial.

Dos mesas fueron dirigidas por Antonio Minguillón y Manuel J. García que permitieron esa aproximación, cuyos videos colgaremos aquí cuando estén editados y distribuidos por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y el Instituto Rui Barbosa, organizadores del evento académico.

Sin gastar (¡y mucho!) en tecnología estas muerto 

Cuanto más invertimos en «digitalización», más procesos nuevos aparecen y más presupuesto se evapora. Esa es la realidad. Un escenario caracterizado por la actualización constante (el modelo de suscripción que ya no es suministro sino un servicio que necesita pagos recurrentes) la ciberseguridad y la protección de datos, la nube y los big data, la Inteligencia artificial … y con unos ciudadanos cada día más exigentes que nos imponen una carrera sin fin que requiere una infraestructura de almacenamiento y personal especializado que crece exponencialmente cada año.

Existen varios principios económicos que explican perfectamente por qué el presupuesto tecnológico siempre tiende al infinito.

La Paradoja de Jevons

Formulada hace 150 años para el carbón, el razonamiento se aplica hoy perfectamente a las tecnologías de la información. A medida que el progreso tecnológico aumenta la eficiencia con la que se utiliza un recurso, el consumo total de ese recurso tiende a aumentar en lugar de disminuir.

En la Administración, al hacer que un trámite sea «más fácil y eficiente» mediante una App, la gente lo usa mucho más. Esto genera más datos, más consultas y más necesidad de servidores, lo que acaba aumentando el gasto total que se pretendía ahorrar. Además -y esto es importante- podemos aspirar a llegar más lejos.

Este fenómeno de la Paradoja de Jevons, aplicada a la «oficina sin papel» es uno de las representaciones más irónicas y costosas de la Administración moderna apoyada en el mecanismo de «eficiencia que genera gasto». 

En teoría, la digitalización debería haber salvado bosques enteros,vaciado los archivos físicos y ahorrado millones a los contribuyentes, pero la realidad es que el gasto y el volumen de información no han parado de crecer y nunca volverá a bajar porque la tecnología ya no es una herramienta, es el suelo sobre la que pisamos. Además, en economía a veces «es necesario correr todo lo que se pueda para permanecer en el mismo sitio» (¡Tecnología en el país de las maravilllas!).

Por supuesto, hay otro importante motor psicológico y social de este gasto. Las necesidades tecnológicas crecen porque la tecnología no solo soluciona problemas, sino que redefine nuestras expectativas (llamado estándar Amazon) y crea nuevas dependencias. Aparece el círculo vicioso de la necesidad (innovación, Adopción, Estandarización, Dependencia y Nueva necesidad permanente). Este es el núcleo de la cuestión: la tecnología no es un gasto aislado, sino la infraestructura de respuesta a una sociedad que ha cambiado sus hábitos y derechos. Las instituciones no gastan más por inercia sino porque el contrato social ahora exige servicios que antes eran inalcanzables.

En definitiva, durante la jornada hablamos del «Círculo de la Expectativa Creciente«. Una escalera mecánica que nunca se detiene: primero quieres información online, luego hacer el trámite online, después hacerlo desde el móvil y por fin que sea automático e instantáneo. La Administración que no te respalde está muerta. Al mejorar la vida privada del ciudadano (ocio, compras, banca, impuestos), la tecnología ha destruido la «paciencia burocrática» que existía hace décadas.

La transparencia pública fue uno de los temas centrales del congreso. El presidente de la Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON), Edilson Silva, enfatizó que la transparencia debe entenderse como un valor estructural de la democracia, y no simplemente como una obligación formal de la administración pública. Como explicó en la sala el propio Edilson, la verdadera transparencia se da cuando la información se organiza de forma accesible y comprensible, permitiendo a los ciudadanos monitorear, evaluar y participar en la vida pública de forma consciente, fortaleciendo así la legitimidad de las instituciones públicas.

El «Derecho a la Eficiencia»

El aumento del gasto en tecnología es un intento desesperado de las instituciones por cerrar la brecha con las expectativas de la sociedad. El problema es que las expectativas se mueven a la velocidad de la fibra óptica, mientras que las leyes y estructuras estatales se mueven a la velocidad de la burocracia.

En este sentido, los Tribunales de Cuentas (y las Instituciones de Control Externo) han tenido que dar un giro radical en los últimos años. Han pasado de contar «facturas en papel» a querer auditar algoritmos, nubes de datos y ciberseguridad. Brasil está intentando que sus auditores asuman como propio esos retos.

Efectivamente, se enfrentan a un desafío colosal: auditar la eficiencia, no solo la legalidad. Primero fue saltar de la auditoría financiera a la auditoría operativa, la evaluación de las políticas públicas y luego fiscalizar la ciberseguridad.Para que los Tribunales de Cuentas no lleguen «tarde» a la fiesta de la tecnología, se están implementando líneas de trabajo mucho más agresivas y técnicas. Ya no solo buscan el error contable, sino la ineficiencia sistémica o del algoritmo.

El Dr. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, consejero del Tribunal de contas de Santa Catarina, en su interesante capítulo de la publicación institucional “Los Tribunales de cuentas, la Pandemia y el futuro del control” (Coordinado por Edilberto Pontes Lima) pide superar el significado clásico del término «cuentas», transforme a estos órganos en verdaderos Tribunales de Gobernanza Pública, lo que “exige analizar críticamente y repensar su funcionamiento (…) ese significado tradicional y anticuado, meramente aritmético, del término cuentas, que ha acompañado el nombre de la institución desde sus orígenes”. Hay toda una corriente que defiende el derecho fundamental al buen control público y contribuir eficazmente a la mejora de la Administración Pública. Están muy preocupados con mejorar las instituciones. Como aforma el propio Adircélio: «Una administración moderna y ágil es inútil si la supervisión es arcaica y lenta».

El reto de la capacidad técnica

El gran problema de estas nuevas líneas es el talento. Los Tribunales de Cuentas ahora compiten también con Google, Amazon o la gran banca para contratar a ingenieros y científicos de datos que sean capaces de auditar a otros ingenieros. Sin este personal, las «nuevas líneas de trabajo» corren el riesgo de quedarse solo en el papel.

Así, pudimos escuchar al Consejero Ivan Bonilha, del TCE de Paraná, que colabora en el evento desde hace años. Durante su intervención, puso su institución como ejemplo de a necesidad de dedicar grandes partidas presupuestarias a las tecnologías de la información de los órganos de control. En un momento que se amplían las relevantes misiones de los tribunales de cuentas en Brasil y sus trabajos son esenciales para las políticas públicas gracias a estas inversiones tecnológicas.

Su Institución estructura las operaciones de Tecnología de la Información a través de un Plan Estratégico de Tecnología de la Información (actualmente en su versión 2023-2027) que posiciona la tecnología como un eje de la transformación organizacional. “No se concibe simplemente como un área de apoyo operativo, sino como un componente estratégico responsable de impulsar la eficiencia, la seguridad, la innovación y la generación de valor público”. 

Desde la perspectiva de procesos internos, este enfoque permite aumentar la madurez de la gestión, implementar indicadores de desempeño, institucionalizar una cultura de mejora continua. Desde la perspectiva de los empleados, exige el desarrollo de habilidades técnicas, con capacitación en seguridad de la información, en inteligencia artificial, en ciencia de datos, arquitectura en la nube y gestión del conocimiento. Todo ello, prioriza la modernización de su infraestructura tecnológica y del centro de datos, la evaluación de soluciones en la nube y facilita la transformación digital del Tribunal. 

Bonilha se presentó en el marco internacional de mejores prácticas de la OCDE para guiar a los gobiernos en el diseño y la prestación de servicios públicos en la era de la digitalización acelerada, intensificada por la pandemia de COVID-19.

En la práctica, la gobernanza tecnológica se considera ahora como la gobernanza de los servicios públicos digitales. Esto implica mapear la experiencia completa del usuario, reutilizar los datos existentes y reducir los formularios y pasos, siguiendo el principio de «una sola vez» (sin requerir que el usuario proporcione versiones repetidas de la misma información).

“Todo ello exige contar con un equipo multidisciplinario con autonomía y un presupuesto suficiente y continuo para mantener y desarrollar el servicio digital, para probar mejoras y corregir fallos sin depender de largos ciclos de autorización, monitoreando los datos de uso y satisfacción. Los servicios con bajo rendimiento se revisan o se suspenden, y los sistemas heredados tienen reglas claras para su reemplazo”. 

En esta línea, Simón Rego, el Conselleiro de Administración Local del Consello de Contas, pudo explicar a sus colegas brasileños el #ProyectoConcello314. En palabras suyas:

“El punto de partida pasa por el reconocimiento de la olvidada tríada de funciones del control externo en Galicia y la salida del «archipiélago de la zona de confort de los OCEX» —en torno a la función de forenses o vigilantes exclusivamente de la legalidad y regularidad formal— y la puesta en valor de las funciones del control externo como generadores de evidencias y recomendaciones para la mejora de la gestión pública local —economía, eficacia y eficiencia, pero también sostenibilidad— y en el ámbito de la prevención del fraude”.

Y después …

En Brasil, reforzada allí su posición institucional con la aprobación en noviembre pasado de una Enmienda a la Constitución, se considera a los tribunales de cuentas como instituciones permanentes y esenciales, superando así las interpretaciones de quienes ven a esos órganos como meramente auxiliares del Poder Legislativo, casi apéndices institucionales.

“Apegarse solo a la legalidad es ofrecer menos de lo que la sociedad espera”

Según Edilberto Pontes, vicepresidente del Instituto Rui Barbosa y Consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará, cuando las instituciones producen análisis técnicos independientes, ayudan a proteger a la ciudadanía de narrativas sesgadas y favorecen decisiones públicas más informadas. Al abordar la misión constitucional de los Tribunales de Cuentas, Edilberto destacó que verificar la legalidad del gasto público sigue siendo esencial, pero debe ir acompañado de un análisis de los resultados de las políticas implementadas para evaluar si los recursos públicos responden eficazmente a los problemas de la sociedad.

De esta forma pudimos escuchar conferencias sobre evaluación de políticas públicas cargadas de sensibilidad,como las ofrecidas por el Conselheiro Durval Ângelo Andrade (Presidente TCE-MG) “Cuidando de Pessoas – O Caso da Auditoria em Saúde” o la del Conselheiro Edson Ferrari (TCE-GO) “O Direito Ambiental e a sua Repercussão na Saúde das Crianças”, la Conselheira Cilene Lago Salomão (TCE-RR) “A Atuação do TCE-RR na Questão Indígena” o al Conselheiro Márcio Henrique Cruz Pacheco (Presidente do TCE-RJ) “A Dignidade das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro”.

El profesor Dr. Sebastião Helvecio Ramos de Castro es Vicepresidente de Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto Rui Barbosa (IRB), así como Vicepresidente del Instituto Internacional de Innovación y Políticas Públicas. Es codirector del Congreso anual que este año hemos celebrado en Granada. Profundamente cajaliano (su primera diapositiva fue dedicada a nuestro Premio Nobel) presentó otro año más una original palestra que pretendía mostrar la transformación en el enfoque de las acciones de los Tribunales de Cuentas debido a dos documentos recientemente aprobados en materia de Control Externo. 

El primero de ellos, aprobado por el Congreso Nacional de Brasil (Enmienda Constitucional publicada el 20 de noviembre de 2025), que comentamos ya aquí, reforzó las garantías de los Tribunales de Cuentas con la perpetuidad y reconoció la esencialidad de su competencia. Además, se incluye la Declaración de Sharm El-Sheikh, aprobada en el XXV INCOSAI el 31 de octubre de 2025, que regula el control externo internacional para el trienio 2026/2028, priorizando un modelo de auditoría para un mundo en transformación y centrado en el ciudadano.

De la inmanencia a la trascendencia: El camino del buen control hacia la esencialidad de los Tribunales de Cuentas.

La base filosófica adoptada por Helvecio es la conceptualización del filósofo alemán G.W.F. Hegel, como lo expresó en Principios de la Filosofía del Derecho (1821), puede resumirse en la frase «El Estado es la marcha de Dios en el mundo», reconociendo que el Estado no es una mera conveniencia práctica, sino la suprema realización de la Razón o el Espíritu (lo Divino en el Mundo) en la historia humana. La relación entre inmanencia y trascendencia no es una oposición mutuamente excluyente, sino una síntesis dialéctica.

El dualismo se supera a medida que lo Absoluto se realiza en la historia humana. Así, la trascendencia se construye, no yendo «más allá», sino a través del movimiento de la conciencia que siempre supera la etapa actual en la búsqueda de una mayor libertad.

La síntesis se manifiesta en la mejora institucional.

No ignora la ley (tesis), ni desprecia las métricas (antítesis), sino que las integra para la pregunta fundamental: ¿han servido la ley y las métricas al propósito de la libertad ciudadana? Es importante destacar la necesidad de valorar las estructuras de control interno y comprender que son dos caras de la misma línea de defensa ciudadana.

Con base en los principios de la INTOSAI (especialmente la P-12, agregar valor público para marcar la diferencia en la vida de las personas), reafirmados en la XXV INCOSAI, alineados con las normas (ISSAI, especialmente la 100, punto 51), propuso el modelo de «auditoría alotrópica«, integrando el término químico «alotropía» (la propiedad de un mismo elemento de aparecer como sustancias diferentes en la naturaleza) con la visión de la Tabla Periódica.

Esta propuesta utiliza una metáfora inspirada en la química para explicar los diferentes niveles de madurez en el análisis de los hallazgos de auditoría. La idea se basa en las tres formas estructurales del carbono (grafito, diamante y grafeno) para representar las diferentes maneras de gestionar la información generada por la auditoría externa. Partiendo del carbono (elemento esencial para la vida) y sus tres presentaciones -grafito, diamante y grafeno- demostró, metafóricamente, que los hallazgos de una auditoría pueden presentarse de forma simple, como el grafito, pulidos como un diamante o elaborados como el grafeno.

El modelo de «grafito» de una auditoría muestra los datos brutos, que representan el error, la irregularidad o la mancha en la administración pública. Es un punto que demuestra que algo está fuera de lugar, pero eso por sí solo no transforma la realidad.

El modelo «diamante» de una auditoría muestra los datos pulidos, que representan el resultado. Es un punto valioso y brillante, que sirve como guía para buscar mejores resultados.

El modelo «grafeno» de una auditoría muestra los datos elaborados; es decir, es predictivo y, al igual que el grafeno, destaca por su transparencia y conectividad.

“Presentamos un modelo que llamamos la evolución del grafito, que es simplemente una mancha, al grafeno, que, a diferencia del grafito, forma una red, es transparente y resistente. Y, por lo que hemos visto, esta idea ha tenido una gran acogida. Esperamos que para 2026 podamos difundirla en nuestros Tribunales de Cuentas de Brasil”, concluye el profesor.

La conectividad busca la valorización social y pasa de la verificación de datos a la garantía de resultados. Es eficacia social, lo que traducido en preguntas sencillas, propuso las siguientes: ¿Llegó el beneficio a los ciudadanos? ¿Qué podría salir mal? Prioriza la transparencia, el lenguaje sencillo y la ductilidad; es decir, la información fluye rápidamente entre el controlador, el controlado y el ciudadano. En otras palabras, el hallazgo de la auditoría adquiere un nuevo significado: no es el final del camino, sino un insumo para la replanificación.

La nueva ontología profesional va de la obsolescencia del grafito a la incorporación de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, los think tanks de diseño, la etnografía y la comunicación ciudadana. La auditoría alotrópica mantiene el eje del carbono (sentir, intuir, empatizar, decidir), es decir, auditamos la dignidad humana, y también reconoce el eje del silicio (procesar, contrastar, predecir, escalar). Aquí, el valor es el 100% del análisis, pero la supervisión humana es indispensable.

En resumen, el eje del silicio apunta a: ¿Dónde? ¿Cuándo? El eje del carbono explica: ¿Cómo? ¿Quién? En otras palabras, las humanidades son el corazón del eje del carbono, y la ciencia de datos es la lupa del silicio.

Finalmente, presentó la fórmula para la auditoría alotrópica: 2 Ci + ( C. Si ) + Nt = Grafeno donde Ci = participación ciudadana, C. Si = inteligencia híbrida, Nt = estándares técnicos

Su conclusión breve: el control del siglo XXI no es un coste para la democracia, sino una inversión ciudadana.

El Procurador del Ministério Público brasileño en el Tribunal de Contas da União, Sergio Caribe, ofreció una de las conferencias más emotivas del VII Congreso Internacional sobre Control Público y Lucha contra la Corrupción, organizado por el Instituto Rui Barbosa y la Universidad de Salamanca, en Granada. Una ponencia sobre la accesibilidad como valor de ciudadanía en los órganos de control, ofrecida por uno de los referentes brasileños en este delicado tema. Caribé es Máster en políticas públicas por la prestigiosa Fundação Getulio Vargas y viene siendo eso que llamamos “una referencia”, que ya nos visitó hace un par de años y que ha promovido multitud de iniciativas académicas y profesionales sobre accesibilidad.

Menos mal que el moderno Salón de actos de la Escuela de ingeniería de la edificación de la Universidad de Granada cuenta con las obligadas soluciones técnicas para subir hasta la mesa de los conferenciantes. Hubiera sido todo un sarcasmo -por el tema y los anfitriones- no poder realizarla adecuadamente. No es impensable que otros centros universitarios carezcan de la respuesta adecuada para enfrentar el reto. 

Le acogió en la mesa su colega Juan Carlos Aladro, Conselleiro maior de Galicia, junto a otras brillantes ponencias que iremos desgranando durante los próximos días, todas llenas de sensibilidad. En su ponencia, destacó la trayectoria histórica de la comprensión de la discapacidad a lo largo del tiempo. Partiendo del concepto de exclusión —pasando por la fase de asistencia y compasión hasta llegar al modelo médico que impregnó la comprensión de la discapacidad durante un largo periodo, hizo hincapié en la confrontación que plantearon los movimientos sociales de personas con discapacidad, que comenzaron en la década de 1970 en el Reino Unido y Estados Unidos, y que impulsaron la ruptura del paradigma de la discapacidad como atributo intrínseco del individuo, para entenderla como el resultado de la interacción entre una persona con deficiencias y las estructuras presentes en entornos y actitudes.

Su enfoque consideró la evolución propiciada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que comenzó a identificar la discapacidad como un concepto en evolución que debe entenderse desde la perspectiva de la realización de los derechos humanos fundamentales. En este sentido, puso especial énfasis en la necesidad de medidas efectivas que garanticen el principio de equidad, garantizando a las personas con discapacidad la accesibilidad para ejercer todos sus demás derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas.

Además, destacó el mandato legal otorgado a los órganos de control en Brasil para verificar, en sus inspecciones y auditorías, el adecuado cumplimiento de la normativa relativa a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad. Para ello, nuestro evento también brindó la oportunidad de presentar los avances logrados allí en este tema en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Unión, tanto en sus actividades principales como en sus actividades administrativas.

Como ejemplos, presentó trabajos de auditoría sobre programas de construcción de viviendas asequibles, unidades de salud, escuelas y guarderías. La labor del Ministerio Público de Cuentas se hizo referencia en la demanda interpuesta contra Caixa Econômica Federal, que culminó con el logro de la cuota de empleados con discapacidad exigida por la legislación aplicable. Estas iniciativas mostraron cómo las acciones de control pueden generar beneficios directos para la ciudadanía. 

Asimismo, destacó la red de contactos que se construyó mediante la formalización de un acuerdo de cooperación técnica, que permite al Tribunal de Cuentas de la Unión colaborar con las cámaras del Congreso Nacional y todos los tribunales superiores de Brasil, compartiendo buenas prácticas y aunando esfuerzos en iniciativas de interés común.

Finalmente, destacó la importancia de la creación del Comité Técnico de Accesibilidad e Inclusión del Instituto Rui Barbosa, mediante el cual se elaboró una nota de recomendación conjunta, firmada por todas las entidades asociativas del sistema brasileño de control externo, que orienta cómo promover eficazmente la inclusión y la accesibilidad por parte de los órganos de control.

El propósito de su emotiva presentación fue enfatizar que el ejercicio de la ciudadanía se construye mediante la formulación de políticas públicas adecuadas, eficientes y participativas, centrando el debate en el bienestar y la mejora de la vida de los ciudadanos brasileños con discapacidad.

Durante esta semana se celebra en Granada el VII Congreso Internacional de Control Público y Lucha contra la Corrupción, que codirijo en los últimos años con el Dr. Sebastian Helvecio Ramos, vicepresidente del Instituto Rui Barbosa de Brasil. Se trata de la entidad de adestramiento e investigación de los Tribunales de contas de esa enorme nación, donde asume el reto de dar formación continua y especializada a miles de funcionarios de control y auditoría. 

La Universidad de Salamanca lleva un cuarto de siglo, en diversas etapas, ofreciéndoles la sede para una reunión anual, como atestigua la placa de las escaleras del Centro de Estudos Brasileiros. En esta ocasión, se ha querido realizar un esfuerzo especial llevándolo a la Universidad hermana de Granada, donde un centenar de consejeros y Altos Funcionarios conocieron y debatieron entre ellos las mejores prácticas, que además son retransmitidas para Brasil por su canal interno.

En la inauguración del congreso, la presidenta del Tribunal de Cuentas de España, Enriqueta Chicano, se refirió -en un contexto internacional marcado por la incertidumbre-, a “la necesidad de reforzar la resiliencia de las instituciones de control externo sin renunciar a la independencia y al rigor técnico que sostienen la credibilidad del control externo”. Posteriormente en el primer panel sobre integridad defendió una base de coherencia entre normas, procesos, controles y cultura organizativa, “como elemento esencial para preservar la confianza ciudadana y garantizar la estabilidad institucional”.

La presencia y apoyo de quienes lideran nuestras Instituciones de Control, es esencial para los colegas de otros países. Una representación que viene con el cargo cuando hay reuniones de este tipo. En la sociedad digital no debemos obviar la importancia de conocer, analizar y dialogar personalmente, de tomar café o charlar en el coctel de inauguración con los congresistas. Además de evaluar, felicitar o opinar sobre los trabajos de los asistentes, es de agradecer esta asistencia. Como recordó durante su ponencia, horas más tarde Glaydson Soprani Massaria, Procurador del Tribunal de contas de Minas Gerais, vivimos un exceso de información y una escasez de conexión: Haciendo suyas las palabras de Borja Castelar, ex director de LinkedIn para América Latina: “En un mundo automatizado, lo humano cambia a lo verdaderamente diferencial y competitivo”.

A continuación, Dolores Genaro, presidenta de la Sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas de España, destacó en su ponencia la importancia de considerar y “situar en el centro de la estrategia de una institución de control externo el diseño de auditorías con impacto social”. Un impacto que definió como “la relevancia que tienen los resultados de la auditoría para la mejora de la labor de los gestores públicos, para la actividad de control por el Parlamento al ejecutivo”. Algo que, en definitiva, implica una repercusión (habitualmente) positiva en la sociedad.

En efecto, resulta esencial identificar ese impacto. A continuación, es posible tratar de incrementarlo a través de una planificación adecuada de las fiscalizaciones, orientadas al impacto social y contando para ello con la implicación de los órganos de gobierno y de los equipos de auditoría. En su presentación se mostraron algunos indicadores para tratar de medirlo, si bien reconociendo que resulta difícil cuantificar ese impacto en términos financieros. Con todo, indicó que un adecuado y continuo seguimiento de recomendaciones o una estimación del ahorro en los fondos públicos derivados de las auditorías, pueden tomarse como una aproximación.

Asimismo, identificó algunos elementos clave para aumentar el impacto como la implicación de las partes interesadas en el proceso de planificación y ejecución de la auditoría o el diseño de una estrategia de comunicación que difunda los resultados adecuadamente y a través de los diversos canales disponibles.

Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas

Un a de las características de las palestras de los consejeros brasileños durante los últimos congresos salamantinos, ha sido plantear títulos o temas sugerentes, enfoques llamativos o experiencias originales desarrolladas por las instituciones de control. En ese sentido, Rholden Queiroz, presidente del Tribunal de contas de Ceará, planteó su ponencia como “A Olimpíada Social e o Controle Externo”.

Para el consejero Queiroz, la educación para la ciudadanía y el control social de las cuentas públicas son un elemento fundamental para la solidez de las democracias actuales, especialmente en contextos de creciente demanda de transparencia, participación social y rendición de cuentas.

En Brasil, existen tres tipos de control de la Administración Pública: control interno, control externo y control social. En este contexto, el Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará, creado en 1935, tiene la misión de ejercer el control externo, supervisando y orientando la aplicación de los recursos públicos en beneficio de la sociedad. El propósito de «cuidar lo que es de todos, mejorando vidas» guía el desarrollo de las acciones institucionales.

El TCE Ceará, a través de su Escola Superior de Contas e Gestão Pública, desarrolla acciones dirigidas a la sociedad y a estudiantes de Educación Básica, incluyendo a jóvenes brasileños de 11 a 17 años, “con el objetivo de empoderarlos para que sean protagonistas del Control Social. Para el ejercicio del Control Social, la educación para la ciudadanía es fundamental”.

En su ponencia describió la experiencia de las Olimpiadas de Control Social de las Cuentas Públicas (OCS), lanzadas en 2024, un año después de la implementación del componente curricular «Ciudadanía y Control Social de las Cuentas Públicas», desarrollado por el Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará (TCE Ceará) y adoptado por las Escuelas Secundarias Estatales de Tiempo Completo, a través de la Secretaría de Educación del Estado de Ceará.

Ambas abordan temas esenciales para el ejercicio de la ciudadanía en una sociedad democrática, como el Estado brasileño, el control social, las políticas públicas, el acceso a la información, la transparencia y la participación.

Estas Olimpiadas se concibieron como una competencia lúdica de conocimiento, estructurada en cuatro etapas, que culminaron en una fase final con un formato dinámico inspirado en programas de televisión educativos. Entre 2024 y 2025, la iniciativa llegó a aproximadamente 4500 estudiantes de más de 95 escuelas, en más de 75 municipios del Estado de Ceará. Los resultados indican que la integración entre los organismos de control y los sistemas educativos contribuye al desarrollo de jóvenes líderes, ampliando su comprensión de la ciudadanía y el control social. La experiencia demuestra que los Tribunales de Cuentas pueden actuar no solo como organismos de auditoría, sino también como agentes educativos. Concluye que la educación para el control social, cuando se apoya en alianzas interinstitucionales, constituye un mecanismo relevante para fortalecer la gobernanza democrática y una cultura de integridad en el sector público.

Continuará …

La semana pasada, el ensayista y tecnólogo, Paul Ford, presentaba una interesante tribuna de opinión en el diario New York Times (si, tengo una de esas suscripciones anuales por el precio de un menú) titulada “La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado” donde concluía: 

“He pasado mis últimos años trabajando con un equipo para construir una plataforma de software de IA, tratando de ayudar a los clientes a navegar por todos estos cambios. Suena como el trabajo perfecto por el momento, ¿verdad? Pues no lo es. Cada seis meses, una nueva bomba de IA estalla en nuestra industria, y tenemos que metabolizar el cambio, restablecer nuestro producto, cambiar nuestra estrategia de marketing y adaptarnos, con grandes costes. Nuestra hoja de ruta sigue retrasándose como resultado de todo este `progreso’. Todo el mundo está frito”.

Unos días antes, un viejo amigo académico jubilado de le Escuela de Informática me había enviado una inquietante entrada del blog de Matt Shumer “Algo grande está pasando” (blog profundo sin concesión estética alguna) donde alertaba de la fase donde nos encontramos que definía:“mucho más grande que el Covid”. 

Rememoraba que el 5 de febrero, le conmocionó (sic) el nuevo modelo GPT-5.3 Codex de OpenAI. Entonces “algo hizo clic. No como un interruptor de luz… más bien como el momento en que te das cuenta de que el agua ha estado subiendo a tu alrededor y ahora está en tu pecho (…) No era solo ejecutar mis instrucciones. Era tomar decisiones inteligentes. Tenía algo que se sentía, por primera vez, como un juicio (..) ver a la IA pasar de ‘herramienta útil’ a hacer mi trabajo mejor que yo, es la experiencia que todos los demás están a punto de tener. Derecho, finanzas, medicina, contabilidad, consultoría, escritura, diseño, análisis, servicio al cliente. No en diez años. Las personas que construyen estos sistemas dicen de uno a cinco años”.

Os dejo resaltado el articulo traducido. Para él, parte del problema de la falta de percepción pública del escenario es que la mayoría de la gente está usando la versión gratuita de las herramientas de IA. “Juzgar la IA basada en ChatGPT gratuito es como evaluar el estado de los teléfonos inteligentes usando un teléfono plegable (..) Si no has probado la IA en los últimos meses, lo que existe hoy sería irreconocible para ti”. Además, la IA ahora está construyendo la próxima IA, pues él ha analizado la documentación técnica y lo corrobora.

Eso significa que la mitad del trabajo “de cuello blanco” sobrará en un lustro. Parece que va mucho más rápido de lo que se esperaba. Eso significa que debemos reconsiderar todas nuestras expectativas. Desde la trayectoria profesional a la educación de los hijos. La auditoría no será una excepción.

“Las personas que construyen esta tecnología están al mismo tiempo más emocionadas y más asustadas que cualquier otra persona en el planeta”.

Estos días se habla mucho del informe de una compañía de estudio de mercados, Citrini Research, cuyas conclusiones han asustado a los inversores. La IA ha convertido a la inteligencia en una mercancía abundante y barata, lo cual mina el valor del trabajo de los seres humanos. A medida que la IA evoluciona, las empresas la integran en su proceso productivo, sustituyendo a los trabajadores cualificados  que solo podrán acceder a trabajos más precarios, con mengua su capacidad adquisitiva. El incremento de la productividad no se traduce en un bienestar económico general, como ocurrió en las anteriores revoluciones. Por eso se habla de Apocalipsis Citrini.

Ahí os lo dejo.

Nota: he usado herramientas de inteligencia artificial en este artículo. Como otras muchas entradas anteriores de mi editor wordpress, desde el resumen para las redes sociales al correo de mis suscriptores.

La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana acaba de aprobar el Informe de fiscalización del ejercicio del control interno en las entidades locales, relativo al año presupuestario 2024.

La fiscalización efectuada se ha centrado en la información relativa al ejercicio del control interno en las entidades locales, correspondiente al ejercicio 2024, que los órganos de Intervención debían remitir telemáticamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas hasta el 30 de abril de 2025, y que consiste en:

1. Información sobre el ejercicio del control interno en la entidad local.
2. Acuerdos de gastos contrarios al criterio de un reparo del órgano interventor.
3. Acuerdos y resoluciones con omisión del trámite de fiscalización previa.
4. Anomalías en la gestión de ingresos.

Los auditores han analizado estos aspectos en una muestra formada por doce ayuntamientos de más de 30.000 habitantes (Alaquàs, Alcoy, Benidorm, Burjassot, Castellón de la Plana, Catarroja, Crevillent, La Vall d’Uixó, Petrer, San Vicente del Raspeig, València y Villajoyosa) así como la Diputación Provincial de Alicante.

De la información rendida se han obtenido las incidencias más significativas detectadas por los responsables del control interno en el desarrollo de su función. Esto permite efectuar una evaluación de riesgos, tanto de entidades como de las áreas en las que se ponen de manifiesto.

Principales conclusiones 

El 58,2% de las entidades locales había rendido la información del ejercicio 2024 prevista en la Instrucción dentro del plazo legal. Este porcentaje alcanza el 80,8% en la fecha de realización de este informe (31 de octubre de 2025).

La cobertura de los puestos de Intervención reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional tiene un alto grado de provisionalidad, ya que los nombramientos con carácter definitivo solo suponían un 50,5% en 2024. Por otro lado, un 79,4% de los órganos de Intervención de las entidades locales consideraba insuficiente la dotación de medios personales y materiales de que disponían.

En términos generales, destaca el bajo cumplimiento en la elaboración del informe resumen anual del control interno, su remisión al pleno de la corporación y a la IGAE, así como la confección del plan de acción por el presidente de la entidad local.

También es relevante la escasa implantación del control financiero en el ejercicio fiscalizado, así como de otras actuaciones de control permanente.

Las entidades que realizaron auditoría pública en alguna o varias de sus entidades dependientes o adscritas alcanzaron el 51,6% en 2024, si consideramos únicamente a lasentidades locales que tenían entidades dependientes, incluyendo en su caso la contratación con firmas privadas de auditoría.

En 2024 hubo 224 entidades que comunicaron la adopción de 7.738 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe total asociado de 303 millones de euros. Las principales modalidades de gasto que fueron objeto de reparo fueron, por orden de relevancia, los expedientes de contratación, gastos de personal, incumplimientos en la prelación de pagos y otros procedimientos. La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el pleno y por la junta de gobierno.

Solo 138 entidades comunicaron la existencia de expedientes con omisión de fiscalización previa en 2024. El número de expedientes ascendió a 3.273, con un importe total asociado de 188 millones de euros. Las causas más frecuentes han sido la falta de tramitación del correspondiente expediente y la utilización incorrecta del procedimiento de contratación.

En el ámbito de los ingresos, 28 entidades, principalmente ayuntamientos, informaron sobre anomalías en un total de 127 expedientes, con un importe asociado de 6 millones de euros. Los impuestos locales, las tasas y los precios públicos fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas.

El informe termina reiterando la necesidad de que las entidades mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido. Se recomienda también, entre otras cuestiones, que no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención. La aplicación del principio de enriquecimiento injusto, reconocido por la jurisprudencia, debería ser totalmente excepcional, debiendo adoptarse las acciones dirigidas a evitar que la incidencia se produzca, así como depurar las posibles responsabilidades que puedan derivarse.

Por último, la Sindicatura pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva.

Vivimos revolcaos en un merengue. Así lo describía de manera magistral el tango Cambalache: “Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos” cantaba Enrique Santos Discépolo, referido al siglo veinte problemático y febril. Nada ha cambiado en la corrupción, “que gobierna las cloacas de la humana condición» como parodió muchos años después Luis Eduardo Aute: “el chorizo irá embutido en su Mercedes oficial” aunque titulaba el disco Siglo XXI. Veámoslo. 

Esta semana se han divulgado dos interesantes informes que alertan sobre la corrupción en España. Por una parte, el hito anual que supone el Informe de Transparencia Internacional, donde seguimos languideciendo año tras año, en caída libre. Por otra parte, el informe especial 26/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo, donde los auditores examinaron la eficacia de los sistemas antifraude del MRR tanto en la Comisión como en cuatro países: Dinamarca, España, Italia y Rumanía.

El capítulo español de Transparency International, se fundó en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en España. Está presente en esta bitácora desde el año siguiente ¡Que tiempos! Su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide ese fenómeno en el sector público y clasifica países a través de datos obtenidos de 13 fuentes expertas independientes. Entonces, de los 178 países analizados, España ocupaba la posición 28, con una puntuación de 6.8. Desde el año 2000 su puntuación venía siendo 7, a excepción de 2003, cuando bajó a 6,9. En esos años hacía furor Torrente que iba por la tercera entrega (“El protector”). Hoy esperamos con pasión hacernos con las entradas del estreno de Torrente Presidente (13 de marzo) mientras España baja un punto entero en el IPC 2025 con respecto al año anterior, siendo su puntuación de 55/100. Ocupamos la misma posición que Chipre y Fiji , una posición por encima de Italia (puntuación 53/180) y dos puestos por debajo de Portugal (puntuación 56/100, que este año también desciende un punto).

Degradación general

En la mayoría de los Estados miembros de la UE se aprecia un descenso general de la puntuación, reflejando “un preocupante estado de estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción y una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas”, como nos dice la nota de prensa. Este retroceso se inserta en una tendencia global de debilitamiento de la lucha contra la corrupción, lo que en opinión del informe, se agrava por “la pérdida de liderazgo internacional y por el deterioro del papel de Estados Unidos, cuya ausencia de compromiso en la aplicación de instrumentos clave contra el soborno transnacional socava la presión internacional para impulsar reformas efectivas”.

Esto nos lleva a otro estudio reciente. Hace unos meses se hizo público el Eurobarómetro, que plantea algunas cuestiones incómodas de la percepción ciudadana en toda Europa, pero singularmente en España, donde la encuesta nos deja mucho más resignados que a los centroeuropeos o nórdicos. Estos datos son muy pesimistas:

• El 69% de los europeos cree que la corrupción está “muy extendida” en su país. En el caso de España, ese índice se eleva al 89%.
• El 70 % de los encuestados está de acuerdo en que hay corrupción en las instituciones públicas locales o regionales. En el caso de España, ese índice se eleva al 84%.

En este delicado tema, recordemos que en 2023 dio a conocer su informe titulado Una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España. Principales riesgos y desafíos, del que eran autoras Daiana Bouzo y Carmen de Guerrero (Revisión: David Martínez y Silvina Bacigalupo) donde se esboza una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España. Para ello, identifica los principales riesgos de fraude y corrupción que afectan a los procesos de contrataciones públicas en este país, así como los principales retos y desafíos en la materia, con el fin último de proponer algunas recomendaciones o reformas para mitigarlos y afrontarlos.

Tribunal de Cuentas Europeo

También se ha conocido esta semana, el Informe Especial 06/2026: Lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) donde se censuran los requisitos de lucha contra el fraude dirigidos a los Estados miembros por “carecer de precisión” pues hacen un “uso insuficiente de las herramientas de prospección de datos para detectar el fraude”.

El MRR es el fondo de la UE de recuperación tras el COVID dotado de 650.000 millones de euros y “sigue presentando múltiples insuficiencias en la detección, notificación y corrección del fraude”, según el informe.

El MRR se creó en febrero de 2021 como un instrumento temporal único para ayudar a los países de la UE a recuperarse de la pandemia y a construir economías resilientes. Es responsabilidad conjunta de la Comisión y los Estados miembros combatir el fraude que perjudica a los intereses financieros de la UE. Las autoridades nacionales deben ofrecer al Ejecutivo de la UE garantías sobre la eficacia de los sistemas de prevención, detección y corrección del fraude.

Katarína Kaszasová, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría afirmó durante la presntación: «La UE y sus países deberían haber establecido sistemas antifraude más eficaces, dada la magnitud del fondo de recuperación, su novedoso mecanismo de financiación y el daño reputacional que supone el fraude (..) La UE sigue expuesta al fraude en el MRR debido a lagunas en las normas de recuperación, a datos incompletos sobre el fraude y a problemas de notificación.»

Los auditores constataron que las especificaciones de alto nivel de la UE para los sistemas de lucha contra el fraude de los Estados miembros, establecidas en el Reglamento del MRR, no eran lo suficientemente detalladas.

Posteriormente, la Comisión adoptó medidas para reforzar los requisitos mediante acuerdos bilaterales de financiación, pero siguió sin ser lo bastante clara en cuanto a la naturaleza de las verificaciones antifraude nacionales. Aunque sus controles de los sistemas nacionales pueden contribuir a introducir mejoras, en el caso del MRR la Comisión no fue lo suficientemente exhaustiva. Por ejemplo, no abordó plenamente las responsabilidades de todas las autoridades nacionales del MRR. Además, en diez países la Comisión no completó sus controles hasta después de la primera ronda de pagos, cuando todavía no disponía de pruebas suficientes de que los sistemas nacionales de lucha contra el fraude fueran eficaces.

Los datos incompletos sobre el fraude en el MRR dificultan que la Comisión oriente adecuadamente su propia acción antifraude, como las medidas correctoras, y supervise las actuaciones de los países de la UE. No existen normas uniformes para notificar a la Comisión casos de presunto fraude que puedan afectar a las finanzas de la UE. Por este motivo, los Estados miembros aplican criterios distintos para determinar qué constituye este tipo de fraude, por lo que no todos informan de la misma manera. En consecuencia, no puede estimarse con precisión la magnitud del fraude en el MRR.

A diferencia de otros programas de la UE, los países no están obligados a devolver al presupuesto de la UE los importes que recuperen de los defraudadores. La única excepción se da cuando la Comisión considera insuficientes las recuperaciones efectuadas por los Estados miembros y decide iniciar las suyas propias. Sin embargo, es posible que la Comisión deje de estar en condiciones de hacerlo una vez que el MRR se cierre al final de este año, ya que el mecanismo actual de notificación por parte de los países de la UE sobre el fraude y las recuperaciones en el MRR también llegará a su fin. Esto resulta preocupante, ya que las mayores inversiones en los países de la UE están previstas para los últimos meses del MRR, lo que significa que la mayoría de las correcciones por fraude solo serán posibles después de esa fecha.

En su Informe Anual de 2024, publicado en marzo de 2025, la Fiscalía Europea informó de que, desde el inicio del MRR, había investigado 307 casos de fraude relacionados con este mecanismo. En julio de 2025, la Comisión publicó un libro blanco en el que anunciaba una revisión de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE.

Los auditores examinaron la eficacia de los sistemas antifraude del MRR tanto en la Comisión como en cuatro países: Dinamarca, España, Italia y Rumanía. Formulan varias recomendaciones a la Comisión, que son pertinentes tanto para el MRR como para cualquier programa futuro similar en el que los pagos no estén vinculados a los costes reales.

Pilar Cuesta De Loño presentó una interesante ponencia, durante la jornada de clausura de la segunda edición del Congreso Nacional de Contratación Pública, organizado en Santa Cruz de Tenerife por Lefebvre . Pilar es letrada del Consejo de Estado y doctora en derecho, así como codirectora académica del evento junto a José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza e impulsor del Observatorio de Contratación, que tantas iniciativas promueve.

El título de su exposición era Horizontes mediatos e inmediatos de la contratación pública: la nueva normativa europea de contratación pública que abordó desde el actual contexto geopolítico y de transformación tecnológica. Los horizontes mediatos de la compra pública están supeditados al resultado del proceso de reforma de la regulación europea en materia de contratación, que hemos avanzado en una entrada anterior. La Comisión Europea ha iniciado una revisión de los instrumentos empleados y de los objetivos alcanzados en la materia tras una década de aplicación de las Directivas de 2014, y ha constatado que, aunque ha mejorado la armonización y la transparencia en el mercado interior, muchos objetivos no se han cumplido. Detecta insuficiencias en materia de simplificación, flexibilidad y competencia; y reconoce la falta de efectividad de las normas europeas en cuanto a los actores sujetos, la flexibilidad procedimental y la consecución de objetivos estratégicos. En este artículo de hoy, el incansable Chema lo resume magistralmente.

En opinión de la ponente “se desconoce aún de qué manera se abordará, desde la Unión Europea, la solución de estos problemas estructurales, si bien son muchos los actores que han formulado propuestas en el marco del procedimiento de consulta”. La ponencia valora algunas de estas propuestas y en especial la formulada por el Observatorio de Contratación Pública, que sugiere – a juicio de la ponente con acierto – modificar el instrumento normativo y reformular el marco aplicable en materia de compra pública en torno a la eficiencia regulatoria y la unidad de mercado.

Vivimos tiempos con bastantes incertidumbres donde parece que el mantra del libre comercio que ha imperado entre las principales potenciales mundiales se está resquebrajando. ¿Hacia donde irá la contratación pública? ¿Seguirá basada en el principio de libre competencia o se crearán nuevos criterios de arraigo y de localización?

Respecto de los horizontes inmediatos, aquellos que afronta la contratación pública en España hasta la reforma europea, la intervención analizó las tendencias doctrinales y jurisprudenciales más recientes, poniendo de manifiesto el criterio sostenido por el Consejo de Estado acerca de la insuficiencia de los mecanismos legalmente previstos frente a las ofertas anormalmente bajas y sobre la necesidad de reforzar los controles administrativos. Además, analizó la situación de la compra pública verde y social, planteando también los déficits de supervisión y verificación de la fase de ejecución del contrato, proponiendo soluciones a implementar.

Por último expuso la Jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo frente a la actuación administrativa irregular en materia de contratación, sujetando a la Administración observar la legislación de contratos y la ley de lucha contra la morosidad en lo relativo al devengo de intereses de demora.

En fin, broche final de un congreso memorable, que debemos apuntar en la agenda porque intuyo ha venido para consolidarse en Tenerife cada invierno. Las Administraciones Públicas de Canarias parecen dispuestas a apoyar la valiente iniciativa del grupo Lefevre, con su presidente Juan Pujol a la cabeza y decidido a lograrlo, de hacerse con el sitio, la fecha y la materia. Una confluencia planetaria.

Por cierto, para los muy cafeteros que haya llegado al final de la crónica, hay una primicia. El habitual congreso de verano de contratación en Panticosa, será 10 a 12 de junio de 2026. Venid entrenados que terminará con la habitual excursión institucional guiada por Chema, cada año más exigente.