Algunos colegas, asaz dispuestos a que la realidad no les arruine un buen titular, han traducido el reglamento con muy mala leche: la Universidad hispalense consagra el derecho a copiar en los exámenes, y procedido a la lapidación en tertulias y comentarios. No hay tal. Lo que la Normativa Reguladora etcétera -el nombrecito es enrevesado de cojones- establece es que la decisión del profesor que sorprende al estudiante copiando no sea ejecutiva, sino que tenga que informar del caso a una comisión paritaria profesores-alumnos, que decidirá sobre el caso tras oír a las partes y estudiar las posibles pruebas. Mientras, el estudiante gozará de la presunción de inocencia y podrá terminar el examen.

¿Ha acertado la Hispalense? Rotundamente no. Su reglamento ahonda en la línea de la inflación de derechos, sobre todo juveniles, a la que asistimos desde hace años, y merma la autoridad del docente. Creo, en efecto, que el profesor que vigila un examen está en ese momento investido de una autoridad moral y social que debería acarrear un plus de veracidad a sus manifestaciones (por ejemplo, a su denuncia de que ha cogido a un alumno haciendo trampas). Que tenga que ser él quien demuestre que el estudiante copia y el que aporte las pruebas y los testigos resulta un exceso. Hoy en día apenas se copia mediante la clásica chuleta. Se usan el móvil, el walkie talkie y otros artilugios modernos que no dejan huellas materiales que se puedan requisar y llevar a la comisión paritaria. Que el examen supuestamente fraudulento continúe como si no hubiera pasado nada, a la espera del dictamen de la comisión, suaviza objetivamente la gravedad de la falta cometida y favorece su normalización.

Sólo hay un aspecto en el que el reglamento tiene un pase: como mecanismo de protección de los alumnos ante posibles arbitrariedades e injusticias de sus examinantes. Se producen en determinadas ocasiones, porcentualmente escasas, pero suficientes para arbitrar una norma garantista. Ahora bien, esta eventualidad podría cubrirse manteniendo la potestad del profesor para suspender la prueba y expulsar al estudiante del aula y estipulando la reunión en breve plazo de la comisión citada en cuyas manos estaría la decisión definitiva. No se hace porque de lo que se trata es de universalizar derechos e inventarse otros nuevos, después de siglos de sometimiento, hasta el abuso, del estudiante al profesor.

Durante los años de bonanza económica parecía que la integración sin estridencias de cientos de miles de inmigrantes no traería mayores dificultades: había empleo de sobra y los recién llegados se encargaban de los trabajos que los españoles no queríamos hacer, por incómodos, fatigosos o mal pagados. La euforia condujo incluso a teorizar que no importaba si la inmigración era controlada o irregular. Papeles para todos, se defendía.

Después se aprendió de las naciones de nuestro entorno que ya habían vivido el proceso con anterioridad y la política inmigratoria se fue haciendo más restrictiva, se cambió la Ley de Extranjería y se alzaron muros y controles fronterizos contra los indocumentados. Pero tampoco abrazamos la represión pura y dura ni queríamos que nos comparasen con la Italia de Berlusconi. Como si el Estado tuviera una mano derecha y una mano izquierda y la firme voluntad de que la una no supiera lo que hace la otra, la Ley de Extranjería ordena que todo inmigrante sin papeles sea repatriado tras un periodo de retención semicarcelaria, pero la misma norma establece que los ayuntamientos deben incorporar al padrón a los extranjeros con domicilio habitual en su municipio, sin especificar que hayan de estar regularizados.

Es importante, porque estando empadronados automáticamente se tiene derecho a la asistencia sanitaria y la escolarización, dos prestaciones esenciales que ayudan mucho al inmigrante a integrarse y querer permanecer en España. O sea, que se persigue al inmigrante irregular cuando intenta entrar y se le protege cuando ya está dentro tras haber burlado la ley. Y las dos políticas están justificadas: la primera, por el interés nacional de no convertir ciudades y pueblos en polvorines sociales en tiempos de crisis, y la segunda, por elementales motivaciones humanitarias. El orden y la solidaridad, el bienestar de los menos y la compasión de los más.

En éstas estábamos cuando el ayuntamiento nacionalista-izquierdista de Vic (el equipo de gobierno lo integran CiU, PSC y Esquerra Republicana) ha decidido frenar las ideas xenófobas del partido ultraderechista que tiene en su oposición… asumiendo parcialmente sus planteamientos. En febrero cerrará el empadronamiento a los irregulares. Vic dispone de una elevada población inmigrante y el trabajo ya escasea. Otros ayuntamientos en su misma situación actuarán igual. Nuestras contradicciones estallan.

Está bien que lo haya hecho, aunque el sentido real del encuentro en La Moncloa invita a la melancolía. Después de anunciar solemnemente que el mandato español en la UE se centrará en impulsar la salida de la crisis (se supone que no con las recetas que ha aplicado a la economía nacional), ZP ha pedido consejo a los sabios. Habría sido más adecuado un asesoramiento con carácter previo, de modo que al llegar a presidir Europa ya hubiera digerido los dictámenes de los tres expertos y pudiese ponerlos en marcha de inmediato. Seis meses no dan para mucho, la verdad.

Por otra parte, es difícil sustraerse a la idea de que Zapatero le concede a su presidencia rotatoria más importancia de la que objetivamente le corresponde. Ello es así porque, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ya hay un presidente ejecutivo de la Unión Europea y una especie de ministro de Asuntos Exteriores de la UE, que querrán ocupar su sitio desplegando una intensa actividad. De hecho, el presidente Van Rompuy ha convocado una cumbre comunitaria acerca de la crisis. También funciona el presidente de la Comisión (Durao Barroso, apoyado por el Gobierno español). Entre uno y otro pueden lograr que la presidencia española se vea reducida a poco más que a coordinar reuniones y ejercer de anfitriona.

La composición del minigrupo da también para una conversación. No porque no sean valiosos sus componentes, que lo son, y mucho, sino por las circunstancias que concurren. Nada que objetar al octogenario Jacques Delors, una de las principales personalidades del europeísmo y paladín del euro. De Felipe González lo que se puede decir es que Zapatero ha rehuido siempre su compañía -salvo en las campañas electorales- y ha sido cortante con él cuando se han evidenciado discrepancias públicas. En cuanto a Pedro Solbes, ZP terminó aburriéndolo precisamente por no hacerle caso cuando llevaba la Vicepresidencia económica de su gobierno. De eso hace sólo unos meses. ¿No tendría que haberle escuchado más acerca de la política económica española que maneja personalmente en vez de llamarle ahora para que le aconseje sobre la economía europea, que no depende de él? Joaquín Almunia, también invitado y también disidente de Zapatero, no ha podido asistir.

Si este grupo de sabios no ha sido llamado para que Zapatero se fotografíe con ellos con cara de preocupación, lo parece mucho.

¿Será el principio del fin de TVE? No tiene por qué. Cierto que se va a ver desposeída de unos 500 millones de euros de ingresos publicitarios al año, los mismos que vendrán muy bien a las emisoras privadas. Pero TVE no se queda en la miseria. Continuará recibiendo 550 millones anuales de los presupuestos del Estado, más lo que perciba por la comercialización de sus productos, más el porcentaje que obligadamente le aportarán las privadas, más las tasas por utilización del espacio radioléctrico, más las tasas de las empresas de telecomunicación. Un dinero.

Aunque he trabajado la mayor parte de mi vida profesional en medios de comunicación de propiedad particular, soy de los que piensan que una televisión pública es necesaria. También soy de los que piensan que para hacer posible esa necesidad la televisión pública tiene que reciclarse. No podía seguir ni un minuto más convertida en un pozo sin fondo (la deuda alcanzó el billón de pesetas), empeñada en ser una televisión generalista más, compitiendo en lo peor con las privadas y acudiendo a papá Estado -a los contribuyentes, en definitiva- para que la sacase de un atolladero financiero que siempre era más grave que ayer, pero menos que mañana.

La misión de los actuales directivos de TVE no es otra que la de transformar la penuria relativa en oportunidad de cambio. Tienen que repensar el modelo que ha venido aplicándose y redimensionar la empresa y sus funciones. Todo se resume -es más fácil explicarlo que practicarlo- en recobrar el espíritu con que en teoría nació TVE: un medio de servicio público. En él cabe una información plural sin comisariados políticos, el ámbito más propicio para el debate, la formación del espectador, el entretenimiento sin basura y la cultura sin compromisos comerciales. Hay seis canales en TVE para que la cadena justifique su existencia a un precio módico para el ciudadano (menos de catorce euros por año).

No hace ninguna falta que emita veinte horas al día, ni que puje por el deporte más caro, ni que tenga la plantilla más sobrecargada del dial ni que se obsesione si la audiencia baja del actual 16%. Su única obsesión ha de ser ofrecer a los españoles calidad, servicio y neutralidad. La amputación de una de sus fuentes de ingresos, lejos de anunciar su agonía, debería prologar un renacimiento como la cadena con la que los ciudadanos se sienten mejor representados.

Todas las leyes y todas las reglas de buena conducta del cargo público y del militante que se han aprobado ya o vayan a aprobarse en el futuro serán insuficientes si no existe la firme voluntad de aplicarlos a rajatabla. ¿Firme y a rajatabla? Eso quiere decir que nunca ni con nadie se harán excepciones, que sus compromisos y cláusulas serán de observancia general y que los incumplimientos tendrán consecuencias, caiga quien caiga.

Ya las leyes aprobadas en el Congreso y en los Parlamentos autonómicos contienen un importante arsenal de prohibiciones y cortapisas a los cargos públicos, aunque siempre se pueden mejorar (la ambición y la picaresca nunca descansan). También los partidos han ido completando los códigos anticorrupción, generalmente a golpe de escándalos. El PSOE tiene uno, también lo tiene Izquierda Unida y el PP ya se dotó de otro en 1993. Ahora, impelido por las consecuencias del caso Correa, Rajoy ha hecho aprobar a la dirección nacional del PP un Código de Buenas Prácticas que obliga a los militantes a rechazar según qué regalos y a adjudicar por contrato público la publicidad, los viajes y las campañas electorales del partido. Nunca está de más.

Ahora bien, como si la realidad se hubiese empeñado en darme la razón, el mismo día en que el PP lanzaba a bombo y platillo su código un militante popular se hacía con la Alcaldía de Arrecife, la capital de Lanzarote, mediante una moción de censura contra el alcalde socialista que respaldaron siete ediles del Partido de Independientes de Lanzarote. Entre ellos, dos en libertad provisional por su implicación en una trama corrupta de empresarios, concejales y funcionarios. El nuevo alcalde no es ningún quídam desconocido, sino Cándido Reguera, diputado nacional del Partido Popular, que se codea todas las semanas con Rajoy y demás compañeros impulsores del Código de Buenas Prácticas.

Y a eso iba yo. Por motivos sectarios y por ansia de acumular poder, las cúpulas de los partidos -no sólo el PP, naturalmente- siempre están dispuestas a hacer la vista gorda ante un incumplimiento de sus códigos éticos, e incluso de las leyes generales, si de ese incumplimiento se deriva la conquista o el mantenimiento de una Alcaldía o el logro de una mayoría parlamentaria. Con la corrupción hacen lo mismo que con el transfuguismo. No es cuestión de códigos.

   Ya se veía venir que Trinidad Jiménez no iba a parar hasta quitarnos del tabaco, incluso a aquellos a los que un paquete nos puede durar una semana. No han pasado cuatro años desde que entró en vigor la ley antitabaco de Bernat Soria y la ministra de Sanidad ya ha confirmado que va a reformarla. Para endurecerla, claro. En 2010 se prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados, locales de ocio y restaurantes (se podrá hacer en las terrazas y plazas de toros, menos mal). La ley seca en materia de nicotina, vía libre al consumo de alcohol.

   Esta revisión va a perjudicar a todos aquellos empresarios de la hostelería y el ocio que realizaron obras en sus locales para adaptarlos a la legislación vigente y dedicar una zona a los adictos al tabaco; van dados si tienen la esperanza de que el Gobierno les indemnice por cambiar la ley que él mismo impulsó. No es eso lo peor desde el punto de vista colectivo. Lo peor es que el afán prohibicionista de los gobernantes -que no merma para nada el afán recaudatorio: se mantienen, cuando no se aumentan, los impuestos sobre actividad tan nociva como fumar-, que se evidencia acumulativo e insaciable, supone en algunas circunstancias una intromisión insoportable en la vida y los derechos de las personas. Se insiste autoritariamente en salvar a quienes no desean ser salvados.

   Vayamos a esas circunstancias. Si el Estado protege con todos los medios a su alcance la salud de los no fumadores frente a la agresión de los fumadores, no hay nada que objetar. Es decir, volver a la situación anterior de que el vicio de unos pocos dañe la salud de muchos sería intolerable, regresivo e injusto. Pero, ¿por qué el Estado tiene que impedir coactivamente que unos individuos adultos acudan de manera libre y voluntaria a unos locales, a fumar como descosidos en unión de otros con la misma adicción, y sabiendo todos que se están envenenando? ¿A quién perjudican más que a sí mismos? Que dejen a los dueños de bares, tabernas, cafeterías y restaurantes elegir si abren establecimientos donde se pueda fumar o donde no se pueda fumar, y que sea la clientela respectiva, mayor o menor, la que decida en última instancia si hacen más o menos negocio. Descuiden: si no son rentables, los que permitan fumar irán cerrando solos.

   Dice Trini Jiménez que hay un amplio consenso sobre las nuevas prohibiciones tabáquicas. Una vez más estoy en minoría.

   Les daba igual estar incapacitados jurídicamente para convocar la consulta, dejar votar a los inmigrantes y a los adolescentes de dieciséis años, carecer de interventores independientes para controlar que el voto fuera individual (y por una sola vez) y constatar que la participación no pasó del 30%, por debajo de la del Estatut que les parece tan insuficiente. Lo que les importaba era estar en los periódicos y telediarios de Europa con un simulacro de referéndum para un simulacro de autodeterminación de un simulacro de pueblo oprimido. Eso lo consiguieron de sobra.

   El éxito les animará a plantear nuevos desafíos, extender las consultas al resto de las ciudades y pueblos y, ante la actitud de displicencia pasiva del principal partido de gobierno (el Partido de los Socialistas de Cataluña), configurar una amplia minoría chillona a favor de la independencia, que ya está sopesando en qué momento propondrá un referéndum general que pase por encima de la legalidad constitucional. Creo que el error de los no independentistas es centrarnos sólo en la pura defensa de la Constitución como dique. Si el Tribunal Constitucional echa para atrás las bases identitarias del Estatut, la cúpula de CiU y, por supuesto, ERC se saldrán de la vía constitucional por inservible, y el referéndum será convocado para que la desafección de la que hablan hoy pueda transformarse en ruptura.

   Antes de que esto ocurra lo que conviene no es negarse a ver la dimensión exacta de lo que se prepara, sino ir explicando a los ciudadanos catalanes las consecuencias de la alegre fiesta de la independencia. Hay que hablar, ya mismo, de las dificultades de Cataluña para incorporarse a una Europa poco partidaria de alterar las fronteras, los efectos negativos de la hostilidad inevitable de una España desairada por Cataluña, la escasa proyección internacional de un pequeño país de siete millones de habitantes -por desarrollado que sea-, los obstáculos para vender en un mercado español tentado de boicots y con muchas alternativas para su consumo… Me gustaría conocer qué piensan de estas cosas los empresarios de Cataluña más emprendedores, las cámaras de comercio, los sindicatos y todos aquellos que han construido una sociedad rica por abierta, cosmopolita, con inmigración abundante y trabajadora, orgullosa de que su identidad sea respetada en España sin necesidad de que la diferencia sirva para el aislamiento y la separación.

   Este debate no debe ocultarse ni postergarse. Vayamos al fondo.