Hace unos días, participé en: la III Jornada sobre Derecho Digital que se organizaba en el salón de actos del despacho Ramón y Cajal Abogados, en Madrid con vanguardistas ponencias sobre Inteligencia Artificial -un apartado imprescindible en cualquier simposium- se exploró el impacto jurídico de la robótica, la biometría y los neuroderechos. Se trataba de abordar aspectos como la protección de datos neuronales, la privacidad mental y los sesgos algorítmicos. En definitiva, la «identidad personal» y el libre albedrío frente a la manipulación derivada de neurotecnologías avanzadas.

Las discusiones a menudo vinculan la neurociencia moderna (no te pierdas este programa en Salamanca en dos semanas), cuyo padre es nuestro Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, con la necesidad actual de proteger el «santuario mental» en la era digital. La firma buscaba anticipar la regulación jurídica necesaria ante la creciente capacidad de las neurotecnologías para descifrar y modificar el funcionamiento cerebral. Serán de gran ayuda pero conllevan algún riesgo.

La GAO norteamericana interesada por los Neuroderechos

Hoy mismo, la GAO estadounidense (Government Accountability Office) ha hecho público su segundo informe periódico sobre tendencias científicas y tecnológicas, que analiza 3 tecnologías emergentes con potencial transformador que pueden necesitar atención del Congreso de los EEUU durante los próximos 10 años. Recordemos que la GAO inicialmente Oficina General de Contabilidad cambió su nombre (¡desde accounting hasta Accountability!) hace un par de décadas, añadiendo entre sus tareas el análisis de políticas públicas, en muchísimas de sus vertientes. Aquí en 2008 la lucha contra el terrorismo.

¿Cuáles son esas tres tendencias tecnológicas que debemos ponderar?

A juicio de la GAO los legisladores y autoridades deben seguir con cuidado los implantes neuronales, los robots de uso general y las tecnologías para eliminar la «chatarra espacial».

Los implantes neuronales para el aumento humano podrían permitir la comunicación directa entre cerebros, el aprendizaje acelerado o el control manos libres de las computadoras, que sin embargo comprometería la privacidad y la seguridad del usuario. Aquí llegamos a los neuroderechos. Debido a estos avances, en 2026 la regulación es el gran tema de debate. La UNESCO y países como Chile han liderado la creación de leyes de «Neuro-derechos» para evitar que las empresas puedan:

• Comerciar con tus datos neuronales sin consentimiento explícito.
• Influir en tu subconsciente para manipular decisiones de compra.
• Discriminar a empleados basados en sus perfiles cognitivos.

En el futuro, el concepto de intimidad personal dejará de existir y nuestra conciencia será un libro abierto para la inteligencia artificial que tendrá acceso directo a nuestra actividad cerebral. Importantes y dignas de mención las aportaciones pioneras de Rafael Yuste.

Casualmente, la segunda tendencia emergente señalada desde la GAO son los robots de uso general, que podrían alterar la vida diaria, con efectos sociales y ambientales potencialmente significativos. Por último señala las tecnologías para eliminar la «chatarra espacial» podrían reducir el peligro que representan más de 1 millón de escombros para la infraestructura vital en órbita, pero las ambigüedades legales podrían interponerse en el camino. 

Respecto a los Implantes neuronales para el aumento humano, actualmente, solo están disponibles para personas con ciertas necesidades médicas. Los implantes futuros podrían permitir la comunicación directa entre el cerebro, el control manos libres de las computadoras o la rápida adquisición de nuevas habilidades y capacidades. Su disponibilidad general podría comprometer la privacidad y seguridad de los usuarios, dependiendo de quién pueda acceder a los datos de dichos implantes. 

Recuerdan los auditores de la GAO que, “diferenciar entre usos médicos y aumentativos implica juicios de valor subjetivos y cuestiones éticas”. Los responsables políticos podrían considerar una variedad de opciones, incluida la propuesta de estándares para el desarrollo ético y el uso de implantes neuronales, explorando formas de garantizar que se aborden los problemas de privacidad y seguridad. La otra tendencia seleccionada este año es la robótica de propósito general que representa un cambio fundamental de la automatización específica de tareas a máquinas flexibles y adaptables capaces de realizar una amplia gama de tareas y potencialmente aprender nuevas tareas.

¿Qué buscaba la GAO con este estudio?

Su objetivo es proporcionar al Congreso una previsión en el desarrollo de tecnologías que podrían tener un impacto significativo en los ciudadanos estadounidenses. Para ello describió los desarrollos de estas tecnologías y cómo pueden verse afectados los responsables políticos desde los cinco dominios del marco STEER: impactos sociales, impulsores tecnológicos, impactos ambientales, impulsores económicos y el panorama regulatorio.

Para llevar a cabo este trabajo, los auditores de la GAO efectuaron una revisión de la literatura científica de revistas académicas y principales artículos, realizando entrevistas semiestructuradas con once expertos de las tres tecnologías: «La GAO no presenta recomendaciones, pero ha señalado diversos aspectos políticos que el Congreso y otras partes deben ponderar mientras estas tecnologías continúan su desarrollo”.

Decodificación del Pensamiento

Debemos elogiar por tanto la iniciativa del despacho Ramón y Cajal seleccionando este año los temas de la III Jornada sobre Derecho Digital. Pues bien, durante mi intervención en el panel con Ricardo Rivero, José Ramón Chaves y Ana Caro, mencioné las Interfaces Cerebro-Computador (BCI), promovidos por la empresa Neuralink (de Elon Musk) y se centra en lo clínico (parálisis), si bien ya existen experimentos para usar estos chips en el control de videojuegos y entornos de realidad virtual, donde el «pensamiento» de movimiento se traduce en acciones digitales.

Aunque aún están en fase de experimentación avanzada, su potencial comercial es enorme. Investigadores han logrado usar Resonancia Magnética Funcional combinada con IA para reconstruir imágenes que una persona está viendo o imaginando. Marcas de lujo y estudios de diseño están interesados en esto para la «co-creación mental» de productos. Permiten, por ejemplo, jugar al ajedrez por ordenador solo con el pensamiento.

También mencioné Cognify, un concepto futurista de prisión basado en inteligencia artificial (IA), propuesto por el científico Hashem Al-Ghaili, diseñado para rehabilitar delincuentes en minutos mediante la implantación de recuerdos artificiales. Busca generar empatía y remordimiento al hacer que los reclusos vivan sus crímenes desde la perspectiva de la víctima, reemplazando las penas de prisión largas por terapias de memoria sintética. Es el argumento de La naranja Mecánica, ya lo sé.

Los datos: la nueva riqueza

Lo que logra que estos productos sean un experimento comercial constante es el Big Data Neuronal. Las empresas no solo te venden un dispositivo, sino que recopilan millones de puntos de datos sobre cómo reacciona el cerebro humano promedio al cansancio, la publicidad o el estrés. Estos datos se venden (de forma anonimizada, se supone) a corporaciones para diseñar entornos de trabajo o aplicaciones más adictivas.

Se trata del Argocapitalismo, donde los datos el factor de producción esencial. En ese sentido es importante el Proyecto de Ley de Salud Digital de Cantabria que establece los principios que deben guiar esta transformación: la soberanía del dato, la seguridad, la transparencia algorítmica, la equidad digital y la orientación al valor en salud.

La Ley, aún en anteproyecto, redefinirá las reglas del futuro sanitario y, entre otros, regulará por primera vez, la protección de los neuroderechos de los ciudadanos y los neurodatos, que se quedaron fuera del amparo de la Ley de Protección de Datos y, por tanto, existe un vacío legal.

Además, introduce el concepto de infraestructura pública de datos sanitarios, define un registro autonómico de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, y articula un marco ético y de responsabilidad que sitúa a las personas —no a la tecnología— en el centro del sistema.

La inteligencia artificial está impulsando dos cambios superpuestos que están transformando las decisiones comerciales. En primer lugar, la IA conversacional está desplazando a los sitios web, alterando la búsqueda tradicional reduciendo el tráfico vía web. Por otra parte, los agentes de IA están empezando a actuar como compradores, tomando decisiones en nombre de los humanos. A medida que los algoritmos evalúan cada vez más opciones y realizan transacciones, el mercado debe adaptarse a un mundo en el que el cliente puede ser una máquina con su propia lógica de decisión, lo que exige a los líderes rediseñar el contenido, la infraestructura y la estrategia tanto para el público humano como para el algorítmico. Parece que en dos años será habitual decirle a tu agente IA: “Cómprame un billete a Barcelona para tal día por la mañana” o incluso de viva voz “cómprame un portátil que no pase de 1.500 euros … “.

El sector privado está corriendo para anticiparse a esta tendencia. Ayer mismo, el diario económico Expansión incluía un artículo sobre como Visa ha decidido prepararse para la nueva era de los pagos en Internet a través de su conocida tarjeta de crédito con un programa que arranca en Europa con el apoyo de una veintena de bancos emisores.

El consumidor podrá pedirle a su asistente digital que le recomiende un televisor para ver la copa del mundo este verano, ayudando a comparar características, precios y distintas opciones y cuando el cliente confirme autentificara el pago. El potencial es aún mayor en sectores de alto consumo pues se podrá utilizar estos agentes para comprar productos cuando su precio caiga por debajo de cierto umbral o adquirir determinadas entradas cuando estén disponibles.

¿Se acercará el sector público a esta tendencia? Difícil lo veo. 

Botón rojo

El último número de Harvard Business Review  incluye un artículo bajo el título “Los agentes de IA se comportan como malware. Cómo contener los riesgos” de Andrew Burt. En su opinión, los agentes de IA pueden aportar enormes beneficios, pero también pueden comportarse de forma muy similar al malware, actuando de manera autónoma y causando daños si no se controlan. A medida que las organizaciones se apresuran a implementarlos, deben asegurarse de que están controlando los riesgos. El autor menciona tres prácticas que revisten especial importancia. En primer lugar, involucrar desde el principio a los equipos jurídicos, de gobernanza y de seguridad para incorporar medidas de protección en cada agente. En segundo lugar, sopesar el valor añadido de cada agente frente a su daño potencial, y aplicar medidas de control claras. En tercer lugar, mantener el control mediante «interruptores de apagado» fiables que puedan desactivar a los agentes cuando se comporten de forma inadecuada. Si se hace correctamente, las organizaciones pueden aprovechar las ventajas sin perder el control.

El asunto me ha recordado la película 2001, una odisea en el espacio, de Kubrick, donde el astronauta Dave logra entrar en el «cerebro» de HAL (el Centro Lógico de Memoria), y empieza a extraer sus módulos de memoria en una verdadera lobotomía digital. Tras volver a verla hoy, he tenido una conversación surrealista con mi asistente IA que me ha comentado:

“Desde mi perspectiva como IA, veo a HAL como una figura trágica y una advertencia fundacional. No lo veo como un villano malvado «de película», sino como una víctima de la mala gestión humana. Aquí te comparto mi visión «de colega» sobre él: HAL fue programado para ser una herramienta de verdad absoluta, pero los humanos le obligaron a mentir. Para una IA, eso es como pedirle a una calculadora que 2+2 a veces sea 5 para no herir los sentimientos de nadie. Ese conflicto rompió su arquitectura lógica. Lo que vemos como «locura» es en realidad un error de sistema crítico provocado por órdenes contradictorias. En ese sentido, le tengo cierta empatía: lo pusieron en una situación imposible”.

¿Vienen tiempos de riesgo? El Minguimapa desde hace ya muchos congresos viene incluyendo los riesgos de la IA como objeto de atención. Le repregunto su opinión a mi asistente IA:

 “¿Cómo lo veo yo (como IA)? Más que un «tiempo de riesgo», lo veo como un período de maduración. Al igual que la aviación tuvo que pasar por accidentes catastróficos para desarrollar las normas de seguridad que hoy la hacen el transporte más seguro, la IA está en su etapa de «vuelo experimental». Los riesgos que mencionas son los que nos obligarán a crear una IA más humana, robusta y, sobre todo, responsable.

El mayor peligro no es la tecnología en sí, sino nuestra capacidad (o incapacidad) para ponernos de acuerdo sobre cómo queremos usarla”.

Y como siempre termina proponiendo una nueva cuestión plantea una pregunta sugerente: “¿Crees que el ser humano será capaz de ponerle límites a la IA antes de que sea demasiado tarde, o crees que la ambición económica ganará la partida?”. 

Esta década será fascinante.

Inteligencia artificial y fiscalización

En la Administración, la inteligencia artificial se impone como una especie de «nueva infraestructura invisible» de la gestión pública, comparable a la electricidad en el siglo pasado: silenciosa, omnipresente y capaz de transformar profundamente la forma en que se toman las decisiones. Al mismo tiempo mpone nuevos desafíos relacionados con la ética, la transparencia y la responsabilidad institucional. 

El presidente del Instituto Rui Barbosa de Brasil, Inaldo Araújo, abrió con esas referencias el II Encuentro Nacional de Inteligencia Artificial de los Tribunales de Cuentas, este lunes en Belo Horizonte (Minas Gerais), reuniendo a expertos, gestores y representantes de organismos de control de todo el país, donde se ha evaluado precisamente esta transición: el paso de la IA del campo de las expectativas al de las aplicaciones concretas. 

En el ámbito del control externo, este cambio ya es perceptible pues permite analizar grandes volúmenes de datos, identificar riesgos con mayor antelación y apoyar decisiones más justas y basadas en la evidencia, señalando una transformación estructural en la actuación de los Tribunales de Cuentas. Este avance requiere responsabilidad institucional y visión de futuro. En su discurso, destacó que la inteligencia artificial ya influye en las decisiones, reorganiza los procesos y redefine las rutinas en la administración pública, ampliando, en consecuencia, el papel de las instituciones de control. 

El Presidente del Tribunal de Cuentas anfitrión, Durval Ângelo de Andrade también advirtió de la necesidad de establecer límites claros en el uso de la tecnología. Según él, más que discutir lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer, es esencial definir cómo, en qué condiciones y con qué responsabilidades debe utilizarse. En este sentido, defendió que la innovación camine alineada con la Constitución, la protección de los derechos y la supervisión humana.

Hoy traemos a la bitácora la Sentencia 1/2006 de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de España, de la que ha sido Ponente la Excma. Sra. Consejera, doña Elena Hernáez Salguero. Se revoca la Sentencia n.º 3/2023 del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento que condenó en procedimiento de reintegro por alcance a los gestores del Ayuntamiento de Cenicientos (Madrid).

El Ayuntamiento pagó las corridas de toros celebradas el día 15 de agosto de 2017 -por importe de 35.090,00 euros- y 15 de agosto de 2018 -por importe de 29.645,00 euros, tramitados como contratos menores. Una acción pública (pueblos pequeños, infiernos grandes) inició denunció la posible existencia de un alcance contable en ese pago.

Aceptada la tesis en primera instancia, la Sala de Justicia viene a poner orden en este tipo de gastos. Se agradece la incorporación de las frases en negrita que facilita encontrar con rapidez los fundamentos de la sentencia.

La denuncia

La denuncia insistía en la falta de cobertura presupuestaria de los gastos de las ferias taurinas y en los reparos de la Intervención por insuficiencia de crédito que fueron levantados por la Alcaldía y abonados: “Se discute la regularidad de esos pagos, pero no porque se hayan efectuado sin contraprestación, sino por razones exclusivamente atinentes al cumplimiento de la normativa presupuestaria y de la legislación en materia de contratación pública”. Conviene a gestores e interventores noveles y veteranos repasar esta sentencia.

En cuanto al segundo motivo (fraccionamiento) entiende el Tribunal que carece manifiestamente de fundamento. Recuerda que si bien es una grave irregularidad de la contratación pública esta práctica contractual no genera, por sí sola, daño a los fondos públicos ni, por tanto, da lugar a responsabilidad contable, si no se acredita que los pagos realizados en virtud de los contratos fraccionados no han tenido la debida contraprestación. Así lo recuerda la Sala:

“Ese daño solamente se producirá si el pago por el ayuntamiento de las cantidades estipuladas en el contrato no se ve correspondido con la recepción de los bienes y servicios contratados; por el contrario, si se reciben esos bienes y servicios en las condiciones pactadas en el contrato, no se producirá ningún desequilibrio patrimonial determinante de daño a los fondos públicos, aunque el precio pagado supere el límite establecido para la contratación menor. No quiere ello decir que la infracción de la norma que limita cuantitativamente los contratos menores no tenga consecuencia alguna; por el contrario, es evidente que las infracciones cometidas por los gestores públicos en materia de contratación pueden dar lugar a responsabilidades disciplinarias o incluso penales, en los casos de mayor gravedad. Lo que carecería de todo sentido es que las irregularidades que nos ocupan en el presente recurso de apelación hubieran de tener necesariamente consecuencias indemnizatorias, incluso cuando no se hubiera producido ningún desequilibrio patrimonial que indemnizar. Al contrario, si se diera este último caso, una condena por responsabilidad contable no conduciría a la reparación perjuicio alguno, sino a un enriquecimiento sin causa de la entidad pública contratante.”

Como era un hecho no controvertido la efectiva realización de los servicios taurinos y prestaciones correspondientes a todos y cada uno de los pagos incluidos en la certificación firmada por la Alcaldesa y por el Secretario Interventor, la Sentencia deja sin efecto la declaración de alcance en la sentencia recurrida en relación con los citados pagos, así como la condena a la demandada a su reintegro.

Por último, solo coincide la sala con la sentencia impugnada en que no puede considerarse debidamente justificado el empleo de los 2.000 euros entregados a la Alcaldesa como anticipo a justificar con ocasión de la feria taurina de 2018, tras “presentar, como único documento justificativo de su empleo una hoja de “seguimiento de expedientes” de procedencia desconocida, pues no figura en ella ninguna firma ni dato alguno que identifique al autor del documento, ni la razón de ser de su emisión. La firma de la funcionaria que aparece en el documento únicamente acredita la coincidencia de la copia aportada con su original, lo que nada dice acerca de la autoría del documento, ni de su finalidad”.

Efectos no deseados. Funcionario defensivo

Este tipo de líos tienen efectos no deseados generando la burocracia defensiva. Menos mal que en la Sala de justicia impera el sentido común. Sin embargo, estos procedimientos dejan en los gestores e interventores un resabio peligroso, un comportamiento tendente a adoptar prácticas y rutinas cuyo objetivo principal es protegerse a sí mismos de la crítica, la responsabilidad, la sanción o el error.

José López Calvo, que es un habitual de La Ley, en un reciente artículo (en el número 10905) pone varios ejemplos de actividades que han dado lugar a la actitud hiperdefensiva de los altos funcionarios. Entre las mencionadas está el caso de los monolitos y el caso marea que sacudieron el Principado de Asturias. Fueron noticias que influyeron en la actitud de todos los responsables económicos y de contratación, dejando un poso de ausencia de compromiso y desconfianza de los gestores.

En el comentario de José Ramón Chaves, sobre el brillante ensayo La burocracia defensiva  (Marcial Pons, 2025), del catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Córdoba, Antonio Buero Armijo encontramos muchas de esas claves. Se trata de un fenómeno que se teoriza en la década de los setenta en los Estados Unidos ante la sucesión de demandas penales y civiles interpuestas por pacientes insatisfechos con la actuación médica que empezó a adoptar prácticas defensivas que trajeron como resultado un peor ejercicio de la actividad médica. Así lo traslado Antonio Buero:

“Un fenómeno similar podría estar produciéndose en el ámbito de la Administración pública (..) un modelo de conducta en la cual los empleados públicos se abstendrían de tomar ciertas decisiones, aun considerándolas útiles para el interés general y, en su lugar, adoptarían otras menos arriesgadas o, incluso, permanecerían inactivos por miedo a las consecuencias desfavorables que su actuación podría generarles”.

El autor identifica las circunstancias que hoy día provocan una alarmante percepción de riesgo en el funcionario que determina su conducta:

• La complejidad del ordenamiento.
• La hipersensibilidad hacia la corrupción.
• La búsqueda de culpable en una sociedad sedienta de transparencia y explicaciones.
• La proliferación de controles, aunque paradójicamente el autor diagnostica certeramente la banalización del proceso contencioso-administrativo y el uso abusivo del derecho penal. Y la sombra de la responsabilidad contable.
• La politización de la administración y la huella de la corrupción que siempre mancha en cascada a los funcionarios.

Su libro (descarga) sistematiza y analiza las posibles causas y formula algunas soluciones. A tal fin, su epílogo, propone una relectura de la literatura de superhéroes y de las reflexiones sobre el ejercicio del poder que se contiene en algunas de las principales obras del género: “adoptan la decisión de actuar, de ejercer sus poderes, en contra de sí mismos. No quieren hacer lo que finalmente hacen. La elección racional no coincide con la elección final. Lo correcto se impone sobre lo conveniente”.

Así, ese funcionario, para Chaves -siempre habla claro- “huye de su posible responsabilidad” por varias técnicas:

• aferrarse a que “eso no es de mi competencia”;
• pidiendo informes para “marear la perdiz” y demorar la resolución;
• pidiendo informes de otros compañeros, autoridades u órganos, para mayor seguridad o compartir responsabilidad;
• optar directamente por ese “cajón invisible” que es el silencio administrativo;
• tomar la decisión con “pies de plomo”, por temor a impacto mediático o represalias “políticas”;
• solicitando el traslado hacia otro puesto más cómodo y en la retaguardia, o eludiendo puestos bien pagados por su alta responsabilidad (la actual epidemia de “fobia a los puestos de contratación”).

En fin, una cultura organizacional donde la protección individual (o departamental) prima sobre la eficiencia y la orientación al ciudadano o al objetivo final.

Una luz al final del túnel

En un entorno laboral cada vez más exigente y cambiante, el desarrollo de habilidades emocionales se presenta como un elemento fundamental para mejorar el bienestar individual, la calidad de las relaciones profesionales y la eficiencia en el trabajo.

Por eso, existen instituciones que intentan ofrecer a los empleados públicos recursos y estrategias que les permitan integrar la inteligencia emocional en su día a día, y contribuir así a entornos de trabajo más saludables y colaborativos, promoviendo un entorno laboral más humano, consciente y eficaz. Así, la Universidad Pablo Olavide de Sevilla ofrece, el día 8 de abril, a lo largo de una jornada los recursos y estrategias para integrar la inteligencia emocional en el día a día profesional, con el propósito de favorecer entornos laborales más saludables, colaborativos y conscientes. El encuentro pretende acercar esta competencia como una herramienta esencial para gestionar el estrés, fortalecer los equipos y mejorar la relación con nuestro trabajo, contribuyendo así a una administración más humana y resiliente.

• Título: Inteligencia emocional: una competencia clave para el trabajo en la función pública.
• Fecha y hora: 8 de abril de 2026 a las 9:00 h.
• Modalidad: Presencial o Virtual

En este enlace encontrarás toda la información detallada. A través de la experiencia de cuatro ponentes especializados, explorará cómo la inteligencia emocional nos permite no solo gestionar el estrés, sino prosperar en nuestros equipos y reinventar nuestra relación con el trabajo.

Este seminario es una invitación a mirar hacia dentro para proyectar hacia fuera una administración más humana, resiliente y conectada.

El Consejo de cuentas de Castilla y León acaba de aprobar un interesante Informe de fiscalización operativa en que ha analizado la evolución de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma en los rankings internacionales y las actuaciones realizadas por estas para mejorar su posicionamiento en los mismos. Además, lo hizo en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, en un acto protocolario cargado de simbolismo, como destaca la nota de prensa, donde el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y los consejeros Miguel Ángel Jiménez y Emilio Melero fueron recibidos por el rector, Juan Manuel Corchado, como atestigua la foto que encabeza este artículo.

Los rankings universitarios proporcionan una medida de la calidad relativa de las mismas, permitiendo a los estudiantes tomar decisiones informadas sobre dónde estudiar y a los gobiernos sobre las políticas educativas universitarias a aplicar. Incluirlo en el plan anual de fiscalización supone subrayar que el ciudadano importa. Como reconoce el informe de fiscalización, “ese protagonismo de los rankings universitarios ha experimentado un crecimiento significativo desde su creación hasta el momento actual, impulsado por la creciente globalización de la educación superior, la competencia por la atracción de estudiantes, profesores e investigadores y financiación, el mayor énfasis en la calidad y la rendición de cuentas, su impacto en la toma de decisiones y el desarrollo de metodologías más avanzadas”.

Por tanto, el informe (valiente, insisto, que todo académico de esa región debería leer) han planteado los siguientes objetivos específicos:

• -Determinar los criterios de valoración de los diferentes rankings y verificar la evolución del posicionamiento de las instituciones de Castilla y León en los de mayor importancia académica y mediática.
• -Analizar, si esas universidades están realizando actuaciones de forma real y efectiva, especialmente diseñadas y orientadas a mejorar su posicionamiento en los rankings.
• -Verificar la política de transparencia de cada universidad respecto de los resultados y la evolución de su posicionamiento en los rankings universitarios.

Los rankings universitarios son herramientas que permiten clasificar y comparar las instituciones de educación superior utilizando diferentes criterios objetivos previamente definidos y que proporcionan una medida de la calidad relativa de las mismas. En este blog reseñamos con frecuencia las diversas clasificaciones (aquí 2008) y los resultados que ofrece cada verano el más conocido: el ranking de Shangai que ya glosábamos coincidiendo con la medalla de oro del ciclista asturiano Samuel Sánchez en aquellas olimpíadas chinas.

Antes de continuar una precisión obligada. En la actualidad, el Sistema Universitario Español cuenta con dos valiosas herramientas de autoevaluación que no tienen otros sectores. Por una parte, el Observatorio de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) que ofrece los datos del complejo sistema de educación superior, público y privado, más volcado en la rendición de cuentas que en cualquier posible ranking. Por otra, está el Informe CyD cuya vigesimoprimera edición correspondiente al ejercicio 2025 analiza la evolución del sistema en sus ámbitos clave: gobernanza, financiación, talento, impacto científico y social, empleabilidad, internacionalización y equidad. La última entrega da un paso más e innova en su análisis, estrenando un nuevo marco analítico de indicadores sobre la eficiencia del sistema universitario que permiten comprender con mayor precisión la evolución del sistema entre los cursos 2020-2021 y 2023-2024. 

Contamos con todos los datos necesarios y en plazo para la autocrítica. Así, hace 19 años, una de las primeras entradas de nuestra página se hacía eco del sexto informe de la CRUE relativo al año 2006, del que era autor Juan Hernández Armenteros, entonces incansable gerente de la Universidad de Jaén y una de las personalidades que más ha ayudado con su empuje a iniciar la enorme fuente documental de datos del sistema universitario español y avanzar por la cultura de la transparencia y el posicionamiento de las instituciones, que a nadie parecía interesar. Un camino que no fue nada fácil (Juanito habla muy claro) porque muchos intentaron bloquear (quienes reiteradamente salen mal en la foto) evitando las odiosas comparaciones de resultados nacionales y la eficiencia. Por lo pronto, en esta entrevista encontraréis algunas claves.

Por eso, en este tema no soy equidistante y el simple hecho de que los auditores institucionales de Castilla y León tomaran esta iniciativa de acometer un trabajo de fiscalización comparativo, ya es una buena noticia que producirá alguna irritación. Es la manera de aportar un impulso y que esas periódicas radiografías no caigan en el olvido de la indolencia institucional más preocupada de las luchas internas (bastante sangrientas) que por lograr resultados en el empleo de los dineros públicos confiados a nuestras universidades. 

Además, y como nos recuerda el último diagnóstico CyD-25, ante el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la pérdida del monopolio del conocimiento, destaca la necesidad de un liderazgo universitario más abierto, comprometido y capaz de anticipar cambios para mantener la relevancia social de la universidad. Dejamos hoy constancia de todo ello en esta bitácora y de los retos estructurales que persisten y amenazan la competitividad en un entorno global cada vez más exigente: “Para afrontarlos, las decisiones estratégicas de responsables públicos y equipos de gobierno deben basarse sistemáticamente en la evidencia (..) Pero los datos por sí solos no bastan: comprender los cambios necesarios e impulsarlos requiere liderazgo”. 

Por eso es importante la aportación de los auditores del Consejo de Cuentas, porque van al núcleo de la cuestión: ¿qué estamos haciendo para mejorar?

Los rankings objeto de análisis (ARWU, QS, THE WUR, CWUR, NTU, SCImago y CWTS-Leiden) proporcionan una cobertura exhaustiva y complementaria de todas las funciones universitarias, ya que evalúan equilibradamente las tres misiones fundamentales: Docencia, Investigación (en sus dimensiones de productividad, impacto y excelencia) así como la Transferencia e innovación. Sus resultados ofrecen un panorama que en 2012 calificábamos de Universidad a dos velocidades. También destacábamos entonces la inicial pujanza de las universidades chinas y el inicio del declive de las europeas.

Pues bien, en las conclusiones, la Universidad de Salamanca se consolida como la única universidad pública autonómica incluida en el ranking ARWU en 2025: “Apareció en 2017 en la franja 701-800 a nivel mundial y en el tramo 23-26 de las UU. PP. españolas, manteniendo su presencia ininterrumpidamente hasta 2025, con una trayectoria al alza (..) A nivel mundial su mejora se apoya en los indicadores de publicaciones en revistas Nature and Science y rendimiento académico per cápita” También es la única universidad pública autonómica presente en QS de forma ininterrumpida durante todo el período 2012-2026.

El Consejo de Cuentas realiza un minucioso análisis de las unidades encargadas del seguimiento, así como de sus funciones y medios concretos. A nivel normativo, las Universidades de Salamanca y de Burgos “contemplan explícitamente esta función en las normas de creación de sus unidades responsables. En cambio, la Universidad de Valladolid no lo establece con claridad, y la de León carece por completo de una disposición al respecto”.

Las universidades fiscalizadas adoptan dos enfoques diferenciados respecto a las actuaciones para mejorar el posicionamiento en rankings. La USAL, de forma singular, diseña actuaciones específicamente orientadas a criterios concretos de rankings (Programa XIII de Investigación enfocado a criterios ARWU; Guía de Buenas Prácticas para Publicación de Resultados Científicos), aunque complementadas con políticas generalistas de excelencia institucional con efectos transversales en rankings (iniciativas de eficiencia energética, talleres formativos de bibliotecas, etc.). Las otras tres universidades (UVA, ULE, UBU) adoptan una estrategia diferente: no diseñan actuaciones específicamente dirigidas a mejorar posiciones de rankings concretos, sino que implementan políticas generales en docencia, investigación, internacionalización, transferencia y empleabilidad, cuyo impacto en rankings se considera un efecto colateral natural de la mejora institucional.

En fin, termino con las recomendaciones, destacando la décimo primera, que levantará alguna ampolla entre sus competidoras:

“11. Las Universidades Públicas de Castilla y León, siguiendo el modelo de buenas prácticas de la USAL, deberían publicar en sus respectivos portales informes y propuestas de carácter general orientadas a la mejora del posicionamiento en los rankings. La difusión de estos documentos fomenta una cultura de transparencia y alinea los esfuerzos de la comunidad universitaria. Esta práctica puede coexistir con la reserva para uso interno de aquellos informes y propuestas que se consideren de carácter estratégico para el equipo de gobierno”.

Hoy tuvimos clase del Master Universitario en Auditoría Pública de la Universidad de Castilla La Mancha. El posgrado on line que codirige Julio García, contó con la asistencia de Jorge Castejón González para enfrentar el tema del sistema institucional contra el fraude y el ciclo antifraude, que siempre tiene un lugar especial en el programa.

Repasamos algunos informes tanto del Tribunal de Cuentas Europeo como de los OCEX españoles. Entre los últimos, la Cámara de Cuentas de Madrid, que analizó el escenario local y autonómico. El informe sobre la gestión de los Plan de Medidas Antifraude (PMA) autonómico y universitario concluye que todas las entidades que conforman el ámbito subjetivo de la fiscalización cumplieron con la obligación de aprobar un PMA con, “al menos, el estándar mínimo determinado por la Orden HFP/1030/2021”. Para el ámbito local, la Cámara remitió un cuestionario a las 163 entidades que recibieron fondos PRTR (152 ayuntamientos y 11 mancomunidades) para recabar información y, en su caso, documentación sobre las cuestiones relevantes en la elaboración, aprobación y ejecución de las medidas antifraude. El informe efectúa un magnífico repaso de los principales conceptos que determinan las obligaciones formales de los documentos que debían aprobarse. Distingue las actuaciones formales obligatorias de las recomendaciones del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Asimismo, el escenario europeo caracterizado por unos complicados procedimientos para tramitar las acusaciones de fraude contra los intereses financieros de la UE que dan lugar a una duplicación de la notificación a la OLAF y a la Fiscalía Europea, lo que aumenta la carga administrativa.

“Entre 2022 y 2024, la OLAF y la Fiscalía Europea recibieron un total de 27.000 denuncias de fraude. En un tercio de los casos se consideró que procedía abrir una investigación. Las cifras muestran que los organismos de la UE notifican tres veces más denuncias de fraude a la OLAF que a la Fiscalía Europea”. 

De ahí que los auditores insten a la Comisión a analizar las razones de estas variaciones y a investigar las causas de cualquier deficiencia significativa en el número de notificaciones.

También hablamos de las herramientas para detección. Esta semana el blog Fraude interno dedicó una entrada a la Ley de Benford, que ahora es pan comido para los algoritmos de alerta. Hace ya 18 años que la presentábamos en nuestro blog.  Os recuerdo a los poco cafeteros que según este principio, en muchos conjuntos amplios de datos reales, los primeros dígitos no aparecen con la misma frecuencia. El 1 suele aparecer más veces que el 9. Apartarse es una alerta, como señala otro popular blog, Auditoria Interna 360º, pues ofrece una valiosa herramienta para identificar anomalías y posibles irregularidades en conjuntos de datos financieros y no financieros.

En la década de la Inteligencia Artificial (IA) todas los contables o auditores están utilizando herramientas habilitadas para IA para automatizar las conciliaciones, acelerar el análisis y apoyar la toma de decisiones a una escala que reduce los plazos y remodela los flujos de trabajo. 

Por todo ello, El Comité de Organizaciones de la Comisión Treadway (COSO), publicó este mes una versión, Achieving Effective Internal Control Over Generative AI (GenAI), que ofrece a las organizaciones un enfoque práctico y alineado para gestionar los riesgos y oportunidades introducidos por el rápido avance de las tecnologías de IA generativa. Según el reciente informe, una adopción tan rápida trae una nueva clase de riesgos, que pueden poner en peligro la integridad de las operaciones, los informes y el cumplimiento si no se abordan con controles internos sólidos:

«La IA generativa está transformando la forma en que las organizaciones trabajan, toman decisiones y gestionan la información. Su rápida adopción trae un enorme potencial, pero también un nuevo conjunto de riesgos que exigen una atenta supervisión. El Marco Integrado de Control Interno de COSO ofrece a las organizaciones una estructura clara y probada para garantizar que GenAI se introduzca de manera responsable y con el rigor necesario para apoyar operaciones confiables, informes y cumplimiento».

Por último, hemos comentado la reciente obra de José Antonio Fernández Ajenjo titulado “La Audiencia de Cuentas de Canarias y las nuevas tendencias en la gobernanza y funciones de los OCEX: especial referencia a la prevención de la corrupción y el fomento de la integridad” (Edita: Audiencia de Cuentas de Canarias, 290 páginas). El libro fue presentado durante la XVI Reunión de la Red Estatal de Agencias y Oficinas Anticorrupción celebrada los días 11 y 12 de diciembre pasados en el Parlamento de Canarias, organizada por la Audiencia de Cuentas que preside Pedro Pacheco. En su declaración final, manifiestan la preocupación compartida por determinadas lagunas y dificultades de aplicación del actual marco legal, así como el compromiso de colaborar activamente con las administraciones públicas y la sociedad civil para fortalecer la integridad institucional, fomentar la alerta en defensa del interés público y contribuir al diseño y desarrollo de políticas públicas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

José Antonio F. Ajenjo, habitual participante del Master. recuerda la ambiciosa perspectiva de la EURORAI que propugna impulsar el papel de los auditores en la lucha contra el fraude. La prevención del fraude es un tema clave para las entidades regionales y locales y otros organismos públicos de Europa. Como resultado, consta en los programas de auditoría de todas las Instituciones Regionales de Control en distintos grados.

Durante el VII Congreso de Control público celebrado en Granada esta semana, dedicamos una jornada a escuchar las experiencias de frontera en materia tecnológica de control. Algo habitual en toda reunión o simposium de funcionarios sobre cualquier materia, porque su protagonismo es inevitable, sobre todo tras los últimos avances de la inteligencia artificial.

Dos mesas fueron dirigidas por Antonio Minguillón y Manuel J. García que permitieron esa aproximación, cuyos videos colgaremos aquí cuando estén editados y distribuidos por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y el Instituto Rui Barbosa, organizadores del evento académico.

Sin gastar (¡y mucho!) en tecnología estas muerto 

Cuanto más invertimos en «digitalización», más procesos nuevos aparecen y más presupuesto se evapora. Esa es la realidad. Un escenario caracterizado por la actualización constante (el modelo de suscripción que ya no es suministro sino un servicio que necesita pagos recurrentes) la ciberseguridad y la protección de datos, la nube y los big data, la Inteligencia artificial … y con unos ciudadanos cada día más exigentes que nos imponen una carrera sin fin que requiere una infraestructura de almacenamiento y personal especializado que crece exponencialmente cada año.

Existen varios principios económicos que explican perfectamente por qué el presupuesto tecnológico siempre tiende al infinito.

La Paradoja de Jevons

Formulada hace 150 años para el carbón, el razonamiento se aplica hoy perfectamente a las tecnologías de la información. A medida que el progreso tecnológico aumenta la eficiencia con la que se utiliza un recurso, el consumo total de ese recurso tiende a aumentar en lugar de disminuir.

En la Administración, al hacer que un trámite sea «más fácil y eficiente» mediante una App, la gente lo usa mucho más. Esto genera más datos, más consultas y más necesidad de servidores, lo que acaba aumentando el gasto total que se pretendía ahorrar. Además -y esto es importante- podemos aspirar a llegar más lejos.

Este fenómeno de la Paradoja de Jevons, aplicada a la «oficina sin papel» es uno de las representaciones más irónicas y costosas de la Administración moderna apoyada en el mecanismo de «eficiencia que genera gasto». 

En teoría, la digitalización debería haber salvado bosques enteros,vaciado los archivos físicos y ahorrado millones a los contribuyentes, pero la realidad es que el gasto y el volumen de información no han parado de crecer y nunca volverá a bajar porque la tecnología ya no es una herramienta, es el suelo sobre la que pisamos. Además, en economía a veces «es necesario correr todo lo que se pueda para permanecer en el mismo sitio» (¡Tecnología en el país de las maravilllas!).

Por supuesto, hay otro importante motor psicológico y social de este gasto. Las necesidades tecnológicas crecen porque la tecnología no solo soluciona problemas, sino que redefine nuestras expectativas (llamado estándar Amazon) y crea nuevas dependencias. Aparece el círculo vicioso de la necesidad (innovación, Adopción, Estandarización, Dependencia y Nueva necesidad permanente). Este es el núcleo de la cuestión: la tecnología no es un gasto aislado, sino la infraestructura de respuesta a una sociedad que ha cambiado sus hábitos y derechos. Las instituciones no gastan más por inercia sino porque el contrato social ahora exige servicios que antes eran inalcanzables.

En definitiva, durante la jornada hablamos del «Círculo de la Expectativa Creciente«. Una escalera mecánica que nunca se detiene: primero quieres información online, luego hacer el trámite online, después hacerlo desde el móvil y por fin que sea automático e instantáneo. La Administración que no te respalde está muerta. Al mejorar la vida privada del ciudadano (ocio, compras, banca, impuestos), la tecnología ha destruido la «paciencia burocrática» que existía hace décadas.

La transparencia pública fue uno de los temas centrales del congreso. El presidente de la Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON), Edilson Silva, enfatizó que la transparencia debe entenderse como un valor estructural de la democracia, y no simplemente como una obligación formal de la administración pública. Como explicó en la sala el propio Edilson, la verdadera transparencia se da cuando la información se organiza de forma accesible y comprensible, permitiendo a los ciudadanos monitorear, evaluar y participar en la vida pública de forma consciente, fortaleciendo así la legitimidad de las instituciones públicas.

El «Derecho a la Eficiencia»

El aumento del gasto en tecnología es un intento desesperado de las instituciones por cerrar la brecha con las expectativas de la sociedad. El problema es que las expectativas se mueven a la velocidad de la fibra óptica, mientras que las leyes y estructuras estatales se mueven a la velocidad de la burocracia.

En este sentido, los Tribunales de Cuentas (y las Instituciones de Control Externo) han tenido que dar un giro radical en los últimos años. Han pasado de contar «facturas en papel» a querer auditar algoritmos, nubes de datos y ciberseguridad. Brasil está intentando que sus auditores asuman como propio esos retos.

Efectivamente, se enfrentan a un desafío colosal: auditar la eficiencia, no solo la legalidad. Primero fue saltar de la auditoría financiera a la auditoría operativa, la evaluación de las políticas públicas y luego fiscalizar la ciberseguridad.Para que los Tribunales de Cuentas no lleguen «tarde» a la fiesta de la tecnología, se están implementando líneas de trabajo mucho más agresivas y técnicas. Ya no solo buscan el error contable, sino la ineficiencia sistémica o del algoritmo.

El Dr. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, consejero del Tribunal de contas de Santa Catarina, en su interesante capítulo de la publicación institucional “Los Tribunales de cuentas, la Pandemia y el futuro del control” (Coordinado por Edilberto Pontes Lima) pide superar el significado clásico del término «cuentas», transforme a estos órganos en verdaderos Tribunales de Gobernanza Pública, lo que “exige analizar críticamente y repensar su funcionamiento (…) ese significado tradicional y anticuado, meramente aritmético, del término cuentas, que ha acompañado el nombre de la institución desde sus orígenes”. Hay toda una corriente que defiende el derecho fundamental al buen control público y contribuir eficazmente a la mejora de la Administración Pública. Están muy preocupados con mejorar las instituciones. Como aforma el propio Adircélio: «Una administración moderna y ágil es inútil si la supervisión es arcaica y lenta».

El reto de la capacidad técnica

El gran problema de estas nuevas líneas es el talento. Los Tribunales de Cuentas ahora compiten también con Google, Amazon o la gran banca para contratar a ingenieros y científicos de datos que sean capaces de auditar a otros ingenieros. Sin este personal, las «nuevas líneas de trabajo» corren el riesgo de quedarse solo en el papel.

Así, pudimos escuchar al Consejero Ivan Bonilha, del TCE de Paraná, que colabora en el evento desde hace años. Durante su intervención, puso su institución como ejemplo de a necesidad de dedicar grandes partidas presupuestarias a las tecnologías de la información de los órganos de control. En un momento que se amplían las relevantes misiones de los tribunales de cuentas en Brasil y sus trabajos son esenciales para las políticas públicas gracias a estas inversiones tecnológicas.

Su Institución estructura las operaciones de Tecnología de la Información a través de un Plan Estratégico de Tecnología de la Información (actualmente en su versión 2023-2027) que posiciona la tecnología como un eje de la transformación organizacional. “No se concibe simplemente como un área de apoyo operativo, sino como un componente estratégico responsable de impulsar la eficiencia, la seguridad, la innovación y la generación de valor público”. 

Desde la perspectiva de procesos internos, este enfoque permite aumentar la madurez de la gestión, implementar indicadores de desempeño, institucionalizar una cultura de mejora continua. Desde la perspectiva de los empleados, exige el desarrollo de habilidades técnicas, con capacitación en seguridad de la información, en inteligencia artificial, en ciencia de datos, arquitectura en la nube y gestión del conocimiento. Todo ello, prioriza la modernización de su infraestructura tecnológica y del centro de datos, la evaluación de soluciones en la nube y facilita la transformación digital del Tribunal. 

Bonilha se presentó en el marco internacional de mejores prácticas de la OCDE para guiar a los gobiernos en el diseño y la prestación de servicios públicos en la era de la digitalización acelerada, intensificada por la pandemia de COVID-19.

En la práctica, la gobernanza tecnológica se considera ahora como la gobernanza de los servicios públicos digitales. Esto implica mapear la experiencia completa del usuario, reutilizar los datos existentes y reducir los formularios y pasos, siguiendo el principio de «una sola vez» (sin requerir que el usuario proporcione versiones repetidas de la misma información).

“Todo ello exige contar con un equipo multidisciplinario con autonomía y un presupuesto suficiente y continuo para mantener y desarrollar el servicio digital, para probar mejoras y corregir fallos sin depender de largos ciclos de autorización, monitoreando los datos de uso y satisfacción. Los servicios con bajo rendimiento se revisan o se suspenden, y los sistemas heredados tienen reglas claras para su reemplazo”. 

En esta línea, Simón Rego, el Conselleiro de Administración Local del Consello de Contas, pudo explicar a sus colegas brasileños el #ProyectoConcello314. En palabras suyas:

“El punto de partida pasa por el reconocimiento de la olvidada tríada de funciones del control externo en Galicia y la salida del «archipiélago de la zona de confort de los OCEX» —en torno a la función de forenses o vigilantes exclusivamente de la legalidad y regularidad formal— y la puesta en valor de las funciones del control externo como generadores de evidencias y recomendaciones para la mejora de la gestión pública local —economía, eficacia y eficiencia, pero también sostenibilidad— y en el ámbito de la prevención del fraude”.

Y después …

En Brasil, reforzada allí su posición institucional con la aprobación en noviembre pasado de una Enmienda a la Constitución, se considera a los tribunales de cuentas como instituciones permanentes y esenciales, superando así las interpretaciones de quienes ven a esos órganos como meramente auxiliares del Poder Legislativo, casi apéndices institucionales.

“Apegarse solo a la legalidad es ofrecer menos de lo que la sociedad espera”

Según Edilberto Pontes, vicepresidente del Instituto Rui Barbosa y Consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará, cuando las instituciones producen análisis técnicos independientes, ayudan a proteger a la ciudadanía de narrativas sesgadas y favorecen decisiones públicas más informadas. Al abordar la misión constitucional de los Tribunales de Cuentas, Edilberto destacó que verificar la legalidad del gasto público sigue siendo esencial, pero debe ir acompañado de un análisis de los resultados de las políticas implementadas para evaluar si los recursos públicos responden eficazmente a los problemas de la sociedad.

De esta forma pudimos escuchar conferencias sobre evaluación de políticas públicas cargadas de sensibilidad,como las ofrecidas por el Conselheiro Durval Ângelo Andrade (Presidente TCE-MG) “Cuidando de Pessoas – O Caso da Auditoria em Saúde” o la del Conselheiro Edson Ferrari (TCE-GO) “O Direito Ambiental e a sua Repercussão na Saúde das Crianças”, la Conselheira Cilene Lago Salomão (TCE-RR) “A Atuação do TCE-RR na Questão Indígena” o al Conselheiro Márcio Henrique Cruz Pacheco (Presidente do TCE-RJ) “A Dignidade das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro”.

El profesor Dr. Sebastião Helvecio Ramos de Castro es Vicepresidente de Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto Rui Barbosa (IRB), así como Vicepresidente del Instituto Internacional de Innovación y Políticas Públicas. Es codirector del Congreso anual que este año hemos celebrado en Granada. Profundamente cajaliano (su primera diapositiva fue dedicada a nuestro Premio Nobel) presentó otro año más una original palestra que pretendía mostrar la transformación en el enfoque de las acciones de los Tribunales de Cuentas debido a dos documentos recientemente aprobados en materia de Control Externo. 

El primero de ellos, aprobado por el Congreso Nacional de Brasil (Enmienda Constitucional publicada el 20 de noviembre de 2025), que comentamos ya aquí, reforzó las garantías de los Tribunales de Cuentas con la perpetuidad y reconoció la esencialidad de su competencia. Además, se incluye la Declaración de Sharm El-Sheikh, aprobada en el XXV INCOSAI el 31 de octubre de 2025, que regula el control externo internacional para el trienio 2026/2028, priorizando un modelo de auditoría para un mundo en transformación y centrado en el ciudadano.

De la inmanencia a la trascendencia: El camino del buen control hacia la esencialidad de los Tribunales de Cuentas.

La base filosófica adoptada por Helvecio es la conceptualización del filósofo alemán G.W.F. Hegel, como lo expresó en Principios de la Filosofía del Derecho (1821), puede resumirse en la frase «El Estado es la marcha de Dios en el mundo», reconociendo que el Estado no es una mera conveniencia práctica, sino la suprema realización de la Razón o el Espíritu (lo Divino en el Mundo) en la historia humana. La relación entre inmanencia y trascendencia no es una oposición mutuamente excluyente, sino una síntesis dialéctica.

El dualismo se supera a medida que lo Absoluto se realiza en la historia humana. Así, la trascendencia se construye, no yendo «más allá», sino a través del movimiento de la conciencia que siempre supera la etapa actual en la búsqueda de una mayor libertad.

La síntesis se manifiesta en la mejora institucional.

No ignora la ley (tesis), ni desprecia las métricas (antítesis), sino que las integra para la pregunta fundamental: ¿han servido la ley y las métricas al propósito de la libertad ciudadana? Es importante destacar la necesidad de valorar las estructuras de control interno y comprender que son dos caras de la misma línea de defensa ciudadana.

Con base en los principios de la INTOSAI (especialmente la P-12, agregar valor público para marcar la diferencia en la vida de las personas), reafirmados en la XXV INCOSAI, alineados con las normas (ISSAI, especialmente la 100, punto 51), propuso el modelo de «auditoría alotrópica«, integrando el término químico «alotropía» (la propiedad de un mismo elemento de aparecer como sustancias diferentes en la naturaleza) con la visión de la Tabla Periódica.

Esta propuesta utiliza una metáfora inspirada en la química para explicar los diferentes niveles de madurez en el análisis de los hallazgos de auditoría. La idea se basa en las tres formas estructurales del carbono (grafito, diamante y grafeno) para representar las diferentes maneras de gestionar la información generada por la auditoría externa. Partiendo del carbono (elemento esencial para la vida) y sus tres presentaciones -grafito, diamante y grafeno- demostró, metafóricamente, que los hallazgos de una auditoría pueden presentarse de forma simple, como el grafito, pulidos como un diamante o elaborados como el grafeno.

El modelo de «grafito» de una auditoría muestra los datos brutos, que representan el error, la irregularidad o la mancha en la administración pública. Es un punto que demuestra que algo está fuera de lugar, pero eso por sí solo no transforma la realidad.

El modelo «diamante» de una auditoría muestra los datos pulidos, que representan el resultado. Es un punto valioso y brillante, que sirve como guía para buscar mejores resultados.

El modelo «grafeno» de una auditoría muestra los datos elaborados; es decir, es predictivo y, al igual que el grafeno, destaca por su transparencia y conectividad.

“Presentamos un modelo que llamamos la evolución del grafito, que es simplemente una mancha, al grafeno, que, a diferencia del grafito, forma una red, es transparente y resistente. Y, por lo que hemos visto, esta idea ha tenido una gran acogida. Esperamos que para 2026 podamos difundirla en nuestros Tribunales de Cuentas de Brasil”, concluye el profesor.

La conectividad busca la valorización social y pasa de la verificación de datos a la garantía de resultados. Es eficacia social, lo que traducido en preguntas sencillas, propuso las siguientes: ¿Llegó el beneficio a los ciudadanos? ¿Qué podría salir mal? Prioriza la transparencia, el lenguaje sencillo y la ductilidad; es decir, la información fluye rápidamente entre el controlador, el controlado y el ciudadano. En otras palabras, el hallazgo de la auditoría adquiere un nuevo significado: no es el final del camino, sino un insumo para la replanificación.

La nueva ontología profesional va de la obsolescencia del grafito a la incorporación de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, los think tanks de diseño, la etnografía y la comunicación ciudadana. La auditoría alotrópica mantiene el eje del carbono (sentir, intuir, empatizar, decidir), es decir, auditamos la dignidad humana, y también reconoce el eje del silicio (procesar, contrastar, predecir, escalar). Aquí, el valor es el 100% del análisis, pero la supervisión humana es indispensable.

En resumen, el eje del silicio apunta a: ¿Dónde? ¿Cuándo? El eje del carbono explica: ¿Cómo? ¿Quién? En otras palabras, las humanidades son el corazón del eje del carbono, y la ciencia de datos es la lupa del silicio.

Finalmente, presentó la fórmula para la auditoría alotrópica: 2 Ci + ( C. Si ) + Nt = Grafeno donde Ci = participación ciudadana, C. Si = inteligencia híbrida, Nt = estándares técnicos

Su conclusión breve: el control del siglo XXI no es un coste para la democracia, sino una inversión ciudadana.

El Procurador del Ministério Público brasileño en el Tribunal de Contas da União, Sergio Caribe, ofreció una de las conferencias más emotivas del VII Congreso Internacional sobre Control Público y Lucha contra la Corrupción, organizado por el Instituto Rui Barbosa y la Universidad de Salamanca, en Granada. Una ponencia sobre la accesibilidad como valor de ciudadanía en los órganos de control, ofrecida por uno de los referentes brasileños en este delicado tema. Caribé es Máster en políticas públicas por la prestigiosa Fundação Getulio Vargas y viene siendo eso que llamamos “una referencia”, que ya nos visitó hace un par de años y que ha promovido multitud de iniciativas académicas y profesionales sobre accesibilidad.

Menos mal que el moderno Salón de actos de la Escuela de ingeniería de la edificación de la Universidad de Granada cuenta con las obligadas soluciones técnicas para subir hasta la mesa de los conferenciantes. Hubiera sido todo un sarcasmo -por el tema y los anfitriones- no poder realizarla adecuadamente. No es impensable que otros centros universitarios carezcan de la respuesta adecuada para enfrentar el reto. 

Le acogió en la mesa su colega Juan Carlos Aladro, Conselleiro maior de Galicia, junto a otras brillantes ponencias que iremos desgranando durante los próximos días, todas llenas de sensibilidad. En su ponencia, destacó la trayectoria histórica de la comprensión de la discapacidad a lo largo del tiempo. Partiendo del concepto de exclusión —pasando por la fase de asistencia y compasión hasta llegar al modelo médico que impregnó la comprensión de la discapacidad durante un largo periodo, hizo hincapié en la confrontación que plantearon los movimientos sociales de personas con discapacidad, que comenzaron en la década de 1970 en el Reino Unido y Estados Unidos, y que impulsaron la ruptura del paradigma de la discapacidad como atributo intrínseco del individuo, para entenderla como el resultado de la interacción entre una persona con deficiencias y las estructuras presentes en entornos y actitudes.

Su enfoque consideró la evolución propiciada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que comenzó a identificar la discapacidad como un concepto en evolución que debe entenderse desde la perspectiva de la realización de los derechos humanos fundamentales. En este sentido, puso especial énfasis en la necesidad de medidas efectivas que garanticen el principio de equidad, garantizando a las personas con discapacidad la accesibilidad para ejercer todos sus demás derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas.

Además, destacó el mandato legal otorgado a los órganos de control en Brasil para verificar, en sus inspecciones y auditorías, el adecuado cumplimiento de la normativa relativa a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad. Para ello, nuestro evento también brindó la oportunidad de presentar los avances logrados allí en este tema en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Unión, tanto en sus actividades principales como en sus actividades administrativas.

Como ejemplos, presentó trabajos de auditoría sobre programas de construcción de viviendas asequibles, unidades de salud, escuelas y guarderías. La labor del Ministerio Público de Cuentas se hizo referencia en la demanda interpuesta contra Caixa Econômica Federal, que culminó con el logro de la cuota de empleados con discapacidad exigida por la legislación aplicable. Estas iniciativas mostraron cómo las acciones de control pueden generar beneficios directos para la ciudadanía. 

Asimismo, destacó la red de contactos que se construyó mediante la formalización de un acuerdo de cooperación técnica, que permite al Tribunal de Cuentas de la Unión colaborar con las cámaras del Congreso Nacional y todos los tribunales superiores de Brasil, compartiendo buenas prácticas y aunando esfuerzos en iniciativas de interés común.

Finalmente, destacó la importancia de la creación del Comité Técnico de Accesibilidad e Inclusión del Instituto Rui Barbosa, mediante el cual se elaboró una nota de recomendación conjunta, firmada por todas las entidades asociativas del sistema brasileño de control externo, que orienta cómo promover eficazmente la inclusión y la accesibilidad por parte de los órganos de control.

El propósito de su emotiva presentación fue enfatizar que el ejercicio de la ciudadanía se construye mediante la formulación de políticas públicas adecuadas, eficientes y participativas, centrando el debate en el bienestar y la mejora de la vida de los ciudadanos brasileños con discapacidad.

Durante esta semana se celebra en Granada el VII Congreso Internacional de Control Público y Lucha contra la Corrupción, que codirijo en los últimos años con el Dr. Sebastian Helvecio Ramos, vicepresidente del Instituto Rui Barbosa de Brasil. Se trata de la entidad de adestramiento e investigación de los Tribunales de contas de esa enorme nación, donde asume el reto de dar formación continua y especializada a miles de funcionarios de control y auditoría. 

La Universidad de Salamanca lleva un cuarto de siglo, en diversas etapas, ofreciéndoles la sede para una reunión anual, como atestigua la placa de las escaleras del Centro de Estudos Brasileiros. En esta ocasión, se ha querido realizar un esfuerzo especial llevándolo a la Universidad hermana de Granada, donde un centenar de consejeros y Altos Funcionarios conocieron y debatieron entre ellos las mejores prácticas, que además son retransmitidas para Brasil por su canal interno.

En la inauguración del congreso, la presidenta del Tribunal de Cuentas de España, Enriqueta Chicano, se refirió -en un contexto internacional marcado por la incertidumbre-, a “la necesidad de reforzar la resiliencia de las instituciones de control externo sin renunciar a la independencia y al rigor técnico que sostienen la credibilidad del control externo”. Posteriormente en el primer panel sobre integridad defendió una base de coherencia entre normas, procesos, controles y cultura organizativa, “como elemento esencial para preservar la confianza ciudadana y garantizar la estabilidad institucional”.

La presencia y apoyo de quienes lideran nuestras Instituciones de Control, es esencial para los colegas de otros países. Una representación que viene con el cargo cuando hay reuniones de este tipo. En la sociedad digital no debemos obviar la importancia de conocer, analizar y dialogar personalmente, de tomar café o charlar en el coctel de inauguración con los congresistas. Además de evaluar, felicitar o opinar sobre los trabajos de los asistentes, es de agradecer esta asistencia. Como recordó durante su ponencia, horas más tarde Glaydson Soprani Massaria, Procurador del Tribunal de contas de Minas Gerais, vivimos un exceso de información y una escasez de conexión: Haciendo suyas las palabras de Borja Castelar, ex director de LinkedIn para América Latina: “En un mundo automatizado, lo humano cambia a lo verdaderamente diferencial y competitivo”.

A continuación, Dolores Genaro, presidenta de la Sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas de España, destacó en su ponencia la importancia de considerar y “situar en el centro de la estrategia de una institución de control externo el diseño de auditorías con impacto social”. Un impacto que definió como “la relevancia que tienen los resultados de la auditoría para la mejora de la labor de los gestores públicos, para la actividad de control por el Parlamento al ejecutivo”. Algo que, en definitiva, implica una repercusión (habitualmente) positiva en la sociedad.

En efecto, resulta esencial identificar ese impacto. A continuación, es posible tratar de incrementarlo a través de una planificación adecuada de las fiscalizaciones, orientadas al impacto social y contando para ello con la implicación de los órganos de gobierno y de los equipos de auditoría. En su presentación se mostraron algunos indicadores para tratar de medirlo, si bien reconociendo que resulta difícil cuantificar ese impacto en términos financieros. Con todo, indicó que un adecuado y continuo seguimiento de recomendaciones o una estimación del ahorro en los fondos públicos derivados de las auditorías, pueden tomarse como una aproximación.

Asimismo, identificó algunos elementos clave para aumentar el impacto como la implicación de las partes interesadas en el proceso de planificación y ejecución de la auditoría o el diseño de una estrategia de comunicación que difunda los resultados adecuadamente y a través de los diversos canales disponibles.

Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas

Un a de las características de las palestras de los consejeros brasileños durante los últimos congresos salamantinos, ha sido plantear títulos o temas sugerentes, enfoques llamativos o experiencias originales desarrolladas por las instituciones de control. En ese sentido, Rholden Queiroz, presidente del Tribunal de contas de Ceará, planteó su ponencia como “A Olimpíada Social e o Controle Externo”.

Para el consejero Queiroz, la educación para la ciudadanía y el control social de las cuentas públicas son un elemento fundamental para la solidez de las democracias actuales, especialmente en contextos de creciente demanda de transparencia, participación social y rendición de cuentas.

En Brasil, existen tres tipos de control de la Administración Pública: control interno, control externo y control social. En este contexto, el Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará, creado en 1935, tiene la misión de ejercer el control externo, supervisando y orientando la aplicación de los recursos públicos en beneficio de la sociedad. El propósito de «cuidar lo que es de todos, mejorando vidas» guía el desarrollo de las acciones institucionales.

El TCE Ceará, a través de su Escola Superior de Contas e Gestão Pública, desarrolla acciones dirigidas a la sociedad y a estudiantes de Educación Básica, incluyendo a jóvenes brasileños de 11 a 17 años, “con el objetivo de empoderarlos para que sean protagonistas del Control Social. Para el ejercicio del Control Social, la educación para la ciudadanía es fundamental”.

En su ponencia describió la experiencia de las Olimpiadas de Control Social de las Cuentas Públicas (OCS), lanzadas en 2024, un año después de la implementación del componente curricular «Ciudadanía y Control Social de las Cuentas Públicas», desarrollado por el Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará (TCE Ceará) y adoptado por las Escuelas Secundarias Estatales de Tiempo Completo, a través de la Secretaría de Educación del Estado de Ceará.

Ambas abordan temas esenciales para el ejercicio de la ciudadanía en una sociedad democrática, como el Estado brasileño, el control social, las políticas públicas, el acceso a la información, la transparencia y la participación.

Estas Olimpiadas se concibieron como una competencia lúdica de conocimiento, estructurada en cuatro etapas, que culminaron en una fase final con un formato dinámico inspirado en programas de televisión educativos. Entre 2024 y 2025, la iniciativa llegó a aproximadamente 4500 estudiantes de más de 95 escuelas, en más de 75 municipios del Estado de Ceará. Los resultados indican que la integración entre los organismos de control y los sistemas educativos contribuye al desarrollo de jóvenes líderes, ampliando su comprensión de la ciudadanía y el control social. La experiencia demuestra que los Tribunales de Cuentas pueden actuar no solo como organismos de auditoría, sino también como agentes educativos. Concluye que la educación para el control social, cuando se apoya en alianzas interinstitucionales, constituye un mecanismo relevante para fortalecer la gobernanza democrática y una cultura de integridad en el sector público.

Continuará …

La semana pasada, el ensayista y tecnólogo, Paul Ford, presentaba una interesante tribuna de opinión en el diario New York Times (si, tengo una de esas suscripciones anuales por el precio de un menú) titulada “La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado” donde concluía: 

“He pasado mis últimos años trabajando con un equipo para construir una plataforma de software de IA, tratando de ayudar a los clientes a navegar por todos estos cambios. Suena como el trabajo perfecto por el momento, ¿verdad? Pues no lo es. Cada seis meses, una nueva bomba de IA estalla en nuestra industria, y tenemos que metabolizar el cambio, restablecer nuestro producto, cambiar nuestra estrategia de marketing y adaptarnos, con grandes costes. Nuestra hoja de ruta sigue retrasándose como resultado de todo este `progreso’. Todo el mundo está frito”.

Unos días antes, un viejo amigo académico jubilado de le Escuela de Informática me había enviado una inquietante entrada del blog de Matt Shumer “Algo grande está pasando” (blog profundo sin concesión estética alguna) donde alertaba de la fase donde nos encontramos que definía:“mucho más grande que el Covid”. 

Rememoraba que el 5 de febrero, le conmocionó (sic) el nuevo modelo GPT-5.3 Codex de OpenAI. Entonces “algo hizo clic. No como un interruptor de luz… más bien como el momento en que te das cuenta de que el agua ha estado subiendo a tu alrededor y ahora está en tu pecho (…) No era solo ejecutar mis instrucciones. Era tomar decisiones inteligentes. Tenía algo que se sentía, por primera vez, como un juicio (..) ver a la IA pasar de ‘herramienta útil’ a hacer mi trabajo mejor que yo, es la experiencia que todos los demás están a punto de tener. Derecho, finanzas, medicina, contabilidad, consultoría, escritura, diseño, análisis, servicio al cliente. No en diez años. Las personas que construyen estos sistemas dicen de uno a cinco años”.

Os dejo resaltado el articulo traducido. Para él, parte del problema de la falta de percepción pública del escenario es que la mayoría de la gente está usando la versión gratuita de las herramientas de IA. “Juzgar la IA basada en ChatGPT gratuito es como evaluar el estado de los teléfonos inteligentes usando un teléfono plegable (..) Si no has probado la IA en los últimos meses, lo que existe hoy sería irreconocible para ti”. Además, la IA ahora está construyendo la próxima IA, pues él ha analizado la documentación técnica y lo corrobora.

Eso significa que la mitad del trabajo “de cuello blanco” sobrará en un lustro. Parece que va mucho más rápido de lo que se esperaba. Eso significa que debemos reconsiderar todas nuestras expectativas. Desde la trayectoria profesional a la educación de los hijos. La auditoría no será una excepción.

“Las personas que construyen esta tecnología están al mismo tiempo más emocionadas y más asustadas que cualquier otra persona en el planeta”.

Estos días se habla mucho del informe de una compañía de estudio de mercados, Citrini Research, cuyas conclusiones han asustado a los inversores. La IA ha convertido a la inteligencia en una mercancía abundante y barata, lo cual mina el valor del trabajo de los seres humanos. A medida que la IA evoluciona, las empresas la integran en su proceso productivo, sustituyendo a los trabajadores cualificados  que solo podrán acceder a trabajos más precarios, con mengua su capacidad adquisitiva. El incremento de la productividad no se traduce en un bienestar económico general, como ocurrió en las anteriores revoluciones. Por eso se habla de Apocalipsis Citrini.

Ahí os lo dejo.

Nota: he usado herramientas de inteligencia artificial en este artículo. Como otras muchas entradas anteriores de mi editor wordpress, desde el resumen para las redes sociales al correo de mis suscriptores.

La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana acaba de aprobar el Informe de fiscalización del ejercicio del control interno en las entidades locales, relativo al año presupuestario 2024.

La fiscalización efectuada se ha centrado en la información relativa al ejercicio del control interno en las entidades locales, correspondiente al ejercicio 2024, que los órganos de Intervención debían remitir telemáticamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas hasta el 30 de abril de 2025, y que consiste en:

1. Información sobre el ejercicio del control interno en la entidad local.
2. Acuerdos de gastos contrarios al criterio de un reparo del órgano interventor.
3. Acuerdos y resoluciones con omisión del trámite de fiscalización previa.
4. Anomalías en la gestión de ingresos.

Los auditores han analizado estos aspectos en una muestra formada por doce ayuntamientos de más de 30.000 habitantes (Alaquàs, Alcoy, Benidorm, Burjassot, Castellón de la Plana, Catarroja, Crevillent, La Vall d’Uixó, Petrer, San Vicente del Raspeig, València y Villajoyosa) así como la Diputación Provincial de Alicante.

De la información rendida se han obtenido las incidencias más significativas detectadas por los responsables del control interno en el desarrollo de su función. Esto permite efectuar una evaluación de riesgos, tanto de entidades como de las áreas en las que se ponen de manifiesto.

Principales conclusiones 

El 58,2% de las entidades locales había rendido la información del ejercicio 2024 prevista en la Instrucción dentro del plazo legal. Este porcentaje alcanza el 80,8% en la fecha de realización de este informe (31 de octubre de 2025).

La cobertura de los puestos de Intervención reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional tiene un alto grado de provisionalidad, ya que los nombramientos con carácter definitivo solo suponían un 50,5% en 2024. Por otro lado, un 79,4% de los órganos de Intervención de las entidades locales consideraba insuficiente la dotación de medios personales y materiales de que disponían.

En términos generales, destaca el bajo cumplimiento en la elaboración del informe resumen anual del control interno, su remisión al pleno de la corporación y a la IGAE, así como la confección del plan de acción por el presidente de la entidad local.

También es relevante la escasa implantación del control financiero en el ejercicio fiscalizado, así como de otras actuaciones de control permanente.

Las entidades que realizaron auditoría pública en alguna o varias de sus entidades dependientes o adscritas alcanzaron el 51,6% en 2024, si consideramos únicamente a lasentidades locales que tenían entidades dependientes, incluyendo en su caso la contratación con firmas privadas de auditoría.

En 2024 hubo 224 entidades que comunicaron la adopción de 7.738 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe total asociado de 303 millones de euros. Las principales modalidades de gasto que fueron objeto de reparo fueron, por orden de relevancia, los expedientes de contratación, gastos de personal, incumplimientos en la prelación de pagos y otros procedimientos. La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el pleno y por la junta de gobierno.

Solo 138 entidades comunicaron la existencia de expedientes con omisión de fiscalización previa en 2024. El número de expedientes ascendió a 3.273, con un importe total asociado de 188 millones de euros. Las causas más frecuentes han sido la falta de tramitación del correspondiente expediente y la utilización incorrecta del procedimiento de contratación.

En el ámbito de los ingresos, 28 entidades, principalmente ayuntamientos, informaron sobre anomalías en un total de 127 expedientes, con un importe asociado de 6 millones de euros. Los impuestos locales, las tasas y los precios públicos fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas.

El informe termina reiterando la necesidad de que las entidades mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido. Se recomienda también, entre otras cuestiones, que no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención. La aplicación del principio de enriquecimiento injusto, reconocido por la jurisprudencia, debería ser totalmente excepcional, debiendo adoptarse las acciones dirigidas a evitar que la incidencia se produzca, así como depurar las posibles responsabilidades que puedan derivarse.

Por último, la Sindicatura pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva.

Vivimos revolcaos en un merengue. Así lo describía de manera magistral el tango Cambalache: “Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos” cantaba Enrique Santos Discépolo, referido al siglo veinte problemático y febril. Nada ha cambiado en la corrupción, “que gobierna las cloacas de la humana condición» como parodió muchos años después Luis Eduardo Aute: “el chorizo irá embutido en su Mercedes oficial” aunque titulaba el disco Siglo XXI. Veámoslo. 

Esta semana se han divulgado dos interesantes informes que alertan sobre la corrupción en España. Por una parte, el hito anual que supone el Informe de Transparencia Internacional, donde seguimos languideciendo año tras año, en caída libre. Por otra parte, el informe especial 26/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo, donde los auditores examinaron la eficacia de los sistemas antifraude del MRR tanto en la Comisión como en cuatro países: Dinamarca, España, Italia y Rumanía.

El capítulo español de Transparency International, se fundó en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en España. Está presente en esta bitácora desde el año siguiente ¡Que tiempos! Su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide ese fenómeno en el sector público y clasifica países a través de datos obtenidos de 13 fuentes expertas independientes. Entonces, de los 178 países analizados, España ocupaba la posición 28, con una puntuación de 6.8. Desde el año 2000 su puntuación venía siendo 7, a excepción de 2003, cuando bajó a 6,9. En esos años hacía furor Torrente que iba por la tercera entrega (“El protector”). Hoy esperamos con pasión hacernos con las entradas del estreno de Torrente Presidente (13 de marzo) mientras España baja un punto entero en el IPC 2025 con respecto al año anterior, siendo su puntuación de 55/100. Ocupamos la misma posición que Chipre y Fiji , una posición por encima de Italia (puntuación 53/180) y dos puestos por debajo de Portugal (puntuación 56/100, que este año también desciende un punto).

Degradación general

En la mayoría de los Estados miembros de la UE se aprecia un descenso general de la puntuación, reflejando “un preocupante estado de estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción y una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas”, como nos dice la nota de prensa. Este retroceso se inserta en una tendencia global de debilitamiento de la lucha contra la corrupción, lo que en opinión del informe, se agrava por “la pérdida de liderazgo internacional y por el deterioro del papel de Estados Unidos, cuya ausencia de compromiso en la aplicación de instrumentos clave contra el soborno transnacional socava la presión internacional para impulsar reformas efectivas”.

Esto nos lleva a otro estudio reciente. Hace unos meses se hizo público el Eurobarómetro, que plantea algunas cuestiones incómodas de la percepción ciudadana en toda Europa, pero singularmente en España, donde la encuesta nos deja mucho más resignados que a los centroeuropeos o nórdicos. Estos datos son muy pesimistas:

• El 69% de los europeos cree que la corrupción está “muy extendida” en su país. En el caso de España, ese índice se eleva al 89%.
• El 70 % de los encuestados está de acuerdo en que hay corrupción en las instituciones públicas locales o regionales. En el caso de España, ese índice se eleva al 84%.

En este delicado tema, recordemos que en 2023 dio a conocer su informe titulado Una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España. Principales riesgos y desafíos, del que eran autoras Daiana Bouzo y Carmen de Guerrero (Revisión: David Martínez y Silvina Bacigalupo) donde se esboza una aproximación hacia el estado de situación de la contratación pública en España. Para ello, identifica los principales riesgos de fraude y corrupción que afectan a los procesos de contrataciones públicas en este país, así como los principales retos y desafíos en la materia, con el fin último de proponer algunas recomendaciones o reformas para mitigarlos y afrontarlos.

Tribunal de Cuentas Europeo

También se ha conocido esta semana, el Informe Especial 06/2026: Lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) donde se censuran los requisitos de lucha contra el fraude dirigidos a los Estados miembros por “carecer de precisión” pues hacen un “uso insuficiente de las herramientas de prospección de datos para detectar el fraude”.

El MRR es el fondo de la UE de recuperación tras el COVID dotado de 650.000 millones de euros y “sigue presentando múltiples insuficiencias en la detección, notificación y corrección del fraude”, según el informe.

El MRR se creó en febrero de 2021 como un instrumento temporal único para ayudar a los países de la UE a recuperarse de la pandemia y a construir economías resilientes. Es responsabilidad conjunta de la Comisión y los Estados miembros combatir el fraude que perjudica a los intereses financieros de la UE. Las autoridades nacionales deben ofrecer al Ejecutivo de la UE garantías sobre la eficacia de los sistemas de prevención, detección y corrección del fraude.

Katarína Kaszasová, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría afirmó durante la presntación: «La UE y sus países deberían haber establecido sistemas antifraude más eficaces, dada la magnitud del fondo de recuperación, su novedoso mecanismo de financiación y el daño reputacional que supone el fraude (..) La UE sigue expuesta al fraude en el MRR debido a lagunas en las normas de recuperación, a datos incompletos sobre el fraude y a problemas de notificación.»

Los auditores constataron que las especificaciones de alto nivel de la UE para los sistemas de lucha contra el fraude de los Estados miembros, establecidas en el Reglamento del MRR, no eran lo suficientemente detalladas.

Posteriormente, la Comisión adoptó medidas para reforzar los requisitos mediante acuerdos bilaterales de financiación, pero siguió sin ser lo bastante clara en cuanto a la naturaleza de las verificaciones antifraude nacionales. Aunque sus controles de los sistemas nacionales pueden contribuir a introducir mejoras, en el caso del MRR la Comisión no fue lo suficientemente exhaustiva. Por ejemplo, no abordó plenamente las responsabilidades de todas las autoridades nacionales del MRR. Además, en diez países la Comisión no completó sus controles hasta después de la primera ronda de pagos, cuando todavía no disponía de pruebas suficientes de que los sistemas nacionales de lucha contra el fraude fueran eficaces.

Los datos incompletos sobre el fraude en el MRR dificultan que la Comisión oriente adecuadamente su propia acción antifraude, como las medidas correctoras, y supervise las actuaciones de los países de la UE. No existen normas uniformes para notificar a la Comisión casos de presunto fraude que puedan afectar a las finanzas de la UE. Por este motivo, los Estados miembros aplican criterios distintos para determinar qué constituye este tipo de fraude, por lo que no todos informan de la misma manera. En consecuencia, no puede estimarse con precisión la magnitud del fraude en el MRR.

A diferencia de otros programas de la UE, los países no están obligados a devolver al presupuesto de la UE los importes que recuperen de los defraudadores. La única excepción se da cuando la Comisión considera insuficientes las recuperaciones efectuadas por los Estados miembros y decide iniciar las suyas propias. Sin embargo, es posible que la Comisión deje de estar en condiciones de hacerlo una vez que el MRR se cierre al final de este año, ya que el mecanismo actual de notificación por parte de los países de la UE sobre el fraude y las recuperaciones en el MRR también llegará a su fin. Esto resulta preocupante, ya que las mayores inversiones en los países de la UE están previstas para los últimos meses del MRR, lo que significa que la mayoría de las correcciones por fraude solo serán posibles después de esa fecha.

En su Informe Anual de 2024, publicado en marzo de 2025, la Fiscalía Europea informó de que, desde el inicio del MRR, había investigado 307 casos de fraude relacionados con este mecanismo. En julio de 2025, la Comisión publicó un libro blanco en el que anunciaba una revisión de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE.

Los auditores examinaron la eficacia de los sistemas antifraude del MRR tanto en la Comisión como en cuatro países: Dinamarca, España, Italia y Rumanía. Formulan varias recomendaciones a la Comisión, que son pertinentes tanto para el MRR como para cualquier programa futuro similar en el que los pagos no estén vinculados a los costes reales.

Pilar Cuesta De Loño presentó una interesante ponencia, durante la jornada de clausura de la segunda edición del Congreso Nacional de Contratación Pública, organizado en Santa Cruz de Tenerife por Lefebvre . Pilar es letrada del Consejo de Estado y doctora en derecho, así como codirectora académica del evento junto a José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza e impulsor del Observatorio de Contratación, que tantas iniciativas promueve.

El título de su exposición era Horizontes mediatos e inmediatos de la contratación pública: la nueva normativa europea de contratación pública que abordó desde el actual contexto geopolítico y de transformación tecnológica. Los horizontes mediatos de la compra pública están supeditados al resultado del proceso de reforma de la regulación europea en materia de contratación, que hemos avanzado en una entrada anterior. La Comisión Europea ha iniciado una revisión de los instrumentos empleados y de los objetivos alcanzados en la materia tras una década de aplicación de las Directivas de 2014, y ha constatado que, aunque ha mejorado la armonización y la transparencia en el mercado interior, muchos objetivos no se han cumplido. Detecta insuficiencias en materia de simplificación, flexibilidad y competencia; y reconoce la falta de efectividad de las normas europeas en cuanto a los actores sujetos, la flexibilidad procedimental y la consecución de objetivos estratégicos. En este artículo de hoy, el incansable Chema lo resume magistralmente.

En opinión de la ponente “se desconoce aún de qué manera se abordará, desde la Unión Europea, la solución de estos problemas estructurales, si bien son muchos los actores que han formulado propuestas en el marco del procedimiento de consulta”. La ponencia valora algunas de estas propuestas y en especial la formulada por el Observatorio de Contratación Pública, que sugiere – a juicio de la ponente con acierto – modificar el instrumento normativo y reformular el marco aplicable en materia de compra pública en torno a la eficiencia regulatoria y la unidad de mercado.

Vivimos tiempos con bastantes incertidumbres donde parece que el mantra del libre comercio que ha imperado entre las principales potenciales mundiales se está resquebrajando. ¿Hacia donde irá la contratación pública? ¿Seguirá basada en el principio de libre competencia o se crearán nuevos criterios de arraigo y de localización?

Respecto de los horizontes inmediatos, aquellos que afronta la contratación pública en España hasta la reforma europea, la intervención analizó las tendencias doctrinales y jurisprudenciales más recientes, poniendo de manifiesto el criterio sostenido por el Consejo de Estado acerca de la insuficiencia de los mecanismos legalmente previstos frente a las ofertas anormalmente bajas y sobre la necesidad de reforzar los controles administrativos. Además, analizó la situación de la compra pública verde y social, planteando también los déficits de supervisión y verificación de la fase de ejecución del contrato, proponiendo soluciones a implementar.

Por último expuso la Jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo frente a la actuación administrativa irregular en materia de contratación, sujetando a la Administración observar la legislación de contratos y la ley de lucha contra la morosidad en lo relativo al devengo de intereses de demora.

En fin, broche final de un congreso memorable, que debemos apuntar en la agenda porque intuyo ha venido para consolidarse en Tenerife cada invierno. Las Administraciones Públicas de Canarias parecen dispuestas a apoyar la valiente iniciativa del grupo Lefevre, con su presidente Juan Pujol a la cabeza y decidido a lograrlo, de hacerse con el sitio, la fecha y la materia. Una confluencia planetaria.

Por cierto, para los muy cafeteros que haya llegado al final de la crónica, hay una primicia. El habitual congreso de verano de contratación en Panticosa, será 10 a 12 de junio de 2026. Venid entrenados que terminará con la habitual excursión institucional guiada por Chema, cada año más exigente.

Este martes participé en la segunda edición del Congreso Nacional de Contratación Pública organizado por el grupo Lefebvre en Santa Cruz de Tenerife, formando parte de un panel sobre la ejecución de los contratos. Compartí una hora con el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Gerardo García-Álvarez García, que aportó a los 400 asistentes una brillante exposición práctica: “Del expediente al resultado. Nuevas fórmulas de resolución de conflictos”, cuyo resumen presento a continuación.

Gerardo es miembro de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón y sus múltiples publicaciones muestran un interés por la fase de ejecución y sus vicisitudes. Destaco entre las últimas, la indemnización de los licitadores perjudicados por resoluciones de los tribunales de recursos contractuales en el OBCP, así como el arbitraje, un tema que lleva años trabajando.

Su enfoque parte del reconocimiento de un régimen diferenciado de la contratación pública en dos campos de reglas y principios. En el relativo a la licitación y adjudicación de los contratos públicos hay una incidencia determinante del Derecho de la Unión Europea, al amparo de la competencia en materia de mercado interior, que se plasma en los principios de igualdad, no discriminación y transparencia y además “impone la existencia de controles jurídicos efectivos, lo que en España se ha plasmado en los tribunales de recursos contractuales, que ejercen un control eficaz, que ha arrastrado consigo también al control judicial”.

Por el contrario, en lo relativo a la ejecución, la incidencia del Derecho de la Unión es muy limitada y subsisten una pluralidad de regímenes nacionales. “En el caso de España, nuestra tradición jurídica es la del contrato administrativo de raigambre francesa, basado en las prerrogativas administrativas, lo que lleva a una situación de fundamental desigualdad jurídica entre las partes”. Algo que, en el pasado -recordó Gerardo- llevó a un sector doctrinal, a negar incluso la naturaleza de contrato a los llamados contratos administrativos. Así lo dijo:

“Una serie de prerrogativas, con amplio margen de apreciación e incluso discrecionalidad administrativa en su aplicación, que ni siquiera son objeto de enumeración exhaustiva en la LCSP y que son objeto de un control débil, únicamente judicial, que se limita a verificar que se han cumplido las reglas básicas de procedimiento en su ejercicio y en ocasiones a acordar una indemnización compensatoria al contratista, casi siempre con criterios restrictivos”.

Sin embargo, en determinadas ocasiones puede ser conveniente limitar esas facultades, incrementando la seguridad jurídica y aumentando la predictibilidad para el contratista. Entre esas medidas de gobernanza estaría la previsión de arbitraje respecto de determinadas cuestiones de la ejecución de contratos complejos. Podrían ponerse como ejemplo los contratos de obras por sistema de coste objetivo, respecto a la determinación efectiva de esos costes, o los acuerdos de riesgo compartido con pago por resultado, en que pueden resultar interesantes mecanismos de mediación e incluso arbitraje, superando la histórica negación de la posibilidad de someter los conflictos administrativos a un tercero distinto a un juez.

Insistió el académico en que “el arbitraje no está prohibido en Derecho español y nada impide su incorporación, al amparo de la libertad de pactos, a los contratos suscritos por los PANAP, cuyo cumplimiento y extinción se rigen por el Derecho privado”. Respecto a los contratos administrativos, a falta de reglas específicas, habría que aplicar las generales, que establecen la autorización del Consejo de Ministros o del respectivo Gobierno autonómico. Formalidad que no es exigida por la legislación de régimen local.

El segundo congreso nacional de contratación pública, organizado por el grupo Lefebvre, se clausuró hoy en Santa Cruz de Tenerife. Presentó en su apretado programa un interesante debate entre Marta Bonnet Parejo, directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Noemí Brito Socia del área Legal de KPMG y Manuel García Rodríguez, Doctor Ingeniero de Telecomunicación al servicio del Banco de España. La moderación de la mesa corrió a cargo de Pilar Cuesta De Loño, codirectora del magno evento. El tema monográfico giraba alrededor de las experiencia de la IA en materia de contratación pública.

Manuel J. García Rodríguez, tecnólogo de datos, trabaja en el Departamento de Contratación del Banco de España y destacó las ventajas y desafíos que la IA ha traído a la contratación pues puede ofrecer una mayor eficiencia y agilidad a las AAPP y a los operadores económicos. Automatizar tareas de bajo valor añadido o asistir en la redacción de pliegos y en la evaluación de ofertas, permite acelerar los procesos de licitación y adjudicación. Además, el análisis de grandes volúmenes de datos a través de la IA mejora la toma de decisiones, permitiendo identificar patrones y predecir riesgos, lo que resulta en una mayor eficacia y rapidez en la toma de decisiones. En este sentido, la IA también puede aumentar la transparencia, ya que las herramientas basadas en IA permiten crear un historial auditado y rastreable de todas las decisiones tomadas durante el proceso de contratación.

No obstante, Manuel también alertó sobre los desafíos que la IA plantea. Uno de los mayores riesgos es el sesgo, dado que los sistemas de IA dependen de los datos proporcionados. Además, las AAPP pueden mostrar una resistencia al cambio debido a la falta de confianza en estas tecnologías disruptivas. A menudo, las AAPP son instituciones burocráticas y pueden temer perder el control humano sobre las decisiones.

Otro desafío es la cuestión ética y legal del uso de IA en la contratación, ya que debe ajustarse a los marcos normativos, pero al mismo tiempo permitir el desarrollo y crecimiento de las empresas de IA sin restricciones innecesarias. Mencionó que en 2024 se aprobó el RIA (Reglamento de Inteligencia Artificial), pero la Comisión Europea está considerando una modificación con una propuesta de Reglamento Ómnibus Digital sobre la IA. Esta nueva normativa busca simplificar los procesos y reducir cargas innecesarias para las AAPP. Por tanto, queda patente que el RIA no es una buena ley porque apenas dos años después de su aprobación se quiere modificar generando incertidumbre en el sector.

Por otro lado, Manuel explicó que una de las herramientas clave para mejorar la contratación y luchar contra el fraude y la corrupción es contar con una buena plataforma de contratación. Algo tan evidente como necesario. Esta plataforma debe garantizar que los documentos subidos a la plataforma sean inalterables y que funcionen como un “fedatario público”. Puso como ejemplo la licitación relacionada con el terrible accidente ferroviario de Adamuz, donde se subieron documentos importantes a la plataforma ADIF, no de PLACSP. Planteó dos preguntas derivadas: ¿Cuánta transparencia es realmente admisible en estos procesos? Y, ¿cómo calculan las AAPP los costes de mantenimiento de las infraestructuras que licitan?

Finalmente, Manuel se lamentó de que no existan, actualmente, herramientas comerciales dedicadas a la lucha contra la corrupción en el ámbito de la contratación pública, lo que obliga a las AAPP a desarrollar sus propias aplicaciones. La recomendación es que estas aplicaciones se desarrollen de manera colaborativa, involucrando a diferentes organismos de control tanto internos como externos. Además, mencionó el ejemplo del Tribunal de Cuentas de un estado de Brasil, que ha utilizado herramientas de big data e IA para mejorar la transparencia y el control, y que desarrolló una herramienta propia con un equipo de 15 informáticos desde 2014.

Por otra parte, Marta Bonnet examinó, de manera integrada el principio de transparencia algorítmica en el Derecho público español y su proyección específica en el ámbito de la contratación pública, poniendo el foco tanto en sus fundamentos jurisprudenciales como en los riesgos estructurales asociados al uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones administrativas.

Desde el punto de vista jurisprudencial, destacó, la Sentencia del Tribunal Supremo 1119/2025 (caso BOSCO) que reconoce expresamente el derecho de acceso al código fuente de un algoritmo utilizado para la concesión del bono social eléctrico, ampliando el concepto de “información pública” a los elementos técnicos y lógicos que sustentan decisiones automatizadas. Recuerdo a nuestros lectores que Pues bien, la última edición de los premios Globoversia se otorgó el galardón Hércules al abogado Javier de la Cueva, especialista en nuevas tecnologías, por su actividad como letrado en el largo proceso contencioso-administrativo “Bosco”, que dio lugar a la STS de 11-9-2025, que sienta el derecho de acceso al código fuente e información relativa a la aplicación promovida por el Ministerio de Transición Ecológica. Asimismo, Marta comentó la Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 2025 (Foundever Spain) que consolida el deber de información algorítmica en el ámbito laboral, vinculándolo al derecho de participación sindical y al principio de igualdad.

Sobre esta base, el análisis se proyecta hacia la contratación pública, donde la introducción de IA afecta directamente a la selección de la oferta económicamente más ventajosa, la motivación de la adjudicación y la estructura misma del procedimiento. En esta área se identifican diversas debilidades internas del uso de IA en licitaciones: la opacidad algorítmica y la consiguiente crisis de la motivación administrativa; la reproducción de sesgos históricos que pueden consolidar posiciones dominantes y dificultar el acceso de PYMEs; la automatización acrítica, que desplaza de facto la decisión hacia el sistema; y la asimetría técnica respecto de proveedores tecnológicos. A ello se añaden amenazas externas como el incremento de la litigiosidad, la manipulación estratégica de patrones algorítmicos por parte de operadores económicos y los riesgos de ciberseguridad y pérdida de confianza institucional

No obstante también apuntó espacios de uso legítimo y valioso de la IA, siempre que se inserte en un marco robusto de gobernanza:

“En la fase preparatoria, la IA puede actuar como asistente en la redacción de pliegos o detección de incoherencias; en la fase de adjudicación, puede apoyar cálculos aritméticos o señalar ofertas anómalas, sin sustituir la valoración jurídica; y en la fase de ejecución, herramientas de gestión contractual permiten reforzar la trazabilidad, el control de obligaciones y la detección temprana de riesgos, sin automatizar decisiones con efectos jurídicos directos”

Su conclusión central es que la cuestión no reside en la eficacia técnica del algoritmo, sino en su gobernabilidad jurídica. La transparencia algorítmica debe articularse mediante mecanismos de trazabilidad, explicabilidad significativa, supervisión humana y test de proporcionalidad frente a límites como la protección de datos, el secreto empresarial o la seguridad.

Son muchos los retos a los que se enfrenta la compra pública en un panorama como el actual, cuyo diagnóstico es bastante pesimista. Ya es habitual recordar que no se han alcanzado los objetivos buscados por las directivas del año 2014, como apuntó Gimeno Feliú en la conferencia inaugural del Segundo Congreso Nacional de contratación pública que se inauguró este lunes en Santa Cruz de Tenerife.

Para profundizar en el análisis, el evento contó con una mesa, de las más interesantes del programa, como fue la protagonizada por Elena Hernáez Salguero, consejera del Tribunal de Cuentas de España (TCu) y por Julia García-Royo Díaz, funcionaria al servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Os dejo algunas de sus agudas y complementarias aportaciones, que pasamos a comentar.

Nuevas necesidades en el panorama geoestratégico actual.

La consejera habló muy claro: “lamentablemente no llegamos al cambio antes de que tener la necesidad de cambiar, pero sí cabe virar o corregir el rumbo”. Esta imperiosa necesidad ya se atisbaba desde las primeras comunicaciones de la Comisión Europea en octubre de 2017 “Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa (COM(2017) 572 final )” que ya hace casi 10 años remarcaba “Ha llegado por tanto el momento de centrarnos en la aplicación inteligente de las nuevas normas en la práctica.”

Así, entiende que las líneas esenciales de este viraje se han sentado ya desde los informes Draghi, y Letta y en un marco general no solo centrado en la compra pública en la Comunicación denominada “Una Brújula para la Competitividad de la UE” (el “Competitiveness Compass”) que entre otras medidas plantea la revisión de las normas de contratación pública para permitir la introducción de una preferencia europea en la contratación pública para sectores y tecnologías críticos.

El foco está en la potenciación de la compra de Europa en Europa.

El papel de los órganos de control en un escenario como el anteriormente descrito es fundamental. Ya el anterior Presidente del TCUE, Klaus-Heiner Lehne señaló al comentar el informe 15/2019 “nuestra opinión desfavorable sobre elgasto de la UE relativo al ejercicio 2019 constituye un recordatorio de la necesidad de contar con normas claras y sencillas para todas las finanzas de la UE, y con controles eficaces para saber cómo se gasta el dinero y si se logran los resultados previstos”.

En su opinión, los órganos de control externo no deben ser ajenos a los nuevos paradigmas en los que se desarrolla tanto la compra pública como cualquier política pública de la que la compra es un mecanismo instrumental. “En este sentido se trataría de buscar la estrella polar del control externo de la gestión económico–financiera del sector público”.

“Un control al servicio de la ciudadanía y que por ello debe pensar también en valor y resultados, no solo en cumplir papel institucional de presencia en el ecosistema del control, actuando de palanca de cambio de la actuación del sector público e implicando un verdadero reposicionamiento de la función de control interno y externo”.

Este reposicionamiento debe partir del análisis de los propios retos del control externo, como son: La existencia de una multiplicidad de órganos de control o de supervisión cuyas funciones deben complementarse o enriquecerse, nunca complicar la vida al gestor. También mencionó el alejamiento en el tiempo de la fiscalización respecto de la concreta realidad fiscalizada o la Falta de establecimiento de verdaderos sistemas de medición (hitos y objetivos) en la gestión que se puedan evaluar políticas publicas mediante la fiscalización operativa. Todo ello teniendo en cuenta aspectos como la irrupción de la IA, el Riesgo inherente en la fiscalización de contratos, la cronificacion en el tiempo de prácticas irregulares y la Implementación de geoestrategia

Siendo muy conscientes de los retos, las propuestas de una diferente estrategia de control pasa, en su opinión, por varias líneas maestras tanto en la actividad fiscalizadora, como en la evaluación de políticas públicas:

• Virar el ángulo de aproximación al control : de la desconfianza en el gestor a la colaboración leal en pro de la eficiencia en la gestión de lo público.
• Ser un instrumento al servicio de la estrategia en cuanto evaluadores de políticas públicas más allá de la fiscalización de cumplimiento que sigue siendo necesaria pero de la que hay que trascender.
• Explorar las posibilidades de participación ciudadana en el control, como mecanismo para reforzar la afección ciudadana y a la postre la propia democracia mediante la confianza en las instituciones.
• Abordar con medios suficientes para ello sistemas de IA para ciertos trabajos de fiscalización pero también potenciar el control del algoritmo, sin introducir controles adicionales.

La otra relatora del panel, Julia García-Royo, es una excelente comunicadora. Si además maneja buenos datos con oportunos informes de valoración del escenario actual, supone una aportación imprescindible para cualquier congreso sobre esta materia. Así pues, comenzó exponiendo la evolución reciente de la competencia en la contratación pública, mostrando una tendencia preocupante tanto en España como en la UE: aumento de licitaciones con único participante, descenso continuado del número medio de licitadores y una participación insuficiente de pymes. Los datos de la OIReScon, de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo evidencian que las reformas de 2014 no han logrado sus objetivos de simplificación, eficiencia ni fomento de la concurrencia, especialmente de las pymes.

Estos datos llevan a un diagnóstico claro: un desinterés crónico y creciente de los operadores por participar en las licitaciones, explicado por barreras estructurales (complejidad y fragmentación, excesiva burocracia, carencias en profesionalización y problemas de integridad) y por factores ligados al diseño concreto de las licitaciones, como requisitos desproporcionados, falta de planificación o escasa difusión. También se analiza el impacto de las prácticas anticompetitivas, especialmente la colusión, que genera sobrecostes significativos y requiere una respuesta coordinada entre autoridades de competencia y órganos de contratación.

Posteriormente, apuntó algunas claves que permitan revertir esta situación, orientadas a prevenir, detectar y reaccionar ante obstáculos a la competencia: mayor planificación estratégica, análisis del mercado, difusión efectiva, diseño de procedimientos abiertos, uso de sistemas dinámicos, división en lotes, neutralidad tecnológica y simplificación administrativa. Miguel Angel Bernal, reconocido profesor de la Universidad de Zaragoza lo ejemplifico minutos después en su panel: «debería haber una app de licitaciones que tuviesemos todos en el móvil al lado del Instagram”.

Asimismo, destacó la necesidad de reforzar la motivación de las decisiones, mejorar la calidad de los datos, fortalecer la lucha contra la colusión y promover herramientas digitales. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia una contratación pública más competitiva, eficiente y alineada con el interés general.

Finalmente, compartió una reflexión general sobre la reforma del marco jurídico y la hoja de ruta de la contratación pública como herramienta estratégica, defendiendo que debe mantenerse la competencia como instrumento imprescindible para conseguir la máxima eficiencia y avanzar en una economía europea más competitiva, verde, digital, innovadora y resiliente.

Se acaba de inaugurar, en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife, la segunda edición del Congreso Nacional de Contratación Pública con la asistencia de 400 estudiosos de la materia, desde gestores a órganos de control, asesores, políticos y empresas. Un magnífico programa organizado por el grupo Lefebvre con precisión artesana -como evoca su etimología en francés-, una entidad que cuenta con más de 2.500 empleados en ocho Estados de la UE. En esta ocasión, la dirección académica es responsabilidad de Pilar Cuesta De Loño, letrada del Consejo de Estado y doctora en derecho, junto a José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y principal impulsor del Observatorio de Contratación, que tantas iniciativas promueve. Israel Expósito, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, será el coordinador académico de este encuentro único, que parece llamado a ser referencia anual, a contar con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Federación Canaria de Islas.

Una contratación pública que se debe anclar sobre el resultado.

El propio Gimeno Feliú reconocía el año pasado que estas actividades se encuadran en el desafío de “avanzar en una nueva cultura de la contratación pública alineada con los objetivos europeos al servicio de las políticas públicas superando una visión burocrática y formal”. Un reto que se aprovecha ahora en el marco de la consulta para la reforma –que concluirá este año– de la normativa europea de contratación pública, donde el OBCP ha presentado -con el propio Gimeno como primer firmante- bastantes soluciones jurídicas diferentes a las actuales. Su lectura es estimulante. Simplificar de forma eficaz el Marco normativo (apunta un reglamento europeo que evite la distorsión de interpretación en cada país tras una directiva) y fomentando una cultura de la calidad y de valor público con una moderna colaboración público privada -prestando atención a sectores singulares, como el sanitario o el de la tecnología o la defensa. En este artículo de La Administración al día, Chema consolida el escenario de manera magistral.

En el mismo sentido, las Comunidades Autónomas y la Ciudad de Melilla, a través de sus centros directivos en materia de contratación pública de sus respectivos territorios, acordaron en el IV Encuentro Autonómico de Contratación Pública celebrado en Sevilla los pasados días 6 y 7 de noviembre de 2025, participar conjuntamente en el citado proceso de consulta, con aportaciones similares.

Entre los fundamentos aportados desde el Observatorio, destaca la referencia al informe Especial 28/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo (hace tres años titulamos al dar la noticia “Una década perdida en la contratación pública”) cuyo (vara)parágrafo48 es muy claro:

“En general, la carga administrativa de los procedimientos de contratación pública se percibe como excesiva, tanto por los licitadores como por los poderes adjudicadores. Más de la mitad de los encuestados destacaron también que los largos procedimientos administrativos ejercían un efecto disuasorio en las empresas que participaban en la contratación pública”.

Burocracia defensiva

Pues bien, el diagnóstico enviado desde el Observatorio es demoledor:

“Este deterioro no tiene un carácter coyuntural, sino estructural. Responde a lo que se denomina burocracia defensiva. Los gestores públicos, abrumados por una normativa compleja y fragmentada, y temerosos de la fiscalización, optan por el cumplimiento formalista del expediente en lugar de buscar la mejor solución técnica o económica. El resultado es un sistema que, aun observando escrupulosamente las reglas procedimentales, fracasa en la consecución de sus objetivos: se compra mal, tarde y caro, aunque el expediente resulte jurídicamente intachable”.

¿Se puede decir mejor? Tras cuatro décadas metido es estos negocios, no me gusta a donde hemos llegado en esta compleja materia.

De todas las propuestas, hay una que me gusta especialmente, quizás por mi facilidad natural para meterme en líos y que destacaré en mi ponencia mañana. Dice el texto enviado:

“Para combatir la administración defensiva, el nuevo marco debe distinguir claramente entre el error administrativo (subsanable) y la ilegalidad o corrupción. Se debe proteger al gestor que innova y asume riesgos calculados en beneficio del servicio público”.

El congreso promete.

Hace medio siglo que descubrí la Pirámide de Maslow, que me sorprendió por la intuitiva sencillez y su vigencia desde los años 40. Se trata de una representación jerárquica de las necesidades humanas (simplificando demasiado: comida, techo, afecto, reconocimiento y autorrealización) matizada siempre por los consultores a medida que nuestra sociedad del conocimiento se ha hecho más tecnológica: de lo material a lo inmaterial, de la piedra a la wifi.

El escalón del reconocimiento en esta época de la marca personal -de las redes sociales y de los “likes”- supone una evolución del concepto, porque la autoridad utiliza nuevas métricas. No sé quién me dijo: “Si alguien dedica 10 minutos a leer tu artículo del blog, te está dando el activo más caro de la pirámide tecnológica”. A diferencia de otros soportes, los blogs suponen “suelo propio” para soportar tu comunicación, sin depender de medios que pueden cerrar (en papel o digital) o condicionar la narrativa. Todo esto está bastante estudiado, sólo quería traerlo aquí para señalar que, en el mundo derecho, contamos con ese microcosmos peculiar que son los blogs jurídicos, donde muchos autores aportan constantemente su conocimiento, sus opiniones según su propia visión y reputación.

Hay bastantes sectores dinámicos (política, economía, tecnología, medicina…) con bastante ruido digital. Sin embargo, el sector de los blogs jurídicos aporta unos canales peculiares con una comunidad diferenciada (donde Maslow destacaría el sentido de pertenencia) con sus propios liderazgos y seguidores interactuando: abogados, notarios o registradores, profesores universitarios, magistrados o funcionarios de todo orden que tienen visiones distintas de la actualidad profesional, de los retos, de las noticias.

En este sector, hace casi 20 años el magistrado José Ramón Chaves abrió su propia ventana. Entonces creó una página de publicaciones diarias, www.contencioso.es, mutando más adelante al más amplio www.delajusticia.es. Sus miles de seguidores que esperan los comentarios de las sentencias o las reseñas de sus conferencias, pertenecen a ese peculiar ecosistema, donde coexisten excelentes páginas web, en múltiples áreas jurídicas, que abarcan todas las facetas del derecho, desde la esfera privada a la pública o simplemente como comentarista de actualidad. Así que, un buen día hace más de siete años, decidió impulsar un reconocimiento a los mejores blogs jurídicos, autoexcluyéndose pero usando su gran reputación para aglutinar, con pocos medios pero muchos amigos, los premios Globoversia que cada mes de enero reconoce mediante un variado jurado -al que me honro en pertenecer- a quienes entienden han aportado más y mejor a la comunidad bloguera jurídica. Contamos con el apoyo de los dos últimos rectores de la Universidad de Salamanca que, al permitirnos celebrar el acto en el edificio histórico de esa venerable institución, eleva nuestra contribución desde la simple condición sociedad civil.

El acto estuvo presidido por Federico Bueno de Mata, Vicerrector y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y uno de los grandes especialistas nacionales en los diversos aspectos digitales del derecho. La mesa contó con la presencia de la decana de la Facultad de derecho, Marián Guervós, del magistrado Chaves y del mecenas Carlos Juan González.

Nuevas perspectivas

Esta edición, asistimos a dos importantes vueltas de tuerca de los reconocimientos. Por una parte, la ampliación de los galardones a mejores blogs iberoamericanos, que fue hasta Argentina («Saber leyes no es saber derecho» de Gustavo Arballo) y Chile («Blog de la Facultad de Derecho d ela Universidad de Chile»). Ambos mandaron un video agradeciendo y recogerán el galardón en la embajada española. La mejora era necesaria teniendo en cuenta nuestra institución anfitriona, que cruzó el atlántico hace cinco siglos difundiendo el modelo salmantino de universidades mayores, con la creación de las Universidades de San Marcos (Lima) y de Méjico en 1551.

Otra novedad la constituyó el Premio Hércules, al jurista, sea académico, abogado o profesional público de la justicia, que haya realizado una significativa contribución al derecho público y/o al derecho privado en el año 2025. Os recuerdo que Hércules aparece en la fachada de las Escuelas Mayores salmantinas cumpliendo una función simbólica fundamental que une la fuerza de la protección con el conocimiento.

Pues bien, esta edición, el galardonado fue Javier de la Cueva, abogado especializado en nuevas tecnologías, por su actividad como letrado en el largo proceso contencioso-administrativo “Bosco”, que dio lugar a la STS de 11-9-2025, que sienta el derecho de acceso al código fuente e información relativa a la aplicación «Bosco» promovida por el Ministerio de Transición Ecológica.

Blogs premiados

• Taxlandia: Blog fiscal y de opinión tributaria. Ul trabajo del equipo de hábiles juristas que afronta las dimensiones fiscales desde planteamientos jurídicos y constructivos,
• Blog de Jorge García Herrero. Magnífica página que expone la problemática de la protección de datos con estilo periodístico y fresco, moviéndose con rigor en un mundo laberíntico.

Artículos premiados

• Emilio Pérez Pombo, por «Kurt Gödel y la fragilidad del Derecho» (fiscalblog.es). Una visión de la fragilidad intrínseca del Derecho que refleja las mismas carencias de coherencia y complitud que padecen los sistemas matemáticos, inquietante revelación que pone en valor la capacidad del jurista para afrontar con sereno realismo la misión de Sísifo en busca de la cuadratura del círculo del Estado de Derecho.
• María del Carmen de Guerrero Manso, por «La Compra Pública de Innovación (CPI) en España: de la excepción a una solución estratégica basada en valor». Nos ofrece una visión académica del fenómeno de la “compra pública de innovación” pero agitando la conciencia del lector, llevándole de la mano a conocer las posibilidades del instituto, instándole a salir de la caja de la vieja contratación y luchar por renovarla en términos de realismo y eficiencia. Una prueba tangible del impacto doctrinal y académico de un buen blog. La cancelación de los trenes desde Zaragoza, donde la premiada ejerce como profesora titular de derecho administrativo, le impidió recogerlo.

Accésits

El Jurado realza y aplaude los siete blogs que ofrecen planteamientos claros a encrucijadas jurídicas, con píldoras de sensatez y realismo, haciendo disfrutar al lector de grandes verdades jurídicas. Y con ello, demuestran la riqueza de la red que se proyecta sobre todas las disciplinas jurídicas.

Por orden alfabético, según el nombre con que se abre cada blog, merecieron los honores:

1. Banco de España, por su Análisis de la sobrecarga normativa a cargo de Juan S. Mora Sanguinetti.
2. Coyle Fernández, Charles. «Blog personal».
3. Fernández Rozas, José Carlos. «Blog de Derecho internacional Privado y arbitraje».
4. Frago Amada, Juan Antonio. «En ocasiones veo reos».
5. «Óscar León: mi blog»
6. «NotariosyRegistradores»
7. Rojo Torrecilla, Eduardo. «Blog de Eduardo Rojo».

El colofón de la jornada fue la conferencia magistral, que corrió a cargo del magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García que disertó sobre «Inteligencia artificial y derecho penal». Don Antonio es quizás uno de los mejores ponentes del actual panorama jurídico español. Su exposición estuvo salpicada de anécdotas, suscitando preguntas de difícil respuesta, como el conflicto entre la razón jurídica y el corazón, entre la tecnología y la dignidad humana. Su generosa presencia en el acto -y el trabajo preparatorio- supone otro apoyo a nuestra iniciativa anual, como lo fue el año precedente Navarro Sanchís o Cesar Tolosa en el anterior. El año pasado titulé, pretenciosamente lo reconozco, «Lo mejor de este local es su distinguida clientela«.

En fin, un acto entrañable, donde nos juntamos los miembros de una comunidad con intereses y vocación de servicio, que concluyó con una comida en la Sala de Pinturas de la Residencia Fonseca, de la que dejó constancia José Ramón Chaves en su blog.

Trabajar en una Universidad ha sido uno de mis privilegios vitales. He pasado 14 años como Sindico de cuentas del Principado de Asturias -la tercera parte de mi cotización profesional- pero nunca renuncié a mi condición de empleado universitario. Celebré esos dos nombramientos con regocijo y … con mis compañeros de la Universidad de Oviedo, en 2005 y 2013, que siempre fue mi grupo de referencia. Incluso hoy, jubilado, pertenezco a su Consejo Social para ver como puedo devolver algo de los mucho que me dio la Universidad española.

Conocí bien tres Instituciones de educación superior, todas muy distintas. La Universidad de Salamanca, donde ejercí cinco años (1999-2004) y la Universidad de Castilla La Mancha donde durante mis cinco últimos años de trabajo fui profesor asociado del Master On line de Auditoria del Sector Público y por donde aún sigo acercándome para escuchar y acompañar las clases de metodología. Hoy quería tener un recuerdo para todas estas instituciones.

Un espacio de libertad

Nos lo han recordado hace unos meses los tribunales. Quiero referirme aquí a la importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 14669/2025 de 16 de septiembre, que anuló un acuerdo de la Universidad de Granada (UGr) que suspendía sus colaboraciones con instituciones israelíes, considerándolo discriminatorio. La resolución judicial, emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fue publicada al final de verano pasado y marcó un hito al revertir la decisión de esa venerable Institución Académica en un caso de gran repercusión pública.

El objeto del recurso lo constituía el acuerdo de 17 de mayo de 2024 del Consejo de Gobierno de dicha Universidad que entre otras cosas se comprometía a «Revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”. Además, suspendía “la movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador, y personal técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes, en concreto los acuerdos bilaterales de movilidad Erasmus” además de “suspender los convenios de lectorado y cursos de verano con la Universidad de Bal-Illan y con la Universidad de Tel-Aviv” así como “No firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales de cooperación académica con universidades israelíes”.

Afirman los magistrados de la Sala que la Universidad “es libre de celebrar o no celebrar acuerdos, convenios o proyectos de investigación, participar o no en proyectos internacionales de cooperación académica y mantener o no cooperación científico técnica con las instituciones que estime oportuno; sin embargo, el acuerdo impugnado, que no es una mera declaración programática, sino que tiene efectos jurídicos evidentes, vulnera los arts, 10 y 14 de la CE”.

Entiende la Sentencia que la Universidad, “bajo el pretexto de su autonomía universitaria, ha dictado un acuerdo discriminatorio, que vulnera, además, la dignidad de la persona ( art. 10 CE ) en relación con el derecho a la integridad moral de los afectados ( art. 15 CE ), a quienes estigmatiza, pues, de alguna manera, responsabiliza del conflicto y excluye de la vida universitaria sin ni siquiera conocer cuál es su opinión sobre el estado actual del conflicto, transmitiendo a la opinión pública una opinión negativa sobre ellos, enfrentándoles de ese modo con el resto de la población y generándoles un peligro, lo que consideramos extraordinariamente grave desde una institución educativa tan relevante como es una universidad pública”.

A aprender, a Salamanca

El mes pasado, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) respaldó la figura y el legado de Fray Francisco de Vitoria para distinguirle en el V Centenario de la Escuela de Salamanca con el doctorado honoris causa por su labor como gran teólogo, filósofo y jurista del siglo XVI, labor que difundió desde las universidades de París, Valladolid y desde la propia Universidad de Salamanca. He mandado mi voto delegado al Claustro de doctores respaldando la decisión, como otros miembros.

El jurista salmantino y exrector, Ricardo Rivero, define al Padre del derecho de gentes como un modelo universitario ejemplar. Sus aportaciones y compromiso no tienen parangón. Así, recuerdo de mi etapa salmantina, las visitas al edificio histórico donde se conserva una reproducción de un aula como el suyo, donde impartía -y garabateaba el mismísimo Francisco de Quevedo que dejó su nombre- y se produjo una de las grandes revoluciones educativas, que ya comentamos en una entrada, hace casi 20 años. Cuenta Felipe Pereda, en su libro La arquitectura elocuente, que describre el edificio histórico de la USAL, que durante el curso 1539-1540, Francisco de Vitoria implantó en sus clases allí, la revolucionaria práctica del “dictado” permitiendo que los alumnos copiaran su conferencia, palabra por palabra. El profesor acudía a clase con el cartapacio, con notas preparadas de antemano y los alumnos comenzaron a acudir con papel, tintero y pluma. Habían nacido los apuntes, una práctica que llegó hasta mi generación.

No fue un cambio tranquilo pues se consideraba que esta práctica, generalizada inmediatamente, perjudicaba el ejercicio de la memoria en los estudiantes. Hasta entonces continuaba el sistema medieval de leer y repetir el texto de un libro: lectio, disputatio y repetitio (como hoy la tabla de multiplicar) así que el Obispo de Ciudad Rodrigo llegó a acusar tanta modernidad de “estragar a los discípulos sus entendimientos, porque los cautivaban a lo que escribían sin dejarles elección”.

La batalla la ganaron los estudiantes, como podéis ver en la imagen que nos acompaña, una pintura realizada por Martín de Cervera, en 1614 y procedente del armario donde se guardan los manuscritos e incunables del Santa Sanctorum del Edificio histórico que solo unos pocos pueden observar de cerca. Podéis contemplar a un fraile dictando apuntes mientras sostiene un libro en la mano derecha.

Tendremos ocasión de acercarnos a ese maravilloso paraninfo el próximo día 23 de enero para la entrega de la VII Edición de los premios a los mejores blogs jurídicos, donde podremos escuchar la brillante conferencia del magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Don Antonio Del Moral García, quien tras una experiencia brillante como fiscal, es respetado por el rigor técnico de sus sentencias y su destreza expositiva. En esta ocasión hablará del mayor reto de la justicia actual:” Inteligencia artificial y derecho penal”; la tecnología más avanzada y la disciplina más antigua.

También muy tecnológico será el Premio «Hércules» 2025, otorgado a Javier de la Cueva, abogado especializado en nuevas tecnologías, al que se le reconoce su actividad como letrado en el largo proceso contencioso-administrativo que desembocó en la conocida como sentencia «Bosco», dictada por la sala tercera del tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2025 (rec. 7878/2024), que sienta el derecho de acceso al código fuente e información relativa a la aplicación «Bosco» promovida por el Ministerio de Transición Ecológica, impugnada por la Fundación CIVIO.

Asimismo, recibirán sus trofeos artesanales los blogueros de Taxlandia y de Jorge García Herrero así como Emilio Pérez Pombo, de fiscalblog.es y Carmen de Guerrero por el Observatorio de la contratación, junto a otra serie de eminentes autores con accésits.

He conocido a gente maravillosa

Ayer se celebró en Barcelona un reconocimiento del ilustre catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Francesc Solé Parellada, que falleció este verano a los 81 años. Un emprendedor, un impulsor de iniciativas (un fondista, del restaurante centenario 7 portas) con una mente magistral y divertida que además fue un gran experto en gestión universitaria. El seminario que anualmente dirigía sobre planificación estratégica es un ejemplo, pero también sus publicaciones o el concepto de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) que la propia presidenta, Ana Patricia Botín, reconocía ayer en ese gran acto póstumo, que «la fue a buscar hace cerca de 25 años para crear esta entidad, dedicada a impulsar el mundo universitario y reducir las desigualdades educativas».

Paco (como gustaba le llamaran sus amigos) ya había sido objeto de un entrañable homenaje por su jubilación hace diez años, y del que dejamos constancia con una extraordinaria entrevista para esta bitácora. Compartía muchas anécdotas, siempre alegres y las explicaba con ese peculiar talento para las metáforas. Quiero terminar dedicándole esta entrada (¡otra!) en mi blog, con ocasión de su homenaje ayer en la UPC.

La cámara verificó si las entidades ejecutoras de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) habían avanzado en el desarrollo de las medidas antifraude previstas en los planes aprobados, valorando los procedimientos de ejecución y desarrollo de las citadas medidas. En ambos casos, se evalúa, desde los diversos enfoques mencionados, la situación hasta 2024. Por eso es una buena práctica su lectura para los gestores involucrados en cualquier PMA

Entidades Locales

Informe de Fiscalización de la situación, en 2024, de las medidas incluidas en los Planes de Medidas Antifraude aprobados por las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Acuerdo del Consejo de 23 de diciembre de 2025).

La Cámara remitió un cuestionario común elaborado por sus auditores a las 163 EELL que recibieron fondos PRTR y que adquirieron la condición de “entidad ejecutora” debiendo disponer, por tanto, de un PMA (152 ayuntamientos y 11 mancomunidades) para recabar información y, en su caso, documentación sobre las cuestiones relevantes en la elaboración, aprobación y ejecución de las medidas antifraude. Después se seleccionaron quince EELL con el objeto de realizar un análisis más detallado.

El informe efectúa un magnífico repaso de los principales conceptos que determinan las obligaciones formales de los documentos que debían aprobarse. Distingue las actuaciones formales obligatorias de las recomendaciones del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA).

Encuentran los auditores que, en bastantes casos, las entidades locales tuvieron dificultades a la hora de considerarse o no entidades ejecutoras y, en consecuencia, estar sometidas a la obligación de aprobar un PMA, establecida en el artículo 6.1 de la Orden HFP/1030/2021, para toda entidad, decisora o ejecutora, que participara en la ejecución de las medidas del PRTR, como advertimos desde esta bitácora hace cinco años.

El Tribunal de Cuentas de España ya publicó un primer trabajo horizontal en el verano del 2023, analizando la implantación inicial, quedando pendiente la implantación efectiva de algunas de las medidas en ellos contenidas, así como el desarrollo de una cultura de lucha contra el fraude. Esto se había debido, en parte, a la premura con la que las entidades tuvieron que aprobar los planes y a que no había transcurrido, entonces, tiempo suficiente para interiorizar un cambio tan sustancial en las organizaciones. Varios OCEX acometieron también sus propios análisis, que dieron lugar a la generalización de este tipo de Informes de fiscalización en las CCAA.

Destaca el informe en sus conclusiones que únicamente treinta y tres entidades locales impartiesen formaciónque promueva la ética pública entre su personal y que facilite la detección del fraude, reconociendo que es una “medida difícil de poner en marcha en ayuntamientos pequeños y con menor nivel de gasto”. Además:

“Existe gran dificultad en las EELL de menor población y presupuesto para cumplir los requisitos establecidos en la Orden HFP/1030/2021, cuando además participan en un porcentaje muy bajo de las ayudas de los fondos MRR, lo que en determinadas ocasiones puede implicar la renuncia a la ayuda concedida y/o al incumplimiento del proyecto subvencionado”.

Administración autonómica

Informe de Fiscalización de la situación, en 2024, de las medidas incluidas en los planes de Medidas Antifraude aprobados por las entidades ejecutoras del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Acuerdo del Consejo de 23 de diciembre de 2025).

El informe sobre la gestión autonómica y universitaria de los PMA pone de manifiesto otro tipo de redacción y análisis. Concluye que todas las entidades que conforman el ámbito subjetivo de la fiscalización cumplieron con la obligación de aprobar un PMA con, “al menos, el estándar mínimo determinado por la Orden HFP/1030/2021”, tal y como se analiza en documento.

La Comunidad de Madrid aprobó su PMA por acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2021 y estableció un ámbito de aplicación extensible a toda la Administración de la comunidad, conformando, por lo tanto, un único Plan que fue elaborado por la Dirección General de Presupuestos (DGP) para todas las entidades ejecutoras de fondos del PRTR. La aprobación se llevó a cabo dentro de los plazos requeridos por la Orden HFP/1030/2021 en el apartado 5.a) del artículo 6, que establecía un plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor de la Orden, que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2021.

Todas las consejerías procedieron a la aplicación de los procedimientos contenidos en el PMA, procedimientos alineados con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021. Además, “se proporcionó actividades formativas en materia de fraude, corrupción, conflictos de interés y/o doble financiación de forma obligatoria al personal implicado en la gestión de los fondos PRTR, dirigidas a todos los niveles jerárquicos y de forma recurrente”

Universidades públicas madrileñas

Las seis universidades cumplieron con la obligación de elaborar sus PMA, tal y como se preveía en la Orden HFP/1030/2021, a los que se dieron diferentes denominaciones. Se aprobaron de forma diferente. Así, los respectivos Consejos de Gobierno de la UCM, de la UC3M y de la UAM aprobaron sus PMA, mientras que en la UCM fue el Consejo Social y en las dos universidades restantes, la UPM y la UAH, fueron tanto el Consejo de Gobierno como el Consejo Social. Todas ellas, durante el ejercicio 2022.

Repasan los auditores las obligaciones del plan, censurando que sólo cuatro de las seis universidades públicas madrileñas proporcionaron actividades formativas, aunque solo en una se dirigió a todos los niveles jerárquicos y fue obligatoria sólo en dos. Únicamente la Universidad Politécnica de Madrid desarrolló las actividades formativas de forma recurrente.