La morosidad que están sufriendo los bancos está en unos niveles que no se veían desde noviembre de 1996. La tasa actual de la morosidad bancaria está en el 4,50%, cuando hace tan sólo dos años era del 0,76%.
Una primera lectura de esta cifra es que los bancos están sufriendo la crisis igual que todos los demás sectores empresariales en España. Pero esta visión está sesgada, ya que una morosidad alta de la banca implica que son las empresas y los particulares los que están teniendo dificultades para poder pagar sus créditos, es decir, son los clientes los que verdaderamente tienen problemas de liquidez.
Si nos fijamos exclusivamente en la morosidad de las empresas y los empresarios individuales que tienen créditos abiertos en entidades de crédito, la morosidad es incluso mayor, un 4,75%. La morosidad empresarial más alta desde diciembre de 1998 (que son los primeros datos donde el Banco de España comprara los créditos concedidos y los créditos dudosos de las empresas).

Es decir, las empresas y autónomos españoles tienen un déficit de liquidez de 48.203 millones de euros con las entidades de crédito ¡¡más de 8 billones de las antiguas pesetas!! Y si tenemos en cuenta que normalmente se suele pagar a los bancos antes que a determinados proveedores, podemos suponer que la necesidad de circulante de las empresas españolas es mucho mayor.
Y si los bancos tienen tasas de morosidad tan altas, se guardarán mucho de dar crédito a las empresas salvo que el riesgo sea mínimo o inexistente. Y si las empresas no reciben financiación, pues no podrán pagar sus deudas (financieras y comerciales), no podrán invertir en mejoras productivas, no podrán comprar aprovisionamientos y no podrán vender. Y si no vende, no podrá pagar sus deudas y entre ellas las deudas financieras. Y si no pagan sus deudas financieras, los bancos tendrán tasas de morosidad altas y cerrarán el grifo del crédito a las empresas, y si las empresas no reciben financiación, pues no podrán pagar sus deudas… ¿un dejavú? No, es la realidad, la pescadilla que se muerde la cola.
Y dado el escaso margen de maniobra que tienen las empresas, si los bancos (que tienen beneficios multimillonarios) no abren la mano, la pescadilla se morderá la cola eternamente. Una de las partes tiene que ceder, y puesto que las empresas no pueden crear dinero de la nada, tendrán que ser los bancos quienes aumenten la liquidez concediendo créditos a las empresas, porque capacidad para ello tienen. Ahora, voluntad no se yo.

El secretario general de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Alejandro Couceiro, acompañado por el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, Fernando Borrachero y el director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, ha presentado hoy la “Guía práctica de gestión de crédito”, con el objetivo de ampliar los conocimientos de los empresarios sobre este tema, y contribuir a reforzar la capacidad de actuación de las empresas ante situaciones como las actuales.

Durante la presentación de esta guía, el secretario general de CEIM, Alejandro Couceiro, aseguró que “la crisis ha demostrado que las empresas y, especialmente, las pymes se están viendo muy afectadas por las pérdidas derivadas de impagos”.

Alejandro Couceiro dijo que hay que “cambiar el modelo de negocio y las prácticas comerciales deben ser una prioridad para las empresas. Es una cuestión estructural y no coyuntural”.

Asimismo, el secretario general de CEIM hizo especial hincapié en la necesidad a realizar cambios en la legislación básica sobre la morosidad de pagos. “La Unión Europea ya los ha propuesto y esperamos que den pronto resultados”, afirmó Alejandro Couceiro.

En este sentido, el secretario general de CEIM instó a las Administraciones públicas españolas a empezar a ser parte de la solución en este tema.

Para ello, Alejandro Couceiro considera “imprescindible” abrir un debate sobre el papel del sector público en la economía, en el que se aborden temas tan esenciales como cómo mejorar su eficiencia y eliminar las distorsiones que su actividad genera en el sector privado.

La “Guía práctica de gestión de crédito”, elaborada por CEIM e Intrum Justitia, contempla un decálogo de recomendaciones básicas que pueden ayudar a las empresas a mejorar su política de gestión de crédito:

1. Desarrollar una política de crédito clara. Incluir dentro del contrato las condiciones de venta a crédito, incluyendo las consecuencias de presentar algún retraso en el pago. Establecer un límite de riesgo para cada uno de sus clientes. Asegurar que todas las ventas queden documentadas con al menos: una orden de pedido, un albarán y la factura. Colaborar con una compañía especializada en servicios de gestión de crédito y cobros para externalizar una o varias fases de la gestión de crédito. Y por último, detener nuevas ventas a crédito a los clientes que presentan irregularidades en el pago de sus facturas.
2. Aplicar límites de crédito efectivos. La clave para definir estos límites  es contar con la mayor información posible para poder tomar la decisión más adecuada, tanto en lo que se refiere a la capacidad financiera de su empresa para ofrecer crédito a sus clientes como a la capacidad de sus clientes para pagar dicho crédito. Establecer medidas especiales para los casos de retraso en el pago de las facturas, como por ejemplo, cobro de intereses de demora o costes administrativos de recuperación.
3. Comprobar las direcciones rutinariamente.  La experiencia ha demostrado que tener la precaución de contar con la información correcta de contacto de sus clientes es un factor clave en la optimización del proceso de gestión de crédito y cobro. Como regla general, se deben tener al día los principales datos de facturación de sus clientes, principalmente: nombre del interlocutor válido, dirección de contacto, teléfono, fax, correo electrónico y CIF.
4. Llevar a cabo una revisión periódica de la solvencia de los clientes. Las principales preguntas que se deben hacer sobre el comportamiento de los clientes son:
   ¿El cliente ha solicitado un incremento en el plazo de pago del crédito?
   ¿El cliente se ha excedido en el límite de crédito acordado?
   ¿El cliente atribuye incidencias en las facturas para retrasar el pago de las mismas?
   ¿El banco ha devuelto algún recibo relacionado con el cliente?
   ¿El cliente tarda más de lo habitual en pagar?
   ¿El cliente ha reducido el importe medio habitual de sus compras?
   ¿Tiene conocimiento de otros proveedores (no competidores directos) que tengan problemas de demora con el mismo cliente?
5. Ofrecer plazos de pago flexibles. Es posible ofrecer un plazo de pago flexible en base al principio de “bonusmalus”. Los clientes nuevos deben acceder a plazos de pago más cortos que los plazos de pago establecidos para los clientes habituales (que realizan sus pagos en la fecha de vencimiento). Al mismo tiempo, se les ofrece la posibilidad de un plazo de pago más largo para las siguientes ventas, una vez que se ha comprobado que realizan los pagos en el plazo acordado.
6. Mantener un histórico de información del comportamiento de pago de los clientes. Mantener un histórico permitirá llevar a cabo un adecuado seguimiento de sus clientes actuales, definir las nuevas condiciones en el caso de reactivar antiguos clientes y desarrollar un modelo comercial que le permita prevenir iniciativas de venta a crédito a clientes con altas probabilidades de convertirse en morosos o responsables de impagos.
7. Comenzar la reclamación de las deudas en cuanto ha pasado la fecha de vencimiento. El método más exitoso es el denominado “Fórmula 2-2-2”:
   Envío de la primera carta para recordar el pago dos semanas después de la fecha de vencimiento, como máximo.
   Enviar solamente dos cartas adicionales para recordar el pago antes de acudir a un especialista para gestionar la deuda.
   Mantener un ritmo de dos semanas entre las cartas enviadas.
   En todo caso, se debe complementar la gestión con otro tipo de acciones como llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos, etc.
8. Aplicar intereses de demora y costes administrativos de recuperación. De esta manera, aquellos clientes que cumplen con sus obligaciones de pago no tienen porqué “pagar” por aquellos que no lo hacen y así conseguirá que la empresa sea más competitiva.
9. Comenzar la gestión de cobro con mayor anticipación. La mejor opción siempre es buscar el pago amigable ya que resulta la opción menos costosa y la más orientada hacia el cliente. Ya sea que la gestión la realice por su cuenta o la externalice, realizar una gestión de cobro activa no tiene por qué deteriorar la relación con sus clientes, por el contrario ayudará a sanar la situación y reanudar las ventas a crédito sin perjudicar la solvencia y liquidez de su empresa.
10. Recordar que una venta no es una venta hasta que se ha recibido el pago por el producto o servicio. Proporcionar al equipo de ventas una base de datos con información sobre rentabilidad ayudará a desplazar su enfoque de simplemente vender, a involucrarse también en recibir el pago por los productos o servicios.

A pesar del inminente cumplimiento de la fecha límite, todavía sigue el debate en toda Europa, con los bancos de la Eurozona cuestionándose sobre qué enfoque deben tomar con respecto al Débito Directo SEPA (SDDs, de SEPA Direct Debit). En noviembre de este año todos los bancos deben haber completado la implementación de sistemas que les permita recibir SDDs, pero está claro que una gran proporción de las entidades todavía no ha empezado con sus proyectos. Hay muchos motivos para esta vacilación pero principalmente destaca la preocupación sobre si existe una ventaja económica para migrar. Así y todo, podemos afirmar que sí existe dicha ventaja, y no sólo en términos de cumplir con los requerimientos regulatorios.

El camino al SDDs empezó hace diez años con el lanzamiento del Plan de Acción para los Servicios Financieros de la UE (FSAP por sus siglas en inglés, Financial Services Action Plan), un esquema ambicioso diseñado para crear un mercado único para los servicios financieros en la Unión Europea. De ahí surgió la idea de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, de Single European Payment Area), que es una parte importante de la visión para armonizar las industrias bancarias de los estados miembro. Con cerca de 70.000 millones de transacciones anuales, Europa cuenta con casi una tercera parte del volumen de los pagos bancarios y los países de la Eurozona cuentan con cerca del 73% de este total. Por ello, crear un área uniforme de pagos para la Eurozona fue siempre un plan ambicioso.
El primer paso, la migración a las Transferencias de Crédito SEPA (SCTs, de SEPA Credit Transfer) en los primeros meses de 2008, se cumplió sin mucho problema. Esto fue en gran parte por el hecho de que el modelo para los servicios de transferencias de crédito ya estaba en marcha. Es más, las SCTs no supusieron un trastorno tecnológico o financiero significativo para los bancos o las corporaciones.
El siguiente hito de la SEPA – el Débito Directo SEPA (SDDs) – que se pondrá en funcionamiento en noviembre, está suponiendo un mayor reto. Los bancos que aún no han empezado sus proyectos SDD necesitan urgentemente definir su ámbito empresarial para la migración SDD y elegir un camino sencillo para su implementación si quieren cumplir con la fecha límite y disfrutar de los beneficios de una única zona de pagos en euros.
El paso al SDD es complicado por el hecho de que los riesgos y los mandatos SDD son diferentes en cada país. Es más, casos específicos como las tasas para el nivel de intercambio en los débitos directos internacionales han supuesto un punto complicado. Hasta la fecha, cada país ha tenido diferentes necesidades y estructuras de cargo, pero hasta hace poco las autoridades europeas no han indicado ni clarificado las tasas de intercambio para los servicios que los bancos se suministran entre sí. Por ejemplo, Francia ha cobrado siempre 0,12€ por débito directo mientras que la mayoría de los países ofrecen dicho procesamiento gratuitamente a través del pago cruzado. Italia, sin embargo, tiene un producto totalmente diferente con lotes y estructuras de fechas que permiten a los bancos italianos la capacidad de generar un margen significativo en el procesamiento de los débitos directos. Tal enfoque tendrá que cambiar bajo las normas del SDD y también de la Directiva de Servicios de Pago (PSD, de Payment Services Directive), que ofrece la plataforma legal necesaria para la SEPA. De hecho, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo acaban de anunciar que los bancos europeos tendrán que abolir las tasas de intercambio sobre las transacciones de débito directo en el 2012 bajo las normas antimonopolio de la Unión Europea.
Como resultado de la confusión acerca de cuestiones como las tasas de intercambio, muchos bancos no disponen de suficiente claridad para dar apoyo a su ámbito empresarial SEPA, luchando por justificar un entorno financiero convincente para la migración, cumplimientos aparte. Además, los bancos de la zona suelen verse incapaces de articular los beneficios del cumplimiento SDD para su base de clientes corporativos. Después de todo, hasta la llegada del SDD simplemente no era posible llevar a cabo débitos directos internacionales, por lo que, si han sobrevivido tanto tiempo sin ellos, pocos son capaces de percibir el valor que la introducción de los SDDs supondrá para su negocio.
A medio plazo, los SDDs reemplazarán los procesos de transferencias domésticas, y ya no serán requeridas las infraestructuras y formatos antiguos. De todas formas, los bancos de la Eurozona necesitan darse cuenta que, a pesar de los costes iniciales involucrados en la migración a los sistemas de pagos conformes a SEPA, habrá numerosos beneficios empresariales a largo plazo, particularmente en el clima económico actual. Estos beneficios necesitan ser comunicados y comprendidos en mayor profundidad – tanto por los bancos como por sus clientes corporativos.
De manera más significativa, la migración a los instrumentos SDD resultará en considerables reducciones en los costes relacionados con los pagos de transacciones. Los SDDs llevarán a una centralización de la función de la gestión del efectivo dentro de los bancos, facilitando el uso de un solo set de servicios de pago a través de una sola infraestructura de pagos centralizada. Ya se ha calculado que el ahorro en costes relacionado con dicha centralización de los sistemas bancarios de transacción puede por ejemplo, llegar a los 60 millones de euros por año.
De hecho el Banco Central Europeo (BCE) hace hincapié en este punto. De hecho, Gertrude Tumpel-Gugerell, miembro de la junta ejecutiva del BCE, ha exigido recientemente fijar una fecha definitiva para la migración de los sistemas nacionales, siendo una razón clave que “es ineficiente y costoso el tener dos sistemas en funcionamiento de manera paralela en un periodo de tiempo prolongado” (Finextra, 17 de marzo de 2009). Es más, no sólo los bancos multinacionales con oficinas en varios países de la Eurozona serán los que esperen ver beneficios; un banco de un tamaño pequeño-mediano con sólo unas pocas oficinas pero con una base de clientes multinacional que requiera los pagos SEPA también se beneficiará financieramente del nuevo sistema de pagos. Los gastos operacionales se verán reducidos mediante la eliminación de la duplicación de sistemas y procesos multinacionales existente y con la implementación de una solución centralizada que se despliegue de manera uniforme y consistente para los clientes del banco en sus mercados locales.
Los bancos necesitan considerar el hecho de que, en el proceso de implementación del SDD, cada mandato de débito directo será identificado por un ‘número’ de mandato único que será incluido por el acreedor en el primer y los sucesivos cobros. En vez de requerir los números básicos de la cuenta bancaria (BBANs), los bancos también necesitarán los números de la cuenta bancaria internacional (IBANs) y los códigos de identificación del banco (BICs) para todas las transacciones internacionales. Algunos países, como Italia, también han sustituido sus estándares para el número de cuenta local con el formato del BIC y del IBAN para sus pagos nacionales. Así y todo, esto requiere que los bancos analicen las soluciones para la creación, validación e intercambio electrónico de los mandatos SDD en un entorno en tiempo real.
También es obvio que en el entorno económico actual, es un reto para los bancos justificar gastos en nuevas tecnologías. De todas formas, migrar a un sistema de pagos SDD ayudará a las instituciones financieras a reducir sus costes administrativos y potenciar la seguridad para los acreedores, mientras que los deudores encontrarán más conveniente la firma electrónica para los mandatos de débito directo.
Sin embargo, a pesar de las restricciones actuales en el gasto, la crisis económica actual no debe utilizarse como excusa para ralentizar el trabajo relacionado con SEPA que ya está en marcha. La migración a los instrumentos SEPA es necesaria para asegurar que Europa va más allá en los servicios de pago, para incrementar la eficiencia en los pagos y para adoptar la innovación a través de una plataforma de pagos nueva y moderna.
En esta etapa hay muchos retos que afrontar, como los costes de implementación, los tiempos, la integración con otros sistemas, a la vez que se cumple con los requerimientos y las expectativas de los clientes. Así y todo, mediante la eliminación de la fragmentación de los sistemas de pago actuales y avanzando hacia los instrumentos armonizados de pago y hacia los estándares de procesado en todos los países de la Eurozona estamos contribuyendo a una posición más fuerte para la Unión Europea. Si se tratan los requerimientos de SEPA ahora, los bancos europeos también estarán en una posición adecuada para acatar los requerimientos futuros de SEPA, minimizar los gastos administrativos y de mantenimiento asociados con los sistemas de pago y reducir los costes de transacción para sus clientes corporativos. Ahora es el momento adecuado para actuar.

VocaLink es una empresa líder en Europa proveedora de servicios de transacciones y de pagos automatizados para entidades financieras, grandes empresas y organismos gubernamentales.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ha publicado estos días un informe llamado Propuestas ante la Crisis, donde abordan los principales problemas que está sufriendo España en estos momentos y, además, dan su experta opinión sobre cómo resolverlos o, al menos, como atacar esos problemas para intentar eliminarlos lo antes posible. 

Los doce puntos que destacan en el informe son: 

• Recapitalizar instituciones financieras para facilitar el acceso del crédito a las pymes.
• Recuperar la normalidad en el sistema de pagos, mediante la reducción de la morosidad.
• Favorecer la recapitalización de las empresas y aliviar los problemas de  liquidez reduciendo significativamente la tributación de beneficios no distribuidos en el Impuesto sobre Sociedades y modificando el sistema de liquidación del IVA para las pymes.
• Abaratar el coste del empleo con la reducción de las cotizaciones sociales y un Pacto de Rentas entre los agentes sociales.
• Abordar urgentemente la reforma de la legislación laboral.
• Abrir un debate público sobre el suministro de energía, sin limitaciones ideológicas.
• El sector público tiene que ajustarse y mejorar sus prestaciones y la legislación que elabora.
• Agilizar la creación de empresas y reducir los costes burocráticos.
• Coordinar las políticas públicas de apoyo a la internacionalización y disponer de plan de imagen país potente y actual.
• Potenciar la Formación Profesional e impulsar la enseñanza de idiomas y habilidades en el conjunto del sistema educativo.
• Reducir los plazos para la resolución de conflictos empresariales, potenciando el uso de la mediación y el arbitraje.
• Aplicar políticas de igualdad efectivas.

Como podéis ver, se abordan muchos temas y muchos de ellos muy relevantes desde el punto de vista que más nos interesa: ayudar a las pymes!! 

El primer punto del informe lo deja bien claro, hay que mejorar el sistema financiero actual para que los recursos que el gobierno está destinando a las entidades financieras se traslade realmente hacia las pequeñas y medianas empresas (que son quienes producen y consumen) y las familias (que son quienes consumen). 

También proponen una reforma de la normativa actual para luchar contra la morosidad, con una reducción de los plazos de cobro e incluyendo la creación de un Fondo o Aval Estatal por el cual una empresa que tenga una factura impagada de una Administración Pública con un plazo de 60 días o más, pueda cobrar los importes debidos a través de dicho Fondo. 

Otro aspecto clave que trata el informe es la ayuda a la recapitalización de las empresas, que se traduce en dos medidas. La primera, la reducción en la tributación de los beneficios no distribuidos, lo que supone más dinero disponible para poder invertir en la empresa. Y segundo, modificar la fiscalidad el IVA, de tal forma que sólo se liquide cuando realmente se ha efectuado el cobro y no cuando se ha emitido la factura. En este punto todos estamos de acuerdo… bueno, todos menos el Gobierno, que ve normal que si vendes hoy 1 millón de euros en bienes, tengas que pagar 160.000 euros hoy, aunque no cobres los 1,16 millones hasta dentro de 90 días. Porque hoy quizá no puedas pagar los 160.000 euros, pero en cuanto cobres seguro que sí.  

Son muchas las medidas que propone este magnífico informe, por lo que os recomiendo que os lo leáis, para que sepáis lo que se debería hacer y, por desgracia, lo que no se está haciendo.

En la misma línea que en los últimos meses, el binomio creación-destrucción de empresas sigue siendo devastador. Se crean pocas empresas y se destruyen muchas.

En abril, se han destruido 1.106 empresas. Si lo comparamos con marzo, resulta que es un 28,5% menos de empresas destruidas, pero sólo un 6% menos que hace un año. Sí, que se destruyan menos empresas siempre es un dato positivo, pero no es indicativo de que la situación empresarial en España va bien (o al menos mejorando). Según mi opinión, este descenso se debe a que cada vez hay menos empresas que cerrar. Como diría Darwin, es la selección natural y cada vez quedan menos… los más fuertes. Lo malo es que en la evolución las especies no podían controlar el entorno en el que vivían y estaban a expensas del libre albedrío. En el mundo empresarial se puede controlar el entorno y hacerlo más favorable, pero los que lo tienen que hacer, no lo hacen.

Pero no sólo hay que mirar si se destruyen más empresas o no, lo que hay que mirar es si se dan las condiciones necesarias para crear nuevas empresas, que es la mejor política social, ya que implica la creación de nuevos puestos de trabajo. Y si nos fijamos en la creación de empresas el dato es desalentador, por una parte, y esclarecedor, por otro. Y digo esclarecedor porque no hay mejor indicador para analizar la crisis empresarial que analizar a los propios empresarios y emprendedores. Si las condiciones son óptimas los empresarios emprenderán nuevas empresas, y si no se dan las condiciones, pues no lo harán (o lo harán en menor medida). Pues resulta que en abril sólo se crearon 6.341 empresas nuevas, lo que supone casi un 25% menos que en marzo y casi un 42% menos que hace un año. Un dato muy, pero que muy, sintomático de que las condiciones empresariales, financieras, económicas, fiscales, etc. no son las adecuadas para crear un entorno de seguridad y de confianza necesarios para poner más dinero en el tejido empresarial y crear así más empresas y más puestos de trabajo.

Porque no hay que olvidar que no es el gobierno quien crea puestos de trabajo y quien contrata a los españoles. Son las empresas y los empresarios quienes crean los puestos de trabajo, y si zancadilleas a los empresarios, estás tirando piedras contra el tejado del trabajo. Para crear empleo hay que ayudar a los empresarios para que continúen con sus empresas, para que se lancen a la aventura de crear nuevas empresas y para que creen empleo.

Los dinosaurios no pudieron evitar la caída de un meteorito para su extinción, pero las empresas si pueden poner soluciones para evitar su destrucción, aunque estos remedios deben ir bien cimentados por medidas acertadas y contundentes por parte de los gobernantes españoles, que están tan ausentes… como los dinosaurios.

El número de efectos de comercio impagados de abril confirma la tendencia a la baja en los impagados de las ventas aplazadas de los consumidores, lo que es un buen dato.

En abril vencieron 9.244.339 de efectos de comercio y se dejaron de pagar 480.065, es decir, un 5,2% lo que supone siete décima menos que en marzo, donde la morosidad era del 5,9%, y una décima menos que hace 12 meses.

Si nos fijamos en los importes, es decir, en el dinero contante y sonante que los españoles han dejado de pagar en sus pagos aplazados en compras comerciales, vemos como los impagados representan un 6,23% del total del importe vencido, un punto menos que el mes anterior. En abril se dejaron de pagar 1.354 millones de euros en mensualidades, mientras que el mes pasado esta cifra se elevaba a 1.730 millones y hace doce meses a 1.405 millones.

La reducción de esta cifra no es indicativa de que la morosidad esté bajando per se, es decir, porque paguemos mejor, si no que el consumo está bajando, y como se gasta menos, pues se impaga menos.

Ya llevamos varios meses con una tendencia a la baja en esta cifra de morosidad, que esperemos que siga así hasta niveles más normales.

En la actualidad se han extendido unos nefastos hábitos de pago que suponen un riesgo importante para las empresas proveedoras de bienes y servicios. En el último año se ha producido un colosal deterioro de las prácticas de pago puesto que el mencionado estudio revela que en el año 2009, el plazo medio en el pago de facturas en España ha pasado a ser de 124 días, lo que supone más del doble de la media Europea.

Hay que hacer notar que el deterioro de las prácticas de pago no sólo se debe a factores coyunturales, sino que también refleja una evolución estructural de las relaciones entre empresas. Por lo tanto el fenómeno de la morosidad no se debe imputar únicamente a la evolución de los ciclos económicos, sino que también existen causas estructurales. Indudablemente la morosidad pueda aumentar debido a causas coyunturales, como puede ser la desaceleración de la actividad económica o el enfriamiento de la economía, puesto que en períodos difíciles, en los que se produce un encarecimiento del coste del dinero,  las empresas utilizan la prolongación de los plazos de pago como un sustitutivo de los créditos bancarios.

También es cierto que en épocas de crisis los índices de morosidad se suelen disparar y  se producen fenómenos de siniestralidad en cadena, puesto que los problemas en el pago se contagian entre las empresas.  Pero además hay que tener en cuenta otras causas estructurales como pueden ser la actitud de algunos actores económicos (como es el caso de  las grandes corporaciones empresariales, las enormes empresas industriales, la gran distribución comercial, el sector sanitario y las administraciones públicas) de prolongar deliberadamente los plazos de pago –o sea fuerzan al proveedor a conceder aplazamientos más largos– aprovechando su posición dominante en perjuicio de las empresas más pequeñas.

Otra causa estructural es la cultura de la morosidad que se ha desarrollado en los últimos tiempos, hasta el punto que pagar tarde se ha convertido en un comportamiento generalizado. Un estudio del año 2009 descubrió que algo más que la mitad de las empresas españolas no respeta los vencimientos de pago de las facturas y se demora en la liquidación de las mismas. Asimismo según el mismo estudio los retrasos medios en el pago de las facturas vencidas es muy superior a la media europea.

Además el España sale muy mal parada en el índice de pagos elaborado por Intrum Justitia (Payment Index) que expresa el riesgo potencial de cada país europeo a lo hora de cobrar las operaciones comerciales. El Payment Index de Intrum Justitia está destinado a comparar los distintos países europeos, desde el punto de vista de riesgo de morosidad. Para confeccionarlo Intrum Justitia ha utilizado 21 diferentes datos económicos e índices como plazo contractual, retraso medio, antigüedad de la deuda vencida, y créditos fallidos. El índice va de menor puntuación menor riesgo y a mayor puntuación mayor riesgo, es decir en una escala en la que 100 representa el menor índice de riesgo y 200, el mayor. El estudio presentado por Intrum Justitia en 2009 revela que España ha pasado del nivel 159 en 2008, a un índice de riesgo de 166 en 2009, calificación que supone un elevadísimo riesgo de impago. De los 25 Estados analizados de la UE, España es el sexto país con mayor índice de riesgo de impago; de los estados del sur de Europa sólo Portugal y Grecia superan al España en índice de riesgo. Además, según señala el estudio, el 90 por ciento de las empresas españolas cobra sus servicios o productos con retraso. Asimismo el informe de Intrum Justitia reveló que España es el país europeo donde más se tarda en cobrar las facturas, sólo superado por  Grecia.

Uno de los pricipales problemas actuales de las empresas es el acceso a la financiación ajena, ya que el descenso de las ventas, el aumento de la morosidad y las trabas que nos ponen los bancos hace muy cuesta arriba financiar nuestra tesorería.

De entre las diversas opciones de financiación ajena existen los pagarés de empresa o pagarés financieros (no confundir con los pagarés de cuenta corriente, es decir, los que son “tipo cheque”). Un pagaré de empresa es un valor de renta fija (del estilo a las Letras del Tesoro) emitidos por empresas privadas o por administraciones públicas no estatales (ayuntamientos o comunidades autónomas). El pagaré de empresa implica una obligación, por parte del emisor, del pago al tomador (el comprador del pagaré de empresa) de una cierta cantidad de dinero (el valor nominal del pagaré de empresa) en un momento futuro (a vencimiento del pagaré de empresa).

Los pagarés de empresa se emiten al descuento con cupón cero, es decir, no generan intereses pero su precio de compra es inferior al precio nominal del pagaré. Por ejemplo, un pagaré de empresa de nominal 50.000 euros, tiene un precio de compra de 49.000 euros. La rentabilidad, por tanto, viene marcada por la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal del pagaré. En este caso (suponiendo que el vencimiento es a 12 meses), la rentabilidad sería de 1.000 euros, que en porcentaje sería del 2,04%.

La rentabilidad de los pagarés de empresa suelen ser algo mayor que la de las Letras del Tesoro, puesto que las Letras no tienen retención fiscal, pero tampoco suelen ir mucho más allá. Por tanto, la rentabilidad suele estar entre la rentabilidad de las Letras y el coste de acceso a financiación bancaria. Es decir, si el banco nos ofrece financiación al 5%, es tontería emitir pagarés que resulten en un coste (unos intereses para el inversor) del 10%.

El vencimiento de los pagarés de empresa suele ser a corto plazo, siendo lo normal vencimientos de tres, seis, doce o dieciocho meses, aunque los hay con vencimientos de una semana o de dos años.

La emisión y colocación de estos pagarés de empresa puede realizarse mediante subastas competitivas en el mercado primario en las que se determina el precio de adquisición, o también se pueden negociar directamente entre el inversor y la entidad financiera. Existen dos formas de emisión:

• Emisión en serie: Esta modalidad exige su inscripción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (lo que supone una supervisión y el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de garantía y transparencia), se emiten mediante subasta o adjudicación directa y cualquier inversor (mayorista o minorista, es decir, grandes instituciones y particulares) puede acceder a ellos. Normalmente esta es la forma de emisión de las grandes empresas y su emisión incluye la intermediación de una entidad financiera.
• Emisión a medida: No tienen que inscribirse en la CNMV (con lo que su emisión no está supervisada por ningún organismo público), se adapta a las necesidades del inversor y la empresa emisora vende directamente a los inversores, sin la intervención de entidades financieras, en lo que se denomina emisión por adjudicación directa.

Las pequeñas y medianas empresas normalmente utilizan esta segunda opción, es decir, emiten pagarés a medida, ya que no requieren la autorización y supervisión de la CNMV y es un tipo de operación adecuada para financiar el circulante en el corto plazo. En muchas ocasiones, los pagarés de empresas emitidos por las Pymes son comprados por otras empresas y son a medida de las necesidades de la empresa emisora y la empresa compradora, con lo que en ocasiones supone una especie de préstamo entre empresas.

Un ejemplo de emisión de pagarés de empresa es la reciente emisión realizada por Nueva Rumasa, que seguro habéis leído, visto o escuchado estos últimos meses en medios escritos, digitales y audiovisuales, aunque esta emisión tiene una serie de particularidades que no llegan a hacerla una emisión típica, pero es un ejemplo reciente que seguro que muchos habéis conocido.

Desde el punto de vista de la empresa, la emisión de pagarés de empresa supone unos menores costes de acceso a la financiación, y desde el punto de vista del inversor supone una mayor rentabilidad que otros títulos de renta fija similares (básicamente las Letras del Tesoro). El problema de los pagarés de empresa es el riesgo y la seguridad, ya que quien respalda la emisión del pagaré de empresa es la propia empresa, es decier, los pagarés de empresa no tienen más garantía que la garantía que pueda aportar la propia empresa emisora. Aunque también pueden llegarse a acuerdos con entidades financieras para respaldar la emisión y hacer “más segura y más atractiva” la inversión.

Los pagarés de empresa suelen negociarse en el mercado secundario AIAF Mercado de Renta Fija (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros), que es el mercado secundario no oficial de valores de renta fija, lo que proporciona cierta liquidez a este tipo de emisiones.

Por tanto, los pagarés de empresa son una solución más disponible para pequeñas, medianas y grandes empresas, que puntualmente pueden suponer una buena manera de financiar el circulante en el corto plazo.

El Banco de España, en su último Boletín Económico, ha publicado una encuesta sobre el acceso a financiación para empresas no financieras, encuesta que puedes descargarte pinchando aquí.

Son muchas las conclusiones de este informe, si bien, no son excesivamente sorprendentes debido principalmente a que ya “estamos curados de espantos”. El único dato que sí que me llama la atención ha sido una de las causas por las que las empresas españolas han tenido que buscar financiación extra.

Los motivos por los que las empresas tienen que “tirar” de manera extraordinaria de sus líneas de crédito son variadas, pero es chocante que la segunda principal causa por la cual una empresa española tiene que acceder a pólizas de crédito extra (es decir, a tener que disponer más de lo habitual o a tener que solicitar mayor límite o nuevas líneas) sea la morosidad. En concreto, algo más del 17% de las empresas han tenido que endeudarse más porque su morosidad era tal que o se endeudaban o desaparecían.

El informe del Banco España también apunta que cuanto más pequeña es una empresa, más dificultades encuentra para el acceso o la renovación de su financiación con entidades de crédito. Así mismo, si la situación de las empresas es muy ajustada, el acceso a la financiación se reduce drásticamente, por lo que muchas tuvieron o que poner más dinero de su bolsillo (más bien del de los accionistas), recortar las inversiones previstas o vender activos.

El comienzo de las conclusiones del informe lo deja bien claro, “los resultados de la encuesta encargada por el Banco de España apuntan a unas mayores dificultades de acceso al crédito en las empresas que tienen una situación financiera más ajustada, en las de menor tamaño y en las inmobiliarias y constructoras.”

Echad un vistazo al informe que, aunque seguro que no os revele nada que vosotros mismos no hayáis sufrido, os daréis cuenta que no estáis solos. Todos tenemos los mismos problemas y todos tenemos las mismas pocas soluciones.

En 1996 fundó junto a cuatro socios la primera firma online de información mercantil en España. Hoy, la empresa también analiza el creciente riesgo de impago, así como el cese de actividad de las empresas españolas.

Ante la falta de actividad empresarial, en muchas ocasiones sólo quedan dos alternativas, echar el cierre o cesar la actividad a la espera de tiempos mejores. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, aunque las estadísticas oficiales no lo reflejen en su justa medida. “En España hay muchas más empresas que desaparecen de las que lo comunican públicamente“, explica Santiago Martín Muñoz, director general de Axesor, la empresa de información mercantil online. “Y, casi siempre son pequeñas y medianas empresas que no llegan a los periódicos“, apunta.

“Hemos contactado con muchas empresas que nos consultaban información y nos dicen que no están haciendo nada y sabemos que hay clientes que simplemente han cerrado“, señala Martín. “Es normal, no se llega a esta cifra de parados y a la caída del PIB que estamos teniendo sin que cese la actividad de las empresas, simplemente cierran la persiana y se dedican a otra cosa”, justifica Martín.

En 2008, según los datos de Axesor, cesaron su actividad más de 76.500 empresas, frente a las 26.347 bajas que figuran en los registros oficiales. “Pero el número de empresas que cesa su actividad en España siempre es muy alto”, matiza el director general de Axesor. “Todos los años se constituyen unas 100.000 empresas, la mitad de éstas desaparecen en dos o tres años”. Por ejemplo, en 2007, antes de que hiciesen mella los efectos de la crisis, dejaron de estar activas 73.840 empresas, es decir, sólo un 3,4% menos que en el pasado ejercicio.

Lo que sí se redujo en 2008 fue el número de empresas que se dieron de alta. En concreto fueron 101.907, un 27% menos que en 2007. Eso sí, continuó creciendo el número de sociedades activas, un 4,5%, superando los 1,337 millones.

Pero si hay un aspecto especialmente sensible a los efectos de la crisis, ése es la morosidad. “Partimos de unos niveles de riesgo de impago mínimos, de menos del 1%, que siguen creciendo”, asegura Martín Muñoz. “Pero creo que dentro de poco vamos a llegar a los niveles máximos“, augura, “porque el riesgo sigue creciendo, pero más despacio”. Actualmente, según las estimaciones de Axesor, la probabilidad de impago es del 6% o 7%. “Creemos que tocaremos techo a finales de año o a principios del año que viene, cuando alcancemos un riesgo cercano al 10%”, adelanta.

Un repunte que, a su juicio, tiene mucho que ver con la cultura empresarial española. “Las empresas tienen dos formas de actuar en momentos de crisis económica: algunas siguen haciendo operaciones pero, si no pueden, no las pagan; y otras, cuando se ven mal, se acogen a las suspensiones de pagos o al Capítulo 11″. “Los países nórdicos tienden a pagar como sea y aquí, en los países latinos, tendemos a aplazar los pagos tanto como sea posible”, explica.

Y no todos los sectores sufren igual la probabilidad de impago. Si la media alcanza el 10%, un sector tan permeable al frenazo del consumo como la hostelería llega a superar el 40%. Le sigue de cerca la construcción, cuyo ratio de riesgo de impago supera el 30%. “La construcción ha sido y va a seguir siendo un sector potente, que tiene que seguir operando“, recalca Martín Muñoz. “Pero hay que identificar las empresas que tienen problemas para actuar con ellas de forma distinta“. “El riesgo siempre va a existir, pero hay que saber gestionarlo. Construcción y promoción son los sectores con más riesgo“, concluye.

El responsable ejecutivo de Axesor reconoce que el frenazo de las operaciones corporativas ha tenido un impacto en los resultados del grupo, aunque la creación de nuevos servicios y divisiones les ha permitido capear el temporal. “Venimos de crecer en 2008, porque estamos intentando aprovechar la coyuntura para invertir y sacar nuevos negocios, esperamos cerrar con un crecimiento de dos dígitos en ventas”. En el último ejercicio, la facturación de la compañía se situó por encima de los 23 millones de euros.

“Hemos adquirido una empresa de marketing, Datasegmento, que nos aporta el 15% de la facturación, que se centra sobre todo en la identificación de clientes que realmente sean rentables”. “En los últimos cinco años no hemos repartido beneficios, todo lo reinvertimos”, asegura Martín Muñoz. En cuanto a la expansión internacional, ésa es una vía que Axesor descarta, al menos por el momento y tras algún intento fallido en el pasado. “Estuvimos tres años en Argentina, entre el año 2000 y 2003, ya estaba en recesión, nos enfrentamos a ésta y al corralito“, apunta. “Nos metimos en un plan de expansión muy ambicioso, nos salvó que teníamos una base de clientes real, pero para una empresa pequeña era demasiado”.

Detrás de este plan de expansión estuvo la entrada en el accionariado de dos firmas de capital riesgo, una vinculada a proyectos en internet del Banco Santander y la estadounidense Capital Z, con una inversión de 24 millones de euros. “En 1999 facturábamos tres millones y la valoración de la empresa era de 30 o 40 veces ventas”, señala Martín, “era parte de la locura del boom de internet”, reconoce. Axesor nació en 1996 en Granada de la mano de cinco socios españoles. Su objetivo, ofrecer un servicio online que recopilara todas las informaciones corporativas publicadas por el Registro Mercantil. Hoy la empresa está participada por Ahorro Corporación y un fondo industrial luxemburgués.

Proteger la empresa de posibles deudas incobrables y la morosidad implica la comprobación sistemática de los límites de riesgo de cada cliente activo. Es fundamental hacer un riguroso control del crédito y tener actualizadas las referencias de información de los clientes. Confiar en que un cliente nunca ha tenido retrasos en pago es el primer paso para tener problemas.

Si bien muchas empresas son muy cuidadosas en la realización de controles de riesgo de crédito a nuevos clientes, es importante comprobar que dicha información esté actualizada. En el clima actual, los clientes pueden cambiar rápidamente de nivel de solvencia, por lo que nunca como ahora ha sido tan importante validar de forma continua todos los datos sobre los clientes activos.

La información comercial y financiera de una empresa está en Internet a un click y a bajo costo: no hay excusa para no comprobarla. El sistema del Registro Mercantil hace que se publiquen los balances con cierto retraso. Por ello se debe complementar esa información con cualquier hecho inscrito en el registro mercantil: cambios de administradores, ampliaciones o reducciones de capital o declaración de concurso de acreedores. También se han de consultar la base de datos del RAI o las incidencias judiciales (embargos, sentencias, etc.). Dicha información se actualiza de forma constante, a diferencia de los depósitos de cuentas anuales.

La ingeniería social es otro método de obtener de información muy utilizado en España, aunque en este caso es difícil separar los meros rumores de la información relevante: Cojer el teléfono y consultar al banco; tomarse un café con otro proveedor; conocer lo que los comerciales escuchan en sus visitas a los clientes, tiene su importancia. En caso que un cliente importante esté en problemas, no debemos ser los últimos en conocerlos.

Es conveniente que el limite de crédito concedido a cada cliente cumpla unas condicones:

1. Que se estime por un método objetivo, contrastado y dinámico, estableciendo revisiones periódicas.
2. Que sea establecido por otro departamento distinto al comercial.
3. Que guarde relación con el método de pago utilizado y el plazo de cobro.
4. Que guarde coherencia con el volumen de ventas a ese cliente.

La morosidad está claro que está subiendo como la espuma y esta morosidad salpica a todos los sectores. Tanto empresas, grandes y pequeñas, como administraciones públicas y como el sector financiero se están viendo muy afectados por los problemas financieros que sufre toda España.

En otras ocasiones ya hemos comentado la morosidad en términos de efectos de comercio impagados (cheques, pagarés, letras, etc.), que está en máximos históricos. Las empresas (y particulares) dejan de pagar las deudas que tienen con otras empresas, lo cual es malo para ambas partes, puesto que indica que una tiene problemas de liquidez, y la otra los tendrá.

Pero no sólo dejamos de pagar a nuestros proveedores de mercancías y/o servicios, si no que también dejamos de pagar a nuestros proveedores de dinero, es decir, a los bancos. Según las estadísticas del Banco de España en el primer trimestre de este año la morosidad de las empresas y particulares ha alcanzado el 4,46%.

De los 1.861.749 millones de euros prestados a la sociedad española, 68.635 millones de euros son contabilizados como morosos. Esta morosidad se entiende como aquella deuda que tienen importes vencidos por cualquier concepto (principal, intereses,…) bien con una antigüedad superior a tres meses, bien por un importe superior al 25% de la deuda.

En 2006, esta morosidad estaba en el 0,84%, es decir, en tres años la morosidad bancaria se ha quintuplicado. Con estas cifras, no es de extrañar que la banca sea reacia a prestar dinero a empresas y a particulares, aunque está claro que sin su confianza y sin sus apuestas de futuro, la economía española tendrá más dificultades para superar la crisis.

Es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo tengo dificultades y no me das dinero, yo no consumiré, si no consumo, la empresa a la que dejo de comprar tendrá problemas, si tiene problemas dejará de pagar a otras empresas y a los bancos, si las otras empresas no cobrar, cierran y si los bancos no cobran, cierran el grifo…y así hasta el infinito.

Y está claro que los bancos no son “hermanitas de la caridad”, pero si además el Gobierno de España no pone una red de seguridad adecuada para proteger y ayudar A TODOS la pescadilla nunca dejará de morderse la cola. Confiemos es los empresarios y confiemos en el sector bancario… y si todavía te sobra algo de confianza, dásela al Gobierno, que digo yo que alguna vez tendrá que acertar en algo… ¿o no?

Los bancos no financian: ni pólizas de crédito ni descuento de pagarés. Los cobros se retrasan y el volumen de ventas disminuye. Cuando se es un pequeño empresario y te enfrentas a una sequía de crédito viendo como la  caja de tu empresa desaparece, se han de tomar medidas de urgencia: Hoy lo importante no son los nuevos proyectos, ni los beneficios contables. Lo único importante ahora mismo es cuidar el flujo de caja del negocio:

La crisis pasará y lo importante es que tu empresa sobreviva para afrontar tiempos mejores. He aquí unos sencillos consejos de ayuda para cuidar lo más preciado del negocio: la caja.

1. Planificación de Pagos

Haga una lista de todos los pagos pendientes y previstos para los próximos meses. Revise la lista una y otra vez: Busque qué más se puede aplazar. Intente negociar un retraso de pago o reducción temporal del alquiler. El “no” ya lo tiene: Inténtelo. Evite toda compra que no sea vital para la supervivencia del negocio.

2. Acelerar los Cobros

Llame a los clientes para controlar los pagos que están atrasados. Si hay buena relación con el cliente, solicite pronto pago a cambio de una rebaja en el saldo vencido, siempre que pague en menos de una semana.

3. No retrases las facturaciones

Los procesos administrativos dentro de la empresa se han de acelerar. No se debe esperar al día 15 del mes siguiente para facturar. Cuanto antes reciba la factura un cliente, antes se cobrará. Si se tarda en enviar las facturas una semana, estamos demorando los ingresos una semana. Si facturamos 10.000 euros a la semana, tendremos 40.000 euros menos al mes de capital circulante.

4. Ofrecer descuentos en las facturas

Use los descuentos de pronto pago generalizados. Tenga en cuenta dos factores; primero que el margen del negocio ha de permitir ese descuento; segundo, que no se debe transmitir a la clientela la imagen de estar desesperados por conseguir dinero.

5. Factura con más frecuencia

Hasta ahora, la empresa facturaba una vez al mes. Ahora se debe cambiar: facturar por ejemplo el dia 1 y el 15 de cada mes. Es el mismo razonamiento que en el punto 3: cuanto antes facture, antes cobro.

6. Exija pagos por adelantado

En caso de tener un nuevo cliente con pocas o nulas referencias, no debe tener miedo a pedir provisiones de fondos por adelantado para empezar a trabajar. Asuma el riesgo de no ganar dinero, pero evite a toda costa el riesgo de perderlo por un impago.

7. Ajuste el calendario de sus deudas.

Aproveche al máximo el tiempo de pago que le den sus proveedores (30, 60 o 90 dias). Es financiación gratuita.

8. Cuadro de Flujos de Caja

Ponga en una hoja de cálculo todas las previsiones de ingresos y pagos. Use escenarios optimistas y pesimistas. Póngase en el caso de sufrir impagos y piense en las consecuencias que ello tendría en sus propias obligaciones de pago.

Si estás pensando en montar una empresa pero crees que todavía no es el mejor momento para dar el paso definitivo y tienes el dinero esperando en el banco para cuando la situación mejore, tienes un tipo de cuenta de ahorro que te dará una mayor rentabilidad que una cuenta corriente normal y, además, desgravará fiscalmente (lo cual, nunca viene mal). Se trata de las cuentas ahorro-empresa, que en nuestro país existen ya desde hace unos cuantos años, aunque no todo el mundo conoce de su existencia.

Estas cuenta ahorro-empresa son muy similares a las populares cuentas ahorro-vivienda, salvo que en vez de ahorrar para comprar un piso, estaríamos ahorrando para abrir una nueva empresa.

Las cantidades invertidas/ahorradas en una cuanta ahorro-empresa tendrán una deducción fiscal del 15% en el IRPF, con un límite anual de 9.000 euros, por lo que te puedes ahorrar fiscalmente un total de 1.350 euros anuales, que no es poco. La duración de estas deducciones fiscales será de cuatro años (como ocurre con las cuentas ahorro-vivienda), con lo cual, en los cuatro años siguientes a la apertura de la cuenta ahorro vivienda habrá que crear una nueva empresa bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada Nueva Empresa, y deberá tener al menos un empleado a jornada completa y deberá disponer de un local o sede comercial.

Una vez constituida la nueva empresa, los que se hayan beneficiado de las deducciones (es decir, los supuestos propietarios o accionistas) deberán destinar los fondos de la cuenta ahorro-empresa a comprar el inmovilizado necesario para ejercer la actividad de la empresa, en pagar los gastos de constitución y primer establecimiento y en pagar los gastos de los empleados (con contrato laboral, claro).

Otros requisitos que deben contar estas Nuevas Empresas es que al menos durante dos años deben ejercer la actividad en que consista su objeto social, deben tener un local y un empleado y deben mantener los activos comprados con el dinero de la cuenta ahorro-empresa. Es decir, no vale constituir la empresa y cerrarla a los 5 minutos, ya que con esta medida se pretende estimular el espíritu emprendedor y se pretende fomentar la creación de nuevas empresas. Cosa que actualmente puede resultar algo complicado y arriesgado.

Si se utiliza el dinero para otros fines o al pasar los cuatro años no se emplea el dinero en crear la empresa o si se transmitan inter vivos las participaciones dentro de los 2 años siguientes al inicio de la actividad de la Nueva Empresa, Hacienda nos reclamará la devolución de las cantidades deducidas. Por lo que habrá que estar seguro de que vamos a iniciar un negocio en cuatro años.

En España sigue habiendo grandes emprendedores, con ideas, nuevos proyectos e ilusiones, y con esta medida, el tiempo que se emplea en preparar y proyectar una nueva empresa puede resultar “algo más rentable” que el simple hecho de plasmar en word y excel una idea. Si además de preparar una nueva empresa, podemos desgravarnos en su desarrollo, pues bienvenido sea.

Las Pymes tienen un nuevo sistema de financiación que podría dejar de lado a los bancos (¡Qué tanto nos han ayudado últimamente!) y al ICO (¡Qué tantas facilidades nos ha dado!), y nada más y nada menos que a través del anteriormente restrictivo mercado bursátil y concretamente mediante el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y su nuevo segmento “Empresas en Expansión”.

El Mercado Alternativo Bursátil nació en junio de 2007 como un mercado para las acciones de las SICAVs (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable) y desde el momento de su concepción dejó la puerta abierta para la cotización de otras empresas que por sus singulares características no pudieran hacerlo en el mercado continuo.

Posteriormente, dentro del Mercado Alternativo Bursátil se incluyeron las Empresas de Capital Riesgo y ahora también podrán cotizar aquellas Pymes de reducida capitalización que necesitan financiación y que están en proceso de expansión. Para ello se ha creado un nuevo segmento dentro del MAB denominado “Empresas en Expansión”. De esta forma, aquellas Pymes que reúnan ciertos requisitos (que luego os comento) podrán cotizar en un mercado financiero creado expresamente para ellas, consiguiendo financiación (que es lo más importante y necesario hoy en día) y, por tanto, aumentado su competitividad y posibilidades de desarrollo y crecimiento.

Dentro del Mercado Alternativo Bursátil existen dos figuras esenciales:

1. El Asesor Registrado: Un asesor que ayudará en todo momento a la pyme para cumplir con los requisitos necesarios para cotizar.
2. Los Proveedores de Liquidez: Son intermediarios que ayudarán a las pymes a buscar compradores de sus acciones, lo cual facilitará la liquidez de las acciones y, consecuentemente, la financiación de la empresa.

Los requisitos para acceder al Mercado Alternativo Bursátil son los siguientes:

• Debe ser una Sociedad Anónima (española o extranjera), con su capital totalmente desembolsado y representado en anotaciones en cuenta, con libre transmisibilidad de sus acciones.
• Debe estar vendiendo bienes o servicios.
• Su régimen contable e información financiera debe ajustarse al Plan General de Contabilidad español o a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o a las Normas GAAP de Estados Unidos (US GAAP).
• Deberán presentar un grado de transparencia elevado, que estará regulado por el propio Mercado Alternativo Bursátil.
• Deberán publicar periódicamente (semestral y anualmente) una serie de información financiera, de gestión, de desarrollo, etc. o de información relevante para el accionista.
• Deberán contratar un Asesor Registrado y un Proveedor de Liquidez.
• Deberán permanecer cotizando al menos un año.

El sistema de compra/venta de acciones será similar al de la “bolsa tradicional”, con la fijación de precios basada en la oferta y la demanda (el denominado fixing). De hecho, se utiliza la misma base tecnológica el mercado continuo, el SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español).

Por supuesto, estar admitido a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil no es gratis, y tiene básicamente unos costes iniciales de 6.000 euros más un 0,5 por mil sobre el importe nominal admitido a negociación, luego unos costes anuales de mantenimiento de 6.000 euros.

Obviamente, esta nueva opción de acceder a financiación no es para todos ni es la panacea, pero está claro que cuantas más opciones tengamos, mayor será la capacidad de las pequeñas y (más bien) medianas empresas para poder resurgir y poder no solo subsistir, si no también crecer, que es, en definitiva, lo que toda empresa (y empresario) quiere, crecer y expandir su negocio.

Si queréis más información, podéis echar un vistazo a la web del Mercado Alternativo Bursátil.

Los expertos recomiendan al deudor hacer la primera llamada al acreedor tan pronto surjan problemas para hacer frente al pago de un plazo o una letra. Si el deudor toma la inciativa, será más fácil negociar unas condiciones favorables tales como una bajada de tipo de interés o una reducción en las comisiones.

2. No ignores tu deuda: Evita las empresas de recuperación de impagados.

Si no has podido cumplir el punto anterior y es el acreedor el que se pone en contacto contigo, no es una buena idea ignorar sus cartas o llamadas. Generalmente los bancos se dan un plazo de unos meses antes de pasar una deuda al departamento de recuperaciones y a un cobrador externo. En ese caso, perderemos mucha capacidad de negociar la deuda y obtener unas condiciones flexibles.

3. No mentir sobre la deuda.

Cuando una compañía de recuperación de impagados se pone en contacto con un deudor, no es recomendable mentir o negar la deuda, pero tampoco lo es decir a todo que sí. Lo recomendable es escuchar todo lo que el interlocutor tiene que decir y tomar buena nota de ello.

4. No Acordar un calendario de pagos poco realista.

Si un deudor acuerda un plan de pagos que no puede cumplir el problema puede ser mayor en unos meses. Es importante ser realista y analizar con rigor la situación personal.

5. No facilitar información personal.

Un deudor nunca debe facilitar información personal de ningún tipo a una empresa de recuperación de impagados: número de cuenta bancaria, direción postal, teléfono, datos o nombres de familiares o amigos. El deudor debe negarse a facilitar cualquier tipo de información de ese tipo.

6. Verifica la deuda.

Todo deudor tiene que tomarse la molestia de verificar por sus medios la realidad y cuantía de la deuda, así como pedir al acreedor que envíe la documentación que tenga en su poder asociada a la misma para poder comprobarla.

7. Contrata a un abogado.

Si el deudor no está de acuerdo con la cantidad reclamada o si una empresa de recuperaciones llega al punto de amenazar con ir al juzgado a resolver el tema, puede ser el momento de contratar un abogado. Si se cuenta con un abogado, el acreedor contactará con él directamente.

8. Concurso de Acreedores.

La declaración de concurso de acreedores para un particular supondrá paralizar todo proceso de reclamación de deudas por parte de los acreedores. Pero como vemos en este post del Blog Salmón, quizás no sea tan buena idea.

Es decir, si nuestros préstamos y créditos nos suponen unas cuotas de 3.000 euros al mes, y gracias a la inversión productiva que hemos realizado con esa financiación nos redunda en unos beneficios netos de 6.000 euros al mes, entonces el endeudamiento está más que justificado. Ahora bien, si ese coste fijo de 3.000 euros produce sólo 2.000 euros, entonces hemos hecho un mal negocio.
Pero, ¿toda la deuda es buena? La respuesta es obvia, no. Para empezar, el nivel de endeudamiento de una empresa no debería superar el 50% del total de su pasivo, o no debería superarlo en mucho. Pero hay que ir un poco más allá, y a la hora de valorar la capacidad financiera de una empresa, es interesante ver la composición de la deuda que se tenga.
Básicamente, las deudas se dividen en deudas a corto plazo y a largo plazo, es decir, aquellas que tenemos que pagar en menos de un año y las que tenemos que pagar en más de un año. ¿Y qué es mejor, deuda a corto o a largo? Pues la mejor deuda es la deuda a largo plazo. Cuanto mayor sea el plazo, menor será la presión para su devolución. No es lo mismo tener que devolver un préstamo de 100.000 euros en 10 años que en 10 meses.
La calidad de la deuda de una empresa, por tanto, se mide dividiendo las deudas a corto plazo entre las deudas totales. Cuanto menor sea el resultado, mejor calidad de deuda.
Por tanto, si al examinar el balance de un posible cliente vemos que sus deudas a corto suponen un (por ejemplo) 80% de la deuda total, su calidad es baja, lo que implica que en poco tiempo tiene que pagar una cantidad importante del dinero que debe, por lo que venderle a crédito puede que no sea una buena idea. Obviamente, también hay que tener en cuenta otros factores como el volumen total de la deuda, su activo corriente, etc. Pero en general, siempre será deseable tener deuda a largo plazo en vez de deuda a corto plazo.

La versión oficial sobre la situación de bancos y cajas españoles transmite la idea de un sistema financiero fuerte, un regulador riguroso y unas tasas de morosidad relativamente bajas si se comparan con las alcanzadas a principios de los años 90. Tras ese telón oficial existe cierta opacidad que no permite saber con claridad cual es la verdadera situación del sistema financiero español.

Con los estados financieros publicados por los bancos, ocurre igual que con los estudios sobre las reservas mundiales de petróleo: Lo único cierto es que sus datos son falsos. Tras meses de convulsión, el mercado ha asumido como un secreto a voces que los balances de las entidades españolas están maquillados.

La clave que les permite a las entidades presentar información manipulada y activos sobrevalorados es la no aplicación en España  del “mark to market” o “valor razonable de las cosas” . Esto significa que, para los activos, debe registrarse su valor de acuerdo a los últimos precios negociados de mercado y si no ha habido negociaciones deben utilizarse valores obtenidos de modelos teóricos aceptados y auditados. El Mark-to-Market no es perfecto, pero la clave es que los métodos de valoración de los activos sean conocidos por todos, sean aplicados en forma continua y no se cambien.

En España y en español, el “mark to market value” se denomina  valor razonable de las cosas, explicado en este blog el pasado mes de enero: “el valor razonable implica la contabilización según el valor teórico que debería tener un activo o pasivo, lo que implica reconocer las posibles plusvalías o minusvalías existentes (realizadas o no realizadas) a finales del ejercicio económico. Y las diferencias entre el valor contable y el valor razonable se imputarán o directamente al patrimonio neto o en otros casos a la cuenta de resultados.”

El valor razonable es un criterio de valoración más y puede que no sea el mejor en la situación actual. Pero es el que rige nuestro Plan Contable que lo define “como el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua”

Si el legislador considera que se han de relajar las normas contables debería legislar para ello, en lugar de permitir la no aplicación de la ley, que conduce a una mayor desconfianza en las entidades y en el Regulador.

La práctica habitual en la banca los últimos meses lo podéis leer aquí y es como sigue:

En Banco “X” tiene un préstamo con la inmobiliaria “MM” de 100 millones. La inmobiliara no puede hacer frente a los pagos y el Banco “X” amortiza el préstamo a cambio de quedarse edificios por valor de los 100 Millones.  Todo normal hasta que vemos que dichos edificios están valorados a precios del año 2006 (100 Millones) y no del 2009 (65 Millones, digamos): El banco ha ocultado una pérdida del 35% y se queda tan ancho.

Más tarde presenta los balances trimestrales y saca pecho habiendo ganado dinero en estas circustancias tan difíciles; para acto seguido ofrecer a la clientela participaciones preferentes o acudir a una ampliación de capital de tan sólida entidad. Al menos las Cajas tienen la decencia (o la caradura, según se vea) de dejar de hacer públicos sus estados financieros: un trabajo menos.

Leer Más:

Los resultados de la banca ¿alguien se los cree?
Resultados de la Banca, sombra aquí y sombra allá maquíllate maquíllate
Del mark-to-market al valor imaginario de los activos

Conviene retomarlo después de leer el blog de Antonio Esteban donde explica cómo abordar el problema de forma clara. Aunque la Agencia Tributaria no lo pone especialmente fácil.

En resumen, existen dos opciones de tratamiento del IVA repercutido a una empresa concursada:

- Deducir de la base imponible el IVA facturado antes de la declaración de concurso del acredor y dentro del plazo de un mes desde la declaración del mismo.
- Deducir la base imponible el IVA de facturas consideradas incobrables, considerando facturas incobrables las que lleven más de un año sin haberse pagado y que el acreedor haya instado su cobro mediante reclamación judicial.

La primera opción tiene poco margen temporal (sólo un mes) y la segunda opción es raramente admitida por la Agencia Tributaria.

Los aspectos operativos de su aplicación no son sencillos. Os recimiendo que leáis este post para mayor detalle. La ley tributaria española no facilita la modificación de las bases imponibles, los tiempos para llevarlo a cabo son muy justos y el requerimiento de información excesivo.

Moody’s ha puesto en revisión negativa la calificación a casi todas las entidades españolas ante la bajada de su fortaleza financiera (calificación BFSR: Bank Financial Strength Rating). La decisión de Moody’s afecta, a las grandes entidades españolas, Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Banco Popular y Banesto.

La calificación bancaria de Moody’s cuenta con dos elementos:

1. La fortaleza financiera intrínseca de un banco respecto de otros bancos a nivel global.  (BFSR o Bank Financial Strength Rating)
2. Los elementos de apoyo o ayuda con que cuenta cada entidad en caso de posible quiebra: Autoridades, Banco Central, Accionistas, ect.

Para El cáculo del BFSR, Moody’s se basa en cinco factores principales:

1. Franchise value:Valor actual de los proyectos que generarán una rentabilidad superior al coste de los recursos.
2. Posicionamiento de Riesgo: Punto directamente relacionado con la calidad de gestión de la entidad
3. Entorno Regulatorio: Aquí lo que prima es la supervisión del Banco de España y en la actualidad los planes de del gobierno.
4. Entorno Operativo: Directamente relacionado con la competitividad del mercado y el entorno económico.
5. Fundamentales Financieros de cada entidad.

En la segunda fase de análisis Moody’s toma en cuenta  la calidad de apoyo externo a la entidad en caso de riesgo de quiebra. Por tanto Moody’s también evalúa la calidad del posible rescate. Un rescate que puede ser propiciado por:

• Los accionistas.
• Los mutualistas.
• Los gobiernos regionales.
• El gobierno nacional.

Según Moody’s, el apoyo del Gobierno al sistema financiero con avales y el Fondo de Garantía de Depósitos mitigará el impacto de la crisis, aunque no impedirá que empeoren las perspectivas sobre la fortaleza (BFSR) de las propias entidades.

Hasta ahora y gracias a las provisiones genéricas y a los fuertes beneficios recurrentes, los bancos españoles han demostrado una buena capacidad de absorción de riesgos pese al brutal incremento de la morosidad”.Sin embargo, ahora se contempla la devaluación de todo tipo de activos de las entidades españolas debido :

• Profunda recesión que durará hasta 2010.
• Perspectivas negativas para el mercado laboral.
• Continuación del brusco ajuste del valor de la vivienda y del sector la construcción.
• Redución de provisiones de los bancos debido a la alta morosidad.

Siendo la situación muy preocupante, el peligro para los próximos meses será que empeoré la segunda parte de la ecuación: la capacidad de la Administración de reflotar bancos y cajas. Por ahora Moody’s no detecta debilidad por parte de las autoridades a la hora de acudir a posibles rescates de los bancos. Rogemos para que al menos eso, al menos, no cambie.

Leer Más:

Moodys: Global Bank Rating Methology

Los bancos españoles y sus riesgos

Tabla de aciertos de Standard&Poor’s

Con la actual coyuntura económica del mercado, una empresa puede, en cualquier momento, perder el pulso al riesgo de impago en el que está incurriendo: “el error más frecuente consiste en que únicamente se comprueba el nivel de riesgo de los clientes potenciales en el momento incorporarlos a la cartera, o que pase como mínimo un año, en el mejor de los casos, hasta que se vuelve a verificar su situación”.

El Servicio de Vigilancia Investigada Activada ayudará a las empresas a realizar este seguimiento de manera sistemática y fiable. Se trata de un servicio de alerta permanente que informa inmediatamente de cualquier novedad que se produzca en la situación de la sociedad analizada y que pueda afectar a su nivel de solvencia.

Para llevarlo a cabo, se ha dispuesto una red de analistas que realizan una monitorización permanente de las diferentes variables que indican el riesgo de morosidad de las empresas investigadas, como impagos registrados, incidencias judiciales, actos publicados en el registro mercantil, adjudicación de concursos, etc. Cada comunicación sobre cambios detectados va acompañada por una valoración cualitativa de los expertos de axesor sobre su repercusión, positiva o negativa, en el riesgo de la empresa.

Asimismo, además de consultar las publicaciones en el RAI, se realizan cuatro investigaciones exhaustivas al año para comprobar la existencia de impagados, obtener referencias de proveedores, promotores, bancos y cajas con los que trabaja la empresa, o cualquier otra situación que pueda afectar a su estabilidad financiera.

Con esta información, axesor elabora un informe que actualiza permanentemente y que, además de enviarse de manera inmediata en caso de producirse algún cambio, está disponible para que el usuario lo consulte online de manera gratuita siempre que lo necesite.

La Plataforma Antimorosidad, constituida el pasado mes de enero, está formada por numerosas patronales sectoriales, entre las que destacan: ADEGI, ADIME, AFEB, AFME, ANDIMAC, AMASCAL, AUTCAT, CECOT, CEPCO, CONAIF, FACEL, FENIE, FERCA, HISPALYT, PIMEC y UPM.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha nombrado como asesor externo a Pere J. Brachfield, experto en la lucha contra la morosidad y  director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School.

Brachfield colaborará con la Plataforma, entre otros aspectos, en el desarrollo de un documento en el que se recojan las modificaciones legales necesarias para la protección del conjunto de pymes españolas ante la creciente morosidad y en el análisis de otras legislaciones europeas en la materia.

Lograr financiación se está poniendo cada vez más difícil para las PYMES. El porcentaje de PYMES a las que se les ha denegado un crédito en febrero se ha triplicado con respecto a enero y ya alcanza el 30 por ciento.

El gran problema es que esta situación está poniendo al borde de la quiebra a 200.000 PYMES. Pues la gran mayoría de las empresas, en concreto el 87 por ciento, utiliza los créditos para hacer frente a sus necesidades de liquidez inmediata.

Pero la situación de sequía crediticia afecta a todas PYMES. El 82,3 por ciento asegura tener problemas. Los créditos que se conceden son de menor cuantía, más caros, pues los costes de financiación  están subiendo, tanto en lo que respecta a los tipos de interés como a los gastos de tramitación y comisiones y aumenta el tiempo de tramitación.

Un importante efecto de esta situación es que el 34 por ciento de las PYMES ha paralizado sus proyectos de inversión por los problemas de financiación.

Ante este panorama, se recomienda plantear una estrategia de negociación con los bancos tipo “paquete único”. Es decir, negociar con un solo proveedor especialista en ese segmento o banco y unificar todas las pólizas de crédito en una sola.

Fuente

Desde el lunes ya está en marcha la nueva línea ICO con la que se pretende financiar a aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen facturas pendientes de cobro y en las que el deudor (moroso) es un ayuntamiento o entidad local.
El nombre de esta nueva forma de financiación que proporciona el organismo nacional es Línea de Avales ICO-Anticipos Empresas y Autónomos con Entidades Locales.
La finalidad de esta línea ICO es “la concesión de avales a las Entidades de Crédito para garantizar los impagos de facturas endosadas por las empresas y autónomos, correspondientes a obras y servicios prestados a Entidades Locales.” La dotación de esta garantía es de 3.000 millones de euros, que podrá ampliarse si es necesario en una cantidad que pudiera ser similar a la ya otorgada.

Pueden acceder a esta línea los autónomos y empresas (de cualquier tamaño) que tengan facturas pendientes de pago (o certificaciones) por obras o servicios realizados para entidades locales y que se hayan entregado antes del pasado 23 de abril. Este punto me choca un poco, ya que en un principio esta medida era para ayudar a autónomos y a pequeñas empresas. Pero ahora resulta que no se hace distinción en tamaño de empresa. Por tanto, yo me pregunto ¿si una entidad de crédito tiene un límite determinado, se lo concederá a un pequeño cliente que aporta poco negocio para la entidad o a una gran empresa que puede presionar a la entidad? Ya veremos a ver qué pasa.
Aquellas empresas y autónomos que quieran acceder a esta financiación deberán endosar las facturas a las entidades de crédito, bien mediante el confirming o bien un simple acuerdo de cesión. Naturalmente, habrá de notificar al ayuntamiento esta cesión. Ahora viene otro truco, que puede suponer una pequeña dificultad para algunas empresas o autónomos, y es que para que la entidad de crédito pueda aceptar el endoso de las facturas impagadas, la empresa o autónomo debe presentar una certificación del Secretario/a del ayuntamiento donde reconozca que efectivamente deben ese dinero. Y segundo, deberá tener una notificación fehaciente a la Entidad Local de cada Acuerdo de Cesión efectuado por la empresa o autónomo y la entidad de crédito con la consiguiente toma de razón por parte de la Entidad Local. Es decir, que si el ayuntamiento no quiere reconocer la deuda, el autónomo o empresa se queda sin el aval público y sin poder ceder la factura al banco.
El máximo que podrá descontarse será de 300.000 euros (IVA incluido) y, eso sí, el banco (mejor dicho, entidad de crédito) podrá cobrar una comisión de hasta un 5% del importe de la factura o facturas que se cedan.  Pero en fin, mejor “perder” un 5% que no un 100%.
Esperemos que este nuevo aval del Estado sirva para aumentar la liquidez de las empresas y puedan estar desahogadas al menos por un tiempo.

Al igual que los bancos las grandes aseguradoras de riesgo de crédito están pasando malos momentos al intentar reasegurar sus pólizas en el mercado internacional. La causa es el creciente clima de desconfianza en torno al nivel de solvencia de las empresas y de las propias aseguradoras.

Entre los beneficiados de este plan se encuentran las dos aseguradoras de mayor tamaño del sector: CESCE (de titularidad pública) y Crédito y Caución, que cuenta entre sus accionistas al propio Consorcio de Compensación de Seguros con el 10% del capital.

Los problemas de las aseguradoras se han trasladado durante los últimos meses a las empresas. Las primas por sus pólizas se han disparado a la vez que se ha complicado el pago desde las aseguradoras por operaciones fallidas y previamente aseguradas.

Por ello, los Gobiernos han diseñado de una serie de medidas que afectan directamente a la actividad de las agencias de calificación, con el fin de evitar los posibles confilictos de intereses y la exigencia de una mayor transparencia en el proceso de elaboración de los “ratings”.

Por su parte, las agencias de “rating” están reaccionando: Standard and Poors ha publicado un informe que defiende la independencia de análisis y la ausencia de los conflictos de intereses en las agencias de calificación. En dicho informe, la agencia reconoce que se han producido ciertos errores en el pasado, aunque argumenta con fuerza que sus ratings han sido útiles para los inversores durante 90 años.

Standard & Poor’s ha tirado de datos históricos y muestra el porcentaje de fallidos sobre emisiones corporativas con rating, desde 1981 a 2008. Según estos datos, el rating asignado y el porcentaje de impago guardan estrecha relación a lo largo del tiempo: Sólo el 0,65% de las emisiones calificadas con AAA han tenido problemas de impago pasados 15 años, mientras que casi el 53% de las emisiones calificadas dentro del rango de la C han dejado de pagar.

El importe total de los efectos que vencían en marzo era de 24.296 millones de euros, lo que implica una morosidad del 7,12%. De nuevo, la morosidad sube, ya que en febrero esta tasa era del 6,58%. Si lo miramos por número de efectos impagados, el porcentaje es algo menor al mes anterior, pero en mi opinión, es más significativo el importe, ya que ese dinero es el que no llega a las empresas, independientemente de si han sido mil, dos mil o tres millones de efectos impagados.

En los últimos días, no hago más que escuchar al Gobierno y a los socialistas “que no harían” los populares en estos momentos de crisis. Efectivamente, no se lo que harían, pero seguro que algo sí que harían.

El Banco de España explica que la mayor morosidad del crédito hipotecario a residentes extranjeros se debe probablemente a que se trata de un área de negocio relativamente nueva para las entidades españolas, ya que esta población ha crecido con intensidad en los últimos años.

Recientemente se ha conocido que una de las fórmulas más utilizadas para la financiación de la compra de vivienda por parte de los inmigrantes son los “avales cruzados“, lo que algunos comienzan a denominar la “subprime española”: mediante estos avales, desconocidos se presentaban como avalistas de desconocidos. Con la llegada de la crisis esta práctica se ha revelado como una de las mayores perversiones financieras de los últimos años.

El nivel de conocimiento de los bancos sobre los clientes inmigrantes es menor, apunta el Banco de España, para el que las entidades no sólo han de ser cautelosas cuando diseñan nuevos productos financieros, sino también cuando entran en segmentos desconocidos de la actividad.

Por otra parte, y en relación a los problemas para afrontar los pagos, el número de empresas y personas que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ha marcado un récord en el primer trimestre.

Las insolvencias ascienden a 1.558, con un crecimiento del 266,6 por ciento respecto al mismo período del año anterior y un alza del 44 por ciento respecto al último trimestre de 2008. Así figura en la Estadística del Procedimiel Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que el número de autónomos en concurso de acreedores aumentaron el 278,3 por ciento, hasta 1.358.

Ahora que todos nos hemos convertido en partidarios de la regulación de los mercados, Rajan duda de que esas medidas sirvan para salvar las economías mundiales de futuras crisis, cuando el pesimismo actual se supere y vuelva la euforia a la economía.

Por ello propone una solución de regulación flexible a prueba de estados de ánimo y de ciclos alcistas y bajistas. Una regulación que permita al sistema financiero protegerse de las crisis y no impida el desarrollo en épocas expansivas:

Esta crisis ha nacido de otras anteriores: Rusia, Argentina, Brasil, México, etc. A raíz de esas crisis los países emergentes tuvieron más cuidado de usar capital extranjero para financiar su demanda interna como venían haciendo. Así, los países emergentes optaron por reducir su inversión, no endeudarse tanto y apostar por un crecimiento más ordenado.

Así, pasados unos años, estos países emergentes pasaron de ser importadores de capital a exportadores de capital, uniéndose a los exportadores tradiciones de dinero como Alemania o Japón. Para muestra un botón: el principal financiador del tesoro público americano es China.

El incremento de ahorro neto generado en una parte del mundo tenía que ser absorbido por el déficit de ahorro en otros lugares. En primer lugar fueron las empresas industriales quienes demandaron este exceso de ahorro, en especial las tecnológicas. Tras la burbuja tecnológica del 2000, estas inversiones pararon y el exceso de ahorro buscó otros caminos.

La política monetetaria relajada con los tipos de interés mas bajos de la historia dio una nueva oportunidad de canalización de ese ahorro. Así comenzó la demanda de dinero por parte de sectores muy sensibles a los tipos de interés: automóviles y vivienda: Los precios de la vivienda en relación a la renta o los precios de alquiler se dispararon  en países como España, Irlanda, holanda, Reino Unido y también Estados Unidos.

El siguiente efecto a la demanda de vivienda y disparo de precios fue la expansión de crédito. Los bancos fueron haciendo paquetes  de titulaciones hipotecarias que vendieron como activos de mínimo riesgo, garantizados por CDS y con calificación AAA. Las fabricaron como salchichas. Y como salchichas mezclaron en ellas carne de todo tipo, de mejor y peor calidad. No sólo eso: produjeron muchas más salchichas que las que el mercado podía consumir.

En periodos muy cortos de tiempo, los mercados tardan en digerir el riesgo de nuevos productos fruto de innovaciones financieras. Y una innovación fueron las titulaciones hipotecarias respaldadas por CDS (Credit Default Swaps) y calificaciones triple A, donde nadie sabia cual era la mezcla de carne que contenían. Aparentemente no había demasiado riesgo, o parecía muy remoto. El caso es que al final, el riesgo se materializa: El famoso cisne negro de Taleb.

Cuando el precio de las viviendas cayó, comenzó el aumento de la morosidad hipotecaria. Las titulaciones hipotecarias se depreciaron y la financiación se hizo mas difícil.

Busquemos ahora los culpables:

- Los exportadores de ahorro: aunque ellos aun no se vean como tales.
- Los hogares que han gastado más de lo que tenian: En España y en Arizona.
- Las autoridades monetarias que no quisieron aguar la fiesta.
- Los banqueros que se forraron en el corto plazo y dejaron el problema a largo plazo a los contribuyentes.
- Los politicos que vendían votos a cambio de un espejismo prosperidad fácil.
- Los mercados, que premimaron y fomentarion apalancamientos obscenos en las empresas.

Casi todos son culpables, pero con un cómplice común: la euforia generada por el boom. Después de todo, ¿Quién es el guapo que se atreve a contradecir la prosperidad de todos los demas cuando todo parece ir bien?.

Sólo ahora con el fin de la euforia, los politicos intervienenen, las autoridades monetarias se reúnen para regularlo todo y los banqueros evitan cualquier riesgo y no prestan dinero. Ahora aparece la fe ciega en la regulación: justo cuando no hace falta y se precisa lo contrario: que el sector bancario dinamice la economía y que los mercados de dinero funcionen.

En la parte alta del ciclo, el mundo cree en la autoregulación (cuando hacía falta la regulación). En la fase de crisis, todos creen que la solución es la regulación (cuando ya no hace falta porque se ha terminado la fiesta). Conclusión: se necesitan regulaciones a prueba de fases cíclicas de euforia y pesimismo.

Ahora mismo se esta abogando por medidas que supongan fortalecer el capital de los bancos en tiempos de bonanza de forma que se blinden de cierta caída en tiempos de crisis. Esto puede parecer razonable, pero puede ser menos eficaz de lo esperado: En tiempos de euforia las pérdidas parecen remotas y el mercado exige poco capital a los bancos. Si el regulador exige fortalecer el capital, los bancos traspasarán parte de su actividad hacia vehículos de inversion no regulada y no controlada por los bancos centrales como las financiaciones estructuradas para burlar las exigencias de las autoridades, tal como hicieron los últimos años.

Lo mismo ocurre cuando se pretende que los bancos estimulen el crédito en época de crisis: Por mucho que el Gobierno diga que se le está acabando la paciencia con los bancos, la realidad es que existe gran aversión al riesgo y el mercado no presta. Una vez que la crisis y el miedo se superen, volverá la presión para suavizar los requisitos de capital y todos querrán politicas monetarias relajadas en aras a la prosperidad y el crecimiento.

¿Cómo crear estabilidad a traves de los ciclos? Raghuram Rajan propone “Regulaciones contigentes” y flexibles tales como lo que el denomina “Capital Contingente“. Algunos ejemplos serían:

- Más que reforzar los requisitos de capital de las entidades, propone suscribir pólizas de seguro o deuda emitida por instituciones no apalancadas (como deuda pública) y que no se pueda usar como capital o garantía de préstamos en épocas de bonanza. Comprar esos activos podría ser barato en épocas alcistas y servirían para fortalecer el capital en épocas de crisis.

- Otra versión de “capital contingente” en los bancos sería la emisión de deuda especial que automáticamente se convierta en capital cuando el sitema financiero entre en crisis o los ratios de capital de la entidad caigan por debajo de cierto nivel.

Rajan propone también que todos los bancos de cierto tamaño deberían presentar regularmente al Banco Cental un “plan de contingencias” acorde con su situación en cada momento, obligando a los bancos a actualizar dicho plan de forma continua.

Cada crisis ofrece la oportunidad de llevar a cabo reformas. La tentación es regular en exceso en épocas de crisis y liberalizar en exceso en tiempos de euforia. Como alternativa, será mejor pensar en regulaciones a prueba de ciclos.

Rajan tiene razón en cuanto que las medidas se toman a destiempo. Cuando la tormenta pase volveremos a dejar a Keynes atrás y volveremos a la mano invisible.  ¿Aprenderemos?.

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El “ciclo de morosidad” ha concluído una primera etapa de la crisis, en la cual el aumento de morosidad bancaria era debido principalmente al derumbe de las promotoras endeudadas hasta los huesos. En la actualidad la economía se encuentra en una nueva fase donde el aumento de la morosidad se debe más al incremento del desempleo producido en los últimos meses y su consecuente reflejo en los impagos de los créditos al consumo.

El Banco de España restalta en su Informe de Mayo de 2009 que la morosidad “sigue repuntando con intensidad” debido al aumento del paro y al ajuste del sector inmobiliario. El Banco de España recalca que el crecimiento de la tasa de impago no depende sólo de la posición cíclica de la economía, en recesión desde finales de 2008, sino también de la política desarrollada por cada entidad.

Por sectores, la construcción y promoción inmobiliaria presentan un aumento más intenso de la tasa de impago, pero que por tipos de producto, en el crédito al consumo refleja un nivel y ritmo de avance más intenso que en el crédito para la compra de vivienda, lo cual refleja la repercusión del aumento desempleo.

La economía española entró en recesión a finales de 2008, aumentando significativamente el desempleo, lo que, unido al ajuste en el sector inmobiliario, está incrementando fuertemente la morosidad.

El crecimiento de la morosidad no depende solo de la posición cíclica de la economía, sino también de la política crediticia desarrollada por cada entidad. Así, si bien es cierto que todas las entidades han expandido con intensidad sus balances bancarios y, en particular, sus carteras crediticias, no todas las estrategias de expansión han sido iguales. Incluso dentro de una misma estrategia, no todas las entidades han realizado la misma selección del riesgo de crédito. Además, no todas las entidades están demostrando la misma capacidad para gestionar el entorno mucho más complejo que existe desde agosto de 2007.

Puedes leer el informe completo pulsando aquí.

Estas cifras suponen un 44% más que en el último trimestre de 2008, un 266,59% más que hace un año y un 554,62% más que en el primer trimestre de 2007. Con estas cifras, sumadas a las cifras del paro, de la deflación, del decrecimiento económico, etc. no me entra en la cabeza como el Gobierno (que se supone que es de todos) sigue pidiéndonos confianza y sigue diciendo que pronto saldremos de la crisis. Desde luego, algún día saldremos, pero no creo que sea por las medidas que el Gobierno ha tomado, está tomando o tomará en un futuro.

La mayoría de las empresas quebradas eran pequeñas empresas con un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros y el 80% tenían un volumen inferior a los 5 millones de euros. Es decir, que la crisis está afectando de manera muy incipiente a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas que más empleo son capaces de generar. Si cuidásemos un poco más a las Pymes, seguro que nos iría mucho mejor.
Por sectores, como era previsible, las que más han sufrido has sido las inmobiliarias y constructoras, con un 35% del total. Le siguen la Industria y la energía y los comercios con un 24% y 17,8%, respectivamente.
La evolución de la destrucción del tejido empresarial español la podemos ver en el gráfico, y es, sencillamente, espeluznante ver como la tendencia es alcista, con una pendiente muy elevada (lo que implica una destrucción de empresas muy rápida) y que no parece tener fin.

Pero algún día esta tendencia cambiará, y no será por la Gracia Divina, ni por Obama, ni por Zapatero… sino por el trabajo conjunto de todas las fuerzas y agentes sociales. Hasta que no rememos todos juntos en la misma dirección, la crisis seguirá campando a sus anchas por España.

A la hora de realizar transacciones con el exterior la mejor forma de poder garantizar el cobro es a través de un crédito documentario. La principal garantía que ofrece este instrumento, tanto a exportadores como importadores, es la intermediación de una o varias entidades de crédito.

En el crédito documentario actúan el comprador (importador), que es quien pagará, el vendedor (exportador), que es quien recibirá el pago, y (al menos) una entidad de crédito. Quien contrata el crédito documentario es el pagador, es decir, el importador, que solicitará a su banco la apertura de un crédito documentario a favor del exportador y por el importe convenido. Una vez que se conceda dicho crédito documentario, se le notificará al exportador dicha apertura del crédito, momento en el cual procederá al envío de las mercancías vendidas. Es decir, las mercancías no se envían al extranjero hasta que no se recibe la notificación de que el crédito documentario ha sido abierto a su favor. Y la apertura de un crédito documentario abierto a nuestro favor, implica, por tanto, que la entidad de crédito se compromete a pagarnos el importe de las facturas correspondientes a dicha operación.

Al conceder el crédito documentario, el banco se está obligando así mismo a hacer frente al pago de la factura, por lo que el exportador tiene la garantía de pago de un banco y no de una empresa privada.

El crédito documentario se denomina así “documentario” porque el pago del mismo está supeditado a la presentación de una serie de documentos que avalen que toda la operación comercial se ha desarrollado correctamente. Es decir, el banco pagará al exportador cuando el exportador presente aquellos documentos (previamente acordados) que demuestren fehaciente el envío de la mercancía que ha comprado su cliente. Por tanto, sólo cuando el exportador presente en el banco los documentos requeridos, recibirá el pago de sus mercancías. Y, obviamente, si todos los documentos están “en regla” y coinciden con aquellos que se especifican en el crédito documentario, el banco no se podrá negar a pagar. Posteriormente, el banco reclamará a su cliente (el importador) el pago de dichas cantidades. Y al vendedor (exportador) ya le da lo mismos si el comprador (importador) puede pagar al banco o no. Es decir, con el crédito documentario a eliminado el riesgo de impago.

Los documentos necesarios para poder cobrar el crédito documentario se agrupan en tres clases:

1. Documentos de transporte: Son los más importantes, ya que certificarán que la mercancía ha sido enviada. Pueden ser documentos de embarque marítimo, aéreo, terrestre, o una combinación de éstos (por ejemplo, por barco hasta el país de destino y por carretera hasta la ciudad donde está situado el importador).
2. Documentos de seguro: No son imprescindibles, pero como todo en la vida, mejor cubrir los riesgo del transporte que dejarlo al “libre albedrío” .
3. Factura comercial: No creo que haga falta explicar que es esto, verdad?

En los créditos documentarios, normalmente, suelen intervenir más de una entidad de crédito. Básicamente tenemos los siguientes bancos intervinientes:

• Banco emisor. Es el banco del importador, quien abre el crédito a favor del exportador y quien se compromete al pago.
• Banco avisador. Suele estar situado en el país del exportador, y es el banco que avisa (a petición del banco emisor) al exportador de que se ha abierto un crédito documentario a su favor. En este caso, el banco avisador sólo certifica la veracidad del crédito documentario y en ningún caso asume el compromiso de pago.
• Banco confirmador. Va más allá del banco avisador (que también suele serlo) y además de confirmar el crédito documentario adquiere un compromiso solidario de pago del mismo frente al exportador. Es decir, además de la garantía del banco emisor, se tendrá la garantía del banco confirmador. O paga uno o el otro.
• Banco designado. Es el banco donde se efectuará el pago. Obviamente, puede ser cualquiera de los anteriores si así se designa, o puede estipularse que sea cualquier banco. Es decir, es el banco donde se presentan los documentos y quien pagará.
• Banco pagador. Es el banco que pagará, pero siempre y cuando haya recibido los fondos del banco emisor o del confirmador.

Si para el pago se han emitido documentos de giro, también podrán existir los bancos aceptantes y negociadores, que aceptarán o negociarán dichos documentos. Obviamente, todos estos bancos han de estipularse claramente en el condicionado del crédito documentario.

La regulación de los créditos documentarios se centra en la Cámara de Comercio Internacional, mediante sus Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios (UCP 600, de Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), y en ellas se regulan todos los aspectos de los créditos documentarios y todas sus posibles clases. Existen numerosos tipos de créditos documentarios, y aunque este artículo no es sitio adecuado para explicarlos todos, si que os pondré una relación de los que hay disponibles:

• Créditos confirmados y no Confirmados: Dependerá si existen un banco conformador o no en el país de exportador.
• Créditos de ejecución por pago, ejecución por aceptación o ejecución por negociación: Dependerá si el banco pagador paga a la presentación de documentos o si el beneficiario presenta letras para su aceptación o instrumentos de giro para su negociación.
• Créditos de pago a la vista, de pago diferido o de pago anticipado: Dependerá si el pago se efectúa contra entrega de documentos, si se paga en un momento posterior a la fecha de presentación de los documentos o si el exportador puede recibir parte del importe del crédito antes de presentar los documentos.
• Créditos domiciliados o no domiciliados: Dependerá de si existe o no un banco pagador en el país de beneficiario (que puede ser una sucursal del banco emisor y otro banco cualquier).
• Créditos con entrega única, con entregas sucesivas o con anotación: Dependerá si la mercancía se debe expedir en un solo envío o en varios. Y será con anotación si es con entregas sucesivas y anotando en el propio crédito las disposiciones parciales realizadas.
• Créditos únicos o rotativos: Dependerá si el crédito es por un importe fijo y que una vez gastado no se renueva o si una vez dispuesto todo el crédito se renueva automáticamente.
• Créditos transferibles e instranferibles: Dependerá si el exportador puede cederlos a un tercero o no.
• Créditos condicionales: Aquellos en los que el pago se supedita al cumplimiento de una condición específica.
• Créditos respaldados: Aquellos abiertos con las garantías de otro crédito documetnario.
• Créditos contingentes: No tienen la función de pagar, si no sólo de servir de garantía.

Estos tipos de créditos documentarios no son excluyentes, es decir, puede existir un crédito documentario confirmado, de pago a la vista e intransferible, por ejemplo. Pero a parte del tipo de crédito que sea, también hay que tener muy en cuenta las cláusulas del mismo, ya que en ellas se especificará el “cómo, cuándo, dónde y por qué.” Por tanto, es imprescindible estar muy atentos a lo que dicen. Básicamente, el crédito documentario debe contener:

• Los datos del ordenante (el importador).
• Los datos del banco emisor.
• Los datos del beneficiario (el exportador).
• Importe total del crédito y la moneda de pago.
• Los datos del banco donde el crédito está disponible.
• Disponibilidad del crédito: pago a la vista, pago diferido, aceptación o negociación.
• Vigencia del crédito, con fecha de inicio y de vencimiento, antes de la cual hay que presentar los documentos.
• Dirección del banco donde presentar los documentos.
• Indicación de si es transferible o no, confirmado o no, y si se permiten envíos parciales o no.
• Indicación de todos los detalles relativos al envío de la mercancía: descripción de la mercancía enviada, forma de transporte, los plazos de embarque o envío, la forma de entrega de la mercancía, etc.
• Detallar todos y cada uno de los documentos que debe presentar el exportador y sus características.

En definitiva, que un crédito documentario precisa de muchos requisitos e implica muchas obligaciones (por ambas partes), pero sin duda alguna, es la mejor forma de realizar una operación comercial internacional, ya que te despreocupas totalmente del riesgo de impago, y si cumples tu parte del trato, tienes el pago totalmente garantizado.

La factura electrónica es totalmetne equivalenete a una factura de papel “de toda la vida” y consiste en la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos y telemáticos, es decir, mediante un fichero electrónico y enviados de un ordenador a otro. Por supuesto, para darle validez a los ficheros informáticos, éstos han de ir firmados digitalmente con certificados electrónicos reconocidos.
Legalmente, la factura electrónica se define como “un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que permite atribuir la factura a su obligado tributario emisor”.
La e-Factura debe cumplir con tres requisitos esenciales:

1. Se necesita un formato electrónico de factura de mayor o menor complejidad (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre otros).
2. Es necesario una transmisión telemática (tiene que partir de un ordenador, y ser recogida por otro ordenador).
3. Este formato electrónico y transmisión telemática, deben garantizar su integridad y autenticidad a través de una firma electrónica reconocida.

Mediante este sistema de facturación, el envío de facturas (o cualquier otro ducumento) es instantáneo, es decir, no hay que imprimirla, no hay que meterla en un sobre, no hay que llevarla a Correos y no hay que esperar 2 ó 3 días a que llegue. Y a veces se “extravía” según el deudor. De esta forma, nos evitamos que Correos pierda las cartas o que el deudor la haya tirado “sin darse cuenta”.
Según diversos informes, el periodo medio de cobro (de media) de empresas sin factura electrónica es de 89 días, y la media de entre las empresas que sí utilizan la factura electrónica es de tan sólo 26 días.
También ofrece otra serie de ventajas, como reduccion de costes, reducción de trabajos y de tiempo administrativos, mejora de la eficienca y, sobretodo, optimización de la tesorería. El único contra, por llamarlo de alguna forma, es que tanto el emisor como el receptor de la factura deben estar de acuerdo en tener una facturación electrónica.
Por tanto, quizá sea una buena idea instalar la factuación electrónica en la empresa. ¿No crees?

1. Envío de cartas.
2. Llamadas telefónicas.
3. Visita Personal.

Cada uno de estos tres medios de recobro tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Básicamente (en el orden en que están) estas acciones van desde la más barata a la más cara y del mismo modo, desde la menos efectiva a la más efectiva.
Está claro que enviar una carta recordando el impago no cuesta prácticamente nada. Se hace en poco tiempo y el franqueo es (más o menos) barato. Sin embargo, la probabilidad de obtener una respuesta positiva del deudor (esto es, que nos pague) es muy escasa.
La llamada telefónica supone más tiempo y dinero. Más tiempo porque una llamada telefónica hay que prepararla antes. No vale con llamar y listos, si no que hay que disponer de toda la documentación (albaranes, facturas, pedidos, histórico del cliente, etc.) y además hay que tener preparado un argumentario con todas las posibles objeciones del moroso. También hay que tener en cuenta que el coste de las llamadas puede ser elevado, dependiendo del tiempo que estemos negociando. Además, normalmente necesitaremos más de una llamada para conseguir recuperar el impago (o para descartarlo totalmente).
Y por último, tenemos la visita personal a las oficinas del deudor, que, obviamente, es la más cara, puesto que hay que desplazar a un empleado hasta las oficinas del moroso. También es importante tener en cuenta el tiempo que “perderá” el gestor de recobro en las gestiones. Si el moroso es local, el desplazamiento es relativamente barato, pero si hay que desplazarse a 600 kilómetros, el coste aumenta (kilometraje, dietas, gasolina, billetes de avión o tren, etc.).
Ante estas pequeñas pinceladas, creo que es evidente que no es rentable desplazarse 500 kilómetros para reclamar una deuda de 1.000 euros, aunque si es acercarse a dos manzanas, quizá sí sea una buena idea.
Igualmente, no podemos tratar de la misma manera a un cliente que es la primera vez que nos deja de pagar una factura en tiempo y forma, que uno que ya “nos lo ha hecho” varias veces. Con el primero, podemos tener un poco más de flexibilidad, ya que si es la primera vez, puede deberse simplemente a un problema puntual de tesorería. Una carta “amistosa” recordando el vencimiento pasado o una llamada recordatoria o para ver que ha pasado, puede ser más que suficiente. Sin embargo, al reincidente no le podemos dar tanta manga ancha y habrá que establecer unos procedimientos más estrictos y a ser posible, unos procedimientos a priori, es decir, antes de que llegue el vencimiento, sería conveniente recordarle el pago. Y si se produce el impago, una carta formal o una llamada seria recalcando la reiteración de los impagos.
En cuanto al tamaño de la deuda, cuanto más grande sea el impago, menos probabilidades habrá que se pague. Aunque también habrá que tener en cuenta el tamaño de la empresa morosa. No es lo mismo que te deba 10.000 euros MAPFRE a que te los deba la tiendecita de barrio de la esquina. Las deudas importantes deben intentar de recobrarse en persona, a través de una visita personal podemos hacer más presión, podemos conocer los posibles problemas de liquidez, podemos ver la expresión corporal del deudor, etc. Por tanto, para deudas importantes la visita personal es quizá la mejor solución, aunque también hay que probar con las demás opciones.
Queda claro, entonces, que no todos los morosos son iguales y que no todos los morosos deben ser tratados igual… de bien… o de mal.

La primera de las medias, será autorizar a los ayuntamientos a endeudarse a largo plazo para poder hacer frente a todos los pagos de las facturas que están pendientes de pago. Este endeudamiento (global) se puede extender hasta los 11.000 millones de euros, que digo yo, que llegarán para pagar una, dos, e incluso alguna factura más de todas las que deben los ayuntamientos. De esta forma, los ayuntamientos tendrán un instrumento para poder sacar de apuros a muchas pymes españolas cuyo único problema es que su ayuntamiento no le paga. Obviamente, aunque esta medida está bien, no se garantiza el pago, que es lo que queremos, ya que dependerá del ayuntamiento si quiere endeudarse o no.

La otra medida es la aprobación de una nueva Línea ICO mediante la cual las Pymes y autónomos podrán acceder a una línea de crédito de 3.000 millones de euros para financiar las facturas pendientes de cobro, es decir, según parece, si tenemos facturas impagadas por importe de 100.000 euros, podremos pedir un préstamo ICO por dicho importe. Pero, ¿en qué condiciones? ¿Bastará con presentar las facturas impagadas y ya está? ¿Qué aval será necesario? Estaré atento para contaros los detalles de esta nueva línea de financiación en cuanto sea posible.

Y nada más lejos de la realidad. Uno sirve para pagar y otro para cobrar. No voy a entrar en un análisis pormenorizado de la mecánica de cada uno de ellos (ya lo hice en dos artículos anteriores: Confirming; Factoring), pero sí quiero hacer un enfoque más práctico o realista de lo que supone tenerlos nosotros o que los tengan nuestros clientes y/o proveedores.

En estos momentos de crisis, de falta de liquidez, de morosidad y de solvencia muchas empresas tienen miedo a vender, ya que pueden quedarse tanto sin la mercancía como sin el dinero. La confianza en una base fundamental en los negocios, pero ahora la confianza hay que demostrarla. Conozco casos de empresas 100% solventes a las cuales un proveedor les ha denegado una compra a crédito por la situación de incertidumbre en la que estamos, no por la situación de la empresa en concreto.

¿Y cómo podemos solventar ese problema de confianza? ¿Cómo podemos demostrar fehacientemente que somos fiables y solvente al ciento por ciento? Pues sencillamente con el confirming o confirmación de pago.
El confirming es un contrato firmado con una entidad de crédito mediante el cual la entidad confirma al proveedor el pago de la mercancía o el servicio. Es decir, será la propia entidad quien pagará al proveedor.

Desde el punto de vista del proveedor, no existe mayor garantía, ya que es el banco quien nos pagará, y luego que “el banco se apañe con el cliente”. Es decir, el banco nos garantiza el cobro de esa venta, y el banco reclamará ese importe al cliente. Y si somos los proveedores, si el cliente no paga al banco, ya no es nuestro problema. Nosostros hemos cobrado, que es lo que nos interesa.

Desde el punto de vista del cliente que contrata el servicio de confirming, disponer de este acuerdo supone abrirnos muchas puertas, tanto a proveedores nuevos, como en “armas de negociación”, ya que podemos intentar negociar unos mejores precios con el proveedor, ya que con el confirming estamos garantizando el pago. Por supuesto, un contrato de confirming no lo consigue cualquiera. La entidad se cuidará mucho de escudriñar la empresa para cerciorarse de que es solvente y de que podrá hacer frente a todos los pagos que se realicen.

Resumiendo: Si alguien te viene a comprar bienes o servicios con un confirming debajo del brazo, véndele lo que quiera.

Y en el otro lado tenemos el factoring, que es precisamente lo contrario al confirming. En vez de confirmar el pago, confirmamos el cobro. Es decir, si contratamos un servicio de factoring, cedemos al banco la cartera de clientes (toda o parte), de tal forma que el el propio banco quien se encarga de cobrar las facturas pendientes en tiempo y forma. De esta forma, nosotros nos despreocupamos y simplemente esperamos a que nos ingresen los importe de las facturas.

En el caso del factoring, tenemos dos modalidades. El factoring con recurso, mediante el cual, si hay un impagado, nosotros no cobramos. Y el factoring sin recurso, mediante el cual, el banco asume el riesgo de impago, y si se produce uno, nosotros seguimos cobrando y es el banco quien no cobra. Obviamente, el coste de ambos servicios no será igual. En cualquier caso, nuestros clientes ya no nos pagan a nosotros directamente, si no tienen que pagar a la entidad de crédito.

Desde el punto de vista del proveedor (que es quien contrata este servicio), este servicio nos proporciona financiación, ya que podemos descontar las facturas pendientes (es lo habitual) y, si es factoring sin recurso, podemos eliminar el riesgo de impago.

Desde el punto de vista del cliente (a quien hay que comunicar que existe un servicio de factoring), en principio daría lo mismo, ya que si tienes que pagar, te da lo mismo pagar a la entidad que al propio proveedor. Sin embargo, si eres un cliente algo tendente a la morosidad, quizá te lo pienses mejor si a quien tengas que pagar es al banco en vez de al proveedor, puesto que es caso de impago, no es lo mismo que te reclame el Sr. Sánchez de la empresa “Sánchez e Hijos” a que te reclame un tal Sr. Botín del Banco Santander. No se si me explico.

Por tanto, para una empresa/proveedora, disponer de un contrato de factoring le puede suponer evitar muchos impagados, ya que ante morosos, la fuerza de la reclamación o recuperación de impagados estará respaldada por una entidad financiera que sí que está acostumbrada y que sí dispone de los medios técnicos, humanos y económicos para realizar una gestión de impagados eficiente.

Conclusión: Sí al confirming y sí al factoring.

La metodología para asignar rating a las emisiones de deuda  de las empresas es sencilla. El proceso inicial proporciona la base para la producción periódica de informes detallados sobre la calidad crediticia de una compañía .

Después de haber asignado el rating por primera vez, el proceso para mantener el rating actualizado no es complejo si la comunicación con la empresa es fluida y continua.

El proceso de asignación de un rating

El proceso de asignación inicial de un rating tiene el objetivo de proporcionar a la agencia de calificación una base sólida para poder determinar el rating crediticio. La intención de la agencia de calificación es obtener una buena comprensión no sólo de los principales aspectos de la calidad crediticia de una compañía, sino también de los objetivos operativos, financieros y estratégicos de la compañía.

Información requerida: la información se extrae de fuentes de información públicas, como por ejemplo informes económicos y sectoriales, estadísticas financieras de la empresa, y de los informes disponibles en organismos públicos. Los analistas de la agencia de calificación también usan información no pública proporcionada por la empresa, que en muchos casos incluye previsiones operativas y financieras.

Reunión inicial con la dirección de la compañía: generalmente se  celebra en la sede de la compañía para que el equipo analítico de la agencia de calificación tenga la oportunidad de reunirse con el máximo número de representantes de la dirección de la compañía. Además, visitar las instalaciones operativas de la empresa ayuda a mejorar el entendimiento de la compañía y de sus operaciones. La reunión se enfoca hacia las previsiones futuras, y se revisan de manera detallada las operaciones y estrategias de la compañía. Las principales áreas que se cubren en la reunión inicial son las siguientes:

• Estrategia corporativa
• Estrategia adquisitiva
• Estructura organizativa
• Operaciones de la compañía
• Previsiones del sector industrial
• Posición competitiva (o de mercado?)
• Estrategias financieras
• Rentabilidad
• Capacidad de generación de cashflow
• Estructura del capital
• Flexibilidad financiera
• Gestión del riesgo

La rentabilidad histórica de la compañía proporciona el marco para comentar cada área concreta, aunque para determinar el rating son más importantes las perspectivas futuras. Las compañías normalmente proporcionan de tres a cinco años de proyecciones operativas y financieras. Estos presupuestos son útiles no tanto por las estimaciones de los parámetros financieros que se prevén, sino porque proporcionan un “mapa” de la dirección que tomará la compañía y de las estrategias financieras que usará para conseguir los objetivos estratégicos.

La solidez de la dirección es un elemento esencial para determinar la calidad crediticia de una compañía. El equipo analítico de la agencia de calificación tiene el privilegio de conocer la alta dirección de la compañía, incluyendo el CEO, CFO y el personal operativo principal. El principal objetivo de las conversaciones con la dirección es desarrollar una comprensión de la filosofía directiva, de los objetivos estratégicos y del compromiso con la calidad crediticia. Además, estas conversaciones con la dirección de la compañía ayudan a comprender el compromiso y la capacidad de la compañía para conseguir los objetivos formulados.

Después de la reunión con la dirección, el analista principal incorpora la información de la reunión en su recomendación de rating. Durante este tiempo, el analista principal mantiene un dialogo continuo con la compañía para resolver temas que hayan podido quedar pendientes o para obtener información adicional.

La decisión de rating: el equipo analítico formulará un rating recomendado y preparará documentación de soporte para hacer la presentación al Comité de Rating.

Antes de la presentación inicial, el analista principal proporcionará al emisor una indicación del nivel de rating que recomendará al Comité de Rating. En la reunión del comité se discutirá la fundamentación de este rating recomendado, incluyendo las características crediticias positivas del emisor y los puntos negativos. El rating oficial se determinará durante la reunión del Comité de Rating.  Si quedan cuestiones pendientes, la reunión se cancela hasta que se resuelvan los temas pendientes y se pueda asignar un rating. Una vez que el Comité de Rating ha tomado una decisión, ésta se comunica a la compañía/emisor junto con los principales aspectos del rating que se han discutido en la reunión del comité.

En caso de que la compañía considere que no se ha tenido en cuenta algún factor cuantitativo o cualitativo, se puede iniciar un proceso de apelación durante el cual la compañía puede presentar información nueva o comentar aspectos concretos que crea que no se han considerado suficientemente. Después de este proceso de apelación, el Comité de Rating se reunirá de nuevo para establecer  el rating final.

Publicación del rating: después de que el Comité de Rating establezca el rating final, se emite una nota de prensa detallada para los medios de comunicación e inversores. Además, también se produce y se distribuye un análisis crediticio de la compañía y un informe detallado sobre el perfil operativo y financiero de la compañía. El informe contiene la opinión sobre la deuda de la empresa y la fundamentación del rating. Los hechos y estadísticas se verifican con la compañía antes de que el informe se publique.

Los informes se actualizan periódicamente, generalmente después de mantener una reunión anual con la dirección de la compañía para revisar la situación financiera y las previsiones futuras.

Duración del proceso de rating: generalmente tiene una duración de tres a cuatro semanas, teniendo en cuenta que la dirección de la compañía esté disponible para la reunión y que la información necesaria se entregue puntualmente. En caso de que una compañía necesite acabar el proceso de rating en un periodo de tiempo más corto, la agencia de calificación intentará acomodarse a esta necesidad.

Confidencialidad de la Agencia de Calificación

La agencia de calificación mantiene una política de confidencialidad muy estricta para que el diálogo con la compañía no presente trabas. Para evitar la difusión involuntaria de información confidencial, la agencia de calificación envía a la compañía toda la información escrita que se produce para que se pueda revisar antes de publicarse.

Seguimiento de los ratings

El seguimiento de los ratings y la comunicación inmediata de los cambios en la calidad de la deuda son los pilares esenciales del servicio de la agencia de calificación a emisores y inversores. Los datos económicos, sectoriales, los relativos al riesgo país y los datos financieros se revisan constantemente por parte del equipo analítico de la agencia de calificación a través de contactos regulares con la compañía y una reunión anual como mínimo.

Los ratings se revisan después de la reunión anual. Además, también se revisan los documentos relativos a las emisiones de deuda para garantizar que los ratings del emisor son correctos y aplicables a las emisiones de deuda específicas. Una revisión del rating puede estar motivada por distintas causas. Algún hecho que afecte sólo a la compañía, como una adquisición, desinversión o anuncio de recompra de un número sustancial de acciones, etc., puede requerir la revisión del rating. También puede darse el caso de que una compañía solicite una reunión y revisión del rating a causa de algún cambio en la situación de la compañía.

Reunión anual con la dirección de la compañía: La agencia de calificación opina que es aconsejable mantener al menos una reunión anual con la compañía. Esta reunión proporciona datos sobre el rendimiento de la compañía durante el año anterior, y además se discuten las expectativas de la dirección en cuanto a las tendencias del sector y de la compañía a corto y medio plazo.

El seguimiento constante de la agencia de calificación y los análisis periódicos regulares por parte del comité de rating permiten identificar rápidamente los cambios de tendencias en la calidad de la deuda. En consecuencia, estos cambios pueden ser comunicados a los inversores de manera puntual, y si es necesario se pueden adoptar medidas que afecten el rating. El proceso garantiza que los ratings públicos de la agencia de calificación reflejan de manera precisa la calidad crediticia actual de un emisor.

Revisión periódica del rating: además de la revisión anual del rating, la agencia de calificación revisa internamente todos sus ratings públicos de manera periódica durante el año. La frecuencia de estas revisiones viene determinada por los diferentes requerimientos de información de las distintas jurisdicciones. Como parte de estas revisiones periódicas, el principal analista prepara una breve presentación para el Comité de Rating describiendo la rentabilidad de la compañía en relación con los objetivos, los principales hechos relacionados con el sector o la compañía, y otros temas que pueden afectar la calidad crediticia de la compañía. Durante la revisión anual, el Comité de Rating podría decidir que conviene una revisión crediticia más exhaustiva, y se podría programar una reunión con la dirección de la compañía.

Equipo analítico profesional

Para asegurar que la calidad crediticia de una compañía se analiza adecuadamente, el análisis de la agencia de calificación se hace en equipo, integrado por analistas crediticios profesionales.

El Comité de Rating

Los Comités de Rating de la agencia de calificación están integrados por los miembros del equipo analítico, y otros miembros senior de la agencia de calificación que se puedan requerir, como por ejemplo analistas de riesgo soberano, o analistas especializados en un país concreto, o analistas de otros sectores. Así, la composición de los comités varia en función de la compañía que se analiza.

Relaciones con los inversores

Cada departamento de la agencia de calificación cuenta con profesionales que tienen la función de mantener un diálogo y una relación fluida con los inversores, concretamente con los inversores institucionales.

Requisitos de información del grupo de ratings a Empresas

• Datos financieros auditados de tres a cinco años anteriores, que incluyen informes anuales y otros informes mandatorios, y libros estadísticos y de acta.
• Información financiera semestral comparativa para los dos últimos años.
• Presentaciones hechas en las reuniones con los analistas, como por ejemplo materiales descriptivos de las operaciones de la compañía, clientes, competencia, proveedores, contratos, instalaciones, dirección, personal, estrategias de crecimiento.
• Políticas financieras e información del sector, incluyendo tendencias del sector y previsiones, etc.
• Copia de los acuerdos bancarios actuales.
• Copia de los folletos de las emisiones de deuda activas.
• Información sobre las proyecciones operativas y financieras, incluyendo cuenta de resultados, balance y cashflow (preferentemente de tres a cinco años).

Más Información:

• Fitch Ratings
• Standard & Poors
• Moody’s
• Axesor

En la última encuesta sobre el acceso de las pymes a financiación ajena, elaborada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio españolas y correspondiente al mes de marzo, hay dos cifras que me han llamado mucho la atención. La primera es que el 85,5% de las pymes que han solicitado financiación bancaria ha sufrido retrasos en los pagos de sus clientes, y la segunda, y más sorprendente, es que el 84,2% de las pymes ha tenido problemas en los últimos 3 meses para cobrar de las Administraciones Públicas. Los ayuntamientos aglutinan el 56,1% de estos impagos, las comunidades autónomas el 45,6% y el gobierno central el 12,3%. A esto hay que sumar, que el plazo medio de pago de las Administraciones a sus proveedores es superior a 6 meses en el 77,9% de los casos. Repito: el plazo medio de pago de las Administraciones a sus proveedores es superior a 6 meses en el 77,9% de los casos.

¡Menudo ejemplo! Si las Administraciones Públicas, que se suponen que deben dar ejemplo, no pagan a sus proveedores, ¿con que cara van a pedir a las empresas morosas que paguen?
Así se entiende que en marzo, la mayoría de las empresas que buscaban financiación lo hicieran para conseguir circulante. Está claro, si no tienes flujos de entrada de dinero, es imposible que puedas pagar tus deudas.
Y otro dato que me ha parecido significativo es que un 28,8% de las pymes desconoce que es el factoring y el 27% que es el confirming, con lo que si a estos tiempos de crisis le sumas el desconocimiento de todas las herramientas disponibles para obtener financiación, las dificultades para sobrevivir se multiplican. Además, sólo el 21% de las pymes que han solicitado financiación ajena ha solicitado coberturas contra el riesgo de crédito, que tal y como están las cosas, me parece un porcentaje muy bajo.
Conclusión: Que todo sigue igual… de mal. Las empresas siguen incrementando sus impagados, los bancos siguen sin abrir la mano de la financiación y las pymes españolas cada vez lo tienen más difícil para sobrevivir.
Menos mal que tenemos a la Ministra Salgado que nos va a solucionar todos estos problemas y alguno más que se le ocurra.

Las subastas judiciales son subastas (como su nombre indica) en las que se subastan los bienes embargados a deudores para conseguir, de esta forma, liquidez para pagar a sus acreedores. Estas subastas judiciales son realizadas por los juzgados a través de las denominadas Unidades de Subastas.
Las subastas judiciales están reguladas por la Ley de Enjuiciamiento Civil y en ellas se podrán subastar todos los bienes y derechos embargados:

• Bienes inmuebles: Pisos, chalets, oficinas, solares, etc.
• Bienes muebles: Maquinarias, muebles, obras de arte, coches, motos, vehículos industriales, etc.

Para poder pujar en las subastas, los interesados deberán cumplir con tres requisitos:

1. Identificarse de forma suficiente.
2. Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
3. Presentar el resguardo de haber realizado el depósito correspondiente (o haber presentado un aval bancario) en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del juzgado. El importe de este depósito será del 20% del valor tasado de los bienes mobiliarios y del 30% para los inmobiliarios.

El acreedor también podrá formar parte de la subasta, siempre y cuando haya más licitadores, y podrá mejorar las pujas que hagan éstos. Además, no tendrá que depositar la fianza para poder pujar.

Subastas de bienes muebles

En las subastas de bienes mubles, se podrán presentar pujas por escrito en sobre cerrado, que serán guardados por el Secretario Judicial y que serán abiertos al inicio de cada subasta. También puede acudirse al juzgado para hacer las pujas en persona y oralmente.
Como en todas las subastas, quien ofrezca la mayor cantidad por los bienes será a quien se adjudique esa subasta. Los procedimientos de las subastas dependerá de si la mejor oferta es superior o inferior al 50% del valor tasado de los bienes, que podrán subastarse individualmente o en lotes:

• Si la mejor oferta es igual o superior al 50% del valor tasado (que previamente se habrá establecido) el tribunal aprobará (el mismo día o al día siguiente) la adjudicación (técnicamente llamada remate) a favor del mejor postor, quien tendrá 10 días para pagar el importe ofrecido (menos la cantidad previamente depositada). Una vez efectúe el pago de la diferencia, los bienes pasarán a ser suyos.
  Si el mejor postor resultase ser el acreedor, entonces el Secretario Judicial hará una liquidación entre lo ofrecido y lo que se le debe (el principal más los intereses). Si la liquidación es a favor del acreedor (es decir, no se cubre lo que se le debe), pues esa cantidad quedaría pendiente, y si es en contra (es decir, el valor de bienes supera a la deuda), entonces el acreedor tendrá 10 días para pagar la diferencia. Por ejemplo, si nos deben 10.000 euros (contando intereses) y pujamos por un Mercedes con 15.000 euros y somos el mejor postor, dispondremos de 10 días para pagar los 5.000 euros de más. Si ofrecemos sólo 8.000 euros, entonces se entiende que la deuda se ha reducido en 8.000 euros y que aún nos deben otros 2.000 euros.
  Las pujas también podrán realizarse con pagos a plazos, es decir, puedes pujar con 10.000 euros, pero que pagarás en cuatro meses a razón de 2.500 euros. En este caso, habrá que presentar garantías suficientes conforme se harán esos pagos a plazo. Ahora bien, en este caso, el acreedor (obviamente, si el mejor postor no es el acreedor) dispondrá de 5 días para solicitar la adjudicación de los bienes por el 50% de su valor.
• Si la mejor oferta es inferior al 50% del valor del bien (o del lote de bienes), el propio deudor podrá presentar a un tercero (en un plazo de 10 días) que presente una oferta de más del 50% del valor del bien o aunque sea inferior, que al menos sea suficiente para pagar la deuda al acreedor (y que sea superior a la mejor oferta). En el ejemplo anterior, si el Mercedes está valorado en 30.000 euros, nos deben, 10.000 euros y la mejor puja es de 12.000 euros, el deudor puede presentar “a su primo” para que ofrezca 16.000 euros. De esta forma, el deudor (indirectamente) se queda con el Mercedes y nos paga la deuda.
  Si el deudor no presenta “a su primo” nosotros (los acreedores) podríamos pedir la adjudicación del Mercedes por la mitad de su valor, es decir, por 15.000 euros. Si en vez de 10.000 euros, nos debiesen 13.000 euros, entonces podríamos pedir la adjudicación por esos 13.000 euros. Es decir, podemos pedir la adjudicación por el importe que se nos deba (y no el 50% del valor) siempre y cuando esa deuda sea superior a la mejor oferta realizada.
  Si ni el deudor ni el acreedor optan por tomar estas acciones, el mejor postor se llevará el bien siempre que haya ofrecido más del 30% del valor del bien, o siempre que la cantidad ofrecida sea suficiente para cubrir la deuda y las costas.
  Ahora bien, si en cualquier momento anterior a la adjudicación de la subasta y entrega de bienes al mejor postor, el deudor cancela la deuda pagando al acreedor el principal, los intereses y las costas, los bienes embargados quedarán liberados y volverán a ser propiedad del deudor (o exdeudor en este caso).
  Si la mejor oferta resulta que es menor del 30% del valor del bien y no es suficiente para cubrir la deuda, será el juzgado quien determine si se aprueba esa puja o no a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del “remate” suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor.

¿Y qué pasa si no hay postores o la puja es inferior al 30% y el juzgado la rechaza? Pues que el acreedor podrá reclamar la adjudicación del bien por el 30% del valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, se procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.
Una vez terminada la subasta, las cantidades de las subastas se entregarán al acreedor a cuenta del importe que se le debe. Si se hubiera obtenido más de lo que se le debe, el sobrante (menos las costas) se le entregará al deudor.

Subastas de Inmuebles

En el caso de las subastas de inmuebles, las acciones a tomar dependerán de si la mejor oferta supera o no el 70% del valor de salida a subasta. Este precio de salida se calcula tomando el valor de tasación del inmueble y restándole todas las cargas y derechos que tenga. Si resulta que las cargas del inmueble son mayores que el valor del propio inmueble, se levantaré el embargo de ese inmueble.

• Si la mejor oferta iguala o supera al 70% del valor de salida del inmueble, el tribunal aprobará ese mismo día o al siguiente la adjudicación a favor del mejor postor. Y en un plazo de 20 días, éste deberá consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado inicialmente y el precio total de la adjudicación.
  Si esta mejor oferta superior al 70% la hubiera hecho el acreedor se realizará la liquidación correspondiente como en el caso de los bienes muebles.
  También pueden realizarse pagos aplazados y también podrá el acreedor, en este caso, solicitar la adjudicación del inmueble por el 70% del valor de salida.
• Si la mejor oferta es inferior al 70% del valor de salida del inmueble, el deudor dispondrá de 10 días para presentar a un tercero que mejore la oferta y que supere el 70% o que al menos sea suficiente para cubrir la deuda con el acreedor (principal, más intereses y costas). Si pasados esos 10 días el deudor no ejerce su derecho, entonces el acreedor podrá pedir la adjudicación del inmueble por el 70% o por la cantidad que le deban (siempre que sea superior a la mejor oferta, claro).
  Si ni el deudor ni el acreedor hacen uso de estos derechos, la oferta será adjudicada siempre y cuando supere el 50% del valor de salida a la subasta o cubra la deuda, incluidas las costas. Si la oferta ni supera el 50% ni cubre la deuda, entonces será el juez quien determine si se adjudica a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor.
  Cuando el tribunal deniegue esa oferta o cuando no haya pujas el acreedor podrá pedir la adjudicación de los bienes por el 50% de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si en 20 días el acreedor no hace tal solicitud, el embargo será alzado a instancia del deudor.
  Ahora bien, en el caso de inmuebles, quien resulte adjudicatario de la subasta deberá aceptar, si es que la hay, la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores y subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos.
  El importe obtenido en la subasta, se utilizará para pagar la deuda. Si sobrase algo, pues se utilizará para pagar a otros acreedores que hayan reclamado con posterioridad al acreedor que haya iniciado la demanda.

Subastas judiciales online

Desde hace poco, este procedimiento se ha facilitado un poco con las subastas judiciales electrónicas, que se celebran a través del portal del Ministerio de Justicia.
El Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia proporciona un punto de acceso único a información pública sobre subastas judiciales; y permite el seguimiento y la participación, con total seguridad, en subastas judiciales a través de Internet, con lo cual, se facilita la presencia de público en la celebración de las subastas; se amplía la publicidad de toda la información relativa a procedimientos de subasta judicial; y se disminuye el impacto de los subasteros (posible acuerdo sobre el precio del bien y posible presión sobre quienes no acepten el acuerdo para que no intervengan en la subasta).
A través de este portal se pueden seguir tanto las subastas en las que se puede pujar por Internet como aquellas en las que sólo se puede participar de manera presencial.
Para poder participar como postor en subastas electrónicas simplemente hay que darse de alta como usuario registrado del portal de subastas judiciales, para lo cual será necesario contar con un certificado digital si se registra on line o también se puede acercar al juzgado y registrase en las Unidades de Subastas que estén adheridas a este sistema de subastas electrónicas.