Ciudadano Araya

Señora, caballero, la culpa es de Hinzpeter

noreply@blogger.com (Hernán Araya) — Tue, 11 Oct 2011 03:16:00 +0000

Columna publicada en “El Martutino” el 05/09/2011: http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/senora-caballero-la-culpa-es-de-hinzpeter

Quizás nadie pueda hablar de cifras exactas, pero al menos en Valparaíso, en promedio hemos sido más de 25.000 las personas que hemos marchado por sus calles cada vez que la Confech nos ha convocado a una nueva paralización nacional. Una mezcla de alegría y frustración nos embarga cada vez que gritamos nuestras consignas, levantamos nuestras pancartas y marchamos hacia el congreso, cuestión que hoy se ha convertido en un verdadero rito de quienes nos encontramos movilizados, y que al mismo tiempo ha sido nuestra principal herramienta de presión frente a un gobierno incapaz de otorgar respuestas satisfactorias a nuestras demandas, las cuales son apoyadas por cerca del 80% de la población (respaldo inversamente proporcional al que detenta la clase política tradicional y en especial la figura del presidente Piñera).

Frente a este escenario que pocos imaginaban hace tan sólo unos meses, el gobierno reaccionó. Como era de esperarse en un comienzo apostó al desgaste del movimiento, lo que evidentemente no ocurrió, el cual incluso sobrevivió a la amplia y extensa cobertura de una Copa América con un Chile como favorito a convertirse en campeón del certamen. Luego presentó una propuesta técnica, de nombre atractivo y fácil de recordar (el GANE), a las demandas estudiantiles. Sin embargo, paradójicamente ella no respondía a las mismas e incluso las contradecía como en el caso del lucro, por ende fue rápidamente desechada por los estudiantes.

Ante tales fracasos políticos, los que incluso derivaron en un brusco cambio de gabinete que tuvo al ex Ministro de Educación Joaquín Lavín como protagonista, el gobierno inició una nueva ofensiva comunicacional: posicionar el discurso de la vuelta a clases. Para pesar del mismo, esta estrategia tuvo eco tan sólo en un sector minoritario de la población estudiantil que aún respalda al ejecutivo. A esto es sumemos las últimas propuestas que elevó el gobierno durante el mes de Agosto, las que tan sólo vinieron a confirmar la nula disposición de éste a dar soluciones de fondo al conflicto, y a transparentar su compromiso con los pocos actores que hoy son beneficiarios de un sistema educativo altamente segregado y mercantilizado.

Hoy la estrategia del gobierno frente al conflicto estudiantil es otra, la que podríamos entender como la ejecución de una “política pública” más efectiva y literalmente más agresiva.

Durante el desarrollo de las últimas manifestaciones convocadas por la Confech, y producto de la acción de individualidades ajenas al movimiento, nuestra ciudad ha sufrido un sin número de daños materiales, los que nos han sido imputados por el ejecutivo y especialmente por el Ministerio del Interior (en un intento desesperado por volver a controlar la agenda nacional) a los estudiantes, señalándonos como los principales responsables de tales hechos.

En un comienzo tal estrategia funcionó, y se tradujo en que las jornadas de movilización social más grandes de las últimas décadas en el país hayan terminado convirtiéndose muchas veces en titulares de páginas y reportajes dedicados a la crónica policial. Sin embargo, ante esta dura arremetida criminalizadora, el movimiento ha mantenido intacto el actuar y objetivos que lo han caracterizado desde su génesis, ya sea al no avalar el actuar de estos individuos o reconociendo en ellos una naturaleza simplemente delictual, más no así política. Basta con recordar el compromiso manifestado por la comunidad universitaria de la región al restituir un auto quemado durante una jornada de movilizaciones, o la reacción de manifestantes que espontáneamente se han encargado de detener a encapuchados en diferentes regiones a lo largo del país.

Estas acciones ciudadanas junto con explicitar el espíritu crítico y propositivo los manifestantes, han dejado al descubierto la ineficiencia en el actuar de carabineros, quienes lamentablemente en vez de volcar su acción al cumplimiento efectivo de su rol preventivo del delito, lo han hecho aplicando medidas represivas contra quienes se encuentran ejerciendo sus legítimos derechos, inclusive de naturaleza constitucional. Más aún, ya no parece exagerado hablar de carabineros infiltrados al interior de las marchas actuando con la intención de provocar los primeros desordenes (algunos de ellos encapuchados), constatar impactantes denuncias relacionadas con el excesivo ejercicio de fuerza en contra de estudiantes, y de acuerdo a los últimos antecedentes algunos de ellos utilizando sus armas de servicio dejando incluso a víctimas fatales como resultado.

Los antecedentes ya están expuestos, y han dejado en evidencia las lamentables motivaciones de los hechos acontecidos, los que en definitiva nos permiten responsabilizar (al menos políticamente) tanto de la violencia ejercida contra manifestantes, de los daños materiales ocurridos en la ciudad durante las últimas jornadas, e incluso de la muerte de un joven de Macúl, al actuar del Estado Chileno a través de la cartera del Ministro Rodrigo Hinzpeter, quien la semana recién pasada fuera protagonista de una acusación constitucional en su contra por los mismos hechos.

Ahora reflexione por unos segundos y respóndase: ¿A quiénes les convienen los desordenes en la calles, y a quiénes termina por deslegitimar? ¿Quiénes son los intransigentes y los violentistas? Al menos yo salgo tranquilo a la calle porque sé que “la culpa es de Hinzpeter”.

Corriendo por el premio

noreply@blogger.com (Hernán Araya) — Sat, 02 Apr 2011 12:52:00 +0000

Columna publicada en "La otra voz" el 01/04/2011: http://bit.ly/edHrJ5

Aunque a algunos les parezca prematuro, es posible afirmar por quienes hemos estado atentos a la prensa regional durante los últimos meses, que la carrera por la alcaldía de Valparaíso ya comenzó hace un buen rato.

Para las elecciones pasadas, Jorge Castro ganaba por una estrecha diferencia al ex edil y hoy diputado Aldo Cornejo, que como es bien sabido tuvo una compleja gestión, marcada principalmente por el millonario déficit que hasta hoy arrastra la municipalidad de Valparaíso, pasada como herencia de la “Era Pinto”, que incluso forzó la venta de importantes inmuebles de la ciudad.

Castro llegaba al sillón municipal criticando las pasadas administraciones y potenciando un “perfil ciudadano” construido desde la concejalía, con la promesa de dar un golpe de timón a la conducción de la ciudad puerto. Sin embargo ya han pasado más de 2 años desde las últimas elecciones y las cosas no parecen haber cambiado, o por lo menos, no para bien.

Problemas de eficiencia y gestión han marcado a la actual administración, entre los cuales cabe destacar el eterno problema de la basura en las calles de la ciudad, particularmente lo ocurrido con la acumulación de esta durante la pasado paralización de los funcionarios públicos; la reformulación de las políticas culturales por parte del municipio, lo que se ha traducido en una eventual centralización y disminución de la participación ciudadana en los mismos; la compleja situación que experimentan los pocos ascensores porteños que aún se encuentran en funcionamiento, así como el patrimonio cultural de la ciudad; y principalmente la falta de un diálogo directo en el municipio entre vecinos y dirigentes vecinales.

Esta serie de cuestionamientos a la actual gestión, junto con la inexistencia de un candidato único de la oposición, han contribuido a que diversos nombres, tanto de políticos de trayectoria como destacados líderes ciudadanos hayan comenzado a sonar, unos con más fuerza que otros, como posibles cartas para suceder a Jorge Castro como máxima autoridad comunal.

La primera en manifestar con claridad su opción de competir por el sillón edilicio fue la ex ministra de MIDEPLAN y socióloga Paula Quintana (PS), quién ya de vuelta en el cerro Florida y convertida en académica de la Universidad de Valparaíso, fue categórica al afirmar que “Valparaíso nunca había estado tan mal como hoy”. Dicha proclamación aceleró estrepitosamente el ritmo de esta carrera eleccionaria, ya que a ella le siguieron las candidaturas del ex gobernador de Valparaíso Ricardo Bravo (PS), quién hace unos meses ya se encontraba realizando actividades de campaña en la región, pero aún sin explicitar su intención por competir, como tampoco por la comuna en que lo haría, y la del ex seremi de salud Fernando Olmedo (DC). A ello se sumaron los rumores de una eventual candidatura del ex Senador Nelson Ávila (PRSD), así como las expectativas de un Hernán Pinto (DC), que aunque parezca increíble, es considerado por algunos militantes de su partido como una buena carta para las elecciones de 2012.

Quién será el candidato opositor que competirá con un Jorge Castro buscando la reelección es aún un misterio, y lo es más aún el mecanismo que lo determinará. Por lo pronto cabe recordar el compromiso adquirido por la Concertación en Valparaíso en octubre pasado, y recientemente ratificado por la misma, que apunta a promover a las primarias como mecanismo de elección de sus candidatos en todas las instancias electorales a lo largo del país.

Sólo queda esperar que quién resulte electo(a) represente las legítimas aspiraciones de los miles de porteños y porteñas, que a pesar de vivir en una comuna internacionalmente reconocida, y considerada única en su especie, corra el riesgo de perder su identidad portuaria, su calificación de patrimonio de la humanidad, y que siga siendo víctima de una pésima gestión municipal.

¿Adiós Carnavales Culturales?

noreply@blogger.com (Hernán Araya) — Sat, 08 Jan 2011 23:05:00 +0000

Columna publicada en "El Martutino" el 28/12/2010: http://bit.ly/e14j5O

Hace un par de días a través de la prensa me encontré con este titular: “Festival de las Artes reemplaza a los Carnavales Culturales”. Al instante pensé que se trataba de un rumor o de un proyecto a implementar en el futuro, esto considerando las críticas a las que se ha visto expuesta la actual administración del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), ya sea por la serie de despidos masivos llevados a cabo durante la primera mitad de este año, o el eventual cierre del Centro de Extensión del mismo (CENTEX). Sin embargo no fue así, y efectivamente los carnavales culturales no van más.

Este lamentable anuncio, me recordó de inmediato varios hitos ocurridos durante la novena y última versión de los mismos, lo que a mi parecer es necesario revisar:

En primer lugar, estos se llevaron a cabo entre los día 22 y 24 de enero pasado, es decir, una semana después de la segunda vuelta presidencial, la que dio por ganador a Sebastián Piñera. Esto gatilló el que varias de las manifestaciones culturales realizadas durante el evento (especialmente en el exitoso pasacalle), se vieran marcadas por el rechazo a la primera autoridad política del país recién electa.

Sin embargo no sólo artistas y actores culturales manifestaron su opinión al respecto. Durante su acto de inauguración, la mismísima ex presidenta Michelle Bachelet entono con fuerza el himno “El pueblo unido, jamás será vencido”, y al día siguiente el ex subsecretario de cultura Eduardo Muñoz se subía a un multitudinario escenario montado en avenida Pedro Montt, agradeciendo la multitudinaria participación y levantando críticas a quienes hoy forman parte actual administración.

Pues bien, los ecos de estas manifestaciones no se hicieron esperar. La crítica realizada por parte del alcalde Jorge Castro, una vez terminada la actividad, a un conocido matutino de circulación regional, el cual titulaba “Alcalde molesto por política en el Carnaval”, señalaba: “los carnavales son del puerto y no de la política”, pero además increíblemente agregaba: “pasarán los alcaldes y gobiernos de todos los colores políticos, incluso yo, pero los carnavales culturales seguirán”.

Sin embargo hoy, a menos de un año de dicha actividad, el ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke calificó al nuevo evento como “una continuación lógica de los carnavales”, pero eliminado definitivamente los pasacalles y grandes escenarios en la ciudad.

¿Simple coincidencia o crónica de una muerte anunciada? Sea cual fuere la respuesta no podemos sentirnos ajenos a la contingencia nacional, la que ya nos daba algunas pistas sobre cuál sería el destino de los tradicionales carnavales. Esta determinación lamentablemente se alinea con la forma en que ha actuado el gobierno de turno, el que ha ejecutado políticas que van desde la bullada oleada de desvinculaciones de funcionarios de la administración pública, hasta la criticada idea de reducir las horas de historia en los colegios.

En lo personal, califico a esta medida netamente como una decisión política, más no así puramente pragmática como se ha querido mostrar. El CNCA es un órgano joven, que se empieza a direccionar, y que al mismo tiempo comienza a influir cada vez más en la realidad nacional, cuestión que no es extraño ver en varios otros ministerios de Cultura de mayor tradición.

Es de esperar que la participación no se vea menoscabada, y que la población (principalmente la porteña) haga sentir su voz y opinión frente a las autoridades, que una vez más dejan a la ciudadanía como meros espectadores de lo que debiera ser un ejemplo de construcción social y colectiva.

Cuatro años ¿son suficientes?

noreply@blogger.com (Hernán Araya) — Wed, 18 Nov 2009 02:24:00 +0000

Mucho se ha hablado estos meses sobre la necesidad de implementar medidas tendientes a mejorar la política-institucional del Estado, y específicamente sobre un nuevo cambio a la extensión del periodo presidencial, él que actualmente, y según la reforma constitucional del año 2005, tiene una duración de 4 años. Es más, en una reciente sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ya se aprobó la iniciativa que formula la necesidad de una nueva reforma constitucional, para así extender a 5 los años de dicho período. ¿Qué es lo que ha ocurrido en tan sólo 3 años para que se reactive nuevamente esta discusión? ¿Es sensata y necesaria una reforma constitucional?

Si hacemos memoria este debate no es nuevo. Desde la recuperación de la democracia a la fecha ya hemos sido testigos de varios cambios en esta materia. El primero de ellos fue durante el gobierno del ex presidente Patricio Aylwin, inmediatamente posterior a la dictadura, el que tuvo una duración de tan sólo 4 años. Posteriormente tanto el gobierno de Eduardo Freí Ruiz-Tagle como el de Ricardo Lagos tuvieron una mayor extensión, esto producto de una reforma constitucional llevada a cabo en diciembre de 1993, la que redujo el periodo presidencial de 8 años (como originalmente lo establecía la Constitución de 1980) a 6 años. Y por último, el actual gobierno presidido por Michelle Bachelet, que debido a la reforma de 2005 señalada en un comienzo, volverá a tener la misma extensión que ha comienzos de los ’90, es decir, 4 años.

Una vez hecho este alcance, pareciera ser que dicha materia ha sido producto de un extenso e intenso debate, y a la vez, debió haber sido el resultado de un gran acuerdo político entre los diversos sectores, ya que una reforma de este tipo requiere a lo menos del voto conforme de las tres quintas partes de los senadores y diputados en ejercicio según el artículo 127 de nuestra Constitución Política. Pues bien, si algo es claro en todo esto, es que nuestros congresistas y el mundo político en general aún no adoptan una posición unívoca respecto a cual sea la formula correcta para dar una solución efectiva a esta materia.

La reforma constitucional del año 2005, tenía como una de sus finalidades el que se realizasen en forma simultanea tanto elecciones presidenciales como parlamentarias, esto con el objeto de asegurar la gobernabilidad de quién estuviese al mando del ejecutivo, ya que de esta forma existiría una mayor probabilidad de que la mayoría parlamentaría se ajustará al presidenciable electo, lo que posiblemente no ocurriría en el caso que estas se llevarán a cabo en forma separada, razón que a mi parecer es la más sensata.

Sin embargo, hoy en día existen argumentos que critican la actual extensión de este periodo como, 1. ser un tiempo insuficiente para que el actual gobierno pueda dar inicio a políticas de largo plazo más allá de los 4 años que le corresponden y, 2. el debate y la eventual campaña presidencial comienzan prácticamente al inicio del nuevo gobierno, lo que resta interés en la labor que se encuentra realizando este último. De todas maneras, creo que dichos argumentos se sustentan más en la contingencia que en la efectividad político-institucional que asegura esta medida. Un eventual aumento a 5 años de este término, debería traer a su vez un aumento en el periodo parlamentario (esto de acuerdo con el argumento expuesto sobre las mayorías que se constituirán en el Congreso), lo cual sería excesivo considerando que el periodo de un Senador se extendería a 10 años, lo que parecería ser un gran paso tendiente a la eternización en los cargos de representación popular.

Por esta razón, defiendo el periodo presidencial de 4 años, pero creo que una mejor formula sería adoptar un modelo eleccionario similar al estadounidense, que junto con tener una duración de 4 años, otorgaría derecho a sólo una reelección posterior. De esta forma no sería necesario modificar el periodo en ejercicio de los honorables de las cámaras, y además sería posible darle continuidad al proyecto del actual gobierno, todo esto en la medida que la ciudadanía apruebe la gestión anterior del ejecutivo, otorgándole su voto como lo hizo en una primera oportunidad.

Es de esperar que la indecisión de nuestros congresistas en esta materia se salde de una vez por todas y que se tome una determinación con miras una obtener una mejor y más eficiente institucionalidad republicana, dejando de lado todo tipo de consideraciones eleccionarias o corto-placistas.