El Sol de Zacatecas, viernes 25 de mayo de 2012

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2555095.h

En nuestro país hemos transitado de un régimen monolítico, cerrado y autoritario en el cual, la acción pública se realizaba en el marco de una administración vertical,  marcada por el centralismo en la toma de decisiones y sometida a las jerarquías; a una concepción mucho más abierta, flexible, descentralizada de la gestión pública, bajo una constante interacción con el conjunto de actores sociales y donde los ciudadanos  juegan un rol activo y protagónico en la supervisión del ejercicio gubernamental y en el diseño de las políticas públicas.

En el pasado, las organizaciones del sector público, en buena medida, eran ajenas a la sociedad y su vinculación con ésta era muy limitada por reglas restrictivas del sistema político posrevolucionario y, realmente, no existían nexos orgánicos directos con la sociedad civil. Esa concepción del Estado, llevaba en su propia naturaleza la idea de verticalidad, ya que el sistema presidencialista no consideraba necesaria ni apropiada la participación directa de la ciudadanía en las decisiones; el pueblo sólo era importante durante los periodos electorales, cuando se requerían muestras de adhesión para darles un barniz de legitimidad y así materializar aquellos rituales de ficción democrática.

Afortunadamente, gracias al empuje de miles de mexicanas y mexicanos que con mucho sacrificio, a lo largo de décadas han luchado por la reivindicación de los derechos ciudadanos, en México logramos dejar atrás el autoritarismo y conseguimos avances democráticos sustanciales; en particular, mediante la elaboración de importantes reformas institucionales que dieron cause a la participación ciudadana. Las primeras de ellas, fueron las referentes a la creación de instituciones electorales imparciales y de los organismos defensores de los Derechos Humanos, acompañadas luego de la instrumentación de los primeros Consejos de la Judicatura Federal.

Poco después, esta evolución cívica, se orientó hacia la optimización  de la administración pública y por su ejercicio transparente, mediante el impulso de los procesos de participación ciudadana y con la creación de mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas; así nacieron las Comisiones de Acceso a la Información Pública y los Órganos de Fiscalización Superior, como instituciones garantes de la vida democrática del país.

Es evidente que la creación de instituciones encaminadas a impulsar la democratización del Estado no ha sido un proceso fácil, ni está concluido todavía; su permanencia es una lucha constante. De ahí la importancia de defender los logros adquiridos y apuntalarlos, al igual que los canales de participación ciudadana, como una condición para dotar de legitimidad y credibilidad al ejercicio de gobierno.

En este sentido, los Planes y Programas de Desarrollo gubernamentales al ser elaborados, deben recoger plenamente las aspiraciones y demandas de la sociedad. Debido a ello, la PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA es una herramienta de participación ciudadana de primer orden para preservar y perfeccionar un régimen abierto, plural e incluyente, mediante el impulso de la participación activa del pueblo en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno, con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

Por nuestra parte, en Zacatecas, ahora mismo estamos pasando por una álgida discusión a partir de la Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, entregada al Poder Legislativo el pasado 15 de mayo por parte del Ejecutivo Estatal, la cual plantea una amplia reestructuración de la administración pública en el estado. De entrada, por supuesto compartimos plenamente la idea de mejorar y eficientar la administración para una gestión pública óptima en todos sus ámbitos; no obstante, una transformación de tal envergadura requiere de un análisis exhaustivo y con el concurso de todas las voces de la sociedad y, en especial, la de los sectores involucrados.

En la propuesta del Ejecutivo se plantea fusionar dependencias y crear unas nuevas como la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, a la cual se integraría el Instituto para las Mujeres Zacatecanas (INMUZA). Las organizaciones civiles y grupos defensores de los derechos de las mujeres han advertido que con esta medida, se corre el riesgo de que el ahora Instituto, en su transformación, pierda nivel jerárquico, autonomía, presupuesto, infraestructura y el peso específico de las políticas públicas dirigidas a las mujeres. También se eliminaría la Comisión Estatal para la Integración de Personas con Discapacidad (CEIPD). Cabe recordar que a lo largo de varios años, la sociedad luchó por construir una ley que salvaguarde los derechos de los ciudadanos que viven en tal condición y, en la actualidad, este instrumento legislativo es considerado de avanzada a nivel nacional. Además desaparecería también el Instituto de la Juventud Zacatecana (INJUZAC), decisión que contrasta con la ya conocida propuesta perredista de crear la Secretaría de la Juventud; la misma suerte correría el Instituto de Desarrollo Artesanal Zacatecano (IDEAZ) con la propuesta del Ejecutivo.

A final de cuentas, tenemos que ser muy cuidadosos en garantizar los derechos humanos, los derechos ciudadanos y los derechos sociales como una cuestión primordial del Estado; inclusive, a veces es preferible (que no deseable) sacrificar cierta eficacia, con tal de salvaguardarlos. Sin embargo, me parece que en Zacatecas ahora tenemos la opción de construir conjuntamente una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas de avanzada y con los consensos requeridos. Razón por la cual, las diputadas y diputados tendremos que asumir una actitud responsable y flexible, para discutir y llevar a cabo un abordaje legislativo profundo y riguroso de esta nueva ley en un marco de transparencia y con la participación de todos los sectores de la sociedad.

Si existe voluntad política de todas las diputadas y los diputados, podremos culminar este debate depurando una ley que sea consistente, de gran calado y acorde a las necesidades actuales de Zacatecas y, que a la vez, cumpla con los estándares internacionales en materia de gestión pública. El pueblo zacatecano lo merece y lo exige.

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Lasnoticiasya.com, lunes 21 de de mayo de 2012

http://www.lasnoticiasya.com/2012/05/21/los-jovenes-y-su-fuerza-renovadora-retoman-las-calles

Nuestro país tiene una población más joven que la mayoría de sus pares en América Latina, con una media de edad de 27 años; en Brasil es de alrededor de 29 años, pero el país sudamericano ha hecho un mejor trabajo en depurar su sistema educativo y en la reducción del desempleo entre los jóvenes desde la crisis financiera global. En la década pasada, la tasa de jóvenes sin empleo en México se duplicó a casi el 10.3%, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Actualmente, esta desocupación juvenil es de un 12.7% -el doble de la que se registra entre la población en general-, además se estima que 6.4 millones de jóvenes han perdido la esperanza de encontrar una fuente de trabajo y, peor aún, los que cuentan con preparación académica son el sector más afectado por el desempleo.

Como ya he señalado anteriormente, es lamentable que se dilapide esta oportunidad excepcional para generar riqueza y prosperidad, al no aprovechar las ventajas que la dinámica demográfica nos brinda; a la fecha, las tasas de marginación son alarmantes con alrededor de la mitad de los mexicanos entre 15 y 19 años sin empleo y sin acceso a la educación, según lo confirma un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En este sentido, resulta evidente el riesgo de no aprovechar el “Bono Demográfico” (58.3% de la población de 14 años y más económicamente activa) y, por el contrario, que se convierta en un “déficit demográfico” por la falta de oportunidades.

Ante este escenario adverso, muchos jóvenes han manifestado su hartazgo contra la degradación de la política, lo mismo que su poca credibilidad en clase gobernante por su incapacidad de no ofrecerles soluciones a sus necesidades más apremiantes. Sin embargo, contrario a lo que se cree, los jóvenes sí tienen interés en la política y en los asuntos públicos, pese a que estén convencidos que los actores y partidos políticos no están a la altura de su responsabilidad. Así lo confirma la octava edición de la Encuesta Nacional Gobierno, Sociedad y Política de Gabinete de Comunicación Estratégica, dada a conocer en marzo pasado.

Este fin de semana, fuimos testigos de la forma en que los jóvenes alzaron la voz y se hicieron presentes como una gran fuerza renovadora en el país: el sábado, en un episodio inédito en México, estudiantes de diversas universidades privadas, en especial de la Universidad Iberoamericana (UIA) y del Instituto Tecnológico Autónomo de México  (ITAM), aprovechando el poder de las redes sociales, convocaron a una multitudinaria marcha en protesta contra la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto y a una posible regresión autoritaria. Jóvenes y ciudadanía en general, marcharon en varias ciudades para expresar su indignación por la manipulación de las televisoras, en acuerdo con la cúpula de la campaña del candidato priísta. Paradójicamente, estudiantes de la Ibero y de otras universidades privadas de élite: la Anáhuac, La Salle, el Tecnológico de Monterrey y el Autónomo de México, entre  otros, exigieron una cobertura informativa equitativa y profesional en torno a las campañas electorales. Así mismo, los jóvenes también se pronunciaron por la profundización de los procesos democráticos en México y exigieron al Estado mexicano que cumpla con su obligación de brindar alternativas y oportunidades para que el aporte de los jóvenes, no sea desperdiciado.

A final de cuentas, los estudiantes dejaron muy en claro que repudian algunas prácticas autoritarias que se han registrado en el presente proceso electoral, entre las que podemos destacar: la mencionada postura sesgada de las grandes televisoras en apoyo de un candidato en particular y el subsecuente discurso descalificador contra quien disiente de él; tal como el esgrimido contra los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, al señalar que su iniciativa espontánea, se había tratado de una manipulación de jóvenes por parte de grupos izquierdistas que los estaban “azuzando” en función de sus propios objetivos político-electorales.

En la concentración que en la capital del país comenzó en el Zócalo y que a lo largo de su recorrido logró aglutinar a más de 46,000 personas, según lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, los participantes rechazaron la aparición de episodios represivos como los que se registraron en Córdoba, Veracruz y en algunos otros lugares del país; donde opositores al candidato priísta han sido agredidos físicamente. Los jóvenes  también dirigieron sus consignas contra los hechos represivos ocurridos en San Salvador Atenco, donde las fuerzas policiales del Estado de México cometieron una serie de atropellos contra la población, sobre todo, por las mujeres que fueron vejadas; cuando el hoy candidato del PRI a la Presidencia de la República era gobernador del Estado de México.

Finalmente, los jóvenes tienen muchos motivos para manifestar su inconformidad ante un orden de cosas en el país que les resulta abiertamente adverso, pero también están convencidos de lo que su gran capacidad creadora y constructiva puede aportar al país. Su llamado a no abandonar la aspiración de consolidar una democracia sólida en México, como vía para generar oportunidades para todos y eliminar la pobreza y el desempleo, no debe ser desatendido; los jóvenes quieren vivir en un país de leyes, de justicia y de bienestar. Razón por la cual, más allá de la preferencia política de cada uno de ellos, de su posición socio-económica, las consignas, reclamos y reivindicaciones democráticas están plenamente justificadas: como lo dijo el rector de la UNAM, José Narro Robles: “en los jóvenes universitarios más vale la protesta indignada y esperanzada que el silencio sumiso que pudiera interpretarse como aceptación de todas las mentiras y traiciones que se han acumulado en el país”.

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El Sol de Zacatecas, viernes 18 de mayo de 2012

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2546040.htm

  Ayer celebramos el Día Mundial del Reciclaje, que fue establ   ecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 17 de mayo de cada año, con el fin de promover en la sociedad una mayor responsabilidad; no sólo del consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima y del que la transforma en un bien de consumo. Indudablemente, el reciclaje es una práctica que resulta muy necesaria, sobre todo porque hasta ahora, la contaminación que generamos es insostenible y tan sólo basta observar las cantidades de basura que producimos para confirmarlo:

El promedio de basura que genera cada persona en los países desarrollados es de alrededor de dos kilos pero esta cifra va en aumento; en Estados Unidos, por ejemplo, la basura producida en los centros habitacionales -sin contar la de la industria-, alcanzó más de 220 millones de toneladas en 1990. En México, ocupamos el lugar número 10 de los países que más basura producen. Hace 50 años cada mexicano generaba 300 gramos de basura a diario y hoy en día la cantidad aumentó a 900, cantidad que representa un total de 84 mil toneladas de basura al día. Tan sólo en la capital de la República se producen 12 mil toneladas diariamente, 18 millones al año y en Monterrey cerca de un millón. Los residuos generados en las viviendas, hospitales e industrias difieren sustancialmente en volumen, cantidad y peligrosidad, por lo que requieren un manejo específico.

Cabe recordar además que, sobre todo en la última década, la cantidad de basura electrónica que generamos en el país ha crecido notablemente; cada año nos deshacemos de 180 mil toneladas que incluyen televisores, computadoras, teléfonos fijos y celulares, grabadoras y aparatos de sonido. Lo más preocupante es que estos desechos contienen sustancias peligrosas y no tienen un manejo adecuado a pesar de que ya existe una normatividad para ello.

A nivel general, México registra un atraso de hasta 100 años respecto al manejo de los residuos sólidos, así lo informa Diana Flor Rodríguez Hernández, Presidenta de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales (FEMISCA). De tal manera que en México operan alrededor de 110 rellenos sanitarios de acuerdo a la norma oficial, pero tenemos casi dos mil 500 municipios, por lo que la cifra es ínfima y padecemos un rezago muy marcado: a nivel internacional el país se ubica en el lugar 45 en la materia. Por nuestra parte, se estima que tan sólo durante el año 2007, en Zacatecas se generaron 429.3 mil toneladas de residuos sólidos urbanos que fueron a parar a los 78 tiraderos de basura a cielo abierto que en aquel entonces, operaban en nuestro estado.

Por otra parte, en cuanto nuestro marco jurídico, a nivel nacional se aprobó la Ley de Manejo de Desechos en el año 2003 y se reglamentó hasta el 2006, por lo cual estamos todavía  inmersos en un proceso de transición y es urgente que los recursos destinados a esta modificación, se apliquen de manera efectiva para proyectos que sean técnica y ambientalmente viables, así como socialmente justos.

Una de las acciones gubernamentales a seguir por su conveniencia, consiste en que los municipios presenten buenos proyectos a nivel ejecutivo; que apliquen adecuadamente  los recursos y que exista una efectiva supervisión estatal y federal para saber qué se hace con las partidas presupuestales otorgadas para la recolección y tratamiento de la basura; pues éste sigue siendo el principal problema en los servicios públicos de los Municipios y sólo podrá resolverse integralmente mediante la participación activa de la ciudadanía.

En este sentido, desde el Estado tenemos la obligación de explorar todas las alternativas posibles para hacer del Reciclaje una práctica de uso diario; partiendo de impulsar a las microempresas, microindustrias y cooperativas recuperadoras y procesadoras de los componentes individuales de los residuos y desechos sólidos, tales como: metales, plásticos, vidrios, papeles, cartones, entre otros,-incluyendo los orgánicos,- que pueden incorporarse por medio de una ruta ecológica o selectiva de los mismos. Actualmente es muy bajo el porcentaje de reciclaje en el país no supera ni el 10%; así mismo, llama la atención que siendo México el segundo consumidor mundial de bebidas embotelladas, sólo detrás de Estados Unidos, es muy reducido nuestro porcentaje de PET reciclado. China, por ejemplo, nos compra la basura pero la regresa con un valor agregado 10 veces mayor. Esta situación, hace patente la necesidad una política de Estado que estimule la puesta en marcha de este proceso transformador, por medio de los organismos competentes y la comunidad organizada.

Por otro lado, ante las necesidades económicas, siempre surge la creatividad de la gente para apoyar su economía familiar; razón por la cual, muchos ciudadanos han optado por el reciclaje como una opción viable como vía de ingreso alternativa. En función de ello, se vuelve indispensable establecer centros de reaprovechamiento para que la gente pueda depositar los elementos que son reciclables.

A final de cuentas, el Reciclaje es una práctica que si llevamos a cabo de manera generalizada, sobre todo entre niños y jóvenes, indudablemente será la punta de lanza para arraigar una conciencia cívica en la sociedad respecto a la importancia de cuidar la naturaleza y nuestro patrimonio común; y de esta manera, marcar una diferencia para frenar el insostenible ritmo de contaminación del planeta y la degradación de nuestro entorno más próximo.

Tenemos que darnos la oportunidad de vivir en concordia con la naturaleza; porque de lo contrario, todas las demás posibilidades humanas quedarían agotadas. Por mi parte, he propuesto algunas acciones concretas; entre las que destacan diversas Iniciativas para optimizar muestro marco jurídico del estado, a fin de contar con una legislación integral en el tema del medio ambiente.

En particular, tenemos que promover el Reciclaje en todos los ámbitos, como medida efectiva para revertir el cambio climático día a día. Por último, señalaré que el día de ayer, además de conmemorar el Día Internacional del Reciclaje, también fue el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia; ambas efemérides tienen relación directa con dos cuestiones fundamentales de nuestro tiempo, como condiciones para una sociedad viable y con futuro:

La aceptación de las diferencias, ideas y preferencias sexuales de cada persona, es indispensable para alcanzar una convivencia pacífica y el respeto entre todos; así mismo, el cuidado del medio ambiente a través de un manejo racional de nuestros recursos naturales y de los bienes que producimos, es la única garantía para sobrevivir como especie.

Lasnoticiasya.com, lunes 14 de mayo de 2012

http://www.lasnoticiasya.com/2012/05/15/crimenes-contra-periodistas-arista-del-estado-mexicano/

El día de ayer, fue una jornada tristemente memorable por el derramamiento de sangre en el país: por la mañana, autoridades policiacas encontraron 49 cuerpos mutilados en la ciudad de Monterrey y, por la tarde, fue encontrado muerto el periodista, abogado y dirigente de la Asociación Nacional de Emprendedores por la Nación, A. C., delegación Morelos, René Orta Salgado. El periodista se encontraba desaparecido desde la madrugada de este sábado; desafortunadamente, este lamentable asesinato es parte de la escalada de violencia desatada en el país y que reconocidos periodistas han padecido en las últimas semanas.

Hace unos cuantos días, el 3 de mayo, precisamente en la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fueron encontrados los cuerpos de los fotorreporteros Gabriel Huge Córdova y Guillermo Luna Varela; del ex-fotógrafo del diario AZ, de TV Azteca, Esteban Rodríguez y de Irasema Becerra, empleada administrativa del diario El Dictamen, de Veracruz. Previamente, unos pocos días antes, el 28 de abril fue asesinada en Xalapa la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio.

Cabe recordar que en nuestro país, del 2001 al año 2012 han ocurrido109 asesinatos y desapariciones de periodistas; 79 se cometieron en la actual administración del presidente  Felipe Calderón, situación que representa un incremento de 2 mil 500% en la tasa de agresiones contra el gremio periodístico, respecto del sexenio presidencial correspondiente al periodo 1994-2000. Desgraciadamente, hoy en día, México es considerado el país más peligroso del mundo para ejercer del periodismo. Según la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 80 comunicadores han sido asesinados y al menos 14 han desaparecido en México durante la última década; la mayoría de ellos relacionados con investigaciones sobre el narcotráfico y la corrupción gubernamental. Sin embargo, es a partir del 2006 cuando se empiezan a registrar los niveles más elevados de atentados contra periodistas: de diciembre de ese año a la fecha, el número de este tipo de asesinatos ha crecido 246% comparado con el sexenio anterior.

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un ofensiva contra los cárteles de la droga, se estima que más de 60,000 personas han muerto; entre las que se incluyen presuntos delincuentes, sicarios, policías, soldados, marinos y civiles (“daños colaterales”, según el gobierno federal), periodistas y defensores de los derechos humanos. Indudablemente, los ataques contra medios de comunicación y periodistas se deben, en gran medida, a los altos niveles de impunidad; en la medida que no se aplica y no se castigan los delitos entonces incide la violencia de la que son objeto los medios de comunicación. El abogado penalista de la Universidad Iberoamericana (UIA), Julio Hernández Barros, afirma que -según sus investigaciones- en México el 98% de los actos delictivos no se sancionan; “y eso quiere decir que ninguna pena y ninguna amenaza del Estado funcionará mientras se tengan esos índices de impunidad”. En el mismo orden de ideas, el jurista Miguel Carbonell advierte que los delitos cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad alcanzan el 75% del total de los perpetrados en México; es decir, que 3 de 4 delitos no se denuncian. Así mismo, del 25% de delitos que sí son denunciados solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55%, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6% del total de delitos cometidos. Esto significa que solamente el 1.6% de cada 100 delitos llega ante un juez; las condenas judiciales abarcan tan sólo el 1.06%, propiciando que la impunidad alcance un escandaloso porcentaje del 99% (Corrupción judicial e impunidad: el caso de México).

Por su parte, Darío Ramírez, director de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica atribuye esta situación, precisamente, a los niveles de impunidad que prevalecen en el país: “el silencio y la complicidad de las autoridades propicia que este contexto de inseguridad y agresiones a la prensa se perpetúe como un ciclo absoluto”. Es evidente que si los culpables de agresiones y crímenes contra periodistas no son sancionados; la lógica de intimidación a los medios seguirá en aumento. En este sentido, el politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo advierte que “los medios no son un daño colateral, sino un objetivo especifico para incidir en el mensaje y la información que puedan manejar. Con los medios se utiliza normalmente el garrote y la zanahoria, por un lado el intento de coptación no son solo de gobiernos, sino de empresas e incluso del poder delictivo, entonces puede haber simplemente la coptación acordada o pacifica o la violencia e intimidación y en el caso del narcotráfico es plata o plomo”.

Ante la sucesión de asesinatos de periodistas, cuatro relatores de la (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hicieron un enérgico llamado al gobierno mexicano para que aplique de manera rápida y efectiva la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El problema es que no sólo los periodistas se encuentran en un estado de indefensión, sino la gran mayoría de mexicanas y mexicanos. Esta deplorable situación marcada por el debilitamiento de las instituciones, la fragmentación del Estado y el fortalecimiento de los grupos delictivos, es el resultado de la equivocada estrategia del gobierno federal en materia de seguridad. Tan sólo basta observar los inéditos niveles de violencia y barbarie para percatarse de ello; que definitivamente han multiplicado el dolor y el sufrimiento en México.

Por último, sin lugar a dudas, los avances en la optimización de los marcos normativos conforme a las necesidades sociales, es de primera importancia; en nuestro caso, Zacatecas ya cuenta con una legislación que establece la obligación del Estado de implementar medidas de prevención y protección a la vida, integridad, libertad y seguridad de comunicadores y activistas de derechos humanos. Sin embargo, para resolver de fondo esta lamentable espiral de violencia y corrupción que prevalece en el país, tenemos que empezar a construir una política integral en materia de seguridad, de largo plazo y que vaya dirigida a erradicar los actuales niveles de impunidad; el Estado debe invertir en educación y salud, así como en infraestructura pública y social para reactivar la base económica y generar empleos, paralelamente a mejorar los programas de desarrollo social.

En el corto plazo, no queda más que hacer un llamado al gobierno federal y a las autoridades estatales y municipales, para que cumplan cabalmente con la ley y promuevan la integración de propuestas de acción conjuntas entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil; para que de una buena vez, quiénes se desempeñan en la labor periodística cuenten con garantías de seguridad en el ejercicio de su oficio.

El Sol de Zacatecas, 11 de mayo de 2012

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2538080.htm

En nuestro país, desafortunadamente, hasta el día de hoy los Informes de Gobierno, Informes de Actividades o Mensajes Políticos; en lugar de cumplir con su verdadera función como instrumento de información y rendición de cuentas a la sociedad, más bien funcionan como actos propagandísticos dirigidos a exaltar la imagen de los servidores públicos o de los representantes populares, siendo la autopromoción y el Culto a la Personalidad, su objetivo real.

A nivel nacional, el Rito del Informe Presidencial terminó en el año 2008 en el II Informe de Gobierno correspondiente al presente sexenio federal, como resultado del nuevo formato mandatado por la reforma al artículo 69 Constitucional efectuada en los días previos. Esta fecha marcó el fin del coloquialmente denominado “Día del Presidente”. Sin duda alguna, estas prácticas forman parte de una dinámica clientelar hoy en día superadas de la vida pública; la sociedad ya no tolera las herencias de una cultura política autoritaria y vertical del pasado, en la que los actos cortesanos y los ritos de poder personalista jugaban un papel central para mantener la hegemonía política. Sin embargo, estos mecanismos de propaganda atentan el más elemental sentido republicano y son opuestos a los principios cívicos que dieron origen a nuestro sistema democrático.

Tampoco hemos conseguido acabar con el dispendio de recursos públicos en tales eventos; que además de ser ilegal en muchos casos, representa un atentado contra el erario y resulta abiertamente ofensivo para la población. Ahora, estamos a tiempo de dejar atrás esos elementos de exaltación del individuo, por lo que resulta indispensable establecer controles y límites institucionales que erradiquen los rituales cortesanos y los vicios añejos de la política mexicana; en particular, el tristemente célebre Culto a la Personalidad, ya que socavan los cimientos democráticos de una sociedad plural abierta y participativa.

En este sentido, el día de ayer, en la LX Legislatura del Estado de Zacatecas aprobamos el Punto de Acuerdo que un servidor presentó el 27 de octubre del año pasado, cuyo objetivo es abrir el debate a la discusión para diseñar un nuevo formato de los Informes de Gobierno; que nos obligue a los servidores públicos llevarlos a cabo de manera austera, puntual, efectiva y con sobriedad. Además, propone establecer la obligación de que los servidores públicos que -con motivo de sus Informes de Gobierno-, tengan la intención de hacer un evento que implique gastos sustanciales o abiertamente dispendiosos, lo hagan con sus propios recursos o los de su partido político; evitando echar mano del erario público ó de la institución en la cual se desempeñan.

Por el contrario, la idea es que estos Informes o Mensajes, en adelante, puedan efectuarse en los márgenes de un ejercicio republicano de la gestión pública y con austeridad; la obligación constitucional de los servidores públicos y de los representantes populares radica en informar abiertamente a la ciudadanía sobre su desempeño y someterse a su escrutinio, para que asuman legalmente las consecuencias de sus actos y decisiones.

Por otro lado, el día de hoy, la tecnología nos proporciona una serie de herramientas que nos permiten una amplia penetración con la gente, mediante el uso de los medios informáticos; si aprovechamos este potencial de forma creativa y eficiente, podremos informar de forma amplia y más directa a la sociedad; y con la ventaja adicional, de generar ahorros sustanciales. Así mismo, de conformidad con la plataforma medioambiental que he venido trabajando en esta Soberanía Popular, esta Iniciativa de Punto de Acuerdo también tiene como fin, evitar el derroche de papel mediante el aprovechamiento de las herramientas informáticas y contribuir de forma importante al cuidado del medio ambiente.

En función de lo anterior, la Iniciativa que ayer aprobamos, exhorta de manera respetuosa a los titulares de los poderes de nuestro Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los Presidentes Municipales de Zacatecas, para que los Informes de Gobierno  puedan efectuarse bajo un nuevo formato que les permita cumplir con su verdadero objetivo de informar y rendir cuentas a la población, exclusivamente.

Por todo lo anterior, el día de ayer, mi convocatoria hecha a todas y cada una de las Diputadas y Diputados para que dieran su voto a favor del presente Dictamen, tuvo eco en ellos, gracias a su sensibilidad y compromiso; lo que seguramente marcará el principio de un marco jurídico de vanguardia en nuestro Estado, en el cual se integren las reformas que nos permitan cumplir con las propuestas expresadas y en favor de la vida democrática de Zacatecas.

Luis Gerardo Romo Fonseca

Lasnoticiasya.com, lunes 7 de mayo de 2012

http://www.lasnoticiasya.com/2012/05/07/fortalezcamos-nuestro-marco-juridico-y-luchemos-contra-desapariciones-forzadas/

Al interior de la LX Legislatura del Estado de Zacatecas, hemos acompañado con acciones la creciente preocupación de diversas asociaciones civiles y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como de la sociedad en general, respecto a las desapariciones forzadas de personas. En México, este problema tiene como antecedente los numerosos casos relativos a desapariciones involuntarias o forzadas de los años setentas, sobre todo; aunque durante la década siguiente también se presentaron, hubo una reducción notable de estos delitos.

Sin embargo, ahora en la segunda década del siglo XXI, por desgracia, esta deleznable práctica delictiva ha experimentado un notable aumento en muchos lugares del país. Es evidente que la impunidad de la cual siguen gozando los responsables de las desapariciones forzadas sistemáticas de la “guerra sucia” de los años setentas y ochentas, es un factor central que ha permitido que las Desapariciones Forzadas vuelvan a ser hoy en día, un patrón recurrente en el contexto de violencia generalizada y de empoderamiento de los grupos delictivos en México.

La Desaparición Forzada de Personas representa un acto esencialmente arbitrario que de  forma brutal despoja a la víctima de sus derechos más elementales, privándolo del ejercicio de sus garantías individuales, de su integridad física y moral, así como de su dignidad. Desgraciadamente, este problema se ha vuelto de grandes dimensiones en el país; en el mes de julio de 2010, la Alta Comisionada Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Kyung‐wha Kang, reportó que este organismo tenía alrededor de 300 casos documentados de desapariciones forzadas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila. Sin embargo, para el año siguiente, las cifras sobre este flagelo se incrementaron de manera exponencial.

En el estado de Coahuila, de febrero del 2007 a Julio del 2010 la ONU reportó 60 casos, para el año pasado se tenían documentados 184; es decir, un aumento de 200% en tan sólo un año. En el caso de Durango, llama la atención lo ocurrido en Cuencamé,  donde los reportes indican que durante el 2009 y 2010, se dieron 60 desapariciones. En Nuevo León, en el transcurso del año 2010 se incrementaron los reportes de personas que fueron víctimas de algún tipo de desaparición. Así mismo, de enero a octubre de 2010, la Secretaría de la Defensa Nacional  (SEDENA) tuvo conocimiento de “mil 700 personas (que) están en calidad de desaparecidas por haber sufrido “levantones” o secuestros en Tamaulipas y Nuevo León” (Excelsior, 4 de octubre de 2010).

Por lo que toca al estado de Tamaulipas, ahora está padeciendo una situación de violencia inédita, al punto de que la posibilidad de documentar a las víctimas de la “guerra” contra el narcotráfico, rebasa las posibilidades de las escazas organizaciones civiles en este estado. Una situación similar atraviesa el estado de Chihuahua; donde las desapariciones de mujeres lleva ya más de dos décadas, pero es a partir el 2008 cuando se disparó el número de las Desapariciones Forzadas de Personas. En los estados de Nuevo León y Coahuila cerca del 90% de la personas desaparecieron en grupo, muchos de ellos migrantes, la mayoría de las víctimas estaban en tránsito por algunos de los estados del norte; en Zacatecas también se han presentado este tipo de casos pero en menor medida.

El Informe a la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos del año 2010, refiere que “mientras que en el estado de Chihuahua, en la mayoría de los casos documentados se identifica a elementos de Ejército Mexicano o de diversas corporaciones policíacas involucradas en las desapariciones; en los estados Nuevo León, Zacatecas y Coahuila, sólo en algunos casos hay datos de involucramiento de elementos de estas corporaciones militares o policíacas, siendo la mayoría atribuibles a grupos de delincuencia organizada”.

Según el Informe citado, hay más de  60,000 elementos de las fuerzas Armadas cumpliendo tareas, en un Estado democrático corresponderían exclusivamente a las autoridades policiacas. Por su parte, las Organizaciones No Gubernamentales que colaboraron en el Informe elaborado por la ONU y dado a conocer en marzo del 2011, señalan que el 40% de los casos de Desapariciones Forzadas han sido producto de detenciones ilegales con implicaciones  directas e indirectas de funcionarios públicos, realizadas en su mayoría por militares, policías estatales y municipales. Resulta verdaderamente preocupante que tan sólo entre el año 2007 y principios del 2011, se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad, es decir, 300% más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987), según lo denunció el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, la cifra podría ser mayor si consideramos que los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indican que las quejas por extravío de personas superan las 5,300 desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón. Desgraciadamente, por temor a represalias, un elevado número de familias no denuncia ante las autoridades correspondientes.

Sumado a ello, la negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión, omisión o por  colusión con el crimen organizado, han permitido que se incremente y extienda a todos los rincones del país. Así mismo, como ya he señalado anteriormente, las autoridades no ofrecen información confiable a nivel nacional, estatal y municipal sobre el número preciso de casos. Tampoco existe un registro nacional central de desapariciones forzadas y no se lleva a cabo una investigación judicial en la mayoría de casos que involucran este delito. Razón por la cual, se dificulta mucho la cuantificación del fenómeno.

Ante este creciente problema, el 14 de marzo pasado, en el Congreso del Estado los diputados Saúl Monreal, Geovanna Bañuelos y un servidor, suscribimos una  Iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Zacatecas para tipificar la Desaparición Forzada de Personas; sin duda un avance muy importante en esta lucha. Sin embargo, debemos seguir en esta misma línea, fortaleciendo y ampliando la protección jurídica para las víctimas e impulsando acciones preventivas y contemplar la reparación del daño. Necesitamos una Ley de mayor amplitud y acorde a los estándares internacionales en la materia; sobre todo, por la inacción oficial ante estas graves violaciones a los Derechos Humanos y ante la ausencia de una política integral en México orientada a  una solución de fondo. Justamente, en esta dirección estamos empeñando nuestros esfuerzos; para que en Zacatecas podamos desarraigar este delito de Lesa Humanidad y abonar a la construcción de un Estado democrático, paralelamente a rechazar categóricamente los esquemas gubernamentales que mantengan viva la posibilidad de imponer un Estado policiaco y represor en el país.

El Sol de Zacatecas, viernes 4 de mayo de 2012

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2529065.htm

El día de ayer conmemoramos el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Esta Efeméride tiene como antecedente una Resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del año 1991, titulada “Fomento de la libertad de prensa en el mundo”, en la cual se reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente, es una condición imprescindible para la construcción de una  sociedad democrática. Efectivamente, dado su carácter de instrumento crítico que escudriña la vida pública, la prensa funciona como herramienta de presión para que el poder rinda cuentas. Esta responsabilidad política intrínseca en el periodismo es de vital importancia para la sociedad y, más aún, en países donde los mecanismos de rendición de cuentas son débiles.

Hoy en día, los medios de comunicación están atravesando por transformaciones profundas y muchas de sus prácticas se encuentran en proceso de renovación al reconfigurarse sus relaciones con la sociedad contemporánea. Gracias a la inmediatez de los flujos informativos y a la interactividad simultánea entre millones de personas a través de la Internet y, en particular, de las redes sociales; han surgido esquemas de comunicación inéditos. Entre estos, podemos mencionar el Periodismo Participativo y el Periodismo 3.0 (de tercera generación); básicamente, se distinguen por la espontánea y activa participación de los ciudadanos en la difusión de noticias en medios digitales (blogs y foros públicos), con el fin de generar un criterio social independiente y rebasar los esquemas tradicionales, fortaleciendo los procesos democráticos de acceso a la información.

Entre las principales características de la labor periodística, destacan su naturaleza eminentemente dinámica y, a la vez, que representa un vínculo público de la sociedad con su entorno, haciéndole partícipe de las soluciones colectivas. Sin embargo, hoy en día, los periodistas se enfrentan a una serie de disyuntivas y problemas; como por ejemplo, el hecho de que las necesidades económicas eventualmente los empujan a condicionar su labor, por exigencia de los grandes medios de comunicación en los que se desempeñan. Esta situación se explica en función de que algunos de los grandes corporativos de la información, a menudo imponen líneas editoriales o privilegian la información comercial en detrimento del periodismo independiente y de calidad, obligando a un ejercicio limitado de su profesión y acotando la posibilidad de cumplir con la legítima demanda ciudadana de recibir información veraz y oportuna.

Así mismo, como profesionales de la información, los periodistas cargan con la exigencia ciudadana permanente de generar confianza y credibilidad; condición que muchas mujeres y hombres cumplen a cabalidad, ejerciendo el periodismo de investigación, de denuncia, crítico y valiente, con lo que consiguen dar voz a quienes no la tienen. Desgraciadamente, tanto en México como en diversos lugares del mundo, un número significativo de periodistas que han llevado su labor bajo esta línea autónoma, han padecido las consecuencias de un entorno adverso que les ha implicado represión, persecución e incluso la muerte.

Es por ello que ayer, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa no hubo mucho que festejar. Basta únicamente echar un vistazo a las cifras de Reporteros Sin Fronteras (RFS) para corroborarlo: tan sólo en el presente año, 21 periodistas han muerto en el mundo en ejercicio de su oficio; pero si sumamos los fallecidos en el 2011 con los del 2012, en total han muerto 90 periodistas. A ello se suma que al día de hoy, 161 periodistas, 10 colaboradores y 121 “blogueros”  siguen encarcelados por el simple hecho de llevar a cabo el ejercicio libre del periodismo.

Entre los atentados más frecuentes a la libertad de prensa y de pensamiento, precisamente destacan los perpetrados contra los llamados “blogueros” y ciudadanos que informan a través de las  redes sociales: 68 de ellos se encuentran confinados en cárceles chinas, algunos desde antes del año 2000, lo que representa el 56% del total de “presos de conciencia” en el mundo; así mismo, en Irán existen 19, en Vietnam 18 y en Siria 7 en esa condición.

En nuestro país, esta Conmemoración resultó particularmente triste, ya que se enmarca en el contexto del artero asesinato de REGINA MARTÍNEZ, reconocida periodista, corresponsal del semanario Proceso en el estado de Veracruz; quien fuera encontrada estrangulada  el pasado 28 de abril en Xalapa. Este atentado se suma a la lista de los 80 periodistas ultimados y a los 14 desaparecidos en la última década en México; la mayoría de ellos relacionados con investigaciones sobre el narcotráfico y la corrupción gubernamental.

En el presente sexenio federal, esta situación ha emporado drásticamente: en el 2007, México ocupó el segundo lugar en peligrosidad superando a la República del Congo; y por encima de nosotros sólo estaba Iraq, pero el día de hoy México encabeza la lista. Trágicamente, nuestro país se ha convertido en el más peligroso para ejercer el periodismo; en total se han registrado 172 incidentes contra los medios de comunicación en los últimos 6 años: 29 en Veracruz, 15 en Chihuahua y en el DF, 11 en Oaxaca, lo mismo que en Coahuila.

Ante el escenario de hostigamiento a los hombres de los medios de comunicación por parte de grupos delictivos y de algunas autoridades, de impunidad y de ausencia de medidas preventivas para evitar que las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos sigan cometiéndose de manera sistemática; cientos de reporteros, editores, académicos y directivos de medios del país, indignados por la ola de violencia contra este importante gremio, han venido reclamando y exigiendo a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, seguridad y respeto pleno a la libertad de expresión.

Entre las medidas que se han adoptado en nuestro país para enfrentar esta aguda problemática y garantizar el derecho a la Libertad de Prensa, destaca la aprobación de la Ley Para La Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el pasado 30 de abril. Esta Ley establece, como una obligación del Estado, la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de los periodistas, además de que sanciona las intimidaciones o represalias en su contra. Cabe mencionar que aunque este  ordenamiento ya fue votado en el Congreso de la Unión, todavía falta que se apruebe en siete estados de la República para que sea adoptado de forma definitiva. Por nuestra parte, en el Congreso del Estado de Zacatecas dimos un paso adelante en esta misma dirección, cuando aprobamos hace un mes la Minuta de Reforma para federalizar los delitos contra periodistas; por fortuna, este problema no es todavía de grandes dimensiones en el estado.

Evidentemente, son muchas las acciones por emprender y en diversos ámbitos, para cumplir con este gran objetivo de garantizar la Libertad de Prensa y la seguridad de quienes dan vida a los medios de comunicación. No queremos más periodistas asesinados ni hostigados en México. Por ahora, no nos queda más que redoblar esfuerzos para lograr que el Estado mexicano cumpla con su obligación de salvaguardar la integridad y los derechos Humanos de todas las y los ciudadanos, a la vez de reconocer la valentía de los periodistas honestos y profesionales que han muerto o desaparecido en cumplimiento de su labor. En este sentido, es momento de reivindicar y hacer eco de dos consignas fundamentales:

“Sin Periodistas no hay Periodismo, ni Democracia” y  “No se mata la verdad matando periodistas”.

Gabriel Miró

Luis Gerardo Romo Fonseca

Lasnoticiasya.com, lunes 30 de abril de 2012

http://www.lasnoticiasya.com/2012/04/30/la-apuesta-por-la-ninez-es-nuestra-unica-alternativa/

El día de hoy, tenemos el gusto de festejar a nuestras niñas y niños en todos los rincones del país; sin embargo, lo hacemos en un marco donde perviven muchas formas de violencia contra ellos; el hambre, la violencia, el trabajo forzado y la explotación infantil, son una realidad que día a día vemos en semáforos, calles y banquetas de muchas ciudades de nuestro país; lo mismo que en el campo.

Sin duda alguna, esta lamentable situación opaca la celebración de este día y que debemos revertir, ya que hasta ahora no hemos logrado construir un escenario propicio para que la mayoría de las niñas y niños mexicanos tengan un desarrollo integral; ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas de educación, salud, recreación, deporte y alimentación, pese a que el artículo 4 Constitucional así lo establece. Como prueba, solo basta observar las estadísticas actuales en México para corroborarlo:

La cifra de niños y adolescentes que trabajan en condiciones desfavorables va en aumento con el crecimiento de la pobreza. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), alrededor de tres millones de personas entre cinco y 17 años realizan alguna actividad económica. Al margen de las cifras oficiales, es muy probable que la cantidad mencionada sea mucho menor de la real, debido a que el gobierno federal, lo mismo que el resto de las instituciones gubernamentales, carecen de estadísticas o programas que den seguimiento a este fenómeno ante el crecimiento de pobreza de miles de familias en México.

El 48% de niños y adolescentes del total que trabajan en México lo hacen en el campo, al desempeñarse como jornaleros a cambio de un salario mísero de aproximadamente dos dólares diarios. Encima de ello, 1.2 millones de niños(as) han muerto a causa del hambre en los pasados 12 años, según advierte la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Del porcentaje de las niñas y los niños que trabajan, 14% lo hacen en el comercio informal, un 4% en labores domésticas y el 20% en el ramo artesanal. En 64% de todos los casos no recibe salario y su situación es casi de servidumbre; a lo que se suma que, en muchos casos, los sitios de trabajo donde se desempeñan los menores, no les ofrecen ningún tipo de prestación laboral. Por supuesto, esta ilegalidad pone a los menores en situación de extrema vulnerabilidad.

Su ocupación pasa por una variada serie de actividades; desde funciones domésticas que no les corresponden a su edad, así como hacerse cargo del cuidado de la casa y a menudo de los hermanos -lo cual es particularmente grave en el caso de las niñas-, hasta en actividades de alto riesgo como la minería, en la que se emplean adolescentes en condiciones deplorables, pudiendo sufrir accidentes graves e incluso morir.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF), ha detallado que las y los niños mexicanos también son explotados laboralmente como “cerillos”, vendedores ambulantes, cargadores, “franeleros”, “limpiaparabrisas”, lavacoches, entre otras actividades por que perciben menos de dos salarios mínimos. Cabe mencionar que las entidades federativas donde se ubica el mayor índice de explotación laboral infantil son Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz.

Por nuestra parte, en Zacatecas la situación no es mucho mejor que en los estados mencionados; por el contrario, 60 mil 253 de menores trabajan en la entidad, es decir,  un 16.3% del total de niñas y niños zacatecanos de 5 a 17 años, lo que equivale a 5.6 puntos porcentuales arriba de media la nacional, según los datos más recientes de que dispone el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La mayoría de estos empleos, se concentra en actividades agropecuarias, con 51.2%, seguido del sector terciario o de servicios con 37.7%, la industria con 9.8% y el restante 1.3% se encuentra en la categoría de no especificado. Desgraciadamente, el 32.6% del total de niños(as) que trabajan, no asiste a la escuela; el resto sí estudia, pero la mayoría de ellos se quedan sólo con la primaria y los que logran terminarla -una minoría-, dejan inconclusa la secundaria.

Así mismo, el INEGI reporta que en México trabajan más de 3.5 millones de niños en el rango de los 5 a los 13 años; quienes además, son los más afectados por la explotación laboral, sumado a que carecen de una alimentación adecuada y llevan una escolaridad irregular. Prueba de ello, el 3.6% de la población de ocho a 14 años no sabe leer y ni escribir, el 5.5% de quienes tienen 5 y 14 años no acude a la escuela. Sin embargo, esta problemática se agudiza en los niños(as) que habitan en las localidades más pequeñas y con mayor pobreza del país, donde el 7% son analfabetas.

La ausencia de una respuesta adecuada del Estado a la atención de los niños; que están creciendo en un entorno de miseria, violencia y abusos, debe llevarnos a reflexionar sobre la conveniencia de prolongar un modelo de nación abiertamente excluyente, agresivo e inhumano con las niñas, los niños y los adolescentes. La ausencia de acciones gubernamentales en su apoyo ha propiciado que una gran cantidad de ellos que viven en la pobreza, hayan optado por sumarse a las filas de la delincuencia organizada como “jornaleros” del narcotráfico. En México existen más de 7 millones de adolescentes que ni estudian ni trabajan (generación NINI); jóvenes que se encuentran atrapados entre la falta de oportunidades, la violencia y las carencias, situación que los ha vuelto presa fácil de la delincuencia organizada.

Gracias a esta lamentable combinación entre crisis, pobreza, rezago educativo y violencia desatada, en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico como el eje de gobierno del presidente Felipe Calderón, cada día se presentan una cantidad insólita de asesinatos en todas partes del territorio nacional. Lo más desafortunado es que, gradualmente, este caudal de muertes se ha vuelto una normalidad dentro la vida cotidiana nacional, sobre todo para los niños y los jóvenes.

Además, la impunidad parece ser la norma en México, ya que solamente en contadas ocasiones se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para averiguar quienes perpetraron esas muertes y, consecuentemente, aplicarles su respectivo castigo. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno, tampoco nos aclaran con precisión el número y los nombres de quienes mueren; lo que sí sabemos, es que en su gran mayoría se trata de jóvenes de entre 15 y 20 años de edad. Ante esta situación, el gobierno federal se ha limitado a señalar que son sicarios y por esa razón corrieron tal suerte fatal; como simples despojos de un país en el cual no tienen cabida estos jóvenes.

Sin embargo, una buena cantidad de estos jóvenes también pertenecen también a los cuerpos de seguridad del Estado: militares y policías federales,  ministeriales, municipales y estatales. Los ejércitos de las diversas bandas delictivas, al igual que los cuerpos de seguridad del Estado, están formados por hombres jóvenes: que son los que mueren o quienes abarrotan las cárceles del país.

Finalmente, ante esta situación, no me queda más que insistir en que los niños y los jóvenes, está la solución a todos nuestros problemas; su cuidado, su sano crecimiento y su educación son los elementos esenciales para convertir a México en un país próspero y justo; de no asumir esta responsabilidad medular, terminaremos prolongando un modelo de sociedad decadente y sin futuro.

El Sol de Zacatecas, 27 de abril de 2012

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2521015.htm

Al finalizar el sexenio de Calderón, la “guerra” contra las drogas habrá costado a las finanzas públicas más de 320 mil millones de pesos (casi 19 veces la ayuda de la Iniciativa Mérida). Del monto global de esa cifra, las tácticas bélicas habrán consumido 204 mil millones, mientras que las labores de inteligencia apenas alcanzarán los 25 mil millones de pesos. Sin embargo, el gran problema es que este presupuesto multimillonario no ha logrado cumplir con su objetivo; por el contrario, los resultados son muy pobres con un costo social muy elevado y doloroso: miles de narcoejecutados, heridos, viudas, desaparecidos y huérfanos. El costo social es altísimo y los resultados son muy pobres.

Evidentemente, los resultados de la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno federal, han dejado un panorama desolador en el país por la sangre derramada, por el fortalecimiento y expansión de los grupos del crimen organizado y por la fragmentación del Estado mexicano. Las cifras no mienten: podemos contar alrededor de 60 mil muertos durante los últimos 5 años, además de que existen cientos de miles de personas desplazadas; se han disparado los feminicidios, el número de desaparecidos y secuestrados.

Como consecuencia de esta descomposición, en particular, nuestro país ha experimentado un aumento en las denuncias por desapariciones forzadas: del año 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, según informó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); es decir, 300% más que los ocurridos durante la Guerra Sucia de la década de los setentas. No obstante, la cifra podría ser aún mayor; estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apuntan que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son muy elevadas.

Por desgracia, la Desaparición Forzada de personas ha sido una práctica recurrente de los regímenes autoritarios en todas las regiones del mundo. Históricamente ha sido utilizada como una herramienta de coerción y represión ilegal para debilitar o eliminar movimientos sociales o disidentes. Como ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX, el uso sistemático de esta práctica criminal caracterizó a las dictaduras de Latinoamérica: Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guatemala y El Salvador, entre otras naciones.

La desaparición forzada en México se remonta a los años sesenta, a partir del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, continuó en la del setenta e inicios de los ochenta en la denominada Guerra Sucia. Con el surgimiento de cuerpos represivos del Estado y paramilitares;  policías judiciales federales, policías judiciales estatales y municipales, previamente capacitados y entrenados para cumplir con tareas para salvaguardar la “seguridad nacional”, se presentaron numerosos casos de Desaparición Forzada de Personas, en su mayoría, perpetrados contra ciudadanos que tuvieron vínculos con grupos subversivos, con las luchas sociales y democráticas de carácter reivindicativo frente al régimen autoritario.

Indudablemente, la impunidad es el elemento que ha permitido la proliferación de este delito en nuestro continente. En la actualidad lo podemos corroborar si echamos un vistazo al Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el cual reveló que tanto delincuentes como funcionarios, militares, marinos, policías y cuerpos de seguridad que intervienen en la “guerra” de Felipe Calderón, cometen abusos contra la población. De esta forma, la ONU confirmó la participación de órganos del Estado y de funcionarios en secuestros y desapariciones forzadas de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que son totalmente ajenos a los grupos delictivos.

Sin embargo, las autoridades no ofrecen información confiable sobre el número preciso de casos, tampoco existe un registro nacional central de desapariciones forzadas y no se lleva a cabo una investigación judicial en la mayoría de los casos que involucran este delito, además de que no contamos con información institucional confiable a nivel nacional, estatal y municipal sobre este tipo de casos. Razón por la cual, se dificulta mucho la cuantificación del fenómeno.

Por lo anteriormente señalado, resulta muy positivo para el país, que en esta misma semana, el Senado de la República haya aprobado la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos y la Ley General de Víctimas. Vale la pena destacar que ambos ordenamientos fueron impulsados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y se suman a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, cuyo Decreto fue firmado por el Ejecutivo mexicano el 9 de junio de 2011, así como a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada este año; como parte de un mismo paquete jurídico dirigido a fortalecer las garantías constitucionales de los individuos, a ubicar a México conforme lo establecido en Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y, en última instancia, a la construcción de un Estado democrático en el marco de esta tortuosa lucha entre un Estado policiaco y represor y un Estado integrador, de legalidad y libertad.

Finalmente, debemos seguir trabajando en Zacatecas para contribuir a esta gran batalla del pueblo mexicano, redoblando esfuerzos y vigorizando nuestros empeños. Afortunadamente, podemos decir que desde el Congreso del Estado hemos actuado con dignidad y estamos dando esta pelea cívica y legal por la democracia y la justicia; el pasado mes de marzo, los legisladores locales  aprobamos la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, ratificamos la Ley de Protección a Periodistas del Estado de Zacatecas e hicimos una reforma al Código penal para tipificar el Delito de la Desaparición Forzada. En fin, no queda más que insistir en que proseguiremos bajo esta tesitura y, por mi parte, un servidor celebra que se hayan aprobado dos Leyes a nivel federal que reivindican los derechos humanos, previenen los abusos y atrocidades que vienen registrándose en México y, servirán también, para rescatar la memoria, la identidad y la dignidad de las víctimas y sus familiares.

En este punto, es pertinente recordar la consigna que en alguna ocasión, hijos y familiares de desaparecidos, enarbolaron frente a la ex Dirección Federal de Seguridad:

“Aquí estuvieron, por aquí pasaron, por eso vamos a volver siempre, mientras sigan existiendo detenidos desaparecidos… ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”