La Agencia Española de Protección de Datos resolvió durante el año pasado sancionar con 885.172 euros a siete empresas que operan en la provincia por descuidar y desvelar información personal de sus clientes. Entre las afectadas se encuentran entidades financieras, de informática y constructoras, entre otras. Según los datos recopilados por este periódico a través de la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción más elevada se impuso a la firma con las siglas IEOL S. L -dedicada a la explotación electrónica de datos a terceros- con una sanción de 450.000 euros. En la actualidad la Agencia de Protección de Datos no tiene conocimiento de que la empresa haya recurrido la resolución.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Gijón detuvieron a un hombre de 37 años por denunciar un robo con intimidación con el propósito de ocultar su participación en un delito de 'phissing' -diseñar un sitio web de tal manera que se parezca a otros, por lo general entidades bancarias, para obtener fraudulentamente datos personales- por importe de 2.970 euros.

Una empresa ha sido multada con 6.000 euros por criticar a un antiguo empleado en un foro en Internet. El empresario comentó cosas como que estuvo de baja por estrés laboral, que llevaba tres años aprendiendo informática en la empresa y que era un incompetente que no pegaba un palo al agua.

Así, hace ya dos años y pico se difundió bastante la noticia de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), había sancionado a una persona física por el envío de un correo electrónico a un colectivo de personas sin usar el mecanismo de Copia Carbón Oculta (CCO), disponible en todo gestor de correo electrónico.

Dado que otros ya se ocuparon suficientemente de aquella noticia, la pequeña adición que quiero hacer es de matiz: el lenguaje al difundir un hecho de trascendencia jurídica puede jugar una mala pasada y lo cierto es que los juristas y abogados debemos hacer un esfuerzo por matizar (que en gran parte en eso consiste nuestra profesión), el alcance de las cosas.

Los hechos noticiables realmente eran dos: a) que se sancionara a una persona física, pues la inmensa parte de las veces la AEPD incoa expedientes sancionadores contra entidades; personas jurídicas que revisten formas civiles o mercantiles del tipo sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, sindicatos… etc, y b) que el hecho sancionable era el equivocado uso del correo electrónico. La relevancia de esta circunstancia estriba en que, precisamente, esta tecnología se usa masivamente y de no poner cuidado y observar el requerimento de uso de CCO para mails masivos es fácil incurrir en una cesión de datos.

La Red vive estos días una batalla sin precedentes. Internet como canal para el debate político ha alcanzado su mayoría de edad. La magnitud del frente abierto para el Ministerio de Cultura tras el anuncio del anteproyecto de la ley antidescargas es igualmente inédita. La disputa por primera vez no se libra sólo en los despachos o en las calles, sino, fundamentalmente, en blogs y medios digitales. Lo sucedido tras la inclusión en la Ley de Economía Sostenible (LES) de la disposición que da a un organismo administrativo (la Comisión de Propiedad Intelectual) la potestad de bloquear sin control judicial webs que ofrezcan sin permiso contenidos protegidos, pone de relieve que la piratería en Internet, la regulación de las descargas y la protección de los derechos de autor son asuntos demasiado complejos para ser resueltos desde la unilateralidad de un único ministerio. EL PAÍS invita a una docena de personalidades implicadas -entre ellas, el portavoz de una web de enlaces que pidió opinar desde el anonimato- a desarrollar propuestas para afrontar este problema.

Desgraciadamente, la percepción que se tiene de la privacidad de los datos de los clientes por parte de terceros no se suele tener en cuenta como un elemento diferenciador. De hecho, frente a la política de amenazas por las sanciones derivadas del incumplimiento, el correcto seguimiento de la LOPD puede ser un valor añadido que las empresas pueden implementar en sus relaciones con sus clientes. Aumentando así la confianza de estos en nuestro negocio y forma de trabajo. De hecho se trata de un elemento que no se explota ni se potencia.

El Grupo de Investigación Tecnológica (GIT) de la Comisaría de Valladolid detuvo a uno de los 'uploaders' (persona que transfiere archivos, en este caso copias ilícitas, desde su ordenador personal a un servidor de información) "más conocidos y activos" de España y se ha demostrado además el "lucro económico" que perseguía sus acciones.

Según fuentes policiales, el detenido lo es como presunto autor de los delitos contra la propiedad intelectual y utilización de programas que permiten el acceso no autorizado a equipos de telecomunicaciones y la investigación se inició a mediados del mes de septiembre a partir de las denuncias interpuestas por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y por representantes legales de varias sociedades distribuidoras de obras audiovisuales como Notro Films y Manga Films en el Juzgado de Instrucción Número tres de Valladolid.