El PP fracasa en su intento de ‘armar’ una causa judicial general por el caso Mercasevilla mientras el gobierno local (PSOE-IU) simula, con la disolución de la fundación investigada, no saber de las irregularidades detectadas.

ESTÁ visto y comprobado que la política sevillana y el teatro –y no precisamente el bueno– cada vez se diferencian menos, si bien en cuestiones de dramaturgia urgente más de uno necesita con premura contratar a un buen asesor en la materia. No es además demasiado difícil de conseguir: algunos incluso cobran ya del Consistorio, vía subvenciones. Bastaría con llamarles a sede oficial y decirles convenientemente día y hora. Acudirían al instante legiones potenciales de candidatos a asesorar en el arte del buen parecer y mejor figurar. De fingir que se es como no se es. De intentar parecer mejor de lo que los hechos evidencian.

Teatro, al fin y al cabo, es lo que los tres grupos políticos municipales de Sevilla –todos– vienen haciendo desde que saltó a la luz pública el supuesto cobro de comisiones ilegales en la empresa municipal de alimentación, Mercasevilla. Un escándalo que está en los tribunales –hay en marcha una investigación de un juzgado de instrucción que ha sustituido las pesquisas iniciadas por la Fiscalía– y que ha comenzado a producir, como si fuera una máquina imperfecta, el habitual rosario de imputaciones, la desazón y alguna que otra seria preocupación en altas instancias. La cosa, efectivamente, no pinta nada bien. Más bien al contrario.

Las casualidades en política no existen. Ni tampoco, por mucho que alguno esté ahora sumido con dedicación absoluta en la tarea de su redacción, ante la falta de mayores capacidades intelecturales, las hagiografías repentinas. De loables vidas de santos sólo hay noticias expresas en la nutrida bibliografía eclesiástica. Y, como saben los expertos en Historia de la Iglesia, dicho sea con todo el respeto a quien piense lo contrario, lo suyo es descreer del autoincienso. Suele ocurrir que aquello que mejor se pinta es precisamente lo más frágil. O que detrás de la aparente fortaleza personal se esconde, agazapada, la debilidad. Cosa antigua: los romanos ya nos enseñaron que cuando se va a perder el Imperio es cuando más arcos del triunfo deben levantarse y las torres conmemorativas deben ser más altas.

En Mercasevilla los entremeses dramáticos han sido dos. Uno ha tenido a Zoido como protagonista estalar. Y el otro, al dúo que, por lo legal, forman Monteseirín y Torrijos. PSOE e IU, respectivamente. El goberno local. En el primer caso, la intención del único partido de la oposición en el Ayuntamiento –lo cual no es bueno ni malo; aunque ya se sabe que en la variedad está el gusto– era armar una causa general en los tribunales contra el ejecutivo que preside Monteseirín. Fue Zoido quien obligó a la Fiscalía de Sevilla a remitir sus instrucciones al juzgado –al denunciar los hechos en sede judicial– y el PP quien, a requerimiento de la juez, que reclamó más detalles y mayor concreción a su denuncia, presentó una querella criminal contra tirios y troyanos. Esto es: los supuestamente más implicados directamente en los hechos –petición de maletines con dinero– junto a otros muchos nombres tangenciales. No es por defender a nadie, pero el quite parecía excesivo. En la querella del PP aparece hasta el apuntador del teatro. Por si colaba. Y, a tenor de lo decidido por la magistrada, no ha colado. Es más: ha hecho que la credibilidad del líder de la oposición sea cuestionada por PSOE e IU. Es lo que tienen los excesos.

Los argumentos para hacer esta lectura no son propios. Parten del auto judicial, en el que se recrimina (de forma suave) al PP su obsesión por hacer una inquisitio generalis de la cuestión. La juez ha imputado a cuatro personas, de momento. El resto de nombres sugeridos por los populares están en barbecho, entre ellos al alcalde y a algún otro de sus hombres de mayor confianza. No porque sean inocentes de pecados varios, por acción y omisión, sino porque en este tema no hay prueba alguna contra ellos. El PP aún no se ha retractado: su portavoz justifica su decisión en base a lo que había leído y escuchado en algunos medios de comunicación. Sobran las palabras. En este punto habría que investigar, como casi siempre, qué fue antes: si el huevo o la gallina.

En el caso de PSOE e IU, el asunto discurre por idéntica senda: la de tratar de poner en escena una trama (novelesca, no se entienda mal el término) en la que algunos aparezcan como víctimas, en lugar de como consentidores tácitos. Será la juez quien formalmente acuse y juzgue. Es su oficio. Pero lo cierto es que, aunque ahora se pretenda hacer ver todo lo contrario, resulta evidente que la gestión de la Fundación Mercasevilla –cuya disolución han acordado los dos socios del gobierno local; los mismos que en su día decidieron su nacimiento– no ha sido ejemplar.

Sin entrar siquiera en cuestiones inquietantes. Al parecer, hubo un uso irregular de tarjetas de créditos, contrataciones extrañas e indemnizaciones por despido superiores a la legislación; en definitiva, utilización del dinero público con voluntad de poder. Ganar adhesiones y comprar silencios. No es que estas cuestiones sean nuevas: ocurren todo los días, son tan viejas como la propia historia. Lo que sorprende es que justo quienes han multiplicado los organigramas administrativos municipales –sufragados con dinero público– mediante experimentos como el de las fundaciones, cuyo fin es evitar los controles legales, se asombren ahora de que éstos no funcionen. Es realmente notable. Épico. Casi diría, sublime.

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La sentencia que tumba la Biblioteca de la Universidad y la renuncia a recuperar la ribera fluvial de la calle Betis coinciden en un punto: son muestras de la dificultad del Consistorio para mantener su discurso político.

QUE Dios nos libre de los cambios de criterio repentinos. A veces suelen esconder verdades inconfesables. Esta semana el Ayuntamiento de Sevilla ha sorprendido a propios y extraños por su actitud en dos cuestiones aparentemente domésticas: la sentencia contra la Biblioteca Central de la Universidad en el Prado y la decisión, sorprendente, por ilógica, de dejar en barbecho una serie de proyectos de inversión hidráulica pactados con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Entre ellos, la operación para salvar la inundabilidad del norte de Sevilla –requisito necesario para poder transformar dichos terrenos en urbanos– y la recuperación de la ribera fluvial situada junto a la calle Betis.

En ambos episodios late el mismo denominador común: la aparente falta de capacidad del gobierno local para ser coherente. Para mantener vivos los mismos principios que pregona ante terceros. Es el peligro que, en política, tiene la literatura: siempre se corre el riesgo de que los ciudadanos crean que lo que se les promete y se les dice es verdad. Entonces es cuando aparecen esas incómodas complicaciones añadidas: las temibles contradicciones. En los dos casos citados hay abundancia manifiesta. Vayamos por partes.

La sentencia contra la Biblioteca del Prado, que ha cogido con el paso cambiado a Urbanismo pese a la cláusula introducida en la licencia otorgada a la Universidad, en virtud de la cual ésta renunció a cualquier tipo de compensación por una hipotética paralización de la obra, tumba este proyecto –emblemático, desde el punto de vista de los cerebros municipales– con un argumento que, con independencia de la solidez que le merezca a cada uno, la sala judicial que ha emitido el fallo se ha preocupado mucho de afinar.

Los jueces anulan la clasificación de suelo del PGOU que permitió meter en el Prado este singular edificio docente con los propios argumentos municipales. Dicho de otra forma: en base a la incoherencia que, a su juicio, implica esgrimir un determinado discurso urbanístico –con independencia de su contenido exacto– y, a la hora de la verdad, hacer lo contrario. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace. También recurre el TSJA a un argumento técnico: una zona verde es un “sistema general” –parte del esqueleto de la urbe– y, como tal, en ella reside la esencia última del planeamiento urbanístico. No puede pues alterarse con una reserva de suelo dotacional. Claro que, en este punto, habría que hacerse otra pregunta: ¿los parques no pueden tener equipamientos? Si la respuesta fuera negativa, no sólo debería anularse la Biblioteca del Prado, sino el proyecto íntegro para transformar Los Gordales en una gran zona verde con un campus universitario.

Sea como fuere, lo cierto es que en este asunto, desde el principio, el Consistorio padece cierto complejo de culpa. En caso contrario no se explican las prevenciones adoptadas ante una posible sentencia contraria y el hecho –algo ridículo– de camuflar la decisión de cambiar de ubicación la Biblioteca con una alegación de la Universidad. Un trámite que cualquiera sabe que está susurrado.

En el caso de los convenios con la CHG, la situación es parecida, aunque sin tantos matices. Aquí Urbanismo directamente ha mudado de criterio –sin explicarlo además de forma convincente– bien por falta de capacidad técnica –en el caso del proyecto de los arroyos Tamarguillo y Ranillas–, bien por falta de coraje. Ninguna de ambas posibilidades sería un drama. No es la primera vez que el gobierno local da un plazo o promete tener listo un proyecto e incumple su propio calendario. Tampoco es nueva su costumbre de dar marcha atrás. El problema –a la hora de cavilar sobre la cuestión– surge cuando se hace esto y, sin embargo, sin reparo alguno se mantiene el discurso original.

Es lo que ocurre en la calle Betis. El Consistorio aprobó en 2006 un Plan General que defiende, como uno de sus puntos básicos, la recuperación efectiva de la ribera de la dársena histórica, ocupada desde hace décadas por concesiones de hostelería y clubes deportivos. Contaba con medios económicos suficientes para compensar a los afectados. Y con el aval del Ayuntamiento en Pleno. PSOE e IU llevan años haciendo bandera, entre otros aspectos, justo de esta directriz del Plan General.

Tanto, que en su día incluso impidieron que el PP pudiera llegar, siquiera en aspectos parciales, a algún grado de consenso sobre el modelo urbanístico de Sevilla. Sus argumentos eran maximalistas: “El PGOU es nuestro modelo de ciudad”. Pasado el tiempo, sin embargo, buena parte del modelo queda orillado. Se impone otra realidad: los contactos, las relaciones. Y se olvida una maqueta que algún ingenuo estudiante de arquitectura hizo para explicar cómo sería Sevilla con Betis recuperada para los ciudadanos.

Lo defendió en su día Fustegueras, el autor del PGOU:

“Dejar las concesiones privadas junto al río es como dejar que se privatice la playa en cualquier ciudad costera”.

La maqueta –cuentan– fue secuestrada por cierto individuo. Desde entonces está escondida en un despacho oficial. Cuántas palabras hermosas. ¿Se las llevó el viento?

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Los comicios europeos no alteran las líneas maestras del mapa electoral de Sevilla capital pero sí dibujan una tendencia a la baja de los grandes partidos y un ascenso, leve pero significativo, de UPyD, el partido de Rosa Díez.

CON los datos electorales sucede igual que con la estadística. Teóricamente son materia infalible. Algo numérico. Exacto. Después, a la hora de la verdad, no tanto. Una de las escasas cosas interesantes que todavía tiene la política –cada vez menos, la verdad– es el caprichoso factor sorpresa de las jornadas electorales. Prácticamente el único aliciente a la hora de contemplar la constante puesta en escena en que se ha convertido la vida pública.

Los datos, en teoría, son fríos. Certeros. Pero todo el que haya tratado con ellos sabe que hasta los números son manipulables. Y que incluso con los dígitos en contra siempre hay margen, si se sabe argumentar, para distraer la atención (cuando se pierde), disfrazar las derrotas de victorias (cuando se gana pero no se gana) e, incluso, adoptar ante un resultado electoral hostil una posición, digamos, neutra. Los políticos se juegan su imagen y bastantes más cosas en las urnas. Aunque el resto del tiempo su actividad dependa del partido, ese inmenso poder jeráquico que se administra por cauces raramente democráticos.

Los últimos comicios europeos, planteados por todos los partidos en clave nacional, han arrojado en Sevilla capital un mapa político sin demasiados cambios notables. No es de extrañar: con una abstención de más de la mitad de los votantes (un 55%) es lógico que la muestra resultante sea escasa para sustentar cualquier teoría. Todo el sistema de valoración electoral –político, ciudadano, particular– se basa en los que han votado. Nunca en los que no lo han hecho. Consecuencia quizás del terror a reconocer que el sistema, tal y como está organizado, cada vez resulta más ajeno a buen número de ciudadanos. Más de la mitad del censo.

De ahí que las comparaciones no puedan ser exactas. Sin embargo, los resultados electorales sí dibujan tendencias que descubren cuál es la valoración de los partidos políticos –las marcas; otra cosa, como ya sabemos, son los candidatos– en un contexto de crisis económica que, además de llevarse por delante la vida y hacienda de mucha gente, hace que los principios de casi todos se muevan. O, como mínimo, se cuestionen muy seriamente.

Algo de esto sucede en Sevilla, donde el panorama político parece moverse en un sentido llamativo: la pérdida de peso, aún leve, pero significativa, de las grandes fuerzas políticas tradicionales en favor de alternativas que, aunque en algunos casos son un melón por calar, representan –o quieren hacerlo; otra cosa es que al final lo consigan– otra oferta diferente. Una hipotética tercera vía ante la partitocracia que domina todo el horizonte. Señal manifiesta de que lo que ahora mismo existe en el mercado político –no tiene sentido llamarlo de otra forma– no entusiasma mucho.

Por supuesto, el statu quo suele minimizar estos sucesos. Las magnitudes, aún enormes, ayudan. Pero, se hagan como se hagan los números, lo cierto es que los votantes sevillanos –cada vez menos, factor que también tiende a ignorarse– empiezan a dar señales de desconfianza hacia los partidos más asentados. En la vieja dicotomía de Umberto Eco, el gran semiólogo italiano, serían los llamados integrados los que empiezan a ser cuestionados. Y los apocalípticos, aunque el adjetivo no les sea de estricta aplicación semática, los que pudieran tener opciones de sacar la cabeza.

Nadie sabe lo que durará dicha tendencia: si será únicamente flor de un día o un movimiento electoral de bastante más enjundia. Pero lo cierto es que las cosas están así: el PSOE, la fuerza política más votada de Sevilla, empieza a sufrir el desgate de la crisis económica. En Sevilla capital ha perdido 9.888 votos si se comparan los datos con las anteriores europeas (2004). Puede parecer mucho –casi cinco puntos porcentuales– pero si el contraste es con los últimos comicios generales (2008), la caída global es de casi 100.000 votos. La abstención desdibuja todo el análisis, pero el retroceso objetivo es de casi siete puntos porcentuales. No es para estar muy contentos.

Al PP le sucede otro tanto. Si en relación a 2004 ha ganado sufragios –4.252; algo menos de un punto estadístico– la tendencia en relación al 2008, más lógica, dada la irrupción de la crisis económica, es de 55.070 votos menos. Los porcentajes globales todavía le favorecen, pero un dato disipa dudas en relación a una posible lectura en clave municipal: la distancia entre el PSOE y el PP era en las elecciones de 2004 de más de diez puntos. Ahora se ha reducido a casi cinco, pero ni sumando a la tercera fuerza política desbancaría a PSOE e IU en porcentaje neto de votos. Otra cosa ya sería en el número de concejales.

La sorpresa ha sido UPyD, el partido de Rosa Díez, que se ha colocado como tercera fuerza política. Ha ganado 3.530 votos en relación a 2008. No parecen muchos. Pero, en paralelo al descalabro de IU, que ha perdido 6.572 sobre las últimas generales, le dan opciones de meter la cabeza en Plaza Nueva. Una hipótesis que sí modificaría el panorama, al traer caras nuevas al Consistorio, donde todo el juego se reduce a una diléctica gobierno-oposición que hace que el debate se limite a lo que interesa a ambos bandos. Si esta tendencia se asentará o se diluirá, nadie lo sabe aún. Son hipótesis. Pero hay un hecho cierto: UPyD es la única fuerza política que ha ganado votos en relación a 2008. Todas las demás los pierden. Y eso da que pensar.

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La propuesta del Estado de pagar a Andalucía una parte de la deuda histórica a cambio de ceder a la ciudad los terrenos de Los Gordales es una suerte de ardid para que el Gobierno central nunca pierda en el litigio existente.

EN estos tiempos en los que la memoria no es un valor en alza, donde cualquiera puede decir cualquier cosa con la certeza de que (casi) nadie se va a tomar el trabajo de echar la vista atrás para analizar un poco las cosas con el fin de saber si miente o si dice la verdad, es fácil hacer pasar gato por liebre. O liebre por león, si se permite la exageración. Fijar las cosas en su contexto requiere un trabajo ímprobo que hace tiempo dejó de valorarse. Y no precisamente porque no tenga valor: cualquiera que tome decisiones, sobre todo las más trascendentes, sabe de sobra que sin información de calidad corre el riesgo probable de equivocarse. Sencillamente es porque esta vieja costumbre, esencial para aquellos ciudadanos que tienen cierto sentido crítico, molesta. Incordia.

Un ejemplo al caso: esta semana ha vuelto a resurgir el debate político –la calle tiene otras preocupaciones más urgentes– sobre si es lícito o no que el Gobierno central, que fijó en su día el pago a Andalucía de la denominada deuda histórica, abone una parte de este débito en especie. En concreto, con diferentes propiedades inmobiliarias y terrenos, entre ellos los que cada año acogen la Feria de Abril, conocidos por el nombre del antiguo brazo del Guadalquivir que les precedió en su actual ubicación. Los Gordales.

El Gobierno andaluz ha defendido en público esta opción de pago mientras el PP ha dicho que, en caso de que llegara a consumarse, puede dar lugar a un supuesto delito de “prevaricación”. Sería una noticia que coincidieran en algo. En el fondo de la cuestión, sin embargo, no ha entrado ninguno de los dos. Quizás porque no convenga hacerlo a ninguna de las dos partes en liza. Cosa frecuente.

¿Y cuál es el fondo? Pues muy simple: si se descuenta el valor de los terrenos de Los Gordales de la deuda histórica, como pretende el Gobierno de Madrid, Sevilla no habrá ganado nada. Absolutamente nada. Probablemente se dirá –no lo duden– que gracias a esta decisión la ciudad recuperará unos suelos que nunca tuvo más que cedidos, prestados. Y que, por tanto, dicho acuerdo es bueno. Nada más lejos de la realidad. Sencillamente porque nadie –no conviene– querrá recordar cómo las administraciones públicas han jugado estos años a la ruleta con estos terrenos. Primero, en la época de Aznar. Después, en la etapa de Zapatero.

El futuro de Los Gordales es incierto. El Consistorio puede usarlos exclusivamente para la Feria de Abril sin coste alguno, pero no tiene su titularidad. Ésta, en teoría, está pendiente de un litigio judicial abierto por el Gobierno central con motivo de la calificación urbanística otorgada por el Consistorio y la Junta en el PGOU de la ciudad. Suena árido, pero es simple: el Estado nunca contempló una cesión gratuita de los suelos, algo deseable al tratarse de una administración pública. Todo lo contrario: está peleando en los juzgados para que su entrega a la ciudad le reporte más beneficios de los jurídicamente ya reconocidos. Es pura y simplemente una cuestión de dinero. De euros.

Sevilla tenía previsto recuperar la titularidad de Los Gordales a cambio de una recalificación urbanística que permitía al Estado vender buena parte de estos suelos para hacer edificios terciarios: comerciales y de oficinas. Hasta ocho torres de doce plantas de altura, por ser más concretos. Nunca se planteó sin coste. Todos los Ejecutivos de Madrid han tenido idéntica posición: devolver el suelo a cambio de dinero. Si bien unos han sido más ambiciosos que otros: el PP empezó pidiendo unas plusvalías urbanísticas de 75.000 metros cuadrados y terminó consiguiendo hasta 177.263 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa. Llegó a hacerse incluso un borrador de este acuerdo.

Tras llegar Zapatero a la Moncloa, el Estado exigió reabrir la negociación. Y en la Plaza Nueva decidieron darle más al gobierno amigo. De esta forma, los derechos urbanísticos privativos –un patrimonio que permite hacer dinero– pasaron de los citados 177.263 metros cuadrados hasta los 269.679 metros cuadrados. Un aumento notable. Tan considerable que hasta la propia Junta de Andalucía vio excesiva la contraprestación autorizada por el Consistorio y, en la última fase del PGOU, redujo esta magnitud urbanística en 71.789 metros cuadrados, decisión que es la que provoca el actual litigio judicial.

Sevilla pagará esto por Los Gordales. No los recibirá gratis. Al Estado, sin embargo, aún le parece poco. Hasta el punto de que, pese a perder en primera instancia en el TSJA, tiene el asunto en el Tribunal Supremo. Una decisión que hipoteca cualquier uso urbano de los terrenos. Si ahora se descuenta su valor catastral en el cómputo de la deuda histórica pero se deja viva la citada recalificación urbanística –que como mínimo será de 220.890 metros cuadrados de uso terciario, el tope fijado por la Junta– la ciudad estará pagando por partida doble por Los Gordales. Por un lado, con la recalificación. Por otro, reduciendo el valor del suelo del cómputo global de la deuda histórica. Por supuesto, habrá quienes por tierra, mar y aire proclamen que tal acuerdo es excelente para Sevilla. Es de esperar. Pero basta mirar atrás para darse cuenta de cuál es la verdad.

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Nace en Sevilla la primera plataforma en defensa de los derechos de los peatones, una iniciativa que contrasta con uno de los lugares comunes del gobierno municipal: su tendencia a arrogarse el mérito de estas operaciones.

RESULTA algo curioso: todos ejercemos en algún instante de nuestra vida, incluso en los sucesivos y simultáneos momentos que componen nuestra existencia, –cualquier vida, por gris que parezca– de peatones. Es acaso lo que más somos: gente que camina, sea en sentido literal o metafórico. Sin embargo, rara vez solemos hacer patria (siquiera espiritual) de esta singular condición, siendo curiosamente la que encarnamos a diario. Será porque no le asignamos suficiente glamour. O porque no reparamos en que el acto de poner un pie delante de otro y avanzar, además de un ejercicio físico, es un puro milagro y una excelente distracción mental, si es cierto lo que dicen los expertos: que caminar ayuda a pensar. Quienes, por desgracia, no tienen la inmensa suerte de andar no saben bien lo que se pierden. La sensación esencial de la libertad empieza por los propios pies.

En Sevilla, donde durante los últimos diez años el gobierno local nos viene contando las bondades de la movilidad sostenible y ha apostado –más por moda que por convicción, dicho sea de paso– por hacer tímidos gestos en la dirección a reducir el predominio del transporte privado en beneficio del público, no había surgido aún una asociación de peatones. Hasta ahora. Porque en los últimos días ha aparecido una –bautizada con el nombre de Peatones de Sevilla– que, al igual que otras que existen en algunas grandes capitales europeas, postula sencillamente que la ciudad no olvide que son las personas –y no las máquinas– quienes las habitan.

Se trata de un lobby sin cara (no como otros, tan previsibles) que, paradójicamente, nace en un momento en el que, de ser cierto todo lo que se asegura desde la Plaza Nueva, debía ser el más dulce para los peatones en mucho tiempo. No es el caso. Porque, a pesar de ser ciertos y elogiables algunos de los esfuerzos municipales en este sentido, al final, en demasiadas ocasiones las buenas intenciones iniciales han terminado siendo destrozadas por la tendencia que existe en Plaza Nueva a tratar de quedar bien con casi todo el mundo, que –ya decía alguien– es la mejor manera de quedar mal con (casi) todos.

Nadie duda del fondo del discurso oficial sobre la peatonalización. Se asume la mayor: peatonalizar calles, en general, y salvo muy contadas excepciones, no trae sino beneficios inmediatos, aunque algunos sean todavía incapaces de verlos, probablemente porque contemplan la ciudad no como un patrimonio colectivo, sino como una mera prolongación de sus particulares negocios. Otra cuestión es si lo que se ha hecho en Sevilla en los últimos diez años ha sido realmente una política efectiva de peatonalizaciones u otra cosa. Da la impresión de que en este justo punto hay algo de estafa: el gobierno local engloba bajo el concepto genérico de peatonalización lo que son operaciones de reurbanización en las que sólo se ha reducido parcialmente el espacio dedicado al vehículo privado, lo que no implica que el territorio peatonal haya crecido en idéntica proporción.

Los ejemplos son múltiples: desde la Plaza Nueva, donde cada mañana su zona Sur sigue presa de los vehículos (las únicas áreas semipeatonales son los ejes laterales y la fachada del Ayuntamiento); a la Avenida de la Constitución, ejemplo de cómo un magnífico potencial ensanche peatonal muta (por aquello de la falta de criterio) en una amalgama de usos en los que el tranvía, las terrazas y las bicicletas dejan al peatón como mero accesorio del paisaje urbano. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que difícilmente se puede decir que se ha peatonalizado un determinado espacio público si éste no resulta amable para el caminante. Y que se sepa (lo reconocen incluso algunos informes oficiales) la Avenida tiene notables problemas de exceso de sol en determinados periodos del año.

Otro tanto ocurre en otros sitios. Porque, en realidad, la supuesta apuesta del Ayuntamiento por la movilidad sostenible se ha limitado a los principales escaparates urbanos. Al Casco Histórico. A la ciudad simbólica. Allí donde con la mínima inversión (y no siempre) mayor impacto se lograba. Son pues peatonalizaciones selectivas, parciales y débiles en relación a las muchas zonas de Sevilla susceptibles de transformarse en paseos. Incluso en el caso de Asunción –la primera operación de esta naturaleza fuera del centro– el modelo por el que se sigue apostando da predominio a la bicicleta sobre el peatón. Igual que en la ronda histórica, donde las zonas para caminar son inferiores a las que existían antes de que se construyera el carril bici, hecho a costa de la acera y (casi nunca) de la calzada. Al contrario de lo que, paradójicamente, fijaba el propio PGOU. ¿Hay que perjudicar siempre al peatón?

En Sevilla no es más fácil caminar que antes. Viene a ser igual. Un suplicio. Basta ver las calles cercanas a las zonas supuestamente peatonalizadas para caer en la cuenta de que lo único que se ha hecho es desviar o quitar el tráfico privado de los espacios donde PSOE e IU buscan enseñar su gestión. Algo así como meter la suciedad bajo la alfombra. Se puede simular no verla, pero rara vez desaparece. Sólo cambia de lugar.

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La excarcelación del hermano de Miguel Carcaño, presunto asesino de Marta del Castillo, obliga a asumir cierta dosis de realidad en una instrucción condicionada desde el principio por las singulares suposiciones policiales.

DEBE ser muy difícil, o acaso imposible, mantener la cabeza fría y el tener el temple quieto cuando por doquier el mundo entero te exige que tomes una decisión que, sabes de antemano, no va a gustar. Que va a ser muy impopular. Debe ser terrible. Pero en el caso de un juez –alguien que aplica la ley con independencia del juicio que su conducta nos parezca– no queda otra. Es su obligación. Su oficio. Esta semana el magistrado que instruye el caso por el crimen de Marta del Castillo ha decidido dejar en libertad al hermano del principal encausado, Miguel Carcaño, por considerar que en la fase en la que se encuentra la investigación sobre su violenta desaparición ya no puede destruir pruebas materiales o periciales que impidan la celebración de un juicio.

El juez mantiene aún la acusación contra Javier Delgado, aunque de manera más nominal que sólida. Todo aquel que ha seguido desde primera hora el caso intuía que su liberación era una cuestión de tiempo, lo mismo que, probablemente, ocurrirá cuando algún otro de los principales implicados de primera hora opte por solicitarlo oficialmente. Parecerá algo increíble –así, al menos, lo ha recibido la familia de Marta; y no es de extrañar– que un juez, en quien el sistema confía el arduo oficio de hacer justicia, ponga en la calle –siquiera con un mínimo de control– al presunto colaborador de un acto tan horrendo como el asesinato de una persona, pero lo cierto es que las evidencias –vistas con la mente fría, sin usar el corazón– no dejaban más opción. Contra Javier Delgado existen, hasta ahora, más indicios que pruebas. Más hipótesis que realidades tangibles. Y aunque entre quienes han liderado la investigación policial, y puede que incluso para el juez, acaso en su fuero interno, exista la convicción subjetiva de que tal sujeto pudiera estar implicado directamente en los hechos en cuestión, la solidez de los argumentos para mantenerlo en prisión (preventiva) después de tres meses era muy relativa.

¿Tiene el juez la culpa? ¿Es cosa del sistema? Las opiniones son libres. Pero los hechos, sagrados. Y es un hecho cierto que buena parte del impacto general que causa esta excarcelación se debe a que las expectativas y suposiciones creadas por los propios responsables gubernamentales de la investigación de este caso han sido muchas y no siempre edificantes.

La Policía, resulta obvio decirlo, probablemente ha hecho todo lo que estaba en su mano para que el caso se esclarezca. No se han escatimado medios ni recursos. Pero sí le ha faltado algo de sentido común a la hora de presentar ante los ciudadanos los resultados de su trabajo. Tras un comienzo no muy afortunado –los padres de Marta se sintieron desasistidos en los primeros momentos–, la Subdelegación del Gobierno central –competente en la materia– dio prioridad a una línea de investigación que, con el tiempo, parece comenzar a venirse abajo. Acaso no del todo, pero sí en determinadas cuestiones sensibles, como el papel de Javier Delgado, al que, según la versión ofrecida en público por el representante en Sevilla del Ejecutivo central, se le consideró el “cerebro” de la trama de jóvenes que han venido burlándose de la policía, los padres de la víctima y, sobre todo, del inmenso dolor que esta desaparición ha provocado en miles de personas, identificadas con el duelo –aún imposible, al no haber aparecido el cuerpo de Marta– de la familia.

El auto de excarcelación del juez tumba, aunque de forma más o menos sutil, esta lectura de los hechos, devenida acaso más la urgencia por dar una explicación a lo que ocurrió aquel día en el piso de León XIII que por un análisis frío y crítico de las distintas versiones relatadas por los principales sospechos e imputados. De aquellas singulares suposiciones, en parte orientadas para aparentar éxito, nace la extrañeza actual, provocada cuando el magistrado empieza a poner los pies en el suelo y palpa la dura y cruda realidad. Y ésta no es precisamente tranquilizadora. No lo es.

Resulta llamativo que, en esta investigación, el juez haya tenido que imponer, en algunos momentos de forma expresa, como cuando ordenó empezar a buscar en el vertedero, su criterio al que mantenían –en privado, claro– algunos responsables gubernamentales, empeñados en sostener contra viento y marea ciertas tesis que, sin ser del todo inverosímiles, no eran las únicas opciones posibles. Y que, de hecho, tienen tan poco sustento como lo declarado a última hora por Miguel Carcaño. Casi desde el principio, la instrucción judicial ha estado marcada por las suposiciones de los responsables políticos encargados de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien para confirmarlas, bien para descartarlas. No siempre en sintonía. Al juez no le han puesto las cosas fáciles, sobre todo teniendo en cuenta que sin un cuerpo cabe la posibilidad de que el juicio pueda complicarse bastante si los abogados de los acusados hacen bien su trabajo. Puede que aún haya pruebas suficientes. Y que existan también un sinfín de indicios. Pero esto no es lo más importante. Lo trascendente ahora es que sean suficientes para esclarecer la verdad; en un sentido u en otro. Para que se haga justicia. Y eso ya no está tan claro. No como antes.

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El gesto de Rojas-Marcos al rechazar la medalla de la ciudad que Monteseirín quiere otorgar a todos los alcaldes de la democracia pone en cuestión unos galardones que muchos valoran sólo en términos de imagen política.

SOSTIENE la filosofía tradicional, la de andar por casa, que uno no debe hacer a los demás lo que no desea sufrir en su propia carne. Si invertimos tal axioma, lo que equivale a cambiar la perspectiva habitual, tal enseñanza nos arroja otra conclusión: uno debe hacer con los demás justo lo que quiere o ansía que le hagan a sí mismo. No siempre sucede así, pero en la polémica política que esta semana ha marcado la vida oficial de la ciudad –la concesión de las medallas de Sevilla, galardones administrados por el Ayuntamiento, que se entregarán el próximo día 30– algo de esto hay. O, al menos, así lo parece.

El gobierno local, como es habitual desde que inventó los actos para conmemorar el Día de Sevilla, suele conceder, a imitación de lo que hace la Junta de Andalucía, un reconocimiento público y expreso a aquellas personalidades de la capital que hayan destacado por su labor, su entrega o su trabajo en favor de los demás. Hasta aquí todo perfecto: es de gente bien nacida ser agradecido. Mucho más en una urbe secular como ésta que, como nos demuestra la historia, suele ser ingrata –demasiado ingrata– con bastantes de sus mejores hijos.

No hay que ir muy lejos para darse cuenta: el rosario de heterodoxos sevillanos, algunos de los cuales pretende ahora recuperar el colectivo Sevilla Abierta, partidario de vindicar (no se puede reivindicar lo que previamente jamás fue valorado) una ciudad diferente a la tradicional, es largo y nutrido. Casi legendario. Porque, al igual que el sevillano arquetípico (construido en base a los elementos más superficiales, y con frecuencia excluyentes, de cierta forma de entender la pertenencia espiritual a la ciudad) existe toda una cofradía de sevillanos raros. Discretos. Finos y fríos, al decir de Luis Cernuda.

El Consistorio, que acostumbra a decir que es necesario compensar el peso de una Sevilla con el de la otra –pues ambas son parte de la ciudad integral en la que vivimos todos–, no se ha atrevido todavía a romper lazos con ciertos usos y costumbres pretéritos, que consisten en hacer las cosas por elevación para que nadie se sienta ignorado. En esta ocasión ha optado por, entre otros galardonados, ofrecer la medalla de la ciudad a todos los alcaldes de la etapa democrática. Una lista limitada que reúne a personalidades públicas tan dispares como Luis Uruñuela, Manuel del Valle, Soledad Becerril o Alejandro Rojas-Marcos. Todos por igual. Con independencia del resultado de su gestión.

Nadie esperaba que tal decisión provocase desplante alguno. Es lo que suele ocurrir, sobre todo en Sevilla, con los elogios: cuando se reparten por igual, a uno y otro lado, no suelen generar problemas. Aunque, claro es, pierdan buena parte de su carga semántica, por decirlo de forma elegante. De su esencia. Rojas-Marcos, al que en su mandato se le criticó, y mucho, por su inevitable tendencia a la vanitas política –alguno de los que le sucedieron en la Alcaldía lo dejaron pronto corto y, en cierto sentido, lo convirtieron hasta en un alcalde discreto–, ha decidido descolgarse de la ceremonia y, con el debido respeto a sus homólogos, prefirió decir: “no, gracias”.

Hay quien ve en dicha actitud cierta falta de tacto en relación al resto de regidores, en especial en el caso de Luis Uruñuela, andalucista y primer alcalde democrático, que ha aceptado el galardón. Los demás no han hablado sobre el particular –al menos hasta ahora– pero es obvio que el gesto de Rojas-Marcos –libre y, por tanto, valiente– empaña en buena medida el baño ecuménico que pensaba darse Monteseirín, que lleva gobernado la ciudad mucho más tiempo que el resto de sus antecesores, como suele recordar él mismo cada vez que tiene ocasión.

La decisión de Rojas-Marcos extraña además porque en su día fue él quien decidió honrar a sus predecesores –Uruñuela y Del Valle– dando sus nombres no ya a calles, sino a dos rotundas y generosas avenidas en las zonas de expansión de la ciudad. Hijos del callejero. ¿Existe acaso mayor honor municipal? Desde el PSOE, entonces en la oposición, se censuró al andalucista por adoptar dicha decisión y se le acusó de hacerlo por perseguir un trato similar. O equivalente.

Su posición actual desmiente tal lectura: Rojas-Marcos no tiene calle (sí la tiene su abuelo Manuel Rojas-Marcos, abogado y prócer político, de quien dicen que dejó, en 1920, un testamento de 391 folios) y, al parecer, no la ambiciona lo más mínimo. Tranquilidad de espíritu, se llama la figura. “No supone mérito alguno ser alcalde”, ha dicho para justificar su posición. Y no le falta razón: en la partitocracia reinante para llegar al poder, a cualquier poder, más que lograr los votos suficientes –o los apoyos expresos de la asamblea surgida de las urnas, que es formalismo obligado–, es necesario que el partido en cuestión te coloque en el lugar adecuado. El partido se encarga de (casi) todo. Los hay incluso que entregan la Alcaldía llave en mano. Otra cuestión son las renuncias necesarias para llegar. Esta evidencia no implica que determinados alcaldes no tengan mérito, dadas algunas coyunturas.

En esto, como en tantas cosas, ya nos iluminó El Quijote:

“Cada uno es hijo de sus obras”.

Ni títulos ni púrpuras nos hacen mejores. Y en Sevilla, demasiadas veces, ciertos premios implican casi siempre determinados favores previos.

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La polémica por la peligrosidad del edificio municipal de Diego de Riaño, objeto del último choque entre las dos facciones del PSOE de Sevilla, muta de pronto en un litigio con la Junta, que desautoriza al gobierno municipal.

ESTÁ visto y comprobado que no es posible encontrar la paz ni el silencio en el convulso Ayuntamiento de Sevilla. No es de extrañar que algunos prefieran irse con los bártulos a otro lado. Cuando no ocurre una cosa, sucede la contraria. Tras la tempestad, tan shakesperiana, no llega la calma, sino más ruido y furia. Si parecía que esta semana iba por fin a cerrarse, aunque en falso, un año marcado por la inestabilidad política generada por los enfrentamientos internos en el PSOE de Sevilla, de repente se abre otro frente para el partido mayoritario en el Consistorio –en este caso, por la vía judicial– que amenaza peligro y va camino de superar –por intensidad y en consecuencias– el affaire de las facturas falsas del distrito Macarena, que se saldó con dos condenados por sendos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El supuesto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, la cuestión que vuelve a llevar ante los tribunales la gestión del gobierno local, tiene de nuevo al distrito Macarena en el punto de mira de la justicia, ya que de esta agrupación socialista –recientemente resucitada tras el largo periodo de suspensión decretado por el PSOE federal tras detectar afiliaciones poco ortodoxas en esta asamblea del partido, controlada por los afines a Monteseirín– son los dos principales afectados por la denuncia formal que investiga el juzgado después de que el PP (en un ardid legal) forzase a la Fiscalía a derivar la investigación, iniciada a instancias de los empresarios teóricamente extorsionados, los propietarios del grupo de hostelería La Raza.

De momento, la juez encargada del caso no sólo ha decidido empezar a citar a los principales protagonistas del episodio, sino que abre el melón de la investigación por completo, al reclamar información de todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años por la delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, incluidas las otorgadas a Mercasevilla.

El alcance de estas diligencias es materia que todavía está por ver, aunque en las filas socialistas municipales –que desde el principio han intentado desviar la atención hacia otros ámbitos– se contemplan con bastante preocupación las hipotéticas consecuencias políticas del caso. Su posición no es ni por asomo la que mantuvieron con las facturas falsas. Entonces se restó importancia a las irregularidades: se decía que era poco dinero el desviado y trataba de diluirse el impacto de lo ocurrido bajo el recurrente genérico de los supuestos “errores administrativos”. Ahora sucede lo contrario: la existencia de una grabación donde se registra la petición formal del dinero lo trastoca todo, aunque esta semana hubiera quien filtrase una supuesta conversación, en teoría exculpatoria, del principal implicado.

Mientras este nudo se deshace, que tardará lo suyo, el gobierno local ha visto estos días cómo se abría en el horizonte otro frente con la Junta de Andalucía. Y, casualmente, también con la Consejería de Empleo, que ha desautorizado al gobierno local al dejar en suspenso la orden que obligaba a los funcionarios del edificio de la calle Diego de Riaño, casi en ruinas, a trabajar en su interior. Este litigio, el último que decidió soportar como edil de Personal Emilio Carrillo, el ex vicealcalde, que ha decidido dejar el Ayuntamiento tras diez años de activa vida política en el ejecutivo de Monteseirín, al que estuvo ligado por lazos de amistad hasta que decidió no acompañarle en la operación contra la actual dirección política del PSOE de Sevilla, parecía predestinado ya a perder interés. Ido el concejal díscolo, al que el entorno del alcalde intentaba liquidar desde hacía un año, la polémica sobre su seguridad iba camino de ser una cuestión menor. Incierto. La realidad ha sido bien distinta. Oficialistas y críticos (en teoría juntos tras la salida de Carrillo de Plaza Nueva) han visto no sólo cómo los sindicatos municipales se niegan a acatar la directriz de acudir a trabajar a dicho inmueble, sino que se han topado con inspecciones de la Junta, e incluso del Estado, que dan la razón al ya ex concejal de Personal. Carrillo ha ganado esta batalla –aunque perdiera la Alcaldía– después de dimitido.

Lo que dijo el clásico: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

De momento, el vetusto edificio de Diego de Riaño sigue clausurado por orden de las administraciones competentes, lo que deja al equipo de gobierno de Monteseirín en una posición delicada. Tanto que, al verse con el paso cambiado, llegó a utilizar al tono amenazante e, incluso, hizo afirmaciones que no respondían a la realidad. Joaquín Díaz, vierista (como decía con ironía cierto periodista) “al cierre de esta edición”, dijo esta semana en público que el ala del edificio en cuestión más afectada por las grietas estaba clausurada desde un año antes. Bastaba darse una vuelta para encontrarla abierta. Ante la negativa sindical a acatar sus órdenes (cuestionadas por la Junta) también amenazó con acometer “un expediente de regulación de empleo” en el Consistorio. No caerá la breva. En Plaza Nueva alguno parece haber leído el célebre poema contra el modernismo de primera hora: Tuércele la cabeza al cisne. El cisne, en este caso, es la verdad.

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La marcha de Emilio Carrillo del Ayuntamiento de Sevilla, tras una década en el núcleo duro del gobierno local, cierra una etapa iniciada en 1999, cuando Monteseirín llegó a la Alcaldía gracias a un pacto con los andalucistas.

LOS CICLOS en la vida suelen durar diez años. Una década. Dos lustros. Las cosas siempre pueden alargarse más. Incluso hay excepciones a esta norma, pero el decenio usualmente es la unidad perfecta, la más racional, para medir la existencia. Sobre todo a la hora de enumerar las sucesivas crisis que comporta el mero hecho de respirar, con frecuencia asociadas a los distintos rubicones de la edad.

El tiempo no perdona. Y tiende a modificarnos no sólo por fuera. También por dentro. El reloj interior. De ahí que a veces produzcan cierto deja vu los momentos que son bisagras entre dos etapas: esos instantes que marcan el final de algo y, al tiempo, el inicio de otra cosa. Diferentes y similares. En el Ayuntamiento esta semana se ha vivido uno de estos extraños paréntesis temporales: la salida del Consistorio de Emilio Carrillo, el ex vicealcalde, ex edil de Urbanismo (bajo su dirección se aprobó el PGOU que condicionará la ciudad en los próximos quince años) y, en los últimos tiempos, por esas bromas que suele gastar la política, concejal de Personal. Un puesto gris para un político con talento. Incluso brillante.

No hace falta abundar en demasía en los detalles de la historia, de todos conocida, pues se viene contando desde hace casi un año en los periódicos. Dos antiguos amigos deciden tomar caminos divergentes en el seno del PSOE de Sevilla y esa ruptura provoca en uno un sentimiento de traición, mientras en el otro tal circunstancia se vive, después de muchos años en segundo plano, como una liberación. La discrepancia,que podría haber sido razonable y civilizada, sin embargo provoca una guerra sorda (con dagas afiladas, como en una tragedia de Shakespeare) que esta semana tiene su colofón: uno de ellos deja la casa política común (convertida ya en un infierno) mientras el otro se cobija con los restos del naufragio bajo un chamizo. Victorioso. Uno ha perdido. El otro ganó, aunque su victoria no sea tan dulce como quiere presentarse. Acaso señale un final de etapa. Cierto aire de ocaso.

La decadencia, en todo caso, acostumbra a llevar su tiempo. Pero tanto en la política como en la vida suele ser inevitable. Hay quien la lleva con estilo (perdedores que hicieron suya la paradójica frase de Dylan: “no hay éxito como el fracaso; y el fracaso no es ningún éxito en absoluto”) y quienes, como Narciso frente el espejo, intentan en vano ocultar las huellas del paso del tiempo y sueñan con la juventud perpetua.

Es cuestión de carácter. En definitiva, cuando una persona (un político, en este caso) demuestra su verdadero ser es justo entre la victoria y la derrota. Con el poder y sin él. Que Carrillo durante los últimos meses tuvo realmente la opción de convertirse en el nuevo alcalde de Sevilla no es ningún secreto, aunque todavía haya quien se ponga enfermo con sólo pensarlo. Que no fuera capaz (por errores propios o terrores ajenos) de llevar a buen puerto estas posibilidades demuestra que en política nada es estable, siquiera mínimamente permanente, y que el tejido de conveniencias que marca la vida pública suele ser mucho más tupido de lo que parece.

El edil, que a finales de mes renunciará a su acta de concejal electo, se vuelve a su puesto de trabajo (la Diputación y la Universidad; tiene dónde elegir) y pone fin con su marcha a un periodo político, con sus brillos y sus sombras, que se inició en 1999, cuando Monteseirín llegó a la Alcaldía con un equipo nuevo (procedente en buena medida de su etapa como presidente de la Corporación Provincial) gracias a un singular acuerdo con los andalucistas que se justificó (mala cosa si hay que explicar lo obvio) sobre la base de la construcción del Metro. La primera línea del tranvía metropolitano ya funciona (en apenas un mes de uso, efeméride menor que se cumplió ayer sábado, ha transportado a un millón de pasajeros) y el supuesto cerebro del primer equipo político de Monteseirín se marcha a su casa. Dos señales evidentes de que estamos ante un cambio de etapa.

Habrá quien se pregunte por los motivos ocultos de la marcha de Carrillo: si se va por no haber conseguido que el PSOE lo avale en su sueño de alcanzar el poder o por mero hartazgo. Las opiniones son libres. Aunque, en este punto, uno siempre recuerda un magnífico artículo de Roberto Arlt, el atorrante periodista de sucesos de Buenos Aires, años veinte, uno de esos tipos que no entiende de sociabilidad ni de cortesías, en el que se asombra de que algunos obreros, en los conflictos de trabajo, puedan ser capaces de mantenerse dignos (aunque pierdan su jornal, su sustento) y “un ministro, universitario, con chófer, auto, dinero y títulos, alguien que es servido por criados, a quien miran con envidia y admiración miles de personas, ese señor, ante un exabrupto, incline la cabeza, pida disculpas y se retire”.

Y concluye Arlt: “Lo importante es la dignidad, aunque para los ministros lo trascendente sea tener el título de tales. Lo demás importa muy poco. ¿Las afrentas? No importan. Son ministros”.

Cada uno elige en la vida qué quiere ser de mayor, si obrero o ministro. A fin de cuentas, la existencia acaso consista justo en esto. En elegir cómo se prefiere perder. Poco más.

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Como todo aquello que no es natural, ha terminado saltando por los aires apenas unas semanas después de ponerse en escena, de donde se deduce que los aparentes gestos de buena voluntad, sobre todo en determinados avisperos políticos, sirven de muy poco cuando la incompatibilidad entre los contendientes no es racional, sino fruto de los sentimientos. Y no precisamente blancos. Más bien al contrario. No hay paz posible sin tranquilidad de espíritu. Ya lo decía el clásico: carácter suele ser, antes o después, destino. Sobre todo en los casos de los antiguos amigos. Pues es sabido que los mayores enemigos, en la política y en la vida, acostumbran a ser los que dicen estar en tu misma orilla. En el mismo lado del camino. Más o menos aquello que decía, con sorna, cierto gobernante: “cuidado, que vienen los nuestros”.

Lo más llamativo del nuevo enfrentamiento entre las dos ramas del PSOE local es que se produce sin aparente necesidad. Chaves, que se ha ido a Madrid sin ceder el poder orgánico en Andalucía, además de dejarle la herencia institucional a Griñán, ya investido presidente, disipó antes todas las dudas sobre la continuidad de Monteseirín hasta 2011. Otra cosa es lo que ocurrirá después. Esto es: si la Alcaldía hispalense seguirá en manos de los socialistas o si se convertirá de repente en un banderín (bastante simbólico, además) para el PP.

En teoría, todo estaba bien atado. E incluso se había puesto en escena: Viera fue fotografiado (con mala cara) tras una reunión en Plaza Nueva de cuya existencia los críticos se preocuparon bastante de dar publicidad, acaso por aquello de que una imagen vale más que mil palabras. La escena no dejaba lugar a dudas: el secretario provincial del PSOE de Sevilla saliendo solo del Ayuntamiento tras haber despachado con Monteseirín. Una situación de la que no hay precedente (ni probablemente habrá réplica) en la historia de los socialistas sevillanos, acostumbrados justo a lo opuesto.

“Cuando el partido te llama, seas alcalde o no, vas dónde reside el poder orgánico”, cuenta un viejo dirigente del PSOE.

Lo inaudito es lo contrario: que el representante del poder orgánico, que es quien hace las listas electorales, quien nombra reyes y virreyes, se preste a ceder y, con su gesto, termine dando valor político interno al representante institucional.

“No sucedió nunca. Ni cuando entre ambos ámbitos existía sintonía; mucho menos ahora, que hay una guerra abierta”.

No es de extrañar que los críticos, entonces, dijeran lo que dijeron: “Es él [Viera]quien viene a nuestro terreno”.

Pese a los reparos de los oficialistas, muchos de los militantes del PSOE entendieron a la perfección el lenguaje gestual. Todo el montaje posterior (reunión conjunta en la Plaza Nueva, con sonrisas y gestos forzados) acaso podría haber resultado verosímil si antes no se hubiera publicado dicha foto. Una vez vista, todas las costuras quedaban al descubierto. El alcalde pregonaba su victoria.

La incógnita era saber si dicho sainete suponía el final de la guerra o tan sólo una batalla más. Los críticos sostienen que se trata de lo primero: se sienten tan sobrados que presumen, en público y en privado, incluso en contra de lo que aconsejan la prudencia y el decoro, de haber hecho historia al ganar la partida a un aparato que el año pasado ganó el congreso con un respaldo del 80% y sin rival oficial. El poder institucional tiene mucho que ver en esta actitud. También pudiera ser la causa por la que, ido Chaves (o al menos alejado de Andalucía) alguien haya resuelto que no puede haber paz en Plaza Nueva sin rematar a los enemigos íntimos. La paz de los muertos, si se permite el lirismo trágico.

El caso es que, como en El Sur, el viejo relato de Borges, los cuchillos han vuelto a brillar. Carrillo, principal perjudicado por la decisión de Chaves, reflexionaba sobre su futuro político sin prisa. Esperando acontecimientos y acatando la directriz orgánica de no responder a las afrentas. Durmiente. Los críticos quieren, sin embargo, precipitar su salida del Consistorio, gesto llamativo que rompe de nuevo la paz y que, aunque pudiera leerse en términos de poder (muy seguros de su fuerza deben estar para quebrar la orden del PSOE regional), también podría esconder cierta debilidad o, acaso, cierto miedo atávico a que lo dicho vuelva a ser evaluado por los mayores, como la joven guardia socialista llama a los dirigentes del partido. Quién sabe. En política todo es relativo. Pero lo cierto es que con Carrillo en el Consistorio siempre existe una mínima posibilidad de cambio, por complicadas que estén las cosas. Aunque en realidad el ex vicealcalde (cuyo prestigio político deviene en buena medida de la opinión del propio alcalde, que hasta que le discutió el poder siempre lo elogió) no es más que un pretexto. A quien los críticos de verdad sueñan con derribar es a Viera.

Su argumentario: ¿Cómo va a sostenerse en el cargo un líder político que con mayoría orgánica y las encuestas a su favor acomete una operación para sustituir a un alcalde y no lo consigue?

Carrillo puede ser el cimiento. Pero el edificio a tumbar se llama Viera. Si Carrillo se mueve, Viera se tambalea.

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